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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 33

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Diciembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

APERTURA

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: (12:10 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Mazón Alonso Lázaro, Navarrete Ruiz Carlos.

Senadores en comisión oficial: Jiménez Macías Carlos.

Senadores con aviso de inasistencia: Jiménez Rumbo David (inasistencia justificada), Maldonado Venegas Luis (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Aguirre Rivero Angel, Berganza Escorza Francisco.

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 122 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

- El C. Senador José González Morfín: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador González Morfín tiene la palabra. Sonido en el escaño del Senador González Morfín.

- El C. Senador José González Morfín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Veo con sorpresa y con preocupación que una comunicación, creo yo muy importante, que ya estaba en el Orden del Día, en el proyecto que nos mandaron todavía a las 7:45 P.M., la comunicación del Ejecutivo que viene con la propuesta del nombramiento del Gobernador del Banco de México, veo que ha sido retirada.

Yo quisiera saber porqué la retiró la Mesa Directiva; porqué no se da cuenta al Pleno; porqué no se le da el trámite correspondiente o qué es lo que se va a hacer. Porque me parece que esta es una responsabilidad de la Mesa Directiva. Es una obligación que tienen de dar cuenta al Pleno.

Estaba en el Orden del Día y yo veo con mucha preocupación que ha sido retirada.

Entonces me gustaría conocer la opinión de la Presidencia de la Mesa Directiva, de qué se va a hacer con el nombramiento del Ejecutivo.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Sí, Senador.

El Senador Alejandro González Alcocer

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: (Desde su escaño) Sí, en el mismo sentido. También veo que se ha sacado del Orden del Día un dictamen que ya se había enlistado en la sesión anterior en primera lectura, que es el que se refiere a la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 constitucional, que al final de cuentas, según me habían dicho, que ya había pasado de primera lectura en la sesión anterior. Al doctor Garita ahora le pregunto y me dice que no tenían las firmas hasta mediada la sesión. Pero ya estaba listado, ya tienen las firmas y hoy no está tampoco listado ni siquiera para primera lectura.

Y ahí sí debe haber una información de la Presidencia, porque me parece que es violatorio del Reglamento, al artículo 109 sobre todo, en donde no puede diferirse una discusión más que por las causas que ahí se establecen.

Entonces me preocupa mucho porque no fuimos consultados en la Comisión de Justicia.

Gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Como no. A ver, hago referencia en primer término a la pertinente intervención del Senador González Morfín.

Le informo que en la sesión previa de la Mesa Directiva se convino hacer una consulta a la Junta de Coordinación Política, los grupos parlamentarios, para determinar el trámite a seguir. Y en el transcurso de la sesión informaremos de ello aquí al Pleno.

Permítanme, el Senador Tomás Torres.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Yo le voy a pedir un punto intermedio. Que haga el compromiso alguno, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Sí, así es. Estoy informando precisamente que la Mesa Directiva convino en hacer una consulta a los grupos parlamentarios en la sesión de la Junta de Coordinación Política que es en un momento más, y en el transcurso de esta sesión se dará respuesta al trámite correspondiente.

El Senador González Morfín.

- El C. Senador José González Morfín: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo si quiero saber. Si tenemos el compromiso de la Mesa Directiva de hoy darle cuenta al Pleno de esta Comunicación y darle el trámite correspondiente.

Porque le recuerdo que la próxima sesión es el día 15, y que es indispensable que este asunto se resuelva. Es una obligación constitucional del Senado ratificar ese nombramiento.

Y me parece que es verdaderamente increíble que se retire una comunicación, que la Mesa Directiva eluda una responsabilidad, una obligación que tiene de dar cuenta el Pleno y de darle un trámite a un asunto y que ahora nos enteremos de que se va a hacer una consulta a la Junta de Coordinación Política, que yo no encuentro que sea un asunto de la Junta de Coordinación Política.

Entonces me parece que tiene que haber un compromiso del Presidente de la Mesa Directiva de cumplir con esta obligación y de darle hoy el trámite que corresponde a este asunto. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una de las facultades exclusivas del Senado de la República que no podemos obviar.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Sin lugar a dudas, señor Senador. No está eludida la responsabilidad. Simple y sencillamente conforme a las facultades de la Junta de Coordinación Política de contribuir a la formulación de Acuerdos, se le va a consultar. Porque podría darse el caso de que se turne y no hubiera quórum en la sesión de la Comisión correspondiente.

Por lo tanto estamos en espera y en el transcurso de esta sesión, el compromiso está asumido, determinará el trámite a dar al oficio al que se refiere usted.

Adelante, Senador González Morfín.

- El C. Senador José González Morfín: Señor Presidente, de verdad lamento este último comentario. Yo creo que cada quien puede asumir o eludir su responsabilidad. Pero usted está anticipando hasta la posibilidad de que no haya quórum en la Comisión que le corresponde dictaminar o procesar un tema como éste.

Yo creo que lo que no podemos obviar, y antes de darle el visto bueno al Orden del Día, por eso hice mi intervención, el Pleno tiene que tener la seguridad de que va a conocer esta comunicación el día de hoy, y que se le va a dar el trámite correspondiente porque es una obligación, porque ya estaba en el Orden del Día. ¿Por qué se bajó? Porque es nuestra obligación como Senadores; es una facultad exclusiva del Senado y yo no veo como se pueda obviar un asunto de esta magnitud en un momento en que la crisis económica es un tema también a considerar en nuestro país.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Senador Felipe González.

- El C. Senador Felipe González González: (Desde su escaño) Miren, yo quisiera hacer énfasis en que esto es una responsabilidad de la Mesa Directiva, no de la Junta de Coordinación. Y que aquí la máxima autoridad es el Pleno. Si el Pleno decide que no pase o algo, que se ponga en el Orden del Día y el Pleno diga qué se hace con eso.

Aquí lo que queremos saber es si no va a estar en el Orden del Día, puesto que ya estaba programada, o la Mesa Directiva tomó una decisión que desconocemos y cuál fue.

Yo nada más quiero comentarles que la decisión que tome el Senado, es una de sus facultades muy importante, y el mensaje que mandemos hacia fuera de la decisión que tomemos, tendrá repercusiones en la vida económica y financiera de este país.

Por eso no se debe de eludir. Eso creo que debe quedar.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Ricardo García Cervantes.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Todos los grupos parlamentarios, incluyendo al que yo pertenezco, están debidamente enterados de que el día de hoy se dará cuenta de la comunicación mediante la cual el titular del Ejecutivo ha nombrado, sujeto a la ratificación del Senado, al señor Carstens como Gobernador del Banco de México.

Todos están enterados, no solo de esa comunicación, sino de la determinación de la Mesa Directiva de dar cuenta al Pleno en esta sesión.

Como medida de prudencia y en búsqueda de los mejores entendimientos posibles, sabiendo que habrá una reunión de los Coordinadores Parlamentarios en el seno de la Junta de Coordinación Política, los miembros de la Mesa Directiva apoyamos la solicitud del Presidente Carlos Navarrete, una solicitud prudencial, para generar un espacio de acuerdo político en la tramitación de este asunto.

Me parece, señor Presidente, que es absolutamente pertinente que usted ratifique el compromiso de la Mesa Directiva de dar cuenta a esta Asamblea en la sesión de hoy, de la comunicación que contiene el nombramiento del doctor Carstens, para ser ratificado por este Senado en los términos que establece la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento. Eso sería mi solicitud, señor Presidente, que usted ratifique a la Asamblea que la intención nuestra en la Mesa Directiva ha sido darle un espacio prudencial. Pero por supuesto está el compromiso de darle cuenta a la Asamblea en esta misma sesión.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señores Senadores y señoras Senadoras. Esta Presidencia desea informar oficialmente a todos los integrantes del Pleno que desde hace 36 horas se han venido realizando consultas con los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en este Senado y que forman parte de la Junta de Coordinación Política, uno de sus órganos de gobierno.

Que de estas consultas se ha derivado una diferencia de opinión respecto a un tema de la mayor importancia, de la mayor importancia que esta Presidencia considera el Senado debe tocar con la prudencia suficiente y procesando los acuerdos correspondientes.

Hoy por la mañana la Mesa Directiva, en uso de sus facultades de ordenar los temas que deben presentarse al Pleno, tocó este tema con la presencia de sus integrantes, representantes de cuatro grupos parlamentarios.

En función de que la Junta de Coordinación Política, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso, tiene entre sus atribuciones impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo, la Mesa Directiva tomó la siguiente determinación.

Primero.- Enlistar el tema en la sesión del día de hoy. Esta Mesa Directiva quiere dar garantías de que el tema será enlistado en el Orden del Día de hoy, y desahogado en el transcurso de la Sesión.

Segundo.- Esta Mesa Directiva solicitó, a través del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política que en la sesión de la 13:00, que ha sido convocada para que la Junta sesione, en el primer punto de la sesión de la Junta se agende este tema, para una consulta con la Junta. Para una consulta con la Junta, simplemente.

Para ver el procesamiento del tema que nos ocupa, que, insisto, será enlistado y puesto a consideración del Pleno sin duda alguna.

Ahora bien, quiero hacerle una consulta a la bancada del Partido Acción Nacional y al Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Si consideran que es preferible para que no haya ningún incidente que pueda mandar algún mensaje externo negativo de que en el Orden del Día sea enlistado de una vez el tema, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente, porque no se trata de dificultar las cosas, sino de estabilizar y consensar la toma de decisiones que el Senado de la República tenga que tomar en uso de sus atribuciones y con el consenso mayoritario; o con el mayor consenso posible en el Senado mismo.

Senador Arroyo Vieyra.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente, efectivamente yo creo que éste y otros dictámenes que eventualmente están en tránsito en función de que ya estaban enlistados en el Orden del Día, que les faltan algunas firmas o algunos tecnicismos dentro del procedimiento legislativo, habría que tomar en este momento la precaución de informar a la Asamblea que eventualmente suben al Orden del Día para su primera lectura.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Si el Pleno lo autoriza, por supuesto que así deberá ser, dado que está procesándose para cumplir con los requisitos indispensables de ser puestos a consideración.

Senador Madero Muñoz, por favor.

- El C. Senador Gustavo Madero Muñoz: Señor Presidente, creo que como usted lo formula, es aceptable si se incluye en el Orden del Día, la preocupación de la bancada de Acción Nacional es que apareció en el proyecto inicial, preliminar, en el Orden del Día la comunicación y el turno, y después fue retirada.

Nosotros no estamos en contra de que la Junta de Coordinación Política conozca, resuelva y trate de generar los consensos con ese compromiso que externa la Presidencia de la Mesa, que se incluyan el día de hoy en el Orden del Día.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Bien. En función de eso, esta Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria para que incluya el tema en el primer punto de recepción de comunicaciones y lo dejemos pendiente hasta en tanto se lleva a cabo la sesión de la Junta de Coordinación Política.

Y en el caso de los dictámenes, esta Presidencia acepta la sugerencia del Senador Arroyo de procesar los dictámenes de primera lectura que estuviesen listos con las firmas necesarias para cumplir el trámite parlamentario.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Sí, Senador González Alcocer.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: (Desde su escaño) Yo formulé, señor Presidente, una petición concreta respecto a un dictamen que ya había subido la sesión pasada en primera lectura y que hoy no aparece ni en primera lectura. Entonces, dentro de lo que acaba de decir en términos generales el Presidente en turno, Carlos Navarrete, pues yo quisiera ver este particular que sí suba el día de hoy en primera lectura, porque ya tiene todos los requisitos necesarios.

Gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Así es Senador, está incluido en el inventario de dictámenes a que se refirió el Senador Navarrete.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del día martes ocho de diciembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves tres de diciembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el que remite, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, copia de un pronunciamiento relacionado con el caso de espionaje contra la seguridad nacional de ese país.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones)

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concurso Mercantiles, Informe Semestral de labores correspondiente al período del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2009.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración del Pleno, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se determina la celebración de una sesión solemne el jueves 10 de diciembre de 2009, para recibir la visita del Señor Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro de la República de Turquía.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Jorge Mendoza Garza, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Informe de trabajo de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Comisión de Salud, Informe de trabajo, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, Plan de Trabajo de dicha comisión para la LXI Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de los Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo Noriega, Informe de sus actividades en la XII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del PARLATINO, celebrado los días 10 y 11 de septiembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Felipe González González, Informe de sus actividades en la Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrado los días 12 y 13 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Marko A. Cortés Mendoza, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunicación por la que informa de la conformación de la Mesa Directiva de dicha Comisión.- Quedó de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de salud, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Propiedad Industrial.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 271 y se adiciona un capítulo IX-BIS al título Décimo Segundo a la Ley General de Salud.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Relaciones Exteriores Organizaciones no Gubernamentales; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Educación y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y con el proyecto de Decreto que reforman de la Ley General de Salud y la Ley General de Educación.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Elaboración de Tequila y Mezcal.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley que crea el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Energía para el Campo.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.- Sin discusión, se aprobó por 85 votos. El funcionario rindió protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos. El funcionario rindió protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.- Sin discusión, se aprobó por 95 votos. El funcionario rindió su protesta de ley.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

(SE RECIBIÓ EN SESIÓN SOLEMNE LA VISITA DE LA GOBERNADORA GENERAL DE CÁNADA).

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.- Sin discusión, se aprobó por 94 votos. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación.- Sin discusión, se aprobó por 95 votos en pro y 1 abstención. Se turnó a la Cámara de Diputados.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.- A discusión, intervinieron los Senadores Ernesto Saro Boardman, para fundamentar el dictamen, y Ricardo Monreal. Se aprobó por 94 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto por que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.- A discusión, intervino el Senador Rubén Fernando Velázquez López. Se aprobó por 91 votos. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Sin discusión, se aprobó por 94 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecharon con dos proyectos de reforma a la Ley de Capitalización del PROCAMPO.- Sin discusión, se aprobó por 94 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecharon dos proyectos de Decreto por los que se reforma la Ley General de Salud.- Sin discusión, se aprobó por 94 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que elSenado de la República reprueba la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui Aminatou Haidar.- A discusión, intervinieron los Senadores Salomón Jara Cruz, quien presentó propuesta de modificación, Ricardo Monreal Ávila, Pablo Gómez Álvarez y Rubén Camarillo Ortega. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la práctica de forzar a los llamados niños y niñas soldado a participar en los distintos conflictos armados en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designa al Doctor Rafael Estrada Michel y se ratifica para un segundo periodo a la Doctora Patricia Kurczyn Villalobos, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- A discusión, intervino el Senador José Luis García Zalvidea. Se aprobó por 84 votos, en pro, 17 en contra y 2 abstenciones. El Presidente informó que se citará a los Consejeros en sesión próxima para su toma de protesta.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

(Bienvenida)

El Presidente recibió y saludó la visita del señor Moshe Yaalon, Ministro de Asuntos Estratégicos y Primer Ministro Adjunto de la República de Israel y del señor Joseph Livne, embajador de Israel en México.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que sesolicita a la Secretaría de Educación Pública el establecimiento de talleres, foros y espacios de discusión, así como la formación de comités de ayuda, orientación y denuncia en los centros escolares para atender y evitar la violencia en el noviazgo, hostigamiento y abuso sexual en las escuelas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir los programas de prevención y control del cáncer de mama entre la población adolescente adscrita al sistema educativo nacional a fin de fomentar una cultura de prevención a su salud.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que sesolicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los beneficios del proyecto de ampliación de los horarios escolares.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la autoridad educativa federal realice un estudio que permita identificar a la población con discapacidad auditiva que demande servicios educativos a nivel medio superior y sus posibilidades reales de incorporación al sistema.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la legislatura del estado de Quintana Roo a revisar puntualmente los estudios y dictámenes correspondientes, así como los términos de la concesión autorizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez de diversos lotes de la Playa Recreativa Marlín, otorgada a la empresa denominada “Corporación lntegradora de Servicios Turísticos, S.A.”.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a diseñar e implementar un plan integral emergente de reactivación, fomento y promoción turística para el estado de Oaxaca.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se conforma el grupo de trabajo en la comisión de Turismo del Senado para que estudie la legislación en materia de desarrollo urbano, protección del medio ambiente y recursos naturales, culturales e históricos de la nación; y por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal remitir un informe sobre sus actividades y disposiciones para detener el crecimiento inmobiliario desordenado de los desarrollos urbanísticos, habitacionales, hoteleros y de cualquier índole, que afecta el hábitat, el equilibrio ecológico y los recursos naturales, culturales e históricos de la nación.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que seexhorta a la Secretaría de Turismo a remitir un balance del estado que guardan las inversiones privadas en los principales destinos turísticos del país.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a remitir un balance del estado que guardan las inversiones privadas en los principales destinos turísticos delpaís..- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo redoblen los esfuerzos institucionales para preservar el estado de derecho y la seguridad pública, con el objeto de garantizar condiciones para la inversión en el ramo turístico.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a elaborar un programa emergente de apoyo a la industria turística.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar las razones y fundamentos que posibilitaron la supuesta venta de playas a privados en la zona de los Cabo, Baja California Sur.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a firmar un convenio de colaboración con los municipios de Unión Juárez, Cacahuatán y Tapachula en el Estado de Chiapas, a fin de instrumentar campañas de promoción turística que resalten las bellezas naturales que rodean la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar una intensa campaña en la región del Oriente Medio a fin de promocionar los diversos destinos con los que México cuenta.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal aimplementar un plan estratégico e integral de promoción turística en los estados que conforman la región sur-sureste de nuestro país y a remitir un informe del porqué se canceló el“Programa Mundo Maya”.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo respecto a la desaparición de la Secretaría de Turismo.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo en torno al exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a convenir en imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Eduardo Sojo Garza Aldape, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el periodo que inicia el 01 de enero de 2010.- El Presidente informó que las Comisiones entregaron una fe de erratas al punto resolutivo del dictamen. A discusión, intervinieron los Senadores Graco Ramírez Garido Abreu, Francisco Labastida Ochoa, Pablo Gómez Álvarez, Humberto Andrade Quezada y Ramón Galindo Noriega. Se aprobó por 70 votos en pro, 11 en contra y 3 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- A discusión, intervino el Senador Sebastián Calderón Centeno, para fundamentar el dictamen. Se aprobó por 78 votos. Se turnó a Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.- A discusión, intervino el Senador Ernesto Saro Boardman, para fundamentar el dictamen. Se aprobó por 83 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- A discusión, intervinieron los Senadores Silviano Aureoles Conejo, quie presentó propuesta de adición, la cual fue rechazada, y Tomás Torres Mercado. Se aprobó por 78 votos en pro, 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.- Sin discusión, se aprobó por 78 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.- A discusión, intervino el Senador Tomás Torres Mercado. Se aprobó por 67 votos en pro, 3 en contra y 6 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 271 y se adiciona un capítulo IX-BIS al título Décimo Segundo a la Ley General de Salud.- La Presidencia informó que las Comisiones entregaron propuestas de modificación a los artículos 272 Bis y 272 Bis 2. A discusión, intervinieron los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Pablo Gómez Álvarez, Ernesto Saro Boardman, por las Comisiones y Jesús Garibay García, quien presentó propuesta de modificación, la cual se aceptó. Se aprobó el dictamen adicionado por 65 votos en pro, 5 en contra y 1 abstención. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Relaciones Exteriores Organizaciones no Gubernamentales; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Educación y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y con el proyecto de Decreto que reforman de la Ley General de Salud y la Ley General de Educación.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Elaboración de Tequila y Mezcal.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley que crea el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Energía para el Campo.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos en pro, 1 en contra. Se ordenó a la Secretaria Parlamentaria dar por concluido el asunto de sus registros e informar a los promoventes.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa conproyecto de Decreto que adiciona la Ley del Banco de México, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la Ley de Instituciones de Crédito .- Se turnó a a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Rosalinda López Hernández, José Luis Máximo García Zalvidea y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio yFomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 165 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Eduardo T. Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 192 y se reforma el artículo 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo .- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar se les condonen los adeudos pendientes a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal un Informe con respecto al status y manifestaciones de impacto económico y regulatorio queguarda el “Anteproyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería”.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, José Luis García Zalvidea y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo relativo a los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chiapas y al Procurador General de Justicia de ese estado a esclarecer el asesinato del ciudadano, Mariano Abarca Roblero.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Luís Alberto Coppola Joffroy y Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer la práctica en la República Mexicana de “La Charrería” y las cabalgatas en los Estados de la República.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones realizadas en materia de supervisión y vigilancia de aquellas instituciones de asistencia social dedicadas a la atención depersonas que padecen alcoholismo o farmacodependencia.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo para exhortar y solicitar al Ejecutivo Federal frene el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy,Sebastián Calderón Centeno y Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explicar el Decreto publicado el 17 de noviembre del 2009 en el que se indica el cambio de topónimo de “Isla Cerralvo” por “Isla Jacques Cousteau”.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas a transparentar y garantizar la impartición de justicia y el apego a la legalidad en el caso de diversas personas pertenecientes al municipio de Oxchuc, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a no incluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar los hechos de agresión ocurridos en contra de un grupo de extranjeros cubanos aseguradosen la delegación migratoria del estado de Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas inmediatas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad, en particular en la región costera e insular del estado de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas, y citó a sesión ordinaria y solemne el próximo jueves diez de diciembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este Día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Presidencia desea hacer de su conocimiento que se encuentra de visita en esta sede de la Cámara de Senadores una delegación de asistentes a la IX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Por lo que solicito a los Senadores José Guadarrama Márquez, Beatriz Zavala Peniche, Pablo Gómez Alvarez, Melquiades Morales Flores, Ludivina Menchaca Castellanos, Socorro García Quiroz, Humberto Andrade Quezada y Rubén Camarillo Ortega, los inviten a pasar a este recinto.

(La comisión cumple)

Están con nosotros el señor Ramón Jáuregui Atondo, de España, y Presidente de la Delegación.

El señor Santiago Fisas Ayxelá, de España; y Vicepresidente de la Delegación.

(Aplausos)

La señora Laima Liuziga Andriequemi, de Lituania.

(Aplausos)

El señor Luis Manuel Capoula Santos, de Portugal.

(Aplausos)

La señora Teresa Jiménez-Becerril Barrio, de España.

(Aplausos)

La señora Crista Class, de Alemania; la señora Asprid Luying, de Luxemburgo; el señor Emilio Menéndez del Valle, de España; la señora Johana Senissain, de Polonia; la señora María Agne Coninnsa, Jefa de la Delegación de la Comisión Europea en México; la señora Sandra Fuentes Deráin, Jefa de la Misión de México ante la Unión Europea; la señora Agna Kerstyn Erika Lindstedt, Embajadora del Reino de Suecia en México, y representante de la Presidencia en Ejercicio de la Unión Europea.

Señoras, señores:

Saludo también a los Diputados integrantes de la delegación mexicana que se encuentran entre nosotros, el Diputado Porfirio Muñoz Ledo y el Diputado Reyes Tamez.

A nombre del Senado de la República, doy la bienvenida a la Delegación de Europarlamentarios encabezados por el señor Ramón Jáuregui Atondo que participan en la IX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea durante el día de hoy y el de mañana, viernes once de diciembre.

Su presencia representa para nuestro país una demostración del interés que la Unión Europea y particularmente el Parlamento Europeo tienen por México.

También doy la bienvenida a los señores Diputados que forman parte del encuentro que hoy ha iniciado los trabajos que dan continuidad a los debates realizados desde septiembre de 2005, y que reafirmarán el empeño de los parlamentarios mexicanos y europeos para consolidar nuestra relación bilateral que seguirá enriqueciendo con su contribución al contenido de la asociación estratégica de la Unión Europea con México.

Esta reunión tiene un significado especial porque se realiza después de las recientes elecciones europeas y mexicanas, y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, así como la próxima celebración del X Aniversario de la puesta en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, y del L Aniversario del establecimiento de las relaciones entre México y la Unión Europea.

La agenda que parlamentarios mexicanos y europeos abordaremos en estos días, será muy completa y requerirá de un intenso trabajo.

Los trabajos de la Comisión Parlamentaria Mixta sobre la Aplicación del Acuerdo, la Cooperación en Materia de Seguridad, la Evaluación de los Programas de Cooperación, el Cambio Climático y los Planteamientos para el Funcionamiento Futuro de la Propia Comisión, así como el Seminario sobre la Evaluación de Medidas Ante la Crisis Mundial, responden al compromiso de europeos y mexicanos con asuntos cotidianos y con los grandes temas internacionales.

Los resultados de este encuentro marcarán el inicio de esas celebraciones y desde el ámbito parlamentario serán una contribución a la construcción de una relación más cercana entre México y Europa.

Señor Ramón Jáuregui Atondo; señoras, señores parlamentarios: Estoy seguro que los trabajos que tendrán lugar estos días serán exitosos y productivos para la relación bilateral de México con la Unión Europea.

Los recibimos en México con el gusto de siempre y con amplias expectativas de que la Comisión Parlamentaria Mixta podrá encontrar mejores formas de cooperación parlamentaria tan necesaria en esta época en la que la crisis financiera internacional ha afectado de manera importante a la economía mundial.

De nueva cuenta sean ustedes bienvenidos a México y a la Sede del Senado de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Solicito a la Comisión acompañe a la Delegación en el momento que desee retirarse del Recinto.

(La comisión cumple)

Le solicito a la Secretaría pasar al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite propuesta de nombramiento a favor del ciudadano Gonzalo Romero Alemán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social su informe del Tercer Trimestre de 2009, sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.






CONTROLORIA INTERNA DE LA CAMARA DE SENADORES

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibieron de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores los informes Ejecutivo y Detallado del Ejercicio Presupuestal de la propia Cámara, correspondientes al periodo enero-junio de 2009.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, remítase copia de la documentación a la Comisión de Administración, el informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores, y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de Secretaría de Relaciones Exteriores por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 16 al 19 de diciembre de 2009, a efecto de participar en el Segmento de Alto Nivel de la XV Conferencia de las Partes del Convenio-Marco sobre Cambio Climático, COP-15, que se realizará en Copenhague, Dinamarca, los días 17 y 18 del actual año.









- El C. Presidente Núñez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 1º de enero de 2010.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 62 de la constitución de ios Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe Rosalía Peredo Aguilar, Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, solcito me sea concedida licencia por tiempo indefinido, a partir del día 1 de enero de 2010.

Aprovecho la ocasión para agradecer a Usted y a mis compañeras y compañeros Senadores su amistad y consideración

México, D.F. 7 de diciembre de 2009.

Atentamente

Sen. Rosalía Peredo Aguilar”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Se concede licencia a la Senadora Rosalía Peredo Aguilar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 1º de enero de 2010.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Rosalía Peredo Aguilar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 1º de enero de 2010.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Del Senador Luis Coppola Joffroy, Presidente de la Comisión de Turismo, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al tercer año del ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

De los Senadores Ramón Galindo Noriega, Carlos Sotelo García y Rogelio Rueda Sánchez, con la que remiten el informe de su participación en el V Foro Interparlamentario Iberoamericano, celebrado en Lisboa, Portugal, del 22 al 24 de noviembre del año en curso.

Del Senador Ulises Ramírez Núñez, con la que remite el informe de la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de noviembre del año en curso.

Y del Senador Dante Delgado, con la que se remite el infirme de sus actividades en la Séptima Conferencia sobre Gestión de la Deuda, UNCTAD-ONU, celebrada en Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de noviembre del año en curso.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibieron también las siguientes comunicaciones. Dos del Senador José Isabel Trejo Reyes, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por las que informa que diversos puntos de Acuerdo han quedado sin materia o han sido atendidos.

“México, D.F. a 7 de diciembre de 2009

CHCP/217/2009

Lic. Horacio Duarte Olivares
Secretario Tecnico de la Mesa Directiva
H. Camara de Senadores
Presente

Por este conducto, hago de su conocimiento de las siguientes proposiciones que le fueron turnadas a esta Comisión Legislativa:

• Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Gobernador del Banco de México y del titular de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que explique los planes, medidas y acciones que las dependencias a su cargo realizan para enfrentar los efectos de la crisis financiera en los Estados Unidos, presentada por los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Zalvidea y Rosalinda López Hernández, el día 2 de octubre de 2008.

• Punto de Acuerdo respecto a la crisis económica y financiera de los Estados Unidos de América, presentada por los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, José Eduardo Calzada Rovirosa, Carlos Lozano de la Torre y María Elena Orantes López, el día 11 de noviembre de 2008.

Le informo que dichas proposiciones ya han sido atendidas, en las Audiencias Públicas del mes de agosto de 2009, y los Foros de Banca de Desarrollo del mes de septiembre de 2009, por lo que solicito descargarlas de sus registros.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. José Isabel Trejo Reyes

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público”.

“México, D.F. a 7 de diciembre de 2009

CHCP/216/2009

Lic. Horacio Duarte Olivares
Secretario Tecnico de la Mesa Directiva
H. Camara de Senadores
Presente.

Por este conducto, le informo de las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo que le han sido turnadas a esta Comisión Legislativa.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal instruya a los titulares de las dependencias federativas involucradas, a que a más tardar el 31 de diciembre de este año, emitan las reglas de operación de los programas señalados en el Presupuesto de Egresos 2008 sujetos a dicha normatividad, presentada por el Sen. Adolfo Toledo Infanzón, el día 15 de noviembre de 2007.

• Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a que en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reduzcan en un 50% el pago de las casetas de peaje a los motociclistas, presentada por el Sen. Arturo Herviz Reyes, el día 28 de abril de 2008.

• Proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar un presupuesto para el campo superior al ejercicio en el 2008; y a diversas Secretarías de Estado tomar las previsiones y medidas conducentes para incorporar las reglas de operación de los programas agropecuarios que aplicarán en la ejecución del presupuesto de egresos de 2009, presentada por el Sen. Ramiro Hernández García, el día 30 de octubre de 2008.

• Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para que se revise y, en su caso, se modifique el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, toda vez que las premisas macroeconómicas al amparo de las cuales fue elaborado y aprobado han cambiado, presentada por el Sen. Silvano Aureoles Conejo, el día 1 de abril de 2009.

• Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en la contratación de deuda pública externa, se apegue estrictamente a los montos autorizados por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, presentada por la Sen. Claudia Sofía Corichi García, el día 30 de abril de 2009.

• Proposición con punto de acuerdo con relación a la previsión de un recorte de 31% al presupuesto de LICONSA, para el ejercicio Fiscal 2010, presentada por los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, el día 29 de septiembre de 2009.

A efecto de haberse aprobado los Presupuestos de Egresos de la Federación, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2008, 2009 y 2010, le solicito que se informe al Pleno del Senado, en la sesión ordinaria del día 8 de diciembre del presente año, que dichas proposiciones han quedado sin materia. Asimismo, se descarguen de sus registros.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. José Isabel Trejo Reyes

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público”.

Y una de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa de la atención a diversos puntos de Acuerdo sobre sequía y cambio climático.

“México, D. F., a 8 de diciembre de 2009

CAG/LXI/Of. 062/09

Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la Republica
Presente.

Me permito hacer de su conocimiento sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Comisión de Agricultura y Ganadería, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ejecute las acciones correspondientes para apoyar a los productores afectados por las sequías durante el 2009.

Antecedentes

1) El 26 de agosto del 2009, el Senador Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para diseñar e instrumentar un plan emergente que atienda al cambio climático en el sector agrícola; turnándose mediante oficio CP3R3A.-5336 para su estudio y dictamen correspondiente.

2) El 3 de septiembre de 2009, el Senador Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del Senado de la República la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una mesa de trabajo con las comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para diseñar de manera conjunta acciones para atender la sequía y el impacto del cambio climático en el sector agrícola; turnándose mediante oficio GPL-1P1A.-139 para su estudio y dictamen correspondiente.

3) El 3 de septiembre de 2009, los Senadores Heladio Ramírez López y Adolfo Toledo Infanzón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer un programa de emergencia contra la sequía para apoyar a los campesinos; turnándose mediante oficio DGPL-1P1A.-122 para su estudio y dictamen correspondiente.

4) El 3 de septiembre de 2009, el Senador Gabino Cué Monteagudo del grupo parlamentario del Partido Convergencia, presentó ante el Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ejecute de manera ágil y oportuna los programas y apoyos para los productores agrícolas que se han visto afectados por la sequía; turnándose mediante oficio DGPL-1P1A.-118, para su estudio y dictamen correspondiente.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha del 23 de septiembre de 2009, la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República convocó a las dependencias de la Administración Pública Federal a una reunión de trabajo con el tema “El impacto del cambio climático en el sector agropecuario”, donde participó el Subsecretario de Agricultura, el Director de Planeación Agrícola y el Director General de Estudios para el Desarrollo Rural, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y el Coordinador de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, de la Comisión Nacional del Agua.

En este sentido, respetuosamente solicito a usted, instruya descargar los asuntos antes descritos, en virtud de haber sido atendido y enterados los proponentes, mediante oficios CAG/LXI/Of.056/09, CAG/LXI/Of.057/09, CAG/LXI/Of.058/09 y CAG/LXI/Of.059/09, todos de fecha 1° de diciembre de 2009.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi muy atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Alberto Cárdenas Jiménez

Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería”.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

En otro apartado del Orden del Día tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 67 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67 y 68 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio, presentada por el Senador Jorge Legorreta Ordorica, a nombre propio y de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En la sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 67 y 68 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio, presentada por el Senador Jorge Legorreta Ordorica, a nombre propio y de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La iniciativa objeto del presente Dictamen tiene como objetivo adicionar una hipótesis al catálogo de supuestos por los que es procedente establecer áreas de refugio para proteger especies acuáticas catalogadas en riesgo, consistente en la protección de “especies o poblaciones, o grupos de especies nativas de medio acuático que sean especialmente sensibles a contaminación física, química o acústica y a colisiones con embarcaciones”.

Asimismo, se propone adicionar “Los elementos de prevención de impactos negativos producidos por contaminación física, química o acústica, así como de ruido antropogénico”, con los programas de manejo de las áreas naturales protegidas (ANP’s) en el supuesto previsto en el artículo 68 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), es decir, cuando la superficie de determinada área de refugio para proteger especies acuáticas, coincida con el polígono de algún área natural protegida.

Debe hacerse la aclaración que los efectos de esta Ley se circunscriben a las especies en riesgo baja su tutela, por lo que las especies pesqueras, que no se encuentran catalogadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM 0591 de especies en riesgo, quedan excluidas de este ordenamiento y se regulan en la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).

La propuesta del Senador promovente tiene por objeto que las especies en riesgo, las cuales son definidas por la LGVS, como aquellas especies que, debido a factores tales como la destrucción del hábitat natural, por cambio de uso de suelo, su fragmentación, el aprovechamiento no sustentable, tráfico ilegal de especies, cacería furtiva o enfermedades, han llegado a estar en diferentes grados de riesgo por disminución de sus poblaciones y que puede poner en peligro su viabilidad como especies. Así, de acuerdo a este ordenamiento, es preciso implementar acciones que tiendan a propiciar su recuperación y su conservación, y por tanto, su permanencia.

De esta forma, el Senador promovente propone reformar los artículos 67 y 68 de la LGVS, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de:

I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;

II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;

III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento;

IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento; o

V. Especies o poblaciones, o grupos de especies nativas de medio acuático que sean especialmente sensibles a contaminación física, química o acústica y a colisiones con embarcaciones.

Artículo 68. Cuando la superficie de alguna de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, coincida con el polígono de algún área natural protegida, el programa de protección respectivo, deberá compatibilizarse con los objetivos generales establecidos en la declaratoria correspondiente y en el programa de manejo del área natural protegida en cuestión.

Los elementos de prevención de impactos negativos producidos por contaminación física, química o acústica, así como de ruido antropogénico deberán ser incluidos en dichos programas de manejo, cuando sea compatible con estos.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, corresponderá al director del área natural protegida de que se trate, llevar a cabo la coordinación de las medidas de manejo y conservación establecidas en el programa de protección.”

Respecto a la adición de una hipótesis para el establecimiento de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, se coincide plenamente con el espíritu de la iniciativa que nos ocupa, pues, tal como lo menciona el Senador promovente en su exposición de motivos, los niveles de ruido de fondo ambiental han aumentado rápidamente, de tal forma que los sonidos de muy baja frecuencia pueden viajar grandes distancias en los océanos.2

Una combinación de fuentes de ruido, incluyendo la navegación, exploración y producción de petróleo y gas natural, dragamiento, experimentos oceanográficos, construcción y actividades militares, han resultado en la duplicación de los niveles de ruido en los océanos en cada década (de las varias últimas décadas) en algunas áreas.3

Efectivamente, las evidencias científicas actuales han demostrado que“muchas especies de animales, básicamente los marinos, dependen del sonido para encontrar alimento y pareja, protegerse de predadores y comunicarse entre ellos”.4

De la misma forma, actualmente se presenta una intensa actividad industrial en los océanos mexicanos, misma que se ha incrementado significativamente en los últimos 50 años, caracterizada por la generación de ruido subacuático derivado del tránsito de embarcaciones mercantiles, la investigación y algunas actividades basadas en tierra tales como la construcción de muelles y otras obras en zona costera.

En este sentido, cabe mencionar que el ruido constituye una fuente de contaminación altamente nociva para las especies de fauna silvestre desarrolladas en el mar, propiciando modificaciones en su conducta que perjudican la calidad de vida e incluso, poniendo en riesgo su subsistencia misma, además de ser una causa de rompimiento del equilibrio natural de los ecosistemas marinos.5

Asimismo, la exposición de motivos de esta Iniciativa destaca que “el aumento de vehículos rápidos en el medio marino, ha provocado ya la seria preocupación del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, como uno de los problemas básicos a legislar”,6 toda vez que se han registrado cada vez más lesiones y muertes de ballenas, tiburón ballena, entre otras especies marinas de nado lento, por colisiones con embarcaciones.

De esta forma, la adición que nos ocupa tiene como finalidad incorporar estos supuestos como una causa para el establecimiento de áreas de refugio con el objetivo de proteger especies acuáticas, expuestas a dichos riesgos, pues, tal como lo indica su nombre y el artículo 65 de la propia LGVS, esta figura jurídica se constituye como el mecanismo legal idóneo para “proteger especies de vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, con el objeto de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger sus hábitats, para lo cual elaborará los programas de protección correspondientes”.

Por lo anteriormente expuesto y en el ánimo de mejorar la técnica legislativa de la presente iniciativa se considera oportuno reformar la fracción IV del artículo 67 de la LGVS se estima procedente para incorporar lossupuestosmencionados en la fracción IV del artículo en comento, sin adicionar una nueva fracción, toda vez que la fracción IV ya prevé supuestos similares.

En el mismo sentido, las Comisiones que elaboramos el presente dictamen consideremos procedente modificar el texto propuesto por el Senador promovente en el sentido de que se podrán establecer áreas de refugio para la protección de ejemplares que puedan ser “susceptibles de daño” a ciertos tipos de contaminación, por el término“que sean afectados de forma negativa”, toda vez que el primer término es subjetivo y difícil de acreditar.

Ahora bien, respecto a la adición de un párrafo al artículo 68 de la LGVS, con el objeto de establecer la obligación legal de incluir “los elementos de prevención de impactos negativos producidos por contaminación física, química o acústica, así como de ruido antropogénico” con los programas de manejo de las ANP’s se estima inadecuada, por las siguientes razones:

Tal afirmación por parte de estas Comisiones Legislativas atiende a que la naturaleza de este artículo se constriñe única y exclusivamente a ligar dos instrumentos diferentes, a saber, las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y las ANP’s, en caso de que la superficie de aquéllas coincida con el polígono de alguna de éstas. De tal forma, por un principio de congruencia y técnica legislativa, no existe justificación alguna para incorporar en este artículo medidas especiales relacionadas con uno de los supuestos que permite establecer áreas de refugio para proteger especies acuáticas. Por lo anterior se estima improcedente la adición de dicho párrafo al artículo 68.

Finalmente, los Senadores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideran que, debido a la especial fragilidad y susceptibilidad comprobada científicamente a estos fenómenos, y a que, las especies en riesgo deben ser protegidas por diversos ordenamientos nacionales como internacionales, la iniciativa en comento cumple con lo previsto en el derecho internacional y los compromisos contraídos por nuestro país en la conservación de la biodiversidad, tales como la Convención sobre la Diversidad Biológica.7

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 67 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

ARTICULO UNICO.- Se reforman la fracción IV y el último párrafo del artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas en categorías de riesgo podrán ser establecidas para la protección de:

I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;

II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el instrumento correspondiente;

III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas específicamente por dicho instrumento; o

IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de aprovechamiento; por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones.

Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de diciembre de 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68, así como las fracciones II y III del artículo 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.


1NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Ofical de la Federación el 06 de marzo de 2002.

2 Hildebrand, J.A. (2005). Impacts of anthropogenic sound. In Marine mammal research: conservation beyond crisis. Edited by J.E. Reynolds III, W.F. Perrin, R.R. Reeves, S. Montgomery and T.J. Ragen. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. pp. 101-124.

3 See Andrew, R. K., Howe, B. M. and Mercer, J. A. 2002. Ocean ambient sound: Comparing the 1960s with the 1990s for a receiver off the California coast. Acoustic Research Letters Online 3(2): 65-70; International Whaling Commission, 2004 Report of the Scientific Committee at Annex K, § 6.4.

4 For reviews of research on behavioral and auditory impacts of undersea noise on marine mammals and other species, see, e.g., W.J. Richardson et al., Marine Mammals and Noise (1995); National Research Council, Ocean Noise and Marine Mammals (2003); P. Tyack, “Behavioral Impacts of Sound on Marine Mammals,” Presentation to the U.S. Marine Mammal Commission Advisory Committee on Acoustic Impacts on Marine Mammals (February 4, 2004); Whale and Dolphin Conservation Society, Oceans of Noise (2004); and M. Jasny, Sounding the Depths II: The Rising Toll of Sonar, Shipping, and Industrial Ocean Noise on Marine Life (2005).

5IUCN/World Conservation Union2004: Resolution 053, “Underwater Noise Pollution” (Nov. 2004).

6 International Whaling Commission 2004: Report of the Scientific Committee, at § 12.2.5 and Annex K – Report of the Standing Working Group on Environmental Concerns.

7 Este Convenio fue firmado por Méxicoel 13 de junio de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 13 de enero de 1993. Entró en vigor el29 de diciembre 1993.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 68, ASI COMO LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo primero del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 4 de diciembre de 2008, los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, sometieron a consideración del Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República para su análisis, discusión y elaboración del dictamen, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad modificar el párrafo primero del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto de prohibir la comercialización de las especies de peces denominados dorado, sábalo o chiro y pez gallo, así como de los peces de pico comúnmente llamados en conjunto “picudos”, que por Ley están reservados de manera exclusiva a la pesca deportivo-recreativa.

La iniciativa en comento se sustenta en la exclusividad conferida legalmente a la pesca deportiva sobre este tipo de especies, en una franja de 50millas náuticas. Dicha exclusividad se otorgó inicialmente para las especies de pico, (pez vela, pez espada y marlín), a la pesca deportiva en la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, en 1983 y reiterando esa exclusividad e incorporando a otras especies en las diversas Leyes de Pesca posteriores, hasta la actual.

Se considera pesca deportivo-recreativa a la que se practica con fines de esparcimiento, con las artes de pesca y características autorizadas. Habitualmente se utiliza línea o caña con anzuelo, con carnada o señuelo. Las especies que se capturan son el marlín, el pez vela, el pez espada, sábalo o chiro, el pez gallo y eldorado.

Esta exclusividad se basa en la productividad económica trascendental de dicho sector del turismo que ha arrojado enormes cantidades de divisas a nuestro país. La pesca deportiva ha convocado a torneos tanto nacionales como internacionales con derramas económicas importantes, sobre todo en las áreasque se han conformado tradicionalmente para ello, como la parte baja de la Península de Baja California, como es Los Cabos donde se encuentra infraestructura y flotas especializadas para llevar a cabo estas actividades, mismas que han contribuido de forma substancial para el desarrollo de estos lugares.

Al respecto, se debe mencionarque en esta ciudad la pesca deportivo-recreativa ha sido fundamental para el desarrollo en la entidad con una tasa de crecimiento única a nivel nacional atrayendo en primer término el turismo norteamericano y en la actualidada los principales mercados internacionales. Tal como se comprobó con base a un estudio realizado en el 2007 y 2008 sobre este tipo de productividad1 en el que se estimó la participación económica de los pescadores deportivos que visitan el área de los Cabos, y que demostró que para el 2007 un total de 354,013 personas, en su mayoría visitantes internacionales, pescaron en Los Cabos.

Conforme a los resultados obtenidos por dicho estudio, el gasto promedio por turista fue de $17.85 dólares,2 en alojamiento, alquiler de embarcaciones, alimentación, transporte, equipos de pesca, combustible y otros. Para el mismo año la pesca deportiva generó 24,426 empleos; 245 millones de dólares por concepto de impuestos locales y federales, y un total de 1125 millones en actividad económica total.

De acuerdo a los Senadorespromoventes la pesca deportiva es de importancia relevante para el país, porque incide de manera significativa en la economía regional y nacional, entre otros aspectos por su gran capacidad para captar divisas, generar empleos e impulsar el desarrollo sustentable. Además contribuye significativamente en la propagación de actividades con un efecto multiplicador en los sectores turístico, industrial y pesquero, por lo que se hace indispensable fortalecer con claridad el marco regulatorio correspondiente.

Siendo la pesca deportiva una actividad altamente productiva regionalmente,en algunas localidades pesqueras tradicionales se han puesto en marcha proyectos de conversión de pesca comercial a pesca deportiva ó la practica de ésta en alternancia con dicha actividad comercial, por la situación actual de sobreexplotación y deterioro en la que se encuentran laspesquerías comerciales.

Es por esta razón, que regionalmente en México cada vez existan más comunidades en las que los productores pesqueros se decidan por la reconversión de pesca comercial a pesca deportiva, ya que esto se plantea como la mejor alternativa ante el evidente agotamiento de los recursos tradicionales de la pesca comercial y con oportunidades de nuevos esquemas que se ofrecen en las zonas turísticas, representando mayor derrama económica y bienestar social sustentable para los pescadores y sus familias.

Para las Entidades como Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes y Estado de México, entre otros más, significa un motor y detonante del desarrollo de gran importancia en la economía local y territorial en beneficio de sus comunidades.

Históricamente, dichas especies desde 1972, se designaron reservadas de manera exclusiva a esta actividad, por lo que en ese mismo año se prohibió su captura comercial dentro de un perímetro de 30 millas de radio, con centro en los principales puertos turísticos del Pacífico mexicano, como una primer medida de protección y cuidado a estos importantes recursos.

Posteriormente, en 1983, se reformaron los artículos 5 y 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, para establecer un área de cincuenta millas náuticas a lo largo de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, como una zona donde se podría practicar la pesca deportivo-recreativa de manera exclusiva en relación a los peces de pico (pez espada, pez vela y marlin), especies altamente migratorias. Esto con el propósito de brindar certeza jurídica a los prestadores de servicios, empresarios del sector turístico y los mexicanos que dependían en esos momentos de esa actividad, en consideración a la captura y comercialización ilícita de estas especies por embarcaciones comerciales y para cumplir con los acuerdos internacionales de proteger y conservar dichas especies.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca (1987), se estableció textualmente la reserva exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, la captura de las especies denominadas: marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, dentro de una franja de 50 millas, a lo largo de la línea de base desde donde se mide el mar territorial. De esta manera se ratificaba y estipulaba la condición del aprovechamiento de estas especies de manera reservada exclusivamente a esta actividad y a la vez se brindaba seguridad a miles de empleos directos e indirectos dependientes de ésta.

En 1992, con la expedición de la Ley de Pesca, se conservó el espíritu de la zona de 50 millas destinadas a la pesca deportivo-recreativa, así como de las especies reservadas, y además se transfirió al reglamento de dicho ordenamiento la lista específica de las especies destinadas a este tipo de pesca. 

De esta forma, el artículo 13 de dicha Ley establecía que:

Los permisos de Pesca deportivo-recreativo se expedirán a personas físicasnacionales o extranjeras.

