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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 8

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Septiembre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:12 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 81 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 25 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con seis minutos del día jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.

(Comunicación)

Se recibió del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, su agenda legislativa para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el calendario de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República y ante comisiones, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, con motivo de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República.- Intervino el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien presentó propuesta para ser considerado en las comparecencias. El acuerdo fue aprobado en votación económica, con la propuesta del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde su escaño.- Intervinieron los Senadores: Julen Rementería del Puerto del PAN, en contra; Nancy de la Sierra Arámburo del PT, a favor; Rafael Moreno Valle Rosas del PAN, para alusiones personales; Gustavo Madero Muñoz del PAN, en contra; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA, a favor; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA, a favor; Damián Zepeda Vidales del PAN, en contra; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, quien exhortó a la Mesa Directiva a retirar el acuerdo; y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se consideró suficientemente discutido. La Mesa Directiva consultó a la Asamblea si se aprueba el exhorto realizado por la Senadora Beatriz Paredes Rangel, la Asamblea en votación económica rechazó el exhorto. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso".- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política.

(Análisis del VI Informe de Gobierno)

El Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política exterior.- En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; y Rogelio Israel Zamora Guzmán del PRD.

PRESIDE EL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

Continuaron las intervenciones de las Senadoras: Indira Kempis Martínez de MC; y Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Continuó la intervención del Senador Héctor Vasconcelos de MORENA. En la segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Beatriz Paredes Rangel del PRI; y José Narro Céspedes de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al numeral 5, del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivo cuarto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis del VI Informe de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Iniciativas)

El Senador Javier May Rodríguez, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos graves.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 91, 101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre propio y de las Senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Gabriela Benavides y Verónica Noemí Camino Farjat y del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del orden federal y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena Nacional en que sean hablantes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XL del artículo 3o y se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que conforme al trámite aprobado en sesión anterior, el Convenio cumplió con su primera lectura el 18 de septiembre, por lo que el día de hoy se sometería a segunda lectura, discusión y votación. La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular, conjuntamente en un solo acto, la Asamblea en votación económica lo autorizó. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Patricia Mercado Castro de MC; Carlos Humberto Aceves del Olmo del PRI; y Napoleón Gómez Urrutia de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Mauricio Kuri González, se integraría al Diario de los Debates. En la discusión intervinieron los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, a favor; Daniel Gutiérrez Castorena de MORENA, a favor; y Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, a favor. La Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se consideró suficientemente discutido. Se procedió a la votación nominal. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949, por 78 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Pronunciamiento de la Mesa Directiva))

La Secretaría dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con acciones de localización, repatriación y reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes mexicanos en situación de riesgo en los Estados Unidos de América.- Sin discusión, el pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los daños causados en varios municipios de las zonas norte y centro del estado de Sinaloa a causa de la depresión tropical 19-E.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Exhorto de la Mesa Directiva)

La Secretaría dio lectura a un exhorto de la Mesa Directiva, a diversas autoridades federales y estatales para que se realice una exhaustiva investigación respecto del manejo de cadáveres encontrados en el interior de contenedores refrigerantes móviles.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con la sesión ordinaria.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Mesa Directiva respetar y garantizar los principios y garantías constitucionales de imparcialidad de la propaganda institucional y de la pluralidad política en el Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas en el Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatí (trichechus manatus), así como a establecer directrices que permitan prevenir la mortandad de esta especie.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a revocar la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., por las diversas irregularidades de recursos financieros y operativos en el servicio.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones realizadas y por realizar con objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las escuelas primarias del país.- Se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

 

Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De las Senadoras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Olga Sánchez Cordero, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los recursos de asistencia a países extranjeros para asignarlos a México con la finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal y al Fiscal General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e inseguridad en la entidad, así como para reforzar las acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y disminuir los crecientes índices de violencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Nacional sin Automóvil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre los sismos de 1985 y 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a los sismos de septiembre del año pasado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y citó a la siguiente el martes veinticinco de septiembre a las once horas, en la que se recibirá la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, por favor.
Sonido en el escaño del Senador Julen Rementería, ¿es sobre el Orden del Día?

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) No aparece, señor Presidente, como usted lo mencionó.

Debe de ser un error, pero no aparece el Orden del Día.

No conocemos cuáles son los asuntos que se van a tocar y en qué orden. Lo que tenemos es un previo que incluye una lista interminable de asuntos, pero no sabemos cuáles son los que se van a tocar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La información que tenemos de parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios es que el Orden del Día está en las pantallas de cada uno de los escaños de las Senadoras y los Senadores.

Solicito que auxilien al Senador para que pueda acceder al conocimiento del Orden del Día.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Ya lo están poniendo, Senador, lo que pasa que ahí viene estrictamente como lo menciono, viene completo y realmente no es el que luego al final se lee.

Entonces, mi sugerencia respetuosa es que pudiéramos, lo acaban de instalar, decía “file not found”, ahí decía, lo acaban de hacer, no sé qué, una cuestión técnica ahí.

Ya apareció en este momento, aparece igual, no conocemos exactamente si ese va a ser el orden que se va a respetar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ese que aparece es el Orden del Día aprobado en la sesión previa de la Mesa Directiva.

Sonido en el escaño del Senador Moreno Valle.

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo quisiera plantear que pudiéramos agregar un punto de Acuerdo al Orden del Día, y si me permitiera leerlo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Si nos permite, vamos a votar el acta, y acto seguido vemos su petición.

Estamos votando el acta de la sesión anterior, no perjudica la propuesta del Senador.

Adelante Secretaria.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Sonido en el escaño del Senador Moreno Valle, por favor.

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: (Desde su escaño) Señor Presidente, en la pasada sesión, luego de un intenso debate, se discutió el Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde sus escaños.

Como fue evidente, habemos grupos parlamentarios que no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma de dicha aprobación.

En este contexto, y aceptando las buenas intenciones de la Mesa Directiva, con el objeto de hacer más ágiles las sesiones y equilibrar las participaciones, le planteamos, de la manera más atenta y respetuosa, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que buscar dejar a salvo sus planteamientos respetando el Reglamento del Senado de la República.

Señor Presidente, esta propuesta respetuosa que solicitamos sea incorporada en el Orden del Día, está respaldada por los grupos parlamentarios del PAN, del Verde Ecologista, del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, y tiene tres resolutivos:

Básicamente en el primero, se recomienda a los Senadores realizar sus intervenciones de manera sucinta en el entendido de que el tiempo máximo que marca el artículo 76, numeral 1 del Reglamento del Senado, es de diez minutos.

El segundo, que las intervenciones que hagan los Senadores desde su escaño deberán de hacerse de manera concreta para expresar el motivo de su intervención, sin exceder el tiempo de tres minutos establecido en el propio Reglamento del Senado de la República.

Y el tercero, que esta proposición deje sin efectos el Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde su escaño.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, Senador Moreno Valle.

Senador Manuel Añorve, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que estamos de acuerdo en lo que ha señalado el Senador Moreno Valle, y también queremos pedir de manera respetuosa, pero muy puntual, que quede sin efecto el Acuerdo de la Mesa Directiva que se votó en la sesión pasada y volvamos a la legalidad que marca la Ley Orgánica y que puntualmente aquí ya se ha dado postura en estos términos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Y ojalá se acate este punto de Acuerdo y se pueda incorporar en la Orden del Día.






El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Antonio García.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Señor Presidente, muy buenos días a usted y a la Mesa Directiva, y demás compañeras y compañeros del Senado.

Para solicitarle de la manera más atenta y respetuosa si pudiera usted considerar proponer a la Asamblea guardar un minuto de silencio por los fallecidos el día domingo en el municipio de Peribán, por la contingencia de las lluvias, el desastre que se sufrió en Michoacán, niños y adultos que murieron el domingo por la tarde-noche.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a resolver primero una cuestión y pasamos después a la otra.

Sobre este punto hay dos alternativas que le planteo a los Senadores promoventes: Una, es que la Mesa Directiva retome el tema para hacer un replanteamiento; y la otra, es inscribirla en el Orden del Día en los puntos de Acuerdo.

Si fuera la primera, si aceptan la primera, simplemente la Mesa Directiva lo retoma para tratarlo en su inmediata sesión.

Si fuera la segunda, tendremos que votar si se modifica el Orden del Día y luego votar si se incorpora este tema.

Pregunto a los promoventes si estarían de acuerdo en que la Mesa Directiva retome su planteamiento. ¿Les parece bien?

Sonido en el escaño del Senador Moreno Valle.

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: (Desde su escaño) Estaríamos de acuerdo, señor Presidente y agradecemos su gentileza.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Me dicen los Senadores Manuel Añorve y Miguel Ángel Osorio Chong que estarían de acuerdo que la Mesa Directiva retome este tema para su replanteamiento.

También el grupo parlamentario del PRD estaría de acuerdo, porque estos tres grupos parlamentarios están haciendo este replanteamiento.

Ahora bien, hay una solicitud para guardar un minuto de silencio por los fallecidos por las recientes lluvias y fenómenos naturales que han afectado al estado de Michoacán.

Sonido en el escaño de la Senadora Imelda Castro.

La Senadora Imelda Castro Castro: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Que se incluyan también las personas fallecidas en los estados de Sinaloa, Sonora y Coahuila. En Sinaloa van tres fallecidos y hay mujeres desaparecidas, y Durango también.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien. La solicitud es guardar un minuto de silencio por las personas que han fallecido debido a las lluvias y desastres ocurridos en los últimos días en los estados de Michoacán, Sinaloa, Coahuila, Durango, Sonora, entre otras entidades federativas de la República.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos.

Continúe la Secretaría.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que comunica la designación de los legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Honorable Asamblea, se encuentran en este recinto un grupo de parlamentarios australianos, encabeza a esta delegación la Representante Nola Marino, quien es la Coordinadora Parlamentaria del Partido Liberal en la Cámara de Representantes de Australia y es la actual Jefa del grupo parlamentario de Gobierno.

La presencia de nuestros distinguidos visitantes en esta sede legislativa, les ha permitido sostener encuentros con los titulares de los órganos de gobierno del Senado, con la finalidad de afianzar los vínculos parlamentarios entre nuestras naciones y construir oportunidades para trabajar juntos.

Nuestras naciones también son afines en diversos temas y cuestiones globales, incluyendo la liberalización del comercio y la importancia de promover un orden internacional abierto y basado en reglas y normas.

Los mexicanos y los australianos nos encontramos trabajando para intercambiar nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza académica, y además, en las buenas relaciones comerciales que se han tenido con magníficos resultados.

Australia y México verán fortalecida su relación de socios en un tema esencial para el desarrollo como lo es la educación.

Nos congratulamos por estos encuentros diplomáticos que nos permiten identificar muchas más oportunidades para colaborar y forjar vínculos, lo cual generará un sólido entendimiento mutuo y nos permitirá avanzar juntos como sólidos promotores de y aliados en nuestro interés compartido en la paz y la prosperidad global.

Legisladoras y legisladores australianos, ¡sean ustedes bienvenidos!, a nuestro país y a esta sede del Senado de la República, que es parte del Congreso mexicano.

Muchas gracias.






El siguiente punto del Orden del Día es la presentación de iniciativas.

En una primera ronda, tiene el uso de la palabra la Senadora Olga Sánchez Cordero, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto, con el aval del grupo parlamentario del Partido Morena, por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre propio y de los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Julio Menchaca Salazar, con aval del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con su venia, señor Presidente. Honorable Cámara de Senadores, muy buenos días a todos.

El día de hoy presentamos a esta Soberanía el producto final de muchos días, horas de trabajo que han empeñado tanto legisladores federales como miembro del equipo de transición del Presidente Electo, así también como colectivos de la sociedad civil organizada y representantes de la Academia.

Quiero mencionar, entre otros, al señor Senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, al Senador Julio Menchaca, a la Senadora Malu Micher, a la Diputada Tatiana Clouthier, al Diputado Zoé Robledo, al Diputado Mario Delgado, a la Diputada Rocío Barrera, así como a un equipo de académicos del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de varios colectivos de la sociedad civil, así como también de el doctor Santiago Nieto.

Es fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país, contar con una Fiscalía autónoma, que destierre, de una vez por todas, los vicios que han sido distintivos de la actual Procuraduría.

Los principios rectores de los que adolecía la Procuraduría General de la República y que han sido una exigencia de las víctimas y la sociedad civil son: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad. Y estos serán los ejes rectores de la nueva Fiscalía.

A diferencia del esquema actual de trabajo de la Procuraduría General de la República en la cual no se tienen claros los objetivos institucionales y su actuación ha sido opaca; será obligación del Fiscal General de la República presentar, al inicio de su gestión, a esta Soberanía, a este Senado de la República y a la sociedad en general, un plan de persecución penal cuyas directrices serán:

Orientar a las atribuciones institucionales, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal.

Analizar la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales, metas de corto, de mediano y de largo plazo, priorizando las políticas de atención a víctimas.

Los retos que enfrenta nuestro país en materia de procuración de justicia, serán resueltos en la medida en la que todos los poderes del Estado y la sociedad civil colaboremos juntos, es por esta razón que a través del Consejo Técnico, que estará integrado por cinco ciudadanos expertos en procuración de justicia, en derecho penal, en fenómenos delictivos, entre otras disciplinas.

Y en ciencias penales, la sociedad civil organizada podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente el Fiscal General, así como los programas anuales de trabajo, a efecto de evaluar su implementación.

La Nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para la República, que es la Procuraduría de Justicia.

Una novedad que se encuentra en la iniciativa que hoy presentamos, es la flexibilidad en la investigación y en la persecución penal.

Es decir, se eliminan, de una vez por todas, la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de investigación de recursos humanos multidisciplinarios, atendiendo al fenómeno delictivo investigado.

Es así que la nueva visión que tenemos es sobre la necesidad que tiene la Fiscalía de adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez y con la celeridad que se requieren. Por eso se propone la creación de equipos ordinarios de investigación y litigación, además de equipos mixtos.

Además, cada uno de los equipos contará con una unidad de análisis estratégico y de contexto que se encargará de la identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales.

Es preocupante que, como lo ha afirmado el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el caso lamentable de los jóvenes de Ayotzinapa, que las investigaciones de la Procuraduría General de la República, y cito textual la sentencia del Tribunal: “No fueron independientes ni imparciales, y carecen de soporte probatorio”.

Más allá de los alcances constitucionales de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, lo cierto es que no se informó sobre hechos que ya conocíamos todos los ciudadanos y que por años distintos organismos internacionales nos lo habían dicho.

Lo novedoso de esta sentencia es que, por primera vez, un órgano jurisdiccional del Estado mexicano lo ha admitido.

A través de esta ley que presentamos el día de hoy, de la Fiscalía General, el Estado mexicano reitera a la comunidad internacional lo que nuestro Presidente Electo ha subrayado: “Nos encontramos dispuestos a colaborar con la comunidad internacional y sus organismos sin violentar la soberanía nacional, pero atendiendo a los derechos de las víctimas y de los ofendidos”.

Por último, insisto, que esta nueva ley orgánica busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas golpeados por esta violencia brutal que afecta a nuestro país. Las aseguraremos, el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.

Señoras y señores Senadores, estas fiscalías también contemplan, por primera vez en la historia, fiscalías especializadas en niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, la perspectiva de género está transversalmente orientada en toda la Ley de Fiscalía General.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sánchez Cordero. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas.

Esta Presidencia señala que marcaremos los tiempos generales, de acuerdo a la resolución de la sesión pasada, pero quedan a salvo los derechos de cualquier Senador o Senadora que quieran acogerse a los tiempos del Reglamento.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES EMBARAZADAS

(Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

Quiero agradecer, primero que nada, a mi grupo parlamentario por el apoyo para la presentación de esta iniciativa.

La de la voz, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A nivel internacional se ha planteado como reto principal la reducción de la mortalidad materna.

De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es la principal causa de muerte a nivel internacional entre las mujeres en edad reproductiva. En el 2015, se estimó que al menos 303 mil mujeres en el mundo murieron a causa de enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo. En el 75 por ciento de los casos, las causas se debieron a hemorragias graves, hipertensión gestacional, complicaciones de parto y abortos peligrosos.

Ante ese escenario, se ha podido comprobar que las niñas y los niños que sufren la pérdida de su madres por causa obstétrica tienen diez veces más probabilidades de fallecer durante los dos primeros años de vida.

La mortalidad materna representa en la actualidad un grave problema de salud pública. En nuestro país, se tiene una tasa de mortalidad materna de 34.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. De esta cifra, la mayoría de los casos se deben a afecciones obstétricas directas e indirectas que se han agravado durante el periodo de embarazo.

En México, la muerte materna se presenta con mayor frecuencia en lugares donde el rezago y la desigualdad social son mayores.

De acuerdo a datos del Inegi, en el 2015 las entidades con mayor padecimiento de esta problemática fueron: Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Por otro lado, en nuestro entorno actual, muchas de las veces la maternidad es ejercida en una situación de no unión. Es decir, en muchos casos las mujeres embarazadas se encuentran separadas, viudas, solteras y, en algunos casos, no tienen la mayoría de edad, lo que trae como consecuencia que esto las lleve a una situación de vulnerabilidad.

Los tratados internacionales ratificados por nuestro país establecen la obligación del propio Estado de garantizar la debida protección de la maternidad como una institución de orden público e interés social.

Por citar algunos, está el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sienta el derecho de madres e hijos a gozar de cuidados y asistencia especial.

También el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se enuncia que todas las mujeres durante el embarazo tienen derecho a protección, cuidados y asistencia especiales”.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 el deber de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre y pos natales apropiados.

La protección de la maternidad es reconocida en el artículo 10 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de bridar resguardo especial durante el embarazo, durante un periodo razonable antes y después del nacimiento.

En síntesis. Los instrumentos internacionales anteriormente mencionados, reconocen un status jurídico particular de la protección de la maternidad en espera de los derechos humanos.

La presente iniciativa contempla, entre otras cuestiones, la creación de Centros de Atención a la Maternidad, como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, los cuales se encargarán de atender y brindar servicios de salud necesarios y sin costo alguno a las mujeres que se encuentren en situación vulnerable.

Además, se plantea la creación de una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, que estará integrada por organizaciones de la sociedad civil con el objeto de que exista corresponsabilidad social en la elaboración e implementación de políticas públicas encaminadas a fortalecer la maternidad y la paternidad responsable.

Se contemplan también beneficios hospitalarios, y con esta iniciativa reitero mi apoyo y compromiso a todas las mujeres mexicanas, principalmente a aquellas que pronto serán madres, para que tengan la confianza y la seguridad de que se les brindará toda la atención necesaria durante el embarazo y para que la salud de su niño o niña esté garantizada.

Es cuanto, señor Presidente.

Y que el mundo sepa, con esta iniciativa, que en México se apoya a la maternidad.

Muchas gracias.

Iniciativa

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES EMBARAZADAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel internacional se ha planteado como reto principal la reducción de la mortalidad materna. De acuerdo a cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 la mortalidad materna es la principal causa de muerte a nivel internacional entre mujeres en edad reproductiva. En el 2015, se estimó que al menos 303 mil2 mujeres en el mundo murieron a causa de enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo. En el 75% de los casos, las causas se deben a hemorragias graves, hipertensión gestacional, infecciones puerperales, complicaciones de parto y abortos peligrosos. Ante este escenario, se ha podido comprobar que las niñas y niños que sufren la pérdida de su mamá por causa obstétrica tienen 10 veces más probabilidades de fallecer durante los dos primeros años de vida.

La mortalidad materna representa en la actualidad, un grave problema de salud pública. En nuestro país, se tiene una tasa de mortalidad materna de 34.6 defunciones por cada 100 mil3 nacidos vivos. De esta cifra, la mayoría de los casos se deben a afecciones obstétricas directas e indirectas que se han agravado durante el periodo de embarazo.

En México, la muerte materna se presenta con mayor frecuencia en lugares donde el rezago y la desigualdad social son mayores. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),4 en el 2015 las entidades que más padecieron esta problemática fueron Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Por otro lado, en nuestro entorno actual muchas de las veces, la maternidad es ejercida en una situación de no unión, es decir, en muchos casos las mujeres embarazadas, se encuentran separadas, viudas, solteras y en algunos casos, no tienen la mayoría de edad, lo que trae como consecuencia que esto las lleve a una situación de vulnerabilidad.

El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como obligación de los padres o de quienes ejerzan la custodia o tutela de un menor, la de proveer a estos lo necesario para satisfacer sus necesidades. En este tenor de ideas el artículo 123, fracción V, de la citada Constitución, reconoce a la maternidad como un bien jurídico constitucionalmente protegido y otorga a las mujeres embarazadas un régimen laboral diferenciado, en razón de garantizar su seguridad física y jurídica en la relación del trabajo. Por lo que se señala a la letra:

[…] Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos […]5

En suma, con respecto a su fundamentación constitucional, la presente iniciativa de Ley tiene por objeto realizar una adecuada implementación de los bienes constitucionalmente tutelados, a saber: la familia, la paternidad y la maternidad en el diseño de las políticas públicas del Gobierno Federal, las cuales tutelen y protejan dichos bienes.

En un segundo nivel normativo con respecto a la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano establecen la obligación del propio Estado de garantizar la debida protección a la maternidad como una institución de orden público e interés social. A continuación se enuncian los principales postulados de los citados instrumentos internacionales:

1) Según la declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la Naciones Unidas los derechos humanos de las mujeres son entendidos como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales; debiendo asegurarse su promoción y protección a lo largo de todo el ciclo vital.

2) En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la protección de la maternidad se relaciona con un conjunto de libertades, en particular el derecho de formar una familia, que los estados están obligados a proteger y respetar.

3) El artículo 25 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos sienta el derecho de las madres e hijos a gozar de cuidados y asistencia especial. También el artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a protección, cuidados y asistencia especiales.

4) En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 el deber de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre y postnatales apropiados.

5) La protección de la maternidad es reconocida por el artículo 10 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de brindar resguardo especial durante un periodo razonable antes y después del nacimiento. En similares términos se incluye el deber estatal, en el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15).

6) Por otro lado, el derecho a formar una familia se aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas con el concepto de “maternidad segura” y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados.

7) Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado (artículo 23 de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos; artículos 17.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

8) En particular, el artículo 10.1 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia protección y asistencia para el establecimiento de la familia y el cuidado y educación de los hijos.

9) Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en el ámbito laboral. En este sentido el artículo 10 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados beneficios sociales durante un periodo razonable antes y después del nacimiento de los hijos.

10) Uno de los principales documentos internacionales que rigen la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en la artículo 5 establece que los estados partes adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el apropiado entendimiento de la maternidad como una “función social”.

En síntesis, los instrumentos internacionales anteriormente mencionados reconocen un estatus jurídico particular a la protección de la maternidad en la esfera de los derechos humanos. Es importante destacar el énfasis normativo que recae sobre el otorgamiento de beneficios sociales adecuados durante un periodo razonable antes y después del nacimiento de los menores. En virtud de ello, la presente Iniciativa de Ley pretende adecuar el marco jurídico para que se reconozca la importancia social de la maternidad y, en consecuencia, se otorguen beneficios que coadyuven a su normal y sano desarrollo.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político.

La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla se requiere adaptar el marco jurídico con el objeto de que la proteja, y promueva en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. En este sentido, es importante brindar protección al padre y a la madre.

La importancia social y trascendencia jurídica de la presente Iniciativa de Ley radica en proteger del desamparo social y económico a toda mujer sólo por estar embarazada. Es muy frecuente en nuestra sociedad que ante un embarazo imprevisto la mujer se sienta sola y abandonada frente a los problemas que ese embarazo eventualmente pueda plantearle, especialmente cuando concurren circunstancias de falta de integración en una relación familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos. Estos problemas pueden ser agravados por el abandono e irresponsabilidad, en algunos casos, del padre. En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado del amparo 5781/2014 estableció que la pensión alimentaria es retroactiva, no prescribe y genera intereses.

Es deber del Estado mexicano implicarse activamente para que ni una sola mujer se vea en tal situación de vulnerabilidad durante todas las etapas de su embarazo. La embarazada en situación de conflicto y desamparo necesita sobre todo ofertas completas de apoyo, asesoramiento y orientación que la ayude a superar las cargas emocionales y las discriminaciones y así poder decidirse en verdadera libertad por la vida de su hijo.

Una política pública de apoyo a la mujer embarazada que la ayude a optar en libertad por la maternidad, supone alcanzar mayores cotas de justicia social y ayudará a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia del valor personal y social del embarazo y la maternidad.

Es fundamental otorgar una serie de beneficios económicos a las mujeres embarazadas, en particular a lo que respecta a la atención médica especializada gratuita, ya sea en hospitales públicos o bien por medio de una subvención económica directa para atención hospitalaria privada, ya que los gastos en los que se incurre durante el embarazo, particularmente, el trabajo de parto, representan una carga muy onerosa para las familias mexicanas. Por lo tanto una forma muy específica de proteger a la mujer para que lleve a término su embarazo cuando este concluya es proporcionándole ayuda directa en este aspecto.

En razón de los argumentos esgrimidos, la presente Iniciativa de Ley, originada por una preocupación y por la falta de una protección integral de la familia y la carencia de un instrumento jurídico eficaz que favorezca y garantice el desarrollo natural de todas las etapas de la maternidad en el territorio Mexicano, tiene como objeto la configuración del marco jurídico de actuación del Gobierno Federal en el ámbito de la protección a la maternidad como una institución de orden público e interés social, así como el velar por el cumplimiento del ejercicio de la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor, a través de la elaboración de políticas dicho fin.

El contenido de la iniciativa se estructura en cinco capítulos, el primero denominado “Disposiciones Generales” en donde se establece el objeto de la Ley, el ámbito personal de aplicación, los principios rectores de interpretación, las disposiciones supletorias y las autoridades competentes para la aplicación de la ley.

El capítulo Segundo, establece lo referente a la Coordinación y Colaboración Administrativa entre el Gobierno Federal, los estados y municipios con las instituciones de asistencia pública o privada y las organizaciones de la sociedad civil.

El capítulo Tercero, regula lo referente a la creación y organización de los “Centros de Atención a la Maternidad”, como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal sectorizados a la Secretaría de Salud en los términos que establece la Ley Orgánica en la materia.

El capítulo Cuarto se refiere a la conformación de la “Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas”, integrada por las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan como finalidad coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en la Ley.

El capítulo Quinto establece los beneficios a los que podrán acceder las mujeres embarazadas por medio de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Entre dichos beneficios que, serán brindados de manera gratuita, se encuentran los servicios médicos hospitalarios durante el trabajo de parto, el uso del transporte público y una subvención económica mensual que cubra el 50% de la contraprestación del servicio de guardería infantil o estancia infantil en el sector privado, sólo en caso de no poder acceder al mismo en el sector público.

El capítulo Sexto establece los lineamientos básicos para la elaboración de las políticas públicas que fomenten la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor.

El capítulo Séptimo, y último, establece las disposiciones finales relativas a la difusión de los beneficios e instituciones previstos por esta Ley, a través de una “Guía de Fomento a la Maternidad y la Paternidad Responsable”, que deberá ser distribuida y publicada en los medios masivos de comunicación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas para quedar en los siguientes términos:

Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.-. La presente Ley tiene como objeto la configuración del marco jurídico de actuación del Gobierno Federal en el ámbito de la protección a la maternidad como una institución de orden público e interés social, así como el velar por el cumplimiento del ejercicio de una paternidad responsable en el beneficio del menor en gestación.

Artículo 2.- Las disposiciones previstas en la presente Ley serán aplicables al Gobierno Federal, los Estados y los Municipios, y a cualquier institución de asistencia pública o privada, Organización de la Sociedad Civil o Sociedad Mercantil que brinde servicios asistenciales médicos hospitalarios.

Artículo 3.- Los principios rectores que rigen la presente Ley son:

a) La dignidad de la mujer embarazada.

b) La maternidad como institución de orden público e interés social.

c) La cultura de la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor.

d) El derecho de los menores a la adopción.

e) La corresponsabilidad y la subsidiariedad en la implementación de políticas públicas en el ámbito de esta Ley.

Artículo 4.- Para la interpretación de esta ley y de manera supletoria se atenderá a las disposiciones normativas siguientes:

1 Código Civil Federal;

2 Ley Federal del Trabajo;

3 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional;

4 Ley del Seguro Social; y

5 Ley General de Salud.

Artículo 5.-. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

1. Gestación: periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción II del Reglamento de la Ley General de salud en materia de investigación para la salud.

2. Trabajo de parto: es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas y que termina con la expulsión o extracción del feto y sus anexos en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción VIII del Reglamento a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud.

3. Lactancia: fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir la expulsión de extracción del feto y sus anexos en términos de lo dispuesto por la artículo 40 fracción 10 del Reglamento a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud.

4. Maternidad: estado cualidad de madre

5. Embarazo: periodo que comprende desde la gestación al trabajo de parto

Artículo 6.- Toda mujer embarazada tiene derecho a la protección de su maternidad, para tal efecto el Gobierno Federal brindará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho por medio de la protección a la salud durante el embarazo y la lactancia.

El padre del menor en gestación deberá cumplir con las obligaciones legales, como le señalan en relación con la generación del vínculo jurídico de la filiación para tal efecto el Gobierno Federal establecerá las políticas públicas pertinentes para velar por su cumplimiento

Artículo 7.-  De conformidad con los fines y principios establecidos, la orientación de las políticas públicas de maternidad y paternidad responsable, quedará estructurada en atención a las siguientes directrices:

a) La valoración social de la maternidad como una institución de orden público e interés social y en relación con el padre del menor en gestación, el fomento del cumplimiento de los deberes familiares, de obligaciones legales que le señalan las disposiciones derecho común.

b) La potenciación de carácter transversal de las políticas sociales de protección de la maternidad.

c) La prioridad del derecho de acceso a información a las políticas asistenciales en este ámbito.

d) El fomento de las medidas y programas de inclusión social y de inserción laboral de las mujeres embarazadas tendientes a garantizar su empleo frente situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

e) La promoción de medidas de apoyo a la crianza dirigidas a familias en las que existan especiales dificultades para el ejercicio de una paternidad responsable.

f) La promoción de la adopción en beneficio del interés superior del menor

Artículo 8.-. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:

I. El Presidente de la República;

II. La Secretaría de Salud;

III. La Secretaría de Gobernación;

IV. La Secretaría de Desarrollo Social;

V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Las entidades de la República Mexicana;

VII. La Comisión Nacional de Derechos Humanos;

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres;

IX. El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia; y

X. Las demás autoridades cuya competencia tenga relación con lo previsto en el presente ordenamiento

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo Social en el marco de su competencia promoverá las condiciones necesarias en la correcta adecuación de la prestación de los servicios sociales para que los principios y beneficios reconocidos en la presente Ley tengan una aplicación real y efectiva.

De la misma manera extenderá dicha protección al ámbito de las políticas de inclusión social estableciendo para ello medidas específicas, programa de actuaciones encaminadas a la total reintegración social de las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social.

Capítulo II

De la Colaboración y Coordinación Administrativa

Artículo 10.- El Gobierno Federal en el marco de la mayor eficacia y eficiencia de las medidas de apoyo y asistencia a la maternidad, promoverá mecanismos específicos e instrumentos de coordinación y colaboración administrativa con las entidades federativas expidiendo para tal efecto el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 11.- El Gobierno Federal, de acuerdo con los principios de eficiencia y subsidiariedad, podrá, de conformidad con la legislación vigente en dicho ámbito de actuación, potenciar la cooperación entre los gobiernos estatales y municipales, por medio de la celebración de convenios de colaboración que mejoren la eficiencia de las medidas de apoyo y asistencia a la maternidad o de cualquier otra forma que se estime procedente.

Los convenios a los que se refiere el párrafo anterior tendrán como objeto la difusión de las políticas públicas de maternidad y paternidad responsable en ambos órdenes de gobierno.

Artículo 12.- El Gobierno Federal podrá conceder estímulos y establecer convenios en el marco de la legislación aplicable con las instituciones de asistencia pública o privada y Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo objeto sea brindar protección a la mujer embarazada y fomentar la paternidad responsable de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Capítulo III

De los Centros de Atención a la Maternidad

Artículo 13.- Se crearán los Centros de Atención a la Maternidad como organismo público descentralizado, que tienen como finalidad brindar la asistencia, apoyo e información necesarios a las mujeres embarazadas y a los padres del menor en gestación.

Para canalizar territorialmente la adecuada prestación de los servicios se establecerá por lo menos un centro en cada una de las entidades federativas.

Artículo 14.- El Gobierno Federal podrá concertar el desarrollo de las labores de información, apoyo y asistencia en las instituciones de asistencia pública, privada y Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan esos mismos fines, ya sea para la creación de los centro o para coordinar a otros organismos existentes con idéntica finalidad.

Artículo 15.- En cada uno de dichos centros existirán equipos formados por profesionales con formación en las áreas psicológica, sociales y jurídicas que proporcionan a las mujeres embarazadas y a los padres del menor en gestación la asistencia, apoyo e información sobre los aspectos que prevé esta Ley.

Artículo 16.- La información que se facilite a las mujeres embarazadas incluirá toda aquella necesaria en relación al embarazo, lactancia y la adopción del menor, además contendrá una lista de los beneficios públicos existentes que se otorguen con motivo de la maternidad en la acción pública del ámbito Federal, local y municipal.

Artículo 17.- Los Centros de Atención a la Maternidad deberán realizar un estudio socioeconómico de la mujer embarazada para evaluar la posibilidad de ser beneficiaria de la presente Ley. Este análisis deberá ser notificado en el término de 15 días a la solicitante de un modo personalizado y comprensible.

En todo caso los centros de atención a la maternidad deberán respetar la confidencialidad de los datos de los padres del menor en gestación.

Artículo 18.- El Gobierno Federal a través de los Centros de Atención a la Maternidad deberá elaborar la guía de fomento a la maternidad y la paternidad responsable prevista por el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 19.- Podrán constituirse equipos de apoyo en el centro de atención a la maternidad que tendrán como finalidad difundir entre las mujeres embarazadas la información personal y detallada sobre los recursos de protección social existente desde ámbito federal y local, tanto públicos como privados, que sean adecuados en especial sobre las ayudas a la maternidad y apoyos en la reinserción laboral después del embarazo. Estos equipos podrán atender a las mujeres embarazadas en sus domicilios si fuera necesario.

Artículo 20.- El Gobierno Federal pondrá a disposición de la mujer embarazada una línea de atención telefónica que le permitirá comunicarse gratuitamente con los Centros de Atención a la Maternidad. De la misma manera, se creará una página Internet que facilitará la información básica vista en la presente Ley.

Capítulo IV

De la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas

Artículo 21.- La Secretaría de Salud establecerá una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, esta red tendrá por objeto la participación y corresponsabilidad de la sociedad en las políticas públicas de fomento a la maternidad y la paternidad responsable dentro del territorio mexicano.

Para tales efectos la Secretaría de salud promoverá la participación de instituciones de asistencia pública o privada, Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y cámaras empresariales por medio de una convocatoria pública que se realizará anualmente. Los términos de dicha convocatoria serán previstos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 22.- La Secretaría de Salud deberá verificar que no exista conflicto de intereses entre los objetivos que persiguen la red y las organizaciones que pueden integrar la misma.

Artículo 23.- Las personas que forman parte de las instituciones y organizaciones integrantes de la red deberán observar la confidencialidad en la información que se recabe con motivo de la asesoría y apoyo brindado a las mujeres embarazadas, las organizaciones responderán objetivamente por la violación a la confidencialidad prevista en este precepto.

Artículo 24.- El Gobierno Federal está obligado a otorgar apoyo técnico, económico y cooperación directa suficiente a las instituciones y organizaciones que integran esta red. Para otorgar dichos apoyos se deberá acreditar la necesidad de implementar la acción o proyecto, el contenido de objeto del mismo, así como los mecanismos para llevar acabo su implementación.

Capítulo V

Beneficios de la Maternidad

Artículo 25.- El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, y de la Secretaría de Desarrollo Social, en sus respectivos ámbitos de competencia deberá otorgar a toda mujer embarazada los beneficios contemplados por el presente ordenamiento, dando prioridad para el otorgamiento a las mujeres embarazadas ubicadas entre los deciles más bajos de ingreso.

Artículo 26.- Toda mujer deberá recibir gratuitamente los siguientes beneficios:

I. Durante el periodo de gestación las consultas médicas, exámenes de laboratorio, atención ginecológica, psicológica y psiquiátrica a través del Sistema de Salud;

II. Durante el trabajo de parto los servicios médicos hospitalarios prestados por el sistema de salud del Gobierno Federal y de los gobiernos locales;

III. Durante el periodo de la gestación y en lactancia el uso del sistema de transporte público de pasajeros conforme a las legislaciones estatales aplicables;

IV. Durante el periodo de la gestación y lactancia contar con asesoría legal para el ejercicio de los derechos civiles, familiares y sociales como mujer embarazada durante las 24 horas del día a través de los centros de atención a la maternidad;

V. En los casos que se considere necesario, gozará de los servicio de defensoría de oficio para interponer recursos, juicios o medios legales, defensas necesarias para proteger sus derechos, así como, en relación con los diferentes procedimientos de adopción. En este último caso, a través del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia;

VI. Gozar de los estímulos fiscales y beneficios sociales que implemente el Gobierno Federal en favor de la maternidad en los ordenamientos legales vigentes;

VII. En caso de imposibilidad de acceder a los servicios de guarderías o estancias infantiles del sector público, el Gobierno Federal otorgará a la madre, una subvención económica que cubra el 50% del monto total de contraprestación por dicho servicio en el sector privado.

Artículo 27.- Además de los establecidos en otros ordenamientos, toda mujer embarazada tiene derecho a:

I. Gozar de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle, a no desempeñar jornadas laborales nocturnas, a no ser discriminada por el hecho de estar embarazada, a tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que las mujeres no embarazadas y gozar de doce semanas de descanso, en los términos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos de Gobierno en igualdad de condiciones; y

III. Acceso y continuidad en la educación, por lo que no podrá restringirse el acceso de las mujeres embarazadas a los centros de educación públicos o privados.

Artículo 28.- En el caso de mujeres embarazadas, a las que se les haya sido diagnosticado ser portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana o tengan el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, contarán, además, con atención especializada a efecto de garantizar su salud y la del menor en gestación, otorgando las mejores condiciones de atención médica procurando que los responsables de la atención cuenten con la certificación de médico especialista, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Salud. Asimismo, se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la madre, del padre y del niño en todo momento conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 29.- Las mujeres embarazadas que se encuentren sujetas a prisión preventiva, gozarán además, de los siguientes derechos:

I. Disponer de los servicios médicos de la institución de internamiento o bien, optar por servicios privados de atención médica u hospitalaria. En este último caso, se permitirá el libre acceso del médico particular al centro de internamiento, y se autorizará la atención hospitalaria privada o pública cuando no se le puedan proporcionar dentro del centro penitenciario los cuidados médicos necesarios ordenados o propuestos por su médico y avalados por las autoridades médicas penitenciarias que, bajo su más estricta responsabilidad, deberán determinar si se amerita o no la externación hospitalaria.

Lo previsto en esta fracción, se sujetará en todo momento a lo estipulado la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás disposiciones aplicables.

II. Contar con alimentación y vestimenta adecuada, así como condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 30.- Las mujeres embarazadas que se encuentren en ejecución de la pena privativa de libertad, tendrán además los siguientes derechos:

I. No ser internadas en instituciones del sistema penitenciario de alta seguridad;

II. Las que reúnan el mérito y la acreditación de los estudios y valoraciones necesarias, tendrán derecho a compurgar la sanción penal en la modalidad de tratamiento en externación; o a través de reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia; de acuerdo a la elección de la sentenciada. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 31.-. Cuando una mujer embarazada decida que su parto se lleve a cabo haciendo uso de los servicios médicos de las instituciones de internamiento, se estará a las siguientes restricciones.

I. En ningún documento oficial se hará inscripción del domicilio del establecimiento  de reclusión como lugar de nacimiento;

II. No se podrá videograbar o fotografiar el alumbramiento, cuando a través de dichos medios pueda identificarse que se trata de un establecimiento de reclusión; y

III. La atención médica se realizará bajo los más altos estándares de calidad de la práctica médica.

Las mismas disposiciones previstas en este Artículo se observarán cuando el parto se verifique en una institución médica pública o privada ajena a los centros de internamiento penal.

Artículo 32.- Durante el embarazo, se establecen las siguientes prohibiciones:

I. En cualquier actividad que desarrolle la mujer embarazada, no podrá ser expuesta al contacto con agentes infectocontagiosos y/o inhalación de sustancias tóxicas volátiles, o a trabajar en áreas con emanaciones radioactivas o contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos. Tampoco se les podrá obligar a realizar actividades físicas vigorosas, violentas o de levantamiento de pesos y cargas que pongan en riesgo su salud y la del bebé.

Las mujeres que realicen actividades de pie en su trabajo, contarán con el derecho a sillas o asientos cómodos que les permitan reducir el agotamiento y los riesgos de salud inherentes.

II. No se podrá negar el acceso a mujeres embarazadas con hijos en infancia temprana, a los establecimientos mercantiles de acceso al público, a menos que se trate de prohibiciones fundadas y acreditadas en la misma Ley o que pongan en riesgo su salud o la de sus hijos.

Capítulo VI

Fomento de la Paternidad Responsable

Artículo 33.- El Gobierno Federal deberá elaborar políticas públicas destinadas al fomento de la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor. Los principios rectores que rigen dicha política serán en la solidaridad, la subsidiariedad y la corresponsabilidad entre los padres de familia con respecto a sus hijos.

Artículo 34.- Los lineamientos básicos que deberán incluir dichas políticas son:

a) Establecer el día del padre responsable a nivel nacional, así como campañas que incentiven la paternidad responsable;

b) impulsar que los empleadores en el sector público y privado otorguen facilidades laborales para que los padres de familia puedan convivir adecuadamente con los hijos;

c) Difundir las obligaciones legales establecidas en el Código Civil de los padres con respecto a sus hijos;

d) Promover actividades públicas que propicien la integración y convivencia familiares;

e) Establecer convenios de colaboración administrativa con el Tribunal Superior de Justicia de la Federación para elaborar las políticas públicas que propicien el reconocimiento voluntario del vínculo jurídico de la filiación;

f) Promover que el padre de familia deba proteger y acompañar integralmente a la mujer durante todas las etapas del embarazo;

g) Otorgar estímulos fiscales aquellos padres de familia que se constituya en el matrimonio con la finalidad de propiciar la estabilidad y permanencia del vínculo familiar en beneficio del menor; y

h) Facilitar el acceso para los programas públicos de vivienda

Capítulo VII

Disposiciones Finales

Artículo 35.- Con la finalidad de propiciar la máxima difusión de la información prevista en la presente Ley, el Gobierno Federal elaborará una guía de fomento a la maternidad y la paternidad responsable con el siguiente contenido mínimo:

a) La identificación de los Centros de Atención a la Maternidad;

b) Los beneficios otorgados a las mujeres embarazadas y padres de familia en el presente ordenamiento, así como, los establecidos en las diversas disposiciones vigentes en relación al empleo, la educación, la vivienda, la salud y otras prestaciones sociales; y

c) La relación de instituciones y organizaciones que integran la red de apoyo a mujeres embarazadas.

Éste instrumento de difusión deberá ser distribuido a través de los principales medios masivos de comunicación, en particular a través de la página de Internet y la línea de atención telefónica vista por el presente ordenamiento

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Presidencia de la República deberá expedir el Reglamento de la presente Ley en  un término de seis meses a partir de su publicación.

ARTÍCULO TERCERO.- La Presidencia de la República deberá realizar las modificaciones administrativas y presupuestarias necesarias para la aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- La Presidencia de la República a través de las instituciones correspondientes deberá crear los Centros de Atención a la Maternidad en un término de 24 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Salud deberá emitir la convocatoria pública para integrar la Red de Apoyo a las Mujeres Embarazadas en un término de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado

1 Datos de la OMS, citados por el INEGI en “Estadísticas a propósito del Día de la Madre” 8 de mayo del 2017. [En línea]. Sitio web

2 Datos de la OMS, citados por el INEGI. Op cit; Pag. 7

3 Datos de la OMS, citados por el INEGI. Ibíd; Pag. 8

4 Datos de la OMS, citados por el INEGI. Ibídem; Pag. 9

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma Publicada en el DOF el 27-08-2018. Art. 123, Frac. V

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de integración del Consejo de Salubridad General y acceso a servicios de salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Le agradeceré mucho a la Presidenta tenga la amabilidad de que esta iniciativa sea contemplada en su texto íntegro en el Diario de los Debates, yo voy a pretender explicar o comentar, sustentar del porqué de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud de nuestro país.

Primero, el objetivo de esta iniciativa pretende cumplir y así hacer cumplir lo consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Por ello, estamos hoy formalmente, compañeros de mi grupo parlamentario, del grupo parlamentario del PRI, presentando esta iniciativa que tiene el objetivo de garantizar la salud de las mexicanas, de los mexicanos, poder darles tranquilidad a las familias mexicanas, poder apoyar la economía también de sus familias.

El objetivo es reformar cuatro artículos de esta ley general.

Justo es reconocer que, en estos últimos años, hemos tenido avances muy importantes en materia de salud aquí en nuestro país, falta por hacer, sin duda alguna, pero hemos tenido avances muy relevantes, muy importantes. Por ejemplo, el reto que se comentaba hace un momento por parte de nuestra compañera Senadora de Acción Nacional respecto a la mortalidad de mujeres, mortalidad materna. Hemos logrado también disminuir la mortalidad infantil.

Se ha logrado tener un lugar muy especial a nivel internacional en materia de vacunas, México cuenta con uno de los esquemas más completos a nivel internacional que se ha convertido en un ejemplo a seguir por su alcance y por su acceso gratuito.

Pero estos y muchos logros que se han obtenido por parte del gobierno de la República se han hecho trabajando en equipo, de la mano con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con algunos DIF también estatales, municipales, nacional, por parte de la sociedad civil, por parte de fundaciones, es un logro de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, pero, insisto, falta por hacer. La salud es una tarea colectiva.

Hace quince años, como todos ustedes saben, en 2003 se creó el Seguro Popular, que ha sido un instrumento de política pública que garantiza acceso a servicios de salud para la población que no tiene seguridad social, que no tiene IMSS, que no tiene ISSSTE, entre otros.

El objetivo de este Seguro Popular que hoy brinda servicio a más de 53 millones de mexicanas, mexicanos, niñas, niños, ha sido proteger a las familias que se han afiliado para que puedan tener acceso a servicios de salud, médicos, hospitalarios, entre otros.

Pero es importante destacar que estos servicios están contemplados en lo que se conoce como el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Este Catálogo se actualiza por especialistas cada dos años y una de las primeras propuestas es que este Catálogo se pueda actualizar cada año.

Hoy el Seguro Popular cubre importantes padecimientos que le dan salud y que salvan vidas a nivel nacional, más de 87 intervenciones, más de mil 600 enfermedades.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, si es tan gentil.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Gracias, señora Presidenta.

Si me permite acogerme a lo que marca el Reglamento le agradeceré y le ofrezco ser breve.

Como comentaba, el Seguro Popular contempla hoy día padecimientos muy importantes, la atención del cáncer, por ejemplo, en materia de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, pero no contempla el cáncer de estómago, el cáncer de piel, el cáncer de páncreas, por poner un ejemplo.

Hoy día el Seguro Popular ha salvado millones y millones de vidas, pero, insisto, falta por hacer.

