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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Octubre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:22 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 107 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 2 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con catorce minutos del día jueves veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor y del Sector Economía.- Se remitieron a las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social y de Economía.

(iniciativas)

El Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Salud; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Cruz Pérez Cuéllar, a nombre propio y del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Delfina Gómez Álvarez, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

Los Senadores Salomón Jara Cruz y Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio y de la Senadora Olga Sánchez Cordero, y de los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Casimiro Méndez Ortiz, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Américo Villarreal Anaya, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Salud; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a nombre propio y de los Senadores Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

 

El Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

La Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como a establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

El Senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 1o. de diciembre de 2018.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

La Presidencia dio el uso de la palabra al Sen. Damián Zepeda Vidales para solicitar una moción de orden y referirse a las expresiones realizadas por el Presidente de la Mesa Directiva en un programa de televisión.- Intervinieron los Senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN; Félix Salgado Macedonio de MORENA; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Eunice Renata Romo Molina del PES; Lilly Téllez García de MORENA; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Kenia López Rabadán del PAN; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA; Nadia Navarro Acevedo del PAN; Mauricio Kuri González del PAN; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Manuel Añorve Baños del PRI; Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva; e Ismael García Cabeza de Vaca del PAN.

 

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a presentar un informe en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos humanos por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para considerar la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica especial.- Se turnó a la Comisión de Economía.

 

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora extraordinaria.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la Fiscalía General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada por la promovente. El punto de acuerdo adicionado, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad o revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las Senadoras: Gabriela Benavides Cobos del PVEM; y Gricelda Valencia de la Mora de MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social por los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente año, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, para ser ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de significación histórica.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA; y Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Comunicados de la Mesa Directiva)

La Presidencia dio lectura a un comunicado de la Mesa Directiva, para informar al Pleno que el próximo 2 de octubre, durante la sesión ordinaria, se develará la leyenda con letras doradas “Movimiento Estudiantil de 1968”, que se ubicará en el recinto del Salón de Sesiones.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia dio lectura a un comunicado de la Mesa Directiva, para informar que, conjuntamente con la Cámara de Diputados, el martes 2 de octubre de 2018, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo el izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México en conmemoración del “Movimiento Estudiantil de 1968”.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar a la Secretaría de Gobernación una partida adicional por un monto de 126 millones de pesos para garantizar la continuidad de las medidas de protección a las 702 personas y 51 colectivos que se encuentran protegidos por el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras y Periodistas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para instruir la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión de Justicia, que se ocupe de atender lo resuelto por el Tribunal Electoral Federal, en relación a la elección a gobernador en el estado de Puebla.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Anexo del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la integración de las comisiones ordinarias del Senado, aprobado el pasado 25 de septiembre.- Sin discusión, el acuerdo junto con el anexo fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo respecto a las resoluciones de la Sala Regional de Monterrey del TRIFE, en relación a las elecciones en Huimilpan y Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicación de la Mesa Directiva)

La Secretaría dio lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar de manera inmediata los recursos financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren Juárez al dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designan cuatro Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. La Presidencia informó que las Senadoras María Antonia Cárdenas Mariscal del PES; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; y el Senador José Luis Pech Várguez de MORENA tomaran protesta en la próxima sesión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con la sesión ordinaria.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Kenia López Rabadán y del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Kenia López Rabadán y del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres solos Jefes de Familia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos.

 

De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura turística del estado.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la reciente resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración general de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Economía.

(Efemérides)

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Corazón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día de la Conciencia Ambiental.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Marítimo Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el martes dos de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad de formar parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas presupuestarios: E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para Incrementar la Productividad” y S043 “Programa de Apoyo al Empleo”, así como su Posición Institucional y el formato Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase la documentación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que se informa la modificación en la integración de su Junta de Coordinación Política y la designación de la Diputada Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el primer año de ejercicio.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.






PRONUNCIAMIENTO

Como es de su conocimiento, el pasado viernes 28 de septiembre la República de Indonesia sufrió las terribles consecuencias de un fuerte y terrible terremoto, aunado a un devastador tsunami.

El Senado de la República expresa al pueblo y al gobierno de la República de Indonesia sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto y posterior tsunami, ocurridos en la costa occidental de la Isla Célebes, el pasado 28 de septiembre.

El Senado extiende su solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos; y al gobierno de la República de Indonesia.

Esta Cámara manifiesta su pesar tras los hechos ocurridos en ese país hermano al tiempo de desear su pronta recuperación, y se declara atento a lo que ocurra durante los siguientes días con el pueblo de Indonesia.

Muchas gracias.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Alejandra Reynoso.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Estando totalmente de acuerdo con usted, y externando nuestra solidaridad con el pueblo de Indonesia, como ellos lo hicieron hace poco más de un año cuando sucedió la tragedia del sismo de septiembre de 2017, vale la pena, y por lo que le propongo que guardemos un minuto de silencio por las más de mil 200 víctimas que hasta el momento se han reportado y, por supuesto, las que siguen todavía como desaparecidas, los heridos y los daños morales, que también ha sufrido la población de Indonesia.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Señor Presidente, sobre el mismo tema.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sobre el mismo tema, Senador Dante Delgado, sonido en su escaño.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Sí, gracias, señor Presidente.

Creo que las actividades del día de hoy, además, desde luego con la solidaridad internacional con las víctimas de los flagelos de la naturaleza, debemos iniciarlo con un minuto de silencio y en recuerdo de quienes fueron trágicamente asesinados el día 2 de octubre, para que iniciemos así la sesión.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Dante Delgado, podemos en este momento dar pie a un minuto de silencio por un acontecimiento y luego al otro, o esperar al momento de la develación de las letras. ¿Le parece que esperemos, o de una vez propone usted?

Sonido en el escaño del Senador Dante.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Independientemente de la efeméride, que tenemos que celebrarla, debemos de iniciar la sesión con un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida en el Movimiento de 1968 y, desde luego, creo que la propuesta de la Senadora debe ser atendida también.

Gracias.






MINUTO DE SILENCIO

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a guardar un minuto de silencio, primero, por los acontecimientos que estamos relatando, y acto seguido por las víctimas de la represión del 2 de octubre de 1968.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Les pedimos a todas y a todos mantenerse de pie, vamos a guardar ahora un minuto de silencio por los estudiantes caídos en la lucha por las libertades democráticas el 2 de octubre de 1968.

(Todos de pie guardan minuto de silencio)

Muchas gracias, pueden tomar asiento.

La Mesa Directiva hace del conocimiento de esta Asamblea que se está atendiendo el tema planteado acerca de la situación laboral del personal del Senado que trabaja en las áreas de limpieza y mantenimiento, tema planteado por la Senadora Patricia Mercado, y que también ha surgido en el seno de la Mesa Directiva. En fecha próxima se comunicarán las resoluciones y medidas que se adoptarán sobre el particular.






Compañeras y compañeros Senadores, nuestro primer asunto de la agenda del día es la toma de protesta de los cuatro nuevos Secretarios y Secretarias de esta Mesa Directiva, conforme al Acuerdo aprobado el pasado jueves 27 de septiembre.

Solicito al Senador José Luis Pech Várguez y a las Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal, se sirvan pasar al frente de este presídium para que rindan su protesta de ley.

Asimismo, solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

Ciudadano Senador José Luis Pech Várguez, ciudadanas Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario y Secretarias de la Mesa Directiva del Senado de la República, en el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Senador José Luis Pech Várguez y las Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras Senadoras y señor Senador!

Se les convoca a la próxima sesión de la Mesa Directiva.






DEVELACIÓN DE LA LEYENDA “MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968”, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES

Honorable Asamblea, en ocasión del aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968, en el Orden del Día está inscrito un apartado de develación de la leyenda alusiva al Movimiento Estudiantil de 1968, en el recinto del Senado de la República.

A propósito de esta conmemoración que ha marcado la historia reciente de nuestro país y ha generado numerosos cambios en la vida política, cultural, social y educativa de México, tendientes a fortalecer las libertades, la democracia y el desarrollo de nuestro país, pido a los integrantes de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios trasladarse al primer balcón del salón de sesiones para la develación en letras doradas de la leyenda que reza: “Movimiento Estudiantil de 1968”.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios se trasladen al palco para la develación de la leyenda en letras doradas.

(Los Senadores cumplen)

A mis compañeras y compañeros Senadores les suplico permanecer en sus lugares.

Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

Solicito al Presidente y a los Vicepresidentes de la Mesa Directiva del Senado realicen la develación del muro.

(Se realiza la develación del muro)

Permanezcan, por favor, en sus lugares.

Solicito a la Asamblea permanecer de pie para entonar el Himno Nacional.

(Se entona el Himno Nacional)

Favor de tomar asiento.

Muchas gracias por su participación.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Mesa Directiva del Senado de la República agradece la participación de las Senadoras y Senadores el día de hoy a las 8:00 de la mañana en el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, como lo señala la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Especialmente agradecemos la presencia de integrantes de la Mesa Directiva y de coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios.






INTERVENCIONES

En ocasión de la conmemoración de este acontecimiento, la Mesa Directiva acordó la participación de los grupos parlamentarios respecto de los acontecimientos sucedidos el 2 de octubre de 1968. El orden de participación será progresiva, por un máximo de 5 minutos en tribuna para cada orador u oradora.

Asimismo, se acordó la participación del Senador Emilio Álvarez Icaza, Senador sin grupo parlamentario, quien tiene el uso de la palabra para comenzar.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias. Buenos días. Estimados colegas Senadoras y Senadores:

El Movimiento Estudiantil del 2 de octubre simboliza muchas cosas, pero quisiera centrar mi idea en una principal.

Simboliza el grito de libertad de una generación, el grito de libertad que se alzó contra el autoritarismo, que se alzó contra la sinrazón, que se alzó por construir un México democrático.

Ese grito de libertad quiso ser acallado con la brutalidad, con la represión, con la sangre, con el fuego, y lo único que logró es hacer más fuerte ese grito; un grito que trascendió las generaciones, un grito que se convirtió en parte de la herencia de un pueblo en la lucha de su libertad, y por eso ese grito se transforma en semilla y muchos que no vivimos propiamente como actores del 68, nos sentimos herederos de esa lucha, nos sentimos partícipes de ese proceso social y hemos retomado ese ejemplo para luchar por las libertades democráticas, pero también para ir ampliando las múltiples luchas: de los campesinos, de los líderes sociales, de las mujeres que han ido transformando este país, del movimiento de la diversidad sexual, de los campesinos, de los indígenas, ese Movimiento en el 68 en realidad se convirtió en un importante detonante de la movilización democrática en nuestro país.

Y por eso es tan importante no sólo retomar el sentido, sino el profundo, simbólico y constructivo proceso de luchar contra el autoritarismo.

Y ese autoritarismo representado muy fuertemente en la persona de Gustavo Díaz Ordaz y ese régimen, y por eso es tan importante traer hoy el 68 a cuenta, porque significa la significación, la resignificación de la memoria.

No se trata de recordar a Díaz Ordaz, se trata de recordar un Movimiento que luchó por las libertades, y por eso hoy es tan importante quitar las placas de Díaz Ordaz del Metro y de cualquier otro lugar.

No tendrían que ser sólo retiradas del Metro, tendrían que ser cambiados los nombres de las avenidas, tendrían que ser cambiados los nombres de todas las plazas, pero no sólo retirados, resignificados con otra placa, porque no se trata de borrar la memoria, se trata de resignificar la memoria, se trata de honrar la memoria de quienes ofrecieron su vida por la libertad, no de reproducir una memoria autoritaria de quienes reprodujeron, se trata de resignificar nuestros procesos sociales.

En otros países eso ha sido una profunda transformación de la reconstrucción del tejido social, así se hizo en Sudáfrica, se arrancaron los nombres en las calles de los perpetradores de las violaciones y los reproductores históricos del apartheid y se pusieron los nombres de las víctimas.

Así se ha hecho en Argentina y en Chile, donde lo que se quiere hacer es una memoria social para honrar a quienes lucharon por las libertades.

Por eso quitar la placa de Díaz Ordaz no es un tema de borrar la memoria, claro que no, tiene que ir acompañado de poner nuevas placas con la resignificación de la historia de quienes lucharon por la libertad y la democracia, y eso ha sido un proceso social al cual México tiene que entrar, no hemos vivido un debido proceso de justicia transicional.

¿Y por qué queremos eso? Porque queremos en la batalla de la memoria resignificar y poner un mensaje social de que no se va a volver a usar el poder así, esa es una de las medidas de no repetición, esa es una de las garantías sociales, de que como comunidad no permitiremos que se vuelva a usar así.

Estas letras ahí contribuyen a esa memoria, a que no se vuelva a usar.

Y permítanme, compañeras y compañeros Senadores, terminar con una idea.

Yo pienso que el Senado de la República tendría que pedir disculpas, tendría que pedir una disculpa por lo que no hizo en el 68; tendría que poner el ejemplo y mandar el mensaje como institución del Estado mexicano, que no actuó ante la violencia del Estado, que guardó silencio cómplice.

Creo que el Senado de la República tendría que levantar su voz y poner el ejemplo para decir: “Nunca más la brutalidad en contra de su pueblo”.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Buenos días.

“Al día siguiente nadie. La Plaza de las Tres Culturas amaneció barrida. Los periódicos hablaron del tiempo”.

Esta es una mal citada Rosario Castellanos, que en su momento se pronunció por una de las peores barbaries que vivió el siglo XX en nuestro país.

Hoy se develó en letras de oro “Movimiento Estudiantil de 1968”, del cual somos orgullosas herederas y herederos.

Hoy hace 50 años se llevaron a cabo los lamentables acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, suceso que ha marcado la historia reciente de nuestra historia moderna.

Hoy debemos recordar con profundo dolor la intervención autoritaria y represiva del Estado mexicano para que nunca más permitamos se repita.

Hoy debemos recordar con inmenso dolor también que la sangre derramada de mujeres y hombres estudiantes, jóvenes criminalizados por el simple hecho de salir a la calle a demandar, se les viera, se les escuchara, ellos su lucha no ha quedado en vano, su muerte no ha sido en vano.

Este lamentable acontecimiento marcó en gran medida el país en el que hoy habitamos, un país de libertades conseguidas gracias a éste y otros Movimientos.

No debemos olvidar nunca este suceso, no debemos permitir que se repita jamás.

La Rectoría de nuestra máxima casa de estudios se viste con un memorial que señala: “68 nunca más”.

Debemos recordar las memorias de cada uno de los estudiantes caídos con gran honor y lealtad; debemos condenar la historia autoritaria del Estado represor del gobierno de Díaz Ordaz y vigilar que nunca más ocurra un acto de barbarie como éste.

No a la criminalización de los jóvenes; no a la criminalización de los movimientos sociales.

Estamos seguras, estamos seguros y convencidos que el Movimiento Estudiantil del 68 está presente, más que nunca, en la memoria colectiva de nuestra historia y que cada mexicano valoramos intensamente.

Agradezco al Senado, a todos los involucrados por las letras en oro que están colocadas en nuestro lugar de trabajo, en donde sesiona el Senado.

Nunca más un 2 de octubre, nunca más un estudiante reprimido.

“Becarios sí, sicarios no”.

“2 de octubre, no se olvida”.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Marcela Mora.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Hoy estamos conmemorando 50 años de ese momento que fue un parteaguas para la historia de la democracia, de las libertades, del derecho a manifestarse y a expresarse en nuestro país.

No fue casual que en 1968, justo un 2 de octubre, se utilizará a todo el sistema, al Estado mexicano para reprimir esas ansias de democracia, de libertad de quienes siempre han sido el motor que ha movido a este país, a los jóvenes y a los estudiantes.

Un movimiento que poco a poco fue ganando terreno, fue generando sinergias y que pronto estuvieron involucrados obreros, sindicalistas, campesinos y ciudadanos en general.

No es casual, pues, que hoy aquí en el Senado estamos haciendo un homenaje con esta develación de “Movimiento Estudiantil de 1968”.

La democracia que hoy tenemos, las libertades y ese espíritu de armonía y de concordia tienen mártires, entre ellos, los mártires del 68.

Por eso en este recinto que estamos hoy haciendo un homenaje a quienes lograron que el país avanzara en estas libertades, pero no podemos olvidar que siempre somos herederos de ese legado, no podemos nosotros pretender que ya se ha consolidado la democracia o las libertades.

Por eso cuando cada año se recuerda a ese grupo de ilustres jóvenes que venían de la UNAM, que venían del Poli, de las diversas prepas, pero también de las colonias, de los barrios, de las fábricas, de los sindicatos, hoy tenemos que refrendar el compromiso para que podamos ir consolidando esta democracia y estas libertades.

En ese momento se peleaba libertad para poder autodeterminarse en la universidad y en los sindicatos.
Hoy tenemos ya muchos grupos que están pidiendo también reconocimiento a sus derechos, a la diversidad sexual, a esta diversidad en nuestra sociedad.

Por eso celebro que este Acuerdo que salió de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política para que aquí en el balcón quede plasmado ese Movimiento y que quede para la posteridad, que nos esperen nuevos tiempos en esta democracia.

Como cada año, venimos a refrendar que el “2 de octubre, no se olvida”.

Gracias a todos y ¡enhorabuena!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Juan Zepeda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con su permiso, señor Presidente, y de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968, Movimiento Estudiantil que dejó lastimada a toda la sociedad mexicana por la violencia ejercida en contra de estudiantes que aclamaban una evolución en la vida política de México.

Era el día en que muchos jóvenes esperaban una respuesta del gobierno ante la necesidad del cambio en la vida política de nuestro país.

Hoy debemos dejar en claro que nunca más se debe permitir transgredir la libertad de los jóvenes y, por supuesto, de nadie más.

Nunca más se debe permitir infringir la libertad de la manifestación de las ideas, nunca más debemos tolerar que se vulneren los derechos de los mexicanos.

Recordemos que la libre manifestación de ideas en el marco del respeto, aclaro, siempre dentro del marco del respeto, es el derecho fundamental para la democracia del estado de derecho de nuestro país. Elementos que permiten el crecimiento y la interacción de la pluralidad de ideas.

A partir de ese Movimiento de 1968, efectivamente, se dieron grandes cambios en nuestro país.

Y he de decir que creo que no solamente fue un Movimiento Estudiantil, sino también social que retumbó en muchas partes, por no decir en toda la República Mexicana.

Y quiero compartirles esta reflexión a todos ustedes.

El gran reto que tenemos hoy es no cometer el mismo error.

Y he de decir a aquellos que fueron testigos, deben procurar no repetir la historia, de ninguna manera y en ningún ámbito,

¿Por qué? Porque la conocen muy bien.

“El 2 de octubre, no se olvida”.

Y esperemos que tampoco se repita.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Camino Farjat.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, señor Presidente, Senador Martí Batres Guadarrama.

Legisladoras y Legisladores de la República:

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expresamos nuestra gratitud a todos los grupos parlamentarios integrantes de esta LXIV Legislatura, por haber aceptado y aprobado que en este recinto, en este salón de Plenos de esta Honorable Cámara de Senadores, se develara esta leyenda con letras doradas: “Movimiento Estudiantil de 1968”.

El 68 representa, en palabras de Gastón Bachelard y de Louis Althusser, una ruptura epistemológica e histórica. Estamos hablando de antes y después de toda una historia.

Cabe señalar que no sólo fue una lucha estudiantil, fue una lucha estudiantil y popular por la democracia.

Se rompieron paradigmas, porque los estudiantes no sólo luchaban por sus banderas educativas, sino enarbolaron las reivindicaciones de libertades democráticas de todo un pueblo oprimido y explotado por un capitalismo diazordacista que sometía a la nación.

Estamos hablando de que uno de los gritos centrales de la movilización popular era precisamente “prohibido prohibir”. En una frase se centraban los anhelos de una nación por las libertades democráticas.

Y también en otras frases se centraba lo que parecía una quimera y una utopía inalcanzable: “Seamos realistas, exijamos lo imposible”.

Los sueños de esta juventud, los ideales de ese pueblo se han venido cristalizando poco a poco, y casi fue premonitorio que 20 años después, en la gesta política comicial de 1988 se redoblaran las banderías por la democracia política en este país.

Y qué decir ahora en el 2018, a 50 años precisamente de ese Movimiento, por vez primera llega a la conducción de la nación un proyecto de izquierda democrática encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Y como decían nuestros jóvenes, los estudiantes y el pueblo: “2 de octubre, no se olvida”.

“2 de octubre, es de lucha combativa”.

“2 de octubre, no se olvida”.

¡2 de octubre, no se olvidó!

¡Viva la democracia en nuestro país!

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador González Yáñez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Dante Delgado Rannauro, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente.

“Habría que lavar no solo el piso; la memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos; que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera; nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza”. Jaime Sabines. Fragmento de Tlatelolco 68.

El 2 de octubre es más que una fecha para recordar; es uno de los tantos símbolos de la represión, corrupción e intolerancia de los gobiernos mexicanos.

Es un símbolo que tendría que llenarnos de vergüenza, pero también es el símbolo de la rebeldía de una generación, de su valentía, de su conciencia social manifestada en las calles y en las plazas.

Es un símbolo que tendría que llenarnos de orgullo.

El 2 de octubre de 1968 fue el Movimiento que marcó a una generación, a mi generación, porque fue uno de esos momentos históricos, en los que si no decidías estar en contra del régimen, te convertías en su cómplice.

Porque ese 2 de octubre fue posible gracias a la complicidad de las instituciones y de todos los que guardaron silencio, por la falta de contrapesos a una Presidencia intransigente, represora, totalitaria, por el silencio de algunos medios de comunicación y por los aplausos de otros, por las fuerzas de seguridad civiles y militares que ese día traicionaron al pueblo mexicano, y por un sistema de justicia que 50 años después, aún no ha hecho justicia.

La matanza de Tlatelolco se manifiesta, vigente no sólo como una fecha simbólica, no sólo como un suceso que no debemos olvidar, sino como una realidad que se repite todos los días y que sigue cobrando la vida de cientos, miles de mexicanos.

Porque después del 68 fue el halconazo, las matanzas de Aguas Blancas, Atenco, Tlatlaya, y los estudiantes desaparecidos, 43 de Ayotzinapa.

Porque después del 68 fue el asesinato de líderes comunitarios y defensores del medio ambiente Agustín y Miguel Ángel Vázquez, activistas wixáricas; Guadalupe Huet Gómez, activista tzotzil, Juan Ontiveros e Isidro Valdenegro, activistas rarámuris, Jesús Javier Ramos Arreola, defensor del Cerro del Tenayo, y cientos y cientos más en todo el país.

Porque después del 68, fue el asesinato de periodistas, sólo por hacer su trabajo, Javier Valdez, Miroslava Breach, Rubén, Anabel, Luciano, 118 periodistas asesinados en los últimos 18 años.

Porque después del 68, son más de 30 mil desaparecidos desde que inició la llamada guerra contra el narco, y el asesinato de familiares que los estaban buscando, Maricela Escobedo, Don Nepo, Sandra Luz Hernández, Bernardo Carreto, Doña Coni.

En México hay un grave problema de violencia, inseguridad, represión por parte del Estado, poderes fácticos y grupos criminales.

En México hay violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y ataques físicos.