Se destinarán exclusivamente a la pesca deportiva-recreativa las especies que determine el Reglamento, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la líneabase desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo recreativa en las áreas de refugio que para estas pudiera establecer la Secretaría de Pesca, en los términos de la fracción IVdel artículo 3ºde la presente Ley.

Por su parte el artículo 84 del Reglamento establecía que:

Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo, o chiro , pez gallo y dorado, quedan destinadasde manera exclusiva para este tipo de pesca, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la líneabase desde la cual se mide el mar territorial.

La Ley en comento fue sustituida por la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la cual entro en vigor el día 22 de octubre del 2007.

Dicho ordenamientoreúne las disposiciones de la antigua Ley y su Reglamento para dejar a las especies de peces pico, dorado, sábalo o chiro y pez gallo, en todas sus variedades biológicas, como destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

Asimismo determina que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la dependencia responsable mediante disposiciones reglamentarias:

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

No obstante, se tiene conocimiento, y ha sido publicado en diversos medios, que en los litorales del Pacífico mexicano, desde hace tiempo se esta realizando la captura y comercialización ilegal de las especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa por embarcaciones comerciales, tal es el caso de las especies marlín y pez dorado el cual se comercializa a los Estados Unidos de América, lo que significa una acción ilícita y una grave afectación a este tipo de pesca que repercute seriamente al sector turístico local y nacional.

Un elevado porcentaje de la venta ilegal de estas especies se lleva a cabo por medio de la falsificación de documentos relacionados con su traslado y comercio, así como con la falsedad o el engaño, anteponiendo el nombre de otras especies que son comerciales o al amparo de la captura incidental en gran escala buscando su aprovechamiento y comercialización.

Es así que, las flotas de pesca comercial ribereñas, de mediana altura y de altura continúan capturando y saqueando de manera ilegal y clandestina el pez dorado y especies de pico, en zonas como el Pacífico norte mexicano, en los litorales que comprenden los estados del Noroeste, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, así como de la zona de la Costa Occidental en los litorales de las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, la misma LGPAS contempla la captura incidental, la cual define como: la extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita;

La preocupación bien fundamentada de los Senadores promoventes se basa en que bajo la etiqueta de “captura incidental” actualmente y desde hace ya tiempo se ha venido haciendo ilegalmente pescacomercial disfrazada de las especies reservadas para la pesca deportiva, causando graves daños e impactos a las poblaciones de estas especies.

Los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que es pertinente la adición al artículo68 de la LGPAS, para prohibir explícitamente la comercialización de las especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva que incluye los peces de pico.

Si bien, de la lectura del artículo 68 de la LGPAS, se desprende queexiste una reserva en exclusividad sobre las especies deportivas, de la redacción no se desprende que quede prohibida la captura incidental de estas especies.

Sin embargo, en artículo 132 de la multicitada Ley, en el que se determinan las infracciones a la ley refiere de forma específica en su XXI“Comercializar la captura de la pesca deportiva recreativa”.

De este artículo no se desprende la prohibición expresa de la comercialización de la captura incidental de dichas especies, por lo que queda un vacío legal que es necesario subsanar.

Más aún, este vacío, se basa en que la captura incidental es inevitable en cualquier tipo de pesquería, sobre todo en aquellasque utilizan artes de pescano selectivos, como los que son los utilizados para la captura de tiburón u otras especies.

Es conocido el hecho de que el ordenamiento pesquero tiende a reducir la captura incidental de cualquier tipo de pesquería. Por tanto, deberán establecerse las reglaspara afinar las artes de pesca y reglamentar los permisos de pesca.

Por otra parte, el quela pesca se encuentre en una crisis que puede desprenderse de tres factores: La sobreexplotación debido a fallas conceptuales; a que los costos de explotación superan las ganancias obtenidas, y a una falta de ordenamiento pesquero.3

Ante esta situación, algunas pesquerías han utilizado la captura incidental para realizar una captura objetivo, disfrazada con enormes daños a un número elevado de especies marinas, con graves repercusiones al sector pesquero deportivo-recreativo y también comercial.

De acuerdo a los Senadores proponentes la publicación de la NOM 029 de pesca responsable de tiburón permite una captura incidental de peces “picudos” y de otras especies no objetivo.

Al respecto se hace necesario aclarar que, la NOM 029 no tiene por objeto regular la pesca de otro tipo de pesquería que no sean los tiburones y rayas. Por tanto no establece límites a ninguna captura incidental de ninguna especie, tan solo establece medidas para evitar dichas capturas incidentales.

Dichoargumento fue sostenido por el Dr. Miguel Ángel Cisneros (Director en Jefe del INAPESCA), en su exposición en reunión de trabajo sostenida con los integrantes de esta Comisión en fecha26 de Noviembre del 2008.

Por tanto, y conociendo el nivel de sobre explotación en las pesquerías comerciales se hace necesario reflexionar sobre lo estipulado por el Artículo 66 de la misma LGPAS quereconoce que la captura incidental es inevitable pero que debe limitarse, ysobre todo se hace notorio lo establecido por el segundo párrafode este Artículo que determina que al aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos por captura incidental deberán ser determinados por la propia Secretaría y las Normas Oficiales, salvo lo previsto en esta Ley para lapesca deportivo-recreativa:

ARTICULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.

De la misma forma, y con el objeto de fortalecer esta disposición los Senadores integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que debe reforzarse en el Capítulo de Sanciones.

Actualmente, el artículo 138 que se refiere a la imposición de multas estipula que la infracción del inciso XXI del artículo 132se sancionará con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente, como lo conforma el inciso II

Se considera pertinente ampliar la infracción al equivalente de 1,001 a 10, 000 salarios mínimos, pasando el inciso XXI del artículo 132 al inciso III del artículo 138 de tal forma que quedaría como sigue:

ARTICULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VI, XXV del artículo 132;

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, ------,XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI del artículo 132;

III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI, XII, XIV, XX, XXI,XXIV, XXVII, XXX del artículo 132, y

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.

Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.

Por tal motivo los Senadores integrantes de esta Comisión, consideran pertinente y adecuada la propuesta de los Senadores promoventes, en el sentido de hacer explícita la prohibición de la comercialización de las especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa. Dicha prohibición queda integrada en el mismo primer párrafo del Artículo 68 de la LGPAS, y de igual forma se refuerza aumentando la infracción por la comercialización de estas especies enviándolas al inciso III del Artículo 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y, de Estudios Legislativos, Primera, sometemosa la consideración del Pleno de Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 68, ASÍ COMO LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTICULO 138, TODOS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 68, así como las fracciones II y II del artículo 138, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, quedando prohibida su comercialización, aún cuando hayan sido capturadas incidentalmente.

...

ARTICULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VI, XXV del artículo 132;

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII,XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI del artículo 132;

III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI, XII, XIV, XX, XXI,XXIV, XXVII, XXX del artículo 132, y

IV.…

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de diciembre de 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Declaramos un receso para recibir la visita del Primer Ministro de Turquía.

(Receso)

(Se reanuda la sesión)

Señores Senadores, permanezcan en sus lugares para continuar con nuestra sesión ordinaria de este día.


1 Southwick R., Russell N. y José A. Arean. “Contribución Económica de la Pesca Deportiva a la Economía de los Cabos”. Estudio financiado por The Billfish Foundation y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos, Agosto, 2008.

2Ibid.

3 José Ignacio Fernández Méndez. Indicadores del Desempeño de la pesca en México y Propuestas. Alternativas de Política de Administración. EnJazmín Santinelli, Comp. “La Situación del Sector Pesquero enMéxico”.Centro de estudios para el desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria CEDRESSA. Cámara de Diputados; LX Legislatura.






SECRETARIA DE GOBERNACION

Informo a la Asamblea, que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuesta de nombramiento a favor del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1º de enero de 2010, y que está anotado en el Orden del Día.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

México, D.F., a 9 de diciembre de 2009.
Oficio No. SEL/300/3543/09

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en uso de la facultad que le confieren los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 38 de la Ley del Banco de México, ha tenido a bien nombrar a Agustín Guillermo Carstens Carstens, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2010.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remito la comunicación original signada por el Titular del Ejecutivo Federal, en la que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo el citado nombramiento, así como los datos curriculares y las documentales respectivas de la citada persona.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”.

“C. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

El Banco de México nació en 1925 como sociedad mercantil de participación mayoritaria del Gobierno Federal, y en 1982 se transformó en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. A partir de la reforma de 1993, la actual configuración del Banco de México corresponde a la de un organismo dotado de autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones.

Su finalidad principal es proveer a la economía mexicana de circulante para facilitar las transacciones diarias, que son la base del funcionamiento de la economía nacional: para la consecución de esta finalidad, el Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Además de la mencionada, otras dos finalidades del organismo son promover el desarrollo del sistema financiero, así como propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de pago, finalidades todas íntimamente ligadas para consolidar una economía sana y eficiente.

Gracias a la autonomía, la autoridad monetaria está en libertad de cumplir con su objetivo primordial: el abatimiento de la inflación. De esta manera, la economía opera de acuerdo con condiciones de mayor certidumbre, los recursos son empleados de mejor forma, y se favorece el contexto adecuado para propiciar un crecimiento constante de la actividad económica.

Por ello, la autonomía del banco central descansa en el cumplimiento de un requisito básico, a saber, que el ejercicio de sus funciones sea auténticamente libre, es decir, que se traduzca en una autogestión desvinculada de toda influencia o presión proveniente de los Poderes del Estado, comprendiendo el manejo independiente de la política monetaria, la gestión propia y su autonomía presupuestal. Es por ello que la propia Constitución establece que la designación de los miembros de la Junta de Gobierno será hecha por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente.

En atención a las altas finalidades encomendadas a la institución, resulta indispensable que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México cuenten con los más sólidos conocimientos, fruto de una dedicada preparación profesional, así como que acrediten una probada experiencia en capacidades de alta dirección.

En este contexto, y como es del conocimiento de las señoras y señores senadores, el 31 de diciembre próximo concluirá el período que abarca la designación del señor C. Guillermo Ortiz Martínez, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 de la Ley del Banco de México, presento respetuosamente a la aprobación del Senado de la República, la designación de Agustín Guillermo Carstens como miembro de la Junta de Gobierno del banco central.

Además de reunir puntualmente los requisitos que para ocupar dicho cargo dispone la Ley citada, el doctor Carsten ha demostrado, a lo largo de su trayectoria profesional, una extraordinaria capacidad y amplios conocimientos en materia económica, financiera, monetaria y bancaria, con excelentes resultados.

Por estas razones, estoy cierto que es la persona idónea para desempeñar, de manera ejemplar, el cargo cuya aprobación se somete a su consideración, en beneficio de la institución y del país.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores, la seguridad de mi consideración distinguida.

México, Distrito Federal, a nueve de diciembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA”.

El turno de este asunto lo anunciará la Mesa Directiva posterior a la consulta que realice con la Junta de Coordinación Política en esta misma sesión.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 85 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión plenaria celebrada el 11 de diciembre del 2008, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el Senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y

SEGUNDA.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México se define Vida Silvestre como: “Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales”1. Partiendo de esta definición se desprende que la fauna silvestre son todos los animales que se desarrollan en su hábitat natural.

A nivel mundial existe un grave problema con el tráfico de animales silvestres, cada año 10 millones de éstos son capturados para abastecer el mercado internacional de vida silvestre. Esta industria incluye el comercio de mascotas exóticas, investigación biomédica, la enseñanza, el suministro de granjas públicas o privadas, ranchos de cacería, zoológicos, safaris y alimento.

En el caso de mascotas exóticas, los propietarios que las poseen ignoran por completo la crueldad involucrada en este tipo de comercio. Con frecuencia, 90 de cada 100 animales silvestres capturados mueren en el país de origen, otros 9 fallecen en el proceso de la transportación y sólo 1 llega a sudestino, lejos de su hábitat natural considerado como su verdadero hogar, y con muy poca esperanza de llegar a su madurez o de sobrevivir, ya que los nuevos dueños de estas especies cuentan con poca información sobre su cuidado.2

La industria de vida silvestre trae como resultado el daño y muerte de un alto porcentaje de animales capturados. La tasa de mortalidad varía, por supuesto, dependiendo del tipo de animal, el país de origen, la captura y las técnicas de transporte utilizadas y, finalmente, la habilidad de la especie para soportar el extremo trauma físico y psicológico y la adaptación a un ambiente cautivo.

Por ejemplo, en México durante el proceso de captura ilegal de pericos, anualmente se estima que se capturan alrededor de 65,000 y 78,500 pericos y su tasa de mortalidades de más del 75%, antes de llegar al consumidor final, lo que se traduce en 60, 000 pericos muertos cada año. 3 En tanto que, la tasa de aseguramientos de pericos representa sólo un 2% del tráfico ilegal, de acuerdo a datos de investigación.4

Este es un ejemplo del impacto que provoca la captura de ejemplares en peligro de extinción para su venta como mascotas, pues en México de las 22 especies de pericos que habitan a lo largo de nuestro territorio, 20 especies se encuentran catalogadas como en peligro de extinción.

Otro caso similar es el de los leones, simios, reptiles y aves exóticas que son utilizados como mascotas. Por ejemplo, en Estados Unidos más de 10 mil ejemplares de tigres de Sumatra se tienen en calidad de mascotas en los hogares de Norteamérica, en tanto que sólo unos 5 mil viven libres en la naturaleza. Asimismo, la población de Chimpancés se ha reducido de 2 millones que había hace un siglo a sólo 105 mil.5

En las selvas secas existen por ejemplo el tigrillo, la iguana verde o el basilisco, que se encuentran en peligro de extinción. Los bosques de niebla albergan animales cotizados, como el Quetzal, el Pavón cornudo, o el grisón.6 Otro ejemplo es laChara Pinta, que está catalogada como amenazada y es endémica dela Sierra de Sinaloa y Durango.7

Cuando los animales silvestres son utilizados como mascotas, su sufrimiento empieza con la captura. Millones de aves y reptiles sufren y mueren en el viaje hacia la tienda de mascotas. Bajo estas circunstancias el mercado internacional continúa amenazando la existencia de algunas especies en sus hábitats nativos.

Al menos 15 especies se han extinguido en los últimos 20 años y 12 más sobreviven sólo en cautiverio. Así, una quinta parte de los animales del mundo podrían desaparecer dentro de los próximos 30 años8.

En efecto, el mercado de mascotas es uno de los mayores problemas que enfrentan las poblaciones silvestres. Sobre todo en los de edad temprana, ya que éstos pueden ser influenciados para asociarse con seres humanos más que con su propia especie, lo que los convierte prácticamente en animales domésticos. Sin embargo, los animales domésticos procedentes de fauna silvestre ofrecen más problemas que beneficios, pueden convertirse en vectores de enfermedades y parásitos dañinos para los seres humanos, son impredecibles y podrían ser agresivos contra los seres humanos incluso contra sus propios cuidadores y, al tener un inadecuado crecimiento.

A continuación se enumeran algunos problemas ocasionados por mantener especies de fauna silvestre como mascotas domésticas:

1. La alimentación, se modifica sustancialmente, pues la comida en casa habitación es a base de carne congeladaalimentos procesados y alimentos de temporada;

2. Reproducción, acciones de apareamiento limitadas, teniendo como resultado menos especies silvestres;

3. Adaptación, es difícil que se adapten en cautiverio los animales silvestres, lo que ocasiona un estrés, por ello muchas veces la captura es en animales bebés, pensando que se puede resolver el conflicto de adaptación con el ser humano, pero las consecuencias son que al crecer es más difícil de manejarlo y cuidarlo, generando muchas veces peligro para las personas;

4. Comportamiento,al alcanzar su madurez sexual, el animal llega a convertirse en un problema porque grita o hace mucho ruido, destruye muebles y objetos, ataca, muerde y se muestra celoso y agresivo con algunas o todas las personas que conoce. El comportamiento instintivo de estos animales los hace que sean inadecuados como mascotas y ninguna cantidad de adiestramiento o afecto humano, cambiara sus instintos básicos.

5. Los cuidados sanitarios. Evidencias científicas han mostrado que los animales silvestres, tales como elefantes y primates, poseen una complejidad emocional altamente desarrollada, y que es difícil satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales en un ambiente de cautiverio. En efecto, los primates no humanos necesitanla compañíade otros primates no humanos y un ambiente estimulante, como el que les puede proveer su hábitat natural y el promedio de poseedores de mascotas, no pueden satisfacer esas necesidades.

Por otro lado, los animales silvestres no son domesticados simplemente por haber nacido en cautiverio o por el hecho de que sean criados por el hombre, es diferente la domesticación y reproducción con perros y gatos, quienes han sido domesticados para compañía de los humanos por lo que se vuelven dependientes para su comida, refugio, atención veterinaria y afecto. Los animales salvajes, por naturaleza, son autosuficientes y se encuentran mucho mejor sin la intervención del hombre.

En ese sentido, el Senador promovente de la Iniciativa objeto del presente dictamen considera oportuno resaltar que durante los últimos diez años, en México han sido atacados por primates cautivos por lo menos 100 personas, de las cuales 29 eran niños.

Ciertamente, los niños son particularmente vulnerables a los ataques debido a que los primates los ven más pequeños, sin embargo, también representan un riesgo para los adultos. Por otro lado, un nuevo estudio encontró que los tigres son más propensos a estar envueltos en un ataque mortal que un toro o un perro doméstico.

La Ley General de Vida Silvestre9 (LGVS) constituye una de las leyes especiales del sistema jurídico mexicano encargada de regular un aspecto específico de la problemática ambiental nacional.

Este ordenamiento jurídico tiene por objeto “establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción10.

La LGVS en su Capítulo I del Título VI considera a las especies y poblaciones en riesgo, como prioritarias para la conservación y protección.

Entre las especies y poblaciones en riesgo encontramos:

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen como:

a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.

En este mismo sentido, la Ley en comento en su artículo 60 establece la obligación expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de promover e impulsar la conservación de dichas especies y poblaciones, para evitar su detrimento:

Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.

El programa de certificación deberá seguir los lineamientos establecidos en el reglamento y, en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se elaboren.

La Secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo.

En el ámbito internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica11 es el primer acuerdo legalmente vinculante que protege todos los aspectos de la biodiversidad. Uno de los objetivos es la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de sus componentes, entre otros. Para ello, hace uso de herramientas como la “conservación in situ”, que comprende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales; el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

En la Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, se consagró el Principio Precautorio, bajo el siguiente texto:

Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocida como CITES, es la organización mundial cuya tarea es procurar que el comercio no ponga a las especies en riesgo, la cualprevé en su numeral XIV que “Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno el derecho de las Partes de adoptar:

a) medidas internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o transporte de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, o prohibirlos enteramente; o

b) medidas internas que restrinjan o prohíban el comercio, la captura, la posesión o el transporte de especies no incluidas en los Apéndices I, II o III”.

Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por siglas en inglés), dio a conocer un estudio donde reporta que son 15 mil 589 las especies de flora y fauna que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, pero de todas ellas son los anfibios del planeta como los sapos, ranas y salamandras, que se encuentran bajo un peligro sin precedentes ya que se están extinguiendo a tasas mil veces más altas que lo normal y, en buena medida, el mercado de mascotas, ha sido uno de los principales responsables de este infortunio.12

Ante esta situación los Senadores integrantes de estas Comisiones consideran que es de aprobarse la prohibición para otorgar permisos para la posesión de animales catalogados en las categorías de “en peligro de extinción” o “Amenazados”, como mascotas, ya sea en la legislación nacional o en las listas internacionales para evitar el comercio de esas especies. Dicha prohibición es un factor importante que, de forma directa coadyuvará a evitar el tráfico de animales que es encuentran en estas categorías de riesgo.

Ahora bien, estas Comisiones Unidas consideran procedente no adicionar tal prohibición en el artículo 50 de la LGVS, sino incorporar tal reforma en el artículo 85 en el que se establecen las disposiciones relativas a los animales en categoría de peligro de extinción o amenazadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PARRAFO AL ARTICULO 85 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 85.- …

Queda prohibido otorgarautorizaciones para tenencia como mascotas de ejemplares de fauna silvestre que se encuentren incluidos en las categorías en peligro de extinción o amenazadas, por la legislación nacional, o en listas y tratados internacionales.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de diciembre de 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo inciso b) a la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.


1 Fracción XLV del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

2 VIADAS, Eduardo, Tráfico Mundial de Especies: El Secreto de voces, Planeta Azul,

http://www.planetaazul.com.mx/www/2005/12/28/trafico-mundial-de-especies-el-secreto-avoce/

3 TRAFICO ILEGAL DE PERICOS. Defenders of Wildlife. Teyeliz. Enero 2007.

4 Ibidem. TRAFICO ILEGAL DE PERICOS.

5Ibidem, VIDAS, Eduardo

6 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies

7 http://www.pronatura-noroeste.org/especiesamenazadas.php

8Ibidem, VIDAS, Eduardo

9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000

10 Artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre

11 Adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992, en Río de Janeiro, Brasil, y entró en vigor a finales de 1993 y actualmente lo conforman más de 185 países miembros. México se adhirió a este Convenio al firmarlo el 13 de junio de 1992 y lo ratifico el 11 de marzo de 1993.

12Ibidem, VIDAS, Eduardo






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO INCISO B) A LA FRACCION III DEL ARTICULO 24 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 8o y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada Iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En la sesión plenaria celebrada el 25 de septiembre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recibió una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 8ºy 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Senador Mario López Valdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sector pesquero tradicionalmente ha contribuido al Producto Interno Bruto nacional. Hoy, esta actividad productiva atraviesa por una severa crisis cuyas manifestaciones como la disminución de las capturas, la falta de rentabilidad de las pesquerías, conflictos sociales que día a día se agudizan, entre otras, evidencian la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas para fortalecer esta actividad primaria.

Uno de los problemas más graves de la pesca a nivel mundial es la sobreexplotación y evitarla, debe ser uno de los objetivos principales de la administración pesquera.

En México, el análisis más detallado y comprensivo del estado de explotación de los recursos pesqueros fue realizado por el Instituto Nacional de la Pesca (INP) en el sexenio 1994-2000, el cual a guisa de conclusión señala: “De lo anterior puede deducirse que la mayor parte del potencial de crecimiento de capturas se concentra en el litoral del Pacífico, explotado por flotas especializadas, capturando especies de poblaciones muy variables cuyas capturas pueden descender o aumentar con cambios en las condiciones oceanográficas. En cuanto al número total de pesquerías que son examinadas en el estudio del INP, al menos 70% se encuentran catalogadas como explotadas al máximo o en deterioro. Aun entre las clasificadas como explotadas al máximo sostenible se encuentran varias cuyas capturas, según las estadísticas oficiales, tienen tendencias a la baja.”1

A efecto de atender esta problemática, una de las políticas públicas para mejorar la productividad de las pesquerías y garantizar el desarrollo sustentable de esta actividad es establecer restricciones espaciales o temporales a la pesca como medida de conservación. A estas restricciones se les conoce comúnmente como vedas, entendiéndose por tal, el período en el cual se prohíbe la captura de determinadas especies de la flora y fauna acuáticas con el objeto de proteger a las poblaciones en sus zonas de distribución geográfica.2, 3

En la implementación de vedas o restricciones temporales o espaciales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, ha señalado que el administrador pesquero podría optar por la imposición de restricciones por una variedad de razones, objetivos que se han clasificado en tres categorías; la primera tiene como objetivo la ordenación pesquera,4 la segunda la conservación5 y, la tercera para resolver problemas de equidad.6

No obstante, cualquiera que sea el objeto del establecimiento de una restricción espacial o temporal, lo cierto es que esta medida de política pesquera afecta a la población que depende económicamente de esa actividad productiva.

Al respecto la FAO, resaltó en su Guía del administrador pesquero, la importancia de realizar el análisis y evaluación de determinados factores al establecer restricciones espaciales y temporales. Dentro de esta evaluación, se incluyó analizar la necesidad de financiar el ajuste, es decir señala que una consideración importante cuando se vaya a restringir el acceso a una zona de pesca es el grado al cual se podría desplazar el esfuerzo hacia otras áreas, y cuáles serían las posibles consecuencias de dicho desplazamiento. Si el desplazamiento del esfuerzo representa una preocupación, podría tener que considerarse la posibilidad de ofrecer el financiamiento para ajustes estructurales para reducir la capacidad y compensar a los pescadores por la pérdida del acceso.7

En ese sentido, la propuesta presentada por el Senador Promovente refiere que aún cuando en México el establecimiento de vedas resulta un mecanismo fundamental para proteger el equilibrio ecológico y evitar la sobreexplotación de los productos pesqueros, es oportuno evaluar las necesidades de la población de pescadores que haya de ser afectada con la imposición de dichas medidas restrictivas es decir, es procedente desplazar el esfuerzo hacia otras áreas.

Actualmente, según datos publicados por la Comisión Nacional de Pesca en el año 2001 en México 252,053 personas dependen de esta actividad productiva, distribuidos a lo largo del territorio nacional de la siguiente manera: en el Pacífico 149,522, en el Golfo y Caribe 87,354, y en los estados interiores 15,777 esdecir que alrededor del 1% del empleo de la economía mexicana dependen directamente de la pesca, sin omitir que en su mayoría los pescadores representan la única fuente de ingresos de sus familias.

Así, teniendo como referencialo manifestado por la FAO no únicamente se debe atender al establecimiento de vedas como un mecanismo oportuno de conservación sino que de forma paralela se debe realizar un esfuerzo y ofrecer opciones a los pescadores que se ven afectados directamente por la implementación de restricciones espaciales o temporales.

Al respecto, el Senador promovente refiere que el “Gobierno mexicano generalmente promete en los períodos de veda, a los grupos afectados, el diversificar las fuentes de empleo y producción; para así contrarrestar los efectos que causa esta medida de control. Sin embargo, lo lamentable es que sólo se queda en promesas incumplidas”.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente retomar y dar carácter obligatorio a una medida que generalmente es implementada por el Gobierno Federal, pues con la inclusión dentro del marco de facultades de la autoridad responsable en la materia, se obligará a coadyuvar en la implementaciónde Programas sociales que tengan como objetivo atender las demandas de empleo temporal durante el período de veda, a la población directamente afectada.

La Propuesta presentada en primer lugar, propone reformar la fracción XIII del artículo 8o, para que dentro del presupuesto que se ha de proponer al Titular del Ejecutivo Federal se incluya la propuesta de recursos necesarios para la implementación de Programas de empleo temporal para los pescadores que sean afectados por la imposición de vedas, con lo cual se pretende garantizar que exista un presupuesto asignado ex profeso para atender dicha demanda.

En segundo lugar, la Iniciativa objeto del presente dictamen de forma oportuna establece que la Secretaría en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que resulten competentes, realicen acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, pues atendiendo al sentido social de los Programas de empleo temporal propuestos es oportuno atender a la distribución de competencias previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El texto sugerido por el Promovente es el siguiente:

ARTICULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XII. …

XIII. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, empleos temporales para comunidades pesqueras afectadas por vedas; y, investigación e infraestructura;

ARTICULO 24.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. a II.

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:

a)

b)Formular y ejecutar programas que generen empleos temporales, para el fortalecimiento de las comunidades pesqueras que sean afectadas, como consecuencias del establecimiento de algún período o zona de veda;

c) al m)

IV. y V.

De la lectura íntegra de la Iniciativa en comento, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden plenamente con el objeto de la Iniciativa así como con las argumentaciones presentadas por el Senador Promovente, sin embargo es oportuno hacer algunas precisiones.

En primer lugar, estas Comisiones Legislativas consideran que no es conveniente reformar el artículo 8º, en lo relativo a que sea la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación quien proponga en el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, un rubro destinado a establecer programas de empleo temporal a los pescadores que se vean afectados por la imposición de una veda temporal o espacial.

Al respecto, es preciso señalar que el Programa de Empleo Temporal que tiene por objeto contribuir a abatir el rezago social de personas mayores de 16 años, que enfrentan unadisminución temporal en su ingreso laboral y a la población afectada por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso económicos por la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario8, es una facultad de la Secretaria de Desarrollo Social y en ese sentido, los recursos asignados a la implementación de dichos Programas para los pescadores que sean afectados por la imposición de vedas, deberán asignarse a esa dependencia para poder ser ejercidos directamente bajo ese rubro, por lo que existen preceptos legales que imposibilitan asignar a la SAGARPA presupuesto para el establecimiento de este Programa.

En ese sentido y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social iniciar acciones que combatan la pobreza y gestionar los recursos asignados a Programas sociales conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo es el Programa de Empleo Temporal.

El artículo en comento a la letra señala:

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III.- Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V.- Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;

Atendiendo a esa distribución de competencias y a los supuestos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal9el objeto de tutela de esta Iniciativa, que es apoyar a los pescadores que se vean afectados por la imposición de alguna veda temporal o espacial, resulta congruente con los lineamientos establecidos en dicho Programa.

Ahora bien, aún cuando el Programa de Empleo Temporal es de carácter intersecretarial y las dependencias gubernamentales responsables son la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), participan en la coordinación de dichas acciones otras dependencias como la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), por lo que no existe precepto legal alguno que evite que la SAGARPA (como Secretaría responsable de la actividad pesquera) coadyuve en la implementación del Programa de Empleo Temporal en beneficio delsector pesquero en nuestro país.

En segundo lugar y en atención a los argumentos vertidos con anterioridad, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos procedente la reforma al artículo 24, fracción III, inciso b de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Sin embargo, en el ánimo de mejorar la técnica legislativa y evitar invasión de competencias se propone lo siguiente:

1. Se considera oportuno que en el precepto legal objeto de dicha reforma se hagareferencia de forma singular al Programa de empleo temporal que está vigente y es aplicado por la Administración Pública Federal.

2. En el mismo tenor se considera oportuno que en el texto que se reforma se haga referencia a que el Programa beneficiará a los pescadores que se ven afectados por la imposición de alguna veda, en el ánimo de que este Programa no beneficie a grupos o comunidades, sino a todo pescador que quiera incorporarse a éste de forma individual o bien, de forma conjunta.

3. De forma particular, se considera que el texto del artículo 24, fracción III, inciso b, sea modificado, para que atendiendo al sistema de distribución de competencias establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) coadyuve con las dependencias de la Administración Pública que resulten competentes para promover y establecer Programas de empleo temporal para las comunidades pesqueras que se vean afectadas.

En este contexto, no existe impedimento legal alguno para que la SAGARPA coadyuve en la implementación de esos programas en términos de lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el artículo 35 fracción III de la Ley en comento que a la letra señala:

Artículo 27.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III. Promover el empleo en el medio rural,10así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

En congruencia con lo anterior, la SAGARPA podrá auxiliarse de la Secretaría de Desarrollo Social pues en términos del artículo 32 de la Ley citada, corresponde a esta Secretaría coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos en el ánimo de elevar el nivel de vida de la población.

El artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la letra señala:

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y

No obstante lo anterior, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables11 (LGPAS) en su artículo 2º es precisa al determinar entre los objetivos de dicho ordenamiento no únicamente lo relativo con establecer el ordenamiento, formulación yregulación del manejo y aprovechamiento sustentables de la pesca y acuacultura, por el contrario atendiendo al desarrollo sostenible de ambas actividades es puntual en su fracción II al determinar como uno de los objetivos el promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores, el numeral en comento a la letra señala:

ARTICULO 2o.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales;

II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola;

A mayor abundamiento, el artículo 8o de la misma LGPAS en el sistema de distribución de competencias, refiere que la SAGARPA tiene dentro de sus facultades la formulación y ejecución de la política pesquera nacional; el establecimiento de medidas de control de la pesca, es decir de la determinación y publicación de período de vedas y de forma paralela, es puntual al señalar que dicha Secretaría debe fomentar y promover el desarrollo integral de quienes participan en dichas actividades.

El artículo en comento a la letra señala:

ARTICULO 8o.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

II. Proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentables así como los planes y programas que de ella se deriven;

III. Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura;

V. Expedir los decretos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda;

XII. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;

XV. Fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas y el desarrollo integral de quienes participan en dichas actividades;

XXXI. Establecer bases de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos para la ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas;

XXXII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la presente Ley;

XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven;

En coordinación con lo anterior, la autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de un órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, según se lee en el artículo 37 del Reglamento Interior de la SAGARPA el cual a la letra precisa:

ARTICULO 37. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, tendrá las atribuciones que se establecen en la Ley de Pesca, su Reglamento, este ordenamiento, el decreto por el que fue creada y demás disposiciones aplicables, las cuales serán ejercidas por las unidades administrativas que la integran, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Comisionado.

Las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen, consideran que el objeto de esta Iniciativa, es una medida precisa y oportuna mediante la cual no se pretende incrementar la carga de trabajo de las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas, por el contrario se pretende hacer uso de la información que ya está disponible y que se ha dado a la tarea de allegarse, particularmente la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, al establecer limitaciones a la pesca. Amén de que esa Comisión es la responsable de la publicación de los Decretos de veda, es la que tiene conocimiento del tiempo preciso que durará la limitación a la pesca, qué población será la afectada durante el período, cuántos pescadores se dedican a esta actividad y demás información técnica que le ha otorgado su unidad de investigación científica, es decir el Instituto Nacional de Pesca para determinar la imposición de cualquier veda.

Finalmente, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos y los argumentos aquí vertidos se desprende que la Iniciativa que se dictamina es procedente, por lo que las Comisiones Unidas que elaboran el presente Dictamen sugerimos la siguiente redacción:

ARTICULO 24.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. a II.

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:

a.

b.Coadyuvar en la formulación y ejecución de programas que generen empleos temporales, para pescadores que se vean afectados por el establecimiento de algún período o zona de veda;

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO INCISO b A LA FRACCION III DEL ARTICULO 24 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE.

UNICO.- Se adiciona un nuevo inciso a la fracción III del artículo 24, para quedar como inciso b, recorriéndose en su orden subsecuente los actuales incisos b al l para quedar respectivamente como incisos c al m, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como siguen:

ARTICULO 24.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. a II.

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:

a.

b.Coadyuvar en la formulación y ejecución de programas que generen empleos temporales, para pescadores que se vean afectados por el establecimiento de algún período o zona de veda;

c. La construcción de parques de acuacultura, así como de unidades de producción, centros acuícolas y laboratorios dedicados a la producción de organismos destinados al ornato, al cultivo y repoblamiento de las especies de la flora y fauna acuática;

d. La construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y de artes de pesca selectiva y ambientalmente seguras, mediante el apoyo a programas de sustitución y modernización de las mismas;

e. La construcción de infraestructura portuaria pesquera, así como el mejoramiento de la infraestructura existente;

f. La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura;

g. La elaboración coordinada de programas de industrialización, comercialización y consumo de productos pesqueros y acuícolas, tendientes a fortalecer las redes de valor de los productos generados por la pesca y la acuacultura, mediante acciones de apoyo y difusión;

h. La organización económica de los productores y demás agentes relacionados al sector, a través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación;

i. La realización de obras de rehabilitación ambiental en sistemas lagunarios costeros;

j. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura. Para estos efectos, la Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades competentes, además de observar y aplicar lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo;

k. Impulsar acciones para la formación de capital humano que se vincule con organizaciones de productores que participan en las cadenas productivas acuícolas y pesqueras;

l. Favorecer la creación de figuras organizativas para la promoción comercial de los productos pesqueros y acuícolas en los mercados nacional e internacional; y

m. Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de las redes de valor, en coordinación con los diversos comités sistema-producto acuícolas y pesqueros.

IV. a V.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente reforma serán cubiertas en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de que se trate, y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TERCERO.- Las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberán realizarse y expedirse en un plazo no mayor a los 120 días a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Poder Ejecutivo Federal realizará las gestiones necesarias para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se incorpore al Programa Intersecretarial de Empleo Temporal.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de diciembre de 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Honorable Asamblea, tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 Constitucional.


1 SANTINELLI, Jazmín (Coord). La situación del sector pesquero en México. P. 142.

2 ARREDONDO ÁLVAREZ Adrián, IGARTÚA CALDERÓN Luis Esteban, et.al.Glosario de términos relacionados con la pesca. Cámara de Diputados LIX, Legislatura. P. 456.

3La LGPAS en su articulo 4º fracción XLVII la define como el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un período o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción o reclutamiento de una especie.

4 El párrafo 6.3 del Código de Conducta para la Pesca Responsable, artícula el principio general de que “Los estados deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad de producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los mismos.” Las restricciones espaciales y temporales pueden ayudar al administrador pesquero a lograr estos objetivos.

FAO Documento Técnico de Pesca. Guía del administrador pesquero. Medidas de ordenación y su aplicación. P. 47.

5 Las aguas costeras, en particular, a menudo son ricas en hábitats altamente apreciados por sus valores estéticos o de conservación natural, y algunas formas de actividad pesquera podrían alterar dichos hábitats. Las vedas permanentes de área ofrecen un mecanismo para proteger estos hábitats, y establecerlas es, con razón, una meta clave de muchos sectores del movimiento para la conservación marina. Ibid. P. 49

6 La zona costera, es un área donde múltiples usuarios requieren de acceso. Sin embargo, a menudo los usos son incompatibles entre sí. Existen muchos otros posibles conflictos de uso (ej. Turismo, navegación, pesca deportiva), donde la única solución manejable sería restringir las actividades a ciertas áreas mediante algún tipo de arreglo de zonificación, sea de manera permanente o estacional. Ibid, P. 51.

7Ibid. P. 64

8 Disponible en http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=801578

9 Disponible enhttp://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802142

10 Rural no es únicamente una delimitación geográfica, sino que se refiere a territorios con poblaciones baja densidad y determinadas características socioeconómicas.

Espacio rural:

· tejido económico social

· comprende un conjunto de personas, territorio, culturas y actividades diversas

· sirve de amortiguador y de espacio regenerador para el equilibrio ecológico.

Disponible en http://www.uam.es/departamentos/economicas/estruceco/Fichas%20profesores/Luis%20Collado/TEMAS%20DesOrdRural/DOR_CAP2_resum.pdf

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de julio de 2007.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión en lo general. El Senador Jesús Murillo Karam ha solicitado el uso de la palabra a nombre de las comisiones para fundamentar el dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Murillo Karam.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Compañeros Senadores:

El dictamen que vamos a tener a consideración, es un dictamen que lleva 2 años de trabajo; es un dictamen en el que prácticamente, durante todas las semanas, un día de cada una de ellas se reunieron representantes de los consumidores, representantes de los industriales, de los comerciantes, del gobierno, de las instituciones del Estado que tienen que ver con los consumidores, Senadores, académicos, en una larguísima e intensa discusión para encontrar la mejor forma de tutelar las que se han llamado en el mundo: “acciones colectivas”, acciones colectivas que solamente México y otro país de Latinoamérica no tienen legislado; acciones colectivas, que si bien es cierto que en su inicio en algunas partes han generado algún conflicto, también es cierto que han venido a convertirse en una defensa clara, profunda de los intereses fundamentales de cada uno de nosotros como consumidor.

En las negociaciones para llegar a la iniciativa ésta que plantea la reforma constitucional que se requiere para iniciar la legislación secundaria, tuvimos que hacer también compromisos con todas las partes y en todas las minutas para, los términos en los cuales, después de ésta, tendrá que venir la legislación secundaria que garantice a todos que esta será una legislación que sea benéfica, oportuna, adecuada a nuestro tiempo y de protección real a los consumidores.

Al subirme a fundamentar el dictamen, yo les pido que lo hagan motivados por un reclamo real, por una necesidad real y por la certeza de que ésta es una iniciativa estudiada, discutida y concertada.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Murillo Karam.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han inscrito los Senadores Ricardo Monreal y el Senador Pablo Gómez.

Y consulto si hay alguna otra compañera o compañero que quiera inscribirse.

El Senador Felipe González.

Hecho del conocimiento que la lista de oradores consta de los Senadores Ricardo Monreal Avila, Pablo Gómez Alvarez y Felipe González González, al término de esa lista se preguntará a la Asamblea si consideran suficientemente discutido. Y como se trata de un solo artículo, se pondrá a votación en lo general y en lo particular.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras:

El Estado debe ser capaz de garantizar la solución de conflictos individuales y colectivos que afecten los diferentes estratos y esferas de la vida social. La creación de los mecanismos políticos e institucionales necesarios para la debida protección y garantía de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, es quehacer obligado de los actores gubernamentales.

Sin embargo, por lo que se refiere a los derechos colectivos, no se han contemplado, a partir del rico abanico de derechos que consagrada nuestra Carta Magna en su parte dogmática, los mecanismos políticos e institucionales suficientes para garantizar su efectivo cumplimiento.

Hablando de derechos del consumidor, por ejemplo, según datos de la organización “Al Consumidor, A.C.”, la Ley Federal de Protección al Consumidor le confirió exclusivamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a partir de 1992, la facultad de ejercer ante tribunales competentes, acciones de grupo en representación de los consumidores. Sin embargo, no se establecía ningún tipo de procedimiento, ni mecanismo, ni tampoco se generó una reforma a las leyes reglamentarias para llevar a cabo estas intenciones del Legislativo.

Se han llevado a cabo dos acciones colectivas en el país: Una contra Air Madrid y otra contra líneas Aéreas Azteca, donde los jueces tuvieron un alto grado de resistencia ante la procuraduría, por no contar con los lineamientos.

Los muchos abusos perpetrados por las grandes corporaciones o empresas trasnacionales en contra de grupos de ciudadanos bien identificados, (consumidores, comuneros, habitantes de áreas geográficas comunes, municipios de regiones de selvas, o de cualquier otro entorno humano), no han encontrado ninguna posibilidad de que sus exigencias y reclamos sean resueltos conforme a la ley. Hay una resistencia clara, históricamente encabezada por el Poder Judicial, a considerar a la Constitución tanto derecho objetivo como derecho subjetivo. Resultando así, que la multitud de juicios individuales, promovidos en casos donde son varios los afectados, resultan muy onerosos y casi siempre resultan resueltos en contra.

Nuestro sistema jurídico, a lo largo del tiempo, ha ido evolucionado en un proceso dinámico por el que se han ido incluyendo derechos humanos…

Señor Presidente, le pediría una moción de orden. Este es un tema….

- El C. Presidente García Cervantes: Ruego a las compañeras y compañeros Senadores tener la debida consideración y respeto al compañero que está haciendo uso de la palabra. En la misma circunstancia nos podemos encontrar cualquiera de nosotros.

Y les ruego tengamos el respeto recíproco que merece nuestro trabajo, la Asamblea y cada uno de nosotros.

Continúe, señor orador.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Muchas gracias.

Déjenme decirles, ciudadanos Legisladores, que estamos discutiendo un artículo, una adición al artículo 17 de la Constitución sumamente trascendente, propuesto hace varios meses por el Senador Murillo Káram. El llamado “acciones colectivas” que en todo el mundo existe, incluso en Estados Unidos desde hace siglos, que se encuentra legislado en las llamadas “class action”. En México apenas ahora podrá incorporarse a la Constitución esta modalidad de acciones colectivas para proteger a grupos, a sectores, a pobladores de alguna región o consumidores de algún servicio o consumidores de alguna mercancía.

Por eso su discusión y su aprobación es muy importante. Es más, creo en una crítica seria que la iniciativa planteada por el Senador Murillo era más ambiciosa que lo que contiene el dictamen. Yo hubiera preferido que el dictamen trajera o introdujera la iniciativa textual y completa que había propuesto en un principio el Senador Murillo.

No fue así. Como ustedes saben, en México ha venido evolucionando la defensa de los derechos humanos de primera generación que son a los que se refieren los políticos y los civiles, protegidos por las garantías individuales en la parte dogmática de nuestra Carta Magna. Luego evolucionó a los derechos de segunda generación, los económicos, los sociales y los culturales. Y ahora precisamente, aunque tardíamente, estamos intentando legislar los derechos humanos de tercera generación, que son los de las colectividades y los de la solidaridad.

Por eso es muy importante lo que estamos discutiendo. Pero además es conexo a lo que en seguida vamos a discutir en las modificaciones de la Constitución en materia de amparo; van estrechamente vinculados. Este tema de acciones colectivas con las modificaciones que la Asamblea decidirá en unos momentos más, en las modificaciones a los artículo 103, 104 y 107 de la Constitución.

Yo lamentablemente siempre he opinado que la Asamblea no presta atención. Una modificación constitucional de tal envergadura debiera tener a todos atentos a lo que se dice y a lo que se están refiriendo los oradores.

Pero he llegado a considerar que es inútil, y salvo a los que siempre están atentos, salvo a los que siempre están escuchando a los Senadores.

- El C. Presidente García Cervantes: ¿Me permite, Senador Ricardo Monreal?

Sí el señor orador nos está solicitando y reclamando la atención y el respeto cuando se hace uso de la tribuna, esta Presidencia insiste a la Asamblea en atención y respeto al orador.

Y al orador le solicito que concluya su intervención.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Si, precisamente por la falta de atención los minutos se prolongan. Es una reforma muy importante. Le solicitaría, señor Presidente, a efecto de respetar el tiempo, pueda plasmar íntegras algunas notas que escribí por la noche sobre esta importante modificación constitucional.

Muchas gracias.

Y a ustedes, a los que ponen atención, muchas gracias; y a los que no, también.

(Aplausos)

“POSICIONAMIENTO QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL AVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN TORNO AL DICTAMEN SOBRE ACCIONES COLECTIVAS

El Estado debe ser capaz de garantizar la solución de conflictos individuales y colectivos que afecten las diferentes esferas de la vida social. La Creación de los mecanismos políticos e institucionales necesarios para la debida protección y garantía de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, es quehacer obligado de los actores gubernamentales.

Sin embargo, por lo que se refiere a los llamados derechos colectivos, no se han contemplado, a partir del rico abanico de derechos que consagra nuestra Carta Magna en su parte dogmática, los mecanismos políticos e institucionales suficientes para garantizar su efectivo cumplimiento.

Hablando de derechos del consumidor por ejemplo, según datos de la organización “Al Consumidor, A.C.”, la Ley Federal de Protección al Consumidor le confirió exclusivamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a partir de 1992, la facultad de ejercer ante tribunales competentes, acciones de grupo en representación de los consumidores; sin embargo, no se establecía ningún procedimiento ni tampoco se generó una reforma a las leyes para llevar a cabo estas.

Hasta el año 2007, solo se habían llevado a cabo dos acciones colectivas en el país (una contra Air Madrid y otra contra líneas Aéreas Azteca), donde los jueces tuvieron un alto grado de resistencia ante la procuraduría, por no contar con los lineamientos.

Los muchos abusos perpetrados por las grandes corporaciones o empresas transnacionales, en contra de grupos de ciudadanos bien identificados (consumidores, comuneros, habitantes de determinados municipios, etc.), no han encontrado castigo, debido entre otras cosas, a la resistencia de nuestro poder judicial, a considerar a la Constitución tanto derecho objetivo como derecho subjetivo. Resultando así, que la multitud de juicios individuales, promovidos en casos donde son varios los afectados, resultan muy onerosos.

Nuestro sistema jurídico, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en un proceso dinámico, por el que se han ido incluyendo derechos humanos de primera (civiles y políticos), de segunda (económicos, sociales y culturales) y de tercera (colectivos y de solidaridad) generación, reglamentándolos en las leyes secundarias, que es el paso natural siguiente a la reforma constitucional que se plantea hacer al artículo 17.

Ahora en estos momentos y a diferencia del nombre que recibaneste tipo de movimientos o acciones en otras latitudes las acciones y procedimientos colectivos deben de verse como un fenómeno ya que tienen un fin común, un cierto grupo de individuos que pudiendo tener este carácter, de solicitaruna acción colectiva y que existe una relaciónentre sus titulares que los vincula por circunstanciade hecho o de derecho.

