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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 35

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Diciembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (13:17 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Mendoza Garza Jorge, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Senadores en comisión oficial: Cárdenas Jiménez Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Menchaca Castellanos Ludivina.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguirre Rivero Angel (inasistencia justificada), González Aguilar Lázara Nelly (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Cortés Mendoza Marko Antonio, Monreal Avila Ricardo, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Sacramento Garza José Julián, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Velasco Coello Manuel.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, se registraron para esta sesión un total de 116 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con diez minutos del día jueves diez de diciembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

Para referirse al contenido del Orden del Día, en cuanto a la entrada del nombramiento del Gobernador del Banco de México, intervinieron los Senadores: José González Morfín, Felipe González González, Ricardo Monreal Ávila, Francisco Arroyo Vieyra y Gustado Madero Muñoz.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes ocho de diciembre de dos mil nueve.

(Bienvenida)

Se recibió la visita de una delegación de asistentes a la Novena Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de nombramiento a favor del C. Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 16 al 19 de diciembre de 2009, a efecto de participar en el Segmento de Alto Nivel de la Décimo Quinta Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático (COP-15), que se realizará en Copenhague, Dinamarca, los días 17 y 18 del actual.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

(Comunicaciones)

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe del Tercer Trimestre 2009, sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, Informe Ejecutivo y el Informe Detallado Semestrales de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores enero-junio 2009.- Se remitió copia de la documentación a la Comisión de Administración y quedó en poder de la Mesa Directiva para consulta de los señores Senadores. Será puesto a consideración de la Asamblea, en la siguiente sesión.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de enero de 2010.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Luis Coppola Joffroy, Presidente de la Comisión de Turismo, Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de los Senadores Ramón Galindo Noriega, Carlos Sotelo García y Rogelio Rueda Sánchez, Informe de su participación en el V Foro Interparlamentario Iberoamericano, celebrado en Lisboa, Portugal, del 22 al 24 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Ulises Ramírez Núñez, Informe de la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Dante Delgado, Informe de sus actividades en la Séptima Conferencia sobre Gestión de la Deuda, UNCTAD-ONU, celebrada en Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibieron del Senador José Isabel Trejo Reyes, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dos comunicaciones por las que informa que diversos puntos de Acuerdo han quedado sin materia o han sido atendidos.- La Presidencia instruyó descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, oficio por el que informa de la atención a diversos puntos de Acuerdo sobre sequía y cambio climático.- La Presidencia instruyó descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68, así como las fracciones II y III del artículo 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de Primera Lectura.

(SE RECIBIÓ EN SESIÓN SOLEMNE LA VISITA DEL SEÑOR RECEP TAYYIP ERDOGAN, PRIMERO MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA)

(Se continuó con la sesión ordinaria)

(Comunicaciones)

El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción por parte de la Secretaría de Gobernación, de la propuesta de nombramiento a favor del C. Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.- Se hizo del conocimiento del Pleno que el turno a este asunto será anunciado después de consulta con la Junta de Coordinación Política.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo inciso b. a la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- A discusión, intervinieron los Senadores Jesús Murillo Karam, por las comisiones para fundamentar el dictamen, Ricardo Monreal Ávila, Pablo Gómez Álvarez y Felipe González González, quien presentó iniciativa que reforma el artículo 17 y adiciona una fracción XXIX al artículo 73 y una fracción VII al artículo 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos. Se aprobó por 100 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- A discusión, intervinieron los Senadores Pedro Joaquín Coldwell, por las Comisiones para fundamentar el dictamen, Ricardo Monreal Ávila, Alejandro Zapata Perogordo, Tomás Torres Mercado, Silviano Aureoles Conejo, Pablo Gómez Álvarez y René Arce.

El Presidente informó de la reserva a los artículos 94, 100, 103 y 107 Constitucionales.

El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 96 votos.

A discusión en lo particular, intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila, quien presentó propuesta de modificación al artículo 94. El Senador Pablo Gómez Álvarez intervino en relación a dicha propuesta. No se admitió a discusión la misma.

La Secretaría dio lectura a la propuesta del Senador Rubén Velázquez López, al artículo 100, la cual se admitió y aceptó.

La Secretaría dio lectura a la propuesta del Senador Ricardo Monreal Ávila, al artículo 103, la cual no se admitió a discusión.

El Senador Silviano Aureoles Conejo retiró su reserva al artículo 107.

El Senador Tomás Torres Mercado presentó diversas propuestas al artículo 107, relativas al último párrafo del inciso a), de la fracción III; a la fracción X, segundo párrafo; a una adición en la fracción XI; a la fracción XIII, tercer párrafo; y a la fracción XVI, segundo párrafo; las que se aceptaron.

Las relativas a suprimir el último párrafo de la fracción XVI y al tercero párrafo del mismo artículo, no se aceptaron.

Los artículos 94, 100, 103 y 107 fueron aprobados por 88 votos.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto.

Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- A discusión, intervino el Senador Antonio Mejía Haro, por las Comisiones. Se aprobó por 82 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- A discusión, intervino el Senador Antonio Mejía Haro, por las Comisiones. Se aprobó por 80 votos en pro y 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Sin discusión, se aprobó por 78 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Sin discusión, se aprobó por 78 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Sin discusión, se aprobó por 77 votos. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Sin discusión, se aprobó por 78 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Sin discusión, se aprobó por 79 votos en pro y 4 abstenciones. Se turnaron a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos a Nivel Primaria, Secundaria y Medio Superior o sus Equivalentes, firmado en la ciudad de Guatemala el veintiséis de octubre de dos mil nueve.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el treinta de julio de dos mil nueve.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 bis a la Ley de Aguas Nacionales.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que regula el Otorgamiento de Donativos Públicos; se adiciona un inciso o) a la fracción II del artículo 41 y se reforman los artículos 41, fracción II, inciso n), 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se adiciona la fracción XIV ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto que reforman diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Quedó de Primera Lectura.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de salud, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Propiedad Industrial.- A discusión, intervinieron los Senadores Ernesto Saro Boardman, por las Comisiones, para fundamentar el dictamen, Rubén Camarillo Ortega, Eloy cantú Segovia, quien presentó propuesta de modificación a nombre propio y de los Senadores Ernesto Saro Boardman y Juan Bueno Torio, la cual se admitió a discusión. Para referirse a la propuesta intervino el Senador Arturo Escobar y Vega. La propuesta fue aceptada.

El proyecto de Decreto adicionado se aprobó en lo general y en lo particular por 75 votos.

Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes información completa sobre los avances en la operación y la eficacia lograda en el modernizado Puesto de Control Estratégico de “Querobabi”, en el Estado de Sonora.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que solicitaba la comparecencia de diversos funcionarios en torno a la reforma de diversos artículos al Reglamento de Insumos para la Salud.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a redefinir los nuevos retos epidemiológicos hacia los próximos años, al tiempo de considerar pertinente la autorización de un cuadro básico que se caracterice por atender las enfermedades crónicas y degenerativas de los adultos mayores.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo con relación a los niños infectados de VIH en el Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo con relación a la influenza en México.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar campañas mediáticas dirigidas a la población sobre los riesgos de adquirir productos farmacéuticos sin un debido control sanitario a través de Internet.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar una campaña nacional de información, así como acciones para el control y la erradicación del dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica, así como el de la influenza A H1N1 en los estados de Nayarit y Jalisco.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a equipar a las escuelas primarias y secundarias de bebederos con agua potable.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre el nombramiento del Gobernador del Banco de México y en el que se hace un firme extrañamiento por la desatención a los diversos exhortos que el Presidente de la Mesa Directiva formuló para que en ejercicio de sus facultades enviara su rl nombramiento del integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.- El nombramiento se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera. Intervinieron los Senadores José Luis Lobato Campos, Tomás Torres Mercado y Fernando Elizondo Barragan. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de Acuerdo en torno a la producción porcícola nacional.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a agilizar la operación y ejecución del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo en relación con la constitución de una subcomisión encargada de atender los programas y recursos de apoyo que el Gobierno Federal tiene asignados para las zonas afectadas por los fenómenos naturales.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo en relación con la declaratoria de emergencia de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a la vista de los hechos ocurridos en el Estado de Veracruz.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo en torno al Día Internacional de la Democracia.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo que exhortaba a diversas legislaturas estatales a aprobar las reformas constitucionales en materia de secuestro.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo que exhortaba a diversas legislaturas estatales a modificar el marco normativo de sus procesos electorales locales a efecto de que coincidan conlos federales.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo relacionado con los estragos provocados por la tormenta tropical “Henriette” en el municipio de Acapulco, Guerrero.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo en relación con el Fondo de Desastres Naturales.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo que solicitaba información sobre la desaparición de la Isla Bermeja.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo en relación con los procesos electorales en distintas entidades federativas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo que exhortaba al Ejecutivo Federal a autorizar la aplicación inmediata de los recursos del Fondo para la reconstrucción económica y social de Tabasco y Chiapas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe detallado de la posición y propuestas que presentará México en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre la situación que guardan los bosques y selvasde la frontera sur de México con Guatemala y Belice.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a apoyar la propuesta para incluir al tiburón martillo en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar copia de los Acuerdos que se hayan celebrado entre los gobiernos de México y Francia, relativos a las autorizaciones a embarcaciones mexicanas para pesca de atún en las aguas marinas adyacentes al atolón de Clipperton.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre el otorgamiento de permisos para la exportación de ejemplares de especies reservadas a la pesca deportiva.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar un estudio de factibilidad y analizar la posibilidad de implementar un programa especial para la industrialización sustentable de los bosques de la Sierra Tarahumara.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo que exhortaba a establecer un programa de sustitución de refrigeradores.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la Repúblicamanifiesta su adhesión a la propuesta del gobierno federal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para ser sede de la XVI Conferencia de las Partes en el año 2010.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo a informar si se han llevado a cabo o se tiene contemplado efectuar modificaciones en sus programas y acciones con motivo de la situación de crisis económica.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a llevar a cabo una revisión de las Reglas de Operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar los mecanismos de apoyo consular hacia la región medio-este de los Estados Unidos de América, a fin de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esa región.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una campaña dirigida tanto al gobierno estadounidense, como a empresas de la región de América del Norte, cuyo objetivo sea impulsar la implementación de medidas y la inversión en infraestructura que lleven a la consecución de una frontera segura.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar un enérgico rechazo a todo tipo de prácticas que denigren a los inmigrantes, como lo fue la exposición y venta del disfraz “inmigrante ilegal”.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Alfonso Elías Serrano, a nombre propio, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Carlos Lozano de la Torre y Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador José Isabel Trejo Reyes, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4º de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el inciso e) fracción II del artículo 366 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar acciones integrales contra la propagación del virus que provoca la hepatitis C.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del infonavit a regular la contratación y actuación de los despachos externos que realizan la cobranza social a nombre del instituto y cese el hostigamiento a los trabajadores que han perdido su empleo.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas, y citó a sesión ordinaria el próximo martes quince de diciembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ciudadanos Senadores: A partir de la aprobación el pasado 8 de diciembre, del dictamen relativo a la ratificación y designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se convocó ese día a los ciudadanos Rafael Estrada Michel y Patricia Kurczyn Villalobos, para que rindan su protesta de Ley.

Ellos se encuentran en el salón contiguo a este Recinto, por lo que solicito a los ciudadanos Senadores Fernando Elizondo Barragán, Renán Cleominio Zoreda Novelo, José Luis Máximo García Zalvidea, Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Berganza Escorza, Gerardo Montenegro Ibarra, Blanca Judith Díaz Delgado y Adriana González Carrillo, por favor los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)






PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ciudadanos Rafael Estrada Michel y Patricia Kurczyn Villalobos: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- Los CC. Rafael Estrada Michel y Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, protesto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señores Consejeros!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.

Muchas felicidades.

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Consejeros cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)






COMISION PERMANENTE

Honorable Asamblea, para dar cumplimiento a los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, se procederá a la elección de los ciudadanos Senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Sírvase la Secretaría llamar a los ciudadanos Senadores, por orden de lista, a efecto de que pasen a depositar su voto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Solicitando a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, al personal de apoyo, pasen a repartir las cédulas de votación.

Ciudadanos Senadores, pasen a depositar su voto al ánfora al ser llamados por orden de lista.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, se emitieron 100 votos a favor de la planilla integrada por los siguientes Senadores:

TITULARES

SUSTITUTOS

PARTIDO

     

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

JORGE OCEJO MORENO

LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA

JOSÉ ISABEL TREJO REYES

GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ

EDUARDO NAVA BOLAÑOS

RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ

ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO

ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ

RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ

JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ

JESÚS GARIBAY GARCÍA

ARTURO ESCOBAR Y VEGA

LUIS MALDONADO VENEGAS

RICARDO MONREAL ÁVILA

GUSTAVO E. MADERO MUÑOZ

EMMA LARIOS GAXIOLA

FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SERGIO ÁLVAREZ MATA

JUAN BUENO TORIO

BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO

ADRIÁN RIVERA PÉREZ

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA

CARLOS ACEVES DEL OLMO

FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

MARIO LÓPEZ VALDEZ

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ

CARLOS NAVARRETE RUIZ

FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

JAVIER OROZCO GÓMEZ

EUGENIO GOVEA ARCOS

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRD

PRD

PRD

PVEM

CONV

PT

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En vista del resultado de la votación, esta Presidencia declara que son miembros de la Comisión Permanente para el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, las Senadoras y Senadores mencionados por la Secretaría. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió una minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA
OFICIO NO.: D.G.P.L 60-II-5-401
EXP. NÚM. 3438-LX LEGISLATURA

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de devolver a ustedes para efectos del artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

Dip. María del Río Sánchez, Secretaria.- Dip. Gerardo Fernández Noroña, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción IX y un último párrafo al artículo 254, y se reforma el artículo 368 Quáter, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ….

I. a VIII. ….

IX: A quien altere los instrumentos de medición para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados procesados o sus derivados.

La sanción que corresponda en el caso de la fracción IX del presente artículo se aumentará hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de la industria petrolera o trabajador de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios o empresas filiales.

Artículo 368 Quáter. Se sancionará a quien:

I. De manera ilícita posea o se ostente como propietario de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, con pena de prisión de tres a diez años y de quinientos a mil días de multa.

Cuando la cantidad sea menor a 300 litros, con pena de prisión de uno a tres y de cien a quinientos días de multa.

En caso de que la cantidad sea mayor o igual a 1000 litros, con pena de prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa.

II.Enajene o suministre gasolinas, diesel o gas licuado de petróleo carburante con conocimiento de que se está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro con pena de prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

III.Sustraiga o aproveche petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de los ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales con pena de prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa.

Las sanciones que correspondan en este artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de la industria petrolera o trabajador de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios o empresas filiales.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 177; y el inciso 25, fracción I, del artículo 194, y se adiciona el párrafo quinto al artículo 181, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, paraquedar como sigue:

Artículo 177. Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracciones VII y VIII; 254 ter; 368, fracción II y 368 Quáter del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.

Artículo 181. ...

….

….

….

Cuando se asegure petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, el Ministerio Público acordará y vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, para que proceda a su disposición final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa y en el proceso, según sea el caso.

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguiente:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 24)….

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI, así como posesión u ostentación, previstos en el tercer párrafo de la fracción I, así como la sustracción o aprovechamiento, previstos en la fracción III, ambas fracciones del artículo 368 Quáter;

26) a 36)

II. a XVII

ARTICULO TERCERO. Se reforma la fracción I del artículo 2. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; posesión u ostentación, previstos en el tercer párrafo de la fracción I, así como la sustracción o aprovechamiento, previstos ;en la fracción III, ambas fracciones del artículo 368 Quáter; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a VI. …

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO UNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 61-11-6-176.
EXPEDIENTE No. 639.

Secretarios de la
H. Camara de Senadores
Presente.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo Unico del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

Dip. María del Río Sánchez, Secretaria.- Dip. Gerardo Fernández Noroña, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO UNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo Unico del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

I. a V. …

En los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California; Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

En los municipios fronterizos que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros, así como la Ciudad de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Unión.- México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador ArroyoVieyra, adelante, por favor.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño)Señor Presidente, hemos recibido comunicaciones de diversos sectores, fundamentales de ciudades y estados fronterizos, solicitándonos la posibilidad de dispensarle todos los trámites a esta minuta, en virtud de que el desfase de horarios con los estados sureños de los Estados Unidos, vecinos de nuestra frontera norte, les acarrean bastantes dificultades.

Luego entonces no sé si usted considere pertinente la posibilidad de hacerlo en este instante.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, señor Senador.

En virtud de los argumentos ya expuestos en la Mesa Directiva hoy por la mañana y contemplados en el señalamiento del Senador Arroyo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el procedimiento se dispensa para pasar directamente a su votación.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dispensar los trámites para pasar, en su caso, a la votación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba dispensar los trámites, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el siguiente proyecto de Decreto.

“Artículo Unico.- Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

I. a V. …

En los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California; Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; en Nuevo León y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

En los municipios fronterizos que se encuentran ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros, así como la Ciudad de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre”.

Está a discusión en lo general el proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, le informo que se emitieron 91 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un Acuerdo por el que se integran las representaciones de Diputados que participarán en las Comisiones Bicamerales de Seguridad Nacional, de Concordia y Pacificación y del Sistema de Bibliotecas.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA
OFICIO No. D.G.P.L 61-II-9-0455

C. Secretarios de la
Camara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Representaciones de Diputados de la LXI Legislatura que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional; de Concordia y Pacificación (COCOPA), y del Sistema de Bibliotecas, del Congreso de la Unión.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

Dip. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria.- Dip. Gerardo Fernández Noroña, Secretario”.









- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Remítase a las comisiones correspondientes.

Señores Senadores, señoras Senadoras, ruego un minuto de su atención.






PRONUNCIAMIENTOS

La Mesa Directiva del Senado de la República desea extender una amplia felicitación al pueblo uruguayo por la celebración de sus comicios que en segunda vuelta otorgaron el triunfo a la Presidencia de la República al candidato del Frente Amplio, José Mujica. Expresamos nuestras felicitaciones al Presidente electo y a su compañero de fórmula, el Vicepresidente Danilo Artori, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos de Uruguay en el periodo 2010-2015.

Los dos, señor Presidente y Vicepresidente, son hombres dispuestos a la búsqueda de consensos con todos los sectores y todas las fuerzas políticas de su nación, lo que les permitirá encauzar a Uruguay como una nación que sobresaldrá por su activo papel en busca de un mejoramiento de las condiciones económicas de la región.

Les deseamos todos los éxitos y desde el espacio parlamentario que nos compete, les reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los estrechos lazos de amistad y vinculación parlamentaria que históricamente han unido a Uruguay y a México. Felicidades al Presidente y al Vicepresidente del Uruguay.

De la misma manera, esta Mesa Directiva desea expresar que como es de su conocimiento de los señores Senadores y Senadoras, los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte, han inscrito el día de hoy un punto de Acuerdo por el que se hace un reconocimiento al ciudadano Enrique Morones Careaga, por su amplia trayectoria como promotor y defensor de derechos humanos de los migrantes, en los Estados Unidos de América.

Por tal motivo, esta Mesa Directiva expresa que desea hacer propio el punto de Acuerdo y extiende una calurosa felicitación y reconocimiento al ciudadano Enrique Morones Careaga, quien se ha destacado por su trayectoria de más de 20 años como promotor y defensor de las garantías individuales de los migrantes, Enrique Morones ha sido recientemente galardonado por el Gobierno Mexicano con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2009, es el fundador en 1986 de una reconocida organización como Angeles de la Frontera, integrada con voluntarios que asisten a las personas que cruzan el desierto en busca de arribar a los Estados Unidos de Norteamérica. En esta sesión, el Senado de la República le extiende un reconocimiento público al ciudadano Enrique Morones Careaga por su amplia trayectoria como promotor y defensor de los derechos humanos de los migrantes en los Estados Unidos.

Felicidades y el reconocimiento de este Senado de la República.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por un tiempo indefinido, a partir del 1º de enero de 2010.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

SEÑOR SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Estimado Senador Navarrete:

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la suscrita Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala en esta LXI Legislatura, solicito atentamente licencia para separarme de mi encargo como Senadora, por tiempo indefinido, a partir del día 1° de enero del 2010.

Ruego a Usted Señor Senador se sirva dar el trámite conducente a la presente solicitud a fin de que se me acuerde favorablemente.

Protesto a Usted las seguridades de mi consideración distinguida.

México, D.F., 14 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Minerva Hernández Ramos”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia a la Senadora Minerva Hernández Ramos, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de enero de 2010.

Si alguien desea hacer uso de la palabra, expréselo.

Por tal motivo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Minerva Hernández Ramos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de enero del 2010.

Esta Mesa Directiva desea expresar una calurosa felicitación a la Senadora por la amplia trayectoria en este Senado, y desearle el mayor de los éxitos.

¡Exito, señora Senadora!

(Aplausos)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió también una comunicación del Senador Dante Delgado, del grupo parlamentario de Convergencia, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

México, D.F., a 10 de diciembre de 2009.

GPC/DDR/130/2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
Presente.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Dante Alfonso Delgado Rannauro, Senador de la República, solicito se me conceda licencia para separarme de mi responsabilidad como Senador por tiempo indefinido, a partir del día 31 de enero de 2010.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sen. Dante Delgado”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia al Senador Dante Delgado Rannauro, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

Si alguien desea hacer uso de la palabra, favor de expresarlo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, se concede licencia al Senador Dante Delgado Rannauro para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

Esta Mesa Directiva le desea el mayor de los éxitos al Senador Delgado en sus nuevas tareas y valora enormemente su participación como Senador de la República y como Coordinador Parlamentario del Grupo de Convergencia.

¡Felicidades, Senador!

(Aplausos)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador José Luis Lobato Campos, del grupo parlamentario de Convergencia, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito José Luis Lobato Campos, Senador de la República, solicito se conceda licencia para separarme de mi responsabilidad como Senador por tiempo indefinido, a partir del día treinta y uno de enero del 2010.

Enviándole un cordial saludo, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

México D.F., a 11 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. José Luis Lobato Campos”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia al Senador José Luis Lobato Campos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

¿Alguien desea hacer uso de la palabra, señores Senadores?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, se concede licencia al Senador José Luis Lobato Campos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2010.

Esta Mesa Directiva, Senador Lobato, le expresa su reconocimiento por su trabajo realizado y le desea éxito en sus futuras funciones.

Buen viaje y buena suerte, Senador.

(Aplausos)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de febrero de 2010.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

México, D. F., 11 de diciembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva
Presente.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Gabino Cué Monteagudo, Senador de la República, solicito se conceda licencia para separarme de mi responsabilidad como Senador por tiempo indefinido, a partir del día primero de febrero del 2010.

Enviándole un cordial saludo, le deseo la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Gabino Cué Monteagudo”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia al Senador Gabino Cué Monteagudo para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de febrero de 2010.

Si alguien desea hacer uso de la palabra, expréselo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, se concede licencia al Senador Gabino Cué Monteagudo para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de febrero de 2010.

Esta Mesa Directiva le expresa una felicitación al Senador Gabino Cué por su destacada trayectoria en este Senado de la República en la pasada legislatura y en la actual, y le desea éxito en sus futuras actividades.

¡Felicidades, Senador Gabino Cué!

(Aplausos)

Es sesión de despedidas, sin duda alguna, de algunos Senadores obviamente.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: El Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, hizo llegar una comunicación por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de enero de 2010.

“México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la República por el estado de Aguascalientes, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, solicito se conceda licencia para separarme de mi responsabilidad como Senador de la República, por tiempo indefinido, solicitando que la presente, surta efecto a partir del día 19 de enero de 2010.

Enviándole un cordial saludo, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, con fundamento en lo señalado en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia al Senador Carlos Lozano de la Torre, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de enero de 2010,

Si alguien desea hacer uso de la palabra, expréselo.

Senador Francisco Arroyo, por favor.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente, para sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, y entiendo que para la Cámara en general, es una valoración muy positiva la presencia de Carlos Lozano en esta Cámara, el Senador Lozano ha tenido reconocimientos como legislador, promotor de la vivienda del año, el Senador promotor de la industria automovilística del año y autopartera, ha sido un agente que ha industrializado no sólo su estado, sino el vecino Zacatecas, y es una gente cuyo trabajo a favor de la regularización de todo el sector de microfinanzas ha sido espléndido, es por ello, señor, que si usted me lo permite y porque nobleza obliga, queremos extenderle nuestra solidaridad y el mejor de nuestros deseos.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Arroyo.

Sí, Senador Felipe González.

- El C. Senador Felipe González González: (Desde su escaño) Estando de acuerdo con el Senador Arroyo, reconsidere su decisión, lo necesitamos aquí, señor Senador; es usted una persona importante aquí en el Senado.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador González.

Seguramente la Asamblea valora su petición como un reconocimiento a la valía del señor Senador Lozano de la Torre.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, se concede licencia al Senador Carlos Lozano de la Torre para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de enero de 2010.

Esta Mesa Directiva desea expresarle al Senador Lozano su reconocimiento por su trabajo destacado en el Senado de la República en la pasada legislatura y en la actual, y desearle el mayor de los éxitos en sus proyectos inmediatos.

¡Felicidades, Senador Lozano!

Este Senado de la República concedió en la sesión del jueves pasado licencia para separarse del cargo de Senadora de la República a partir del 1º de enero de 2010 a la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, por tal razón, esta Mesa Directiva quiere desearle el mayor de los éxitos a la Senadora Rosalía Peredo, nuestra compañera Senadora, y valorarle y agradecerle su esfuerzo como Senadora de la República en la LX y LXI Legislatura,

Mucho éxito, Senadora Rosalía Peredo.

(Aplausos)

Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Legorreta Ordorica, por la que informa que a partir del 15 de diciembre del año en curso deja de fungir como Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, y que el Senador Arturo Escobar y Vega se desempeñará como nuevo Coordinador.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Por este medio, hago de su conocimiento que a partir del día 16 de Diciembre del año en curso, he decidido dejar de fungir como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República.

Asimismo, le informo que el Senador Arturo Escobar y Vega, se desempeñará como nuevo Coordinador de este grupo.

Agradeciendo de antemano su atención para con la presente, le reitero mi distinguida consideración.

México, D.F., a 14 de Diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Jorge Legorreta Ordorica”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, comuníquese a la Junta de Coordinación Política. Estoy seguro que en la primera sesión de Junta, el Senador Escobar recibirá la recepción correspondiente.

¡Felicidades Senador, por su nombramiento como Coordinador!

Y, al Senador Legorreta, seguiremos contando con su colaboración seguramente en este Senado de la República.

Pasemos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación de la directiva de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación con el Acuerdo del Congreso del Estado de Baja California Sur sobre la revisión al marco jurídico que regula las casas de empeño.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D. F. a 3 de diciembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la RepUblica
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva el 22 de junio de 2009, un Acuerdo del Congreso del Estado de Baja California Sur mediante el que emite un atento exhorto al Congreso de la Unión para que realice una revisión al marco jurídico que regula las casas de empeño con la finalidad de formular una iniciativa que reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los estados puedan legislar en materia mercantil y de manera particular sobre la función de las casas de empeño y sus similares.

Sobre el particular, me permito informarle lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en artículo 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las Legislaturas de los Estados tienen el derecho de iniciar leyes o decretos, por lo tanto, la Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California podría iniciar la reforma que propone.

El Sen. Carlos Lozano de la Torre presentó el 19 de febrero una iniciativa para reformar el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionar una fracción (II al Artículo 4o y un artículo 87-o a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en la que propone regular las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria como actividades auxiliares de crédito, lo cual significa que de aprobarse las casas de empeño estarían consideradas como parte del sistema financiero.

En virtud de lo anterior, esta Comisión solicita atentamente se informe al Congreso del Estado de Baja California Sur lo conducente, a efecto de que en su caso, promueva la iniciativa correspondiente. Por lo tanto, solicitamos se descargue el turno en comento de entre los, asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario.- Sen. Arturo Escobar y Vega, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: La Secretaría Parlamentaria descargará el asunto de sus registros, lo dará por concluido e informará al promovente de ello.

Pasemos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores.

Una del Senador Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe relativo a la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada del 13 al 17 de noviembre del año en curso, en Canadá.

Una del Senador Felipe González González, con la que remite el Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo para el proyecto de la Ley Marco de Lucha contra el Narcotráfico de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, celebrada los días 30 de noviembre y 1º de diciembre del año en curso, en Panamá.

Una del Senador Humberto Aguilar Coronado, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, con la que remite el informe anual de actividades de dicha comisión correspondiente al periodo enero-diciembre de 2009.

Tres del Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlatino, con las que remite: Acta de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas de dicho parlamento, celebrada los días 30 de noviembre y 1º de diciembre del año en curso, en Panamá.

Leyes Marco, Resoluciones y Declaraciones Aprobadas en la XXV Asamblea Ordinaria de dicho Parlamento, celebrada los días 3 y 4 de diciembre del año en curso en Panamá, y Actas de las Reuniones de Trabajo del Grupo Para el Proyecto de la Ley Marco de Lucha contra el Narcotráfico, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, celebradas el 30 de noviembre y 1º de diciembre, en Panamá.

Una del Senador Angel Alonso Díaz Caneja, con la que remite el Informe del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la participación de México como Miembro no Permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, durante el bienio 2009-2010.

Una del Senador Eduardo Nava Bolaños, con la que remite el informe de las actividades realizadas, por el Senador Sebastián Calderón Centeno y él mismo, durante la sesión de la Asamblea Plenaria del PARLACEN, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre, en Guatemala.

Y, tres de la Senadora Rosario Green Macías, con las que remite:

Informe de su participación en la sesión 127ª del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, realizada en Ginebra, Suiza, del 17 al 20 de octubre del año en curso.

Informe de su participación en el Seminario “La Protección y el Fortalecimiento de los Congresistas y del Congreso como Institución”, celebrado en Bogotá, Colombia, el 25 y 26 de noviembre del año en curso.

Y el Informe de su participación en la Segunda Reunión del Comité Preparatorio de la 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Nueva York, Estados Unidos de América, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años.

Solicito atentamente a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA

Con fecha 10 de diciembre del presente año, fue turnado a estas Comisiones Unidas, el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el nombramiento del ciudadano Gonzalo Romero Alemán como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5 y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se abocaron al análisis del nombramiento antes señalado y conforme a las deliberaciones y el análisis que del mismo realizaron los miembros de dichas Comisiones, reunidos en Pleno, someten a esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de diciembre del presente año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante el Pleno del Senado de la República, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4, 5 y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, el nombramiento a favor del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

2. El 10 de diciembre del presente año, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Los CC. Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

El oficio presentado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ante el Pleno del Senado de la República, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5 y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, el nombramiento del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años, expone entre otras cosas, lo siguiente:

Un objetivo fundamental del gobierno es garantizar el acceso de todos los habitantes del país a un sistema de justicia eficaz y expedito, por lo que resulta de la mayor trascendencia la atribución que el titular del Poder Ejecutivo Federal comparte con el Senado de la República de nombrar a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual esta vinculada con el compromiso de trabajar estrechamente con el Poder Legislativo para fortalecer la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de impartición de justicia, observando la vocación de servicio y ética profesional de los servidores públicos a los que se encomienda tan noble labor.

En ese contexto, se comenta que en la sesión del 12 de noviembre del año en curso, fueron aprobados diez de los once nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal, para ocupar un total de once vacantes que existían de Magistraturas de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La vacante que aún existe obedece a la declinación que presentó en su momento el ciudadano José Máximo Carvajal Contreras.

En esa virtud, se encuentra pendiente de nombrar al profesional en derecho que ocupará la vacante de mérito, a efecto de que el tribunal cuente con los servidores públicos que necesita para cumplir la encomienda publica que se le ha asignado y enfrentar con suficiencia el incremento en las cargas de trabajo.

En ese tenor, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, describe de manera breve en el oficio de referencia el currículo del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta en estudio, se somete a consideración el presente dictamen con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5 y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones Dictaminadoras resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones dictaminadoras realizaron un exhaustivo análisis del expediente personal del interesado, del cual se desprendió que el ciudadano Gonzalo Romero Alemán, al ser mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, cumple con los requisitos establecidos en el articulo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es importante señalar que, tal como se desprende del citado expediente, el ciudadano de referencia, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria tanto en materia fiscal como en la administrativa, derivado de los cargos y actividades que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional.

Así, se hace notar que el ciudadano de referencia a lo largo de su actividad laboral ha cumplido con diversos cursos, seminarios, congresos o simposios de actualización en materia administrativa y de tributación, reportando una importante actividad docente o catedrática.

En el ámbito administrativo, ha tenido responsabilidades en diversos cargos públicos, entre los que destacan la Dirección de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados y la Dirección de Control de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, y Director General en la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el ejercicio privado de la profesión, se ha desempeñado como asesor en materia fiscal y administrativa para diversas empresas e instituciones de educación superior, encabezando la Dirección del Colegio Superior de Estudios Veracruzanos y la Presidencia de !a Academia Veracruzana de Derecho Fiscal.

Por lo anterior, es visible que el aludido ciudadano cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo, aunado a que constata en su historial y expediente correspondiente, datos que acreditan en su trabajo, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, no cuenta con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

TERCERA. Con el objeto de que las Comisiones dictaminadoras evaluaran integralmente las características y el perfil del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, satisface adecuadamente las cualidades para dicho cargo, se le citó a comparecer ante esta Soberanía el 14 de diciembre de 2009.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisión Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, reunidas en Pleno, deliberaron y resolvieron que el ciudadano referido con antelación, reúnen y satisface el perfil adecuado para ser aprobados como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5 y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, así como de conformidad con los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resultan competentes para dictaminar la aprobación del nombramiento de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Ciudadano Gonzalo Romero Alemán, para desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

TERCERO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivo Segundo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 2009.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

Abstención

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

Abstención

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

Abstención

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

Abstención

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

DELGADO DANTE

CONV

LARIOS GAXIOLA EMMA

PAN

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

PACHECO RODRÍGUEZ FIDEL

PRI

RAMÍREZ GARRIDO ABREU GRACO

PRD

RAMÍREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 89 votos por el sí, cero votos por el no y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Gonzalo Romero Alemán, por lo que solicito a los Senadores Ulises Ramírez Núñez, Ricardo Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Javier Orozco Gómez, José Luis Lobato Campos, Guillermo Anaya Llamas, Renán Zoreda Novelo y Melquiades Morales Flores, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Solicito a todos los presentes ponerse de pie, por favor.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Ciudadano Gonzalo Romero Alemán: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Gonzalo Romero Alemán: Sí, protesto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Magistrado!

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la comisión acompañe al Magistrado en el momento de que se retire del Recinto.

(La comisión cumple)

Pasamos ahora a un debate político pactado para el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre los ajustes en el Gabinete y la propuesta de nombramiento para la Junta de Gobierno del Banco de México.

Harán uso de la palabra a nombre de los respectivos grupos parlamentarios, cada uno de ellos, hasta por 7 minutos, el Senador Dante Delgado, por Convergencia; el Senador Francisco Agundis Arias, por el PVEM; el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, por el PRD; la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, por el PRI; y el Senador Fernando Elizondo Barragán, por el PAN. El Partido del Trabajo está pendiente de decirnos quien hará uso de la palabra, y por lo pronto tiene el uso de la tribuna el Senador Dante Delgado, hasta por 7 minutos, por el partido Convergencia.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Señor Presidente, compañeros legisladores:

Hace unos días, en una entrevista radiofónica me solicitaron mi punto de vista en relación al desempeño del Presidente Calderón. Contesté el miércoles de la semana pasada que en breve nos daría un claro mensaje de su intención de actuar como Jefe de Estado y Estadista o como simple administrador en el manejo de un grupo en el poder.

Mencioné que quedaba poco tiempo para conocer el nombramiento del Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y que la propuesta contenía implicaciones más allá de las formalidades constitucionales, y que el Presidente enviaría una señal si actuaba como Jefe de Estado, porque tendría que cuidar el manejo de las finanzas públicas del país y la estabilidad de la frágil economía mexicana. No se ha advertido en el equipo económico de la actual administración un perfil que pueda sacar adelante la economía del país, y mucho menos que tuviera un reconocimiento y confianza de los mercados internacionales.

Por ello, en condiciones de visión de futuro, el Ejecutivo Federal, desde mi punto de vista, debió haber solicitado a este Senado la ratificación del Gobernador del Banco de México y que continuara ahí el señor Carstens. Cuando menos por lo que significa en prestigio internacional, independientemente de cómo está la economía; sin embargo, el Presidente tomó dos decisiones, desde mi punto de vista ambas equivocadas: la primera, agraviar al Senado, porque envía la propuesta al señor Carstens y antes de que el Senado lo ratifique hace cambios en el Gabinete, particularmente en la Secretaría de Hacienda, donde el recién nombrado Secretario, dentro de las facultades constitucionales del Presidente, pues no tiene ningún desempeño exitoso en el manejo de las finanzas públicas. Esto no quiere decir de ninguna manera que no siga en riesgo financiero el país.

Precisamente por ello, en la Junta de Coordinación Política, fui quien solicitó el que el Senado de la República pudiera integrar las Comisiones que pudieran valorar la propuesta del Ejecutivo Federal para el integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, porque de no haberse hecho así la Comisión Permanente hubiera tenido que designarlo y hubieran pasado quince días de incertidumbre en los mercados nacionales e internacionales y la fragilidad de nuestro peso pudo haberse ido a pique. Y si el Ejecutivo actuó irresponsablemente al haber mandado el día nueve la propuesta, no podía el Senado de la República actuar también irresponsablemente difiriendo el nombramiento de un cargo tan relevante para las finanzas del país.

Amigas y amigos:

Es claro que el Partido Revolucionario Institucional había tomado, anticipadamente la decisión de los compañeros legisladores, la determinación de respaldar la propuesta del Ejecutivo a favor del doctor Carstens. Y precisamente por ello, en breve, habrá de asumir el cargo que lo llevará el primero de enero a ser el nuevo Gobernador del Banco de México con la tragedia de tener un Secretario de Hacienda sin reconocimiento internacional y sin experiencia que acredite el nombramiento, el alto encargo que le confiriera el Presidente de la República.

Pero no nos debemos de extrañar, lo mismo ha hecho el día de hoy al enviarnos una iniciativa de reforma política que la debió de haber planteado, pues al inicio de la administración, ¿por qué ahora? Porque quiere gobernar a base de impactos mediáticos.