De ahí la propuesta de que en este Catálogo se puedan incrementar el número de servicios o de padecimientos; por ejemplo, de aquellos que son o que sufren quemaduras de tercer grado o de aquellas personas que tienen insuficiencia renal crónica; son más de 200 mil personas las que sufren quemaduras de tercer grado al año en nuestro país y que hoy no son atendido por el Seguro Popular porque no están contemplados, precisamente, en este Catálogo que ya refería.

Así es que, en concreto, la propuesta es incrementar el número de servicios, de padecimientos para que más personas en México se puedan beneficiar de los servicios del Seguro Popular y de esta manera dar un mejor acceso a la salud de quienes más lo necesitan, y especialmente apoyarlos en su economía familiar, porque al no tener acceso al Seguro Popular, pues tienen que recurrir a sus ahorros, a vender su casa, su coche y afecta la economía de sus familias.

Por ello, en nombre de las familias que podamos beneficiar con los padecimientos que hoy no están contemplados en este Catálogo, les doy las gracias, Senadoras, Senadores, para que, en su caso, puedan apoyar en comisiones y después en este Pleno esta modesta iniciativa que está a su disposición.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ávila Villegas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Alejandra Reynoso.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para pedirle al Senador Eruviel que me permita suscribir la iniciativa.

Me parece que el tema de salud es lo más sensible y el primer derecho de todo mexicano, y aprovechar también para en determinado momento evaluar la posibilidad de eliminar las barreras de la edad porque no deja de ser el sistema de salud, como está hasta ahora, discriminatorio.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

Ahora pedimos que pase la Secretaría de Servicios Parlamentarios a su lugar, y si el Senador lo tiene a bien, para que usted se lo firme. Gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 constitucionales, en materia de ampliación de periodos de sesiones de las Cámaras del Congreso.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Patricia Mercado Castro: Con su permiso, señora Presidenta, Senadora Mónica Fernández.

A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presento la iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política para ampliar en tres meses y medio los periodos legislativos.

De entre los países latinoamericanos, México es uno de los países en los que el Congreso General sesiona menos meses al año.

En Colombia sesionan ocho meses; en Brasil y Argentina, nueve.

En otros países como Uruguay o Estados Unidos sesionan continuamente, y es sabido que los países europeos la actividad prácticamente no cesa.

En México, las y los legisladores, sesionamos seis meses y medio al año. Por cierto, cada mes, con este tipo de trabajo nos cuesta 3 mil 114 millones de pesos este mes de sesiones en el Pleno.

En la anterior Legislatura se aprobaron únicamente el 13 por ciento de las iniciativas en la Cámara de Diputados y solamente el 5 por ciento aquí en el Senado.

He aquí la razón de la baja estima de la ciudadanía hacia el Poder Legislativo.

Sólo al inicio de esta LXIV Legislatura, en el Senado heredamos más de mil iniciativas y casi dos mil puntos de Acuerdo que no fueron atendidos.

En ambas Cámaras los pendientes rebasan las cinco mil iniciativas y tres mil puntos de Acuerdo, sólo de las dos legislaturas pasadas; carga que debe sumarse a los nuevos asuntos de las y los legisladores que hemos ido presentando en estas semanas de Legislatura.

Debemos sumar también las iniciativas y proposiciones desechadas. La gran mayoría de ellas fueron dadas como asuntos concluidos mediante acuerdos de la Mesa Directiva, porque no fueron dictaminadas; es decir, sin discusión directo se fueron a la trituradora.

Finalmente, más de 470 minutas de la Cámara de Diputados quedaron pendientes en el Senado al cierre de la anterior Legislatura, 470 minutas, es decir, reformas, legislativas, que la Cámara de Diputados avanzó y aquí no se tuvo la capacidad seguramente por falta de tiempo para sacarlas adelante.

De nada nos sirve aumentar las estadísticas individuales y de grupos parlamentarios si no podemos aprobar o rechazar si quiera los proyectos de la Colegisladora.

Los periodos de sesiones breves, son un factor que hace propicio este rezago y son obstáculo para el análisis detallado de las propuestas para cumplir las tareas de contrapeso de este Poder y, sobre todo, también para tomar decisiones siempre con el concurso, con el acuerdo, con la consulta, de la ciudadanía.

Nuestra responsabilidad cotidiana es proponer, escuchar y discutir los asuntos que surgen como exigencias en la sociedad, que procesamos en conjunto con nuestros equipos y presentamos en esta Asamblea. Sin embargo, con frecuencia no agotamos el Orden del Día.

Ampliar el periodo legislativo evitaría tener que votar si prolongamos o no nuestras sesiones, como lo hemos hecho sin argumentación expresa.

El Presidente de la Mesa Directiva pregunta: ¿Seguimos adelante o aquí la dejamos? Independientemente de que no hemos agotado el Orden del Día, unos votamos de una manera, otros votamos de otra, sin ningún tipo de argumentación.

Este tipo de decisiones que parecen caprichosas, por qué sí o por qué no, sin ninguna argumentación; seguimos o no seguimos, requieren ordenar de forma racional o más racional cada una de las sesiones.

En la sesión pasada fue un caso, me parece, paradigmático. Primero votamos irnos y después la Mesa Directiva, dijo: “No está claro”. Primero votamos quedarnos y terminar el Orden del Día y después votamos irnos.

No supimos por qué nadie argumentó, si sí o si no y finalmente no agotamos el Orden del Día que nosotros mismos votamos.

Nuestra propuesta tiene el objetivo de distribuir mejor el tiempo de trabajo para que el Pleno pueda desahogar más dictámenes y las Comisiones tengan oportunidad de lograr acuerdos.

Además algo que la ciudadanía espera, es que utilicemos de manera más eficiente los recursos públicos.

La propuesta que se pone a consideración, plantea ampliar en tres meses y medio los periodos de sesiones hasta llegar a 10 meses de trabajo legislativo.

Esperamos, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, contar con su apoyo para un Congreso más eficaz y productivo, que permita erradicar el rezago legislativo, cumplir las exigencia ciudadanas, impulsar una agenda legislativa de mucho contenido, que impacte en el desarrollo del país, a partir del diálogo constante con las organizaciones civiles, sociales, sindicales, empresariales y a través del trabajo en Comisiones y de este Senado.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mercado Castro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de Decreto, nos informan que cede su espacio para unos momentos después.






En esta segunda ronda de iniciativas, le pedimos que haga uso de la tribuna la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, para presentar a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO MEXICANO DE POLÍTICA EXTERIOR

(Presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a nombre de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su venia, señora Presidente.

La democratización de las instituciones del Estado mexicano es un proceso que avanza a velocidades disímiles, es decir, entre los Poderes de la Unión, entre las entidades federativas, así como en los órganos autónomos. Encontramos distintos niveles de participación ciudadana, toma de decisiones colegiadas y, en algunos casos, aún existen facultades de decisión unipersonal que definen el devenir de nuestra patria y trastocan el interés nacional.

Los cambios en el siglo XXI, la globalización y la interdependencia han hecho que todo tipo de procesos sean más rápidos. En este sentido, también hay que considerar la revolución tecnológica hizo que las fronteras de la comunicación desaparecieran y las distancias se redujeran al mínimo.

Frente a estos retos y desafíos que plantan precisamente transformaciones profundas, los Estados nación tendrán mayor éxito si constituyen una política exterior de Estado, más plural e incluyente si la diseñan como una verdadera palanca de desarrollo al interior para que desde ahí se impulsen como un protagonista del escenario internacional.

Es por ello que México está llamado a construir una política exterior de Estado, para ser un actor respetado, confiable, con potencial e influencia creciente en las décadas por venir en el ámbito internacional, pero ello debe ser responsabilidad de todos y no sólo de una persona.

Para lograr avanzar en este escenario mundial es necesario convocar al talento nacional para sumar esfuerzos y ayudar adaptar rápidamente al Estado mexicano a la agenda global, especialmente en los temas de política exterior y en los asuntos internacionales.

Actualmente, persiste en la facultad constitucional para la formulación de la política exterior de México, la capacidad unipersonal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mientras el análisis es materia del Senado de la República y en su ejecución acompañada por el Servicio Exterior Mexicano.

Analizar la política exterior de México ejecutada por el titular del Ejecutivo es facultad del Senado Mexicano, es ante este órgano colegiado que rinde cuentas al pacto federal por su conducto a los ciudadanos.

Por ello, corresponde también a esta Soberanía y en ejecución de la política exterior al Presidente de la República que se apoye en el Servicio Civil de Carrera más antiguo. El Servicio Exterior Mexicano que cuenta con aproximadamente mil 300 nacionales con amplia trayectoria, con mucha experiencia, con vocación, con perfiles educativos, culturales, profesionales en los asuntos internacionales, está en una constante evaluación para ascender de rango.

También el Senado comparte con el Presidente la responsabilidad de quienes encabezan las misiones y representaciones en el exterior.

El Ejecutivo Federal nombra embajadores y cónsules generales para posteriormente ser ratificados previa comparecencia en las comisiones legislativas, por el Pleno que integramos 128 Senadoras y Senadores.

Es en esta fase de formulación de la política exterior en la que no existe dentro de nuestro sistema constitucional un espacio para proponer elementos para la construcción de una política exterior de Estado. Al día de hoy, quien formula la política exterior de México puede hacerlo en la soledad de su despacho o en compañía de sus más cercanos, y es ahí en donde encontramos errores de formulación y señalamientos en la ejecución de la política exterior. Los más comunes son confundir las relaciones públicas con las relaciones exteriores, desarrollar relaciones exteriores de un gobierno pensando solamente en lo inmediato en lugar de relaciones exteriores de un Estado con visión de futuro y a largo plazo.

Por eso, si bien la política exterior del Estado mexicano requiere para su ejecución de un servicio exterior mexicano y de este Senado para su análisis, también necesita para su democratización y construcción con visión de Estado, de la suma de talentos nacionales para su formulación, una política exterior que se construya con aportación de la academia, de los empresarios, de las organizaciones de la sociedad civil, de los artistas con presencia internacional e integrantes del servicio exterior.

Por ello, la presente iniciativa busca crear el Consejo Mexicano de Política Exterior para democratizar e incidir en la formulación de la política exterior en México bajo los principios constitucionales que mandata el artículo 89 constitucional y la paridad que el siglo XXI nos exige. Que sea plural en su integración para reflejar las diversas posturas, las diversas vocaciones en las regiones del país y las diversas universidades que estudian las relaciones internacionales en México, los empresarios abocados a la industria exportadora, los artistas de reconocida presencia internacional, la sociedad civil organizada que propone y analiza la política exterior, los más experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

En esta iniciativa que presento a nombre de mi grupo parlamentario de Acción Nacional, que en realidad son dos iniciativas: en una se modifica la Constitución para poder introducir el acompañamiento de este Consejo de Política Exterior en la toma de decisiones al Ejecutivo Federal.

Y la segunda iniciativa, que es con la que se crea precisamente este Consejo de Política Exterior donde estamos convencidos que los retos que enfrenta México tiene que ser acompañado no solamente por el talento del Servicio Exterior Mexicano, sino también por el talento de académicos, de empresarios, de artistas, de sociedad civil organizada y que, sin duda, esto va a repercutir en que México pueda mejorar su posición ante el mundo.

Así es de que ponemos a su consideración este Consejo de Política Exterior, que hay que decirlo también, ya en legislaturas anteriores se han hecho diferentes propuestas y que atiende a una necesidad de hoy en día en el escenario internacional y porque queremos que México tenga un mejor papel en el mundo.

Lo ponemos a su consideración y esperamos lograr los consensos para que podamos contar en México con este nuevo Consejo de Política Exterior Mexicana.

Es cuanto.

Iniciativa

Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO MEXICANO DE POLÍTICA EXTERIOR. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democratización de las instituciones del Estado mexicano es un proceso que avanza a velocidades disímiles, es decir, entre los Poderes de la Unión en la Federación y en las entidades federativas, así como en los órganos autónomos encontramos niveles distintos de participación ciudadana, toma de decisiones colegiadas  y en algunos casos aún existen facultades de decisión unipersonal que definen el devenir de nuestra Patria y trastocan el interés nacional.

Los cambios en el siglo XXI, la globalización y la interdependencia, han hecho que todo tipo de procesos sean más rápidos. En ese sentido, la revolución tecnológica, hizo, que las fronteras de la comunicación desaparecieran y las distancias se redujeran al mínimo. La rapidez de oferta y consumo de información hace más consciente al ciudadano de la repercusión directa e inmediata en su vida diaria impulsándolo a comparar y generar opiniones en diversos temas, uno de ellos el de la política exterior de México.  

Frente a los retos y desafíos que plantean estas transformaciones profundas, los Estados nación tendrán mayor éxito si constituyen una política exterior del Estado, más plural e incluyente, si la diseñan como una verdadera palanca de desarrollo al interior para que desde ahí lo catapulte como un protagonista del escenario internacional. 

Es por ello que, México está llamado a construir una política exterior de Estado para ser un actor respetado, confiable, con potencial e influencia creciente en las décadas por venir en el ámbito internacional, pero ello debe ser responsabilidad de todos y no solo de una persona.

Para lograr avanzar en el escenario mundial es necesario convocar al talento nacional para sumar esfuerzos y ayudar a adaptar rápidamente al Estado mexicano a la agenda global, especialmente en los temas de política exterior y en los asuntos internacionales. Al mismo tiempo buscar que los objetivos de largo plazo se ajusten y se alineen a los nuevos retos y desafíos con destreza y prontitud para ser más eficaces en la consecución del interés nacional.

Actualmente persiste en la facultad constitucional para la formulación de la política exterior de México, la capacidad unipersonal del Titular del Ejecutivo Federal, mientras el análisis es materia del Senado de la República y en su ejecución es acompañado por el Servicio Exterior Mexicano.

Analizar la política exterior de México, ejecutada por el Titular del Ejecutivo Federal es facultad del Senado mexicano. Es ante este órgano colegiado que rinde cuentas al Pacto Federal y por su conducto a los ciudadanos.

Por lo que corresponde a la ejecución de la política exterior, el Presidente de la República se apoya en el servicio civil de carrera más antiguo. El Servicio Exterior Mexicano fue fundado en el siglo XIX y esta integrado por alrededor de 1300 nacionales con alto perfil educativo y cultural, profesionales de los asuntos internacionales, con enorme vocación y patriotismo que se encuentran en constante evaluación para ascender de rango. También el Senado comparte con el Presidente la responsabilidad de quienes encabezan las misiones y representaciones en el exterior. El Ejecutivo Federal nombra Embajadores y Cónsules Generales para posteriormente ser ratificados, previa comparecencia en comisiones legislativas, por el pleno que integramos los 128 Senadores de esta soberanía.

Es en la fase de formulación de la política exterior en la que no existe, dentro de nuestro sistema constitucional, un espacio para proponer elementos para la construcción de una política exterior de Estado. Al día de hoy, quien formula la política exterior del Estado mexicano puede hacerlo en la soledad de su despacho o en compañía de sus más cercanos colaboradores. Y es ahí en donde encontramos errores de formulación y señalamientos en la ejecución de la política exterior. Los más comunes son confundir las relaciones públicas con relaciones exteriores, desarrollar relaciones exteriores de un gobierno pensando en lo inmediato, en lugar de relaciones exteriores de un Estado con visión de futuro y largo plazo.  En años y décadas pasadas, el estilo presidencial de las acciones de gobierno, nos ha llevado a situaciones que comprometen al país y al pueblo entero, sin reflejar realmente las prioridades del interés nacional de México. Otro error es pensar que solo el Senado o el Servicio Exterior Mexicano deben proponer políticas del Estado en materia internacional.

Si bien, la política exterior del Estado mexicano requiere para su ejecución de un Servicio Exterior Mexicano, y de un Senado para su análisis, también necesita para su democratización y construcción con visión de Estado, de la suma de talentos nacionales, para su formulación. Una política exterior que se construya con la aportación de la academia, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los artistas con presencia internacional e integrantes del Servicio Exterior en retiro.  

Es por ello que la presente iniciativa busca crear la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior para democratizar e incidir  en la formulación de la política exterior bajo los principios constitucionales que mandata el artículo 89 constitucional y la paridad que el siglo XXI nos exige. Que sea plural en su integración para reflejar la diversidad de las regiones del país y las diversas universidades que estudian las relaciones internacionales de México, los empresarios avocados a la industria exportadora, los artistas con reconocida presencia internacional, la sociedad civil organizada que propone y analiza la política exterior, los más experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Se integrarán 15 ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de tres años  y su cargo será honorífico, sin posibilidad de recibir remuneración o apoyos económicos. Serán propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado y participarán de las reuniones ordinarias y extraordinarias que convoque el Presidente de la República, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

Serán llamados a la sesión de instalación y sesiones ordinarias cada cuatro meses, y a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario, previo envío del orden del día.

El Presidente del Consejo será electo de entre sus integrantes y conducirá los trabajos del Consejo por tres años. Las resoluciones del Consejo no serán vinculantes, sus actas y documentos serán públicos y no podrán reservarse por razones de seguridad nacional. Los informes de cada reunión del Consejo serán comunicados al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es importante hacer notar que otros Estados nacionales como el Reino de España han adoptado la creación de un Consejo de Política Exterior establecido en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014, en su artículo 38, como un órgano de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el desempeño de su función de dirección y coordinación de la política exterior. Tiene la función de velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios establecidos por la Ley con la sujeción a las directrices, fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno en los instrumentos de planificación.

El Consejo de Política Exterior de España publicó en enero de 2018 documentos que atienden a una realidad dinámica que se ajusta a los cambios en el mundo. Algunos ejemplos de ellos son “Una visión estratégica para España en Asia 2018-2022” que contiene una reflexión con objetivos claros para la proyección de España en Asia que contempla una estrategia hacia la Nueva ruta de la Seda diseñada por el Presidente de China, Xi Jinping,  y el “Plan Anual Marca España 2018” que evalúa las acciones en el exterior para buscar adaptar el despliegue del Instituto Cervantes (instrumento del poder suave) a las sociedades asiáticas y detalla las prioridades asiáticas y temáticas para la difusión del español como lengua global. 

Resulta importante señalar que la creación del Consejo Mexicano de Política Exterior ha sido una iniciativa presentada por diversos Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión durante la última década.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior que regula su funcionamiento.

Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1.- Esta ley tiene como objeto regular el Consejo Mexicano de Política Exterior establecido en los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- El Consejo Mexicano de Política Exterior observara? los principios normativos: la autodeterminacio?n de los pueblos; la no intervencio?n; la solucio?n paci?fica de controversias; la proscripcio?n de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad juri?dica de los Estados; la cooperacio?n internacional para el desarrollo; el respeto, la proteccio?n y promocio?n de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; en el apoyo para dirigir y formular la política exterior de México del Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 3.- Sus resoluciones no serán vinculantes. Las actas y documentos que elaboren serán públicos y no podrán reservarse por razones de seguridad nacional. Los informes de cada reunión del Consejo serán comunicadas al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Capitulo II. De la integración del Consejo.

Artículo 4.- Para ser integrante del Consejo Mexicano de Política Exterior se requiere acreditar la nacionalidad mexicana, tener al menos 35 años cumplidos a la fecha de su nombramiento, y acreditar alguno de los siguientes requisitos: experiencia de al menos diez años en el estudio de las relaciones internacionales de México o de actividades empresariales vinculadas al exterior; representar a alguna asociación vinculada con política o comercio exterior o a algún centro de estudios internacionales en México; ser artista con reconocida presencia internacional; o pertenecer el Servicio Exterior Mexicano en situación de retiro.

No podrán inscribirse en la convocatoria quienes sean funcionarios de gobierno federal, de entidades federativas o municipios, del Congreso de la Unión o de los Congresos Locales.

Artículo 5.- El Consejo se integrará con 30 ciudadanos, de los cuales 15 serán mujeres y 15 hombres, residentes de las distintas regiones del país. Durarán en su encargo tres años y no podrán ser reelectos.

Artículo 6.- Los integrantes del Consejo serán nombrados por el Ejecutivo Federal, previa convocatoria, y serán ratificados por mayoría calificada del pleno del Senado de la República.  Si algún integrante del Consejo solicitara su baja, el Titular del Ejecutivo Federal podrá nombrar a la Consejera o el Consejero de entre quienes hayan participado en la última convocatoria y será ratificado por el Senado de la República.

Perderán su encargo de Consejera o Consejero quienes hayan acumulado tres faltas seguidas a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 7.- Ningún integrante del Consejo podrá recibir remuneración por encargo, ni podrá recibir ningún tipo de apoyo económico para atender las sesiones. Su cargo será honorífico.

Artículo 8.- El Presidente del Consejo será electo de entre sus miembros para un periodo de tres años.

Artículo 9.- El Secretario de Relaciones Exteriores será el Secretario Técnico del Consejo.

Capitulo III. Del funcionamiento del Consejo.

Artículo 10.- La sesión de instalación se realizará en las oficinas de la Presidencia de la República cada tres años bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de Lista de Viva Voz y declaración de quórum.

2. Honores a la Bandera.

3. Entonación del Himno Nacional.

4. Mensaje del Titular del Ejecutivo Federal y toma de protesta de los integrantes del Consejo.

5. Presentación del Secretario de Relaciones Exteriores del Plan Nacional de Desarrollo Capítulo de Política Exterior.

6. Comentarios y propuestas de los integrantes del Consejo.

7. Elección del Presidente del Consejo.

8. Mensaje del Presidente del Consejo.

9. Clausura y convocatoria a la primera sesión ordinaria.

Artículo 11.- El Ejecutivo Federal participará de todas las reuniones del Consejo y en cada sesión se dirigirá a sus integrantes.

Artículo 12.- El Consejo sesionará de manera ordinaria al menos cada cuatro meses y de manera extraordinaria cuando lo considere el Presidente de la República. Se reunirán en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La convocatoria la realizará el Secretario Técnico del Consejo y deberá incluir al menos el orden del día de cada sesión.

Artículo 13.- Para que el Consejo sesione válidamente se requerirá la presencia de, por lo menos, la mitad mas uno de sus integrantes. Las resoluciones del Consejo se tomarán por el voto favorable de la mitad mas uno de los miembros presentes en la sesión de que se trate.

Artículo 14. Durante las sesiones, el Consejo podrá analizar y resolver sobre cualquier cuestión relacionada con la dirección y formulación de la política exterior a que se refiere el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

Les informo que abriremos un receso en la presentación de iniciativas para dar paso a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Una vez que concluya la comparecencia, reanudaremos la presentación de iniciativas y el despacho de los demás asuntos del Orden del Día.






Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento a los Acuerdos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política aprobados el pasado jueves 20 de septiembre, que establecen las comparecencias y el formato para el Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este día recibiremos la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para analizar la política económica del país.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que les solicito a las Senadoras y los Senadores José Luis Pech Várguez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Jorge Carlos Ramírez Marín, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Gabriela Benavides Cobos, María Antonia Cárdenas Mariscal, Américo Villarreal Anaya, Mario Zamora Gastélum y Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

(Receso)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se reanuda la sesión.

ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, sea bienvenido a esta comparecencia, a la que se le convocó con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno que presentó el ciudadano Presidente de la República, el 1° de septiembre pasado.

Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69, y de conformidad con el artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Doctor José Antonio González Anaya, como es de su conocimiento, el artículo 69 invocado compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.

Les solicito ponerse de pie.

(Todos de pie)

Doctor José Antonio González Anaya, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto: ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras Senadoras y los señores Senadores?

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en la posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

Favor de tomar asiento.

La comparecencia tendrá un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea.

Damos inicio con una intervención del Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por diez minutos.

Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra.

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Buenas tardes. Con su venia, Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Saludo a las y los integrantes de la Mesa Directiva, coordinadores parlamentarios, Senadoras y Senadores.

Antes que nada quisiera felicitar a las y los miembros de esta nueva Legislatura por la encomienda que desde hace unas semanas asumieron por el pueblo de México.

Agradezco la convocatoria en términos de lo dispuesto en la Constitución y de la ley me ha formulado esta Soberanía para comparecer como parte del análisis del VI Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto.

Para la administración que está por concluir, este acto republicano de rendición de cuentas entre poderes cobra relevancia para la vida democrática de este país, pues permite revisar el estado en el que se encuentra la economía mexicana en este momento de la transición.

En este sentido, retomo las palabras de un exsecretario de Hacienda, hace 18 años, que y cito:

"Después del ejemplar proceso electoral de julio pasado pretendemos que el proceso de transición sea igualmente ejemplar; es decir, no sólo entregaremos buenas cuentas, sino que entregaremos bien las cuentas".

Así, hoy México cuenta con una economía fuerte y con finanzas públicas sanas. Se dice fácil, pero en los pasados seis años México enfrentó un complejo entorno global que de no haber sido por una conducción económica responsable y prudente hubiera impactado profundamente a los hogares del país.

Los choques externos que México enfrentó en los últimos años no fueron menores, el precio del petróleo cayó 70 por ciento y el sector industrial de Estados Unidos se contrajo 2 por ciento, lo que implicó una caída en la demanda de nuestras manufacturas.

Para ponerlo en perspectiva, en los últimos tres periodos que nuestro país sufrió choques externos, incluso menores como a principios de los 80's a inicios de este siglo y en la crisis del 2008-2009, la economía mexicana siempre se contrajo y el empleo formal se vio afectado; sin embargo, esto no fue lo que ocurrió esta vez, no sólo no tuvimos una recesión o inestabilidad en el sector financiero, que sería la predicción de cualquier modelo económico al ingresar estos choques de magnitud, sino por el contrario, el empleo formal creció a una velocidad récord de 4 por ciento y la economía creció al 2.5 por ciento anual.

Ciertamente no es el crecimiento al que aspiramos, pero a pesar de los choques externos es un crecimiento que en ningún momento se detuvo y que se ubicó por arriba de países con los que típicamente nos comparan, como Brasil, Chile, Argentina y Colombia, así como de los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia.

¿A qué se debió esto? A que México tomó decisiones difíciles, no siempre populares, pero sí necesarias y responsables.

En este sentido, quisiera resaltar qué fue lo que se hizo diferente para que pese a los choques México siguiera creciendo y generando empleos. La respuesta tiene dos partes.

La primera, son las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas gracias al consenso y al trabajo y al diálogo con el Congreso de la Unión.

Comienzo por una que me tocó vivir de cerca, la reforma energética.

Apenas hace un par de años, los más optimistas esperaban que generaría 50 mil millones de dólares de inversión. Hoy la inversión esperada es de más de 200 mil millones de dólares, cuatro veces mayor a lo que esperaban los más optimistas.

Para poner este número en perspectiva, esto equivale al doble de la deuda externa que tiene el gobierno federal.

Así pues, en la práctica esta reforma ha sido sumamente exitosa y nos permitió atemperar los choques externos al detonar la inversión, lo que en el tiempo va a traer una derrama económica importante para el país, generando empleo y desarrollo en muchas de las zonas de la República que así lo requieren.

Por otra parte, la reforma de telecomunicaciones ha permitido que las tarifas de celulares bajen prácticamente a la mitad y que se triplique el acceso a banda ancha.

Hoy, incluso en zonas remotas, los mexicanos tienen acceso a señal que les permita estar más y mejor informados y comunicados.

Con la reforma financiera se incrementó el crédito, en todos los rubros bajaron las tasas de interés y se incorporaron más de 4 millones de adultos por año al sistema financiero formal.

Todos ellos que antes estaban fuera del mundo financiero ahora pueden ahorrar, trasladar sus recursos con mayor facilidad y ya no pierden su patrimonio en caso de que se tenga un riesgo que se materialice.

Estos son sólo algunos de los ejemplos sobre las implicaciones que han tenido las reformas estructurales.

Estoy seguro de que todos sus beneficios no han ocurrido, pero lo que sí podemos decir es que ya no son promesas de futuro y que es en el presente que contribuyeron a que en nuestro país se evitara una recesión, ni se detuviera la actividad económica y la creación de empleo.

Las reformas estructurales son una parte importante de la historia económica del sexenio; sin embargo, todos los beneficios hubieran quedado incompletos si no se hubiera manejado bien la macroeconomía. Los cimientos de todo esto fueron políticas fiscales responsables, ese es el segundo factor que explica la estabilidad económica que tenemos hoy en día.

Y es que a lo largo de esta administración este fue un compromiso permanente en cada una de las decisiones que se tomaron en materia económica, siempre estuvo presente el factor de preservar la estabilidad.

Nos comprometimos a tener un proceso gradual de consolidación fiscal que no pusiera en riesgo la estabilidad o comprometiera el presupuesto destinado a los programas sociales.

Hoy, parados en el 2018, México es de los pocos países del G-20 de América Latina que tiene un superávit primario y una trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB decreciente.

¿Cómo se logró esto? Primero, con una reforma fiscal que diversificó y fortaleció nuestras fuentes de ingresos.

A principios de ese sexenio, por cada 100 pesos de ingresos públicos, 39 venían del petróleo, hoy son sólo 17 pesos, lo cual nos hace menos vulnerables a la caída en los precios del petróleo.

Ahora, nuestros ingresos provienen de fuentes más estableces y las contribuciones al gasto se reparten de forma más equitativa al incrementar nuestra base tributaria, casi la mitad de todos los contribuyentes que hay en nuestro país se incorporaron en esta administración.

Pero el contar con mayores y más fuentes de ingreso sólo explica una buena parte del buen camino que han seguido las finanzas públicas.

La segunda decisión tiene que ver en la forma en cómo hemos manejado el gasto público, mejoramos la eficiencia del gasto para proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años, dándole viabilidad y sostenibilidad a nuestro crecimiento de la economía.

Debido a los choques externos que enfrentamos, a la mitad de la administración, fue necesario hacer ajustes muy importantes al presupuesto, tan sólo a mediados de 2016, se hizo un recorte de más de 160 mil millones de pesos.

Dentro de estos ajustes, siempre se protegió el gasto social para focalizarlo en los programas que han demostrado su contribución a la disminución de la pobreza y para que ningún beneficiario de padrón se viera afectado; así, el porcentaje de la población con carencias sociales se encuentran en mínimos históricos y le hemos ido ganando terreno a la pobreza extrema, que disminuyó de 9.8 por ciento a 7.6 por ciento, logrando que más de dos millones de personas abandonaran esta situación.

Senadoras y Senadores de la República, de cara a la transición, los resultados económicos son buenos, de acuerdo con las tres calificadoras internacionales más importantes, vamos a entregar un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables, una economía que creció 2.5 por ciento anual e hilo 34 trimestres de crecimiento sostenido, un récord.

Un mercado laboral fuerte que ha generado casi 3.8 millones de empleos, superado lo hecho en los 12 años anteriores sumados.

Una potencia exportadora en trayectoria ascendente; somos hoy, el séptimo exportador de autos en el mundo.

Una economía que recibió en los últimos seis años casi 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, cifras inéditas en la historia del país, que más que cubren la cuenta corriente.

Reservas internacionales y una línea de crédito flexible por más de 260 mil millones de dólares que más que cubre la deuda pública.

Un fondo de estabilización que acumula más de 250 mil millones de pesos.

Entregaremos un país que tiene su estabilidad anclada en unas finanzas públicas sanas y un sector financiero con índices de capitalización muy por encima del estándar internacional.

¿Qué nos dice esto? Que México reaccionó de forma correcta y lo hizo en tiempo y forma.

Así, el panorama que he presentado sobre lo que ocurrió en la economía mexicana durante este sexenio, nos deja como legado que la próxima administración heredará retos, pero también una economía fuerte y resilientes.

Asimismo, le brinda certeza a todos los actores de que México cuenta con variables macroeconómicas que protegen sus ahorros y brinda espacios para la inversión.

Y esto ha sido posible, gracias al trabajo conjunto entre los poderes que en un marco donde siempre ha imperado el diálogo y el respeto a las diferencias, se han puesto de acuerdo en los temas que son trascendentes para el presente y el futuro del país.

Finalmente, reitero, México tiene una economía fuerte y finanzas públicas sanas, y que como dije al principio, entregaremos buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas.

Señor Presidente de la Cámara, termino aquí mi intervención inicial y estoy atento a las preguntas de las y los Senadores de la República.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor Secretario.

Damos paso a la primera ronda de preguntas, conforme lo establece el numeral 2 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado.

En esta fase los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantear su pregunta.

Al término de ellas, el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas.

Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado jueves 20 de septiembre, el Senador Emilio Álvarez Icaza tendrá una participación de cinco minutos, previa a los grupos parlamentarios.

En consecuencia, para hacer sus preguntas, tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Álvarez Icaza, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenos días.

Nos damos cita para analizar el VI informe, hoy en la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario José Antonio González Anaya.

¡Bienvenido, señor Secretario! Resalto la práctica republicana que la presencia en este recinto significa.

Como lo he dicho en distintas ocasiones, el legado que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto, es de pobreza inmersa en violencia y corrupción.

Señalaré algunos aspectos que en el marco hacendario contribuyeron al Estado que están entregando a las instituciones:

1.- La distribución de gasto se realizó de manera discrecional y se caracterizó por desvíos millonarios de recursos públicos.

Es de enorme gravedad que la constante de este sexenio haya sido la escandalosa sistematicidad presente en el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas y otras empresas reales que fueron cómplices del saqueo del dinero de las y los mexicanos y de futuras generaciones, como se ha demostrado en la "Estafa Maestra" y otras investigaciones.

En ningún lugar del mundo democrático y con estado de derecho, esta capacidad de extraer dinero de forma ilegal puede pasar desapercibida, no puede pasar al margen del ojo de las autoridades.

Lo que sucede en México es un escándalo. Debemos saber con absoluta claridad por qué se asigna, cuánto se asigna y, sobre todo, cómo se ejercen los recursos públicos.

Señor Secretario, ¿qué hizo la Secretaría a su cargo, con respecto a los señalamientos que son de su competencia de la Auditoría Superior de la Federación?

¿Qué hizo la Secretaría a su cargo, con respecto de las denuncias públicas presentadas en la "Estafa Maestra" y otras?

2.- Lo más importante del informe que analizamos, no es lo que dice, sino lo que calla, lo que oculta, de lo que no quiere hablar.

Estos seis años, fueron los años de Odebrecht, de OHL, del Grupo Higa, los años de los gobiernos estatales que desviaron millones de pesos como en Veracruz y Chihuahua con los Duartes; los del socavón, la "Estafa Maestra" y muchas más donde la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público tiene mucho que aportar para aclarar lo que allí ocurrió.

La iniciativa ahora denunció un ciclo de corrupción en el Estado de México que puede llegar a representar un monto de casi 90 mil millones de pesos, mediante el cual se defraudó en las elecciones, en la Bolsa de Valores para inflar el valor de las acciones de OHL.

En la administración de al menos dos sistemas carreteros y en construcciones con la manipulación de licitaciones.

Es imprescindible rastrear las responsabilidades de estos agravios desde la transparencia del flujo de los recursos públicos, así como la implementación de mecanismos desde la Secretaría de Hacienda que vigilen y combatan la corrupción.

Señor Secretario, díganos, ¿cuáles fueron los sistemas de control que desarrolló para alertar desvíos millonarios de recursos federales por parte de los gobiernos estatales?

¿Qué ha hecho la Secretaría a su cargo con las múltiples comunicaciones que usted, personalmente usted, ha recibido del abogado Paulo Díez Gargari, al respecto?

3.- Se utilizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un instrumento político en contra del gobierno y pueblo de Chihuahua.

El uso discrecionalidad, y como instrumento político de la Secretaría de Hacienda es inaceptable, pervierte el estado de derecho.

A través de esa Secretaría, el Presidente Enrique Peña Nieto tomó represalias contra el gobierno de Chihuahua por investigar la corrupción en contra de César Duarte.

Señor Secretario, díganos, nos puede explicar, ¿por qué en la transferencia de subsidios a entidades federativas en 2017, Chihuahua recibió 70 millones de pesos y el Estado de México 8 mil 601, 123 veces más?

¿Cuáles fueron las medidas institucionales que tomó para evitar el uso político de los recursos?

¿Se va a volver a castigar al pueblo de Chihuahua en el cierre de sexenio con la distribución del fondo de financiamiento financiero?

Es necesaria una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. En el gasto ejercido existe una enorme discrecionalidad fuera de cualquier proporción.

La falta de controles y vaguedad de las reglas, generó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se manejase libremente partidas presupuestales no aprobadas por la Cámara de Diputados; ejemplo de ello, es que de manera irresponsable se permitió que se gastaran, de 2013 a 2017, 23 mil millones de pesos en publicidad oficial que la Cámara de Diputados no aprobó.

Así sucedió también con el Ramo 23 y los más de 300 fideicomisos contemplados, y que no están en el escrutinio a la población.

Díganos, señor Secretario, ¿qué criterio se utilizó para asignar los recursos federales no aprobados por la Cámara de Diputados?

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Con su venia, señor Presidente. Doctor José Antonio González Anaya, sea usted bienvenido a esta Soberanía.

Compañeras y compañeros legisladores, precisamente hace un año México atravesaba por una de las más grandes tragedias que hemos vivido en la historia moderna de nuestro país, dos terribles terremotos azotaron gran parte del país, y tuve la oportunidad de colaborar de manera muy cercana en mi estado en los trabajos para salir de la emergencia; 65 mil viviendas oaxaqueñas y 41 municipios  desaparecieron en una de las regiones casi más prósperas de Oaxaca, 121 mil viviendas entre Chiapas y Oaxaca resultaron afectadas, 10 mil escuelas, más de 328 mil negocios y más de mil 200 inmuebles históricos. Lo más triste, 300 mexicanos fallecieron en esta tragedia.

Pero fue también esta tragedia la que nos enseñó que cuando los mexicanos demostramos nuestro sentido de solidaridad y de unidad podemos salir adelante, no importa la fuerza de la naturaleza, es más fuerte el corazón de los mexicanos cuando trabajamos unidos.

Y fue así como logramos salir de la contingencia en 72 horas rehabilitando todos los servicios básicos en Oaxaca. Más de 14 mil víveres fueron dispersados, más de 400 mil raciones de comida se sirvieron en los tres siguientes días a la tragedia.

Pero este nuevo México que hoy vivimos nos obliga a ser autocríticos, a tener la sensibilidad de entender qué es lo que le preocupa a la ciudadanía y es a todas luces evidente que ha habido un grave problema con la dispersión de los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción de viviendas y de escuelas en nuestro país.

Por poner solamente dos ejemplos, así me lo dijeron mis paisanos de Juchitán y de Ixtaltepec quienes recibieron 15 mil pesos en sus tarjetas del Fonden, y después estas tarjetas fueron clonadas y registraron movimientos en los estados de Jalisco y de Quintana Roo.

Este México que vivimos ahora exige una rendición de cuentas permanente, exige que tengamos la sensibilidad de darle una explicación a la ciudadanía, porque quienes perdieron una casa no solamente perdieron una vivienda, perdieron una historia de vida, de tantos sueños y anhelos que sus familias construyeron en esas viviendas.

Así, señor Secretario, con mucho respeto quisiera nos respondiera, ¿cómo ha gastado el gobierno federal los recursos destinados para la reconstrucción?

¿Qué acciones de transparencia ha tomado el gobierno federal para que la ciudadanía conozca el destino de estos recursos?

¿Y qué acciones se han llevado a cabo para evitar que los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción no lleguen a su destino?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Raúl Bolaños.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Con su venia, señor Presidente. Distinguidas y distinguidos Senadores.

Señor Secretario José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado de la República con motivo del Análisis del VI y último informe de gobierno, en materia de política económica, de la actual administración pública federal.

Doy inicio a mi intervención con una serie de interrogantes.

La primera de ella es: ¿Cómo se atreven a informar a la Nación que el país cuenta con finanzas públicas sanas, como lo acaba de comentar, cuando la economía ha crecido el 2 por ciento anual promedio, poco estimulante para la inversión y el desarrollo de una Nación con tantas necesidades, igualdad que ha persistido a lo largo de las últimas dos décadas, sin ser atendidas a fondo?

¿A qué le llaman los menores porcentajes de pobreza y de carencia social, desde que se tiene el registro, si existen 53 millones de mexicanos en pobreza, cuando el actual nivel del crecimiento económico no permite que su segmento importante de nuestra población, 53 millones de mexicanos, puedan satisfacer sus necesidades sociales básicas al encontrarse en situación de pobreza extrema?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cárdenas Mariscal.

Tiene el uso de la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Pueblo de México. Amigas y amigos de Colima:

Nos complace que esté presente el Secretario de Hacienda para dar la cara a la Nación ante la situación y análisis de la glosa del Informe Presidencial.

Queremos comenzar diciendo que más que señalar a un funcionario o grupo de funcionarios, nuestra crítica va hacia la terquedad del gobierno federal, de defender un modelo económico que ha fracasado y que para tratar de sobrevivir exige sólo más sacrificios a la población que menos beneficios económicos tiene.

La dinámica proteccionista de la economía estadounidense y la economía mundial, con el fracaso del modelo neoliberal, ha traído y traerá para nuestro país inestabilidad y reiterados ciclos de crisis económicas.

Si queremos que esto no suceda, debemos hacer ajustes del paradigma económico vigente para lograr un nuevo orden y contexto económico.

El gobierno saliente refiere que debemos ser optimistas por el solo hecho de que la economía de Estados Unidos y la economía mundial va mejorando y presenta un panorama favorable. La verdad es otra, ser optimistas en este momento es un acto de irresponsabilidad.

Sólo para citar un ejemplo, mientras los cálculos de la Secretaría de Hacienda son esperanzadores sobre un posible mejoramiento; en la economía mexicana, los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dicen lo contrario.

Basados en cifras reales, el panorama para México, hasta ahora, no es el más alentador y nuestro papel parece ser el de seguir siendo un país altamente dependiente y saqueado, sobre todo, por parte de los Estados Unidos de América con un acuerdo comercial desfavorable para el país.

Recientemente, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que la situación del país se encuentra en bancarrota y ha afirmado que en 30 años no ha habido crecimiento económico.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda afirma que México tiene finanzas públicas sanas, lo acaban de decir, una estabilidad financiera basada en finanzas públicas sólidas y una inflación que va en dirección de la meta fijada por el Banco Central.

Con los pelos de las crisis en la mano, nos inclinamos en compartir el diagnóstico del Presidente Electo.

Nos entregan un país en bancarrota, tal es el caso, por ejemplo, de la deuda externa, la cual ha tenido un crecimiento brutal, casi 108 mil millones de dólares más en este sexenio hasta el primer trimestre de 2018 y 173 mil millones de dólares adicionales en el de Felipe Calderón.

La trayectoria de crecimiento que marca el endeudamiento externo en México muestra los mayores saldos históricos en cuanto al incremento de éste durante los dos pasados sexenios.

En este sentido, la deuda externa es de 281 mil millones de dólares, mayor desde 2006, monto superior incluso a la suma acumulada del endeudamiento registrado de los seis sexenios anteriores.

En cuanto a la inversión extranjera directa, el gobierno saliente ha presumido un monto histórico, la cual, según sus cálculos, rebasaría los 192 mil millones de dólares; sin embargo, a la hora de desahogar tal cifra está llena de trucos contables que no ofrece la información correcta sobre los supuestos dineros que ingresan a la economía mexicana.

El discurso neoliberal saliente dista mucho de lo que es la realidad, el problema más evidente del neoliberalismo en México y en el mundo, han sido los beneficios que han tenido en pocas manos, mientras que las grandes mayorías han visto disminuir sus niveles de vida.

Debemos hablar con la verdad, el Partido del Trabajo suscribimos el discurso del Presidente Electo, de dar cuenta de la realidad económica y social que atraviesa el país es, sin duda, el primer paso para formular de manera adecuada la recuperación de la economía y la mejoría de las condiciones sociales de todas y todos los mexicanos.

Secretario, ¿considera usted que una transición sin contratiempos entre la administración saliente y la entrante puede dar sobre datos e interpretaciones erróneas?, o, ¿es preferible asumir a profundidad la crisis que nos han heredado?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Joel Padilla.

Tiene la palabra ahora, hasta por cinco minutos, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Compañeras y compañeros Senadores:

Qué bueno que hoy podemos escuchar de viva voz las explicaciones de muchas de las preguntas que nos hemos formulado y que se han formulado ya en este recinto.

Qué bueno que hoy está aquí el Secretario para explicarnos y seguramente las preguntas, como lo he podido ya escuchar también, habrá varias de las afirmaciones que vemos en los medios de comunicación, en donde se habla de los pocos beneficios económicos para las mexicanas y para los mexicanos, en donde se dice que no sólo no crecemos, sino que estamos en retroceso, que estamos afectando a la economía del país.

Y quisiera yo dar un ejemplo que toca directamente la economía familiar y la economía de las empresas.

El ejemplo, que estoy seguro, lo conoce usted muy bien, señor Secretario, es el del llamado "casetazo", que aquí se ha dejado de manifiesto.

El pasado 7 de septiembre se incrementaron las tarifas de las carreteras del país, de varias de las carreteras del país, este incremento fue repentino, fue inexplicable y, por supuesto, que resulta ofensivo para la economía nacional.

Todos aquí, compañeros legisladores y legisladoras, fuimos testigos de varias exposiciones, de planteamientos de compañeras y compañeros, cómo sin aviso, sin justificación se dio esta determinación.

Se decidió el costo de las casetas, en algunos casos alcanzaron incremento de hasta el 200 por ciento.

Esto me parece inadmisible, no debemos ni podemos tolerar más presión en los bolsillos de los ciudadanos. Es claro que va en contra, incluso, de lo que se manifiesta en el VI Informe de Gobierno, ahí se habla de que se ha construido y se han modernizado 52 autopistas, pero de qué sirven estas nuevas carreteras, de qué sirven estos nuevos caminos si no los van a poder usar porque cada vez están más caros y fuera del alcance de los bolsillos de la ciudadanía.

Señor Secretario, explíquenos usted, por favor, ¿por qué decidieron subir las tarifas?, ¿por qué ahora?, ¿por qué de esta forma repentina?, ¿quién resulta beneficiado con esta alza de precios en las carreteras del país, en donde todos nos movemos?

Tenemos ejemplos clarísimos: el libramiento de Reynosa, El Sur II, un incremento de 22 a 66 pesos; 200 por ciento de incremento.

¿Cuáles fueron los principios de Banobras para determinar el porcentaje en el aumento del peaje?, ¿cuál es el fundamento de Banobras?, ¿bajo qué instrucción es que se ha dado esta decisión de Capufe para actualizar las tarifas en el peaje de la red de carretera, Fonadin, comunicada el 6 de septiembre?

¿Cuáles fueron estas motivaciones y a quién beneficia?, y, ¿por qué de lo repentino de esta toma de decisión, señor Secretario?

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera Espinosa.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Buenas tardes. Secretario, bienvenido.

Escogemos aquí para no darle la espalda.

Ya mucho se ha dicho por los compañeros, yo inicio diciendo que hubiera deseado tener a Luis Videgaray, como autor de la reforma tributaria o a Meade, del "gasolinazo". Sin embargo, pues le toca a usted.

Voy a señalar, a nuestro juicio, dos temas que se hicieron mal y uno que se dejó de hacer.

El primero que estimamos se hizo mal es, sin duda, la reforma fiscal, una reforma fiscal tóxica.

Esta reforma lejos de ir por los que más tienen, por los pudientes, se enfocó en los cautivos de siempre, en la clase media, en los pobres, se crea el IEPS al alimento procesado, a la bebida, a la gasolina, tres IEPS más IVA a la gasolina; a telecomunicaciones, cerveza, cigarro, etcétera.