México se ha ido rezagando en comparación con otras naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, puesto que en estos, se han ido incorporando los diferentes mecanismos que reconocen los derechos colectivos de la ciudadanía y las vías para hacerlos valer. Es importante echar un vistazo a lo que se está haciendo en diversos países -tanto de América como de Europa- en materia de acciones colectivas y de grupo. En Estados Unidos por ejemplo, existen las class actions previstas en las leyes procesales federales desde 1938, y con una tradición de dos siglos en la jurisprudencia.

De acuerdo con el Derecho Comparado, podemos constatar que en otras latitudes la creación de mecanismos para la protección de los derechos colectivos ha tenido un mayor desarrollo. Estos últimos, comprenden los llamados derechos difusos. Los derechos difusos son aquellos de naturaleza indivisible, de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos colectivos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto), cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho.

Por su parte, los derechos individuales de incidencia colectiva son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva (en la materia fiscal podemos encontrar muchos ejemplos).

Las autoridadesfederales encargadas de proteger y de velar por los intereses de la colectividad, han sido consecuentes con la política neoliberal; preocupada más bien por defender los grandes intereses económicos. Por lo que dejar el monopolio del ejercicio de las acciones colectivas, en manos de órganos del gobierno, va en sentido contrario a lo que se ha hecho en este tema en otros países, que cuentan con buenos niveles de desarrollo democrático y económico.

La minuta de la Cámara de Diputados que establecía que sólo podrían promover acciones colectivas tres dependencias: la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, limitaba la capacidad de las acciones colectivas alas materias de protección al consumidor, a los usuarios de servicios financieros y a la protección al ambiente.

Por otro lado, el dictamen que nos atañe es un paso importante en el camino para garantizar el cumplimiento efectivo de este tipo de derechos al establecer que las leyes protegerán los derechos colectivos, así como las medidas para la organización de los individuos en defensa de éstos. En todos los casos, aplaudo que las debidas adecuaciones a la reglamentación que garantizará el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de segunda y tercera generación consagrados en la Constitución.

Dicha reglamentación, debe dotar de mayores herramientas pararesolver adecuadamente los conflictos de interés social, así como promover que no sean unas cuantas dependencias las que puedan promover acciones colectivas, y si cualquier individuo que sufra una afectación, como por ejemplo se establece en la Constitución de Brasil: “cualquier ciudadano es parte legitima para promover la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio publico o de una entidad en el que estado participe”.

Finalmente, en virtud de que en materia del llamado “amparo colectivo” se cuenta con un copioso debate, que implicaría la reforma a otros artículos constitucionales (103 y 107) y a la ley reglamentaria de estos, no deben soslayarse los diferentes trabajos al respecto, y por el contrario, se deben de complementar las propuestas en cuestión, con el propósito de abordar de manera óptima el tema de las acciones para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Ricardo Monreal.

Inscríbase en el Diario de los Debates la participación íntegra del Senador Ricardo Monreal.

Quiero rogar a quienes controlan el volumen de los micrófonos, estén atentos a subir el volumen de los micrófonos para que la Asamblea también esté en la mejor oportunidad de escuchar al orador.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Gómez Alvarez, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

Dice la Constitución: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales”.

Dice el proyecto: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales Leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.

Esto es un pendiente que tiene este país y que espero que sea aprobado por la Cámara y en el referéndum de las legislaturas de los Estados.

Me hubiera gustado que no insinuara limitación de materias. Repito, me hubiera gustado que no se insinuara en este texto alguna limitación de materias.

Cómo lo insinúa el texto, dejándolo que la ley lo determine.

Yo creo que en realidad los mecanismos de interposición de las acciones colectivas deben estar en una ley, pero todo aquello que afecte a las colectividades debería tener recursos en tribunales. Como en realidad ocurre en muchos países del mundo.

Entonces, si así lo vamos a aprobar, yo le tomo la palabra a Murillo Karam, desde ahorita, de que en la Ley Reglamentaria no se va a poner una lista interminable de materias donde el recurso se tornará improcedente. Porque eso es el riesgo de este texto.

Ya saben ustedes que en México hay derechos fundamentales que luego las leyes los convierten en nada o casi nada. Esto va a formar parte de los derechos del pueblo mexicano.

Espero también, otra cosa que pido al Senado, que los veo muy solícitos para votar esta reforma, les pido que no le vaya a pasar a las acciones colectivas lo que le está pasando al derecho de réplica, que esté en la Constitución y ahí puede seguir los próximos 200 años, porque esta Soberanía, como se le llama, malamente, por cierto, no se ha dignado expedir la ley reglamentaria. Y estamos a punto de declarar, como dijo aquel Diputado Farias, respecto del derecho a la información que no le hemos encontrado, y claro que no se la encontraremos nunca, la cuadratura al círculo.

Como el Congreso Mexicano es especialista en declarar que no encuentra la cuadratura al círculo, llamo desde ahorita, perdón por el ahorita, que ya es palabra mexicana, llamo desde ahorita a que no hagamos lo mismo. Y aprovecho para convocar a que el Congreso reglamente dos cosas: el derecho de réplica y la publicidad gubernamental, que son dos pendientes de dos reformas constitucionales que tuvieron su origen en el Senado y que el Senado está de oídos sordos. Luego se quejan de que la gente hable mal del Senado.

Pues cómo no va a hablar mal. Yo también, que soy miembro de la Asamblea, hablo mal del Senado.

Señor Presidente, le encargo a usted que sea testigo de honor de este llamamiento por anticipado que, repito, primero, que no hagan una lista de materias excluidas de este recurso de acción colectiva; segundo, que la ley sea expedida pronto.

Espero que esto esté aprobado en marzo, espero. Febrero para la Cámara y marzo para el referéndum.

Y antes del Día del Niño que cierre el Congreso sus sesiones breves para irse de vacaciones largas, esté la Ley Reglamentaria de este nuevo derecho fundamental.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Pablo Gómez. Esta Presidencia se constituye en testigo de lo dicho por usted.

Tiene el uso de la palabra el Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN. Con él queda agotada la lista de oradores.

- El C. Senador Felipe González González: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, ¿van a hacer caso o no? Señor Presidente, entonces le entrego mi intervención por escrito, en virtud que la plebe no hace caso.

Y qué dijeron, ya, verdad. Pues se friegan.

Señor Presidente…

- El C. Presidente García Cervantes: Solicito a la Asamblea, permítame, señor orador, solicito a la Asamblea y al orador conservar el orden debido en este debate.

Adelante, Senador Felipe González.

- El C. Senador Felipe González González: Haciendo un reconocimiento al trabajo que se hizo para que llegásemos a esta iniciativa y tanto tiempo, quisiera hacer una propuesta, pero que fuera analizada posteriormente para ver si puede ser incluida o bien que mereciera ser parte de otra iniciativa para fortalecer este tema de las acciones colectivas.

Esto lo hago en virtud de que la Constitución actualmente no se ocupa de las acciones colectivas, no las define ni hace referencia a este concepto.

En esta iniciativa del Senador Murillo Karam, estamos frente a un concepto jurídico nuevo. De ahí que el Constituyente debe fijar con claridad la noción del concepto de las acciones colectivas para facilitar la labor del legislador ordinario.

Para alcanzar dicho propósito, considero que más que una definición, basta clarificar que las acciones colectivas se caracterizan en razón de que la resolución definitiva abriga alcances para grupos o clases de personas, aún cuando la reclamación o queja haya sido presentada por una sola o varias personas, en aquellos derechos cuya naturaleza jurídica así lo permitan.

Consideramos necesario armonizar la materia de las acciones colectivas y en consecuencia se adicione el artículo 73 a efecto de que el Congreso de la Unión cuente con la esfera de competencia al efecto y lo mismo con el artículo 103, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta consiste:

UNICO.- Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17¨; y se adiciona una fracción XXIX-P al artículo 73 y se adiciona una fracción VII al artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La del artículo 17, diría así:

La ley que expida el Congreso de la Unión en materia de acciones colectivas definirá las causas de procedencia, los procedimientos por los cuales una resolución definitiva sea susceptible de surtir efectos en beneficio de grupos o clases de personas, así como las formas de reparación del daño. Dichas acciones colectivas serán de la competencia exclusiva de los tribunales federales.

Y en el artículo 73, diría:

El Congreso tiene facultad para expedir leyes que regulen las acciones colectivas contempladas en el tercer párrafo del Artículo 17 de esta Constitución.

Y en el Artículo 104:

Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer de las acciones colectivas.

Eso sería hasta este momento, y lo entregaría aquí a usted, señor Presidente, para que se hiciera un análisis de esto, siempre y cuando no alterar el orden de que no dilatara la promulgación de esta ley que tanto tiempo se ha llevado.

(INICIATIVA)

UNICO.- Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17; se adiciona una fracción XXIX-P al artículo 73 y se adiciona una fracción VII al artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17. (…)

(…)

“La ley que expida el Congreso de la Unión en materia de acciones colectivas definirá las causas de procedencia, los procedimientos por los cuales una resolución definitiva sea susceptible de surtir efectos en beneficio de grupos o clases de personas, así como las formas de reparación del daño. Dichas acciones colectivas serán de la competencia exclusiva de los tribunales federales”.

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-O…

XXIX-P.- Para expedir leyes que regulen las acciones colectivas contempladas en el tercer párrafo del artículo 17 de esta Constitución”.

“Artículo 104.- Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I a VI…

VII.- De las acciones colectivas.

Sen. Felipe González González.”

- El C. Presidente García Cervantes: Sí, con mucho gusto. Permítame, Senador Murillo.

El orador ha solicitado su intervención íntegramente sea incorporada con esta propuesta en el Diario de los Debates, cosa que se obsequia. Ha solicitado que las proposiciones que hace no dilaten la aprobación del dictamen que se encuentra a discusión.

Por lo tanto, esta Presidencia considera como iniciativa la propuesta del señor orador y se turna a la Comisión de Gobernación, perdón, de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

¿Alguna objeción al trámite?

Se ha agotado la lista de oradores, por lo tanto ruego que se abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, y que el sistema permanezca abierto durante 3 minutos, ruego a la Asamblea considerar que la certeza jurídica de las votaciones se da cuando se emite el voto electrónico, los votos de viva voz deben ser excepcionales, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANAYA LLAMAS GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

JARA CRUZ SALOMON

PRD

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo que esta Presidencia que se han emitido 100 votos por el pro, cero abstenciones y cero en contra.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 constitucionales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 94, 100, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen, notifico a la Asamblea que se han inscrito para hablar sobre él, los Senadores Pedro Joaquín Coldwell, Ricardo Monreal Avila, Alejandro Zapata Perogordo y Tomás Torres Mercado, hasta este momento, por tal razón tiene el uso de la palabra el Senador Pedro Joaquín Coldwell, por las comisiones, para fundamentar el dictamen. También se ha inscrito el Senador Pablo Gómez Alvarez y el Senador René Arce.

- El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Señoras, señores Senadores:

Tienen ustedes a su consideración la reforma al Juicio de Amparo más importante que se haya realizado en nuestro país en los últimos 25 años.

De la decisión de ustedes depende que esta reforma pueda ser enviada a la Cámara de Diputados e iniciar el procedimiento constitucional del que conoce el Poder Constituyente Permanente.

En efecto, el Juicio de Amparo en nuestro país del cual fuimos precursores en América Latina, hoy nos encontramos muy rezagados respecto a los avances que otras naciones de nuestro subcontinente cultural han tenido en materia de protección de los derechos y las garantías que consagra la Constitución.

El dictamen que está a la consideración de ustedes contempla ampliar con un sentido muy garantista la procedencia del juicio de amparo tratándose de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y de sus garantías, pero también en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, nuestro Poder Ejecutivo y el Senado ha ratificado.

Otro avance muy importante que contiene el dictamen, es que amplía el acceso a la justicia al cambiar el interés jurídico que requiere la parte agraviada para que proceda el amparo en la legislación vigente por el interés legítimo, que es mucho más amplio y que permitiría extender la esfera del juicio de amparo.

Se consagra también como uno de sus grandes avances el amparo adhesivo, se abre la posibilidad en esta propuesta de dictamen de que el amparo a partir de una declaratoria de la Corte de inconstitucionalidad, que proceda después de que hay jurisprudencia reiterada de la corte, tenga efectos generales de inconstitucionalidad, es decir, aquí hay una de las grandes modernizaciones del Juicio de Amparo, es la oportunidad de superar el efecto Otero para darle un efecto erga omnes y simultáneamente ir consolidado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, y como algunos especialistas en tema y grandes juristas han considerado convertir a la Corte en un legislador en sentido negativo.

Se crean también en esta reforma los “plenos” de circuito, que van a permitir procesar y resolver las contradicciones de tesis entre tribunales de un mismo circuito y estarán integrados por los presidente de los tribunales colegiados, y esto permitirá descargar parte de las funciones que hoy ejerce la Corte en materia de control de la legalidad.

Hay otros aspectos que hubiéramos querido avanzar en esta reforma, en lo particular a mí me hubiera gustado, y yo me hubiera pronunciado por bajar el umbral que le ponemos a la Corte para hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad,

Me parece que ocho votos son muchos, hubiera implicado revisarlo en este dictamen, tanto para la declaratoria general que procediera por amparo, como para las acciones de inconstitucionalidad.

Me hubiera gustado que fuera más expedito el trámite de declaración general de inconstitucionalidad, así como poder haber limitado los abusos del amparo, contra lo que se piensa cuando se abusa del amparo, esto no se traduce en más y mejor justicia, por el contrario, se le resta eficacia a la justicia.

Queda pues también como asignatura pendiente para otros tiempos y para otras circunstancias la revisión de los casos de procedencia del amparo directo, y también la evaluación del federalismo judicial en nuestro país.

Cabe pues recordar aquí las reflexiones de aquel jurista que le decía a sus alumnos: Que en materia de Derecho, lo ideal no siempre es lo posible, pero que había que tratar de buscar que las leyes, las mejores leyes serían aquellos que en lo posible se acerquen más a lo ideal.

Me parece que estamos en este caso concreto, al que me he citado, y creo que también estamos frente a una reforma constitucional, que si la votamos favorablemente, como yo espero, y todo el poder Constituyente Permanente avala esa decisión, el Senado de la República, esta será una reforma de la que cuando hayamos terminado nuestro periodo constitucional de Senadores, podemos sentirnos legítimamente satisfechos, y podamos mirar hacia atrás y decir que valió la pena ser legislador.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias Senador Pedro Joaquín Coldwell. Hace uso de la palabra, por el grupo parlamentario del PT, el Senador Ricardo Monreal Avila.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Quizá la institución más sólida, la institución más importante del sistema jurídico mexicano sea el Juicio de Amparo; el Juicio de Amparo, a pesar de que tuvo influencias del Derecho Anglosajón, incluso del español y del Derecho Francés, desde su creación el amparo ha tenido un sello característico, y el Amparo Mexicano ha influido en otras legislaciones del mundo, sobre todo de América Latina y en algunos países de la otra urbe.

El Juicio de Amparo, su vocablo original, como todos lo saben, surge en 1841 en la Constitución de Yucatán, fue el primer Estado que refiere concretamente la palabra Amparo, contra la violación de autoridades en detenciones arbitrarias, y fue precisamente Manuel Crescencio Rejón, quien presidía la Comisión de Redacción para instalar en la Constitución Yucateca el Juicio de Amparo.

Desde entonces el Juicio de Amparo ha sido el principal instrumento de defensa de los ciudadanos, se ha popularizado tanto la denominación del amparo, que la gente lo maneja con soltura, en calles, barrios, en todas partes cuado abusa la autoridad, lo primero que el ciudadano dice: me voy a amparar contra los actos abusivos de la autoridad de cualquier institución pública o de cualquier poder constituido.

Por eso, en efecto, lo que ahora estamos reformando es muy importante. No se habían modificado las partes fundamentales del amparo en las últimas dos décadas. Sí ha habido reformas, algunos de los artículos que se relacionan con la materia, sin embargo nunca en la intención que ahora se pretende reformar.

Como ustedes saben, son seis artículos de la Constitución: 94, 100, 103, 104, 107 y 112, aunque es un paquete de modificaciones constitucionales lo lógico sería discutirlas una a una, porque lo que contiene cada disposición constitucional es sumamente importante.

Voy a tratar de referirme a algunas de ellas. El dictamen que nos ocupa, es ambicioso ciertamente, se persigue reformar de manera significativa este número de artículos constitucionales. Va de suyo que el propósito de dicha reforma busca redimensionar la naturaleza y los alcances de las facultades del Poder Judicial, principalmente en materia de amparo. Específicamente, en lo relativo a la legitimación activa para poder interponer este juicio extraordinario.

Ya no solamente los individuos a los que se les agravie personal y directamente podrán ostentar el carácter de quejosos, sino que a merced del debate en torno al amparo colectivo, hoy estamos a punto de lograr un viejo reclamo de muchos ciudadanos mexicanos, porque de aprobarse estas reformas también podrán promover el Juicio de Amparo las personas jurídicas que aduzcan ser titulares de un derecho o de un interés legítimo colectivo; siempre que se alegue que el acto reclamado viola directa y personalmente garantías individuales, ahora si se aprueba esta reforma bastará con que un grupo de personas, un colectivo aduzca interés legítimo para ampararse contra las acciones y los actos de autoridades. Eso, sin duda, es un avance, un avance de importancia.

Además, se busca fortalecer el papel de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, y así aumentar por ejemplo, los supuestos en que ésta puede hacer declaraciones generales, respecto de normas que se consideren inconstitucionales.

Yo también creo que pudimos haber ido más allá en estas reformas, me parecen muchos filtros los que pasarán para que se pueda declarar una norma como inconstitucional. ¿Cuáles son esos filtros? Primero, que sea una jurisprudencia reiterada; segundo, que provenga de juicios de amparos indirectos; y tercero, que el Pleno de la Corte en una mayoría calificada apruebe la declaración de inconstitucionalidad de esa norma que los juzgados federales de amparo han declarado inconstitucionales.

Pero es una mayoría calificada, es decir, de once ministros tienen que aprobar ocho ministros, lo que me parece un exceso porque lamentablemente la Corte se ha convertido en una especie de poder legislativo de facto; es decir, en la Corte van representantes de partido y defienden los principios de sus partidos, no de la justicia, y por eso la Corte ahora está cuestionada, porque quienes ocupan el asiento de Ministros defienden los intereses de quienes los pusieron, las cúpulas políticas partidistas, y por eso es muy difícil que una declaración de inconstitucionalidad pueda lograr la mayoría calificada de ocho contra once ministros de la Corte.

En efecto, con esto se termina el principio de la relatividad, con esto se termina y se concluye la llamada Fórmula Otero, que señala que el amparo sólo protege a quien acude al amparo, es personal y directo el agravio, y en consecuencia sólo protege a quien la promueve o al quejoso.

Se le llama Fórmula Otero, ustedes lo saben muy bien, porque su promovente y autor era ese prestigiado jalisciense Mariano Otero. Por esa razón yo creo que pudimos ir más allá y establecer una mayoría simple en la Suprema Corte de Justicia de seis ministros de la Corte para poder declarar los efectos generales de una ley inconstitucional…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Ricardo Monreal, le solicito atentamente concluya su intervención.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Lamentablemente el tiempo siempre es el tirano cuando es un tema apasionante.

Yo recuerdo a dos de mis maestros en materia de amparo, los recuerdo con mucho cariño, y a mí me apasionó la materia de amparo. Tomás Torres fue maestro de la Cátedra de Amparo en la Universidad de Zacatecas muchos años, y a mí me dejó una huella profunda el maestro de amparo que todavía vive, Uriel Márquez Valerio, y en la división de estudios de postgrado, Ignacio Burgoa, que nos daba una materia que se llamaba “Defensa de los particulares frente a la Administración Pública”.

Lamentablemente el tiempo no nos deja debatir más, siempre 5 minutos, y ahora con la anuencia del Presidente, que es el menos tirano de los Vicepresidentes, 10 minutos. Pero ni modo, yo le pediré al señor Presidente que me permita plasmar en el Diario de Debates unas notas que redacté antier por la noche, porque lo que estamos aprobando, señoras Senadoras y señores Senadores, es trascendente para la vida del país, a pesar del nivel de justicia que tenemos, que es pésimo y que hay una gran desconfianza en la justicia mexicana y no se podrá resolver solamente con leyes, se requiere otra cosa más allá de meros ordenamientos jurídicos.

Voy a reservar algunos artículos en la discusión particular.

Muchas gracias, señor Presidente.

“POSICIONAMIENTO QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN TORNO AL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94, 100, 103, 104, 107 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AMPARO.

Según un área de la doctrina jurídica mexicana, en el Estado mexicano se han diseñado una serie de mecanismos, con el objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Estos se pueden dividir en dos grandes grupos: los mecanismos políticos y los mecanismos institucionales. Dentro de los primeros, encontramos a los diferentes ordenamientos, tanto de carácter local como internacionales. En tanto que dentro de los segundos, encontramos a los diferentes organismos tanto estatales como no gubernamentales, creados para garantizar la plena vigencia de este tipo de derechos.

Actualmente, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, persiste un enfrentamiento entre dos posturas distintas: una de corte tradicional y conservador, que apoya la idea de que la soberanía estatal sigue siendo el principio rector, dentro del marco del derecho internacional (incluido el derecho internacional de los derechos humanos) y la otra, que sostiene la preeminencia de las normas de jus cogens en el ramo del derecho internacional de los derechos humanos, que le da a este derecho un carácter especial y dinámico, y en donde se sobrepone la idea, de que son otros los criterios que sustentan su carácter obligatorio.

En nuestro país, los mecanismos políticos e institucionales por excelencia, para garantizar el debido cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna e incluso en los tratados internacionales dederechos humanos, están referidos a la figura del amparo. Lamentablemente, como lo demuestran este tipo de reformas, en México sigue prevaleciendo el principio de soberanía estatal, y tal situación sigue siendo un factor determinante, para limitar el potencial de esta figura, propia de la tradición jurídica mexicana.

El dictamen que nos ocupa, es ambicioso ciertamente, pues se persigue reformar de manera significativa un gran número de artículos constitucionales. Va de suyo, que el propósito de dicha reforma busca redimensionar la naturaleza y los alcances de las facultades del Poder Judicial, principalmente en materia de amparo. Específicamente, en lo relativo a la legitimación activa para poder interponer el juicio extraordinario.

Ya no solamente los individuos podrán ostentar el carácter de quejosos, sino que a merced del debate en torno al amparo colectivo, también lo podrán ostentar las personas jurídicas que aduzcan ser titulares de un derecho o de un interés legítimo colectivo; siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitucióno los abusos de algún ordenamiento o normas y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Además, se busca fortalecer el papel de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, y así aumentar por ejemplo, los supuestos en que esta puede hacer declaraciones generales, respecto de normas que se consideren inconstitucionales.

Aunado a lo anterior, se incluye la posibilidad de que la Suprema Corte pueda utilizar la figura que se denomina “interpretación conforme” (forma de interpretación, lo que flexibilizaría su intromisión en el marco normativo, como garante de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, el balance general del proyecto por el que se pretende reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución (94, 100, 103, 104, 107 y 112), no resulta bueno en nuestra opinión; de un análisis crítico tanto de la iniciativa original como del dictamen, se observan no pocas inconsistencias, y el dictamen solo fue mero tramite de corrección de forma la iniciativa de los senadores del pri es mejor que lo que se dictamino.

El dictamen parece ser un simple ejercicio de revisión de la redacción de la iniciativa original, para dotarle meramente de una mayor congruencia técnica, y no obstante que realmente no incorpora cambios sustanciales que enriquezcan el sentido del contenido de esta última, muy por el contrario, en todos aquéllos párrafos en los que las reformas o adiciones que se proponen, llevan implícito un ánimo pro garantista, o buscan la transformación del actual esquema de relaciones entre los poderes de la Unión, el dictamen opta por borrarlos, e incluso se inclina de manera conservadora hacía la permanencia del status quo.

Sin embargo, lo que es común a ambas, es una velada intención por proteger realmente los intereses de la clase gobernante y no de los gobernados, y para dar cuenta de lo anterior, haré una breve exposición sobre el análisis de algunas de las reformas y adiciones propuestas.

En el séptimo párrafo de la propuesta de reforma contemplada en el dictamen (Art. 94), se menciona que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán de manera prioritaria, cuando alguna de las Cámaras del Congreso a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, justifique la urgenciaatendiendo al interés social o al orden público. Lo anterior denota una visión correcta de las cosas; siendo el Ejecutivo Federal el que más se ha involucrado en casos de violaciones al estado de derecho y de atentados al orden público, los facultados para pedir la substanciación prioritaria de estas instituciones, deberían de ser como bien se señala en el dictamen, los representantes de los otros poderes.

Pero además, cabría extender el número de los facultados para pedir que se substancien de manera prioritaria estas figuras. En aras de que la sociedad civil se vea mejor representada. De este modo, se incluye en nuestra propuesta, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República. Claro está, que en estos últimos casos, también tienen que buscarse las reformas correspondientes para dotar a sus titulares de plena autonomía. (Ver anexo I: Reserva séptimo párrafo del Art. 94)

En este mismo artículo, la Constitución vigente enlista los ordenamientos que pueden ser interpretados por la jurisprudencia de los tribunales: Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales. Y la reforma propuesta, de manera limitativa establece que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia sobrela Constitución y normas generales.

Quizás por conveniencia administrativa, se intenta dejar fuera del alcance interpretativo del Poder Judicial, a los reglamentos, misceláneas fiscales, e incluso a los tratados internacionales. Afectando de paso, la posibilidad de que se enriquezca el debate, por ejemplo, en materia de derechos humanos; ya que existen múltiples instrumentos internacionales al respecto, que podrían ser interpretados con el ánimo de expandir el abanico de derechos humanos, y así, transitar en la vía de su cumplimiento efectivo.

Por otro lado, no se entiende como se propone la creación de un complejo sistema de Plenos de Circuito, que facilitaría la tarea de administrar la creación de jurisprudencias, la denuncia de sus contradicciones y lo relativo a su subsistencia, y al mismo tiempo, se pretende limitar la lista de ordenamientos que pueden ser susceptibles de interpretación jurisprudencial.

El artículo 103 de la Constitución, fue objeto de varias reformas y adiciones en la iniciativa original, que encierran un carácter pro derechos humanos. De no ser porque en el dictamen ni siquiera fueron consideradas las adiciones más substanciosas como las siguientes:

“Para la resolución de las controversias previstas en este artículo, los tribunales de amparo tomarán en consideración los criterios emitidos por los órganos de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos a los que México esté integrado, siempre que ello no contradiga las disposiciones de esta Constitución y redunde en una ampliación de su ámbito protector.”

“Los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales en las dimensiones que sean directamente aplicables, y deberán fijar los efectos del amparo de modo que permitan maximizar su efectividad jurídica respecto del quejoso, no obstante el margen de libertad regulativa que el legislador retiene respecto de los mismos.”

Quizás estaríamos hablando de un importante precedente, para sentar las bases de la constitucionalización de los mecanismos políticos e institucionales para proveer a un cumplimiento efectivo de los derechos humanos de segunda y tercera generación.

En la fracción primera del artículo 103 propuesta en la iniciativa, se manifiesta lo siguiente:

Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución, con independencia de su carácter individual o social, o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales en la materia que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, se hacen más extensivos los supuestos en que serán competentes los tribunales federales en materia de amparo -controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías constitucionales, o los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales-. Aunque en lo relativo a los tratados internacionales se manifiesta que estos deben de estar de acuerdo con la propia Constitución.

Lo que le imprime un carácter soso a esta parte, pues bien se pudo incorporar en este aspecto el principio de interpretación pro homine, y dejar la posibilidad a los gobernados de alegar la violación de sus derechos, de conformidad a lo que establece la propia Constitución, o cualquier tratado internacional de derechos humanos, atendiendo al criterio de mayor protección y garantía en la esfera de sus derechos.

Tal como sucede en otros países como Venezuela o Colombia, en donde no se exige la plena conformidad de los tratados internacionales a su Carta Fundamental, para efectos de reclamar al Estado, violaciones de derechos humanos contemplados en tales instrumentos. Sino que se consagra el criterio de aplicar el ordenamiento que mejor contemple y garantice el cumplimiento efectivo de este tipo de derechos, y en tal virtud, los instrumentos y tratados internacionales en la materia, se consideran como parte misma de las Constituciones.

Hubiera constituido un avance en la cultura del respeto de los derechos humanos, el adoptar la adición propuesta en la iniciativa (103 segundo párrafo), en la cual refiere que los tribunales de amparo deben tomar en consideración la jurisprudencia emitida por los órganos de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos a los que México está integrado. Aunque de nueva cuenta, se aprecia la insistencia por anteponer el principio de la soberanía estatal y de la no contradicción a las disposiciones de la Constitución, a efecto de que sean plenamente tomados en consideración.

Lo mismo podría decirse del siguiente párrafo de la iniciativa (103 último párrafo), que establece que los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque en este caso, se expresa de manera difusa que lo anterior deberá de darse en las dimensiones que sean directamente aplicables, y sin olvidar el margen de libertad regulativa que el legislador retiene.

Lo cual, al no estar acompañado de otras referencias, que hagan más específico el alcance y la efectividad de la intervención del poder judicial para garantizar el cumplimiento efectivo de este tipo de derechos, representa una expresión más, de carácter discursivo o programático. Atento a lo anterior, si bien la iniciativa puede considerarse un tanto conservadora, el dictamen es infructuoso.

Lo mismo se aprecia en la propuesta de penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 107, contemplado en el dictamen, ya que refiriéndose a quienes pueden ser considerados como parte agraviada en el amparo, se manifiesta que además de ser titular de un derecho o de un interés legítimo, debe alegarse que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica.

Lo anterior denota la persistencia de esa tibieza de no reconocer más derechos, que los estrictamente consagrados en nuestra Carta Magna, y aunque como se dijo al principio, se amplía el margen para conceder legitimación activa en el amparo a quienes aducen ser titulares de derechos o de un interés legítimo colectivo, aquí cabía hacer las reformas o adiciones pertinentes, para dotar de eficacia a lo establecido en la propuesta del último párrafo del artículo 103 de la iniciativa (anexo 2), que establece que los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, en este punto debieron considerarse propuestas como la del Sen Jesús Murillo Karam, de 7 de febrero de 2008. Cuyo propósito principal de la iniciativa es el establecimiento de las Acciones Colectivas en la Norma Fundamental, así como los procedimientos para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. Ya que tal objeto, puede empatarse en algún momento con el propósito perseguido a través del amparo colectivo. Resulta curioso que el senador Karam haya participado como proponente en ambas iniciativas, y no haya percibido la necesidad de tales consideraciones.

La fracción II del artículo 107 Constitucional propuesta tanto en la iniciativa como en el dictamen, señala lo siguiente:

En la iniciativa

“…II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare.

Sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación,en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto de esta Constitución, procederá a emitir la declaratoria general correspondiente, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria…”

En el dictamen:

“…II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria…”

Como se puede observar en la fracción II del artículo 107, que contempla el principio de relatividad en las sentencias de amparo, las reformas y adiciones propuestas tanto en la iniciativa como en el dictamen, son pobres e insuficientes para brindar la mayor protección a los derechos gobernados. Se ha criticado por mucho tiempo en la doctrina jurídica, este principio que sesga considerablemente los alcances de las sentencias de amparo, frente a flagrantes violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por las autoridades, ya que se restringe la posibilidad de hacer una declaración general respecto de la norma legal o acto que motivare la sentencia.

Tanto en la iniciativa como en el dictamen, se contempla un mecanismo para que la Suprema Corte, de manera exclusiva, pueda emitir la declaratoria general correspondiente. Siendo mucho más engorroso y poco expedito, el propuesto en este último. Sin embargo, en ambos puede percibirse un recoveco; por un lado parece que se da pie (aunque de manera engorrosa) al tan anhelado rompimiento del esquema de la relatividad de las sentencias de amparo, pero por otro, se establece como requisito que tal declaratoria sea producto de jurisprudencia por reiteración, a través de las sentencias dictadas en los amparos indirectos en revisión, excluyendo por ejemplo, las que son producto de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias de amparo directo, o de sentencias que dicte la Suprema Corte en los amparos directos de su conocimiento, de conformidad en lo establecido en el inciso d) fracción V del artículo 107 Constitucional.

Siendo el caso, que al mismo tiempo, en otra parte se propone coartar los supuestos en los que la Suprema Corte puede conocer de los amparos indirectos en revisión.

“…VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión.

De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten…”

En el dictamen se incluye además, que las jurisprudencias por reiteración puedan ser producto de otros órganos del Poder Judicial, pero en cambio, se exige entre otras cosas, que la declaratoria general de inconstitucionalidad, sea aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos de los Ministros que integran el máximo órgano jurisdiccional.

En fin, las modificaciones al esquema de la relatividad de las sentencias de amparo, son mucho más pobres de lo que aparentan. Todavía más, si tomamos en cuenta que el dictamen prohíbe de manera inexplicable, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda emitir declaraciones generales de inconstitucionalidadrespecto de normas generales en materia tributaria y fiscal. Cerrando la pinza con la propuesta que limitaconsiderablemente la procedencia del amparo directo contra resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si bien, se pretende coartar en general la procedencia del amparo directo, dotando al acceso a la protección de la justicia federal de un carácter elitista, y en cierto grado confuso, si se lee la propuesta plasmada tanto en la iniciativa como en el dictamen, respecto de la fracción III inciso a) del artículo 107 constitucional.

En la iniciativa:

“…Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

El amparo a que se refiere este inciso será procedente cuando, además de los requisitos que para ello se establecen, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia en los términos que precise la ley reglamentaria. ..”

En el dictamen:

“...Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

En contra de las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el amparo directo sólo procederá cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre la constitucionalidad de normas de carácter general que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. En estos casos el análisis del Tribunal Colegiado de Circuito se circunscribirá al problema de constitucionalidad planteado…”

Por si fuera poco, también en ambos, se tratan de incorporar figuras novedosas que resultan confusas e inconsecuentes, tal es el caso del llamado amparo adhesivo; que revuelve algunas características que son propias de la institución del tercero perjudicado en el amparo, con el objeto que se persigue con figuras como la adhesión a la apelación, en los juicios ordinarios en materias como la civil o mercantil.

El inciso b) de la fracción VIII del artículo 107Constitucional vigente, establece los supuestos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba conocer de los amparos en revisión; a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, en casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Con las reformas propuestas, se pretende limitar estos supuestos, para dejar como única posibilidad para que el máximo tribunal conozca de los amparos en revisión, el propio criterio de este órgano; solo podrá conocer de este recurso de oficio, y cuando considere que por su interés y trascendencia así lo amerite. Tales reformas, tienen el único sentido de aminorar las cargas de la Suprema Corte; situación de suyo inexplicable, si tomamos en cuenta que entre sus filas, se encuentran los funcionarios mejor pagados de toda la administración pública.

Cabrían muchas más observaciones, pero como se mencionó con antelación, mi propósito era mencionar solo algunas, y a manera de epítome, se puede colegir que tanto la iniciativa como el dictamen contemplan medidas regresivas; sobre todo refiriéndose a la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos, y a cambio, se dota de mayor discrecionalidad a las autoridades correspondientes.

Lo que apunta a que dichas reformas y adiciones, conservan un perfil de comodidad administrativa y burocrática, que satisface los intereses de la clase gobernante, en vez de procurar preponderantemente los beneficios para los gobernados”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ricardo Monreal, estaremos atentos a las reservas de los artículos que refiera.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Primero, yo creo que tenemos que estar conscientes de que este debate es histórico para la vida jurídica de la nación, y obviamente para el fortalecimiento del poder judicial. Sin duda alguna todos compartimos en la necesidad de que puede haber realmente una mejor justicia en nuestro país, y ahorita estamos tratando lo concerniente a una añeja demanda, al fortalecimiento de una de las instituciones jurídicas, si no es que la más importante de nuestro país, como es precisamente lo concerniente al Juicio de Amparo.

A mí me llamó la atención hace unos momentos cuando hablaban efectivamente de José Crescencio Rejón, y algunos más. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de aquel ilustre y destacado tribuno potosino, padre, precisamente, de los derechos humanos latinoamericanos, padre de la Constitución del ’57, pero que inicia inclusive con aquella ley propuesta como Diputado local en 1847, de su Ley de Procuraduría de Pobres, donde empiezan a sentar los cimientos realmente al reconocimiento de las garantías individuales que merecíamos tener en nuestro país y que no se podían hacer efectivas.

Ahora si ustedes se percatan, ahí empezamos a cambiar ya no solamente la parte de la cuestión de las garantías individuales que nuestra constitución reconoce, el Maestro Héctor Fix Zamudio hace una diferencia entre lo que significa garantías y lo que establece los derechos, y se dice: los derechos evidentemente es la parte sustantiva, las garantías es el medio por el cual se debe hacer eficaz el arribo a ese derecho.

El artículo 107 que se propone, ya recoge esta aspiración, ya no solamente son las garantías individuales establecidas en la Constitución, sino evidentemente también el reconocimiento pleno para poder tener acceso a través de los propios tribunales a la satisfacción de los derechos humanos.

Pero no solamente es eso, el artículo 103 también estaba acotado, porque el artículo 103 hablaba de leyes y actos constitucionales que vulneraban garantías individuales, y ahora se aceptó una transformación en esta parte, que es toda una columna vertebral, ya se habla de normas generales, no solamente son las leyes, puede haber muchas normas generales que sin estar en la categoría de ley pueden vulnerar garantías individuales o derechos humanos.

Ya se establecen también los actos para refrendar efectivamente que no haya abusos de autoridad, pero una transformación y adición fundamental son las omisiones que puedan hacer las propias autoridades en relación a que una omisión también puede vulnerar derechos humanos o garantías individuales.

Esto no es de menor importancia y obviamente adaptadas a todo ese concepto de que estén reconocidas por nuestra Carta Magna. Sí, sabemos que están los derechos humanos de primera generación y hay de segunda, y hay de tercera generación y obviamente tendremos que analizar después todo lo concerniente al catálogo de los derechos humanos que deben estar reconocidos en nuestra propia Constitución y obviamente dejar a la ley secundaria los procedimientos específicos para que se puedan hacer efectivos para los propios ciudadanos, más aún, esos eran cuestiones de carácter individual y ahora estamos reconociendo también la existencia de que existen derechos sociales, y con la aprobación hace unos momentos en la reforma al artículo 17 constitucional, por supuesto que damos cabida a todo lo que se refiere a los derechos colectivos.

Eso, mis amigos, compañeros, estamos fincando los cimientos de reformas de avanzada, estamos obviamente comenzando a poner en boga una sociedad que nos exige más de lo que hemos sido capaces de otorgar.

Por eso el día de hoy a mí me da muchísimo gusto el poder participar en esta tribuna y hablar no solamente de los conceptos constitucionales, sino evidentemente la forma en que se tienen que hacer efectivos en nuestro país.

Cuando hablamos de las materias, sí, yo entiendo perfectamente que a veces con los amparos directos ha habido abusos en materia civil y mercantil, y tenemos que perfeccionarlo.

Pero me da mucho gusto que hayamos podido superar nuestras diferencias y poderlo establecer aquí mismo para evitar que se pueda acotar y con eso realizar injusticias, si algo que tenemos que buscar es precisamente de que haya ese arribo de la posibilidad de que a todos los ciudadanos pueda haber justicia, pero también estamos concientes de que no puede haber justicia jurídica si no se está promoviendo también la justicia social.

Hay un punto que nos queda pendiente, la reforma al artículo 97, la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia, eso se estableció prácticamente cuando el Ministerio Público estaba dentro del Poder Judicial, y ha sido una fracción que no se ha retirado, pero también coincido con mi compañero Pablo Gómez cuando establece a que, hacerlo junto con la reforma al artículo 102, para que nuestros organismos de derechos humanos tengan la posibilidad y la facultad de irse fortaleciendo y pedir cuentas a aquellos funcionarios, a aquellas autoridades que han abusado y abusan también de los derechos fundamentales y esenciales de todas las personas.

Habré de señalarles, mis amigos, que esto sí es una reforma de avanzada, tendrá muchos defectos y puede ser perfectible como todas, pero lo principal, aunque luego se establezca y se diga que las ideología de los diferentes partidos políticos nos dividen, aquí estamos hablando de que la esencia nos une, y la esencia nos une porque estamos viendo no sólo por las personas que están en el país, sino, por supuesto, por el fortalecimiento de las instituciones que representan a nuestro México moderno.

Sí me queda claro, tendremos que hacer leyes secundarias, reglamentarias que permitan tener un acceso efectivo a todos estos derechos.

Me queda claro también de que habrá muchos de los que la autoridad se pueda ver imposibilitada para cumplirlos, pero también hay un mecanismo en ese sentido, para que aquellas autoridades que estén imposibilitadas para realizarlo, puedan justificarse y no solamente ser mutis o evadir su responsabilidad, que presenten los argumentos y los razonamientos del porqué carecen de la posibilidad de atender al ciudadano en sus derechos humanos o en sus garantías individuales.

Tenemos que ser razonables, sí, pero no significa que por ser razonables tengamos que evadir nuestra responsabilidad de dar la cara frente a los ciudadanos, cuando hablamos de democracia participativa es porque queremos que los ciudadanos organizados participen en la solución de los propios problemas, pero particular y principalmente tenemos que impulsar la democracia deliberativa para que haya un proceso de reflexión y que en la sociedad también se den de baja y nosotros podamos hacer un reflejo de ese sentimiento que nos pueda ocupar para impulsar un desarrollo fundamental, por supuesto en el pensamiento de la sociedad, pero también redignificar la calidad política que aspira obviamente esa comunidad que podamos tener.

Por eso el día de hoy me congratulo, el día de hoy estamos dando un paso adelante, el día de hoy estamos transformando una institución que permite dar cauce a que las personas puedan tener un acceso real a la justicia, pero fundamentalmente el que sean reconocidos sus derechos humanos, el que sean reconocidos sus derechos sociales y que sea reconocido obviamente a la persona y a la colectividad como lo más importante que podemos tener y por eso debemos luchar en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Zapata Perogordo.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Quiero llamar la atención a mis compañeras Senadoras, a mis compañeros Senadores, porque siento, y además dicen: que es de bien nacidos reconocer a quien debe reconocérsele en un esfuerzo tan importante, porque hay que decirlo así, seguramente tocamos una institución fundamental en este país, la Ley de Amparo ante una realidad social en México de desamparo.

Y he dicho que ese reconocimiento, porque esta trascendente reforma, compañeros, compañeras, se vincula con algo que tiene su origen en la interpretación de una realidad que debe ser modificada, y lo digo, Jesús Murillo, Senador, con todo respeto y con todo aprecio.

Lo mismo en este esfuerzo de las comisiones dictaminadoras de Pedro Joaquín, de Alejandro González Alcocer, porque son temas que han estado en el debate por mucho tiempo pero que no se había logrado el asunto se trajera al Pleno.

En este país, y lo decía el doctor Monreal Avila, una de las instituciones fundamentales es, sin duda, el amparo.

¿De qué manera proteger?

¿De qué modo tutelar las libertades de los gobernados, si no hay mecanismos efectivos para esa tutela?

Todos los sistemas, más o menos democráticos del mundo, tienen medios para proteger las libertades de los gobernados. Y en México es el Juicio de Amparo cuya forma y procedimiento establece la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de este país.

Creo que el dictamen, cuyo voto estamos rogando sea a favor, y que anticipo: será en esos términos, constitucionaliza, fíjense ustedes, los derechos humanos de los tratados internacionales en los que México es parte, y por cierto, en donde el Senado de la República es protagónico fundamental al ratificarlos.

Se reconoce la posibilidad de interponer una demanda de amparo haciendo factible esto que se conoce como: “El control difuso”, es decir, de garantías sociales o colectivas, vinculado, por cierto, con la trascendente reforma al artículo 17 de la Constitución Política, que ha sido votado.

Es decir, consumidores, en temas de actualidad, como los ecológicos, traemos preocupaciones universales como el calentamiento global. Pero no tenemos en este país mecanismos de control para obligar a la autoridad que limpiemos una sola cuenca, una sola cuenca de este país, de basura y de porquería; la base social no tiene un mecanismo para obligar a la autoridad omisa o irresponsable. Esa es la trascendencia.

También estas reformas, amigos, amigas, tocan un aspecto fundamentalismo. Conste que lo dice aquel que se opone a la supresión de la fórmula Otero, es decir, que las sentencias que dicten los tribunales de amparo, tengan efectos generales; que le quiten vigencia a la declarada inconstitucional.

Creo, serenamente lo digo, en el equilibrio de los poderes de este país a través de las potestades de cada uno de ellos. No le toca al Poder Judicial de la Federación convertirse en un legislador de última instancia.

Trascendemos a la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero con candados, con mecanismos.

A la segunda resolución, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, que el Congreso se ponga a trabajar; que modifique la ley que se tilda de inconstitucional.

Hay mecanismos similares a los efectos que se tiene y procedimiento de votación en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.

Concluyo, además de este reconocimiento, diciéndoles, compañeros legisladores: que éste, como la reforma al 17 Constitucional, pide la pronta adecuación de la Ley del Amparo para hacer factible la reforma constitucional.

Y una cosa más. La gente allá afuera dirá: “Y eso, en qué se traduce la práctica en la vida”. No hay país que pueda aspirar a la anhelada prosperidad si no se preserva como principio de gobierno y de vida a los gobernados el estado de derecho.

Ojalá, ojalá y el Poder Judicial de la Federación empiece también, aunque reconozcamos su buena tarea, a poner como eje de la administración de la justicia, respetar los plazos y los términos; que la gente empiece a sentir que la ley se aplica como lo manda la Constitución, porque si no, en materia de amparo, como en materia de justicia penal no es suficiente el instrumento si no se materializa.

Por último, les pido su licencia. Siempre he dicho que la materia de amparo y los lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los han ocupado los más grandes juristas y abogados en este país.

Se fue Ignacio Burgoa, y la clase Política no le dio oportunidad.

Pero también Uriel Márquez Valerio, zacatecano, como López Velarde. En la posrevolución, si no hubiera estado en el centro de las decisiones políticas, no hubiera sido Ramón López Velarde.

Ojalá que en lo que siga la Corte, esté compuesta por juristas yucatecos, tamaulipecos o zacatecanos en aras de fortalecer el federalismo judicial en este país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el dictamen, el Senador Pablo Gómez Alvarez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

Las reformas que se consultan al Senado en materia constitucional, como ya se ha dicho por quienes me antecedieron en la palabra, son reformas que de llevarse a cabo representarían un cambio muy importante para otorgar instrumentos a los ciudadanos y ciudadanas de México para hacer valer sus derechos.

En especial, ese retraso tan grande que tiene México en cuanto a que los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales que México ha firmado o que firme en el futuro, no necesariamente son referencia en los juicios que los ciudadanos abren en contra de las autoridades por posibles violaciones de sus propios derechos.

Esta es una contradicción enorme. Si el Estado Mexicano asume el compromiso ante el mundo de reconocer tales o cuales derechos, debe haber, en el régimen interno del país, los instrumentos que le permitan, a cualquiera, reclamarlos.

Esta es la más importante transformación que está en el artículo 103 del proyecto.

Hay otros. Me quiero referir a lo que Pedro Joaquín le llama la “democratización del amparo”. La llamada “modificación de la Cláusula Otero”. El amparo se concede al quejoso y el derecho reclamado se le reconoce solo al quejoso y a todas las demás personas que pueden ser también víctimas de la misma acción o de la omisión de la autoridad, pues esas siguen siendo víctimas del hecho.

Ahora lo que se propone en el proyecto que se consulta, es que estableciéndose jurisprudencia que declare inconstitucional determinado precepto o determinada acción que persistentemente esté realizando la autoridad u omisión, la Corte puede declarar la virtual o la real, mejor dicho, derogación del precepto impugnado, de la ley impugnada.