Y este problema no se va a resolver negándolo como sistemáticamente lo ha hecho el gobierno federal, ni se va a resolver manteniendo el sistema que ha permitido que México haya llegado a grados de violencia e impunidad, que hoy resultan insostenibles.

Ese problema se va a solucionar primero con la sociedad civil que ha dejado de manifestarse de todas las formas posibles como lo son el zapatismo, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con los autodefensas, con las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, con las Rastreadoras, con Artículo 19 y con el trabajo de cientos de agrupaciones y activistas que decidieron dar la cara por México, cuando el gobierno no lo hizo.

Pero también garantizando cambios de fondo, cumpliendo con el compromiso de darle a México seguridad sin guerra, abrogando la Ley de Seguridad Interior que el oficialismo convirtió en una ley golpista y garantizando la existencia de un fiscal verdaderamente autónomo, garantizando la autonomía del Poder Judicial y que nunca más las instituciones sean utilizadas de manera facciosa por el Presidente en turno.

Este problema se va a solucionar cuando el legislativo deje de ser, como en 1968, un aplaudidor del Presidente y se convierta en un verdadero contrapeso a los excesos del poder, cuando legisle de la mano de la sociedad civil pensando en la gente, construyendo instituciones que trabajen para la gente.

Hoy, 2 de octubre, a medio siglo del brutal ataque del Estado en contra de los estudiantes, tenemos que entender que México no necesita más efemérides ni monumentos; necesita verdad, necesita justicia, necesita que nunca más el Estado use su fuerza en contra de la sociedad, que nunca más el Estado use su fuerza en contra de la sociedad; necesita que todos los que tenemos una responsabilidad pública, como los aquí reunidos, honremos nuestra palabra y hagamos realidad el cambio con el que nos comprometimos.

Por ello, sólo así rendiremos homenaje verdadero al Movimiento Estudiantil de 1968.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Dante Delgado.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes Rangel, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Gracias. Honorable Asamblea. Colegas de la Mesa Directiva. Señor Presidente:

Las efemérides no son eventos protocolarios, son la expresión del eslabonamiento de la memoria histórica de un pueblo, una sociedad, un país; son un llamado permanente a la conciencia, a que no obnubile a la memoria colectiva la frivolidad, la desatención, la fácil porosidad del olvido.

Hoy, 2 de octubre, los mexicanos recordamos el Movimiento Estudiantil de 1968. La remembranza tiene muchos propósitos: honrar a los caídos, valorar a quienes en ese momento histórico asumieron la posición correcta, conclusión a la que llegas después del análisis sereno que se realice en el tiempo y a través del tiempo, condenar a quienes se equivocaron, a quienes el juicio de la historia coloca como erráticos.

Pero sobre todo, esta conmemoración exige que no se repita, que nunca se repitan respuestas represivas ante la movilización social, que la opción del Estado no sea el autoritarismo, que acredite el Estado mexicano que su pretensión de denominarse democrático, no es sólo porque se realizan elecciones con normalidad, sino porque la conducta de sus representantes es democrática, de apertura, de respeto a los derechos individuales y a las garantías sociales y de inclusión de lo diferente.

Ningún tipo de autoritarismo admitimos en nuestra nación, ni de centro, ni de izquierda o de derecha.

El eslabonamiento para construir la vigencia democrática del Estado mexicano, tiene algunos eslabones ensangrentados.

Difícil historia la de nuestro pueblo, con gestas heroicas en diversos momentos, siempre enrojecidas por la sangre de los héroes anónimos que defendieron en la Conquista la identidad y los territorios indígenas.

En la Independencia el derecho a constituirnos como nación soberana e independiente.

En la Reforma, los principios federalistas y el laicismo.

En la Revolución, la justicia social y el principio de no reelección.

Y en el esfuerzo por democratizar al país exigiendo libertad, respeto a la libertad de asociación, respeto a la libertad de manifestación en el 2 de octubre del 68.

Por eso, amigas y amigos legisladores, es trascendental que el cambio que estamos viviendo en este momento en México se haya hecho posible sin derramamiento de sangre.

Por eso es importante que la construcción democrática que llevó centurias y décadas haya permitido establecer la convivencia política y la competencia política dentro de un marco de generación de consensos y respeto a las mayorías.

Por eso estamos en un Senado en donde todos votamos que se estableciera en nuestro recinto: “Movimiento Estudiantil de 1968”.

Tendremos que aprender a vivir respetando las diferencias, y tendremos al honrar la memoria de los estudiantes del 68 en México, en Francia, en esa ola de democratización y de exigencia por la libertad que sacudió al mundo, recordar lo que nos dijo Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que luchan un año y son mejores; hay quienes luchan muchos años y son muy buenos; pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”.

Los estudiantes del 2 de octubre, para la democratización de México, fueron imprescindibles.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

“Están matando a los jóvenes”, decía una persona que trabajaba en la calle de Abraham González. Esa persona es el papá de nuestra compañera Lupita Murguía, y hoy lo sigue recordando, y ella apenas tenía 11 años.

El día de hoy corresponde a esta Soberanía recordar los lamentables hechos ocurridos hace 50 años en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde perdieron la vida mexicanas y mexicanos, en su mayoría estudiantes, quienes protestaban de forma pacífica ante las injusticias de un gobierno autoritario, sordo, y sobre todo incapaz de entender su papel en la transformación social que entonces se gestaba.

El Movimiento Estudiantil de 1968 exigía al gobierno justicia, exigía libertad para presos políticos y, en general, exigía que el autoritarismo gubernamental menguara y acaso desapareciera. Nada más razonable, nada más sensato que una exigencia de esa naturaleza, que además, se hacía de manera pacífica.

Acción Nacional siempre apostó por una solución basada en el diálogo con el gobierno de aquel momento, ese diálogo, que es instrumento natural de la política y condición necesaria para la construcción de un sistema democrático.

Sin embargo, el gobierno cerró toda posibilidad, no sólo a la crítica, sino al diálogo mismo; impuso su visión por encima de toda lógica política.

El tiempo se encargó de demostrar que ese régimen sordo e indolente, por la soberbia que provoca el ejercicio del poder absoluto, sin controles y sin contrapesos, estaba terriblemente equivocado, y llevaría a nuestra sociedad uno de los peores episodios más oscuros y reprochables de su historia moderna.

El Movimiento que desde junio, julio, agosto y septiembre de 1968 se vivía con alegría y en paz, exigía libertades civiles y políticas, y en vez de ser atendido mediante el diálogo y la política, fue criminalizado por el gobierno y reprimido por la fuerza pública.

Dos días después de los terribles hechos acaecidos en la Plaza de las Tres Culturas, Acción Nacional sí se pronunció en contra de la represión, lo que no hicieron otros partidos políticos.

Los jefes nacionales del PAN, en aquel entonces, Adolfo Christlieb Ibarrola e Ignacio Limón Maurer, lo condenaron con firmeza, y es que en el ejercicio de las libertades democráticas o en la lucha por defender el derecho al disenso, la pérdida de vidas es inaceptable, pero la pérdida de esas vidas mismas debe convertirse en una vergüenza nacional cuando es producto de entender el ejercicio de gobierno como la facultad de imponer, por encima de todo, una sola visión política.

Debe convertirse en vergüenza nacional cuando esa vida se pierde por el avasallamiento que provoca la arbitrariedad y el autoritarismo de quien pretende ser poseedor de la verdad.

El Movimiento Estudiantil de 1968 fue, en buena medida, parteaguas del avance democrático de nuestro país. Algunas voces críticas de aquel momento no sucumbieron ante la estridencia del aparato oficial de comunicación; se utilizaron no sólo las plazas públicas, sino los cafés, los pasillos de las oficinas y las charlas entre amigos o familiares para señalar reiteradamente los errores, los excesos y las inconsistencias de un régimen que permanecía inerte, atento a la voz de un solo hombre, de cuya visión dependía el destino del país.

La sociedad luchó incesantemente, perseverante desde la empresa, desde los partidos políticos, como Acción Nacional u otros desde la izquierda, por supuesto, también desde la Academia, desde los sindicatos, incluso desde las organizaciones civiles por derrotar a ese régimen.

En Acción Nacional estamos convencidos del cambio y seremos defensores de los beneficios que han traído la democracia y la pluralidad, esa que ha sido una verdadera transformación.

Por ello aquí defenderemos el respeto a los derechos humanos, la participación democrática, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la transparencia del actuar público, el fortalecimiento del federalismo y el respeto a la autonomía judicial, entre otros muchos avances que hoy se ven amenazados.

En esta Legislatura impulsaremos políticas a favor de los jóvenes, los involucraremos en el diseño y en la evaluación de éstas y buscaremos cerrar la brecha que parece existir entre gobernantes y juventud.

El Movimiento Estudiantil de 1968, compañeras y compañeros, propicio la evolución de nuestra democracia. México no debe volver al pasado.

Acción Nacional defenderá con firmeza y con absoluta convicción las victorias democráticas alcanzadas.

Nunca más un régimen sordo que se sienta implacable en su visión hegemónica de la vida pública.

Nunca más un gobierno invadido por la ceguera que implica la contemplación de sí mismo o de su líder.

México ya conoce las consecuencias de esos vicios, el “2 de octubre, no se olvida”, y no debe nunca más volver a repetirse.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Kenia López.

El turno del grupo parlamentario de Morena se dividirá entre dos Senadores, la Senadora Rocío Nahle y el Senador Higinio Martínez.

Tiene la palabra la Senadora Rocío Nahle.

La Senadora Norma Rocío Nahle García: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores:

Hoy vamos a recordar lo que es nuestro país, lo que es México, que desde su historia hemos sido capaces de levantarnos de guerras, de conquistas, de batallas, y la historia moderna de nuestro país se marcó el 2 de octubre de 1968. Ahí recordamos a los estudiantes agredidos y a aquellos estudiantes caídos.

Hoy, 50 años después, el cambio en la vida política y moderna de México es una realidad.

Hace un momento, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, montó una guardia de honor. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, el próximo gobierno, se comprometió a lo que tanto han gritado por 50 años los mexicanos: “Nunca más reprimir”, vamos a escuchar, vamos a dialogar; la reconciliación nacional surge hoy.

La reconciliación del país es un grito, es una exigencia que nace, que se compromete, hoy, en el propio corazón de Tlatelolco. Ahí donde hace 50 años cayeron los estudiantes.

Es necesario ser capaces como clase política de reconocer al país, reconocer lo que somos, para dar paso a la “cuarta transformación”.

Hoy les decimos a los estudiantes caídos: los honramos, los reconocemos. “2 de octubre, no se olvida”.

2 de octubre nos va a impulsar a esta clase política a darles un mejor México a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, pero sobre todo, a los 120 millones de mexicanos que están esperando un cambio en nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Rocío Nahle.

Tiene el uso de la palabra el Senador Higinio Martínez.

El Senador Higinio Martínez Miranda: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Tal vez no hubiera yo querido hablar hoy porque aquí en el Senado y en todo el país se recuerda mucho este día, el 2 de octubre. Y tal vez unas palabras más pudieran ser ya sólo para justificar una participación aquí.

No, yo quiero hablar porque no sólo es el 2 de octubre, fue todo lo que pasó en esas fechas, de las cuales yo tengo vagos recuerdos.

Yo soy de Texcoco.

En Texcoco está la Universidad Autónoma de Chapingo.

En Chapingo había dos líderes, los dos líderes principales de Chapingo del Consejo Nacional de Huelga, uno era Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y el otro José Tayde Aburto, de Michoacán, pero los dos estudiantes de Chapingo, y mi recuerdo vago es porque yo vi en las bardas de Texcoco donde se decía: “libertad a Cabeza de Vaca y Tayde Aburto”. Esos nombres no se me olvidaron.

Ya después cuando empiezo a leer, cuando empiezo a adentrarme en esto, cuando empiezo a leer fundamentalmente, y por eso mi intervención hoy aquí, para rendir un homenaje yo en este caso a un hombre que no ha sido mencionado, pero que fue uno de los grandes participantes de este Movimiento, me refiero al ingeniero Heberto Castillo Martínez, Senador de la República, que falleció siendo Senador de la República en 1977, dirigente de la coalición de maestros en el 68, hombre de lucha de toda su vida que se inició en otros casos con el General Lázaro Cárdenas, que estuvo más de dos años preso en Lecumberri, por el Movimiento del 68.

Y que cuando sale de la cárcel, junto con estudiantes como Cabeza de Vaca, como Tayde Aburto, como Eduardo Valle “El Búho”, y otros más, deciden no irse a sus casas, no irse a Chile, no exiliarse, sino a seguir luchando, y forman lo que a la postre en 1974 sería el Partido Mexicano de los Trabajadores, presidido por el ingeniero Heberto Castillo y por alguien que estuvo en la cárcel, no producto del Movimiento del 68, sino producto de la lucha ferrocarrilera en 1959, el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, él, Demetrio Vallejo y Heberto Castillo, junto con los jóvenes estudiantes, decidieron formar el Partido Mexicano de los Trabajadores.

Menciono esto porque esto es lo mejor que se puede recordar de esos Movimientos.

Si leyéramos nuevamente al ingeniero Heberto Castillo, en su libro que se titula “Si te agarran te van a matar”, entre otras cosas.

Si leyéramos nuevamente a don Julio Scherer en sus crónicas que hace de sus pláticas con los ex presidentes Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con el propio General Lázaro Cárdenas.

Si leyéramos, diríamos que a este país le falta mucho más por lo que luchaban los jóvenes y otras personas en ese entonces.

Entonces, venir aquí es rendir homenaje, en mi caso, a quien por la lectura de él y después porque tuve la oportunidad de acercarme y recibir su visita allá, fíjense bien, en 1976, que acudieron el ingeniero Heberto Castillo y Demetrio Vallejo a mi pueblo, a Texcoco, desde entonces sigo en esto y sigo pensando que hay que cambiar a este país, y sigo pensando que no puede haber más muertos como los del 68, ni los del 2 de octubre, pero que tampoco puede haber muertos después de esas fechas, ni en la guerra sucia de los gobiernos que acabamos de pasar. Eso no puede seguir.

No sólo es cuando se mata a estudiantes, sino también el problema de este país es cuando se siguen matando, por supuesto, o miles y miles de muertos que se cuantifican en este sexenio, en el sexenio pasado, eso también es el horror que debemos terminar. Y en eso debemos participar todos.

Termino diciendo, el Ingeniero Heberto Castillo, porque quiero decirlo, porque con él me inicié, porque hay que recordarlo por su lucha permanente aquí, si no me equivoco, Cristóbal Arias también fue Senador con el Ingeniero Heberto Castillo, entre otros, es el tipo de personajes que nos hacen falta, debemos seguir luchando, veracruzano, el ingeniero Heberto Castillo, por supuesto, Senador de la República que también dio con gente panista, yo respeto mucho a la gente del PAN hoy, pero haber convivido con don Luis H. Álvarez, el ingeniero Heberto Castillo y su servidor, también nos da otro tipo de enseñanza en este caso.

Hay que luchar todos por este país, este país se lo merece, hay que leer, no es un cambio sencillo, nada más es un cambio de gobierno, este país que hoy ha apostado por la alternancia y es un reto para nosotros quienes nos toca encabezar el partido, no es que nos toca encabezar el país a través del Presidente Electo Andrés Manuel, no puede ser el mismo cambio que se ha dado en estos casos, o sea, cambiar para nada.

Este país necesita mucho más, necesita justicia, necesita trabajo, necesita educación, necesita empleo, necesita recreación, necesita dejar a un lado la historia de los muertos del 68 y de los últimos sexenios.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Higinio Martínez.

Senadoras y Senadores:

El Movimiento de 1968 no se reduce a la tragedia del 2 de octubre, representa también una profunda ruptura política y cultural, surgen nuevos referentes políticos, muchos Movimientos sociales reclaman su independencia, son los años del nacimiento y resistencia del rock mexicano, de la melena larga y la emergencia de dos importantes Movimientos, el de la diversidad sexual y el nuevo feminismo.

Del 68 se desprende también la más formidable expansión del sistema de educación superior en México y el crecimiento de las ciencias sociales, de las humanidades y en particular del pensamiento crítico.

En México, el 68 va a producir una reforma política que abre la participación electoral a una izquierda proscrita durante largos años.

También hay un 68 internacional, el de los jóvenes que luchan por la paz en Estados Unidos, por la democracia en Checoslovaquia, por la educación y el trabajo en Francia.

Quiero terminar recogiendo las palabras de los científicos Manuel Peimbert y Annie Pardo Cemo: “Recordamos el dolor por nuestros muertos de Tlatelolco, pero festejamos las enseñanzas y la herencia del Movimiento para la construcción de un México más democrático y justo”.

Muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones.






En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidades del Presidente de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

La iniciativa que el día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes, tiene como objetivo central la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reformar el segundo párrafo del artículo 108, a fin de concretar que el Presidente de la República en funciones, no pueda tener algún tipo de inmunidad por el cargo que ostenta y que en el caso que actue de manera indebida e ilegal, entonces se actúe en consecuencia y sea objeto de responsabilidad penal, ya sea nacional e internacional, según sea el caso, para que de esta manera no se caiga en inmunidad que, como consecuencia, incurra en una eminente irresponsabilidad presidencial.

La ambigüedad con la que se han venido reformando en las últimas décadas otros artículos constitucionales en materia de la responsabilidad penal de los diferentes servidores públicos, ha incidido de manera negativa en la interpretación respecto a lo que es aplicable para el caso de dicha responsabilidad cuando se trata del titular del Ejecutivo Federal.

Lo anterior ha tenido como consecuencia, inmediata y tangible, el que se haya ido gradualmente otorgando al titular una total inmunidad, ya que se les ha eximido de cualquier tipo de responsabilidad en nuestros días, es realmente impensable e inaceptable.

Nos encontramos hoy en una nueva etapa de la vida pública del país, en donde estamos impulsando las acciones legislativas que transparentan y permitan que en nuestra patria no haya ningún tipo de inmunidades o privilegios.

Es por ello que el contenido de la presente iniciativa puede aportar un enorme progreso jurídico para ir rompiendo con estas inercias que han hecho que disposiciones, como las que aquí se manifiestan, nunca se hayan aplicado de manera concreta.

La finalidad de la presente iniciativa es dar la pauta para que el Presidente de la República pueda ser sometido a un minucioso escrutinio y, si fuese el caso, se le pueda iniciar un procedimiento específico tendiente a que pueda ser sujeto de responsabilidad penal por otros supuestos jurídicos diferentes a los que hoy especifica el segundo párrafo del artículo 108 constitucional vigente.

Debemos recordar que desde la Constitución de 1917 y hasta la actualidad, la responsabilidad penal del Presidente de la República en funciones, sólo puede ser aplicable por el delito a la traición a la patria, que está directamente vinculado a otra disposición expresa del Código Penal Federal que contiene un título específico que regula de manera particular los delitos contra la seguridad de la nación.

Sin embargo, esto es una disposición genérica, ya que todo el capítulo se refiere a que será aplicable para el mexicano que cometa traición a la patria y no hay ninguna disposición que se refiera de manera concreta al caso del Presidente de la República en funciones, dicha disposición se estableció de esta manera por razones históricas que obedecieron a la no traición del gobierno nacional al quedar subordinado a órdenes y disposiciones de gobiernos e intereses extranjeros, y en especial por el contexto coyuntural que se suscitó en nuestro país durante diferentes momentos del siglo XIX y principios del XX.

Por ello, es que de conformidad con lo que se dispone en la Constitución vigente, tenemos que las dos únicas causales que, de manera específica, le pueden ser aplicables al Presidente de la República, para el caso específico, y que servirán para poder fincar responsabilidades penales son: uno, traición a la Patria y, segundo, la comisión de delitos graves de orden común.

En ese sentido, la inclusión de dos supuestos jurídicos adicionales le darían a esta disposición constitucional una vitalidad de lo que hoy adolece, el que el Presidente de la República pueda ser sujeto de responsabilidad penal cuando incurra en actos de corrupción o cuando su actuar incida en la comprobación ante la autoridad responsable en la materia de algunos delitos vigentes en materia electoral que se puedan ser catalogados como lo que hoy comúnmente conocemos como fraude electoral.

Señor Presidente, en virtud del tiempo le solicito que el contenido íntegro de la iniciativa que he presentado el día de hoy sea insertado de manera íntegra, completa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias a usted, Senador Salomón Jara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de prohibición de uso de efectivo en organismos públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

(Presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el ánimo de poder seguir impulsando medidas institucionales de prevención y combate a la corrupción, está presentando un proyecto de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de prohibir que los ingresos y gastos públicos puedan ser ejercidos en efectivo.

Con este planteamiento, tanto el gobierno federal como los poderes de la Unión y los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, todas aquellas entidades estatales o paraestatales que sean ejecutoras de gasto, así como entes públicos, tendrán prohibido recibir ingresos en efectivo o convertir el erario en monedas y billetes.

En el año 2014 hubo 225 millones de transacciones electrónicas en el país, esto involucra, por supuesto, transacciones tanto privadas como públicas, y aunque no existe un dato exacto al respecto, pero si el 20 por ciento de la economía es manejada por el gobierno, estamos hablando que el 25 por ciento de estas transacciones realizadas fueron por el gobierno, es un aproximado de 45 millones de transacciones que deberían ser de manera electrónica por parte del gobierno; sin embargo, no existe un registro exacto sobre qué cantidades son las que realizan de manera electrónica y cuáles realizan en efectivo.

De acuerdo a Mastercard, en el mundo, en 2008 se hacían en efectivo el 42 por ciento de las compras al menudeo; en 2012, el 38 por ciento, a ese ritmo aproximadamente, actualmente se realizaría un 32 por ciento a nivel global de compras en efectivo.

Por su lado, el Banco de México estima que en 2014 el 90 por ciento de las operaciones totales en el país fueron en efectivo, y en el mundo anda por aproximadamente en el 85 por ciento.

Dentro de Acción Nacional nosotros consideramos que si estamos viviendo en el 2018, existe una gran cantidad de avances tecnológicos y no existe justificación alguna para que en México todavía el gobierno realice operaciones en efectivo; por lo tanto, es muy importante empezar a hacer esta transición porque también contribuye a eliminar cualquier caso de corrupción dentro de los diferentes órdenes de gobierno.

Algunas personas pudieran considerar esta medida un poco radical; sin embargo, hay países desarrollados que ya lo realizan.

Suecia, por ejemplo, implementó esta medida, y prácticamente todas sus operaciones financieras se hacen por cualquier otro mecanismo que no sea el dinero en efectivo, ya sea transferencias, cheques, tarjetas, celulares, etcétera. De tal manera que en Suecia únicamente el 1 por ciento de las operaciones financieras se sigue realizando en efectivo.

Dinamarca también, por su lado, ya aprobó una reforma que paulatinamente va a ir realizando este cambo de efectivo a transacciones electrónicas para que en el 2030 no exista una sola operación en efectivo por parte del gobierno.

Tanto en el caso de Suecia como en el caso de Dinamarca, estamos hablando de retiro de dinero en efectivo no únicamente de los entes públicos, sino de todo el mercado, incluidos también los agentes económicos privados.