Esos pobres cautivos pagan el 35 de ISR, 16 de IVA, 8 de IEPS, "gasolinazo", faltan luego los estatales como nómina, tenencia, predial, gas, luz. Nos exprimen.

¿Y por qué la tasa alta sigue pagando un cinco o los grandotes que con consolidación pagan cero?, ¿por qué?

Pero lo más lamentable, y sale hoy en uno de los medios, es los "factureros", la compra-venta de facturas donde ocho mil 500 empresas detectadas, las que conocemos ya en la lista negra del 69-B, amparan operaciones por dos billones de pesos.

Esos valores de esas facturas erosionan el 30 por ciento de ISR, evaden 600 mil millones y también erosionan el 16 de IVA, otros 300 mil. Es decir, un billón, si es persona física por la tasa del 35, pierde el Estado, porque no pudimos ir por esos delincuentes que merecen estar en la cárcel y que hasta sirven para amparar corrupción señalada en algunos medios, de los Duarte, los Medina, Rosario Robles.

Un billón perdemos con los "factureros", 500 mil se estima con los "Panama Papers", el "offshore", los paraísos fiscales, 400 mil perdemos con ese "outsourcing", cascarón ilegal que se come el producto de los trabajadores, 80 mil condonados, 46 mil incobrables. Dos billones que se pudieron ir a educación, a hospitales, se quedaron en la evasión fiscal.

Pregunta: ¿Sirvió la reforma tributaria y fiscal de 2013?

Otro tema que nos sorprende, pues es la deuda pública, ya llegamos a 10.5 billones, la más alta en la historia. Pero al mismo tiempo y de manera recíproca, la menor inversión en los últimos años, de un margen de siete por ciento, hoy cerramos con tres.

Y aquí lo que se pregunta es: Pues son unos genios, unos genios para la deuda.

Al final la "reforma tóxica" si bien se aumentó de 8 a 17, ¿dónde quedó todo ese dinero que se logró recaudar de los menos favorecidos?

Y por último, y no lo dejo pasar, federalismo Fiscal.

No se abordó, nos siguen castigando. A Nuevo León de cada peso, nos regresan una quinta parte, es como dejar en un barco que quien lleva el timón permita que cinco remen y 25 aplaudan.

Urge una quinta convención hacendaria.

¡Ya basta!

Y cierro con lo que decía mi compañero Álvarez Icaza.

Ramo 23: 100 veces más el Estado de México que Nuevo León, 120 veces más de Chihuahua.

Mi estimado Senador, ¿cómo nos fue en Coahuila?

Estas son las respuestas que quiere el pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Sepúlveda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Muy buenas tardes. Con su venia, señor Presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros Senadores:

Señor Secretario, sean usted bienvenido a este solemne recinto.

Y aprovecho también a saludar al equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, extraordinarios servidores públicos y funcionarios que están también hoy por acá y nos acompañan en esta sesión el día de hoy.

Agradecemos su presencia, señor Secretario, en este ejercicio de diálogo republicano entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es piedra angular y muy necesaria para los pesos y contrapesos que requiere nuestro país para promover mejores políticas y leyes en beneficio de las y los mexicanos.

Antes que nada, deseo expresar nuestro reconocimiento por el trabajo realizado para que los mexicanos cuenten con un pilar indispensable para el desarrollo: finanzas públicas sanas.

En muchas ocasiones se habla de la estabilidad macroeconómica como algo etéreo,     que no tiene conexión con la vida diaria de los ciudadanos, y déjenme decirles que no es así.

El que esta administración entregue un país con finanzas públicas sanas, implica que nuestro país genera confianza en los mercados nacionales e internacionales, misma que es avalada por ciertos grados de inversión y perspectivas positivas otorgados por las agencias calificadoras y, a su vez, estas buenas calificaciones y perspectivas hacen que los inversionistas nacionales y extranjeros estén dispuestos a invertir en nuestro país y de esta forma se generen empleos que nos benefician a todos.

Sin inversión no hay empleos y sin empleos no hay prosperidad para las familias mexicanas. Así de claro este vínculo.

Y las fianzas públicas sanas se reflejan también en tasas de interés cada vez más competitivas, como ya señalaba la evolución el señor Secretario, inflación de acuerdo a los rangos y en un tipo de cambio que amortigua los llamados "choques externos o eventos de riesgo" que ocurren en el exterior y que ya se ha expresado, muchos de los cuales se han enfrentado en los últimos años.

Ello implica, por ejemplo, que los costos de las hipotecas no se disparen, que el crédito automotriz no se eleve o que los préstamos que adquieren pequeñas y medianas empresas para crearse y crecer, permanezcan estables o no crezcan de manera exorbitante.

Así de importante es la estabilidad financiera para los ciudadanos y nada que se quiera hacer en materia de combate a la pobreza y nada que se quiera hacer en materia de desarrollo social, se puede hacer sin tener como prerrequisito, tener finanzas estables y finanzas públicas sanas.

Justamente uno de los pilares de las finanzas públicas sanas, es contar con una deuda financiable y sostenible.

Esto ha sido parte central de la estrategia económica de la presente administración.

Recordemos que en los años 90's los niveles de deuda llegaron a ser superiores al 100 por ciento del PIB y, en cambio, hoy nos encontramos de acuerdo a las perspectivas que nos sometió a revisión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su último reporte, se espera que esta relación entre la deuda-PIB acabe este año en 45.5 por ciento.

Además, esta deuda tiene una estructura sana, ya que el 77 por ciento del saldo está en moneda nacional, lo que nos hace menos vulnerables a vaivenes en el tipo de cambio, y los plazos promedio de vencimientos son más de 20 años para la deuda externa.

No obstante lo anterior, ha habido sucesos que han implicado un incremento en el costo financiero de la deuda; consideramos de suma valía, señor Secretario, que le pudiera explicar a los mexicanos las razones detrás de este aumento y sus implicaciones para las finanzas públicas del país.

Por sus respuestas, señor Secretario, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El Senador Raúl Paz Alonzo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Secretario José Antonio González Anaya.

Desde la Secretaría que usted dirige, se presumen los históricos ingresos tributarios alcanzados por el gobierno federal, donde la recaudación del impuesto sobre la renta creció en un 64 por ciento.

La pregunta es, ¿dónde quedaron estos recursos?

El gobierno priísta que usted representa justificó que esos recursos serían utilizados para atender de forma eficiente las necesidades básicas de la población, robustecer la seguridad social y apoyar a las familias de menos ingresos. Eso, Secretario, usted lo sabe, y además lo sabe bien, eso nunca pasó.

Los recursos económicos que recibió el gobierno por vía de la recaudación no fueron utilizados para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, prueba de ello, enlistaré cinco ejemplos que hablan por sí solos.

Primero, la reducción en gasto en inversión física, que incluye la inversión en infraestructura social, se contrajo en un 31 por ciento de 2014 al 2017.

Segundo, el gasto ejercido también programado para la superación de la pobreza cayó en un 10 por ciento en ese mismo periodo.

En programas del sector salud los recursos disminuyeron en un 7 por ciento. En desarrollo social bajaron un 8 por ciento, y los de desarrollo agrario, territorial y urbano se desplomaron en un 70 por ciento.

Estos datos nos llevan a preguntarle, ¿a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos extras que obtuvo el gobierno, producto de la tóxica reforma fiscal?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el país con más desigualdad de los 34 Estados miembros de esta organización internacional.

En este país 68.4 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social, así como 24.6 millones no tienen acceso a la alimentación, y así como también 23.7 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos en la vivienda.

Por otro lado, 20 millones aún carecen de acceso a los servicios de salud y por último, 14.8 millones de personas que carecen de espacios y viviendas de calidad.

Señor Secretario, después de escuchar estas cifras, ¿qué explicación le puede dar a las familias mexicanas?

Otros de los cambios fiscales con afán recaudatorio que perjudicaron la economía de las y los mexicanos fue el aumento del 11 al 16 por ciento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza, que afectó directamente la actividad económica de miles de micro y pequeñas empresas al ponerlas en clara desventaja competitiva con respecto a las tasas menores de impuesto al consumo que existen del lado estadounidense.

A estas acciones contraproducentes hay que sumar la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes que facilitaba el pago de impuestos a los micro y pequeños empresarios; el incremento del impuesto especial a los combustibles y la reducción del monto máximo de deducciones.

Los ingresos tributarios adicionales, lejos de reflejarse en mayores obras y beneficio para las personas, como lo demuestran los propios datos de la dependencia a su cargo, únicamente sirvieron para engrosar la burocracia, el aumento descontrolado del gasto corriente en esta administración es evidente.

Ahí le va otro ejemplo. En el 2012 el gasto corriente del sector público federal, es decir, lo que destina al pago de salarios, servicios y bienes del gobierno, ascendía a 2.92 billones de pesos, mientras que en el 2017 alcanzó los 4.39 billones de pesos; es decir, el gasto corriente durante el gobierno del PRI creció en un 50 por ciento en tan solo cinco años.

Señor Secretario, nos gustaría que nos respondiera, ¿por qué el gobierno federal metió las manos en los bolsillos de los contribuyentes para utilizar esos recursos a engordar la burocracia, y no los invirtió, por ejemplo, en infraestructura, creación de empleos, mejoramiento de viviendas, cobertura de salud o superación de la pobreza? ¿Qué pasó con el principio de austeridad? ¿Cuál fue el criterio del gobierno federal para definir las prioridades del gasto de los recursos públicos?

Porque, tan solo en el 2017 el PRI gastó más de 8 mil millones de pesos en comunicación social, repito, 8 mil millones de pesos en comunicación social, contra 5.9 mil millones de pesos que destinó a programas de superación a la pobreza, desarrollo agrario, territorial y urbano.

Por lo visto, en su orden de prioridades, fue más importante la imagen de los funcionarios públicos que resolver los graves problemas de desigualdad que enfrenta nuestro país.

Señoras y señores Senadores, señor Secretario. El saldo de los seis años de política fiscal de este gobierno ha sido, por llamarlo lo menos desastroso.

México dejó de crecer, perdimos la estabilidad que tanto nos costó construir y millones de familias han visto un importante deterioro en su economía.

En resumen, la política financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración fue un rotundo fracaso.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Raúl Paz.

Para cerrar esta ronda de preguntas, tiene la palabra el Senador José Luis Pech Várgues, del grupo parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El Senador José Luis Pech Várguez: Con su permiso, señor Presidente.

Agradeciendo la visita del señor Secretario, quisiera expresar que las cifras que nos presenta nos dicen que el gobierno va muy bien, que el país va muy bien, y la pregunta que nos hacemos es, ¿bien para quién?, porque en su criterio y en su visión el país va extraordinario.

No hay duda que hay unos pocos que les va muy bien, pero hay una inmensa mayoría que le va muy mal.

Y es que hay un problema de visión, el gobierno ha perdido de vista para quién trabaja, ha olvidado su razón de ser, ha perdido la visión de Estado, para dedicarse a servir a un modelo económico devastador.

Vale la pena recordarle al señor Secretario, que representa a este gobierno, que la humanidad en su evolución, en algún momento, decidió que era necesario darnos gobierno y crear el Estado, ese ente jurídico que nos permitía delimitar, proteger nuestro territorio, definir las leyes que íbamos a respetar y cuidar que todos tengamos acceso a aquellos que no podemos procurarnos de manera individual, como la educación pública, la salud, la justicia, los servicios públicos, agua, drenaje, transporte, porque otros servicios representan los derechos humanos básicos que necesitamos para vivir y evolucionar armónicamente, todos como sociedad.

Eso permite que aquel que nace pobre o con alguna limitación también encuentre vías para su desarrollo.

Pero cuando el gobierno considera que es un mal administrador de los servicios de agua potable y que no tiene dinero para invertir y, en consecuencia, hay que privatizarlos, es cuando se evidencia que se ha perdido la visión de Estado.

Este gobierno, cuando acepte ese razonamiento, no se da cuenta que está decidiendo que quien no tiene agua para pagar un agua sana se quedará sin ella y olvida que el agua es un derecho humano y que la humanidad se han dado gobiernos con visión de Estado precisamente para salvaguardar los derechos básicos de todos.

Por eso, el 1° de julio 30 millones de mexicanos salieron a votar para recordarle al gobierno, a todos los gobiernos, lo que no deben de olvidar.

Hay muy poco dinero para los estados y los municipios, y el dinero que hay es insuficiente. Y como tienen poco dinero se les ofrece endeudamientos para que puedan crecer, solamente que ese endeudamiento ya va cargado de sus dosis de corrupción para los bancos, para los que los contratan, para los que ejercen obras que no hacen falta y que al final no resuelven los beneficios de la sociedad. Ese modelo económico, que hoy se aplica, no genera desarrollo y tiene endeudados a los gobiernos federales, estatales y municipales.

Pareciera que se quiere tener gobiernos siempre endeudados, sin capacidad de acción y hambrientos de endeudamiento. La gente va muy mal, pero los bancos internacionales hoy ganan más dinero en México que en sus países de origen, y es que tienen excelentes clientes, gobiernos con sus participaciones gravadas que pagan puntualmente y que siempre están dispuestos por la escasez de recursos a seguirse endeudando. Excelente negocio, gran macroeconomía, pero que no se traduce en una buena microeconomía familiar.

Me hacía la pregunta, ¿por qué siempre a México le hace falta dinero para su desarrollo? Y encontré a un autor que explicaba que uno de los problemas que también tiene México es que recauda mal.

Me aboqué a analizar los datos y encontré que con los datos de 2016, ahora me podrá aclarar los del 2017, en América Latina de los 25 países evaluados se medía la eficacia recaudatoria de sus gobiernos, es decir, cuánto representaban sus impuestos, los impuestos obtenidos con respecto al PIB.

Y resulta que Brasil recauda un 32.2 por ciento de su PIB; Argentina el 31.3; Nicaragua el 22.6; México el 17.2; Guatemala el peor, el 12.6.

México ocupaba en el 2016 el veinteavo lugar, estábamos abajito, mero abajo, pero si el 17.2 que recauda México le quitamos el 5.5 de impuestos que representa el petróleo, bajamos a 11.7 y, en consecuencia, somos el peor, peor que Guatemala inclusive.

Con las altas tasas impositivas que tenemos, nos preguntamos, ¿por qué es tan mala la recaudación?

Chile tiene 20.4, pero tiene tasas impositivas bajas y crece bien, pero nosotros tenemos altas tasas impositivas y crecemos mal.

Con estos niveles de recaudación nunca va a dar dinero para resolver los problemas nacionales.

Aprovecho para comentarle que es una lástima que no haya aprovechado usted para comparar el crecimiento poblacional del país contra el crecimiento económico que tenemos para ver por qué nos va mal.

Recaudamos muy poco, pero tenemos altas tasas impositivas y entonces no cuadran los datos. Pareciera que en este país hay muchos pequeños causantes cautivos que sí pagan, mientras hay grandes empresas y consorcios que pagan muy poco o no pagan.

No lo aburro, Secretario, le voy a hacer tres preguntas.

La primera, ¿por qué el gobierno federal mexicano recauda tampoco y es el peor de América Latina?

Ya no lo comparo con Europa que está por arriba del 40 por ciento en su recaudación.

La segunda, ¿el gobierno es malo para recaudar o realmente lo que busca es que los gobiernos estén permanentemente endeudados y les siga yendo bien a los dueños o a los beneficios actuales de la macroeconomía?

Y tercero, ¿por qué no nos ilustra diciendo cuánto representa el total de los impuestos recaudados de las grandes empresas en México con respecto al total recaudado?

Gracias, Secretario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador José Luis Pech.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han hecho.

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Senadoras y Senadores. Con su venia, señor Presidente.

Antes que nada quisiera agradecer las preguntas y los comentarios de todos los Senadores y Senadoras que tuvieron la oportunidad de hacer un planteamiento antes aquí; es y amerita una discusión larga y fructífera y un diálogo hacia adelante.

Se han tocado un gran número de temas y yo me atrevería a decir los temas trascendentales y más importantes para el país.

En alguno de los casos hubo intersección sobre los temas, entonces yo quisiera más que ir en un orden estricto de cada una de las preguntas, tocar varios temas a la vez y tratar de cubrir todos los cuestionamientos que se me hicieron, y que invito, más que a responder y a contraargumentar, a una reflexión alrededor de la mayoría de estos temas.

En primer lugar, una observación recurrente de varios de los Senadores y Senadoras es alrededor del crecimiento económico y su impacto en la población en general. Así lo comentó, aunque no lo mencionaré, a todos y a algunos por omisión, la Senadora María Antonia Cárdenas, así lo comentó Samuel García, así lo comentó Raúl Paz Alonzo, del PAN e incluso José Luis Pech, de Morena.

Hago una reflexión, este crecimiento que ha tenido la economía durante esta administración de 2.5, sin duda no es el crecimiento que deseamos, no es el crecimiento al que aspiramos; sin embargo, déjenme tratar de ponerlo en contexto y tratar de explicar cuál es la situación y cuáles son las restricciones y cuáles son también, en algún sentido, los beneficios que esto ha tenido.

En el país, como lo mencioné, enfrentamos unos choques importantes, se cayó el precio del petróleo 70 por ciento. Esto si lo ponemos en un contexto histórico es una cifra enorme, muchos recordamos que a principios de los 80's cuando se cayó el precio del petróleo y existió la crisis de la deuda, el precio del petróleo en ese entonces se cayó 22 por ciento, esta vez se cayó 70 por ciento.

Es interesante que en ese momento la recesión que esto detonó fue enorme, se cayó la economía 5 por ciento en esa época. Mientras que ahora crecimos en promedio, como ya se mencionó, y se hizo de manera sostenida.

Además, la economía americana tuvo una recesión. Cuando en el 2008 y 2009 la economía americana se contrajo 15 por ciento, la economía mexicana cayó 9 por ciento, aquí la economía americana cae 2 por ciento y la economía mexicana continúa creciendo.

El promedio, y no es un tema de hacer comparaciones por administración, pero el crecimiento en esta administración se compara favorablemente con otras administraciones.

Más importante, crecimos más que nuestros pares, crecimos más que Colombia, más que Estados Unidos, más que Chile, más que Argentina y más que Brasil.

El entorno económico no dio para más, pero sí se logró tener un crecimiento sostenido durante todo este tiempo.

Esto ha repercutido en una mejora, insisto, no la que queremos y no la que deseamos, en algunos de los indicadores de la pobreza; la pobreza extrema cayó de 2012 al 2016, en cuatro años de 9.8 a 7.6 la pobreza extrema es inadmisible, tenemos que buscar reducirla y eliminarla, sin embargo sí es alentador que dos millones de personas hayan dejado de estar en esta condición, también es alentador que se hayan mejorado algunos de los indicadores, por ejemplo, el porcentaje de niños que van a la escuela entre 3 y 5 años en el 2012 era de 73 por ciento, hoy es del 77, el porcentaje de personas que tienen carencias a servicios de salud se ha disminuido de 21 por ciento a 15, el objetivo es que sea cero, sin duda alguna, pero es alentador, creo yo, que se hayan mejorado algunos de estos indicadores.

Sobre esta reflexión, reitero, quisiéramos crecer más, quisiéramos abatir la pobreza más rápidamente, pero los desarrollos que han ocurrido durante esta administración, sin duda alguna, son alentadores y son contundentes y es alentador que puedan seguir hacia adelante.

La segunda reflexión es alrededor de la deuda del país, en este sentido es importante medir la deuda como porcentaje de nuestra economía, y aquí hago dos reflexiones, ciertamente la deuda aumentó en la primera parte de la administración, pero de hecho la deuda venía aumentando desde la crisis de 2008, la deuda en el 2007 era de 28 por ciento del PIB y empezó a crecer con la crisis.

Esto es incluso razonable, porque se tiene que buscar tener un gasto contracíclico, pero lo interesante es que después de que en el 2015 llegó a un máximo de 46 por  ciento y de ahí en el 2016 de 48 por ciento tenemos una trayectoria descendente de la deuda.

Esta es quizás la parte más importante de las reflexiones de la deuda, tenemos una trayectoria de la deuda sostenible y que va en un proceso hacia abajo, más aún, tenemos una deuda de mucho mejor calidad, el porcentaje de deuda en moneda nacional pasó del 20 por ciento en 1995 a 76 por ciento hoy, el vencimiento promedio, el plazo de la deuda pasó de menos de un año a más de 8 años, pasó también el porcentaje de deuda en tasa fija, de 11 por ciento a 80 por ciento.

Esto nos explica por qué, aunque se han duplicado las tasas de interés a nivel nacional, recientemente, y se han cuadruplicado las tasas de interés a nivel internacional, el costo de la deuda que, sin duda, ha subido, y haré una reflexión del gasto en unos minutos, no ha subido tanto como pudo haber subido si no tuviéramos estas calificaciones en la deuda.

Más aún, el nivel de la deuda en México, como porcentaje de PIB, es "razonable", 45 puntos del PIB es la mitad de la deuda que tenemos, que hay en Estados Unidos, la mitad de la deuda que hay en España, cerca del 40 por ciento menos de lo que hay en Brasil, la cuarta parte de lo que hay en Japón.

Sin duda, quisiéramos tener una deuda en un nivel inferior, pero el tener una trayectoria descendente, un superávit primario, como le llamamos en Hacienda, nos permite ir bajando la deuda, y el incremento que hubo en la deuda durante este sexenio es explicable, se va a aumentar más o menos 8 puntos del PIB, de estos un poco más de tres puntos de PIB se deben al movimiento en el tipo de cambio, el tener una deuda externa, esto aumenta la deuda.

Otros poco menos de dos puntos del PIB se dan a una operación interesante, el proceso de transparentar la deuda de pensiones, de dos organismos grandes del sistema mexicano que es Pemex y CFE, esa deuda no aumenta, se transparentó y se documentó.

Finalmente tres puntos sí son de invertir en infraestructura y en lo que ha ocurrido.

La siguiente reflexión fue alrededor de la reforma hacendaria, la reforma hacendaria aumentó más o menos en 5 puntos del PIB, la recaudación de ingresos tributarios. Esto tiene varios efectos, se comentó por el Senador José Luis Pech, hizo alguna comparación alrededor de nuestra recaudación tributaria con otros países, y es correcto, es baja, pero era mucho más baja antes.

Este incremento nos permitió reducir nuestra dependencia en los ingresos petroleros, esto es fundamental, y esto explica por qué se puede caer el precio del petróleo, 70 por ciento y no hay un problema grave de finanzas públicas; además, la reforma fiscal tuvo otros impactos, lo que se busca es que manteniendo las mismas tasas, precisamente como se mencionó, se vaya recaudando más, eliminando, ciertas facilidades que existían para tratar de hacer la recaudación más equitativa.

Para darles un ejemplo, el número de contribuyentes durante este sexenio aumentó de 38 millones a más de 60 millones, es un aumento increíble, se repartió la carga de manera bien importante entre más y más contribuyentes.

También esto permitió tocar otro tema que se comentó, el tema de las empresas que ahora se han llamado "fantasmas", desgraciadamente este es un vehículo que han utilizado delincuentes para ocultar su identidad, lavar dinero, etcétera. Desde que esto empezó se detonó.

El SAT cuenta con la atribución de identificar y publicar las empresas, el SAT publica a las empresas fantasmas cada 15 días. En promedio hemos publicado 400 al mes.

Tenemos 8 mil 570 empresas fantasmas que han facturado una cantidad enorme de recursos. A través de estas publicaciones hemos logrado recaudar cerca de 10 mil millones de pesos.

Desde entonces, precisamente para eliminar la inscripción de estos, hemos hecho el proceso de inscripción a empresas más riguroso, y el SAT realiza un análisis de riesgo en cada una de las empresas.

Es interesante, en el 43 por ciento, cuando el SAT detecta un riesgo, las personas se han desistido del trámite. Esto también nos ha permitido, en el tema que también se comentó, de los paraísos fiscales.

Las investigaciones alrededor de los Panama Papers, como se llaman, nos han permitido recaudar 847 millones de pesos; de los de Bahamas, 760 millones de pesos; de los Paradise Papers, casi 40 millones de pesos, y también le permitió a la Secretaría de Hacienda actuar, en el ámbito de sus atribuciones, proveyendo información y sancionado las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido de lo que se llama "La estafa maestra".

De los 186 contribuyentes involucrados en un reporte público, 16 de esas empresas ya habían sido publicadas; de las 170 restantes, 62 fueron publicadas ya, y 107 no encuentran en esos supuestos; 35 han sido sujetas a auditorías fiscales, lo que ha permitido recuperar 100 millones de pesos, así como determinar créditos fiscales por 5 mil millones de pesos.

También esto ha permitido, en el orden de ideas del pacto fiscal, aumentar las participaciones a los estados cerca de 28 por ciento durante esta administración. Esto es un crecimiento de más del 3 por ciento, el fondo de participaciones aumentó de 5 mil millones de pesos a casi 800 mil millones de pesos, y las participaciones como porcentaje del PIB han aumentado de manera significativa, que nos lleva a la pregunta y una reflexión alrededor del gasto, que también fue comentado por varios de los Senadores y Senadoras.

En el gasto hay que tener varias cuestiones en mente que lo hacen difícil. Por un lado, acabo de argumentar que se aumentó la recaudación con la reforma fiscal. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que se cayeron los ingresos petroleros y, de hecho, casi es uno a uno la caída en los ingresos petroleros lo que reemplaza los ingresos de la reforma fiscal, no se diseñó así, no fue hecha para eso, no sabíamos qué se iba a caer el precio del petróleo, pero se cayó. Lo que sí sabemos hoy, es que gracias a eso no tuvimos un problema de gasto de finanzas públicas.

Algunas reflexiones alrededor de esto. El gasto corriente del sector público se mantuvo casi constante en términos reales.

Durante toda la administración aumentó 1 por ciento.

El gasto de desarrollo social se protegió y, de hecho se aumentó ligeramente en términos reales.

El gasto en salud, pasó de 500, doy algunas cifras, aunque son muchísimas las cifras, de 562 mil millones de pesos a 574 mil millones de pesos.

El gasto en educación también aumentó.

La inversión pública amerita una reflexión un poco más amplia, que tuvo que acomodar, algo que comenté, alrededor de la deuda.

El costo financiero aumentó por las razones que comenté.

Aumentaron las tasas de interés y se modificó el tipo de cambio.

El acomodo en la inversión pública fue necesario. La mayor parte de esta reducción en la inversión pública provino del sector energético, y esto, pues me tocó a mí hacerlo cuando estaba yo en Pemex, era fundamental.

Y si yo les demostrara o les podría argumentar convincentemente que la mayoría de las compañías petroleras en el mundo tuvieron que recortar su inversión debido a la caída en los precios del petróleo, Pemex lo tuvo que hacer también.

Una gran explicación de la disminución en la inversión pública se debe a la reducción de la inversión en Pemex.

Sin embargo, una cuestión que es importante. Debido a las reformas que se hicieron en conjunción con el Congreso de la Unión, la inversión, que podemos llamarla de muchas maneras, la inversión impulsada, la inversión privada, detonada por las reformas estructurales es enorme.

No quiero ser exacto, ni preciso, porque es una revisión un tanto anecdótica, pero podemos ver que la reforma energética ha detonado cerca 140 mil millones de pesos, que ya se ejerció.

Una buena parte viene en la construcción de los gasoductos, que en su mayor parte van a ser utilizados por la CFE, pero también por el resto de la industria.

Las rondas petroleras ya se han detonado, se han traducido en incrementar la inversión.

Las subastas eléctricas se han incrementado cerca de 100 mil millones de pesos, la inversión en generación; las asociaciones públicas privadas en salud, también lo ha hecho; en telecomunicaciones, la red compartida, la red troncal; el Puerto de Veracruz ha detonado inversión privada de manera bien importante, también el mismo aeropuerto, etcétera.

¿Qué queremos decir? Que esto ocurrió, y ocurrió no sólo a nivel micro, en Pemex, en CFE, en SCT, en donde aunque la inversión pública bajó, en una gran parte, pues fue compensada por un incremento en la inversión privada, y así vemos que la inversión total en el país se ha mantenido a un ritmo razonable, quisiéramos que fuera mayor, no hay duda de eso.

Por eso se está trabajando en buscar nuevas oportunidades, quizás una importante es la del Tratado de Libre Comercio que estoy seguro que el Secretario de Economía podrá elaborar sobre estos temas.

Alrededor, por ejemplo, me permite tocar otro tema que comentó el Senador Mancera, alrededor del ajuste en las tarifas en las carreteras.

Para poder construir carreteras, se tiene que poder pagar con los flujos hacia adelante. El ajuste que se hizo fue de 5.5 en promedio de todas las carreteras.

Los datos que usted mencionó, tomamos nota y los vamos a revisar, porque ese no fue el objetivo, ni lo que se trataba de hacer. Esto, lo que permite, es pagar la inversión, mantener el fondo de infraestructura funcionando y permitiendo continuar con las inversiones hacia adelante y, sobre todo, el mantenimiento.

Entonces, los beneficiarios al final de este incremento de 5.5, que lo que buscaba era resarcir los incrementos en inflación.

Si nosotros viéramos, y lo haremos llegar, las tarifas por kilómetro de las carreteras del Fonadin, se han mantenido en términos reales casi exactamente.

Alrededor de algunos de los otros temas que se tocaron, que de lo contrario sería yo omiso. El tema de la reconstrucción, México ha gastado, el gobierno federal, déjeme decirlo con más cuidado, el sector público ha gastado cerca de 38 mil millones de pesos.

El gobierno federal, a cargo del Fonden, 29 mil millones de pesos y las aportaciones estatales han sido cerca de 8 mil millones de pesos.

El sector asegurador tiene asegurados a dependencias privadas, otros 20 mil, y a los privados, 32 mil.

Todo esto hemos buscado hacerlo de la manera más transparente posible, así una buena parte de estos recursos se distribuyeron a través de las tarjetas que distribuyó Bansefi, en las cuales se buscaron y hubo algún tema de algunas clonaciones, que lo primero que a mí me gustaría decir es que nunca se dañó al que recibió la tarjeta; si la tarjeta se clonó se le reemplazó, y sí hubo cerca de 250 tarjetas que fueron clonadas, nadie de los beneficiados fue dañado, y lo que sí podemos decir es que se repartieron 225 mil tarjetas, entonces el proceso ha estado más o menos acotado.

Alrededor del tema de la transparencia presupuestal, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo enorme, de poner la mayor cantidad de información en los portales de Internet en todos los sentidos, esto incluye las transferencias a los estados, las transferencias por todos los medios incluso, todos los convenios del Ramo 23 están a la vista de todos y están claros cómo se fueron haciendo y con estricto apego a la normatividad aplicable.

Y pues con eso yo terminaría algunas o las reflexiones que se hicieron en los temas, en algunos otros temas más puntuales que se comentaron para yo no excederme de tiempo, con gusto poder platicar de manera clara con algunos ustedes y aclarar los temas de la manera más posible.

No me queda más que agradecerles la oportunidad que me han dejado para poder tener este diálogo, espero la segunda ronda de cuestionamientos y de preguntas para tratar de redondear estos temas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Doctor González Anaya.

Como lo señala el numeral 4 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado, damos paso a la segunda ronda de preguntas. Si algún Senador o Senadora tuviera otras preguntas, porque aquí el Senador J. Félix Salgado Macedonio nos pasó una pregunta.

Le ruego que se pueda canalizar a través de los oradores correspondientes de su grupo parlamentario.

Sonido en el escaño del Senador J. Félix Salgado.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Señor Secretario de Hacienda.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, permítame, Senador.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Le fue entregado de acuerdo…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, le entregamos la tarjeta que usted nos dio.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Le hice una pregunta por escrito concretamente, ¿a cuánto asciende la deuda externa en este país?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le pido, Senador, que pueda a través de los oradores correspondientes formular la pregunta, de tal manera que se mantenga la equidad en el número de oradores de las bancadas.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Pero también hubo un Acuerdo, que se pueden hacer las preguntas por escrito, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pero a través de sus…

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Le hice la pregunta por escrito pero no me la contesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Félix Salgado.

Se concede el uso de la palabra al Senador Eduardo Enrique Murat, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimadas Senadoras. Muy buenas tardes, estimados Senadores. Compañeros todos.

Señor Secretario, Doctor José Antonio González Anaya.

Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo que hoy nos da la oportunidad de analizar de manera abierta, constructiva y democrática la situación económica nacional y subnacional.

En años pasados observamos un acelerado crecimiento de la deuda en algunas entidades del país, el crecimiento se realizó sin muchos controles y sin vigilancia de parte de las autoridades tanto locales como las federales, esto ocasionó un serio problema en sus finanzas públicas distrayendo el uso de los recursos públicos de manera eficiente.

Ante la necesidad de controles más eficientes se reformó la Constitución para establecer con puntualidad que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

Y en 2016 se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como otras reformas en la materia.

Esta ley, la cual como su nombre lo indica, busca disciplinar a los estados en su manera de endeudarse, al mismo tiempo que obliga a una mayor responsabilidad y ordenamiento de las finanzas públicas mediante la implementación de diversas disposiciones obligatorias para los estados, sus municipios y organismos públicos, como es el Sistema de Alertas, el Registro Público Único y el Techo de Financiamiento Neto.

La ley tuvo como propósito ser un mecanismo preventivo, proactivo, y ser un instrumento eficaz de política pública responsable para generar mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público, contribuir al mejor comportamiento de la deuda pública local e implementar medidas de control financiero que tanto se necesitan.

En lo que va de la administración hemos observado que la deuda subnacional ha mostrado un crecimiento del 30 por ciento y, a nosotros, en el Partido Verde nos preocupa la situación que se vivió en la administración anterior y no queremos que se vuelva a repetir.

Para mi partido es fundamental que los gobiernos subnacionales lleven a cabo un manejo responsable de sus finanzas públicas, y con ello logren un desarrollo económico sostenido y sustentable con un endeudamiento responsable e inversiones públicas productivas.

Es de vital importancia seguir con la aplicación de la norma y los mecanismos de disciplina financiera que eviten el uso discrecional de los recursos públicos, sobre todo aquellos generados a partir del endeudamiento.

Es fundamental tener siempre en mente y continuar con los ejercicios de fiscalización, trasparencia y rendición de cuentas.

Acaba de mencionar usted, Secretario, que el nivel de la deuda como porcentaje del PIB es razonable, 45 puntos del PIB, si escuché bien.

Dada la relevancia del tema, quisiéramos escuchar de viva voz la visión de la propia Secretaría al respecto, y es por ello, doctor González Anaya, que le preguntamos, ¿hasta qué punto la deuda de los estados es una preocupación sistemática y qué se ha hecho para contener los riesgos inherentes a ese crecimiento?

También si nos puede dar cuenta ante la más Alta tribuna y darnos testimonio cómo están entregando las finanzas públicas de acuerdo a los indicadores internacionales, incluyendo a las calificadoras.

Quedamos atentos de su respuesta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Eduardo Murat.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: Con su venia, señor Presidente.

Mi discurso es corto y breve porque ya todos sabemos que México ha sido saqueado por miles y millones de pesos por todas esas personas corruptas. Aquí en nuestro México es lo que más impera, la corrupción, por eso estamos como estamos.

Señor Secretario, doctor González Anaya, en su calidad de Secretario de Hacienda y Crédito Público, le hacemos de manera respetuosa las siguientes preguntas:

Primero. Saber cuál es el estado que guarda los niveles de deuda pública, cuál es el nivel cierto del endeudamiento y cómo queda este tema para la próxima administración de nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Por favor, le solicitamos desde el Senado de la República, nos dé certeza de ello. Ya no queremos gobierno rico con pueblo pobre.

Y para cerrar, señor Secretario, con todo el respeto que usted me merece. Usted aquí al principio hizo un juramento y yo le pregunto, señor Secretario: ¿Usted podría vivir o subsistir con un salario mínimo?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Cárdenas Mariscal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La Senador Cora Cecilia Pinedo Alonso: Buenas tardes, Secretario. Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea.

Sea usted bienvenido al Senado de la República a este ejercicio de diálogo.

Cumplimos así con lo establecido en la Constitución, dando inicio a la revisión del desempeño del Ejecutivo en la materia que es competencia.

En su mensaje inicial nos presenta un escenario que debería dejarnos con una sensación de confianza, pues de acuerdo con sus datos tenemos unas finanzas públicas sanas, un endeudamiento que está por debajo de los estándares internacionales en cuanto a su relación con el Producto Interno Bruto y una perspectiva con crecimiento, que si bien no es el que el país necesita, a fin de cuentas es positivo.

Sin embargo, un análisis más puntual de las finanzas públicas ya no nos muestra un escenario tan optimista.

De acuerdo con datos de la misma Secretaría, de enero a junio de 2018, el déficit público ascendió a 206.7 mil millones de pesos y el balance presupuestario que incluye al gobierno federal, a los organismos de control directo IMSS e ISSSTE y a las empresas productivas del Estado Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pasó de un superávit de 121.7 mil millones de pesos a un déficit de 290.1 mil millones de pesos en el mismo periodo, con resultados deficitarios significativos en el gobierno federal 93 por ciento del déficit total y en la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior, resultado de la reducción de los ingresos por un monto de 155 mil millones de pesos durante los primeros seis meses de 2018, representando un 10.3 por ciento con respecto a los de 2017.

La evolución desfavorable de los ingresos se explica por la contracción del IEPS a gasolinas y diésel, menos 27.4 por ciento por la pérdida de impulso de la reforma fiscal aprobada en 2013 en cuanto a la ampliación de la base de contribuyentes.

A pesar de la estabilidad de las finanzas públicas, la tendencia es hacia un escenario en el que enfrentaremos riesgos y vulnerabilidades ante el comportamiento futuro de los ingresos, ante la volatilidad recurrente en el mercado petrolero y ante una menor actividad económica interna. Situación que incidirá en el nulo crecimiento de los ingresos por el IVA y el ISR.

A ello se agregan las presiones por el costo financiero de la deuda que aumentó el 13.1 por ciento real de enero-junio de este año, y por las pensiones que se incrementaron al 6.2 por ciento.

Previsiblemente, si bien no se recibirá una crisis ni sexenal, ni de deuda; el próximo gobierno sí heredará unas finanzas públicas sin márgenes, con una deficiente e inefectiva estructura del gasto, nulos espacios para incrementar los ingresos y una deuda pública en aumento.

No es posible que usted nos venga a decir, señor Secretario, que la reforma energética fue un éxito, cuando estos últimos datos indican lo contrario.

Señor Secretario, México es una nación que, a pesar de sus riquezas, ocupa el lugar 16 entre 189 países del mundo con un Producto Interno Bruto de 987 millones de dólares; presenta uno de los mayores índices de inequidad.

México es uno de los países más desiguales del mundo, pues el uno por ciento más privilegiado recibe el 21 por ciento de los ingresos de la nación, mientras que 53 millones de mexicanas y mexicanos viven en situación de pobreza y 2.6 millones de menores entre cinco y 17 años, en lugar de estar en las escuelas se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias.

Estamos ante un México en que el 48 por ciento de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, el 31 por ciento no tienen agua potable, el 12.8 por ciento no cuenta con baños sanitarios y el 11.2 por ciento no posee energía eléctrica.

Mi pregunta es: ¿Cómo conciliar un país de finanzas públicas sanas con una realidad en la que la pobreza, la desigualdad, la carencia de empleos bien remunerados, el incremento de precios de servicios públicos de mala calidad son la cotidianidad para millones de mexicanos?

¿En los últimos seis años cuál es su balance? ¿Su objetivo y metas estuvieron enfocadas a mantener el barco a flote? ¿Renunció a cualquier posibilidad de orientar la política económica hacia una estrategia que incentivara el crecimiento de la economía, la mejor distribución de la riqueza, la inversión pública productiva?

Y, por último, ¿considera que la situación en la que estamos es la ideal para un país con los recursos que tiene México?

Le agradezco sus respuestas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Cárdenas Mariscal.

Tiene la palabra el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes ya a todos, compañeras, compañeros Senadores. Bienvenido el Secretario de Hacienda de este país.

Después de escucharlo, de ver el informe, la verdad es que empiezo a hacer memoria de muchas cosas que han pasado en este país desde hace muchísimos años, y me acuerdo que el expresidente Luis Echeverría Álvarez decía, en aquellos entonces, que estuvimos a un paso del abismo, pero dimos un paso hacia adelante y nos salvamos.

Después llegó José López Portillo y dijo que iba a defender el peso como un perro, y acabamos desastrosamente como país.

Y después de todos los presidentes que han pasado, he estado escuchando versiones, bueno, todos lo hemos escuchado, de que han actuado siempre de manera muy responsable, que han hecho lo mejor posible. Pero la verdad es que lo mejor posible no ha servido para sacar adelante a nuestro país.

Se debe a varios factores, en algunos podemos estar de acuerdo, en otros no, pero la corrupción y la pobreza es parte de lo que ha sido la tónica de este sexenio.

Hemos seguido avanzando en corrupción y en pobreza. No lo digo yo. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, publicado por Transparencia Internacional, nos coloca en el lugar 135 de 180 países, arriba de Zimbabue, Nicaragua, Haití, El Salvador y otros más. Así estamos de mal en este país en cuanto a la corrupción.

En México fueron muy famosos los casos que ya escuchamos, el de la empresa Evya, de Oceanografía, el proyecto del Tren México-Querétaro, Eolo Plus, Odebrecht, en fin, muchos casos más, la "Estafa Maestra", que ya han mencionado. Casos muy graves de corrupción que no ha habido ninguna sanción a las personas que estuvieron vinculadas en este tipo de situaciones.

En cuanto a la pobreza, comenta usted Secretario, que logramos sacar de la pobreza extrema a 2.2 millones de ciudadanos o habitantes, más bien habitantes, debe ser el tema.

La pregunta es, ¿cuántos se está logrando sacar de la pobreza por programas sociales?, porque lo deberíamos lograr sacándolos adelante con programas de inversión en el campo, cogenerando empleos, etcétera, si lo estamos haciendo a través de programas sociales, no estamos avanzando en esas cifras, desafortunadamente.

El 43.6 por ciento de la población es pobre, prácticamente 1 de cada 2 mexicanos estamos en pobreza. No estamos prosperando, no estamos saliendo adelante con lo que necesita el país.

Ustedes ofrecieron que íbamos a llegar al 5.3 por ciento del crecimiento económico a lo largo del sexenio, íbamos a ir ascendiendo. Me acuerdo que el secretario de Hacienda, Videgaray, criticaba al gobierno anterior, que había sido muy mediocre en el crecimiento con el 2.3 por ciento y, bueno, estamos terminando en las mismas cifras mediocres del gobierno anterior.

Entre los problemas estructurales que sí tenemos serios, está la balanza comercial, es cada vez más amplio el déficit que tenemos; en 2013 traíamos 200 mil millones de pesos en déficit, hoy traemos prácticamente el doble, 398 mil millones de pesos, dinero que se nos está yendo cada año del país.

El valor del peso frente al dólar, pues un 47 por ciento de devaluación, seguimos cayendo en el valor de nuestra moneda, en el valor de nuestros productos, de 12.96 que empezaron en el 2013 terminamos en 19 pesos prácticamente del dólar. Esto nos genera una inflación real, ¿a qué me refiero la inflación real? Bueno, pues porque el Banco de México nos está informando que a lo mucho vamos a llegar a un incremento de precios del 22 por ciento en este sexenio; el salario subió al 40, entonces se supone que mejoramos el nivel del poder adquisitivo de la gente.

Pero, miren, el kilo de huevo estaba en 12 pesos, hoy está en 27, subió más del 100 por ciento; el kilo de tortillas estaba en 8.50, hoy está en 15.50, subió prácticamente el 100 por ciento también; la gasolina estaba en 9.80, hoy está en 20 pesos, 100 por ciento de incremento en cuestiones de la canasta básica. Así que no estamos mejorando.

En los empleos sí, efectivamente crecimos, 3.4 millones de empleos de muy bajo nivel de ingreso, aunque, bueno, es un avance.

Hay que mejorar la calidad de los empleos en México, porque si no, no vamos a salir de estos niveles socioeconómicos en el que tenemos hundido a nuestro país.

Y la deuda pública, pues es lamentable que siga creciendo la deuda; si bien el ingreso petrolero bajó, Secretario, ustedes aumentaron la deuda casi un 75 por ciento en el sexenio. En el 2014, crecimos 1 billón de pesos en deuda; en el 2015, 1 billón 200 mil millones; en el 2016, 1 billón, 500 mil millones de pesos; crecimos 4 billones 800 mil millones de pesos; es decir, 4 billones 484 mil millones de pesos, un dineral, el 75 por ciento de incremento en la deuda.

Nos hemos endeudado más de lo que crecemos, el PIB creció alrededor del 15 o 16 por ciento, la deuda creció el 75 por ciento.

El pago de intereses son 648 mil millones de pesos al año y la inversión pública son 640 mil, pagamos más de intereses que de inversión en la población, en la inversión en infraestructura, así que estamos verdaderamente mal.

Yo le invito a que nos diga, porque ya el tiempo se nos acabó, como sexenio o como gobierno, que nos indique, ¿qué fue lo que no se hizo?, ¿por qué no alcanzamos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? ¿y en qué fallaron?, básicamente.

Muchas gracias, buenas tardes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador José Manuel Fócil Pérez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores. Señor Secretario. Compañeras y compañeros:

El día de hoy asistimos al último ejercicio de rendición de cuentas de este gobierno, afortunadamente, en donde no se han dado muy buenos resultados, especialmente lo que tiene que ver con las finanzas públicas de este país.

Una vez más nos encontramos aquí con cifras, con frases, con slogan de campaña que nos vienen a hablar de un México muy distinto al México en el que vivimos la mayoría de los mexicanos.

Miren, es que de acuerdo al Inegi y al propio Banco Mundial, este sexenio ha sido el tercero más mediocre en resultados económicos desde 1934, en 84 años.

Sin duda, este gobierno sí movió a México, pero no movió a México en la dirección correcta.

Sin duda, el cuestionable manejo de las finanzas públicas no es un secreto para todos nosotros, y aquí les puedo decir que, ya lo hemos platicado que este gobierno es responsable, sin duda, de una reforma fiscal que fue ineficaz, injusta, también fue responsable de endeudar de manera irresponsable a los mexicanos, porque en este país cada niño, cada niña, cada hombre y mujer por el simple hecho de ser mexicano o mexicana tiene una deuda de 77 mil pesos.

Lo que este gobierno no entendió es que el dinero de la gente es sagrado y que las decisiones que ustedes tomaron no beneficiaron la economía de los mexicanos, y sólo así nos podemos explicar, por ejemplo, que este gobierno haya decidido en los últimos 18 días cerrar este sexenio con un casetazo, que ya lo han platicado algunos de mis compañeros, porque de verdad el incremento que se hizo de acuerdo a los propios número que hemos tenido alcance, es de entre el 12 y el 18 por ciento, y algunas casetas del 200 por ciento.

Como lo hemos mencionado, cruzar el país nos cuesta 22 mil pesos.

Con un salario mínimo que no es digno para los mexicanos. Un mexicano con ese salario tendría que dedicar dos días de todo su trabajo tan sólo para pagar una caseta, de ese nivel de insostenible es la mala decisión que tomó este gobierno para darnos el casetazo; esto sin mencionar, por supuesto, las consecuencias inflacionarias y las afectaciones que va a tener a las industrias del transporte y de servicios y a las industrias productivas de nuestro país.

Por si fuera poco, pues ya lo sabemos todos, las carreteras no están en el mejor estado, no son más seguras, no están en mejores condiciones.