Pero le respondo a Pedro Joaquín, Presidente de la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales, ¿por qué 8 votos? Yo defiendo lo de los 8 votos, como viene en el dictamen. Vean ustedes porqué. Para poder modificar la Constitución se requieren las dos terceras partes de los Legisladores presentes en cada una de las Cámaras. Para poder interpretarla con efectos generales, se debe requerir la misma mayoría del órgano interpretador, que en este caso es la Corte. ¿Por qué menos? ¿Por qué existen las dos terceras partes para modificar la Constitución? Por la naturaleza misma de la Constitución como Ley Fundamental. ¿Por qué para interpretarla a efectos generales se requiere de la Corte la misma mayoría? Porque en la interpretación es una forma de leer y de afectar la Constitución misma. No se trata de la ley que se va a declarar inconstitucional, sino se trata de la manera en que se está interpretando un texto que fue aprobado a dos terceras partes en el Congreso. Por ello, la acción de inconstitucionalidad, que es el amparo de los poderosos, porque solamente pueden recurrir a la Corte una tercera parte de los órganos legislativos que han expedido la norma, o el Procurador o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es el amparo de los poderosos y se requieren los 8 votos. Para declarar inconstitucional cualquier ley o parte de una ley.

Y entonces debe hacer una correspondencia. 8 son dos terceras partes de 11, porque estrictamente hablando 2 terceras partes son más de 7, y como no hay un pedazo de Ministro, entonces, pues tiene que ser 8. Y 8 para que nadie manipule el quórum, ¿verdad? Si alguien se excusa, pues se necesitan 8 igual; si alguien falta, se siguen necesitando 8.

Yo les recuerdo a ustedes que para modificar la Constitución en Estados Unidos, que es el padre de este sistema de reforma constitucional a referéndum, se requieren 2 terceras partes desde que se fundó la nación americana, el Estado Americano, de los integrantes de la Cámara, de los integrantes.

Nosotros desde un principio, desde el 23, 24 establecimos presentes por el tremendo ausentismo de los Legisladores y porque en este país no había medios de comunicación y era un problema de llegar desde Sonora.

Ahora bien, ¿está correcto lo de 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general por parte de la Corte? Creo yo que Pedro Joaquín ha planteado aquí un problema muy importante, que es el abuso del amparo. Lo que yo le llamo la industria del amparo. En este país hay una industria del amparo.

Ahora bien, relativizando en el amparo directo la instancia del Tribunal Colegiado, me parece que no es una vía correcta porque dejaba, abría, mejor dicho, una discrecionalidad demasiado amplia para los Magistrados de los Tribunales Colegiados. Un sistema de justicia incluso de apelación no debe, o de revisión como se le llama en este caso, no debe, no debe ser inseguro. Las personas deben saber qué recurso de cierto le corresponde. Y no se puede dejar a criterio de los integrantes de un Tribunal si son instancia o no lo son para el intento de revisar la resolución del Tribunal Interior, en este caso el Juzgado.

Yo creo que estuvo bien quitar esos preceptos.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Gómez, le solicito atentamente concluya su intervención.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Y yo atentamente le hago caso, señor Presidente, y voy a terminar.

Quizá haya que plantear acciones en contra de la industria del amparo en la Ley de Amparo, pero sí abrir la posibilidad de que una instancia deje de ser cierta, de que esté sujeta a algo.

En conclusión, ciudadanas y ciudadanos, estamos satisfechos, fue un buen diálogo, muy abierto, muy incluyente, muy constructivo. Así como yo critico este Senado con fuerza, así también lo felicito cuando creo que está realizando un acierto.

Esta reforma de llevarse a la Constitución después de la aprobación de la Cámara y del referéndum que se tiene que hacer a los estados, será de enorme trascendencia para la justicia en nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Gómez Alvarez. Finalmente tiene la palabra el Senador René Arce, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador René Arce: Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy este Senado va a aprobar una reforma muy importante, el amparo ha sido a lo largo de muchas décadas el mecanismo a través del cual los mexicanos y las mexicanas pueden defenderse contra los actos de…

No se había logrado cristalizar este mecanismo en particular, en relación con las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, reconocidas por nuestra propia Carta Magna, e incluso por instrumentos internacionales que contienen normas en relación a los derechos humanos.

El 19 de abril en el 2007, tuve la oportunidad de presentar a esta Soberanía una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo social.

En aquel entonces, al igual que ahora, estábamos conscientes de que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, debe ser parte integral del derecho mexicano para salvaguardar y hacer valer la protección a la dignidad de la persona humana.

Creo por ello que lo que estamos avanzando en este artículo hoy abona de manera fundamental.

El debate teórico sobre la diferencia entre derechos y garantías ha sido hasta ahora el pretexto de muchos jueces y magistrados para no reconocer plenamente más derechos que los plasmados expresamente en la Constitución, a través de la figura de las garantías.

De esa manera las normas de derechos humanos reconocidos y adoptados por nuestro país, a través de los tratados internacionales, no se convierten en parte integral de nuestro derecho interno y quedan como una mera figura decorativa en nuestra legislación.

En su momento decidimos suscribir la iniciativa de la que se deriva el presente dictamen, no solamente por la necesidad de reformar al Juicio de Amparo para fortalecerlo como el principal medio de defensa de los gobernados ante los actos de autoridad; sino también porque estábamos y estamos convencidos de la necesidad de brindar una protección plena a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte y que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución.

La reforma a la fracción I del artículo 103 constitucional representa, sin duda, un avance significativo de nuestro país en materia de reconocimientos y protección a los derechos humanos, así como en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la materia por nuestro país a nivel internacional.

Todo ello representa en estos momentos en que vivimos tiempos difíciles para los derechos un avance en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los gobernados, elemento indispensable para resarcir la gobernabilidad democrática que México ha ido perdiendo en los últimos años a consecuencia en mucho de la corrupción, de la impunidad y obviamente de la inseguridad.

Por ello, manifestamos que nos congratula el avance trascendental del nuevo artículo que hoy se está aprobando y que saldrá de esta reforma constitucional en materia de amparo.

Quiero decirles que seguramente millones de mexicanos y mexicanas estarán hoy mucho más protegidos que hasta el momento, sobre todo cuando las calles no son precisamente un lugar en que de manera segura puedan transitar los mexicanos y las mexicanas.

Por eso nos congratula y felicitamos el trabajo de la comisión que ha hecho un gran esfuerzo para llevar a buen puerto este dictamen.

Muchas gracias a todos ustedes.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador René Arce. Informo a la Asamblea que no hay más oradores inscritos en lo general.

Informo también que se han reservado dos de los artículos del dictamen. El Senador Ricardo Monreal Avila ha reservado los artículos 94 y 103. Y los Senadores Silvano Aureoles Conejo y Tomás Torres Mercado, han reservado el artículo 107.

El Senador Rubén Velázquez hizo una aportación de estilo que ya conoce la comisión dictaminadora y ha declinado presentarla en tribuna por lo procedente que resulta.

Por lo tanto, vamos a proceder a votar en lo nominal, con el sistema electrónico de votación, el proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados. Para tal efecto, ábrase el sistema de votación electrónico por 3 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONREAL AVILA RICARDO

PT

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

DUEÑAS LLERENAS JESUS

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la presidencia que se han emitido 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Ahora procederemos a desahogar los artículos reservados. Para hablar sobre el artículo 94, y si estuviera de acuerdo el Senador Monreal, también para hablar del artículo 103, tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Hago caso de su recomendación para que en un solo acto podamos desahogar las dos reservas, una reserva del artículo 94 y una reserva que estoy haciendo del artículo 103. Lo que me obliga a pedirle a la Asamblea su consideración para desarrollarlos lo mejor posible con el tiempo que pueda utilizar, aunque fuera un poco más del acostumbrado.

Miren ustedes, en el párrafo séptimo del dictamen que se discute, se establece con claridad, y aquí lo tengo, dice el artículo 94, me traje los dos, bueno.

Este artículo habla sobre los Juicios de Amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Señala que serán substanciadas de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su Presidente, o el Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico justifique la urgencia, atendiendo al interés social o al orden público.

Lo anterior denota una visión correcta de las cosas; sin embargo, el Ejecutivo es el que se ha visto más involucrado en el caso de violaciones al estado de derecho y de atentados al orden público.

Las facultades para pedir la substanciación prioritaria de esas instituciones deberían de ser también de otras instituciones. Tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, no sólo el Ejecutivo debería solicitar, atendiendo al interés social o al orden público la urgencia de resolver la controversia o substanciación de la acción de inconstitucionalidad. Sólo se está dando esta facultad a las Cámaras del Congreso y al Presidente como titular del Poder Ejecutivo, se justifica más que fuera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, independientemente de quien la preside ahora, es como la Procuraduría General de la República cuando tuviésemos autonomía, sería lo deseable, pero creo que en la Constitución debería establecerse esa posibilidad.

Miren, México está a la zaga de los derechos humanos en el mundo. Hace unos días estuvimos en los organismos internacionales de derechos humanos, y quiero comentarles que los propios embajadores mexicanos ante las comisiones de derechos humanos y organismos internacionales sostienen que México es de los países más atrasados en materia de observación de los derechos humanos; hay tratados internacionales que México no respeta, México está totalmente a la zaga del mundo, y lamentablemente somos candil de la calle y obscuridad de la casa, porque México en esos organismos internacionales de derechos humanos es quien propone las iniciativas más audaces, y México está a la zaga, yo vi algunas en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, y en Ginebra en algunos organismos internacionales, y traje material de las iniciativas que México a través de los embajadores en aquellas regiones se está estableciendo.

Pero, finalmente puede ser discutible si es o no. Sin embargo, México no ha observado de manera puntual los tratados internacionales que suscribe.

Por esa razón, nosotros estamos haciendo propuestas también en el Artículo 103, Constitucional para que se establezca que los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos humanos de segunda y tercera generación, derechos económicos, sociales y culturales, mediante el cauce de las acciones colectivas, así como de los amparos colectivos debiendo fijar en estos últimos los alcances y efectos de modo que permitan maximizar su efectividad jurídica respecto del quejoso o de los quejosos no obstante la libertad regulativa que el legislador tiene respecto de los mismos.

Son propuestas que refuerzan la observancia de los derechos humanos, y son concordantes con lo que México ha suscrito en materia de derechos humanos en tratados internacionales.

Recordemos simplemente lo que sucede en Venezuela o Colombia, en donde no se exige la plena conformidad de los tratados internacionales a su Carta Fundamental para efectos de reclamar el Estado violaciones de derechos humanos contemplados en tales instrumentos, sino que se consagra el criterio de aplicar el ordenamiento que mejor contemple y garantice el cumplimiento efectivo de este tipo de derechos, y en tal virtud los instrumentos y tratados internacionales en la materia se consideran como parte misma de las constituciones y del derecho vigente.

Aquí en México ha habido limitativos, ha habido limitaciones para poder aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siempre hay restricciones, ahora se intenta, se intenta con esta modificación a los cinco artículos mejorar los instrumentos jurídicos de defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, todavía se podría mejorar más, y por eso son nuestras propuestas en estos dos artículos concretos, se le imprime un carácter más fuerte de protección a los derechos humanos de los ciudadanos, y creo que este es un aspecto fundamental.

Le pediría al señor Presidente poner a consideración las dos propuestas a las que hago referencia, las dejo aquí con usted.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila.

Para hablar a favor del dictamen tiene la palabra el Senador Pablo Gómez Alvarez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

Solamente para hacer referencia a la propuesta de modificación que presenta el Senador Monreal.

A ver, la figura es, que la Corte reciba solicitud de celeridad para hacer más rápido el trámite de alguna acción, alguna controversia, alguna.

Si nosotros se lo damos a los impugnadores, todos van a hacer uso de este recursos, todos; se le está dando al impugnado del Ejecutivo y el Congreso; puede necesitar el Congreso que se resuelva una acción de inconstitucionalidad, presentada por una minoría parlamentaria con derecho, y al Ejecutivo también, por ejemplo, por ejemplo, en materia de acciones de inconstitucionalidad de leyes fiscales, puede ser de lo más importante presentada por minorías parlamentarias, entonces es la autoridad responsable la que puede necesitar que el asunto se resuelva rápido, si se lo das al impugnador, pues todos van a decir lo mismo, Corte resuelve lo más rápido que pueda, rapidísimo.

No, es que este instrumento no es para el impugnador; sino para el impugnado y para la naturaleza de la impugnación. Lo dice ahí, el texto. Y ¿cuál es la naturaleza de la impugnación?, pues cuando se requiere por razones de orden público, para tener claridad de que si la norma va a seguir o no, o una cuestión de orden económico.

Bueno, se está pensando en eso, porque la Corte se retrasa mucho.

Yo creo que las cosas relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos y de las comisiones de los estados que, a Rosario no le gustan nada, porque esas comisiones, dice ella que no sirven para nada.

Vamos a verlo en otra reforma el año que entra, hay que verlo de manera integral, porque si vamos a fortalecer ese sistema tenemos que darle “garras” a las Comisiones de Derechos Humanos, y la imposibilidad de que la autoridad ni siquiera le responda a un organismo de derechos humanos, hay que ver cómo se resuelve el problema de darle a aquel de la Comisión de Derechos Humanos para ciertas cosas, una entidad que ejerza actos de autoridad, sin que sus resoluciones sean vinculantes. Hay que resolver este problema que está pendiente y que yo espero que se resuelva.

Bien, pero la proposición del Senador Monreal no conviene, es disonante con lo que está en el precepto. En ese caso abrámoslo a todas las partes, porqué nada más a Derechos Humanos, y entonces todos los casos van a ser de urgencia, y la Corte va a estar diciendo que no, que no y que no, no tiene sentido, carece de sentido entonces abrirlo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias Senador Pablo Gómez. Para el mismo dictamen y el mismo artículo, el Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Yo he afirmado que es un avance, pero el argumento que el Senador Pablo Gómez que señala, el argumento que esgrime, se podría aplicar también al Congreso, el Congreso es un impugnador, el Congreso a través de sus Cámaras tiene el carácter también de impugnador, puede, hipotéticamente, pero el argumento sería el mismo.

No, yo acepto lo que puede decir Pablo en la última parte de su intervención, y lo que decía Pedro Joaquín, de que se está pensando en una reforma integral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo acepto, pero que procesalmente la Comisión no pueda ser parte de esta posibilidad y facultad que le otorgamos al Ejecutivo y a las Cámaras, no me parece lógico, aceptaría, porque finalmente, miren.

Si le damos facultades al Ejecutivo, y es el principal violador, díganme ustedes, en el caso Acteal, Aguas Blancas, el Ejecutivo es el responsable. Quién tendría legitimación procesal para decir resuelve ese tema planteado por la vía de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad. ¿El Ejecutivo lo diría? No, quien sabe, el Congreso, quien sabe, pero la Comisión de Derechos Humanos, es discutible, pero me quedo con la parte más correcta de decir: vayamos a una modificación integral del marco jurídico que regula la Comisión de Derechos Humanos y acepto esa argumentación, pero no la otra procesalmente.

Yo lamentablemente, después de que salí del grupo parlamentario del PRD, yo también creo, pero lamentablemente yo fui excluido de la Comisión de Justicia, de Gobernación y de Seguridad Pública, entonces ya no he estado en el debate, y ahora creo que me van a conformar con la jurisdiccional, que nunca se reúnen, solamente en el caso de desafuero, no me quieren aceptar ni en Hacienda, ni en Gobernación, bueno, en Gobernación no me han dicho nada, pero bueno, ando deambulando y esas son las consecuencias de mi incorporación, que no me arrepiento porque son fines principales y son fines superiores.

Pero bueno, me quedo con el argumento de que pueda esperar una mejor oportunidad legislativa, la función, facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dejemos pendiente el debate, y le pediría al señor Presidente, simplemente que lo incorpore al Diario de los Debates, aunque sé que no se va a aceptar, por estas razones, pero es un tema sumamente importante, México va a la zaga, hasta atrás de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de segunda y tercera generación.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Monreal.

Vamos a desahogar cada una de las reservas presentadas a los artículos 94 por el Senador Monreal, al 100 por el Senador Rubén Velázquez y al 103 por el Senador Monreal, y para tal efecto solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación hecha por el Senador Monreal, del artículo 94, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la propuesta del Senador Monreal.

“Artículo 94. Los Juicios de Amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando cualquiera de las dos Cámaras, por conducto de la Presidencia de las mismas, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justifiquen la urgencia, atendiendo al interés social o al orden público, en términos de lo que dispongan las leyes reglamentarias.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Monreal. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, no se admite a discusión la propuesta antes leída.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: No se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Ricardo Monreal, sobre el artículo 94. Solicito ahora la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Rubén Velázquez López, para modificar el artículo 100 del proyecto de dictamen, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la propuesta de redacción del Senador Rubén Velázquez.

“Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, las que sean de materia laboral y las que se refieran a la designación, adscripción, cambio de adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales sólo podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Pregunto a la Asamblea…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame la Secretaría.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Murillo Karam.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: (Desde su escaño) ¿Cuál es el cambio, es nada más para presentar la propuesta? El cambio que hace es, en lugar de una coma, le agrega los “cuales” para que se identifique. Si me permite, lo estoy explicando, es fácil, esta sencillo y tiene razón.

En lugar de la coma agrega las “cuales”, que se refieren las últimas a las que se refiere para no crear una confusión en el artículo, está clara, y tiene razón, la Comisión la aceptó.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Correcto. Entonces consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta formulada por el Senador Rubén Velázquez.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta del Senador Rubén Velázquez. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levanta la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la discusión. Se admite a discusión la propuesta.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: No habiendo oradores inscritos, consulte a la Asamblea si se acepta la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Sosa Govea: consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada por el Senador Rubén Velázquez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Sí se acepta la propuesta presentada para el artículo 100 del dictamen por el Senador Rubén Velázquez.

Ahora solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 103, formulada por el Senador Ricardo Monreal e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la propuesta del Senador Monreal.

“Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución, con independencia de su carácter individual o social, o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales en la materia, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado.

Para la resolución de las controversias previstas en este artículo, los tribunales de amparo tomarán en consideración los criterios emitidos por los órganos de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos a los que México esté integrado, debiendo de prevalecer el principio de interpretación pro homine y el carácter de Jus Cogens de las normas de derecho internacional que sean objeto de dichos criterios.

Los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales mediante el cauce de las acciones colectivas, así como de los amparos colectivos, debiendo fijar en estos últimos los alcances y efectos, de modo que permitan maximizar su efectividad jurídica respecto del quejoso, no obstante el margen de libertad regulativa que el legislador retiene respecto de los mismos.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión esta propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Informo a la Presidencia que no se admite a discusión la propuesta del Senador Monreal.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: No se admite la propuesta de modificación al artículo 103 Constitucional del dictamen presentada por el Senador Ricardo Monreal.

Ahora informo a la Asamblea que respecto del artículo 107 Constitucional reservado originalmente por el Senador Silvano Aureoles, retira el planteamiento y sólo queda reservado por el Senador Tomás Torres Mercado, quien tiene el uso de la palabra para presentar la reserva al artículo 107.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias.

Ha sido, señor Presidente, sometida a la consideración de los presidentes de las comisiones dictaminadoras el contenido de estas reservas, y con la paciencia de ustedes, solamente para efectos de ilustración, haré referencia a cada una de ellas, sin perjuicio de que la Secretaría luego nos ilustre o reitere el contenido de las mismas.

El texto del dictamen del artículo 107, específicamente es fracción III, inciso a), la parte final del tercer párrafo, que habla de la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas, y dice en materia penal, en la parte final dice: “ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado”. La reserva ésta, menor por cierto, es: “ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado”, virtud a que el amparo promovido por el sujeto quejoso será siempre un sentenciado y no un inculpado cuya denominación otorgamos antes justamente del enjuiciamiento.

Pasamos a la fracción X, compañeras y compañeros, párrafo II. Por cierto, ésta fue comentada con los Senadores Zapata Perogordo, Ulises Ramírez y González Alcocer, que nos parece había que recogerla. El texto señala refiriéndose a la suspensión: “Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, -por cierto también lo es para la materia fiscal- mediante fianza…, y luego alude al otorgamiento de “contrafianza”.

Técnicamente lo correcto es “garantía” y “contragarantía”, ¿por qué virtud? Porque la garantía puede ser con fianza con hipoteca, con un depósito en efectivo o con póliza. Entonces la expresión genérica es “garantía” y “contragarantía”, ¿de acuerdo?

Hay una adición a la fracción XI del propio numeral en comento, dice que “la demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión”.

La propuesta es agregar también a los tribunales de los estados cuando proceda, ¿cuándo procede presentar una demanda de amparo indirecto ante un Tribunal del Estado? Si se verifica el artículo 117 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para efectos del otorgamiento de la suspensión será ante un juez de primera instancia o ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Seguimos compañeros. Una que es sustituir una “o” disyuntiva por una “y”, no la reseño. Bueno, cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República y las partes, dice el texto, en los asuntos que los motivaren podrán denunciar la contradicción.

La propuesta de modificación es: “el Procurador General de la República o las partes, es decir, disyuntivamente ministros, magistrados, Procurador General o las partes podrán ir a la denuncia de la contradicción de tesis”.

Fracción XIII, párrafo IV. Está a su consideración sustituir la “y”… Si hay alguna reserva con relación a la reserva, y como son de consenso, lo pertinente es que me autoricen a retirarla…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Ruego al orador concluya con su intervención, por favor.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Señor Presidente, le ruego a usted su autorización para emplear más tiempo, porque recordemos que son diversas reservas, aunque sean de un solo numeral constitucional y que me diera oportunidad de concluir.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Se le concede una ampliación de tiempo al señor orador.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Bueno, ya casi concluyo.

Fracción XVI del artículo 107 constitucional. Se refiere, compañeras Senadoras y Senadores a una institución en el amparo por el incumplimiento de la sentencia, cuando hay una resolución de amparo firme se le dice a la autoridad responsable: “cumple” y si no cumple se le requiere su cumplimiento por conducto del superior jerárquico, el asunto es que el incumplimiento de las sentencias de amparo genera responsabilidad para la autoridad omisa.

El texto señala, que habrá motivo de responsabilidad, escúchese, para los titulares que habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable hubieran incumplido la ejecutoria, nosotros decimos que se suprime esa parte, porque ahora está en funciones de la Presidencia del Senado, si él me permite mencionarlo, respetándole la investidura, Senador Ricardo García Cervantes, Presidente en funciones del Senado de la República, que puede ser autoridad responsable en un juicio de amparo y puede el Senado incumplir la sentencia de amparo, pero esperemos que llegue pronto la reelección, pero en tal hipótesis él ya no es Senador de la República y podrá ser llamado como responsable por el incumplimiento de una sentencia.

Nos parece que no debe incluirse a quienes hayan sido titularse por virtud de que la responsabilidad es a título, a título de servidor público.

La última, nos parece una propuesta francamente avanzada de que los órganos de control, los órganos que conocen del amparo sean eficientes en el cumplimiento de las sentencias, si la autoridad omisa en el cumplimiento del amparo reitera su contumaz conducta de seguir burlando a la justicia federal, que se le consigne la propuesta de modificación es que la autoridad de amparo no puede consignar al juez de distrito, porque no es poseedor, no es titular de la acción penal, en todo caso que dé vista al Ministerio Público de la Federación, para que éste diga: “procedo a ejercitar acción penal por no querer dar cumplimiento a la sentencia”.

Es cuanto, señor Presidente, gracias por el tiempo.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, gracias a usted, Senador Tomás Torres.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta que contiene modificaciones al artículo 107, modificaciones en relación al contenido del dictamen.

Le solicito dé lectura a estas propuestas presentadas por el Senador Tomás Torres e inmediatamente pregunte a la Asamblea si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a las propuestas de modificación del Senador Tomás Torres al artículo 107 constitucional.

En lo que se refiere a la fracción III, último párrafo del inciso a) propone sustituir la palabra inculpado por sentenciado.

En la fracción X, segundo párrafo, propone sustituir la palabra fianza por garantía y la palabra contrafianza por contragarantía.

En la fracción XI propone agregar al final del párrafo “, o ante los tribunales de los estados en los casos que la ley lo autorice.”

En la fracción XIII, tercer párrafo, sustituir “y” por “o” “y las partes de los asuntos que las motivaron” “o las partes en los asuntos que la motivaron”.

En la fracción XVI, propone suprimir la última frase del primer párrafo, es decir, “así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria, propone suprimirlo. En esa misma fracción XVI, en el segundo párrafo, propone agregar en lo que se refiere al titular de la autoridad responsable, en vez de consignarlo ante el juez de distrito, propone: “y dará vista al Ministerio Público Federal”.

En el siguiente párrafo, cuando se habla de “el incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante”, propone agregar: “la determinación de un monto equivalente que podrá ser cubierto al quejoso en dinero o en especie” en sustitución de “el pago de daños y perjuicios al quejoso”.

Son todas las propuestas de modificación.

- El C. Presidente García Cervantes: Consulte a la Asamblea si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas presentadas por el Senador Tomás Torres. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Consulte a la Asamblea, si se aprueban las modificaciones que han sido aceptadas a discusión por esta Asamblea.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, si se aprueban las modificaciones presentadas por el Senador Tomás Torres.

- El C. Presidente García Cervantes: Permítame, señora Secretaria.

Se ha planteado a esta Mesa Directiva, la propuesta de ir valorando o votando para aprobar o rechazar cada una de las propuestas, toda vez que corresponden a modificaciones en diferentes fracciones, y una sola votación podría poner en situación de estar de acuerdo con algunas y en desacuerdo con otras.

A esta Presidencia le parece pertinente la observación, y le voy a pedir, en votaciones sucesivas, fracción por fracción de las propuestas del Senador Tomás Torres, consulte a la Asamblea si se aprueban las proposiciones.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, si se aprueba el que se presente cada una de las propuestas que se vayan…

- El C. Presidente García Cervantes: No, no es eso lo que pregunto a la Asamblea, sino ya pasamos a la votación fracción por fracción de las modificaciones.

En votación económica el sentido del voto es si se aprueba la modificación propuesta o se rechaza.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, si se aprueba la modificación propuesta en el último párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107, relativa a sustituir la palabra “inculpado” por “sentenciado”. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor del levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobada.

La siguiente.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, si es de aprobarse la propuesta contenida en la fracción X, segundo párrafo, en donde se propone sustituir la palabra “fianza” por “garantía” y la palabra “contrafianza” por “contragarantía”. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban las modificaciones, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobadas.

La siguiente.

- La C. Secretaria Sosa Govea: En la fracción XI, pregunto a la Asamblea si aprueba la adición de la siguiente frase, al término del párrafo: “O ante los tribunales de los estados en los casos que la ley lo autorice”. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta de adición a la fracción XI, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobada.

La siguiente.

- La C. Secretaria Sosa Govea: En la fracción XIII, tercer párrafo, se propone la sustitución de la palabra “Y” por la palabra “O”. Quienes estén a favor de que se haga esta sustitución, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la sustitución, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobada.

La siguiente, por favor.

- La C. Secretaria Sosa Govea: En la fracción XVI, se propone suprimir el último párrafo que dice lo siguiente: “Así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria”. Quienes estén a favor de que se acepte esta modificación, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén a favor de que se rechace, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

No se acepta la propuesta de modificación, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Rechazada.

Quiero preguntar. ¿Se está impugnando la votación?

Entonces, rechazada la modificación a esta fracción XVI.

Continúe, por favor, la Secretaría con la siguiente.

- La C. Secretaria Sosa Govea: En la misma fracción XVI, segundo párrafo, la propuesta es de agregar: “Y dará vista al Ministerio Público Federal”, en sustitución de: “Así como consignarlo ante el Juez de Distrito”.

Se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse esta propuesta.

- El C. Presidente García Cervantes: Solicito a la Secretaría vuelva a dar lectura a esta modificación de la fracción XVI.

- La C. Secretaria Sosa Govea: La propuesta de modificación en el segundo párrafo de esta fracción se refiere a corregir y sustituir por la frase: “Y dará vista al Ministerio Público Federal”, en sustitución de la frase que dice: “Así como a consignarlo ante el Juez de Distrito”. Quienes estén porque se apruebe esta modificación, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la corrección a este párrafo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobada la modificación.

Continúe la Secretaría con la siguiente, por favor.

- La C. Secretaria Sosa Govea: En el siguiente párrafo de la misma fracción que estamos comentando, la propuesta de modificación es agregar la siguiente frase: “El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante la determinación de un monto equivalente que podrá ser cubierto al quejoso en dinero o en especie”. Esto en sustitución de lo que se refiere al pago de daños y perjuicio al quejoso. Quienes estén porque se acepte la propuesta, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta la propuesta de modificación, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Rechazada esta propuesta.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Son todas las propuestas.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senadora Secretaria.

Habiéndose agotado la discusión en lo particular de los artículos 94, 103, 100 y 107, porque el 100 se incorporó la modificación de redacción, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 94, 103, 107, en los términos del dictamen con las modificaciones aprobadas por la Asamblea, así como con las modificaciones al artículo 100, hasta por 3 minutos, y ruego a las señoras y señores Senadores que hagan uso del sistema electrónico de votación para mayor garantía y certeza jurídica en el trámite de reformas que estamos procesando. Se abre el sistema electrónico de votación

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 88 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Quedan aprobados los artículos 94, 100, 103 y 107 del proyecto de Decreto. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa a la Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que le dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores registrados, ni reserva de artículos en lo particular, se solicita se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto, hasta por 3 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 83 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Pasa a la Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Este dictamen está publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, por lo que ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si dispensa su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias. Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio Mejía Haro, a favor del dictamen.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna con el ánimo de destacar las bondades que presenta el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración de una iniciativa que presentamos en septiembre de 2007, referente a la adición de un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de lograr que año con año haya una mayor inversión en términos reales a las actividades productivas en el campo, dentro del Programa Especial Concurrente.

El Programa Especial Concurrente, pues ha sido un programa que tiene los elementos rectores de la política agropecuaria de nuestro país con diferentes programas sectoriales.

Pero es importante hablar que debemos buscar que haya un balance o asegurar que haya un incremento en la vertiente productiva, en la generadora de empleos, porque está comprobado que por cada uno por ciento que se incremente en el Producto Interno Bruto se generan 100 mil empleos en el campo; es un sector con mucho potencial para generar empleos.

Por eso es necesario detonar la generación de empleos elevando el ingreso de los productores, ampliar los mercados agropecuarios y consolidar las empresas rurales a través de la investigación, el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, el fomento a la organización económica y la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola. Asimismo, los Programas de Reconversión Productivo, las sanidades, la eficiencia en los procesos de cosecha, de empaque, de acopio y de comercialización, el financiamiento, el seguro, la agroindustria, el mejoramiento de los recursos naturales, entre otros.

Compañeras Senadoras y Senadores: Resulta vital buscar el equilibrio presupuestal entre estas vertientes económicas, como son los programas encaminados a favorecer la competitividad. Por eso es importante garantizar que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural, sean crecientes en términos reales en relación al año inmediato anterior.

Por eso, Senadoras y Senadores, no le demos la espalda al campo y votemos a favor de estas reformas que lo único que buscan es favorecer a los que trabajan la tierra en beneficio de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, Senador Antonio Mejía Haro, gracias a usted.

No habiendo más oradores inscritos para este tema ni artículos reservados, ruego a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del proyecto de dictamen, hasta por 3 minutos.

Insisto en mi ruego a las señoras y señores Senadores que se encuentran en los salones contiguos a este salón de Plenos, hagan uso del sistema electrónico de votación. Es un elemento de seguridad jurídica en nuestro trabajo legislativo.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 82 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 115 BIS A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen ha sido publicado en la Gaceta del día de hoy, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. Y ha solicitado el uso de la palabra el Senador Antonio Mejía Haro, a quien se le concede por 5 minutos.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente.

Seré breve en virtud del tiempo que llevamos. Pero sí es importante que haya un conocimiento de lo que vamos a votar. Por eso en 3 minutos quiero fundamentar este dictamen que tiene como propósito crear un padrón de comercializadores confiables en el sector agropecuario, porque cada día es más frecuente escuchar las quejas de los productores, llámese agricultores, ganaderos, pescadores, que venden sus productos pero que luego no se los pagan porque les emiten un cheque que no tiene fondos, porque firman un pagaré que luego no reconocen, o porque simplemente cambian de domicilio fiscal o cambian de giro. Y no es posible que el patrimonio de las familias campesinas se exponga ante esos timadores que se aprovechan de las necesidades de los campesinos, de sus compromisos económicos y les compran sus cosechas y éstas no se les pagan.

Por eso es que estamos planteando esta reforma para que pueda haber un padrón de comercializadores confiables en el sector agropecuario, que incluso sería voluntario. De tal manera de que el comprador tendrá que aparecer en el Diario Oficial de la Federación en este padrón y el vendedor al momento en que no esté registrado el comprador, tomará la determinación de no venderle su cosecha o su ganado; o vendérselo al contado para no correr riesgos. Esto es importante que se haga.

Repito, se da en todos los estados, se da en los productores de frijol, en los productores de chiles, en los productores de ajo. Se da también con los pescadores, se da también con los ganaderos.

Por eso es importante aprobar esta reforma para que no se exponga el patrimonio ni el trabajo de años de los productores agropecuarios del país.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, Senador Antonio Mejía, muchísimas gracias a usted.

No habiendo más oradores ni reserva de artículos para su discusión en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación para recibir en un solo acto la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto, hasta por 3 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 80 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, está a punto de terminar la reunión de la Junta de Coordinación Política y también de los compañeros y compañeras que están atendiendo a la Delegación Interparlamentaria con Europa. De forma tal que continuaremos con el desahogo del Orden del Día, rogándoles su presencia y permanencia en el salón de sesiones.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 5° DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si dispensa su segunda lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, hasta por 2 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

El dictamen está publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, por lo que pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si dispensa su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Los que estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra ni reservado artículos, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación en un solo acto en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen, hasta por 2 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

FONZ SAENZ GUADALUPE

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 78 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pregunto a la Secretaría Parlamentaria si podemos tener reunidos todos los artículos que se van a modificar de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Es el último.

Hemos estado haciendo votaciones en lo particular de cada artículo, cuando podríamos haberlo reunido. Es la misma ley.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 20 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 3º Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén porque se dispense la segunda lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra ni reserve alguno de los artículos, ábrase el sistema de votación electrónico para recibir la votación nominal sobre el dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto, hasta por 2 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JARA CRUZ SALOMON

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 77 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Este dictamen ha sido publicado en la Gaceta del Senado el día de hoy, por lo que ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén porque se autorice la dispensa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa de la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra ni reserve algún artículo en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger en un solo acto la votación nominal del Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 78 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona al artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Tenemos ahora la segunda lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 31, de fecha 8 de diciembre de 2009)

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autorizan se omita la segunda lectura de los dictámenes y se pongan a discusión de inmediato. Los que estén porque se omita la segunda lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Al no haber oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

Abstención

JARA CRUZ SALOMON

PRD

Abstención

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

Abstención

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

MADEROMUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente se emitieron 79 votos por el sí, cero votos por el no y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobados los proyectos de Decreto que conceden permisos a los ciudadanos Eduardo Redondo Aramburo, Raymundo Pedro Morales Angeles y Víctor Manuel Alarcón Daowz para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

Pasan a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Compañeros Senadores:

Informo a la Asamblea que por acuerdo de la Mesa Directiva, y con el respaldo de los grupos parlamentarios, daremos primera lectura a diversos dictámenes que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y que no se inscribieron originalmente en el Orden del Día, porque algunos de ellos carecían de firmas o contenían algunas inconsistencias de técnica legislativa. Una vez que fueron cubiertos los requisitos para su debida presentación, procederemos a la primera lectura de 15 dictámenes, solicito a la Secretaría dé lectura a la lista de los 15 dictámenes para que queden justamente en primera lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Los dictámenes a los que se dará primera lectura son:

De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE RECURSOS HIDRAULICOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, que remite la Honorable Cámara de Diputados, para efectos del artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, presentamos a la consideración de los integrantes de esta Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

  1. Con fecha 6 de septiembre, la Senadora Rosalía Peredo Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. En la misma fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

  2. Con fecha 12 de diciembre de 2007, las Comisiones dictaminadoras emitieron dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

  3. El 13 de diciembre del mismo año, en sesión plenaria del Senado de la República se aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, por 101 votos en pro y una abstención. En esta misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió a la Colegisladora el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

  4. Con fecha 01 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadosdictó trámite sobre la Minuta de referencia enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su análisis y dictamen.

  5. Con fecha 19 de marzo de 2009, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, sometió a consideración del Pleno el dictamen por el cual se desecha la Minuta referida y se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales del inciso d) artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  6. Con fecha 24 de marzo de 2009, se recibió en el Senado de la República en expediente de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, devuelto por la Colegisladora, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicho expediente se turnara a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Las consideraciones de la Colegisladora para desechar la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, señala entre otros argumentos, los siguientes:

  • Que los motivos expuestos por la iniciadora, son válidos en cuanto presentan una realidad nacional que no admite objeciones; sin embargo no se consideraron los efectos que las propuestas contenidas en el Proyecto de Decreto, tuvieren en el contexto de la Ley de Aguas Nacionales.

  • Que es inviable la propuesta de reforma al párrafo tercero del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, pues la propuesta plantea sustituir el término "estado" por el de "entidades federativas", así como sustituir "cuerpos receptores de propiedad nacional" por "cuerpos receptores, o cauces, considerando la delimitación de éstos. Ambas modificaciones son inviables, ya que la disposición del párrafo tercero del artículo 44 de la ley refiere en primer término al municipio, pues es el orden de gobierno constitucionalmente encargado del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; en segundo término, refiere al Distrito Federal, entidad federativa cuya división política no se constituye en municipios y, por ende, está a cargo de dicho servicio público en su ámbito territorial de competencia; y por último, refiere al estado que, si bien también es entidad federativa, sólo puede encargarse de los servicios públicos municipales cuando a juicio de uno o varios de los ayuntamientos que lo integran sea necesario que los municipios celebren convenios con el estado para que éste se haga cargo de alguno de los servicios públicos a cargo del municipio.

En ese sentido, tampoco es viable, por innecesaria, la reforma al párrafo sexto del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en cuanto a la sustitución del término "estados" con el de "entidades federativas".

  • Que es improcedente la reforma al párrafo sexto del artículo 44, por la que se incorpora la formulación de su desarrollo sustentable como objetivo central de los convenios entre los municipios y los estados a que pertenecen, cuando la finalidad de dichos convenios en la disposición vigente es la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

  • Que es inviable disponer expresamente, y de manera casuística, en el párrafo séptimo del artículo 44, "la delimitación de cauce, entre otros", como uno de los estudios primordiales a realizarse, y conforme a los cuales se puedan celebrar convenios entre los órdenes de gobierno local y municipal, y la autoridad del agua, para establecer sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional. En virtud de que los cauces son sólo uno de los diversos tipos de cuerpos receptores y ya se encuentra definido en la legislación vigente.

  • Que resulta inviable establecer que la parte de los costos que deberán cubrir los órdenes de gobierno local y municipal deba ser proporcional y equitativa.

  • Referente al texto propuesto para el párrafo octavo del artículo 44, para establecer que la obtención de un permiso de descarga por las personas a que se refiere la disposición en comento, será "conforme a las normas oficiales mexicanas respectivas y a las condiciones particulares que les determine la autoridad del agua", es improcedente, en virtud de que la propia disposición ya señala que la obtención de dicho permiso deberá hacerse en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.

  • Respecto a la reforma al párrafo primero del artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales, también se considera inviable, en virtud de que constitucional y legalmente la disposición debe referir el "concurso de los gobiernos de los estados", y no el "concurso de las entidades federativas".

  • La modificación que se propone para el párrafo segundo del artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales para establecer que la autoridad del agua, en lugar de promover el aprovechamiento de aguas residuales, como se prevé en la disposición vigente, promueva en darle valor económico al aprovechamiento de aguas residuales, por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, también se considera improcedente en virtud de que el aprovechamiento de las aguas residuales del uso público urbano es competencia de los municipios, el Distrito Federal y, en términos de ley, de los estados, en tanto no sean descargadas a un cuerpo receptor de propiedad nacional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales y en congruencia con el mandato constitucional previsto en el artículo 115, fracción III, de la Carga Magna.

  • La reforma al artículo 47 Bis de la Ley de Aguas Nacionales propuesta, plantea sustituir el término restauración por el de tratamiento de aguas residuales. En virtud de que en la disposición vigente se señala que la autoridad del agua promueva entre los sectores público, privado y social las acciones de restauración, entre otras, de las aguas residuales, estimamos improcedente establecer que dicha autoridad promueva ante los sectores privado y social el tratamiento de las aguas residuales que es obligación de las autoridades y organismos operadores de los sistemas de servicio público urbano del agua. Por lo que debe prevalecer el texto jurídico vigente.

Por los argumentos aquí señalados, la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados, desecho en su totalidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Minuta en estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los CC. Legisladores encuentran legitimados para iniciar leyes o decretos, de conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- El artículo 27 párrafo quinto de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa,a la letra señala:

“Artículo 27. …

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

…”

Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo que establece el artículo 73 en su fracción XVII:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

TERCERA.- En el seno de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos, Primera, que suscribimos el presente dictamen compartimos el ánimo legislativo de la iniciativa original, en virtud de que es impostergable realizar modificaciones al marco jurídico que regula el agua, paraque las autoridades de los tres órdenes de gobierno, estén obligadas a dar tratamiento a las aguas residuales de manera previa a su infiltración en el subsuelo o a su descarga en cuerpos receptores. Así como, la promoción que deben hacer las autoridades para asignar valor económico y el reúso del agua tratada.

CUARTA.- En lo que hace a las observaciones realizadas por la Colegisladora, relativa a la reforma planteada para el párrafo tercero del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que es viable insistir en el Dictamen con Proyecto de Decreto enviado por esta Soberanía en virtud de que, la reforma tiene fundamento en el Artículo 3 fracción XVII, que aunque se incluye a los cauces en los cuerpos receptores, existe una gran diferencia con los otros tipos de cuerpo, ya que en este caso es un cuerpo circulante del agua, y no estacionaria.

La definición es la siguiente: "Cuerpos receptor: la corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales ... "; y como se observa claramente, en todos ellos menos los cauces, es más factible medir los volúmenes de agua recibida y por ende la magnitud de lo que hay que tratar; en los cauces el agua circula y está además sujeta a la incorporación de los escurrimientos y la precipitación, por lo que medir los volúmenes máximos ayuda también a prevenir inundaciones, y permite valorar el grado de responsabilidad en la contaminación que generan las localidades por donde circula dicho cauce.

QUINTA.- Referente a la observación realizada para la modificación que se propone para el párrafo sexto del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, las Comisiones Dictaminadoras, estiman que es improcedente, en virtud de que la propuesta de la iniciante, encuentra sustento jurídico en diversas disposiciones de ley establecidas.

Por lo tanto, la observación carece totalmente de sentido, ya que existen diversas disposiciones que establecen el desarrollo sustentable como parte de una estrategia nacional.

Así por ejemplo, se tiene la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y puede mencionarse también el uso sustentable de la energía, de la pesca, de la acuacultura, etc.

SEXTA.- En lo que respecta a la observación realizada por la Colegisladora a la modificación relativa al párrafo séptimo del multicitado artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, las que dictaminan estiman conveniente conservar la redacción enviada por esta Soberanía, en virtud de que la delimitación de los cauces es una necesidad ya que de esta manera se cuantifica con mayor exactitud los volúmenes que llevan dichos cauces. Esto es fácil de medir en los cuerpos de agua estacionario como las presas, por lo tanto, se justifica para condiciones desiguales, estudios diferenciados planteados en la misma Ley de Aguas Nacionales.

Conocer con precisión las descargas permitirá valorar el grado de contaminación de las entidades, municipios o localidades que se encuentren por dicho cauce, y con ello podrá aplicarse el costo de tratamiento en función del grado de contaminación según los volúmenes y contaminantes establecidos en las NormasOficiales Mexicanas.

SÉPTIMA.- En cuanto hace a las observaciones realizadas para desestimar la propuesta de modificación al párrafo octavo del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, estas Comisiones Unidas, consideran que la propuesta de la iniciante es viable en virtud de que refuerza la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en todos los casos que proceda, situación que como se observa en la práctica no se está cumpliendo de manera cabal, ya que muchas corrientes siguen recibiendo incluso de los mismos municipios, el agua sin tratar.

OCTAVA.- Así también, en lo que respecta a las a las observaciones realizadas para desestimar la propuesta de modificación al artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales, estas Comisiones Unidas consideran que la propuesta de la iniciante es viable en virtud de que La reforma propuesta tiene fundamento jurídico en los artículos 29 y 29 BIS de la Ley Nacional de Aguas Nacionales.

NOVENA.- Las que dictaminan consideramos viable la propuesta original de la iniciante respecto de la reforma a la fracción IV del artículo 46 de la Ley de Aguas Nacionales, en virtud de que tiene fundamento jurídico con los artículos15 y lo referente al Plan Nacional Hidráulico, así como al Título Octavo referido a la Inversión en Infraestructura Hidráulica, principalmente el artículo 98 que a la letra dice "La Autoridad del Agua" supervisará la construcción de las obras, y podrá en cualquier momento adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento del permiso y de dichas normas”. Además, el artículo 96 BIS 2 es muy claro de esta necesidad cuando indica la relación entre dos estados, lo cual se da precisamente en acuíferos compartidos o corrientes o causes que requiere regularse y participar proporcionalmente.

Así también, la reforma propuesta coadyuva en la aplicación de la Leyde Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.

DÉCIMA- Relativo a las observaciones realizadas por la Colegisladora al artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales, las que dictaminan consideramos desestimarlas en virtud de que la reforma propuesta aprobada por la Cámara Alta, encuentra su fundamento legal en la Política Hídrica contenida en el Artículo 14 BISfracciones I, XIY XII, de la Ley de Aguas Nacionales, que promueven el reúso y recirculación del agua, aspecto cada vez más aplicado en nuestro país.

La observación de que en lugar de darle valor económico se debiera“promover el aprovechamiento de aguas residuales” carece de fundamento, ya que precisamente las reformas planteadas tienden a que se traten y aprovechen las aguas residuales.

UNDÉCIMA.- En lo que respecta a las consideraciones remitidas por la Colegisladora, referentes a la reforma que se propone para el artículo 47 bis de la Ley de Aguas Nacionales, las que dictaminan consideramos necesario insistir en la necesidad de conservar la redacción propuesta por la legisladora iniciante, en virtud de que con esta precisión, se respalda a los artículos 85 y 86 de la Ley de Aguas Nacionales.

Precisamente por estar en el capítulo de usos del agua, procede precisar, (ya que la Ley no define ni “restauración” ni “tratamiento”), que el reúso debe necesariamente llevar implícito el tratamiento como parte de la Política Hídrica Nacional que el mismo dictamen reconoce como pauta a seguir en el aspecto ecológico, y para ello es indispensable fijar claramente que toda agua que se reúse debe ser previamente tratada, independientemente de cualquier sector al que se haga alusión.

La opinión de que es improcedente establecer que la autoridad promueva tratar las aguas residuales por ser obligación de las autoridades y organismos operadores de los sistemas de servicio público urbano del agua, carece de fundamento, ya que las mismas autoridades y los organismos operadores no se dan abasto concubrir la demanda de agua y mucho menos con el tratamiento obligado que se dice debe haber.

Lo anterior consolida la obligación que tienen los concesionarios y asignatarios para el tratamiento correspondiente.

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas, estiman legalmente viable que se preserve la redacción original del Dictamen enviado a la Cámara de Diputados en la fecha señalada en el antecedente número 4.

Por las consideraciones antes expuestas, las Comisiones que dictaminan, someten a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos Tercero, Sexto, Séptimo y Octavo del articulo 44; se reforma el párrafo Primero del articulo 45; se reforma el articulo 46 fracción IV; se reforma el párrafo Segundo del articulo 47 y se reforma el articulo 47 BIS. Para quedar como sigue:

ARTICULO 44...