Por otra parte, un estudio reciente del Banco HSBC reportó que en los últimos 9 años, de 2009 en adelante, el uso de dinero en efectivo en el mundo disminuyó en un 44 por ciento y que seguirá bajando en función del incremento que están teniendo otras formas de pago que echan mano de las nuevas tecnologías, tarjetas de crédito, PayPal, criptomonedas, pagos en teléfono celular y, bueno, por ello creemos que en México ya estamos en la posibilidad de dar un primer paso en este sentido, retirando el uso de dinero de efectico al menos en una primera etapa dentro del sector público.

Más adelante deberíamos de pensar en prohibir el uso de dinero en efectivo también por parte de proveedores y de todo agente privado vinculado al gobierno.

La propuesta implica la prohibición de usar tanto moneda nacional como divisas e incluso metales preciosos.

A efecto de hacer un planteamiento responsable por parte del Partido Acción Nacional, el proyecto plantea la entrada en vigor de manera escalonada en estas medidas, de tal suerte que para la Federación entrarían en vigor un año después de la publicación, para los estados dos años después, y para los municipios con más de 200 mil habitantes tres años después, y para el resto de los municipios en cuatro años.

Estas etapas permitirán a los órdenes de gobierno prepararse adecuadamente para implementar la prohibición de uso de dinero en efectivo.

Adicionalmente a ello, estamos considerando la posibilidad de que el Consejo Nacional de Armonización Contable expida lineamientos para los casos excepcionales con los que se seguiría permitiendo ingresar o egresar recursos en efectivo del sector público, derivado de incapacidad física para poder ejecutarlo. Estos casos serán verdaderamente excepcionales, como lo podrían ser en comunidades rurales.

Es muy importante comentar que todo esto tendría que venir de la mano, además de una reforma integral de todas estas leyes, también de un acompañamiento de la banca.

Sabemos que en muchísimas localidades rurales, incluso existen municipios muy pequeños con menos de 10 mil habitantes que no cuentan con una banca propia, donde no existe un sentido todavía de bancarización y que únicamente se ocupa para algunos programas sociales de gobierno.

Sin embargo, creemos que paulatinamente podríamos llegar a eso, no es ningún absurdo y de verdad fomentaría la transparencia tanto en el sector público como en el sector privado.

Y bueno, con este proyecto finalmente, el Partido Acción Nacional está siendo totalmente consistente con lo que se propuso en nuestra plataforma electoral y esperamos contar con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas para mejorar la transparencia y evitar la corrupción en nuestro país.

Es cuanto.

Gracias.

Iniciativa

Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, PARA PROHIBIR EL USO DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO, de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Competencia.

El Congreso de la Unión tiene atribuciones claras otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar en materia de contabilidad gubernamental y de responsabilidad hacendaria, en los términos de lo señalado por las fracciones XXVIII y XXIX-W del artículo 73, así como en virtud de la facultad señalada por la fracción XXXI del mismo artículo, que establecen:

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

I.- a XXVII.- …

XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXIX.- a XXIX-V.- …

XXIX-W.- Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXIX-X.- a XXX.- …

XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Consideraciones.

Asegurarnos de que los recursos públicos son utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como lo mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación impostergable de todos quienes tenemos el honor de representar a los ciudadanos.

Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Todos nosotros estamos llamados a hacer absolutamente todo aquello, por drástico que pareciere, que abone a satisfacer la tan sentida demanda ciudadana de que el dinero de sus impuestos y demás contribuciones, el dinero de todos, se administre bajo esos principios, pero también, con la total certeza de que las instituciones del Estado y las leyes garantizarán que esos recursos no se desvíen hacia destinos ilícitos.

Lastimosamente, esa exigencia ciudadana de que se prevengan hechos de corrupción, y de que, cuando éstos tengan lugar, los culpables efectivamente sean castigados, es un clamor vigente.

Mucho se avanzó ciertamente en la legislatura anterior que puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción que, por nuevo, apenas está por mostrar sus resultados, que esperamos sean muy positivos, confiamos en ello. La expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Código Penal Federal, representan una gran esperanza de cambio en materia de prevención y combate a la corrupción.

Sin embargo, está claro también, que ningún esfuerzo adicional es desdeñable. Creemos firmemente que todo aquello que podamos reforzar a nivel de la ley, de las instituciones y de la política pública, para prevenir y combatir la corrupción, debe hacerse.

En este tenor, en Acción Nacional, hemos planteado medidas serias en esta materia, incluso desde nuestra plataforma electoral, que en esto coincidió plenamente con la de todo el Frente Ciudadano por México que arropó no solo al PAN, sino también al Partido de la Revolución Democrática, a Movimiento Ciudadano, y a la organización de la sociedad civil denominada “Ahora”. En ese contexto, uno de nuestros planteamientos fue el de prohibir el uso de dinero en efectivo por parte del gobierno.1

Ya hemos visto cómo, porque así ha sido reportado no solo por las instancias fiscalizadoras del Estado mexicano como la propia Auditoria Superior de la Federación, sino también por los propios medios de comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil, no es infrecuente que dineros del erario sean convertidos en monedas y billetes que luego salen de las arcas públicas para dirigirse, mediante sofisticadas estratagemas financieras, a arcas privadas, sin razón lícita de por medio.

Apenas al inicio de esta legislatura, hace unos días pues, resurgió el escándalo de La Estafa Maestra,2 por la cual, se ha documentado, se desviaron recursos públicos mediante la simulación de operaciones financieras y el uso de las llamadas empresas fantasmas, por cantidades millonarias. Nada más y nada menos que la cantidad de 700 millones de pesos trasladados en efectivo hacia destinos inciertos y ocultos, fue lo que aquella nota periodística reportaba, con base en datos de las auditorias e investigaciones practicadas por la instancia superior de fiscalización de México, a dependencias del gobierno federal como SEDESOL y SEDATU.3 Este tipo de prácticas no pueden seguir ocurriendo sin que haya consecuencias de por medio. En este caso concreto, las autoridades fiscalizadoras hicieron su trabajo, ahora corresponde a las autoridades procuradoras de justicia, emprender las acciones correspondientes.

Pero más allá de combatir la impunidad de quienes traicionan al pueblo desviando en beneficio personal o de terceros el dinero público que debería beneficiar a quienes menos tienen, lo que también tenemos que hacer, es seguir poniendo candados a la corrupción, ponerle freno mediante la construcción de andamiajes institucionales y legales sólidos que prevengan estas prácticas. Mucho mejor será evitar mediante sistemas robustos, que el recurso público se desvíe, a tener que seguir persiguiendo a los que ya lo desviaron.

Es para esto que proponemos que el gobierno deje de utilizar dinero en monedas y billetes. Con los avances tecnológicos con los que hoy día disponemos, no hace sentido que el gobierno siga utilizando dinero en numerario en sus operaciones. ¿Cómo explicar que el Estado de Veracruz, por ejemplo, trasladó 25 millones de pesos en efectivo en un vuelo privado, para pagar a un proveedor de una feria regional?4 ¿es siquiera cierto esto, o fue un ardid? ¿tiene sentido? Creemos que no, no tiene sentido permitir este tipo de operaciones financieras cuando existen ya tantos adelantos tecnológicos y financieros que pueden dar eficiencia y transparencia a cualquier operación.

La medida no es tan radical como algunos pudieran pensar. Algunos países desarrollados están considerando ya, dejar de utilizar dinero en efectivo en todo su sistema financiero, es decir, no solo por parte del gobierno, sino de todos; que nadie utilice ya dinero en efectivo.

Suecia por ejemplo, ya implementó esta medida, hoy por hoy, prácticamente todas las operaciones financieras en aquel país, se hacen mediante otros mecanismos distintos del dinero en efectivo, ya sean transferencias, cheques, tarjetas, celulares, etc., de suerte tal que ya solo el 1% de las operaciones financieras en ese país, se siguen haciendo en efectivo.5

Dinamarca por su parte, ya aprobó una reforma que paulatinamente retirará el dinero en efectivo del mercado, para quedar totalmente prohibido en el año 2030. De hecho su banco central ya dejó de imprimir nuevos billetes.

Tanto en el caso de Suecia como en el de Dinamarca, estamos hablando del retiro de dinero en efectivo no solo por parte de los entes públicos, sino de todo el mercado incluidos los agentes económicos privados.

Un estudio reciente de HSBC reportó que en los últimos 9 años, de 2009 en adelante, el uso de dinero en efectivo en el mundo disminuyó en un 44% y que seguirá bajando en función del incremento que están teniendo otras formas de pago que echan mano de las nuevas tecnologías como transferencias bancarias, tarjetas de crédito o innovaciones tales como PayPal, criptomonedas o pago mediante teléfono celular.6

Disminuir la masa de dinero en efectivo del mercado tiene otros beneficios adicionales además de la prevención de hechos de corrupción en el gobierno; ayuda a combatir el fraude fiscal y fomenta la inclusión financiera y la bancarización.

En países como Ecuador, la disminución en el uso del dinero propició que las personas que no tenían acceso a servicios financieros empezaran a utilizar sus teléfonos celulares para realizar transacciones financieras.7

Por otra parte, la disminución de efectivo, ayudaría indirectamente en el fenómeno del incremento de uso de efectivo oculto en las campañas electorales. Como se sabe, durante las campañas electorales, circula una cantidad de dinero en efectivo mucho mayor a la normal, fenómeno atípico que revela el uso de dinero oculto e ilícito en las campañas electorales que podría provenir, al menos en parte, de las arcas públicas. Según información del Banco de México, en las pasadas elecciones, el país registró un aumento de 43 mil millones de pesos en los billetes y las monedas en poder del público.8 Una investigación llevada a cabo por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, penetró en el tema del uso de dinero en efectivo en las campañas electorales y en el hecho de que buena parte de ese dinero sale precisamente del erario. La investigación termina haciendo varias recomendaciones de política pública, entre las cuales está la de “Bancarizar el cien por ciento de las transacciones de los gobiernos para dificultar la dispersión de fondos públicos hacia campañas e intermediarios”.9

En cuanto a los ingresos en efectivo, el estudio publicado por Casar y Ugalde, arroja información muy interesante: “A pesar de vivir en plena época digital, en algunas entidades federativas varios tipos de ingreso aún se recaudan en efectivo. Por su naturaleza, existe una gran debilidad en su registro, ya que éste debe realizarse de manera manual, es decir, no está automatizado, como sucede con los recursos que se reciben directamente en instituciones financieras. Los ejemplos de recursos que se recolectan en efectivo van desde algunos impuestos que los contribuyentes pagan directamente en las ventanillas de las tesorerías estatales, pago de derechos por servicios menores que requieren los ciudadanos de sus gobiernos locales (por ejemplo, emitir un acta de nacimiento), hasta ingresos mucho menos visibles para las autoridades fiscalizadoras, como la venta de boletos para espectáculos en estadios, ferias y palenques propiedad de los gobiernos estatales. A lo anterior se suman los ingresos derivados de algunas líneas de negocio que, por condiciones excepcionales, poseen algunos gobiernos; por ejemplo, casas de empeño, gasolineras o farmacias. Al no estar direccionados inmediatamente a las cuentas de los estados en bancos, estos ingresos son fácilmente desviables en su misma forma —efectivo— a cualquier finalidad.

La manipulación de los ingresos en efectivo es relativamente sencilla: por ejemplo, reportar que a un partido de béisbol celebrado en un estadio municipal asistieron mil personas cuando en realidad asistieron mil quinientas, o que el consumo de alimentos en una feria dejó una derrama de 10 millones de pesos en vez de 15 millones. Las diferencias se desvían fácilmente de los presupuestos sin que siquiera se registren en el sistema. Lo mismo sucede con los ingresos generados directamente en bienes del dominio público menos visibles, como los cobros por servicios sanitarios en parques, cuotas por el uso de instalaciones deportivas públicas, publicidad en las calles o bardas y fenómenos similares.

Si bien no hay un indicador confiable de los ingresos en efectivo que tienen los gobiernos, mediante las entrevistas realizadas a varios funcionarios locales se confirmó que aún hay estados y municipios que recaudan una parte importante de sus ingresos en efectivo, llegando hasta 60 o 70% de algunos rubros específicos, como el pago de multas. Otro dato sobresaliente es que los estados que han cerrado por completo sus ventanillas y han logrado que toda su recaudación se realice mediante instituciones financieras —comúnmente llamado “proceso de bancarización”— han registrado incrementos en la recaudación de ingresos propios de 15% a 20%. Esto sin hacer ningún tipo de modificación adicional, lo que permite presumir que esos ingresos, más que representar fondos adicionales, se encontraban fuera de la contabilidad al hacerse en efectivo.

Por último, otra fuente importante son las empresas paraestatales de transporte público o concesiones similares, que cobran una fracción importante de sus servicios en dinero líquido. Una práctica común en los gobiernos estatales es reducir artificialmente los ingresos reportados de esas compañías, lo que les permite tomar parte del efectivo de sus registros. Después, las empresas de transporte público son fondeadas con subsidios directos de los presupuestos estatales. De alguna manera, ese mecanismo es similar al lavado de dinero proveniente de actividades ilegales, y permite a los entes públicos tener efectivo sin que esté registrado en las cuentas públicas.

El problema del acceso al dinero en efectivo es que auspicia varias conductas ilícitas: sobresueldos a funcionarios estatales o compensaciones extraordinarias que no se registran en los tabuladores; pagos a los miembros de los congresos locales o de los cabildos con el fin de que aprueben ciertas iniciativas del Ejecutivo; pagos a líderes de los sindicatos de trabajadores públicos con el fin de evitar huelgas o para que apoyen las negociaciones salariales, o pagos a organizaciones sociales para su manejo político, con el fin de evitar bloqueos carreteros, cercos a edificios públicos o movilizaciones en general; pagos a medios de comunicación. También, desde luego, a campañas políticas.”10

En el régimen transitorio de este Decreto se contemplan medidas de escalonamiento para la entrada en vigor de este Decreto, de tal suerte que cada orden de gobierno y municipios de distintos tamaños tengan la obligación de implementar estas reformas en plazos diferenciados, a efecto de que, toda vez que el 56% de la población de nuestro país aún no está bancarizada,11 estas medidas puedan implementarse adecuadamente.

Además de esta entrada escalonada de las nomras de este Decreto, estamos dotando al Consejo Nacional de Armonización Contable, para que cuente con atribuciones para emitir lienamientos para casos de verdadera excepción en los que considere que deban admitirse ingresos o realizarse egresos con dinero en efectivo.

Hay que recordar que el Consejo Nacional de Armonización Contable está integrado con representación tanto de la Federación, como de las entidades federativas y de los municipios, de tal suerte que consideramos que es el ente público apropiado para determinar las excepciones que en cada uno de esos órdenes de gobierno pueden establecerse para el uso de dinero en efectivo. Estos casos, insistimos, serán de verdadera excepción.

Dejar de usar el dinero en efectivo no es un sueño, es una realidad que nos alcanzará mucho más rápido de lo que creemos. Si ya algunos países están retirando el efectivo de sus respectivos mercados internos, ¿por qué no podríamos en México retirarlo al menos del sectro público?

Con estas medidas, con estas modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estaremos dando un paso importante en la ruta de la prevención de la corrupción. Esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, PARA PROHIBIR EL USO DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XIII bis del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 9.- …

I. a XIII. …

XIII bis. Emitir lineamientos para regular los casos y las condiciones en que excepcionalmente los Entes Públicos podrán recibir ingresos y realizar egresos mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, o mediante metales preciosos.

XIV. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 45.- …

I. a III. …


Por ningún motivo podrán recibirse ingresos ni ejercerse gasto público federal, mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo en los casos y bajo los lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para casos excepcionales.

ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan los artículos 13 bis y 16 bis, y se reforma el artículo 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 13 bis.- Por ningún motivo lo entes públicos de la entidades federativas podrán ejercer gasto mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo en los casos y bajo los lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para casos excepcionales.

Artículo 16 bis.- Por ningún motivo lo entes públicos de la entidades federativas podrán recibir ingresos mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo en los casos y bajo los lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para casos excepcionales.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 13, 13 bis, 14, 15, 16 bis y 17 de esta Ley.

Lo anterior, con excepción del segundo párrafo de la fracción III del artículo 13, el cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TRANSITORIOS

Primero. El artículo primero de este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El artículo segundo de este Decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor para las entidades federativas dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; para los municipios con una población mayor a doscientos mil habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tres años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y para el resto de los municipios cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir los “Lineamientos para regular los casos y las condiciones en que excepcionalmente los Entes Públicos podrán recibir ingresos y realizar egresos mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, o mediante metales preciosos” a más tardar seis meses antes de la entrada en vigor del artículo segundo de este Decreto. Dichos Lineamientos entrarán en vigor conjuntamente con la entrada en vigor del artículo segundo de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de octubre de 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Rosales San Román. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

1 Partido Acción Nacional. Plataforma Electoral 2018. “El cambio inteligente”, p. 13, consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95069/Plataforma%20PAN.pdf

2 https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

3 HERRERA, Rolando. “Saquean con Robles 700 mdp en efectivo”. Reforma, México, 11 de septiembre de 2018, p. 1, a ocho columnas.

4 http://www.sinembargo.mx/30-01-2012/134420

5 https://gestion.pe/mundo/internacional/suecia-pais-avanza-desaparicion-dinero-efectivo-228751

6 https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-fin-del-efectivo-como-medio-de-pago/

7http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-riesgos-articulo.php?id=218&title=es-posible-la-desaparicion-del-efectivo

8 https://www.animalpolitico.com/2018/05/por-que-circula-mas-dinero-en-mexico-en-periodo-electoral/

9 CASAR, María Amparo y UGALDE, Luis Carlos. “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”. México, Integralia y MCCI, Mayo de 2018, p. 194.

10 CASAR, ob. cit., pp 94-95.

11 Encuesta Nacional de Inclusión financiera 2015, INEGI, CNBV y SHCP.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2o. constitucional, en materia de derechos indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

La reforma constitucional de 2001, en materia de derechos indígenas, representó un avance indiscutible en la materia. Es decir, un avance en términos del reconocimiento a los derechos indígenas y a los derechos de las comunidades.

Sin embargo, aquella reforma también dejó de atender lo que fue una parte medular de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en 1996.

Es decir, le faltó atender la columna vertebral de la política del reconocimiento, que no es otra cosa más que reconocer a las comunidades y a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Nuestro marco jurídico actual asume a los pueblos indígenas como entidades de interés público y le delega lamentablemente a los estados la facultad para diseñar los mecanismos de reconocimiento y de protección de sus derechos.

Esta concepción, a nuestro juicio, lo que tiene es una especie de visión patrimonialista, asimilacionista del Estado mexicano, que tiene como tarea, de manera unilateral, pues justamente gestionar los derechos de los propios pueblos indígenas, porque asume que los pueblos, que las comunidades indígenas están bajo su tutela.

Esto en la práctica ha provocado una serie de problemas. Señalo particularmente dos de ellos:

Por un lado, ha dejado prácticamente en letra muerta el principio de libre determinación de los pueblos y ha limitado la capacidad para reclamar y ejercer sus derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la consulta o el derecho a conservar su patrimonio.

Y, por otra parte, se ha traducido en una especie de discriminación jurídica e institucional hacia los pueblos indígenas, ya que sus derechos son reconocidos de forma asimétrica o de forma de desigual en todo el territorio nacional.

Dicho en otras palabras, no tienen los mismos derechos un indígena que vive en la Ciudad de México, que quien vive en Chihuahua, que quien vive en Jalisco, que quien vive en cualquier otra entidad federativa.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esto no puede seguir así. El Estado mexicano no puede seguir arrastrando esta deuda histórica con los pueblos indígenas.

Por eso es que el día de hoy proponemos una reforma al artículo 2o. constitucional, para recoger la demanda central de los Acuerdos de San Andrés de 1996 y cumplir con una exigencia histórica de los pueblos indígenas.

Proponemos establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que implica el reconocimiento explícito de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para aportar y ejercer derechos como una entidad política que tiene actuación en la vida jurídica del Estado mexicano.

Esta reforma es necesaria, porque como se han dicho en otras ocasiones y lo han hecho numerosos especialistas, entre ellos Rodolfo Stavenhagen, algunos derechos solamente pueden ejercerse plenamente de forma colectiva.

Esta reforma supondrá no sólo la protección de una serie de derechos colectivos de las comunidades, sino la garantía de libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente, pero también sobre su futuro.

Pero también supone que los pueblos indígenas forman parte de la vida del Estado y no son entidades bajo su tutela. Es decir, los pueblos indígenas ejercen su ciudadanía y sus derechos colectivos siendo parte de un sistema político y social y no espectadores con derechos parciales.

Y supone, finalmente, que esto es reconocido en todo el territorio y no una concesión otorgada por una u otra entidad federativa.

Vemos, desde Movimiento Ciudadano, de manera positiva, alentadora, que en las primeras semanas de esta Legislatura se hayan planteado propuestas para la protección y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Vemos de manera positiva que se hayan propuesto ajustes institucionales para garantizar la protección de sus derechos.

Sin embargo, lo decimos con toda claridad, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para materializar cualquier política de protección a las comunidades.

Sin este reconocimiento no habrá reformas, ni nuevas instituciones que alcancen para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas.

Por eso es que hoy hacemos un llamado, para que nos demos la oportunidad de entrar a un diálogo profundo sobre la concepción de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

Si queremos hablar, como lo hemos hecho en estas semanas, de un cambio de régimen, el régimen debe empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas

El régimen debe construir políticas dentro de la pluralidad y la multiculturalidad que les permita a todos y a todas exigir sus derechos.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Senador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. México es una nación con una composición pluricultural que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como portadores de derechos. A partir de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas se lograron una serie de avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de estas comunidades, sin embargo, quedaron muchas cuestiones pendientes y se consolidó un esquema de asimetrías en el acceso a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Esta asimetría y vacío en la capacidad de las comunidades para ejercer sus derechos se debe a que no se han establecido los instrumentos jurídicos suficientes para reconocerlas como entidades colectivas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, el reconocimiento de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas no es suficiente para aplicar de manera efectiva la legislación con la que contamos, porque de poco sirve la estipulación de derechos sin que se reconozca a sus titulares.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las comunidades indígenas como “entidades de interés público”, tal y como se lee en el último párrafo del Apartado A del artículo 2° constitucional:

“Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

Esta redacción abre la puerta a dos problemáticas. En primer lugar, el interés público es definido en la doctrina jurídica como “El conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.”1 En este sentido, la cualidad de “entidades de interés público” otorgado a los pueblos indígenas significa, principalmente, que son objeto de interés, más que sujetos de derecho.

En segundo lugar, consolida un régimen de asimetría en el acceso y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente, dado que deja en manos de las entidades federativas definir las características y alcances de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a contar con legislación estatales avanzadas en la materia, mientras que otras han permanecido rezagadas en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas.

En cuanto a la primera problemática, es fundamental destacar que la cualidad de “entidades de interés público”, significa que los pueblos indígenas no tienen personalidad jurídica colectiva por lo que están sujetos a la intervención del Estado. Como “entidades de interés público”, las instituciones deben gestionar el bienestar de estas comunidades, dándoles un carácter pasivo.

La comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “entidades de interés público” se sustenta en una visión paternalista y sustentada en el principio de integración, no en el de reconocimiento.2

Además concebirlos como “entidades de interés público” implica incumplir el principio pro personæ, pues limita su capacidad de ejercicio en virtud de la ausencia de personalidad jurídica para ser titular de obligaciones y para hacer valer sus derechos.