Este casetazo, de verdad, fue sin argumentos ni explicaciones. Por ello, también nos sorprende que algunas fuerzas políticas de este recinto ni siquiera se hayan pronunciado en torno a ello.

Pero al final, lo que nos queda claro es que no tenemos respuestas, y nos gustaría preguntarle, señor Secretario es, que sea muy honesto y nos diga a todos los mexicanos, ¿a quién beneficia este casetazo?

Finalmente, quiero señalar, quiero hablar de la vocación de derroche y opacidad de este gobierno, porque en los últimos cinco años, mediante ampliaciones y adecuaciones presupuestales que se hicieron totalmente discrecional, señor Secretario, se asignaron al menos 125 mil millones de pesos más a rubros de publicidad, por ejemplo, de viáticos, de consultorías, 125 mil millones de pesos que no fueron aprobados por los Diputados en la aprobación de los presupuestos de esos cinco años, 125 mil millones de pesos que le pudieron haber cambiado la vida a millones de mexicanos.

Le pregunto, señor Secretario es, ¿por qué no hicieron nada en este gobierno para cambiar la forma en la que ejercieron los recursos de todos los mexicanos?, ¿por qué hicieron del despilfarro y de la opacidad el modus operandi de este gobierno?; ¿por qué después de tantos años no se hizo nada para controlar, para transparentar, para limitar el mal uso de las ampliaciones presupuestales a ramos de gasto verdaderamente superfluo?

Cómo es posible que este gobierno haya podido recortarle a la salud y a la educación, y que haya permitido que al mismo tiempo se derrocharan millones y millones de pesos de los mexicanos en un montón de cosas sin sentido.

Miren, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la austeridad va mucho más allá de los recortes simbólicos. De que se trata de poner de verdad las reglas claras para terminar, por supuesto, con el despilfarro y con los excesos; se trata de poner topes, por ejemplo, a la publicidad oficial, de quitar los seguros de vida de gastos médicos de todos los políticos, se trata también de eliminar la publicidad oficial, se trata de eliminar las pensiones y los privilegios que reciben los expresidentes y de un montón de cosas más.

Pero, bueno, todas estas demandas ustedes nunca las atendieron y no se decidieron a tomar estas luchas como propias, pero bueno, este gobierno está a punto de concluir.

Y quiero aprovechar el espacio para decirle al gobierno de Andrés Manuel y a la mayoría de Morena, que no se pueden permitir equivocarse, como lo hizo este gobierno, que si realmente quieren terminar con el despilfarro y con la opacidad, les reiteramos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano.

Es cuanto.

El Presidente Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Con su permiso, señor Presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Bienvenido, buenas tardes, Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda.

Es muy importante esta sesión en la que hoy se convoca con motivo de la glosa del último Informe de Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El Partido Revolucionario Institucional, al que pertenezco, quisiera comentar sobre un tema prioritario que nos interesa a todos los mexicanos, sobre la economía de nuestro país, pero en particular quisiera hacer énfasis del sistema financiero mexicano.

Este año se está cumpliendo una década de la crisis financiera mundial que afectó gravemente el crecimiento económico de México, así como la economía de muchas familias mexicanas. En ese entonces el desempeño de México fue mucho menor al que tuvieron otros países de la región, como lo fue Haití o como lo fue Bolivia.

Además, el desempleo en México alcanzó cifras de más del 6 por ciento, lo cual se reflejó en sectores más pobres de la población de nuestro país.

A lo anterior no nos ayudó que entre 2008 y 2009 el aumento en los precios que enfrentaban los consumidores ascendieron a casi el 10 por ciento.

En los últimos años México ha enfrentado un contexto de enormes retos, el cual no fue nada menor, porque como usted mencionó, señor Secretario, México tuvo que enfrentar la caída en el precio del petróleo en un 70 por ciento, el cual representaba un duro golpe para nuestro país, ya que dependíamos del ingreso del petróleo.

Además tenemos que considerar que también nos afectó que Estados Unidos disminuyera la producción industrial, y al disminuirla eso nos afectó en la demanda de nuestras manufacturas.

A diferencia de una década, hoy tenemos un México fuerte, fortalecido, con finanzas públicas sanas, que supo hacer frente al entorno adverso que se enfrentaba.

Veo en este sexenio, a pesar de las adversidades, la economía mexicana nunca se contrajo a diferencia de la crisis que se tuvo hace diez años. Y el empleo formal alcanzó valores mayores a lo logrado en las pasadas dos administraciones juntas.

Además, la inflación en este sexenio ha sido la menor desde que se tiene registro.

No sólo eso, por primera vez desde la crisis de 2008 y 2009, se logró reducir la pobreza extrema en la que salieron más de 2 millones de mexicanos.

En resumen, señor Secretario, en este grupo parlamentario estamos conscientes del difícil entorno global en que nos enfrentamos los mexicanos en los últimos años, y también estamos conscientes de la difícil decisión que se tuvo que tomar desde la Secretaría de Hacienda para hacer frente a la adversidad que nos encontrábamos.

En este sentido, nos comprometemos, desde nuestro ámbito de competencia, a contribuir para mantener un sistema financiero sólido que siga fortaleciéndose con un inquebrantable desarrollo para el beneficio de todos los mexicanos.

Por ello quisiera preguntarle, doctor González Anaya, a una década de aquella crisis financiera mundial y que afectó a México.

¿Cuáles fueron las medidas que se han llevado a cabo durante este sexenio para fortalecer el sistema mexicano financiero y qué tan estable se encuentra a la fecha el día de hoy?

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mayorga Delgado.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Mauricio Kuri González: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Señor Secretario.

El último Informe de Gobierno asegura que el México de hoy es un país con mayor desarrollo, prosperidad, crecimiento económico, generación de empleos y con la inflación más baja en los últimos 50 años.

Aunque entendemos que las cifras que maneja el VI Informe, refieren una estabilidad en la macroeconomía, esa estabilidad no se ve reflejada en el día a día de los mexicanos, la falta de oportunidades, la pobreza y la marginación nos habla de otra realidad.

La realidad, señor Secretario, compañeras y compañeros, es que el México de hoy es un país con 9.4 millones de personas en extrema pobreza.

Las cifras que manejan de empleos podrán arrojar números alegres para las estadísticas, pero la realidad nos dice que son empleos mal pagados e insuficientes para el buen desarrollo y sostenimiento de las familias.

En los últimos seis años se endeudó al país. De acuerdo a las cifras más recientes de la Secretaría que usted encabeza, el nivel de deuda alcanza 10 billones de pesos.

Al respecto, hay preguntas que exigen respuesta, señor Secretario.

¿Por qué si el endeudamiento aumentó en un 70 por ciento en los últimos seis años, esos ingresos no se vieron reflejados en un aumento en la calidad de vida de los mexicanos, a dónde se fueron esos recursos?

Nos afirman que en este sexenio se tuvo la inflación más baja, nada más lejos de la realidad.

Por ejemplo, el precio de la carne de res, hace seis años era de 76 pesos el kilo en promedio. Hoy ese mismo kilo de carne cuesta poco más de 108 pesos, es decir, 42.6 por ciento más.

El precio de un litro de leche hoy cuesta 25 por ciento más.

El pollo pasó de costar de 47 pesos a 55.

Las tortillas de maíz hoy son 16 por ciento más caras.

El litro de gas LP, cuando este gobierno asumió la Presidencia de la República, costaba 6 pesos con 16 centavos. Hoy cuesta 11 pesos, prácticamente el doble.

Pero eso no es todo, el incremento sostenido del costo de la energía eléctrica, que para el sector comercial e industrial llegó a ser del 125 por ciento, se convierte en un lastre para el desarrollo y consolidación de los negocios.

En el agro, la industria y el comercio cada día es más común ver cómo los empresarios micro y pequeños tienen que cerrar por ese y otros costos relacionados por la falta de competitividad en el país.

Definitivamente esto nos impide creer que se tuvo la inflación más baja de la historia.

El juego de números con sus promedios anualizados, arrojando cifras de espectaculares, no son suficientes para evitar que los efectos de la inflación acumulada se recienta en el bolsillo de los mexicanos, socavando su ingreso y disminuyendo la capacidad de compra a su mínima expresión. Esto también influyó en la debilidad del peso frente a otras divisas.

En este sexenio, el tipo de cambio se ha depreciado más del 50 por ciento hasta llegar a los 20 pesos por dólar estadounidense.

Lo más grave son las severas consecuencias sociales como el hecho de que no se haya reducido el número de pobres, que un tercio de la población carezca de una vivienda digna, que las personas pierden la vida por falta de medicamentos o de atención médica, que los jóvenes no pueden acceder a la educación por falta de recursos económicos, que millones de mexicanos viven en la marginación.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, lo decimos fuerte y claro, el objetivo de lograr un México próspero, planteado por la presente administración en el Plan Nacional de Desarrollo, contrastado con los resultados del VI Informe de Gobierno, sigue distante del compromiso en su campaña y la confianza otorgada por los ciudadanos.

Por otro lado, no podemos dejar de señalar el que Hacienda haya retenido injustamente al gobierno del estado de Chihuahua, recursos que le correspondían por convenios suscritos con la dependencia a su cargo.

En todo momento, deben respetarse los compromisos adquiridos y mantener en vigor el estado de derecho que nos rige a todos.

Hay que señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido un comportamiento discrecional, errático y opaco en la asignación de los recursos del Ramo 23, mientras a otros estados se les han signado cuantiosos recursos, a Chihuahua se le ha negado el acceso a los mismos.

De acuerdo con datos obtenidos en el documento Arquitectura del Ramo 23, de México Evalúa, el Estado de México en 2017 recibió 8 mil 601 millones de pesos, mientras que Chihuahua le fueron transferidos 70 millones de pesos.

Esto demuestra que la Federación ha transferido mayores montos de subsidios a otros estados, en cambio, cuando los gobiernos son de distinto partido al suyo, han disminuido los montos.

No sólo negaron los recursos comprometidos a través de convenios, también hubo una disminución considerable de las asignaciones federales que Chihuahua recibe, la asignación presupuestal para inversión federal en el estado, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, será por 4 mil 250 millones de pesos.

Esta cifra es la más baja de los últimos 10 años de inversión federal en Chihuahua, y es un 30 por ciento menos a la de 2016 en términos nominales. Es decir, sin considerar el efecto de la inflación, 30 por ciento menos de lo que le dieron a Duarte en el último año de la pasada administración.

En este sentido, tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de señalar que la Secretaría a su cargo no haya hecho lo suficiente para combatir la corrupción, aun cuando tiene la atribución de realizar actos de vigilancia para verificar el manejo y administración de los recursos, propiedad del gobierno federal e incluso la responsabilidad de imponer sanciones administrativas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe ser ejemplo en la Administración Pública Federal, de ser una institución que se destaque por su trabajo técnico, por su manejo ordenado, responsable y honrado de los recursos públicos, ajena a los intereses personales o grupales de quienes estén al frente.

Muchas gracias.

Y es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Kuri González.

Para cerrar la segunda ronda de preguntas, el grupo parlamentario del Partido Morena, con el Acuerdo de la Mesa Directiva, dividirá su tiempo en dos intervenciones, primero hará uso de la palabra el Senador José Narro Céspedes, y cerrará la ronda la Senadora Ifigenia Martínez.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador José Narro.

El Senador José Narro Céspedes: Un país, México, un país en bancarrota, en quiebra.

Hemos tenido muchos casos de corrupción y de dispendio, los gobiernos estatales y municipales, en estos seis años doblamos nuestra deuda como país, nuestra deuda interna, las jubilaciones y las pensiones fueron durante muchos años fuentes de saqueo, había que decirlo, se robaron el dinero de los braceros; el Seguro Social funcionó como la caja chica; el Banrural fue otra fuente también de corrupción y de saqueo de los gobiernos; Pemex, la Estafa Maestra, el Fobaproa, Odebrecht, tantos casos, tantos casos que tenemos de corrupción y de dispendio de estos gobiernos, una gran deuda.

Las primeras Afores que se paguen dentro de dos años, a los trabajadores que les den sus Afores, sus pagos de jubilaciones y pensiones van a ser menores al salario mínimo, ese es el status, la deuda, no viene toda la deuda contemplada.

¿Cuánto no se les debe a los campesinos que les han arrebatado o les han quitado sus tierras sin indemnizarlas?

Una de las primeras carreteras que hubo en el país, la México-Puebla, de 1925 hasta ahorita, hoy a los ejidatarios no los han indemnizado por la expropiación de sus tierras, hasta hoy, miles de campesinos y de indígenas de este país han visto cómo les han arrebatado, cómo los han despojado de sus tierras en este país y el gobierno tiene una gran deuda con ellos, cuántos postes de la Comisión no atraviesan los terrenos de las comunidades y no les pagan nada, cuántos atropellos, presas les han construido en los terrenos y tampoco les han pagado nada, la deuda es innumerablemente mayor a la que actualmente se reporta.

El problema que tenemos no es un problema, es un problema de modelo, el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos, el problema es ese modelo que ha construido muchas desigualdades, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los mexicanos, han excluido a los campesinos que ahora está la mayoría empobrecidos, han excluido a los adultos mayores, han excluido a nuestros jóvenes.

Hace 8 años medio millón de jóvenes iban año con año a los Estados Unidos, hoy esos jóvenes, con el cierre de la frontera, aquí los tenemos en México, aquí los tenemos en México en las calles, en la delincuencia, en la vagancia, en el alcohol, en las drogas, ahí están estos jóvenes. Esa es nuestro principal, ese es nuestro principal elemento, nuestra principal ventaja comparativa con el mundo, nuestros jóvenes, somos el país de mayor cantidad de jóvenes en el mundo, ¿dónde los tenemos a nuestros jóvenes? Excluidos del desarrollo.

Por eso, hay que cambiar el modelo, hoy con Andrés Manuel, en este cambio, vamos a incorporar a nuestros jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos, al desarrollo de este país, para construir un México justo, equitativo, democrático y de libertades.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador José Narro.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ifigenia Martínez, para cerrar esta segunda ronda.

La Senadora Ifigenia Martínez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Hacienda, Doctor José Antonio González Anaya, su comparecencia en este Senado, sin duda enriquece nuestro Análisis del VI y último Informe del señor Presidente Enrique Peña Nieto, en un diálogo con la perspectiva de transformar la política hacendaria los programas de desarrollo económico y las tareas del gobierno en su conjunto, el beneficio del país y de su población.

Pero nos preguntamos, ¿México, nuestro país, está en una posición difícil para enfrentar futuros retos fiscales o choques externos?

Los bajos precios del petróleo y la caída en la producción del crudo han significado una contracción de los ingresos petroleros, aproximadamente del 40 al 16 por ciento de los ingresos fiscales, lo cual ha sido duro, sabemos, para esta administración.

Por el lado del gasto público, las presiones del gasto social, sobre todo las relacionadas con las pensiones, aumentarán en el futuro cercano, y más aún, no se concibe que la economía mexicana conserve su competitividad internacional y crezca a una tasa mayor y sostenida si la inversión pública continúa declinando en relación al Producto Interno Bruto.

En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió a que durante la actual administración no habría más reformas fiscales o aumento de impuestos, lo cual representa una camisa de fuerza para el sector financiero público.

La reforma aprobada en 2013 no fue suficiente para cubrir ni las necesidades sociales ni la inversión del Estado, la cual se fue recortando cada año con el propósito de lograr finanzas públicas equilibradas.

La realidad, por más que se quiera ocultar, ha sido dura y ha perjudicado a las ofertas de bienestar social, perseguidas con las llamadas "reformas estructurales".

No se ha podido evitar el incremento de la deuda pública, que hoy alcanza un máximo de 10.7 billones de pesos, es decir, dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, y un 45 por ciento del Producto Interno Bruto en 1918, cuando ya en 2013 representaba el 35 por ciento.

Esta deuda representa un alza de 35 mil pesos por habitante respecto al 2013, cuando se inició este sexenio.

Es aún más preocupante que el costo financiero de la deuda haya crecido en relación al PIB, en tanto que mientras la inversión pública haya disminuido en 1.4 por ciento.

Me parece que las principales fallas de las políticas públicas, en el sexenio que termina, residen en insuficiencias, aislamiento y falta de congruencia con una Plan Nacional de Desarrollo, el cual parece haber sido olvidado a lo largo de casi cuatro décadas, como son prioridades del empleo, del crecimiento y de la formación de capital mediante la transferencia de funciones públicas esenciales al mercado en materia de planeación, asignación de recursos y protección social.

Se ha sacrificado la inversión pública, lo que a su vez ha racionado el potencial de crecimiento económico y del empleo.

Pensamos que todas las políticas del gobierno, incluyendo la hacendaria, deben tender, esencialmente, a mejorar la calidad y condiciones de vida de los mexicanos.

Consideramos, asimismo, que no están separadas las políticas económicas para el desarrollo de las políticas sociales para el bienestar, y más específicamente el crecimiento económico es conceptual y realmente estéril si no tiene como objetivo el bienestar social de toda la población.

Es decir, para nosotros son insuficientes los llamados equilibrios macroeconómicos para medir el éxito de las políticas públicas, menos aun cuando son interpretados como simplemente financieras y haciendo caso omiso de las variables económicas reales, incluyendo los niveles de vida de sus trabajadores.

En este ámbito ubicamos la política fiscal entre las principales tareas del gobierno para conducir la vida económica y social del país, máxime si consideramos la amplitud de las funciones de la Secretaría bajo su digno cargo.

Los datos disponibles, en resumen, son evidencias de un crecimiento insuficiente del Productor Interno Bruto, para lograr el desarrollo económico y social, sustentable y justo al que todos aspiramos.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, maestra Ifigenia Martínez, Senadora de la República.

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Antonio González Anaya, para responder a las preguntas planteadas en la segunda ronda.

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Muchas gracias, Senadoras y Senadores, por todas sus preguntas y sus comentarios.

Les agradezco enormemente los nuevos temas que han salido, y también requisitar algunos de los viejos temas que salieron.

El tema de la deuda continúa. Para responder puntualmente a la pregunta de, ¿cuánto es, en términos nominales, la deuda externa, Senador?, es de 200 mil millones de dólares, y la deuda interna es de 5.6 millones de millones de pesos.

Más importante, esta deuda, como ya lo comenté, equivale a cerca de 45 por ciento del PIB, y lo importante es que esta deuda va en una trayectoria descendente. Se ha reducido de un máximo de casi 50 puntos del PIB a 45 puntos del PIB.

La medida con nuestra capacidad de pago es, pasó la deuda total, de cuatro y media veces nuestros ingresos tributarios a menos de tres y media veces nuestros ingresos.

El tema de la deuda, conviene dejarlo claro, es una deuda que, comparado con niveles internacionales, es un nivel favorable, es un nivel razonable.

Insisto, que la trayectoria descendente de la deuda es lo más importante, nos da la señal de que la deuda poco a poco se va a ir disminuyendo como porcentaje de nuestro PIB, como en tamaño relativo de nuestra economía.

Y con las cualidades que tiene la deuda, en que es en moneda nacional a un plazo largo que es a tasa fija, esto lo hace una deuda pues no sólo razonable sino que las tres calificadoras del mundo es en S&P, Fitch, Moody´s, le han dado las más altas calificaciones a la deuda en la historia del país, y no sólo eso, recientemente, también pasaron a que esta perspectiva fuera estable hacia el futuro.

Esto nos da una idea de que tenemos muchos retos en el país, y sin duda, hay muchos aspectos en los que tenemos que seguir trabajando, pero la deuda está en una trayectoria sostenible hacia el futuro.

Alrededor del tema de que el pago de la deuda es mayor a la inversión, conviene precisar algunas cifras. El promedio del costo financiero durante esta administración es de 2.3 por ciento del PIB; la inversión física es de 3.8 por ciento del PIB. Eso no fue lo que reportó uno de los medios, y vale la pena puntualizar que estos son los números promedio del sexenio y los correctos, para darnos una idea, el costo financiero en la administración anterior fue similar, cerca de 2 por ciento del PIB con una inversión física de cerca del 4 por ciento del PIB.

Así que, pues yo esperaría que con esto pues logremos redondear estas reflexiones alrededor de la deuda del país, tanto interna como externa.

Se tocó el tema por el Senador Eduardo Enrique Murat, de la deuda estatal, y aquí es interesante porque la deuda estatal se fue incrementando tanto como porcentaje del PIB como porcentaje de las participaciones de 2006, que era 1.6 por ciento del PIB a 3.1 por ciento del PIB en el 2013.

Desde entonces, gracias o quizás como consecuencia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ha reducido de 3.1 por ciento del PIB a 2.6 por ciento del PIB.

Quizás más importante, la deuda como porcentaje de las participaciones que también se incrementó de 2006 al 2012 ó 2013, de 48 por ciento del PIB a 90 por ciento de las participaciones, se ha reducido del 90 por ciento al 71 por ciento de las participaciones, esto en gran medida se debe a la disciplina que han tenido algunos estados y al hecho de que la ley fue más clara en la definición de la inversión pública productiva, fue más clara en los trámites para las solicitudes de los congresos locales, se obligó que para contratar financiamiento se hicieran parámetros de mercado, se obligó a que se transparentara la totalidad de las obligaciones estatales, y se definió los techos de financiamiento anuales evitando sobreendeudamientos, y alrededor de esto se estableció un semáforo, por llamarlo así, que saca, que publica la Secretaría de Hacienda alrededor de la deuda de cada uno de los estados.

Así que la deuda subnacional, pues también trae una trayectoria hacia abajo, quisiéramos que fuera más rápido, pero la trayectoria sostenible existe y ahí se encuentra.

Quizás otro tema que se comentó otra vez, es alrededor de la inflación. La inflación es una medición que hace el Inegi, no la hace la Secretaría de Hacienda, y desde hace algunos años la dejó de hacer el Banco de México.

El Inegi, como ustedes saben, es una institución constitucionalmente autónoma, que tiene todo un proceso para nombrar no sólo a su presidente, sino también a sus vicepresidentes, y la inflación promedio del sexenio ha sido la más baja desde 1970, es de 4 por ciento.

Insisto, no quisiera yo hacer comparaciones, pero dada la insistencia en la inflación en los sexenios anteriores fue sustancialmente más alta.

También las inflaciones de los índices de precios en la canasta básica, en los sexenios anteriores también fue sustancialmente más alta. En este caso la canasta básica tiene una inflación poco más de la inflación del Índice de Precios al Consumidor de 4.63.

Para darnos una idea, el sexenio anterior fue de 5; el sexenio anterior anterior fue de 5; el pasado de 24; y el anterior de 16.

Entonces sí la inflación durante este sexenio ha sido la más baja en la historia reciente. Siempre podíamos y tenemos algunos precios puntuales que se han movido más o menos, pero al final del día lo que tenemos que buscar es el promedio.

No quisiera yo entrar a una discusión de cuál de los temas, cuál de los productos subieron más o subieron menos, pero sí es importante dejar claro que la inflación, medida por un órgano autónomo, es la más baja desde 1970, que lleva a otro tema que está relacionado, el incremento en el salario mínimo ha sido bien importante.

Durante esta administración el salario mínimo se ha aumentado 15.8 por ciento. Para darnos una idea, de 2007 al 2012 cayó 0.2 por ciento; de 2001 al 2006 subió 1 por ciento; y del '95 al 2000 cayó 11 por ciento, es una mejora sustantiva en el salario mínimo.

El tema alrededor de la reforma financiera ha tenido un impacto enorme en el sector financiero en muchos sentidos.

El crédito en todos los rubros ha aumentado, les doy algunos datos. El crédito de 2013 al 2018 para empresas ha aumentado 57 por ciento; para la vivienda 29 por ciento; para el consumo 25 por ciento.

Pero quizás más importante, las tasas de interés han caído pese a que las tasas de referencia, como ya lo mencioné en la intervención pasada, han subido, ¿esto qué quiere decir? Pues que la tasa de referencia del Banco de México ha subido, por dar algún número, lo que nosotros llamamos la TIIE, que es la Tasa Interbancaria, ha subido 4 por ciento.

Sin embargo, las tasas a los préstamos personales han caído 13 por ciento; las tasas al consumo han caído 3 por ciento; las tasas a las hipotecas han caído 1 por ciento. Esto lo que quiere decir, que el sector financiero mexicano es más competitivo, hoy hay más competencia entre los bancos, y la diferencia entre la tasa que pagan y la tasa que cobran se ha comprimido.

Hay otra manera de medir esto. El Banco Mundial mide la competitividad del sector financiero en México, y subió al sector financiero de un ranking del 40 al 6º lugar; y el Foro Económico Mundial lo subió del número 63 al número 36.

¿Eso qué nos dice? Pues que el sector financiero está dando un montón, o sea, está beneficiando a la gente.

El número de usuarios del sector financiero formal ha aumentado en 4 millones de usuarios al año, esa es una cifra enorme, son 4 millones de mexicanos que antes no tenían acceso al sector financiero formal.

En su conjunto, el sector financiero, hay muchas maneras de medirlo, ha subido de 55 por ciento del PIB a 63 por ciento del PIB, el crecimiento más alto que hemos tenido en muchísimos años.

Y al final lo que tenemos es, además de un sector financiero creciendo y sólido y más competitivo, también tenemos un sector financiero bien capitalizado.

El índice de capitalización del sector financiero es 15.9, esto es muy por arriba del estándar internacional de Basilea III, que, por cierto, México es de los primeros países que ha adoptado el estándar de Basilea III.

Nos lleva a otra reflexión, la cual, pues quisiera yo tratar de aclarar de algunos de los precios, de los incrementos, regresando al tema de las autopistas.

El incremento fue de 5.5 por ciento, y el objetivo fue mantenerlo en términos reales; y las tarifas por kilómetro recorrido se han mantenido en términos reales.

Termino, quizás, estas intervenciones con algunos temas de transparencia presupuestaria.

En el 2012 existía una sola plataforma con el avance trimestral del presupuesto, la única información en datos abiertos era la cuenta pública.

Se hizo una reconfiguración completa del portal presupuestario, hoy tenemos ocho nuevas plataformas para obra pública, para el desempeño de los programas, para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, para el gasto federalizado, para la infraestructura educativa, para Fuerza México, etcétera.

Hay datos abiertos alrededor del avance trimestral del presupuesto. Existe un Sistema para la Evaluación del Desempeño y el avance físico y financiero de los programas, para la licitación y la adjudicación de los contratos, para los préstamos, incluso hay cursos de diplomado en línea para poder transmitir todo este andamiaje de números que tienen que ver con la transparencia presupuestaria.

Diferentes organismos nos han mejorado nuestro ranking internacional en términos de transparencia presupuestaria, que me lleva al tema de las transferencias a los estados.

La Secretaría de Hacienda transfirió 900 millones de pesos al gobierno de Toluca en tiempo y forma, y lo ha hecho con todos los demás estados.

El Ramo 23 es un ramo que incluye no sólo las transferencias a los estados, sino incluye el Fonden, incluye los depósitos a los Fondos de Estabilización, incluye el subsidio a las tarifas eléctricas y en el marco de colaboración y de programación, estas transferencias se han hecho de la manera para coadyuvar al desarrollo de los estados en la medida de los problemas estructurales a los que se llevan.

Sobre las últimas reflexiones que hizo la maestra Ifigenia, que tantos o muchos de nosotros hemos leído sobre la distribución del ingreso a lo largo de nuestros estudios, en muchos sentidos coincidimos que los retos son difíciles hacia adelante y que las perspectivas son difíciles hacia adelante.

Pero lo que sí estamos seguros, es que el país tiene una plataforma económica sólida y unas finanzas públicas sólidas que le permiten y le van a permitir enfrentar estos retos con ciertas libertades.

Hago algunas reflexiones, maestra.

Hace 30 años, doy algún número, las reservas internacionales en 1988 eran de 2 mil millones de dólares, mientras que la deuda era de 100 mil millones de dólares.

Hoy las reservas internacionales con la línea de crédito flexible son de 260 mil millones de dólares y la deuda del sector público, que incluye todos los ámbitos, es de 200 mil millones de dólares. Fácilmente se podría cubrir o está cubierto.

Lo mismo para la inversión extranjera directa.

La inversión extranjera directa más que financia el déficit de cuenta corriente que tenía el país, que típicamente era una de las vulnerabilidades, por primera vez en la historia del país se va a heredar un Fondo de Estabilización para diferentes ámbitos en el caso del gobierno federal, este Fondo de Estabilización tiene 250 mil millones de pesos, más de un punto del PIB.

Entonces, sin dudas, en un país complejo y grande, como el nuestro, hay retos hacia adelante y tenemos que seguir trabajando.

Pero también hay activos, y uno de estos activos es una economía que va caminando. Quisiéramos crecer más.

El tener finanzas públicas sanas no es un fin, es un medio para un fin.

Todos estamos de acuerdo, incluso en sus escritos y de todos los demás, no hay ningún país en la historia que haya logrado crecer de manera sostenida sin tener finanzas públicas sanas.

Pero eso no es el fin, el fin es buscar que haya crecimiento, que se cree empleo.

Hay una reflexión alrededor del empleo.

Todos estos empleos que se dan de alta en el Seguro Social, implican familias que tienen acceso a una pensión, que tienen acceso a salud, que tienen acceso a un seguro en caso de accidentes, que tienen acceso a servicios de prestaciones económicas.

¿Quisiéramos que los salarios aumentaran más? No hay duda. Pero el hecho de que haya este proceso de formalización, sin duda, es deseable para el país y continuar con este proceso de formalización, sin duda, es deseable para el país.

Yo con esto terminaría, quizás, las preguntas puntuales que se han hecho.

Y si me permite, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, señor Secretario, tiene cinco minutos para dar un mensaje final.

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Pues ya de hecho lo empecé a decir con las conclusiones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante.

El Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Termino agradeciéndoles nuevamente la oportunidad y el honor de participar en esta Soberanía.

Tengo que confesar que participe en muchas comparecencias, pero siempre pasando tarjetas atrás.

Ahora me tocó estar aquí enfrente, es un poco diferente.

Pero la emoción y el honor que se tiene, es indescriptible.

Termino haciendo unas reflexiones, quizás, en donde empezamos.

De cara a la transición, los resultados que estamos heredando son buenos.

Hay activos, como también hay retos.

Estamos de acuerdo a las tres calificadoras, tenemos las calificaciones más altas de la historia.

Tenemos una economía creciendo, que quisiéramos que creciera más, pero creciendo sólidamente y que ha hilado 34 trimestres de crecimiento.

Un mercado laboral que ha formalizado a 3 millones de trabajadores, 3 millones de familias. Eso suma más de lo que ocurrió en los 12 años anteriores.

Un país que en muchísimos ramos se ha convertido en una referencia exportadora.

Si nosotros pensamos, hace unos 20 ó 30 años, les doy un dato, México exportaba cerca de 40 mil millones de dólares.

Cuando se hizo la liberalización comercial, las predicciones más optimistas era que eso iba aumentar a 50 mil millones de dólares.

Nadie se iba a imaginar que íbamos a exportar 400 mil millones de dólares y que íbamos a ser un referente en procesos de manufactura sofisticada, como los autos; que tenemos una industria naciente aeroespacial en todo el país y que en muchos sentidos nos hemos convertido en una referencia del comercio internacional, una economía que está recibiendo recursos récord de inversión extranjera directa.

Como ya comenté, reservas internacionales que más que cubrir la deuda, un Fondo Internacional y un país que tiene un sistema financiero líquido y bien capitalizado.

Quiero concluir diciéndoles que no es poco lo logrado. Sin duda, falta mucho por hacer.

Y en este aspecto debemos todos hacer nuestra parte para seguir protegiendo la economía del país en beneficio de todos.

Las finanzas públicas son un fin necesario, absolutamente necesario para el bienestar y el crecimiento de la economía.

Y es que en medio de los muchos retos que enfrenta el mundo, México es un país que crece y atrae inversión, que ha logrado diferenciarse en estos últimos meses de los mercados emergentes, que ahorita están pasando por dificultades.

Esto necesariamente pasa por la capacidad y la voluntad de todas las fuerzas políticas para que continúen sumando lo mejor, para impulsar los cambios que requerimos como nación y como país, y lo que se deba conservar.

Muchísimas gracias, Senadoras y Senadores.

Señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Antonia Cárdenas.

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Es sólo para preguntarle al señor Secretario. No dio respuesta a mi pregunta.

Yo sé que las cifras del salario mínimo han subido una miseria, pero la canasta básica sube 300 veces más.

Entonces, no me contestó.

¿Usted viviría con un salario mínimo, señor Secretario?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, disculpe, ya las preguntas fueron formuladas de acuerdo al formato establecido y se dieron los tiempos de respuesta al Secretario. En todo caso, el juicio sobre sus respuestas corresponderá a cada Senador y Senadora. Gracias.

Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a lo largo de la presente comparecencia se han expresado opiniones diversas sobre la política económica del actual gobierno mexicano; así como distintos cuestionamientos, las cifras sobre el crecimiento económico, la deuda pública, la eficacia en el destino de los recursos, las relaciones económicas internacionales, y la política fiscal, por mencionar algunos temas, se encuentran bajo el análisis exhaustivo de este Senado de la República.

Reconocemos la pluralidad de concepciones que se han expresado al respecto.

Corresponderá a esta Soberanía hacer dicho balance, y también el de las llamadas reformas estructurales, así como de sus efectos y objetivos en el desarrollo del país.

Más allá de las distintas posturas de los grupos parlamentarios, hay consenso en nuestra sociedad en la necesidad de atender y superar las profundas desigualdades económicas y sociales de México. Uno de los países más desiguales del mundo.

No es suficiente la estabilidad macroeconómica para presumir estabilidad en los hogares de las familias mexicanas, el reto es llevar el bienestar a las personas y darle a la economía el rostro humano y social que le corresponde.

Vemos que el conjunto de cifras que se han presentado deben traducirse también en una vida plena de todos los mexicanos y las mexicanas.

El Senado de la República reconoce la presencia del Secretario de Hacienda, doctor José Antonio González Anaya, y la importancia de la información, de las preguntas y de las respuestas que aquí todas y todos hemos escuchado.

Muchas gracias, doctor González Anaya.

Concluimos así la sesión de análisis de la política económica. Agradecemos la presencia del doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso; y el Resolutivo Cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la comisión designada acompañe al Doctor José Antonio González Anaya, cuando desee retirarse del salón.






Continuamos con la ronda de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de uso de drones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente.

“Si el conocimiento puede crear problemas, no los podemos resolver a través de la ignorancia”.

Hace 54 años el autor de esta frase, Isaac Asimov, vislumbró un mundo donde la tecnología ocupaba un sitio central en las relaciones humanas, donde la riqueza y pobreza entre las naciones se definía a través del desarrollo tecnológico.

Para él, las naciones con mayor índice de bienestar serían en las que sus ciudadanos tendrían más acceso a las comunicaciones y transportes, así como una mayor eficiencia en las mismas.

Esto es sin duda hoy una realidad, la brecha tecnológica que separa los países determina en buena medida los índices de crecimiento económico.

De igual forma, hace 200 años, Julio Verne, como lo hiciera mucho antes Leonardo da Vinci, pronosticaron la aparición de máquinas voladoras autónomas controladas a distancia y desde tierra por sus pilotos.

Los controles remotos fueron una invención de la Segunda Guerra Mundial, pero dejaron, hace décadas, de ser patente de uso militar. Hoy día las aeronaves pilotadas a distancia son utilizadas en actividades recreativas y culturales, y es muy fácil que cada uno de nosotros tenga acceso a una de ellas.

Actualmente, de acuerdo a la firma de investigación de mercados Jupiter Research, se venderán en el 2030 a nivel mundial 16 millones de drones. México actualmente ocupa el 5 por ciento del mercado internacional del producto, y se incrementará en 2 puntos porcentuales en los próximos tres años. Es decir, para el 2020 tendremos 8 mil aeronaves de este tipo en nuestro país.

Hay que destacar que la Dirección General de Aeronáutica de la SCT ha promovido una serie de regulaciones para estos aparatos, considerando, por ejemplo, multas de hasta 400 mil pesos a quienes los utilicen sin haber cumplido los requisitos formales que van a incluir un registro de la aeronave, que de acuerdo a sus dimensiones podría requerir una matrícula oficial.

Además de que los usuarios deberán tomar cursos de certificación para que de esta manera en México se estén llevando a cabo las mejores prácticas en seguridad y responsabilidad civil.

Esta regulación entrará en vigor en diciembre próximo y es importante reconocer el avance que ha hecho la SCT en la materia.

Sin embargo, y aquí el problema que fundamenta esta iniciativa, es que los actos ilícitos que los seres humanos realizamos no tienen límites; no se trata de poner un nuevo tipo penal en el Código por el uso del dron, sino de lo que se trata es de que sea un agravante el uso del dron para delitos que ya se cometen, y que están tipificados en el Código Penal.

¿Cómo cuáles?

El espionaje, como el utilizar los drones para robar información de las casas, para pilotear estas naves arriba de las colonias y obtener planos de las viviendas, y de esta manera cometer ilícitos, sacar audios, videos que se consideren de propiedad sensible, según la ley en materia de datos personales, delitos como el secuestro, que en este año se han reportado 840 secuestros, y que los drones pueden ser utilizados para tener información de las personas, espiarlas y de esta manera acceder a la práctica del crimen de una manera más fácil.

Otro tipo de delitos que se han cometido con los drones es uno que denunciaba el Presidente de Venezuela hace algunos meses, entonces, la transportación de drogas, de armas, puede ser considerada un agravante, si es que se utilizan este tipo de tecnologías.

Por eso se funda esta iniciativa para que se considere un agravante el uso de los drones en la comisión de delitos como el transporte de drogas y el transporte de armas, el robo de datos, en todo lo que tenga que ver con espionaje y otros delitos que ya tiene considerado el Código.

Sería cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El avance tecnológico, la forma en como cambia la vida cotidiana de las personas y las comunidades, supone un reto para el mantenimiento del orden social a través de la Ley, en este sentido el marco normativo debe estar atento a las conductas sociales que utilizan la innovación tecnológica para realizar actos contrarios al Derecho, en perjuicio de la sociedad y que en los vacíos legales encuentran salidas para no enfrentar a la Justicia.

Quien suscribe sostiene que no hay labor más importante y noble en el legislador, que escuchar y observar la realidad de su tiempo, identificar las necesidades que la sociedad enfrenta, para después con una reflexión, siempre apegado a la doctrina legal, transformar el marco jurídico para adaptarlo a la exigencia de su tiempo.

El asunto que motiva la iniciativa, esta derivado de un vacío legal que ya ha sido plenamente identificado y discutido, la ausencia de un marco regulatorio para aparatos o aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente denominados “drones”, quien de acuerdo a Erick López Serrano, en el portal de la revista Nexos, expresa lo siguiente:

[…] los drones han sido utilizados ya para transportar droga, interrumpir un partido de futbol con mensajes políticos, grafitear un espectacular neoyorquino, asistir a organizaciones pro-abortistas para proveer a mujeres con pastillas abortivas en otros países, tratar de salvar a la vaquita marina o hasta para llevar botellas de champaña a la habitación. En todos estos ejemplos, los drones son meros instrumentos para llevar a cabo ciertos fines que de otra manera resultarían quizá menos fáciles de cumplir. Pero, si los drones son apenas un instrumento, ¿por qué su regulación puede ser tan complicada?[…]

Regular la operación en el espacio aéreo de los drones es indispensable para facilitar sus usos no militares. Lo que me parece más relevante, sin embargo, es subrayar la necesidad de ir construyendo un marco jurídico que permita defender los derechos lesionados mediante estas aeronaves. (Lopez, 2015)

Es entonces que el problema que plantea la Iniciativa radica en establecer un marco regulatorio en el marco penal, de forma que estas conductas que hoy no están debidamente reglamentadas, incorporando el uso indebido de los RPAS como medios para la comisión de un delito en términos del dogma penal.

ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA.

De acuerdo con los intereses que persigue la Iniciativa se considera que el uso indebido de las Aeronaves Pilotadas a Distancia (Drones) en lo subsecuente RPAS, incurren en presuntas violaciones a los siguientes Derechos consagrados a la Ley:

Derecho a la Privacidad: De acuerdo al jurista Diego García Ricci el Derecho a la Privacidad puede definirse como:

A pesar que no existe un acuerdo unánime sobre su definición, la privacidad es un elemento consustancial a la dignidad humana y, por esa misma razón, precisa ser protegida por el Derecho. En cambio el Derecho a la Privacidad, sí podría definirse como aquel que tiene todo individuo a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. (Garcia Ricci, 2013)

Así de acuerdo a la doctrina legal en los párrafos primero y segundo del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo subsecuente CPEUM, establece que:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastara? con que quede constancia de ellos en cualquier medio que de? certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así? como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.1

Es entonces el supuesto que el uso indebido de los RPAS, puede ocasionar un perjuicio al derecho a la privacidad, en cuanto se utilicen para por terceros para sobrevolar e ingresar a propiedades y domicilios ajenos, con la finalidad de obtener sin consentimiento algún tipo de dato personal o de aspectos de la vida privada que se considere reservados en los términos de la definición presente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en las fracciones V y VI de su artículo 3, en cuyo texto se lee:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende:

I.-IV.-..

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Más aún esta información puede ser utilizada para obtener información con el fin de llevar a cabo alguno de los delitos tipificados en la Ley, tales como: Robo, Secuestro, Trata de Personas y Homicidio.

Por lo que la medida punitiva para castigar esta conducta se funda en el interés de prevenir un delito de consecuencias mayores en la integridad y el patrimonio de las personas.

Es decir al tipificar este tipo de conductas, el objetivo es disuadir el uso de los RPAS, para obtener información que sea sensible, y por tanto protegida por el Derecho, pero de igual forma prevenir la comisión de otros delitos, considerados mayores en función del daño que generan a la víctima.

Daño en Propiedad Privada: De acuerdo al Código Penal Federal en su artículo 397, el daño en propiedad privada se tipifica como:

Arti?culo 397.- Se impondra?n de cinco a diez an?os de prisio?n y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundacio?n o explosio?n con dan?o o peligro de:

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves dan?os personales;

III.- Archivos pu?blicos o notariales;

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos pu?blicos, y

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier ge?nero.

Así mismo a efectos de los intereses que persigue la inciaitiva se conviene citar el artículo 399 del Código en comento, referente al mismo tipo penal, que a la letra dice:

Arti?culo 399.- Cuando por cualquier medio se causen dan?o, destruccio?n o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicara?n las sanciones del robo simple.

Es importante señalar que a través de la Dirección de Aeronáutica Civil existe una reglamentación donde se establece un tipo de denuncia en cuanto un RPA causare en su uso indebido o por causa accidental en la integridad o el patrimonio de terceros, a través del formato titulado “Reporte de Daños por RPAS”,2 que incluso de acuerdo a dicho documento pueden ocasionar la muerte de una persona.

El uso adecuado de los RPAS aún con fines recreativos esta reglamentado bajo la “Circular Obligatoria CO AV-23/10 R4, Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano”, la cual describe una serie de lineamientos que permiten el adecuado uso de estos aparatos lo cual le brinda al marco normativo una medida indicativa, pero actualmente no contamos con una medida que sancione, las conductas que a criterio del Poder Judicial constituyan un daño en la propiedad privada; por lo que la iniciativa pretende ampliar dentro del tipo penal ya establecido en el código sujeto a reforma, las conductas relacionadas que involucren un uso indebido de los RPAS.

Delitos en materia de secuestro, trata de personas, contra la salud, acopio y tráfico de armas, introducción clandestina de armas de fuego, entre otros: Dada la naturaleza de operación de los RPAS, que les permiten trasladarse en el espacio aéreo sin que exista regulación que faculte a las autoridades ministeriales, policiales y judiciales conocer, investigar hechos donde se involucren este tipo de aparatos en la medida que su incorporación al Código Penal tenga adicionalmente un uso informativo y disuasivo entre la población, para que se evite su uso en la comisión de diversos delitos.

Debido a que estas conductas son de reciente presencia en la vida cotidiana de la sociedad y a que el Código Penal Federal, es un instrumento con más de 40 años de su promulgación es necesario e inaplazable incorporar las nuevas conductas delictivas en los términos de mayor similitud.

En la dogmática penal se consideran como medios de comisión del delito a aquellos elementos que materializan la conducta considerada como ilícita por el tipo penal. De tal modo que aquella persona que ejecuta la conducta ilícita (sujeto activo del delito) se sirve un único o de distintos medios de comisión para ejecutar el delito. El ejemplo típico de lo que puede considerarse como medio de comisión lo es, por ejemplo, la violencia física en el delito de lesiones.

Derivado de la revolución tecnológica, así como, los avances en la ciencia y el conocimiento, que predominan en nuestra época, la ejecución de los medios de comisión del delito se han sofisticado a través de diversos instrumentos que sirven precisamente para materializar la conducta ilícita. Por ejemplo, en el homicidio es poco común que hoy en día se utilice una espada para cometerlo, siendo un arma de fuego el medio más común para realizarlo.

En este orden de ideas, los instrumentos para cometer delitos patrimoniales que hoy en día son más utilizados para ejecutar las conductas delictivas lo son aquellos relacionados con las aplicaciones informáticas y la ingeniería cibernética, mismos que por su complejidad son altamente difíciles de combatir a través de los medios tradicionales contra el delito.

En consecuencia el uso indebido de drones no es en sí un nuevo tipo penal, sino que es un medios de la comisión de delitos ya establecidos y que la iniciativa tiene como fin describir este medio para que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales tengan los elementos para conocer, investigar y sancionar estas conductas como agravantes de delitos ya establecidos en la Legislación Penal

FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, por los cuales se faculta a las y los Senadores, iniciar el proceso legislativo mediante la presentación de Iniciativas.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de uso de aeronaves pilotadas a distancia como medios para la comisión de delitos.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Único.- Se adicionan los artículos 166 Ter y 166 Quáter del Código Penal Federal para quedar como sigue:

CAPITULO I

Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia

Artículo 166 Ter.- A quien haciendo uso de aeronaves pilotadas a distancia, utilizando cámaras fotográficas, micrófonos o cualquier otro dispositivo que permita capturar imágenes, grabaciones o audiovisuales, se apropie indebidamente de Datos Personales y Datos Personales Sensibles de acuerdo con el artículo 3 fracciones V y VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se les impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y decomiso de dichos aparatos y equipos.

Artículo 166 Quáter.- A quien utilice aeronaves pilotadas a distancia como medio para la comisión de los siguiente delitos previstos en el presente Código:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis;

III. Contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero;

IV. Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

V. Daño en propiedad ajena prevista en los artículos 397 y 399;

Así como de los delitos previstos en los siguientes ordenamientos.

I. Tráfico de armas, previstos en el artículo 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

II. Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15;

IV. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación;

V. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223;
 se le aumentará la pena de tres meses hasta tres años de prisión.

….

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Claudia Edith Anaya Mota.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, última reforma: DOF 15-09-2017

2 Reporte por Daños de RPAS Drones, Dirección de Aeronáutica Civil, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo3/fs-v-20-reporte-de-danios-por-rpas-rev1.pdf

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Anaya Mota. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira Kempis Martínez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de presupuesto para la cultura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES; DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La Senadora Indira Kempis Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

Nuestro país es una tierra de artistas y somos muy privilegiados de tener un núcleo de creatividad emergente que no solamente estriba en la preservación de la cultura y del arte, sino también de lo que viene, de las industrias creativas.

México ocupa el séptimo lugar en patrimonio cultural y las actividades artísticas representan el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, hay 2 mil 500 actividades artísticas al día, que benefician a 10 millones de mexicanos.