...

Corresponde a los Municipios, al Distrito Federal y en términos de ley, a las entidades federativas, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable, alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores, o cauces, considerando la delimitación de los mismos, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o las condiciones particulares de descarga que les determine la "Autoridad del Agua".

...

...

Los municipios que celebren convenios entre si o con las entidades federativas que les correspondan para formular un desarrollo sustentable en la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así como para prestar los servicios en materia de uso público urbano, serán responsables directos del cumplimento de sus obligaciones ante las autoridades en materia de agua, en términos de esta Ley, de sus Reglamentos y los títulos correspondientes, siendo las entidades federativas o quienes en su caso se encarguen de prestar el servicio, responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Los municipios, las entidades federativas y, en su caso, el Distrito Federal, podrán convenir con los Organismos de Cuenca con el concurso de "la Comisión", el establecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su reuso, conforme a los estudios de delimitación de cauce, entre otros, que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte proporcional y equitativa de los costos que deberá cubrir cada uno de los municipios, de las entidades federativas y, en su caso, el Distrito Federal. Todo ello en base a un desarrollo sustentable.

Las personas que infiltren o descarguen aguas residuales en el suelo o subsuelo o cuerpos receptores distintos de los sistemas municipales de alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener el permiso de descarga respectivo, en los términos de esta Ley independientemente del origen de las fuentes de abastecimiento. Conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas y a las condiciones particulares de descarga que les determine la " Autoridad del agua".

Artículo 45.- Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de las entidades federativas en los términos de esta Ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de "la Autoridad del Agua", hasta el sitio de su descarga previamente tratada a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de Ley.

ARTICULO 46. . .

I. …

II. …

III. …

IV. Que en su caso las entidades federativas, el Distrito Federal y municipios respectivos, y sus entidades paraestatales o paramunicipales, o personas morales que al efecto contraten, asuman el compromiso de planear, diseñar, ejecutar, operar, administrar, conservar, mantener y rehabilitar la infraestructura hidráulica, y

V. …

ARTICULO 47. . . .

"La Autoridad del Agua" promoverá en darle valor económico al aprovechamiento de aguas residuales por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

ARTÍCULO 47 BIS. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, tratamiento y reuso de las aguas residuales referentes al uso comprendido en el presente Capítulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Titular del Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses para reformar, derogar o adicionar las disposiciones de los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que contravengan lo dispuesto en este decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 10 del mes de diciembre de 2010.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Guatemala sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados académicos a nivel primaria, secundaria y medio superior o sus equivalentes, firmado en la ciudad de Guatemala, el 26 de octubre de 2009.






ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR O SUS EQUIVALENTES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE OCTUBRE DE 2009

(Dictamen de primera lectura)















De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de julio de 2009.






ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 14 DE AGOSTO DE 2009

(Dictamen de primera lectura)















De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 Constitucional y adicionala Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.






ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, EL 30 DE JULIO DE 2009

(Dictamen de primera lectura)















De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 Constitucional y adicionala Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.






PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PARRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, presentada por el C. Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que se le concede en el artículo 71, fracción I, de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 88 y 93 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 29 de noviembre de 2006, se recibió de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, la INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, enviada a esta Colegisladora por instrucciones del C. Presidente de la República, para sus efectos constitucionales.

II. En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso el turno de dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

ANALISIS DE LA INICIATIVA

I. Se comprende en el proyecto, en estudio, la expedición de una ley reglamentaria que precisa los términos y condiciones que habrán de orientar los procedimientos que permitan regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia. En tal contexto, para establecer la legitimidad de la actuación de los jueces federales en los procedimientos consabidos, se plantea la adición de una fracción II Bis en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, en la especie, se manifiesta el interés de dar vigencia a una ley que se constriñe solamente a hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país al ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin ir más allá del principio inmerso en la norma de superior jerarquía que desarrolla y busca volver operativa. Se trata de un complejo de disposiciones legales necesarias para hacer posible el ejercicio de una facultad que el Constituyente Permanente atribuyó al Estado mexicano con la reforma del párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 04 de mayo de 2005; reforma, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del mismo año y motivó al día siguiente, esto es, el 21 de junio de 2005, la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte del Senado de la República; reforma que será letra muerta, o sólo una figura decorativa, sin la ley que reglamente su aplicación.

II. Obran implícitos, en la ley reglamentaria que se expide, 57 artículos distribuidos en cuatro Títulos. El primero, constituido con los primeros cinco preceptos, contempla disposiciones generales que determinan la naturaleza de la ley, su objeto y alcance: regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia;los canales de comunicación con la Corte: la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público competente y el Juez de Distrito competente para conocer de las solicitudes de cooperación que se tramiten de conformidad con la ley de referencia;los requisitos y la forma en que deberán tramitarse las solicitudes que formule la Corte, así como las obligaciones de las autoridades involucradas en su ejecución.

III. Haciendo alusión al artículo 3 de la ley que se analiza, observamos en éste una disposición normativa de índole declarativa que afirma o determina la forma o condiciones en que se realizará la cooperación del Estado mexicano con la Corte, a saber, con apego a los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte y lo dispuesto por la propia ley; precisa lo que se entenderá por delitos de la competencia de la Corte: genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con el Estatuto; y, establece la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, para todo aquello que no esté previsto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o en la ley reglamentaria que se expide, es decir, prevé la suplencia de los posibles vacíos de contenido que se adviertan en aquellos supuestos no contemplados por dichos ordenamientos, subsanando las omisiones que en la práctica se presenten.

IV. En el Título II, denominado “Del reconocimiento de jurisdicción de la Corte Penal Internacional” -integrado por los artículos 6 al 10; el 6 y 7 como parte de un Capítulo Primero, denominado “De las consultas preliminares con la Corte”, y los artículos 8, 9 y 10, como parte del Capítulo Segundo, denominado “De la autorización del Senado de la República”-, la ley reglamentaria establece obligaciones recíprocas a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República. Así, la primera, cuando tenga conocimiento de que la Corte analiza información o investiga hechos probablemente delictivos que sean de la jurisdicción del Estado mexicano conforme a las leyes aplicables, deberá informar de inmediato a la Procuraduría General de la República, para que ésta determine si tales hechos han sido o son objeto de investigación o enjuiciamiento por autoridades federales o del fuero común; la segunda, en un plazo no mayor a diez días naturales, informará a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las investigaciones o procesos penales de los hechos aludidos. En el apartado en cita, además, se impone a la Secretaría de Relaciones Exteriores la obligación de informar a la Corte, los casos que las autoridades mexicanas estén investigando o instruyan en procesos por hechos materia de jurisdicción del Estado mexicano.

V. En el Capítulo Segundo del Título II, para los efectos del párrafo quinto del artículo 21 Constitucional, se define lo que debe entenderse por Caso: los hechos presuntamente delictivos que sean competencia del Estado mexicano de conformidad con la legislación aplicable; y por Jurisdicción de la Corte: la etapa procesal a partir de la cual el Fiscal de la Corte notifique su decisión de iniciar una investigación de conformidad con el Estatuto. Se comprende, también, la obligación del Ejecutivo Federal de solicitar al Senado de la República su aprobación para el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte con relación a los casos de referencia; aprobación que únicamente tendrá el efecto de reconocer dicha jurisdicción en el caso de que se trate. Con esa aprobación se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, desahogue las solicitudes de colaboración y ejecute todas las diligencias que solicite la Corte en el caso de que se trate.

VI. En el Título III, denominado “De la cooperación internacional y asistencia con la Corte Penal Internacional”, integrado con los artículos 11 al 56, distribuidos en nueve capítulos, establece -en el primero de éstos- la facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de recibir las solicitudes de cooperación y asistencia judicial que formule al Estado Mexicano la Corte, a través de cualquiera de sus órganos, la cual, previo análisis de su contenido, las transmitirá, en su caso, a la Procuraduría General de la República para que gestione y promueva ante las autoridades competentes su ejecución; solicitudes que son de carácter reservado, así como los actos que se realicen para darles cumplimiento, salvo en la medida que resulte necesario para su ejecución. En el mismo Capítulo Primero, en su artículo 13, se contempla una relación enunciativa de los actos y diligencias que podrán incluir las solicitudes de cooperación y asistencia judicial con la Corte.

VII. En el Capítulo Segundo del Título III de la ley que se expide, se consignan reglas relativas a la detención, entrega y tránsito de personas. De acuerdo con esas reglas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponderá dar curso a dichas solicitudes, siempre que estén acompañadas de los documentos en que se apoye la Corte y, además, contengan los datos y antecedentes de la persona solicitada que permitan su identificación y los conducentes a su probable localización; copia de la orden de detención emitida por la Corte, en la que conste el delito por el que se pide la entrega, así como la información sobre los motivos que lleven a creer que la persona solicitada ha cometido el delito, y los demás requisitos que establece el Estatuto. Cuando la solicitud se refiera a una persona que ha sido condenada por la Corte, deberá acompañarse una copia de la sentencia condenatoria.

VIII. Cuando se trate de una persona sujeta a un proceso penal en territorio mexicano por hechos distintos de los que motiven la solicitud o se encuentre compurgando una sentencia por delito o delitos distintos a aquellos por los que se solicita su entrega a la Corte, la solicitud podrá ser diferida hasta que las autoridades competentes concluyan el proceso de que se trate o la persona cumpla con su condena. No obstante lo anterior, el Juez de Distrito, a petición del Ministerio Público, previa la celebración de consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Corte, podrá autorizar la entrega temporal de una persona sujeta a un proceso penal o que esté cumpliendo con una sentencia en territorio nacional, a fin de que enfrente ante la Corte los cargos que se le imputan, siempre que la Corte se comprometa a devolver a la persona a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que concluya el procedimiento para el que fue entregada; que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas distintas a aquella que constituya la base del delito por el que fue entregada; y que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, en todo momento esté custodiada.

IX. Asimismo, dentro de estas reglas se contemplan disposiciones que establecen la competencia del Juez de Distrito de la jurisdicción del lugar donde se encuentre la persona buscada, o cuando se desconozca su paradero, la competencia se surtirá a favor del Juez de Procesos Penales Federales en turno del Distrito Federal; disposiciones que, bajo ciertas condiciones, autorizan la concesión de la libertad provisional bajo caución; disposiciones que garantizan en la detención, entrega y tránsito de la persona solicitada, el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica; disposiciones que establecen a favor del detenido el derecho a oponer excepciones, las que únicamente podrán ser: la de tratarse de distinta persona de aquella cuya entrega se solicita; la de cosa juzgada, o la de falta de aprobación del reconocimiento de jurisdicción de la Corte respecto del caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia ley; un plazo de veinte días para probar dichas excepciones; la obligación del Juez de Distrito de emitir su resolución, sin más trámite, en un plazo de tres días hábiles, si dentro del término de veinte días la persona solicitada no opone excepciones o consiente expresamente su entrega; resoluciones que no admiten recurso alguno, pero, contra la que determine la entrega de la persona solicitada por la Corte, procede el juicio de amparo.

X. En el Capítulo Tercero del Título III, se consignan disposiciones relativas a otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional, como los requisitos que deberán contener las solicitudes referentes al interrogatorio de personas que se encuentren en territorio nacional; los requisitos que deberán contener las solicitudes para la realización de cateos; los que deberán contener las solicitudes de la Corte para la identificación, localización y aseguramiento de bienes objeto, producto o instrumento del delito, con miras a su decomiso, etcétera. En el Capítulo Cuarto del Título III, se comprenden disposiciones referidas a penas privativas de libertad dictadas por la Corte Penal Internacional; penas que las autoridades mexicanas no podrán modificar, bajo ninguna circunstancia; cuyas cuestiones relativas a revisiones o reducciones que pueda presentar el sentenciado, deberán ser transmitidas inmediatamente por la Secretaría de Relaciones a la Corte Penal Internacional, para que ésta decida sobre su procedencia; la ejecución de la pena, estará sujeta a la supervisión de la Corte, con la obligación de las autoridades penitenciarias de otorgar las facilidades necesarias para que dicha supervisión se practique; la comunicación entre el sentenciado y la Corte será irrestricta y confidencial. Las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para asegurar dicha comunicación.

XI. En el Capítulo Quinto del Título III, se consignan directrices sobre la ejecución de órdenes de reparación a víctimas, dictadas por la Corte Penal Internacional con cargo al sentenciado, de conformidad con el Estatuto; órdenes que serán ejecutadas por las autoridades competentes a través del procedimiento administrativo de ejecución, si se trata del pago de una cantidad monetaria concreta, cuyo producto se pondrá a disposición del Juez de Distrito quien, de ser posible, hará comparecer a la persona que tenga derecho a él para hacerle entrega inmediata del importe, o bien, hará una transferencia de éste al fondo creado por la Corte conforme al artículo 79 del Estatuto; si se trata de órdenes de restitución, la Procuraduría General de la República solicitará al Juez de Distrito su ejecución de acuerdo con las normas aplicables en la materia. En el Capítulo Sexto del Título III, que trata de la ejecución de multas y órdenes de decomiso, se insertan los lineamientos a los que se sujetará la ejecución de las sentencias definitivas de la Corte que ordenen el decomiso de bienes u objetos; ejecución de multas, decomisos y órdenes de reparación, en las que se dejan a salvo los derechos de terceros de buena fe. En el Capítulo Séptimo del Título III, que comprende disposiciones relacionadas con la protección de información que afecte la seguridad nacional o haya sido recibida a título confidencial, se contempla la posibilidad de negar o abstenerse de otorgar a la Corte la información que solicite.

XII. En el Capítulo Octavo del Título III, denominado “De la cooperación de la Corte con las autoridades nacionales”, en el único artículo que lo integra (54), se establece a favor de las autoridades competentes una facultad discrecional para solicitar la cooperación de la Corte cuando consideren que aquélla contribuye a la investigación o a la tramitación de juicios instaurados en el territorio nacional. En el Capítulo Noveno del Título III, que trata de los gastos que se originen en el cumplimiento de las solicitudes de cooperación y asistencia judicial previstas por la ley, dispone en los artículos 55 y 56 -únicos que integran dicho capítulo- que autoridades sufragarán los ordinarios que se originen con tal motivo, y la obligación de la Corte de pagar los gastos de naturaleza extraordinaria, así como lo que se entenderá por estos últimos, para efectos del artículo 56.

XIII. Finalmente, en el Título IV de la Ley Reglamentaria que se expide, con un Capítulo Único, en un solo artículo, el 57, se impone a las autoridades competentes la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para que en los programas de capacitación de los servidores públicos encargados de cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto y de la propia ley, se incluyan secciones destinadas a su estudio y análisis. Por otra parte, tratándose de la fracción II Bis que se adiciona en el artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con esta disposición solamente se amplía la competencia de los jueces penales federales al conocimiento de los procedimientos a que se refiere la Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES

I. La Ley Reglamentaria, en estudio, por los atributos que se desprenden de su propia naturaleza, consigna las normas que puntualizan los términos, plazos y condiciones, que habrán de regir los procedimientos que allanen o hagan posible la ejecución de las solicitudes de cooperación que formule a nuestro país la Corte Penal Internacional conforme a su Estatuto, siempre que estén acompañadas de los documentos que las justifiquen. Su contenido no va más allá ni pugna con la disposición constitucional que detalla. Se trata de una ley que se concibe en el fin de articular los conceptos y medios necesarios que garanticen el cumplimiento del compromiso fundamental que el Estado mexicano ha consentido, en la especie, y que es imprescindible incorporar al ordenamiento jurídico nacional para definir las reglas que fijen de un modo preciso el cauce formal de la serie de actos que habrán de agotarse, por una parte, en la integración de la facultad discrecional que el Ejecutivo Federal instruya con el propósito de reconocer su jurisdicción y, por otra, en la obligación que se impone al Senado de la República para aprobarla en cada caso, cuando así proceda.

II. Reconocemos las bondades que dan sustento al proyecto de ley que expide. Sin embargo, para arribar a la consolidación de un ordenamiento jurídico que garantice lo más eficazmente su aplicación en función de una adecuada técnica en la elaboración de sus normas, es conveniente acudir a algunas reflexiones en torno a la imprecisión que algunas de sus disposiciones guardan con relación a la denominación de la ley; a la celeridad en el trámite de las solicitudes de reconocimiento de jurisdicción formuladas por la Corte y su aprobación; al señalamiento de los preceptos que consignan el principio de complementariedad; a la indicación o puntualidad de las causales de inadmisibilidad de un asunto por parte de la Corte, en razón del principio de mérito; a los instrumentos o mecanismos jurídicos que rijan el procedimiento de aprobación de la solicitud correspondiente en la Cámara de Senadores, a saber, lo que atañe al escenario, deliberación y votación indispensable para substanciar la solicitud formulada por la Corte; a los efectos del silencio de esa colegisladora del Congreso de la Unión, sobre el reconocimiento de jurisdicción de la Corte que el Ejecutivo Federal le solicite de manera indubitable; al beneficio de la libertad provisional bajo caución que la ley concede, y; a las causales de recusación y cuestiones de competencia de los jueces de Distrito que conozcan del caso de que se trate. Todo ello, en aras de arribar a un proyecto que sea conforme con los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de congruencia, a través de la claridad, precisión y armonía de sus disposiciones.

III. Bajo esa tesitura, a una primera reflexión es necesario acudir con relación al momento en que fue presentada la iniciativa que se dictamina y una parte específica de su denominación, a saber: “…PÁRRAFO QUINTO…”, del artículo 21 de la Constitución, de la ley que al expedirse tendría el propósito de reglamentar dicho parágrafo. Por qué, porque cuando la iniciativa de mérito se presentó, ciertamente el precepto constitucional a que sus disposiciones estaban orientadas para los efectos consabidos, en virtud de la reforma a nuestra Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005, era el párrafo quinto de aquel artículo; norma de superior jerarquía que, a partir de esa reforma, consagró la facultad discrecional del Ejecutivo Federal para reconocer, con la aprobación del Senado en cada caso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo anterior, tal vez, en el plano legislativo ninguna trascendencia de legalidad o de seguridad jurídica pudiere tener, si no fuera porque el 18 de junio de 2008, con la publicación de otra reforma a nuestra Ley Fundamental en el Diario Oficial de la Federación, que modificó sustancialmente la estructura normativa del artículo 21, entre otros preceptos, la facultad de referencia quedó inmersa en sus términos en el párrafo octavo del mismo precepto. Circunstancia que deberá atenderse, inclusive, para la denominación del ordenamiento jurídico que se expida, si así procede.

IV. Más a propósito, para arribar a la consolidación de un ordenamiento jurídico que garantice lo más eficazmente su aplicación en función de una adecuada técnica en la elaboración de sus normas, a juicio de las Comisiones Unidas que dictaminan, habrá que precisar en su texto —porque no lo consigna— una referencia directa a los artículos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que determinan el carácter complementario de la Corte con relación a la jurisdicción nacional del Estado mexicano —como mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción entre ambos órganos de autoridad— y las causales de inadmisibilidad de un asunto, así como la obligación de la Corte, una vez recibida la solicitud de inhibición correspondientes, de abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte tendrá, en la especie, deberá comunicar a la Secretaría, con la debida oportunidad, el cumplimiento de la consabida obligación. Bajo esa tesitura, se plantea la modificación del párrafo segundo del artículo 7 y la adición de dos nuevos artículos 8 y 9, recorriéndose en su orden las disposiciones establecidas originalmente con esos numerales y, por consiguiente, las subsecuentes de la ley reglamentaria en cita.

V. Ídem, es indispensable, a la luz de los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de congruencia, insertar en la ley que se expida los mecanismos jurídicos de deliberación, quórum y votación, que habrán de manifestarse dentro de la Cámara de Senadores en la substanciación de la solicitud de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; circunstancias que no atiende el proyecto en estudio. En ese orden, se plantea la adición de un segundo párrafo en el artículo 11 —antes 8— de la ley reglamentaria, para establecer a cargo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, como órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución le asigna a esa colegisladora del Congreso de la Unión, la obligación de emitir mediante “Acuerdos”, el procedimiento parlamentario que habrá de instruirse para resolver sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal. La aprobación del Senado de la República deberá sustentarse en el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Las cuestiones de competencia se resolverán, conforme a un artículo 32 que se adiciona, en los términos que el Código Federal de Procedimientos Penales, determina para desahogar las que se presenten en los juicios ordinarios federales en materia penal. Por último, los supuestos de impedimento de los jueces de Distrito, en la especie, se consignan en un artículo 31, que también se adiciona.

VI. Otra cuestión que, a juicio de estas dictaminadoras, es pertinente precisar en aras de ajustarnos a los principios fundamentales de seguridad jurídica, de unicidad ideológica y de congruencia, con el propósito de arribar a un proyecto que busca que sus normas sean claras, completas y coherentes, en función de su eficacia, tiene que ver con una adición que es indispensable insertar en el artículo 52 del proyecto de ley que se expide. En efecto, en este precepto que consigna a cargo de la autoridad competente, para producir o transmitir información solicitada por la Corte, la obligación de informar de inmediato a la Secretaría y ésta al Consejo de Seguridad Nacional, para que analice la solicitud de información de la Corte y determine, de conformidad con la legislación aplicable, si dicha solicitud puede ser cumplida de manera parcial o de alguna otra forma, cuando considere que la solicitada por la Corte afecta la seguridad nacional. Se estima atendible insertar, enseguida de su segundo párrafo —que impone a la Secretaría la obligación de comunicar la decisión de no otorgar a la Corte la información solicitada, si como resultado de las consultas se llega a dicha conclusión y no existan alternativas posibles—, una adición que determine la obligación de la Secretaría de agotar, en su caso, todas las alternativas previstas en los párrafos quinto y séptimo del artículo 72 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a fin de proteger los intereses de la nación mexicana.

VII. Dicha adición, no sólo es pertinente sino necesaria, considerando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 72, párrafo 4, prevé que si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva en términos de lo establecido en el párrafo 5 del referido artículo; a saber, mediante:

“a) La modificación o aclaración de la solicitud;

b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;

c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o

d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se presten la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las reglas de procedimiento y prueba.”

Lo anterior, con la finalidad de prever la participación de la Secretaría en procedimientos ulteriores que no se agotan con la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 52 y cuya actualización no debe excluirse, tales como nuevas consultas o comparecencias derivadas de la vista que, en su caso, se dé a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ante una negativa considerada infundada.

VIII. Se trata de un complejo de disposiciones reglamentarias que se sustenta en una justa y fundamental causa que responde a la cooperación plena y eficaz que el Estado mexicano debe brindar a la Corte con apego a los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte; de una ley que vendrá a establecer la posibilidad, si el Senado aprueba la solicitud que en tal sentido le formule el Ejecutivo Federal, de reconocer una jurisdicción superior, independiente de la nacional, que se encargará de resolver los litigios de naturaleza criminal que encierren elementos internacionales, por implicar la persecución y sanción de delitos graves que afectan bienes jurídicos cuya preservación interesa poderosamente a la comunidad internacional.

IX. Con el proyecto, en estudio, solamente se pretende dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo más eficazmente posible la cooperación del Estado mexicano sobre investigaciones que estén relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En ese orden de ideas, la ley que se expida armonizará con el principio de supremacía de nuestra Carta Magna; principio del que se deriva, a su vez, el de legalidad, conforme al cual, todo acto de autoridad contrario a la Constitución carece de valor jurídico, es decir, para que sea acorde con ese principio debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente; debe tener su apoyo estricto en una norma legal que sea conforme con las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Unico

Naturaleza, objeto y definiciones

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Corte: La Corte Penal Internacional establecida en virtud del Estatuto adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 y ratificado por el Estado mexicano el 28 de octubre de 2005. La expresión “Corte” engloba a cualquiera de los órganos que la integran de conformidad con su Estatuto;

II. Estado mexicano: Los Estados Unidos Mexicanos;

III. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;

V. Ministerio Público: El Ministerio Público competente;

VI. Estatuto: El Estatuto de la Corte Penal Internacional, y

VII. Juez de Distrito: El Juez competente para conocer de las solicitudes de cooperación que se tramiten de conformidad con la presente Ley.

Artículo 3. La cooperación del Estado mexicano con la Corte se realizará con apego a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte y lo dispuesto por la presente Ley.

Se entenderá por delitos de la competencia de la Corte los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con su Estatuto.

Para todo aquello no previsto en el Estatuto o en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 4.Corresponde a la Secretaría recibir las solicitudes a que se refiere la presente Ley y coordinar con las autoridades competentes la respuesta que deba darse a las mismas. La Secretaría informará sin demora a la Corte del curso dado a sus solicitudes de cooperación y de las medidas para su ejecución.

Todas las autoridades cooperarán de manera plena con la Corte. Asimismo, atenderán de manera expedita las solicitudes que les sean notificadas por la Secretaría y proporcionarán a ésta los elementos necesarios para su atención.

La Secretaría no podrá, bajo ningún concepto, dilatar injustificadamente ningún trámite solicitado por la Corte.

Artículo 5. La Secretaría atenderá las solicitudes de cooperación de la Corte al Estado mexicano siempre que éstas se formulen en los términos que establece el Estatuto y estén acompañadas de los documentos que las justifiquen. En caso de que las solicitudes de cooperación no estén redactadas en idioma español, la Secretaría requerirá su respectiva traducción. Las solicitudes y documentos serán considerados auténticos y tendrán pleno valor sin necesidad de legalización, apostilla o cualquier otro requisito adicional.

En caso de urgencia, la Secretaría atenderá las solicitudes de la Corte, siempre que éstas hayan sido formuladas por cualquier medio capaz de dejar una constancia escrita. Cuando se recurra a dichos medios, la Secretaría deberá recabar la solicitud escrita lo antes posible.

TITULO II

DEL RECONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Capítulo Primero

De las consultas preliminares con la Corte

Artículo 6. Cuando la Secretaría tenga conocimiento de que la Corte se encuentra analizando información o investigando hechos probablemente delictivos que sean de la jurisdicción del Estado mexicano de conformidad con las leyes aplicables, informará de inmediato a la Procuraduría anexando toda la información disponible a fin de que ésta determine si tales hechos han sido o están siendo objeto de investigación o enjuiciamiento, ya sea por autoridades federales o del fuero común de las entidades federativas.

La Procuraduría informará a la Secretaría, en un plazo no mayor a diez días naturales, sobre las investigaciones o procesos penales respecto de los hechos a que se refiere el párrafo que antecede que se estén llevando a cabo o que se hayan realizado, y le remitirá toda la información relevante.

En caso de que los hechos no hayan sido objeto de averiguación o proceso penal, la Secretaría presentará denuncia de hechos ante el Ministerio Público quien iniciará de inmediato la averiguación previa respectiva.

Artículo 7. La Secretaría informará a la Corte los casos en que las autoridades mexicanas estén llevando a cabo o hayan realizado investigaciones o procesos por hechos materia de jurisdicción del Estado mexicano, así como aquellos en que se hubiere iniciado la averiguación previa respectiva.

En los supuestos a que se refiere este Capítulo, la Secretaría, con la colaboración de la Procuraduría y demás autoridades competentes, solicitará a la Corte que se inhiba del conocimiento de los hechos probablemente constitutivos de delitos de su competencia y gestionará la aplicación del principio de complementariedad en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 17 del Estatuto.

Artículo 8. Recibida la solicitud de inhibición correspondiente por la Corte, ésta deberá abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte comunicará a la Secretaría, con la debida oportunidad, el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 9. La Corte, en razón del principio de complementariedad previsto en el artículo 17 del Estatuto, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

I. Los hechos materia del mismo, sean objeto de una investigación o enjuiciamiento por parte de las autoridades federales o del fuero común en el Estado mexicano;

II. Los hechos que lo constituyan, hayan sido objeto de una investigación por parte de las autoridades federales o del fuero común en el Estado mexicano y éste haya decidido no incoar acción penal en contra de persona alguna;

III. Las personas o persona a quienes se imputa su consumación, hayan sido ya enjuiciadas por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto; y

IV. Los hechos materia del asunto de que se trate no sean de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por parte de la Corte.

Capítulo Segundo

De la autorización del Senado de la República

Artículo 10. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por:

I. Caso: Los hechos presuntamente delictivos que sean competencia del Estado mexicano de conformidad con la legislación aplicable.

II. Jurisdicción de la Corte: La etapa procesal a partir de la cual el Fiscal de la Corte notifique su decisión de iniciar una investigación de conformidad con el Estatuto.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal solicitará al Senado de la República su aprobación para el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, respecto de los Casos a que se refiere el artículo 10, fracción I de esta Ley, cuando la Corte haya establecido su jurisdicción respecto del Caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del citado artículo.

La Cámara de Senadores, para la debida substanciación de la solicitud de referencia, por conducto de la Junta de Coordinación Política, como órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución le asigna, determinará, precisamente, mediante un acuerdo, el procedimiento parlamentario que habrá de instruirse para resolver sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Para ello, su Mesa Directiva deberá convocar a la celebración de una sesión ordinaria exclusiva para la deliberación del asunto.

Artículo 12.La aprobación del Senado de la República deberá sustentarse en el voto de una mayoría absoluta de sus miembros presentes y tendrá únicamente el efecto de reconocer la jurisdicción de la Corte respecto del caso de que se trate.

Para el otorgamiento de la aprobación del Senado de la República, no será obstáculo que la admisibilidad de la causa por parte de la Corte haya sido impugnada y se encuentre pendiente de resolución.

La aprobación del Senado de la República respecto del reconocimiento de jurisdicción de la Corte del Caso de que se trate, faculta a la Secretaría para que, en coordinación con la Procuraduría y demás autoridades competentes, desahogue todo tipo de solicitudes de colaboración y ejecute todas las diligencias que solicite la Corte en relación con dicho Caso, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, la presente Ley y la legislación aplicable.

Cuando el Senado de la República no se pronuncie respecto de la solicitud de autorización en un plazo de treinta días, contados a partir de la recepción de la solicitud del Ejecutivo Federal, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte se entenderá en sentido afirmativo.

TITULO III

DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y ASISTENCIA CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Capítulo Primero

De los actos de cooperación y asistencia con la Corte y sus formalidades

Artículo 13. La Secretaría recibirá las solicitudes de cooperación y asistencia judicial que formule al Estado mexicano la Corte, a través de cualquiera de sus órganos y, previo análisis de su contenido, las transmitirá, en su caso, a la Procuraduría para que ésta gestione y promueva ante las autoridades competentes su ejecución conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14. Las solicitudes de cooperación y asistencia judicial, así como los actos realizados para darles cumplimiento serán de carácter reservado, salvo en la medida que resulte necesario para su ejecución. El acceso a la información sobre los mismos se regirá por las disposiciones del Estatuto y de manera supletoria, por la legislación aplicable en aquello que no se oponga al mismo.

Artículo 15. Las solicitudes de cooperación y asistencia judicial con la Corte podrán incluir:

I. La identificación y localización de personas u objetos;

II. La obtención y desahogo de pruebas de cualquier naturaleza;

III. La entrega, elaboración y transmisión de todo tipo de documentos, objetos y pruebas;

IV. El desahogo de testimonios de personas;

V. La notificación de documentos;

VI. La facilitación de la comparecencia voluntaria de personas ante la Corte;

VII. La detención, entrega y traslado provisional de personas de conformidad con las disposiciones del Estatuto y de la presente Ley;

VIII. La realización de inspecciones oculares, incluidas la exhumación de cadáveres y fosas comunes;

IX. La práctica de cateos y aseguramientos;

X. La preservación de pruebas;

XI. La protección de personas, en particular de víctimas y testigos;

XII. La ejecución de resoluciones y sentencias;

XIII. El tránsito de personas entregadas a la Corte por otro Estado;

XIV. El intercambio de información;

XV. La autorización de la presencia, durante la ejecución de una solicitud, de representantes de la Corte, y

XVI. Cualquier otro tipo de asistencia que no se encuentre prohibida por las leyes mexicanas.

Artículo 16. Las solicitudes de cooperación o asistencia judicial que se tramiten de conformidad con la presente Ley se ejecutarán en la forma, plazos y modalidades solicitados por la Corte, a menos que contravengan las formalidades esenciales del procedimiento en términos de la legislación aplicable.

Artículo 17. Cuando una solicitud de cooperación o asistencia judicial formulada por la Corte no pueda ser ejecutada en sus términos o ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, la Secretaría, previo acuerdo con la Procuraduría y las autoridades competentes, celebrará consultas con la Corte para identificar la forma más conveniente para superar las dificultades u obstáculos que puedan afectar el cumplimiento de la solicitud.

Artículo 18.Cuando una solicitud de cooperación o asistencia judicial de la Corte no pueda ser ejecutada por carecer de la información necesaria para ello, la Procuraduría comunicará tal hecho a la Secretaría, a fin de que ésta gestione la obtención de dicha información con la Corte.

Artículo 19. Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ley, solo podrá aplazarse el cumplimiento de las solicitudes de cooperación o asistencia judicial formuladas por la Corte, cuando:

I. Su ejecución interfiera con alguna investigación o proceso penal que se lleve a cabo ante una autoridad mexicana competente en relación con hechos distintos de aquellos que hayan motivado la solicitud de la Corte, o

II. La Corte no se haya pronunciado respecto de la admisibilidad de la causa en cuyo marco se realiza la solicitud. En este caso, la ejecución se realizará tan pronto como la causa sea declarada admisible.

Artículo 20. Las autoridades competentes que reciban solicitudes de cooperación y asistencia judicial formuladas por la Corte deberán ejecutarlas sin demora, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto y la presente Ley. No podrá invocarse la falta de procedimientos para justificar su incumplimiento y sólo podrá negarse su ejecución total o parcial cuando:

I. Implique la revelación de información que ponga en riesgo la seguridad nacional, de conformidad con la legislación aplicable;

II. Implique la violación de las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional respecto de la inmunidad de un Estado, la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un Estado, salvo que el Estado de que se trate haya renunciado de manera previa a dicha inmunidad o a la inmunidad de la persona, o

III. La Corte haya determinado definitivamente que el caso con el que se relaciona la solicitud es inadmisible.

Cuando se actualice alguna de las causales antes mencionadas, la autoridad competente, a través de la Procuraduría, informará a la Secretaría junto con las razones que justifiquen la denegación, para que ésta realice las consultas pertinentes con la Corte de conformidad con su Estatuto.

Capítulo Segundo

De la detención, entrega y tránsito de personas

Artículo 21. Para efectos del trámite y desahogo de la solicitud de la Corte para la detención y entrega de una persona, se aplicará lo dispuesto en esta Ley.

La Secretaría cursará la solicitud de detención y entrega de una persona, siempre que esté acompañada de los documentos en que se apoye la Corte para solicitarla y, además, contenga lo siguiente:

I. Los datos y antecedentes de la persona solicitada que permitan su identificación y los conducentes a su probable localización;

II. Copia de la orden de detención emitida por la Corte, en la que conste el delito por el que se pide la entrega, así como la información sobre los motivos que lleven a creer que la persona solicitada ha cometido dicho delito, y

III. Los demás requisitos que establece el Estatuto.

Cuando la solicitud de entrega se refiera a una persona que ha sido condenada por la Corte, la solicitud estará acompañada de una copia de la sentencia condenatoria.

Artículo 22. Cuando la persona cuya entrega solicite la Corte tenga un proceso penal pendiente en el territorio nacional por hechos distintos de los que motiven la solicitud, o bien, se encuentre compurgando una sentencia por delitos distintos a aquéllos por los que se solicita su entrega a la Corte, ésta podrá ser diferida hasta que las autoridades competentes concluyan el proceso de que se trate o dicha persona cumpla con su condena.

Artículo 23. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez de Distrito, a petición del Ministerio Público, previa la celebración de consultas de la Secretaría con la Corte, podrá autorizar la entrega temporal de una persona sujeta a un proceso penal o que se encuentre compurgando una sentencia condenatoria en territorio nacional, a fin de que enfrente ante la Corte los cargos que se le imputan siempre que dicha Corte se comprometa a:

I. Que la persona será devuelta a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que concluya el procedimiento para el que fue entregada;

II. Que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas distintas a aquélla que constituya la base del delito por el que fue entregada;

III. Que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, la persona será custodiada en todo momento, y

IV. Cualquier otra condición que acuerden de manera expresa las autoridades competentes por conducto de la Secretaría y la Corte.

Una vez escuchada la persona cuya entrega temporal se solicite, el Juez de Distrito resolverá lo conducente, teniendo en cuenta el Estatuto y las disposiciones aplicables.

El tiempo que la persona entregada temporalmente a la Corte haya permanecido detenida por ésta, se computará para el cumplimiento de la pena que se le haya impuesto en territorio nacional.

En su caso, la entrega temporal de una persona a la Corte de conformidad con el presente artículo, suspenderá el proceso penal que enfrente en el territorio nacional hasta su devolución al Estado mexicano, e interrumpirá el plazo de la prescripción para el ejercicio de la acción penal.

Artículo 24. En los casos en que la persona solicitada con fines de entrega por la Corte sea también pedida en extradición por uno o más Estados por la misma conducta que constituya la base del procedimiento ante dicha Corte, la Secretaría hará del conocimiento de la Corte y del o los Estados requirentes la concurrencia de solicitudes.

En la tramitación de solicitudes concurrentes se observarán las siguientes reglas y la persona será entregada:

I. A la Corte, cuando la causa de que se trate haya sido declarada admisible por ésta con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, y en la resolución sobre admisibilidad se haya tomado en consideración la investigación o enjuiciamiento que se lleve a cabo en el o los Estados requirentes, siempre que esos Estados sean Parte del Estatuto;

II. A la Corte, cuando la causa de que se trate haya sido declarada admisible por ésta a consecuencia de la concurrencia de solicitudes y los Estados requirentes sean Parte del Estatuto, o

III. Al Estado con jurisdicción sobre el delito, cuando dicho Estado no sea Parte del Estatuto, la petición sea procedente conforme al tratado internacional del que México sea Parte y la Corte no haya declarado la admisibilidad de la causa.

Cualquier otro caso se resolverá con apego a lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto, para lo cual el Juez de Distrito solicitará la opinión de la Secretaría.

Artículo 25. En casos de urgencia, cuando la Corte solicite la detención provisional de una persona con miras a su entrega o a la adopción de medidas precautorias apropiadas respecto de ella, dicha detención o medidas podrán ser acordadas siempre que la solicitud contenga información sobre la persona buscada, así como los datos que permitan su probable localización; la expresión del delito por el cual se solicita la detención; la manifestación de que existe en contra de la persona una orden de detención o sentencia condenatoria emitida por la Corte; una declaración de que se presentará solicitud formal de entrega de la persona buscada, y los demás requisitos que establezca el Estatuto.

La Secretaría transmitirá la petición a la Procuraduría, la que de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda que dicte la orden de detención provisional con fines de entrega o las medidas precautorias que procedan de conformidad con el Estatuto.

El Juez de Distrito que conozca de la detención provisional resolverá respecto de la medida solicitada dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Artículo 26. Si dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya realizado la detención a que se refiere el artículo anterior, la Corte no presenta la petición formal de entrega a la Secretaría, se levantarán de inmediato las medidas precautorias que hayan sido impuestas y la persona detenida será puesta en inmediata libertad.

El Juez de Distrito que conozca del asunto notificará a la Secretaría el cómputo del plazo a que se refiere este artículo, para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la Corte.

El hecho de que una persona haya sido puesta en libertad de conformidad con el presente artículo no obstará para que sea nuevamente detenida si se recibe con posterioridad la solicitud de entrega de la Corte y los documentos que justifiquen dicha entrega.

Artículo 27. La persona detenida con fines de entrega podrá, en cualquier etapa del procedimiento, expresar por escrito su consentimiento de entrega a la Corte. En tal caso, el Juez de Distrito se cerciorará de que la persona se hace sabedora de los alcances de dicho consentimiento y emitirá su resolución en un plazo de tres días hábiles.

Artículo 28.Recibida la solicitud de entrega, la Secretaría la enviará a la Procuraduría junto con los documentos que la justifiquen, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, promueva ante el Juez de Distrito competente que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención de la persona, así como, en su caso, el aseguramiento de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder relacionados con el delito imputado, que puedan ser elementos de prueba o puedan garantizar la reparación del daño, cuando así lo hubiere pedido la Corte. Dichas medidas deberán ser emitidas por el Juez de Distrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud.

Artículo 29.Conocerá del caso el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre la persona buscada. Cuando se desconozca el paradero de ésta, será competente el Juez de Procesos Penales Federales en turno del Distrito Federal.

Artículo 30.La persona detenida con fines de entrega a la Corte no gozará del beneficio de la libertad provisional bajo caución mientras se decide su entrega.

Artículo 31. Los jueces de Distrito podrán ser recusados, cuando:

I. Tengan parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna de las víctimas de los hechos materia de la solicitud de aprobación del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte;

II. Tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tengan interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

IV. Acepten presentes o servicios de alguno de los interesados en el asunto;

V. Hagan promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de aquellas personas a quienes se impute la autoría o responsabilidad de los hechos delictivos materia del asunto, o de alguna de éstas, de sus representantes, patronos o defensores, o amenace de cualquier modo a alguno de ellos;

VI. Sean acreedores, deudores, socios, arrendadores o arrendatarios, dependientes o principales de alguno de los interesados en los hechos delictivos materia de la solicitud; o

VII. En cualquier otra causa análoga a las anteriores.

Artículo 32. Las cuestiones de competencia se resolverán en los términos que el Código Federal de Procedimientos Penales establece para resolver las que se presentan en los juicios ordinarios federales en materia penal.

Artículo 33. Una vez detenida la persona solicitada, se le hará comparecer sin demora ante el respectivo Juez de Distrito, quien además de darle a conocer el contenido de la solicitud de entrega y los documentos que la acompañen, determinará si:

I. La orden le es aplicable;

II. La detención se llevó a cabo conforme a derecho, y

III. Se han respetado los derechos del detenido.

La determinación del Juez será comunicada a la Corte para los efectos a que haya lugar dentro del procedimiento instaurado ante la misma.

En la misma audiencia el detenido será oído en defensa y podrá nombrar defensor. En caso de no tenerlo y desear hacerlo, se le presentará una lista de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez de Distrito lo hará en su lugar.

El detenido podrá solicitar al Juez de Distrito se difiera la celebración de la diligencia hasta en tanto su defensor acepte, cuando éste no se encuentre presente en el momento del discernimiento del cargo. De ser el caso y en la misma audiencia se fijará de inmediato la fecha de la nueva audiencia.

El detenido podrá reservarse su derecho a declarar.

Artículo 34. El detenido dispondrá hasta de tres días hábiles contados a partir de que concluya la audiencia a que se refiere el artículo anterior para oponer excepciones, las que únicamente podrán ser:

I. La de ser distinta persona de aquélla cuya entrega se solicita;

II. La de cosa juzgada, o

III. La de falta de aprobación del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte respecto del Caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

La persona solicitada dispondrá de veinte días hábiles para probar sus excepciones. El Juez podrá ampliar este plazo hasta por cinco días más en caso necesario, dando vista al Ministerio Público. Dentro del mismo plazo, el Ministerio Público podrá rendir las pruebas que estime pertinentes.

En caso de que el detenido oponga la excepción de cosa juzgada, el Juez de Distrito, enviará toda la información pertinente a la Secretaría, a fin de que ésta consulte con la Corte y le informe dentro de los diez días hábiles siguientes si dicha Corte ha emitido declaración de admisibilidad. En caso de que la Corte ya hubiere declarado la admisibilidad de la causa, se procederá a la entrega del detenido.

Mientras la Corte no decida sobre la admisibilidad de la causa, el Juez de Distrito aplazará la ejecución de la solicitud de entrega.

Artículo 35. Concluido el término a que se refiere el artículo 34 o antes si estuvieren desahogadas las actuaciones necesarias, el Juez de Distrito resolverá sobre la entrega de la persona solicitada por la Corte dentro de los cinco días hábiles siguientes. En su resolución, el Juez de Distrito tomará en consideración las disposiciones aplicables, incluyendo el Estatuto.

Una vez resuelta la entrega de la persona solicitada, el Juez de Distrito notificará su resolución al reclamado y a la Secretaría.

Artículo 36. Si dentro del término fijado en el artículo 34 la persona solicitada no opone excepciones o consiente expresamente su entrega, el Juez de Distrito procederá a emitir su resolución, sin más trámite, en un plazo de tres días hábiles.

Artículo 37. Las resoluciones del Juez de Distrito no admitirán recurso alguno. Contra la resolución que determine la entrega de la persona solicitada por la Corte, solo procederá el juicio de amparo.

El Juez de Distrito ordenará que se le entregue la persona solicitada a la Corte requiriendo a la Secretaría para que realice el trámite respectivo.

Artículo 38. La entrega de la persona solicitada se efectuará por la Procuraduría al personal autorizado de la Corte, en la forma que la Secretaría acuerde con ésta, previo aviso a la Secretaría de Seguridad Pública.

La intervención de las autoridades mexicanas cesará en el momento en que la persona haya sido recibida en custodia por el personal de la Corte.

Artículo 39. La persona entregada a la Corte por el Estado mexicano, no podrá ser procesada, detenida o sancionada por hechos distintos a aquellos que constituyan la base del delito por el que se haya solicitado su entrega.

El Estado mexicano podrá otorgar su consentimiento para que la persona entregada pueda ser juzgada por la Corte por delitos diversos a los que hubieren motivado su entrega. El Ministerio Público deberá presentar ante el Juez de Distrito que haya ordenado la entrega de la persona de que se trate la solicitud correspondiente, quien resolverá dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de la presentación de la solicitud.

Artículo 40.Previa solicitud, la Secretaría, de conformidad con la presente Ley y las condiciones que acuerde con la Corte, autorizará el tránsito de personas entregadas a la Corte por otros Estados a través del territorio nacional, y gestionará ante las autoridades competentes que otorguen las facilidades necesarias para que dicho tránsito se realice sin interrupciones.

La Secretaría dará curso a las solicitudes de tránsito que presente la Corte, siempre que contengan una descripción de la persona que será transportada, una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación, así como copia de la orden de detención y entrega respectiva.

Las personas cuya entrega haya sido solicitada por la Corte quedarán bajo custodia del Estado mexicano durante su tránsito por territorio nacional. La entrega física de las personas en tránsito se realizará en los términos que acuerden la Secretaría y la Corte.

No se requerirá de autorización cuando la persona sea transportada por la vía aérea y la aeronave en que viaje no prevea aterrizar en territorio nacional.

En caso de aterrizaje imprevisto, la Secretaría, al momento de que conozca de éste, solicitará a la Corte remita de inmediato la solicitud de tránsito respectiva y los documentos de apoyo. La persona de que se trate será entregada a la Corte de conformidad con lo que establece el Estatuto.

El hecho de que la persona en tránsito sea puesta en libertad de conformidad con el Estatuto no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada a la Corte, una vez que la Secretaría reciba la solicitud respectiva y los documentos de apoyo.

Capítulo Tercero

De las otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 41. La Secretaría, previa consulta con la Procuraduría, podrá autorizar la presencia de personal de la Corte en las diligencias de que se trate.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría, con base en lo dispuesto por el artículo 99 del Estatuto y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento que establecen las disposiciones aplicables, en coordinación con las autoridades competentes, acordará las modalidades a que se sujetará la participación del personal de la Corte en la ejecución de solicitudes. La Secretaría transmitirá a la Corte las modalidades acordadas.

Artículo 42. Para el desahogo de solicitudes relativas al interrogatorio de personas que se encuentren en territorio nacional, la Secretaría requerirá que la solicitud cuente con la información siguiente:

I. El nombre de la persona cuyo interrogatorio solicita y los datos que permitan su localización.

II. El pliego de preguntas que deberá responder durante la diligencia, y

III. Cualquier otro aspecto relevante para la ejecución de la solicitud.

La Secretaría enviará la solicitud y los documentos de apoyo a la Procuraduría para efectos de su ejecución.