Por el contrario, la comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho” implica el reconocimiento de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para portar y ejercer derechos como una entidad que tiene actuación en la vida jurídica. De esta manera, la concepción de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho público” implica no sólo reconocer sus derechos y garantizar el principio de libre determinación, sino también reconocerles su capacidad y personalidad para decidir su presente y futuro.

En resumen, concebir a los pueblos indígenas como como sujetos de derecho implica que dejan de ser considerados como un objeto pasivo que requiere la atención y el interés de las autoridades públicas, para pasar a ser sujetos que el derecho considera como una sola entidad y, por lo tanto, que pueden acceder y ejercer derechos colectivos y de esta manera actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad colectiva y con base en sus propias aspiraciones y en su visión, con base en su estructura organizativa y territorial, y fortaleciendo su identidad y su cultura.

Es fundamental recordar que la misma Constitución mexicana ya reconoce la existencia de derechos colectivos, al señalar en el segundo párrafo del artículo 2° que la nación “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Por otra parte, debemos ser conscientes que el derecho a la libre determinación, reconocido también constitucionalmente, sólo puede concretarse colectivamente, de tal manera que los derechos de los pueblos indígenas son esencialmente derechos colectivos, son derechos reclamados por una colectividad.3

Así pues, el gran reto que enfrenta nuestro marco jurídico en materia de derechos indígenas no es el de reconocer la existencia de derechos colectivos, sino delinear las mejores vías para su ejercicio pleno por parte de las comunidades y pueblos indígenas. El no reconocimiento de estas comunidades como “sujetos de derecho” constituye el principal obstáculo e impedimento para ello.

II. El levantamiento del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, supuso el inicio de un amplio debate en materia de derechos indígenas, dado que incrustó en la vida pública la necesidad de emprender una discusión sobre la composición multicultural de la nación, así como sobre los derechos básicos y colectivos a los que deberían tener acceso los pueblos indígenas.

En este sentido, el 16 de febrero de 1996, el Gobierno Federal y el EZLN firmaron los “Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena”, conocidos como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En el Pronunciamiento conjunto del Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se menciona específicamente la necesidad de “el reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público”, mientras que en las Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, se establece que se propondrá al “Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público”.4

Con base en los llamados Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) elaboró una propuesta de reforma constitucional que reconocía a las comunidades indígenas como “entidades de derecho público”.

No obstante, el Congreso de la Unión aprobó esta iniciativa con modificaciones sustanciales, entre las que se incluye la de caracterizar a las comunidades como “entidades de interés público”.

Aunque dicha reforma reconoce la composición pluricultural de la nación, así como una serie de derechos para los pueblos y comunidades indígenas, el no reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de estas comunidades como “sujetos de derecho”, generó no sólo una contradicción sino un obstáculo para que estas comunidades puedan acceder y ejercer sus derechos.

Vale la pena mencionar que el no reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho”, no sólo contraviene el espíritu de la llamada “iniciativa COCOPA”, producto de los Acuerdos de San Andrés y de un consenso histórico entre las autoridades mexicanas y los pueblos indígenas, sino que también contradice instrumentos internacionales consensados con los propios pueblos indígenas y que son Tratados de los que México forma parte, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Senado de la República en julio de 1990. En él se establece que la población de un Estado se integra por individuos y por pueblos, y que los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben ser respetados, dado que se reconocen como parte de la población de un Estado nacional y como titulares de derechos colectivos, derivados de sus características históricas y culturales.5

Por su parte, en 2003 el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, publicó el “Informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, en donde plantea que en la reforma constitucional de 2001 no fueron respetados los términos del Convenio 169 de la OIT, por lo que se recomienda a México:

“64. […] reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.

70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de los pueblos indígenas.

72. Las legislaciones federal y estatal deberán ajustarse a las disposiciones del Convenio 169 cuando así proceda.6

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que es tiempo de que México reemprenda la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas para reconocer plenamente su calidad de portadores y titulares de derechos, capaces de decidir y conducir su vida colectiva y de participar en la construcción de su futuro y en el de la nación.

Es fundamental que se lleve al debate público la necesidad de reformular la legislación en materia indígena bajo los principios de progresividad y de interpretación pro personæ, llevados a nuestra Constitución mediante la reforma en materia de derechos humanos de 2011, y que implicó la creación del llamado “bloque de constitucionalidad” integrado no solamente por la Carta Magna, sino también por los tratados internacionales, y que incorporó el mencionado principio pro personæ que supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir siempre aquella que proteja más al titular de un derecho.

En este sentido, resulta claro que para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la concepción de éstas como “entidades de interés público” no es satisfactoria, dado que las coloca bajo la tutela del Estado, y no como sujetos con personalidad colectiva titulares de derechos, como lo haría la definición de “sujetos de derecho”.

El reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho” les permite contar con los instrumentos jurídicos necesarios para ejercer el derecho a la autonomía, ya reconocido en la Constitución. Significa también que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, siendo parte del Estado nación como actores partícipes y como interlocutores, y no sólo como “entidades de interés público”.

En el mismo contexto, considerar a las comunidades indígenas como “sujetos de derecho” también se relaciona con el ejercicio democrático del poder, ya que estas comunidades podrán participar como iguales, como integrantes del Estado con derechos y obligaciones, en la construcción de un modelo de vida acorde con sus aspiraciones.

Es importante recalcar que algunas entidades federativas ya reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como entidades o sujetos de derecho público, como son el caso de San Luis Potosí y Oaxaca; sin embargo, en otras entidades no se ha presentado esta discusión y existe un vacío normativo que ha perjudicado la capacidad de ejercer sus derechos a los pueblos indígenas, lo que evidencia la asimetría de derechos que hemos mencionado.

III. Mediante la presente reforma constitucional se persiguen dos objetivos: en primer lugar, reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, es decir, otorgarles una personalidad jurídica colectiva que les permita ejercer plenamente sus derechos ya reconocidos en la misma Constitución y contar con personalidad jurídica colectiva para tomar decisiones y formar parte del desarrollo nacional, para lo cual se propone realizar diversas modificaciones al artículo 2° constitucional que adecúen la terminología y conceptos, así como los alcances de sus derechos.

En segundo lugar, se plantea acabar con el modelo de asimetría en el ejercicio de los derechos, de tal manera que se generen condiciones normativas para que todas las entidades federativas del país deban reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para ello se propone reformar el último párrafo del apartado A del artículo 2° constitucional.

Para ejemplificar las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:


Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta de reforma

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

 

 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

 

 

 

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

 

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

 

 

 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 2o. […]

 

[…]

 

 

 

 

[…]

 

 

[…]

 

 

 

La libre determinación es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. […]

 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas, a través de sus autoridades y dentro de su jurisdicción, ejercerán sus funciones y actos jurídicos conforme a sus sistemas normativos y formas autonómicas de gestión.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades, de acuerdo a sus sistemas normativos, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

V. […]

 

 

VI. […]

 

 

 

 

 

 

 

VII. […]

 

[…]

 

 

 

VIII. […]

 

 

 

 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.

B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

[…]

 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las comunidades indígenas en coordinación con las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos y para procurar sus aspiraciones como pueblo originario.

II. […]

 

 

 

 

 

 

 

III. […]

 

 

 

 

IV. […]

 

 

 

 

V. […]

 

 

 

 

VI. […]

 

 

 

 

 

VII. […]

 

 

 

 

 

 

VIII. […]

 

 

 

 

 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas tienen el derecho y la obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que les afecten en coordinación con las autoridades competentes.

 

[…]

 

 

 

 

 

 

[…]

Es tiempo de poner en el centro del debate público la agenda de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas que ha permanecido opacada y soslayada durante los últimos años, a pesar de que quedaron grandes deudas luego de la reforma de 2001.

Los derechos de los pueblos indígenas en México no están en duda, pero aunque están reconocidos en nuestra Carta Magna, no existen las suficientes garantías jurídicas para que los pueblos y comunidades los puedan ejercer plenamente, sin obstáculos y sin restricciones. El objetivo de la presente reforma es precisamente generar una transformación normativa que les permita a los pueblos indígenas acceder a los derechos colectivos que el Estado mexicano ya les reconoce.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y último párrafo, y las fracciones II, III y IV del Apartado A, el primer párrafo y las fracciones I y IX del Apartado B, y el quinto párrafo del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. […]

[…]

[…]

[…]

La libre determinación es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. […]

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas, a través de sus autoridades y dentro de su jurisdicción, ejercerán sus funciones y actos jurídicos conforme a sus sistemas normativos y formas autonómicas de gestión.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades, de acuerdo a sus sistemas normativos, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

V. a VIII […]

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán a las  comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.

B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

[…]

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las comunidades indígenas en coordinación con las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos y para procurar sus aspiraciones como pueblo originario.

II. a VIII. […]

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas tienen el derecho y la obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que les afecten en coordinación con las autoridades competentes.

[…]

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO. -El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las entidades federativas contará con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones a sus constituciones y leyes estatales a fin de reconocer el carácter de sujetos de derecho público de las comunidades indígenas.

TERCERO. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para realizar las reformas necesarias a las legislaciones secundarias que se vean impactadas por la presente reforma.

Dado en el Senado de la República, el 02 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Clemente Castañeda. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

1 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, UNAM – Porrúa. México.

2 Soriano Flores, José Jesús, “El Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas de México: Una aproximación desde los Derechos Humanos”, Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, Año 1, núm. 2, Pp. 159-169.

3 Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, “Derechos Humanos de los Pueblos Indios”, en Etnicidad y Derecho: un diálogo postergado entre los científicos sociales, 1ª ed., UNAM, México, 1996, p. 215-216.

4 Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena.
Cfr. http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf

5 Decreto Promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Cfr. http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

6 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. Rodolfo Stavenhagen, Misión a México, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

México apostó por el cambio. Uno tangible, real, que llegue a la gran mayoría de las personas.

Ya no quiso más de lo mismo porque significaría normalizar esos “cánceres” de los que hablaba Jorge Carpizo: corrupción, impunidad, inseguridad y violencia. El pueblo de México lo que exige es paz.

Vemos con zozobra cómo en los últimos sexenios, México se ha visto inmerso en un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con día.

Varios estados del país se encuentran ahora mismo en fuego y destrucción debido al alto índice de violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de “piso” o “cuotas” entre muchas otras prácticas más, para, de alguna manera, “garantizar” un poco de paz.

Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no sólo con armas, sino a través de la educación. Una educación basada en la libertad y en la cultura de paz.

La educación debe valernos para accionar cambios estructurales, en el pensamiento y la conducta que ésta genera para ayudar a construir el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y mayor participación ciudadana, que el país tienda a una evolución pacífica en beneficio de sus habitantes, en consonancia con el pleno respeto a sus derechos humanos. Una apuesta sistémica en favor de la paz y la dignidad de la persona.

Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad,   la justicia, la cultura de la paz; a estrategias educativas que contribuyan a resarcir la situación grave de violencia e inseguridad que vive el país y que estimulen el   desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten con la finalidad de construir bases sólidas para la pacífica convivencia y que debe, además, orientarse hacia el cultivo de la solidaridad, la empatía, el progreso paulatino y quizá por los tiempos de este cambio acelerado, a la cultura que ya tanto hemos mencionado, una cultura de paz.

Se vislumbra, con lo anterior, que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su formación individual como para la convivencia con su otredad.

Con la educación se deben formar personas reflexivas, críticas, libres, sensibles, amorosas, con gran sentido humano y de justicia, que actúen individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye al país.

Lamentablemente vemos que en éste, nuestro país, discurren día con día actos de crueldad como masacres, desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos, y todo esto con las agravantes de exclusión, pobreza, discriminación y marginación que empeoran, sin duda, la situación.

Este tipo de actos y parafraseando a la educadora en derechos humanos, Rosa María Mujica, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad. Por esto mismo, en el Partido del Trabajo, tratamos de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el país a través de una figura: la cultura de la paz.

Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir únicamente conocimientos dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más individualista y competitivo.

Debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido humano. La persona como eje medular. Es un reto general que nos involucra a todas y todos para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así, insisto, reconstruir el tejido social.

La educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas con el cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores de los que serán los futuros ciudadanos. Esto permite una evaluación del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el mejoramiento individual y colectivo.

Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad.

Las sociedades de los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad de educadora, también debe incidir y apoyar los proyectos y programas educativos formales.

Es por esto, compañeras y compañeros Senadores, que en el Partido del Trabajo ponemos a consideración de todos ustedes una reforma al artículo 3o. de la Constitución, que esperamos que a la brevedad sea analizado en las respectivas comisiones.

Es cuanto, muchísimas gracias.

Iniciativa

La suscrita GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO CONTRIBUYA A DESARROLLAR LA PAZ Y COMBATA CON EL CAMBIO DE CONCIENCIAS, POR MEDIO DE UNA CULTURA DE LA PAZ, LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SUFRE EL PAÍS Y CONSECUENTEMENTE RESARCIR EL TEJIDO SOCIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México apostó por el cambio. Uno tangible, real para la gran mayoría de las personas. Ya no quiso más de lo mismo porque significaría normalizar esos “cánceres” de los que hablaba Jorge Carpizo: corrupción, impunidad, inseguridad y violencia. El pueblo de México lo que exige es paz.

Vemos con zozobra cómo en los últimos sexenios, México se ha visto inmerso en un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con día. Varios estados del país se encuentran ahora mismo en fuego y destrucción debido al alto índice de violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de “piso” o “cuotas” entre muchas más, para, de alguna manera, “garantizar” un poco de paz. Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no solo con armas, sino a través de la educación, una educación basada en la libertad y en la cultura de paz.

La educación debe valernos para accionar cambios estructurales, en el pensamiento y la conducta que ésta genera (debemos partir de la idea del pedagogo Paulo Freire en que todos nos educamos a la vez, tanto docente como alumno como sociedad; no una anquilosada educación bancaria), para ayudar a construir el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y mayor participación ciudadana, el país tienda a una evolución pacífica en beneficio de sus habitantes, en consonancia con el pleno respeto a sus derechos humanos. Una apuesta sistémica en favor de la paz y la dignidad de la persona.

Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia, la cultura de paz; a estrategias educativas que contribuyan a resarcir la situación grave de violencia e inseguridad que vive el país y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten con la finalidad de construir bases sólidas para la pacífica convivencia; debe, además, orientarse hacia el cultivo de la solidaridad, la empatía, el progreso paulatino y quizá, por los tiempos de cambio, acelerado, a una cultura de paz.

La educación implica referirse a un proyecto de planificación del futuro que deseamos mediante la construcción de conciencias, el rediseño más sensitivo y tolerante de las generaciones para mejorar, pacificar, a nuestro país.

Se vislumbra con lo anterior que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su formación individual como para la convivencia con su otredad. Con la educación se deben formar personas reflexivas, críticas, libres, sensibles, amorosas, con gran sentido humano y de justicia, que actúen individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye al país.

Al tenor de lo anterior, la educación debe estar orientada al desarrollo integral de las personas y la construcción de formas de convivencia centradas en el respeto de la otredad (el otro en el sentido de diálogo). Lamentablemente vemos que en el país discurren día con día actos de crueldad como masacres, desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos, todo esto con las agravantes de exclusión, pobreza, discriminación y marginación que empeoran la situación. Este tipo de actos y parafraseando a la educadora en derechos humanos, Rosa María Mujica Barreda, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad. Por esto mismo, se trata de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el país: cultura de paz.

Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir únicamente conocimientos dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más individualista y competitivo; debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido humano. La persona como eje medular. Es un reto general que nos involucra a todas y todos, para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así paulatinamente reconstruir el tejido social.

Adición a la Constitución

La educación es un derecho que prontamente evoluciona, ya que se actualiza de las innovaciones y cambios de la sociedad. Por ser la educación un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social, la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede las cuestiones de estricta técnica legislativa y debe revisarse también a la luz de la historia, la sociología y la filosofía política, de cada pueblo en particular bajo la tutela de una política educativa nacional.1

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación son los principales instrumentos legales que regulan los principios fundamentales de la educación y el sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos y se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. Se trata de un derecho humano que permite impulsar el desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una nación, además de ser eje central de la vida política y social de nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, hasta nivel bachillerato, debe de ser obligatoria, laica, gratuita y democrática; tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional y nacional, en la independencia y en la justicia, al mismo tiempo que contribuya a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al cuidado para sostener los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios por motivos económicos, políticos, de raza, de religión, grupos, sexos o individuos.

Estos son a grandes rasgos los principios fundamentales de la educación en México, no obstante, en la actualidad, y debido al altísimo índice de violencia que vive el país, se requiere de axiomas que fortalezcan no sólo al educando en un aspecto meramente académico, sino para que en la sociedad donde interactúa exista una mejor convivencia y una sana armonía. Una educación que tenga su verdadero sentido en la constate mejoría de las relaciones interpersonales basadas en el respeto y la paz. La apuesta es por la dignidad de la persona en su sana convivencia.

Por tal razón, un objetivo imprescindible para este cambio que buscamos es la cultura de la paz, para que la sociedad, a través de la educación, vaya modificando sus conductas en favor de la armonía social y de la sana convivencia de sus congéneres, que debe versar en el ordenamiento jurídico supremo de México.

La cultura de la paz como mecanismo para resarcir el tejido social

La cultura de la paz tiene como fin fundamental el rechazo de la violencia, en todas sus modalidades, como forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos sociales. Y para que esto pueda ser posible se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar la justificación de la guerra, la animadversión, acciones beligerantes y la violencia como forma de resolver los problemas que surgen de la convivencia cotidiana.

La cultura de la paz es, en definitiva, una cultura que busca la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de fraternidad y empatía, que debe rechazar la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad.

En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas con el cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos. Esto permite una evolución del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el mejoramiento individual y colectivo. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad. La sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también deben incidir y apoyar los proyectos y programas educativos formales.

De tal manera, es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, con la familia, los vecinos, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, el Estado mismo. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la facilitarían, tal como eliminar las situaciones de injusticia y de pobreza, distribución más equitativa de la riqueza, derecho a la educación en igualdad de condiciones, entre otras. Y por otro lado que conviertan esta conciencia en una nueva cultura para ejercer el poder.

La educación para la paz es una forma particular de educar a través de valores. Cuando se educa, se transmite una escala de valores y conductas. Educar para la paz supone ayudar a construir formas de vida y de relaciones; valores y actitudes determinados, tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto a la persona, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación, el amor. Al mismo tiempo se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la violencia. Así, la construcción de una cultura de la paz quiere decir que debe haber un compromiso social desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que la refuercen.

Educar para la paz desde la escuela implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian pero también a la metodología. Habrá de establecer los mecanismos que la favorezcan.

La construcción de la cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva en el mediano y largo plazo. Es por esto que, junto con las acciones realizadas en este sentido por las escuelas y las familias, se requiere la participación de la sociedad, en sus diferentes ámbitos y desde su capacidad formativa a través de acciones coordinadas y con la correspondiente colaboración institucional, generando así un proceso de reflexión y debate sobre la mejor forma de contribuir a crear las bases de la construcción colectiva de la cultura de la paz.

Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.2

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y la fracción II del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Tercero.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, la paz, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I...

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, reducirá la violencia por medio de la cultura de la paz, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 02 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos de La Torre. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo XVI. Séptima edición. México. Edit. Miguel Ángel Porrúa. 2006. Pág. 96

2 Véase en: https://www.organismointernacional.org/cultura-de-paz.php (fecha de consulta: 28/09/2018).






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de asociaciones delictivas y enriquecimiento ilícito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué y Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del PVEM)

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los fenómenos que más preocupan a la ciudadanía y que se ha convertido en una de las exigencias más sentidas, sobre todo en los últimos días, es el castigo a los actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Entendiendo esta corrupción por conductas que desvían los recursos públicos hacia objetivos distintos de políticas públicas favoreciendo a unas cuantas personas y generando enriquecimiento ilícito de funcionarios. Prueba de este hartazgo fue el caso del señor Duarte.

De acuerdo con Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del mundo ubicándose en el lugar 135 de 180 países.

La corrupción genera intranquilidad a la ciudadanía, desconfianza en las instituciones e incertidumbre para las inversiones con los impactos económicos que conlleva.

Si bien se han logrado avances legislativos importantes a partir del sistema anticorrupción, la realidad refleja que estos esfuerzos han sido insuficientes para erradicar estas conductas que resultan inadmisibles por parte de un funcionario, de quien debemos de esperar una conducta honrosa.

Por ello, una de las grandes exigencias sociales en las elecciones de julio pasado fue el combate decisivo contra la corrupción, pero para esto se necesitan penas severas, penas que sean ejemplos y no las que están en nuestro Código Penal Federal.

Más allá de entender este legítimo reclamo ciudadano, quienes ostentamos un cargo público como los integrantes del Congreso de la Unión, debemos emprender acciones contundentes para revertir esta creencia, para recobrar la confianza de los ciudadanos.

A la luz de este hartazgo ciudadano, los Senadores del Partido Verde presentamos esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas aplicables a los delitos de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.

En primer lugar, proponemos que todos los servidores públicos sin distinción de la función que desempeñen, merezcan la aplicación de una causa agravante de la pena cuando cometan delitos de asociación delictuosa.

Esto obedece a que el papel que desempeñan los funcionarios públicos que, en el ejercicio de su cargo, tienen acceso a información, técnicas o herramientas sensibles, de tal suerte que su calidad de garante la conducta tipificada como asociación delictuosa debe ser general.

Actualmente el Código Penal solo da esa agravante a los miembros de la corporación policíaca. Nosotros proponemos que sea a los servidores públicos en general.

En segundo término proponemos duplicar las penas aplicadas al delito de enriquecimiento ilícito para que puedan ser aplicables penas de 6 meses hasta 28 años de prisión y multas más onerosas.

Se estima que mediante las reformas que se proponen, se establecerán incentivos suficientes para que los servidores públicos eviten caer en la tentación de realizar las conductas de asociación delictuosa y de enriquecimiento ilícito.

En caso de que estos delitos sean cometidos, sus autores recibirán sanciones ejemplares no que se disuelvan, que impidan que otros servidores públicos cometan esta acción.

También para que la sociedad perciba que hay derecho y justicia en la imposición de estas sanciones, y no quedemos tristes por sanciones tan pequeñas y delitos tan grandes.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Benavides Cobos. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Economía Social y Solidaria; la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA; LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Antonio García Conejo: Señor Presidente, en términos de la fracción I del artículo 76 del Reglamento del Senado de la República, le solicito a usted, si tiene a bien otorgarme diez minutos para la exposición de esta iniciativa.

Queridas Senadoras y Senadores, medios de comunicación, con el permiso de la Mesa Directiva.

Hoy voy a exponer ante ustedes una iniciativa que reforma cuatro leyes secundarias de la Administración Pública Federal.

El tema que voy a exponer tiene que ver con el tema económico de esta nación.

Seguramente a ustedes les va a sonar muy común encontrarse a ciudadanas y ciudadanos, micro y pequeños empresarios que les expresan: “Deseamos iniciar un pequeño negocio”, “deme trabajo”, “tengo qué mantener a mi familia”, “no tengo con qué”, “ayúdeme a conseguir un crédito”, etcétera, etcétera.

Un sinnúmero de peticiones y quejas de nuestra población.

México, según los datos del Inegi y Coneval, se ubica o tiene o cuenta con más de 50 millones de pobres.