Es por eso que nosotros en el grupo parlamentario, lo que estamos proponiendo es una reforma a la Ley General de Cultura; a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, persiguiendo tres objetivos fundamentales:

Primero. Garantizar el acceso a la seguridad social de los artistas y sus familias. Esta es una añeja demanda de la comunidad cultural que no consiste en otorgar derechos especiales, sino en reconocer los derechos elementales de cualquier mexicano y mexicana.

Segundo. Planteamos que se establezca al menos el 1 por ciento del Presupuesto de Egresos a la cultura, un compromiso que asumimos en Movimiento Ciudadano y que además constituye una recomendación de organismos internacionales.

Hoy destinamos lamentablemente el .3 por ciento del presupuesto federal, siendo un país de artistas, siendo un país donde el arte y la cultura es parte de nuestro patrimonio, esa cifra es ridícula y absurda, perseguimos el 1 por ciento.

Y tercero. Proponemos incluir obligaciones para la debida protección y conservación de los recintos culturales del país para evitar tragedias como la acontecida recientemente en Brasil y para evitar que haya afectaciones en nuestro patrimonio cultural.

Creemos que nuestra comunidad de creativos merece no solamente el respeto por medio de premios y becas, sino también por incentivos claros de que efectivamente nos importa nuestro patrimonio artístico y cultural.

Es cuanto.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 el Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, entre otras cosas, consagró el derecho a la cultura en nuestra Constitución de la siguiente manera:

Artículo 4o. (… )

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

De esta manera, se añade como derecho fundamental, el derecho a la cultura, previsto en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a la letra indica:

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

Lo anterior implica, como indica Francisco Javier Dorantes Díaz, que “el derecho a la cultura tiene las siguientes cualidades: a) Protege el acceso a los bienes y servicios Culturales; b) Protege el disfrute de los mismos, y c) Protege la producción intelectual.”2

Lo anterior, ha permitido, como señala Lucina Jiménez López, que el debate de los derechos culturales “haya avanzado de manera importante, a partir del marco normativo internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos Pactos Internacionales de Naciones Unidas, la Declaración Universal de la Diversidad Cultural y la Convención del 2005 de la UNESCO. En su dimensión operativa, también ha influido en términos de política pública local o regional, la Agenda 21 de Cultura firmada por más de 520 gobiernos de ciudades, estados y regiones del mundo.”3

Los derechos culturales, de acuerdo con Farida Shaheed, primera Relatora de Derechos Culturales de Naciones Unidas, son:

“los derechos de todas las personas, individualmente y en comunidad con otros, así como de grupos de personas, a desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia y su desarrollo mediante, entre otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, los conocimientos y las artes, las instituciones y las formas de vida. También abarcan el derecho a acceder al patrimonio cultural y a recursos que permitan que esos procesos de identificación y desarrollo tengan lugar, y a disfrutar de dicho patrimonio y dichos recursos.”4

También, de acuerdo con Karima Bennoune, actual Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas, “los derechos culturales protegen, en particular:

“a) La creatividad humana en toda su diversidad, y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella;

b) La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, incluido el derecho a elegir no pertenecer a un colectivo determinado, así como el derecho a cambiar de opinión o a abandonar un colectivo, y a participar en el proceso de definición de este en condiciones de igualdad;

c) Derechos de las personas y de los grupos a participar, o a no hacerlo, en la vida cultural de su elección y a ejercer sus propias prácticas culturales;

d) Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan y de las fronteras;

e) Disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su propio patrimonio cultural y al de otros;

f) Participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la reformulación de sus identidades culturales.”5

Lo anterior implica que “la política cultural del siglo XXI requiere de una nueva gobernanza que permita la coordinación y armonización con las políticas educativas, económicas, de salud, seguridad ciudadana, medio ambiente, desarrollo urbano, para garantizar los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades. También requiere de la participación activa de artistas, creadores, promotores culturales, grupos y comunidades, de la iniciativa privada y de la sociedad civil.”6

Al respecto, “[e]l sector cultural en México ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con su naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas y de gestión y su relación con la tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes digitales.”7

Por lo que, al consagrar el derecho a la cultura en nuestra Constitución, se requieren las adecuaciones legales necesarias “a fin de que garantice los derechos culturales, al tiempo de permitir beneficios económicos, sociales, educativos, medioambientales, científicos y tecnológicos, en condiciones de equidad”.8

No obstante que en abril de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, es necesario seguir diseñando instrumentos para garantizar el acceso a la cultura y empoderar a las comunidades artísticas del país.

Mediante la presente iniciativa se plantea, entre otras cosas, establecer una inversión irreductible del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación hacia el ramo cultural, garantizar el acceso a la seguridad social para todos los artistas, y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de información cultural, además de impulsar la protección de los recintos culturales.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 19, la fracción I del artículo 24, y el artículo 25, y se adiciona una fracción IX al artículo 19, todos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar como sigue:

Artículo 19.- Para la implementación de los mecanismos de coordinación a que se refiere este Título, la Secretaría de Cultura se encargará de:

I. … VI.

VII. [...];

VIII. [...], y

IX. Garantizar la protección, conservación y constitución de espacios de arte y cultura, tales como museos, teatros y demás, que propicien el fortalecimiento y desarrollo de las actividades artísticas y culturales.

Artículo 24.- [...]:

I. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria aprobada para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, que no podrá ser menor al 1% de dicho Presupuesto, con cargo a los fondos que tengan como finalidad el fomento de las expresiones y manifestaciones de cultura en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. La Secretaría de Cultura, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinarán sus acciones para que los recursos asignados para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura, y la garantía para el acceso a la seguridad social para todos los artistas, tengan un incremento progresivo año con año;

II. a III […].

Artículo 25.- Las entidades federativas se sujetarán a sus respectivos presupuestos, en los cuales el presupuesto destinado para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura, y la garantía para el acceso a la seguridad social para todos los artistas, no podrá ser menor al 1% de dicho presupuestos, así como a los instrumentos de financiamiento que se establezcan en la legislación correspondiente.

Artículo 21.- […].

La Secretaría de Cultura procurará y vigilará que las personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado que presten servicios culturales, cumplan con las obligaciones contraídas con sus trabajadores, en materia laboral y de seguridad social, en términos de lo señalado por la Ley del Seguro Social, y, de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaría de Cultura garantizará que, mediante convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajadores actores, músicos, y demás artistas, no asalariados sean incorporados al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo, en término de la Ley del Seguro Social. La Secretaría de Cultura creará un fondo de pensiones y prestaciones, integrado por aportaciones de la propia Secretaría de Cultura, para trabajadores actores, músicos, y demás artistas, no asalariados, a fin de contar con recursos que les brinden acceso a la protección social.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 310, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 310.- […].

Los patrones tienen, además, las siguientes obligaciones:

I. Garantizar los derechos de seguridad social del trabajador;

II. Respetar los derechos de identidad cultural del trabajador; e,

III. Informar al trabajador sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, mediante contratos escritos, que incluyan:

a) El nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva;

b) La dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;

c) La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración;

d) El tipo de trabajo por realizar y sus condiciones;

e) La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;

f) Las horas normales de trabajo;

g) Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales;

h) El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;

i) Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador o el empleador.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo último al artículo 13; y, se reforma la fracción I, del artículo 13, ambos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores actores, músicos y demás artistas, así como el resto de trabajadores no asalariados;

II. … V.

[…].

La Secretaría de Cultura garantizará que, mediante convenio con el Instituto, trabajadores actores, músicos, y demás artistas, no asalariados sean incorporados al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dado en el Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

1 Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2009. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089046&fecha=30/04/2009 (consultado el 27 de julio de 2018).

2 DORANTES DÍAZ, Francisco Javier, El derecho a la cultura en México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista de derechos humanos - dfnsor, Número 02, Febrero de 2001, en sección de Opinión y Debate, pp. 6-12. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf (consultado el 27 de julio de 2018).

3 JIMÉNEZ LÓPEZ, Lucina, Derechos Culturales y Desarrollo Sostenible como mandato constitucional en México, Ponencia leída en la Segunda Audiencia Pública para la elaboración de la  “Ley General de Cultura”, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, julio 5 de 2016. Disponible en:
https://www.conarte.mx/2016/07/05/derechos-culturales-y-desarrollo-sostenible-como-mandato-constitucional-
en-m%C3%A9xico/ (consultado el 27 de julio de 2018).

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Kempis Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 73 constitucionales, en materia de educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DEL ARTÍCULO 3o. Y LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras Senadoras y Senadores.

Honorable Asamblea:

Hoy estamos ante la oportunidad de iniciar un verdadero debate sobre el estado de la educación en México y sobre el tipo de educación que deseamos para todos los mexicanos, pero para abrir este diálogo con todos los sectores de la sociedad se requiere que desde el Congreso se revise de manera integral la reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales, aprobadas en diciembre de 2012.

México necesita una Reforma Educativa que sea incluyente, que sea integral y que parta de la experiencia de los maestros y maestras como verdaderos actores del proceso educativo, que integre la visión de los investigadores y académicos que se ocupan de la educación, que involucre a los padres de familia y a la sociedad y al sector empresarial tan preocupado por la formación de quienes serán el motor de nuestra economía y por un supuesto que sea un proyecto educativo que haga de la equidad y la justicia social sus ejes transversales.

La reforma impulsada por el actual gobierno es una reforma que partió de una premisa falsa. De acuerdo a su diagnóstico los maestros y las maestras de México constituían el principal obstáculo para lograr la calidad de la educación.

Por eso veo inecesario empezar por imponer a los docentes un modelo que los sujetaría a una evaluación permanente bajo un sistema que de manera arbitraria estandarizara su perfil para el ingreso, la promoción y la permanencia.

La Ley General del Servicio Profesional Docente se impuso como la herramienta de este nuevo modelo que carente de todo humanismo impulsó una visión orientada a destruir la vocación magisterial, sin tomar en cuenta que en la mayor parte de nuestra República la única institución existente es la escuela, que muchas veces se trata de un aula, pero está ahí como prueba de la existencia del pacto entre el Estado, el magisterio y su pueblo.

De manera permanente se argumentó que los maestros se oponían a la evaluación, un planteamiento completamente falso, pues desde hace años los docentes se someten a diversos procesos de evaluación. La realidad es que esta fijación por los exámenes estandarizados no ha mejorado la calidad de la enseñanza ni los niveles generados de aprendizaje de los alumnos.

Quienes impulsaron esta reforma en ningún momento se hicieron las preguntas adecuadas, se partió de imponer un modelo sin tomar en cuenta que cada sociedad tiene sus ideas sobre lo que quiere ser, sus sueños y sobre lo que realmente es.

El objeto de la presente propuesta es el de reorientar la Reforma Educativa, empezando por suprimir el fundamento constitucional que le da la vigencia a la Ley General del Servicio Profesional Docente, uno de los productos más agresivos de la Reforma Educativa, una ley con un claro enfoque represivo sobre el régimen laboral de los maestros.

Esta ley, aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, coloca a los trabajadores de la educación en un estado de excepción, privándolos de la jerarquía de las leyes del trabajo contenidas en el artículo 123 constitucional.

Esta ley representó la pérdida expedita de todos los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la Educación.

Para esta ley y para quienes impulsaron esta reforma, pierde sentido la formación docente, pues de acuerdo con los nuevos criterios a los concursos de oposición, puede inscribirse y participar toda persona, imponiéndose como único requisito el ser egresado de universidades públicas o privadas, y aquí me pregunto, ¿dónde quedan los aspectos pedagógicos y en qué papel queda el profesional de la educación?

En resumen, con esta ley se colocó al magisterio en un régimen de excepción laboral con efectos retroactivos, eliminando sus derechos históricamente adquiridos y constitucionalmente conquistados. Esta ley sustituye la seguridad en el empleo por el derecho a participar en un concurso, suprimiendo la estabilidad laboral, poniendo en riesgo la antigüedad y el salario de los maestros y obligándolos a exámenes punitivos, estandarizados e intermitentes, así como la degradación de su función califica y clasifica a los maestros como idóneos o no idóneos, mediante un instrumento de indefendible idoneidad.

En un acto de justicia, el Senado de la República está ante la oportunidad de corregir la arbitrariedad, reformando el artículo 3o. y reformando el artículo 73 constitucional, para permitir que los trabajadores de la educación sean nuevamente sujetos de sus derechos laborales y que las relaciones entre trabajadores esté nuevamente en el marco del artículo 123 constitucional.

Por lo anterior, sumo mi propuesta a la presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama y que suscribí, para que en un acto de justicia y con la visión de construir una Reforma Educativa incluyente, democrática y humanista, sea reformada la fracción III y la fracción IX del artículo 3o., así como la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando de esta manera a nuestra Constitución sin el fundamento que hace de los trabajadores de la educación un sector al margen de los derechos laborales y humanos al trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Pinedo Alonso.

Sí, Senadora Margarita Valdez, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para suscribir la iniciativa de la Senadora Pinedo, en apoyo al magisterio de México.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Mora.

La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: (Desde su escaño) Para el mismo efecto, para suscribir la iniciativa de la Senadora Cora, por parte del grupo del PES.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios recoja las firmas de adhesión a esta iniciativa, y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos.






En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 81 constitucional, en materia de segunda vuelta electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar esta iniciativa a nombre de las y los Senadores del Partido Acción Nacional.

La democracia en nuestro país se ha fortalecido considerablemente en las últimas décadas, sin embargo, sigue siendo débil en muchos aspectos y en diversas zonas del país.

Desde hace cuatro décadas México ha ido recorriendo un largo camino hacia la democracia plena, y aunque siguen existiendo en algunos lugares retrocesos, el avance es, sin duda, indiscutible.

México es uno de los escasos países en América Latina que no cuenta en su andamiaje constitucional con la segunda vuelta electoral, ya que junto con Honduras, Paraguay, Venezuela, Panamá y otros pocos países, el ganador de las elecciones presidenciales se define en una única elección, teniendo como ganador el que cuente con la mayoría relativa de los votos.

Es por ello que mediante la presente iniciativa proponemos la incorporación de la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente de la República, lo que servirá a darle certeza jurídica, legitimidad y gobernabilidad al candidato triunfador.

En el ámbito internacional hemos sido testigos de que este mecanismo ha fortalecido la legitimidad y con ello la gobernabilidad de quien resulta vencedor o vencedora, en pro de la democracia. La segunda vuelta electoral, además de dotar de mayor legitimidad al ganador, evitará un eventual triunfo de un candidato que cuente con poca aceptación entre la ciudadanía. Por ello, la propuesta para llevar a cabo la segunda vuelta electoral en México es que se realice una elección entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, esta jornada electoral deberá realizarse 45 días después de la primera para evitar un tiempo de incertidumbre.

Como lo he comentado, en el ámbito internacional existen antecedentes de incorporación de la segunda vuelta a los sistemas electorales de países latinoamericanos que cuentan, al igual que México, con un sistema de gobierno presidencialista. Costa Rica y Ecuador fueron pioneros, ya que adoptaron este mecanismo a finales de la década de los años 70’s. A pesar de que la segunda vuelta se instaló con redacciones distintas y en algunos casos inclusive con mayorías específicas en las legislaciones electorales, en las siguientes dos décadas este instrumento se incorporó con diversas denominaciones como segundo turno, segunda elección o segunda vuelta en países como Brasil, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile.

Los tiempos para celebrar la segunda vuelta electoral varían de país en país, ya que por ejemplo, en Argentina se debe de llevar a cabo dos meses después de la primera vuelta; en Brasil, dentro de los 20 días siguientes; en Chile a los 30 días siguientes; Colombia lo establece tres semanas más tarde; Costa Rica, el primer domingo de abril del mismo año de la elección; Ecuador, dentro de los siguientes 45 días; El Salvador, en un plazo no mayor de 30 días después de declarados firmes los resultados de la primera elección; Guatemala, en un plazo no mayor de 60 ni menor de 45 días; Perú, 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales; República Dominicana, a los 45 días después de celebrada la primera; y Uruguay, el último domingo del mes de noviembre del mismo año.

En la mayoría de los países mencionados, la segunda vuelta ha brindado estabilidad y fortaleza a los gobiernos, los titulares del Ejecutivo tienen apoyo social y en algunos casos, incluso, apoyo legislativo.

Volviendo a nuestro país, los distintos acuerdos y alcances que se pueden lograr ante las diversas fuerzas políticas para realizar una segunda vuelta electoral, permitirán que el ganador cuente con el respaldo y la sumatoria de distintas mayorías.

La propuesta es que, para que resulte ganador un candidato o candidata a la Presidencia de la República, se requiere de la mayoría absoluta de los votantes, es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos. Para este efecto, en caso de ser necesario, se celebrará una elección de segunda vuelta, 14 días después de la primera, entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. Se propone que para la segunda vuelta no se pueda realizar campaña alguna.

Tenemos una oportunidad histórica en este Senado de la República para modernizar nuestro procedimiento electoral y fortalecer nuestra democracia al instaurar la segunda vuelta en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora López Rabadán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, y una vez que se han agotado las iniciativas, les informo que iniciamos esta sesión a las 11 de la mañana con 11 minutos.

Como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta 4 horas. Ese tiempo ya se ha cumplido.
Para conocer si es posible continuar con los asuntos del Orden del Día, consultaremos a la Asamblea. Por lo que solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si autoriza continuar con la sesión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza continuar con los asuntos del Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza continuar con la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.






Pasamos, en consecuencia, al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Manuel Castro Cosío, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El suscrito, Senador Víctor Manuel Castro, integrante del grupo parlamentario de Morena en esta Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado, me permito proponer a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el instrumento catalogado como prioritario de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo Agrícola.

Consideraciones

Siendo la agricultura la actividad base de los pueblos mesoamericanos y el pilar de esta gran nación, resulta fundamental en el desarrollo de nuestro país abordar este tema como uno de los más importantes en el hacer legislativo.

Incentivar la actividad agrícola en México es un punto fundamental para nuestro crecimiento económico, por lo que no sólo debemos velar porque la agricultura adquiera una dimensión y respaldo sin precedente, sino también recuperar la confianza de los campesinos y agricultores de México con acciones concretas. Los campesinos nos exigen diariamente menos discursos y más respaldo.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el Inegi en el 2017, hay 11.8 millones de puestos de trabajo de jornal por contrato, de estos puestos, sólo el 12.8 por ciento de ellos se encuentran ocupados por mujeres, de las cuales sólo 3 de cada 10 reciben una remuneración por este trabajo.

La realidad que viven los campesinos de México es por demás injusta y abusiva, pues sus salarios, en muchas regiones de esta nación, están por debajo de los salarios mínimos.

La pobreza lastima y desarraiga a millones de compatriotas que no merecen vivir de esta manera.

Conscientes del deterioro y abandono del campo mexicano en las últimas décadas, y de acuerdo con las propuestas del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, en su proyecto para reactivar el campo mexicano, proponemos ratificar los instrumentos internacionales que nutran la legislación nacional en materia de empleos agrícolas, como lo es el Convenio 129, suscrito en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el 4 de junio de 1969, Convenio del cual somos suscriptores, sin embargo, la ratificación está pendiente.

Entre los principales acuerdos establecidos en el Convenio, destaco los siguientes:

La competencia de la autoridad para delimitar previa consulta la línea de demarcación entre la agricultura, la industria y el comercio, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo.

La resolución de dudas con respecto a la aplicación del convenio por la autoridad competente y las disposiciones legales.

Todos los Estados miembros de la OIT y signatarios del Convenio deberán mantener un sistema de inspección del trabajo en la agricultura.

Las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

El proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir con las disposiciones legales.

Compañeras y compañeros, hablar del campo mexicano no sólo es hacer hincapié en el abandono que ha sufrido al paso del tiempo. Por eso proponemos como punto de Acuerdo a esta Honorable Cámara de Senadores exhortar, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo Agrícola de la Organización Internacional del Trabajo.

Exhortar al Senado de la República, con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para retomar el proceso deliberativo correspondiente a la ratificación del Convenio referido a la inspección en las áreas agrícolas del país.

Por su atención, muchas gracias.

Y esperamos sea respaldado por el bien de los agricultores y campesinos de México este tratado internacional.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Senador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a la LXIV Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º numeral 1 Fracción II y 276 numeral 1 Fracción I del Reglamento del Senado, me permito proponer a esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL INSTRUMENTO CATALOGADO COMO PRIORITARIO DE GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL CONVENIO 129 SOBRE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO (AGRICULTURA).

CONSIDERACIONES

Siendo la agricultura la actividad base de los pueblos mesoamericanos y el pilar de esta gran nación, resulta un punto fundamental en el desarrollo de nuestro país tomar este tema como uno de los puntos más importantes en el hacer legislativo.

En cifras nacionales hasta el 2015 el 13% del territorio nacional estaba destinado a la agricultura de los 200 productos que cultivamos en este país, siendo el tercer lugar en América Latina en producción de alimentos y el décimo a nivel mundial, a pesar de esto es la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación la que nos dice que de 1961 a 2015 solo han crecido en un 8.53% estas tierras de cultivo.

Incentivar la actividad agrícola en el país es un punto importante para el crecimiento económico nacional, por lo que no sólo debemos velar porque este porcentaje no baje si no que se incremente, pero al mismo tiempo que buscamos un desarrollo económico, tenemos la responsabilidad de no perder de vista el factor humano; no podemos permitirnos el crecer en este rubro a costa de los trabajadores del campo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el INEGI en el 2017, hay 11.8 millones de puestos de trabajo de jornal por contrato, de estos puestos solo el 12.8% de ellos se encuentran ocupados por mujeres de las cuales solo 3 de cada 10 reciben una remuneración por este trabajo.  

Las condiciones del trabajador campesino tienen que ser mejoradas, cuando consultamos las cifras observamos que el promedio de salario del jornalero es de $167.70 por 7.2 horas de trabajo de alta intensidad y que cada contrato es de aproximadamente 25 días.

Conscientes del deterioro del campo en las últimas décadas y armónicamente con las propuestas del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador en su proyecto para reactivar el campo mexicano, es la necesidad de ratificar los Instrumentos Internacionales que nutran la legislación nacional en materia de empleos agrícolas como lo es el Convenio 129, suscrito en la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo, en Ginebra el 4 de Junio de 1969, mismo del cual somos suscriptores sin embargo la ratificación está pendiente.

Entre los principales acuerdos establecidos en el Convenio destacan:

• La competencia de la autoridad para delimitar previa consulta, la línea de demarcación entre la agricultura, la industria y el comercio, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo.

• La resolución de dudas con respecto a la aplicación del convenio, por la autoridad competente y las disposiciones legales.

• Todos los Estados miembro de la OIT y signatarios del convenio, deberán mantener un Sistema de Inspección del Trabajo en la Agricultura.

• Las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

• El proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales.

• El personal de la Inspección del trabajo y la paridad de género para la elección de los mismos.

• Los requerimientos y medios para llevar a cabo el trabajo de inspección.

• Procedimientos y sanciones para las partes y/o autoridades.

• Un informe anual que contenga:

(a) legislación pertinente de las funciones de la inspección del trabajo en la agricultura;

(b) personal del servicio de inspección del trabajo en la agricultura;

(c) estadísticas de las empresas agrícolas sujetas a inspección y número de personas que trabajen en ellas;

(d) estadísticas de las visitas de inspección;

(e) estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas;

(f) estadísticas de los accidentes del trabajo y de sus causas;

(g) estadísticas de las enfermedades profesionales y de sus causas.

Compañeras y compañeros:

Hablar del campo mexicano, no solo es hacer hincapié en el abandono que ha sufrido al paso del tiempo y la falta de políticas públicas para reactivarlo, también es señalar el papel que desempeñan los trabajadores y el atropello que sufren día a día por sus patrones, empresa, los comerciantes provechosos que pretenden pagarles sus productos en una tercera parte de lo que posteriormente los venderán en el mercado y el crimen organizado.

Por ello, es necesario implementar acciones que ayuden a regular y velar por los intereses de los trabajadores del campo, implementando acciones de vigilancia y supervisión como las que obran en el convenio por el que hoy estoy abogando.

Por lo anteriormente expuesto me permito proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Honorable Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el Convenio 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), de la Organización Internacional del Trabajo.

SEGUNDO: Se exhorta al Senado de la Republica, con las Facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para retomar el proceso deliberativo correspondiente a la ratificación del Convenio referido a la inspección del empleo, (agricultura).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Suscribe

Sen. Víctor Manuel Castro Cosío.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Castro Cosío. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.






Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue durante la campaña del Presidente Electo una de sus propuestas más fuertes, sin embargo, con el paso del tiempo se fue suavizando este discurso para finalmente decir que se pondría a consideración a través de una consulta, por cierto, consulta que no sabemos bajo qué condiciones o elementos se llevaría a cabo, pero sí pareciera que fuera ya una decisión tomada, un caso juzgado.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con especialistas en la materia, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una infraestructura obsoleta para las necesidades de la Ciudad de México y la generación directa e indirecta de beneficios regionales en todo el país.

En 2017 México ocupó el número 67 de 137 en calidad de infraestructura aeroportuaria y el 51 en competitividad, según el Foro Económico Mundial.

La capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por citar algunos hechos, es de 32 millones de pasajeros y 365 mil operaciones al año, en 2014 hubo 34 millones de pasajeros y 410 mil vuelos, en el 2017 ya albergó a 44 millones de pasajeros y 449 mil vuelos.

Año con año viene creciendo, y según el dicho del director, Alexandro Argudín, se mantendrá este crecimiento hasta que deje de funcionar.

Por lo anterior, justo en 2014 se elaboraron los estudios, para la construcción de un nuevo aeropuerto en donde lo albergarían en 4 mil 300 hectáreas de terreno, que por sus características sería de los más importantes a nivel mundial en construcción y que tendría, además, aspectos de sustentabilidad y también de datos de operaciones, de cómo estaría desarrollándose la operación del aeropuerto.

Miren, déjenme decirles algunas características favorables para el nuevo aeropuerto.

¿Es cercano al actual? Aproximadamente 10 kilómetros.

Contará con una subestación que es capaz de darle luz, por ejemplo, a una ciudad como Pachuca entera.

Tendrá tres pistas de momento para poder llegar a seis y operar de manera simultánea en tres de ellas.

Podrá tener 96 posiciones de arranque.

Para 2021 se espera que pueda albergar ya a 55 millones de pasajeros.

¿Y cuáles serían ahora, en contra parte, las consecuencias de la suspensión?

El costo de cancelación de la obra en el proceso implicaría pérdidas por 120 mil millones de pesos, según lo que ya se ha manifestado; se afectaría, por supuesto de manera muy importante, la reputación internacional de México en obras de esta naturaleza, por cierto, es tal vez junto con el Puerto de Veracruz, la segunda obra más importante a nivel nacional.

Tenemos, además, qué decir que podrían ser una complejidad el tener operaciones separadas en los dos aeropuertos, como lo ha planteado actualmente este gobierno.

¿Pero quién dice todas estas inconveniencias?

Fíjense, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de Autotransportes, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Colegio de Ingenieros Militares, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Centro de Investigación de Especialidad en Aviación de la Universidad de Massachusetts, MITRE, por sus siglas, todos, absolutamente todos hablan de la inviabilidad del nuevo aeropuerto que se plantea.

Me parece ocioso que tengamos todavía que seguir platicando de estos temas que en campaña ocuparon mucho tiempo, hay que darse cuenta que han terminado de hacer campaña para hacer gobierno, y que se necesita dar certidumbre no sólo a los mexicanos, sino también justamente a los extranjeros.

Por ello, y ante la incertidumbre que ha traído este asunto y que es evidente que no hay una sola propuesta de ninguna organización formal que avale un proyecto distinto al que ya lleva muchos años en estudio y en desarrollo, proponemos a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución:

Primero. El Senado de la República solicita al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, un informe pormenorizado sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, informe sobre el método de consulta pública que utilizará, en su caso, para la determinación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ser una infraestructura de carácter necesario para el país y para el desarrollo en los próximos años.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rementería del Puerto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, son dos tercios de los presentes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aunque a juicio de esta Presidencia es evidente que no existen las dos terceras partes que se requieren para que sea de urgente resolución, como tienen duda algunas Senadoras y Senadores, pido que se abra el tablero electrónico por tres minutos para que se vote si es de urgente resolución.

(Votación)

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Informo que se emitieron 36 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones.

No se reúnen las dos terceras partes.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada por polímeros sintéticos.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Estamos viviendo una crisis planetaria por el uso indiscriminado de plástico en nuestra sociedad.

Si bien el plástico es un material sumamente útil para la vida moderna, hemos creado una situación insostenible de desperdicio que pone en grave peligro a nuestro medio ambiente.

Desechos como las bolsas plásticas, las botellas de PET, los embalajes y los popotes se arrojan por millones de toneladas en el mar, ríos y lagos, dañando de forma irremediable a numerosas especies y animales marinos que mueren por enmarañamiento y asfixia.

Hablando de números, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que al menos 8 millones de toneladas de plástico entran a los océanos cada año, causando la muerte de más de un millón de aves y cerca de 100 mil mamíferos marinos.

El reciclaje es una alternativa, pero no es la solución ante este problema que crece año con año. No hay que olvidar que cualquier plástico requiere de cientos de años para poder degradarse. Esto hace que los desechos plásticos en el mar se degradan lentamente y se descomponen en pequeñas micro partículas que contienen sustancias tóxicas propias del material plástico. Éstas, a su vez, se han encontrado en los peces capturados para consumo humano en todo el planeta.

Por lo anterior, es urgente detener esta degradación ambiental, cambiar los patrones de consumo, concientizar a la población de lo importante que es reciclar la basura y el impacto que conlleva no hacerlo.

En diversos países se han dictado leyes para prohibir o restringir el uso de bolsas plásticas desechables, popotes y botellas de PET. México no ha sido la excepción y ha buscado generar a nivel federal y local leyes que permitan aminorar los efectos negativos de estos elementos a través de programas y campañas dirigidos a promover un país más sostenible.

Senadoras y Senadores, el grupo parlamentario del PRI está comprometido con el presente y el futuro de las y los mexicanos. Es por eso que tenemos que hacer todo aquello que está a nuestro alcance para asegurar el destino de las próximas generaciones.

Es por ello que ponemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos:

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a elaborar un programa que permita un paquete de incentivos fiscales para las industrias que eviten la producción de productos de plástico de un solo uso y para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de producto usando menos embalaje.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Turismo, a promover y participar en campañas continuas de difusión entre la población sobre la recolección y el uso responsable y racional de bolsas y botellas plásticas, generando conciencia sobre su impacto en el medio ambiente para llegar a ser una comunidad sostenible y saludable.

Tercero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones visualice y promueva políticas y programas dirigidos a apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país para obtener a partir de botellas de PET, fibras y textiles de poliéster, así como explorar otras alternativas de mercado para el uso industrial de los residuos de plástico.

Cuarto. Se exhorta a los gobiernos federal y de los estados a firmar convenios de cooperación con la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, así como universidades y colegios de profesionistas en todo el país, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación e innovación que ayuden a detener la contaminación emanada por polímeros sintéticos y renovables de compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que eviten la enorme dependencia del petróleo y generen soluciones útiles a la población.

En resumen, aspiremos, pues, a un futuro sin plástico.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Beltrones Sánchez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Samuel García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta y remite a la Corte Penal Internacional la situación relativa a Javier Duarte Ochoa, en su carácter de ex gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el periodo 2010-2016.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Les quiero pedir su atención y todo su apoyo para votar de manera urgente y obvia un asunto que va a ser de urgencia, y tiene que ver con las 70 mil pruebas falsas de SIDA que Javier Duarte aplicó de 2010 a 2016 a nuestros hermanos de Veracruz.

El día de mañana, 26 de septiembre, es la audiencia de pruebas y alegatos donde la PGR culpa, entre otros delitos, a Javier Duarte de las quimios falsas y de las 70 mil pruebas de SIDA que se aplicaron. Parece ser que el expediente va mal integrado, y por falta de pruebas será absuelto de estos delitos.

Yo les quiero pedir su apoyo, porque además este Senado tiene la facultad de pedir apoyo a las autoridades internacionales, en este caso a la Corte Penal Internacional de La Haya.

En 2017 cuando nos dimos a conocer de tan lamentables monstruosidades de ese señor, tuve la oportunidad de acudir a La Haya, presentar cajas de pruebas de evidencia, donde la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría local de Veracruz, organismos y activistas denunciaban las faltas de salud en el estado de Veracruz.

A tal solicitud, La Haya nos contestó de recibido y tenemos ya un expediente, el lote P-CR-233-2017, firmado por Mark Dillon, que es el Jefe de Evidencia y Fiscal de la Corte Penal Internacional.

El Estado mexicano es parte del Estatuto de Roma, que contiene las reglas de cómo puede intervenir la Corte Penal en casos de crímenes de lesa humanidad.

El estatuto 7.1 inciso k) detalla lo siguiente:

Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes:

Inciso k) Actos inhumanos que causan intencionalmente un gran sufrimiento o un daño grave a la integridad física o a la salud mental de una población en específico.

Yo quiero preguntarles, Senadores, si el haber otorgado, con recurso federal, porque salió de Salud, 70 mil pruebas falsas de SIDA, no solamente afectaron las vidas de los 70 mil, la propagación que pudo haber causado esa tonta política inhumana de que se esparciera esa enfermedad en ese estado; no es casualidad que Veracruz, hoy en día, es el estado que más padece el VIH.

No pasa desapercibido las quimios falsas que se dieron a cáncer de mama, en ese estado. Y por eso queremos pedirles a todos los grupos, que en virtud de la urgencia de que mañana es la audiencia de pruebas y alegatos, y podría este sujeto, este monstruo salir libre de este delito, que llegue a la instancia y, por ende, se vote el siguiente punto de Acuerdo.

Primero. La Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 13 inciso a) y 14 del Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano y ratificado por el Senado de la República, gira atento exhorto y remite a la Corte Penal Internacional, domiciliada en La Haya, Holanda, la situación relativa a Javier Duarte, en su carácter de ex gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública, cometidos por él y por quienes resulten responsables.

Segundo. Se ordena la traducción del presente exhorto en idioma inglés.

Tercero. Comuníquese a la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda.

Señores, a este tratado nunca le hemos dado vida. No firmemos tratados de oquis, y cuando tengamos la oportunidad de utilizarlos, mandemos un mensaje de que México quiere limpiar su cara, y quiere castigar la corrupción.

Pido, de favor, su voto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador García Sepúlveda.

Sonido en el escaño del Senador Ahued.

El Senador Ricardo Ahued Bardahuil: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero adherirme y agradecerle Senador ponente, el que tomó este tema. Veracruz está de luto, y Veracruz ha pasado por una desgracia administrativa, moral y física terrible.

Y este tema es un tema que traen muchos veracruzanos con esta falsificación de pruebas para el SIDA.

Me sumo a él, lo felicito, y espero que esto sirva de escarmiento para todos los que hacen con el recurso público este tipo de atracos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos, y si es para la adhesión, les pido exclusivamente, puntualmente, su adhesión, porque tenemos pendiente una votación para ver si pasa a discusión inmediatamente.

Si alguien se quiere adherir, que veo varias manos levantadas, sólo les pido que expresamente sea la adhesión.

Senadora Margarita Valdez, sonido en su escaño.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Me adhiero firmemente con esa propuesta, y ojalá que todos los compañeros lo hagan.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Con una situación de esta magnitud no debe quedar exonerado de pena, debe ser castigado Javier Duarte.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, y les pido que sea expresamente para manifestar su adhesión, en su caso.

Senadora Guadalupe Covarrubias.

La Senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes: (Desde su escaño) Compañeros, me adhiero.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Para adherirme a la proposición de punto de Acuerdo del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Blanca Piña.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: (Desde su escaño) Me adhiero.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Susana Harp.

La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Me adhiero.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Geovanna Bañuelos, Cecilia Cora, Marcela Mora, Griselda, Margarita Sánchez, Bertha Caraveo y Senadora Antonia.

Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para solicitar, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, adherirnos a la propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Imelda Castro, así también, Joel Padilla del estado de Colima.

Asimismo, Emilio Álvarez Icaza; para adherir a su grupo parlamentario, el PRD, el Senador Miguel Ángel Mancera.

Se adhieren también las Senadoras Mónica Fernández, Antares Vázquez, Nancy De la Sierra, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Gutiérrez Castorena, Alejandro Armenta, Lilly Téllez, Julio Menchaca, Primo Dothé Víctor Castro, Angélica García. Muchas gracias.

Senadoras y Senadores, vamos a poner a votación si es de urgente resolución el punto presentado por el Senador.

Consulte la Secretaría.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a su consideración la propuesta presentada.

A favor, solicita la palabra el Senador Ricardo Ahued. Adelante, por favor.

El Senador Ricardo Ahued Bardahuil: Con su permiso, señor Presidente.

Este es un tema, compañeras y compañeros Senadores, que qué bueno que se acaba de presentar. Veracruz, durante muchos años, el tema administrativo de salud ha sido verdaderamente desquiciado.

Hoy, aparte de este tema que es gravísimo, de los empresarios o seudoempresarios que vendieron este tipo de pruebas, que yo agregaría, que aparte del indiciado también revisen a las empresas que se prestaron a vender este tipo de cosas.

No se puede tener un estado como Veracruz que las pruebas, y tener gente de este  nivel, que hayan vendido pruebas falsas para detección de una enfermedad como es el SIDA.

Pero les voy a platicar que no nada más es eso.

En Veracruz saquearon los recursos de salud, coludidos también con seudoempresarios y autoridades que nunca se dieron cuenta las denuncias que fueron presentadas y decretadas por la Auditoría Superior de la Federación. Hay una deuda tremenda en Veracruz en el sector salud, un saqueo que ha sido evidenciado.

Y también son culpables muchos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, de la Procuraduría, que dejaron de correr tantas cosas en Veracruz que hoy padecemos.

Va a cambiar en unos días el gobierno que tomará posesión.

Va a tomar un estado en crisis total, social, económica, de salud y en seguridad, gracias al saqueo y a las personas que tuvieron el alma podrida de tener medicamentos falsos.

Yo solamente quiero dejarlo como reflexión que hoy en este Senado, en este lugar, tenemos ya que acabar con el cinismo, con los asesinos y con aquellos que lo único que quieren es tener dinero a costa de los que tienen cáncer, que tienen una enfermedad, y no lo habremos de permitir.

Me felicito y felicito al Senador que por Veracruz hace este acto y lo apoyamos plenamente, a nombre del grupo del Partido Morena, a nombre de mi familia y a nombre de los que vivimos en Veracruz.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Ahued Bardahuil.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente.

Tuvieron que pasar muchos meses, ya casi dos años para que este tema, que era del dominio público, pudiera llegar a esta tribuna y a partir de aquí, como bien se ha hecho, impulsarlo para que tenga consecuencias mayores.

Qué lamentable que tenga que llegar un asunto estrictamente jurídico al ámbito político, porque si se probó el uso de esos medicamentos, si se probó el desvío multimillonario, contado por miles, decenas de miles de millones de pesos, fue en la administración actual, en la del Partido Acción Nacional en Veracruz, que puso el dedo en la llaga y fue hasta las últimas consecuencias. En algo en lo que hoy estamos coincidiendo.

¡Qué lástima que no se hizo antes!

Pero hay que decir claro y fuerte, esto que sucedió en Veracruz no debe de suceder en ninguna parte de la República.

Y lo dijo bien claro también el Senador Ahued, lo que necesitamos es por Veracruz, por los veracruzanos, por los que ahí vivimos, por los que ahí hemos nacido, por los que hoy también viven ahí, por simplemente toda la población que radica en Veracruz que esto se acabe.

Y hablamos ahora de las pruebas médicas, porque bien lo narró el Senador García, que eso ataca realmente y hace sentir la podredumbre de la gente que es capaz de hacer este tipo de actos que no tienen perdón, no creo que en el mundo pueda haber algo peor que cosas como éstas.

Pero que no se nos olvide todo lo que ya se ha denunciado, todo lo que el gobierno de Acción Nacional, el gobierno del estado, ha venido demostrando y ha venido dejando claro cuál ha sido la postura y cuáles han sido las consecuencias para Veracruz, porque cuando hablamos de ese crecimiento irracional de la deuda pública en Veracruz, de lo que hablamos es de lastimar a los niños que no tienen escuelas dignas, a las familias que no tienen hospitales para ser atendidos, ni medicinas en los lugares para podérselas otorgar, pero también hablamos de la falta total de infraestructura, somos de los peores estados en el país en materia de infraestructura porque se robaron el dinero de Veracruz.

Y aquí me puede seguramente aseverar que lo que digo es verdad, el Senador Ahued, la famosa licuadora financiera que se instauró en Veracruz, que por aquí llegaban los recursos y por aquí los desviaban.

Y hace unos días precisamente hablábamos para poder evitar este asunto, aquí una propuesta que hice de una iniciativa para reformar los delitos penales y poder considerar ese que es precisamente el de la restitución de los recursos que se han desviado de la simulación de estas restituciones, poder llevarlo también a delito grave.

Se atacó a Veracruz por todos los flancos.

Sí, en la salud duele y duele mucho, quizá en el que más, pero cuando vemos la crisis en la que está metido un estado que tiene un litoral como el que tiene, que tiene una potencia agropecuaria como la que tiene, que tiene una industria portuaria también enorme, que tiene una franja para poder ofrecer diversos servicios turísticos a todo el país, entiendes la magnitud de la desgracia por la que estuvo sometido nuestro estado, nuestro querido Veracruz.

Por eso me parece que todos, y así se ha venido demostrando, deberíamos o vamos a apoyar que en Veracruz se haga y se cumpla con esto que se ha pedido en justicia, pero que no los otros delitos, los que se han demostrado, los que se han señalado, los que el gobierno de Veracruz, orgullosamente del Partido Acción Nacional, ha demostrado y ha acreditado cosas que otros no hicieron y sólo solaparon.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Con fundamento en los artículos 90 y 199, al haber hablado ya dos oradores y no haber nadie en contra, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Vamos a consultar si está suficientemente discutido, si no lo estuviera abrimos otra lista, porque el Reglamento nos obliga a que al hablar dos en caso de que no haya en contra; si hubiera en contra, serían cinco.

¿Es otra cosa? Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Sí, gracias, señor Presidente.

Sobre el mismo tema, pero me parece que si el Senador Samuel estuviera de acuerdo que se pudiera agregar en este mismo exhorto un punto adicional para solicitarle información a la Procuraduría General de la República, del porqué de esta indebida integración, porque estamos dando por sentado que mañana sí se determinará por un juez, pero no estamos pidiendo la explicación del porqué de esta indebida integración, si ya se tiene este punto de Acuerdo y lo estamos discutiendo de urgente resolución, sería también de urgente resolución que la PGR explicara a qué se debe esta indebida integración, cuáles fueron las causas de esta indebida integración, porque si no nada más vamos a ir a la instancia internacional, pero no vamos a saber qué es lo que pasó aquí, aquí van a proceder recursos, aquí habrá apelaciones que la PGR seguramente deberá darle curso y trámite, sólo para eso, para ver si pudiéramos agregar esta adición de punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, le pido que pudiera acercarse con el proponente, para ver si está de acuerdo y agregarlo en una sola votación, si no fuera así y usted sostuviera su propuesta, aun con la diferencia del proponente original, lo votaríamos por separado.

Consulte la Secretaría si está suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se considera suficientemente discutido.

Pregunto al proponente si está de acuerdo con la adición que le plantea el Senador Miguel Ángel Mancera.

Sonido en el escaño, por favor, del Senador Samuel García.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Recién platicando con el Senador Mancera, quedamos en mandarlo por separado para que no afecte la comunicación a La Haya, la comunicación a la PGR.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Entonces procederé a la votación, el punto como se presentó originalmente y, en su caso, en otro momento, se haría la propuesta que comentó el Senador Mancera.

Bien, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada en sus términos originales. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se aprueba la propuesta por unanimidad. Muchas gracias. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra al Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar acciones contundentes y de manera inmediata para que se aplique la norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras.

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, señor Presidente, y demás integrantes de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores. Estimadas Senadoras y Senadores:

Medios de comunicación y habitantes de este hermoso país llamado México.

Hoy vengo a esta tribuna, haciendo uso del derecho que me asiste, como lo marca la Constitución y el Reglamento interno del Senado, para proponer ante todos ustedes un punto de Acuerdo que considero que es de urgente resolución.

Ahorita que escuchamos hablar de corrupción, de robo, por supuesto que el punto que estoy presentando ante todos ustedes no se queda atrás.

Es notorio que el precio de la gasolina se ha aumentado de forma exponencial y dicho incremento no sólo afecta a las y a los mexicanos que compran combustible para sus vehículos, sino que afecta a toda la economía causando un alza general en los costos de la canasta básica.

Con base en los datos disponibles en la Secretaría de Economía, operan, queridos Senadores y Senadoras, en México más de 11 mil estaciones de servicio.

Les suenan a ustedes familiar estas frases como: “Aquí sí vendemos litros completos”, Hoy el costo de las gasolinas fluctúa entre los 11 pesos con 37 centavos, a los 20 pesos con 94 centavos, dependiendo del sitio geográfico del establecimiento de la gasolinera.

Dentro del precio de la gasolina que paga el público se paga además del IVA y el famoso IEPS, dando como resultado que el combustible sea un producto altamente gravado por las autoridades, lo que genera que de cada peso que se pague de combustible, 30 centavos son de impuestos.

El impacto en la economía familiar es más que evidente. Pensemos en cualquier ciudadana o ciudadano que sufre por el aumento a los combustibles y que desde 2016 eroga un 35 a un 50 por ciento más por el pago de gasolinas, lo cual provoca que su gasto se eleve de 650 a mil 50 pesos en promedio por llenar un tanque de 50 litros.

Conforme a un estudio privado de fecha 8 de febrero de 2017, realizado por el laboratorio de datos de FOROTV y OPI, el análisis sobre la honestidad de la mayor parte de las empresas expendedoras de combustibles es grave, queridas Senadoras y Senadores. Sólo de 6 de cada 10 gasolineras se verifican, una de cada 3 mangueras en el país presenta irregularidades en el despacho de combustibles y en estados como Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas, 8 de cada 10 gasolineras en promedio roban a las familias mexicanas.

Las y los mexicanos somos víctimas de algunos concesionarios sin escrúpulos que lucran de forma ilegal vendiendo litros incompletos, produciendo una merma que va hasta el 10 por ciento de la venta total, es decir, hasta 5 litros por cada tanque de 50.

Las familias mexicanas terminamos pagando por 50 litros el precio de 55, aunque lo que le representa un pago no de mil 50, sino de mil 154 pesos y si ello lo multiplicamos por día, semana o mes, dependiendo del uso y rendimiento del vehículo, nos damos cuenta, queridas Senadoras y Senadores, que de cada tanque que se llena se roban cada mes un promedio de un tanque de 50 litros, le roban a las familias mexicanas de 400 a 500 pesos.

Con esta cantidad una familia podría comprar al menos un promedio de 35 kilos de tortilla, 20 kilos de huevo o 25 kilos de frijol. Esa es la realidad que vivimos.