Y lo verdaderamente trágico, y lo digo sinceramente, es que este señor toma todas nuestras banderas, todas nuestras propuestas, que pudo haber tomado la iniciativa de la reforma de 2007, de haberla vetado para incorporar su reforma política que, desde luego, no la imaginaba por acá, y que hoy cuando está anticipando la derrota del Partido Acción Nacional en el 2012 quiere que siga esa, perdón la expresión, ese “maridaje” que ha habido en la aprobación de la Ley de Ingresos, en la aprobación del Presupuesto, en la aprobación de los principales nombramientos y organismos supuestamente autónomos entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, que han tomado la decisión de compartir la responsabilidad de gobierno y cogobierno en la triste situación de empobrecimiento de este país.

Yo les pregunto, con todo respeto, si en una condición de crisis económica y financiera, como la que vive el país, sería recomendable bolsear a los profesionales y al pueblo, y secar las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores.

Desde luego que desde nuestra visión es un error que el Partido Revolucionario Institucional haya avalado la iniciativa del Partido Acción Nacional, a través de su Presidente, de crear el IVA. Es un error que vulnera las condiciones de vida de nuestro pueblo; pero también es claro que ya hay un derrotero a seguir, quieren que en la segunda vuelta se actúe, como se ha estado actuando, a lo largo de estos tres años.

Lo único que se le olvida al Presidente Calderón es el pueblo, quiere excluir cualquier voz que no sea acorde con esa sinfonía de atrocidades en la que ha convertido la economía del país en donde el pueblo clama no nada más por tener posibilidades de desarrollo, sino mejores condiciones de vida.

Así que para concluir, señor Presidente, el grupo parlamentario de Convergencia rechaza la falta de profesionalismo, la falta de visión de hombre de Estado del Ejecutivo al haber hecho cambios para favorecer a su grupo cercano, a su burbuja, a los que les dicen que México va bien. Es una ofensa para los mexicanos que acepten el nombramiento del Secretario de Hacienda sin que se haya reflejado, hasta este momento, porque han estado manipulando los mercados nacionales.

Ojalá y para bien de México, que las decisiones que han venido integrando el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, no traigan tragedia a la Patria.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Dante Delgado.

Tiene la palabra, a nombre del grupo parlamentario del PVEM, el Senador Francisco Agundis Arias, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador Francisco Agundis Arias: Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La política monetaria nacional es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de nuestro país.

Es la fortaleza de nuestra moneda y el control inflacionario lo que nos ofrece competitividad ante el mundo y permite un sólido crecimiento.

Es por ello que las decisiones que tomen, en torno al desarrollo y la composición del Banco de México, son de la mayor trascendencia para nuestro país.

La presente crisis económica que embate a México, necesariamente ha requerido de la implementación de medidas por parte de nuestro gobierno, para que de la mejor forma, de la manera menos dañina nuestra economía pueda ajustarse y nuestro crecimiento no se vea seriamente comprometido.

Hasta ahora, el peso mexicano ha continuado depreciándose a pesar de los esfuerzos realizados.

Estos, que han salido a intervenir en diversas ocasiones en el mercado cambiario vendiendo divisas para sostener el valor de nuestra moneda.

Analistas privados han elevado sus expectativas para la inflación en México para el año 2010, por las alzas en los impuestos, y probablemente de los costos de los combustibles, estos nos podrían presionar el índice de precios y acelerar una decisión del Banco Central para un esperado aumento en la tasa de referencia.

Es por ello que la nominación del doctor Agustín Carstens, como Gobernador del Banco de México, implica grandes desafíos para nuestro país.

Debemos reconocer que hasta ahora el Banco de México ha sido de los órganos más congruentes y eficaces en sus acciones y decisiones.

Será ahora una nueva estrategia la que se implemente en el Banco de México. Esperamos que ésta permita mejorar las condiciones económicas de nuestro país, sustentándose en el amplio conocimiento que tiene el doctor Carstens de nuestra Hacienda Pública y de las necesidades de los mexicanos, así como de la independencia que tendrá que tener en la toma de decisiones a fin de lograr una verdadera estabilidad de precios.

Estamos seguros, en el grupo parlamentario del Partido Verde, que el próximo Gobernador del Banco de México cuenta con la solvencia moral que se requiere para ocupar este cargo; también con la suficiente solvencia profesional, y así como una amplia trayectoria internacional, que sin duda lo respalda y garantiza la eficiencia que se demanda en este cargo tan importante para el desarrollo financiero y para el desarrollo económico de nuestro país.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, damos nuestro voto de confianza al doctor Agustín Carstens. Sabemos del compromiso que tiene hacia con el país, y sabemos que el esfuerzo que hará en el Banco de México será para hacer de éste una institución más sólida, que mantenga su autonomía y que nos ofrezca una moneda más fuerte en presencia de una estabilidad de precios, necesaria para que en nuestro país haya un desarrollo financiero y económico sustentable.

Es por ello que a nosotros sí nos congratula esta nominación.

Sabemos que la crisis que vivió nuestro país fue atendida con responsabilidad por parte de la Secretaría de Hacienda que encabeza el doctor Carstens, y sabemos también que se hicieron los esfuerzos suficientes para que esta crisis global no empeorara las condiciones económicas de nuestro país, como pudo haber ocurrido.

Reconocemos, entonces, el esfuerzo y compromiso; reconocemos la capacidad del doctor Carstens, y es por ello que votaremos a favor de su ratificación como Gobernador del Banco de México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Agundis Arias.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, hace el uso de la palabra, hasta por 7 minutos, el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Es facultad del Ejecutivo Federal nombrar a los responsables de las diversas Secretarías que integran el Ejecutivo; y es facultad del Ejecutivo proponer la ratificación de quien será Gobernador del Banco de México.

Efectivamente, hace pocos días, en sesión pasada, el Senador Pablo Gómez se refería: “Que para qué se quiere construir una reforma de Estado, donde el Senado sancione nombramientos del Ejecutivo, si no existe, en ningún momento, la intención política de rectificar lo que proponga el Ejecutivo Federal en cualquiera de los ámbitos de su competencia”.

Y quienes pensamos que esa reforma es necesaria, evidentemente no la queremos para decirle no al Ejecutivo Federal, el que fuere, sino que le apostamos a compartir la responsabilidad de la gobernabilidad.

Pero nos parece también importante que en la medida, que las puestas que pueden construir esos acuerdos, valoren la importancia de los perfiles que propone el Ejecutivo Federal en muchos casos.

El caso que nos toca es observar el nombramiento del Secretario de Hacienda; militante panista reconocido, con formación académica reconocida, que pasó por Hacienda como Subsecretario, por la Secretaría de Desarrollo Social y ahora, por cierto, días antes de ser nombrado Secretario de Hacienda, reclamaba el recorte que hacía el Secretario de Hacienda al Presupuesto de Desarrollo Social. Ahora él va a recibir el propio oficio en su calidad de Secretario de Hacienda que envió en su calidad de Secretario de Desarrollo Social, reclamando y reconociendo que durante 6 años no se combatió pobreza alguna; creció la pobreza patrimonial y alimentaria; 6 años perdidos, casi lo reconoció, y la exigencia de mayor Presupuesto.

Lo que llama la atención es de que por primera vez desde que llegó la alternancia política en el Ejecutivo Federal, el partido de quien es responsable del Ejecutivo Federal tiene la posibilidad, uno de sus miembros, de estar en la Secretaría de Hacienda. Había una especie de gobernabilidad tácita, lo que demuestra que el modelo económico va más allá de las siglas partidistas; las concepciones económicas se han construido de manera transversal y se ha construido una burocracia tecnocrática que tiene enorme peso en las decisiones financieras y económicas del país.

Y finalmente no importa o no importaba que fuese panista el Presidente, el Secretario de Hacienda era parte del equipo que durante varias décadas, desde los gobiernos del PRI habían mantenido la operación y el funcionamiento del sector financiero del país.

Por primera vez, es lo novedoso, no está un miembro de ese equipo económico y político que ha dominado la Secretaría de Hacienda. Es un hecho que hay que reconocer políticamente.

Por primera vez los panistas podrán sentirse representados en Hacienda; se dejarán de quejar en secreto o en susurros de que le hacía más caso el Secretario de Hacienda, Carstens, a los gobernadores del PRI que a los gobernadores panistas.

Ahora tendremos y reconoceremos que tácitamente para el PRI, para esa generación de tecnócratas que han implementado el modelo económico y financiero y que nos asustan con la inestabilidad si no son ratificados, porque ellos si saben manejar las finanzas del país, van a tener en el Banco de México al mismo Secretario responsable de este desastre, de esta caída económica que hoy, violando el más de los sentidos, el espíritu de la importancia de haber dado autonomía al Banco de México, colocan al Secretario de Hacienda, criticado, cuestionado, al frente del Banco de México; le entregan las llaves de la política monetaria; le entregan las llaves de una Institución que debería ser contrapeso a la resolución del Ejecutivo y se mantiene una verdadera acción de integración de gobierno con un Secretario panista y con un gobernador que ha servido tres años al actual Ejecutivo Federal. La autonomía del Banco de México para poca cosa sirve en estas circunstancias y se confirma al que se propone por el Ejecutivo Federal.

Debo decir que es necesario que Acción Nacional reflexione en que el derecho y el mandato y las circunstancias del país obligarían más a pensar en perfiles de mayor consenso que en propuestas de mayor confianza y lealtad para quien gobierna o para quien está al frente del Ejecutivo.

No cabe duda que el Presidente está resolviendo las cosas en función de lealtades y muchas veces no de perfiles. Y se nota y se observa.

Y esto va a ser juzgado y valorado por los ciudadanos al final de este ejercicio. Pero debo decirles que lo novedoso del asunto es que ahora tendremos a un panista en Hacienda y veremos si es cierto que se van a quejar los gobernadores priístas del Secretario de Hacienda, que ya no va a ser uno más de ellos, que en el alma siempre tuvo la convicción de atender más al PRI, que atender más al Partido de quien gobierna hoy, en este caso Acción Nacional.

Debo decirles que nosotros no compartimos el nombramiento de Carstens porque nos parece que simple y llanamente es la moneda de cambio que se da. Sigue dominando el modelo económico del PRI y del PAN; siguen concibiendo la perspectiva económica bajo una lógica de fracaso, porque es lo que ha ocurrido durante tantos décadas de no crecimiento económico, de mayor pobreza como resultado de esa política, y de una situación grave para el país, porque el crimen organizado no es un problema de corrupción de policías, es el caldo también de la política social y económica que se ha aplicado en este país.

El de la inequidad y la marginación de expectativas a millones de mexicanas y mexicanos que hoy encuentran en esa actividad ilícita una manera de poder salir adelante.

Por ello, pues, no hay nada nuevo bajo el sol; se mantiene la alianza tácita de PRI y PAN, y nosotros concebimos que esa alianza ha hecho daño al país en lo económico y ojalá que en lo político se pueda corregir más adelante.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ramírez Garrido Abreu.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas.

- La C. Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas: Con su permiso, señor Presidente; señor Secretario; compañeras y compañeros:

En primer lugar quiero decir que en nuestro grupo parlamentario respetamos al doctor Agustín Carstens como un hombre preparado, como un buen economista en una línea que no necesariamente siempre compartimos y como un funcionario probo y dedicado.

Ojalá que algunos gobernadores que han surgido de las filas de mi partido compartieran lo que dijo el Senador Ramírez. No es tan así, ni es tan cierto.

Yo en todo caso esperaría, y creo que todos esperaríamos que hubiera imparcialidad en las decisiones y en las acciones que se dan desde los órganos del Estado Mexicano.

El doctor Carstens tiene, sin duda, el perfil para ser elegido como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México; un banco que al paso de muchos años ha demostrado ser una Institución importante para orientar el financiamiento y el comportamiento de las Instituciones Financieras en México.

Y que hace ya 12 ó más años, adquirió autonomía, precisamente, para garantizar que el manejo de las políticas, sobre todo monetaria y cambiaria, no se orientara por lo que señalara el Ejecutivo en turno. Y volvemos a esperar que se mantenga.

Sin embargo, con el doctor Carstens en su calidad de Secretario de Hacienda, hemos tenido en muchas ocasiones discrepancias referidas básicamente al enfoque de la estrategia económica del país.

No, no hemos estado de acuerdo en varias cosas y en esencia consideramos que si el país no crece la distribución del ingreso empeora, la riqueza se concentra de manera evidente, el desempleo y el subempleo se incrementan y por lo tanto la economía informal.

Y el poder adquisitivo de las familias se deteriora de manera sistemática, algo muy de fondo, hay que modificar en el uso de las políticas económicas, inclusive aquellas a cargo del Banco de México.

Creemos que estas políticas tengan efectos positivos en el bienestar de la gente y en el nivel y calidad de vida de todos los mexicanos.

Y si el doctor Carstens o alguien más desde el Banco de México afirma que al Banco sólo le corresponde mantener el equilibrio en el sistema de precios, volveremos a discrepar.

Consideramos que el Banco de México tiene y debe tener impacto en el manejo de las políticas económicas para los efectos de auspiciar un crecimiento económico sostenido y sostenible, y para orientar la actividad de los bancos de manera que se propicie un verdadero financiamiento a las actividades productivas y no estrictamente a lo que consideran los bancos que les dará una mayor utilidad.

Los efectos de la crisis económica reciente, que ha sido una de las más severas de que tengamos memoria, han mostrado una vez más la vulnerabilidad de nuestro país y su dependencia excesiva del país del norte. En eso tampoco estamos de acuerdo y lo hemos destacado.

Nos parece terrible que se afirme que México sólo volverá a crecer si crecen los Estados Unidos.

Deberíamos tener márgenes de maniobra y poder aplicar políticas correctas para estimular el crecimiento y el desarrollo de nuestro país.

Ante ello, hemos vuelto a discrepar en cuanto a la tibieza y la lentitud de las medidas aplicadas para una recuperación en la producción, pero sobre todo en la ocupación digna y el ingreso de muchas personas.

A veces pensamos que se han perdido los verdaderos propósitos de la economía, el bienestar, el nivel, la calidad de vida y no el poner como propósitos lo que son realmente instrumentos o restricciones.

No obstante, en un ánimo constructivo, nuestro grupo parlamentario ha aprobado diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo, aún cuando hemos expresado diferencias serias.

Hoy volveremos a apoyar una iniciativa que en este caso se refiere a un nombramiento, no con dudas sobre la persona y su calidad profesional. Pero sí sobre el funcionamiento mejor, más activo y más moderno del banco central, que desde nuestra perspectiva, insisto, debe colaborar con mayor firmeza en el manejo de las políticas económicas. De tal suerte que incidan no sólo en el control y el equilibrio de los precios, sino también en el aliento a la economía mexicana al empleo decente.

Esperamos constatar, y subrayo, esperamos constatar un manejo del banco central que resulte eficaz en la orientación una vez más del financiamiento hacia las actividades productivas del país, incluidas aquellas que por considerar más riesgosas en términos generales se les cierra el crédito, como aquellas que se dan en el agro mexicano.

En los niveles de las tasas de interés activas y pasivas, que hemos estado insistiendo en ese papel del Banco de México, regulando de una mejor manera la operación de los bancos comerciales que ciertamente requieren de una mucho mejor y más congruente regulación y supervisión.

Ojalá que ahora sí ocurra esto en el Banco de México y que también incida en una política cambiaria realista, y por lo mismo propicia para las exportaciones mexicanas las exportaciones nacionales y con ello una vez más la generación de una mejor actividad económica.

Por supuesto damos por descontado que la autonomía del Banco de México, que es pertinente, se respetará. Y que la tan mencionada colaboración, y le pongo comillas, con el Ejecutivo, que fue mencionado de ambas partes en el nombramiento y en el nombrado, no signifique un paso atrás y un deterioro de las políticas a su cargo por una adecuada intromisión del Ejecutivo Federal.

Por último, esperamos que esa cooperación, otra vez comillas, también se exprese desde la Secretaría de Hacienda y que el nuevo titular tenga una visión de Estado y no partidista, y que coopere con el Banco de México, porque en los tiempos recientes no se vio mucho que eso ocurriera, y que en su desempeño demuestre solidez, no sólo ante el exterior, que por cierto las famosas calificadoras en estos últimos días ya nos bajaron varias veces la calificación, no sé si será por el nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda o por la combinación entre ambos. Y que muestre también flexibilidad en las consideraciones hacia las políticas que impacten positivamente en una muy deteriorada economía mexicana.

Nuestro voto será a favor del doctor Carstens, insisto, por su calidad profesional y su experiencia. Pero estaremos observando los cambios y los efectos que esperamos benéficos, que auspicien políticas tan relevantes, como la monetaria y la cambiaria.

No es una carta en blanco, no es un cheque firmado sin ponerle lo que estamos esperando recibir. Es un algo que estamos más que dispuestos a observar y sobre lo cual pediremos cuentas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Moreno Uriegas. A nombre de la bancada del grupo parlamentario de Acción Nacional, tiene la tribuna el Senador Fernando Elizondo Barragán.

- El C. Senador Fernando Elizondo Barragán: Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros:

Ciertamente los nombramientos que se han dado recientemente por parte del Presidente de la República son de gran trascendencia. Pero no son algo inusitado y no son algo raro, en particular como ajustes, digámoslo así, de medio tiempo en el sexenio. Es muy común que en gobiernos como el nuestro, pasada una primera etapa, se ajuste el equipo para dar continuidad al trabajo y acometer de mejor manera la segunda etapa y el final del periodo.

Estos nombramientos, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, son de gran trascendencia, porque si nos damos cuenta, están incidiendo directamente en la política económica por un lado y la política social por el otro, que son dos pilares importantísimos de la conducción gubernamental en nuestro país.

Como bien dijo el compañero Graco Ramírez, de estos nombramientos sólo nos corresponde juzgar, aprobar o rechazar el nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Los otros nombramientos no nos corresponde, aunque se ha elaborado suficiente en esta tribuna a este respecto en cuanto al nombramiento del Banco de México, creo que no hay nadie, nadie en esta Asamblea que cuestione los méritos, las credenciales, la experiencia y el prestigio del funcionario recién nombrado, propuesto a nuestra consideración y que tengo la seguridad que en unos momentos más podremos aprobar su nombramiento.

Ciertamente tiene todas esas credenciales y a quienes temen por la autonomía del Banco de México, yo les recordaría que estamos designando a uno de cinco, uno de cinco miembros de la Junta de Gobierno, quien estime que el Gobernador del Banco de México puede manipular o hacer lo que quiera con los otros cuatro miembros es que no conoce cómo se toman las decisiones en una institución así.

Oímos con beneplácito ayer que recibíamos en las Comisiones Unidas al doctor Carstens, oíamos con beneplácito que el propósito y la visión del doctor Carstens es hacer que el Banco de México, efectivamente no se limite a la estrecha tarea de vigilar el poder adquisitivo de la moneda y la política monetaria, sino que en coordinación, en colaboración, en articulación con las demás instancias que inciden en estas políticas económicas, se lograra, además de su estabilidad, que es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento, el desarrollo, el bienestar, que se lograra avanzar en estos otros rubros, empleo y crecimiento.

Y ciertamente yo creo que ese es el enfoque adecuado, autonomía no puede significar desarticulación, no puede significar descoordinación; lo que significa autonomía es coparticipación con independencia de criterio y con libertad de decisión en las decisiones económicas fundamentales de este país.

Se ha mencionado en diversas ocasiones que estos nombramientos tienen un tinte político porque corresponden a miembros del equipo del Presidente Calderón, y yo preguntaría qué esperamos, qué cosa diferente podemos esperar, qué cosa diferente sucede en las repúblicas presidencialistas modernas.

Tenemos en el Poder Legislativo una especie de ambivalencia entre el sistema que está consagrado en nuestra Constitución que es Presidencialista y el deseo de que el Poder Legislativo participe más en la conducción de las políticas públicas. Pero en estas materias, amigas y amigos, no podemos estar a medias tintas, a medias aguas, si queremos que el Legislativo autorice los nombramientos del Gabinete en el Ejecutivo, entonces tendremos que adoptar un régimen parlamentario que le dé al Ejecutivo instrumentos de balance como son la posibilidad de disolver al Parlamento y convocar a nuevas elecciones cuando se dan ciertas condiciones.

Yo creo que la identificación de corrientes de pensamiento que a final de cuentas esos son los partidos, las corrientes de pensamiento bien identificadas con un gobierno, lo que le dan esa identidad y dirección a ese gobierno, y lo que necesita nuestro pueblo es saber cómo gobierna cada una de las corrientes que prevalecen en nuestro espectro político, sería una confusión generalizada tener gabinetes variopintos con componentes de diferentes ideologías que multiplicaran las dificultades ya de por sí importantes para la coordinación de las políticas públicas aún dentro de un Gabinete que tiene identificados su forma de pensar y su visión política.

Nuestro grupo parlamentario en lo que se refiere a la función que tenemos que cumplir nosotros, desde luego que dará su voto de respaldo y su voto de confianza al Doctor Agustín Carstens como nuevo Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y también, dado que se han mencionado los otros nombramientos, desde aquí damos un voto de confianza al nuevo Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al nuevo Secretario de Desarrollo Social, tenemos confianza de que harán un equipo fuerte, un equipo valioso para llevar adelante las políticas de gobierno como las plantea Acción Nacional y como las queremos para México, un voto a favor del doctor Carstens, un voto de confianza para los otros Secretarios.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias Senador Elizondo Barragán.

Concluyen así las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios y pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Primera con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1º de enero de 2010.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MEXICO

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 10 de diciembre del presente año, fue turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38 de la Ley del Banco de México, el nombramiento a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 40 de la Ley del Banco de México, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, se abocaron al análisis del nombramiento antes señalado, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de diciembre del presente año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38 de la Ley del Banco de México, el nombramiento a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

2. En fecha 10 de diciembre del mismo año, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen.

ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

El Banco de México nació en 1925 como sociedad mercantil de participación mayoritaria del Gobierno Federal, en 1982 se transformó en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y a partir de 1993, su configuración corresponde a la de un organismo dotado de autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones.

La autonomía del banco central descansa en una autogestión desvinculada de toda influencia o presión proveniente de los Poderes del Estado, comprendiendo el manejo independiente de la política monetaria, la gestión propia y su autonomía presupuestal.

El Banco de México tiene como finalidad principal proveer a la economía mexicana de circulante para facilitar las transacciones diarias y como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y el abatimiento de la inflación. Además, otras dos finalidades del organismo son promover el desarrollo del sistema financiero, así como propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de pago, finalidades todas íntimamente ligadas para consolidar una economía sana y eficiente.

Derivado de lo anterior, se comenta que en atención a las altas finalidades encomendadas a la institución, resulta indispensable que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México cuenten con los más sólidos conocimientos, fruto de una dedicada preparación profesional, así como que acrediten una probada experiencia en capacidades de alta dirección.

Se menciona que la designación de Agustín Guillermo Carstens como miembro de la Junta de Gobierno del banco central, a partir del 1 de enero de 2010, deriva de reunir puntualmente los requisitos que para ocupar dicho cargo dispone la Ley citada, ya que ha demostrado, a lo largo de su trayectoria profesional, una extraordinaria capacidad y amplios conocimientos en materia económica, financiera, monetaria y bancaria, con excelentes resultados; así como derivado de que el 31 de diciembre próximo, concluirá el período que abarca la designación del señor C. Guillermo Ortiz Martínez, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 40 de la Ley del Banco de México, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones Dictaminadoras resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras estimaron necesario brindar particular atención al presente nombramiento, en virtud de que la Institución a la que es propuesto el candidato, tiene a su cargo las trascendentales funciones de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos y promover el sano desarrollo del sistema financiero.

TERCERA. Estas Comisiones que dictaminan realizaron un exhaustivo análisis del expediente personal del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, a efecto de verificar que el candidato propuesto satisface a cabalidad los requisitos que la ley exige para ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, del cual se desprendió que reúne los requisitos de nacionalidad y edad requeridos por la ley y a la fecha se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Asimismo, se advirtió que el candidato es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como maestro y doctor en economía por la Universidad de Chicago. Destaca su amplia experiencia en el funcionamiento del banco central mexicano donde se desempeñó por más de 20 años, de 1980 al año 2000, en cargos de particular relevancia, tales como: Director General de Investigación Económica, Tesorero General y Coordinador de Asesores del Gobernador.

Dentro de su desempeño en otros cargos de suma trascendencia en materia monetaria, financiera y económica se encuentran los de Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, Gobernador suplente por México en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, y actualmente, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

De lo anterior, se verificó que el candidato satisface ampliamente el requisito de reconocida competencia en materia monetaria, así como el de haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

En conclusión, estas Comisiones Unidas consideran que los antecedentes académicos y profesionales del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens lo acreditan como uno de los economistas más destacados de país y, por tanto, cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Presidente de la República.

CUARTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras evaluaran integralmente las características y el perfil del ciudadano, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, si satisfacen adecuadamente las cualidades para el cargo propuesto, se les citó a comparecer ante esta Soberanía el 14 de diciembre de 2009.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisión Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, reunidas en Pleno, deliberaron y resolvieron que el ciudadano referido con antelación, reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38 y 40 de la Ley del Banco de México, resultan competentes para dictaminar la aprobación del nombramiento a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

TERCERO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivo Segundo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 2009.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia está a discusión el dictamen.

Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

Hago el uso de la palabra en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para solicitar al Senado el voto en contra de la nominación del Ejecutivo como Gobernador del Banco de México del ciudadano Carstens.

Los motivos de esta solicitud son los siguientes:

En el último año, en el año en curso de 2009, el desempeño, el desempeño de la economía nacional ha sido el peor de los últimos 70 años.

El exponente principal de la política económica como Ministro de Finanzas ha sido la del ciudadano Carstens al frente de la Secretaría de Hacienda.

El entonces Secretario de Hacienda afirmó que en México no habría recesión, y somos el país de la mayor recesión en la actual crisis económica internacional.

Pero no se trata solamente de un imperdonable error de cálculo de parte de un economista, que en mi opinión se trata de un financista, sino de que la consecuencia de ese error de cálculo llevó al gobierno a reaccionar con una política equivocada frente a la crisis.

Entrada la economía de los Estados Unidos en recesión era imposible que ésta no se expresara en México, puesto que México realiza el 20 por ciento de su Producto Interno Bruto en el mercado de los Estados Unidos.

Cualquier persona que conociera este dato hubiera llegado a la conclusión precisamente contraria a la de la tesis del catarro; la tesis del catarro llevó a no tomar ninguna de las medidas que un gobierno responsable tenía que tomar.

Poner en el ámbito de la inversión y frente a una reducción del campo de las inversiones el suficiente capital para realizar obras de infraestructura productiva que sustituyeran parcialmente el deficiente de la economía. Pero no se hizo eso, eso que se hizo en casi todos los países del mundo, en los países desarrollados y en los países no desarrollados.

Por ello, si volteamos hacia el sur no encontraremos ningún país que vaya a ver reducido su producto en por lo menos 7 puntos porcentuales, como México, y eso se traduce en la pérdida de más de 400 mil empleos, en el aumento de la pobreza, y en un fortalecimiento del muy injusto patrón de distribución de la riqueza que tiene México, no fueron los monopolios quienes sufrieron la recesión y la crisis.

Fueron en primer lugar los trabajadores, no solamente por la destrucción de empleo, sino por la reducción de los salarios reales no solamente del mínimo, sino también de los salarios contractuales.

Fueron las pequeñas y medianas empresas que participan como las principales generadoras del empleo; fue el ahorro interno; fue la reducción grave de las inversiones internas domésticas y de las de origen extranjero.

¿Puede al principal artífice de esta política destructiva nombrársele como retribución Director del Banco Central?, directamente de la Secretaría de Hacienda, como si el puesto de Director del Banco Central fuera un puesto más en el Gabinete, el problema no es la autonomía del Banco Central, autonomía que por lo demás no existe más que para asuntos menores.

Eso es una enorme demagogia que se hizo con el nuevo estatuto del Banco Central, del Banco de México.

El problema es que si el Senado ratifica este nombramiento estará en los hechos o estaría en los hechos dando su respaldo a esa política económica que debe ser reprobada por el Congreso de la Unión en representación del pueblo de México que ha sufrido las consecuencias de esa política económica.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Gómez, le solicito atentamente concluya su intervención.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Voy a terminar, señor Presidente.

El PRD propuso acabar con los regímenes especiales de tributación, cobrar impuesto a quienes no pagan y no cobrar más a quienes ya pagan. Propuso, por mi conducto, un Plan Nacional de Inversiones por más de 300 mil millones de pesos para el año 2009, que serían ejercidos principalmente por los estados, que son quienes mayor capacidad de inversión e infraestructura tienen, proyectos que no tienen el soporte de la Federación.

Propusimos una serie de cambios para fortalecer la capacidad adquisitiva de los salarios, para poder responder a la reducción del mercado interno, para poder sustituir las exportaciones perdidas con un fuerte desarrollo del mercado interior, que es lo que hace un país donde hay un gobierno elementalmente responsable, esos son los motivos por los cuales, ciudadanas y ciudadanos Senadores, el Partido de la Revolución Democrática pide al Senado que se rechace el nombramiento a favor del señor Agustín Carstens, como Gobernador del Banco de México.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Gómez. No habiendo nadie más que solicite la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DELGADO DANTE

CONV

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

No

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

No

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

No

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

Sí"

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, le informo que se emitieron 81 votos en pro, 19 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1º de enero de 2010. Comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, por lo que solicito a los ciudadanos Senadores José Isabel Trejo Reyes, Amira Gómez Tueme, Minerva Hernández Ramos, Francisco Agundis Arias, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, María de los Angeles Moreno Uriegas, Humberto Aguilar Coronado, Fernando Castro Trenti, Rogelio Rueda Sánchez y Melquiades Morales Flores, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Agustín Guillermo Carstens Carstens: Sí, protesto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Agustín Carstens.

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su nuevo cargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Guillermo Carstens, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación que se recibió de la Secretaría de Gobernación, con INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.





SECRETARIA DE GOBERNACION
- Remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos.






CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta con PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO CUARTO, ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ELA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, el cual procedo a dar lectura.

“MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO NO.: D.G.P.L. 61-II-7-185
EXP. NUM.: 832

SECRETARIOS DE LA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta proyecto de Decreto que adiciona una fracción XVI al ARTICULO CUARTO, establecido en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México. D.F., a 15 de diciembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO CUARTO, ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ELA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XVI al ARTICULO CUARTO, establecido en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO CUARTO. …………………

……………………………………………..

XVI. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2009 hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el citado artículo vigente a partir del 1 de enero de 2010.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente en funciones de Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Sí, Senador Francisco Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Le ruego que disculpe lo que parece una impertinencia, pero que no lo es.

En el anterior turno de las iniciativas del Ejecutivo hay un procedimiento que me parece anómalo, porque el turno a Puntos Constitucionales, a Justicia y a Estudios Legislativos, me parece que es erróneo. Es Puntos Constitucionales, es Gobernación y es Estudios Legislativos básica, con todo respeto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señor Senador, como usted sabe, igual que yo, y los miembros de la Mesa Directiva, por la mañana tocamos el tema en Mesa Directiva y pedimos la colaboración de las bancadas parlamentarias para determinar el turno buscando la mayor pluralidad en el tema del tratamiento de la iniciativa correspondiente y que es de la mayor importancia.

En el transcurso de la mañana, cuando estábamos en las fotos oficiales, intentamos la búsqueda de las tres Comisiones en donde debería turnarse con el objeto de garantizar la mayor participación plural de las bancadas parlamentarias. Esta Presidencia no tiene ningún inconveniente en turnar a las Comisiones adecuadas, me parece pertinente que los grupos parlamentarios puedan seguir dialogando el tema para lograr un acuerdo del turno correspondiente que esta Presidencia realizará sin mayor dificultad.

Me parece que la pretensión de que la mayor cantidad de comisiones y la mayor pluralidad conozcan de iniciativas de reformas, de naturaleza, hay que preservarla. Yo dejaría en reserva, en una moción suspensiva, el turno a la espera de un acuerdo de los grupos parlamentarios, y tan pronto se logre procedería a turnar adecuadamente las iniciativas recibidas del Ejecutivo Federal.

Haría un exhorto a los grupos parlamentarios para que pudiesen dialogar brevemente y lograr un acuerdo correspondiente.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Si no llegaríamos al absurdo de por tener a todos los grupos parlamentarios, bueno, pues no veo porqué no haya usted turnado a la Comisión de Salud; pero entiendo su argumento y esperaré su comprensión al respecto, porque la ley es muy clara en ese sentido.

Y por lo que respecta al transitorio del 226 mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo, y le pediría que dispensáramos todos los trámites para aprobarlo en este momento.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda pendiente el turno de la iniciativa presentada por el Presidente de la República, y en unos minutos más procederemos a dar el turno correspondiente una vez que se agoten las consultas entre grupos parlamentarios.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Podrá turnarlo, pero no dejarlo pendiente, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Rectificaremos el turno, señor Senador.

Solicito al Vicecoordinador de la bancada del PRD para que se incorpore a una consulta con los grupos parlamentarios para determinar el turno correspondiente.

Señor Secretario, proceda usted nuevamente a dar cuenta de la minuta recibida de la Cámara de Diputados.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“MESA DIRECTIVA

LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-7-185

EXP. NUM.: 832

Secretarios de la

H. Cámara de Senadores

Presente.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta proyecto de Decreto que adiciona una fracción XVI al ARTICULO CUARTO, establecido en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México. D.F., a 15 de diciembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO CUARTO, ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ELA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XVI al ARTICULO CUARTO, establecido en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO CUARTO. …………………

……………………………………………..

XVI. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2009 hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el citado artículo vigente a partir del 1 de enero de 2010.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente en funciones de Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato, en virtud del compromiso que todas las bancadas parlamentarias realizamos en el Senado, y que fuimos acompañados solidariamente por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en materia de esta reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto, por las razones que el propio Presidente de la Mesa Directiva ha dicho, se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén porque así se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el siguiente proyecto de Decreto.

Artículo Unico.- …

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTICULO CUARTO. …………………

……………………………………………..

XVI. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2009 hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el citado artículo vigente a partir del 1 de enero de 2010.”

Está a discusión en lo general y en lo particular.

Si algún ciudadano Senador y Senadora desea hacer uso de la palabra, favor de expresarlo.

En tal caso, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 90 votos por el sí, cero por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el DECRETOQUE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO CUARTO, ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ELA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009.Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia -para terminar con el tema anterior- dicta turno a la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Continuaremos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión en lo general el presente dictamen. En virtud de que no hay oradores, ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Educación, con proyecto de Decreto por el se aprueba el Acuerdo entre México y Guatemala sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados académicos a nivel primaria, secundaria y medio superior o sus equivalentes, firmado en la ciudad de Guatemala, el 26 de octubre de 2009.






ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR O SUS EQUIVALENTES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 26 DE OCTUBRE DE 2009

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

DELGADO DANTE

CONV

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 81 votos por el sí, cero por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados académicos a nivel primaria, secundaria y medio superior o sus equivalentes, firmado en la ciudad de Guatemala, el 26 de octubre de 2009. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.






ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 14 DE AGOSTO DE 2009

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema de votación electrónica por 2 minutos para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANAYA LLAMAS GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 80 votos por el sí, cero por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política ha hecho llegar una Comunicación con relación al doctor Guillermo Ortiz Martínez.

Solicito a la Secretaría le dé lectura a la comunicación recibida.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República hace un amplio reconocimiento al Doctor Guillermo Ortiz Martínez por su desempeño como Gobernador del Banco de México en el periodo 1998-2009, lapso durante el cual contribuyó a fortalecer al Instituto Central; a profundizar el ejercicio de su independencia y autonomía; a preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda; a fortalecer el sistema de pagos y el sistema financiero nacional y a que el Banco Central participara activamente en el diseño de la nueva arquitectura del sistema financiero internacional.

Durante este lapso, en muchos momentos hubieron turbulencias y crisis económicas, nacionales e internacionales, cuyos efectos pudieron atemperarse con su comprometido desempeño institucional en el seno de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Todo ello se hizo, además, en el marco de una estrecha colaboración y un diálogo fructífero con el Senado de la República.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz,Presidente, Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila,Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Senador Ulises Ramírez, por favor.

- El C. Senador Ulises Ramírez Núñez: (Desde su escaño) Una sugerencia para el punto que se está acordando, nada más. Cuando inició la lectura dijo que es un Punto Resolutivo de la Junta de Coordinación Política.

Quisiera proponer a la Asamblea que no sea un Punto Resolutivo de la Junta de Coordinación Política, sino del Senado de la República.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: La Junta de Coordinación Política lo presentó como un Resolutivo propio. Sin embargo, ahora el Senador Ulises Ramírez propone que la Asamblea pudiera, en su caso, votarlo, para de ser el caso, hacerlo suyo.

Consulte a la Asamblea si es de admitirse la propuesta del Senador Ulises Ramírez, para someter a votación el Resolutivo presentado por la Junta de Coordinación Política.

Por favor, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta hecha por el Senador Ramírez Núñez. Quienes estén porque se admita esa propuesta, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Solicito ahora a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Resolutivo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Punto Resolutivo de la Junta de Coordinación Política, como un Acuerdo del Senado de la República. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Resolutivo de la Junta de Coordinación Política. Comuníquese.

Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de julio de 2009.






ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, EL 30 DE JULIO DE 2009

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien solicite la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, informo que conforme al registro electrónico se emitieron 82 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de julio de 2009. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 Constitucional y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.






PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por lo tanto, está a discusión el dictamen en lo general.

Para hacer una reserva en lo particular… ¿En lo general no hay nadie que solicite el uso de la palabra?

Entonces, tiene la palabra el Senador Alejandro González Alcocer, del grupo parlamentario del PAN, para hacer una reserva.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Vengo con una propuesta que presentaré aquí en la Secretaría por escrito, con una modificación al artículo 8 de esta Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 de la Constitución, en virtud de que se había utilizado un lenguaje que no es común para los organismos internacionales. El proyecto de dictamen o el dictamen, dice de esta manera.

Artículo 8.- Recibida la solicitud de inhibición correspondiente por la Corte, ésta deberá abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte comunicará, etcétera.

Lo que se está proponiendo es cambiar este lenguaje que es imperativo, que es mandatorio. Por lo que dice a continuación:

“Artículo 8.- La Secretaría proporcionará a la Corte la información que resulte relevante para que se abstenga de proseguir en el conocimiento de los hechos que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentran diligenciando.”

Es cambiar simplemente el lenguaje, no podemos nosotros ordenarle a un organismo internacional o hacer una disposición local que prácticamente tiene que ver con eso, por una disposición más del lenguaje internacional, como la que se propone.

He consultado además con los que propusieron el artículo 8, y están totalmente de acuerdo, ha sido consensado en el cambio del lenguaje diplomático en este sentido.

Por lo tanto, dejo por escrito, señor Presidente, la propuesta aquí en la Secretaría debidamente firmada y con los requisitos de ley.