Cuando la Corte solicite el interrogatorio de una persona que está siendo investigada por la comisión de uno o más delitos de su competencia, lo hará constar en la solicitud a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, a fin de que la persona en cuestión sea notificada de ese hecho conforme al Estatuto y la legislación aplicable.

Artículo 43. Las solicitudes de la Corte por las que se requiera el otorgamiento de facilidades para la comparecencia voluntaria de probables víctimas, de testigos o de expertos, a fin de que sean interrogados directamente por la Corte en su sede o el lugar en que se encuentre reunida, serán tramitadas por la Secretaría siempre que estén acompañadas de la información sobre la persona en cuestión y de los datos que permitan su localización.

La Secretaría transmitirá la solicitud a la Procuraduría, a fin de que proceda a localizar a la persona de que se trate.

La probable víctima, el testigo o el experto recibirán la información disponible sobre la solicitud de comparecencia y tendrán derecho a decidir libremente si comparecen ante la Corte.

De proceder la comparecencia voluntaria, la Secretaría pedirá a las autoridades competentes que otorguen la asistencia necesaria para que la probable víctima, el testigo o experto pueda trasladarse al lugar acordado y exigirá a la Corte las siguientes garantías:

I. Que la probable víctima, el testigo o el experto no será detenido, procesado o sometido a ninguna forma de restricción de su libertad con motivo de actos u omisiones en que haya incurrido antes de su salida del territorio nacional;

II. Que la probable víctima, el testigo o el experto será regresado al país tan pronto como sea posible, de conformidad con los arreglos acordados con la Corte, y

III. Cualquier otra garantía que las autoridades mexicanas consideren necesaria.

Artículo 44.Cuando la Corte solicite el traslado provisional de una persona detenida en el país, con el fin de que sea identificada o para que preste testimonio o asistencia de alguna otra índole, la Secretaría requerirá a la autoridad competente, por conducto de la Procuraduría, que informe de ello a la persona solicitada. El traslado podrá realizarse siempre que:

I. El detenido otorgue su libre consentimiento por escrito, y

II. Las autoridades competentes expresen su conformidad con el traslado provisional.

De reunirse los requisitos anteriores, la Secretaría solicitará a la Corte las siguientes garantías:

I. Que la persona será devuelta a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que se cumplan los fines para los cuales sea trasladada;

II. Que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas anteriores a su salida del territorio nacional;

III. Que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, la persona trasladada será custodiada en todo momento, y

IV. Cualquier otra condición que la Secretaría acuerde de manera expresa con la Corte.

Artículo 45. Las solicitudes para la realización de cateos se presentarán ante la Secretaría, la cual las transmitirá a la Procuraduría siempre que contengan lo siguiente:

I. Descripción de los hechos de los que deriva la solicitud, incluyendo los elementos que justifiquen que se trata de un delito de la competencia de la Corte;

II. Copia de la decisión de la Corte ordenando la diligencia;

III. La relación entre los objetos que se buscan con el asunto de que se trate y la necesidad de la diligencia;

IV. La ubicación del lugar en el que deberá realizarse el cateo o, en su defecto, datos concretos que permitan su ubicación;

V. Una descripción del o de los objetos que se buscan, y

VI. Toda aquella información que la Corte considere relevante y pueda asistir a las autoridades mexicanas en la ejecución de la solicitud.

Una vez que la Procuraduría reciba la solicitud de cateo, realizará las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito que corresponda para su ejecución, conforme a las normas aplicables.

Artículo 46.Las solicitudes de la Corte para la identificación, localización y aseguramiento de bienes objeto, producto o instrumento del delito, con miras a su ulterior decomiso, se presentarán ante la Secretaría, la cual las transmitirá a la Procuraduría, siempre que contengan:

I. Las razones que llevan a pensar que los bienes cuya identificación, localización o aseguramiento se solicite, están relacionados con la comisión de un delito competencia de la Corte, identificando concretamente el delito de que se trata;

II. Copia de la decisión de la Corte ordenando la diligencia;

III. Una descripción de los bienes en cuestión, así como datos concretos que faciliten su identificación y localización;

IV. El nombre de las personas en cuyo poder puedan encontrarse los bienes, así como todos aquellos datos que faciliten su localización, y

V. El lapso aproximado durante el cual los bienes permanecerán asegurados, así como las especificaciones sobre cualquier tratamiento que deba aplicarse a su cuidado y conservación.

Una vez que la Procuraduría reciba la solicitud de cateo, realizará las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito que corresponda para su ejecución, conforme a las normas aplicables.

Artículo 47. El aseguramiento de bienes, objeto, producto o instrumento del delito, con motivo de la ejecución de las solicitudes a que se refieren los dos artículos anteriores, se realizará sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Los bienes asegurados se pondrán a disposición de la Corte para los efectos del proceso correspondiente; dichos bienes podrán ser administrados por la autoridades mexicanas, en términos de las disposiciones legales aplicables a la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales, en tanto se resuelve sobre su decomiso o devolución a quien corresponda.

Artículo 48.Cuando la Corte solicite la adopción de medidas de protección de probables víctimas de delitos, o bien, de testigos o expertos que puedan contribuir al desarrollo de sus investigaciones y procedimientos, la Secretaría, tomando en consideración la opinión de las autoridades competentes, acordará con dicha Corte las modalidades y su alcance. Para tal efecto, la Secretaría coordinará las acciones necesarias y, en la medida de lo posible, tomará en cuenta la opinión de los beneficiarios.

Las medidas instrumentadas de conformidad con el presente artículo deberán estar encaminadas a garantizar la seguridad, la integridad física y psíquica, la dignidad y la vida privada de las personas a quienes van dirigidas, teniendo presente la gravedad de los delitos de la competencia de la Corte y el artículo 68 de su Estatuto.

Artículo 49. Cuando la Corte solicite la notificación de citatorios, órdenes de comparecencia u otros documentos, la Secretaría transmitirá a la Procuraduría la solicitud acompañándola de la información recibida, misma que comprenderá:

I. El nombre de la persona a notificar y los datos que permitan su localización;

II. El objeto de la solicitud;

III. Los citatorios, órdenes o documentos a notificar, y

IV. Cualquier otra información relevante para la ejecución de la notificación.

La Procuraduría tramitará la ejecución de la solicitud ante el Juez de Distrito que corresponda.

Capítulo Cuarto

De la ejecución en territorio nacional de penas privativas de libertad dictadas por la Corte

Artículo 50. La Secretaría podrá manifestar el acuerdo del Estado mexicano para recibir sentenciados por la Corte en Centros Federales de Readaptación Social, a fin de que cumplan la pena privativa de libertad que le haya sido impuesta.

Para ejercer esta facultad, las autoridades competentes comunicarán su aceptación a la Secretaría, junto con aquellas condiciones a que sujeten la aceptación de sentenciados.

La Secretaría comunicará lo anterior a la Corte y, de aceptar ésta las condiciones fijadas, la ejecución de la pena privativa de libertad en territorio nacional se realizará con apego a lo siguiente:

I. Las autoridades mexicanas no podrán modificar, bajo ninguna circunstancia, la pena impuesta por la Corte;

II. Toda cuestión relativa a revisiones o reducciones que pueda presentar el sentenciado deberá ser transmitida inmediatamente, por conducto de la Secretaría, a la Corte, a fin de que decida sobre su procedencia;

III. La ejecución de la pena estará sujeta a la supervisión de la Corte y las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para permitir dicha supervisión;

IV. La comunicación entre el sentenciado y la Corte será irrestricta y confidencial. Las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para asegurar dicha comunicación;

V. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado mexicano no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega a México, a menos que la Corte lo autorice;

VI. Cuando la Corte lo solicite, el sentenciado será puesto sin demora a disposición de las autoridades designadas por dicha Corte para llevar a cabo diligencias judiciales o para continuar el cumplimiento de su pena en otro país, y

VII. Las demás condiciones que determinen las autoridades competentes y sean conformes con el Estatuto.

Las condiciones generales de internamiento se regirán por la legislación aplicable.

Una vez cumplida la pena, el sentenciado, en caso de ser extranjero, podrá, de conformidad con la legislación aplicable, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta su voluntad de ser trasladado a éste, a menos que el Estado mexicano le autorice permanecer en el territorio.

Una vez cumplida la pena, el Estado mexicano podrá, de conformidad con la legislación aplicable, extraditar al sentenciado a un Estado que haya pedido su extradición para someterlo a juicio o para que cumpla una pena. En caso de que dicha solicitud de extradición sea por una conducta anterior a la entrega del sentenciado por parte de la Corte al Estado mexicano, la Secretaría solicitará a la Corte la aprobación de la extradición. Dicha aprobación no será necesaria si el sentenciado permanece de manera voluntaria por más de treinta días naturales en territorio mexicano después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte, o si regresa al territorio mexicano después de haber salido de éste.

Capítulo Quinto

De la ejecución de órdenes de reparación a víctimas

Artículo 51. Las órdenes definitivas de reparación a víctimas dictadas por la Corte con cargo al sentenciado, de conformidad con el Estatuto, serán ejecutadas por las autoridades competentes con apego a lo siguiente:

I. Si se trata del pago de una cantidad monetaria concreta, la orden se hará efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución. El Juez de Distrito, a solicitud de la Procuraduría, remitirá a la autoridad fiscal que corresponda copia de la sentencia condenatoria para que se haga efectivo tal importe.

II. El producto de la ejecución de las órdenes a que se refiere la fracción anterior se pondrá a disposición del Juez de Distrito quien, de ser posible, hará comparecer a quien tenga derecho a él para hacerle entrega inmediata del importe, o bien, transferirá tal importe al fondo creado por la Corte de conformidad con el artículo 79 del Estatuto, según se señale en la orden que se ejecute.

III. Si se trata de órdenes de restitución y sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción IV del presente artículo, la Procuraduría solicitará al Juez de Distrito su ejecución de conformidad con las normas aplicables en la materia.

IV. No podrá modificarse el alcance de la orden ni destinarse los recursos obtenidos a un fin distinto del ordenado por la Corte.

V. Se dará prioridad a la ejecución de las órdenes de reparación a víctimas.

VI. Si se trata de órdenes de rehabilitación, se seguirán los lineamientos y recomendaciones emitidos por la Corte.

Cuando la naturaleza y alcance de la orden de reparación dificulte su ejecución en la forma solicitada por la Corte o el sentenciado carezca de medios para solventar su responsabilidad, las autoridades competentes lo comunicarán a la Secretaría, a fin de que ésta inicie consultas sobre el tema con la Corte.

Capítulo Sexto

De la ejecución de multas y órdenes de decomiso

Artículo 52. Las sentencias definitivas emitidas por la Corte de conformidad con su Estatuto, que impongan multas, serán ejecutadas por las autoridades competentes a través del procedimiento administrativo de ejecución. El Juez de Distrito, a solicitud de la Procuraduría, remitirá a la autoridad fiscal que corresponda copia de la sentencia condenatoria para que se haga efectivo tal importe.

El producto de la ejecución de las multas a que se refiere el presente artículo se pondrá a disposición del Juez de Distrito, el que ordenará se transfiera tal importe a la Corte según se señale en la orden que se ejecute.

Las autoridades competentes no podrán modificar el alcance de la orden o destinar a un fin distinto del ordenado por la Corte los recursos obtenidos por concepto de ejecución de multas.

Artículo 53. Las sentencias definitivas de la Corte que ordenen el decomiso de bienes u objetos se ejecutarán con apego a lo siguiente:

I. La Secretaría transmitirá la orden de la Corte a la Procuraduría para que ésta, de conformidad con la legislación aplicable, realice las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito competente. Las autoridades encargadas de la ejecución de las órdenes de decomiso se ajustarán a los términos de la orden emitida por la Corte;

II. Los bienes objeto, producto o instrumento del delito cuyo decomiso se ordene serán entregados de conformidad con la orden.

III. Cuando no sea posible disponer, en los términos señalados por la orden de la Corte, de los bienes producto del delito respecto de los cuales se ordena su decomiso, y la naturaleza jurídica y características de los mismos lo permitan, el Juez de Distrito podrá ordenar su sustitución mediante el decomiso de bienes de valor equivalente. En estos casos, los bienes decomisados serán vendidos a través de los procedimientos previstos por las disposiciones legales aplicables a la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales, en términos de las disposiciones aplicables, y el producto de su venta será entregado en los términos que determine la orden de la Corte.

IV. Cuando no sea posible ejecutar la orden en sus términos ni recuperar su valor conforme a la fracción anterior, las autoridades competentes lo harán del conocimiento de la Secretaría, a fin de que lleve a cabo consultas con la Corte.

Articulo 54. La ejecución de multas, decomisos y órdenes de reparación emitidas por la Corte se realizará dejando a salvo los derechos de terceros de buena fe.

Capítulo Séptimo

De la protección de información que afecte la seguridad nacional o haya sido recibida a título confidencial

Artículo 55. Cuando la autoridad competente, para producir o transmitir información solicitada por la Corte, considere que la misma afecta la seguridad nacional, lo informará de inmediato a la Secretaría y ésta al Consejo de Seguridad Nacional para que analice la solicitud de información de la Corte y determine, de conformidad con la legislación aplicable, si dicha solicitud puede ser cumplida de manera parcial o de alguna otra forma.

Si como resultado de las consultas se llega a la conclusión de abstenerse de otorgar a la Corte la información y de que no existen alternativas posibles, la Secretaría comunicará tal decisión a la Corte. La Secretaría deberá, en su caso, agotar todas las alternativas previstas en los párrafos quinto y séptimo del artículo 72 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a fin de proteger los intereses de la nación mexicana.

Artículo 56. Cuando la Corte solicite la transmisión de información que haya sido entregada a las autoridades nacionales, a título confidencial o reservado, ya sea por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional, antes de proceder a su entrega, las autoridades correspondientes deberán recabar la autorización de los proveedores de dicha información.

De no obtener el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad competente lo informará a la Secretaría, la que a su vez comunicará a la Corte la imposibilidad de cumplir con su solicitud.

Capítulo Octavo

De la cooperación de la Corte con las autoridades nacionales

Artículo 57. Las autoridades competentes podrán solicitar la cooperación de la Corte cuando consideren que dicha cooperación contribuye a la investigación o a la tramitación de juicios instaurados en el territorio nacional.

La solicitud de cooperación, acompañada de todos los elementos necesarios para facilitar su ejecución, será transmitida a la Secretaría para que por su conducto se haga llegar a la Corte.

Capítulo Noveno

De los gastos

Artículo 58. Los gastos ordinarios que se originen con motivo del cumplimiento de solicitudes de cooperación y asistencia judicial previstas en la presente Ley, serán sufragados por las autoridades bajo cuya responsabilidad recaiga la ejecución de la solicitud, de conformidad con sus respectivos presupuestos aprobados.

Artículo 59. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la ejecución de una solicitud de cooperación o de asistencia judicial genere gastos de naturaleza extraordinaria, las autoridades competentes lo informarán a la Secretaría para que gestione con la Corte el pago de dichos costos.

Para efectos del presente artículo se entenderá que constituyen gastos extraordinarios los siguientes:

I. Los que genere el traslado de cualquier persona;

II. Los que genere la traducción, interpretación y transcripción de documentos mayores a 25 páginas;

III. La producción de dictámenes periciales;

IV. La administración por autoridades mexicanas de los bienes asegurados en términos del artículo 47 de esta Ley, y

V. Los demás de naturaleza similar que determinen las autoridades encargadas de ejecutar la solicitud.

TITULO IV

DIFUSION Y CAPACITACION

Capítulo Unico

Artículo 60. A fin de facilitar el conocimiento del Estatuto y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste y las previstas en la presente Ley, las autoridades competentes tomarán todas las medidas que sean necesarias para que en los programas de capacitación de los servidores públicos encargados de cumplirla se incluyan secciones destinadas a su estudio y análisis. Asimismo, podrán invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que presenten propuestas.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción II BIS al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50....

I. a II. ....

II. BIS. De los procedimientos a que se refiere la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

III. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las acciones y gastos ordinarios derivados de la aplicación del presente Decreto que correspondan a las instancias y autoridades competentes en materia de cooperación y asistencia judicial con la Corte Penal Internacional, se ejecutarán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen, la INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PARRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, presentada por el C. Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que se le concede en el artículo 71, fracción I, de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 88 y 93 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 29 de noviembre de 2006, se recibió de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, la INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, enviada a esta Colegisladora por instrucciones del C. Presidente de la República, para sus efectos constitucionales.

II. En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso el turno de dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

ANALISIS DE LA INICIATIVA

I. Se comprende en el proyecto, en estudio, la expedición de una ley reglamentaria que precisa los términos y condiciones que habrán de orientar los procedimientos que permitan regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia. En tal contexto, para establecer la legitimidad de la actuación de los jueces federales en los procedimientos consabidos, se plantea la adición de una fracción II Bis en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, en la especie, se manifiesta el interés de dar vigencia a una ley que se constriñe solamente a hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país al ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin ir más allá del principio inmerso en la norma de superior jerarquía que desarrolla y busca volver operativa. Se trata de un complejo de disposiciones legales necesarias para hacer posible el ejercicio de una facultad que el Constituyente Permanente atribuyó al Estado mexicano con la reforma del párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 04 de mayo de 2005; reforma, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del mismo año y motivó al día siguiente, esto es, el 21 de junio de 2005, la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte del Senado de la República; reforma que será letra muerta, o sólo una figura decorativa, sin la ley que reglamente su aplicación.

II. Obran implícitos, en la ley reglamentaria que se expide, 57 artículos distribuidos en cuatro Títulos. El primero, constituido con los primeros cinco preceptos, contempla disposiciones generales que determinan la naturaleza de la ley, su objeto y alcance: regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia;los canales de comunicación con la Corte: la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público competente y el Juez de Distrito competente para conocer de las solicitudes de cooperación que se tramiten de conformidad con la ley de referencia;los requisitos y la forma en que deberán tramitarse las solicitudes que formule la Corte, así como las obligaciones de las autoridades involucradas en su ejecución.

III. Haciendo alusión al artículo 3 de la ley que se analiza, observamos en éste una disposición normativa de índole declarativa que afirma o determina la forma o condiciones en que se realizará la cooperación del Estado mexicano con la Corte, a saber, con apego a los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte y lo dispuesto por la propia ley; precisa lo que se entenderá por delitos de la competencia de la Corte: genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con el Estatuto; y, establece la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, para todo aquello que no esté previsto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o en la ley reglamentaria que se expide, es decir, prevé la suplencia de los posibles vacíos de contenido que se adviertan en aquellos supuestos no contemplados por dichos ordenamientos, subsanando las omisiones que en la práctica se presenten.

IV. En el Título II, denominado “Del reconocimiento de jurisdicción de la Corte Penal Internacional” -integrado por los artículos 6 al 10; el 6 y 7 como parte de un Capítulo Primero, denominado “De las consultas preliminares con la Corte”, y los artículos 8, 9 y 10, como parte del Capítulo Segundo, denominado “De la autorización del Senado de la República”-, la ley reglamentaria establece obligaciones recíprocas a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República. Así, la primera, cuando tenga conocimiento de que la Corte analiza información o investiga hechos probablemente delictivos que sean de la jurisdicción del Estado mexicano conforme a las leyes aplicables, deberá informar de inmediato a la Procuraduría General de la República, para que ésta determine si tales hechos han sido o son objeto de investigación o enjuiciamiento por autoridades federales o del fuero común; la segunda, en un plazo no mayor a diez días naturales, informará a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las investigaciones o procesos penales de los hechos aludidos. En el apartado en cita, además, se impone a la Secretaría de Relaciones Exteriores la obligación de informar a la Corte, los casos que las autoridades mexicanas estén investigando o instruyan en procesos por hechos materia de jurisdicción del Estado mexicano.

V. En el Capítulo Segundo del Título II, para los efectos del párrafo quinto del artículo 21 Constitucional, se define lo que debe entenderse por Caso: los hechos presuntamente delictivos que sean competencia del Estado mexicano de conformidad con la legislación aplicable; y por Jurisdicción de la Corte: la etapa procesal a partir de la cual el Fiscal de la Corte notifique su decisión de iniciar una investigación de conformidad con el Estatuto. Se comprende, también, la obligación del Ejecutivo Federal de solicitar al Senado de la República su aprobación para el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte con relación a los casos de referencia; aprobación que únicamente tendrá el efecto de reconocer dicha jurisdicción en el caso de que se trate. Con esa aprobación se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, desahogue las solicitudes de colaboración y ejecute todas las diligencias que solicite la Corte en el caso de que se trate.

VI. En el Título III, denominado “De la cooperación internacional y asistencia con la Corte Penal Internacional”, integrado con los artículos 11 al 56, distribuidos en nueve capítulos, establece -en el primero de éstos- la facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de recibir las solicitudes de cooperación y asistencia judicial que formule al Estado Mexicano la Corte, a través de cualquiera de sus órganos, la cual, previo análisis de su contenido, las transmitirá, en su caso, a la Procuraduría General de la República para que gestione y promueva ante las autoridades competentes su ejecución; solicitudes que son de carácter reservado, así como los actos que se realicen para darles cumplimiento, salvo en la medida que resulte necesario para su ejecución. En el mismo Capítulo Primero, en su artículo 13, se contempla una relación enunciativa de los actos y diligencias que podrán incluir las solicitudes de cooperación y asistencia judicial con la Corte.

VII. En el Capítulo Segundo del Título III de la ley que se expide, se consignan reglas relativas a la detención, entrega y tránsito de personas. De acuerdo con esas reglas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponderá dar curso a dichas solicitudes, siempre que estén acompañadas de los documentos en que se apoye la Corte y, además, contengan los datos y antecedentes de la persona solicitada que permitan su identificación y los conducentes a su probable localización; copia de la orden de detención emitida por la Corte, en la que conste el delito por el que se pide la entrega, así como la información sobre los motivos que lleven a creer que la persona solicitada ha cometido el delito, y los demás requisitos que establece el Estatuto. Cuando la solicitud se refiera a una persona que ha sido condenada por la Corte, deberá acompañarse una copia de la sentencia condenatoria.

VIII. Cuando se trate de una persona sujeta a un proceso penal en territorio mexicano por hechos distintos de los que motiven la solicitud o se encuentre compurgando una sentencia por delito o delitos distintos a aquellos por los que se solicita su entrega a la Corte, la solicitud podrá ser diferida hasta que las autoridades competentes concluyan el proceso de que se trate o la persona cumpla con su condena. No obstante lo anterior, el Juez de Distrito, a petición del Ministerio Público, previa la celebración de consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Corte, podrá autorizar la entrega temporal de una persona sujeta a un proceso penal o que esté cumpliendo con una sentencia en territorio nacional, a fin de que enfrente ante la Corte los cargos que se le imputan, siempre que la Corte se comprometa a devolver a la persona a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que concluya el procedimiento para el que fue entregada; que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas distintas a aquella que constituya la base del delito por el que fue entregada; y que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, en todo momento esté custodiada.

IX. Asimismo, dentro de estas reglas se contemplan disposiciones que establecen la competencia del Juez de Distrito de la jurisdicción del lugar donde se encuentre la persona buscada, o cuando se desconozca su paradero, la competencia se surtirá a favor del Juez de Procesos Penales Federales en turno del Distrito Federal; disposiciones que, bajo ciertas condiciones, autorizan la concesión de la libertad provisional bajo caución; disposiciones que garantizan en la detención, entrega y tránsito de la persona solicitada, el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica; disposiciones que establecen a favor del detenido el derecho a oponer excepciones, las que únicamente podrán ser: la de tratarse de distinta persona de aquella cuya entrega se solicita; la de cosa juzgada, o la de falta de aprobación del reconocimiento de jurisdicción de la Corte respecto del caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia ley; un plazo de veinte días para probar dichas excepciones; la obligación del Juez de Distrito de emitir su resolución, sin más trámite, en un plazo de tres días hábiles, si dentro del término de veinte días la persona solicitada no opone excepciones o consiente expresamente su entrega; resoluciones que no admiten recurso alguno, pero, contra la que determine la entrega de la persona solicitada por la Corte, procede el juicio de amparo.

X. En el Capítulo Tercero del Título III, se consignan disposiciones relativas a otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional, como los requisitos que deberán contener las solicitudes referentes al interrogatorio de personas que se encuentren en territorio nacional; los requisitos que deberán contener las solicitudes para la realización de cateos; los que deberán contener las solicitudes de la Corte para la identificación, localización y aseguramiento de bienes objeto, producto o instrumento del delito, con miras a su decomiso, etcétera. En el Capítulo Cuarto del Título III, se comprenden disposiciones referidas a penas privativas de libertad dictadas por la Corte Penal Internacional; penas que las autoridades mexicanas no podrán modificar, bajo ninguna circunstancia; cuyas cuestiones relativas a revisiones o reducciones que pueda presentar el sentenciado, deberán ser transmitidas inmediatamente por la Secretaría de Relaciones a la Corte Penal Internacional, para que ésta decida sobre su procedencia; la ejecución de la pena, estará sujeta a la supervisión de la Corte, con la obligación de las autoridades penitenciarias de otorgar las facilidades necesarias para que dicha supervisión se practique; la comunicación entre el sentenciado y la Corte será irrestricta y confidencial. Las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para asegurar dicha comunicación.

XI. En el Capítulo Quinto del Título III, se consignan directrices sobre la ejecución de órdenes de reparación a víctimas, dictadas por la Corte Penal Internacional con cargo al sentenciado, de conformidad con el Estatuto; órdenes que serán ejecutadas por las autoridades competentes a través del procedimiento administrativo de ejecución, si se trata del pago de una cantidad monetaria concreta, cuyo producto se pondrá a disposición del Juez de Distrito quien, de ser posible, hará comparecer a la persona que tenga derecho a él para hacerle entrega inmediata del importe, o bien, hará una transferencia de éste al fondo creado por la Corte conforme al artículo 79 del Estatuto; si se trata de órdenes de restitución, la Procuraduría General de la República solicitará al Juez de Distrito su ejecución de acuerdo con las normas aplicables en la materia. En el Capítulo Sexto del Título III, que trata de la ejecución de multas y órdenes de decomiso, se insertan los lineamientos a los que se sujetará la ejecución de las sentencias definitivas de la Corte que ordenen el decomiso de bienes u objetos; ejecución de multas, decomisos y órdenes de reparación, en las que se dejan a salvo los derechos de terceros de buena fe. En el Capítulo Séptimo del Título III, que comprende disposiciones relacionadas con la protección de información que afecte la seguridad nacional o haya sido recibida a título confidencial, se contempla la posibilidad de negar o abstenerse de otorgar a la Corte la información que solicite.

XII. En el Capítulo Octavo del Título III, denominado “De la cooperación de la Corte con las autoridades nacionales”, en el único artículo que lo integra (54), se establece a favor de las autoridades competentes una facultad discrecional para solicitar la cooperación de la Corte cuando consideren que aquélla contribuye a la investigación o a la tramitación de juicios instaurados en el territorio nacional. En el Capítulo Noveno del Título III, que trata de los gastos que se originen en el cumplimiento de las solicitudes de cooperación y asistencia judicial previstas por la ley, dispone en los artículos 55 y 56 -únicos que integran dicho capítulo- que autoridades sufragarán los ordinarios que se originen con tal motivo, y la obligación de la Corte de pagar los gastos de naturaleza extraordinaria, así como lo que se entenderá por estos últimos, para efectos del artículo 56.

XIII. Finalmente, en el Título IV de la Ley Reglamentaria que se expide, con un Capítulo Único, en un solo artículo, el 57, se impone a las autoridades competentes la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para que en los programas de capacitación de los servidores públicos encargados de cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto y de la propia ley, se incluyan secciones destinadas a su estudio y análisis. Por otra parte, tratándose de la fracción II Bis que se adiciona en el artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con esta disposición solamente se amplía la competencia de los jueces penales federales al conocimiento de los procedimientos a que se refiere la Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES

I. La Ley Reglamentaria, en estudio, por los atributos que se desprenden de su propia naturaleza, consigna las normas que puntualizan los términos, plazos y condiciones, que habrán de regir los procedimientos que allanen o hagan posible la ejecución de las solicitudes de cooperación que formule a nuestro país la Corte Penal Internacional conforme a su Estatuto, siempre que estén acompañadas de los documentos que las justifiquen. Su contenido no va más allá ni pugna con la disposición constitucional que detalla. Se trata de una ley que se concibe en el fin de articular los conceptos y medios necesarios que garanticen el cumplimiento del compromiso fundamental que el Estado mexicano ha consentido, en la especie, y que es imprescindible incorporar al ordenamiento jurídico nacional para definir las reglas que fijen de un modo preciso el cauce formal de la serie de actos que habrán de agotarse, por una parte, en la integración de la facultad discrecional que el Ejecutivo Federal instruya con el propósito de reconocer su jurisdicción y, por otra, en la obligación que se impone al Senado de la República para aprobarla en cada caso, cuando así proceda.

II. Reconocemos las bondades que dan sustento al proyecto de ley que expide. Sin embargo, para arribar a la consolidación de un ordenamiento jurídico que garantice lo más eficazmente su aplicación en función de una adecuada técnica en la elaboración de sus normas, es conveniente acudir a algunas reflexiones en torno a la imprecisión que algunas de sus disposiciones guardan con relación a la denominación de la ley; a la celeridad en el trámite de las solicitudes de reconocimiento de jurisdicción formuladas por la Corte y su aprobación; al señalamiento de los preceptos que consignan el principio de complementariedad; a la indicación o puntualidad de las causales de inadmisibilidad de un asunto por parte de la Corte, en razón del principio de mérito; a los instrumentos o mecanismos jurídicos que rijan el procedimiento de aprobación de la solicitud correspondiente en la Cámara de Senadores, a saber, lo que atañe al escenario, deliberación y votación indispensable para substanciar la solicitud formulada por la Corte; a los efectos del silencio de esa colegisladora del Congreso de la Unión, sobre el reconocimiento de jurisdicción de la Corte que el Ejecutivo Federal le solicite de manera indubitable; al beneficio de la libertad provisional bajo caución que la ley concede, y; a las causales de recusación y cuestiones de competencia de los jueces de Distrito que conozcan del caso de que se trate. Todo ello, en aras de arribar a un proyecto que sea conforme con los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de congruencia, a través de la claridad, precisión y armonía de sus disposiciones.

III. Bajo esa tesitura, a una primera reflexión es necesario acudir con relación al momento en que fue presentada la iniciativa que se dictamina y una parte específica de su denominación, a saber: “…PÁRRAFO QUINTO…”, del artículo 21 de la Constitución, de la ley que al expedirse tendría el propósito de reglamentar dicho parágrafo. Por qué, porque cuando la iniciativa de mérito se presentó, ciertamente el precepto constitucional a que sus disposiciones estaban orientadas para los efectos consabidos, en virtud de la reforma a nuestra Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005, era el párrafo quinto de aquel artículo; norma de superior jerarquía que, a partir de esa reforma, consagró la facultad discrecional del Ejecutivo Federal para reconocer, con la aprobación del Senado en cada caso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo anterior, tal vez, en el plano legislativo ninguna trascendencia de legalidad o de seguridad jurídica pudiere tener, si no fuera porque el 18 de junio de 2008, con la publicación de otra reforma a nuestra Ley Fundamental en el Diario Oficial de la Federación, que modificó sustancialmente la estructura normativa del artículo 21, entre otros preceptos, la facultad de referencia quedó inmersa en sus términos en el párrafo octavo del mismo precepto. Circunstancia que deberá atenderse, inclusive, para la denominación del ordenamiento jurídico que se expida, si así procede.

IV. Más a propósito, para arribar a la consolidación de un ordenamiento jurídico que garantice lo más eficazmente su aplicación en función de una adecuada técnica en la elaboración de sus normas, a juicio de las Comisiones Unidas que dictaminan, habrá que precisar en su texto —porque no lo consigna— una referencia directa a los artículos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que determinan el carácter complementario de la Corte con relación a la jurisdicción nacional del Estado mexicano —como mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción entre ambos órganos de autoridad— y las causales de inadmisibilidad de un asunto, así como la obligación de la Corte, una vez recibida la solicitud de inhibición correspondientes, de abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte tendrá, en la especie, deberá comunicar a la Secretaría, con la debida oportunidad, el cumplimiento de la consabida obligación. Bajo esa tesitura, se plantea la modificación del párrafo segundo del artículo 7 y la adición de dos nuevos artículos 8 y 9, recorriéndose en su orden las disposiciones establecidas originalmente con esos numerales y, por consiguiente, las subsecuentes de la ley reglamentaria en cita.

V. Ídem, es indispensable, a la luz de los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de congruencia, insertar en la ley que se expida los mecanismos jurídicos de deliberación, quórum y votación, que habrán de manifestarse dentro de la Cámara de Senadores en la substanciación de la solicitud de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; circunstancias que no atiende el proyecto en estudio. En ese orden, se plantea la adición de un segundo párrafo en el artículo 11 —antes 8— de la ley reglamentaria, para establecer a cargo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, como órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución le asigna a esa colegisladora del Congreso de la Unión, la obligación de emitir mediante “Acuerdos”, el procedimiento parlamentario que habrá de instruirse para resolver sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal. La aprobación del Senado de la República deberá sustentarse en el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Las cuestiones de competencia se resolverán, conforme a un artículo 32 que se adiciona, en los términos que el Código Federal de Procedimientos Penales, determina para desahogar las que se presenten en los juicios ordinarios federales en materia penal. Por último, los supuestos de impedimento de los jueces de Distrito, en la especie, se consignan en un artículo 31, que también se adiciona.

VI. Otra cuestión que, a juicio de estas dictaminadoras, es pertinente precisar en aras de ajustarnos a los principios fundamentales de seguridad jurídica, de unicidad ideológica y de congruencia, con el propósito de arribar a un proyecto que busca que sus normas sean claras, completas y coherentes, en función de su eficacia, tiene que ver con una adición que es indispensable insertar en el artículo 52 del proyecto de ley que se expide. En efecto, en este precepto que consigna a cargo de la autoridad competente, para producir o transmitir información solicitada por la Corte, la obligación de informar de inmediato a la Secretaría y ésta al Consejo de Seguridad Nacional, para que analice la solicitud de información de la Corte y determine, de conformidad con la legislación aplicable, si dicha solicitud puede ser cumplida de manera parcial o de alguna otra forma, cuando considere que la solicitada por la Corte afecta la seguridad nacional. Se estima atendible insertar, enseguida de su segundo párrafo —que impone a la Secretaría la obligación de comunicar la decisión de no otorgar a la Corte la información solicitada, si como resultado de las consultas se llega a dicha conclusión y no existan alternativas posibles—, una adición que determine la obligación de la Secretaría de agotar, en su caso, todas las alternativas previstas en los párrafos quinto y séptimo del artículo 72 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a fin de proteger los intereses de la nación mexicana.

VII. Dicha adición, no sólo es pertinente sino necesaria, considerando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 72, párrafo 4, prevé que si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva en términos de lo establecido en el párrafo 5 del referido artículo; a saber, mediante:

“a) La modificación o aclaración de la solicitud;

b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;

c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o

d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se presten la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las reglas de procedimiento y prueba.”

Lo anterior, con la finalidad de prever la participación de la Secretaría en procedimientos ulteriores que no se agotan con la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 52 y cuya actualización no debe excluirse, tales como nuevas consultas o comparecencias derivadas de la vista que, en su caso, se dé a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ante una negativa considerada infundada.

VIII. Se trata de un complejo de disposiciones reglamentarias que se sustenta en una justa y fundamental causa que responde a la cooperación plena y eficaz que el Estado mexicano debe brindar a la Corte con apego a los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte; de una ley que vendrá a establecer la posibilidad, si el Senado aprueba la solicitud que en tal sentido le formule el Ejecutivo Federal, de reconocer una jurisdicción superior, independiente de la nacional, que se encargará de resolver los litigios de naturaleza criminal que encierren elementos internacionales, por implicar la persecución y sanción de delitos graves que afectan bienes jurídicos cuya preservación interesa poderosamente a la comunidad internacional.

IX. Con el proyecto, en estudio, solamente se pretende dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo más eficazmente posible la cooperación del Estado mexicano sobre investigaciones que estén relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En ese orden de ideas, la ley que se expida armonizará con el principio de supremacía de nuestra Carta Magna; principio del que se deriva, a su vez, el de legalidad, conforme al cual, todo acto de autoridad contrario a la Constitución carece de valor jurídico, es decir, para que sea acorde con ese principio debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente; debe tener su apoyo estricto en una norma legal que sea conforme con las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Unico

Naturaleza, objeto y definiciones

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal Internacional en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de su competencia.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Corte: La Corte Penal Internacional establecida en virtud del Estatuto adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 y ratificado por el Estado mexicano el 28 de octubre de 2005. La expresión “Corte” engloba a cualquiera de los órganos que la integran de conformidad con su Estatuto;

II. Estado mexicano: Los Estados Unidos Mexicanos;

III. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;

V. Ministerio Público: El Ministerio Público competente;

VI. Estatuto: El Estatuto de la Corte Penal Internacional, y

VII. Juez de Distrito: El Juez competente para conocer de las solicitudes de cooperación que se tramiten de conformidad con la presente Ley.

Artículo 3. La cooperación del Estado mexicano con la Corte se realizará con apego a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte y lo dispuesto por la presente Ley.

Se entenderá por delitos de la competencia de la Corte los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como los delitos contra la administración de justicia que se cometan en el curso de sus procedimientos, de conformidad con su Estatuto.

Para todo aquello no previsto en el Estatuto o en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 4.Corresponde a la Secretaría recibir las solicitudes a que se refiere la presente Ley y coordinar con las autoridades competentes la respuesta que deba darse a las mismas. La Secretaría informará sin demora a la Corte del curso dado a sus solicitudes de cooperación y de las medidas para su ejecución.

Todas las autoridades cooperarán de manera plena con la Corte. Asimismo, atenderán de manera expedita las solicitudes que les sean notificadas por la Secretaría y proporcionarán a ésta los elementos necesarios para su atención.

La Secretaría no podrá, bajo ningún concepto, dilatar injustificadamente ningún trámite solicitado por la Corte.

Artículo 5. La Secretaría atenderá las solicitudes de cooperación de la Corte al Estado mexicano siempre que éstas se formulen en los términos que establece el Estatuto y estén acompañadas de los documentos que las justifiquen. En caso de que las solicitudes de cooperación no estén redactadas en idioma español, la Secretaría requerirá su respectiva traducción. Las solicitudes y documentos serán considerados auténticos y tendrán pleno valor sin necesidad de legalización, apostilla o cualquier otro requisito adicional.

En caso de urgencia, la Secretaría atenderá las solicitudes de la Corte, siempre que éstas hayan sido formuladas por cualquier medio capaz de dejar una constancia escrita. Cuando se recurra a dichos medios, la Secretaría deberá recabar la solicitud escrita lo antes posible.

TITULO II

DEL RECONOCIMIENTO DE JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Capítulo Primero

De las consultas preliminares con la Corte

Artículo 6. Cuando la Secretaría tenga conocimiento de que la Corte se encuentra analizando información o investigando hechos probablemente delictivos que sean de la jurisdicción del Estado mexicano de conformidad con las leyes aplicables, informará de inmediato a la Procuraduría anexando toda la información disponible a fin de que ésta determine si tales hechos han sido o están siendo objeto de investigación o enjuiciamiento, ya sea por autoridades federales o del fuero común de las entidades federativas.

La Procuraduría informará a la Secretaría, en un plazo no mayor a diez días naturales, sobre las investigaciones o procesos penales respecto de los hechos a que se refiere el párrafo que antecede que se estén llevando a cabo o que se hayan realizado, y le remitirá toda la información relevante.

En caso de que los hechos no hayan sido objeto de averiguación o proceso penal, la Secretaría presentará denuncia de hechos ante el Ministerio Público quien iniciará de inmediato la averiguación previa respectiva.

Artículo 7. La Secretaría informará a la Corte los casos en que las autoridades mexicanas estén llevando a cabo o hayan realizado investigaciones o procesos por hechos materia de jurisdicción del Estado mexicano, así como aquellos en que se hubiere iniciado la averiguación previa respectiva.

En los supuestos a que se refiere este Capítulo, la Secretaría, con la colaboración de la Procuraduría y demás autoridades competentes, solicitará a la Corte que se inhiba del conocimiento de los hechos probablemente constitutivos de delitos de su competencia y gestionará la aplicación del principio de complementariedad en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 17 del Estatuto.

Artículo 8. Recibida la solicitud de inhibición correspondiente por la Corte, ésta deberá abstenerse de proseguir en el conocimiento de los hechos materia de la investigación o enjuiciamiento que sean competencia de la jurisdicción del Estado mexicano, y que sus autoridades federales o del fuero común se encuentren diligenciando. La Corte comunicará a la Secretaría, con la debida oportunidad, el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 9. La Corte, en razón del principio de complementariedad previsto en el artículo 17 del Estatuto, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

I. Los hechos materia del mismo, sean objeto de una investigación o enjuiciamiento por parte de las autoridades federales o del fuero común en el Estado mexicano;

II. Los hechos que lo constituyan, hayan sido objeto de una investigación por parte de las autoridades federales o del fuero común en el Estado mexicano y éste haya decidido no incoar acción penal en contra de persona alguna;

III. Las personas o persona a quienes se imputa su consumación, hayan sido ya enjuiciadas por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto; y

IV. Los hechos materia del asunto de que se trate no sean de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por parte de la Corte.

Capítulo Segundo

De la autorización del Senado de la República

Artículo 10. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por:

I. Caso: Los hechos presuntamente delictivos que sean competencia del Estado mexicano de conformidad con la legislación aplicable.

II. Jurisdicción de la Corte: La etapa procesal a partir de la cual el Fiscal de la Corte notifique su decisión de iniciar una investigación de conformidad con el Estatuto.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal solicitará al Senado de la República su aprobación para el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, respecto de los Casos a que se refiere el artículo 10, fracción I de esta Ley, cuando la Corte haya establecido su jurisdicción respecto del Caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del citado artículo.

La Cámara de Senadores, para la debida substanciación de la solicitud de referencia, por conducto de la Junta de Coordinación Política, como órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución le asigna, determinará, precisamente, mediante un acuerdo, el procedimiento parlamentario que habrá de instruirse para resolver sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Para ello, su Mesa Directiva deberá convocar a la celebración de una sesión ordinaria exclusiva para la deliberación del asunto.

Artículo 12.La aprobación del Senado de la República deberá sustentarse en el voto de una mayoría absoluta de sus miembros presentes y tendrá únicamente el efecto de reconocer la jurisdicción de la Corte respecto del caso de que se trate.

Para el otorgamiento de la aprobación del Senado de la República, no será obstáculo que la admisibilidad de la causa por parte de la Corte haya sido impugnada y se encuentre pendiente de resolución.

La aprobación del Senado de la República respecto del reconocimiento de jurisdicción de la Corte del Caso de que se trate, faculta a la Secretaría para que, en coordinación con la Procuraduría y demás autoridades competentes, desahogue todo tipo de solicitudes de colaboración y ejecute todas las diligencias que solicite la Corte en relación con dicho Caso, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, la presente Ley y la legislación aplicable.

Cuando el Senado de la República no se pronuncie respecto de la solicitud de autorización en un plazo de treinta días, contados a partir de la recepción de la solicitud del Ejecutivo Federal, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte se entenderá en sentido afirmativo.

TITULO III

DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y ASISTENCIA CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Capítulo Primero

De los actos de cooperación y asistencia con la Corte y sus formalidades

Artículo 13. La Secretaría recibirá las solicitudes de cooperación y asistencia judicial que formule al Estado mexicano la Corte, a través de cualquiera de sus órganos y, previo análisis de su contenido, las transmitirá, en su caso, a la Procuraduría para que ésta gestione y promueva ante las autoridades competentes su ejecución conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14. Las solicitudes de cooperación y asistencia judicial, así como los actos realizados para darles cumplimiento serán de carácter reservado, salvo en la medida que resulte necesario para su ejecución. El acceso a la información sobre los mismos se regirá por las disposiciones del Estatuto y de manera supletoria, por la legislación aplicable en aquello que no se oponga al mismo.

Artículo 15. Las solicitudes de cooperación y asistencia judicial con la Corte podrán incluir:

I. La identificación y localización de personas u objetos;

II. La obtención y desahogo de pruebas de cualquier naturaleza;

III. La entrega, elaboración y transmisión de todo tipo de documentos, objetos y pruebas;

IV. El desahogo de testimonios de personas;

V. La notificación de documentos;

VI. La facilitación de la comparecencia voluntaria de personas ante la Corte;

VII. La detención, entrega y traslado provisional de personas de conformidad con las disposiciones del Estatuto y de la presente Ley;

VIII. La realización de inspecciones oculares, incluidas la exhumación de cadáveres y fosas comunes;

IX. La práctica de cateos y aseguramientos;

X. La preservación de pruebas;

XI. La protección de personas, en particular de víctimas y testigos;

XII. La ejecución de resoluciones y sentencias;

XIII. El tránsito de personas entregadas a la Corte por otro Estado;

XIV. El intercambio de información;

XV. La autorización de la presencia, durante la ejecución de una solicitud, de representantes de la Corte, y

XVI. Cualquier otro tipo de asistencia que no se encuentre prohibida por las leyes mexicanas.

Artículo 16. Las solicitudes de cooperación o asistencia judicial que se tramiten de conformidad con la presente Ley se ejecutarán en la forma, plazos y modalidades solicitados por la Corte, a menos que contravengan las formalidades esenciales del procedimiento en términos de la legislación aplicable.

Artículo 17. Cuando una solicitud de cooperación o asistencia judicial formulada por la Corte no pueda ser ejecutada en sus términos o ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, la Secretaría, previo acuerdo con la Procuraduría y las autoridades competentes, celebrará consultas con la Corte para identificar la forma más conveniente para superar las dificultades u obstáculos que puedan afectar el cumplimiento de la solicitud.

Artículo 18.Cuando una solicitud de cooperación o asistencia judicial de la Corte no pueda ser ejecutada por carecer de la información necesaria para ello, la Procuraduría comunicará tal hecho a la Secretaría, a fin de que ésta gestione la obtención de dicha información con la Corte.

Artículo 19. Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ley, solo podrá aplazarse el cumplimiento de las solicitudes de cooperación o asistencia judicial formuladas por la Corte, cuando:

I. Su ejecución interfiera con alguna investigación o proceso penal que se lleve a cabo ante una autoridad mexicana competente en relación con hechos distintos de aquellos que hayan motivado la solicitud de la Corte, o

II. La Corte no se haya pronunciado respecto de la admisibilidad de la causa en cuyo marco se realiza la solicitud. En este caso, la ejecución se realizará tan pronto como la causa sea declarada admisible.

Artículo 20. Las autoridades competentes que reciban solicitudes de cooperación y asistencia judicial formuladas por la Corte deberán ejecutarlas sin demora, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto y la presente Ley. No podrá invocarse la falta de procedimientos para justificar su incumplimiento y sólo podrá negarse su ejecución total o parcial cuando:

I. Implique la revelación de información que ponga en riesgo la seguridad nacional, de conformidad con la legislación aplicable;

II. Implique la violación de las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional respecto de la inmunidad de un Estado, la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un Estado, salvo que el Estado de que se trate haya renunciado de manera previa a dicha inmunidad o a la inmunidad de la persona, o

III. La Corte haya determinado definitivamente que el caso con el que se relaciona la solicitud es inadmisible.

Cuando se actualice alguna de las causales antes mencionadas, la autoridad competente, a través de la Procuraduría, informará a la Secretaría junto con las razones que justifiquen la denegación, para que ésta realice las consultas pertinentes con la Corte de conformidad con su Estatuto.

Capítulo Segundo

De la detención, entrega y tránsito de personas

Artículo 21. Para efectos del trámite y desahogo de la solicitud de la Corte para la detención y entrega de una persona, se aplicará lo dispuesto en esta Ley.