Es importante destacar que la Secretaría de Economía, por conducto de la Profeco, tiene facultades a efecto de supervisar, auditar y sancionar a los empresarios gasolineros que incumplan con la norma mexicana. El incumplimiento de la misma, incluso está tipificado en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Por ello, resulta inconcebible que a pesar de que existen los instrumentos legales para detener y sancionar estos actos ilegales de venta en menor cantidad a la que se paga de gasolina y diésel, la autoridad siga sin aplicar el andamiaje jurídico creado para combatir esta conducta; y con ello se continúe afectando los bolsillos de millones de mexicanas y mexicanos para quienes el uso de sus vehículos es indispensable, pues representa un medio para obtener sus ingresos familiares y, en muchos casos, subsistir.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que de manera inmediata implemente acciones contundentes, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se aplique la norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la República se despache con precisión lo pagado por el cliente. Y se informe a este Honorable Senado de la República, a la brevedad, las acciones emprendidas.

Segundo. Con base en lo establecido en el artículo 16 fracción I de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se informe a este Honorable Senado de la República, por parte de la Secretaría de Economía, el número de gasolineras que han sido sancionadas, la ubicación de éstas, así como el motivo y monto de la sanción determinada.

Estimadas Senadoras y Senadores, tal pareciera que este punto no fuese de gran relevancia, porque tal parece que ya nos acostumbramos a que nos roben, aunque sea poquito.

Este tipo de anuncios lo vemos cotidianamente donde las y los ciudadanos nos piden que hablemos por ellos y que le busquemos y encontremos una solución.

Es por eso que les pido, de la manera más atenta y respetuosa, ojalá que este punto sea aprobado a la brevedad.

No podemos seguir esperando más, ni hacer una costumbre que nos roben a todas luces, a cada segundo y a cada minuto en este país.

Ya basta de seguir pagando más de lo que te entregan.

Por eso yo agradezco infinitamente a quienes me han puesto atención, y ojalá que este punto se ponga a consideración, señor Presidente, y que sea aprobado de urgente resolución.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Conejo.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Al no haber oradores que soliciten la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Comuníquese.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos con relación a la elección a gobernador del estado de Puebla.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

“Sufragio efectivo no reelección”.

Hace 118 años, con estas palabras inició una transformación democrática en México.

Campesinos y trabajadores se levantaron en favor de representar y reclamar con estas palabras.

El proceso de transición a la democracia se ha articulado a través de diversas reformas, decisiones de Estado y un continuo esfuerzo por parte de la ciudadanía.

Ha pasado más de un siglo de aquellas palabras. La reelección, en este momento no es el problema. Sin embargo, aún con los constantes esfuerzos de las autoridades electorales siguen existiendo irregularidades en las elecciones de nuestro país.

En estos precisos momentos, personal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza el recuento total de los votos de la elección de gobernador del estado de Puebla.

¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!

Por primera ocasión en la historia política de nuestro país, por unanimidad, la máxima autoridad en materia electoral instruyó un ejercicio de esta naturaleza, considerando que la actuación de la autoridad local fue deficiente y afectó los principios rectores en materia electoral, como son la imparcialidad e independencia.

Esta resolución es histórica, es un indicador de que la autoridad federal está resolviendo conforme a derecho, pero que desafortunadamente es un esfuerzo inútil si se toma en cuenta que los paquetes electorales estuvieron en poder de una autoridad cuya parcialidad, dependencia y subordinación está sujeta a intereses distintos a los de la nación.

Las anomalías, así como los hechos violentos, durante y después de la jornada electoral en Puebla, significan un retroceso democrático de dimensiones que trascienden la esfera política y llegan a lo social.

Tenemos una opción como país en este Pleno.

Podemos dejar pasar todas las irregularidades judiciales y extrajudiciales en la elección de Puebla a gobernador.

Podemos dejar pasar el cinismo que ciertas personas nos quitan a los poblanos el derecho a sufragar efectivamente.

Podemos hacer esto, pero si lo hacemos, dejamos impunes estas conductas, aumentará el descontento social y nada va a cambiar.

A nombre de muchos poblanos y a través de mi participación en esta tribuna, les digo: Esta vez, esta vez no, esta vez queremos que se investiguen todas las irregularidades; esta vez queremos que se esclarezcan los hechos; esta vez exigimos que se haga justicia”.

Por eso someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear un Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos en relación a la elección a gobernador en el estado de Puebla.

Y como siempre, lamento la ausencia del Senador Moreno Valle.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita Senadora NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del grupo parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS EN RELACIÓN CON LA ELECCIÓN A GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

En fecha 19 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio y cómputo de la elección a gobernador en el Estado de Puebla; ordenando el recuento de la totalidad de las casillas de los 26 distritos que integran el estado. Lo anterior, debido a las irregularidades denunciadas en el proceso electoral del pasado 1º de julio del año en curso.

Los cómputos finales de la elección a gobernador del Estado de Puebla fueron impugnados en el momento procesal correspondiente, solicitando el recuento en cada uno de los distritos electorales. No obstante, el basto cúmulo probatorio que identificaba las diversas anomalías ocurridas durante la referida jornada electoral, así como los eventos cuya comprobación no necesita más que las simples máximas de la experiencia del órgano jurisdiccional, no fue estudiado.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) negó la solicitud aludida, señalando que no se cumplían los requisitos legales y que no se lograba demostrar la posible existencia de errores o inconsistencias que afecten el principio de certeza.

Esta resolución contraria al Estado de derecho imperante en nuestro país, y que vulneraba los principios rectores del sufragio efectivo, fue impugnada argumentando que se emitió una sentencia incongruente y que no existió estudio de las irregularidades ocurridas, en concreto, las incongruencias existentes en las actas de los cómputos distritales.

En este sentido, la Sala Superior actuando conforme a derecho, tuvo a bien revocar la determinación emitida por el TEEP; al resolver el expediente SUP-JRC-176/2018 y sus acumulados. Se consideró que el estudio de la autoridad responsable no correspondía con lo expuesto por el partido actor y que omitió pronunciarse respecto a la veracidad de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

El órgano jurisdiccional federal, también realizó un análisis de las actas  correspondientes, advirtiendo que se presentaron diversas irregularidades relacionadas con el debido cómputo de la votación y los paquetes. Asimismo, los magistrados consideraron que la actuación de la autoridad electoral administrativa local fue “deficiente y afectó los principios rectores en la materia, como son los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”. Postulados indispensables para el correcto desempeño de las funciones jurisdiccionales de los magistrados electorales.

En este sentido, la imparcialidad e independencia en los resolutivos de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, constituyen aspectos fundamentales para la consolidación de la democracia en nuestro país; pues se garantiza que se actúe acorde al marco normativo y no a intereses ajenos. De tal suerte, las inconsistencias, falta de precisión y de claridad, no garantizan certeza respecto de los resultados de la elección de gobernador.

La Sala Superior veló por que imperara el Estado de derecho en nuestro país; sin embargo, como bien lo señaló, el actuar de la autoridad local afectó de manera significativa el proceso electoral. Desde el 1º de julio, los paquetes electorales han estado bajo el control de una institución cuya solvencia moral y profesional, no solo están siendo objeto de controvertida, sino que existe un pronunciamiento que por la máxima autoridad en la materia sobre la falta imparcialidad e independencia. Por ello, es del conocimiento general qué, lejos de ser partícipes del resguardo de estos, presumiblemente han sido parte de su manipulación; situación que vulnera el debido proceso y, como consecuencia, la certeza del nuevo cómputo.

Las elecciones del estado de Puebla se desenvolvieron en un ambiente saturado de anomalías. Hoy existe un reclamo por parte de la sociedad, que se resuelva conforme a derecho. En este sentido no solo es plausible la resolución emitida por la autoridad federal, si no que la ciudadanía está segura de que las irregularidades con las que se pretende vulnerar el estado de derecho democrático no se sobrepondrán al sufragio efectivo.

Pues, si bien se tiene conocimiento de que los paquetes electorales fueron manipulados, se tiene plena confianza en que las autoridades federales resolverán conforme a derecho en el estudio que debe realizarse sobre la validez o nulidad de la elección.

No obstante, las conductas antes mencionadas pudieran constituir diversos delitos electorales que deben investigarse y sancionarse, sin importar quien resulte responsable; así como las responsabilidades administrativas en las que pudieron haber incurrido funcionarios públicos.

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PT, estamos convencidos de que es necesario que desde el poder legislativo se dé seguimiento puntual a las investigaciones y esclarecimiento de los hechos en torno a la elección a gobernador del Estado de Puebla. Concretamente, desde el Senado de la República se puede crear una Comisión Especial cuyo objetivo sea dar seguimiento al referido tema, así como a todas las irregularidades en torno a la elección a Gobernador del Estado de Puebla.

El marco normativo del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (en específico los numerales 85 y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículos 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico; en este sentido, establece que las Comisiones Especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos en relación a la elección a Gobernador del Estado de Puebla.

Atentamente

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora De la Sierra Arámburo.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene la palabra el Senador Alejandro Armenta, a favor.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

En Puebla se vivió una elección de estado, indudablemente.

En Puebla se violó el derecho humano a elegir a sus autoridades.

Es incongruente que la Presidencia de la República haya ganado una elección, se haya ganado la mayoría en el Congreso local, que Morena haya ganado un total de municipios que representa gobernar el 75 por ciento de la población, se hayan ganado 14 de 15 distritos federales, y la gubernatura no se ganó por parte de la coalición Juntos Haremos Historia.

El aparato represor del gobierno de Puebla tiene los OPLES, tiene la Fiscalía que persigue las voces disidentes, que traslada a los maestros que no comulgan con su ideología política de un lugar al otro en el extremo territorial, vejando sus derechos humanos, tuvo el cuerpo de represión a través de las policías donde videos dan muestra clara de cómo camionetas de la Fiscalía trasladaron las urnas robadas por elementos de la seguridad pública del estado.

El gobierno del estado de Puebla, en esta elección de estado, ocupó a la Auditoría Superior del estado como garrote político para someter a los presidentes municipales y para obligar a que generaran una tendencia política a favor de su partido.

La elección del estado en Puebla fue más que evidente cuando los programas federales, que deberían de operar las delegaciones, las operó el gobierno del estado con complicidad, con pleno abuso en el ejercicio del recurso público.

Ello es del conocimiento de los poblanos, los poblanos vivimos la represión, la inseguridad, la manipulación, y vivimos, indudablemente, lo que hemos llamado criminalización de la protesta social a través de las fiscalías en Puebla.

La propuesta que ha presentado nuestra compañera Senadora, de Puebla, por parte del PT, es acompañada y respaldada por el grupo parlamentario de Morena, porque en Puebla ganó el Senador Luis Miguel Barbosa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Armenta Mier.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nadia Navarro, para hablar en contra de la propuesta presentada.

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeras Senadoras y Senadores:

Hago el uso de la palabra, primero, para lamentar profundamente que esta instancia que ha sido ejemplo de convocar a la legalidad base sus fundamentos en juicios de valor, carentes de todo sustento jurídico.

Hoy Puebla… Más respeto, Secretaria, por favor.

Hoy Puebla es el ejemplo de un antecedente jurídico importante, se están contando los votos por votos y queremos en lo absoluto respeto, porque si ha habido un mensaje de la dirigencia nacional y de nuestra candidata es la total y absoluta apertura para que una vez más se ratifique que la voluntad de los poblanos ha sido que ella sea nuestra gobernadora.

También lamento profundamente que hoy, aquí se vengan a demeritar la competencia que las instituciones tienen.

Debemos saber dilucidar, que una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Poder Legislativo.

Y aquí hago un exhorto y un llamado a todas y a todos mis compañeros para que confiemos en lo que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está realizando.

Por eso, señor Presidente, me sumo a la propuesta de crear la comisión y, sin embargo, también pongo un punto, que me hagan partícipe de esta comisión, porque para defender la voluntad de las poblanas y los poblanos también estoy yo aquí.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Navarro Acevedo.

Hacemos un llamado a las Senadoras y Senadores, a manifestarse con respeto en la tribuna, por favor.

Hay un orden de oradores, vamos a darle curso a las intervenciones en favor y en contra.

Gracias, Senador.

Senadora Lucía Trasviña, a favor.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Con su permiso, señor Presidente.

Primero quiero exhortar al Senador poblano, Moreno Valle, para que le dé la cara a un pueblo que democráticamente y en ejercicio de su poder soberano eligió a su gobernante.

Ya basta que meta las manos, ya basta de hampones políticos, que den la cara a su pueblo y, antes que nada, el respeto se lo debemos al pueblo de México y no a un grupo que quiere seguir con las mañas de antes, manipulando, reprimiendo y asesinando.

Fuera esos políticos.

Que dé la cara Moreno Valle.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Lucía Trasviña.

En contra de la propuesta presentada, tiene el uso de la palabra el Senador Dante Delgado.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Compañeras y compañeros Senadores:

Los resultados electorales se contaron, ganaron la Presidencia de la República, la mayoría en el Senado de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados, con todas las cosas que antes se criticaban, pero después se aprobaron, pero las ganaron.

¿Y por qué ganaron? Porque la gente quiso que votara.

El mismo día, en las mismas casillas se emitió la votación en todo el país porque son elecciones concurrentes, por cierto una de las propuestas de Movimiento Ciudadano para evitar que hubiera 72 procesos electorales cada seis años, y ahora resulta que por no haber presentado a un buen candidato a gobernador, y nosotros haber presentado a una mujer con un trabajo político, la voluntad de la ciudadanía fue vulnerada.

Perdónenme señores y señoras Senadoras, revisemos cómo fueron las elecciones en varias entidades del país y, efectivamente, hay lugares donde se ve claramente una votación cuando no se conoce a los candidatos, que no es el caso específico de quien fue nuestra candidata a gobernadora en el estado de Puebla.

Una mujer que hizo un trabajo social, que ha hecho un trabajo político y que tiene una personalidad propia.

Yo no quiero faltarle el respeto a nadie en función de lo que represente, el género, pero no podemos lastimar a una mujer, que por serlo, en una relación sentimental, tenga que ser agraviada, eso por lo que se refiere a la conceptualización ética.

Por lo que se refiere a la conceptualización jurídica, tenemos por voluntad, de este mismo Senado, porque aquí se hizo la reforma del 2007-2008, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Vamos a convertir al Senado de la República en una organización institucional supra judicial, si ya se está tomando la decisión de la Sala Superior del Tribunal Superior de la Federación.
Aún no se concluye el conteo.

Queremos decir que el Senado de la República cuestiona un resultado aún pendiente de contarse en los términos en que no es producto de esta campaña, fue producto de dos elecciones anteriores, en donde nosotros exigimos voto por voto y casilla por casilla, que se venga a argumentar que al amparo de elecciones que fueron concurrentes hubo una manipulación de la voluntad ciudadana, porque en otras elecciones los resultados fueron diferenciados.

Yo les pudo decir que en las elecciones de este próximo año y de los años por venir, cuando sean cara a cara y en relación a los perfiles de las candidaturas, veremos que no tendremos la posibilidad de prefigurar mayorías mecánicas.

Por eso, con todo respeto a este Pleno, les pido que respetemos la decisión que tomó este Senado de la República, para crear las instituciones que lleven adelante la administración, como es el Instituto Nacional Electoral y, por otra parte, las responsabilidades jurisdiccionales que corresponden a los órganos que nosotros mismos hemos creado en tiempo, en forma y que son plenamente vigentes.

Por eso, si protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, tenemos que ser respetuosos de la división de poderes y de la responsabilidad que tiene en este momento por resolución de la Sala, la ejecutoria que ha ordenado el recuento de votos en el estado de Puebla.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Dante Delgado.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el Senador Víctor Castro.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Gracias, señor Presidente.

Lo que tiene que ver uno todavía.

Se sorprende, bueno, a algunos ya no nos sorprende, porque la claudicación ideológica lleva a ser disertaciones totalmente extraviadas de la realidad.

Al que le quede el saco, póngaselo y déjeme hablar.

Hablando de respeto a las instituciones.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) A mí no me queda el saco.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: ¿Qué, quieres hablar?

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) No.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continúe, orador, por favor.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: No, ya dejaron algunos, muchos, de representar la honradez política y se convirtieron en amanuenses de la derecha, del fraude.

Eso le debería de dar vergüenza a muchos.

Aquí no estamos para poner al Senado en una condición de juzgado, estamos para que esta institución cumpla con su cometido.

Y lo que ha planteado la compañera de Puebla, es obligación de este Senado, constitucional, jurídica, tenemos el Pleno la absoluta libertad de votar o no un punto de Acuerdo.

Que no se embarre al Senado en que está desviando sus funciones.

Son funciones de este Senado velar que en cada entidad haya transparencia jurídica, política, ética.

Eso es lo que estamos haciendo, no somos comparsas del fraude electoral en ninguna parte que se cometa.

Por eso queremos elevar a delito grave el fraude electoral, para que ningún sinvergüenza meta las manos en las elecciones.

Y repito, al que le quede el saco, enfrente o atrás de mí, que se lo ponga.

No vamos a permitirlo, porque ya estuvo bueno de este tipo de alianzas que sólo sirven para hacer de la política una falta de contenido ético.

¿Qué es lo que requiere la política?

La política requiere gente de estatura política y moral que defienda la democracia, como lo hizo Madero.

No andar con artilugios legaloides justificando lo injustificable.

El pueblo de México, la gente de Puebla tendrá la suficiente calidad moral.

Y si se vota y si se acuerda después de este proceso de voto por voto, no hay nada qué hacer más que respetar a los tribunales.

Pero entre tanto, estamos en absoluta libertad de hacer un llamado a quien corresponda, aunque no les guste a algunos.

Muchas gracias.

¡La democracia va; va y va en serio!

Porque habrá cada vez más y más mexicanos que defiendan lo que deben de defender, el sufragio, no a los vendidos que se arropan cuando les conviene alguna bandera y se pasan de aliados a otra y a otra.

Eso ha dañado a la política y a la ética en este país.

Ya no más tráfico de políticos, porque requerimos ser de una sola pieza.

Y en Puebla estamos defendiendo la voluntad popular.

Si perdemos en los tribunales, perdemos.

Pero tenemos el legítimo derecho de acudir a ellos, para que se transparenten las elecciones en este país.

¡No más fraudes electorales!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Castro Cosío.

Tengo dos solicitudes para rectificación de hechos.

Senador Alejandro Armenta, tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Detrás del fraude electoral en Puebla, hay una deuda oculta de 80 mil millones de pesos o más, no sabemos, que tal vez quienes no quieran que se integre esta comisión, les preocupe que se sepa la verdad, por su complicidad.

Detrás del fraude electoral en Puebla, hay más de 500 presos políticos que fueron perseguidos por la Fiscalía, me incluyo, me incluyo, porque he sido perseguido por la Fiscalía por decir la verdad.

Detrás del fraude electoral en Puebla, hay más de 700 mujeres asesinadas con impunidad, sin que se investigue.

Detrás del fraude electoral de Puebla, se llevó a cabo la privatización del agua en contra de los ciudadanos, violando su derecho que establece el artículo 4o. constitucional.

Detrás del fraude electoral en Puebla, hay la protección del ejercicio del poder público.

Por eso, vengo a plantear que el grupo parlamentario de Morena, apoya, respalda totalmente el punto de Acuerdo que presentó la Senadora Nancy, para que se integre una comisión.

Señoras y señores Senadores, no le tengan miedo a la verdad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Armenta, le quieren formular una pregunta, ¿acepta la pregunta?

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con mucho gusto, acepto la pregunta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Raúl Paz Alonzo, formule su pregunta, por favor.

El Senador Raúl Paz Alonzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo preguntarle al Senador, si no escuchó bien la intervención de la Senadora Nadia.

Ella dijo claramente: “Que se forme la comisión, porque quiere ser parte de ella”.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senador.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Desde luego, es un derecho que tenemos.

Y bienvenida ella y ojalá el Senador de Movimiento Ciudadano también se sume, como se ha sumado a los proyectos de muerte en el estado de Puebla, porque también necesitamos tener Senadores que defiendan la voluntad de los ciudadanos.

Mi participación es para reiterar, los que somos poblanos, los que somos poblanos, sufrimos la represión del gobierno; los que somos poblamos sufrimos, caminamos con temor en las calles porque el gobierno de Puebla en lugar de cuidar la seguridad, protege a los delincuentes que se roban las urnas, que se roban el combustible o que saquean el estado.

Por eso, amigas y amigos Senadores, el grupo parlamentario de Morena se suma totalmente a la conformación de esta comisión.

Como escuché al inicio de esta Legislatura, esperamos los votos valientes de los hombres y mujeres que están a favor de la democracia, de la verdad y de la justicia.

Muchas gracias

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien, el Senador respondió a una pregunta que se le hizo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería, para hablar en contra.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Con su permiso, señor Presidente.

Me parece que para nadie en democracia lo más importante sería saber cuál es el resultado, y precisamente lo que ha resuelto el Tribunal Federal ha sido eso, el poder llegar al conocimiento puntual de lo que se pidió en elecciones, incluso presidenciales en años anteriores.

Pero yo sí creo que debemos de llamar al orden en todos los sentidos, porque ha venido dándose una serie de circunstancia en este Senado, específicamente en esta Legislatura que no son propias de actos que pueden considerarse dentro de la legalidad, y de aprobar esto que están solicitando, se estaría al margen de la ley, y explico por qué.

No estoy en contra de que se pueda saber la verdad, de que la Senadora Nadia, como aquí lo dijo, participe en esa comisión, y si alguien más se apunta, que se sepa, aquí nadie le tema a la verdad, absolutamente nadie.

Pero sí hay que decir que el artículo 119 de nuestro Reglamento, y el artículo 93 de la Constitución, en el párrafo tercero, y hay jurisprudencia al respecto, establecen que las comisiones especiales no pueden ser integradas para estos efectos.

Tienen otros fines, para buscar precisamente el crear para lo que son los órganos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

No funciona una comisión especial para estos fines. Están solicitando, por tanto, un acto ilegal, ya llevamos varios, ya llevamos algunas cosas que se han venido dando y que incluso en la sesión anterior, precisamente por tratarse de esas cosas tuvimos que algunos abandonar la sesión ante la falta de…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, el Senador J. Félix Salgado Macedonio desea hacerle una pregunta, ¿acepta la pregunta?

El Senador Julen Rementería del Puerto: Sí, las que quiera.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Señor Senador, ¿por qué dice usted que no procede la formación de una comisión?

El Senador Julen Rementería del Puerto: Se lo voy a repetir, si no lo oyó usted.

Porque la ley no lo permite, sólo habla el artículo 119 del Reglamento, y el artículo 93 de la Constitución, párrafo tercero para comisiones especiales.

Y lo que están proponiendo ahí, léalo, mire, yo no lo escribí, léalo, y lea el resolutivo que están planteando, es para una comisión especial.

Si quieren que esto proceda, de entrada, tienen que cambiar el planteamiento de la propuesta que hizo la Senadora, de otra forma es improcedente.

Lo siento, Senador, pero esa es la ley.

Muchas gracias.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Especiales no se puede.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para rectificación de hechos, el Senador Rafael Moreno Valle.

El Senador Rafael Moreno Valle Rosas: (Desde su escaño) Muy buenas tardes, señor Presidente, con su venia.

Creo que en el punto de Acuerdo es muy claro, que se turnaría a la Junta de Coordinación Política, así lo ha comentado la Senadora Nancy De la Sierra.

Y quiero decirles que si bien este recuento es histórico, nunca en la historia de este país se había dado una situación de esta naturaleza; nosotros, en el Partido Acción Nacional, y yo no había querido hacer uso de la palabra por un posible conflicto de interés, pero tampoco podíamos mantenernos al margen.

Me parece que si el Tribunal Federal Electoral ordenó un recuento, voto por voto, casilla por casilla, que se lleve a cabo, y si el Senado va a acompañar ese recuento, qué mejor, por parte nuestra no sólo no hay inconveniente, sino es bien recibida esta propuesta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Para rectificación de hechos, la Senadora Nancy De la Sierra, y después Félix Salgado.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, antes que nada quisiera pedir respeto a la Senadora, en ningún momento le falté, y usted sí a mí. Así es que le pido que se conduzca con respeto en esta Soberanía.

Y dos, y muy importante, quiero repetir el Acuerdo:

“Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos en relación a la elección del gobierno de Puebla”.

Esto significa que dentro de la Junta, los coordinadores de la bancada de Morena, de PT, de Verde, de PES, de PAN y de todos los partidos que están aquí representados, PRD, tendrán que llevar una discusión al seno con los elementos que nosotros que nosotros podamos aportar para que así se decida la conformación o no de la comisión.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra el Senador J. Félix Salgado.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En Puebla ganó el compañero Miguel Ángel Barbosa, ganó Morena; no ganó el PAN.

Pero además, el PAN está moralmente descalificado, quieren gobernar Puebla como una monarquía, el señor, la señora, y ahora si dejan a la señora, va a haber primer damo en Puebla.

¿Qué es eso?

No ganaron, perdieron, y miren, una porquería en Puebla la elección.

La compañera Senadora está planteando.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Hacemos un llamado al orden.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Está planteando la creación de una Comisión Especial, y aquí la sección segunda de las comisiones especiales, artículo 119 fracción II, dice: las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta.

En ningún caso tienen facultades para dictaminar, pero sí se pueden crear las comisiones, compañero Senador, a qué le tienen miedo, Senador, hay que integrarse en la comisión.

Es más, hay que irnos a Puebla, todos, para que no nos cuenten, vamos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, Senadora.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle a usted, de manera respetuosa, pueda seguir el discurso del Senador, y pedirle que no ocupe esos señalamientos, me parece que el decir que habrá un primer damo, es una falta de respeto, y esta institución está para velar por los derechos de las mujeres y de los hombres; eso que acaba de suceder me parece que no lo podemos permitir, en un recinto como éste.

Le pido a usted, Presidente del Senado, pueda con su jerarquía, como Presidente, hacer valer.

Muchas gracias.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Reitero, mi respeto a todas las mujeres, pero que yo dije, fíjense bien, es que en Puebla pretenden gobernar como una monarquía, heredando el gobierno a la familia.

No se puede, señoras y señores, ésta no es una monarquía, esta es una República que tiene leyes, que hay moral y que hay ética.

Y como decía Francisco I Madero, que aquí está uno de sus descendientes, muy respetable, “sufragio efectivo”.

Que haya sufragio efectivo en Puebla.

No le saquen. Hay que ir. Hay que formar la comisión, porque es para salud propia de quien con legitimidad quiera llegar a gobernar el estado heroico de Puebla.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien. Esta Presidencia hace un llamado a Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios a conducir sus intervenciones con respeto, porque existe la interpretación de unos y otros de que no se ha dado en ese sentido.

Han hablado diez oradores, vamos a preguntar si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Está suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Recibimos del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar las políticas públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Pesca.

El Senador EDUARDO E. MURAT HINOJOSA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REVISAR Y MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD QUE PERMITAN DESINCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Ciudad de México en el 2010 registró una población de 8,918,953 habitantes, es decir 200 mil personas más que la población del 2005 que fue de 8,720,916 habitantes1.

El aumento de la población en 10 años fue del 2.2 por ciento, pero el incremento en el número del parque vehicular no aumentó de la misma forma, pues de 2005 al 2015, el aumento de vehículos fue del 52.5 por ciento, pasando de 2,528,281 a 5,332,167 automóviles en funcionamiento2.

Este incremento, al igual que en otras ciudades del mundo, fue debido a que la movilidad en las grandes ciudades, estuvo basado en la creación de infraestructura para automóviles particulares.

Debemos reconocer que los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente y que dañan nuestra salud, los productos que se emiten en mayor cantidad son: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos volátiles y también macropartículas.

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los países desarrollados o en desarrollo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras; esta mortalidad se debe a la exposición a pequeñas partículas de 10 micrones de diámetro (PM10) o menos, que pueden causar cardiopatías, neuropatías y cáncer3.

En México se estima que aproximadamente 29,000 muertes serían atribuibles a la mala calidad del aire4.

En 2016 la OMS promovió la Campaña Breathe Life5 contra la contaminación del aire cuyo objetivo es concienciar a la opinión pública sobre la contaminación del aire en cuanto a los importantes riesgos para la salud y el clima.

En ella, se pone énfasis en las políticas de carácter práctico que las ciudades pueden adoptar por ejemplo, la mejora de la vivienda, el transporte y los sistemas energéticos y de gestión de desechos y en las medidas que las personas pueden tomar a nivel comunitario o individual como dejar de quemar los desechos, promover los espacios verdes y los desplazamientos a pie o en bicicleta, para mejorar nuestro aire.

La Ciudad de México en conjunto con Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala integran la Megalópolis la cual tiene una intensa actividad económica, una dinámica urbana y poblacional que ocasiona problemas de calidad del aire. Por ello en el 2017 durante los meses de marzo y junio se activó ocho veces el Programa de Contingencias Ambientales en el Valle de México por los altos índices de ozono por lo que se suscitó a la implementación de diversas medidas y políticas para mejorar la calidad del aire esta región6.

Desde los años noventa, se celebra el Día Mundial sin Automóvil como iniciativa ciudadana que busca desincentivar el uso del automóvil, con la finalidad de probar nuevos medios de desplazamiento.

Y es que el uso de vehículos automotores, son los que ocasionan la contaminación del aire en las ciudades, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los vehículos automotores contribuyen hoy en día con7:

• 95% de Monóxido de Carbono. 

• 75% de Óxidos de Nitrógeno. 

• 50% de los Hidrocarburos. 

• 60% de Partículas inhalables. 

• 25% de Bióxido de Azufre. 

El pasado 3 de abril, el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se establece el 22 de septiembre de cada año, como Día Nacional Sin Automóvil” y fue publicado por el Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.

Este día, de acuerdo con el Dictamen del Senado de la República, se determinó con la finalidad de colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país y con ello promover políticas públicas que mejoren el transporte público8.

Esta celebración no es sólo para que la ciudadanía deje su coche en casa un día, sino para exigir a las autoridades gubernamentales que revisen y mejoren las políticas públicas en materia de movilidad. Con la finalidad de dar a la población en general medios de transporte limpios, seguros y eficientes que permitan el traslado oportuno de los habitantes.

El Senado de la República el 18 de septiembre mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, se sumó a la conmemoración del Día Nacional sin Automóvil, exhortando a las Senadoras, Senadores y Trabajadores de esta institución a no utilizar automóviles particulares los días 20, 21 y 22 de septiembre. Asimismo, exhortó a los otros poderes de la Unión y a las entidades Federativas a unirse a la celebración y recomendó emitir las disposiciones administrativas para que los vehículos oficiales no circulen los días 21 y 22 de septiembre.

Reconocemos estas acciones, sin embargo debemos ir más allá y es que el Día Nacional Sin Automóvil tiene por objeto colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública de nuestro país y construir mejores políticas públicas en materia de transporte público sustentable, tal como se estableció en los dictámenes emitidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión9.

En este sentido, en el marco del Día Nacional Sin Automóvil, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a las 32 entidades federativas a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad, permitiendo identificar las áreas de oportunidad que permitan mejorar el transporte público y dar un servicio adecuado, limpio, y seguro a la población.

Así mismo, y como medida adicional, se exhorta a las y los Senadores de la República a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte, al menos una vez a la semana durante los periodos ordinarios de sesiones de la LXIV Legislatura. Considerando que el uso de la bicicleta representa una acción que acompaña los esfuerzos para desincentivar el uso de automóviles particulares y disminuye los niveles de contaminación del aire en nuestras ciudades.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República en el marco del Día Nacional Sin Automóvil, exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad, permitiendo identificar las áreas de oportunidad que mejoren el transporte público para dar un servicio adecuado, limpio, y seguro a la población y con ello desincentivar el uso de automóviles particulares.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las Senadoras y  Senadores a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte, al menos una vez a la semana durante los periodos ordinarios de sesiones de la LXIV Legislatura.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa.

1 INEGI, http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09, página consultada el 9 de abril de 2018

2 IDEM.

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ (consultado el 04 en abril de 2018)

4 IHME, 2016. GBD Compare. [En línea] Available at: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

5 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/ consultado el 04 en abril de 2018)

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217935/INECC_CAME_Final_14022017.pdf, consultado el 9 en abril de 2018)

7 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte

8 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65957

9 Dictamen emitido en l Cámara de Diputados
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-II.html#DecDictamen1
y Dictamen emitido en el Senado de la República
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/79587






En una segunda ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Gricelda Valencia Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia de seguridad pública.

La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.

La seguridad pública es un derecho humano y es facultad del pueblo exigir al gobierno y a sus instituciones la garantía de vivir, no de sobrevivir, como es el caso en la gran parte del territorio nacional. Vivir dentro de un clima de paz y seguridad que nos permita desarrollarnos de forma tranquila y productiva.

Este derecho y obligación del Estado se encuentra previsto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, en la cual señala que otorgar y hacer valer tal derecho humano es función también de los gobiernos estatales.

Por lo tanto, una de las principales recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México es fortalecer las procuradurías y policías en el país con el fin de garantizar las debidas investigaciones y establecer un plan coherente de operación de las autoridades que permita la debida investigación de graves violaciones de derechos humanos.

En tal contexto, en la mayor parte del territorio nacional, la realidad ha rebasado por mucho la percepción respecto al tema de la inseguridad, a tal grado que la propia ciudadanía ya hemos perdido la capacidad de asombro respecto a los hechos violentos y cotidianos. Se ha convertido una forma de sobrellevar nuestras vidas al tener que actuar siempre con cautela y miedo ante dichos acontecimientos, cuando naturalmente todo ciudadano en un Estado de derecho funcional debería poder realizar cualquier actividad lícita sin temor a ser victimizado o violentado.

En el estado de Colima no es la excepción, peor aún, en el estado con mayor índice de homicidios y el cuarto estado más violento del país, de acuerdo con el Índice de Paz en México, durante el primer semestre del año, Colima tuvo la tasa más alta en homicidios dolosos del país con 40 por ciento de asesinatos intencionales por cada cien mil habitantes. Seguido por Baja California con un 35 por ciento; Guerrero con un 31; Chihuahua con un 22; Guanajuato con un 20; Quintana Roo con un 12; y Sinaloa con un 17, según el informe del Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, Colima pasó a ser el primer lugar en tasa de feminicidios en el país con ocho casos de cada cien mil habitantes. Seguido por Baja California con 7; Guerrero con 6; Guanajuato con 5; y Baja California Sur con 5.

De igual manera el nivel de impunidad en dicho estado es alto cuando idealmente debería de ser nulo, en donde únicamente el 4 por ciento de las investigaciones concluyeron en sentencia condenatoria.

El incremento en el nivel nacional ha sido tan rápido para los colimenses que ha significado un cambio de estilo de vida en tan sólo dos años, tiempo en el cual el número de homicidios por cada cien mil habitantes se cuadruplicó y pasó a ser uno de los estados más violentos del país.

El homicidio es un delito del fuero común cuya investigación, persecución y sanción corresponde a las autoridades locales; sin embargo, las autoridades en Colima no han implementado acciones contundentes frente a esta escala de violencia, pese a las acciones coordinadas como el Mando Único y el Operativo Escudo Titán, implementado en Colima, no ha sido posible contener el número de homicidios en el estado. Por lo que es necesario un replanteamiento de la estrategia en seguridad pública que permita garantizar los derechos humanos, la integridad y la tranquilidad de los colimenses.

Según el Índice de Desarrollo Policial, la Indepol, elaborado por su asociación civil “Causa en Común”, una de las razones por las que no ha sido posible contener la ola de violencia es la baja efectividad de la policía estatal, la cual se encuentra en una crisis. No cumple con los requisitos de ley y no brinda la capacitación y profesionalización adecuadas para sus elementos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

“Único.- El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Colima para que en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales realice todas las acciones necesarias para reconfigurar la estrategia en materia de seguridad pública y fortalecer las políticas públicas programadas y proyectos gubernamentales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos de alto impacto en el estado para lograr contener la escalada de violencia y garantizar los derechos humanos, la integridad, la tranquilidad y el patrimonio de las personas”.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, GRICELDA VALENCIA DE LA MORA Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción Il y 276 numeral 1 del Reglamento· del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, visualiza la seguridad pública como un reto, ya que no sólo es una de las amenazas centrales de la convivencia civilizada y pací?ca, si no también es un desafío para la consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho;  de igual manera la identifica como un campo fértil de oportunidades para los Países que forman parte de esta organización en virtud de que la inseguridad requiere un esfuerzo máximo para desarrollar respuestas urgentes y e?caces, que sean a la vez consistentes con los grandes avances de la democracia y respeto a los derechos humanos, de los que los países de la región han gozado en las últimas décadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado “Situación de Derechos Humanos en México”, puntualiza la falta de acceso a la justicia y la impunidad derivada del contexto de violencia en México, cita que el 98% de los delitos permanecen en la impunidad, este problema permea desde las policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías y genera una percepción de impunidad, lo que contribuye a aumentar el clima de violencia.

Por lo tanto, una de las principales recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México es el deber fortalecer las Procuradurías y policías en el país con el fin de garantizar las debidas investigaciones, y establecer un plan coherente de cooperación de autoridades que permita la debida investigación de graves violaciones de derechos humanos como lo es la creciente tasa de feminicidios y homicidios.

De acuerdo con el Índice de Paz en México, Colima es el cuarto estado más violento del país1.

Durante el primer trimestre del año, Colima tuvo la tasa más alta en delitos dolosos en el país, con 20.93 asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes, más de 15 puntos arriba en comparación a la media nacional que fue de 5.25, conforme al informe del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Publica2.

El incremento en el nivel de violencia ha sido muy rápido que para los colimenses ha significado un cambio de estilo de vida en tan solo dos años, tiempo en el cual el número de homicidios por cada 100,000 habitantes se cuadruplicó, y pasó de ser uno de los estados más seguros del país a uno de los más violentos3. El acelerado incremento en la tasa de homicidios es atípico estadísticamente para el país, lo que hace posible concluir que existen causas subyacentes a este aumento. Así mismo, el nivel de impunidad en Colima es alto, en donde únicamente el 4% de las investigaciones concluyeron en sentencia condenatoria4, afectando de forma importante el desarrollo institucional en la entidad al no existir incentivos para el cumplimiento de la ley.

Colima se ha colocado como el estado con mayor tasa acumulada de homicidios en el país, aumentando, desde 2015, en más de 900%.

Año

Homicidios dolosos por cada 100,000 hab. en Colima

Media Nacional

Total de homicidios dolosos en Colima

2015

22.39

13.32

162

2016

68.23

16.49

502

2017

93.34

20.14

 698

2018

45.42*

13.10*

 345*

* Hasta el 31 de julio de 2018.
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública5

Los números anteriores colocaron a Colima a la cabeza en la incidencia de homicidios dolosos en el país entre enero y junio pasados, con 40.02 casos por cada cien mil habitantes, seguido por Baja California, con 35.61; Guerrero (31.67), Chihuahua (22.58), Guanajuato (20.21), Quintana Roo (17.55) y Sinaloa (16.77).

Al cerrar las cifras del primer semestre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocó a Colima en el primer lugar en la tasa de homicidios dolosos de mujeres en el país, con 8.29 casos por cada cien mil habitantes del sexo femenino, seguido por Baja California (7.44), Guerrero (6.41), Guanajuato (5.20) y Baja California Sur (4.86).

Con una tasa de 1.81 casos por cada 100 mil mujeres, Colima se encuentra en primer lugar nacional en feminicidios, superior a estados como Zacatecas con 1.56, Chihuahua 1.44 y Sinaloa con 1.34.

A pesar de que la delincuencia organizada es competencia federal, el homicidio es un delito del fuero común cuya investigación, persecución y sanción corresponde a las autoridades locales. Sin embargo, las autoridades en Colima no han podido hacer frente a esta escalada de violencia. Según el INDEPOL elaborado por la asociación civil “Causa en Común”, una de las razones por la que no ha sido posible contener la ola de violencia es la baja efectividad de la policía estatal, considerando que esta se encuentra en una crisis, no cumple con los requisitos de ley y no brinda la capacitación y profesionalización adecuadas para sus elementos.5  

Pese a las acciones coordinadas con el mando único, y el operativo “Escudo Titán” implementado en Colima, no ha sido posible contener el número de homicidios en el estado, por lo que es necesario un replanteamiento de la estrategia en seguridad pública que permita garantizar los derechos humanos, la integridad y la tranquilidad de los colimenses.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Colima para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, realice todas las acciones necesarias para reconfigurar su estrategia en materia de seguridad pública y fortalecer las políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos de alto impacto en el estado, para lograr contener la escalada de violencia y garantizar los derechos humanos, la integridad, la tranquilidad y el patrimonio de las personas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. Gricelda Valencia de la Mora.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Valencia Mora. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

1 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/04/Mexico-Peace-Index-2018-Spanish.pdf

2 https://www.gob.mx/sesnsp

3 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/04/Mexico-Peace-Index-2018-Spanish.pdf

4 idem.

5 http://causaencomun.org.mx/v2/wp-content/uploads/2017/11/INDEPOL-2017.pdf






Tiene el uso de la palabra la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, para la terminación de obras de infraestructura para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Como Senadora del estado de Baja California, como integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y como ciudadana mexicalense, acudo a esta alta tribuna para presentar un punto de Acuerdo con el que esta Soberanía exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras para la terminación de obras de infraestructuras necesarias para el correcto funcionario en la Garita Centro de Mexicali, en el estado de Baja California.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

El acelerado crecimiento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha traído consigo el incremento en el número de vehículos y personas que cruzan la frontera por el estado de Baja California, y en especial por el municipio de Mexicali.

El puerto fronterizo Mexicali I Calexico, desde su apertura en 1997, atiende tránsito peatonal, de vehículos ligeros, ocupando el tercer lugar en importancia a nivel nacional, y autobuses las 24 horas del día y no hubo mejoras en su infraestructura que aumentaran la capacidad de atención, o bien, que mejoraran los flujos al interior, lo que inevitablemente saturó las instalaciones generando tiempos de despacho aduanero, hasta por casi 2 horas, provocando un verdadero caos. Esos trabajos se llevarían a cabo en un plazo de 15 meses y un monto de inversión de 540 millones 843 mil pesos.

Debo destacar que la modernización y ampliación del cruce fronterizo consideró como componente esencial en todo momento el conjunto de vialidades con un costo de 295 millones de pesos, incorporándose en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; sobre la promoción de la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social; así como apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basado en tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística.

Asimismo, desde el inicio del proyecto, se consideró que la fuente de financiamiento sería por medio del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras, Fidemica.

Debo señalar que se tomó en cuenta desde el inicio del proyecto los planes y programas más representativos para el estado de Baja California y para el municipio de Mexicali, como:

Primero, el plan maestro fronterizo Baja California-California.

El Plan de Infraestructura para la Competitividad y Desarrollo, y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali, el cual busca el aprovechamiento en la región binacional con el transporte y los servicios de apoyo que demanda el aparato productivo.

Al 17 de septiembre del presente año, la obra reporta un avance físico del 61 por ciento con un monto de inversión reportado de 566 millones 735 mil pesos, la cual pretende entregar en el mes de noviembre, para que sea el Presidente Peña, quien la inaugure aún sin terminar la obra.

Asimismo, debo hacer hincapié que el proyecto original fue modificado en su planeación, lo cual está originando una gran problemática en el municipio de Mexicali, especial al centro de la ciudad, ya que al no contar con las obras necesarias proyectadas de infraestructura y de medidas necesarias para la integración vial con la estructura urbana existente, así como la seguridad de peatones y automovilistas que diariamente utilizan este cruce fronterizo y que de entregarse e inaugurarse esta obra con sólo un 61 por ciento de construcción y con la falta de infraestructura, se tendrían consecuencias económicas de productividad, seguridad, movilidad y, sobre todo, ambientales.

Por lo anterior, ha sido proyectado y manifestado que al inicio de los trabajos de la modernización y ampliación del cruce fronterizo por el gobierno del municipio de Mexicali, con recursos por 280 millones de pesos para la correcta culminación del proyecto, dialogando y solicitando en todo momento ante las autoridades federales la infraestructura necesaria, destacando la participación de la sociedad civil, así como de los organismos empresariales, ya que las grandes consecuencias urbanas de movilidad y accesibilidad operativas y de seguridad serían para las personas que cruzan esta frontera.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía un tratamiento de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, a destinar los recursos necesarios del “Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras”, para la terminación de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali en el estado de Baja California y la no afectación de la zona centro del municipio de Mexicali.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Cruz Blacklegde.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión la propuesta.

Quienes estén a favor de esta propuesta o en contra, pueden hacer uso de la palabra.

No habiendo oradores, la Senadora, perdón, Alejandra, quiere pasar a favor o en contra, desde su lugar.

Por favor, sonido en el escaño de la Senadora León.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) Me sumo a favor, obviamente, de la compañera Senadora de Baja California y de Mexicali, para pronta resolución a este grave problema que tenemos en este puerto fronterizo, gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la propuesta. Comuníquese, por favor.






Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a que la sede permanente del Tianguis Turístico, vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El puerto de Acapulco ha sido un ícono de México en el mundo, convirtiéndose por muchas décadas en uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel internacional y nacional.

Se trata de un destino donde tienen lugar eventos de talla internacional como el Abierto de Tenis, el Rally de Acapulco, o el mismo Tianguis Turístico de Acapulco que nació hace 36 años y sobre el cual quiero abundar.

El tianguis, que hasta 2011 se realizó siempre en el puerto, es quizás el evento más destacado de la industria turística, no sólo de México, sino de Latinoamérica.

Como muchos de ustedes sabrán, hace siete años se decidió comenzar a realizarlo en forma itinerante por los diferentes estados de la República, y no fue, sino hasta el 2015 que el Gobierno de la República definió que cada segundo año nuevamente tuvieran lugar en Acapulco, lo que sin duda ha sido de justicia, pero estamos seguros que todavía se puede hacer más, y se puede hacer más porque el Tianguis Turístico nunca debería de haber salido de Acapulco.

Con todo el respeto, pero también con mucha puntualidad, el Tianguis Turístico tiene y tendrá siempre un registro de origen. Y es así como gracias a la sensibilidad de este gobierno volvió el Tianguis Turístico, como lo he dicho, cada dos años, pero también nosotros queremos dejar muy claro que en 2019, el Tianguis Turístico regresa a Acapulco, y es una propuesta puntual que regrese para quedarse. Que una vez más el evento sea conocido mundialmente como el Tianguis Turístico de Acapulco y que el puerto sea la sede permanente.

El turismo, y así lo entendemos, es una actividad integral de la que depende el 76 por ciento de la economía del estado de Guerrero, por lo que el fortalecimiento de la política turística y el apuntalamiento de los grandes referentes del estado en esta materia, repercutirá positivamente en toda la cadena comercial y económica estatal.

Hoy Guerrero necesita de México, tanto como México necesitó de Guerrero para volverse un destino turístico de renombre internacional.

Con esto en mente, el día de hoy vengo a esta tribuna con esta proposición cuya intención es la de regresar a Acapulco, de manera permanente, el Tianguis Turístico, porque no debemos de olvidar que gracias a Acapulco, México se puso en la mira internacional en los años 50’s y 60’s.

Gracias a Acapulco se exportó a los nuevos destinos turísticos que estaban naciendo en nuestro país como Cancún, como Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, como Los Cabos, exportó a los prestadores de servicios turísticos; se exportó, por supuesto, a los chefs; se exportó todo lo que necesitaba esta nueva infraestructura; y que además nunca debería de habérsele quitado a Acapulco el Tianguis que tantos recursos económicos genera para miles de acapulqueños y derrama económica también para miles de guerrerenses.

Por eso, y por todo lo que he señalado, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede permanente del Tianguis Turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que diseñen e implementen otras políticas de fomento al turismo, como ferias internacionales sectorizadas, festivales y eventos culturales y deportivos de relevancia internacional en los destinos turísticos del país.