Gracias por su atención.

(Propuesta de modificación)

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este medio hago saber a esta Soberanía la solicitud de modificación del dictamen de la iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para ello me dirijo en la forma más respetuosa en los términos siguientes: Coincido en la necesidad de establecer, en la especie, un ordenamiento jurídico que garantice lo más eficazmente su aplicación en función de una adecuada técnica en la elaboración de sus normas, para que éste sea conforme con los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de congruencia.

Sustentada en el propósito, en el dictamen que hoy se discute sobre la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, presentaron, entre otras, la adición al proyecto original de la ley de un nuevo artículo 8, en el que se plantea la obligación de la Corte Penal Internacional de abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando, una vez recibida por este Tribunal Internacional, la solicitud de inhibición correspondiente; así como la obligación de comunicar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la debida oportunidad, el cumplimiento de esa solicitud de inhibición.

Sin embargo, a mi juicio, establecer en una ley nacional una obligación para la Corte Penal Internacional, tribunal cuyo procedimiento se rige por un tratado, estaría alejado de toda lógica y hermenéutica jurídica. El citado artículo señala:

“Artículo 8. Recibida la solicitud de inhibición correspondiente por la Corte, ésta deberá abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte comunicará a la Secretaría, la debida oportunidad, el cumplimiento de dicha obligación.”

Es por ello, y con la finalidad de evitar que se entienda que en una ley nacional se le obliga o da instrucción alguna a la Corte Penal Internacional, solicito que se someta a la consideración de esa Honorable Asamblea la modificación del texto implícito en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, adicionaron al proyecto original de dicha ley para quedar como sigue:

“Artículo 8. La Secretaría proporcionará a la Corte la información que resulte relevante para que se abstenga de proseguir en el conocimiento de los hechos que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando.”

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de diciembre del año 2009.

Atentamente

Sen. Alejandro González Alcocer

Presidente de la Comisión de Justicia.”

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador González Alcocer.

Si no hubiese ningún otro orador sobre la propuesta de reserva del Senador González Alcocer, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta presentada por el Senador González Alcocer.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la propuesta presentada por el Senador Alejandro González. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta hecha por el Senador Alejandro González, para el artículo 8 de la Ley Reglamentaria del dictamen.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Senador Alejandro González. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, ábrase el sistema de votación electrónico por 2 minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen, con la propuesta del Senador Alejandro González, aceptada por la Asamblea, para recoger la votación nominal sobre el dictamen en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 77 votos en pro, 2 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 40 BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores que soliciten hacer uso de la palabra, ábrase el sistema de votación electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GARCIA QUIROZ SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 76 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos; se adiciona el artículo 41 y se reforman los artículos 41, 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS PUBLICOS; SE ADICIONA UN INCISO O) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 41 Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 41, FRACCION II, INCISO N), 80 Y 81 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

PACHECO RODRÍGUEZ RICARDO

PRI

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos; se adiciona el artículo 41 y se adicionan los artículos 41, 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, se retiró de su discusión el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera.

Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y DE Estudios Legislativos Segunda con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 29 BIS A LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA Y SE ADICIONA LA FRACCION XIV TER AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo oradores que soliciten el uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron 76 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se adiciona la fracción XIV Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Informo a la Asamblea, que en el Orden del Día estaba inscrito un dictamen con proyecto de Decreto para reformar la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. A petición de las comisiones, dicho dictamen se retiró de su discusión.

Enseguida tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Habida cuenta que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión en lo general el dictamen. No habiendo quién haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE I.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 75 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión en lo general el proyecto de Decreto.

Se han registrado para hacer un posicionamiento en relación a este dictamen, el Senador Graco Ramírez, la Senadora Beatriz Zavala y el Senador Rogelio Rueda.

En ese orden, se concede el uso de la palabra al Senador Graco Ramírez, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores.

Este dictamen es producto de un amplio consenso que no fue fácil construirlo entre las tres fuerzas fundamentales de todos los partidos políticos representados aquí en la Cámara de Senadores.

No es fácil cuando una fuerza que gobierna asumir una decisión política del blindaje que se establece en la expresión de la aplicación de programas sociales por conducto de delegados federales.

Y digo que no es fácil, porque parece ser y estamos de acuerdo, y es necesario que en los tres órdenes de gobierno se establezca también esta disposición y nos hemos comprometido a hacer una reforma constitucional al artículo 134 para lograr que en lo estados y municipios del país tengamos también las mismas posibilidades de los perfiles de quienes ejerzan fondos para el desarrollo social.

También en esta reforma que se hace, fortalecemos las políticas de combate a la pobreza, le damos mayor cohesión y claridad de la aplicación de estos programas y desarrollamos también un capítulo de la transparencia y la coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno para este ejercicio.

Yo creo que hemos avanzado mucho en también dotar de instrumentos a la CONEVAL para fortalecer el Sistema Nacional de Indicadores y que no solamente midamos pobreza, sino el conjunto de lo que implica la calidad de vida para los mexicanos en la educación, en salud y en otros ámbitos de lo que implica la política social.

Y todo ello, pues nos lleva a que podamos tener condiciones de mayores facultades a la Comisión Nacional de Evaluación y garantizar con ello una política social más transparente y una aplicación más clara de los recursos conociendo también los padrones que se ejercen de beneficiarios a nivel local, federal, municipal y con ello poder tener una visión mucho más amplia de qué ámbitos están siendo beneficiados de los programas sociales en los diversos órdenes de gobierno.

Queremos pedirle el voto a favor a todas y a todos ustedes, es un trabajo arduo el que hemos realizado, no fácil, y creo que el aprobarlo por todos significará un importante paso en la transparencia, insisto, y en la lucha por una política social de combate a la pobreza que dé mayores garantías de imparcialidad, de aplicación de los fondos en beneficio de los pobres, y para evitar cualquier distorsión política de aplicación de fondos.

Por ello, amigas y amigos, compañeras y compañeros, queremos pedirles el voto a favor de este dictamen que construimos con los tres grupos parlamentarios representados en la Comisión de Desarrollo Social y sabemos que tenemos el respaldo de los demás partidos que se encuentran representados para lograr un dictamen que pase como minuta a la Cámara de Diputados, y podamos hacer una reforma legal de gran trascendencia para el país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Graco Ramírez.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Beatriz Zavala, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Beatriz Zavala Peniche: Señoras y señores Senadores:

Hoy aprobamos una reforma importante a la Ley de Desarrollo Social, desde que fue publicada en enero de 2004. Realmente en ese tiempo se constituyó en el marco de la política de estado para el desarrollo social y las reformas que hoy estaríamos aprobando en este Pleno, son resultado de la evaluación de su aplicación, de las deficiencias, del mejoramiento, su aplicación no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y en el ámbito municipal.

Estamos aprobando importantes reformas que voy a reseñar de manera muy breve para mis compañeros Senadores.

Estamos aprobando, por ejemplo, que exista un registro del padrón de beneficiarios de los programas sociales que lo lleve cada ámbito de gobierno, pero que ese registro de padrón de beneficiarios pueda ser conocido por uno y otro ámbito de gobierno. Es decir, que haya transparencia en el padrón de beneficiarios, y que sea conocido por todos los mexicanos, según se aplique en cada ámbito de gobierno.

Estamos también aprobando que los programas sociales sean vigilados, sean auditados por la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo a los que se aplican en los otros ámbitos de gobierno estatal y municipal cuando tienen fondos y recursos federales, para que no existan estos vacíos de, pues, ahora sí que, llamémosle de control ciudadano, porque es desde la Cámara de Diputados donde está la Auditoría Superior de la Federación.

Además, estamos estableciendo que cuando se trate de apoyos en efectivo para los programas sociales, apoyo que llega a los beneficiarios, que se empleen preferentemente mecanismos que sean usados por el sistema bancario nacional o instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional, es decir, que no llegue un sobrecito con dinero, sino que haya un mayor control, esto para evitar otro uso de recursos, que sea más transparente y que sea a través de estos sistemas nacionales, llamémosle bancarizados o con presencia en todos los estados de la República.

También estamos aprobando que haya una obligación de todos los órdenes de gobierno, de los estados, de los municipios, desde luego de la Federación como ya se da para que se publiquen en periódicos oficiales las reglas de operación de los programas sociales.

Es decir, que todos los mexicanos conozcan bajo qué normas se aplica un programa social, cuál es su criterio de aplicación, y de esta manera pues haya transparencia y el propio beneficiario sepa bajo que criterios está él incluido en un padrón de beneficiarios, y si puede o no tener acceso o derecho a ese programa social.

También, me parece importante señalar que estamos legislando para que los funcionarios que tengan a su cargo la aplicación de programas sociales, delegados federales y también los funcionarios de los estados o de los gobiernos estatales y de los municipios, pues no tengan antecedentes partidarios políticos en los últimos tres años, que no hayan sido candidatos o que no hayan estado en cargos directivos de sus respectivos partidos, y esto lo hacemos con un espíritu de presentar un perfil profesional, un perfil acreditado para estos programas, sin esta participación político-electoral inmediata.

Me parece que avanzamos y que somos equitativos para todos los mexicanos, aplicándolo en toda la República.

También me parece importante señalar que explícitamente se están señalando cuáles son las sanciones para los funcionarios públicos que incurran en un uso indebido de los recursos sociales y que no se apeguen a las normas y a los criterios de cada programa que van a ser publicados y que ya estamos aquí estableciendo en las reformas a la ley.

Creo que son importantes reformas, que hemos llegado a éstas en un consenso o en un ámbito de pluralidad con largos acuerdos que nos han incluido a todos los grupos parlamentarios y por eso creemos que es un gran avance en la transparencia y en la imparcialidad de los programas sociales que están destinados al combate a la pobreza en nuestro país.

Muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senadora Beatriz Zavala.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Rogelio Rueda, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia; amigas y amigos Senadores:

Hemos hablado durante meses, y nada menos hoy recibimos un paquete de propuestas que reforman la vida política, la vida económica, de reformas estructurales, le llaman algunos; estamos convencidos de que hay reformas importantes que hacer en materia política y en materia económica, pero no podemos dejar de lado, por más que a muchos les guste mirar hacia otra parte, que tenemos un problema social grave en este país.

Que el número de familias en pobreza está creciendo aceleradamente.

Que los daños recientes con abundancia de recursos, no han sido estos aplicados de forma que logremos trascender este problema. Los grupos parlamentarios del Senado trabajamos durante muchos meses revisando tres iniciativas distintas que convergen en que ataquemos este problema, y que resolvamos esta tendencia de incrementar la desigualdad y de incrementar la pobreza.

Requerimos alinear las políticas de la Federación, de los estados y de los municipios. En este dictamen que está ahora a su consideración está previsto que se establezcan algunos estándares que deben ser atendidos por los programas de todos los niveles de gobierno, que vayamos en el mismo sentido caminando todos los mexicanos.

Que reconozcamos que este es uno de nuestros problemas centrales y que lo atendamos de manera correcta; que dediquemos los recursos y que evitemos duplicidades, que evitemos dispendios de recursos.

Por eso hay varias medidas en este dictamen que modificarían algunas formas de trabajar. Es cierto, compartimos que la manera más adecuada y la manera definitiva de vencer la pobreza es que el país tenga generación de empleos y crecimiento económico, compartimos eso como una solución definitiva a la que debemos aspirar, pero mientras tanto el conjunto de recursos que el país dedica al combate a la pobreza, que nosotros quisiéramos que fuera, incluso, visto no sólo como combate a la pobreza sino como desarrollo social, que es el nombre de la ley.

Que estemos viendo los estándares de educación, de salud, de acceso a la vivienda, al trabajo, etc., que vayamos logrando que haya menos desigualdad en nuestro país. Esos son los objetivos de esta reforma, que como decía, busca poner en línea todos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno, que busca evitar duplicidades, que busca sobre todo también, y vale la pena señalarlo, aquí se ha mencionado por los compañeros que me antecedieron en el uso de la tribuna, que evitemos no sólo ese dispendio de recursos, sino ese uso abusivo, ese uso que enerva cuando nos damos cuenta que habiendo tanta necesidad de recursos, que habiendo tanta necesidad en las familias, luego hay funcionarios que utilizan esos programas para buscar beneficios políticos para su partido o para alguna candidatura en particular. Eso no puede estar ocurriendo en este país, no podemos permitirlo más.

Por eso la insistencia en que los responsables de usar estos programas, de distribuir esos recursos, tengan un perfil y un compromiso con realmente lograr el objetivo para lo que están destinados, con lograr a quienes los necesitan y con un profesionalismo que requerimos en este rubro como en muchos en nuestro país.

Yo les pido que demos muestra de ese compromiso del Senado, no sólo de cada uno de los grupos parlamentarios o de los iniciantes de las tres iniciativas que son dictaminadas, sino que demos muestra del compromiso de todos los Senadores con estos objetivos.

Por eso les pedimos su voto y, por supuesto, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, gracias a usted, Senador RuedaSánchez. Informo a la Asamblea que no se han reservado artículos para su discusión en lo particular. Y agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

COPPOLA JOFFROY LUIS ALBERTO

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 78 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Aprobado el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Continuamos con la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, en relación con el proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, dé lectura la Secretaría únicamente a su parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al resolutivo.

“ARTICULO UNICO.-Se desecha la minuta proyecto de decreto por el que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, por razones de técnica legislativa y deficiencias jurídicas, por lo que se regresa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 Constitucional.”

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto con los siguientes dictámenes.

Continuamos con la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional, en lo referente al sector social de la economía.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, señor Secretario, le ruego dé lectura únicamente a su parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al resolutivo.

“ARTICULO UNICO.- Se desecha la proyecto de decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, por razones de técnica legislativa y deficiencias jurídicas, por lo que se regresa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 Constitucional.”

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen.

No habiendo… El Senador Ulises Ramírez.

- El C. Senador Ulises Ramírez Núñez: (Desde su escaño) Nada más para hacer una corrección en la lectura del dictamen, dijo: “insuficiencias legislativas”, y es “inconsistencias legislativas”, por favor.

- El C. Presidente García Cervantes: Bien, se admite la corrección que sustituye la palabra “insuficiencia” por “inconsistencia”. Está a discusión el dictamen con esta corrección.

No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación en conjunto con el anterior y siguiente dictamen negativo.

Tenemos enseguida la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este dictamen ha sido publicado en la Gaceta del Senado de este día, por lo que ruego a la Secretaría solamente dé lectura a su parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 33, de fecha 10 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al resolutivo.

“PRIMERO.- En razón de que con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedan atendidos los propósitos y la materia de la iniciativa materia del presente dictamen, estas comisiones acuerdan dar por concluido el proceso legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo anterior como concluido.”

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes negativos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA LETICIA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 79 votos por el sí, cero por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, se desechan las siguientes minutas que contienen:

Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Devuélvanse los expedientes completos a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Asimismo, se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

Compañeras y compañeros Senadores:

A continuación tendríamos 5 dictámenes de la Comisión de Educación; de Medio Ambiente; y del Distrito Federal, que han sido todos ellos publicados en la Gaceta del Senado de este día.






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento a la labor desarrollada por el Doctor José Enrique Villa Rivera al frente del Instituto Politécnico Nacional, suscrita por los Senadores María Teresa Ortuño, Francisco Javier Castellón Fonseca, Gerardo Montenegro Ibarra, José Luis Lobato, Irma Martínez Manríquez, Antonio Mejía Haro, Ricardo Torres Origel, David Jiménez Rumbo y Sergio Alvarez Mata.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2008, los Senadores María Teresa Ortuño, Francisco Javier Castellón Fonseca, Gerardo Montenegro Ibarra, José Luis Lobato, Irma Martínez Manríquez, Antonio Mejía Haro, Ricardo Torres Origel, David Jiménez Rumbo y Sergio Alvarez Mata, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento a la labor desarrollada por el Doctor José Enrique Villa Rivera al frente del Instituto Politécnico Nacional La proposición fue fundada en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

3. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de Acuerdo presentada por senadores integrantes de la Comisión de Educación tiene el propósito de que el Senado de la República emita un reconocimiento la labor que desempeñó durante su gestión el doctor Francisco Villa Rivera al Frente del Instituto Politécnico Nacional, institución de educación superior que se ha distinguido en sus más de 70 años de existencia, por su vinculación con las causas sociales y más nobles de nuestro país, además de haber formado a numerosos técnicos y científicos cuya aportación al desarrollo nacional es insustituible.

Los senadores que suscriben la propuesta reconocen la difícil circunstancia que atraviesa la educación superior en relación con la cobertura, el financiamiento y la calidad. Expresan sus preocupación de que únicamente uno de cada cuatro jóvenes entre los 18 y 22 años está actualmente realizando estudios superiores en alguna institución pública o privada y que la inversión educativa aún este por debajo de la media de los países que integran la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, concientes de la educación superior representa un medio indiscutible para el desarrollo profesional individual y colectivo.

En este sentido, se pronuncian por reconocer que el Instituto Politécnico Nacional se ha consolidado como una institución pública inmersa en nuestros problemas sociales, con gran incidencia en las comunidades en donde existen recintos politécnicos y cuya comunidad escolar se ha distinguido de manera ejemplar por estar dedicada esencialmente a su formación académica, gracias a las condiciones de gobernabilidad institucional que le procuró estos años el doctor Enrique Villa Rivera

Tomado en cuenta el contenido de la proposición con punto de Acuerdo presentado por senadores integrantes de la Comisión de Educación, se hacen las siguientes consideraciones a manera de dictaminación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Por la naturaleza de nuestros problemas, requerimos que nuestras universidades e instituciones tecnológicas de educación superior se vinculen e identifiquen con las comunidades donde se insertan, asumiendo un papel protagónico en la solución de los problemas socioeconómicos de la comunidad, para lograr una adecuada articulación con el sector productivo nacional, para acrecentar nuestra capacidad de innovación, hasta ahora limitada, y para generar condiciones que vinculen a empresarios, académicos y estudiantes en proyectos de asesoría técnica, investigación científica y desarrollo de modelos productivos.

SEGUNDA.- El Instituto Politécnico Nacional sin duda forma parte del patrimonio e idiosincrasia nacionales y el actual titular, cuya gestión concluye este mes, ha conducido este centro académico con ejemplar gobernabilidad, dedicada su comunidad al compromiso académico que en primer término está obligada a cumplir, sin dejar de lado su compromiso con la sociedad mexicana. Es de distinguirse que en la actual administración se hayan incrementado de manera consistente, año con año, los recursos para la formación de los estudiantes politécnicos; en 2008 se incrementó en un 16 por ciento respecto del año anterior; en 2009 se incrementó en un 9 por ciento y para 2010 en un 12 por ciento, para alcanzar 10 mil 200 millones de pesos, todavía insuficientes.

TERCERA.- Destaca, de igual forma, el espíritu por desarrollar en la comunidad politécnica una plena vocación por los principios democráticos, tales como el conocimiento y respeto a los derechos humanos, con independencia de que el IPN, sea una institución de formación tecnológica. Fue así como se emitió el Acuerdo que expide la declaración de los derechos politécnicos y que establece la defensoría de los derechos politécnicos, instrumento que se inscribe en la dinámica del respeto de los derechos humanos en los recintos escolares. Además, en cuanto al modelo racionalización de recursos públicos, la administración que concluye redujo significativamente la estructura orgánica de la administración central y de sus puestos de mando, y destinó los recursos liberados a las Unidades Académicas.

CUARTA.- Especial mención merece que los alumnos politécnicos resultaron los mejor evaluados en la aplicación de la prueba Enlace al sistema de Educación Media Superior y que, a partir de abril de 2006, por decisión unánime de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, el nombre del Instituto Politécnico Nacional apareciera con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

A partir de las consideraciones expuestas, los integrantes de la comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo de senadores integrantes de la propia Comisión de Educación y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento al doctor José Enrique Villa Rivera por su destacado desempeño como Director General del Instituto Politécnico Nacional.

SEGUNDO.- El Senado de la República expresa sus mejores deseos de éxito a la doctora Yolotxóchitl Bustamante Díez, quien ha sido designada para el periodo 2009-2012 como nueva Directora General de Instituto Politécnico Nacional.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2009.

COMISION DE EDUCACION”.






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón Único de Maestros del Sistema Educativo Nacional, con base en la propuesta del Senador Ramiro Hernández García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria del 17 de noviembre de 2009, el Senador Ramiro Hernández García presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores un punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón Único de Maestros del Sistema Educativo Nacional.

2.- La proposición fue fundada en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3.- Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4.- La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Ramiro Hernández García tiene el propósito de que las autoridades educativas elaboren el Padrón Único de Maestros del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de conferirle transparencia a los recursos públicos utilizados como gasto corriente e implementar un registro del personal docente y de servicio escolar en el ramo educativo.

En ese sentido, señala el proponente, que desde hace tiempo investigadores, líderes de opinión, periodistas, asociaciones civiles y otros actores, incluido el mismo Congreso, han demandado un mayor control en el manejo de las plazas de docentes, en virtud de que personas al servicio de laorganización social magisterial se encuentran en una condición de comisionados, sin que rindan cuentas o se tenga noticia sobre el tipo de comisión que desempeñan.

Especial mención merece la solicitud forma que el Senado de la República hiciera el la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de conocer, a nivel nacional, la cantidad de profesores que se encontraban con alguna clase de permiso, con o sin goce de suelo y la actividad a la estaban dedicados en el caso de atender alguna responsabilidad de orden sindical. La respuesta de la autoridad educativa Federal únicamenteincluyó información de 14 entidades federativas sin que a la fecha se tenga la información completa.

Al respecto, el proponente señala que de acuerdo a información difundida en algunos medios nacionales, se considera que han entre 100 y 120 mil profesores comisionados, lo que sugiere que uno de cada diez maestros realiza una actividad diferente a la del aula, sea personal o sindical y, por lo tanto, constituye una grave afectación al servicio escolar que se presta a millones de educandos inscritos en las escuelas públicas de educación básica. Al respecto mencionó que, independientemente del número real de profesores en comisión, no se tiene conocimiento dónde se ubican, cuáles son las actividades y funciones que están asumiendo dichos profesores y cuál es su costo para el erario público. De ahí, la importancia de elaborar y transparentar dicho Padrón.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Sin lugar a dudas un elemento clave en la consolidación de la democracia es la transparencia y la rendición de cuentas, dado que contribuyen a eliminar toda clase de decisiones autoritarias y discrecionales o de aquellas que, en general, se dan al margen de de las disposiciones normativas que rigen la vida pública del país. Transparentar el número de plazas y maestros así como las escuelas a la que están adscritos y la matrícula escolar, es expresión de una aspiración democrática legítima en el contexto de la transparencia y rendición de cuentas, porque la escuela constituye uno de los espacios del interés público al que nuestra sociedad destina recursos, por arriba del 20 por ciento del gasto programable.

SEGUNDA.- Los integrantes de esta comisión encuentran coincidente la proposición del Senador Ramiro Hernández con la propuesta del titular del Ejecutivo, incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 y aprobada por la Cámara de Diputados, que mandata a las autoridades educativas "conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas y número de horas, de nivel básico y normal, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas."

TERCERA.- Con la aprobación de dicho Presupuesto, también se mandata que "La Secretaría de educación Pública deberá contar, a más tardar el último día hábil de julio, con un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública establecerá y administrará un sistema electrónico que dará acceso a las entidades federativas que lo soliciten para facilitar la administración de las plazas y el pago de nómina correspondiente. Las altas y las bajas del registro serán autorizadas exclusivamente por el área competente de la referida dependencia."

CUARTA.- En dicho Presupuesto, también se menciona que los estados deberán entregar a la SEP toda la información relativa a la matrícula y la nómina, y propone que los estados informen a la SEP trimestralmente sobre el número, los nombres y las funciones específicas del personal comisionado, así como el periodo de duración de su comisión y que se publiquen las listas correspondientes en sus páginas de internet.

QUINTA.- Debemos mencionar que la SEP cuenta con su analítico de plazas, pero tal instrumento no incluye a los maestros contratados por los gobiernos estatales; asimismo, la dependencia recaba información a través del formato 911 que remite cada director de plantel al inicio y a la conclusión del ciclo escolar respectivo, pero no contiene el nombre de los maestros, su RFC ni su CURP, ni detalla el número de maestros que están frente a grupo por grado escolar. Esta circunstancia limita severamente la identificación de la planta docente de cada centro escolar así como el manejo apropiado y racional de las plazas correspondientes.

SEXTA.- No obstante la propuesta del ejecutivo aprobada en el presupuesto de egresos para el año 2010 por la Cámara de Diputados, en opinión de los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República resulta insuficiente, en el sentido de que se hace necesario conocer el detalle en el número de docentes, clave, adscripción, escolaridad y funciones, entre otros datos. De ahí la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública elabore un padrón de maestros, en donde se incluya a todos aquellos que laboran en el sistema educativo nacional.

SEPTIMA.- La dictaminadora reconoce la utilidad que tiene la creación de sistemas de información educativa en relación con docentes, alumnos, centros escolares e instituciones educativas tanto de la Federación como de las entidades federativas, cuya concentración y adecuada sistematización permite hacer un uso más apropiado y racional de los recursos públicos que se destinan la educación.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo del Senador Ramiro Hernández García y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón Único de Maestros del Sistema Educativo Nacional.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2009.

COMISION DE EDUCACION”.






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo para que el Senado de la República solicite al Ejecutivo Federalreforzar la estructura y los programas operativos de los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, con el fin de capacitar a un mayor número de profesores sobre la atención especializada para alumnos con discapacidad, tal como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa, presentado por la Senadora María Elena Orantes López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2009, la Senadora María Elena Orantes López presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores un punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal reforzar la estructura y los programas operativos de los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, con el fin de capacitar a un mayor número de profesores sobre la atención especializada para alumnos con discapacidad, tal como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa.

2. La proposición fue fundada en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora María Elena Orantes López tiene el propósito de que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública refuerce la estructura y los programas operativos de los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, con el fin de capacitar a un mayor número de profesores sobre la atención especializada para alumnos con discapacidad, tal como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa, dado que, asegura la proponente, el objetivo fundamental de dicho Programa consiste en promover el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad o aptitudes sobresalientes, a través del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.

Menciona además, que actualmente el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, está a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este sentido, destaca que el Programa plantea el fortalecimiento de la educación especial, a través de los siguientes aspectos:

a) La definición y funcionamiento de los servicios que la conforman para ofrecer una atención educativa con calidad a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con otras condiciones.

b) La actualización del personal con la finalidad de proporcionarle las herramientas que le permitan dar una respuesta educativa adecuada a los alumnos y,

c) La ampliación de su cobertura para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en zonas urbano marginadas, zonas rurales e indígenas, así como un mayor número de alumnos con este tipo de necesidades derivadas de la presencia de alguna discapacidad.

Respecto al fortalecimiento del proceso de integración educativa, el Programa señala que los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otras condiciones, estudien en aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos de la educación.

Los aspectos necesarios a considerar para lograr la integración son los siguientes:

1).- La sensibilización e información permanente de la comunidad.

2).- La actualización permanente del personal directivo y docente y,

3).- La respuesta educativa específica para los alumnos con necesidades educativas especiales (realización de la evaluación psicopedagógica, su informe, la elaboración y seguimiento de la propuesta curricular adaptada, considerando los apoyos técnicos y/o personales que requiere).

Asimismo, dicho Programa plantea los siguientes objetivos estratégicos:

a. Fortalecer el marco regulatorio nacional y de las entidades federativas respecto al proceso de integración educativa y a los servicios de educación especial.

b. Promover la actualización permanente de los maestros de educación inicial, de educación básica y de educación especial, que les permita mejorar la atención de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, priorizando a los que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.

c. Promover la atención de un mayor número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el sistema educativo regular.

d. Promover que el total de escuelas de educación inicial y básica que reciben apoyo de educación especial cuenten con las condiciones básicas para la integración educativa.

En este sentido, la proponente expresa su preocupación porque no obstante que los objetivos y los planteamientos técnico-operativos del programa están bien sustentados en la teoría, en la práctica, no hay resultados concretos.

Lo anterior, lo sustenta en el hecho de que, de acuerdo a la interpretación que hace de cifras oficiales, de las 220 mil escuelas de educación básica que hay en el país, sólo el 10 por ciento, es decir 20 mil planteles, reciben asesoría de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que significa que los maestros del 90 por ciento de las escuelas del país carecen de asesoría especializada para atender a los alumnos con discapacidad.

A este respecto, menciona que en el año 2008, la SEP sólo atendió a 400 mil estudiantes con discapacidad de un estimado de 2 millones, mediante los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Finalmente, destaca que el objetivo de la proposición con punto de Acuerdo, es exhortar a las autoridades educativas para que lleven a cabo las acciones que plantea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, tomando en cuenta la urgente necesidad que tienen las personas con discapacidad de contar con oportunidades de empleo y educación integral.

Así, de acuerdo al contenido de la proposición con punto de Acuerdo presentado por la Senadora María Elena Orantes López, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En el país las personas con enfrentan muchas dificultades para encontrar oportunidades reales de trabajo y para acceder a la capacitación o educación formal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven alrededor de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los que 2 millones son estudiantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estima que 90% de niños que padecen algún tipo de discapacidad motriz, sensorial o mental permanente no asiste a la escuela y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo entre esta población fluctúa entre 80% y 90%.

SEGUNDA.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 13 de diciembre de 2006, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual se busca hacer justicia y ofrecer un mundo más habitable a más de 650 millones de personas con discapacidad en todo el mundo y que ha sido calificada como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. En este sentido, es oportuno mencionar que el Senado de la República asumiendo su compromiso de impulsar instrumentos legislativos para fortalecer las políticas a favor de las personas con discapacidad, aprobó en septiembre de 2007, el Decreto que contiene la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, para garantizar los derechos de 10 millones de personas con discapacidad en México,

Dicha Convención tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Además, se basa en la igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer, respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, así como su derecho a preservar su identidad. En suma, esta Convención impulsa una nueva cultura de pleno respeto a los derechos humanos y reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad, constituyen en sí mismos, una discapacidad.

TERCERA.- En este orden de ideas, en el Senado de la República se han impulsado reformas al marco legal que atiende a las personas con discapacidad, a fin de garantizar el derecho pleno a la educación a que tienen todos los mexicanos, con independencia de su salud física, además de que sea inclusiva, accesible e integral y, de este modo, avanzar en el objetivo de que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación en todos sus niveles, a la formación profesional, a la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones. En especial, se han hecho diversas propuestas de reforma a la Ley General de Educación, para establecer una serie de disposiciones encaminadas a brindar condiciones materiales y de accesibilidad a favor del derecho a la educación de personas con discapacidad, así como homologar en nuestra legislación los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la ley secundaria.

CUARTA.- Cifras oficiales indican que de las poco más de 90 mil escuelas de educación básica que hay en el país, sólo el 20 por ciento, es decir 20 mil planteles, reciben asesoría de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que significa que los maestros del 78 por ciento de las escuelas del país carecen de asesoría especializada para atender a los alumnos con discapacidad. En el año 2008, la Secretaría de Educación Pública sólo atendió a 400 mil estudiantes con discapacidad de un estimado de 2 millones, mediante los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

QUINTA.- En el marco de la Conclusión de las Mesas Regionales en Materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, llevada a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos el pasado 19 de noviembre, el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, escuchó atentamente la problemática que enfrentan los estudiantes con discapacidad en el sentido de que no hay escuelas más allá de la primaria que proporcionen educación especial. En dicho evento, el Presidente de la República junto con autoridades educativas y de desarrollo social en el país, reconocieron que esta situación constituye un pendiente respecto del derecho elemental a la educación, al tiempo de comprometerse a poner especial atención a ello.

SEXTA.- En la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados logró un incremento sustancial en las asignaciones presupuestales para grupos vulnerables y personas con discapacidad, el cual pasó de dos mil 200 millones, a dos mil 700 millones para el ejercicio fiscal 2010, lo que representó un incremento equivalente al 17 por ciento en términos nominales. Esta circunstancia constituye un factor de primer orden para enfocar y ampliar los servicios, aunque aún de manera limitada, de educación especial que brinda la Secretaría de Educación Pública.

SEPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de Educación reconocen la importancia de preservar el derecho de toda persona a la educación sin importar su condición, así como la necesidad de definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de educación dentro de la estructura y los programas operativos de los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, con el fin de capacitar a un mayor número de profesores sobre la atención especializada para alumnos con discapacidad, tal como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa. Asimismo, coinciden en la necesidad de trabajar en las adaptaciones y definiciones para incorporar conceptos basados en las normas internacionales a nuestra legislación, a fin de lograr el desarrollo exitoso de programas en lo que corresponde a la actuación de diversas dependencias de la Administración Pública Federal, lo que conlleva la coordinación interinstitucional y el concurso obligatorio de los organismos sociales, en beneficio de las personas con discapacidad en el país.

OCTAVA.- En este sentido, los integrantes de la Comisión de Educación se pronuncian a favor de la importancia de que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, refuerce la estructura y los programas operativos de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), con el fin de capacitar a un mayor número de profesores sobre la atención especializada para alumnos con discapacidad, tal como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa, con el objetivo de promover el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales a través del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse la proposición con puntos de Acuerdo de la Senadora María Elena Orantes López y, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente resolución con puntos de Acuerdo:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se refuerce la estructura y los programas operativos de los Centros de Atención Múltiple y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, con el fin de atender a un mayor número de estudiantes con discapacidad, así como para capacitar a los profesores de educación básica para la atención especializada de alumnos con necesidades especiales de educación, tal y como lo establece el Programa de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, informe a esta Soberanía sobre las metas planteadas y el cumplimiento de los compromisos hacia el año 2012, con respecto a la integración de estudiantes con discapacidad en las escuelas de educación básica.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2009.

COMISION DE EDUCACION”.

 






COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE; RECURSOS NATURALES Y PESCA;
DE RECURSOS HIDRAULICOS; Y DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA;
DE RECURSOS HIDRAULICOS; Y
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Recursos Hidráulicos y, de Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo con relación al Proyecto de Confinamiento de Residuos Peligrosos en Zimapán, Hidalgo, presentada por los Senadores Carlos Navarrete Ruíz, Rubén Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Dante Delgado Rannauro y Francisco Xavier Berganza Escorza, del grupo parlamentario de Convergencia y, los Senadores Alejandro González Yánez y Alberto Anaya Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Estas Comisiones Legislativas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO- El 1 de abril del 2008, los Senadores Carlos Navarrete Ruíz, Rubén Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Dante Delgado Rannauro y Francisco Xavier Berganza Escorza, del grupo parlamentario de Convergencia y, los Senadores Alejandro González Yánez y Alberto Anaya Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo con relación al Proyecto de Confinamiento de Residuos Peligrosos en Zimapán, Hidalgo.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Recursos Hidráulicos y, de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Municipio de Zimapán, Hidalgo, existe un proyecto para la construcción de un Confinamiento de Residuos Tóxicos Peligrosos, denominado “Sistemas de Desarrollo Sustentable”, el cual es operado por la empresa española BefesaSistemas de Desarrollo Sustentable, S. A. de C. V.1

Se tiene planeada que la construcción del Confinamiento se realice sobre 133 hectáreas del Ejido Cuauhtémoc, ubicado a sólo seis kilómetros en línea recta del municipio de Zimpán, a 4 kilómetros de la presa hidroeléctrica “Fernando Hiriart”, a 205 kilómetros de la Ciudad de México, y colindante con la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda,2 declarada en el 2003 como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura3 (UNESCO, por sus siglas en inglés). Asimismo, a sólo 2 kilómetros de la periferia del confinamiento se ubica el Río Moctezuma, que desemboca en el Río Pánuco y finalmente, en el Golfo de México.

Dicho proyecto se compone de una Planta de estabilización-inertización, con capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos con la finalidad de estabilizarlos principalmente mediante un proceso en el que se utiliza cal, cemento y arcilla. Asimismo, los Senadores promoventes manifiestan en la exposición de motivos que se dará tratamiento y confinamiento a los residuos clasificados en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos4, que son considerados altamente peligrosos por corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad y explosividad.

Partiendo de las definiciones de residuo y residuos peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se entiende como residuo: “Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el procesos que lo generó”5y por residuos peligrosos: “Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”6. Como se considera en dichas definiciones, son las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biológico infecciosas, las que determinan si un residuo es peligroso o no7.

Asimismo, la definición de residuos peligrosos que se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considera: Aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.8

La misma ley dispone que el tratamiento de los residuos será bajo los “Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad”9, el objeto del tratamiento de residuos es con la finalidad de reducir el volumen y la peligrosidad de los mismos, con el propósito de disminuir la cantidad que van a parar a los confinamientos, con lo cual se alargará la vida útil de éstos, las alternativas de manejo de residuos peligrosos está sujeta a varias restricciones jurídicas y se debe presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)10, los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizarán.11

En la NOM-058-ECOL-1993, que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos12, define celda de confinamiento como: “el espacio creado artificialmente para la disposición final de residuos peligrosos”. Dicha NOM establece que “las celdas de confinamiento cuya capacidad ha sido alcanzada deberán cubrirse y contar en la parte superior con una placa de identificación resistente a la intemperie en la que se asienten los datos siguientes: clave de la celda, nombre y cantidad de los residuos depositados, nombre de los generadores y fechas de inicio de operación y cierre de la celda13, y con respecto al monitoreo “una vez realizada la disposición final de los residuos en las celdas de confinamiento, el responsable deberá llevar a cabo el monitoreo permanente en los pozos de monitoreo y sistemas de venteo a que se refieren las normas oficiales mexicanas aplicables para la detección de los posibles lixiviados y de las emisiones de gases y vapores generados en el interior de las celdas de confinamiento, así como de la calidad de las aguas subterráneas”14.

En la NOM-055-SEMARNAT-2003, Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente establecidos15, define Confinamiento controlado como: La obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos previamente estabilizados, que garantice su aislamiento definitivo.

Por otro lado, los Senadores promoventes manifiestan su preocupación por la construcción de la obra, ya que tiene un avance del 80% de la primera etapa, pese a una suspensión de obra emitida el 15 de diciembre del 2007, fecha que coincide con la de vencimiento de la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento a la empresa Befesa por un lapso de dos años. Y una vez operando el confinamiento recibirá 170,000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos al año.

Ante esta situación, los pobladores y ejidatarios organizaron un movimiento cívico “Todos somos Zimapán”, quienes se oponen a la construcción del confinamiento, argumentando que representa un grave riesgo ambiental para su pueblo.

Con fecha 22 de noviembre del 2004, la SEMARNAT, entregó al promovente Sistemas de Desarrollo Sustentable S. A de C. V., el Resolutivo sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad Regional, del proyecto “Sistemas de Desarrollo Sustentable” e identificada con la clave 13HI2004I000616.