Por eso, esta iniciativa que presento ante todos ustedes, pues es una iniciativa que considero de gran relevancia.

Voy a omitir todo el fundamento para irme directamente a la exposición de motivos.

Desde 1989, uno de los principales retos de la izquierda mexicana, en materia económica, fue acabar con la visión neoliberalista, que con el tiempo demostró ser un gran fracaso.

A casi 30 años de la llegada de las políticas neoliberales, estamos más endeudados. El patrimonio nacional se ha derrochado y las cifras de pobres no dejan de crecer.

Por ello, y ante una nueva realidad política, retomo el trabajo de mis compañeros ex Senadores de la República, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, quienes propusieron crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria como una medida indispensable que permitiera diseñar, rediseñar la dinámica económica entre las clases sociales vulnerables.

La fórmula es simple, apoyemos a los trabajadores, a la clase trabajadora, artesanos, productores, pequeños empresarios; recuperemos su creatividad, ánimo de trabajo y la dignidad de ser dueños de su fuente de ingresos, mediante la figura de la propiedad colectiva social.

El principal objeto de esta propuesta es liberar a los trabajadores de la relación capital-trabajo y burocracia-trabajo, mediante la autogestión económica para evitar el paternalismo financiero.

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna que la propiedad de la tierra y las aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación y no al Estado o a los individuos en particular.

El significado social de esta decisión política fundamental en el texto de la Constitución, implica que dentro de nuestro estado de derecho, la propiedad de la tierra y de las aguas, en origen es colectiva y no privada o estatal.

La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y privado, como es el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social.

Está en la Declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Carga Magna, tal y como lo señalan los Diputados Constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Roix.

La propiedad social está representada por los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.

Conforme a lo que hoy determina el artículo 25 constitucional, en el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas del sector público como del privado.

Desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibrio entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población, con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.

El porcentaje de la población en situación de pobreza respecto a la última medición realizada por Coneval en el 2016, fue del 43.6 por ciento y 7.6 por ciento en pobreza extrema.

En México, más de la mitad de los habitantes, es decir, el 51.2 por ciento son pobres.

La estrategia que proponemos como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para revertir esta situación, es impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa, indiscutible, garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno.

Generar empleos formales y dignos, y así combatir la desigualdad y la pobreza para ser superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista, ineficaz, financieramente derrochadora y política perversa que ha seguido nuestro país desde 1989.

Las cooperación ejemplifican la importancia de la economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20 por ciento más que las firmas multinacionales y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo.

Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares de acuerdo al Inegi.

El Producto Interno Bruto de México, en el 2018, es de 18.4 billones de pesos.

Es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar, tal y como lo ha sostenido la auténtica izquierda a lo largo de la historia.

Para lograr tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada, ex profeso, a tal cometido, la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien como apéndice de la política asistencialista de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva de toda república democrática.

En los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la Administración Pública Federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instituciones.

El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recuerdos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.

De esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado, cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de que la auténtica izquierda impulse el tránsito hacia otro paradigma, atacar de fondo las causas que generan las desigualdades y apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar a la construcción de una sociedad libre y de bienestar social, regida por una república social, democrática y de derecho.

De acuerdo con lo anterior, queridos compañeros, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Sé que el tiempo se nos fue muy rápido, pero creo, compañeras y compañeros Senadoras y Senadores, que es el momento de iniciar realmente un cambio profundo que requiere este país.

Por su tolerancia, muchísimas gracias, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

ANTONIO GARCÍA CONEJO, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Frente a la propiedad privada existen otras formas de propiedad que determina de manera puntal el artículo 27 de nuestra Constitución, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado.

La sectorización de la economía, tal y como está regulada en el artículo 25 constitucional (sector público, social y privado), se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de producción. El sector social de la economía se caracteriza en razón de que estos son propiedad social de la clase trabajadora.

Frente a la propiedad privada y la propiedad pública, se encuentra la propiedad social, cuyo objeto central es liberar a los trabajadores de las relaciones capital trabajo y burocracia trabajo, mediante la autogestión económica. El sistema de organización de empresa social, en el que los trabajadores determinan las decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas.

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 de Querétaro que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación y no al Estado o a los individuos en particular. El significado social de esta decisión política fundamental en el texto de 1917, implica que dentro de nuestro Estado de Derecho, la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal. Nación es un concepto sociológico que implica a la comunidad social que adquiere una identidad cultural. La Nación es el pueblo y es a ella que en forma común y colectiva le corresponde antes que a nadie la propiedad de las tierras y aguas: el derecho a la tierra y el derecho al agua.

La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y privado (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social), está en la declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Constitución de 1917, tal y como lo señalaran los diputados constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Roix.

Para nuestro régimen jurídico hay tres formas de propiedad, la pública o del Estado, la colectiva o social y la privada: el sector público, el sector privado y el sector social. La propiedad social está representada por los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.

Entre las personas y entre los pueblos, la independencia y la libertad reales existen, cuando la propiedad de los medios de producción les pertenecen a los trabajadores. Una de las particularidades de mayor relevancia del sector social de la economía, es su carácter democrático económico, que pone en el centro de la productividad la calidad de vida y no la ganancia económico especulativa.

En el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas del sector público como del privado, con todo lo que ello implica.

Así, desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibro entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población, con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.

En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace casi cuatro décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que se han “invertido” para combatirla y superarla. En la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se presentó el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) como instrumento para reducir la desigualdad y la pobreza, ajustando el gasto asistencial para su financiamiento, se incluyó un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.

Las estadísticas principales indican que, en el periodo 2012-2014, se sumaron dos millones de pobladores a la pobreza, un promedio de 2 700 cada día, para un total de 55.3 millones de personas en ese lapso.

El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 46.2% en 2014. Y aunque se registran 87 000 pobres extremos menos, para transitar del 9.85% al 9.5%, es importante precisar que eso no es para festejar, pues vamos a la baja en el logro de resultados, si consideramos que en el periodo 2010-2012, la reducción fue de 1.4 millones de personas en dicha situación. A mayor abundancia, la inequidad, la desigualdad y la pobreza extrema prevalecen en la región Sur-Sureste del país: en Chiapas tres de cada cuatro personas son pobres (76.2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema; en Oaxaca el 66.8%, en Guerrero el 65.2% y en Puebla, 64.5%.

Por cuanto a los ingresos se refiere, los resultados son los siguientes: el ingreso corriente per cápita es 9.3% inferior al de hace 23 años, pues en 1992 el ingreso mensual per cápita era de 3 322 pesos; mientras que en 2014 es de 3 015 pesos. Más aún: mientras que en 1992 la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar era de 53.1%, en 2014 se incrementó al 53.2%. Por otra parte también se registra que en 2014, el 64% de los asalariados recibió un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Y de quienes ganan un salario mínimo, el 58% son pobres y el 12% son pobres extremos. A su vez, de quienes reciben dos salarios mínimos, 42.3% son pobres moderados y 4% son pobres extremos. Es decir, se trata de dos millones de hogares en donde viven diez millones de personas, que representan la quinta parte del total de pobres que ganan salarios menores a 140 pesos diarios. A ello debe agregarse que la población excluida del mercado de trabajo formal se suma a la población de trabajadores excluidos del sistema de derechos laborales.

De acuerdo con el "Diagnóstico de desarrollo regional: México", de la OCDE, México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza, debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos.

Por cuanto a la desigualdad se refiere, México se ubica en el 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Así, mientras la pobreza aumentó, la riqueza de los millonarios en el país se incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Así y de acuerdo con el Global Wealth Report 2014, el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país.

Quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron la rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría los beneficios y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir la pobreza pero en realidad para evitar que la inconformidad política se desbordara.

Más aún en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción.

Veámoslo así: la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los retribuye con limosnas, mediando un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. Se crean pobres con la derecha y los maicean con la izquierda.

La pregunta es, ¿cuáles estrategias y políticas públicas deben innovarse para revertir esta situación? La respuesta es cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo populista y el Neoliberalismo.

Se trata de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa, indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno, y a la vez idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro País desde 1989.

Al respecto un hecho resulta revelador y contundente: el auge de la economía social es mundial, y se calcula que representa entre el 5% y el 10 % del PIB global.1 Es decir, es tan eficiente, productiva y competitiva como la de los sectores de las empresas privadas o públicas, con el agregado de que su objeto no es la acumulación de capital sino la calidad de vida.

Así, las cooperativas ejemplifican la importancia de la Economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20 % más que las firmas multinacionales (2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De acuerdo al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco más de 16 billones de pesos).2

Ejemplos:

• El Ministerio de la Economía Social de Francia promueve a 200 mil empresas que generan dos millones de empleos y el 10% del PIB.3

• En España hay más de 42.680 empresas que generan más de 2.560.000 empleos, con una facturación que representa algo más del 12% del PIB. Más de 15.000.000 de personas están vinculadas a alguna entidad de Economía Social.4

• A su vez, según datos oficiales de Instituto de Estadística de Italia, el tercer sector genera anualmente el 14% del PIB y 700.000 empleos, con 4.7 millones de voluntarios. En total, hay 351.000 organizaciones, de las cuales 301.000 son entidades non profit (sin fines de lucro) y más de 50.000 son empresas cooperativas.5

• En Alemania y Holanda, representan el 22% y 25% del mercado, respectivamente.6

A su vez, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), el Diario Oficial de la Federación7consigna que: […]

El papel de la economía social en Europa es relevante en términos sociales y económicos, pues proporciona empleo remunerado a más de 14.5 millones de personas, cerca del 6.5% de la población ocupada de los países que integran la Unión Europea (UE) y aproximadamente el 7.4% de la de los antiguos 15 países miembros de la UE.

En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el Sector Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En el periodo 2002-2010, el empleo generado por el Sector Social de la Economía en los 15 países fundadores de la UE tuvo un crecimiento global de 25.1%. Los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en Europa han sido en general más moderados en la economía social que en las empresas privadas tradicionales.

En Italia, los niveles de empleo en el conjunto de la economía social continuaron aumentando en 2010 y 2011. Esto ha quedado patente especialmente en las grandes empresas: las 106 mayores cooperativas sociales italianas pasaron de tener más de 75 mil empleados en 2008 a más de 81 mil en 2009 y a 84 mil en 2010.

En España, país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9% entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19%.

La importancia de la economía social en la UE ha crecido de tal forma que en octubre de 2011 se publicó una nueva Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales”.

A nivel global, la aportación que hacen las cooperativas al PIB de distintos países es relevante. Encontramos que la mayor proporción corresponde a Kenia con el 45%, seguido por Nueva Zelanda con el 22%.

Por otra parte, las cooperativas siendo una de las figuras más identificadas de la economía social aportan entre el 80 y el 99% de la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos; el 71% de la actividad pesquera en Corea, el 40% de la agricultura en Brasil, el 25% del ahorro en Bolivia, el 24% del sector de la salud en Colombia, el 55% del sector de ventas al menudeo en Singapur, el 36% en Dinamarca y el 14% en Hungría.

Por lo que respecta a los socios comerciales de México en el TLCAN, destaca que en Canadá las cooperativas representan 7.8% del PIB (mayor que el sector automotriz o manufacturero), empleando alrededor del 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más grande de Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares estadounidenses.

En los Estados Unidos se registra el mayor movimiento global de facturación de las cooperativas, con 662.23 mil millones de dólares, cifra aproximada al 3.9% del PIB total de ese país. Las operaciones más grandes se encuentran en el sector de servicios de salud donde las dos cooperativas líderes facturaron 7.35 mil millones de dólares en 2013. La cooperativa de seguros más grande facturó más de 57 mil millones y los cinco mayores bancos cooperativos sumaron facturaciones por más de 16 mil millones de dólares. En la región Latinoamericana destaca Brasil, donde el cooperativismo representa el 6% del PIB. Con estas magnitudes económicas, es posible constatar que el modelo de la Economía Social ha consolidado ejes de desarrollo fundamentales en varias economías del mundo, especialmente en las más desarrolladas, las cuales cuentan con marcos de equidad económica más favorables.8

Evidentemente, en muchos de los citados ejemplos existen instituciones, sistemas, políticas y financiamiento público de gran envergadura. Ese no es el caso de México, pues tanto las políticas públicas como el financiamiento para impulsar las actividades de la economía han sido, a propósito, no sólo olvidadas sino combatidas en beneficio del sector privado.

En este sentido, históricamente destacan los siguientes eventos: la reforma constitucional a los artículos 28 y 123 de 1990 para eliminar la banca pública y debilitar la banca social. La Reforma Agraria impulsada en 1992, con el objetivo de privatizar y comercializar la propiedad de la tierra, debilitando la economía campesina sustentada en la producción ejidal y comunal. Y la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994 que afectó severamente a dichos organismos, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, es lógico que la inversión real en sector social sea de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

La inversión real en sector social es de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.

Así, para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla en igual magnitud a los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido además, por una sólida banca social y popular.

Es importante recordar que la Economía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.

Para logar tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido: la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

La creación de esta nueva Secretaría supone un cambio más profundo al realizado el año pasado mediante el Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que adicionó, entre otros cambios, las fracciones XIV y XV al artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal, aumentando la competencia de asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social y trasladó a ésta el órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía Social, que anteriormente dependía de la Secretaría de Economía.

La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien, como apéndice de la política de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la administración pública federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instancias.

El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.

De acuerdo con lo anterior pongo a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO

Artículo 1.- Se reforman los artículos 26, 32, 32 bis y 34, y se adiciona un artículo 34 bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

...

...

Secretaría de Economía Social y Solidaria, y

...

Artículo 32…

I. a XIII. ...

XIV. derogado;

XV. derogado, y

XVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:


XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Economía Social y Solidaria; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

IX.- Participar con las Secretarías de Economía Social y Solidaria , de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

Artículo 34 bis.- A la Secretaría de Economía Social y Solidaria corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Regir las políticas públicas orientadas al fomento, desarrollo, promoción y financiamiento de la Economía Social y Solidaria.

II. Fomentar y propiciar la organización del sector social para generar las condiciones favorables para su crecimiento y consolidación, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y mediante el establecimiento del Programa de Expansión y Fomento a la Economía Social y Solidaria;

III. Aplicar las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria;

IV. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector Social de la Economía;

V. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector Social de la Economía, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VI. Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de la economía social y solidaria.

VII. Realizar estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector Social y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

VIII. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones de educación superior;

IX. Brindar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y créditos para el financiamiento de proyectos productivos, comerciales o de servicios en la economía social.

X. Proponer políticas, directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para garantizar el desarrollo y la promoción en el ámbito de su competencia.

XI. Promover la articulación de las políticas con organismos públicos, privados y organizaciones sociales para fomentar las redes de la economía sociales.

XII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector Social, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la Ley de la Economía Social y Solidaria;

XIII. Desarrollar los Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones e instituir y cumplir los indicadores de desempeño.

XIV. Establecer el Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XV. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XVI. Apoyar la cooperación con organismos internacionales para planes, programas, proyectos relacionados con la economía social.

XVII. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XVIII. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector.

XIX. Monitorear y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores de la economía Social de los Estados y los Municipios.

XX. Disponer y validar el ingreso de datos en el sistema informático institucional en el ámbito de su competencia.

XXI. Coordinar las acciones que incidan en la Economía Social, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control.

XXII. Fomentar las actividades realizadas por las organizaciones del sector social de la economía.

XXIII. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

XXIV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer la economía social y solidaria, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado.

XXV. Asegurar la adecuada organización, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de la economía social en el mercado interno y externo.

XXVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 2.- Se reforman, derogan y modifican las siguientes disposiciones de la LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:

I. Se modifica la fracción III del Artículo 5 para quedar:

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I…

II...

III. Secretaría, a la Secretaría de Economía Social y Solidaria

II. Se derogan los capítulos I y II del título II

III. Se reforma el artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por la Secretaría.

IV. Se reforma la fracción IV del artículo 44 para quedar como sigue:

Artículo 44 …

...

...

...

IV. Realizar observaciones y propuestas a la Secretaría en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

V. Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y XIII del artículo 45, para quedar como sigue:

V. Informar a la Secretaría anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI. Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por la Secretaría;

VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga la Secretaría;


XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría;

….

VI. Se reforman los artículos 55 y 56 para quedar como sigue:

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

VII. Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue:

Artículo 58. La Secretaría podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.

Artículo 3.- Se reforma el ARTÍCULO 17 de LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de la Economía Social y Solidaria, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Artículo 4.- Se derogan la fracción V del Artículo 1 y el capítulo V del título II de la LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Sen. Antonio García Conejo.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Conejo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

1 http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y

2 http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html

3 http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y

4 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/es_cepes_es.pdf

5 http://miradaglobal.mensaje.cl/site/economia-social-y-solidaria-un-fenomeno-irrelevante/

6 http://www.emol.com/noticias/economia/2015/05/07/715948/cooperativas-en-chile-fds.html

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015

8
Total de Facturaciones de las Cooperativas por País
(Miles de millones de dólares)

Estados Unidos

662.2

Nueva Zelanda

30.2

Francia

363.6

Noruega

29.1

Japón

358.8

Bélgica

23.4

Alemania

284.1

Suecia

21.1

Holanda

116.2

Australia

19.1

Italia

95.1

Singapur

5.3

España

85.6

Irlanda

5.2

Suiza

85.5

India

4.4

Reino Unido

84.2

Colombia

3.2

Finlandia

64.1

Argentina

2.0

Canadá

52.3

Portugal

1.9

Dinamarca

51.6

Malasia

1.7

Corea del Sur

39.4

Arabia Saudita

1.2

Austria

31.4

Otros Países

4.5

Brasil

30.3

Fuente: EURICSEICA, World Co-operative Monitor, Trento, 2013, en www.monitor.coop






En la segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima: Gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

La extinción de dominio es una institución en virtud de la cual, por sentencia judicial, se declara la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado; todo ello derivado de la comisión de actos ilícitos tipificados como delitos.

Esta figura fue introducida en el texto del artículo 22 constitucional, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008. Posteriormente, con la finalidad de desarrollar las bases y principios de esta materia, en mayo de 2009 fue publicada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución.

Cabe mencionar que en la reforma constitucional de 2008 sólo se incluyeron cinco conductas en el catálogo de delitos en los cuales procedía la extinción de dominio: delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Sin embargo, a más de diez años de la reforma, aquella que creó la figura de extinción de dominio, se hace necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas que han aumentado en su incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economía del país, y lesionan los fundamentos del estado de derecho.

Delitos como el de corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación, de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen, y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado.

Casos de corrupción graves son de todos conocidos, los culpables también son del conocimiento público, así como los hechos delictivos en que han incurrido y las cantidades millonarias que tales hechos de corrupción han implicado. Por ello, el Poder Legislativo debe ser activo en proponer adecuaciones al marco jurídico que atienda de mejor manera estos lamentables hechos.

Es necesario enfrentar con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra nuestro país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo. La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano, de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos proveniente de hechos ilícitos en materia de corrupción.

En concreto, se propone la modificación del artículo 22 constitucional para agregar otros delitos en relación con los cuales se deba dictar la extinción de dominio, particularmente los relacionados con hechos de corrupción. Asimismo, se propone modificar las reglas de los bienes sobre los cuales procede su aplicación.

Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para obviar el tiempo voy a leer la reforma fundamental que se propone al numeral 6 de la fracción II para que proceda la extinción en los casos siguientes:

Ya existe, como decía, en el caso de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Ahora Morena propone que se agreguen “delitos por hechos de corrupción: Abuso de autoridad; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencias; cohecho; enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia”.

Son estas reformas que ha propuesto Morena y que pretende limitar el uso abusivo y corrupto del poder, quizá el mejor homenaje, el día de hoy, para la lucha de 1968 por la democratización de México. Están en el mismo sentido.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Álvarez Lima. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

Me permito solicitar su atención sobre todo de quienes integran los estados que tienen vocación pesquera y que tienen litorales.

México es el país número 17 a nivel mundial en términos de producción pesquera, el tercero en el Continente Americano después de Estados Unidos y Perú; somos el tercer productor mundial de pulpo, séptimo en camarón, décimo en sardina y décimo primero en atún.

Hoy quiero hacer esa participación en la tribuna, expresando mi preocupación con la decisión que se ha tomado de desaparecer a la Comisión de Pesca y haberla fusionado en otra, una muy grande y extensa comisión.

Considerando la importancia que la pesca representa para el país, las demandas del sector pesquero, la especialización que debe privar en los asuntos que abordan en el Congreso de la Unión y en función del beneficio que significa.

Presento hoy la iniciativa para establecer, de manera expresa, en la Ley Orgánica del Congreso, una Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, como existe en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos estatales.

La pesca en México constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de este país y debe ser un sector estratégico en el desarrollo nacional.

México es un país con vocación pesquera, cuya biodiversidad marina genera un vasto potencial productivo que nos obliga a aprovechar eficientemente sus recursos pesqueros. Ésta es una actividad productiva del más elevado contenido social, porque contribuye a la seguridad alimentaria, la generación de empleos, el desarrollo regional, el ingreso de divisas al país, es factor de arraigo de la población y representa en importantes regiones del país la principal opción de desarrollo, no obstante que la mayoría de los pescadores hoy se encuentran en condiciones sociales y económicas muy desfavorables.

Según cifras oficiales, la producción pesquera nacional es de un millón 800 mil toneladas, lo cual ubica al sector pesquero como el de mayor crecimiento entre las actividades agroalimentarias, la producción con un valor de 38 mil millones de pesos sitúa a México en el número 17 a nivel mundial en producción pesquera.

No obstante estas cifras, la situación de la pesca es muy compleja, derivada de la falta de competitividad en la mayoría de sus rubros y es evidente en la situación actual de desamparo en que viven la mayoría de los pescadores del país, principalmente los ribereños.

La realidad es que se ha abandonado a la pesca a su suerte y la Conapesca no ha cumplido con los fines para los que fue creada.

El desmantelamiento de las instituciones públicas, encargadas de este sector desde finales de los años 80’s y la falta de políticas públicas adecuadas, han propiciado el debilitamiento de la atención a los problemas que viven los pescadores mexicanos, ya sean los de la pesca comercial, deportiva o quienes se dedican a la acuacultura por citar algunas de sus vertientes.

En este escenario, las Comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados y del Senado han sido espacios importantes de discusión y de creación de alternativas legislativas y políticas públicas más avanzadas en la materia, para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la actividad pesquera y acuícola nacional.

Hoy en día es una exigencia de quienes se dedican a esta actividad, más apoyos a la pesca ribereña, transparencia en concesiones y permisos y en el ejercicio de los recursos presupuestales, así como fortalecer la inspección y vigilancia, regular el esfuerzo pesquero mediante programas de ordenamiento, transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios, garantizar la participación efectiva del sector en consejos y comités de consulta, fortalecer la investigación, entre otras, debemos impulsar una agenda nacional en este tema.

En tal sentido, es imprescindible que el Senado concentre en una Comisión de Pesca y Acuacultura los conocimientos y la normatividad que los respalde técnica, profesional y políticamente.

La Cámara de Senadores creó en 2012, por acuerdo del Pleno esta comisión. En seis años ha significado un aporte fundamental al trabajo legislativo en esta materia.