Y también, concluyo, señora Presidenta, diciendo lo siguiente: Buscaremos el nuevo Secretario de Turismo, a nuestro amigo, que será responsable de la política pública a partir del 1º de diciembre, para tocar la sensibilidad y que podamos, con argumentos, poder hacerle puntualmente las características de la importancia de por qué nunca debería de haber salido de Acapulco y la importancia de que continúe el Tianguis Turístico siendo un patrimonio de los guerrerenses y siendo un patrimonio de los acapulqueños.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Añorve Baños. Túrnese a la Comisión de Turismo.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Patricia Mercado Castro, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores.

La Senadora Patricia Mercado Castro: Muchas gracias, señora Presidenta, Senadora Mónica Fernández. Con su permiso.

Hemos eliminado, hemos tomado la decisión, aquí en el Senado, de eliminar una serie de privilegios, sobre todo de Senadoras y Senadores, y esto lo hemos hecho también alrededor de un plan de austeridad.

Sin embargo, el plan de austeridad tiene como fin, no es un fin en sí mismo, sino precisamente hemos disminuido privilegios, hemos votado y aceptado un plan de austeridad para lograr mayor igualación, para reducir las brechas de desigualdad, porque finalmente lo que aquí dejemos de gastar servirá para que el Gobierno de la República desarrolle políticas públicas que realmente hagan estos proceso, cierren esta brecha de desigualdad tan grande en nuestro país.

Sin embargo, no basta, y creo que apenas es el primer paso, cerrar esta brecha de desigualdad de arriba hacia abajo. Lo más importante es cerrarla de abajo hacia arriba.

Y en este sentido, para lograr una mayor igualación, sobre todo de abajo hacia arriba, pues qué mejor que el trabajo, que mejor que la dignificación de las personas a través de obtener un ingreso por su trabajo, y creo, vuelvo a decirlo en este Senado, desde que empezamos, hemos hablado mucho, hemos propuesto reformas todas las fracciones parlamentarias, precisamente para mejorar las condiciones de trabajo.

Hoy, en la comparecencia del Secretario de Hacienda, le decíamos también: “Muy bien, se han generado empleos, pero los empleos tienen que tener apellido y ese apellido es que sean empleos con salarios remuneradores, salarios dignos y condiciones de trabajo, no a secas”.

Nosotras y nosotros, los Senadores de la República, vamos a tener estos seis años seguridad social, vamos a seguir acumulando este gran derecho a la seguridad social para nuestras pensiones, una enfermedad temporal o permanente, podemos enfrentar una situación de este tipo, vivienda, es decir, estos seis años nuestros derechos no se van a detener.

Pero hay parte de nuestros equipos de trabajo, esos equipos que hacen que todo esto funcione, que nosotros y nosotras mismas funcionemos, una buena parte de ellos trabajan por honorarios.

Por lo general, la mayoría de ellos es gente joven, mujeres y hombres jóvenes, que quizás no más de una década de historia laboral.

Para ellos y ellas sí se va a detener el reloj, se va a detener el reloj de los derechos. Durante estos seis años no acumularán derechos en la seguridad social para la seguridad social y para la vivienda.

Me parece que no podemos tener este rostro, esta mirada, esta visión de mejorar las condiciones de nuestro país para lograr mayor igualdad de oportunidades y de tratos, cerrar esta desigualdad lacerante en el país, si no empezamos aquí por lo que nos rodea.

Así es que este punto de Acuerdo es para que discutamos, para que reflexionemos, cómo generamos para todos nosotros, porque si sólo los Senadores y las Senadoras tenemos derecho a la seguridad social, se va a volver un privilegio frente a muchos otros que no los tienen, y decía yo, sobre todo este personal, estos equipos nuestros formados por tantos jóvenes. Esa es una parte del punto de Acuerdo.

Y otra parte es, hemos hablado mucho de la calamidad del outsourcing, o sea, el outsourcing, por sí mismo no está mal, lo que necesitamos es regularlo.

Y no sé si ustedes han visto a las personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que nos limpian nuestros baños y nuestras oficinas. Ahí es donde tenemos que cerrar la brecha de desigualdad.

Estas subcontrataciones para mantenimiento y limpieza, tenemos que asegurarnos que quienes están contratado, están contratado con todos los derechos laborales.

Así es que también la subcontratación, asegurar, yo no he preguntado, creo que la mayoría de nosotros no lo ha hecho, ¿qué pasa con esta subcontratación de quien nos hace la limpieza? Porque el tema, repito, no es solamente de arriba hacia abajo, sino lo importante es cuánto ganan quienes nos lavan los baños.

Ese es el último escalón de lo que puede ser esta mirada para lograr más igualdad a través de determinar privilegios, pero tiene que garantizar, por supuesto, mejores condiciones de trabajo para aquellos y aquellas, la mayoría mujeres, que nos lavan los baños.

Estos son los dos puntos de Acuerdo que les propongo a todas y a todos ustedes, ahí también, y de paso digo, hay inquietud de la estructura de trabajadores y trabajadoras de este Senado.

Ya votamos en lo general que vamos a reducir estos privilegios y el plan de austeridad, ahora que la Mesa Directiva pueda discutir en lo particular cuál es la situación, qué derechos estamos violando porque no podemos lograr igualdad o terminar con la desigualdad y con los privilegios violando derechos laborales.

Creo que este Senado está a la altura de reflexionar sobre estos temas que, finalmente, hablarán de nosotras y nosotros en estos seis años.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Mercado Castro.

Sonido en el escaño de la Senadora Micher, por favor, y sonido también al escaño de la Senadora Citlalli.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Felicito a la Senadora Patricia Mercado y me sumo al punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Micher. Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Citlalli, por favor.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) En el mismo sentido.

Una felicitación a la Senadora por la propuesta y solicitarle, a través de su conducto, si me permite suscribir su proposición.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Pedimos a la Secretaría.

Senadora Beltrones.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: (Desde su escaño) De igual forma, para sumarme al punto de Acuerdo de la Senadora Mercado y buscar condiciones dignas para los trabajadores del Senado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En el mismo sentido. Les propongo que le pidamos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pase a sus lugares, y si lo tienen a bien que se anoten si la proponente está de acuerdo.

Víctor Castro. Para no mencionar a todos, o sea, estamos hablando de una propuesta muy aceptada por todos.

El grupo parlamentario del PAN; el grupo parlamentario del Partido Morena; el grupo parlamentario del PRD; el grupo parlamentario del PT; el del PRI; el del Verde; el Senador sin grupo parlamentario; el PES. ¿Quién me falta?

La proposición queda en poder de la Mesa Directiva.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de recursos naturales en las correspondientes áreas de asignación.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su permiso, señora Presidenta, la saludo con mucho gusto. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del PRD agradece la adhesión de nuestro compañero Senador Marco Antonio Gama Basarte a este punto de Acuerdo.

La técnica de fracturación hidráulica es implementada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo y consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado a más de 2 mil 500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos firmaron contrato con empresas ligadas a la petrolera china Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fractura hidráulica, fracking, en los municipios de la Huasteca Potosina, de Ébano, San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente Tancuayalab, bajo la “modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M-Ébano” con duración de 25 años.

Los campesinos de más de 50 comunidades, de los municipios referidos, se declararon en sesión permanente con la finalidad de rechazar y evitar el proyecto, pues refirieron que la Secretaría de Energía ha concesionado polígonos que abarcan toda la Huasteca Potosina, ante ello las comunidades se organizaron e hicieron modificaciones a las leyes orgánicas de los cabildos para declararse como territorios que rechazan el uso de la técnica del fracking.

Los pobladores firmaron una carta oficial contra la fracturación hidráulica y se reiteró el compromiso de “defender hasta con la vida” para que no se realicen perforaciones y extracciones en ningún municipio.

Ahora bien, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática debemos ser muy cuidadosos en este tema, ya que en el caso de San Luis Potosí y otros estados, como se dijo, existen inconformidades expresadas por algunas comunidades en las que se lleva a cabo o se llevará a cabo esta actividad y coincidimos en revisar a fondo esta práctica.

Debemos actuar con responsabilidad y siempre viendo por el bienestar de la sociedad.

Dicha técnica de fracturación hidráulica para extraer gas natural está prohibida en otros países por las consecuencias negativas que ha causado, dado que conlleva a impactos ambientales, riegos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, mismos que traerían como consecuencia daños a la salud de la gente, lo cual, como grupo parlamentario, no podemos permitir. También se argumenta que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos.

El tema es tan relevante que existen opiniones en el sentido de que es prudente y procedente su prohibición, con el fin de que ya no se permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos, para que informen los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación en las correspondientes áreas de asignación, así como, en su caso, de los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población; en caso de no contar con ellos informar sobre dicha circunstancia.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a que realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, las investigaciones que correspondan, con la finalidad de determinar si en las áreas de asignación existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, además de que emitan las medidas necesarias para salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de los miembros de las comunidades afectadas por el usos de la técnica de fractura hidráulica o fracking”.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

la suscrita Senadora MARÍA LEONOR NOYOLA CERVANTES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La técnica de fracturación hidráulica, es implementada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo y consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo.

Esta agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente menores de 1 mm, y favorecer así su salida hacia la superficie.

En días pasados, el Senador Marco Antonio Gama, a través de un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, a la Secretaría de Energía y a Pemex se pronunció en contra del uso del “Fracking” como técnica para la extracción de hidrocarburos (gas natural), a lo que su servidora en mi carácter de Senadora de la República se adhirió, dado que se trata de un asunto que incumbe a la población y en particular a la Huasteca Potosina.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos firmaron contrato con empresas ligadas a la Petrolera China Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fractura hidráulica (fracking) en los municipios de la Huasteca Potosina de Ébano, San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente Tancuayalab, bajo la “modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M-Ébano” con duración de 25 años.

Los campesinos de más de 50 comunidades, de los municipios referidos, se declararon en sesión permanente con la finalidad de rechazar y evitar el proyecto, pues refirieron que la Secretaría de Energía ha concesionado polígonos que abarcan toda la Huasteca Potosina, ante ello las comunidades se organizaron e hicieron modificaciones a las leyes orgánicas de los cabildos para declararse como territorios que rechazan el uso de la técnica del Fracking.

Los pobladores firmaron una carta oficial contra la fracturación hidráulica y se reiteró el compromiso de “defender hasta con la vida” para que no se realicen perforaciones y extracción en ningún municipio.

Ahora bien, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática debemos ser muy cuidadosos en este tema, ya que, en el caso de San Luis Potosí y otros estados, como se dijo, existen inconformidades expresadas por algunas comunidades en las que se lleva a cabo o se llevará a cabo esta actividad y coincidimos en revisar a fondo esta práctica y los Senadores de la República del PRD debemos actuar con responsabilidad y siempre viendo por el bienestar de la sociedad; máxime que dicha técnica está prohibida en otros países por las consecuencias negativas que ha causado.

Lo anterior, dado que esta técnica de fracturación hidráulica para extraer gas natural conlleva impactos ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, mismos que traerían como consecuencia daños a la salud de la gente, lo cual, como grupo parlamentario no podemos permitir. También se argumenta que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos.

No obstante, el tema es tan relevante, que existen opiniones en el sentido de que es prudente y procedente su prohibición, con el fin de que ya no se permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente.

Finalmente, quiero dejar claro que no estamos en contra de los nuevos empleos que las empresas que se dedican a esta técnica de extracción de hidrocarburos pudiera generar en los estados de la República Mexicana, sin embargo, consideramos que es mayor la afectación en la gente que los beneficios que pudiera traer aparejado.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos, para que informen los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de Recursos Naturales en las correspondientes áreas de asignación, así como, en su caso, de los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población; en caso de no contar con ellos, informar sobre dicha circunstancia.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, las investigaciones que correspondan, con la finalidad de determinar si en las áreas de asignación existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, además, de que emitan las medidas necesarias para salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de los miembros de las comunidades afectadas por el usos de la técnica de fractura hidráulica o fracking.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. María Leonor Noyola Cervantes.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola Cervantes. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.






Compañeras Senadoras y Senadores, informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política hizo llegar a esta Mesa Directiva un Acuerdo en relación con la constitución de comisiones.

Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore este punto a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se integre a la agenda de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación del Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Acuerdo está disponible en sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

Sonido en el escaño del Senador Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Sólo quiero mencionar, toda vez que yo no participé en las negociaciones, tres ideas: la primera agradecer toda la solidaridad que tuve de las distintas bancadas, en particular el Senador Dante Delgado, el Senador Monreal y el Senador Mancera, varias coordinaciones, han sido extremadamente sensibles con el tema.

La segunda, la Junta de Coordinación Política tuvo a bien darme un espacio para expresar directamente mis puntos de vista, recibir comunicaciones de la sociedad civil.

Y tercera, si bien agradezco mucho los apoyos y reconocimientos, lamento mucho que no se siente un precedente positivo, no digamos, es tiempo de cambios, es tiempo de transformaciones, y se pueden sentar precedentes positivos; un precedente positivo es aquél como que un Senador sin partido pudiere presidir una comisión, no tengamos miedo a los precedentes positivos.

No obstante reitero lo dicho, a los dos primeros puntos, agradezco todas las expresiones de solidaridad y apoyo que tuve de múltiples Senadoras y Senadores a lo largo de estas negociaciones.

Sólo quiero, para que quede efecto, señora Presidenta, muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Si no hay ningún Senador inscrito para hablar al respecto de este punto de Acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, sonido al escaño donde se encuentra el Senador Higinio Martínez.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Una solicitud de modificación en la Comisión de Estudios Legislativos, se pudiera incorporar a la Secretaría, a la Senadora Imelda Castro.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿En sustitución de quién, y en cuál de Estudios Legislativos?

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) En un momento se lo digo, nomás quiero que se registre ese punto, por favor.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Cuál de Estudios Legislativos, porque son tres.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador, si es en el orden y en el lugar donde estaba el grupo parlamentario de Morena, creo que sí es una sustitución interna, no hay mayor problema para someterlo a consideración.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Es la observación que queremos hacer.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces, le pido a la Secretaría que someta a consideración el punto de Acuerdo de la conformación de las comisiones.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se constituyen las Comisiones del Senado para el ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura. Comuníquese.






Les recuerdo, señoras Senadoras y Senadores, que todavía tenemos una agenda grande del Orden del Día de proposiciones de puntos de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En este sentido, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo para que los recursos financieros liberados por el programa de austeridad de la Cámara de Senadores se destinen a financiar el proyecto alternativo de nación, y a fondear los programas sociales que impulsará el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.

El Senador Alejandro González Yáñez: Gracias, señora Presidenta, con su venia, Senadora Mónica Fernández.

En esta propuesta de punto de Acuerdo planteamos que los recursos financieros, liberados por el Programa de Austeridad de la Cámara de Senadores, se destinen a financiar el proyecto alternativo de nación y a fondear los programas sociales que impulsará el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, y a que se reintegren a la Tesorería de la Federación una vez que el Presidente Electo asuma el cargo, bajo las siguientes consideraciones.

El pasado 1° de julio el mandato popular fue claro: es necesario regenerar la vida pública nacional. En las urnas no sólo se optó por transitar a un nuevo régimen político, sino que también la ciudadanía manifestó su hartazgo hacia la forma en que se han conducido los asuntos públicos de la nación.

En este sentido, es importante recortar el gasto que ejerce el Estado mexicano para adelgazar la burocracia federal, eliminar fueros, así como los privilegios de los que han gozado los funcionarios públicos de administraciones anteriores y de la actual.

Los recursos públicos deben destinarse al bienestar de la población en general y no, como ha sucedido hasta el momento, que benefician solamente a una élite política y económica que se convirtió en una burocracia dorada y en una verdadera casta divina.

Al inicio de esta Legislatura el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo que establece criterios y medidas de austeridad presupuestal y las reglas del Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos para el periodo septiembre-diciembre 2018.

Producto de estas medidas de austeridad, se estima que se liberen solamente en este año 400 millones de pesos.

Se calcula que se estarán dejando de ejercer 1,500 millones de pesos anuales. De esta manera, el monto total de los recursos liberados en los próximos seis años, sólo por esta Cámara de Senadores, será aproximadamente de diez mil millones de pesos.

Por medio del combate a la corrupción, la implementación de los programas de austeridad y la reactivación de la planta productiva del país y la subsecuente dinamización del mercado interno, se liberarán y generarán los recursos públicos suficientes para financiar los programas sociales propuestos por el Presidente Electo:

La Pensión Universal para los Adultos Mayores.

El Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal.

Las becas para estudiantes de Educación Superior.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente.

Asimismo, la administración actual ha mostrado una fuerte opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

Por lo tanto, consideramos pertinente someter a esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República reintegrará a la Tesorería de la Federación los recursos liberados, producto de las medidas de austeridad con fecha posterior al 1° de diciembre del 2018, con el objetivo de entregarlos a la nueva administración.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la República por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado primero de julio, el electorado mexicano envió una fuerte señal a la clase política de nuestro país. El mandato popular fue claro: es necesario regenerar la vida pública nacional. En las urnas, no sólo se optó por transitar a un nuevo régimen, sino que también la ciudadanía manifestó su hartazgo hacia la forma en la que se han conducido los asuntos públicos de nuestra nación.

En este sentido, es importante recortar el gasto que ejerce el Estado mexicano para adelgazar la burocracia federal y eliminar los fueros, así como los privilegios de los que han gozado algunos funcionarios públicos de administraciones anteriores. Los recursos públicos -que provienen de los bolsillos de la ciudadanía- deben destinarse al bienestar de la población en general y no, como ha sucedido hasta el momento, beneficiar únicamente a la élite política y económica de nuestro país.

De acuerdo con un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto público en América Latina registra ineficiencias que acumuladas y en promedio corresponden al 4.4% del producto interno bruto de la región. Una de las principales razones del gasto no óptimo de los recursos públicos corresponde a los altos sueldos de los funcionarios públicos. El informe titulado “Mejor gasto para mejores vidas: cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos” recomienda auditar las nóminas de las dependencias gubernamentales para eficientar y recortar el gasto.

Al inicio de la LXIV Legislatura el Pleno del Senado de la República aprobó el “Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República” y las “Reglas del Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos para el periodo septiembre-diciembre de 2018.”

Producto de estas medidas de austeridad, se estima que se liberen 400 millones de pesos sólo en 2018. Se estima, que se estarían dejando de ejercer 1,500 millones de pesos anuales. De esta manera, el monto total de recursos liberados en los próximos seis años sería de aproximadamente 10,000 millones de pesos.

Por medio del combate a la corrupción, la implementación de los programas de austeridad republicana y la reactivación de la planta productiva del país y la subsecuente dinamización del mercado interno se liberarán y generarán los recursos públicos suficientes para financiar los programas sociales propuestos por el Presidente Electo: la Pensión para Adultos Mayores, el Programa de Estímulos para Estímulos para el Bachillerato Universal, las Becas para Estudiantes de Educación Superior, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente.

Asimismo, la administración actual ha mostrado una fuerte opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y ha sido acusada reiteradamente de desvío de recursos y corrupción. Por lo que los recursos no devengados por la Cámara de Senadores deben reintegrarse a la Tesorería a la Federación una vez que Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, asuma el cargo. De esta manera, se asegura el uso correcto de los recursos públicos y en beneficio de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República reintegrará a la Tesorería de la Federación los recursos liberados producto de las medidas de austeridad adoptadas por esta Cámara del H. Congreso de la Unión con fecha posterior al primero de diciembre de dos mil dieciocho con el objetivo de entregarlos a la nueva administración.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que los recursos públicos liberados por el Senado de la República producto de los Acuerdos de austeridad se destinen a financiar Proyecto Alternativo de Nación y a fondear los programas sociales del Presidente Electo: la Pensión para Adultos Mayores, el Programa de Estímulos para Estímulos para el Bachillerato Universal, las Becas para Estudiantes de Educación Superior, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandro González Yáñez.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador González Yáñez. La propuesta queda en poder de la Mesa Directiva.






Antes de iniciar la tercera ronda de proposiciones, le vamos a conceder el uso de la tribuna al Senador Emilio Álvarez Icaza, que tenía su punto de Acuerdo registrado en las rondas anteriores, para presentar a nombre propio y de las Senadoras y Senadores Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Clemente Castañeda Hoeflich, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Joel Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Noemí Camino Farjat, José Narro Céspedes, Lucía Virginia Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil De León Villard, Higinio Martínez Miranda, Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Susana Harp Iturribarría, un punto de Acuerdo en relación con el Fondo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señora Presidenta.

Además de los nombres que ha mencionado la señora Presidenta, agrego también los nombres del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, el Senador Manuel Añorve, la Senadora Verónica Martínez, el Senador González Yáñez, muchas gracias a todas y todos ellos por sumarse a ese punto de Acuerdo.

El tema que nos ocupa es un tema que requiere una atención especial por la gravedad que lleva.

Mary Robinson, quien fue una emblemática Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decía que “la salud de una democracia podría medirse con base al estado que guarda el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos”.

Siguiendo ese criterio, lo que sucede en México es de una enorme gravedad.

En el año 2012, producto de un esfuerzo grande y del seguimiento de recomendaciones internacionales, el Estado mexicano creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es un mecanismo que está asignado a la Secretaría de Gobernación, y que responde a una realidad que nos duele y que nos ofrende y nos preocupa.

Déjenme darles tan sólo algunos datos:

De 2006 a la fecha, el informe “Comité Cerezo” da cuenta de 228 defensores o luchadores sociales ejecutados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado un total de 34 homicidios en el periodo que comprende de 2006 a 2017, de los cuales 14 de ellos son mujeres.

De acuerdo con el estudio “La esperanza no se agota”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todos” se señala que en la actual administración 106 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados y 81 se encuentran en calidad de desaparecidos, hasta julio de 2017.

Por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reporta que tan sólo en 2010 han sido asesinados en México más de 10 defensores de derechos humanos, con lo que ya se rebasó la cifra del año anterior.

En el caso de los periodistas, el escenario no es distinto, todo lo contrario, tiende a ser mucho peor.

De 2003 a 2018 se reportan 41 asesinatos de comunicadores. En lo que va de este año se reportan 9.

Artículo 19, en su informe “Democracia Simulada”, reporta que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ese es el diagnóstico de la situación.

Pero, ¿qué sucede? Que este mecanismo que ha venido operando desde el 2012, año con año, a estas fechas se queda sin recursos, y eso significa que a partir del mes de octubre podrían quedarse sin protección, sin ejecución y sin implementación más de 3 mil 500 medidas de protección a favor de 702 personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que protegen a 51 colectivos.

Por esa razón, este punto de Acuerdo de urgente resolución solicita a la Secretaría de Hacienda que dote de los recursos suficientes para que el mecanismo pueda terminar su trabajo, par que aquellas personas que están bajo su protección, defensoras, defensores de los derechos humanos y periodistas, puedan seguir con mecanismos de protección, es extraordinariamente importante dotar de recursos a este mecanismo y por eso es que solicito a ustedes que se pueda hacer una aprobación de urgente resolución.

En octubre se acaban los recursos del mecanismo.

Este Acuerdo incluye también una solicitud a la Secretaría de Hacienda para la correcta provisión de recursos para el año que viene y solicita, respetuosamente, a la Cámara de Diputados, que se puedan prever los recursos para que no sea año con año que se acoten los recursos.

Por eso, compañeras, compañeros Senadores, solicito su apoyo para que podamos emitir este Acuerdo de urgente resolución, es vital defender y proteger a las y los defensores de derechos humanos y también a las y los periodistas.

Por eso es fundamental que podamos votar este Acuerdo a la brevedad y emitir este punto de Acuerdo.

Muchísimas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Emilio Álvarez Icaza.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.






Les informo a todas las señoras Senadoras y señores Senadores, que la Junta de Coordinación Política remitió 9 Acuerdos a esta Mesa Directiva.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorporen los 9 Acuerdos a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda de hoy los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

Le ruego dé lectura al Acuerdo relativo a la creación de cuatro Secretarías en la Mesa Directiva.

El Acuerdo se encuentra disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo relativo a la creación de cuatro Secretarías en la Mesa Directiva. Comuníquese.






Pasamos al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. El Acuerdo se encuentra disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo ningún Senador registrado para discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobado el Acuerdo relativo a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Comuníquese.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El siguiente Acuerdo es el relativo a la enajenación de vehículos, propiedad de la Cámara de Senadores. El Acuerdo se encuentra disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






El siguiente Acuerdo es el relativo a la explotación minera submarina y la protección de los mares mexicanos. El Acuerdo se encuentra disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remita a esta soberanía un informe detallado sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionadas con la explotación minera submarina de los que tenga conocimiento la Secretaría a su cargo implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las obras y proyectos de explotación minera submarina implementados y previstos por el Gobierno Federal.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California Sur, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones, obras y proyectos de explotación minera submarina implementados en las costas sudcalifornianas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradores registrados.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, Senadora Guadalupe Saldaña.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de las Senadoras y Senadores que se encuentran en este recinto.

Coincidimos en la información en que se solicita en el Acuerdo a diversas autoridades, para saber si existen trámites sobre proyectos de minería submarina a fin de contar con mayores datos sobre estas actividades nocivas para el medio ambiente marino, para lo cual debería incluirse a la Secretaría de Marina, porque es esta dependencia a quien compete en materia de vertimientos y ejerce la soberanía en el mar territorial.

Pero además de pedir información es importante que nos preocupe más, en este momento, sobre todo a los sudcalifornianos, la posibilidad de una autorización de fin de sexenio al proyecto “Don Diego”, en virtud de que la Semarnat podía emitir, desde el mes de abril, una nueva resolución en sentido negativo y aún no lo ha hecho. Es necesario que el Senado se pronuncie en forma enfática en este sentido.

Por ello, y pidiéndole su apoyo a la proponente, me permito solicitar sean agregados al presente punto de Acuerdo los siguientes resolutivos:

Cuarto. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a remitir nuevamente la resolución respecto al proyecto denominado “Gradado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”, en el litoral del estado de Baja California Sur, se niegue la autorización de impacto ambiental respectiva en consideración de las afectaciones y sus impactos negativos e irreversibles a la biodiversidad.

Quinto. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas de la Administración Pública Federal, a que suspendan los procedimientos administrativos y se abstengan de resolver de manera definitiva las solicitudes y expedientes administrativos de concesiones, autorizaciones, permisos y licencias de proyectos de minería submarina, que sean de sus respectivas competencias, hasta que sus efectos al ambiente, a la economía y a las personas, hayan sido evaluados y revisados y se hayan hecho las consultas públicas a los posibles afectados por esos proyectos.

En cuanto al Resolutivo Tercero, me permito aclarar que, reiterando que todas las autoridades competentes deben informar sobre esta materia, consideramos que no es procedente solicitarle al Gobierno del estado un informe sobre los proyectos de explotación minera submarina en las costas de la entidad, en razón de que la materia, es eminentemente federal el tema.

Recordemos que es la Secretaría de Economía quien entrega la concesión, Semarnat quien lleva la evaluación del impacto ambiental, y la Secretaría de Marina quien regula los vertimientos al mar.

Entonces, se proponen esos dos puntos y se propone igual que el tercero se pueda descartar, dado que no es materia del ejecutivo del estado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien. Esta Mesa Directiva considera que si no hay Acuerdo, que el punto sea regresado a la Junta de Coordinación Política, puesto que fue turnado a la misma para ser procesado y consensado.

Entonces, solicitamos que las observaciones que hizo la Senadora puedan ser remitidas a la Junta de Coordinación Política para revisar el Acuerdo en cuestión.

Pasamos al siguiente punto.






Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo relativo al caso Alejandro Gutiérrez.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Si no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo sobre juicios agrarios.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Si no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Ahora dé lectura la Secretaría al Acuerdo relativo al caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Dé lectura ahora la Secretaría al Acuerdo relativo al ejercicio de los ingresos provenientes de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo. Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Dé lectura la Secretaría al Acuerdo sobre el Movimiento Estudiantil de 1968.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo sobre el “Movimiento Estudiantil de 1968”. Comuníquese.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un pronunciamiento en relación con los desastres pluviales en los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa y Sonora. El pronunciamiento se encuentra disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.



Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el pronunciamiento. De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho pronunciamiento.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento. Quienes esté porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el pronunciamiento en relación con los desastres pluviales en los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Comuníquese.






La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores comunica que, en virtud de la autorización de este Pleno para realizar la Exposición Fotográfica Temporal “Desaparición Forzada Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos”, en el espacio para exposiciones ubicado en las rejas perimetrales del Senado de la República, a partir del día 26 de septiembre del año en curso, se convoca al día de mañana a las 10 de la mañana para inaugurar dicha exposición.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En una tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a instruir al Procurador General de la República, para que se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación Para la Verdad y Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

A veces hablar de la violencia, de las y los desaparecidos en nuestro país, se convierte en cifras o en palabras frías.

Sin embargo, parece que es de suma importancia que este Senado de la República asuma con total seriedad una realidad que está aquejando a nuestro país.

Nada nos ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, sin son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos.

“Están en algún sitio”, decía Benedetti en un bello poema, “allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo quedó el buen amor, porque provienen del odio”.

Mañana se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los compañeros normalistas de Ayotzinapa.

A la fecha hay muchísimas dudas e interrogantes en la sociedad mexicana. Se ha hablado de la presunta participación de los elementos del Ejército y de Seguridad Pública Federal en la desaparición de los 43 normalistas.

Causó conmoción nacional e internacional, de tal grado que las protestas que se dieron en México y en el mundo han puesto entre dicho la famosa “verdad histórica” que Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General, trató de decir a la opinión pública para callar el caso.

Durante todo este tiempo se han presentado informes de diversos organismos internacionales, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ellos se han expuesto un número de irregularidades y omisiones en la investigación, tortura de imputados y hasta la presentación de personas con identificaciones falsas que contradicen la famosa “verdad histórica”.

En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se expone puntualmente que la autoridad ocultó y manipuló información de la investigación al no recabar el material probatorio idóneo y suficiente, al no cumplir con los protocolos criminalísticos en el procesamiento de los lugares del hecho y del hallazgo y al alterar la escena del crimen, también construyó testimonios a modo para sustentar la versión que informó públicamente el gobierno.

Derivado de las acciones legales realizadas por diversas instancias y principalmente por los padres de familia de los desaparecidos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, determinó que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República no fue pronta, no fue efectiva, no fue independiente y no fue imparcial.

Asimismo, que existían indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de conculcados fueron obtenidos mediante tortura.

En dicha sentencia se ordenó reponer el procedimiento y se pidió al Ministerio Público presentar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Aunado a lo anterior, en esta resolución judicial en donde se propone crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el Caso Iguala, como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la Procuraduría General de la República, se habló de que fuera indispensable poner especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales.

Dicha determinación fue recibida por diversos procuradores o fiscales en 32 entidades de la República, quienes presentaron un recurso de inconformidad interpuesto por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo anterior fue recurrido y el pasado jueves 20 de septiembre del presente año, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, por unanimidad de votos concluyó que existe sustento constitucional, convencional y legal para crear la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa.

A cuatro años de distancia de dicha tragedia, el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de aclarar contundentemente lo que ocurrió ese día, ni los motivos por los cuales sucedió, peor aún, no se ha dado cuenta fehacientemente de dónde se encuentran los 43 normalistas desaparecidos.

Por todo lo anterior y por la necesidad de justicia que existe en este país, pongo a su consideración la presente proposición con punto de Acuerdo y de urgente y obvia resolución.

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, instruya al Procurador General de la República, se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la comisión de investigación para la verdad y la ju Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad sticia de la nación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.

Segundo. Se exhorta al titular de los poderes ejecutivos de todas las entidades federativas, específicamente, para que instruyan a sus Procuradores de Justicia o Fiscales a que se desistan de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la comisión de investigación para la verdad y la justicia de la nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Finalmente, y me permito solicitarle al señor Presidente un minuto más, mencionaré a los 43 normalistas, porque no son un número, son un nombre, “Los queremos vivos, porque vivos se los llevaron”:

Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro. Alexander Mora Venancio, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alengas Par de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovani Galindez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovani Rodríguez Tlatempa, Xochivani Guerrero de la Cruz, Jonás Truillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Leideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolsin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marín Hetzemani Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García.

“Porque vivos se los llevaron, y vivos los queremos”.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Hernández Mora.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión la propuesta. No habiendo oradores, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Citlalli Hernández.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén, porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se aprueba la propuesta de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de instruir al Procurador General de la República para que se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a hacer efectiva la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit.

La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su venia, señor Presidente.

Agradezco la firma para adherirse a este punto de Acuerdo al Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; a Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional y otros grupos parlamentarios.

La Comisión Federal de Electricidad tiene 8 tarifas para uso doméstico, de las cuales, 7 aplican a distintas regiones del país de acuerdo a su temperatura media mínima, en verano. En otras palabras, la tarifa se calcula de forma distinta en diferentes regiones, en las cuales varía dependiendo de la temperatura más alta que se utiliza en estos estados y en estas regiones.

Voy a mencionar de manera rápida la tabla de cómo es que tenemos las tarifas distintas, esas 7 tarifas distintas en nuestro país:

Desde el 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, de los 25 grados centígrados hasta los 33 grados centígrados; dentro de estas tarifas viene también el límite para ingresar a las tarifas de alto consumo, que éstas varían de 500 kilowatts a los 5,000 kilowatts.

Quiero mencionar que el octavo tipo de esta tarifa hace referencia al correspondiente a un alto consumo, esta tarifa se aplica cuando se excede del límite establecido para una localidad en el consumo mensual promedio de los últimos 12 meses.

En consecuencia, cabe señalar que al aplicarse la tarifa DAC, el incremento del pago del servicio se eleva considerablemente.

En 2013 fue aprobada la reforma energética cuyos objetivos fundamentales fueron el permitir que la nación ejerza de manera exclusiva, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz, garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro.

Sin embargo, también debemos reconocer que el ritmo de su instrumentación ha sido insuficiente para subsanar las pérdidas económicas y de bienestar que implica el aumento de las temperaturas y su impacto en el cobro de las tarifas eléctricas, mismo que finalmente se ve reflejado en las familias de nuestro país.

En diciembre de 2017 entraron en vigor las nuevas tarifas de energía eléctrica aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía, que por primera ocasión se basaron en los costos de la producción y distribución del servicio, sumado a las variaciones mensuales de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la generación de energía eléctrica.

De esta forma, las tarifas para los usuarios residenciales se mantendrían sin cambio; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad informó que, para noviembre de 2018, subirían las tarifas para la industria, los negocios y hogares con un alto consumo. Los aumentos en las tarifas para el sector comercial serían de entre el 2.6 y el 3.5 por ciento para el uso doméstico de alto consumo también al 1.5 por ciento. Eso es lo que se decía.

Los incrementos que han tenido las tarifas eléctricas desde enero a agosto de 2018, en este año, fue cuando la Comisión Reguladora de Energía aplicó la nueva metodología tarifaria, esto involucra los siguientes componentes que se describen brevemente en los recibos.

Cargo por transmisión, cargo por distribución, cargo por operación del Centro Nacional de Control de Energía; cargo por operación de los suministros; cargo por energía y cargo por capacidad.

La problemática que motiva este punto de Acuerdo, radica en la revisión y el análisis claro del incremento de las tarifas eléctricas, puesto que en el estado de Nayarit, derivado de su clima caluroso existe la necesidad de utilizar ventiladores, aires acondicionados, mismos que ocasionan que el gasto de energía incremente y se vayan todas las familias a una tarifa DAC.

Es urgente la revisión del esquema tarifario que permita que la energía eléctrica sea accesible, oportuna, justa y sostenible.

Quiero dar tan solo un ejemplo de manera muy rápida.

En el estado de Nayarit estamos pasando por una situación muy complicada.

Esta persona, tan sólo en el mes de mayo pagó 584 pesos en su recibo por 206 kilos o kilowatts, eso fue en el mes de mayo. Para el siguiente recibo, que es julio, pagó 1,485 pesos en un incremento de 1,026 kilowatts.

Por ello, el gobierno de Nayarit, las autoridades municipales, y, desde luego la que suscribe, no somos omisos a la atención sentida de la demanda de la población.

Ahora resulta que con esta tarifa que tiene el estado de Nayarit los campesinos, los jornaleros, quienes tienen el salario mínimo, aprovechando que tengo aquí enfrente esas pancartas, sólo estarán trabajando para estar pagando un recibo de energía eléctrica. Eso es injusto para las familias nayaritas y mexicanas.

En Acción Nacional estamos comprometidos con la defensa de la economía familiar y a favor del desarrollo de la pequeña y mediana empresa a partir de proporcionar mejores condiciones de competitividad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Nayarit, mismo que deberá ser enviado a la Comisión Reguladora de Energía para que evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas en los estados.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que, con base en sus facultades, evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit. Y

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que con base en sus facultades se evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas de los estados.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Núñez Sánchez. ¿Para qué objeto, Senador Julen Rementería?

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Sólo para preguntarle a la Senadora si me permite incluir al estado de Veracruz que pasa exactamente por las mismas prácticas tanto en la CNA, como en la Comisión Reguladora de Energía, que se pueda incluir para el estudio en los dos estados, por favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Está de acuerdo, Senadora?

La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: (Desde su escaño) Es un gusto, Senador Julen, que lo pueda adherir.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Está de acuerdo la Senadora en incluir a Baja California Sur y Chihuahua?

La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Claro que sí, al contrario, todos los estados si los podemos incorporar creo que llevaría un soporte mayor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Senador Miguel Ángel Navarro, adelante, tiene el uso de la palabra.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, buenas tardes.

El día de hoy me sumo a la propuesta de mi paisana, de mi compañera Gloria Núñez, quien ha venido a hacer una propuesta sobre un aspecto muy sensible no solamente de Nayarit, sino de todo México.

Hace algunos días escuchábamos y veíamos de manera inusual que los empresarios del país se quejaban por las altas tarifas del sector eléctrico.

Si se quejan los empresarios, cómo estarán los ciudadanos más pobres del país.

Aquí debo serles muy sincero, debo de refrendarles mi respeto a ustedes, pero me interesa que miles y miles y millones de ciudadanos escuchen en esta tribuna que venimos a hablar en nombre de ellos por lo que ellos sienten, por lo que ellos reclaman, por lo que ellos sufren, son más o menos 39 millones de usuarios en el país en el sector eléctrico, y de éstos el 88.5 por ciento son usuarios de uso doméstico y 10 por ciento, promedio, de uso industrial.

Y qué es lo que hemos visto en estados como el de Nayarit, y yo no quiero agraviar a nadie, que vivimos un federalismo de la mendigues algunos estados, un federalismo pordiosero. Mientras unos estados viven un federalismo demasiado súper suficiente.

Dice un dicho popular que “el niño tiene que llorar para poder comer”, nosotros lloramos y lloramos y nadie nos hace caso, y hay estados que no piden y tienen autopistas, tienen hospitales, tienen grandes inversiones federales.

Hay gente que no puede sentir el dolor que está sufriendo la sociedad, llámese en el sector social, empresarial o político.

Hay gente que tiene hasta su ganado y sus caballos con aire acondicionado, mientras hay gente que no pueden sostener ni el pago de un foco para poderse aluzar en su casa.

Esta situación es muy agravante en el estado de Nayarit, sobre todo en la parte norte de nuestro estado. Sí, como decía la compañera Gloria, tenemos cuatro presas: la presa de La Yesca, la del Cajón, la de Aguamilpa, que son las más grandes, y la presa de San Rafael, y nos amenazan con una quinta presa. De qué nos sirve, si los costos son demasiado altos; de qué nos sirve, si se han destruido comunidades de pueblo originarios.

Si se ha agraviado el medio ambiente, si se han salinizado las tierras que están a un lado del río Santiago y son tierras altamente productoras en el pasado que hoy en día ya no es la costa de oro Nayarit, ya es la costa que da lástima.

Esa es la situación que sucede en Nayarit, donde en promedio las temperaturas son de 35 grados, pero si le sumamos el 80 por ciento de la humedad, quedan casi hasta los 50 grados. Esta situación es inhumana.

Hemos planteado y replanteado el subsidio porque el consumo no es por gusto, es por extrema necesidad, y en esta extrema necesidad al subir los consumos salen en el nivel tarifario doméstico modesto, a un nivel tarifario que no pueden pagar.

Ahorita nos están escuchando miles y miles de nayaritas, todos estamos unidos en Nayarit, porque aquí los colores no nos dividen, nos unen las causas, y la causa del pueblo es la causa de Acción Nacional, pero también es la causa de Morena, que estamos en la misma frecuencia con el gobierno del estado y los municipios.

Yo les pido a ustedes su apoyo, pero también le pido a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, que no hagan oídos sordos, que ya nos atiendan y nos entiendan a los nayaritas.

Gastamos energía, sí, pero gastamos energía para sostener en los mínimos indispensables a las familias nayaritas que están sufriendo de miseria y de dolor.

Muchas gracias por su apoyo.

Tengan la seguridad que Nayarit entero se los habrá de agradecer.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Pregunto si hay algún otro Senador o Senadora que desee hacer uso de la tribuna.

Senador Rubén Rocha Moya, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente quiero asumir las razones, la argumentación que dio la Senadora que inicia este punto de Acuerdo, y pedirle, si no tiene inconveniente, se lo solicitamos los Senadores de Sinaloa, que se nos incorpore, se incorpore Sinaloa por razones obvias.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solicita que se incorpore el estado de Sinaloa, y los estados de Tabasco, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, ya lo había mencionado, Querétaro y Tamaulipas.

Sonido en el escaño de la Senadora Elizabeth Núñez.

La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si así lo considera esta Asamblea, pudiésemos incorporar a todos los estados, porque como bien lo señalaba el Senador Navarro Quintero, es un problema a nivel nacional, y yo estoy en la mejor de las disponibilidades, un orgullo el que todos se puedan incluir a este punto de Acuerdo y hace presión a la Comisión Reguladora, a la Comisión Federal, a la Conagua y a la Secretaría de Hacienda.

Muchas gracias.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes Rangel, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta al equipo del Presidente Electo a aclarar los términos y condiciones en que planea realizar la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Sé que ésta ha sido una sesión muy productiva y que seguramente algunos de ustedes, después de varias horas, quisieran que fuese muy breve, así es que trataré de simplificar el planteamiento.

Considerando que a finales de julio del presente año, el Presidente Electo señaló que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se pondría a consulta popular, precisando que a partir del 15 de agosto y por un periodo de dos meses se estaría informando a la población sobre las diferentes propuestas en aras de realizar la consulta durante el mes de octubre.

Reconociendo que un nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México, que atienda con suficiente capacidad el volumen de tráfico aéreo que caracteriza la dinámica económica del país, así como su demanda de comunicación aérea moderna, confiable y segura, es una obra indispensable, cuya realización no puede posponerse.

Afirmando que existe ya un proyecto en marcha, con licitaciones realizadas, inversiones convenidas y terrenos disponibles para que se construya el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el municipio de Texcoco, tomando en cuenta que el 24 de septiembre del presente año, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien ha sido mencionado como futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes por el Presidente Electo, expresó:

“Primero, que la consulta no sería popular, sino ciudadana.

Segundo, que la consulta ya no sería consulta, sino encuesta.

Tercero, que no saben cómo realizar dicho ejercicio”.

Estas declaraciones fueron publicadas en El Sol de Zacatecas, con fecha del 24 de septiembre de 2018, haciendo notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción VIII establece como un derecho ciudadano el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: Inciso A, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, ese es el inciso a)

b) El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.

c) Los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Segundo. Sigo refiriéndome al artículo constitucional, cuando la participación total corresponda al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

Tercero. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma.

La materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Cuarto. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Quinto. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal.

Subrayando que de acuerdo a la propia Constitución, los mecanismos para llevar a cabo una consulta están desarrollados de manera general en el texto de la Carta Magna y de manera particular en la ley específica de la materia, en ese sentido no cualquiera puede realizar una consulta y la misma debe ser conforme a la normatividad vigente.

Es de destacarse que conforme al texto constitucional, las consultas únicamente se pueden llevar a cabo el mismo día de una elección federal, además de que hay temas que no pueden ser sometidos a dicho ejercicio. La Suprema Corte debe de dar el visto bueno a la constitucionalidad de dicho ejercicio previo a su realización.

Observando que una consulta que no cumpla con los requisitos constitucionales y legales, es más bien un acto entre particulares que difícilmente se puede considerar como vinculatorio a las decisiones de la autoridad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su honorable consideración, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República solicita a las autoridades de la actual administración, al equipo de transición, y a las personas presuntamente designadas por el Presidente Electo en las áreas correspondientes, vinculadas con el tema del nuevo Aeropuerto, proporcionen a esta Soberanía información clara, amplia y suficiente sobre las características, procedimientos y jurisdicción en las que se llevará a cabo la fecha, las instituciones responsables y todos los datos de que se disponga, que permitan comprender con qué método, en qué lugares y las fechas, se llevará a cabo la denominada consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Asimismo, solicita se informe con cuáles fundamentos legales se llevará a cabo la multicitada consulta y cuáles serán sus alcances y consecuencias.

Segundo. Si por razones diversas se determina no realizar la consulta y tomar la decisión sobre la ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, con base en otros criterios, el Senado de la República solicita al equipo de transición y a las personas presuntamente designadas por el Presidente Electo en las áreas correspondientes, se informe a esta Soberanía.

Suscriben los legisladores integrantes del grupo parlamentario del PRI.

Gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel. Se turna su propuesta con punto de Acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






En una cuarta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de la República, un informe sobre el estado que guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros Senadores.

Efectivamente, coincido con la Senadora Beatriz Paredes, pero creo que ya se me fue, acá está, la buscaba en su escaño, en que ha sido una sesión muy productiva en la que hemos platicado de justicia, de valores, de principios, de honor, de valor, de ética y creo que el punto de Acuerdo al que yo los estoy convocando para tener su apoyo y su votación reúne todas estas características.

Se los leo: Proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por la que se solicita a la Procuraduría General de la República que envíe un informe detallado sobre el estado que guardan las 16, compañeros, denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación.

Los suscritos Ricardo Monreal Ávila, Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May         Rodríguez, Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y una servidora, Lilia Margarita Valdez Martínez, Senadores de la República, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

Apenas hace unos días presentamos ante esta tribuna un punto de Acuerdo con el propósito de que esta Cámara, en cumplimiento de sus atribuciones de control, investigue y dé seguimiento a uno de los casos más emblemáticos, compañeros Senadores y Senadoras, más emblemáticos, por lo que ha dañado, por lo que ha lesionado, por lo que ha humillado, no nada más a los universitarios, sino a los ciudadanos mexicanos, que ha sido el desvío de recursos públicos a través de operaciones presuntamente simuladas mediante la utilización de convenios entre dependencias de la Administración Pública Federal, universidades, instituciones de comunicación estatal y empresas privadas.

Basta señalar que tan sólo en octubre de 2015 y septiembre de 2018, la Auditoría Superior de la Federación, a partir de la revisión de las cuentas públicas, 2013-2014 y 2015, ha presentado 16 denuncias de hechos relacionados con presuntas operaciones irregulares entre Sedesol, la dependencia donde se registran los desvíos más cuantiosos, y universidades públicas e institutos estatales de radio y televisión, con un monto de 2 mil 800 millones de pesos, tal como se muestra en el siguiente cuadro, que no se los voy a leer todos.