Partiendo de este acto administrativo, y toda vez que fue integrado ya un procedimiento y se emitió una resolución, estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideran necesario solicitar información a la SEMARNAT sobre la evaluación de impacto ambiental, así como qué seguros y garantías exigió la Secretaría por los daños graves que pudiera ocasionar dicho proyecto de construcción del confinamiento, toda vez y cómo se mencionó el confinamiento a construirse en Zimapán, está a sólo 4 kilómetros de la presa hidroeléctrica “Fernando Irart” y de los ríos Moctezuma y Pánuco, por lo que dicho proyecto de instalación del confinamiento de residuos tóxicos puede afectar y contaminar el suelo, la atmósfera y la región hidrológica de la zona, así como a los Estados circunvecinos incluyendo a la Ciudad de México.

Asimismo, es de destacarse que el sitio donde se ubicará el confinamiento, tal y como lo establece el artículo 92 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, es necesario atender a ciertos criterios para la selección y construcción de un confinamiento:

“Artículo 92.- En la selección del sitio, diseño, construcción y operación de las celdas para confinamientos controlados deberán observarse los siguientes criterios:

I. Las características geológicas, geofísicas, hidrológicas e hidrogeológicas del sitio;

II. El tipo, cantidad y características de los residuos a confinar;

III. La lixiviación que produzcan los residuos peligrosos a confinar;

IV. El potencial de migración de los contaminantes en el suelo, y

V. El impacto y la vulnerabilidad asociados a la actividad.

Lo previsto en el presente artículo se observará en las normas oficiales mexicanas que se expidan respecto de la selección del sitio, diseño, construcción y operación de las celdas de confinamiento”.

Para detallar los criterios y condiciones a reunir para ubicar, diseñar, construir, operar y vigilar un confinamiento17 es necesario que la SEMARNAT determine en la autorización correspondiente las distancias entre el confinamiento y los cuerpos de agua por lo que es preciso atender a las disposiciones del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tal y como lo establece el artículo 94, que a la letra dice:

Artículo 94.- La Secretaría determinará, en la autorización correspondiente, las distancias mínimas aceptables de las instalaciones o celdas de disposición final de residuos peligrosos a los cuerpos de agua, o bien, respecto de diversas instalaciones u obras de infraestructura industrial, comercial o de servicios existentes, con base en los resultados del estudio de vulnerabilidad que presenten los promoventes.

También es de suma importancia conocer los procedimientos y las medidas de seguridad que siguieron el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Municipal de Zimapán, para otorgar las autorizaciones y licencias expedidas a favor de la empresa Befesa, para la construcción del confinamiento, por lo que se considera procedente exhortar a dichas autoridades en el ánimo de allegarseinformación al respecto.

Por las consideraciones expuestas y por la necesidad de proteger los cuerpos de agua, las poblaciones cercanas a la construcción del confinamiento y de los ecosistemas vulnerables de los posibles riesgos que pudieran derivar de instalación de los residuos peligrosos, los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envíe a la brevedad a este Órgano Legislativo, un informe sobre la evaluación del impacto ambiental del proyecto “Sistemas de Desarrollo Sustentable” identificado con la clave MIA 13HI2004I0006, así como, si el promovente Sistemas de Desarrollo Sustentable S. A de C. V., ya realizó los trámites necesarios para la segunda etapa de construcción de dicho confinamiento.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Hidalgo y al H. Ayuntamiento de Zimapán, informen a este Órgano Legislativo lo relativo a los procedimientos que se siguieron para el otorgamiento de las autorizaciones y licencias expedidas a favor de la empresa Befesa Sistemas de Desarrollo Sustentable, S. A. de C. V., que pretende operar el Confinamiento de Residuos Tóxicos.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 15 de diciembre de 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA”.


1 Empresa señalada por su país como causante de deterioro ambiental, disponible en:

http://www.zumpangolandia.com/modules/neews/article.php?storyid=490

2 Esa Reserva fue declarada como tal por Decreto Presidencial publicado el 19 de mayo de 1997, con el fin de proteger la excepcional riqueza de especies y ecosistemas que posee dicha Reserva, ubicada en el norte de Estado de Querétaro, cuenta con una extensión de 383 567 hectáreas que presentan el 32% del territorio estatal, forma parte de la Sierra Madre Oriental la cual abarca los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

3Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (París, 16 de noviembre de 1972), disponible en: http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/11333/10/3normatividad.pdf

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 23 de junio del 2006.

5 Fracción XXXI del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6 Fracción XXXII del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

7 GONZÁLEZ MARQUEZ, José Juan eIvett, MONTELONGO BUENAVISTA. Manual de Derecho Ambiental. .P. 452

8 Fracción XXXII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

9 Fracción XLI del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

10 CARMONA LARA, María del Carmen. Temas selectos de derecho ambiental, “El destino de los residuos peligrosos en México, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente” UNAM, PROFEPA. México 2006. P. 590

11 Artículo 58 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

12 DOF, 22 octubre de 1993

13 Numeral 6. 6. 1 de la NOM--058-ECOL-1993

14 Numeral 7. 1 de la NOM--058-ECOL-1993

15 DOF, 3 noviembre del 2004.

16 Información disponible en:

http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Consultatutramite.aspx?bita_numero=13HI2004I0006

17 SEMARNAT, colección Técnica y Estadística Regulación de los Residuos Peligrosos en México, julio 2007, pág. 59.






COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

“COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de Acuerdo para solicitar un informe detallado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento, presentada por los Senadores Javier Orozco Gómez, Ludivina Menchaca Castellanos, Arturo Escobar y Vega, y Jorge Legorreta Ordorica, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 83, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo y turno para el dictamen de la referida propuesta; y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el “Contenido de la proposición”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la propuesta en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general el punto de acuerdo en análisis.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada con fecha 12 de noviembre de 2009 por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió la propuesta con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen, la cual fue presentada por los Senadores Javier Orozco Gómez, Ludivina Menchaca Castellanos, Arturo Escobar y Vega, y Jorge Legorreta Ordorica, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha propuesta con punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal.

3.- Una vez remitida a esta Comisión del Distrito Federal la proposición con punto de Acuerdo antes citada, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO

La propuesta señala como antecedente, que con fecha 15 de julio del presente año, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura en el Senado de la República, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe detallado sobre las acciones desarrolladas en el programa de separación de basura; un informe sobre las áreas designadas para el tratamiento de desechos sólidos; el inicio de una campaña de difusión sobre la Ley de Separación de Basura; así como la dotación de infraestructura, personal y equipo necesario al servicio de limpia de la Ciudad de México.

Sostienen los proponentes, que la falta de separación adecuada de la basura orgánica e inorgánica, con el tiempo, agrava el proceso del calentamiento global, toda vez que en las capas profundas de la basura, a oscuras y sin oxígeno, se empiezan a generar bacterias denominadas anaerobias, que tienen la particularidad de no requerir oxígeno para existir y con las que se acumulan gases como el metano y el óxido nitroso, que se elevan a la atmosfera y aumentan su capacidad para retener calor.

Asimismo, afirman que cuando la basura queda expuesta, por ejemplo, al agua de lluvia, se mezcla entonces con los líquidos de fermentación, creando un compuesto llamado lixiviado, que está lleno de bacterias potencialmente infecciosas y compuestos tóxicos que terminarán por filtrarse hasta los mantos friáticos, envenenando poco a poco las reservas acuíferas.

En respuesta al punto de Acuerdo aprobado el pasado 15 de julio, mencionado como antecedente en el primer párrafo de este apartado, los proponentes reconocen que se recibió oficio del Gobierno del Distrito Federal, por el cual se emitieron informes de diez Delegaciones; Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco. Sin embargo, manifiestan que a la fecha de presentación de su proposición con punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen, no se había recibido informe correspondiente de las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En el contexto de estas consideraciones generales, los proponentes solicitan que el Senado de la República, de manera respetuosa, solicite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que remita un informe completo y detallado de las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, sobre las acciones que se han desarrollado en los programas de separación de basura, así como las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, dotando de estadísticas con base en resultados obtenidos.

Asimismo, que el Senado de la República solicite respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que emprenda una campaña de difusión sobre la Ley de Separación de Basura y que emita otro informe sobre la estructura y personal de limpieza con que cuentan las 16 Delegaciones de la Ciudad.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos, en lo general, con el espíritu de la proposición con punto de Acuerdo en dictamen. De igual forma hacemos nuestra la preocupación de los proponentes, ante la problemática que representa para el Distrito Federal la falta de separación de la basura orgánica e inorgánica, así como las condiciones de las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora, estima pertinente precisar las siguientes consideraciones:

PRIMERA. La Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, es un órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, creado para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 65 y 66 de su respectivo Reglamento. En consecuencia, es competente para conocer de la proposición con punto de Acuerdo en dictamen, toda vez que versa sobre asuntos relacionados con la Ciudad de México que es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Como bien lo advierten los Senadores que presentan el punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, con fecha 15 de julio de 2009, el Senador Javier Orozco Gómez y el Diputado Carlos Puente Islas, de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en sus respectivas Cámaras, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita un informe detallado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento.

Por la importancia y en el análisis del presente Dictamen, se reproducen los resolutivos de la mencionada proposición con punto de Acuerdo, presentada el pasado 15 de julio:

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emita un informe detallado sobre las acciones que se han desarrollado en los programas de separación de basura, así mismo, informe sobre las áreas designadas para el tratamiento de estos desechos sólidos, su disposición final y si es el caso su reciclamiento.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emprender una campaña de difusión sobre la Ley de Separación de Basura.

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal dotar con la infraestructura necesaria, personal y equipo a los servicios de limpia ya que se requiere de vehículos adecuados para separar, transportar y recoger los desechos que se generan en la Ciudad.

LaProposición con punto de Acuerdo fue turnada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a su Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Dicha comisión, previo análisis y valoración de la Propuesta, sometieron a la aprobación del Pleno el siguiente resolutivo, que por su importancia, se reproduce:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los titulares o encargados de las Jefaturas Delegacionales de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que a la fecha se han desarrollado en el marco del Programa de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con particular énfasis en las medidas adoptadas para la separación y clasificación de basura, así como informen sobre las áreas físicas destinadas para la disposición final, tratamiento y -en su caso- reciclaje de los residuos sólidos.

El citado resolutivo fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, en votación económica, con fecha 19 de agosto de 2009.

TERCERA. En respuesta al punto de Acuerdo aprobado, se recibió oficio del Gobierno del Distrito Federal, por el cual se remitieron informes de 10 Delegaciones Políticas del Distrito Federa, entre las cuales estuvieron, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Los respectivos informes comunicaban datos estadísticos y avances porcentuales sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento; sin embargo, no se recibieron los informes correspondientes a las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La omisión en el informe de las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, justifica la imperiosa necesidad de los legisladores proponentes del punto de Acuerdo, de contar con información actualizada, que permita poder evaluar el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento, cuya vigencia empezó el día 2 de enero de 2009. Toda vez que, la falta de aplicación de la ley de la materia y su reglamento, traerían aparejadas consecuencias de graves repercusiones e impacto ambiental y urbano.

CUARTA. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, es la impronta que debe caracterizar a las legislaciones modernas y del futuro; sin embargo, no basta que la legislación se encuentre a la altura de las necesidades actuales, es imprescindible contar con medios o mecanismos que garanticen su cabal cumplimiento.

En este sentido, la información omitida por las delegaciones mencionadas en la consideración tercera del presente dictamen, resulta de especial importancia para analizar y evaluar el cumplimiento de la Ley.

Insistir en el análisis y evaluación de las políticas gubernamentales implementadas para el cabal cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, es una necesidad que esta dictaminadora comparte con los proponentes y la hace suya. Avanzar en este tema, es coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de medio ambiente, específicamente con el Séptimo de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo de la Organización de la Naciones Unidas, cuyo texto ha sido ratificado por el Estado mexicano, comprometiéndose a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, bajo el logro de indicadores muy precisos para el año 2015.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal que suscribimos el presente dictamen, sometemos a la consideración del pleno delH. Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

La LXI Legislatura del Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

PRIMERO. Remita a esta soberanía un informe completo y detallado de las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, sobre las acciones que se han desarrollado en los programas de separación de basura. Asimismo, sobre las áreas designadas para el tratamiento de estos desechos sólidos, su disposición final y si es el caso, su reciclamiento.

SEGUNDO. Emprender una amplia campaña de difusión sobre la Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal y su Reglamento.

TERCERO. Remita a éste órgano colegiado un informe sobre la infraestructura y personal de limpieza con que cuentan las 16 Delegaciones del Distrito Federal.

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL”.

Se pregunta a la Asamblea si alguien quiere reservar alguno de ellos para su discusión en lo particular. No habiendo quien reserve alguno de estos dictámenes, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los cinco dictámenes que contienen punto de Acuerdo y que están publicados en la Gaceta del Senado de este día.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los cinco dictámenes a los que acaba de dar lectura el Presidente. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los cinco dictámenes con punto de Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobados los 5 puntos de Acuerdo. Comuníquense.






CONTRALORIA INTERNA DE LA CAMARA DE SENADORES

Tenemos ahora la discusión del Informe Ejecutivo y el Informe Detallado de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores enero-junio 2009.

A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse el Informe Ejecutivo y el Informe Detallado de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores enero-junio 2009. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobados los informes. En consecuencia, túrnense a la Auditoría Superior de la Federación los Informes Ejecutivo y Detallado de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores enero-junio 2009.

Continúe la Secretaría.






COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CAMARA DE SENADORES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el ejercicio 2010.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el ejercicio de 2010.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Para los efectos de los artículos 66, inciso g), y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2010.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de enero del año 2010. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2010.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del Presupuesto Ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de noviembre de 2009.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






COMUNICACION

Informo a la Asamblea que el Senador Luis Alberto Villarreal García, hizo llegar a esta Mesa Directiva una comunicación con la que remite los informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, relativos al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura; y al primer periodo ordinario de la actual legislatura.

Esta Asamblea se da por enterada.

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Mesa Directiva un Acuerdo, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Pos su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senador JAIME RAFAEL DIAZ OCHOA deja de formar parte de la Comisión de Desarrollo Social y se integra como miembro de la Comisión de Turismo, en sustitución de la Senadora EVA CONTRERAS SANDOVAL.

SEGUNDO.- El Senador GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ deja de formar parte de la Comisión de Vivienda y se integra a la Comisión de Participación Ciudadana.

TERCERO.- El Senador FRANCISCO HERRERA LEON se integra a la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, en sustitución del Senador ALFONSO ELIAS SERRANO.

CUARTO.- El Senador FRANCISCO HERRERA LEON deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Rural y en su lugar se integra a la misma el Senador ALFONSO ELIAS SERRANO.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz,Presidente, Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila,Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a discusión. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política al que se acaba de dar lectura. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura a otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Senadora AMIRA GRISELDA GOMEZ TUEME ingresa como miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

SEGUNDO.- El Senador RENAN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO se integra como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

TERCERO.- La Senadora AMIRA GRISELDA GOMEZ TUEME deja de pertenecer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en su lugar se designa al Senador RAUL MEJIA GONZALEZ.

CUARTO.- Se designa como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público al Senador ROGELIO RUEDA SANCHEZ.

QUINTO.- El Senador RAUL MEJIA GONZALEZ deja de pertenecer a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz,Presidente, Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila,Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el Acuerdo al que se acaba de dar lectura. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

Si alguien desea hacer uso de la palabra. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

Ciudadanas Senadoras y Senadores: La Mesa Directiva acordó que las iniciativas, proposiciones y solicitudes de excitativas agendadas el día de hoy, se turnarán a las comisiones directamente. Los turnos correspondientes de los asuntos se publicarán en la Gaceta del Senado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ANEXA UN CAPITULO IV AL TITULO CUARTO EN GASTO FEDERALIZADO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por los CC. Senadores Federico Döring Casar y Minerva Hernández Ramos)

“Los que suscriben, Federico Döring Casar y Minerva Hernández Ramos, Senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Fracción II del Artículo 55 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente; Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se anexa un capítulo IV al Título Cuarto en Gasto Federalizado, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscalal tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La política presupuestaria constituye uno de los principales instrumentos de los que dispone el Estado para promover el crecimiento económico y el empleo del país, así como para aliviar las disparidades sociales y regionales, mediante la determinación del monto del gasto y su asignación a las prioridades nacionales. A nivel global, la consistencia en los ingresos y gastos contribuye a la estabilidad macroeconómica y brinda certidumbre a los agentes económicos en los procesos de planeación y ejecución de las actividades productivas.

Los gobiernos verdaderamente democráticos no sólo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino además deben asegurar un ejercicio transparente de los recursos públicos, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño del gobierno en sus diferentes niveles: Federal, Estatal y Municipal.

Por ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134 que los recursos económicos que disponga la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político – administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información constituyen piezas claves en el sistema de contrapesos y controles que hacen de la democracia el único sistema político que busca ceñir en el marco de la Ley al poder político con el poder ciudadano. En un estado democrático se busca crear condiciones de transparencia en el ejercicio del poder para establecer una nueva relación entre ciudadanos y gobiernos. En este sentido, son principios fundamentales que favorecen una efectivarendición de cuentas y generara claridad en las acciones de gobierno.

Asimismo, con la transparencia y la rendición de cuentas se combate la discrecionalidad y la corrupción. Hoy más que nunca los ciudadanos deben de contar con las disposiciones que garanticen el ejercicio responsable de los recursos públicos, pero no sólo eso, sino que se verifique y de seguimiento a los resultados obtenidos con su implementación.

Habida cuenta de que el Presupuesto de Egresos de la Nación, es la herramienta más importante para definir las políticas públicas del país, se considera necesario que la totalidad de los recursos públicos, incluidos los que la Federación canaliza a la población por medio de otros niveles de gobierno, (entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales) debe considerarse necesario reorientar los recursos públicos a programas y proyectos de inversión que tengan un mayor impacto en la población beneficiada, fortaleciendo con ello la infraestructura nacional.

En este sentido el ejercicio del gasto público, no finaliza con el otorgamiento de los recursos federales a los otros órdenes de gobierno, como es el caso de las entidades federativas, y por su conducto a los municipios o las demarcaciones territoriales. Sino que justo inicia ahí, por lo que el ejercicio debe cumplimentarse en todas las fases del proceso presupuestario, la planeación, asignación, ejercicio y rendición de cuentas.

Los ciudadanos de los Estados y Municipios, tienen como derecho conocer la forma y términos en que se aplican los recursos de manera integral, es decir, no sólo los que se generan en las propias entidades federativas, y sus municipios; sino especialmente los que provienen del gasto federal que constituye una parte considerable de los recursos disponibles en los Estados y Municipios. Las últimas cifras revelan que en general, las entidades federativas ejercen recursos en una razón de 9 a 1 entre federales y propios.

Pero sobre todo hoy más que nunca es obligación de los gobiernos, estatales, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, asegurar que los recursos públicos se destinen a los fines específicos para los que fueron asignados, que los recursos que no pierden su naturaleza y deben estar sujetos a una serie de disposiciones legales que deben cumplimentarse pero que hasta ahora no están contenidos en alguna disposición legal, pero que al mismo tiempo de conceder el derecho de ejercer los recursos federales, implique también la obligación de honrar el cumplimiento de los programas, el avance físico de los objetivos y metas a los que se destina el gasto y que en última instancia garantice el uso eficiente del gasto, a favor de los ciudadanos de las entidades federativas de los estados y municipios del país.

Debe existir un compromiso de eficiencia en el quehacer de los gobiernos locales, de tal manera que, en los programas donde se requiere la participaciónde las entidades, el otorgamiento de los apoyos federales se dé paso a medidas en que las propias entidades y sus municipios efectúan las aportaciones respectivas, siempre que tales autoridades se encuentren al corriente de los pagos de las contribuciones federales o de otras obligaciones con la Federación, o bien cuando se hayan adherido al esquema de regularización de adeudos de la federación. De otra forma no existirán estímulos para el cumplimiento de las obligaciones de los órganos de gobierno, y entonces se promueve la cultura del no pago desde el propio gobierno.

Es por ello que la presente iniciativa pretende incorporar en la ley de manera expresa estas obligaciones para los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de evitar que se utilicen de manera discrecional, al margen de los compromisos programáticos y de los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal, garantizando la rendición puntual de cuentas, la transparencia, y el buen gobierno, de tal manera que se asegure en todos los ámbitos del que hacer público, que cada peso se aplica para el bienestar de los mexicanos.

Para ello con las modificaciones correspondientes, se buscainstituir y reforzar medidas para asegurar que el gasto público se realice de una forma eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, procurando que las Entidades Federativas y los municipios ejerzan de manera responsable los dineros públicos y trabajen dentro de un marco de austeridad y racionalidad en el uso de los mismos.

En atención al esfuerzo y sacrificio que han realizado las familias y empresas mexicanas, los gobiernos locales de todo el país, deben responder con solidaridad y responsabilidad y se debe fijar como prioridad, aplicar el gasto a los programas y actividades establecidos y con los ritmos autorizados, así como el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el propio presupuesto y que este sea sujeto de fiscalización y supervisión puntual.

Por lo tanto se deben impulsar modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios de ministración y corresponsabilidad en el ejercicio de la función pública, que comparten todos los niveles de gobierno, particularmente destacar el logro de resultados y su consistencia con los objetivos planteados. De esta manera, se conoce en qué gasta el gobierno, pero sobre todo, qué resultados entrega a la sociedad al ejercer el presupuesto.

Con estas mejoras al cuerpo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pretende dar un paso indispensable en la calidad del gasto otorgado a entidades y municipios, que no en pocas ocasiones se ejerce sin compromisos ni parámetro alguno, además de que en consecuencia, se logre incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, eliminar la discrecionalidad en el uso de los dineros públicos en todo el país, promover las condiciones para el desarrollo económico y social, pero sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población para obtener:

• Un adecuado proceso presupuestario que identifique el destino del gasto público, y vincularlo con los objetivos estratégicos de la planeación para el desarrollo nacional;

• Nuevos métodos para definir objetivos, indicadores de desempeño y metas para los programas Federales y Estatales, con el fin de incorporar, paulatinamente, información del desempeño en las decisiones presupuestarias;

• Desarrollar los sistemas necesarios para el seguimiento de las metas de indicadores establecidos en los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de mejorar la toma de decisiones para la asignación y reasignación presupuestaria, y la rendición de cuentas.

Por otro lado la adición propuesta para el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, tiene la finalidad de que la información referente a los pagos que se realicen en materia de servicios, con recursos federales, deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en las respectivas páginas de Internet de las Secretarías de competentes de las entidades federativas y del Gobierno Federal, así como remitir dicha información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

En cuanto al artículo 26 de la misma Ley, la adición pretende evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. En consecuencia propone que la Secretaría de Educación Pública informe oportunamente al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, del contenido de las propuestas del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales así como de las acciones que emprenderá al respecto. También se precisa que no podrá erogarse ningún recurso adicional a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspondiente.

Para finalizar con las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la propuesta para el artículo 28 tiene el objetivo de que las entidades federativas informen trimestralmente a la SEP de los pagos retroactivos realizados durante el periodo correspondiente, detallando las plazas correspondientes y el periodo que comprende el pago retroactivo.

Por lo anteriormente expuesto los que suscriben la presente iniciativa al calce del mismo, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Capítulo IV

De la regulación en los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Artículo 83 bis.- El ejercicio de los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresosde la Federación de cada año y que sean transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a lo siguiente:

I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cumplan con lo previsto en las disposiciones aplicables.

Tratándose de programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, éstos serán depositados en la Tesorería de la Federación en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de que los mismos sean ministrados una vez que dichos órdenes de gobierno hayan realizado las aportaciones de recursos que les correspondan. Los depósitos se identificarán de acuerdo con el programa al que pertenezcan y se señalará la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial del Distrito Federal correspondiente.

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser ministrados cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal presenten adeudos en el pago de las contribuciones federales y de otras obligaciones que tengan con la Federación. Salvo que se trate de los órdenes de gobierno que se hayan adherido a esquemas de regularización de adeudos establecidos por el Gobierno Federal en los términos de las disposiciones aplicables y se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones pactadas que deriven de los mismos. Para tal efecto, los servidores públicos competentes de dichos órdenes de gobierno deberán manifestar por escrito, de manera previa a la primera ministración de recursos, que están al corriente en dichas contribuciones u obligaciones o, en su caso, que se han adherido a los esquemas de regularización de adeudos respectivos y que se encuentran al corriente en las obligaciones que derivan de éstos.

Cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incumplan lo dispuesto en las disposiciones federales que regulan el ejercicio y la rendición de cuentas, respecto a los recursos públicos federales a que se refiere el párrafo segundo de esta fracción, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los que no hayan devengado en los términos de dichas disposiciones.

En caso de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal detecten que las entidades federativas, municipios o, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no han cumplido las obligaciones que les corresponden después de otorgados los recursos a que se refiere esta fracción, o no han ejercido los recursos en los términos de las disposiciones aplicables o detecten que éstos han sido desviados para propósitos distintos a los autorizados, ejercerán las acciones correspondientes para que dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, a más tardar en un plazo de 30 días naturales a partir del requerimiento que realicen las dependencias y entidades, sin perjuicio de las acciones que lleven a cabo las instancias de fiscalización en el ámbito de su competencia;

III. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos de las disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, actualizarán los indicadores para resultados de los fondos de aportaciones federales y de los demás recursos federales a que se refiere este artículo, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales en los términos del artículo 85 de esta ley.

No se continuarán las ministraciones de subsidios o gasto reasignado, en caso de que las entidades federativas , municipios o demarcaciones territoriales no cuenten con indicadores de resultados en términos de las disposiciones federales aplicables o cuando no se cuente con un programa de evaluación sobre la aplicación de los recursos federales que reciben las entidades federativas y municipios, establecido por las instancias técnicas locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. En términos de los artículos 79, 85, 107 y 110 de esta ley y 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, informarán trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales a que se refiere este artículo.

Dichos órdenes de gobierno informarán de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Las dependencias y entidades suspenderán la ministración de los recursos federales distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, a aquellas entidades federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que no envíen dicha información en los plazos establecidos en las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará acceso al sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a la Auditoría Superior de la Federación y a las instancias de fiscalización, de control y de evaluación de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.

Los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán fiscalizarse por la Auditoría Superior de la Federación con el objeto de verificar que se hayan aplicado a los destinos para los cuales fueron otorgados. Asimismo, se deberá verificar que se hayan cumplido con los plazos y condiciones establecidos para la aplicación de los referidos recursos;

V. Los recursos públicos federales a que se refiere este artículo se sujetarán a evaluaciones del desempeño que establezcan las instancias técnicas de evaluación federal y locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas evaluaciones se realizarán con base en indicadores, a efecto de que se verifique el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos. Asimismo, las evaluaciones a que se refiere este párrafo se sujetarán a los criterios establecidos en el artículo 110, fracciones I a VI, de esta Ley.

Los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior serán publicados en las respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas. Asimismo, se publicarán en las páginas de Internet de los gobiernos de las entidades federativas y, cuando cuenten con ellas, de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, los publicará en su página de Internet y los integrará al Informe Trimestral, en los términos del artículo 85 de esta Ley.

Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las dependencias coordinadoras de dichos fondos y de los recursos federales transferidos, acordarán con las entidades federativas y, por conducto de éstas, con los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. Dichas medidas serán reportadas en los términos del artículo 85 de esta Ley.

Para efectos de determinar la procedencia de continuar o, en su caso, cancelar la transferencia de los recursos federales, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, se tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño que se lleven a cabo conforme al programa anual de evaluación de las instancias técnicas de evaluación;

VI. Las dependencias y entidades sólo podrán transferir recursos federales a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables;

VII. En caso de que, en los términos de la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha Ley, los ajustes que fueran necesarios realizar a los recursos federales destinados a las entidades federativas deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados;

VIII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de las disposiciones aplicables, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, FIES.

En el caso de los subsidios que tengan el mismo destino, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir las disposiciones correspondientes en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

IX. La Auditoría Superior de la Federación, dentro del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y que la información reportada corresponda con el ejercicio de los recursos entregados y con lo presentado en la Cuenta Pública. Asimismo, procederá en los términos de las disposiciones aplicables para imponer o promover las sanciones que correspondan cuando las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, no hayan entregado la información en los términos de la referida disposición.

Por otra parte con respecto a las adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal se propone lo siguiente:

Se adicionan: un tercer párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 26; y, un tercer párrafo al artículo 28; todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

“Artículo 25.-….

I a VIII.….

“Para efectos de transparencia sobre el uso de las aportaciones federales, los pagos que se realicen en materia de adquisiciones, apoyos económicos, obras y servicios, la información deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en las respectivas páginas de Internet de las secretarías de estado competentes de las entidades federativas y del Gobierno Federal, las cuales deberán remitirla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

“Artículo 26.-….

“Para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas se sujetarán al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en la materia, publicado el 26 de febrero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades federativas, a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrán realizar propuestas para modificar dicho acuerdo. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública informará oportunamente al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, del contenido de tales propuestas y de las acciones que emprenderá al respecto. No podrá erogarse ningún recurso adicional a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspondiente.

“Artículo 28.-……

“Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, detallando las plazas correspondientes y el periodo que comprende el pago retroactivo. Los pagos retroactivos, con excepción de los correspondientes a los incrementos salariales, únicamente procederán hasta por 45 días naturales, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia durante dicho periodo en la plaza respectiva.”

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Federico Döring Casar.- Sen. Minerva Hernández Ramos”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que hoy presento a la consideración de esta honorable asamblea, tiene como objeto, modernizar, democratizar y dotar de la autonomía técnica administrativa necesaria a la actual Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), con la finalidad de que el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, actualmente un organismo desconcentrado, cumpla de manera más ágil y eficaz con las finalidades que actualmente tiene encomendadas, así como para que expanda sus servicios de seguridad social a los ámbitos que se le asignen en materia de vivienda para los trabajadores.

Para lo anterior, se propone modernizar la estructura legal de la Comisión Ejecutiva FOVISSSTE. Para que la misma una vez reestructurada, y conforme a su propia ley, tenga la posibilidad de acceder con mayor certeza y seguridad jurídica a las diversas y múltiples operaciones; mercantiles, empresariales, bursátiles y de coordinación federal.

No omitimos mencionar, que el actual órgano desconcentrado que se propone reestructurar, a la fecha opera bajo una estructura legal de fiscalización e información democrática, muy similar, a la que se previó en su momento la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus reformas y adiciones.

La actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo del dos mil siete, dejó intactas las facultades y atribuciones de la Comisión Ejecutiva FOVISSSTE, salvo por la actualización que ha representado el concepto de la subcuenta individual de vivienda, por lo que esta circunstancia, pone en desventaja operativa a la misma en comparación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual a lo largo de sus años de existencia y operación, ha demostrado su eficacia en la materia. Es también por ello, que consideramos necesario modernizar y actualizar el sistema de provisión de vivienda de los trabajadores al servicio del estado y sus análogos de las entidades federativas y municipios.

Igualmente, entendemos por modernizar, el diversificar y ampliar funciones de la actual Comisión a nivel nacional del organismo que se propone crear. Incluso, esta finalidad en su momento se pensó dable por el Ejecutivo Federal, que promovió la reforma constitucional; misma que redundó en la modificación del inciso f, fracción XI del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Federal; esto se lee en su exposición de motivos.

“…Conviene señalar que si bien es cierto que el texto actual del inciso f) de la fracción XI del repetido Apartado B), ya considera la posibilidad de que a los servidores públicos se les proporcionen habitaciones en arrendamiento o venta; es propósito del Ejecutivo Federal a mi cargo, adoptar las medidas y realizar cualquier esfuerzo tendiente a resolver en forma más eficaz el problema habitacional de un amplio sector de la burocracia nacional.”

Es de mencionarse que en los años setenta, los Gobiernos de los Estados carecían de imperativos constitucionales, que les obligaran a legislar la materia laboral burocrática, bajo los principios de las bases generales que establece la Constitución General de la República en su artículo 123. Es hasta el año de 1983 cuando al reformarse el texto del entonces artículo 115, que se contempla la protección laboral de los servidores públicos al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios. En la exposición de motivos que acompañó a la reforma constitucional que nos referimos vemos la orientación siguiente:

“…Un relevante renglón de la iniciativa, es la propuesta contenida en la Fracción IX sobre la necesaria regulación de las relaciones de los trabajadores tanto al servicio de los Estados como de los Municipios, los que para corresponder cabalmente a los principios de tutela laboral consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, deben estar igualmente protegidos, y consecuentemente se sugiere que a fin de que tales trabajadores cuenten con protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus relaciones en las Constituciones locales y en las leyes estatales, mismas que deben observar como principios básicos la garantía de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el empleo, el acceso a la función pública, la protección al salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuados para la solución jurisdiccional de controversias.”
Bajo esos principios y a raíz de esta reforma constitucional; misma que ahora encontramos prevista en dos artículos, el 115 y 116, pero tal como se estableció originalmente en la Constitución Federal. Las legislaturas de los Estados han venido desarrollando sus propios regímenes para la seguridad social; creando fondos de retiros y para la provisión de casa habitación de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, estos fondos de seguridad social local, para los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, han quedado marginados de los beneficios de los nuevos regímenes de seguridad social; tanto el de los trabajadores del régimen general de contratación que previsto en el apartado A. del artículo 123 de la Constitución Federal como del régimen del Apartado B. del mencionado artículo.

Es por ello, que sin necesidad de federalizar plenamente la materia y con el apoyo en el federalismo por colaboración, es que se propone crear un nuevo organismo descentralizado, que tienda puentes de coordinación para la atención de las necesidades de vivienda del sector público estatal y de los municipios. Toda vez, que muchos de los fondos de seguridad social local se administran de una manera global y discrecional, sin la posibilidad de transferir sus ahorros en el caso de la pérdida de la relación laboral o del reconocimiento de los ahorros realizados por relaciones laborales anteriores.

La propuesta, que ponemos a su consideración, es acorde con uno de los ejes de la presente administración, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en éste se ha expresado su visión de construir un México moderno.

“Debemos imprimir una nueva dinámica a la administración pública y construir una nueva relación fundada en la corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los tres Poderes de la Unión y entre la Federación, los estados y los municipios.

El bien de la nación nos exige actuar con estrategia y con rumbo. Así, el Plan Nacional de Desarrollo no será letra muerta sino un documento vivo que responda y se adapte permanentemente a las transformaciones que experimente la realidad nacional.”

Otro aspecto relevante del proyecto de iniciativa de ley, que se pone a su consideración, viene a ser abrir la posibilidad de que los fondos del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado puedan orientarse al financiamiento de programas de construcción de vivienda, tal y como lo ha venido desarrollado en Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sobre esto en particular, señalamos que no se encuentra razón para que a la actual Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) se le haya limitado desde su creación esta posibilidad financiera que puede a su vez detonar el abatimiento de los costos de las viviendas para los trabajadores, en este caso al servicio del estado y en un futuro de los estados y municipios.

Igualmente, se señala de manera expresa la posibilidad del que el nuevo Instituto, esté facultado para apoyar financiamiento de arrendamientos con opción de compra de vivienda, desarrollando de esta manera un mandato constitucional que ha sido rezagado en los programas de las instituciones de seguridad social. En este aspecto se menciona que la experiencia de esta modalidad ha tenido buenas experiencias en legislaciones de otros países; en especial, consideramos, que será de gran utilidad para aquellos trabajadores de recién ingreso y con pocos recursos abonados en sus cuentas individuales para la adquisición de vivienda.

Por último, se señala de manera global, que se propone la creación de este nuevo Instituto sectorizado al sector Hacienda contará con una Junta Directiva compuesta en principio por veinte miembros, presidido por el Director General del Instituto. Este órgano de representación y administración, como es natural ya no quedará subordinado técnicamente a las decisiones de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que ello implique su total desvinculación, en atención a que el Director de este Instituto integrará la propia Junta Directiva del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Finalmente, se derogan las disposiciones vigentes en la actual Ley Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo del dos mil siete, relativas a las funciones y atribuciones que pasan a ser propias del nuevo Instituto.

Es por lo anteriormente expuesto, que se expide la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se expide la Ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil, Pensionados y Familiares Derechohabientes, de:

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto;

II. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los Trabajadores de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación;

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. La Procuraduría General de la República;

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos;

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional;

VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, y

VIII. Los gobiernos de las Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus Trabajadores; en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley.

Se establecen con carácter obligatorio el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otra que índole que apruebe el Instituto; así como el otorgamiento de financiamiento en general para adquirir, arrendar con opción a compra o bien adquirir la  titularidad de derechos fiduciarios que permitan a los beneficiarios gozar de una vivienda, en sus modalidades; de adquisición en propiedad, de obtención de derechos fiduciarios, de arrendamiento financiero, de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; para los trabajadores al servicio del estado señalados en las fracciones precedentes.

Artículo 2. Se crea el organismo descentralizado, de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado", con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 3. El patrimonio del Instituto lo constituirán:

I. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;

II. Con las Aportaciones en numerario, servicios, subsidios y transferencias que le proporcione el Gobierno Federal.

III. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta Ley haga el Instituto;

IV. El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta Ley;

V. Las donaciones, herencias y legados a favor del Instituto;

VI. Los bienes muebles e inmuebles que las Dependencias o Entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que establece la presente Ley, así como aquéllos que adquiera el Instituto y que puedan ser destinados a los mismos fines, y

VII. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el Instituto resulte beneficiario.

Artículo 4. Los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran con:

I. Las Aportaciones que las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas y Municipios enteren al Instituto a favor de los Trabajadores;

Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, que junto con los intereses y rendimientos que generen, son patrimonio de los Trabajadores;

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las anteriores fracciones.

Artículo 5. El Instituto tendrá por objeto:

I. Administrar o financiar la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos que hayan otorgado para aplicarse a la construcción de conjuntos habitacionales. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras.

El Instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio y oportunidad de suministro a los que ofrezcan otros proveedores;

II. El otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines:

a) A la adquisición o construcción de vivienda;

b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores;

Asimismo, el Instituto podrá descontar con las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que hayan otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores;

II. El pago de capital e intereses de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores en los términos de ley;

III. Cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a esta Ley;

IV. La inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines, y

V. Las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos.

Artículo 6. Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del Instituto, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal y, en su caso, el precio de venta que determine la Junta Directiva del Instituto y publique en el Diario Oficial de la Federación en los que señalará los montos máximos de crédito y el valor de los inmuebles susceptibles de financiamiento, el cual se tendrá como valor de avalúo de las habitaciones.