Sin embargo, esta nueva Legislatura toma la decisión de desaparecer esta comisión, lo cual nos preocupa, es una acción que perjudica al sector pesquero nacional.

Creemos que suprimirla sin analizar sus impactos reales ha sido una decisión apresurada, con visión centralista y que no responde a la realidad social y económica del país.

Además, hago la siguiente observación, diciendo que debe de realizarse lo que se suscitó en el Senado con las nuevas comisiones, ya que al desaparecer la Comisión de Pesca debió regresarse esta materia a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, como se le denomina en el artículo 90 de la Ley y no haberse asignado a otra nueva comisión, hasta en tanto se reformara la Ley. Ningún acuerdo puede estar por encima de la ley.

La Cámara de Diputados ha sido más cuidadosa en este sentido, ya que hoy estamos recibiendo la minuta de reformas por las que se crea su nuevo listado de comisiones.

La Cámara de Senadores necesita una Comisión de Pesca y Acuacultura que trabaje en favor de los pescadores mexicanos, de los cuales dependen más de 3 millones de compatriotas.

Requerimos una comisión encargada del tema pesquero, que responda a la complejidad de esta actividad, debemos tomar conciencia de ellos; la austeridad debe aplicarse, pero debe aplicarse a nosotros en lo personal, no debe esta austeridad perjudicar la eficiencia y la eficacia de las instituciones, no debe perjudicar a los sectores ni a los ciudadanos.

Hoy me parece un contrasentido que se hable de impulsar una plataforma con enfoque social en el Senado, donde estamos representando a 17 estados con litoral costero y a las entidades con aguas interiores, que esta decisión se revise y se tome a conciencia.

Compañeras y compañeros legisladores, requerimos una Comisión de Pesca y Acuacultura en este Senado. Los invito a que hagamos una reflexión y que podamos valorarlo en favor de los pescadores mexicanos que hoy ocupan una voz en este Senado.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Sonido por favor en el escaño de la Senadora Paredes Rangel.

La Senadora Beatriz Paredes Rangel: (Desde su escaño) Si lo permite la legisladora, sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido por favor al escaño de la Senadora León Gastélum.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) La compañera Senadora de Baja California también se suma a la iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Senador Añorve y el Senador Zamora Gastélum.

El Senador Manuel Añorve Baños: (D esde su escaño) De igual forma, señora Presidenta, si me lo permite la Senadora, nos sumamos a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, el Senador Zamora Gastélum.

El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) Lo mismo, para adherirme también, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. El Senador Navarro. Si la Senadora Saldaña lo tiene a bien, pasará la Secretaría Parlamentaria a recabar sus firmas.

El Senador Rementería, la Senadora Minerva Hernández, la Senadora Indira Rosales, la Senadora Ifigenia y la Senadora Covarrubias.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Me gustaría, de manera respetuosa, solicitarle a usted haga un llamado a quien controla el sonido para que nos permitan terminar nuestras intervenciones, por favor.

Porque ni siquiera permiten que uno termine, ellos asumen que ya dijo uno lo que quería, cuando no es así, ojalá lo pueda hacer usted.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Claro que sí, con mucho gusto.

Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que, por favor, consulten con la Senadora Saldaña si tiene a bien que los Senadores que lo han manifestado suscriban la iniciativa, quieren del grupo parlamentario completo, entonces no creo que la Senadora Saldaña tenga inconveniente.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de protección al medio ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado Castro, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia.

Señoras y señores. Compañeras y compañeros:

Frente a los grandes problemas que tiene México, como la corrupción, la impunidad y la violencia, pareciera que hablar de otro tipo de temas resulta irrelevante, pero esto no es así.

México, sin duda, se debate entre la violencia y la desigualdad, pero también se debate entre la contaminación de sus ríos, de sus mares y la inminente destrucción de nuestro medio ambiente, que pone incluso en peligro la vida de todos nosotros. Y lo peor de todo esto es que somos nosotros, nosotros mismos los que estamos provocando estos problemas.

Miren, cada día, en cada momento nos enteramos de casos en los que la indignación y el coraje no son suficientes para expresar lo que se siente cuando sabemos que en nuestros cielos hay aires profundamente contaminados por tóxicos y plásticos tóxicos; en el que nuestros ríos no están llenos de vida, donde ahí corren toneladas de basura; en el que nuestros mares miles de tortugas y de otras especies son asfixiadas por los plásticos que son arrojados cada hora en cada instante.

Y ante esta realidad el gobierno federal, muchísimas instituciones de gobierno y muchísimos ciudadanos han permanecido indiferentes, como si eso fuera a resolver el problema.

Pero yo sólo quiero decirles que mientras nosotros estamos aquí, allá afuera hay cuatro millones y medio de toneladas de plásticos que están contaminando todo nuestro país, y que a finales de este año vamos a tener más de seis millones de toneladas de plástico en nuestro territorio.

Según algunos estudios, a finales de 2050, en el mundo va a haber más plásticos que peces en el mar.

Y miren, esas toneladas de plásticos están formadas en mayoría por productos de este tipo, productos de un solo uso que realmente los utilizamos sólo algunos minutos, que no son indispensables para la vida, pero van a permanecer en este planeta 200, 500 o hasta mil años.

Y, miren, estos mismos productos son los que provocan que nuestros ríos, nuestros mares y nuestras reservas ecológicas sean como ésta.

Este es el Cañón del Sumidero, en Chiapas. El año pasado se retiraron mil 500 toneladas de basura. Así se ve uno de los parques nacionales más importantes de nuestro país; o también les puedo poner otro ejemplo, así se veía la bahía de Acapulco, en mayo de 2017, después de una intensa lluvia, los ríos arrastraron basura de todo tipo a sus playas.

Tenemos que entender que cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando del aire que respiramos, del agua que tomamos, de los alimentos que consumimos; por eso no es casualidad que mientras miles de especies animales y su hábitat están destruidos, ellos perdiendo la vida, también nosotros estamos generando profundos problemas de salud y estamos poniendo en riesgo la vida de los seres humanos.

Yo sólo les quiero dar algunos números alarmantes.

Según el Imco, 5 mil muertes, 14 mil hospitalizaciones y 728 millones de pesos en gastos de salud estuvieron relacionados y están relacionados, cada año, por problemas de contaminación por este tipo de plásticos.

Yo les pregunto, ¿no les parece increíble que estos artículos, que estos desechos plásticos que están contaminando nuestros ríos, nuestros mares, nuestra tierra, nuestros lagos, vayan a permanecer en este planeta mucho más tiempo que una civilización entera?

¿Qué tipo de planeta queremos? ¿Uno en el que tengamos vida, o uno en el que la destrucción al medio ambiente esté asegurada?

Desde hace algunos años mi compañero Clemente Castañeda y yo hemos impulsado esta agenda, cuando fuimos Diputados Federales, para prohibir el uso de este tipo de plásticos.

Hoy como Senadores, acompañados de nuestros compañeros de fracción y de otros legisladores, vamos a seguir impulsando esta agenda.

Ya Jalisco hace uno días aprobó ser el octavo estado de nuestro país en prohibir el uso de este tipo de plásticos.

¿No podríamos extender esto al resto del país?

Yo sólo les quiero decir, nuestro medio ambiente, nuestro planeta es nuestro hogar, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y realmente demostrar que lo queremos, por eso hagamos que el legado, que nuestro legado, que el legado de esta civilización no sean toneladas y toneladas de basura.

Sólo para terminar quiero aprovechar un comentario que hizo el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, y que fue reiterado por la Senadora Nahle, en el que dijo que nunca más el Ejército iba a ser utilizado para lastimar al pueblo.

Eso no sólo tiene que quedar en buenas intenciones, eso tiene que quedar en ley, por eso nosotros ya presentamos una propuesta para revertir la Ley de Seguridad Interior, y le recordamos al Presidente Electo, a la mayoría de Morena, que aquí están nuestros votos para tener una seguridad sin guerra.

Es cuanto.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el artículo 41 constitucional, en materia de financiamiento a partidos políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

El propósito central para proponer la modificación del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el siguiente: Le planteamos a esta Soberanía la impostergable y urgente necesidad de modificar la fórmula de asignación de distribución de los recursos financieros públicos a los partidos políticos, bajo los siguientes considerandos:

En la actualidad, la fórmula señala que debe de ser 70 por ciento diferenciado y 30 por ciento igualitario. De entrada, esta fórmula es expresa y explícitamente desigual e inequitativa, es decir, ya los contendientes entran a una lucha política comicial, con suelo disparejo.

El objetivo de esta iniciativa es piso parejo para los jugadores electorales.

Incluso existe la versión de que algunos partidos políticos o algunos candidatos se han financiado del crimen organizado, abiertamente de la delincuencia o hacen uso indebido del dinero de la Administración Pública e incluso son financiados por empresarios corruptos y corruptores.

Estamos proponiendo pasar de la democracia desigual a la democracia igualitaria.

Proponemos que sea una nueva fórmula para la asignación de los recursos públicos a los partidos políticos y sería 100 por ciento igualitario.

Esto sí sería una democracia pareja. Por eso hablamos de la democracia igualitaria.

Sería Enrique Krauze quien señalaría la democracia sin adjetivos, sólo que en este país hay un abuso en el uso de la palabra “democracia”. En México la democracia sí necesita apellidos.

Por eso, pasar a la democracia igualitaria es una asignatura impostergable.

Les recuerdo los orígenes del financiamiento público a los partidos.

Fue en Inglaterra, a propuesta del Partido Laborista. El argumento central del Partido Laborista era que otros partidos llevaban ventaja al ser financiados por privados.

Ahí nace el financiamiento público para los partidos políticos en el mundo, la cual después se generalizaría.

En ese tenor, el día de hoy consideramos conveniente que una vez que estamos entrando al cambio verdadero y democrático, que vamos hacia la construcción de la cuarta transformación de la República, la República Democrática, pasemos de la democracia desigual, a la democracia igualitaria en materia de financiamiento de los partidos políticos. Y en ese tenor, que sea una distribución pareja, 100 por ciento igualitaria.

Dejamos a su consideración esta iniciativa y la podrán consultar con mayores argumentos en el momento indicado.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la Republica de la LXIV, Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2  y 5; 172 y demás disposiciones aplicables al Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA QUE CONTIENE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN II, INCISO A; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de una disputa entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores.

Es un principio clave que integra el Derecho Electoral propio de aquellos países que se definen como Estados democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la Constitución.

Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él “estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera equitativa”.

“La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse.”1

En este tipo de igualdad de oportunidades pueden distinguirse también dos dimensiones: una negativa y otra positiva. La primera viene determinada por el establecimiento de una prohibición genérica a los competidores electorales de obtener una ventaja indebida sobre los demás en las contiendas electorales.

Prohibición que se proyecta en la elaboración de un conjunto de normas que introducen restricciones a la actuación de los competidores electorales, como puede ser el establecimiento de un tope o límite máximo de gastos electorales o la prohibición de contratar publicidad electoral de pago en televisión.

“La dimensión positiva viene determinada por un conjunto de normas que contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para que los competidores electorales puedan acceder a una serie de prestaciones atendiendo a criterios equitativos y proporcionales.”2

En la actualidad el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el electorado, así como el grado de representación en los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, y desigual, entre los institutos políticos, respecto del monto que por financiamiento total corresponde a los partidos políticos.

Atentando contra el principio de igualdad consagrado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que protegen los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, violentando el derecho de “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”3

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aclara que los Estados partes deben adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, lo que implica que los países del sistema interamericano deban adecuar su legislación interna, cuestión que ha sido refrendada por la Corte Inter Americana de Derechos Humanos.

El artículo 6 de la citada convención establece “Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención”4

Por ello se concluye que el principio de igualdad protegido por el derecho internacional y nuestra propia Constitución General, se configura como un valor superior del sistema jurídico-político Nacional; es precondición para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, lo que implica que ha de servir de criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas; de esa forma, resulta inadmisible crear desigualdades de tratamiento.

En ese contexto, se tiene el deber reforzado de hacer efectiva la participación política de todas las personas en igualdad real de oportunidades, evitando patrones socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole; como la establecida en el artículo 41 fracción II inciso a) de la CPEUM que de entrada crea una desigualdad enorme en las contiendas electorales, entre los diferentes partidos políticos, “esta desigualdad social, jurídica, regional y cultural no puede sino deformar y hasta pervertir las reglas de la democracia representativa, fomentando políticas clientelistas en los partidos; políticas que en los hechos restringen y en ciertos casos cancelan la libertad política de muchos ciudadanos, que por su vulnerabilidad se ven forzados a ofrecer su lealtad (y su voto)”,5 porque los partidos de menor fuerza, la necesidad de crecer los hace realizar actos de  sumisión hacia partidos fuertes.

El financiamiento de los partidos políticos es un tema fundamental para comprender el desarrollo y características de todo sistema político, así como los logros y fracasos respecto a la construcción de un régimen democrático.

“El horizonte de una reforma político-cultural indisolublemente ligada al funcionamiento efectivo de un Estado democrático de derecho y al despliegue de todas sus potencialidades; es, por supuesto, un horizonte necesariamente incluyente que reclama la participación concertada de los actores sociales y políticos comprometidos realmente con la democracia y con la cultura que es su basamento.”6

La idea principal que se presenta a pesar de los avances legales respecto al régimen democrático en el País, en materia de financiamiento se puede observar que  no ha existido interés ni voluntad real por parte de los líderes políticos para regular y limitar a los partidos en esta materia, ya que el tipo de financiamiento que opera actualmente ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político mexicano, lo que reduce el ejercicio del derecho a ser electo a una reducida elite que puede financiar su campaña en una forma completamente desigual y desproporcional, lo que se traduce en una ventaja real para unos pocos.

De este modo el sistema mexicano que se ha caracterizado por ser excluyente y elitista, por que limita la competencia democrática entre los partidos políticos, pero sobre todo condicionan la independencia de los partidos de los grupos o elites económicas, dejando sin efecto uno de los objetivos principales del financiamiento público que es la independencia y fortaleza partidaria respecto de las fuerzas políticas.

 “La democracia no es solo un conjunto de reglas sino un ideal y un proyecto de igualdad en derechos”7

En el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 fracción II, inciso a, contempla la forma de distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos; el que se entrega anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del cual el 30% de la cantidad que resulte de la ecuación se distribuirá entre los partidos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Por lo cual esta distribución al ser diferenciada de cada fuerza política, violenta la igualdad de oportunidades para los partidos políticos, propiciando un proceso electoral inclinado, no equitativo y desigual; viciando de origen los procesos comiciales y atentando contra el principio de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales.

 “Cuestiones como la cantidad disponible para repartir, los criterios de distribución del financiamiento público, el formato para la entrega del dinero, el momento en que los fondos públicos están disponibles, entre otros, son determinantes en cuanto a los efectos del financiamiento público sobre la equidad del proceso. Así?, por ejemplo, si el criterio de distribución toma en cuenta el resultado electoral anterior, puede privilegiar a agrupaciones políticas que han perdido arraigo en la sociedad y perjudicar a los nuevos actores.”8

Coincidimos con Delia M. Ferreira Rubio, en cuanto a que la asignación del financiamiento público contemplada en el artículo 41 fracción II, inciso a, de la Carta Magna, perjudica a los actores políticos en el desempeño de sus funciones, así como en la contienda electoral; al no haber una distribución igualitaria del recurso público.

La Iniciativa que hoy presento, tiene como objeto que en la Constitución General se plasme el principio de igualdad en la distribución del financiamiento público de los partidos políticos, para que todos ellos puedan alcanzar ese beneficio y no en el hecho de que, por circunstancias particulares, un partido pueda recibir más o menos recursos.

Lo anterior ya que la legislación y la autoridad electoral deben garantizar la igualdad entre los partidos políticos, porque es uno de los objetivos primordiales de la regulación sistemática que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.

 Con esta modificación garantizamos que todos los partidos políticos estén en una línea de salida igual, asegurando el trato igualitario y la igualdad de condiciones hacia los procesos electorales venideros.

Propongo pues una modificación al artículo 41 de la Constitución Federal, donde se otorgue el 100% de financiamiento público de forma igualitaria a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias  permanentes y electorales; con ello garantizaremos una igualdad real en el acceso a las prerrogativas para cada una de las fuerzas políticas, garantizando con ello el piso parejo en las contiendas electorales.

Demos un paso firme a la DEMOCRACIA IGUALITARIA, demos la oportunidad a todas las fuerzas políticas, para garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de México; demos la oportunidad igualitaria de decisión al pueblo de optar por la mejor ideología y opción política que le convenga.

La ley y la autoridad electoral deben ser neutrales y vigilantes de que no existan, “ventajas indebidas” e “injustificadas” de un partido político, sobre otro contendiente; con esta proposición damos a cada partido su ventaja igualitaria para competir equitativamente.

La igualdad es una condición para que un proceso electoral se considere legítimo y a su vez, legitime el sistema democrático.

Señoras y señores legisladores:

Si en verdad anhelamos la consolidación de un sistema político democrático e igualitario, necesitamos garantizar una verdadera igualdad en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos.

Esta propuesta queda a consideración de todas y todos ustedes, para que una vez que se lleve a cabo el proceso legislativo correspondiente, sea apoyada en pro y en beneficio de la democracia de nuestro México.

Es vox populi que además de la distribución desigualitaria de todos los recursos púbicos a los partidos políticos, algunos de ellos también se han financiado ilícitamente de dinero proveniente de la delincuencia y del crimen organizado, de dinero que indebidamente sustraen de la administración pública y de algunos empresarios corruptos que compran candidatos.

En estos tiempos de cambio verdadero y democrático, donde vamos a impulsar la Cuarta Transformación de la Republica encabezada por nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, es el momento propicio para construir también la democracia igualitaria en materia de prerrogativas a los partidos políticos.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y  72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN I , 164 NUMERAL 1, 169 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTICULO 41 FRACCIÓN II INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; quedando como a continuación se expresa:

TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 41. …

I.

II.

A) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara? anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá? entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la eleccio?n de diputados inmediata anterior.

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 41. …

I.

II.

A) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara? anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El cien por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá? entre los partidos políticos en forma igualitaria.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 02 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandro González Yáñez.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador González Yáñez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

1 portales.te.gob.mx/seminario/sites/...te.../Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf, checado el dia 29 de septiembre de 2018, p. 4.

2 portales.te.gob.mx/seminario/sites/...te.../Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf, checado el dia 29 de septiembre de 2018, p. 4.

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, checado el día 29 de septiembre de 2018.

4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 6, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, checado el dia 29 de septiembre de 2018.

5 lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 60.

6 Gutiérrez L., Roberto, Cultura política y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación México, D.F., 2005, p38.

7 lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 59

8 Ferreira Rubio, Delia M., Sobre la Equidad electoral: dos miradas, revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 58, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8491/7588, p 14.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 1o. constitucional, en materia de libre desarrollo de la personalidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS Y SE RECORRE EL QUINTO, PARA SER EL OCTAVO, DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con la venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quiero agradecer a las compañeras y compañeros Senadores, que se sumaron a esta iniciativa que el día de hoy presentamos:

A los Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, Imelda Castro, Napoleón Gómez Urrutia, Bertha Caraveo Camarena, María Soledad Luévano, Cristóbal Arias Solís, Blanca Estela Piña Gudiño, a los Senadores Patricia Mercado Castro y Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano; también a Martha Lucía Micher Camarena, Olga Sánchez Cordero, Américo Villarreal Anaya, Susana Harp Iturribarría, del grupo parlamentario del Partido Morena y a Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.

La iniciativa que presento este día con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene que ver con tres temas muy importantes dentro del ámbito de los derechos humanos y fundamentales:

Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad.

Una aproximación para definir este derecho, se encuentra en la capacidad natural que tienen todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual, autonomía personal, que constituye una de las manifestaciones más importantes de la dignidad humana.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad se constituye como un derecho absolutamente fundamental, base, condición y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad.

Ahora bien, la Constitución Política en su parte dogmática, establece y reconoce los derechos humanos que tienen todas las personas; sin embargo, particularmente en las disposiciones normativas que establecen los derechos de libertad no se hace mención al libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano forma parte, en su artículo 3, establece el reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho que toda persona tiene; mientras que en el artículo 11 se establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad.

Derecho a las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.

A partir de la resolución de la Suprema Corte, en la que se estableció que no se considera delito el aborto antes de las 12 semanas de gestación. En varias entidades federativas se estableció en su Código Penal Local dicha disposición.

Sin embargo, a nivel federal y en algunas entidades federativas aún sigue sin establecerse la despenalización del aborto.

Es muy interesante cómo dentro de la sentencia de la Suprema Corte mexicana se consideró lo siguiente: “Este Tribunal considera que la medida utilizada por el legislador resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e incluso respecto de su vida”.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, los abortos histórica y actualmente suceden en contextos legales o restrictivos, ya sea porque existen embarazos no deseados, violaciones sexuales, mujeres que no desean ser madres, que se prohíba o restrinja su acceso, no hace que el aborto deje de practicarse, hace que suceda en condiciones peligrosas e insalubres para muchas mujeres y eleva el costo a los sistemas de salud pública al tener que tratar las complicaciones de dichos abortos inseguros.

Derecho a una muerte digna.

Cuando la vida ha dejado de tener las condiciones mínimas adecuadas y suficientes para considerarse como una vida digna, es necesario considerar la posibilidad de que sea el propio individuo quien determine, ejerciendo su derecho a decidir libremente, sobre su muerte digna.

Nuestro máximo tribunal determinó que el derecho a una muerte digna no puede considerarse equiparable a la eutanasia y el suicidio asistido, ya que se trata de un derecho que comprende tanto cuestiones clínicas y médicas, como de integración social, de ahí que los Senadores del grupo parlamentario del PRD consideramos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y el derecho a una muerte digna resulta indispensable y necesario que se encuentren comprendidos dentro del artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

Por lo que se propone se adicionen tres párrafos: quinto, sexto y séptimo, y se recorre el quinto para ser el octavo en los términos siguientes:

“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre derecho de su personalidad. La República garantizará que todas las personas puedan ejercer libre y plenamente sus capacidades para vivir con dignidad.

La vida humana digna es el sustento del derecho de toda persona a una muerte libre y digna. Las instituciones de salud garantizarán, sin restricción alguna, el ejercicio de este derecho.

No será punible la interrupción libre del embarazo cuando se realiza antes de las 12 semanas de gestación. Las instituciones de salud del Estado garantizarán la atención y protección de las mujeres que ejerzan este derecho”.

Compañeras, sé que son puntos muy polémicos, una muerte digna, todos tenemos derecho a una muerte digna.

La interrupción legal del embarazo, compañeras, defendamos los derechos reproductivos y salvemos las vidas de las mujeres.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Noyola Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajo de empleados domésticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores.

Vengo a nombre del grupo parlamentario de Morena, vamos a suscribir esta iniciativa el Senador Napoleón Gómez Urrutia y una servidora.

Es una iniciativa, precisamente, que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que desempeñan las y los trabajadores domésticos.

El trabajo doméstico aún no se encuentra reconocido socialmente, por lo que ha creado un desprecio constante, volviéndose invisible, impidiendo que reciba un valor real y sea visto como una fuente importante de empleo.

Pocas veces es tomado en cuenta como parte fundamental del funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Quienes realizan esta tarea tan importante han sido víctimas de discriminación social, legal y laboral, dejándolos en una absoluta indefensión.