La Secretaría cursará la solicitud de detención y entrega de una persona, siempre que esté acompañada de los documentos en que se apoye la Corte para solicitarla y, además, contenga lo siguiente:

I. Los datos y antecedentes de la persona solicitada que permitan su identificación y los conducentes a su probable localización;

II. Copia de la orden de detención emitida por la Corte, en la que conste el delito por el que se pide la entrega, así como la información sobre los motivos que lleven a creer que la persona solicitada ha cometido dicho delito, y

III. Los demás requisitos que establece el Estatuto.

Cuando la solicitud de entrega se refiera a una persona que ha sido condenada por la Corte, la solicitud estará acompañada de una copia de la sentencia condenatoria.

Artículo 22. Cuando la persona cuya entrega solicite la Corte tenga un proceso penal pendiente en el territorio nacional por hechos distintos de los que motiven la solicitud, o bien, se encuentre compurgando una sentencia por delitos distintos a aquéllos por los que se solicita su entrega a la Corte, ésta podrá ser diferida hasta que las autoridades competentes concluyan el proceso de que se trate o dicha persona cumpla con su condena.

Artículo 23. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez de Distrito, a petición del Ministerio Público, previa la celebración de consultas de la Secretaría con la Corte, podrá autorizar la entrega temporal de una persona sujeta a un proceso penal o que se encuentre compurgando una sentencia condenatoria en territorio nacional, a fin de que enfrente ante la Corte los cargos que se le imputan siempre que dicha Corte se comprometa a:

I. Que la persona será devuelta a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que concluya el procedimiento para el que fue entregada;

II. Que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas distintas a aquélla que constituya la base del delito por el que fue entregada;

III. Que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, la persona será custodiada en todo momento, y

IV. Cualquier otra condición que acuerden de manera expresa las autoridades competentes por conducto de la Secretaría y la Corte.

Una vez escuchada la persona cuya entrega temporal se solicite, el Juez de Distrito resolverá lo conducente, teniendo en cuenta el Estatuto y las disposiciones aplicables.

El tiempo que la persona entregada temporalmente a la Corte haya permanecido detenida por ésta, se computará para el cumplimiento de la pena que se le haya impuesto en territorio nacional.

En su caso, la entrega temporal de una persona a la Corte de conformidad con el presente artículo, suspenderá el proceso penal que enfrente en el territorio nacional hasta su devolución al Estado mexicano, e interrumpirá el plazo de la prescripción para el ejercicio de la acción penal.

Artículo 24. En los casos en que la persona solicitada con fines de entrega por la Corte sea también pedida en extradición por uno o más Estados por la misma conducta que constituya la base del procedimiento ante dicha Corte, la Secretaría hará del conocimiento de la Corte y del o los Estados requirentes la concurrencia de solicitudes.

En la tramitación de solicitudes concurrentes se observarán las siguientes reglas y la persona será entregada:

I. A la Corte, cuando la causa de que se trate haya sido declarada admisible por ésta con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, y en la resolución sobre admisibilidad se haya tomado en consideración la investigación o enjuiciamiento que se lleve a cabo en el o los Estados requirentes, siempre que esos Estados sean Parte del Estatuto;

II. A la Corte, cuando la causa de que se trate haya sido declarada admisible por ésta a consecuencia de la concurrencia de solicitudes y los Estados requirentes sean Parte del Estatuto, o

III. Al Estado con jurisdicción sobre el delito, cuando dicho Estado no sea Parte del Estatuto, la petición sea procedente conforme al tratado internacional del que México sea Parte y la Corte no haya declarado la admisibilidad de la causa.

Cualquier otro caso se resolverá con apego a lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto, para lo cual el Juez de Distrito solicitará la opinión de la Secretaría.

Artículo 25. En casos de urgencia, cuando la Corte solicite la detención provisional de una persona con miras a su entrega o a la adopción de medidas precautorias apropiadas respecto de ella, dicha detención o medidas podrán ser acordadas siempre que la solicitud contenga información sobre la persona buscada, así como los datos que permitan su probable localización; la expresión del delito por el cual se solicita la detención; la manifestación de que existe en contra de la persona una orden de detención o sentencia condenatoria emitida por la Corte; una declaración de que se presentará solicitud formal de entrega de la persona buscada, y los demás requisitos que establezca el Estatuto.

La Secretaría transmitirá la petición a la Procuraduría, la que de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda que dicte la orden de detención provisional con fines de entrega o las medidas precautorias que procedan de conformidad con el Estatuto.

El Juez de Distrito que conozca de la detención provisional resolverá respecto de la medida solicitada dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Artículo 26. Si dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya realizado la detención a que se refiere el artículo anterior, la Corte no presenta la petición formal de entrega a la Secretaría, se levantarán de inmediato las medidas precautorias que hayan sido impuestas y la persona detenida será puesta en inmediata libertad.

El Juez de Distrito que conozca del asunto notificará a la Secretaría el cómputo del plazo a que se refiere este artículo, para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la Corte.

El hecho de que una persona haya sido puesta en libertad de conformidad con el presente artículo no obstará para que sea nuevamente detenida si se recibe con posterioridad la solicitud de entrega de la Corte y los documentos que justifiquen dicha entrega.

Artículo 27. La persona detenida con fines de entrega podrá, en cualquier etapa del procedimiento, expresar por escrito su consentimiento de entrega a la Corte. En tal caso, el Juez de Distrito se cerciorará de que la persona se hace sabedora de los alcances de dicho consentimiento y emitirá su resolución en un plazo de tres días hábiles.

Artículo 28.Recibida la solicitud de entrega, la Secretaría la enviará a la Procuraduría junto con los documentos que la justifiquen, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, promueva ante el Juez de Distrito competente que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención de la persona, así como, en su caso, el aseguramiento de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder relacionados con el delito imputado, que puedan ser elementos de prueba o puedan garantizar la reparación del daño, cuando así lo hubiere pedido la Corte. Dichas medidas deberán ser emitidas por el Juez de Distrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud.

Artículo 29.Conocerá del caso el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre la persona buscada. Cuando se desconozca el paradero de ésta, será competente el Juez de Procesos Penales Federales en turno del Distrito Federal.

Artículo 30.La persona detenida con fines de entrega a la Corte no gozará del beneficio de la libertad provisional bajo caución mientras se decide su entrega.

Artículo 31. Los jueces de Distrito podrán ser recusados, cuando:

I. Tengan parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna de las víctimas de los hechos materia de la solicitud de aprobación del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte;

II. Tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tengan interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

IV. Acepten presentes o servicios de alguno de los interesados en el asunto;

V. Hagan promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de aquellas personas a quienes se impute la autoría o responsabilidad de los hechos delictivos materia del asunto, o de alguna de éstas, de sus representantes, patronos o defensores, o amenace de cualquier modo a alguno de ellos;

VI. Sean acreedores, deudores, socios, arrendadores o arrendatarios, dependientes o principales de alguno de los interesados en los hechos delictivos materia de la solicitud; o

VII. En cualquier otra causa análoga a las anteriores.

Artículo 32. Las cuestiones de competencia se resolverán en los términos que el Código Federal de Procedimientos Penales establece para resolver las que se presentan en los juicios ordinarios federales en materia penal.

Artículo 33. Una vez detenida la persona solicitada, se le hará comparecer sin demora ante el respectivo Juez de Distrito, quien además de darle a conocer el contenido de la solicitud de entrega y los documentos que la acompañen, determinará si:

I. La orden le es aplicable;

II. La detención se llevó a cabo conforme a derecho, y

III. Se han respetado los derechos del detenido.

La determinación del Juez será comunicada a la Corte para los efectos a que haya lugar dentro del procedimiento instaurado ante la misma.

En la misma audiencia el detenido será oído en defensa y podrá nombrar defensor. En caso de no tenerlo y desear hacerlo, se le presentará una lista de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez de Distrito lo hará en su lugar.

El detenido podrá solicitar al Juez de Distrito se difiera la celebración de la diligencia hasta en tanto su defensor acepte, cuando éste no se encuentre presente en el momento del discernimiento del cargo. De ser el caso y en la misma audiencia se fijará de inmediato la fecha de la nueva audiencia.

El detenido podrá reservarse su derecho a declarar.

Artículo 34. El detenido dispondrá hasta de tres días hábiles contados a partir de que concluya la audiencia a que se refiere el artículo anterior para oponer excepciones, las que únicamente podrán ser:

I. La de ser distinta persona de aquélla cuya entrega se solicita;

II. La de cosa juzgada, o

III. La de falta de aprobación del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte respecto del Caso de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

La persona solicitada dispondrá de veinte días hábiles para probar sus excepciones. El Juez podrá ampliar este plazo hasta por cinco días más en caso necesario, dando vista al Ministerio Público. Dentro del mismo plazo, el Ministerio Público podrá rendir las pruebas que estime pertinentes.

En caso de que el detenido oponga la excepción de cosa juzgada, el Juez de Distrito, enviará toda la información pertinente a la Secretaría, a fin de que ésta consulte con la Corte y le informe dentro de los diez días hábiles siguientes si dicha Corte ha emitido declaración de admisibilidad. En caso de que la Corte ya hubiere declarado la admisibilidad de la causa, se procederá a la entrega del detenido.

Mientras la Corte no decida sobre la admisibilidad de la causa, el Juez de Distrito aplazará la ejecución de la solicitud de entrega.

Artículo 35. Concluido el término a que se refiere el artículo 34 o antes si estuvieren desahogadas las actuaciones necesarias, el Juez de Distrito resolverá sobre la entrega de la persona solicitada por la Corte dentro de los cinco días hábiles siguientes. En su resolución, el Juez de Distrito tomará en consideración las disposiciones aplicables, incluyendo el Estatuto.

Una vez resuelta la entrega de la persona solicitada, el Juez de Distrito notificará su resolución al reclamado y a la Secretaría.

Artículo 36. Si dentro del término fijado en el artículo 34 la persona solicitada no opone excepciones o consiente expresamente su entrega, el Juez de Distrito procederá a emitir su resolución, sin más trámite, en un plazo de tres días hábiles.

Artículo 37. Las resoluciones del Juez de Distrito no admitirán recurso alguno. Contra la resolución que determine la entrega de la persona solicitada por la Corte, solo procederá el juicio de amparo.

El Juez de Distrito ordenará que se le entregue la persona solicitada a la Corte requiriendo a la Secretaría para que realice el trámite respectivo.

Artículo 38. La entrega de la persona solicitada se efectuará por la Procuraduría al personal autorizado de la Corte, en la forma que la Secretaría acuerde con ésta, previo aviso a la Secretaría de Seguridad Pública.

La intervención de las autoridades mexicanas cesará en el momento en que la persona haya sido recibida en custodia por el personal de la Corte.

Artículo 39. La persona entregada a la Corte por el Estado mexicano, no podrá ser procesada, detenida o sancionada por hechos distintos a aquellos que constituyan la base del delito por el que se haya solicitado su entrega.

El Estado mexicano podrá otorgar su consentimiento para que la persona entregada pueda ser juzgada por la Corte por delitos diversos a los que hubieren motivado su entrega. El Ministerio Público deberá presentar ante el Juez de Distrito que haya ordenado la entrega de la persona de que se trate la solicitud correspondiente, quien resolverá dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de la presentación de la solicitud.

Artículo 40.Previa solicitud, la Secretaría, de conformidad con la presente Ley y las condiciones que acuerde con la Corte, autorizará el tránsito de personas entregadas a la Corte por otros Estados a través del territorio nacional, y gestionará ante las autoridades competentes que otorguen las facilidades necesarias para que dicho tránsito se realice sin interrupciones.

La Secretaría dará curso a las solicitudes de tránsito que presente la Corte, siempre que contengan una descripción de la persona que será transportada, una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación, así como copia de la orden de detención y entrega respectiva.

Las personas cuya entrega haya sido solicitada por la Corte quedarán bajo custodia del Estado mexicano durante su tránsito por territorio nacional. La entrega física de las personas en tránsito se realizará en los términos que acuerden la Secretaría y la Corte.

No se requerirá de autorización cuando la persona sea transportada por la vía aérea y la aeronave en que viaje no prevea aterrizar en territorio nacional.

En caso de aterrizaje imprevisto, la Secretaría, al momento de que conozca de éste, solicitará a la Corte remita de inmediato la solicitud de tránsito respectiva y los documentos de apoyo. La persona de que se trate será entregada a la Corte de conformidad con lo que establece el Estatuto.

El hecho de que la persona en tránsito sea puesta en libertad de conformidad con el Estatuto no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada a la Corte, una vez que la Secretaría reciba la solicitud respectiva y los documentos de apoyo.

Capítulo Tercero

De las otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 41. La Secretaría, previa consulta con la Procuraduría, podrá autorizar la presencia de personal de la Corte en las diligencias de que se trate.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría, con base en lo dispuesto por el artículo 99 del Estatuto y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento que establecen las disposiciones aplicables, en coordinación con las autoridades competentes, acordará las modalidades a que se sujetará la participación del personal de la Corte en la ejecución de solicitudes. La Secretaría transmitirá a la Corte las modalidades acordadas.

Artículo 42. Para el desahogo de solicitudes relativas al interrogatorio de personas que se encuentren en territorio nacional, la Secretaría requerirá que la solicitud cuente con la información siguiente:

I. El nombre de la persona cuyo interrogatorio solicita y los datos que permitan su localización.

II. El pliego de preguntas que deberá responder durante la diligencia, y

III. Cualquier otro aspecto relevante para la ejecución de la solicitud.

La Secretaría enviará la solicitud y los documentos de apoyo a la Procuraduría para efectos de su ejecución.

Cuando la Corte solicite el interrogatorio de una persona que está siendo investigada por la comisión de uno o más delitos de su competencia, lo hará constar en la solicitud a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, a fin de que la persona en cuestión sea notificada de ese hecho conforme al Estatuto y la legislación aplicable.

Artículo 43. Las solicitudes de la Corte por las que se requiera el otorgamiento de facilidades para la comparecencia voluntaria de probables víctimas, de testigos o de expertos, a fin de que sean interrogados directamente por la Corte en su sede o el lugar en que se encuentre reunida, serán tramitadas por la Secretaría siempre que estén acompañadas de la información sobre la persona en cuestión y de los datos que permitan su localización.

La Secretaría transmitirá la solicitud a la Procuraduría, a fin de que proceda a localizar a la persona de que se trate.

La probable víctima, el testigo o el experto recibirán la información disponible sobre la solicitud de comparecencia y tendrán derecho a decidir libremente si comparecen ante la Corte.

De proceder la comparecencia voluntaria, la Secretaría pedirá a las autoridades competentes que otorguen la asistencia necesaria para que la probable víctima, el testigo o experto pueda trasladarse al lugar acordado y exigirá a la Corte las siguientes garantías:

I. Que la probable víctima, el testigo o el experto no será detenido, procesado o sometido a ninguna forma de restricción de su libertad con motivo de actos u omisiones en que haya incurrido antes de su salida del territorio nacional;

II. Que la probable víctima, el testigo o el experto será regresado al país tan pronto como sea posible, de conformidad con los arreglos acordados con la Corte, y

III. Cualquier otra garantía que las autoridades mexicanas consideren necesaria.

Artículo 44.Cuando la Corte solicite el traslado provisional de una persona detenida en el país, con el fin de que sea identificada o para que preste testimonio o asistencia de alguna otra índole, la Secretaría requerirá a la autoridad competente, por conducto de la Procuraduría, que informe de ello a la persona solicitada. El traslado podrá realizarse siempre que:

I. El detenido otorgue su libre consentimiento por escrito, y

II. Las autoridades competentes expresen su conformidad con el traslado provisional.

De reunirse los requisitos anteriores, la Secretaría solicitará a la Corte las siguientes garantías:

I. Que la persona será devuelta a las autoridades mexicanas inmediatamente después de que se cumplan los fines para los cuales sea trasladada;

II. Que la persona no será procesada, castigada o detenida por conductas anteriores a su salida del territorio nacional;

III. Que durante el tiempo que permanezca a disposición de la Corte, la persona trasladada será custodiada en todo momento, y

IV. Cualquier otra condición que la Secretaría acuerde de manera expresa con la Corte.

Artículo 45. Las solicitudes para la realización de cateos se presentarán ante la Secretaría, la cual las transmitirá a la Procuraduría siempre que contengan lo siguiente:

I. Descripción de los hechos de los que deriva la solicitud, incluyendo los elementos que justifiquen que se trata de un delito de la competencia de la Corte;

II. Copia de la decisión de la Corte ordenando la diligencia;

III. La relación entre los objetos que se buscan con el asunto de que se trate y la necesidad de la diligencia;

IV. La ubicación del lugar en el que deberá realizarse el cateo o, en su defecto, datos concretos que permitan su ubicación;

V. Una descripción del o de los objetos que se buscan, y

VI. Toda aquella información que la Corte considere relevante y pueda asistir a las autoridades mexicanas en la ejecución de la solicitud.

Una vez que la Procuraduría reciba la solicitud de cateo, realizará las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito que corresponda para su ejecución, conforme a las normas aplicables.

Artículo 46.Las solicitudes de la Corte para la identificación, localización y aseguramiento de bienes objeto, producto o instrumento del delito, con miras a su ulterior decomiso, se presentarán ante la Secretaría, la cual las transmitirá a la Procuraduría, siempre que contengan:

I. Las razones que llevan a pensar que los bienes cuya identificación, localización o aseguramiento se solicite, están relacionados con la comisión de un delito competencia de la Corte, identificando concretamente el delito de que se trata;

II. Copia de la decisión de la Corte ordenando la diligencia;

III. Una descripción de los bienes en cuestión, así como datos concretos que faciliten su identificación y localización;

IV. El nombre de las personas en cuyo poder puedan encontrarse los bienes, así como todos aquellos datos que faciliten su localización, y

V. El lapso aproximado durante el cual los bienes permanecerán asegurados, así como las especificaciones sobre cualquier tratamiento que deba aplicarse a su cuidado y conservación.

Una vez que la Procuraduría reciba la solicitud de cateo, realizará las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito que corresponda para su ejecución, conforme a las normas aplicables.

Artículo 47. El aseguramiento de bienes, objeto, producto o instrumento del delito, con motivo de la ejecución de las solicitudes a que se refieren los dos artículos anteriores, se realizará sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Los bienes asegurados se pondrán a disposición de la Corte para los efectos del proceso correspondiente; dichos bienes podrán ser administrados por la autoridades mexicanas, en términos de las disposiciones legales aplicables a la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales, en tanto se resuelve sobre su decomiso o devolución a quien corresponda.

Artículo 48.Cuando la Corte solicite la adopción de medidas de protección de probables víctimas de delitos, o bien, de testigos o expertos que puedan contribuir al desarrollo de sus investigaciones y procedimientos, la Secretaría, tomando en consideración la opinión de las autoridades competentes, acordará con dicha Corte las modalidades y su alcance. Para tal efecto, la Secretaría coordinará las acciones necesarias y, en la medida de lo posible, tomará en cuenta la opinión de los beneficiarios.

Las medidas instrumentadas de conformidad con el presente artículo deberán estar encaminadas a garantizar la seguridad, la integridad física y psíquica, la dignidad y la vida privada de las personas a quienes van dirigidas, teniendo presente la gravedad de los delitos de la competencia de la Corte y el artículo 68 de su Estatuto.

Artículo 49. Cuando la Corte solicite la notificación de citatorios, órdenes de comparecencia u otros documentos, la Secretaría transmitirá a la Procuraduría la solicitud acompañándola de la información recibida, misma que comprenderá:

I. El nombre de la persona a notificar y los datos que permitan su localización;

II. El objeto de la solicitud;

III. Los citatorios, órdenes o documentos a notificar, y

IV. Cualquier otra información relevante para la ejecución de la notificación.

La Procuraduría tramitará la ejecución de la solicitud ante el Juez de Distrito que corresponda.

Capítulo Cuarto

De la ejecución en territorio nacional de penas privativas de libertad dictadas por la Corte

Artículo 50. La Secretaría podrá manifestar el acuerdo del Estado mexicano para recibir sentenciados por la Corte en Centros Federales de Readaptación Social, a fin de que cumplan la pena privativa de libertad que le haya sido impuesta.

Para ejercer esta facultad, las autoridades competentes comunicarán su aceptación a la Secretaría, junto con aquellas condiciones a que sujeten la aceptación de sentenciados.

La Secretaría comunicará lo anterior a la Corte y, de aceptar ésta las condiciones fijadas, la ejecución de la pena privativa de libertad en territorio nacional se realizará con apego a lo siguiente:

I. Las autoridades mexicanas no podrán modificar, bajo ninguna circunstancia, la pena impuesta por la Corte;

II. Toda cuestión relativa a revisiones o reducciones que pueda presentar el sentenciado deberá ser transmitida inmediatamente, por conducto de la Secretaría, a la Corte, a fin de que decida sobre su procedencia;

III. La ejecución de la pena estará sujeta a la supervisión de la Corte y las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para permitir dicha supervisión;

IV. La comunicación entre el sentenciado y la Corte será irrestricta y confidencial. Las autoridades penitenciarias deberán otorgar las facilidades necesarias para asegurar dicha comunicación;

V. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado mexicano no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega a México, a menos que la Corte lo autorice;

VI. Cuando la Corte lo solicite, el sentenciado será puesto sin demora a disposición de las autoridades designadas por dicha Corte para llevar a cabo diligencias judiciales o para continuar el cumplimiento de su pena en otro país, y

VII. Las demás condiciones que determinen las autoridades competentes y sean conformes con el Estatuto.

Las condiciones generales de internamiento se regirán por la legislación aplicable.

Una vez cumplida la pena, el sentenciado, en caso de ser extranjero, podrá, de conformidad con la legislación aplicable, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta su voluntad de ser trasladado a éste, a menos que el Estado mexicano le autorice permanecer en el territorio.

Una vez cumplida la pena, el Estado mexicano podrá, de conformidad con la legislación aplicable, extraditar al sentenciado a un Estado que haya pedido su extradición para someterlo a juicio o para que cumpla una pena. En caso de que dicha solicitud de extradición sea por una conducta anterior a la entrega del sentenciado por parte de la Corte al Estado mexicano, la Secretaría solicitará a la Corte la aprobación de la extradición. Dicha aprobación no será necesaria si el sentenciado permanece de manera voluntaria por más de treinta días naturales en territorio mexicano después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte, o si regresa al territorio mexicano después de haber salido de éste.

Capítulo Quinto

De la ejecución de órdenes de reparación a víctimas

Artículo 51. Las órdenes definitivas de reparación a víctimas dictadas por la Corte con cargo al sentenciado, de conformidad con el Estatuto, serán ejecutadas por las autoridades competentes con apego a lo siguiente:

I. Si se trata del pago de una cantidad monetaria concreta, la orden se hará efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución. El Juez de Distrito, a solicitud de la Procuraduría, remitirá a la autoridad fiscal que corresponda copia de la sentencia condenatoria para que se haga efectivo tal importe.

II. El producto de la ejecución de las órdenes a que se refiere la fracción anterior se pondrá a disposición del Juez de Distrito quien, de ser posible, hará comparecer a quien tenga derecho a él para hacerle entrega inmediata del importe, o bien, transferirá tal importe al fondo creado por la Corte de conformidad con el artículo 79 del Estatuto, según se señale en la orden que se ejecute.

III. Si se trata de órdenes de restitución y sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción IV del presente artículo, la Procuraduría solicitará al Juez de Distrito su ejecución de conformidad con las normas aplicables en la materia.

IV. No podrá modificarse el alcance de la orden ni destinarse los recursos obtenidos a un fin distinto del ordenado por la Corte.

V. Se dará prioridad a la ejecución de las órdenes de reparación a víctimas.

VI. Si se trata de órdenes de rehabilitación, se seguirán los lineamientos y recomendaciones emitidos por la Corte.

Cuando la naturaleza y alcance de la orden de reparación dificulte su ejecución en la forma solicitada por la Corte o el sentenciado carezca de medios para solventar su responsabilidad, las autoridades competentes lo comunicarán a la Secretaría, a fin de que ésta inicie consultas sobre el tema con la Corte.

Capítulo Sexto

De la ejecución de multas y órdenes de decomiso

Artículo 52. Las sentencias definitivas emitidas por la Corte de conformidad con su Estatuto, que impongan multas, serán ejecutadas por las autoridades competentes a través del procedimiento administrativo de ejecución. El Juez de Distrito, a solicitud de la Procuraduría, remitirá a la autoridad fiscal que corresponda copia de la sentencia condenatoria para que se haga efectivo tal importe.

El producto de la ejecución de las multas a que se refiere el presente artículo se pondrá a disposición del Juez de Distrito, el que ordenará se transfiera tal importe a la Corte según se señale en la orden que se ejecute.

Las autoridades competentes no podrán modificar el alcance de la orden o destinar a un fin distinto del ordenado por la Corte los recursos obtenidos por concepto de ejecución de multas.

Artículo 53. Las sentencias definitivas de la Corte que ordenen el decomiso de bienes u objetos se ejecutarán con apego a lo siguiente:

I. La Secretaría transmitirá la orden de la Corte a la Procuraduría para que ésta, de conformidad con la legislación aplicable, realice las gestiones y promociones necesarias ante el Juez de Distrito competente. Las autoridades encargadas de la ejecución de las órdenes de decomiso se ajustarán a los términos de la orden emitida por la Corte;

II. Los bienes objeto, producto o instrumento del delito cuyo decomiso se ordene serán entregados de conformidad con la orden.

III. Cuando no sea posible disponer, en los términos señalados por la orden de la Corte, de los bienes producto del delito respecto de los cuales se ordena su decomiso, y la naturaleza jurídica y características de los mismos lo permitan, el Juez de Distrito podrá ordenar su sustitución mediante el decomiso de bienes de valor equivalente. En estos casos, los bienes decomisados serán vendidos a través de los procedimientos previstos por las disposiciones legales aplicables a la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales, en términos de las disposiciones aplicables, y el producto de su venta será entregado en los términos que determine la orden de la Corte.

IV. Cuando no sea posible ejecutar la orden en sus términos ni recuperar su valor conforme a la fracción anterior, las autoridades competentes lo harán del conocimiento de la Secretaría, a fin de que lleve a cabo consultas con la Corte.

Articulo 54. La ejecución de multas, decomisos y órdenes de reparación emitidas por la Corte se realizará dejando a salvo los derechos de terceros de buena fe.

Capítulo Séptimo

De la protección de información que afecte la seguridad nacional o haya sido recibida a título confidencial

Artículo 55. Cuando la autoridad competente, para producir o transmitir información solicitada por la Corte, considere que la misma afecta la seguridad nacional, lo informará de inmediato a la Secretaría y ésta al Consejo de Seguridad Nacional para que analice la solicitud de información de la Corte y determine, de conformidad con la legislación aplicable, si dicha solicitud puede ser cumplida de manera parcial o de alguna otra forma.

Si como resultado de las consultas se llega a la conclusión de abstenerse de otorgar a la Corte la información y de que no existen alternativas posibles, la Secretaría comunicará tal decisión a la Corte. La Secretaría deberá, en su caso, agotar todas las alternativas previstas en los párrafos quinto y séptimo del artículo 72 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a fin de proteger los intereses de la nación mexicana.

Artículo 56. Cuando la Corte solicite la transmisión de información que haya sido entregada a las autoridades nacionales, a título confidencial o reservado, ya sea por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional, antes de proceder a su entrega, las autoridades correspondientes deberán recabar la autorización de los proveedores de dicha información.

De no obtener el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad competente lo informará a la Secretaría, la que a su vez comunicará a la Corte la imposibilidad de cumplir con su solicitud.

Capítulo Octavo

De la cooperación de la Corte con las autoridades nacionales

Artículo 57. Las autoridades competentes podrán solicitar la cooperación de la Corte cuando consideren que dicha cooperación contribuye a la investigación o a la tramitación de juicios instaurados en el territorio nacional.

La solicitud de cooperación, acompañada de todos los elementos necesarios para facilitar su ejecución, será transmitida a la Secretaría para que por su conducto se haga llegar a la Corte.

Capítulo Noveno

De los gastos

Artículo 58. Los gastos ordinarios que se originen con motivo del cumplimiento de solicitudes de cooperación y asistencia judicial previstas en la presente Ley, serán sufragados por las autoridades bajo cuya responsabilidad recaiga la ejecución de la solicitud, de conformidad con sus respectivos presupuestos aprobados.

Artículo 59. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la ejecución de una solicitud de cooperación o de asistencia judicial genere gastos de naturaleza extraordinaria, las autoridades competentes lo informarán a la Secretaría para que gestione con la Corte el pago de dichos costos.

Para efectos del presente artículo se entenderá que constituyen gastos extraordinarios los siguientes:

I. Los que genere el traslado de cualquier persona;

II. Los que genere la traducción, interpretación y transcripción de documentos mayores a 25 páginas;

III. La producción de dictámenes periciales;

IV. La administración por autoridades mexicanas de los bienes asegurados en términos del artículo 47 de esta Ley, y

V. Los demás de naturaleza similar que determinen las autoridades encargadas de ejecutar la solicitud.

TITULO IV

DIFUSION Y CAPACITACION

Capítulo Unico

Artículo 60. A fin de facilitar el conocimiento del Estatuto y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste y las previstas en la presente Ley, las autoridades competentes tomarán todas las medidas que sean necesarias para que en los programas de capacitación de los servidores públicos encargados de cumplirla se incluyan secciones destinadas a su estudio y análisis. Asimismo, podrán invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que presenten propuestas.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción II BIS al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50....

I. a II. ....

II. BIS. De los procedimientos a que se refiere la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

III. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las acciones y gastos ordinarios derivados de la aplicación del presente Decreto que correspondan a las instancias y autoridades competentes en materia de cooperación y asistencia judicial con la Corte Penal Internacional, se ejecutarán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 40 BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS;
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 bis a la Ley de Aguas Nacionales.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de febrero de 2009 los senadores Antonio Mejía Haro, Silvano Aureoles Conejo, Claudia Corichi García y Rubén Velázquez López integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 40 bis a la Ley de Aguas Nacionales.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural,Reforma Agraria y Estudios Legislativo, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. A fin de realizar el adecuado estudio de la Iniciativa, las suscritas Comisiones Unidas, realizaron diversas reuniones para la discusión de la misma.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos de la Iniciativa que se dictamina establece entre otros argumentos, los siguientes:

a) Que los usos del agua de manera indiscriminada y sin el ordenamiento adecuado, ha provocado graves daños al ambiente y a la sustentabilidad de este recurso vital.

b) Que México enfrenta problemas serios para el aprovisionamiento de agua para los diferentes usos, casi la mitad de las aguas superficiales en lagos y ríos están contaminadas; de 635 acuíferos del país, 115 están sobre explotados.

c) Que en diversas regiones del país, los volúmenes de agua concesionados superan en escurrimiento y la recarga de los acuíferos, situación que genera escasez del recurso, conflicto entre los usuarios y efectos perjudiciales en muchos casos irreparables al medio ambiente.

Deriva de lo anterior, la necesidad de que los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, sean actualizados periódicamente por lo menos cada quince años, y que se sustenten en estudios técnicos recientes de disponibilidad de agua superficial en la cuenca hidrológica o de agua subterránea en la unidad hidrogeológica, conforme a la Norma Oficial Mexicana vigente para la conservación del recurso del agua. Por lo que en opinión de los promoventes es menester adecuar la Ley de Aguas Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los CC. Senadores se encuentran legitimados para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- El artículo 27 párrafo quinto de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa,a la letra señala:

“Artículo 27. …

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

…”

Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo que establece el artículo 73 en su fracción XVII:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

Las comisiones dictaminadoras, concuerdan ampliamente con el ánimo legislativo de los promoventes, en virtud de que es necesario que se realicen acciones tendentes a la protección del recurso no renovable y vital para la vida, denominado agua.

TERCERA.- De acuerdo a la fracción LXV del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, se entenderá por zona de veda: “aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.

De lo anterior, se desprende que el decretar una zona de veda, surge de la necesidad de proteger el vital líquido, para asegurar que las fuentes de donde se obtiene no sean sobreexplotadas y se den en condiciones que permitan su recarga.

CUARTA.- Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; asimismo, no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTA.- No obstante lo anterior, se recibió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales opinión de la iniciativa que se dictamina, por lo que las Comisiones se abocaron a atender y ver la viabilidad de las sugerencias hechas por la dependencia de la Administración Pública Federal, en la que señalan que es necesario que se modifique el tiempo de actualización de los decretos de veda para que sea de quince a veinte años, en razón de que no es factible que se llegue a restablecer el equilibrio ecológico de un acuífero en sólo quince años. Sugerencia que después de hacer una valoración, las comisiones unidas deciden desestimarlas en virtud de que el tiempo que se propone es excesivo.

SEXTA.- Las comisiones que dictaminan, consideramos viable la iniciativa presentada por los citados legisladores y concordamos con el propósito de la misma, sin embargo es necesario que se modifique el tiempo para que se actualicen los decretos por los cuales se modifiquen, supriman o establezcan zonas de veda, en virtud de la importancia que tiene el cuidado del agua, que como sabemos es un recurso escaso y vital para la vida, por lo que se propone que el tiempo sea de diez años y no de quince como se propuso en una primera instancia.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Las comisiones dictaminadoras que suscriben el presente Dictamen, después de hacer una valoración y un análisis exhaustivo de la Iniciativa, concuerdan con elpropósito de los promoventes, en razón de que resulta de primera necesidad que se tomen acciones para proteger el líquido vital.

Sin embargo y con el único fin de enriquecer tan noble proyecto, se propone la siguiente modificación a la Iniciativa, considerando las observaciones realizadas por la dependencia de la Administración Pública Federal.

En el mismo sentido, de acuerdo a la discusión vertida y en función a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Agua Nacionales, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 37.- Los estudios de disponibilidad media anual del agua deberán considerar la programación hidráulica, los derechos inscritos en el "Registro", así como las limitaciones que se establezcan en las vedas, reglamentaciones y reservas a que se refiere la "Ley" y este "Reglamento". Los estudios deberán ser revisados por lo menos cada seis años.

Los resultados de los estudios de disponibilidad se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. La información respectiva podrá ser consultada por los interesados en las oficinas de "La Comisión", en la cuenca o entidad correspondiente.”

Las dictaminadoras acordaron establecer en diez años el periodo para actualizar el establecimiento, modificación o supresión de las zonas de veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo.

Las comisiones unidas, estimamos pertinente que exista una coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la realización de los estudios técnicos, así como lanecesidad de que los usuarios se involucren en los mismos, en virtud de que se obtendría un mayor compromiso y por consecuencia mejores beneficios en el manejo responsable e integral del agua.

Atendiendo a la técnica legislativa, se modifica la redacción del artículo que se propone, con el único objeto de dotarlo de claridad y así evitar interpretaciones erróneas.

Dice

Debe decir

Artículo 40 Bis.- Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, deberán ser actualizados periódicamente por lo menos cada quince años, y estar soportados con estudios técnicos recientes de disponibilidad de agua superficial en la cuenca hidrológica o de agua subterránea en la unidad hidrogeológica conforme a la Norma Oficial Mexicana vigente para la conservación del recurso agua.

Artículo 40 Bis.- Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ya sean superficiales o del subsuelo, deberán sustentarse con estudios técnicos de disponibilidad de agua, los cuales deberán:

I. Actualizarse por lo menos cada diez años;

II. Realizarse en coordinación de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y los usuarios, conforme lo establezca la ley de la materia; y

III. Publicarse en el Diario Oficial de la Federación, diez días naturales previos a la emisión, modificación o supresión del decreto de veda.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de estudio y análisis del presente dictamen es jurídica y legislativamente viable, por lo que se someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 40 Bis.- Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ya sean superficiales o del subsuelo, deberán sustentarse con estudios técnicos de disponibilidad de agua, los cuales deberán:

I. Actualizarse por lo menos cada diez años;

II. Realizarse en coordinación de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y los usuarios, conforme lo establezca la ley de la materia; y

III. Publicarse en el Diario Oficial de la Federación, diez días naturales previos a la emisión, modificación o supresión del decreto de veda.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos, que adiciona el artículo 41 y se reforman los artículos 41, 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS PUBLICOS; SE ADICIONA UN INCISO O) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 41 Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 41, FRACCION II, INCISO N), 80 Y 81 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 3 de marzo de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento y Administración de los Donativos Públicos y se adiciona un inciso ñ) a la fracción II del artículo 41 y se derogan los artículos 10, 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remitida por los H. Senadores Minerva Hernández Ramos, René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de las Iniciativas que a continuación se mencionan y conforme a las deliberaciones y del análisis que de las mismas realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente

D I C T A M E N

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 3 de marzo de 2009, los Senadores Minerva Hernández Ramos, René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento y Administración de los Donativos Públicos y se adiciona un inciso ñ) a la fracción II del artículo 41 y se derogan los artículos 10, 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, la Iniciativa con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Los CC Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

En La Iniciativa que nos ocupa se propone establecer lo siguiente:

·Que el Ejecutivo Federal al enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presente un apartado especial para los donativos,

·A quiénes se les podrán otorgar donativos.

·La prohibición de su otorgamiento a diversos entes.

·Que en materia de transparencia, las dependencias, entidades, Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, reporten en los informes trimestrales las erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos.

·Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presentar al Congreso de la Unión el Informe de Cuenta Pública deberá establecer un apartado de donativos entregados y recibidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.

·Sancionar en términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que se apropien ilegalmente de dinero proveniente de un donativo; autoricen, sin estar autorizado para ello, cualquier pago o desembolso con cargo a los fondos de un donativo; o cuando incumplan con la obligación de presentar en tiempo y forma los informes a que hace referencia la Ley.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 63, 64, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Dictaminadoras resultan competentes para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones reconocen que, resulta necesario contar con una Ley que regule el otorgamiento en materia de donativos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ser de observancia obligatoria para las dependencias, entidades, Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, a efecto de brindar mayor legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos que se otorguen vía donativos.

TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en incluir como sujetos obligados al cumplimiento de la Ley a las entidades, sin embargo se omite la mención específica de las entidades de control directo, toda vez que, éstas se encuentran comprendidas dentro del concepto que define a las entidades, por lo que sería redundante mencionarlas.

Asimismo, en el concepto relativo a las dependencias, estas Comisiones consideran oportuno incluir a los ejecutores de gasto a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ser entes de derecho público que reciben recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se encuentran obligados a rendir cuentas por la administración de los mismos. (art. 2)

CUARTA. Se concuerda con la Iniciativa en estudio, en lo relativo a que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley pueda otorgar donativos públicos siempre que cuenten con recursos aprobados en sus respectivos presupuestos y adicionalmente se considera pertinente precisar que los recursos federales transferidos en términos de las disposiciones aplicables, a las entidades federativas, Municipios, u órgano político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no podrán ser objeto de donativos por parte de éstos. (art. 5)

QUINTA. Estas Comisiones concuerdan con la existencia de un artículo que señale de manera específica aquéllos sujetos a los que no se les puede otorgar donativos con cargo al Presupuesto de Egresos. Sin embargo, se establece como supuesto adicional a las personas físicas, a efecto de evitar desvío de recursos, mal uso de los mismos o preferencias en su otorgamiento. (art. 10)

SEXTA. Se concuerda con la Iniciativa en lo relativo a que las sociedades de la organización civil beneficiarias de donativos públicos presenten un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades a financiar con el donativo y se considera pertinente señalar que dicha justificación incluya al menos los objetivos específicos que se pretendan realizar con el donativo, los plazos que se deben observar para la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos, así como el esquema que se utilizará para comprobar las actividades realizadas. (art. 12)

SÉPTIMA. Estas Comisiones consideran procedente acotar los requisitos que deberán contener los instrumentos jurídicos que se formalicen para el otorgamiento de los donativos públicos, especificando que se debe acordar que el donatario se compromete a: (i) aplicar los recursos federales otorgados al cumplimiento de los objetivos, (ii) establecer los plazos para la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos, en caso contrario, los recursos y sus rendimientos deberán concentrarse en la tesorería correspondiente, (iii) abrir y mantener una cuenta o subcuenta bancaria específica para identificar los recursos hasta su aplicación, (iv) informar al menos trimestralmente el saldo de la cuenta bancaria y sus rendimientos, (v) proporcionar la información para efectos de control vigilancia y fiscalización a las instancias correspondientes, y (vi) restituir en la tesorería correspondiente los recursos y sus rendimientos en el caso de no contar con la documentación que acredite su aplicación en los objetivos específicos. Lo anterior a efecto de darle transparencia al ejercicio del gasto. (art. 13)

OCTAVA. Estas Comisiones Dictaminadoras proponen no derogar el artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino modificarlo a fin de prever que los donativos provenientes del exterior se canalicen y reciban a través de un Fondo Nacional de Cooperación Internacional, por lo que se acota el artículo 14 y se elimina el Capítulo II, Administración de Donativos, de la presente iniciativa.

Por lo anterior, además de retomar el procedimiento tradicional previsto en la Ley Federal de Presupuesto y su Reglamento para la recepción y ejercicio de recursos provenientes del exterior, se propone considerar un nuevo mecanismo que agilice y flexibilice el uso de los mismos, sin perder el control sobre ellos. Para tal efecto se plantea la constitución de un Fondo Nacional de Cooperación Internacional como un instrumento jurídico a través del cual se reciban recursos externos destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para ser transferidos a los ejecutores de gasto responsables de su ejecución, y también a través de él se otorguen recursos a otros países y organismos internacionales en cumplimiento a lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales. Lo anterior es de gran relevancia debido a la necesidad de ejercer los recursos que se otorgan del exterior cuando tienen un destino específico fijado por el donante, ya que de lo contrario, deben seguir el procedimiento de un ingreso excedente, ampliar el presupuesto de la dependencia o entidad y sujetarse a los destinos previstos en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aunado a lo mencionado, no en todos los casos las dependencias y entidades tienen incluidos y autorizados en su presupuesto los recursos que van recibir del exterior. (arts. 14, 15, 16, 17, y 18)

Finalmente, derivado de que se eliminó el Capítulo II, Administración de Donativos, de la Iniciativa se procede a hacer los ajustes correspondientes al nombre de la Ley y al Título Segundo.

NOVENA. Estas Comisiones proponen continuar otorgando donativos públicos a fideicomisos constituidos por Entidades Federativas y particulares, en virtud de que la figura del fideicomiso estatal y particular ha sido un vehículo importante para sumar el esfuerzo de la Federación con el de los Estados y el sector privado para la realización de proyectos, principalmente, en infraestructura, así como para promover otras materia de gran relevancia como la cultura, el deporte, el turismo, y el desarrollo científico y tecnológico. Al respecto cabe destacar, que el otorgamiento de recursos federales a fideicomisos estatales o privados se encuentra ampliamente regulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como en el Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, emitido por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2008.

Adicionalmente a lo anterior, si se deroga el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estaría omitiendo la posibilidad de otorgar subsidios a los fideicomisos estatales y particulares, lo cual eliminaría por completo la posibilidad de participar con estos sectores en el apoyo de programas sociales de interés nacional. (art. 8)

Por lo anterior, estas Comisiones consideran pertinente eliminar de la iniciativa la propuesta de derogar el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en consecuencia incluir a los fideicomisos estatales y privados como posibles beneficiarios de donativos públicos.

DÉCIMA. Estas Comisiones están de acuerdo en incluir dentro de la Ley un Título relativo a la transparencia, en el cual adicionalmente a lo señalado en la iniciativa se propone establecer la obligación para que los ejecutores de gasto pongan a disposición del público en general, a través de sus páginas de Internet, la relación de los beneficiarios del donativo público, los montos otorgados y las actividades a las cuales se destinaron.

Por otro lado también se propone establecer la obligación de la donante de justificar y comprobar las erogaciones vía donativos públicos con el contrato que se formalice y el recibo correspondiente de los recursos.

Ambas propuestas en aras de otorgar mayor certidumbre en el cumplimiento de los objetivos para los cuales están destinados los donativos y su eficaz seguimiento. (arts. 19 y 20)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos; se adiciona un inciso o) a la fracción II del artículo 41 y se reforman los artículos 41, fracción II, inciso n), 80 y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

PRIMERO. Se expide la Ley que Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos para quedar como sigue:

“LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS PÚBLICOS

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPITULO I

Objeto y conceptos de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el otorgamiento de donativos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Donativo Público.- Todo otorgamiento de recursos públicos en dinero o en especie que la Federación hace entrega a favor de alguno de los beneficiarios previstos en el artículo 8 de esta Ley;

II. Ejecutor de Gasto.- Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades que reciben recursos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Entes Autónomos.- Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos;

IV. Entidades.- Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados como entidades paraestatales;

V. Dependencias.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública a Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

VI. Función Pública.- La Secretaría de la Función Pública;

VII. Secretaría.- La Secretaría Hacienda y Crédito Público, y

VIII. Tesorería.- La Tesorería de la Federación.

Artículo 3.- La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal al enviar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, deberá incluir un apartado que contemple el detalle de los recursos que se pretenden destinar por concepto de Donativos Públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 5.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos, siempre y cuando cuenten con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.

Los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones aplicables, a las entidades federativas, Municipios, u órgano político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no podrán ser objeto de donativos por parte de éstos.

TÍTULO SEGUNDO

Del Otorgamiento

CAPITULO I

Requisitos para su otorgamiento

Artículo 6.- El otorgamiento del Donativo Público deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo ejecutor de gasto y en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.

En todos los casos los Donativos Públicos serán considerados como otorgados por la Federación.

Artículo 7.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos a las organizaciones de la sociedad civil que demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, siempre y cuando se compruebe que no hay un conflicto de intereses entre ambas partes.

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto por esta Ley, se podrán otorgar Donativos Públicos en dinero de la Federación a los siguientes beneficiarios:

I. Entidades federativas, Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

II. Organismos e instituciones internacionales, en el marco de los tratados o acuerdos internacionales que suscriba el Gobierno Federal. Los Donativos Públicos que se otorguen por concepto de cooperación internacional podrán otorgarse a través del Fondo Nacional de Cooperación Internacional a que se refiere el artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

III. Organizaciones de la Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y demuestren estar al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, siempre y cuando se compruebe que no hay conflicto de intereses entre ambas partes, y

IV. Fideicomisos constituidos por particulares y Entidades Federativas.

Artículo 9.- La Función Pública llevará el registro único de los beneficiarios de los donativos de la Federación, para lo cual establecerá las disposiciones generales para que las dependencias y entidades proporcionen información de las instituciones beneficiarias de Donativos Públicos y del cumplimiento a los contratos correspondientes, e integrará y actualizará dicho registro.

Artículo 10.- Queda prohibido otorgar Donativos Públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación a:

I. Partidos políticosyagrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes;

II. Aquellas personas que estén integradas a algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal;

III. Organizaciones irregulares que estén sujetas a procesos legales, y

IV. Personas físicas.

Artículo 11.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12.- Los beneficiarios de Donativos Públicos, a que se refiere el artículo 8, fracción III de esta Ley, deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia a financiar con el monto del Donativo Público, que incluya al menos lo siguiente:

I. Los objetivos específicos que se pretendan realizar con el donativo;

II. Los plazos que se deberán observar para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento de los objetivos previstos, y

III. El esquema que se utilizará para comprobar las actividades realizadas.

Una vez finalizadas las actividades financiadas con el monto del Donativo Público, los beneficiarios a que se refieren las fracciones I, III, y IV del artículo 8 de esta Ley rendirán un informe final de actividades en el que se detallen los resultados obtenidos con base en el proyecto técnico y se corrobore la correcta aplicación de los recursos económicos de acuerdo al proyecto financiero. Dentro de los siguientes 3 meses a partir de la fecha de entrega del informe final, el titular del respectivo ejecutor de gasto deberá entregar al beneficiario un oficio en el que conste su conformidad con dicho informe.

No serán susceptibles de ulterior donación aquellos que siendo beneficiarios no hubiesen concluido en tiempo y forma las actividades financiadas con el monto del Donativo Público anterior en los términos del proyecto señalado en el párrafo anterior, o aquellos que aún no hayan rendido su informe final de actividades ante el órgano de control interno del ejecutor de gasto, hasta en tanto regularicen su situación.