El impuesto predial y los derechos por consumo de agua, así como las donaciones y equipamiento urbano se causarán y cumplirán en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Tanto las garantías como las inscripciones correspondientes se ajustarán en los términos del artículo 49 Sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban efectuarse trámites de registro adicionales.

Los contratos y las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores, así como la constitución del régimen de propiedad en condominio de los conjuntos que financie el Instituto podrán hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

Los beneficios otorgados por el presente artículo a los programas habitacionales que se realizan con fondos del Instituto para los trabajadores, se harán extensivos a los trabajadores derechohabientes de este Instituto, que realicen operaciones de compra de casa habitación por medios distintos a los del Instituto, siempre y cuando sean para su uso y el monto de la operación así realizada no sea superior al valor de las casas habitación que el mismo proporciona a sus afiliados. Por el excedente se pagarán los impuestos en los términos previstos por las leyes respectivas.

Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los intereses de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, estarán exentos de toda clase de impuestos.

Artículo 7. El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento de su objeto. Asimismo, para el ejercicio de las funciones el Instituto podrá contratar cualquier tipo de servicios.

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro;

II. Aportaciones de vivienda, los enteros de las aportaciones de seguridad social que cubran los Poderes de la Federación, de los Estados y de los gobiernos municipales a cargo de las Dependencias y Entidades de los mismos, en cumplimiento de las obligaciones que respecto de sus Trabajadores les impone la ley, en materia de vivienda;

III. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social;

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada Trabajador en el PENSIONISSSTE o su equivalente estatal o municipal, si el Trabajador así lo elije, en una Administradora, para que se depositen en la misma las Cuotas y Aportaciones de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes a Vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas, tal como se establece en la presente ley o la de los Estados.

VI. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas o municipios que se incorporen al régimen de esta Ley;

VII. Derechohabiente, a los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes;

VIII. Descuento, las deducciones ordenadas por el Instituto a las percepciones de los Trabajadores o Pensionados con motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas y Municipios o el propio Instituto, a través de sus nóminas de pago;

IX. Entidades, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de esta Ley;

X. Entidades Federativas, a los estados de la República y el Distrito Federal;

XII ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XIII. Pensionado, toda persona a la que esta Ley del ISSSTE o su equivalente le reconozca tal carácter;
XIV. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja la cuantificación completa y actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas;

XV. Salario Mínimo, el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal;

XVI. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Título Segundo
De los Órganos de Administración
Vigilancia y Transparencia del Instituto.

Artículo 9. Serán los órganos del Instituto: la Junta Directiva, el Director General, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información, y delegaciones regionales que determine el Instituto en atención a las necesidades de cobertura foránea y sus previsiones presupuestarias; las cuales tendrán las atribuciones administrativas que les delegue el propio Instituto y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley les impone y si  en cualquier asunto relacionado con Instituto tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, deberá abstenerse de toda intervención en dicho asunto.

La contravención a lo dispuesto aparejara la nulidad del acto del Instituto, cuando el mismo determine que la voluntad del servidor público fue determinante para la adopción de la resolución. Los derechos de terceros derivados del acto anulado quedarán a salvo en la medida de lo posible o en la que determinen los tribunales competentes.

Artículo 10. La Junta Directiva será el órgano supremo del Instituto y estará integrado por miembros permanentes, con derecho de voz y voto, así como consejeros sólo con derecho de voz.

Estará integrada por dieciocho miembros, como a continuación se indica:

I. El Director General del Instituto, quien la presidirá;

II. El Director General del ISSSTE

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda.

La designación que otorgue el Titular de cada una de las Dependencias de la Administración Pública Federal y de la Comisión Nacional de Vivienda, deberá recaer en servidores públicos con cargo de Subsecretario, Titulares de Unida o sus equivalentes. 

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

V. Dos vocales representantes de las entidades federativas nombrados por el  Senado de la República, que será alguien de reconocida experiencia en el campo de las finanzas publicas, debiendo tener o haber tenido en los últimos 3 años máximo el cargo de Secretario de Finanzas de alguna entidad federativa o su equivalente.

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables.

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Artículo 11. La Junta Directiva sesionará una vez cada tres meses, pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran.

Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo menos doce de sus miembros, siete de los cuales deberán ser representantes del Estado y de las entidades federativas.

Artículo 12. La Junta Directiva será auxiliada por un Secretario, y por los demás comités técnicos de apoyo que apruebe la propia Junta, cuyas funciones serán determinadas por la normatividad correspondiente.

Artículo 13. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 14. A falta del Presidente de la Junta, las sesiones serán presididas por uno de los representantes del Estado que se elija entre los presentes.

Artículo 15. Las resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro de los treinta días siguientes.

Artículo 16. Corresponde a la Junta Directiva:

I.  Resolver sobre las operaciones del Instituto

II. Examinar, en su caso aprobar por conducto del Director General, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los estados financieros y el informe de labores formulados por el Director General;

III. Presentar y aprobar el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto;

IV. Aprobar, el programa de constitución de Reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda;

V.- Aprobar las Reglas de Operación de los Órganos del Instituto;

VI.- A propuesta del Director General aprobar los nombramientos del personal directivo de conformidad con el Reglamento Interior del Instituto que al efecto se expida. Asimismo, aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un sistema permanente de profesionalización y desarrollo de los trabajadores del Instituto;

VII.- Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del 0.55% de los recursos totales que maneje;
Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado así como las de recuperación de los créditos que otorgue el Instituto.

El Junta Directiva deberá someter a dictamen de auditores externos el ejercicio de presupuesto de gastos.

VIII.- Aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal del Instituto, propuestos por el Director General y conforme al presupuesto de gastos de administración autorizado

IX.-Aprobar las políticas de crédito y  las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno.

A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

X.- Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la subcuenta de vivienda, en términos de la presente Ley;

XI.- Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operación del Fondo Nacional de la Vivienda  de los Trabajadores al Servicio de Estado y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del Instituto;

XII.- Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente Ley y en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado;

Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales;

XIII.- Previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, designar y remover a los miembros del Comité de Auditoría;

XIV.- Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para la determinación de las medidas procedentes;

XV.- Evaluar la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes remitidos por el Comité de Auditoría;

XVI.- Conocer la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes presentados por cualquiera de las diferentes áreas de la Administración;

XVII.- A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al Auditor Externo;

XVIII.- Designar o remover al Auditor Interno a propuesta del Comité de Auditoría; éste lo escogerá de una terna propuesta por el Director General;

XIX.- Aprobar la normatividad que derive de la presente Ley;

XX.- Interpretar para efectos administrativos la presente Ley;

XXI.- Establecer los comités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y
XXII.- Aprobar los balances generales. El balance anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de mayor circulación.

XXII.- Las demás que se desprendan de la presente Ley.

Artículo 17. El Director General será nombrado por el Junta Directiva, a propuesta del Presidente de la República. Para ocupar dicho cargo, se requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Artículo 18. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio;

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

II. Ejecutar los acuerdos del Junta Directiva;

III. Convocar a las sesiones del Junta Directiva y presidir las mismas;

IV. Presentar anualmente a la Junta Directiva, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar a la Junta Directiva, a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el año siguiente;

VII. Presentar a la Junta Directiva, para su consideración y en su caso aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el Instituto;

VIII. Proponer a la Junta Directiva,  los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo del Instituto, y

IX. Las demás que señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 19. La Comisión de Vigilancia, órgano de control y supervisión del Instituto, se integrará por el  Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva, en representación del titular de la Dirección General del Instituto, dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos representantes de la Secretaría de la Función Pública; dos representantes de organizaciones de trabajadores, un representante de los gobiernos estatales y un representante de los gobiernos municipales, contratantes.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de esta Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia financiera, legal o administrativa.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y
4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

5. En el caso de los servidores públicos federales y locales; además de reunir los requisitos anteriores, sólo podrán ser designados, aquéllos que ocupen cargos hasta el tercer nivel jerárquico del titular de la Dependencia o Entidad.

La Comisión de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes y será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo tres años y los representantes de los trabajadores podrán ser removidos a petición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto del Director General y la resolverá el Junta Directiva oyendo previamente al representante en cuestión.

Artículo 20. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto;

II. Verificar que las inversiones y los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados;

III. Disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo auxiliarse con las áreas afines del propio Instituto;

IV. Proponer a Director General, las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, prestaciones y servicios;

V. Examinar los estados financieros y la valuación financiera y actuarial del Instituto, verificando la suficiencia de Aportaciones y el cumplimiento de los programas anuales de constitución de Reservas;

VI. Analizar la información relativa al entero de Aportaciones;

VII. Designar a los auditores externos que auxilien a la comisión en las actividades que así lo requieran;

VIII. Conformar, a través de una Secretaría Técnica, los grupos de trabajo que estime necesarios, para el cumplimiento de las fracciones I, II y III del presente artículo, y

VIII.- Proponer para la aprobación del Junta Directiva el Código de Ética del Instituto;

IX.- Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego al Código de Ética del Instituto;

X.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información

XI.- Enviar a la Junta Directiva su opinión sobre el informe periódico que le remita el Comité de Auditoría;

XII.- Emitir dictamen sobre el informe que le remita el Comité de Auditoría en relación a la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para su presentación a la Junta Directiva;
XIII.- Dictaminar la propuesta para el nombramiento y remoción de los miembros del Comité de Auditoría.

La Comisión de Vigilancia podrá solicitar la opinión de terceros para el adecuado desempeño de sus funciones, de conformidad con las reglas que se expidan en el Reglamento Interior.

IX. Las que le fijen el Reglamento Interior del Instituto y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 21. El Comité de Auditoría se integrará con un miembro por cada representación, de Junta Directiva, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia y en términos del Reglamento Interior del Instituto.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con Título y Cédula Profesional.

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

El Comité de Auditoría será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones propusieron el nombramiento de sus miembros.

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones, y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto el Junta Directiva determine lo conducente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se auxiliará del Auditor Interno y sesionará por lo menos una vez al mes.

Artículo 22. El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes:

I. Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma emane;

II. Aprobar los dictámenes, balances, opiniones, reportes o informes que elabore el Auditor Externo, para enviarlos a la Junta Directiva;

III. Proponer para aprobación del Junta Directiva los lineamientos generales en materia de control interno que el Instituto requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones;

IV. Aprobar los manuales de operación del Instituto, en la parte relativa a las políticas y procedimientos que en materia de control interno se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto, acordes con la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por el Junta Directiva;

V. Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de auditoría se desempeñe de conformidad con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos;

VI. Evaluar e informar a la Junta Directiva, cuando menos dos veces al año,  previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

VII. En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del Instituto y la información financiera producida por la administración;

VIII.- Enviar a la Comisión de Vigilancia un informe periódico sobre la situación financiera del Instituto, y

X.- Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto emita el Junta Directiva y el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 23. El Auditor Externo será designado por el Junta Directiva de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de dos años y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con Título y Cédula Profesional de Contador Público o Licenciado en Contaduría.

3. Estar debidamente certificado.

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal.

6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido prestigio. Esta firma no podrá ser la misma que aquélla a la que hubiera pertenecido el Auditor, en el período inmediato anterior, y

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público.

El Comité de Auditoría propondrá a la Junta Directiva una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contratación del Auditor Externo. Para este efecto podrá solicitar a un Colegio o Instituto de Contadores Públicos ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas.

Artículo 24. El Auditor Externo tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación del Instituto;

II.- Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la situación financiera que guarda el Instituto;
Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo el examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios;

III.- Hacer del conocimiento del Junta Directiva, por conducto del Comité de Auditoría, información sobre la situación financiera que guarda el Instituto, y

IV.- Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de Junta Directiva.

Artículo 25. El Auditor Externo será responsable para con el Instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley le impone y será solidariamente responsable con el que le haya precedido por las irregularidades en que éste hubiere incurrido si, conociéndolas, no las denunciare por escrito a la Junta Directiva.

El Auditor Externo que en cualquier asunto relacionado con el Instituto tuviere un conflicto de intereses, deberá abstenerse de toda intervención.

Artículo 26. El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por el Junta Directiva, durarán en su cargo dos años.

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones propusieron el nombramiento de sus miembros.

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

Artículo 27. Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de conformidad con la normatividad vigente del Instituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia;

II. Transparentar la gestión mediante la difusión de la información que genera el Instituto;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto;

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos;

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho;
VII. Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de los documentos solicitados, y

VIII. Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que en esta materia expida el Junta Directiva.

Título Tercero
Del Fondo de Vivienda de los
Trabajadores al Servicio del Estado

Artículo  28. Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los servicios y prestaciones de este  Instituto.

Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del Instituto conforme al reglamento respectivo.

En todo tiempo, las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio Instituto les requiera de los Trabajadores, extrabajadores y Pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los Trabajadores cotizantes, sus Aportaciones y Cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 29. Los Trabajadores están obligados a proporcionar al Instituto y a las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas y Municipios en que presten sus servicios:

I. La información general de las personas que podrán considerarse como Familiares Derechohabientes, y

II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta Ley.

Los Trabajadores tendrán derecho a exigir, a las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo anterior, así como el que el Instituto los registre al igual que a sus Familiares Derechohabientes.

Artículo 30. El Instituto expedirá a todos los trabajadores derechohabientes de esta Ley, un medio de identificación para ejercer los derechos que la misma les confiere.

Para estos efectos, las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios estarán obligadas a proporcionar al Instituto los apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita.
Artículo 31. Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas y Municipios deberán enterar al Instituto las Aportaciones correspondientes a cada trabajador, tomando como Sueldo Básico el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado o su equivalente en las Entidades Federativas y Municipios.

Las Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico; estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a veinticinco veces dicho Salario Mínimo.

Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.

Artículo 32. El Fondo de la Vivienda se constituirá con una Aportación del cinco por ciento del Sueldo Básico.

Artículo 33. Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios sujetos al régimen de esta Ley tienen la obligación de enterar las Aportaciones y Descuentos al Instituto por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año y se realizará mediante los sistemas o programas informáticos que se establezcan al efecto.

Además, estarán obligadas a utilizar los sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el pago de Aportaciones y Descuentos.

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de encontrar errores o discrepancias que generen adeudos a favor del Instituto, deberán ser cubiertos en forma inmediata con las actualizaciones y recargos que correspondan, en los términos del artículo siguiente.

Artículo 34. Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios sujetos al régimen de esta Ley, no enteren las Aportaciones y Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas Aportaciones y Descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Los titulares de las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los términos de Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de los obligados para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el Instituto las notificará a las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se refiere este artículo.

Las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios, mencionadas en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles a partir del requerimiento formulado por el Instituto, para realizar ante el Instituto las aclaraciones correspondientes.
Posteriormente, el Instituto requerirá a la Tesorería de la Federación, los pagos correspondientes por los adeudos vencidos que tengan las Dependencias y Entidades con cargo a su presupuesto. La señalada Tesorería y la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, responsable de la partida presupuestaria, en el supuesto de afectación a participaciones, deberán comprobar la autenticidad del adeudo y en su caso, hacer el entero correspondiente al Instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

En el caso de los adeudos de las Entidades Federativas, de los municipios, o de sus Dependencias o Entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas Entidades Federativas.

En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de, Aportaciones y Descuentos, ni de su actualización y recargos.

Artículo 35. En caso de que alguna Dependencia, Entidad, Entidad Federativa o Municipio, incumpla por más de seis meses en el entero de las Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de incumplimiento parcial o total del entero de Aportaciones y Descuentos, el Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, las prestaciones y servicios que correspondan al adeudo, para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la Dependencia o Entidad respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el Director General del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo.

En el caso previsto en el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en esta Ley.

Artículo 36. Los ingresos provenientes de las  Aportaciones y Descuentos no se concentrarán en la Tesorería de la Federación, deberán ser enterados al Instituto.

Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda del Instituto, así como los Descuentos para cubrir los créditos que otorgue el Instituto, que reciban las entidades receptoras, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta Sección, en valores a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda del Instituto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias con respecto al Fondo de la Vivienda

Artículo 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias el concepto de Aportaciones de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las Dependencias y Entidades, en los términos de esta Ley.
Artículo 38. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda previstas en esta Ley, se deberán registrar en la Subcuenta del Fondo de la vivienda, de la cuenta individual prevista en la Ley del ISSSTE o en las subcuentas que contemplen las legislaciones estatales correspondientes.

El saldo de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del Fondo de la Vivienda.

Para tal efecto, el Junta Directiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Fondo de la Vivienda, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación. Se considerará remanente de operación del Fondo de la Vivienda a las cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las Reservas que con cargo al propio Fondo de la Vivienda deban constituirse, en razón de los estudios actuariales respectivos y las disposiciones de esta Ley.

La Junta Directiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del Fondo de la Vivienda para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de intereses a las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por el Junta Directiva, el remanente de operación del Fondo de la Vivienda en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Una vez que el Junta Directiva haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación y en 2 periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.

El Junta Directiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los Trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine.

Título Cuarto
Del Otorgamiento del crédito

Artículo 39. El Trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda.

Artículo 40. Los créditos se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los Trabajadores, los saldos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado Aportaciones a la misma, si el Trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.

La Junta Directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere el párrafo anterior.

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez.

Artículo 41. La Junta Directiva del Instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida, determinará:

I. Los montos máximos de los créditos que otorgue el Fondo de la Vivienda, en función de, entre otros factores, la capacidad de pago de los Trabajadores, y

II. Los métodos para la asignación aleatoria en grupos de Trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos.
Artículo 42. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los Trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta Ley podrán transferir al Instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva.

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas que, para tal efecto, expida cada uno de los institutos de seguridad social mencionados.

Artículo 43. Los Trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del Instituto o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su Cuenta Individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las Aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador.

Artículo 44. Los Trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus Aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

A efecto de lo anterior, el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las Aportaciones de vivienda entre ambos institutos.

Artículo 45. Al momento en que el Trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de su Cuenta Individual se aplicará como pago inicial o garantía de alguno de los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 5 de esta Ley.

Durante la vigencia del crédito concedido al Trabajador, las Aportaciones a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador.

El Trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá utilizar como pago inicial o garantía para la construcción o adquisición, el saldo de su Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Asimismo, las Aportaciones que se efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto.

El Instituto podrá otorgar créditos a los Trabajadores en cofinanciamiento con entidades financieras o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuyo caso, el Trabajador también podrá utilizar los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda como pago inicial o garantía. Las Aportaciones que se efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Fondo de la Vivienda.

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Instituto deberá otorgar crédito al Trabajador cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el Trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior o de que el Trabajador obtenga crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Instituto no pueda otorgar crédito, el Trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes Aportaciones a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto podrá incluir en el porcentaje de Descuento que la Dependencia o Entidad efectúe al sueldo del Trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo.

Artículo 46. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Artículo 47. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al Trabajador o Pensionado o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del Fondo de la Vivienda.

Los Trabajadores o Pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el Instituto a través del Fondo de la Vivienda en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiarios. Para que proceda el cambio de beneficiario, el Trabajador o Pensionado deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el Fondo de la Vivienda; una vez presentada dicha solicitud, éste deberá comunicar al Trabajador o Pensionado su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia el Instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.

A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida que prevé la Ley del ISSSTE.

El Fondo de la Vivienda solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del Trabajador o Pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que  tengan.

Artículo 48. Cuando un Trabajador deje de prestar sus servicios a las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios; sujetas al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere recibido un préstamo del Instituto a cargo del Fondo de la Vivienda, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando el Trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el Instituto tenga celebrado convenio de incorporación.

Para los efectos del párrafo anterior, también se entenderá que un Trabajador ha dejado de prestar servicios cuando transcurra un periodo mínimo de doce meses sin laborar en ninguna de las Dependencias o Entidades, Entidades Federativas o Municipios, por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento.

Las Dependencias , Entidades, Entidades Federativas o Municipios a que se refiere esta Ley seguirán haciendo los depósitos para el Fondo de la Vivienda del Instituto, sobre los sueldos de los Trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y 37 de la Ley del ISSSTE, o sus equivalentes en las Entidades Federativas o Municipios, así como de los que sufran suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o sus similares de las Entidades Federativas o Municipios debiendo suspenderse dicho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo.

La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el Instituto.

Artículo 49. En los casos de Trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto en su crédito de vivienda se descontarán de su Pensión los subsecuentes pagos al Fondo de la Vivienda.

Artículo 50. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Artículo 51. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los Trabajadores para su propia habitación con los recursos del Fondo de la Vivienda, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales por el doble del crédito y hasta por la suma de diez veces el Salario Mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto.

Gozarán también de exención los convenios, contratos o actos en los que se hagan constar las correspondientes operaciones, los cuales tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos legales y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad respectivo, incluyendo la constitución del régimen de propiedad en condominio que haga constar el Instituto en relación con los conjuntos que financie o adquiera, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante Notario Público de su elección en las operaciones en que sea parte. Los gastos que se causen por los referidos conceptos serán cubiertos por mitad entre el Instituto y los Trabajadores; para tal efecto la Junta Directiva tomando como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de reducción de los mismos, sin que dicha reducción pueda ser inferior al cincuenta por ciento. Las exenciones quedarán insubsistentes si los inmuebles fueran enajenados por los Trabajadores o destinados a otros fines.

El Instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, para que los Trabajadores protegidos por esta Ley gocen de las exenciones de impuestos que correspondan a la propiedad raíz, en los términos de este artículo.

Artículo 52. Los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los Trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, serán transferidos al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras para la contratación de la Pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por esta Ley.

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá transferir los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras a más tardar el segundo día hábil siguiente a que le sean requeridos.
Título Quinto
Disposiciones Finales

Artículo 53. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del Fondo de la Vivienda, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Instituto, contando para ello con las mismas facultades de dicha comisión respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el Fondo de la Vivienda.

Artículo 54. Son obligaciones de las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas o Municipios:

I. Inscribir a sus Trabajadores y beneficiarios en el Fondo de la Vivienda, y

II. Efectuar las Aportaciones al Fondo de la Vivienda y hacer los Descuentos a sus Trabajadores en su salario.

El pago de las Aportaciones y Descuentos señaladas en la fracción II de este artículo, será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año conjuntamente con las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Artículo 55. Los Trabajadores o Pensionados y sus Familiares Derechohabientes, no adquieren derecho alguno, individual o colectivo, sobre el patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los beneficios que esta Ley les concede.

Artículo 56. Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al Instituto gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios que sean concedidos a los fondos y bienes de la Federación.

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos, y aquellos en los que intervenga en materia de vivienda no requerirán de intervención notarial, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante notario público de su elección en las operaciones en que sea parte.

El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianza legal de ninguna clase.

Artículo 57. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos que generen o hayan generado el Instituto, o sus órganos de operación administrativa desconcentrada, deberán incrementar las Reservas de operación para contingencias y financiamiento en los términos que determine la Junta Directiva.

Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el Gobierno Federal y los gobiernos o Dependencias y Entidades de las Entidades Federativas o municipales que coticen al régimen de esta Ley en la proporción que a cada uno corresponda.

En caso de que el informe financiero y actuarial que anualmente se presente a la Junta Directiva, arroje como resultado que las Aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones a cargo del Instituto, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y del público en general.
Artículo 58. A propuesta del Director General, con base en el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio y en los estudios financieros y actuariales que se presenten cada año a la Junta Directiva, ésta deberá aprobar anualmente en forma previa al inicio del ejercicio fiscal un programa anual de administración y constitución de Reservas, conforme al reglamento correspondiente, el cual confirmará o adecuará en lo conducente, una vez que se conozca el presupuesto de gastos definitivo del Instituto. Este programa contendrá como mínimo los siguientes elementos:

I. Un informe sobre la totalidad de los recursos financieros en poder del Instituto, separándolos por tipo de Reservas conforme a esta Ley;

II. Proyecciones de ingresos y egresos totales en efectivo, y de la Reserva de operación para el siguiente ejercicio fiscal;

III. Los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incrementar o reconstituir cada una de las Reservas en el siguiente ejercicio fiscal; proyección de las tasas de interés que generarán dichas Reservas y montos esperados de las mismas al final del ejercicio, y

IV. Los recursos anuales que en forma trimestral prevea afectar a la Reserva de operación para el siguiente ejercicio fiscal.

La Junta Directiva, a propuesta del Director General, podrá modificar en cualquier momento la asignación de recursos contenida en el programa de administración y constitución de Reservas, La propuesta del Director General deberá describir el impacto que esa modificación tendrá en el mediano y largo plazo.

Artículo 59. El Instituto deberá contar con una unidad administrativa que de manera especializada, se encargará de la inversión de los recursos del Instituto y los mecanismos que deberá utilizar para ello, conforme al reglamento correspondiente, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional, procurando una revelación plena de información.

Dicha unidad administrativa deberá contar con una infraestructura profesional y operativa que permita un proceso flexible, transparente y eficiente.

Artículo 60. El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y ejercitará ante las autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra quien cause daños o perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados.

Artículo 61. Los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, se adjudicarán a las personas que estén inscritas en el registro de constructores que al efecto lleve el Instituto, a través de subastas públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones que otorgue el Instituto, no podrá exceder de un vigésimo del saldo insoluto de los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 5.

Artículo 62. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de la entidad federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes:

I. La descripción general de la obra que se desee ejecutar;

II. La tasa de interés mínima a pagar por el financiamiento de que se trate;
III. Las condiciones que deberán cumplir los interesados, particularmente en cuanto al tiempo de terminación de la obra;

IV. El plazo para la inscripción de interesados, que no podrá ser menor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria;

V. El plazo en que el Instituto autorizará a las personas inscritas a participar en la subasta, y

VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de los sobres que contengan las posturas.

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Vivienda podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.

Artículo 63. No podrán obtener este tipo de financiamientos del Instituto las personas siguientes:

I.- Los miembros del Junta Directiva y trabajadores del Instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. La Junta Directiva podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en esta fracción, mediante reglas de carácter general aprobadas por lo menos por tres consejeros de cada uno de los sectores, y

II.- Las que se encuentren en incumplimiento respecto de la ejecución de otra u otras construcciones de conjuntos habitacionales financiados por el Instituto.

Artículo 64. En los casos de inconformidad de las Dependencias, Entidades, Entidades Federativas y Municipios, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad.

El Reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo.

Artículo 65. Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades:

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigilará que los programas financieros anuales del Instituto no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente por esta Secretaría, y

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprobará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoría interna del Instituto en el ámbito de su competencia, dictándole las normas de registro contable de sus operaciones, fijándole las reglas para la estimación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y responsabilidades, y expidiéndole las normas de carácter prudencial a que se sujetarán sus operaciones, atendiendo a esta Ley y a la naturaleza de los fines del Instituto;

III. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan, y en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones, y
IV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las demás facultades aplicables que le son conferidas, conforme a lo dispuesto en su propia Ley y sus Reglamentos respectivos.

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto, las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 66. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta Ley se refiere, sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor se derogan los artículos comprendidos en la Sección II, del Capítulo IX, del Título Segundo; en la Sección III, Capítulo VIII del Titulo Segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo del dos mil siete. Y se modifican los artículos; 4, 5, 6, fracciones IV y XXVII, 21, 76, 104, fracción II, 105, fracciones II y VI, 237 y 240; se derogan las fracciones y artículos siguientes; 194, la fracción III del artículo 209, la fracción XVI del artículo 214, la fracción XVIII y XIX del artículo 220, la fracción II del artículo 228.

Tercero. Pasan a propiedad del Instituto todos los bienes y derechos a que se refiere el artículo 3 de la presente ley que actualmente tiene asignados la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.

Cuarto. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente Ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento.

Quinto. Las viviendas propiedad del Instituto que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tenga en arrendamiento se regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Junta Directiva del Instituto.

Sexto. El Instituto, queda sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su Reglamento y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha Ley.

Dado en la sede de la H. Cámara de Senadores, a 15 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 24, 25, 27, 28, 58 FRACCION III Y 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD)

“La que suscribe, MINERVA HERNANDEZ RAMOS, Senadora de la república a la LXI Legislatura del Senado de la República, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artIculos 24, 25, 27, 28, 58 fracciOn III y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, bajo la siguiente:

Exposicion de Motivos

El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una institución que cobra cada vez más relevancia por la prácticamente ilimitada competencia que se le ha ido otorgando en los últimos años, así como por el ganado a través de sus más de 70 décadas de impartir justicia en la materia administrativa; sin embargo, los restos que le plantean las más de 100,000 demandas que se presentan anualmente, hacen imperioso fortalecerlo mediante instrumentos, facultades y procedimientos, que le permitan atender debidamente la demanda de justicia administrativa que le reclama la sociedad.

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa inició sus funciones el primero de enero de 1937, al mismo tiempo que entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal. A través de los casi 73 años de vida, han aumentado sus facultades, a la par de su competencia, pues a la fecha conoce de casi cualquier controversia en materia administrativa. Al mismo tiempo, el Foro reconoce una alta especialización que le ha permitido forjar sólidas resoluciones y criterios. Así, el Tribunal con el paso del tiempo dejó de ser un órgano únicamente de anulación, para convertirse en un tribunal de casi plena jurisdicción.

Debido a las progresivas reformas hechas por esta soberanía, se ampliaron las materias de su conocimiento, se han introducido nuevas hipótesis bajo las cuales pueden dictarse sus sentencias, se le han otorgado mayores atribuciones para el cumplimiento de las mismas y, sobre todo, dentro del tema que hoy nos ocupa, se le ha otorgado la facultad de conceder la suspensión de los actos impugnados y además decretar o proveer medidas cautelares, confirmándose con esto la evolución que ha tenido el procedimiento contencioso administrativo federal.

Medidas Cautelares

En materia fiscal la suspensión de la ejecución de los créditos fiscales era una medida reservada a la autoridad ejecutora. Sin embargo, recientemente se le otorgó al Tribunal la facultad de suspender la ejecución de los actos administrativos, siempre y cuando se garantizara el interés fiscal. Esta suspensión que estuvo regulada por el artículo 227 del anterior Código Fiscal era una medida tendiente a suspender el cobro de créditos fiscales o de otra naturaleza.

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo constituyó un importante avance en la materia contenciosa administrativa, pues precisamente por la amplitud de materias de su competencia, salieron del Código Fiscal de la Federación las disposiciones que regulan este importante procedimiento, siguiendo la más avanzada doctrina que en la materia habían venido sustentando los tribunales administrativos al recoger el pensamiento del derecho procesal constitucional y por esto se avanzó de una medida suspensiva, por el más eficaz género de medidas cautelares.

¿Son importantes las medidas cautelares para los contribuyentes? Son lo único que permite al particular acudir pacíficamente en busca de la defensa de los derechos, puede decirse que sin ella no sería posible litigar en contra del gobierno. Reafirma el estado de derecho al  garantizar efectivamente la subsistencia de los derechos subjetivos individuales, durante todo el tiempo que dure la tramitación de los medios de defensa contra los órganos del gobierno, específicamente los pertenecientes a la administración pública federal.

Cuando cualquier particular ve afectados sus derechos por un acto de autoridad, tan invencible y avasallador como, por ejemplo, la demolición de un inmueble de su propiedad, la clausura de su empresa, la declaratoria de caducidad de una patente, o el cobro coactivo de un crédito fiscal, entre otros, tiene el derecho de pedir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conocerá de la legalidad de estos actos que suspenda o paralice la ejecución de ese acto hasta, en tanto no se resuelva en definitiva sobre su legalidad. Las medidas cautelares en general y las suspensivas en particular, impiden que el gobernado sufra una afectación irreparable tal, que no puede reparar ni la sentencia favorable que obtuviera, lo que por consecuencia conserva la materia del litigio y, en su caso, permiten la ejecución de la sentencia, pues no se habría consumado el acto cuya nulidad finalmente se declara o se niega.

En nuestro país las medidas cautelares y suspensivas han visto una importante evolución al amparo de nuestro juicio de garantías, gracias al cual se acepta sus efectos restitutorios, cancelando así la existencia de actos de gobierno que se puedan ejecutar irremediablemente, lo que hacía inútil incluso la concesión del amparo. Más aún, esta evolución admite también un efecto constitutivo de dichas medidas, como se desprende de la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre apariencia del buen derecho y peligro en la demora.

Sin embargo, la Ley federal de Procedimiento Contencioso Administrativo actualmente en vigor, incurre en varias imprecisiones e inexactitudes al legislar en su capítulo III, artículos 24 a 28 las medidas cautelares, pues si bien en su artículo 24 introduce este novedoso concepto, en su artículo 28 conserva la anterior suspensión de la ejecución del acto ante la autoridad ejecutora regulada por el anterior Código Fiscal, sin establecer con toda precisión en qué casos podrá proceder una medida cautelar regulada por los artículos 24, 25, 26 y 27 y en qué casos la suspensión, lo que en la práctica a producido resoluciones contradictorias y que de hecho han impedido que estas instituciones jurídicas se desenvuelvan a la altura de las necesidades que exigen las muy variadas posibilidades de la actual competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esto ha llevado a que más de cuarenta Salas del mencionado Tribunal a sostengan criterios totalmente diversos, gracias a lo cual hay Salas que conceden la suspensión sólo si se acude previamente ante la autoridad ejecutora, mientras que otras no lo hacen sí.

También hay Salas que tramitan de manera diferente la suspensión, de las otras medidas cautelares, llegando al extremo de acordar distintos sentidos si la no ejecución del acto se pide con base en el artículo 24 que regula más medidas cautelares, o con base en el artículo 28 que regula la suspensión.

Por si fuera poco, la Jurisprudencia 56/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que para obtener la suspensión del acto administrativo impugnado, son mayores los requisitos previstos por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que los establecidos por la Ley de Amparo y, por consecuencia, se actualiza la excepción al principio de definitividad, dejando al interesado en libertad de interponer su demanda de amparo, sin agotar previamente el mencionado medio de defensa ordinario.

La jurisprudencia considera que son requisitos mayores a los previstos para el amparo indirecto, solicitar la suspensión previamente ante la autoridad administrativa, así como condicionar el otorgamiento de la medida a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del citado acto impugnado.

También estima nuestro máximo tribunal que resultan exigencias superiores a las requeridas por la legislación de amparo, constreñir a poner en la solicitud las razones por las cuales considera que se debe otorgar la suspensión y la justificación de los perjuicios que se le causarían en caso de la ejecución del acto impugnado.

Esto ha llevado a una situación realmente paradójica que debe corregirse, pues resulta que el medio ordinario de control de legalidad por excelencia, el contencioso administrativo, es más complejo que el medio extraordinario de control constitucional que se ejerce a través del juicio de amparo. Es decir, que en lugar de acudir  a la jurisdicción ordinaria para demandar la nulidad del acto que lo afecta, el afectado puede ir directamente a la jurisdicción extraordinaria constitucional.

En la presente iniciativa se proponen diversas reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con el objetivo de sistematizar y regular con rigor y precisión los preceptos a las medidas cautelares en general y la suspensión en particular. En primer lugar esclarecer con toda nitidez que las medidas cautelares son el género y la suspensión es la especie, razón por la que resultan aplicables a ésta, todas las reglas de las medidas cautelares. En segundo lugar se propone generalizar la aplicación de las normas que regulan las medidas cautelares, a todas esas medidas, sin hacer un tratamiento especial a la medida suspensiva, sin que con esto se confundan, pues al mismo tiempo en el artículo 28 se regula de manera especial la suspensión que puede decretarse contra la ejecución de las contribuciones y créditos de naturaleza fiscal, las cuales sólo podrán proceder para el efecto suspensivo, permitiéndose al particular que solicitar estas medidas tanto ante la autoridad exactora como ante el propio Tribunal.

Se propone también extender a todas las medidas cautelares la aplicación de una serie de normas consagradas actualmente en el artículo 28 y referidas hoy únicamente  a la suspensión, para permitir su aplicación general.

En la presente iniciativa se sistematiza lo relativo al incumplimiento o violación de las medidas cautelares, con la finalidad de de que el afectado pueda establecer con toda claridad cómo debe proceder en casos tan trascendentes. Se fija a cargo de la autoridad que viola una medida cautelar, una sanción pecuniaria y una indemnización por los daños y perjuicios que ocasione al afectado. Se define con precisión el recurso y medios de defensa que procederán en contra de los autos y resoluciones que decreten, modifiquen o nieguen medidas cautelares y los términos y condiciones en que deben interponerse. 

Finalmente se logra un importante avance al introducir expresamente por primera vez en las leyes federales el juicio de ponderación, concepto desarrollado y sistematizado por la doctrina constitucional alemana desde mediados del siglo pasado y, adoptado actualmente en la mayoría de los tribunales europeos. México ha utilizado tímidamente este principio en ciertos casos. El principio de ponderación podrá ser utilizado por el juzgador que tenga a su cargo otorgar la medida cautelar, para lo cual deberá realizar un juicio donde considere tres elementos o subprincipios: la idoneidad, estricta necesidad y la proporcionalidad específica del acto que se impugna para conocer si su impacto en la esfera del gobernado es proporcional o razonable para concluir si la medida cautelar debe hacer que prevalezca el interés del afectado, por encima del orden público y del interés social. Es aquí donde se dota al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de su verdadera vocación de control de legalidad de los actos de autoridad, al permitirle que realice una exegesis para otorgar medidas cautelares conforme a los principios más modernos que en la doctrina y en la jurisprudencia existen.

Quien más ha estudiado este tema y por esto es considerado uno de los expertos más reconocidos en esta materia, es el Dr. Rubén Sánchez Gil quien explica este principio de ponderación o proporcionalidad como sigue1: “El principio de proporcionalidad en sentido lato implica un análisis de costos y beneficios de los actos con que se construye el ordenamiento, para la realización de los valores constitucionales; puede tener aplicaciones en otros ámbitos jurídicos, pero en el constitucional ha obtenido especial relevancia para solucionar conflictos entre sus principios y determinar la posibilidad de limitar los derechos fundamentales. Si la realización de un determinado fin se contrapone a la de otro en una determinada situación, habrá de analizarse cuál de ellas es más benéfica en el marco del orden constitucional, y para ello debe examinarse si el supuesto acto de realización de uno de ellos efectivamente tiende a realizarlos, se trata de la afectación más leve al que resulta menoscabado y el grado de eficacia que adquiere uno justifica que deje de realizarse el otro.
Se trata primordialmente de un “principio” y no de una “técnica” o “procedimiento”, aunque esto admite matices. Dicho principio expresa en abstracto relaciones axiológicas absolutas de las que no puede sustraerse ningún objeto depositario de algún valor y por eso deriva de su misma naturaleza, y no se trata de una “técnica” por la que se puede optar a capricho del operador: la preferencia del objeto más valioso es una axioma fundamental que sirve para tasar la acción humana, también lo es la afirmación de que más deseable es el objeto que realiza en mayor grado un valor que aquel que hace lo propio con otro pero en una medida menor. La aplicación de este principio se da a través de un “procedimiento”, un examen con parámetros derivados del mismo, que es realizado por los operadores jurídicos, y del cual resulta un juicio, una conclusión, sobre la relación entre las realizaciones axiológicas contradictorias. Siendo estrictos debe distinguirse entre el “principio” que se aplica con el “examen” que sirve para ello y el “juicio” que resulta de dicho análisis: el principio de proporcionalidad lato sensu expresa diferentes relaciones axiológicas necesarias que están relacionadas entre sí y deben ser observadas, para lo cual es preciso llevar a efecto un análisis que contraste la realidad con ellas para determinar si se corresponden o no.