Solamente les digo, compañeros, que están, en la primera denuncia, inmersa, la Universidad Autónoma del Estado de México, con un monto de 21 mil millones de pesos; se encuentra la UAEM, con 147 mil millones de pesos; la Universidad Autónoma de Morelia, 266 mil millones de pesos.

Como me la complico con el tiempo, compañeros, y obvio yo les pido que por favor apoyen este punto para que exijamos que en menos de 15 días tengamos una decisión y una descripción detallada de cómo se encuentran estas denuncias.

Cabe mencionar, como universitaria que soy, que no vamos en contra de las universidades, ni de los universitarios, sino de la instancia federal que es la responsable de darle cuentas a la ciudadanía de dónde está ese dinero.

¿Qué se hizo con esos casi 5 mil millones de pesos, y que le hacen falta a los hospitales, a las escuelas, a la niñez de México y, sin embargo, no se pudieron haber esfumado? No se pueden desaparecer y decir: “Aquí no pasó nada”.

Señores y señoras Senadoras, ojalá que así como hemos levantando la voz para otras causas, también lo hagamos por ésta.

México debe de saber que efectivamente vamos a acabar con la corrupción, pero también con la impunidad y con los falsos servidores que solamente se sirven de los recursos de la gente.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Valdez Martínez.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Pregunto si hay oradores. Tiene la palabra la Senadora Guadalupe Covarrubias.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: Buenas noches. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores y Senadoras:

Yo tengo también algo que decir sobre la Universidad de Tamaulipas: Su presupuesto es de más de 4 mil millones de pesos anuales, y los costos de cada semestre son de más de 7 mil pesos en medicina, y así nos vamos en todas las demás carreras.

Me pregunto, si es tanto el presupuesto, ¿por qué se les cobra tanto a nuestros estudiantes de la Universidad de Tamaulipas?

Quiero que también se investigue, porque no es justo que nuestros estudiantes, sus padres de familia paguen tanto, y luego suspenden sus estudios porque no los pueden pagar.

Quisiera decir tantas cosas, pero eso es lo básico. Se está cobrando mucho. El presupuesto es muy alto para que estén cobrando cuotas tan altas.

Conozco muchos jóvenes que han truncado sus estudios, porque no pueden hacerlo. Les están cobrando como si fuera una universidad privada, y eso sí yo no lo puedo pasar, y yo creo que nadie, también en sus estados.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pregunto si hay otros Senadores o Senadoras que quieran hacer uso de la palabra.

Si no es así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Informo que recibimos del Senador Julen Rementería un punto de Acuerdo, que nos informa su grupo parlamentario, lo retira en este momento, para que se mande a la mesa, porque tiene relación con otro punto que se planteó por la mañana. Muchas gracias, Senador.






En una quinta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gutiérrez Castorena, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad republicana.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Los que suscribimos Senadores Ricardo Monreal Ávila, Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro, Javier May Rodríguez y Daniel Gutiérrez Castorena, integrantes del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

El martes 4 de septiembre de este año, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en esta Cámara de Senadores, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y su propio Reglamento.

En tal instrumento, acordado por todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo, se convino la necesidad de que esta Soberanía dote a los procesos de toma de decisiones, en materia presupuestal, de mayor certeza y seguridad jurídica, pero fundamentalmente de máxima transparencia, en lo que la rendición de cuentas se refiere, con la finalidad de establecer una real política de austeridad en el ejercicio de los recursos que restan por aplicar y en los subsiguientes del presupuesto de la Cámara.

De esta forma, con la intervención de la Mesa Directiva, la Comisión de Administración y la propia Junta de Coordinación Política, se han previsto una serie de acciones en el orden presupuestal de recursos humanos, materiales y financieros que serán el marco de actuación del Senado de la República dentro del Programa de Austeridad que ha dado impulso el grupo parlamentario de Morena y ha sido enriquecido por los Senadores y Senadoras partícipes, tanto los órganos de gobierno como el Pleno de la Cámara Alta.

Este acto, sin duda alguna, constituye un paso significativo hacia el establecimiento de acciones concretas y bien definidas en el marco de una gran política de ahorro y eficiencia de recursos que enarbola nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y que, sabemos, será el rasgo distintivo de la próxima Administración Pública Federal, pues el compromiso con el pueblo de México en el gasto público es de cumplimiento ineludible, por lo que es apremiante que avancemos de manera ágil, pero con certidumbre.

En ese orden de ideas, debemos señalar la firme convicción de Morena porque este tipo de acciones de austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de cumplimiento obligatorio en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano, donde evidentemente se encuentran inmersas las legislaturas de los estados.

En esta tesitura, es pertinente recordar que Morena ha planteado ya un proyecto de ley en materia de austeridad republicana, en el que claramente se define su finalidad en los siguientes términos:

La ley de austeridad republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad.

Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías.

No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana, que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva nacional.

Sin duda alguna, los legisladores de Morena, en el ámbito local, se encuentran ya realizando propuestas e impulsando acciones contundentes encaminadas a que al interior de estos órganos legislativos se apliquen políticas de austeridad. No obstante, sabemos también que se presentarán resistencias a estos planteamientos de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, y de ahí nuestra intención de acompañar, desde esta representación, los esfuerzos que realizan nuestros compañeros Diputados locales.

En este sentido, nosotros estamos planteando lo siguiente, dado que el tiempo es corto y obviamente el planteamiento se alarga, como puntos de Acuerdo concretos:

El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal, en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública.

Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones correspondientes en su legislación, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la remuneración de servidores públicos.

Tercero. Se exhorta a los poderes judiciales de la entidades federativas y a los organismos autónomos locales para que, en el ejercicio de sus facultades, realicen los ajustes necesarios al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y, en su caso, consideren una propuesta racional para el correspondiente al año 2019, implementando criterios y medidas de austeridad que contengan, entre otros, la racionalización de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que son inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública.

Hago entrega del documento completo para que sea considerado, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El martes 4 de septiembre de este año, el Pleno de este Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en esta Cámara de Senadores, de conformidad con las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General, y su propio Reglamento.

En tal instrumento, acordado por todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo, se convino en la necesidad de que esta Soberanía dote a los procesos de toma de decisiones en materia presupuestal de mayor certeza y seguridad jurídica pero, fundamentalmente, de máxima transparencia en lo que a la rendición de cuentas se refiere, con la finalidad de establecer una real política de austeridad en el ejercicio de los recursos que restan por aplicar, y en los subsiguientes, del presupuesto de la Cámara.

De esta forma, con la intervención de la Mesa Directiva, la Comisión de Administración y la propia Junta de Coordinación Política, se han previsto una serie de acciones en el orden presupuestal, de recursos humanos, materiales y financieros que serán el marco de actuación del Senado de la República dentro del programa de austeridad que ha dado impulso al Grupo Parlamentario de Morena y ha sido enriquecido por las senadoras y senadores partícipes, tanto en los órganos de gobierno como en el Pleno de la Cámara Alta.

Este acto, sin duda alguna, constituye un paso significativo hacia el establecimiento de acciones concretas y bien definidas en el marco de una gran política de ahorro y eficiencia de recursos que enarbola nuestro Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que, sabemos, será el rasgo distintivo de la próxima administración pública federal, pues el compromiso con el pueblo de México en el gasto público es de cumplimiento ineludible, por lo que es apremiante que avancemos de manera ágil, pero con certidumbre.

En ese orden de ideas, debemos señalar la firme convicción de Morena por que este tipo de acciones de austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de cumplimiento obligatorio en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano, donde evidentemente se encuentran inmersas las legislaturas de los estados.

En esa tesitura, es pertinente recordar que Morena ha planteado ya un proyecto de ley en materia de austeridad republicana en el que claramente se define su finalidad, en los siguientes términos:

La Ley de Austeridad Republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad.

Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana. Que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva nacional.1

Sin duda alguna, los legisladores de Morena en el ámbito local se encuentran ya realizando propuestas e impulsando acciones contundentes encaminadas a que en el interior de estos órganos legislativos se apliquen políticas de austeridad. No obstante, sabemos también que se presentarán resistencias a estos planteamientos de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y, de ahí nuestra intención de acompañar desde esta representación los esfuerzos que realizan nuestros compañeros diputados y diputadas locales.

El artículo 116 de la Constitución Federal señala que corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del Presupuesto de Egresos correspondiente. Las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Carta Magna.

Asimismo, los poderes legislativos estatales deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los presupuestos de egresos de los estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Al efecto, el artículo 134 constitucional dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Informe Legislativo 2017,2 se revela lo siguiente:

En los últimos seis años (2012-2017), los 32 congresos locales del país aprobaron para su gestión un total acumulado de 72 mil 384.4 mdp. Solamente para el ejercicio fiscal 2017, los congresos locales ejercercerían, al menos, un total de 13 mil 551.3 mdp. Cifra que equivale al presupuesto total del estado de Baja California Sur (13 mil 909.8 mdp) en el 2017 o al gasto de una tercera parte (739) de los municipios del país (13 mil 523.6 mdp) en el 2015.

A pesar de que entre 2012 y 2017 el número de diputados locales se ha mantenido estable e incluso reducido, el presupuesto de los congresos locales en su conjunto creció 11.1% en términos reales. Los congresos con mayor crecimiento durante este periodo son Sonora (69%), Coahuila (61%) y Michoacán (53%).

Gasto de los congresos. En 2016, 19 congresos locales gastaron en conjunto mil millones de pesos adicionales a lo que originalmente presupuestaron. Las legislaturas que gastaron más de lo que se aprobaron fueron Querétaro (65%), Hidalgo (57%), Puebla (31%), Tamaulipas (29%) y Guerrero (28%).

En atención a lo anterior, es importante recordar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 24 de agosto de 2009, estableció en sus artículos transitorios el mandato a las legislaturas de las entidades federativas de adecuar la legislación local en los términos de lo descrito en el artículo 127 constitucional, referente a la delimitación de las remuneraciones de los servidores públicos de los estados y ayuntamientos, al tenor de lo siguiente:

“….Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. …”

En tal sentido, es imperante para esta Soberanía, atendiendo al plan de austeridad republicano impulsado por el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, así como del Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en todas las áreas de la próxima Administración Pública Federal, exhortar a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones correspondientes en su legislación, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República.

En el mismo sentido, se exhorta a los poderes judiciales de las entidades federativas y a los organismos autónomos locales para que, en el ejercicio de sus facultades, realicen ajustes al gasto presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2018 que sean posibles y, en su caso, consideren una propuesta racional para el correspondiente al año 2019, implementando criterios y medidas de austeridad para los años subsiguientes que contengan, entre otros, racionalización de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública.

Debemos, todos, hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación frente a la emergencia económica que vive la nación: no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza, con jueces, magistrados, gobernantes, políticos y titulares de organismos autónomos con salarios muy altos y algunos excesivos, viviendo en la opulencia y privilegios.

Impulsemos, todos, quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los poderes de la Unión y los correspondientes órganos u organismos de las entidades federativas, universidades públicas, entes o entidades, la austeridad y sobriedad como auténtica política de Estado.

Esto no puede continuar así, debemos realizar un cambio radical que se refleje en la disminución del dispendio de recursos; seamos congruentes con el ejercicio de la representación que nos ha sido conferida por el pueblo mexicano en las pasadas elecciones. No más un gobierno rico y un pueblo pobre, ésa es la demanda social y el interés adecuado al tiempo que vivimos; la emergencia económica nos obliga a atenderla y avocarnos a superarla. Contribuyamos en lo que nos corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal, en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inerentes al cargo, o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública.

SEGUNDO. Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones correspondientes en su legislación, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la remuneración de servidores públicos.

TERCERO. Se exhorta a los poderes judiciales de las entidades federativas y a los organismos autónomos locales, para que, en el ejercicio de sus facultades, realicen los ajustes necesarios al gasto presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2018 y, en su caso, consideren una propuesta racional para el correspondiente al año 2019, implementando criterios y medidas de austeridad que contengan, entre otros, la racionalización de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo, o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. Ricardo Monreal Ávila.

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/09/asun_3262864_20150903_1441297659.pdf

2 https://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Gutiérrez Castorena. Túrnese a la Comisión de Gobernación.






Informo que recibimos de la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California Sur a que sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de Marina, José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del estado, que se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUE DE ACUERDO A LA LEY DE SÍMBOLOS Y PROTOCOLOS OFICIALES, SEA DECLARADO SUDCALIFORNIANO ILUSTRE EL TENIENTE DE MARINA JOSÉ ANTONIO MIJARES Y SU NOMBRE SE INSCRIBA EN LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La heroica defensa de la soberanía nacional en Baja California Sur en el año de 1847 es uno de los hechos más relevantes de nuestro pasado regional, pero paradójicamente es también uno de los que menos han trascendido en el calendario cívico del país.

Tal vez la lejanía del territorio sudpeninsular del centro del país, sea causa de que los episodios de la defensa del territorio patrio son escasamente registrados en la historia nacional, pero para nosotros, los sudcalifornianos, tienen un gran valor, porque con su lucha preservaron un territorio que hoy en día disfrutamos hombres y mujeres que habitamos en Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos.

En nuestra hoy Baja California Sur los patriotas californios de mediados del Siglo XIX con su sangre escribieron importantes páginas que no han sido inscritas en el libro de la historia nacional, y por ello hago uso de esta tribuna para rendirle justo reconocimiento a quienes ofrendaron su vida en defensa de la integridad del Territorio Nacional, en aquellos aciagos momentos de hace 171 años, ante la invasión Norteamericana.

Existen un sinnúmero de momentos estelares en la historia de nuestra entidad, donde la valentía y el arrojo de muchas mexicanas y mexicanos, sin más armas que su amor a la patria, fueron suficientes para empuñar el machete, el viejo fusil, o hasta piedras y palos y pelear por la integridad del territorio nacional y repeler al ejército invasor, luchando por el derecho de la Baja California a ser parte de México, para expresar su gran deseo de ser mexicanos, de aferrarse aún a costa de su vida a una tierra inhóspita y lejana  que era la California de hace casi 200 años.

Hoy me quiero referir desde esta tribuna del federalismo, al Teniente de Marina José Antonio Mijares, un patriota que no obstante nacer en otro suelo, llegó a este país para hacerse mexicano por decisión propia, incorporarse a la milicia y participar al lado de las fuerzas armadas de la incipiente Nación en la injusta guerra separatista de Texas en 1836, regresar voluntariamente a las filas militares ante la invasión extranjera de 1847, primero en Sonora y después  en la península de Baja California, bajo el mando del capitán Manuel Pineda, que en Mulegé escribió en letras de oro una de las páginas más gloriosas de la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial al derrotar el 2 de Octubre de 1847 al invasor estadounidense.

Después de su derrota el ejército extranjero continuó hacia La Paz y después a San José del Cabo, pero ahí estaba un puñado de valientes mexicanos, al mando de José Antonio Mijares que, alentados por la victoria en Mulegé, decidieron enfrentarse con las fuerzas norteamericanas, a pesar de la clara desventaja en que se encontraban.

En la refriega cayó Mijares gravemente herido por las balas enemigas el día 20 de noviembre de 1847, a raíz de lo cual falleció al día siguiente, por lo que sus restos mortales descansan hoy en la ciudad de San José del Cabo.

El Teniente Mijares fue un patriota extraordinario que entregó su vida por la soberanía nacional mancillada por el ejército invasor norteamericano, superando las carencias que sufrían los defensores de la nación, y todavía impregnó con su sacrificio heroico la tierra cabeña. Murió Mijares, pero continuaron vivos los ideales de seguir resistiendo las pretensiones de anexión sobre la Península y esa fue causa decisiva para que la Baja California fuera mexicana para siempre.

Recientemente, la asociación civil "Fundación Domingo Bourgoin, A. C." presentó ante al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, la solicitud para que, de acuerdo a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, este valeroso patriota sea declarado Sudcaliforniano Ilustre y su nombre se inscriba en letras doradas en el muro de honor de la Sala de Sesiones del Congreso del Estado, hecho que nos parece de la mayor justicia para este heroico mexicano

Nos sumamos a esta petición a fin de que los restos mortales del Teniente de Marina José Antonio Mijares, sean trasladados de su ubicación actual en el panteón municipal de San José del Cabo, para ser inhumados en la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres en la ciudad de La Paz, para que junto a quienes ya se encuentran en este sitial, sirvan de ejemplo e inspiración por su lucha y entrega a las mejores causas de la nación y del pueblo de Baja California Sur.

Es necesario promover y fortalecer esta petición porque elevaría al más alto sitial de la historia su nombre y su personalidad, para que junto a los distinguidos sudcalifornianos que ya se encuentran merecidamente en ese nicho, sirva de ejemplo e inspiración por su lucha y entrega a favor de las mejores causas de la nación y de su Patria Chica.

Hacerlo significaría también reconocer la solidaridad de las fuerzas armadas, que en Baja California Sur han contribuido en diversos momentos de la historia a defender sus causas más preciadas y como sucede ahora en cada ocasión en que la entidad ha sido devastada por las fuerzas de la naturaleza.

El pueblo de Los Cabos ya le rinde sentido homenaje a este patriota en el nombre de calles y escuelas, como parte de su cultura cívica que tiene presente su rica historia, en la que se inscribe la de los aguerridos indios pericúes, la paciente labor evangelizadora de los misioneros, la brega tenaz e incansable del ranchero y el pescador, y hoy la del esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores y emprendedores, muchos de ellos venidos de todos los rumbos del país, que juntos hemos forjado una tierra de progreso y oportunidades.

Por ello es un asunto de la mayor relevancia y trascendencia que se rinda el honor que merece la entrega de este héroe que los sudcalifornianos hemos hecho nuestro en la cotidianidad de las referencias históricas, y que espera el merecido reconocimiento del pueblo y las instituciones de Baja California Sur.

Los actos de valentía y de nacionalismo de José Antonio Mijares, como los de Manuel Pineda, Manuel Márquez de León, Clodomiro Cota, Ildefonso Green, Mauricio Castro, por citar sólo algunos, requieren honrarse y recordarse siempre, para dar testimonio de que somos un país y un Estado que busca en su pasado los ejemplos que sirvan como guía para encontrar el rumbo a un mejor futuro.

El ejemplo de José Antonio Mijares está vivo en el carácter y la decisión de los sudcalifornianos que luchan férreamente por defender las mejores causas de Baja California Sur, como hoy lo representa la demanda porque se preserven nuestros recursos naturales, una tarea en la que estamos unidos y preparados para exigirle a las autoridades, sobre todo al Gobierno federal, el respeto a nuestro derecho a un desarrollo sustentable.

Por eso daremos la pelea donde tengamos que librarla para impedir que se afecte nuestro medio ambiente, nuestra tierra y nuestra agua que necesitamos para asegurarle un mejor futuro a los mexicanos, y no sean usadas jamás para satisfacer los intereses y la desmedida ambición de unos cuantos, sin importarles la vida y la salud de nuestras generaciones venideras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, para que de acuerdo a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, el Teniente de Marina José Antonio Mijares sea declarado Sudcaliforniano Ilustre y su nombre se inscriba en Letras Doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones “José María Morelos y Pavón” del Congreso del Estado, sumándose a la propuesta de organizaciones de la sociedad civil del Municipio de Los Cabos, atendiendo la importancia de reconocer el mérito de hombres y mujeres que defendieron con honor y valentía la soberanía e integridad del territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.






En la sexta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a diversas entidades de la administración pública a remitir un informe sobre el status de diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia para el combate a la pobreza a nivel nacional.

El Senador Salomón Jara Cruz: Con su permiso, señor Presidente.

Es en el campo mexicano donde con más claridad podemos observar el incumplimiento de las pobrezas del gobierno de Enrique Peña Nieto, de sus dos propuesta emblemáticas podemos observar cero resultados en toda su ejecución.

Por un lado, la llamada reforma para el campo, propuesta el 6 de enero del año 2014, sólo quedó en declaraciones, consultas, foros y reuniones donde se gastaron millones de pesos, sin que a la fecha tengamos un solo párrafo de lo que fue el compromiso en el que millones de campesinos creyeron que habría una mejoría en sus condiciones de vida.

En segundo lugar tenemos la tan mencionada Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo resultado más tangible se ubica como la estafa maestra.

Por otro lado, durante la campaña electoral, el Presidente Enrique Peña Nieto elaboró una serie de 17 promesas electorales en materia agrícola con el objetivo de transformar el campo y lograr su modernización, así como erradicar la crisis alimentaria de millones de mexicanos.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2013, a casi un año de haber asumido la Presidencia de México, reforzó dicho compromiso transformando en una serie de estrategias por el programa titulado “Un Nuevo Campo para México”.

Este programa buscaba incrementar el dinamismo rural del país con el objetivo de tener una mayoría productiva a través de seis estrategias, de ello también tenemos nulos resultados, ya que estos compromisos quedaron en el olvido.

Igualmente, se creó el Sistema Nacional Agropecuario, que era un fondo que se destinaba a la modernización del campo mexicano. Sin embargo, en el 2017, por motivos de los ajustes en el Presupuesto Federal, desapareció; formando parte del Programa de Productividad Agroalimentaria.

Se tiene como antecedente también que en el año 2013 la actual administración prometió la creación de 16 aeroparques, pero que actualmente sólo se cuenta con siete en distintas etapas, en Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó también una inconsistencia de los recursos destinados al Programa de Productividad y Competitividad Alimentaria, pero aproximadamente 200 millones de pesos, así como la carencia de supervisión y seguimiento de los apoyos que otorga la dependencia.

En otro orden de ideas, tenemos que dentro de la seguridad alimentaria hay otra promesa de la administración peñista, que no se ha cumplido y me refiero la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual era un proyecto propuesto por el Presidente desde el 2013 y que tenía la intención de ser una estrategia que combatiría la pobreza a nivel nacional y que con bombos y platillos lanzaron este programa.

El principal problema radica en que a casi seis años de haber implementado dicho programa, no ha logrado su objetivo, ni siquiera en el municipio de Cuilapan, Guerrero, donde inició la prueba piloto de dicho programa.

Existen estas y más irregularidades en la implementación y ejecución de programas en el sector rural que no describo en este momento por la falta de tiempo.

Pero solicito, señor Presidente, pueda suscribirse en todos sus términos en el Diario de los Debates la propuesta que presento.

Solicito ante esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo, donde se informe de estos programas emblemáticos del Presidente Enrique Peña Nieto, sobre la reforma del campo y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a la Sagarpa, Sedesol y a la Auditoría Superior de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Jara Cruz. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.






Informo que la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y el Senador Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, han hecho llegar a la Mesa Directiva su punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, mismo que se turna a la Comisión de Energía.








En una séptima ronda de proposiciones con punto de Acuerdo, tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Registro de Asociaciones, a hacer uso de sus facultades para solicitar al sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, que adecue sus estatutos generales al principio constitucional de libertad y secrecía del voto, establecido en nuestra Carta Magna.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes. Compañeros Senadores:

El día de hoy quiero manifestar mi reconocimiento a los integrantes de esta Legislatura, por los acuerdos y proyectos aprobados en lo que va de nuestra gestión, entre ellos el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuyo principal objetivo es la protección de la clase trabajadora a través de la salvaguardia de sus derechos sindicales y la erradicación de los Contratos de Protección Patronal.

Este es un momento crucial y debemos continuar con el fomento al reconocimiento de derechos de los trabajadores, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

No podemos complacernos con fomentar el establecimiento de prerrogativas que queden en letra muerta, sino también debemos otorgarles herramientas que les permitan materializarlas de acuerdo con sus necesidades.

Así, al quedarnos callados ante acontecimientos que se han perpetuado por generaciones y violentan derechos humanos del trabajador sindicalizado, nos convierte en cómplices del autoritarismo y la arbitrariedad, asumidos por algunos de los dirigentes sindicales, cuyo discurso es en pro de la clase trabajadora, pero se mantienen al margen del respeto a sus derechos.

Ejemplo de ello es lo que acontece en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; es decir, el Sindicato Petrolero de Pemex, en donde la gestión de los dirigentes permanece inalterable debido a los mecanismos electorales anticonstitucionales contenidos en sus estatutos, los cuales les permite que se reelijan cuantas veces quieran y no existen elementos reales para que la oposición acceda a elecciones verdaderamente democráticas.

Los amañados estatutos de este sindicato impiden el pleno ejercicio de un derecho humano y político.

Se trata del derecho al voto, el cual, de acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución deberá ser universal, libre y, sobre todo, secreto.

Dichos estatutos sindicales contienen en su artículo 282 dos maneras anticonstitucionales de votar:

Uno. Elección a mano alzada. Un sistema a través del cual los socios activos del sindicato personalmente manifiestan su voluntad alzando la mano y el sentido de ésta es registrado junto con su personalidad por los escrutadores.

Dos. El sistema por escrutinio, que si bien la voluntad electoral se manifiesta mediante el llenado de cédulas, el nombre completo del trabajador, número de ficha y firma del mismo, queda registrado.

En ambos casos la identidad del elector se conoce de manera directa, pasando por alto derechos humanos de corte político y social.

Compañeros, ¿cuál es la importancia de que se incluya el voto libre y secreto para elegir a dirigentes del Sindicato de Pemex? La importancia radica en que actualmente las cabezas del sindicato petrolero pueden conocer el sentido del voto del trabajador y en caso de que ésta decida no apoyar a la planilla impuesta, lo coaccionan y limitan en sus prestaciones laborales, como si los derechos obreros y sindicales fueran una dádiva del Estado o del líder sindical.

Pero olvidan que dichas prerrogativas han sido reconocidas gracias a décadas de lucha de la clase trabajadora.

Ahora bien, desde el punto de vista legal, la obligación de que el voto sea libre y secreto dentro de los sindicatos se encuentra en la Ley Federal del Trabajo desde el año 2012, en el artículo 371, fracción IX y posteriormente el criterio se elevó a rango constitucional el pasado 24 de febrero del 2017, al reformarse la fracción XXII bis del artículo 123 de la Constitución que estableció que los estatutos de todos los sindicatos del país se incluirían las características universales que deben revertir el voto.

Por ello, es indignante, inmoral y, sobre todo, ilegal el hecho que el sufragio libre y secreto sindical se encuentre ausente en los estatutos del sindicato que agremia a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, empresa que provee de energéticos e impacta trascendentalmente en la economía de México. Sin duda podemos afirmar que el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es estatutariamente arcaico y arbitrario en sus mecanismos electorales.

La obligación del Estado de salvaguardar derechos constitucionales reconocidos incrementa cuando representantes de los sectores vulnerables solicitan a los órganos del Estado, protección y amparo del sistema legal.

Así, trabajadores agremiados de diversas secciones regionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana han emprendido desde hace años una lucha incansable a través de la legalidad para que los tribunales reconozcan la inconstitucionalidad de los actos emanados de sus estatutos, lucha que hoy rinde sus frutos en la resolución firme del 31 de mayo del 2018, del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

Dentro del expediente 105/2018 a través de la cual se otorgó la nulidad de la elección de dirigentes locales celebrada en 2015 en la sección 26 del STPRM.

El argumento que permitió anular las elecciones fue la omisión de ejercer el voto de manera libre y secreta.

Evidentemente, el comité ejecutivo general del sindicato no se iba a quedar con las manos cruzadas ante dicha resolución e interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación recurso de revisión, mismo que por obvias razones fue desechado, quedando firme el laudo que protege el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados de Pemex.

Así, compañeros Senadores, hoy existe un precedente jurídico para que las futuras elecciones dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se realicen conforme al mecanismo de elección personal, libre y secreto.

Además, cabe mencionar que dicha resolución actuará como cosa juzgada reflejada en cualquier otra controversia judicial, donde la litis sea determinar el método más democrático para el ejercicio de derechos sindicales mediante el voto.

Es decir, es una resolución histórica que suma a la progresividad de México en materia de derechos humanos de corte social.

Ahora que tenemos claro que el derecho les asiste a los agremiados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como lo han confirmado las autoridades del Poder Judicial que resolvieron a favor de ellos, que constitucionalmente existe la fracción XXII Bis del artículo 123, y el artículo 371, fracción IX de la Ley Federal del Trabajo, que obligan a los sindicatos a ajustar sus sistemas de votación a los principios de universalidad, secrecía y libertad.

Nosotros, señores Senadores, como representantes de la voluntad popular y defensores de la legalidad tenemos la obligación de exigir, a través de la instancia correspondiente, que se adecúen los estatutos del sindicato petrolero.

La urgencia del asunto radica en que están en puerta las elecciones para renovar al comité ejecutivo general y a los líderes seccionales, y de acuerdo a los artículos 122 y 123 de los estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senadora, por favor.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Son 90 días antes del término de la gestión del comité ejecutivo general, es decir, en el mes de octubre, debe celebrarse la convención ordinaria, la cual emite la convocatoria dirigida a las secciones regionales para registrar a sus candidatos, estamos hablando entonces, que actualmente se están llevando a cabo preparativos para la celebración de unas elecciones con apego a unos estatutos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos que han permanecido por décadas.

Por otro lado, no se ve la mínima intención de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros para ajustarse a la legalidad, por el contrario, diversas notas periodísticas señalan que su líder, el secretario general Carlos Antonio Romero Deschamps, está violentando a los propios estatutos del sindicato, adelantando los preparativos de las elecciones para evitar que el criterio constitucional de voto libre y secreto que ampara a agremiados de la sección 26 sea conocido a nivel nacional y los obligue a ajustar sus estatutos, pues la élite corrupta que hoy liderea el sindicato, maquina la reelección de algunos dirigentes a través del condicionamiento de las prestaciones a los trabajadores y la coacción.

Si lo anterior sucede, se violentará gravemente el derecho político sindical de los trabajadores a elegir libremente y de manera secreta a sus dirigentes, y nosotros al estar hoy enterados de esta situación y no hacer nada al respecto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya Senadora, su tiempo ha terminado, por favor.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Ya concluyo.

Por lo antes expuesto someto a discusión de esta Honorable Asamblea la aprobación de la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, que al tenor de sus resolutivos señala lo siguiente:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Dirección General de Registro de Asociaciones, haga uso de sus facultades establecidas en el artículo 19, fracción X del Reglamento Interior del mencionado organismo centralizado para solicitar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ajuste sus estatutos sindicales al principio que exige que el voto se realice de manera libre y secreta.

Es cuanto, señor Presidente, y compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Balderas Espinoza. Como ha sido solicitado por la proponente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si este Acuerdo se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Pregunto si hay oradores u oradoras. Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, les recuerdo que si desean mantener inscritas sus proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del proceso integral de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, Senadora MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 10, fracciones I y III; 76, numeral I, fracción IX; 108 fracción I, 109 fracción I, 276 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República; someto respetuosamente a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. De conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. En el mismo sentido, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda.

SEGUNDO. El sismo del 7 de septiembre de 2017 de 8.2 grados en escala Richter, en términos habitacionales, en extensión y en número de construcciones afectadas, según los expertos, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos 100 años. Un movimiento inusualmente largo; en 180 segundos, el movimiento logró cimbrar parte del centro y sureste del país, lo cual generó una alerta de tsunami en toda la costa del pacífico, desde México hasta Ecuador. El sismo dejo miles de viviendas dañadas y un sin número de afectaciones a la infraestructura y equipamiento, escuelas y centros de salud, entre otros. Principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

TERCERO. Doce días después, aún con la conmoción de la tragedia, un nuevo sismo azotó tierras nacionales, en una fecha marcada en la memoria de los mexicanos, el 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central, provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y edificios; así como, averías en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente daño patrimonial, además de afectaciones de distinta índole a la actividad económica y turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, principalmente.

CUARTO. Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciante, etc., se dieron a la tarea de acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era apoyar en el rescate de las personas que pudieron comunicarse a través de su teléfono celular y que aún se encontraban debajo de los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En diversos puntos colapsados los rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos de las personas atrapadas. Dolor, angustia, miedo y desesperación era el común denominador en el rostro de muchos mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.

QUINTO. En la Ciudad de México la iniciativa #verificado19s instaló un centro de inteligencia ciudadano para analizar y procesar la información, ante la escasa o nula participación del gobierno y la necesidad de contar con información verificada que permitiera optimizar la colecta de víveres, así como la movilización de materiales y recursos humanos en las zonas de desastre, para organizarse.

SEXTO. A nivel federal, surgió la organización Levantemos México con la finalidad de dar respuesta inmediata a los sismos que azotaron el centro y sureste del país, con la intención de canalizar recursos a las comunidades más afectadas por los terremotos, buscando que la gente, desde una perspectiva de derechos humanos recupere su forma de vida.

SÉPTIMO. El trabajo ciudadano en los sismos 7s y 19s dejaron claro que los protocolos de actuación del gobierno ante desastres naturales de esa magnitud son insuficientes. Algo que parecía haberse diluido en la mente de los mexicanos -sobre todo en los habitantes de la Ciudad de México- se revivió; no vivimos en una zona de riesgo sísmico, vivimos en una zona de certeza sísmica.

OCTAVO. Muchos fueron los daños por los movimientos telúricos, 12 entidades con afectaciones: 6 con declaratoria de emergencia y desastre y 3 con declaratoria de desastre; 471 mexicanos fallecidos y más de 12 millones de afectados; más de 180 mil viviendas con daños registrados: 50 mil 610 con daño total; 293 obras hidráulicas y cinco acueductos de abastecimiento colapsados; una línea de alta tensión, subestaciones, circuitos, postes, transformadores, líneas de alta y baja tensión dañados, 16 mil 136 planteles educativos dañados en 10 entidades, mil 821 edificaciones y más de 2,000 bienes muebles culturales dañados, en 11 entidades y 53 Centros de Salud con daños mayores.

NOVENO. A pesar de la información descrita, a un año de los sismos, lamentablemente, aún no tenemos cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de vivienda y familia afectadas no han concluido por omisiones de diferentes autoridades; no se contó con programas para organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se distribuyó, no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos de conclusión, no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para solventar las tan desagradables experiencias sísmicas.

DÉCIMO. Los sismos de septiembre de 2017 han dejado claro algo, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, aún no estamos lo suficientemente preparados, pues todavía por las calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con trozos de madera, gente sin casa durmiendo a la intemperie o, en carpas, niños tomando clases bajo los árboles o en espacios públicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus escuelas no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace un par de meses.

DECIMOPRIMERO. En los 290 municipios declarados en desastre, la reconstrucción avanza muy lentamente, en medio del burocratismo y la corrupción de autoridades.1 A pesar de haber destinado recursos, las acciones y programas no han sido eficientes para regresar a las comunidades o zonas afectadas a la normalidad. No sólo es el hecho de reconstruir por reconstruir, el gobierno tiene la obligación de implementar los mecanismos, investigaciones, estudios que garanticen el derecho fundamental a una vivienda adecuada, entendida como el derecho a vivir en condiciones de seguridad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar; y adecuación cultural.

DECIMOSEGUNDO. El gobierno debe de establecer un modelo de atención a damnificados realmente eficaz, eficiente, transparente, con rendición de cuentas, con plena cooperación, comunicación y con participación ciudadana con la idea de restablecer o garantizar el derecho a una vivienda adecuada, a través de una estrategia integral y no sólo de acciones aisladas, en la que esté presente la máxima publicidad en el sentido más amplio para que todos los grupos y damnificados puedan tener acceso a la información y puedan participar de manera significativa en la planificación y ejecución de las diferentes etapas de los procesos de reconstrucción con miras a incidir en nuevos patrones de cooperación con la finalidad de instaurar una nueva estrategia de atención postsismica, que incluya la gestión del riesgo y de  desastres naturales, debemos aprender de las lecciones pasadas e incorporar los nuevos conocimientos con la idea de enfrentar los desafíos futuros.

DECIMOTERCERO. En el caso de la  Ciudad de México, existen pendientes a la fecha que resultan de suma trascendencia, por ejemplo, se habla de la ausencia de censos confiables tanto de afectados como de daños generados por el sismo del 19 de septiembre.

Tal hecho, sin duda implicaría una desatención a los gobernados que son damnificados e implica una falta de mitigación del riesgo en la Ciudad de México. Organizaciones sociales que se han vinculado con el tema de reconstrucción, tal y como lo es la organización Nosotrxs ha indicado que de la revisión de 639 construcciones en riesgo de caer, están habitados sin tratamiento alguno y no han sido desalojados.

DECIMOCUARTO. Por otra parte, análisis periodísticos recientes (Revista Proceso No. 2185) dan cuenta de la opacidad en el manejo de los recursos económicos para atender a los afectados del sismo. De acuerdo a la periodista Patricia Dávila del Semanario indicado, existen recursos millonarios que fueron desviados o aplicados indebidamente, tal y como lo es la cantidad de 1080 millones de pesos.

Por lo anterior, es que se pone a consideración este punto de acuerdo, porque la ciudadanía merece conocer puntualmente qué acciones y programas de reconstrucción se han implementado desde el ejecutivo federal y local; en dónde nos encontramos a un año de los sismo del 7 y 19 de septiembre; cómo se está garantizando que los damnificados cuenten con una vivienda adecuada que le permita recuperar su nivel de vida, considerando la noción más amplia de la restitución de la vivienda y de la propiedad; qué atención están recibiendo las comunidades más vulnerables o mayormente discriminadas; cuántos recursos se han gastado en todo el proceso de reconstrucción y a dónde se están canalizando, etc.

En ese sentido, sometemos a consideración como de urgente Resolución a esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que informe pormenorizadamente el estado actual que guarda el proceso integral de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, con la intención de conocer los avances en las tareas y acciones realizadas a un año de los mismos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, Lic. José Ramón Amieva Gálvez; para que rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los trabajos de reconstrucción que se están llevando a cabo a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017; así mismo, informe si existen procedimientos de responsabilidad administrativa o penal por la posible malversación de los fondos destinados a resarcir los daños post sísmicos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora.

1 https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/sociedad/a-un-ano-del-sismo-apoyo-no-se-ocupa-para-
casas-en-oaxaca-1976269.html





Del Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a conducir las sesiones con apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento del Senado de la República. Queda en poder de la Mesa Directiva.








De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La que suscribe, Senadora de la República LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y APOYOS DESTINADOS A FAVOR DE TODA LA POBLACIÓN AFECTADA A CONSECUENCIA DE LOS SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pueblo de México está aún de luto, los lamentables sucesos acaecidos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, han marcado de manera significativa a todos nosotros, las pérdidas humanas han sido significativas e irreparables, y por desgracia, ante ello, no podemos hacer nada, únicamente unirnos al duelo de las familias afectadas.

Las pérdidas materiales de las familias mexicanas que resultaron damnificadas con dichos sismos, resultan ser miles y los daños aun incuantificables, porque aún no se conoce la magnitud de las pérdidas de viviendas, comercios, escuelas, espacios públicos y, peor aún, la confianza de los pobladores, que hoy aún sufren y viven de esos acontecimientos.

La imagen de la catástrofe sigue presente en todos lados, en televisión, en redes sociales, en medios impresos y digitales. En los medios de comunicación aun conocemos historias de tragedia, de pérdidas humanas y materiales.

El día 28 de septiembre del año próximo pasado, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno Federal, a través del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA, se hicieron del conocimiento público, las DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SISMO CON MAGNITUD 7.1 OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS DE NUESTRO MÉXICO, COMO LO SON GUERRERO, MORELOS, OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA, declarando que 278 Municipios de dichos Estados, se consideran territorios devastados por los eventos sismológicos ya precisados, municipios en los cuales albergan familias enteras que lo han perdido todo, familiares y amigos encabezan la lamentable lista, seguida de casas, negocios, fuentes de empleo, escuelas, centros públicos y en general calles e infraestructura pública.

En mi querido y amado estado de Morelos, simple y llanamente la alerta es total, las perdidas y daños son abrumadores, porque todos los municipios que Integran mi tierra, resultaron con severas pérdidas humanas e incuantificables daños en los bienes de la sociedad morelense, siendo dicha declaratoria, la que indica que el 100% de nuestros municipios se han clasificado como zonas de desastre, es decir Morelos está dañado de norte a sur, de este a oeste, de poniente a oriente, sin que aún se tenga certeza de la cuantificación de daños.

Las citadas Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento así como las Reglas Generales de operación de dicho fondo, sin embargo los daños resultan ser incuantificables para la reconstrucción de nuestro México. Simplemente hasta el día de hoy, no se tienen el resultado final de los censos estatales, en los que se estime las pérdidas económicas a las familias de nuestros hermanos, y sin lugar a dudas será dicho fondo insuficiente para reparar las zonas afectadas.

Por ello, no debemos de esperanzarnos a saber, si los recursos del fondo de desastres son suficientes para la reconstrucción de nuestro México; como representantes populares e integrantes de esta soberanía, tenemos el deber de ocuparnos en destinar los recursos económicos bastos y suficientes para, por lo menos, devolver a las familias lo poco que tenían. Sabemos que con el dinero no repondremos jamás la ausencia de todas las personas que fallecieron a causa de estos acontecimientos naturales, pero por lo menos tengamos la responsabilidad de ejercer acciones tendientes a reparar los daños materiales.

No obstante lo anterior, las supuestas estrategias de los distintos gobiernos, no han sido suficientes para atender todas las necesidades que se tienen a la fecha, a pesar de existen recursos públicos para este tipo de desastres naturales. Por todos lados, percibimos un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, quien constantemente señala una total desconfianza y opacidad de las acciones que se vienen realizando tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, situación que ha permeado constantemente desde los hechos ocurridos y que ha generado que los afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con recursos financieros y materiales para reparar los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y comercios en donde lamentablemente en muchos de los casos fueron pérdidas totales.

El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y moral de propiciar y asegurar que cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de los censos que recibirán el apoyo para su reconstrucción.

Sin embargo, debido a la crisis de desconfianza que se ha venido dando desde el 19 de septiembre de 2017, donde el descontento de la ciudadanía respecto a la forma en que dichos gobiernos ha venido respondiendo ante esta contingencia, es necesario y oportuno ante tales hechos que los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de los mismos.

En este orden de ideas, resulta necesario e indispensable hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización para que en el ámbito de su competencia se incorpore a su universo auditable la fiscalización del uso de los recursos destinados a la reconstrucción, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas que se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía que someta a consideración, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 25 de septiembre de 2018.

Atentamente,

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán.






Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno federal emita declaratoria de desastre natural en el municipio de Peribán de Ramos del estado de Michoacán, afectado por el desbordamiento del río “Cutio” y la represa “Parástico”, a causa de las intensas lluvias, con el objeto de liberar la entrega de recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales e iniciar el proceso de reconstrucción. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo para  SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE PERIBÁN DE RAMOS (DEL ESTADO DE MICHOACÁN) AFECTADO POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CUTIO Y LA REPRESA PARÁSTICO A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS, CON EL OBJETO DE LIBERAR LA ENTREGA DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) E INICIAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 23 de septiembre, el municipio de Peribán de Ramos, situado en la parte occidental del estado de Michoacán, sufrió el embate de un fuerte aguacero que derivó en el desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico, mismos que arrasaron todo a su paso.

Según el reporte de los hechos de Protección Civil estatal, se informa que poco después de las 17 horas, se registró una fuerte lluvia, misma que provocó el desbordamiento del río Cutio y de la represa Parástico, afectando en mayor medida las colonias "Las Tirinditas" y "Río Negro", ubicadas al sur de la cabecera municipal, se reportaron diversos daños y otros en procesos de evaluación.

La realidad es que las afectaciones son considerables, dado que el fenómeno climatológico no solo impacto la infraestructura y las viviendas, sino que puso en riesgo el sustento diario de miles de familias que viven al día y que hoy no tienen ingresos para subsistir, porque sus sitios de trabajo quedaron destruidos y los canales de comercialización de sus productos obstruidos.

La magnitud de los daños va en incremento: hasta este momento se han reportado la pérdida de vidas humanas, la desaparición de personas y daños a pertenencias materiales, viviendas, vías de comunicación e infraestructura.

Aunado a lo sucedido, permanece latente el riesgo de emergencia pues el Sistema Meteorológico Nacional prevé tormentas en los próximos días de muy fuertes a intensas en 12 entidades de México, entre las que se encuentra el estado de Michoacán. El reblandecimiento de la tierra que está provocando la intensa lluvia incrementa el riesgo a que colapsen viviendas, bardas y se provoquen derrumbes carreteros.

FUNDAMENTACIÓN

Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los fundamentos jurídicos acotados en la Ley General de Protección Civil y el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del FONDEN.

La Ley General de Protección Civil en su artículo séptimo indica que corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

(…)

IV. Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta Ley y en la normatividad administrativa;

V. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia.

(…)

Así mismo, la ley en comento define en su artículo decimonoveno que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

(…)

XI. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural;

XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;

(…)

Así mismo, en dicha ley, en su artículo quincuagésimo octavo estipula lo siguiente:

Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso de que se trate de una entidad federativa, de acuerdo con los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y;

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo quincuagésimo noveno de la misma Ley: La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.

Artículo sexagésimo segundo de la misma Ley: El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

La catástrofe se contempla en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del FONDEN en su artículo decimoprimero, donde se entiende por desastre natural al: “(…) fenómeno o fenómenos naturales concatenados o no que cuando acaecen en un tiempo y espacios limitados, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar. La Secretaría, con cargo al FONDEN, podrá cubrir los daños a los activos privados productivos, vivienda, a la infraestructura pública, a los bosques, áreas naturales protegidas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, considerados como tales por la Ley o por declaratoria, derivados de los siguientes desastres naturales: (…) II. Hidrometeorológicos: ciclón, lluvia torrencial, nevada, granizada o helada atípica, inundación significativa, tornado o sequía atípica.”

El municipio de Peribán de Ramos necesita apoyo para su pronta recuperación, a sabiendas de la actual situación de catástrofe que atraviesa se vuelve indispensable activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para permitir que los afectados vuelvan a tener sus vidas cotidianas y evitar más afectaciones que pueden poner en riesgo la vida de miles de personas.

Por lo expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de atender a la población afectada por el desastre referido, me permito someter a consideración de este Honorable Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación emita Declaratoria de Desastre Natural en el Municipio de Peribán de Ramos (del estado de Michoacán) afectado por el desbordamiento del Río Cutio y la represa parástico a causa de las intensas lluvias.

SEGUNDO. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación facilite la liberación de recursos con cargo al fondo de desastres naturales (Fonden) para atender la catástrofe ocurrida el domingo 23 de septiembre del año en curso iniciando el proceso de reconstrucción.

Dado en el Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018.

Sen. Casimiro Méndez Ortiz.






Las intervenciones de la agenda política se insertan en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, para referirse a las lluvias e inundaciones en los estados de Michoacán, Sinaloa y Sonora.

(No se registran intervenciones)

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

Del Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Morena, en materia de crímenes contra periodistas.

(No se registran intervenciones)

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 27 de septiembre a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 20:01 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

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Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

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Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO











ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA


Comparecencia del Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público.



Para la primera ronda de preguntas, intervienen los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del PVEM; María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del PES; Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD; Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI; Raúl Paz Alonzo, del grupo parlamentario del PAN y José Luis Pech Várguez, del grupo parlamentario del Partido Morena.



Para la segunda ronda de preguntas, intervienen los Senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del PVEM; María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del PES; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del grupo parlamentario del PT; Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD; Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del PRI; Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del PAN; José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido Morena e Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Morena.










Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de ex gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016; y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que para tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado estatuto para efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la humanidad aquí denunciados. Intervienen al respecto los Senadores Ricardo Ahued Bardahuil, Julen Rementería del Puerto. Se aprueba.






















PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República para que se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero; así como a los titulares de las entidades federativas y a sus procuradores de justicia o fiscales, misma que fue pedida por el Poder Judicial de la Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas. Se aprueba.















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