Llegó la hora de hacer justicia social a las y los trabajadores domésticos que no solamente sufren explotación laboral, sino también la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales, lo que ha derivado a que sufran los efectos de la marginación, maltrato, aislamiento, abuso y humillación.

Ante esta Soberanía vengo a presentar una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para garantizar que se otorguen los derechos laborales que se les ha negado a las y los trabajadores domésticos.

En México, según Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, en el 2017 se tenían registrados 2 millones 480,466 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4.8 por ciento del total de la ocupación nacional, y que va en aumento.

De cada 100 personas ocupadas en actividades domésticas, 90 son mujeres; otros datos reflejan que el 99 por ciento son los trabajadores domésticos que laboran sin un contrato escrito, por si fuera poco, por cada 10 mujeres dedicadas a esta actividad, el 40 por ciento labora más de 40 horas a la semana, es decir, sufren explotación laboral; en contraste, por cada 10 varones, el 70 por ciento trabaja más de 40 horas a la semana.

El 76.5 por ciento de los trabajadores domésticos, que son la gran mayoría, apenas obtienen ingresos menores a 2 salarios mínimos diarios.

A fin de darle certidumbre laboral y seguridad a las y los trabajadores domésticos.

El trabajo doméstico se caracteriza por realizarse en un espacio físico ubicado dentro de un espacio privado, lo que permite a los trabajadores realizar actividades externas relacionadas en este ámbito privado, las cuales no se encuentran reguladas, por lo que diversos derechos como el pago por horas extras no se encuentra contemplado.

En principio estamos proponiendo modificar el artículo 333 con la finalidad de prohibir que la jornada laboral de los trabajadores domésticos exceda de 8 horas diarias, los patrones que requieren ampliar los horarios laborales estarán obligados, por ley, a pago de horas extraordinarias.

También proponemos reformar el artículo 336 para que los trabajadores domésticos que habiten en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en ese espacio o acompañar a los miembros del hogar durante los periodos de descanso diario, semanales ni durante las vacaciones anuales; incluso se obliga a los patrones a otorgar servicios de salud para los trabajadores, para los trabajadores domésticos, así como para sus hijos, derechos que históricamente se les ha negado, y que ahora es urgente garantizarlo.

Y para reforzar estos derechos estamos planteando la urgente necesidad de ratificar el Convenio 189, acordado por la Organización Internacional del Trabajo, en la que se regula un trabajo decente y dignificado para las y los trabajadores domésticos.

De acuerdo con este convenio se logra identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos en el ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos.

Finalmente, es importante resaltar que dicho convenio entró en vigor el 5 de septiembre de 2013, y hasta el momento ha sido ratificado por 25 países, excepto por México y otras naciones de América Latina.

Los trabajadores y las trabajadoras domésticas tienen los mismos derechos humanos, laborales y merecen ser tratados con dignidad.

Llegó el momento de respetarlos, dignificarlos y hacer justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Meza Guzmán.

Se adhieren a su iniciativa la Senadora Mónica Fernández, también la Senadora Antares Vázquez, el Senador José Luis Pech, la Senadora Griselda Valencia, la Senadora Guadalupe Covarrubias, la Senadora Margarita Valdez y si hay más Senadoras y Senadores, pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que junte las firmas correspondientes de adhesión.

La Senadora Nadia Navarro también se adhiere a la iniciativa presentada.

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, Senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de lavado de dinero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

En Acción Nacional estamos convencidos que debe darse una lucha frontal contra la corrupción, este mal que aqueja al gobierno y a la sociedad en el siglo XXI.

La corrupción, Senadores, tiene causas multifactoriales y su combate requiere un enfoque integral a través del diseño de políticas públicas efectivas, de instituciones sólidas, de rendición de cuentas, y en especial, demostrar tolerancia cero hacia la impunidad.

En la ruta que parte de la corrupción y llega hasta la impunidad, el lavado de dinero o blanqueo de capitales, juega un papel determinante para conductas delictivas como son el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

Fue en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 donde se reconoció que son más de 10 mil millones de dólares los que pueden estar involucrados en lavado de activos, cifra que, insisto, consolidaría un complejo de delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal, y por supuesto, los de corrupción.

En el último informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, en enero de 2018, se estableció que nuestra Procuraduría no ha considerado como una prioridad la identificación e investigación de lavado de activos. Este lavado no es investigado ni perseguido plenamente de manera proactiva y sistemática, también advirtió que la cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es demasiado baja, y que raramente se persigue penalmente como un delito autónomo.

Hoy, y en días pasados, amanecimos con la noticia de que en tres años y medio Duarte podrá disfrutar de lo que su esposa cree que es merecida abundancia, pero en realidad es fruto de la corrupción.

Y lo mismo sucede con los casos de Odebrecht, la “Estafa Maestra” o de desvíos documentados por la Auditoría Superior de la Federación en Sedatu y Sedesol, donde usaron empresas fantasmas, pagos al extranjero, compra de dólares y transferencias a países como China, Paquistán o también como está la descarada dispersión de recursos públicos mediante entregas en efectivo por más de 700 millones de pesos por parte de los sospechosos comunes, Sedatu y Sedesol.

En estos ejemplos, la corrupción institucional siguió al pie de la letra el manual del experto lavador de dinero, al grado que seguramente casi lo utilizará como contraejemplo de sus 40 recomendaciones.

Pareciera que en este país la ruta del dinero es corrupción, lavado e impunidad, porque estos escándalos nacieron y crecieron ante la vista de funcionarios que tienen nombre y apellido, comenzando por Lozoya, Rosario Robles y Javier Duarte.

Porque si existiera un compromiso institucional con la investigación y persecución de lavado de dinero, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera bien pueden comenzar con investigar las redes de corrupción y de lavado construidas con el beneplácito y protección de Lozoya, de Robles o de Duarte.

Sin embargo, la política pública de prevención de lavado no se ha reflejado en un número importante de condenas en materia penal, ni de procedimientos de extinción de dominio o de recuperación o decomiso de activos producto de diversos delitos, algunos por corrupción.

Ante la inoperancia e ineficiencia que el Presidente Peña ha mostrado en este tema, desde el Congreso de la Unión tenemos que establecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tal virtud, la iniciativa que hoy nos ocupa propone que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sea considerado como un Empleado Superior de Hacienda para que su nombramiento sea ratificado por este Senado de la República.

Además, establecer como obligación del Secretario de Hacienda y del titular de la UIF, su comparecencia conjunta ante la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención de lavado de dinero, así como el de la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.

Además, otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera y, por último, fortalecer la inteligencia financiera de las entidades federativas y establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional, no sólo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención de lavado de dinero, sino también para que se avance en materia, especialmente, de la recuperación de los activos para esta Nación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Minerva Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, su iniciativa.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3o. constitucional, en materia de eliminación de la evaluación educativa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IX Y EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, fue creado por Decreto Presidencial el 8 de agosto de 2002, sin embargo, con la incorporación de la fracción IX al artículo 3o. constitucional, en 2013 se constituyó como una instancia superior en cuanto a materia de evaluación educativa se refiere.

La incorporación de la fracción IX, como lo señalan muchos especialistas en el tema, representó un acto de pragmatismo extremo que pretendió blindar la evaluación punitiva y con ello consolidar:

1. Un andamiaje jurídico que a la postre eliminaría derechos labores de los trabajadores de la educación.

2. Un sistema de exámenes descontextualizados, estandarizados y excluyentes que se jerarquizaría y clasificaría a los estudiantes de educación básica.

3. Una autoridad evaluadora por encima de la Secretaría de Educación Pública y autoridades estatales.

El carácter punitivo y violatorio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación está explicitado en el marco normativo de la misma reforma. Así, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala que los profesores que incumplan con la evaluación, perderán “los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.

El artículo 74 de la misma ley, agrega que de incumplir con los procesos de evaluación se “dará por terminado los efectos del nombramiento correspondiente, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”. De esta forma, la evaluación docente implicó sacar a los profesores de la protección del artículo 123 de la Constitución, así como de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La obsesión por usar el arma de la evaluación contra el magisterio fue tal que se dotó al INEE de tal poder que los lineamientos que éste emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades y si no los acatan podrían ser sancionadas.

La gran crítica con la evaluación docente es que se basa en un concepto ambiguo y tramposo de la calidad de la educación.

La obsesión por la evaluación llegó a tal grado que la reforma educativa impulsó un concepto nebuloso y ambiguo de calidad.

De esta forma, en el inciso d) de la fracción II del artículo 3o. constitucional, se puede leer: “Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, más allá de las galimatías que represente este apartado”.

Lo que cualquier maestro de educación básica tiene claro es que hablar de calidad y evaluación de la educación, cuando el 51.1 por ciento, más de la mitad de los 40 millones de niños y niñas que viven en México se encuentran en situación de pobreza; cuando el 91 por ciento de los niños hablantes de la lengua indígena viven en condiciones de pobreza; cuando el 12 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años aún padecen desnutrición crónica; cuando 3.6 millones de niños y niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando. Hablar de calidad de la educación cuando el 40 por ciento de las escuelas públicas no tienen drenaje; cuando el 30 por ciento no tiene agua y el 10 por ciento carece de luz eléctrica y sanitarios. Hablar de calidad con este panorama no sólo es un acto de cinismo, sino de perversidad.

Décadas de evaluación a los estudiantes de educación básica no sólo no han mejorado los indicadores del Sistema Educativo Nacional, sino que, por el contrario, lo pervirtieron. Estas consideraciones son del ex Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ex Secretario, quien en febrero del 2014 apuntó que la prueba de Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares, o sea, la prueba Enlace, pervirtió el desempeño docente, pues vinculaba sus resultados a los estímulos a maestros, por lo que informó que su aplicación ya no se llevaría a cabo.

La evaluación punitiva implementada por el INEE fue una imposición de organismos internacionales al gobierno de México. Esta disposición pretendió instaurar un régimen de despido individual, con lo cual se vulneró el derecho a la estabilidad laboral. De esta forma las recomendaciones de la OCDE son una de las pautas para la creación de una legislación laboral especial para el Magisterio, con lo cual, erróneamente, se violentó la legislación laboral vigente que protege a los trabajadores de un despido individual injustificado.

Después de cinco años de haberse aprobado la Reforma Educativa, es evidente que la incorporación de la figura del INEE a la Constitución y del inciso d) a la fracción II del artículo 3o. constitucional pretendió legalizar y culminar una política de por lo menos 20 años de transformaciones neoliberales al Sistema Educativo Nacional basadas en evaluaciones punitivas contra estudiantes, profesores e instituciones educativas, así como en un concepto ambiguo de calidad educativa, inspirado en los estándares de calidad, excelencia, productividad, eficiencia y eficacia, propio de las disciplinas administrativas y empresariales, con el fin de construir una escuela pública de corte gerencial, nada más alejado del carácter humanista, científico y democrático de la educación.

El pueblo de México y el Magisterio, comprometidos con la escuela pública, hablaron el 1 de julio y han votado por la abrogación de la reforma educativa del 2013.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8o., fracción I; 162, numeral 1; 163, numeral 1; 164, numerales 1, 2 y 5; 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción IX y el inciso d) del párrafo segundo de la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Piña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Guadalupe Covarrubias, la Senadora Mónica Fernández, la Senadora Angélica García, la Senadora Ana Lilia Rivera, la Senadora Citlalli Hernández, la Senadora Antares Vázquez, la Senadora Ifigenia Martínez, el Senador José Luis Pech, el Senador Miguel Ángel Navarro, el Senador Américo Villarreal, la Senadora Gricelda Valencia, el Senador Héctor Vasconcelos, la Senadora Eva Galaz, el Senador Antonio Cruz Álvarez Lima y la Senadora Cecilia Sánchez, se adhieren a esta iniciativa presentada por la Senadora Blanca Estela Piña. Muchas gracias. Recoja las adhesiones la Secretaría de Servicios Parlamentarios.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política hizo llegar a esta Mesa Directiva dos Acuerdos en relación con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda de hoy los dos Acuerdos. Quienes estén porque se autoricen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autoricen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se autoriza la incorporación de los Acuerdos.

El primer Acuerdo propone declarar la conclusión del procedimiento iniciado por la LXIII Legislatura para designar a dos Consejeros del Consejo Consultivo del Inai. El Acuerdo está disponible en sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Se declara concluido el procedimiento para designar a los Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai que dio inicio con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura. Comuníquese.






El segundo Acuerdo propone emitir la convocatoria para elegir a cuatro Consejeros del Consejo Consultivo del Inai. El Acuerdo está disponible en sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Está a discusión el Acuerdo.

La Senadora Malú Micher, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero hacer una observación.

Pido disculpas por mi voz, me estoy poniendo un poco ronca, pero quiero hacer una observación que a reserva de presentarlo en una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, quiero manifestar, todos los documentos que han presentado tienen un lenguaje masculino: “ser mexicano, el legislador, el señor legislador”.

Yo le pido, por favor, que seamos incluyentes en la elaboración de las convocatorias, de los documentos, de todo lo que firma la Mesa Directiva, a reserva, lo vuelvo a decir, de una iniciativa que presentaré la semana que entra.

De verdad, se ha dicho varias veces y creo yo, que yo era la única que estaba escuchando mal, pero parece ser que ya es algo reiterativo.

La Senadora que nos hizo el favor de leerlo lo iba corrigiendo porque seguramente se dio cuenta, y qué bueno, que había omisiones en algunas de las, decía: “el legislador” o “la persona”, es más fácil; es decir, yo nada más le pido, y con gusto lo haré, entregar esta iniciativa, pero también apegarnos un poco a que el lenguaje no es un tema de Fox, es un tema antropológico, es un tema que incluye la desigualdad.

Se lo agradezco mucho, sé que hay que modificar alguna reglamentación por ahí, pero no está demás, lo que no se nombra no existe, y a mí, en la escuela, me enseñaron el masculino y el femenino, y se lo agradezco muchísimo.

Muy amable.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Malú Micher.

Con todo gusto esta Mesa Directiva recoge el planteamiento que tiene que ver con la cultura de la igualdad.

En este caso es un documento de la Junta de Coordinación Política que la Mesa ha sometido a discusión del Pleno del Senado, pero vamos a plantear que esta convocatoria incorpore los elementos, una vez que se publique, para que contenga igualdad, un lenguaje de igualdad de género y platicaremos con los integrantes y las integrantes de la Mesa Directiva, y de igual manera lo haremos extensivo a la Junta de Coordinación Política para que documentos, convocatorias tengan un lenguaje de igualdad de género.

Muchas gracias.

Pregunto ¿si hay más intervenciones?

Si no es así, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado, con la modificación en el lenguaje, que pide la Senadora Malú Micher.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo, con las modificaciones señaladas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo que propone emitir la convocatoria para elegir a cuatro consejeras y consejeros del Consejo Consultivo del Inai. Publíquese la convocatoria en los términos de la base Décima Tercera de la convocatoria aprobada.

También informo que en el comunicado del Senado de la República, sobre las consecuencias desastrosas del tsunami y el terremoto en Indonesia, se incorporaron las aportaciones de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Asimismo, informo que en la sesión del 4 de octubre de 2018, por Acuerdo de la Mesa Directiva, se abordará el tema de la conclusión de las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con los posicionamientos de los grupos parlamentarios y el Senador sin partido, en el rubro de agenda política.






Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar los derechos humanos de los opositores al Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se turna a la Comisión Justicia.

La suscrita, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA Senadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS OPOSITORES AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.  El día 28 de septiembre del presente año, en la puerta de su hogar fue asesinado Jesús Ramos Arreola, quien se había destacado por ser uno de los principales opositores a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El activismo del ingeniero Ramos Arreola se encontraba enfocado a la defensa del cerro Tenayo en el Estado de México, el cual se ha visto devastado por la extracción de material para la construcción del nuevo aeropuerto, lo que ha puesto en peligro el desarrollo ambiental de dicha zona, así como la paz y tranquilidad de sus habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero1, ha dado a conocer que las amenazas se han intensificado en contra de diferentes defensores de dicha comunidad, quienes se encuentran en la postura de proteger sus derechos, tierras y medio ambiente.

La comunidad de Tlalmanalco, lugar de origen de Ramos Arreola, había denunciado en distintas ocasiones una sobreexplotación del cerro Tenayo, lo que estaba ocasionado una destrucción arqueológica y una desaparición de flora y fauna.2

“Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio en México han ido en aumento gracias a la corrupción, la falta de protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio”3.

El caso de Jesús Javier Ramos Arreola se suma a los 15 activistas medio ambientales que fueron asesinados en nuestro país durante 2017, lo que coloca al estado mexicano en una situación gravísima y de urgente atención a favor de la protección de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a realizar una investigación expedita que permita esclarecer el asesinato de Jesús Javier Ramos Arreola, con la finalidad de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato.

SEGUNDO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al del Estado de México y al de la Ciudad de México a garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en la defensa de sus derechos en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Verónica Delgadillo García.

1 Opositor del NAIM y defensor de la tierra muere de un tiro en la cabeza en su casa de Edomex, Sin Embargo, 30 sep 2018, http://www.sinembargo.mx/30-09-2018/3478406

2 Matan en Edomex a opositor al Nuevo Aeropuerto, sep 30 2018, Aristegui Noticias, https://aristeguinoticias.com/3009/mexico/matan-en-edomex-a-opositor-al-nuevo-aeropuerto/

3 Corrupción de empresas y Estado hacen a México un país letal para defensores de la tierra: Informe, Sin Embargo 24 jul. 2018, http://www.sinembargo.mx/24-07-2018/3446557






De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente Electo rinda un informe detallado del procedimiento, tiempos y costos que representará llevar a cabo la descentralización de las dependencias federales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La que suscribe, Senadora INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Mediante un video publicado en redes sociales por el ahora Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña y ya en la etapa formal de transición, ha dado a conocer una de sus propuestas consistente en descentralizar las dependencias del gobierno federal, con la finalidad de tener un supuesto crecimiento económico equitativo en todos los estados de la República, y así reactivar la economía en las regiones en donde existe crisis severa por inseguridad, pobreza y violencia.

2. Asimismo, ha informado que para lograr este objetivo se darán facilidades de créditos por parte del FOVISSSTE para los trabajadores que deban mudarse a los diferentes estados, facilidades para que sus hijos estudien, así como una mejora en sus condiciones laborales en general.

Todo esto suena muy atractivo para los mexicanos, sin embargo, esta descentralización no es tan sencilla como se escucha.

El Presidente Electo no ha explicado bien los procedimientos que se emplearán para llevar esto a cabo, los tiempos ni costos que ello implica. Es necesario que el equipo de transición del Presidente Electo lleve a cabo los estudios técnicos y económicos para su efectiva realización.

3. La propuesta de descentralización para las distintas dependencias es la siguiente:

Turismo a Chetumal, Quintana Roo.

• SEMARNAT a Mérida, Yucatán.

• SENER a Villahermosa, Tabasco.

• SEDESOL a Oaxaca, Oaxaca.

• SEP a Puebla, Puebla.

• Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala.

• SSA a Chilpancingo, Guerrero.

• SAGARPA a Guadalajara, Jalisco.

• SFP (Contraloría) a Querétaro, Querétaro.

• STyPS a León, Guanajuato.

• SEDATU a Pachuca, Hidalgo.

• SCT a San Luis Potosí, SLP.

• SE a Monterrey, Nuevo León.

En cuanto a organismos descentralizados y empresas estatales, López Obrador propuso la siguiente distribución:

• Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche.

• CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Conagua a Veracruz, Veracruz.

• Capufe a Cuernavaca, Morelos.

• Infonavit a Toluca, Estado de México.

• IMSS a Morelia, Michoacán.

• ISSSTE a Colima, Colima.

• Inegi a Aguascalientes, Aguascalientes (Descentralizada en 1985)

• Diconsa a Zacatecas, Zacatecas.

• Nafin a Torreón, Coahuila

• Conafor a Durango, Durango.

• Fonatur a Bahía de Banderas, Nayarit.

• Conacyt a La Paz, Baja California Sur.

• SAT a Mexicali, Baja California.

4. Es necesario recordar que esta no es la primera vez que se pretende llevar a cabo la descentralización de las dependencias gubernamentales. En 1985 después del lamentable terremoto que devastó a la Ciudad de México, el entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, decidió trasladar el INEGI a Aguascalientes, decisión que le costó al erario público cerca de 2 mil millones de pesos y se tomó 4 años para llevar a cabo esta mudanza. Esto representó un éxodo de 2.7 millones de personas entre trabajadores y familiares. La propuesta de llevar a cabo el traslado de, no una, sino 27 dependencias, es económica y humanamente inviable, por no decir imposible.

5. Sobre esta propuesta, diversos especialistas, cámaras empresariales y asociaciones civiles realizaron estudios en donde cuestionan la viabilidad de esta descentralización. Uno de los análisis más serios y detallados fue el realizado por la COPARMEX, que señala  principalmente las siguientes complicaciones:

• Podría tardar más de 6 años llevar a cabo esta descentralización, contemplando que se ejecute con el debido análisis, planeación del proceso, preparación de espacios adecuados y un traslado ordenado del personal. De lo contrario, esto podría tardar más de dos sexenios.

• Es indispensable analizar con responsabilidad los costos de construir o arrendar nuevos espacios, y sobre todo, los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades.

• De realizarse, la reubicación de Secretarías y otras importantes dependencias federales, se volvería uno de los proyectos más honerosos en la historia de la administración pública del país, que no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u hospitales, sino en edificios para el gobierno.

• El costo del proyecto, según el proyecto de nación de AMLO, sería de 147.8 mil millones de pesos, lo que sería el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud en 2018, o el 10% del Plan Nacional de Infraestructura de la administración saliente.

• El desplazamiento masivo de mano de obra que traería consigo la reubicación de estas dependencias significaría la necesidad de garantizar servicios básicos como vivienda, agua potable, electricidad, educación y salud para las personas reubicadas, así como la creación de carreteras y nuevas vías de comunicación.

• La descentralización de las dependencias no representa necesariamente un ataque directo a la burocracia, ya que los trámites seguirán siendo los mismos, con la diferencia de que ahora los ciudadanos deberán transportarse a lugares más lejanos y con mayor dificultad de acceso que la Ciudad de México.

6. Ante estos hechos, las voces de crítica de académicos y especialistas en la materia no se han hecho esperar, mismas que aseguran que llevar a cabo este proyecto significa una pérdida de la eficiencia para asuntos de coordinación entre el ejecutivo y las demás dependencias, aunado al hecho de que se incrementarían brutalmente los gastos de traslados entre los estados de la república, aún realizándose en aviones comerciales. Otras más aseguran que esta decisión sería perjudicial para la figura presidencial, ya que de llevarse a cabo significaría la pérdida del control y la capacidad de acción que tiene el presidente al tener en un plano terrenal cercano a las instituciones y dependencias necesarias para su actuar gubernamental.

7. Según expertos de El Colegio de México, en la Ciudad de México se concentra el 80 porciento de los 3 millones de personas que laboran en las 18 secretarias de Estado y demás entidades de gobierno.

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador representa el desplazamiento de al menos 2 millones de personas, en caso de que estás accedan a cambiar su lugar de residencia, esto sin considerar que muchos tendrían que movilizar a sus familias lo que representaría un aumento bastante significativo en la cifra de  desplazados.