En su más amplia acepción, el principio de que hablamos expresa la adecuación de objetos diferentes, pero que mantienen un vínculo equilibrado al que debe conformarse la normatividad jurídica que los regula. Salvando las discusiones terminológicas -en cierta medida bizantinas- se trata de un principio general compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, la famosa “ponderación”. Esto significa que para ser lícita, una intervención en la eficacia de un principio constitucional ha de ser idónea, necesaria y proporcionada a la de otro, es decir no menoscabarla más que en la medida estrictamente indispensable.

La idoneidad consiste en que la medida normativa en cuestión sea adecuada a la consecución de un fin legítimo, no prohibido por la Constitución sino inspirado por un principio fundamental contrapuesto al intervenido; es decir que por sus propiedades naturales debe tender a realizar dicho fin, que mediata o inmediatamente estaría relacionado a un valor tutelado por la Constitución; si la medida correspondiente no fuera adecuada a dicha realización, no se justificaría la restricción de los alcances del principio constitucional en que se interviene. Superado el anterior nivel, el subprincipio de necesidad requiere que la medida interveniente en un principio constitucional, sea la única disponible o la menos lesiva para éste, de manera que su validación sea absolutamente imprescindible para realizar con la misma eficacia el fin que persigue la medida; en otros términos: ésta será ilegítima si promoviera un determinado fin de un modo que no es el menos intenso posible, porque cabría la posibilidad de que logre prácticamente el mismo resultado sin necesidad de afectar en grado superior el goce del principio constitucional en cuya satisfacción interviene. Y “cuando no pueden evitarse los costos o el sacrificio, se hace necesaria una ponderación”, un examen de proporcionalidad en sentido estricto, por el que se determine cuál acción jurídica debe elegirse porque resulta la más valiosa, mediante el examen de todas las circunstancias en que se da el conflicto.”

La inclusión de este valioso principio en el texto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dotará de una poderosa herramienta que permitirá que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la desarrollen en su función jurisdiccional, fortaleciendo el estado de derecho que exige el siglo XXI.

En virtud de lo expuesto someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 25, 27, 28, 58 fracción III y 62, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para quedar como sigue:

LEY federal de procedimiento contencioso administrativo

Artículo 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo y hasta antes de que se dicte sentencia firme, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para conservar la materia del litigio así como para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al actor, para lo cual deberá tomarse en consideración el interés social y el orden público, que persigan los actos administrativos materia de impugnación.

I. El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) Nombre y domicilio para oír notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando el solicitante tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.

b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma.

c) Los hechos y los derechos subjetivos que, en su caso, se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar, y los perjuicios que se causarían en caso de que no se otorgaran las medidas cautelares.

II. Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexará lo siguiente:

a) El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que solicita, y exhibir, en su caso, las pruebas documentales que estime pertinentes.

b) Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de la medida cautelar.

III. Las medidas cautelares se tramitarán como incidente y por cuerda separada.

IV. Para conceder las medidas cautelares provisionales y definitivas el Magistrado Instructor o en su caso la Sala Regional deberán realizar un juicio de ponderación,  entre la trascendencia que tiene para el demandante la concesión de la medida  y el interés social y el orden público que persigan los actos administrativos materia de aquéllas. El juicio de ponderación deberá atendar a las características y naturaleza de los actos materia de las medidas cautelares tomando en cuenta la idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad de los mismos.

V. Mientras no se dicte sentencia firme, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

En caso de no cumplir con los requisitos de las fracciones I y II, se tendrá por no interpuesto el incidente, sin perjuicio de que las medidas cautelares puedan volver a solicitarse mientras no haya sentencia firme.

El Magistrado Instructor acordará de inmediato de manera provisional sobre la solicitud de medidas cautelares motivando cuidadosamente su resolución, y podrá exigir una garantía para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen con la medida cautelar en los casos en que ésta pueda causar una afectación patrimonial. Las medidas cautelares provisionales surtirán sus efectos de inmediato, pero dejarán de hacerlo si no se otorga la garantía ofrecida, en un plazo de tres días contados a partir de que se le notifique al solicitante el auto respectivo.

Tanto el Magistrado Instructor como la Sala, al conceder la medida cautelar solicitada, procurarán fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia de la controversia hasta la terminación del juicio.
Artículo 25.- En el acuerdo que admita la demanda o el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se le impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas.

El interesado podrá ofrecer en cualquier tiempo y hasta antes de que se dicte sentencia firme la garantía requerida, en su caso,  para las concesión de las medidas cautelares definitivas, pero éstas sólo surtirán sus efectos a partir del momento en que se acuerde su exhibición.

Si el obligado por las medidas cautelares provisionales no da cumplimiento a éstas, el Magistrado Instructor declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas, previa tramitación del incidente respectivo, en el que escuchará a ambas partes y tendrá en cuenta los elementos probatorios que aporte el actor para tener por acreditado el incumplimiento de la medida cautelar.

En caso de resultar fundado el incidente se impondrá al renuente una multa por el monto equivalente de tres a diez tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes. En estos casos, si la sanción se impone por encima del monto mínimo se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento, el nivel jerárquico del servidor público de que se trate, y las consecuencias que el no acatamiento de la medida cautelar podría ocasionar, cuando el afectado las haya señalado. Asimismo, el afectado por el incumplimiento tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que con el mismo se le hubiese efectivamente causado, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público.

Artículo 26.- La Sala Regional podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo.

Artículo 27.- En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, el Magistrado Instructor o, en su caso, la Sala, las ordenarán siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar mediante indemnización el daño y los perjuicios que con aquéllas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio, garantía que deberá de expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedar a disposición de la Sala. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se podrá requerir a la parte actora para que proporcione todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía.

Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse al actor por no subsistir las medidas cautelares previstas, incluidos los costos de la garantía que hubiese otorgado el actor si este los acreditare.

Artículo 28.- Cuando el demandante impugne en el juicio contencioso administrativo la liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, las medidas cautelares únicamente procederán para el efecto de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.
En dichos supuestos, la suspensión solo procederá y surtirá sus efectos si el crédito fiscal correspondiente se encuentra debidamente garantizado ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios previstos por las leyes fiscales aplicables y así lo acredita el actor en el juicio contencioso administrativo. La suspensión procederá aunque los bienes embargados u ofrecidos en garantía no alcancen a cubrir el monto total del crédito fiscal y de sus accesorios, siempre que el contribuyente declare que son todos los que posee; ello sin perjuicio de que la autoridad fiscal pueda embargar o exigir garantías adicionales cuando se encuentren o detecten nuevos bienes propiedad del contribuyente, sin que ello se considere violatorio de la suspensión otorgada.

El afectado por los actos a que se refiere este artículo podrá optar por solicitar la suspensión directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En estos casos, el Magistrado Instructor podrá otorgar directamente la suspensión de los actos impugnados, pero ésta sólo surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación.

El órgano jurisdiccional, en los casos a que se refiere este artículo estará facultado para reducir el monto de la garantía, cuando:

a) El monto de los créditos exceda la capacidad económica del actor, o

b) Se trate de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

La suspensión se tramitará con las mismas reglas de las medidas cautelares previstas en los otros artículos de esta ley.

Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

I. -------------------------------------------

II. -----------------------------------------

I. Tratándose del incumplimiento de la resolución interlocutoria donde se hayan otorgado de manera definitiva algunas de las medidas cautelares previstas en esta ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento ante el Magistrado Instructor.

En dicho escrito se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas y, si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que incumplan con dichas medidas.

El magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación de las medidas cautelares otorgadas.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por éste al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a cuarenta y cinco días de su salario, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico.

También se tomarán en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiere ocasionado, cuando el afectado lo señale; caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate en los términos en que se resuelva la queja.

II. ………………………………………………………………

Artículo 62.- Las resoluciones del Magistrado Instructor que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas cautelares provisionales o definitivas concedidas respecto del acto impugnado, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación, ante la Sala Regional que corresponda.

El recurso será resuelto por la Sala Regional si se promueve contra las medidas cautelares provisionales otorgadas por el Magistrado Instructor. Si el recurso se promueve en contra de la resolución interlocutoria que proveyó sobre las medidas cautelares definitivas, el Magistrado Instructor remitirá el recurso a la sección de la Sala Superior en turno.

El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en tiempo y forma el magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga.

Una vez trascurrido dicho término y sin más trámite, y en caso de que se trate de la impugnación de las medidas cautelares provisionales, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días resuelva el recurso.

En caso de que se trate de la impugnación de las medidas cautelares definitivas decretadas por la Sala Regional, la Sección del Pleno que corresponda dictará la resolución respectiva en el mismo plazo de cinco días a partir del siguiente a aquel en que reciba los autos correspondientes, los cuales serán remitidos por la Sala del conocimiento en un plazo que no exceda de tres días una vez integrado el expediente del incidente de medidas cautelares.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto de Reformas entrará en vigor al día siguiente de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los incidentes de suspensión o de otras medidas cautelares, las quejas por incumplimiento de las que se hubieren concedido y los recursos de reclamación en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán hasta su total resolución de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 15 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Minerva Hernández Ramos
Secretaria de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público del Senado de la República”.


1 Como referencia general, véase Sánchez Gil, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“No es la Discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las actitudes y pensamientos de los demás”.

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad
(CONADIS)

De acuerdo con información publicada por la ONU, se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas viven en los países en desarrollo, como México.

Alrededor del mundo, generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e instrumentos jurídicos.

Afortunadamente, México ha avanzado en este tema con la promulgación y entrada en vigor en Junio del 2005, de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas que sufren esta situación.

La ONU ha luchado por mejorar la vida de las personas con discapacidad. En el decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con discapacidad gano más aceptación internacional. En 1971 fue aprobada por la Asamblea General la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la cual fija las normas para el trato igual y el acceso a los servicios que aceleran la integración social de estas personas.

En el Año Internacional de los Impedidos, celebrado en el año de 1981, se adoptó el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas “en pro de la igualdad de oportunidades”, los discapacitados seguían siendo discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, y apoyó en 1994 una estrategia a largo plazo para promover el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, todo ello en aras de buscar el establecimiento de una "sociedad para todos".

Desde entonces, varios han sido los esfuerzos internacionales para asegurar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. A continuación haremos mención de una breve síntesis de los instrumentos internacionales que se han emitido para estos mismos efectos, es decir, garantizar el goce completo de los derechos de las personas con discapacidad.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Arts. 1, 2, 7 y 25

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición............. no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional....... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Arts. 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 15

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos... sin discriminación alguna...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar..... reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias .......Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia..... Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación..... Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre...... La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente..... La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados...... La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona… Participar en la vida cultura… Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones…."

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Arts. 2, 7, 14, 16, 17, 23 y 26

"....sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.... Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.... Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos..... Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.... Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.... Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica... Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación..... Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques..... La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado..... Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello..... Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.."

• Convención sobre los Derechos del Niño
Arts. 2, 19 y 23

"Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna... Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición... Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual... procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior... Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad... reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño... a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible".

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las Personas Inválidas
Arts. 2, 3, 4, 7,y 8

"De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas... Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo... se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias... Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo... Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas..."

Al respecto, cabe mencionar que derivado de toda esta normatividad internacional, México ha adquirido diversos compromisos para asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

En atención a ello, a continuación también mencionaremos un extracto de diversos instrumentos internacionales que se refieren a dichos compromisos.

• Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

"...El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación... El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad... El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos... El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible... El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional... El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales... El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social... El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas... El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante..."

• Declaración de Viena
Parte I, párrafo 22 y Parte II, párrafos 63 y 64

"... Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de los discapacitados de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos los aspectos de la sociedad... La Conferencia... reafirma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprenden sin reservas a las personas con discapacidades. Todas las personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo....vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad...cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación de sus derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación para garantizar el acceso a estos y otros derechos de las personas discapacitadas. El lugar de las personas discapacitadas está en todas partes. A las personas con discapacidades debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad..."

• Programa de Acción del Cairo
Párrafo 6. 29 y 6.32

"Objetivos... Asegurar el goce de derechos de todas las personas con discapacidad y su participación en todos los aspectos de la vida social, económica, y cultural. Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias que aseguran oportunidades iguales para las personas con discapacidad y el valor de sus capacidades en el proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la dignidad y promover la auto- confianza en las personas con discapacidad... Acciones.... Los gobiernos a todos los niveles deberían promover mecanismos que aseguren la realización de los derechos de las personas con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración...".

• Declaración de Copenhague
Párrafo 26 (I) y Compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)

"Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno... Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y que la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio físico y social... Formularemos y aplicaremos una política que asegure que todos dispongan de protección económica y social adecuada durante el desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la discapacidad y la vejez.. Garantizaremos la igualdad de oportunidades de educación en todos los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades, en condiciones de integración y teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales... Nos esforzaremos por que todas las personas con discapacidades tengan acceso a la rehabilitación y a otros servicios para una vida independiente y a una tecnología de asistencia que les permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad...".

• Plataforma de Acción de Beijing
Párrafo 106 ( c) y (o)

"Concebir y ejecutar, en colaboración con mujeres y organizaciones locales, programas de salud con orientación de género que prevean, por ejemplo, servicios de salud descentralizados, presten atención a las necesidades de la mujer durante toda su vida y a sus múltiples funciones y responsabilidades, su limitada disponibilidad de tiempo, las necesidades especiales de la mujer de los medios rurales y la mujer con discapacidades y las diversas necesidades de la mujer según su edad y su condición socioeconómica y cultural, entre otras cosas; hacer participar a la mujer, especialmente la mujer indígena y la mujer de las comunidades locales, en la determinación de las prioridades y la preparación de programas de atención de salud; y suprimir todos los obstáculos que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud y ofrecer toda una serie de servicios de asistencia sanitaria Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan discapacidades reciban servicios de apoyo..."

• Declaración de Estambul
Párrafo 7

"Como el ser humano es el aspecto más importante de nuestras preocupaciones respecto del desarrollo sostenible, es también la base de nuestra acción para dar efecto al Programa de Hábitat.... Intensificaremos nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza y la discriminación, por promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y por satisfacer sus necesidades esenciales...nos comprometemos a mejorar las condiciones de vida en los asentamientos humanos de forma compatible con las necesidades y realidades locales, y reconocemos que es preciso tener en cuenta las tendencias económicas, sociales y ambientales mundiales a fin de garantizar la creación de un entorno mejor para todos. Trataremos también de lograr la participación plena e igual de todas las mujeres y de todos los hombres y la participación efectiva de los jóvenes en la vida política, económica y social. Propiciaremos el acceso sin restricciones de los discapacitados y la igualdad entre los hombres y mujeres en las políticas, los programas y los proyectos de vivienda y de desarrollo de asentamientos humanos sostenibles....".

• Agenda Hábitat, Párrafo 16, 40 (I) y 43 (v).

"...Las personas con discapacidad no siempre han tenido la oportunidad de participar plenamente y en condiciones de igualdad en el desarrollo y la gestión de los asentamientos humanos, comprendida la adopción de decisiones, a menudo a causa de barreras sociales, económicas, de actitudes y físicas, así como de la discriminación. Deben eliminarse esas barreras, y las necesidades y las preocupaciones de las personas con discapacidad deben quedar plenamente integradas en los planes y las políticas de vivienda y de asentamientos humanos sostenibles, a fin de que éstas sean accesibles para todos... fomentar la mejora del patrimonio de viviendas existentes mediante rehabilitación y mantenimiento y el suministro adecuado de servicios, instalaciones y comodidades básicos... promover la igualdad de acceso y la plena participación de las personas con discapacidad en todas las esferas de los asentamientos humanos e instituir políticas y disposiciones jurídicas adecuadas de protección contra la discriminación por razón de discapacidad...".

Como podemos apreciar, existe una normatividad muy prolija en todo el orbe que tiene objetivos muy claros: promover, difundir y proteger los derechos de las personas con discapacidad, entendida esta como cualquier problema cognitivo o físico que provoca un limitado desempeño en la vida cotidiana. Existen diversos tipos de discapacidad como:

1. Discapacidad Motriz.- Cuando hablamos de trastornos o déficits motorices, nos referimos a personas que presentan problemas en la ejecución de sus movimientos, en su motricidad en general, independientemente de la causa desencadenante.

2. Hemipléjica, afectación de una mitad lateral del cuerpo.

3. Parapléjica, sólo las piernas están afectadas; diplejía, hay alteraciones de los cuatro miembros, si bien es superior en miembros inferiores, quedando con menor afectación los miembros superiores.

4. Cuadriplejía o Tetraplejía, parálisis en los cuatro miembros.

5. Monoplejía, un miembro solamente está afectado.

6. Triplejía, tres miembros están afectados.

En México, las personas con discapacidad representan un 2.3 por ciento (10 millones) del total de la población. Gran parte de ellos componen los grupos de discapacitados que no cuentan con un trabajo y viven a expensas de sus familiares, amigos, rentas, negocios, limosnas o pensiones (en el caso de personas de edad avanzada o jubilados por accidente).

Algunas de las limitaciones principales para la integración de personas con discapacidad las constituyen los obstáculos del entorno físico y la casi nula señalización adaptada, lo cual les impide el acceso y desplazamiento en edificios, viviendas, servicios de transporte público, calles, edificios públicos, espacios recreativos, deportivos y turísticos, parques y jardines.

Es verdad que con la Ley General de las Personas con Discapacidad vigente desde                    el año 2005 se ha avanzado un enormemente en estos temas, sin embargo, todavía se observan             una serie de elementos que impiden la incorporación total de estas personas a la vida cotidiana.           Por ello, siempre debemos tener en cuenta que las personas que por naturaleza o accidente                  se ven imposibilitados a realizar determinadas actividades, no pierden su calidad de ser            humanos, por lo tanto, tienen derecho y deben gozar de igualdad de oportunidades para                poder integrarse a un proceso de rehabilitación por medio del cual pueden recuperar ciertas capacidades, tal como realizar sus labores habituales sin sufrir un menoscabo en su ya deteriorada salud.
Atentos a esta realidad, algunas Comisiones de Derechos Humanos han establecido los diez mandamientos de la integración del discapacitado, de la siguiente manera:

1. VIDA FAMILIAR: Tendrás derecho a encontrar una pareja, a tener hijos y a fundar una familia, vivir con tú familia y formar parte de tú comunidad.

2. ALOJAMIENTOS: Tendrás alojamiento y podrás desplazarte libremente en tú casa y sus alrededores.

3. ALIMENTACION: En la primera infancia, tú madre te amamantara, en la niñez y la edad adulta, te corresponderá una parte equitativa de los alimentos de la familia.

4. ESCOLARIDAD: De niño iras a la escuela y tú maestro sabrá atender tus necesidades especiales e integrarte a todas las actividades escolares.

5. EDUCACION Y FORMACION: Se te darán las oportunidades de educación y formación que necesitas para prepararte a trabajar y a vivir independientemente.

6. OCIO: Tendrás pleno derecho a unirte a los demás en los acontecimientos sociales, culturales y religiosos.

7. SERVICIOS PUBLICOS: Podrás acceder a todos los servicios y edificios públicos; las carreteras y transporte público deberán estar concebidos de forma que puedas desplazarte e integrarte con libertad e independencia en la sociedad.

8. ASOCIACIONES: No se te denegara el ingreso en ninguna asociación ni organización abierta a todos y, si lo deseas, podrá formar tú propia asociación.

9. OPORTUNIDADES ECONOMICAS: Disfrutaras de las mismas oportunidades económicas que los demás; a trabajo igual, igual salario.

10. PARTICIPACION POLITICA: Tendrás derecho a votar y ser votado, a participar en el gobierno como los demás ciudadanos; se escuchara tú voz en los asuntos que te afecten y en lo respectivo a la organización de los servicios que se te presten.

Sin embargo, en nuestro país hace falta más difusión de esta información con el objetivo de que la gente se preocupe más y se tome una verdadera conciencia por lo que ocurre a nuestro alrededor con relación a las personas con discapacidad. Debemos estar consientes de que algún día podríamos estar en una desventaja física y vernos en la necesidad de recurrir a este tipo de conocimiento para exigir el respeto de nuestros derechos.

Al respecto, en nuestro país ya se ha establecido el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADIS), mismo que se erige como el documento rector de las políticas de Estado para conducir la operación de estrategias interinstitucionales y transversales del sector público en los tres órdenes de gobierno a fin de favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Fue desarrollado por las instituciones que integran el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS) bajo la coordinación de su Secretariado Técnico y con observaciones y recomendaciones de otras instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores así como del Consejo Consultivo.
En el diagnóstico que se realiza en dicho programa se mencionan los avances y retos en materia de accesibilidad, uno de los principios rectores en materia de derechos de las personas con discapacidad, sin embargo consideramos que es momento de avanzar un paso más y permitir a las personas con discapacidad en no solo contar con los elementos que le permitan acceder a los servicios a los que tienen derecho, sino que además lo hagan en condiciones que no contribuyan a deteriorar su estado de salud. De ahí la necesidad de imponer la obligación a cargo de autoridades y particulares a proporcionar este tipo de facilidades.

Cabe recordar lo que dispone La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9, al instar a los países a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información, así como a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Dicha disposición establece que el acceso debe ser en igualdad de condiciones, pero también debemos pensar en que debido a sus discapacidades requieren un trato especial, contando con medidas de discriminación positiva que contribuyan a su pleno e integral desarrollo. Por ello, el artículo 19 establece el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, de la siguiente manera:

Artículo 19
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Derivado de lo anterior es que consideramos que nuestra propuesta encuentra una total viabilidad en todo lo expuesto, por lo que es necesario y deseable que se establezca en la normatividad aplicable que las autoridades competentes propongan el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente, gocen de las siguientes facilidades:

• Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal; y

• Ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún servicio público, de tal manera que tengan un acceso rápido a los mismos, particularmente en los establecimientos mercantiles.
Lo anterior con el objeto de que permanezcan el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTICULO UNICO: Se adiciona el Capítulo X “De las Facilidades para su Plena Incorporación a las Actividades Cotidianas” al Título Segundo de la  Ley General para las Personas con Discapacidad, con un artículo 28 Bis, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo X
De las Facilidades para su Plena Incorporación a las Actividades Cotidianas

Artículo 28 Bis.- Las autoridades competentes deberán proponer el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente, gocen de las siguientes facilidades:

I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal; y

II. Ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún servicio público, de tal manera que tengan un acceso rápido a los mismos, particularmente en los establecimientos mercantiles.

Lo establecido en las dos fracciones anteriores será con el objeto de que permanezcan el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 15 de diciembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

Ricardo Monreal Avila, Senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el sistema mexicano el titular de la soberanía se reconoce originalmente en la voluntad del pueblo, quien cuenta con el poder de hecho para tomar decisiones y transformarlas en derecho. Al hacer uso de este poder, la soberanía del pueblo se constituye en Estado jurídicamente organizado al expedir su ley fundamental que conocemos como Constitución, mediante la cual se consigna la forma de gobierno, se crean los poderes públicos y se establecen las llamadas garantías individuales, subsumiendo en ella su propio poder soberano, por lo que se necesitaría la ruptura del orden constitucional para que aflorara la soberanía en su estado originario sólo bajo ciertos casos y determinadas condiciones.

Como se ve, la soberanía, una vez ejercida a través de la Constitución, reside exclusivamente en ella y no en los órganos o individuos que gobiernan. Como señala Hans Kelsen: “Sólo un orden normativo puede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca puede ser soberano en el sentido propio del término”1. Así, la supremacía de la Constitución tiene su origen en ser expresión de la soberanía, y en que por serlo está por encima de toda ley y autoridad.

Todo ordenamiento jurídico tiene una fuente principal de la cual emanan las demás normas jurídicas. En el derecho positivo esa función le corresponde a la Constitución Política de cada Estado-Nación, ya que es a través de ella que se establecen los principios y bases para el funcionamiento del sistema jurídico.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ya que es expresión de la soberanía del pueblo. Más su supremacía presupone dos condiciones que ella misma debe prever: 1) que el poder constituyente sea distinto de los poderes constituidos; y 2) que la Constitución sea rígida y escrita2. Esto significa que si los órganos creados por la Constitución reciben de ella sus facultades, por ser una fuente superior, el poder redactor de la Constitución es diferente a ellos, ya que se encuentra jerárquicamente por encima y recibe el nombre de Poder Constituyente, en tanto que los órganos establecidos por él se les conoce como poderes constituidos.

Al ser la Constitución la norma suprema, va a convertirse en punto de referencia para todas las demás normas existentes dentro del sistema jurídico en que tiene vigencia, lo que implica que la ley fundamental será la fuente de los órganos primarios del Estado, la demarcación de sus competencias y el sustento original de todo el ordenamiento jurídico.

El principio de supremacía se basa en que la Constitución representa la unidad del sistema normativo y se encuentra en su punto más elevado. Por lo tanto, como ya se mencionó, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados, y así dichas normas primarias constituyen el fundamento de validez de todas las demás que por eso se han llamado secundarias y que forman el derecho positivo en general. En términos de José María Iglesias, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las postrimerías del siglo XIX: “Sobre la constitución, nada; bajo la constitución, todo”.

El principio de supremacía constitucional se consagra en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que señala que la Constitución será la ley suprema de toda la Unión3. Algunos otros artículos también prevén el principio de supremacía constitucional: el 40, que establece que la forma de estado y la forma de gobierno deberán estar a los principios de la Ley fundamental; el 41, que prescribe que las constituciones de los estados integrantes de la federación no podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal; el 128, que dispone que todos los funcionarios públicos deberán al tomar posesión de su cargo protestar guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; y el 116, que señala como deben organizarse las constituciones estatales.

Otra forma de entender la supremacía de la Constitución, es a partir de la pirámide kelseniana de jerarquía normativa. Esta formulación doctrinal establece que habrá un sistema jurídico cuando exista jerarquía y unidad, y en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución, seguida en el peldaño inmediato por las leyes ordinarias, en el que sigue por las disposiciones reglamentarias y en peldaño inferior por los actos jurídicos concretos. En esta lógica, un acto jurídico tiene su fundamento en una norma reglamentaria, y ésta a su vez en una ley, y esta última su fundamento en la constitución, por lo que hay una congruencia en el sistema al existir una relación de dependencia en el ordenamiento. Para que una norma tenga validez debe encontrar su sustento en la norma inmediata superior, por lo que existe una relación de  subordinación de la primera con la segunda.

La Constitución es una norma jurídica. Toda norma jurídica pretende ser cumplida. Siguiendo al Profesor Luis López Guerra4, la constitución tendrá sentido como norma jurídica mientras tenga validez y eficacia, ello en tanto que toda norma lo que busca es su cumplimiento, para lo cual necesita de un mecanismo que opere en caso de su incumplimiento para defender los mandatos que se contienen en su texto.

Las amenazas que pueden poner en riesgo la vigencia efectiva de la constitución son de dos tipos: 1) la destrucción por la vía de hecho del ordenamiento constitucional; y 2) el incumplimiento de sus disposiciones.

En el primer caso, se trata de la destrucción de la constitución por vías antijurídicas, como la insurrección o un golpe de Estado; en el segundo, se busca su olvido e irrelevancia por quienes están obligados a cumplirla –gobernantes y gobernados-.

Ante estos dos tipos de amenazas, la misma constitución ha establecido procedimientos para su defensa, a los cuales el autor anteriormente referido ha acertado en llamar defensa extraordinaria y ordinaria de la constitución. Estos consisten en que en tiempos de normalidad, el control de la constitucionalidad mantenga vigente la norma fundamental; y para tiempos de violencia directa y frontal a la constitución, los poderes extraordinarios garanticen el mantenimiento del orden democrático- constitucional.

En nuestro país contamos con tres procedimientos principales para garantizar la supremacía de la constitución respecto de la legislación ordinaria:

El juicio de amparo es un instrumento procesal para proteger jurisdiccionalmente los derechos fundamentales contenidos en la constitución. El juicio de amparo es un procedimiento cuyo único objeto es imponer a la autoridad el respeto al derecho o derechos del quejoso, dentro del marco de su reclamación, a fin de restablecer el orden jurídico según el régimen establecido por la constitución; en dicho procedimiento  se determina si la autoridad responsable ajustó sus actos a los preceptos constitucionales de respeto a los derechos que sean aplicables al caso concreto.

1) La controversia constitucional es un procedimiento para garantizar el respeto del marco de competencias establecido en la constitución. Están legitimados para vindicar sus competencias los poderes u órganos que gozan de autoridad, en ejercicio de las facultades que les han sido otorgadas por la Carta Magna. Mediante la controversia la Corte busca constreñir su actuación a lo establecido en la constitución, dado que alguna de las partes invadió la esfera competencial de la otra.
2) La acción de inconstitucionalidad trata de un procedimiento a través del cual se plantea la posible contradicción entre una norma ordinaria de carácter general y la constitución.

Los procedimientos antes descritos tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el juicio de amparo se encuentra previsto en los artículos 103 y 107; las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, en el artículo 105 de nuestra ley suprema.

De acuerdo a su origen y función en congruencia con el principio de supremacía, la constitución no puede ser modificada a través del procedimiento legislativo ordinario, por lo que se necesita de uno distinto para poder reformar la ley suprema de nuestro país.

El origen de la norma fundamental es el pueblo. El pueblo hace y aprueba constituciones, mientras que el poder legislativo –los representantes del pueblo- sólo están autorizados a hacer leyes ordinarias5.

La función de una constitución es establecer la relación entre el individuo y el Estado, y la organización del Estado. Por tanto una Constitución no puede estar a merced del poder público ordinario al que pretende controlar mediante un marco de competencias.  Además la constitución establece el sistema de fuentes del derecho, y uno de los valores que animan a dichas fuentes es la seguridad jurídica.

Toda constitución como norma fundamental del sistema jurídico en que opera debe ser estable para que no exista incertidumbre jurídica; es por ello que el Poder Constituyente determina los métodos para asegurar esta estabilidad y así, al agravar los requisitos necesarios para modificar su contenido busca darle certidumbre jurídica a lo previsto en ella. Sin embargo, la estabilidad de cualquier constitución depende no tanto de su forma, como de los factores sociales y económicos que la apoyan y sostienen y, por lo tanto, resulta importante señalar que el sistema jurídico de un país debe cambiar tal y como lo hace la sociedad en la que tiene vigencia, debido a que la transformación social que sufre cada pueblo necesita del continuo avance de su norma fundamental, que debe ser dinámica para no quedarse estancada con supuestos jurídicos que ya no se adecuen a la realidad social en la que opera. Y es por ello que cada constitución cuenta con un procedimiento para mantenerse al día, debido a que la sociedad en la que tiene aplicación va evolucionando a través del tiempo.

Según el método de reforma adoptado, las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles6. En el primer caso se trata de constituciones que establecen métodos especiales y en ocasiones órganos extraordinarios para lograr hacer cambios en el texto constitucional; mientras que por lo que hace a la segunda clasificación no se requiere de ningún procedimiento especial para poder cambiar el texto constitucional, ya que éste puede ser modificado a través del proceso legislativo ordinario previsto para la creación y reforma de leyes.

Existen varios sistemas para reformar una constitución, algunos de ellos establecen mayorías especiales para que sean aprobadas las iniciativas de reforma, otros plantean además de la mayoría especial un quórum específico para poder discutir las iniciativas, así también hay los que prevén la posibilidad de la iniciativa popular o aquellas que necesitan de un referéndum para poder ser ratificadas y convertirse en parte del texto constitucional.

La constitución mexicana vigente es una constitución rígida, ya que su reforma se hace por medio de un órgano compuesto por el Congreso de la Unión y las Legislaturas Estatales. Este poder reformador recibe en la doctrina el nombre de “Constituyente Permanente”, considerando que participa de la función soberana del pueblo ya que puede alterar la constitución7, su función es necesariamente constituyente; y como sobrevive al poder constituyente, se le puede calificar de permanente. Este órgano, a pesar de encontrarse previsto en la constitución se encuentra por encima de las poderes constituidos previstos en ella, como lo son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, toda vez que por tratarse de la norma fundamental del país, el constituyente determinó que fuera un órgano superior a los que la misma constitución establece, ya que de lo contrario se dejaría al arbitrio de los poderes constituidos, y bajo los mismos procedimientos utilizados en el ejercicio de sus atribuciones, el modificar la voluntad del constituyente. Por ello, para poder realizar cambios en la constitución se necesita de un órgano superior al conocido como legislador ordinario, el cual a través de procedimientos especiales y con facultades determinadas puede reformar el texto constitucional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de nuestra norma fundamental.

Existen varios autores que han tratado de definir al poder constituyente, la de Linares Quintana parece ser la más adecuada al señalar que “es la facultad soberana del pueblo para otorgarse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario a través de una constitución”8. Es decir, el poder constituyente es la atribución de estructurar libremente una constitución, de constituir un orden jurídico a partir de una norma jerárquicamente superior a todas las demás.

El poder constituyente debe ser estudiado desde diferentes ángulos, entre los cuales destaca el que tiene que ver con su titular, es decir, quién debe realizar la función que se le encomienda. De acuerdo con Reinaldo Vanossi éste no es un problema jurídico sino más bien ideológico, dependiendo del régimen político que se trate de construir. Sobre esto mismo Sánchez Agesta9 agrega que el titular del poder constituyente no será quien quiera o crea estar legitimado para ello, sino quien esté en condiciones de dar una decisión eficaz, por lo que según este autor, el poder constituyente puede ser un dictador, un tirano, una clase social o bien, el pueblo.

Dentro de la teoría democrática el titular del poder constituyente no puede ser otro que el pueblo, puesto que dicho poder “pertenece originaria y esencialmente al pueblo, y no se puede ejercer de un modo satisfactorio sin su directa intervención”10. Es importante señalar que para que el poder constituyente logre su objetivo, se requiere que ese poder tenga la hegemonía suficiente para imponerse a todas las voluntades que dentro de un conglomerado humano suelen actuar.

Del análisis expuesto por Pedro de Vega en su libro, “La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente”11, tenemos que un Estado constitucional cuenta con dos principios fundamentales: uno, el principio político democrático, que señala que es facultad del pueblo como titular de la soberanía, el ejercicio de poder constituyente, y dos, el principio de supremacía constitucional, que considera que la constitución es ley superior que obliga a gobernantes y gobernados.

De acuerdo con la teoría del pacto social de Rousseau, el pueblo es soberano, y al ser la soberanía inalienable, el pueblo sólo debe obedecerse a sí mismo, ejercitando de forma directa el poder político, de lo que entendemos que la única democracia capaz de satisfacer estos requisitos de la soberanía ejercida por el pueblo de forma directa, es la democracia directa o de identidad, lo que nos lleva a que cualquier intento de limitación de poderes resulta incongruente, toda vez que no sería posible limitar al pueblo por ser el titular de la soberanía, por lo que la idea de una constitución como mecanismo de control resulta impensable en este orden de ideas.  Es por ello que para la viabilidad de una constitución como instrumento organizador y limitador de los poderes del Estado, se hace necesario el imperativo impuesto por la realidad y por la historia de la democracia representativa, por encima de la teoría contractualista.
Al admitir el principio democrático de la soberanía popular como legitimador del Estado, y a la democracia representativa como la única forma viable de organización para la comunidad política, se establecen las bases sobre las que surge el poder constituyente. La democracia representativa implica la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y es así que la suprema autoridad del pueblo frente a la del gobernante, plantea el establecimiento de una constitución que obligue por igual a gobernantes y gobernados. La democracia constitucional como organización para la comunidad política debe observarse también como un límite que el pueblo se auto impone en ejercicio de su soberanía, para cuidarse de sí mismo, de pasiones momentáneas infladas por demagogos, lo que en inglés se conoce como “mob rule”, y que se entiende como el gobierno de las masas.

En contraposición de los poderes constituidos, ordenados y limitados en la constitución, aparece de este modo como poder previo, ilimitado y total, el poder constituyente cuya naturaleza es la de un poder absoluto y total, lo que nos lleva a la conclusión de que a diferencia de los poderes constituidos, que tienen su fundamento en la constitución y desde ella justifican su modo de actuación, el poder constituyente se justifica a sí mismo, y por tener un carácter pre-jurídico no sólo es ilimitado en los contenidos de su voluntad, sino también en las formas de su ejercicio.

La forma como el pueblo debe ejercer su derecho a la soberanía ha tenido dos sistemas diferentes: el americano, que requiere siempre de la participación directa del mismo pueblo como efectivo titular de la soberanía, y que sometía cualquier proyecto de constitución elaborado por las convenciones designadas al efecto a la ratificación popular a través del referendo; y el europeo, conforme al cual se incorpora el principio representativo a la mecánica del poder constituyente, al sustituir el concepto de la soberanía del pueblo por el de la soberanía de la nación, y al ser ésta una entidad abstracta necesita para poder expresar su voluntad de representantes, por lo que la voluntad constituyente solo podrá concretarse a través de representantes. Una vez terminada y aprobada la Constitución, el poder constituyente desaparece.

Ahora bien, encontramos que la constitución no tiene su fundamento de validez en una norma, sino en una decisión política que toma un ser político sobre el modo y la forma del propio ser; así entendido, el poder constituyente pertenece al mundo del ser, ya que no se encuentra sometido a formas o procedimientos jurídicos sino que actúa siempre en estado de naturaleza. De lo anterior podemos resumir que el poder constituyente se encuentra dentro del campo de estudio del ser, pero con una especial importancia para el conocimiento del derecho constitucional.

Al ser el poder constituyente una expresión de la soberanía con el propósito de crear su norma fundamental existen, de acuerdo con el maestro Sieyés, tres circunstancias en las que puede ser convocado el poder constituyente (dos de las cuales pueden ser ejemplificadas a través de la historia de nuestro país):

1) La primera circunstancia, supone que una Colonia o reino dependiente alcanza su independencia y así asume su soberanía que se encontraba sometida y por ello convoca a un congreso constituyente.

2) El segundo caso, se refiere a la existencia de una trasgresión al orden jurídico que rige en un Estado constituido, y que con el triunfo del movimiento revolucionario, el grupo que obtiene la victoria convoca a un congreso constituyente.

3) El tercer caso, necesita que la constitución vigente en determinado Estado prevea un proceso constitucional, que tenga el propósito de modificar la ley suprema o substituirla con otra convocando a un congreso constituyente.

En la doctrina resulta muy importante distinguir entre poder constituyente y el de asamblea o congreso constituyente y, en algunos casos el de asamblea proyectista. El poder constituyente es el pueblo que decide un orden jurídico, que construye una constitución.
La asamblea o congreso constituyente (modelo europeo), es la designada por el pueblo con el objeto de discutir y aprobar una constitución12. En el caso mexicano, fue un congreso constituyente el que dicto y aprobó nuestra Carta Magna.

Jurídicamente el poder constituyente no tiene límites ya que, como se dijo antes, opera dentro del campo del ser, es decir ante la nada jurídica; sin embargo, ya en el siglo XX y XXI el derecho internacional y algunas razones históricas pudieran ser un límite a ese poder, como por ejemplo restringirse al territorio del Estado internacionalmente aceptado.

En términos prácticos resulta imposible que el pueblo como unidad, como seres humanos se sienten todos a elaborar, discutir y votar una constitución. Es por ello que como explicaba anteriormente se elige un cuerpo de representantes populares al que denominamos congreso constituyente para que en ejercicio del poder soberano del pueblo elaboren una constitución en su nombre. Este cuerpo legislativo es diferente al poder constituyente, ya que sólo es depositario de ese poder, por lo que se requiere que sean auténticos representantes todos aquellos que formen parte del congreso constituyente, para que así sea la voluntad de la nación la que se encuentre presente para elaborar el texto con toda la legitimidad necesaria.

Los poderes constituidos son aquellos poderes o instituciones públicas que derivan de la constitución, es decir son establecidos por ella. En el caso mexicano se trata de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los cuales la misma ley suprema les concede facultades y competencias, por lo que inferimos que se encuentran limitados ya que sólo pueden actuar conforme a lo establecido por la Carta Magna. También aquí se ubican los órganos constitucionales autónomos de última generación: El Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para empezar diremos que los poderes constituidos derivan de la constitución, por lo que son limitados, siendo que cuentan con facultades explícitas. Cualquier materia que no se encuentre prescrita dentro de ellas, no la pueden ejercer.

Estos órganos obtienen sus poderes de la constitución; en ella se encuentra previsto de forma expresa, por ejemplo, que le corresponde a los poderes de la Federación y qué a los Estados federados, siendo las facultades de los primeros explícitas porque están de forma concisa dentro del texto constitucional, en tanto que aquello no otorgado a la Federación, se entiende reservado a los Estados.

Tena Ramírez señala: “El origen de la distinción entre las dos clases de poderes se encuentra en la organización constitucional norteamericana. La teoría de la separación de los tres poderes de Montesquieu, además de plantear ya de por sí la división del poder público, presuponía lógicamente la necesidad de un poder más alto que marcara a cada uno de los tres órganos su respectiva competencia. Esto no lo alcanzó a advertir Montesquieu, ni se dio cuenta tampoco de que la unidad del Estado, quebrantada por la división de los poderes, se reconstruía en la obra del constituyente”13.

Algunas diferencias entre estos dos poderes son:

1. Cronológicamente el poder constituyente es anterior a los poderes constituidos;

2. El poder constituyente desaparece una vez terminada su obra, la constitución, en tanto que los poderes constituidos una vez promulgada la constitución empiezan a existir; y

3. El poder constituyente no gobierna, sólo expide la norma en virtud de la cual gobiernan los poderes constituidos.

El proceso de reforma Constitucional en México.

Las constituciones que han regido en nuestro país pueden ser consideradas como rígidas, ya que el procedimiento previsto para su reforma es un método especial.

Constitución Política de la Monarquía Española.

El primer antecedente en nuestro país del procedimiento de reforma constitucional es el que establecía la Constitución de la Monarquía Española de 1812.

Se trataba de un procedimiento muy complejo, ya que para que una iniciativa pudiera convertirse en parte de la Constitución transcurrían por lo menos tres diputaciones o legislaturas, con una vigencia de dos años cada una, lo cual necesariamente tenía como resultado que se necesitaran seis años para hacer una modificación al texto constitucional. En cada una de las legislaturas se requería que la aprobación de una iniciativa de reforma fuera aprobada por una mayoría calificada cada vez que se sometía a discusión.

Es de hacerse notar que el procedimiento anteriormente descrito, a pesar de ser muy complicado, no presenta lagunas ni deja lugar a interpretaciones por parte del llamado constituyente permanente, toda vez que de manera puntual señala las reglas necesarias para reformar la Constitución.

El artículo 377 establecía la facultad de iniciativa, que era exclusiva de los diputados y tenía que presentarse por escrito y firmada al menos por veinte diputados. Una vez presentada la iniciativa era leída tres veces ante el pleno con un intervalo de seis días entre cada lectura y al terminar éstas se deliberaba sobre si se aceptaba a discusión o no; en caso de ser aceptada seguía el mismo trámite que todas las leyes ordinarias para su aprobación, con el requisito de que debía aprobarse esta iniciativa por las dos terceras partes de los votos de los diputados. Esta aprobación tan sólo era un requisito para que pudiera volverse a discutir la iniciativa en la diputación siguiente.

Una vez aprobada por la primera diputación, la segunda diputación que conocía la iniciativa debía seguir las mismas formalidades referidas que la diputación anterior; en el segundo año de sus sesiones si así lo aprobaban las dos terceras partes de los votos de la segunda diputación, debía hacer la declaración de otorgamiento de poderes especiales a la siguiente diputación para hacer la reforma.

Hecha esta declaración, se mandaba a publicar y comunicar a todas las provincias y, de acuerdo con el tiempo en que se hubiere hecho, las Cortes determinarían si los poderes especiales se le concedían a la siguiente diputación o a la inmediatamente posterior a esta última. Los poderes especiales eran otorgados por las juntas electorales de provincia en la convocatoria que expedían para elecciones, y una vez en funciones la nueva diputación, se discutía otra vez la iniciativa en los mismos términos que en las dos anteriores diputaciones, y si era aprobada por las dos terceras partes de los votos, entonces la iniciativa se tenía por ley constitucional, por lo que era publicada por las Cortes y una diputación se la hacía conocer al Rey para que este la publicara y circulara a todos los pueblos de la monarquía.

En esta Constitución, el Rey tenía el derecho de vetar las iniciativas de reforma constitucional, ya que al seguirse el procedimiento legislativo ordinario previsto en los artículos 132 a 153 de este ordenamiento se le otorgaba esta facultad, y como no se trata de un órgano superior a los poderes constituidos el que aprueba la iniciativa, sino que estos mismos con algunos requisitos especiales son los que dan forma al procedimiento de reforma, pues es de entenderse que toda iniciativa de reforma constitucional era objeto de un posible veto por parte del monarca como cualquier otra iniciativa de ley.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824).

El segundo antecedente es el que se encuentra previsto en la Constitución de 1824, promulgada justo después de que nuestro país lograse su independencia de la Corona Española.
En este ordenamiento el procedimiento de reforma constitucional es realizado por el Congreso General, pero se le permite cierta participación a las Legislaturas Estatales, y aunque también se hace referencia al procedimiento legislativo ordinario como parte del procedimiento de reforma constitucional, de forma expresa se encuentra señalado que el Ejecutivo no cuenta con facultad de veto.

En esta Constitución en sus artículos 165 a 171 se establecía que no se podían hacer observaciones o reformas al texto constitucional sino hasta 1830, y en su caso éstas tenían que provenir de las Legislaturas Estatales para que el Congreso General las analizara, y si las calificaba de pertinentes emitía una declaración que el Presidente estaba obligado a comunicar y publicar sin hacer observaciones. El Congreso siguiente en el primer año de sus sesiones se ocupaba de las observaciones contenidas en la declaración del Congreso anterior, quedando como regla que ninguna reforma constitucional debía ser calificada y decretada por el mismo Congreso.

Las observaciones hechas con posterioridad a 1830 serían consideradas por el Congreso en el segundo año de sesiones, y si se calificaban de necesarias, se hacía la declaración para que el siguiente Congreso se ocupara de ellas. El artículo 170 de esta Constitución establecía que para las reformas y adiciones posteriores al año de 1830, se debía seguir el procedimiento legislativo ordinario para reformar la Constitución, pero con la disposición expresa en el mismo artículo de que el Presidente no podía hacer observaciones a estas iniciativas de reforma constitucional, es decir, no tenía la facultad de veto.

Lo que resulta más trascendente de este procedimiento es que el artículo 171 limita el poder del Constituyente Permanente, ya que señala una serie de principios que no pueden ser objeto de reforma, como lo son la independencia y libertad de la Nación, así como la División de Poderes en la Federación y los Estados y algunos otros, que sujetaban a cualquier intento de reforma a respetar estos principios fundamentales que integraban la Constitución.

Es importante señalar que ningún artículo establecía la facultad de iniciativa en materia de reformas a la Constitución, salvo como se precisó en el párrafo anterior la posibilidad de las Legislaturas Estatales de hacer observaciones; sin embargo, es posible que así como se seguía el procedimiento legislativo ordinario en la discusión y aprobación de las iniciativas de reforma al texto fundamental, también se tuviera como facultados para presentar este tipo de iniciativas a los mismos que podían presentarlas en materia de leyes secundarias. Así tampoco se establece una mayoría superior a la requerida para aprobar una ley, por lo que podemos concluir que no se trata de un órgano superior a los poderes constituidos, sino que se trata de ellos mismos pero con algunas salvedades como la comentada sobre las limitaciones del artículo 171 y otras descritas anteriormente.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857).

El último antecedente histórico federal de reforma constitucional es el que se encuentra previsto en el artículo 127 de la Constitución de 1857, el cual señala la posibilidad de hacer reformas o adiciones a la Carta Magna y establece el órgano facultado para hacer estos cambios.

El artículo 127 señala que el Constituyente Permanente en este caso, es un órgano superior a los poderes constituidos, ya que integra al Congreso de la Unión con las Legislaturas Estatales para reformar la Carta Magna, así también se establece que la mayoría con la que debe ser aprobada la iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión debe ser calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los individuos presentes, y que una mayoría simple de las legislaturas estatales deben dar su consentimiento para lograr hacer la reforma. El cómputo del voto de las Legislaturas Estatales era realizado por el Congreso de la Unión.

Es importante señalar que en esta Constitución el Congreso de la Unión era unicameral, toda vez que sólo existía la Cámara de Diputados y no así el Senado. La reforma hecha en 1874 incluyó de nuevo al Senado, pero el artículo 127 no se reformó para adecuarse a la nueva realidad con un Congreso de la Unión integrado por dos Cámaras.
Este artículo deja lagunas jurídicas con respecto al procedimiento, ya que no establece quién tiene facultad de iniciativa, tampoco señala cual debía ser el trámite que debía seguir una iniciativa de reforma dentro del Congreso de la Unión para reformar la Constitución, tan sólo se limita a establecer al órgano y señalar requisitos necesarios para lograr la reforma.

A pesar de los anterior y a través de la interpretación sistemática de la Constitución, se logró subsanar estas omisiones del Poder Constituyente y se determinó seguir el procedimiento legislativo ordinario para la consecución de las reformas, así como la facultad de iniciativa prevista para las leyes secundarias; sin embargo, se dejó sin regulación el procedimiento a seguir en cada una de las Legislaturas Estatales para aprobar las iniciativas de reforma que les eran enviadas por el Congreso de la Unión. 

Otra observación a este artículo es que por tratarse del procedimiento legislativo ordinario el que se ocupa en el trámite que se le da a las iniciativas, no deja de saltar a la vista la posibilidad que queda abierta a interpretación, de que el Ejecutivo haga observaciones a una iniciativa ya aprobada por el Constituyente Permanente, lo que significaría que un poder constituido hubiera podido hacer observaciones a un proyecto que se encuentra fuera de sus facultades, toda vez que no puede situarse el Presidente por encima del Constituyente Permanente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

La disposición constitucional que actualmente regula el procedimiento de reformas a la Constitución, es una copia del artículo 127 de la Constitución de 1857, que analizamos en el inciso anterior, por lo que se heredaron los inconvenientes que presentaba aquella norma, ya que la única adición que se le ha hecho al vigente artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el establecimiento de que puede ser la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que realice el cómputo de los votos de las Legislaturas Estatales.

Como se menciono respecto del antecedente inmediato, a través de una interpretación sistemática de la Constitución, los facultados para iniciar una reforma constitucional son los mismos que pueden hacerlos respecto de leyes secundarias, es decir, son aquellos señalados en el artículo 71 de nuestra constitución. Una vez presentada, la iniciativa sigue el mismo trámite previsto en el artículo 72 de la norma fundamental para su discusión en el Congreso de la Unión, con el requisito previsto en el artículo 135 de que la aprobación deberá ser de dos terceras partes de los individuos presentes en cada Cámara.

Una vez aprobado un proyecto de reforma por el Congreso de la Unión, se envía a las Legislaturas Estatales para que emitan su voto, ya sea a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional, en tanto que el Congreso de la Unión o durante sus recesos la Comisión Permanente hace el conteo de los votos emitidos por las Legislaturas locales. Una vez aprobado el proyecto por la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los Congresos Estatales, se envía al Ejecutivo Federal para su publicación.

Derecho Comparado

Estados Unidos de América.

Los norteamericanos cuentan con un sistema complejo para realizar enmiendas a su constitución. Aunque establecen dos procedimientos alternativos para reformarla, no dejan ambos de ser rígidos al necesitarse mayorías específicas para la aprobación de las iniciativas, así también en este sistema se toma mucho en cuenta a las legislaturas estatales como parte del procedimiento de reforma.

Este procedimiento, al ser de carácter rígido por requerir de mayorías específicas para reformar la constitución, le ha dado a la norma fundamental norteamericana una gran estabilidad a lo largo de su historia, aunque no es bastante clara por lo que hace a la discusión y aprobación de la iniciativa, por lo que deja a juicio del legislador estos asuntos de no menor importancia.
Italia.

El procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución de la República Italiana es rígido, ya que establece un procedimiento para la creación y reforma de leyes ordinarias, y otro para la reforma de su carta magna, esto es, el órgano facultado es el mismo para ambos procedimientos, pero la reforma constitucional necesita de la votación mayoritaria de todos los miembros de ambas cámaras, en tanto que las legislación ordinaria permite su aprobación incluso a través de comisiones por lo que no necesita de todos los miembros de las cámaras; fuera de este requisito los pasos a seguir para reformar la Constitución y cualquier ley son los mismos. La iniciativa popular se encuentra prevista para ambos casos, así como el referéndum de existir la solicitud por parte de los votantes o de los consejos regionales; resulta importante señalar que en este caso al no crearse un órgano superior para la reforma constitucional, el Presidente tiene la facultad para hacer observaciones a un proyecto aprobado por las Cámaras, aunque éstas tengan la posibilidad de no atenderlas en caso de volver a aprobar el mismo proyecto. Los artículos 138 y 139 del ordenamiento italiano dejan muchas lagunas en cuanto al procedimiento en sí, que se subsanan a través de la interpretación de la ley fundamental.

España.

El procedimiento de reforma constitucional que se encuentra previsto en el texto fundamental español, establece dos tipos de reforma: la parcial y la total, en el primer caso se trata de cualquier enmienda que se proponga introducir al texto constitucional; y en el segundo caso se refiere a un cambio total de la Constitución.

El procedimiento previsto en la Constitución Española parece ser uno bastante completo, es decir, no le permite al Poder Revisor de la Constitución mayor interpretación. En cuatro artículos detalla de manera general pero muy precisa cuáles deberán de ser las condiciones para reformar el texto constitucional, y tan sólo deja a interpretación el sistema que deberá seguir la iniciativa durante su discusión en ambas cámaras, además la Constitución en sí no prevé la posibilidad de hacer observaciones a los proyectos aprobados por las cámaras por parte del Rey o el Presidente del Gobierno; sin embargo, señala las mayorías con que deberán ser aprobadas las iniciativas y así también quién tiene facultad de iniciativa.

Alemania.

La reforma constitucional en Alemania es rígida como en casi todas las constituciones escritas. Precisa de mayorías especiales para su aprobación, aunque no se necesite un órgano distinto al poder legislativo ordinario para sacar adelante las iniciativas presentadas.

El análisis de los artículos que establecen el procedimiento de reforma en la Ley Fundamental Alemana nos permite darnos cuenta de que no se hace referencia a la facultad de iniciativa, así tampoco se establece qué procedimiento se debe seguir para la discusión de un proyecto de reforma en ambas cámaras, más bien se dan requisitos que deberá cumplir la iniciativa para poder entrar en vigor. Por lo que hace a la figura del veto pareciera no existir dentro del sistema jurídico alemán, por lo menos no en los términos que lo conocemos en el sistema presidencial de nuestro país.

FRANCIA

La Constitución francesa se caracteriza por tan sólo establecer principios mínimos dentro de su texto, dejando el mayor trabajo para la legislación secundaria y los poderes constituidos. El procedimiento de reforma constitucional no es la excepción y tan sólo establece algunas normas básicas para ello.

Del estudio de su articulado se puede ver que se trata de un sistema rígido de reforma, ya que se prevén procedimientos extraordinarios para aprobar una iniciativa que pretenda modificar el texto constitucional, además de que en caso de considerarlo prudente el Presidente puede convocar al Parlamento en Congreso para hacer la aprobación de un proyecto, lo que significa un órgano superior al legislativo ordinario al funcionar ambas cámaras en asamblea única.

Como ya se dijo anteriormente, la Constitución francesa tan sólo señala principios básicos, por lo que no establece el procedimiento a seguir en las cámaras para la discusión de la iniciativa o sobre la publicación y promulgación del decreto que modifique el texto de la Carta Magna; por lo que hace al veto, al no hacerse mención al respecto se considera que la figura no se encuentra prevista dentro del ordenamiento jurídico.

Costa Rica

Por tratarse de un sistema rígido establece requisitos especiales distintos al procedimiento legislativo ordinario para lograr la modificación del texto fundamental, así también prevé la reforma total de la Constitución y su procedimiento.

Resulta importante resaltar que la constitución costarricense sostiene varios aspectos básicos sobre cómo debe ser el procedimiento de reforma constitucional, por ejemplo, señala quien tiene la facultad de iniciativa, así también remite al procedimiento legislativo ordinario durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de reforma, aunque estableciendo las mayorías específicas para cada caso, así como los tiempos para la consecución de la reforma; en este caso también se prevé la posibilidad de someter a referéndum el proyecto de reforma una vez aprobado pero antes de entrar en vigor. Por lo que hace a la reforma total de la constitución de Costa Rica, resulta ilustrador el hecho de que se encuentre previsto de forma explícita, ya que en constituciones como la nuestra, no se tiene señalamiento alguno sobre la posibilidad de una reforma total, por lo que se deja a la interpretación una cuestión tan trascendental como ésta.

Como ya se ha señalado a lo largo de esta iniciativa el procedimiento de reforma constitucional es un medio de defensa ordinario para garantizar la supremacía de la constitución. Al establecer un método agravado para poder introducir cambios en las normas constitucionales, se garantiza que ningún poder constituido pueda reformar nuestra norma fundamental por sí mismo, sino que se necesite de un método especial para estar en posibilidad de cambiar en alguna parte el texto constitucional.

Actualmente hay temas que dejan lugar a la interpretación del procedimiento de reforma constitucional, que deben ser corregidos, más aún cuando se ha puesto de “moda”, impugnar los cambios a nuestros Carta Magna, por la vía del Juicio de Amparo, donde algunos jueces han interpretado equívocamente el artículo 135 de la Constitución Mexicana.

El artículo 135 constitucional no hace referencia alguna a los individuos facultados para presentar una iniciativa de reforma a nuestra Constitución. Es por ello que a través de la historia el poder revisor de la Carta Magna ha interpretado que los facultados para presentar iniciativas de reforma constitucional, son los mismos que prevé el artículo 71 de la norma fundamental, entre los que se encuentran el Presidente de la República, los diputados y senadores, así como las legislaturas de los Estados. A tal conclusión se ha llegado a través de una interpretación sistemática de la Constitución, por lo que habría también que sumar a esta lista de facultados para iniciar una reforma constitucional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en asuntos relacionados con este ente jurídico, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la misma norma fundamental.

La falta de previsión en el artículo 135 respecto de la facultad de iniciativa ha generado que sea a través de la interpretación hecha por el Constituyente Permanente, la forma como se ha subsanado esta laguna.

En el caso particular de los senadores y diputados, creo que debería de requerirse un número determinado de legisladores que apoyen una iniciativa de reforma constitucional, ya que al permitirse la presentación de forma individual por parte de un legislador, lo que genera es que no se le dé la importancia suficiente al no contar desde un inicio con un apoyo sustancial que le permita abrirse paso en la agenda legislativa del Congreso de la Unión.

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es omiso en cuanto al procedimiento a seguir para una iniciativa de reforma constitucional durante su trámite en el Congreso de la Unión, ya que se limita a señalar tan sólo la mayoría con que debe ser aprobado en dicho órgano colegiado, más nunca hace referencia alguna sobre las reglas que deberá observar en alguna de las Cámaras.

De lo expuesto en el párrafo anterior surgen varias incógnitas: una de ellas es la posibilidad de que el Congreso de la Unión actúe como asamblea única por tratarse de una reforma constitucional, y no en Cámaras separadas como lo hace en el procedimiento legislativo ordinario. Esta duda encuentra su origen en la Constitución de 1857, ya que su artículo 127 es el antecedente inmediato del artículo 135 actual, y en aquella Constitución el Congreso de la Unión solamente se encontraba integrado por la Cámara de Diputados, ya que el Senado no había sido considerado por el Constituyente del ´56, aunque en una reforma posterior a la Constitución se incluyó de nueva cuenta al Senado de la República como integrante del Congreso; más esa modificación nunca se puntualizó en el artículo referente a las reformas constitucionales, por lo que al referirse al Congreso de la Unión en la Constitución del ´57 se trataba exclusivamente de la Cámara de Diputados.

Al igual que en el caso de la facultad de iniciativa, el poder revisor de la Constitución ha tenido que interpretar sistemáticamente nuestra norma fundamental para subsanar esta omisión cometida por el Poder Constituyente al redactar el artículo 135, y es por ello que se usa el proceso legislativo ordinario previsto en el artículo 72 constitucional, para darle seguimiento a una iniciativa presentada en cualquiera de las dos cámaras. Así, la propuesta de reforma es discutida en ambas cámaras de forma separada pero sucesiva. Para subsanar esta laguna se debe adicionar el artículo 135 para que haga referencia expresa a que el trámite de discusión se seguirá en los mismos términos que señala el artículo 72 de la norma fundamental, así como en los artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus reglamentos.

Derivado de la interpretación hecha por el poder revisor, tenemos que el artículo 72 de la norma fundamental mexicana es el que rige el trámite que se le da a una iniciativa de reforma constitucional presentada en cualquiera de las dos cámaras. De la lectura del mismo artículo encontramos la figura del veto presidencial, o facultad del Poder Ejecutivo de hacer observaciones, así como la promulgación las cuales están previstas para el procedimiento legislativo ordinario. Pero no debiera aplicarse para el caso de una reforma constitucional, toda vez que no se trata del poder legislativo constituido y normado por la Constitución sino que se trata del poder revisor de la misma, por lo que resulta equívoco pensar que este poder pudiera verse sometido a la voluntad de un poder constituido como lo es el Ejecutivo Federal. Es por ello que las figuras del veto y la promulgación no tienen cabida en el procedimiento de reforma constitucional.

A pesar de resultar obvia la solución a la problemática planteada anteriormente, no deja de ser posible que el Ejecutivo Federal en uso de las facultades que le confiere el artículo 72 de la Constitución, intente vetar un decreto de reforma constitucional, aprobado por el Congreso de la Unión a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Debe considerarse también que técnicamente se encuentra superado este obstáculo del veto, debido a la votación requerida para la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional, que es la misma que debe obtener un proyecto de ley ordinaria para superar las observaciones hechas por el Presidente.

Tal y como se configuraba en la Constitución de 1824, la solución a este problema sería señalar de forma expresa que el Ejecutivo no puede hacer observaciones a un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Constituyente Permanente, y que no es necesaria la promulgación ya que se trata de no someter a un poder constituido la voluntad del constituyente permanente.
Como ya se menciono anteriormente, el poder revisor de la Constitución se encuentra integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas. Sin embargo, el artículo 135 no señala cuál es el procedimiento a seguir en dichas legislaturas por lo que se refiere a quórum, discusión y aprobación. Lo único a que hace referencia el artículo que norma el procedimiento de reforma en nuestra Constitución, es que el proyecto de reforma deberá ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales. Conforme con la presente iniciativa vale la pena recordar que también deber participar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entendiendo que a pesar de que el Distrito Federal es un ente jurídico con una naturaleza diferente a los Estados, no existe ningún impedimento para que participe en el procedimiento de reforma a la Ley fundamental.

Otra laguna en el procedimiento de reforma constitucional, es la que se refiere a la contabilización de los votos emitidos por las legislaturas estatales, con respecto a la aprobación o no de un proyecto de reforma enviado a ellas por el Congreso de la Unión.

El problema que surge respecto de esta parte del procedimiento, es que el artículo respectivo sólo señala que para formar parte de la Constitución un proyecto de reforma deberá ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales, más no especifica si es necesario contabilizar el voto de todas las legislaturas o si con el solo hecho de conseguir el voto de la mayoría de ellas, ya no sería necesario esperar la determinación que tomen las demás con respecto del mismo proyecto de reforma enviado por el Congreso de la Unión.

El plazo cuando deberán emitir su aprobación o rechazo a un proyecto de reforma no está establecido, y se ha dado el caso de que una reforma de este tipo se queda detenida durante mucho tiempo en las legislaturas estatales, por lo que resulta importante también establecer un plazo específico para que las legislaturas se pronuncien respecto del proyecto enviado a ellas para el caso de no hacerlo dentro del previsto se les tendría por aprobado, ya que se busca crear un consenso alrededor de una reforma constitucional.

El plazo del que se habla en el párrafo anterior para que las legislaturas se pronuncien respecto de un proyecto de reforma constitucional podría ser de seis meses, ya que existe un antecedente en el artículo 73 fracción III, inciso 3° de la misma Constitución, en el cual se establece un plazo igual a los Congresos Estatales para enviar un informe al Congreso de la Unión respecto de la formación de nuevos Estados dentro del territorio de los ya existentes, lo que implica una reforma a la Constitución Federal, por lo que podría ser una buena referencia para establecer un plazo para que las Legislaturas locales se pronuncien respecto de un proyecto enviado a ellas, que pretenda reformar la Constitución.

Conforme al actual procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución, las legislaturas estatales sólo se encuentran facultadas para dar su voto negativo o afirmativo respecto del proyecto enviado por el Congreso de la Unión.

Como se sabe nuestro sistema tiene un carácter federal, siendo una de sus principales características la distribución de competencias que se establecen en el artículo 124 de nuestra Constitución. Esto indica que lo que no se encuentra expresamente establecido para el poder federal, se entiende reservado a los Estados.

Es en esta materia donde el procedimiento de reforma constitucional tiene una laguna, ya no de carácter técnico como los señalados párrafos arriba sino de fondo, al no permitir que las legislaturas estatales puedan hacer observaciones a un proyecto de reforma constitucional cuando afecte alguna materia de su competencia, y que por lo mismo tenga alguna opinión trascendente sobre el equilibrio del pacto federal. Al no permitirse más que la aprobación o rechazo del proyecto, se deja en situación de indefensión a las entidades federativas en materias que les corresponden de acuerdo a lo establecido en la Constitución General.
No deja de observarse que el hecho de permitir las observaciones de las legislaturas estatales hace más complejo el procedimiento de reforma, por lo que creo que sólo se les debería obligar a emitir de forma razonada su voto, ya sea de aprobación o rechazo, a pesar de no ser vinculatorio para el Congreso de la Unión, no deja de ser trascendente para nuestro sistema federal la participación más activa de ellas dentro del procedimiento de reforma constitucional.  

Otorgarle mayor relevancia a la participación de las Legislaturas de los Estados en el procedimiento de reforma constitucional, es necesario en tanto que en el constitucionalismo federal mexicano del siglo XIX y buena parte del XX, esta participación se encontraba encomendada al Senado de la República como Cámara de representación territorial.

Pero a lo largo de la vida constitucional mexicana se fue diluyendo la representatividad territorial del Senado.

En la Constitución de 1824 los senadores de la República eran elegidos por las legislaturas de sus respectivos Estados14, lo que les otorgaba a estos últimos una gran participación en el procedimiento de reforma de la constitución federal.

Como ya se mencionó anteriormente en la constitución de 1857 no se contemplo al senado como integrante del Congreso de la Unión, por lo que la representación territorial del Senado no existía, a pesar de que en 1872 se reformo la constitución para reintegrar a la Cámara Alta al Congreso de la Unión.

La constitución actual reconoce al Senado como Cámara de representación territorial, y estableció un sistema electoral uninominal donde los Estados eran la unidad geográfica electoral, lo que implicaba una representatividad territorial fuerte. Sin embargo esta vigorosa representatividad del Senado se ha venido diluyendo principalmente por dos adiciones y reformas a la Constitución: la primera de ellas es la introducción de la representación proporcional como sistema electoral para integrar el Senado, al establecerse una lista nacional. La segunda causa que mengua la representación territorial del Senado, es su organización interna en grupos parlamentarios de partidos políticos nacionales, con disciplina de voto. Por lo que en vez de representar a sus Estados, representan posiciones nacionales partidistas15.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente,

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO EN LA PRESENTE INICIATIVA

 

 

 

 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada una de las Cámaras, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal. Las Legislaturas locales contarán con 6 meses para enviar su aprobación o rechazo, señalando las razones en que fundan su resolución; de no hacerlo dentro del plazo señalado se entenderá que su resolución es en sentido aprobatorio.

Tendrán facultad de iniciativa en esta materia los mismos sujetos señalados en el artículo 71 de esta Constitución pero las iniciativas presentadas por legisladores federales deberán ser suscritas por un diputado o un senador, según corresponda; de igual manera lo podrá hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los términos señalados en la Base Primera, fracción V, inciso ñ), del artículo 122 de este mismo ordenamiento.

Estas iniciativas se tramitarán ante las Cámaras del Congreso de la Unión bajo el mismo procedimiento previsto en el artículo 72 de esta Constitución, con las salvedades de que las adiciones y reformas que se aprueben conforme a este artículo no podrán ser vetadas ni requerirán de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas. Una vez realizado el cómputo de las legislaturas de las entidades federativas, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de la declaratoria hecha por el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente de haber sido aprobada.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 15 de diciembre de 2009”.


 


1 Kelsen, Hans, Teoría general del Derecho y del Estado, México, 1949, pp. 404.

2 Cfr., Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, Editorial Porrúa, México, 2003, pp.12.

3 Artículo 133. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

4 Cfr. López Guerra, Luis, Introducción al derecho constitucional, Tirant lo blanch, Valencia, España, 1994, pp. 193.

5 Cfr., Quiroz Acosta, Enrique, Teoría de la constitución, Porrúa, México, 2005, pp. 125-129.

6 Cfr. Bryce, James, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, Instituto de estudios Políticos, Madrid, 1952.

7 El poder reformador de la Constitución es otro de los atributos de la soberanía, es el que sigue en orden al Poder Constituyente, por lo que podría definirse paralelamente diciendo es un poder inherente al pueblo o nación, un poder supraestatal, de naturaleza político-jurídica, hacedor de reformas a la Constitución creada por el Poder Constituyente, bien entendido que dentro del vocablo reformas quedan incluidos los conceptos de adición y supresión de principios o normas. De la Cueva, Mario: Teoría de la Constitución, Ed. Porrúa, México, 1982, pp.143.

8 Quiroz Acosta, Enrique, Teoría de la Constitución, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 50.

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12 Cfr. Op. Cit. Quiroz Acosta, Enrique, pp. 94-95.

13 Tena Ramírez, Felipe, op. cit. pp.12-13.

14 Constitución Federal de 1824, artículo 25: El senado se compondrá de dos senadores de cada Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años.
Artículo 27. Cuando falte algún senador por muerte, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la legislatura correspondiente, si estuviere reunida, y no estándolo luego que se reúna.

15 Cfr. Von Beyme, Klaus, Los partidos políticos en las democracias contemporáneas (traducción al español de Luis López Guerra y Jaime Nicolás Muñiz), Madrid, CIS, 1800, pp.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS

(Presentada por el C. Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES:

El suscrito, RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN, Senador por el estado de Durango, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la revisión de las finanzas públicas de nuestro país se observa que el gasto público se sostiene con una base tributaria baja, con múltiples exenciones y regímenes especiales. El gasto público pende en gran medida de los ingresos petroleros, atendiendo a la temporalidad y la volatilidad de los mismos, es necesario impulsar una nueva política fiscal sustentada en una recaudación más eficiente, equitativa y proporcional sujeta a una evaluación objetiva sustentada en la transparencia y rendición de cuentas.

Un eje fundamental en la proyección de una nueva reforma fiscal lo constituye la transparencia del Presupuesto de Gastos Fiscales. Materia en la que nuestro país aún no desarrolla un marco normativo que garantice la información oportuna y objetiva del mismo, esto es, el monto real que representa en la economía nacional, así como su distribución por tipo de contribución (impuesto, aportación de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos), su distribución funcional (políticas públicas) y los efectos en el ámbito social y económico de acuerdo a la justificación que en las distintas leyes fiscales o acuerdos del ejecutivo federal se expresan para su creación o regulación.

El concepto de “gastos fiscales” deriva de la expresión anglosajona “tax expenditur” utilizada para presentar los efectos de las exenciones y bonificaciones fiscales introducidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que se trataba de ingresos que no se recibían en la hacienda públicay se asemejaban en muchos aspectos a los gastos directos del Estado. En el ámbito doctrinal se define al presupuesto de gastos fiscales como “la expresión cifrada de las disminuciones en los ingresos públicos del Tesoro debidas a las exenciones, bonificaciones, desgravaciones e incentivos fiscales con que a través de las disposiciones del ordenamiento tributario se trata de beneficiar a distintos grupos de contribuyentes”.

El gasto fiscal representa una disminución real en los ingresos presupuestarios del Estado, constituyendo en las economías nacionales como un procedimiento alternopara alcanzar objetivos económicos a través de beneficios o subvenciones que se aplican a través de exenciones, bonificaciones, deducciones y desgravaciones que se desvían de la estructura propia del impuesto y constituyen beneficios específicos o determinables a la renta o actividades económicas reguladas por las leyes fiscales.

Algunos autores de la doctrina de la hacienda pública en Europa optan por equiparar el concepto de “gasto fiscal” con gasto público ya que desde el punto de vista económico, el “gasto fiscal” representa un ingreso económico que corresponde al Estado, que por disposición de la propia ley no se registra en el tesorería sino que éste se ejerce por el contribuyente en los términos y condiciones previstas en la ley.

En nuestro país, conceptualmente el Presupuesto de Gastos Fiscales –de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- consiste en la transferencia de recursos del Gobierno hacia diversos sectores de la economía o de contribuyentes, mediante tratamientos fiscales preferenciales o diferenciados, generando con ello una disminución directa en la recaudación tributaria por la aplicación de un régimen de excepción.

El concepto se ha desarrollado a partir de que en los últimos años se establece en la Ley de Ingresos de la Federación la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar y entregar al Congreso de la Unión el Presupuesto de Gastos Fiscales. El que comprenderá -al menos- los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuesto, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regimenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal, señalando los montos estimados por impuesto y por cada uno de los rubros que la ley respectiva contemple.

En la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público http://www.shcp.gob.mx,se publican los Presupuestos de Gastos Fiscales del 2004 al 2009, con los resultados siguientes:

Presupuesto de Gastos Fiscales 2004

(Cuadro 1)



Presupuesto de Gastos Fiscales 2005

(Cuadro 2)



Presupuesto de Gastos Fiscales 2006

(Cuadro 3)



Presupuesto de Gastos Fiscales 2007

(Cuadro 4)



Presupuesto de Gastos Fiscales 2008

(Cuadro 5)



Presupuesto de Gastos Fiscales 2009

(Cuadro 6)



De los Presupuestos de Gastos Fiscales anteriores, en el que corresponde al año 2008 (cuadro 5), se presenta una proyección para el año 2009, en la cualla Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estima que los gastos fiscales totales ascenderán a 732,666.6 millones de pesos (6.53% del PIB), en donde el Impuesto Sobre la Renta representa 37.0% del total de los gastos fiscales, el Impuesto al Valor Agregado 30.9%, los impuestos especiales 18.0%, el Impuesto Empresarial a Tasa Única 12.2% y los estímulos fiscales el restante 1.9%. De acuerdo con el propio informe, os cálculos anteriores se realizaron con el esquema fiscal vigente al mes de abril de 2008.

En el informe del Presupuesto de Gasto Fiscal para el 2009 (cuadro 6) la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que el total de gastos fiscales estimados ascienden a 464,914.7 mdp, cantidad que representa el 3.8717 del Producto Interno Bruto del 2009. Es de observar que entre la estimación que se presenta en el informe del 2008 para el año 2009 (cuadro 5) y la que se reporta en el Presupuesto de Gastos Fiscales para el año 2009 (cuadro 6), se presenta una diferencia nominal de 307,751.9 millones de pesos, lo que representa una diferencia del 66.19% entre lo estimado en el año 2008 con el 2009. En dicho informe se justifica la asimetría por la utilización de una metodología distinta a la aplicada en el e ejercicio anterior. Por ello, resulta conveniente que en la ley se establezcan las bases para que objetivamente se puedan definir los conceptos que integran el Presupuesto de Gasto Fiscal.

En el artículo 28 del Decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 200, se propone de nueva cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique y entregue, antes de del 30 de junio de 2010, el Presupuesto de Gastos Fiscales en los términos siguientes:

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de Dicho órgano legislativo y a la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de 2010, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá al menos, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. Dicho presupuesto deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal 2011 desglosados por impuesto y por cada uno de los rubros de ingresos que la ley respectiva contemple

La transparencia en el Presupuesto del Gasto Fiscal es de suma importancia, si se considera que en éste se expresa de manera tangible los objetivos, compromisos y prioridades en la aplicación de una política fiscal que favorece a determinado sectores de la economía nacional.

En cada ejercicio Fiscal la Tesorería de la Federación deja de recibir recursos económicos por los conceptos siguientes:

Tasas diferenciadas en los distintos impuestos.