Además se debe contemplar que los estados receptores no cuentan con las condiciones económicas ni de infraestructura necesarias para una migración masiva tan repentina y mal planificada.

México se encuentra sumergido en un contexto de crisis económica alarmante.

La inflación, los bajos salarios y la crisis de gobernabilidad en la cual nos encontramos exige de las instituciones una conducta acorde a las necesidades actuales del país, y requiere de alternativas que den solución a los problemas que nos aquejan sin desfalcar al erario público.

Todas y cada una de las ideas para sacar adelante a nuestro país son bienvenidas, pero no podemos limitarnos a la primera respuesta que encontremos, sin antes evaluar otras posibilidades más viables y menos dañinas para la economía y la sociedad mexicana, puesto que llevar a cabo este proyecto no representa únicamente un cambio de locación para las dependencias antes mencionadas, sino un cambio totalmente radical para las vidas de quienes actualmente laboran en ellas.

Este Senado debe velar, ante todo y siempre en primera por el bienestar de las familias mexicanas, más allá de cuestiones ideológicas o partidistas, debemos de procurar que las y los mexicanos puedan tener una vida digna en lugar de ponerlos  en situaciones críticas como un cambio repentino de domicilio, o la pérdida de su  empleo.

El costo multimillonario de toda esta operación se contradice brutalmente con la propuesta de austeridad republicana del presidente electo, por lo tanto llevar a cabo este proyecto no solo es inviable, sino también  incongruente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se solicita al equipo de transición del presidente electo, que elabore y presente ante esta cámara un informe detallado del procedimiento, tiempos y costos que representará el llevar a cabo su propuesta de descentralización.

Dado en el salón de sesiones del pleno del Senado de la República,
el 2 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román.






De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de lo ya acordado por los países negociantes. Se turna a la Comisión de Economía.








De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar medidas urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en recintos y eventos deportivos. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Los que suscriben, Senadora LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN y Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 108 y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Soberanía,  la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud definió la violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”1 añadiendo en su clasificación a la llamada violencia colectiva, que para el caso que nos ocupa, es la que se desarrolla en un contexto de realización de actos deportivos.

Uno de los principales beneficios del fomento al deporte es su capacidad para promover la integración social y alejar a quien lo practica de actividades nocivas y delictivas. En las sociedades contemporáneas el deporte juega un rol importante como catalizador para el fomento de valores fundamentales como la cooperación, la unidad, la solidaridad y el respeto.

Por otra parte, su desarrollo e impulso representan una fuerza económica significativa que proporciona empleos y contribuye al desarrollo local y a la unidad de las comunidades. En síntesis, el deporte es una herramienta eficaz para enfrentar muchos de los retos que como sociedad enfrentamos en materia de paz y bienestar social.

En nuestro país la violencia que hemos visto desarrollarse principalmente al exterior de los estadios de fútbol y pocas veces en su interior, se genera por los seguidores de uno u otro equipo.

Barras organizadas han realizado marchas o caravanas imitando movimientos hinchas de Europa o de América del Sur e, incluso, existen filmaciones que nos muestran cómo algunas de ellas generan odio, racismo, xenofobia e intolerancia deportiva incluso fuera de los periodos de juego.

El pasado domingo en las afueras del Estadio Universitario de Nuevo León, previo a realizarse el partido de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Rayados de Monterrey, un grupo de aficionados de uno de los dos equipos agredieron brutalmente a un aficionado del equipo contrario, las autoridades médicas del Hospital Universitario donde es atendido lo reportan en un estado grave, el joven de 21 años ingresó con heridas en el cráneo y múltiples lesiones en el tórax ocasionadas por armas punzo cortantes

Lo que debería ser una fiesta deportiva y un espacio de convivencia familiar, se convirtió de un momento a otro en una terrible situación de peligro donde familias enteras, mujeres, jóvenes y niños estuvieron expuestos a ser alcanzados por actos de violencia.

Una vez más quedó evidenciada la carencia de medidas y estrategias claras por parte de autoridades gubernamentales y deportivas para evitar este tipo de hechos.

Si bien es cierto que el futbol es un espectáculo para disfrutar sanamente y en familia, no debemos permitir que ocurra lo que en otros países, donde grupos organizados realizan campañas de odio generando en algunos casos violencia desmedida, por ello es momento de implementar las acciones necesarias con el fin de evitar tales hechos.

Lo preocupante de este hecho, que por sí solo es lamentable, es que da cuenta una vez más de la recurrente violencia que se presenta en recintos y eventos deportivos en nuestro país, como ejemplo recordemos lo suscitado en una plaza conocida a un costado del Estadio León el pasado mes de julio, donde grupos de animación, por así llamarlos, del equipo local y visitante se enfrentaron aventándose todo tipo de objetos, incluso, bombas del tipo molotov. Otro ocurrido en el año 2017 en el Estadio de Veracruz siendo éste en el interior del estadio, donde se dio un enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos. Es por ello que ante tales circunstancias se deben de fortalecer las medidas de seguridad que se encaminen a erradicar por completo este tipo de acciones tanto al interior como al exterior de los estadios.  

Es pertinente recordar que desde 2014 se reformó el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Cultura Física y Deporte el cual establece que es competencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con la finalidad de promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia e implementar sanciones a quienes la ejerzan para reducir los riesgos de afectación en la práctica de las actividades deportivas en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública y de Protección Civil correspondientes.

En épocas más recientes, la última reforma realizada a la Ley General, se creó la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte facultándola para elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia deportiva quedando a cargo de la CONADE la coordinación de los trabajos de esta Comisión.

Ante este escenario es imperante que las autoridades gubernamentales, futbolísticas y de los tres órdenes de gobierno, impulsen, como lo marca la Ley, acciones contundentes a fin de prevenir y erradicar cualquier manifestación de violencia.

Estos hechos de violencia no deben pasar desapercibidos para esta Cámara de Senadores, pues los mismos son un reflejo más de la crisis de seguridad que vive nuestro país, es lamentable que esta violencia este alcanzando de forma cada vez más recurrente espacios que por su naturaleza son para el esparcimiento familiar, para el fomento de la paz y de valores.

Es por lo anterior que mediante el presente punto de acuerdo esta Soberanía quiere dejar de manifiesto su repudio y condena a los lamentables acontecimientos ocurridos previo al inicio del partido Tigres vs. Monterrey del pasado domingo 23 de septiembre de 2018, y a su vez solicitar al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su cargo ha realizado a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos deportivos.

Ahora bien, el próximo domingo en el Estadio Azteca se llevará a cabo el encuentro entre dos de los equipos más populares del país, y ante lo ocurrido en días pasados resulta necesario implementar medidas más severas para evitar que hechos similares se repitan y con ello garantizar que dicho partido se lleve de forma pacífica y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos y familias que asistan a dicho evento.

La violencia en los estadios no puede comprenderse solamente como un fenómeno aislado, más bien es el resultado de un problema más grave que indica un preocupante ambiente de violencia e inseguridad en México, como Senado de la República no podemos ser omisos ante este tipo de eventos, por el contrario, con este punto de acuerdo queremos reiterar nuestro compromiso por impulsar acciones para lograr un México más seguro y en paz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República lamenta y condena los hechos de violencia sucedidos el pasado 23 de septiembre en las inmediaciones del Estadio Universitario de Nuevo León en el marco del partido de futbol entre los equipos de futbol Tigres y Rayados de Monterrey.

SEGUNDO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se instruya a la Secretaría de Seguridad Pública a implementar un operativo tendiente a prevenir cualquier forma de violencia en las inmediaciones y al interior del Estadio Azteca, el próximo domingo 30 de septiembre, antes, durante y después del encuentro deportivo entre el Club América y Club Guadalajara. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a enviar a la brevedad un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su cargo ha realizado y realizará a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos deportivos.

CUARTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a enviar a esta Soberanía un informe sobre los avances de la investigación relativos a los hechos acontecidos el pasado 23 de septiembre del presente año en las inmediaciones del Estadio Universitario de Nuevo León.

QUINTO. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas y municipios del país, a implementar de manera urgente, medidas orientadas a prevenir y erradicar actos de violencia en eventos y recintos deportivos.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 2 de octubre de 2018.

Atentamente

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán.

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia. Disponible en: http://www.who.int/topics/violence/es/  Consultado el 26 de septiembre de 2018.





Del Senador Ricardo Monreal Ávila y de la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el texto del Acuerdo comercial negociado recientemente entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión de Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Economía.

El suscrito, Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple, el próximo 22 de noviembre, un cuarto de siglo de haber sido aprobado por el Senado de la República, lo que permitió su entrada en vigor el 1° de enero de 1994.

Este acuerdo marcó un hito en las negociaciones comerciales multilaterales en el mundo, convirtiéndose en el principal instrumento económico que ha regido la vinculación, interacción y concatenación comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá desde 1994.

El TLCAN, además de crear una de las primeras áreas de libre comercio del orbe —a la postre, una de las más importantes—, también generó una de las más complejas redes de cadenas productivas en las cuales se fincó la competitividad de la región, potenciando particularmente a los sectores manufacturero y agroalimentario, pero además, elevando y haciendo más amplia la oferta de productos de todo tipo, disponibles para los consumidores de los tres países.

Entre las tres naciones suman 518.6 millones de habitantes, lo que equivale al 6.8 % del total mundial1, generan el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta y realizan el 16 % del comercio global, por lo que se ha convertido en una región de gran importancia económica a nivel internacional.

Según datos de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre México y el mundo se multiplicó seis veces entre 1993 y 2017, al pasar de 117 mil millones de dólares (mmdd), de manera previa a la entrada en vigor del TLCAN, a 712.5 mmdd en 2017.2

De cada 100 dólares de intercambio comercial que México realiza con el mundo, 66 son resultado de nuestro comercio con EE.UU. y Canadá, y el promedio anual de inversión extranjera directa (IED) pasó de 2.5 mmdd, en la etapa pre-TLCAN (1980-1993), a 19.8 mmdd en la etapa post-TLCAN (1994-2012). En el periodo comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2017, este promedio se elevó a 34 mmdd.3

Pero a pesar de las cifras, y luego de 24 años de vigencia, el TLCAN ha evidenciado cierto anacronismo y limitación al no regular temas de vanguardia, como el comercio electrónico o las tecnologías de la información, entre otros, mismos que no fueron considerados en la negociación que originó el tratado, pues no existían en las dinámicas comerciales de aquel entonces.

En tal virtud, los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá acordaron inicialmente entrar a una etapa de negociación trilateral para modernizar el TLCAN, con el objetivo de fortalecer y crear nuevas condiciones para ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar el modelo de integración a las nuevas realidades que va imponiendo el siglo XXI.

En el caso de México, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, delineó un conjunto de prioridades agrupadas en cuatro ejes temáticos indispensables, que desde su punto de vista fortalecerían la posición del país en la economía global, extenderían los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad nacional y reposicionarían a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo, al:

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte.

2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable.

3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI.

4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.4

El pasado 16 de agosto se cumplió un año del inicio de la renegociación del TLCAN entre los gobiernos de los tres países. A lo largo de este año, ha habido seis rondas de negociación, aderezadas con episodios ríspidos entre los gobiernos, a causa del anuncio de aplicación de aranceles del 25 % por los Estados Unidos de América a sus importaciones de acero y del 10 % a sus importaciones de aluminio, efectivas tanto a México como a Canadá. Ello desató una respuesta inmediata y el Gobierno de nuestro país anunció la suspensión del tratamiento arancelario preferencial a una amplia variedad de mercancías procedentes del mercado de la Unión Americana. Canadá, por su parte, hizo lo propio, y aplicó decenas de aranceles a productos procedentes de su vecino inmediato del sur, en represalia a las decisiones comerciales del Gobierno estadounidense.

Ante este panorama y pese a la tensión en la que se desarrollaban las negociaciones, el 27 de agosto del presente año, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América anunciaron el alcance de un acuerdo comercial bilateral, y su esperanza de que el Gobierno canadiense pudiera adherirse. Ello motivó que éste considerara la propuesta bilateral y retomara las negociaciones, con la finalidad de analizar si las condiciones y sus intereses empatan con lo acordado entre nuestro país y la Unión Americana, a efecto de contar con un acuerdo comercial modernizado que favorezca a los tres países involucrados.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, para la renegociación del TLCAN utilizó una prerrogativa conocida como “Autoridad para la Promoción Comercial” (TPA, por sus siglas en inglés), también llamada en su país, coloquialmente, como “Autoridad Fast-Track”, en virtud de que ésta determina que el Congreso estadounidense se pronuncie sobre un acuerdo comercial mediante voto en contra o a favor, pero sin la facultad de modificar su contenido.

Adicionalmente, al usar la figura del TPA, el presidente de Estados Unidos de América está obligado a dar aviso al Congreso de su país de la intención de firmar un tratado comercial, con una anticipación de 90 días de manera previa a la suscripción formal del mismo. Es así como, el 31 de agosto de 2018, el presidente Donald J. Trump cumplió con tal obligación y detonó un periodo de 90 días antes de que el Congreso estadounidense vote el acuerdo bilateral o trilateral, según sea el caso.

El uso de la figura del TPA también obliga al presidente de los Estados Unidos de América a hacer público el texto del acuerdo comercial, con una anticipación de 60 días antes de que el mandatario lo firme.

Así, se prevé que los textos del acuerdo comercial alcanzado con México se den a conocer de manera pública en los Estados Unidos de América a finales del mes de septiembre del presente año, dadas las obligaciones jurídicas que impone su propia legislación al presidente de aquel país.

Para el caso de México, la Ley no especifica un plazo para que el Poder Ejecutivo Federal dé a conocer los textos de un tratado internacional previo a su firma, ni marca con exactitud periodos de tiempo determinados en los que se deba basar el proceso de remisión del texto final al Senado de la República, para ser aprobado en los términos del artículo 76 constitucional.

No obstante, y derivado de que se espera que en Estados Unidos de América el contenido del acuerdo comercial alcanzado con nuestro país se haga público a finales del mes de septiembre del presente año, resulta muy conveniente y necesario que el Poder Ejecutivo de México también lo remita al Senado de la República al mismo tiempo.

Es cierto que en México la Secretaría de Economía ha sostenido reuniones periódicas y enviado informes a la Cámara Alta sobre el inicio de negociaciones y sus seis rondas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

INFORMES Y DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA

 

Fecha de publicación

Documento

El Senado remitió a:

2018

15 de febrero

Informe sobre la Quinta y Sexta Rondas de negociaciones para la modernización del TLCAN

 

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

2017

31 de octubre

Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

3 de octubre

Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México.

 

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

2 de agosto

Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

2 de agosto (Recepción, 31 de julio)

Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de libre Comercio de América del Norte.

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Entonces, es absolutamente necesario exhortar al Gobierno federal para que, a través de los canales adecuados, los textos del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos de América sean dados a conocer al Congreso, cuando menos al mismo tiempo que en la Unión Americana.

Ello es deseable en un marco de cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo   de México, como el que debe prevalecer para evitar el indeseable efecto que supondría que en otro país existan textos para su análisis público, mientras que en el nuestro no sea así.

El Senado de la República necesita ser informado de manera oportuna para ejercer sus facultades constitucionales y legales.

No se puede permitir que tal información llegue por canales distintos de los oficiales.

En tal virtud y derivado de lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal para que remita al Senado de la República, a la brevedad, el texto del acuerdo comercial negociado recientemente entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Lo anterior, en un ejercicio de transparencia plena.

SEGUNDO.- En el supuesto de que se concrete un acuerdo comercial trilateral entre los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, de igual manera, remita al Senado de la República el texto acordado, bajo los mismos criterios de temporalidad.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de octubre de 2018.

Suscribe

Sen. Ricardo Monreal Ávila.

1 Banco Mundial. Cifra obtenida con base en la población total por país en 2017 y en el total mundial que equivale a 7,530 millones de habitantes en el mundo. Disponible para consulta pública en línea en: https://bit.ly/2eSpCA5 [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018].

2 Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información por País. Disponible para su consulta pública en línea en: https://bit.ly/2a0DgfQ [Fecha de consulta:  26 de septiembre de 2018]

3 Secretaría de Economía. Informe a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el Inicio de Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, México, julio, 2017, p. 5.

4 Página electrónica de la Secretaría de Economía. Apartado sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Prioridades de México en las Negociaciones para el TLCAN”. Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/2u5HtKJ [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018]






Del Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al equipo de transición del gobierno electo, a implementar de manera urgente pero continua y permanente, políticas públicas que desde temprana edad inculquen hábitos saludables que permitan disminuir el alto número de enfermedades cardiovasculares que causa el mayor índice de muertes en el país. Se turna a la Comisión de Salud.








Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones de los rubros de efemérides y de la agenda política se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de las Personas de Edad”.








Del grupo parlamentario del PVEM, relativa el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Relativa el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se multiplican sin control. Existen distintos tipos de este cáncer, dependiendo de cuáles células se vuelven cancerosas.1

A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama, siendo el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.2

La incidencia y mortalidad por cáncer de mama han aumentado en los países en desarrollo, debido al diagnóstico en fases avanzadas, por la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los obstáculos en el acceso a los servicios de salud.

Para enfrentar esta situación, la OMS promueve en los países el fomento a los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, para que la información de prevención, diagnóstico y tratamiento llegue a un mayor número de personas sin importar su condición económica.

A fin de continuar impulsando las acciones internacionales de lucha contra el cáncer de mama, la OMS estableció el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección oportuna, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Asimismo, la OMS estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tiene como objetivo crear conciencia y promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos oportunos y efectivos.

En ambas conmemoraciones se busca informar a la población sobre la importancia de las acciones para la detección temprana que facilite el diagnóstico y tratamiento.

Con respecto a México, a nivel nacional se registran 14 mil casos nuevos al año y es la segunda causa de muerte en mujeres entre 20 y 59 años.3

La mortalidad por cáncer de mama ha aumentado visiblemente durante los últimos años, alcanzando en 2016 casi 19 por cada 100 mil mujeres de 25 años o más.4

A pesar de estas alarmantes cifras, el cáncer de mama puede ser detectado oportunamente y tratado con eficiencia. Por ello, el gobierno federal ha puesto énfasis en mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas.

El Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018 está enfocado en el combate al cáncer cérvico-uterino y de mama, que actualmente constituyen las dos primeras causas de muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años.5

La estrategia de detección del programa se centra en realizar la autoexploración y la exploración clínica a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años de edad.6

A pesar de estas acciones, en México solo el 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en fases tempranas, por lo que resulta necesario reforzar las campañas permanentes de sensibilización sobre la enfermedad, impulsar la autoexploración y las mamografías, y en general, fortalecer las estrategias y programas de prevención y diagnóstico oportuno.

En el Partido Verde somos conscientes de la gravedad de este padecimiento, que afecta a miles de familias mexicanas. Por ello nos sumamos a la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, haciendo un llamado a la población en general a portar un listón rosa en el pecho, como símbolo de apoyo a esta causa.

Asimismo, nos comprometemos a continuar impulsando acciones legislativas para mejorar continuamente las estrategias y programas dedicados a la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ¿Qué es el cáncer de mama? (Consultado en septiembre de 2018) https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm

2 Organización Mundial de la Salud (OMS). Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama (Consultado en septiembre de 2018) http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/

3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 19 de octubre de 2017 https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es

4 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf

5 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf

6 Secretaría de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Programa de Prevención y Control del Cáncer en la Mujer https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer






De los Senadores del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Movimiento Estudiantil de 1968”.








Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Hábitat”.

Sobre el “Día Mundial del Hábitat

El hábitat se refiere al lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. En términos urbanísticos, se refiere al espacio construido en el que vive el hombre.1

En este sentido, las ciudades y los asentamientos humanos son el lugar donde interactuamos social, cultural, política y económicamente, y donde nos desarrollamos como seres humanos, de modo que modelan nuestra forma de vida.

Habitar en ciudades tiene múltiples ventajas para el comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En 2015, cerca de 4 mil millones de personas, es decir un poco más de la mitad de la población, vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta 5 mil millones para 2030.2

A pesar de las ventajas antes mencionadas, la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.3

Además, 883 millones de personas viven actualmente en barrios marginales. Debido a que el 95% de la expansión urbana en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo, se necesita mejorar la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En ausencia de una adecuada planificación urbana, las consecuencias del rápido desarrollo de las ciudades pueden ser trágicas. Sin embargo, los problemas como la contaminación y la pobreza, se pueden resolver de manera que permita a las ciudades seguir prosperando y aprovechar mejor los recursos.

Para hacer frente a los retos en materia de hábitat urbano, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece como Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, que incluye metas en materia de vivienda, transporte y sostenibilidad, entre otros temas.

A fin de mantener vigente este tema, las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat, para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos.4

En 2018, la conmemoración del Día Mundial del Hábitat se enfoca en las medidas para abordar los desafíos en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

La campaña tiene como eslogan "Ciudades que gestionan bien los residuos", buscando crear conciencia de que la situación, facilitar el desarrollo de políticas, promover soluciones innovadoras y movilizar recursos para hacer frente a los desafíos en materia de residuos sólidos.

En México habitamos poco más de 120 millones de personas, y la población urbana ha crecido desde 50.7% en 1960 hasta 79.8% en 2017.5 Además, actualmente se reconocen 74 zonas metropolitanas en las que habita el 62.8% de la población nacional.6

Las ciudades mexicanas enfrentan problemáticas similares a las observadas en el resto de las zonas urbanas del mundo, principalmente pobreza y contaminación, por lo que la búsqueda local de soluciones puede aprovechar los casos de éxito a nivel internacional y viceversa.

En el Partido Verde buscamos atender las diversas problemáticas urbanas, y por ello hemos propuesto mejorar el transporte público y no motorizado, promover los huertos urbanos y azoteas verdes, hacer más estrictas las normas de calidad del aire, y aprovechar el agua, entre otras medidas.

En materia de residuos, hemos promovido mejorar la coordinación de autoridades encargadas de la gestión de residuos, prohibir los materiales más contaminantes, impulsar el reciclaje, y transformar la basura en energía, entre otras propuestas.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial del Hábitat, nos comprometemos a redoblar esfuerzos para ofrecer soluciones más efectivas a las problemáticas de las ciudades.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de octubre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española: Hábitat (consultado en octubre de 2018) http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JvbcNEL

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles (consultado en octubre de 2018) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

3 Idem.

4 Naciones Unidas. Día Mundial del Hábitat , 1 de octubre (Consultado en octubre de 2018) http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml

5 Banco Mundial. Población urbana (% del total)
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX

6 CONAPO. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. 26 de enero de 2018 https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015






AGENDA POLÍTICA

De las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, para referirse al 50 aniversario luctuoso de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda, señor Presidente.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le informo a las Senadoras y Senadores que en la próxima sesión, a celebrarse el jueves 4 de octubre, tendremos la asistencia de la Maestra Margarita Aguilar Santos, Directora de la Escuela Superior de Economía y del Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional, quienes participarán en nuestra sesión al acudir a recibir el reconocimiento que este Pleno acordó entregar a dicha institución.

Durante su presencia, hará uso de la palabra la Maestra Aguilar Santos, por parte de la Escuela Superior de Economía, y habrá también una intervención de esta Presidencia.

CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 4 de octubre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:55 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
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