Exenciones

Subsidios

Créditos fiscales

Condonaciones

Facilidades administrativas

Estímulos fiscales

Deducciones autorizadas

Tratamientos y regimenes especiales

Diversidad de conceptos que representan grandes cantidades de recursos económicos que no son adecuadamente reportados en los informes que a la fecha presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, por encontrarse dispersos en las distintas leyes fiscales y en los acuerdos emitido por el titular del Poder Ejecutivo a través de decretos administrativos que establecen diversas extensiones o facilidades administrativas que definen en muchos casos los alcances de las contribuciones o créditos fiscales. Situación que no permite el acceso a información objetiva para evaluar las políticas fiscales que en forma directa benefician a sectores económicos, empresas y personas físicas que actualizan los supuestos de excepción previstos en las leyes fiscales y en los acuerdos que en la materia emite el Titular del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, en la misma Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010, se contemplan diversas exenciones, estímulos fiscales y facilidades administrativas, entre las que destacan las siguientes:

a) Disminución en los recargos de créditos fiscales.

En el artículo 8 determina que en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales –incluyendo actualización- se causaran recargos al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos; cuando se autorice pago a plazos se aplicarán sobre los saldos y durante el periodo de que se trate las tasas de recargo siguientes: 1) Pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 mese, la tasa de recargo será de 2 por ciento mensual. 2) Pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses, la tasa será de 1.25 por ciento mensual. 3. Tratándose de pagos a plazos superiores a 24 meses, así como de pagos a plazos diferidos, la tasa de recargo será de 1.5 por ciento anual.

b) Condonación de cobro de gravámenes.

En el primer párrafo del artículo 9 se determina ratificar los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y crédito público sobre causación de tales gravámenes.

c) Finiquito de adeudo entre la Federación, las entidades federativas, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados.

En el segundo párrafo del artículo 9 se determina ratificar los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos.

e) Asignación de mercancías o vehículos de procedencia extranjera

En el mismo párrafo segundo del artículo 9, se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas pro la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, pro las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del Fisco Federal. Para ello, determina en el tercer párrafo del mismo artículo, la suspensión de la aplicación del artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

f) Beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la renta, de derechos y aprovechamientos a Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal incluyendo sus organismos descentralizados.

En el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de Ingresos, se establece que las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal incluyendo sus organismos descentralizados, podrán acceder a beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos sise adhieren al Decreto por el que se otorgan publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2008, teniendo de plazo hasta el 31 de marzo de 2010 para celebrar el convenio correspondiente.

g) Cancelación de Créditos Fiscales

En el artículo 15 de la misma Ley de Ingresos, se facultaa las autoridades fiscales para que lleven a acabo la cancelación de créditos fiscales en los casos en que exista incosteabilidad.

h) Reducción de multas

Se pagará el 50 por ciento de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, si el pago de las mismas se realiza hasta antes de que se levante el acta final en al visita domiciliaraiso se notifique el oficio de observaciones. Después de ocurrido los dos supuestos anteriores, se pagará el 60 por ciento, siempre y cuando se pague antes de que se notifique el monto de las contribuciones omitidas.

i) Estímulos fiscales

En el artículo 16 se determina que durante el 2010 se otorgarán estímulos fiscales siguientes:

Deducción de diesel adquirido para consumo final utilizado como combustible de maquinaría general; así como el utilizado en vehículos marinos y de baja velocidad; ya quien lo utilice en actividades agropecuarias o silvícola.

Se permite el acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga.

Se otorga un estímulo fiscal consistente en permitir acreditar los gastos en el pago de infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o pasajes que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.

j) Exenciones

Se exime del pago sobre automóviles nuevos a quienes enajenen al público en general o importen automóviles cuya propulsión sea a base de baterías eléctricas recargables, así como eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrogeno.

A la importación de gas natural se exime el pago de derecho de trámite aduanero

k) Estímulos fiscales y subsidios a importaciones en zona fronteriza

En el artículo 17 se faculta a la Secretaría de hacienda y Crédito Público para otorgar estímulos fiscales y subsidios a las importaciones de artículos de consumo, de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas.

l) Estímulos fiscales y subsidios a cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.

En el mismo artículo 17 de la Ley de Ingresos se faculta en forma genérica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir las disposiciones necesarias para el cumplimiento de estímulos fiscales y subsidios, sin que se llegue a precisar en que consistirían los mismos.

De los anteriores no todas las exenciones y estímulos fiscales quedan comprendidos en los impuestos que se considera la Secretaría de hacienda y Crédito Público en la integración del Presupuesto de Gastos Fiscales, como es, por ejemplo, el finiquito de adeudo entre la Federación, las entidades federativas, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados; los beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos al que han accedido las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, al adherirse a los Decretos emitidos pro el Ejecutivo Federal para la regularización en las obligaciones fiscales señaladas; la condonación de derechos sobre el agua a organismos municipales y estatales.

También es de considerar, que existen otros gastos fiscales que no se integran a dicho, como son los derechos por el aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación, cuyo caso se ejemplifica con el agua. Conforme a lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, están obligados al pago el derecho sobre el agua, las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales de acuerdo con las zonas de disponibilidad de agua en que efectúen su extracción. Por otra parte, en el artículo 225 de la Ley Federal de Derechos vigente, ratifica la obligación de los contribuyentes del derecho de agua de contar con aparatos de medición de las aguas que usan o aprovechan, mismos que deberán tener sellos oficiales de la Comisión Nacional del Agua e instalarlos en lugares visibles, así como permitir el acceso del personal de la Comisión para verificarse lectura.

De igual forma, están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como los que descarguen aguas residuales en los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Obligaciones de que se modificaron con el Decreto por el que se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales a cargo de los contribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2004.En cuyo artículo Primero se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, que establecen los artículos 222 y 223 de la Ley Federal de Derechos, incluyendo, incluyendo actualizaciones, recargos y multas a cargo de entidades federativas, Distrito federal, municipios, organismos operadores, comisiones estatales, o cualquier otro tipo de organismo u órgano, que sean los responsables directos de la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a quienes en lo sucesivo se les denominará “prestación de servicios” en las condicionesque este Decreto establece, y que se hayan causado hasta el 31 de diciembre de 2001.

Otras exenciones y estímulos fiscales se registran en las leyes fiscales siguientes:

a) Ley del Impuesto Sobre la Renta

b) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

c) Ley del Impuesto al valor Agregado; y

d) En el Código Fiscal de la Federación

En las que se contemplan disposiciones especificas que determinan diversos beneficios fiscales que afectan en forma directa a los montos de cada impuesto que deberían de pagar las personas físicas y morales sin excepción a la regla general.

Por otra parte, como elemento fundamental en la integración del Presupuesto de Gasto Fiscal, existen decretos emitidos por el Ejecutivo Federal que también representan recursos económicos, que por un tratamiento diferenciado a los sujetos obligados de las contribuciones, no se contabilizan en el Presupuesto de Gastos Fiscales. Lo que se ha fundado en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que determina que el Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I.- Condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado a trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.

II.- Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar la disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o sanciones de las mismas a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

III.-Conceder subsidios o estímulos fiscales

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales. Así como, el monto o proporción de los beneficios, plazo que se concedan y los requisitosque deberán cumplirse por los beneficiarios.

Lo anterior, se ha expresado como una facultad delegada al titular del Poder Ejecutivo Federal, para conceder u otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes.

Por lo anterior, resulta necesarios que el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que la Constitución General determina para establecer contribuciones para el gasto público, de acuerdo a lo establecidos en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, establezca en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los alcances y contenidos del Presupuesto de Gastos Fiscales, precise los lineamientos que se deben observar en la construcción y aplicación de una política fiscal que contribuya a eficientar el uso de los recursos públicos, que transparente su destino y sea elemento objetivo para evaluar el destino de subsidios, exenciones y facilidades administrativas, con el objeto de reorientar reactivación de la economía nacional,contribuir a la generación y conservación del empleo y establecer mejores condiciones de competitividad.

Es preciso conocer los resultados de la aplicación de las políticas fiscales que se presentan como excepción a la regla general contenida en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Obligación de estricto cumplimiento si se considera que el artículo 13 de la propia Constitución General determina que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.

De una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1, 28, 31 fracción IV, 73 fracción VII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la exención de impuestos como regla general se encuentra prohibida en nuestro país. Sin embargo, esta prohibición se suspende cuando así lo prevea la propia ley, lo que se hace a través de diversas modalidades cuyos resultados concretos se presentan en la afectación a los ingresos que las leyes determinan para el Estado.

El tratamiento diferenciado a los contribuyentes por excepciones a las reglas generales en la aplicación de los diferentes impuestos, representan un beneficio directo para aquellos contribuyentes que actualizan los supuestos de excepción o de trato diferenciado a través de facilidades administrativas o tasas diferenciadas. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Federación, a través de tesis de jurisprudencia, define a los estímulos fiscales como:

beneficios de carácter económico concedidos por la Ley Fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener ciertos fines de interés social, requiriéndose para que se den, los siguientes elementos: a) la existencia de un tributoo contribución a cargo del beneficiario del estimulo, el cual se necesita, ya que el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente. B) Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigirlo”.

En otra tesis, el mismo Tribunal Fiscal determina que el estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor con relación a un impuesto a su cargo. Éstos al ser beneficios para el sujeto pasivo, se emplean como política financiera, económica y social, en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la finalidad perseguida con ello sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando, asimismo, los principios de justicia fiscal que le sean aplicables cuando incidan los elementos esenciales de la contribución1.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina la obligación de todos los mexicanos, personas físicas y morales, de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

De la revisión de los informes del Presupuesto de Gastos Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encontramos que en los mimos no se reportan todos y cada uno de los conceptos que contiene el artículo 28 de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales del 2004 al 2009. Por ello, se considera necesario establecer en las leyes los conceptos jurídicos y los procedimientos administrativos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente dentro del proceso de elaboración del presupuesto público federal la información objetiva y oportuna de los montos que deja de recaudar la Tesorería de la Federación por conceptos de Gastos Fiscales.

En un Estado Democrático de Derecho corresponde a los ciudadanos contribuir para los gastos públicos en sus tres niveles de gobierno, de manera proporcional y equitativa, para ello en el párrafo primero del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación se determina lo siguiente:

Las personas físicas y morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.

En el mismo Código, en el artículo 2, se establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III, IV de este artículo.

II. Aportaciones de Seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionada por el mismo Estado

III. Contribuciones de mejorasson las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas;

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Así mismo, en este precepto se determina que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21, del mismo ordenamiento fiscal, son accesorios de las contribuciones y participan de la misma naturaleza de éstas De lo anterior, se deriva una primera clasificación de las contribuciones que aportan personas físicas o morales al erario público, mismas que deben ser consideradas para definir en forma objetiva los conceptos de ingreso que deben integrar el Presupuesto de Gastos Fiscal.

Para efectos de fortalecer la política de información y transparencia que debe aplicarse en el ejercicio de los recursos de la federación, consideramos necesario establecer bases para la información y revisión de los incentivos que se derivan de la política fiscal prevista en cada ejercicio fiscal a través de la Ley Federal de Ingresos que ejecuta el Poder Ejecutivo Federal, con el objeto de prevenir abusos y distorsiones en el ejercicio de la potestad que en la materia tiene a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la responsable para elaborar el proyecto de dictamen de la Minuta que ha remitido la Cámara de Diputados sobre Ley de Ingresos para el Ejercicio 2010.

La política de transparencia y rendición de cuenta debe comprender la aplicación de los distintos conceptos que integran el Gasto Fiscal con base al total de contribuciones que las leyes de la materia determinan para las personas morales de carácter público o privado, así como a las personas físicas en un ejercicio fiscal.

Para ello, en la presente iniciativa, se propone reformar el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria para especificar que la misma es reglamentaria del artículo 28 párrafo décimo tercero y 34 fracción IV en materia de exenciones, subsidios y facilidades fiscales como elementos del presupuesto de gastos fiscales.

También se propone adicionar una nueva fracción XXV al artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, recorriendo en un número las actuales fracciones XXV a LVII, con el objeto de incorporar los conceptos fiscales que integran el Presupuesto del Gasto Fiscal, siendo el siguiente:

Gasto Fiscales: todas las exenciones, reducciones y desgravacionesque se desvían de la estructura normal de cualquiera de las contribuciones previstas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, constituyendo un régimen fiscal favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de actividad, así como la aplicación de tasas diferenciales, créditos fiscales y deducciones más favorables , así como esquemas de diferimiento de pagos de impuestos y que tienen objetivos extra fiscales o de política económica, determinadas en las leyes fiscales y de ingresos de la Federación.

En el artículo 16 de la actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, mismas que deberán contener cuando menos lo siguiente: I. Las líneas generales de política económica; II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, por lo que se propone adicionar una nueva fracción IV, recorriendo la actual a la fracción V, con el objeto de establecer que en la Ley de Ingresosy el Presupuesto de Egresos deberá ser considerada la estimación del presupuesto de gasto fiscal, los objetivos en la política fiscal por sector económico, el impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras, derechos y aprovechamientos afectado.

Se propone establecer que la Ley de Ingresos de la Federación deberá contener la explicación, en el año que se presupuesta, de las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales, incluyendo en forma individualizada los convenios celebrados entre la Federación, las Entidades y los Municipios por los que se suspenda en forma parcial o total el cobro de gravámenes, así como aquéllos convenios en los que se finiquiten adeudos entre éstos y sus organismos públicos descentralizados, justificando la procedencia de los mismos y los beneficios que aportan a la economía nacional. Lo anterior a través de la adición de un inciso d) en la fracción I del artículo 40 de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria.

Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el Presupuesto de Gastos Fiscales, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, deberá presentar en el primer semestre del año siguiente a cada ejercicio fiscal un informe del ejercicio del Presupuesto de Gasto Fiscal que deberá contener por lo menos:

I.- Montos por contribución que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2del Código Fiscal y cada una de las leyes fiscales que determinan exenciones o facilidades fiscales se dejan de percibir en la Tesorería de la Federación

II.- Reporte de personas morales públicas o privadas, así como las personas físicas que durante el ejercicio fiscal 2010 fueron beneficiadas.

III.- Fundamento legal para la aplicación del estímulo, exención, subsidio, crédito fiscal, condonación, facilidades, deducciones autorizadas, tratamientos y regimenes especiales establecidos en las distintas leyes fiscales, según sea el caso.

IV.- Considerar como aportación de recursos público los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, estímulos fiscales deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal, son consideradas aportaciones del erario público para efectos de su integración en la Cuenta Pública y su revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

V.- Evaluación de los beneficios en la economía nacional, regional o por sector de la aplicación de las políticas de estímulo, exención, subsidio, crédito fiscal, condonación, facilidades, deducciones autorizadas, tratamientos y regimenes especiales establecidos en las distintas leyes fiscales

Dicho informe deberá será objeto de evaluación por la Auditoria Superior de la Federación en función de las atribuciones que le concede la Constitución General en la revisión del Gasto Público, para ello se adiciona el inciso e) en la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Por lo expuesto, someto a esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos siguientes:

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1; el inciso d) de la fracción I del artículo 40. Se adiciona una nuevafracción XXV, recorriendo las actuales XXV a LVII, del artículo 2; una nueva fracción IV y se recorren la actual fracción IV a la fracción V del artículo 16; una fracción V al artículo 24; un párrafo octavo al artículo 32, todos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como siguen:

Artículo 1.La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 28 párrafo décimo tercero, 34 fracción IV, 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, en los que se incluye el Presupuesto del Gastos Fiscal.

Artículo 2.-Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a XXIV. …

XXV. Gastos Fiscales: todas las exenciones, reducciones y desgravaciones que se desvían de la estructura normal de cualquiera de las contribuciones previstas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, constituyendo un régimen fiscal favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de actividad, así como la aplicación de tasas diferenciales, créditos fiscales y deducciones más favorables , así como esquemas de diferimiento de pagos de impuestos y que tienen objetivos extra fiscales o de política económica, determinadas en las leyes fiscales y de ingresos de la Federación.

XXVI. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XXVII.Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XXVIII.Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;

XXIX.Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;

XXX.Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión;

XXXI.Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto;

XXXII.Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

XXXIII.Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente;

XXXIV.Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de la legislación laboral y de esta Ley;

XXXV.Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;

XXXVI.Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos;

XXXVII.Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley;

XXXVIII.Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos;

XXIX.Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;

XL.Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura;

XLI.Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos;

XLII.Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los tribunales administrativos;

XLIII.Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos;

XLIV.Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas;

XLV.Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XLVI.Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;

XLVII.Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones extraordinarias;

XLVIII.Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas tanto del Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno Federal;

XLIX.Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión;

L.Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos;

LI.Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

LII.Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;

LIII.Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

LIV.Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general;

LV.Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera;

LVI.Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios;

LVII.Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y

LVIII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad.

Artículo 16.- …

I. …

II. …

III. …;

IV. La estimación del presupuesto de gasto fiscal, los objetivos y resultados en la política fiscal por sector económico; el impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras, derechos y aprovechamientos afectado.

V. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende:

I a III. …

V. El Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 32. …

La Secretaría presentará enel proyecto de Presupuesto de Egresos un apartado con el Informe de los Gastos Fiscales, cuando menos con los contenidos siguientes:

I. Montos por contribución que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Código Fiscal y cada una de las leyes fiscales que determinan exenciones o facilidades fiscales se deja de percibir en la Tesorería de la Federación.

II. Relación de personas morales públicas o privadas, así como las personas físicas que durante el ejercicio fiscal inmediato anterior fueron beneficiadas.

III. Fundamento legal para la aplicación del estímulo, exención, subsidio, crédito fiscal, condonación, facilidades, deducciones autorizadas, tratamientos y regimenes especiales establecidos en las distintas leyes fiscales, según sea el caso.

IV. Los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, estímulos fiscales deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal, como aportaciones al erario público para efectos de su integración en la Cuenta Pública y su revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

V. Una evaluación de los beneficios en la economía nacional, regional o por sector económico de la aplicación de las políticas de estímulo, exención, subsidio, crédito fiscal, condonación, facilidades, deducciones autorizadas, tratamientos y regimenes especiales establecidos en las distintas leyes fiscales

Artículo 40.-El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:

I. …

a) … ;

b) … ;

c)…;

d) La explicación para el año que se presupuesta de las estimaciones del presupuesto de gastos fiscales, incluyendo en forma individualizada los convenios celebrados entre la Federación, las Entidades y los Municipios por los que se suspenda en forma parcial o total el cobro de gravámenes, así como aquéllos convenios en los que se finiquiten adeudos entre éstos y sus organismos públicos descentralizados, justificando la procedencia de los mismos y los beneficios que aportan a la economía nacional;

Artículo segundo. Se adiciona el inciso e) en la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para quedar como sigue:

Artículo 8.-…:

I. …

II. …

III. …

IV.- …

IV. …

a) …

b) …

c) …

d) …

e) Estimaciones del gasto fiscal por tipo de contribución afectada.

I. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán”.


1 Tesis número 2ª. L/2005, foja 530, tomo XXI del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del mes de mayo de 2005.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, a nombre propio y de diversos Senadores)

“H. ASAMBLEA

La suscrita, MARIA DE LOS ANGELES MORENO URIEGAS, Senadora a la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los abajo suscritos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la iniciativa con proyecto de Decretoque reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las personas con discapacidad han recorrido un largo camino en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y su dignidad.

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido y acompañado esta lucha en diversas ocasiones, en razón de la cual ha aprobado leyes en materia de derechos de personas con discapacidad y ratificado convenciones internacionales tales como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad del 26 de abril de 2000 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo del 27 de septiembre de 2007, tratados internacionales que constituyen hoy en día Ley Suprema de la Unión.

No obstante lo anterior, la actual Ley Federal del Trabajo no reconoce a las personas con discapacidad como sujetos activos del derecho laboral, sino únicamente como posibles beneficiarios objeto de una pensión por “incapacidad”, concepto que tiene una aplicación específica y totalmente independiente al concepto de “discapacidad”. A diferencia de este caso, otros grupos “vulnerables” tales como las mujeres y los niños, sí cuentan con un apartado específico en la Ley Federal del Trabajo actualmente en vigor.

Según estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el grupo de las personas con discapacidad presenta una tasa de desempleo cercana al setenta y cinco por ciento; y del veinticinco por ciento empleado, únicamente el treinta y cinco por ciento obtiene una remuneración diaria superior a dos salarios mínimos, de donde se puede inferir el círculo de pobreza y marginación a que están sometidas.

Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar que, de conformidad con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 10% de la población a nivel mundial vive con algún tipo de discapacidad1 y, por lo tanto, existe una gran oferta laboral desaprovechada y un gran número de personas que viven precariamente. La inclusión laboral de las personas con discapacidad puede ampliar las oportunidades de vida digna para muchas personas y sus familias.

Por otra parte, el trabajo, es constitucionalmente considerado como un derecho y la eliminación de toda forma de discriminación, una garantía. En éste contexto, la iniciativa pretende ser una herramienta útil para avanzar en ambos propósitos. El proyecto planteado adiciona un capítulo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social a efecto de contemplar los derechos de las personas con discapacidad. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un paso esencial para lograr acercarnos al cambio de perspectiva establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, la colaboración de la sociedad civil para promover políticas y medidas que atiendan los derechos de las personas con discapacidad es un esfuerzo útil, reconocido en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad2. De ahí la importancia de realizar consultas y colaborar activamente con las organizaciones de y para personas con discapacidad para poner en práctica leyes y políticas en la materia.

La presente iniciativa deriva precisamente, de un esfuerzo de la sociedad civil organizada y ha sido objeto de amplias consultas con las diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad en México. Está sustentada en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su aprobación permitirá cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano al promulgar la ratificación de dicha convención.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que se pone a consideración propone modificar los siguientes ordenamientos:

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Art. 180 BIS A. En este artículo se incluye la definición de trabajador con discapacidad, de conformidad con la definición contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta definición no se contrapone con otras asentadas en las distintas leyes tanto a nivel Federal como estatal ene l país y, en cualquier caso, la definición de la Convención debe prevalecer.

Art. 180 BIS B. En este artículo se incluye la obligación recíproca para los empleadores de tener contratadas y poner sus vacantes a disposición de trabajadores con discapacidad, y de los trabajadores con discapacidad de cumplir con las obligaciones establecidas a su cargo en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Cabe mencionar que este enfoque deriva del cambio de perspectiva encabezado por la Convención, en que la discapacidad ya no es un tema de “asistencia social” o “caridad” sino una situación recíproca que implica derechos y obligaciones para las personas con discapacidad.

Art. 180 BIS C. Este artículo establece la obligación de dar las mismas condiciones de trabajo a los trabajadores con discapacidad y a que estos presten sus servicios en un ambiente abierto, inclusivo y accesible.

Art. 180 BIS D. Este artículo prohíbe toda discriminación laboral en contra de las personas con discapacidad. Se ha omitido intencionalmente establecer una definición específica de discriminación o acoso laboral en contra de las personas con discapacidad, toda vez que existen ya leyes y tratados que regulan ampliamente la materia, tales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la propia Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los cuales establecen ya una definición de discriminación.

Corresponderá, en todo caso, a las autoridades laborales al resolver sobre la aplicación de estas reformas a la Ley Federal del Trabajo determinar mediante su jurisprudencia las conductas y condiciones que pueden actualizar el supuesto normativo de discriminación laboral por motivos de discapacidad.

Art. 180 BIS E. Este artículo establece la obligación general de los patrones, empresas o establecimientos laborales de hacer sus instalaciones y procesos productivos accesibles para los trabajadores con discapacidad, siempre y cuando dichos ajustes sean razonables y no impongan una carga desproporcionada para los empleadores.

Al respecto, cabe señalar lo establecido en la Resolución número A/HRC/10/48 de las Naciones Unidas con respecto al artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

“La legislación nacional deberá imponer la obligación de realizar los ajustes razonables, aclarar los elementos de esa obligación y los factores sobre los que evaluar la razonabilidad de los ajustes, y considerar de forma inequívoca como acto discriminatorio la denegación de ajustes razonables.”3

En ese sentido, se incluye la obligación establecida en el artículo 27 de la Convención, y se instruye a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que establezca, mediante normas reglamentarias, los límites y condiciones de los ajustes razonables que deban realizarse.

Se establece un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social efectue lo conducente.

Art. 180 BIS F. Este artículo establece la obligación general de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de diseñar los esquemas y mecanismos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en colaboración con las organizaciones de y para personas con discapacidad.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

En cuanto a las reformas a la Ley del Seguro Social, se incluye un nuevo capítulo a efecto de establecer que las personas con discapacidad no perderán sus derechos adquiridos como beneficiarios de un seguro social al momento de iniciar una relación laboral, situación que hoy no resulta clara en dicha ley y se presta a diversas interpretaciones por parte de la autoridad.

Cabe mencionar que esta disposición se encuentra ya referida en un acuerdo interno vigente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El objeto ésta reforma es reflejar dicho acuerdo en la Ley del Seguro Social, a favor de todas las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de éste órgano colegiado la siguiente iniciativa con proyecto de.

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRIMERO.Se adiciona a la Ley Federal del Trabajo un nuevo Título Quinto Ter, así como los artículos 100 BIS A, 100 BIS B, 100 BIS C, 100 BIS D, 100 BIS E y 100 BIS F para quedar como sigue:

TITULO QUINTO TER

Del Trabajo y el Empleo de las Personas con Discapacidad

Art. 180 BIS A.- Para los efectos de esta ley, se entiende que el término trabajadores con discapacidad incluye a todos aquellos trabajadores que tengan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

Art. 180 BIS B.- Todo patrón tiene la obligación de tener contratados trabajadores con discapacidad y de poner a disposición de los mismos sus vacantes para desempeñar las labores cotidianas junto con el resto de su personal. Los trabajadores con discapacidad deberán cumplir con las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores en términos de la presente ley.

Art. 180 BIS C.- Los trabajadores con discapacidad tienen derecho a las mismas condiciones de trabajo que el resto del personal y a prestar sus servicios en un ambiente abierto, inclusivo y accesible en todas las actividades, niveles y órganos de la empresa o establecimiento. Los trabajadores con discapacidad tendrán derecho a recibir una capacitación adecuada de conformidad con sus necesidades a efecto de lograr la continuidad en su trabajo y promoción profesional.

Art. 180 BIS D.- Queda prohibido todo tipo de discriminación o acoso laboral por motivos de discapacidad, incluyendo cualquier discriminación en la selección, contratación, continuidad en el empleo, accesibilidad, capacitación, promoción profesional, salario, y a trabajar en condiciones seguras y saludables.

El patrón deberá cuidar que en su empresa o establecimiento no exista discriminación de los demás trabajadores hacia los trabajadores con discapacidad.

Art. 180 BIS E.- Todo empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables que sean necesarios para hacer sus instalaciones, formatos y procesos accesibles a las personas con discapacidad, en tanto que dichas adecuaciones no impongan una carga desproporcionada o indebida para la empresa o establecimiento. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinará mediante reglas de carácter general qué tipo de adecuaciones procederán.

Art. 180 BIS F.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en colaboración con las distintas dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, y en consulta con las distintas organizaciones de y, para personas con discapacidad, diseñará programas y esquemas para impulsar y estimular incentivar los derechos e inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como la realización de los ajustes razonables que correspondan en términos de la presente ley.

SEGUNDO.Se adiciona un nuevo Capítulo XI, así como los artículos 239 BIS A y 239 BIS B a la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO

CAPITULO XI

De la seguridad Social para los Trabajadores con Discapacidad

Artículo 239 BIS A.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por trabajadores con discapacidad aquellas personas que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 180 BIS A de la Ley Federal del Trabajo.

Articulo 239 BIS B.- Los trabajadores con discapacidad no perderán los derechos adquiridos como titulares o beneficiarios de cualquier seguro establecido en la presente ley por el hecho de iniciar o terminar una relación laboral.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las reglas de carácter general a que se refiere el Artículo 180 BIS E de la Ley Federal del Trabajo.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 15 de diciembre de 2009.

Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas.- Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Alfonso Elías Serrano.- Sen. Carlos Aceves del Olmo.- Sen. Francisco Labastida Ochoa.- Sen. Melquiades Morales Flores.- Sen. Fernando Baeza Meléndez.- Sen. Mario López Valdez.- Sen. Guillermo Tamborrel”.


1NACIONES UNIDAS. Boletín de prensa núm. 08/046, 12 de mayo de 2008

2Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 4.3

3A/HRC/10/48, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.Estudio Temático para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad § 55






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- Marco Jurídico y Requerimientos para el Desarrollo de los Sistemas de Agua para Consumo Humano en el País.

Son muchas las razones que permiten afirmar que el agua además de representar uno de los elementos más importantes para la vida, constituye uno de los principales nutrientes del cuerpo humano y uno de los componentes básicos de la salud. Al propio tiempo que también puede convertirse en uno de los principales vehículos para la transmisión de numerosas enfermedades a la población humana y demás seres vivos. De ahí el porqué resulta primordial fortalecer el marco jurídico que se vincula con la calidad sanitaria de las aguas en nuestro país, sobre todo de aquellas que se destinan directamente al consumo de la población.

Por lo expresado uno de los objetivos esenciales de la presente iniciativa es el fortalecer las atribuciones del Estado referidas al control sanitario de los sistemas de agua para consumo humano en el país, promoviendo la revisión de las disposiciones vinculadas con la materia, existentes en la legislación secundaria federal, en las disposiciones estatales relacionadas y en los reglamentos federales y estatales involucrados con el tema.

1.1 Legislación Constitucional.

LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene ensu artículo 4° una serie de mandatos que guardan estrecha relación con la obligación del Estado de regular y vigilar la calidad sanitaria de los servicios de suministro, tratamiento y distribución del agua para consumo humano. Entre esos mandatos debemos subrayar los siguientes: a) el fundamento esencial del derecho a la salud de los mexicanos; b) las bases del Sistema Nacional de Salud; c) las bases de la legislación ambiental en el país; d) la disposición de una vivienda digna con los servicios esenciales; y e) la satisfacción de las necesidades elementales de la niñez. Al respecto este artículo 4° dispone: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia….Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo….Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”….

En razón de que la presente iniciativa se vincula con el fortalecimiento de las facultades de las Secretaría de Salud y de su Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, para lograr una regulación y control sanitario más efectivo sobre los diferentes servicios de suministro, tratamiento y distribución del agua para consumo humano. Cuestión estrechamente ligada al cumplimiento, por parte del Estado, del derecho de toda persona -en México-a la protección de la salud.

Si partimos del hecho indubitable de que la vida precisa de la existencia del agua para preservarse y de que este elemento resulta esencial para la sobrevivencia y reproducción humana, es lógico aceptar que constituye uno de los componentes fundamentales del derecho a la salud. De igual forma si aceptamos que a través del agua pueden transmitirse la mayoría de las enfermedades al ser humano, resulta claro que las acciones para preservar su calidad sanitaria revisten un valor fundamental para la salud del hombre en cualquier latitud y sociedad.

De acuerdo con lo mandatado en la Ley Fundamental, la Ley General de Salud ha establecido el esquema básico de distribución de competencias entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas, para asegurar el cumplimiento de esa derecho a la salud. Desafortunadamente este marco de competencia ha resultado insuficiente para deslindar las facultades que corresponden al Gobierno Federal y a las autoridades locales, a fin de lograr el adecuado ejercicio de las atribuciones sanitarias que se vinculan con la regulación, el control y la asistencia sanitaria sobre los servicios públicos responsables del suministro, tratamiento y distribución del agua para consumo humano.

1.2 Legislación Secundaria.

1.2.1 Ley General de Salud.

Para comprender la regulación sanitaria relacionada con los sistemas de agua para el consumo humano debemos revisar lo dispuesto en lavigente Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984; la cual además de serreglamentaria del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. constitucional, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Por lo mismo es una ley de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

De conformidad con el artículo 2º de esta Ley y su fracción V: El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: …”El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población”….Bajo este antecedente y en un sentido amplio los servicios de salud destinados a regular y vigilar los sistemas de agua para el consumo humano se encuadrarían en dicha fracción.

Inexplicablemente el Artículo 3° de esta Ley, que establece las facultades del Sistema Nacional de Salud en materia de salubridad general, no señala con claridad las facultades referidas a la regulación y vigilancia sanitaria de los sistemas de agua para el consumo humano. En efecto las numerosas fracciones del artículo no especifican ese rubro, según se puede apreciar a continuación: “Artículo 3° En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley; II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; II bis. La Protección Social en Salud. III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracción II; IV. La atención materno-infantil; IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas; V. La salud visual. VI. La salud auditiva. VII. La planificación familiar; VIII. La salud mental; IX. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; X. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud; XI. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; XII. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país; XIII. La educación para la salud; XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre; XVI. La salud ocupacional y el saneamiento básico; XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; XVII Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual; XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;XIX. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; XX. La asistencia social; XXI. El programa contra el alcoholismo; XXII. El programa contra el tabaquismo; XXIII. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; XXIV. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación; XXV. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; XXVI. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en la fracción XXII y XXIII; XXVII. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley; XXVIII. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células; XXVIII Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos; XXIX. La sanidad internacional; XXX. El tratamiento integral del dolor, y XXXI. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional”.

La inadecuada precisión de las facultades de la Secretaría de Salud, en la materia que nos ocupa, explica, parcialmente, que diferentes autoridades locales recientemente cuestionaran su intervención en la verificación de los sistemas de agua potable de varias Delegaciones en la Capital del País. De igual forma que cuestionaran el que la Dependencia hubiese señalado y hecho del conocimiento público la contaminación que detectó en dichos sistemas la COFEPRIS (órgano desconcentrado de dicha Secretaría y que es la autoridad competente en la materia). En efecto esta Comisión, comprobó la existencia de material fecal y de residuos orgánicos en tales sistemas delegacionales, señalando que tal irregularidad contravenía la normatividad sanitaria aplicable. Sin embargo, al poco tiempolas autoridades de salud de Gobierno del D.F.exhibieron los resultados de los muestreos sanitarios que ellas mismas practicaron -con posterioridad- sobre los sistemas de agua precitados y los cuales validaban la pureza del agua en los sistemas cuestionados. Todo esto con la pretensión de desvirtuar los resultados obtenidos previamente por la autoridad federal. Incluso le iniciaron diversos procedimientos legales por considerar ilegal su actuación.

Para comprender la interrelación de diferentes autoridades en la regulación y control sanitario sobre los servicios de suministro de agua para el consumo humano, es importante atender lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley General de Salud, el cual establece que “El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

La regulación y control sanitario de aquéllos servicios también guarda estrecha relación con los objetivos de ese Sistema, que se precisan en los numerales I, V, VII y VIII del artículo 6° de la Ley señalada, y que son los siguientes: I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;…V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;…VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección, y VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud.

Lo anterior guarda relación con lo preceptuado por el artículo 4° de la Ley General de Salud, el cualestablece que “Son autoridades sanitarias: I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito Federal”. Incluso el Artículo 7° de la misma ley establece que “La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud” y que a esta le corresponde: “I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal; II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; III. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud; IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea solicitada por el Ejecutivo Federal; V. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; VI. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud, con sujeción a las leyes que regulen a las entidades participantes; VII. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de salud; VIII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud; IX. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud; X. Promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud; XI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud; XII. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con las prioridades del Sistema Nacional de Salud; XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud, y XV. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

La interpretación de ese artículo 4° de la Ley General de Salud que establece cuales son las autoridades sanitarias, en relación con el Artículo 9° de la misma Ley, permite tener una concepción cierta de cual es la participación de las autoridades federalesy estatales en el Sistema Nacional de Salud. Al respecto el artículo 9° citado dispone:Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud. La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo” En el mismo sentido podemos señalar lo dispuesto por el Artículo 12 de esa Ley que sobre el particular dispone:”La competencia de las autoridades sanitarias en la planeación, regulación, organización y funcionamiento del sistema Nacional de Salud, se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales aplicables.”

Considerando este marco de referencia podemos sostener que si el citadoartículo 3° de de la Ley General de Salud señalara con precisión la atribución de la Secretaría de Salud para regular y vigilar las condiciones sanitarias de los sistemas de aguapara el consumo humano, resultaría irrefutable que pudiera determinar -sin objeción- la política nacional sanitaria sobre dichos sistemas, así como las acciones necesarias para promover e impulsar la participación de la comunidad en este rubro. De igual forma que le correspondería promover, coordinar y evaluar los programas aplicables a dichos sistemas en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública, así como determinar la periodicidad y características de la información que sobre el tema deberían proporcionarle las dependencias y entidades del sector salud. También sería competente para formularles recomendaciones sobre la asignación de los recursos requeridos en la materia e impulsar las actividades científicas y tecnológicas vinculadas. Asimismo para impulsar los sistemas de información y para el desarrollo de los recursos humanos requeridos.

Sin lugar a dudas resulta de gran importancia fortalecer el marco jurídico que rige las relaciones sanitarias entre las autoridades federales y las de carácter estatal, para lograr una mayor eficiencia en la regulación, vigilancia, asistencia técnica yoperación de los sistemas de agua para el consumo humano. En este propósito resulta esencial promover el perfeccionamiento del precitado artículo 3°, para que queden incorporados tales sistemas a los temas de salubridad general que son competencia del Gobierno Federal. Tal reforma permitiría aplicar a la regulación de esos servicios la riqueza normativa del artículo 13 de la Ley General de Salud, en virtud de que éste establece la competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Al respecto señala que: “Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud; III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto; IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia; V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general; VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; VII bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de protección social en salud; VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional; IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general, y X. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. Como puede advertirse lareforma propuesta generaría que se pudiera logra la aplicación general de las fracciones anteriores al tema de la regulación y vigilancia de las condiciones sanitarias de los sistemas de aguapara el consumo humano.

En sentido semejante la reforma del citado artículo 3° permitirá aplicar de manera sistemática (y en plena congruencia con las que corresponden al gobierno federal) las facultades de las entidades federativas vinculadas con la vigilancia y operación de los sistemas de agua para el consumo humano y que se correlacionan con las atribuciones previstas para esas entidades en el inciso B de ese artículo 13, que a la letra señala: “Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII Bis y XXX del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el primero; III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes; VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

En otros términos, si logramos encuadrar plenamente las facultades sanitarias de regulación, asistencia técnica y vigilancia nacional de los sistemas de agua para el consumo humano en el ámbito federal y reservamos las facultades sanitarias de operación y vigilancia de los sistemas de agua para el consumo humano del nivel local, en las autoridades estatales de salud, habremos logrado un avance sustancial en la instauración de un modelo que facilite y ordene la interacción sanitaria de ambos niveles de gobierno, favoreciendo un clima de colaboración y entendimiento que resulta esencial para asegurar la consecución