Artículo 13.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos en dinero a los beneficiarios a que hace referencia el artículo 8 de esta Ley, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, y no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos dentro del ramo, en el rubro de Donativos Públicos.

Para tales efectos la donante deberá verificar la suficiencia presupuestaria previo a la celebración del contrato respectivo, y

II. Una vez determinado el otorgamiento de los Donativos Públicos en los términos de las disposiciones aplicables, las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán formalizar el instrumento jurídico que corresponda, en su caso, con base en el modelo, reglas y requisitos emitidos por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el instrumento jurídico que formalicen con cualesquiera de los beneficiarios deberán acordar que el donatario se compromete a:

a) Aplicar los recursos federales otorgados como donativo de la Federación en el cumplimiento de los objetivos a realizar con esos recursos;

b) Establecer los plazos que deberá observar el donatario para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento de los objetivos. Los Donativos Públicos no aplicados en los plazos establecidos y, en su caso, los rendimientos generados, deberán devolverse a la donante, para efecto de su concentración en la Tesorería o, cuando se trate de las entidades, en sus propias tesorerías;

c) Abrir y mantener una cuenta o subcuenta bancaria específica, según corresponda, en la que se identifiquen y manejen los recursos provenientes del donativo hasta en tanto se apliquen;

d) Informar al menos trimestralmente el saldo de la cuenta bancaria específica, incluyendo los rendimientos obtenidos y los egresos efectuados, y el avance de los objetivos comprometidos para el cual se otorgó el donativo;

e) Proporcionar la información que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos federales otorgados requieran la Secretaría y la Función Pública, así como cualquier otra autoridad competente en materia de fiscalización del ejercicio de recursos presupuestarios federales, y

f) Restituir en la Tesorería o, en su caso, en la tesorería de los Poderes Legislativo y Judicial, de los entes autónomos, y de la entidad, los recursos recibidos como donativo y sus rendimientos obtenidos, en el supuesto de que la dependencia o entidad donante lo requiera por haberse determinado que no se cuenta con la documentación que acredite su aplicación en los objetivos específicos.

En el caso de los donativos correspondientes a la cooperación internacional, los mismos se sujetarán a los requisitos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes, sin perjuicio de que en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá informarse sobre los montos otorgados durante el periodo correspondiente por concepto de cooperación internacional.

Artículo 14.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que reciban donativos provenientes de organismos e instituciones financieros internacionales o de otros donantes del exterior deberán sujetarse a lo previsto en los respectivos tratados o acuerdos internacionales, así como a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TÍTULO TERCERO

DE LA TRANSPARENCIA

Capítulo I

Información, Transparencia y Evaluación

Artículo 15.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, reportarán en los informes trimestrales las erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para los cuales fueron otorgados los Donativos Públicos.

Artículo 16.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos que reciban donativos del exterior tanto en dinero como en especie deberán reportarlos en los informes trimestrales, en los términos de los artículos 81 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 17.- Los Donativos Públicos entregados por los Ejecutores de Gasto serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como por la Secretaría de la Función Pública cuando se entreguen por las dependencias y entidades.

Artículo 18.- La Cuenta Pública Federal deberá prever un apartado detallado de los donativos otorgados y recibidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 19.- Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán poner a disposición del público en general, a través de sus respectivas páginas de Internet, la relación de los beneficiarios del Donativo Público, los montos otorgados y las actividades a las cuales se destinaron.

Artículo 20.- La donante deberá justificar y comprobar las erogaciones vía Donativos Públicos con el contrato que se formalice y el recibo correspondiente de los recursos.

TÍTULO CUARTO

De las Sanciones

Capítulo I

De las sanciones

Artículo 21.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en esta Ley, y demás disposiciones aplicables, serán sanciona dos de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables.

Artículo 22.- Se sancionará en términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en algunos de los siguientes supuestos:

I. Se apropie ilegalmente de cualquier cantidad de dinero proveniente de un Donativo Público;

II. Autorice cualquier pago o desembolso con cargo a los fondos de un Donativo Público sin estar debidamente autorizado para ello, y

III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo y forma los informes a que hace referencia esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley.

Tercero. El Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, y sus respectivos anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2008, seguirá siendo aplicable en lo que no contra venga el presente Decreto.”

SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 80, 81, y 41, fracción II, inciso n), y se ADICIONA un inciso o) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 41.-

I.

a) a e)

II.

a) a m)

n) El destino que corresponda a los ingresos provenientes del aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación fiscal, el cual corresponderá a las entidades federativas para gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente;

ñ)

o) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto destinadas al concepto de donativos públicos que los ejecutores de gasto realizarán durante ese ejercicio fiscal, y

III.

a) a c)

Artículo 80.- El otorgamiento de donativos con cargo al Presupuesto de Egresos se sujetará a lo dispuesto en la Leyque Regula el Otorgamiento de Donativos Públicos.

Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al artículo 19 de esta Ley.

Tratándose de cooperaciones internacionales, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional que se constituya en términos de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, podrá ser receptor de recursos externos destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para el desarrollo y, en su caso, efectuará la transferencia de los mismos a los ejecutores de gasto responsables de su ejecución. Asimismo, podrán otorgarse recursos de dicho fondo a otros países y organismos internacionales en cumplimiento a lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes.

Los recursos que se ejerzan con cargo al fondo a que se refiere el párrafo anterior, deberán reportarse en los informes trimestrales, detallando el tratado o acuerdo internacional en el cual se sustenta, el destino específico, los montos ejercidos y los resultados obtenidos durante el periodo correspondiente.”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional a que se refiere la reforma al artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se deberá constituir en un plazo no mayor a seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ADUANERA
(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.







PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 29 BIS A LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA Y SE ADICIONA LA FRACCION XIV TER AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE ENERGIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. Asamblea
Presente

A las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República les fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y apoyada por otros senadores del mismo Grupo Parlamentario y del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, con el propósito de adicionar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Federal para la Protección del Consumidor, por lo que estos órganos legislativos ponen a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

  • El 19 de noviembre de 2009, el Senador Tomás Torres Mercado, presentó iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 29 bis en Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y una fracción XIV Ter al artículo 24 de la Ley Federal para la Protección del Consumidor.

  • En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-1P1A.-2329, signado por el Senador Ricardo García Cervantes, remitió a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda la iniciativa con proyecto de decreto antes citada.

Consideraciones

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo expresado por el Senador Torres en su exposición de motivos respecto a la preocupación de muchos usuarios sobre los cobros por el servicio de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, lo cual ha ocasionado la presentación de múltiples quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Esta situación ha dado lugar a la desconfianza por parte de muchos consumidores industriales, comerciales como de hogares en distintos sitios de la República mexicana. Una de las razones que se aducen es que parte del problema radica en la obsolescencia o descomposturas de los medidores y a la falta de una revisión adecuada de dichos aparatos, lo que provoca errores en la facturación en contra de la economía de las familias y de los demás usuarios.

Adicionalmente, cuando ocurren dichas fallas, los consumidores deben pagar a la Comisión Federal de Electricidad la revisión de los equipos de medición y, al constituirse ese organismo público en juez y parte, el diagnóstico correspondiente no necesariamente resulta objetivo.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado una labor importante sobre este tema, aunque no cuenta en su marco jurídico con atribuciones expresas para proceder a la revisión de los medidores de consumo de energía eléctrica.

Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente dotar de a la Procuraduría Federal del Consumidor de facultades expresas para la verificación de los instrumentos de medición mencionados y que, en su caso, pueda ordenar su ajuste de conformidad con las normas aplicables.

Asimismo, resulta jurídica, económica y socialmente viable reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer, en concordancia con la adición propuesta a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la posibilidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda verificar los instrumentos de medición para determinar el cobro a los consumidores de electricidad, proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad.

En virtud de las consideraciones descritas, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda se permiten someter ante esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Primero.- Se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 29 bis.- Los instrumentos de medición del suministro de energía eléctrica, utilizados para determinar el cobro a los consumidores, podrán ser verificados por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Segundo.- Se adiciona la fracciónXIV ter al artículo 24 de la Ley Federal para la Protección del Consumidor, para quedar como sigue:

I a XIV bis…

XIV ter.- Verificar el funcionamiento de los instrumentos de medición para el cobro del servicio de energía eléctrica a solicitud de los consumidores y, en su caso, ordenar el ajuste de los mismos de conformidad con las normas aplicables.

XV a XXII…

Artículo Transitorio

Único. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Atentamente

Comision de Energia

Comision de Estudios Legislativos Segunda”

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; DE
DESARROLLO RURAL; DE RECURSOS HIDRAULICOS; DE
REFORMA AGRARIA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Una vez recibida por estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88, 93, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución del presente dictamen que emiten estas comisiones dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria celebrada por esta Cámara de Senadores del día 26 de marzo de 2008, el Senador Mario López Valdez a nombre propio y de los senadores Melquiades Morales Flores, Amira Gricelda Gómez Tueme, Renan Cleominio Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 24 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la iniciativa referida a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 27 de marzo de 2008, el senador Arturo Herviz Reyes integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticós, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 28 de marzo de 2008, el senador Federico Döring Casar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 8; y se reforma y adicionan los artículos 11 fracción VIII y 17 párrafo tercero de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticós. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Al analizar las diversas iniciativas de los CC. Legisladores descritos en el apartado de antecedentes se tiene la siguiente descripción:

A) La iniciativa presentada por el senador Mario López Valdés, cuya esencia tiene la finalidad de integrar dos párrafos al artículo 24 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; en el primero de ellos establece el concepto de inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional, lo define como el volumen superavitario de maíz que resulte del balance de producción y consumo, por el nivel de variedad del grano y por región del país, refiriéndose a los usos de maíz distintos a su uso bioenergéticos en la región de que se trate.

En el segundo párrafo del mismo numeral pretende otorgar a la SAGARPA facultades para establecer criterios para definir en las regiones o entidades federativas productoras de maíz y sus mercados regionales, esta evaluación se sujeta a condiciones superavitarias y a los volúmenes correspondientes de maíz para la producción de bioenergéticos, sese refiere a las modalidades y los requisitos que se deberán cumplir para autorizar la producción de bioenergéticos. Dicho artículo se consideró como el más adecuado para introducir adiciones para una interpretación inequívoca sobre lo que serían los inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional, criterio que se establece como requisito para autorizar el uso del maíz en la producción de bioenergéticos.

Por otro lado, se destaca la modificación para eliminar ciertas ambigüedades que pueden actuar en detrimento de su efectividad para lograr sus objetivos. Entre ellas, la Ley señala posibilidad de aprovechamiento del maíz como fuente para la producción de bioenergéticos. Tal es el caso del artículo 11, fracción VIII, de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, establece que la SAGARPA tendrá las siguientes facultades: “…otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas modalidades, mismos que se otorgaran solamente cuando existan inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional”. Esta regulación, deja imposibilitada a los productores e industriales para la producción de etanol a partir del maíz producido internamente como el importado resultado del déficit crónico global del maíz en nuestro país.

De lo anterior, es importante mencionar que la demanda de maíz blanco para consumo humano es de 12 millones de toneladas anualmente, mientras que su producción superó los 20 millones de toneladas, por lo tanto los excedentes de esta variedad de maíz ascendieron a cerca de 8 millones de toneladas. Por otra parte, la variedad de maíz amarillo, tiene actualmente una demanda potencial para uso pecuario e industrial del orden de las 18 millones de toneladas. Esta cifra se cubre con lo que aporta la pequeña producción nacional, más las importaciones que anualmente ronda por los 10 millones de toneladas.

El uso del maíz para la elaboración de bioenergéticos no significa sacrificar su aprovechamiento para la cadena de alimentos de consumo humano. Después de extraer el almidón del maíz, único ingrediente para la elaboración de etanol, el maíz regresa a la cadena de aprovechamiento alimenticio prácticamente intacto bajo la forma de concentrado de proteínas en forma de pasta de maíz, llamado DDGS o Destilados Secos Solubles del Grano; este es un excelente alimento para la engorda de ganado y aves, es decir, para la producción de carne. Así, el uso del maíz para la producción interna de etanol, contribuiría a disminuir las importaciones de nuestro país de maíz amarillo en bruto, al sustituirlo por pasta de maíz de producción nacional en la alimentación pecuaria.

B) El contenido de la Iniciativa presentado por el senador Arturo Herviz Reyes, establece la posibilidad de producir etanol a partir del grano de maíz, hace una distinción hacia otros granos e insumos que tienen similar relevancia en la alimentación humana y animal colocandolo en un plano de desventaja al sector rural que tiene posibilidades de producir bioenergéticos. Por ello, la propuesta de reforma al artículo 11, fracción VIII para que la SAGARPA otorgue los permisos previos para la producción de bioenergéticos, a partir del grano de maíz, con base a inventarios que garanticen el consumo interno, según la variedad y por cada entidad federativa. Con la modificación al citado artículo resulta atractivo para las entidades federativas que tienen excedentes de inventarios de maíz blanco y que satisfacen la demanda regional, de producir bioenergéticos. Es importante mencionar que los excedentes de maíz, resulta mucho más difícil colorarlos en las distintas regiones del país, esto, por los altos costos de transporte, peaje y otros factores de comercialización.

Por lo que respecta a la investigación y capacitación para la producción de bioenergéticos, resulta importante y fundamental incluir a la Secretaria de Educación Pública, para que intervenga en lo relativo a la transferencia de tecnología, de ello depende mejorar los insumos y propiciar un mayor aprovechamiento de la agroindustria bioenergética. Es fundamental reformar el artículo 19, para incluir a la SEP al apoyo de la investigación científica y tecnológica para la producción y uso de los bioenergéticos así como la capacitación.

Aunado a lo anterior, resulta conveniente precisar en el artículo 26 del ordenamiento en comento, que se refiere a las sanciones aplicables con motivo de las infracciones relativas al artículo 25, como: a) la realización de actividades o la prestación de un servicio sin contar con el permiso correspondiente; b) el incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los permisos, y c) incumplimiento de la Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones; contrario a ello, sobreviene la impunidad y la ineficiencia de la Ley.

C) En relación a la iniciativa presentado por el senador Federico Döring Casar, cuyo razonamiento que ocupa su propuesta, destaca la posibilidad de producir bioenergéticos a partir del maíz especialmente el “Blanco”; verbigracia en años anteriores se produjeron más de 20 millones de toneladas y cuya cantidad para satisfacer la demanda nacional fue de 12 millones de toneladas respectivamente; de lo anterior, 8 millones de toneladas restantes se comercializaron en el sector pecuario, agroindustrial y autoconsumo, finalmente quedo un excedente de más de un millón de toneladas. Para solventar los problemas a la colocación de esos excedentes, el legislador propone una reforman los artículos 8 fracción XIV, 11 fracción VIII y 17 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

Es importante señalar, a raíz de la comercialización, los productores les resulta demasiado oneroso colocar sus excedentes en zonas o regiones del país con mayor déficit; por ello, con las modificaciones propuestas al marco jurídico regulatorio de bioenergéticos, se tiene un mayor aprovechamiento a partir del grano de maíz blanco como insumo y comercialización para la producción de bioenergías, mayor utilidad al productor rural sin afectar, ni poner en riesgo la demanda interna de dicho producto.

III.- CONSIDERACIONES.

I. Estas comisiones dictaminadoras han valorado la propuesta de los promoventes, efectivamente la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, tiene como objetivo fomentar la promoción y desarrollo, comercialización y uso eficiente de bioenergéticos, que son combustibles obtenidos de biomasa proveniente de materia orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos domésticos, comercial, industrial, así como sus derivados. Su finalidad es la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero, adecuando e implementando normas internas para promover de manera eficaz el desarrollo de biocombustibles en nuestro país, incorporando cultivos de diversas especies para su producción, de esta forma se aprovechan las nuevas tecnologías y se propician de manera responsable los financiamientos a los procesos de producción de los biocultivos, así como su inversión en su proceso de comercialización, distribución y consumo.

II. Para México, el desarrollo de los biocombustibles es un reto de política pública innovadora, para la atención de las necesidades concretas de nuestra sociedad, esta política se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “sobre el fomento y el aprovechamiento de la fuentes renovables de energía y biocombustibles”; además del programa sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2007-2012, que establece mejorar el ingreso de los productores para incrementar su potencial en los mercados globales vinculándolos con los procesos de agregación al valor y la producción de bioenergéticos; por último la Secretaria de Energía (SENER) a establecido el programa sectorial de energía, cuyo fin es fomentar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y biocombustibles mediante una técnica económica, ambiental y socialmente viables, con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano.

La SAGARPA como la SENER, tienen facultades otorgadas por el articulo 11 y 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para elaborar programas de producción sustentable de insumos para bioenergéticos, de desarrollo científico y tecnológico. Estos programas se desarrollan con base a la estrategia Intersecretarial integrada por una política del Gobierno Federal, cuyo objetivo es la diversificación del ingreso de productores mediante el aprovechamiento de la biomasa en la producción combustibles y la introducción de energías renovables bajo el criterio de sustentabilidad.

III. Es de mencionar, que México es el cuarto productor de maíz a nivel internacional promediando 20 millones de toneladas de maíz por año, sólo superado por Estados Unidos, China y Brasil. Contrario a la gran fragmentación de la tierra en México, los productores de dichos países cuentan con grandes superficies, lo que incentiva las economías a escala. A pesar de ello, nuestro país es un actor importante en el mercado internacional del maíz, es el primer productor de maíz blanco y cuenta con una producción que representa el 40% de la producción total mundial que es de 39 millones de toneladas.

De lo anterior, solo México y Estados Unidos son los únicos países que tienen la capacidad de comercializar sus excedentes en el mercado internacional, contrario a ello nuestro país no es un exportador potencial de maíz blanco, pues coloca una gran cantidad al mercado internacional.

VI. Por lo que respecta al sector pecuario, el consumo de productos es principalmente de sorgo y maíz amarillo, debido a su menor precio comparativamente con maíz blanco, para éste sector resulta más adecuado utilizar otro grano distinto al maíz blanco, debido a que se emplea más para el consumo humano.

Los estados con mayor participación fueron los estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua, Sonora y Chiapas, cuyo procesamiento y transformación es la siguiente: i) Nixtamal para la elaboración de tortilla; ii) Harina para la elaboración de tortillas y subproductos; iii) Almidones, féculas y levaduras para la elaboración de germen, glucosa, gluten y salvado de maíz; y iv) Productos derivados de granillo para la fabricación de cereales y alimentos para ganado.

V. La demanda en el consumo nacional está compuesta por los siguientes rubros: a) Consumo humano 36.9%; b) Autoconsumo y otros 22.4%; c) Pecuario 30.3%; d) Industria 10.4%, con los excedentes de maíz blanco en entidades superavitarias, se puede decir que es autosuficiente en volumen pero se tiene un déficit estacional y regional. Actualmente la comercialización de los excedentes en el caso de Sinaloa resulta muy onerosa para los productores como los gobiernos estatales y federal, debido a la movilización de excedentes hasta el suroeste del país. Una alternativa de solución a los problemas de estos excedentes regionales, es la utilización para la elaboración de productos con valor agregado como el etanol y sus coproductos como el DGS (Destiller´s Dried Crain) que son altamente demandados por el sector pecuario.

VI. Hoy en día, existe una tendencia mundial hacia los bioenergéticos, actualmente se combina con hidrocarburos y en un futuro con el adelanto tecnológico se podrá sustituir paulatinamente el uso de energía fósil. Es necesario tomar en cuenta la alta y negativa repercusión en el medio ambiente que tienen éstos últimos carburantes, una de las alternativas para disminuir las emisiones de gas invernadero es el uso apremiante de bioenergéticos, combustibles provenientes de productos del campo. Por otra parte, el aumento de la producción de bioenergéticos a nivel global refleja una mayor utilidad para el productor del campo, mejorando notablemente su nivel de vida. México posee un gran potencial en la producción de granos, esto por la gran variedad de ecosistemas, que es un factor apremiante para la cosecha de grandes cantidades de productos del campo; el menoscabo que sufren los productores es meramente financiero, por ello con el fomento y participación se potenciaría las cadenas de valor de cultivos como el maíz, la producción de etanol a partir de este grano no sólo beneficiaría su cultivo, sino que paulatinamente sustituiría las importaciones de pasta de maíz para consumo pecuario. Es decir, agregaría valor a los productos del campo y permitiría integrar las cadenas productivas. En México se cultivan setenta y ocho razas básicas de maíz, siendo una de las más importantes el maíz blanco debido a su alta demanda en la alimentación de los mexicanos.

VII. En la actualidad prevalece una concepción sobre la seguridad alimentaria, es por ello, que el Congreso de la Unión ha creado instrumentos jurídicos para contribuir en el desarrollo del campo mexicano, y continuar produciendo granos para consumo humano, con los excedentes se producirían biocombustibles sin afectar dicha soberanía alimentaria. Si bien es cierto, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), regula en su Título II, Capítulo VII, De la Seguridad y Soberanía Alimentaria, en sus artículos 178 a 183; en especial el artículo 178 de la LDRS establece:

“Artículo 178.-El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.”

Dentro del espíritu de la Ley Desarrollo Rural Sustentable, se ha regulado dentro del mismo cuerpo normativo, el abasto de alimentos, en especial aquellos considerados básicos para la alimentación de los mexicanos como lo establece el numeral 179 de la LDRS; dentro de los alimentos básicos y estratégicos se encuentran:

I. Maíz;

II. Caña de azúcar;

III. Frijol;

IV. Trigo;

V. Arroz;

VI. Sorgo;

VII. Café;

VIII. Huevo;

IX. Leche;

X. Carne de bovinos, porcinos, aves; y

XI. Pescado.

En el mismo numeral, faculta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y los Comités de los sistemas-producto adicionar año con año o de manera extraordinaria productos que por sus cualidades nutrimentales, y económicas representan a la sociedad un interés público. Es por ello, que se ha ampliado el catalogo de los sistemas-producto para quedar de la siguiente forma: 1) Agave Mezcalero; 2) Agave Tequilero; 3) Aguacate; 4) Ajo; 5) Algodón; 6) Arroz; 7) Cacao; 8) Café, 9) Cebada; 10) Chile; 11) Cítricos; 12) Durazno; 14) Fresa; 15) Frijol; 16) Guayaba; 17) Hule; 18) Limón mexicano; 19) Maíz; 20) Mango; 21) Manzana; 22) Melón; 23) Nopal/tuna; 25) Nuez; 27) Oleaginosas; 29) Palma de aceite; 31) Palma de coco; 32) Papa; 33) Papaya; 34) Plátano; 35) Sorgo 36)Trigo;38) Vainilla; y 39) Vid.

Dentro de la gran variedad de sistemas producto, el producto básico por excelencia es el maíz; por ello el paso hacia la producción de etanol refuerza y facilita el uso en las cadenas de alimentos. El maíz se reincorpora a la cadena alimenticia bajo la forma de concentrado de proteínas o pasta de maíz, insumo principal para engorda animal y, posteriormente, carne para consumo humano.

VIII. De lo anterior, en la propia Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, establece en su artículo 1 su objeto, que es la promoción y el desarrollo de los Bioenergéticos; con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano; en la fracción I del mismo numeral, establece:

“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto la promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y establece las bases para:

I. Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II a V. ...”

Por tal razón, el aprovechamiento sustentable del maíz para la producción de etanol, deberá ser facilitado y estimulado por las distintas dependencias en las entidades federativas cuya competitividad les ha permitido ser superavitarias en la producción de este grano en sus distintas variedades.

IX.- El objetivo de fomentar la producción de bioenergéticos se puede alcanzar, como propone estas iniciativas. Es suficiente en correspondencia con sus atribuciones, que sea únicamente la SAGARPA la que determine los requisitos para que el maíz pueda ser preprocesado en ganancia de etanol, como parte de su procesamiento para la cadena alimentaria. Por ello, el pasado 18 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (RLPDB), que contiene diez capítulos, cuatro secciones, 64 artículos y seis artículos transitorios, establecido de la siguiente forma:

1. Capítulo I,Disposiciones Generales;

2. Capítulo II, de los Programas;

3. Capítulo III, de la Coordinación de los Órdenes de Gobierno y de la Concurrencia de los Sectores Social y Privado;

4. Capítulo IV, de la Comisión Intersecretarial para el desarrollo de los Bioenergéticos;

5. Capítulo V, de la Evaluación del Impacto de Programas.

6. Capítulo VI, de los Permisos;

6.1 Sección I,Disposiciones comunes;

6.2 Sección II, De los permisos que otorga la SAGARPA;

6.3 Sección III, De los permisos que otorga la SENER;

6.4 Sección IV, De los procedimientos de evaluación, y

6.5 Sección V, De la transferencia, modificación y terminación de los permisos otorgados por la SENER.

7. Capítulo VII, de la promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Desarrollo Rural Sustentable;

8. Capítulo VIII, de la Protección al Ambiente;

9. Capítulo IX, de las Verificaciones, y

10. Capítulo X, de las Infracciones y Sanciones.

En el Reglamento, en el capítulo VI de los permisos, sección I, faculta a la SAGARPA, para otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos; a la SENER, le corresponde otorgar los permisos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos, así como la comercialización de bioenergéticos. La comercialización y distribución se otorgaran por conducto de la Comisión Reguladora de Energía.

Para que la SAGARPA y la SENER, pueda otorgar permisos, estas dependencias, podrán requerir en todo momento la opinión de las dependencias que integran la propia Comisión de Bioenergéticos (SAGARPA, SENER, SEMARNAT, SHCP y SE), o de cualquier otra autoridad que estime competente.

X. Conforme el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, queda prohibido el uso del maíz para la producción de bioenergéticos, salvo que existan inventarios excedentes de producción interna para satisfacer el consumo nacional; la importancia de esta salvedad, verbigracia, es aplicar el maíz como insumo de bioenergéticos, si bien es cierto como se ha demostrado que existen inventarios excedentes en diversos estados de la República Mexicana, es correcto asegurar el grano para consumo humano. Por ello, resulta acertado que la SAGARPA determine durante los meses de abril y octubre, periodos donde se tienen definidas las cantidades producidas de maíz, más aun, si existen excedentes se darán a conocer en los medios electrónicos que designe la propia Secretaria de Agricultura, con ello se tiene conocimiento de dichos excedentes y se tiene la certeza de destinarlos a la producción de bioenergía.

XI. Respecto de las importaciones de maíz para producir bioenergéticos, no se requiere de permiso previo por parte de la SAGARPA, solo los interesados deberán dar aviso con el objeto de verificar la congruencia en las importaciones de maíz con la producción de bioenergéticos; de lo anterior, la SAGARPA otorgara permisos por un año, prorrogables en lapsos iguales y sujetas a la subsistencia de excedentes de producción interna de maíz. Además de lo anterior, en el Reglamento se establecen los avisos de siembra de cultivos para insumos en terrenos de uso exclusivamente agrícolas así como el registro respectivo.

XII. En relación a las infracciones y sanciones, en el capítulo X del Reglamento, establece la imposición de las sanciones administrativas, que se consideran según su gravedad, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en la comisión u omisión de la infracción, de la duración de práctica ilegal y la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica. Asimismo, la SENER y la SAGARPA sancionaran administrativamente los incumplimientos a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, de conformidad con el artículo 26 de la Ley; la SAGARPA sancionara a quien produzca bioenergéticos utilizando el grano de maíz en sus diversas modalidades sin el permiso previo con multa de 1,000 a 80,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y la clausura total permanente de las instalaciones. La SENER aplicará sanciones administrativas a quien incumpla los términos o condiciones establecidos en los permisos, según la capacidad en las actividades de producción, almacenamiento, transporte y distribución por ductos, así como los puntos de la entrega recepción de Bioenergéticos.

XIII. De lo anterior, estas comisiones dictaminadoras aceptan la propuesta de los legisladores, haciendo mención de la reglamentación expedida por el Ejecutivo se encuentra normado parte de la propuesta; así lo fundamental es asegurar la producción de insumos para la cadena productiva agropecuaria y pesquera que contribuya a la producción de bioenergía. De esta forma, el objeto es evitar la carencia del maíz, por otra parte se debe brindar certidumbre al campo mexicano, y sobretodo dar la oportunidad a los productores de estados o regiones superavitarias del grano de destinar sus excedentes en la producción de bioenergéticos para la mezcla de combustibles, y así tener un sector de insumos confiable, competitivo y rentable bajo criterios de sustentabilidad.

XIV. En relación a la participación de la SAGARPA y SENER para apoyar la investigación científica y tecnológica, se coincide con el legislador promovente el de incluir a la Secretaría de Educación para coadyuvar en la investigación como lo establece la fracción VIII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y las Instituciones de Educación Superior autónomas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Chapingo y diversas Universidades estatales con carreras afines a las Ciencias Agropecuarias; aunado a lo anterior, la SEMARNAT, cuenta con centros e instituciones como el Instituto Nacional de Ecología, que tiene capacidad de investigación a través de la Dirección General del Centro de Investigación y Capacitación Ambiental, por ello, resulta necesario incluir a estas secretarias SEP, SEMARNAT y las Instituciones de Educación Superior.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen favorable, modificando y unificando la propuesta de las diversas Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman y adiciona diversos artículos de Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, con fundamento en lo previsto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 11 fracción VIII, 17 y 19 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar como sigue:

Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, la SAGARPA, tendrá las siguientes facultades:

I. a VI. …

VII. Apoyar la organización de los productores y demás agentes relacionados con la producción de insumos para producir Bioenergéticos, a través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación, y

VIII. Otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas modalidades, mismos que se otorgarán solamente cuando existan inventarios excedentes por entidad federativa que no ponga en riesgo el abasto para satisfacer el consumo humano a nivel nacional.

Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán e instrumentarán, en su caso, las acciones para el fomento de la producción sustentable de Insumos.

...

Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de incentivo que se podrán otorgar para hacer competitiva la producción de insumos agrícolas en la producción de Bioenergéticos, las Secretarías pueden considerar el comportamiento de los diversos precios - costo de los insumos y tipos de cambio, los inventarios superavitarios por entidad federativa, así como la tasa de rentabilidad de retorno de inversión anual promedio del cultivo correspondiente y se podrá seleccionar el más adecuado entre los instrumentos de apoyo tales como los programas de reconversión productiva, la cobertura o los estímulos que en su caso correspondan. Los apoyos presupuestales estarán canalizados a los proyectos donde estén asociados los productores de insumos.

Artículo 19.- La SAGARPA, la SENER, la SEMARNAT, la SEP y las Instituciones de Educación Superior, apoyarán la investigación científica y tecnológica para la producción y uso de los bioenergéticos, así como la capacitación en estas materias y tendrán como propósito esencial:

I a V. …

TRANSITORIO

Artículo Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México a 21 de octubre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION DE DESARROLLO RURAL
COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
COMISION DE REFORMA AGRARIA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; DE
DESARROLLO RURAL; DE RECURSOS HIDRAULICOS; DE
REFORMA AGRARIA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Una vez recibida por estas comisiones, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 57, 60, 63, 88, 93, 94 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución.

En el capítulo de “MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS”, estas dictaminadoras brindan bajo el estudio técnico jurídico, una redacción y efectividad sobre los temas citados.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de abril de 2006, el senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- El 14 de mayo de 2008, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibió de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, la Iniciativa con Proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Con fecha 6 de octubre de 2009, el H. Congreso del Estado de Quintana Roo presentó el acuerdo parlamentario por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, ambos acuerdos fueron turnados por la Presidencia de la Mesa Directiva, a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

3.- El 25 de septiembre de 2008, el senador Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Manuel Velasco Coello y Javier Orosco Gómez del Partido Verde Ecologista de México, presentaron al Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A) La iniciativa presentada por el senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta, tiene como propósito superar algunas de las restricciones de regulación y normativas que enfrenta el marco jurídico que rige la actividad forestal y las relaciones entre los agentes económicos que participan en ella, además de apoyar el aprovechamiento óptimo y sustentable el potencial productivo, de empleo, ingreso y bienestar que posee la actividad forestal.

Se pretenden incluir definiciones como el de productores de bajos ingresos, recursos biológicos forestales y de terreno preferentemente forestal. Se dan mayores elementos jurídicos alos municipios para el combate y control de los incendios forestales con apego a las normas oficiales mexicanas; se faculta a la Comisión Nacional Forestal, como garante e impulsora de las actividades productivas, de protección, de conservación y restauración en materia forestal; se amplía la junta de gobierno de la Comisión Nacional Forestal para incluir a las organizaciones de productores forestales, industriales y a miembros de la sociedad civil; a través de la Asamblea General de ejidatarios o en su defecto con el Reglamento de cada núcleo ejidal, deberá ser un requisito para elaprovechamiento forestal para hacer más eficiente y sustentable.

En términos del potencial productivo, económico y ecológico de los recursos forestales, existe un desfase importante entre el potencial forestal del país y la escasa cultura forestal que históricamente ha caracterizado a la sociedad mexicana. En el caso de las políticas de apoyo a la agricultura y la ganadería que se pusieron en práctica para expandir y desarrollar esas actividades se han puesto un mayor estímulo a esas actividades, pero a su vez, correspondía una cada vez menor capacidad de resistencia de los ecosistemas forestales para contener el avance sobre su frontera, provocando la pérdida o deterioro de extensas superficies de bosques y selvas.

B) La iniciativa presentada por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, tiene como propósito lograr una mejor aplicación en cuanto a programas que beneficien el desarrollo forestal y la implementación de políticas públicas en nuestro país. Sostiene que la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean propietarios de los terrenos forestales donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos, por lo que su aprovechamiento estará condicionado a la realización de un programa de manejo autorizado por la Secretaría.

El propósito de la iniciativa es otorgar a la Comisión Nacional Forestal facultades para reglamentar y evaluar los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales, así como instrumentar, operar, darles seguimiento y establecer las condiciones mínimas de los mismos.

La iniciativa en comento, pretende impulsar la creación de las promotorías de desarrollo forestal en las Entidades Federativas, en coordinación con los Estados y los Municipios. Asimismo señala se debe expedir la documentación que acredite la legal procedencia de materias primas forestales.

En particular la iniciativa propone a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la coordinación y participación de la Comisión Nacional Forestal, para definir políticas de origen y destino de las aguas superficiales y subterráneas, con la finalidad de validar y moderar la prestación de servicios ambientales hidrológicos.

Propone un aprovechamiento de los recursos forestales a cargo del titular del predio, en el caso de que éste decida contratar a un prestador de servicios forestales, dicho prestador será responsable solidario con el titular; para lo cual el titular del aprovechamiento deberá de registrar el contrato ante la Secretaría, con el objeto de asegurar la corresponsabilidad. Además de señala que para obtener la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de los documentos debidamente certificados por el Registro Agrario Nacional, que los acredite como propietarios.En este sentido, la iniciativa pretende señalar que el aprovechamiento de recursos no maderables requerirá de un programa de manejo simplificado presentado a la autoridad competente, además el reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y casos en que se requerirá autorización y presentación de programas de manejo simplificado.

La iniciativa propone, para que la Comisión Nacional Forestal y los gobiernos de las entidades federativas promuevan la organización de los propietarios de terrenos forestales cuya ubicación esté dentro de los límites asignados al territorio de cada unidad de manejo forestal. Señala que para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, se requerirá la autorización de la Secretaría de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el reglamento o en las normas oficiales mexicanos que para tal efecto se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta demanda, libros de registro de entradas y salidas, inscripciones en el registro, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales. Una vez otorgada la autorización, deberá revalidarse cada dos años, de lo contrario se cancelará de manera automática ésta.

C) En relación a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene como finalidad exceptuar de la regulación forestal los recursos maderables y no maderables que se encuentran en la categoría de riesgo, para que a su vez sea regulado por la Ley General de Vida Silvestre. Con esta reforma se evitaría un mal manejo de aquellos recursos que se encuentran en una categoría de riesgo; en la norma actual, los esquemas de autorización de cambio de uso de suelo afectan considerablemente las especies en riesgo, por lo que debe hacerse imperativo y excluir explícitamente de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

CONSIDERACIONES

I. Existe una preocupación por regular la actividad económica forestal en el país, y hoy en día no se ha logrado aprovechar el recurso maderable y no maderable, por los problemas que enfrentan este sector, en especial a la estructura industrial y comercial. En relación a ello, es necesario perfeccionar la esfera jurídica, es así como estas Comisiones Dictaminadoras preocupadas por un mejor desarrollo en este rubro, atienden a esta problemática sin lesionar o dejar de tutelar lo más valioso que tenemos todos los mexicanos que es su riqueza natural.

Nuestro país ocupa uno de los sitios con más diversidad en flora y fauna; ocupa el primer lugar en reptiles, vertebrados terrestre y plantas vasculares; el tercer ligar en aves y el cuarto en mamíferos terrestres, la mayor parte de ellos asociados a los ecosistemas forestales.

II. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define al desarrollo nacional como garante de la integralidad y sustentabilidad para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático a través del crecimiento económico, del empleo, mediante una distribución justa de la riqueza que permita el ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos y clases sociales. En el sexto párrafo del numeral 25 de la Constitución General, define criterios de equidad social y productiva para los sectores social y privado de la economía, sujetándose a las modalidades que dicte el interés público, para beneficio general de los recursos productivos y el cuidando del medio ambiente.

III. Es de atender el contenido del artículo 27 de la Constitución General, cuyo tercer párrafo establece que la Nación tendrá todo el tiempo de imponer las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, cuidar su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país, cuyo fin es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Es importante señalar que para llegar a tal fin el Estado dictará las medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; y por otra parte, también podrá dictar mediadas para fomentar la agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades económicas en el medio rural.

Ahora, para enfatizar las bondades del aprovechamiento forestal, cuyo sustento está inmerso en el propio numeral 27 fracciones XX de la Carta Magna, establece:“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”

IV. Vistos los preceptos constitucionales que dan sustento al tema de las Iniciativas de los CC. Legisladores y por el H Congreso de Chihuahua, reconocemos la bondad que obran al consolidar el aprovechamiento forestal desde el punto de vista sustentable. Es necesario advertir que en el marco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Federal, cuyo objeto es el de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, es competencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios sustentados bajo el principio de concurrencia, previsto en la propia Constitución Federal y dispersas en diversos artículos.

V. En el mismo tenor, en el artículo 1 fracción V de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene la convicción de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y su objeto es propiciar el Desarrollo Sustentable, y en su caso el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que sean compatibles con la obtención de Beneficios Económicos, mediante la preservación de los ecosistemas.

Dentro de la misma norma general, contempla la distribución coordinada entre la Federación, los Estados el Distrito Federal y los Municipios; pero además en el propio artículo 4, segundo párrafo, establece: “La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.”

VI.- Por lo anteriormente descrito,así como los elementos jurídicos valorados hasta el momento se tiene la convicción de que todo aprovechamiento de los recursos naturales necesariamente debe regirse por el principio de equidady sustentabilidad, contemplados en los artículos 25 y 27 de la Constitución Federal. En lo subsecuente se dará paso a la valoración de algunos preceptos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, materia de las presentes Iniciativas.

DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

VII.- El proyecto de reforma al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, literalmente expresa:

“Articulo 1. ….

Quedan exceptuados de la regulación del presente ordenamiento, los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentren en la categoría de riesgo y bajo la tutela de la ley General de Vida Silvestre.”

Es importante resaltar que la Ley General de Vida Silvestre, cuyo ámbito de competencia es la conservación y el aprovechamiento sustentable de las especies silvestres así como su hábitat de aplicación en todo el territorio nacional; constituye una ley especial con el tema que regula, lo mismo sucede con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS). Es decir, el legislador ha dispuesto expresamente, que lo relacionado con cada tema ecológico, debe ser regulado por ley específica y de su competencia, de esta manera el tema de especies en categoría de riesgo está definida en el Artículo 3 fracción XVIII, de la Ley General de Vida Silvestre y la define como: “Aquellas Identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.”En el ordenamiento en cuestión comprende y tutela toda la flora y fauna nativa de nuestro país.

Una de las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es el de identificar las especies y poblaciones en riesgo de conformidad con la Normas Oficial Mexicana, esta facultad esta explicita en el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre. Y por lo que respecta a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 de la Protección Ambiental-Especial Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo Prefacio, contiene todos los lineamientos para la protección de las especies e incluye un listado de flora y fauna nacional.

De lo anterior, relativo al presente considerando se tiene la siguiente descripción:

  1. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, son leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución Federal, son de orden público e interés social, donde concurren la participación de Gobierno Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; es de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana y en las zonas donde la nación ejerce su jurisdicción.

  2. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, son emanadas por el H. Congreso de la Unión, y bajo la interpretación del artículo 133 de la Constitución, inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado Mexicano, es decir corresponden expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas del Estado Mexicano, verbigraciaestas normas tienen su origen en clausulas constitucionales de tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

  3. Una vez identificada la competencia de la norma tanto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General de Vida Silvestre; esta última en su artículo 1 Segundo Párrafo, establece la competencia sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo. Por lo tanto, si bien no es contradictorio adicionar un segundo párrafo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para excluir los recursos forestales maderables y no maderables, resulta que esta, ya está definida por la propia Ley General de Vida Silvestre, por ende es viable hacer la remisión a la ley que la regula.

DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL SENADOR CESAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.

VIII. Las propuestas de iniciativas al artículo 7, corresponde analizar lo siguiente:

  1. Adicionar el concepto de productores forestales de bajos ingresos, se estaría legislando a favor de un grupo social especifico contradiciendo a lo establecido en artículo 25, 26 y 27 de la Constitución Federal, que establece los apoyos bajo criterio de equidad social y productiva a los sectores social y privado de la economía; además debe existir una planeación democrática el desarrollo nacional; y por último estaría en contra de la regulación que prepondera el beneficio social. Por ello, resulta desafortunado adicionar el concepto descrito.

  2. Respecto al termino de recursos biológico forestales, en su redacción actual no crea confusión en su aplicación con otra legislación, es decir, cada legislación regula meterías diferentes y por ello los conceptos que en ella se plasman para los efectos de cada ley, así su interpretación debe ser de forma sistemática con las demás normas jurídicas.

  3. En cuanto a la modificación del concepto terreno preferentemente forestal, resulta inapropiado, toda vez que la determinación de un terreno preferentemente forestal se establece bajo estudios técnicos, tomando en cuenta sus antecedentes, más aún si existe poca o nula vegetación, sin contravenir a su grado de degradación o de su baja filtración hídrica.

IX. Continuando con el análisis del artículo 17 y 45 del proyecto, cuyo contenido deriva del artículo 7 fracción XIX, resulta improcedente por las razones jurídicas contrarias a la Constitución como se mencionó en el considerando VIII, apartado a); en el mismo tenor la propuesta de incluir el término sustentable ya está contenida en la denominación de la propia Ley.

X.Estas Comisiones Dictaminadoras han analizado el alcance de la reforma al artículo 18, en relación a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para establecer su domicilio en el territorio nacional, este término resulta ambiguo pues de conformidad con el artículo 33 del Código Civil Federal, establece que las personas morales tendrán su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. Esta definición pone en claro que la Comisión Nacional Forestal, actualmente está en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; esto lo reafirma la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 15, establece: “las leyes o decretos que expida el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerá el domicilio legal entre otros elementos”. Por tal motivo estas se tiene la firme convicción de rechazar la modificación.

XI. En el artículo 20 del proyecto de iniciativa se pretende incluir en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal, dos representantes de organizaciones nacionales del sector social de silvicultores, dos representantes de organizaciones nacionales de empresarios industriales forestales, y dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, directamente relacionadas con la silvicultura, todas estas organizaciones deben estar debidamente constituidas y registradas en el registro nacional que corresponda.

Debido a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional Forestal como organismo descentralizado, sustentado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se desprende que las juntas de gobierno de todos los organismos descentralizados, están integrados por los titulares de las Secretarias de Estado competentes en el ramo del organismo creado, por lo tanto la naturaleza jurídica de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal es la integración de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Integrar a los representantes de las organizaciones sociales, empresariales y civiles estaríamos contraviniendo la naturaleza jurídica, y se estará elevando a estas organizaciones al rango de autoridad legitimada por una institución, conforme a las funciones que le son generalmente reconocidas por la norma o ley. En este sentido resulta desafortunado incluir a los representantes si se toma en cuenta que existen un número indeterminado de organizaciones, más aun si no se definen las reglas para elegir tales representantes.

XII. En relación a las facultades de la Comisión Nacional Forestal, para la coordinación de las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales, así como la promoción con las dependenciasy entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o conveniosque para tal efecto se celebren. Toda la inquietud de legislador están consagradas en el artículo 123 de la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que estimamos innecesaria la suscripción de los convenios por parte de la Comisión Nacional Forestal, y en el mismo tenor la modificación al precepto 22.

XIII. La propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 30, para establecer las acciones de promoción y fomento forestal para que sean llevadas a cabo por el Gobierno Federal y/o con la coordinación de los gobiernos estatales y municipales, deben estar con apego al principio de equidad social como lo establece el artículo 25 de la Constitución Federal. Por lo tanto, es una obligación emanada de la propia constitución fomentar la actividad forestal de manera sustentable, sin privilegiar a un sector catalogado como menos favorecido. La obligación que se le impone al Estado de proponer, diseñar y aplicar medidas que coadyuven financieramente a la tarea del manejo sustentable de los ecosistemas, están a cargo de la Comisión Nacional Forestal, actualmente se encuentra regulado en párrafo tercero del artículo 138 de la misma ley en cometo, que establece los mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable, como los destinados al Programa de Desarrollo Forestal, al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y la Reforestación y Conservación de Suelos, y demás que sean adecuadas e idóneas para el desarrollo forestal.

XIV. En lo que compete a la propuesta de adicionar el aviso, en el artículo 65, del capítulo de autorizaciones para el aprovechamiento forestal sustentable, en el caso concreto lo relacionado a la suspensión del aviso; estas dictaminadoras no comparten la propuesta modificatoria. En virtud de la Teoría General de Derecho y se define al acto jurídico como toda manifestación de la voluntad que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Esta condicionante voluntad, en strictu sensuinterviene solo en la realización y no en la creación de consecuencias en el negocio jurídico. Por otra parte, para el tratadista Jorge Enrique Calafell, define al acto administrativo como: “una manifestación de la voluntad de la autoridad competente, fundada y motivada con la finalidad específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, para la satisfacción general, pudiendo ser ejecutiva o declarativa.” Si bien es cierto, los avisos son actos administrativos como ya quedo demostrado en la definición descrita, los avisos incurren en actos meramente declarativos que no tienen consecuencias jurídicas para la administración pública, de tal suerte que en la práctica no pueden ser suspendidos.

XV. En la propuesta de ampliar los requisitos para la investigación científica para aquellos investigadores acreditados, de entidades públicas de investigación, del Gobierno Federal, de los estados o de los municipios, restringe y limita radicalmente a la investigación científica; más aún resulta inconcebible beneficiar al propietario con recursos generados por la propia investigación. Es importante incentivar a las instituciones educativas y empresas privadas para la realización de investigación. La posibilidad de dejar abierta esa facultad de acompañar el programa de investigación a desarrollar con el detalle de las actividades que se llevarán a cabo, su duración, y con el compromiso de hacer partícipes a los propietarios o poseedores de los recursos de los beneficios que se generaran, debe hacerse bajo convenio entre el investigador y el propietario como ya está plasmado en el propio artículo, no sería prudente hacer una obligación legal tal requisito. De lo anterior, resulta preocupante el dato estadístico del Banco Mundial,ya que en México se aporta solo el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la Investigación Científica y al Desarrollo de Tecnología, su bajo monto representa y limita la capacidad de crecimiento y desarrollo, por lo que se mantiene el en último lugar de los 30 miembros de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.

XVI. En el mismo sentido del considerando que antecede, para el aprovechamiento, colectas y usos de los recursos forestales maderables y no maderables, ya sea para fines comerciales o de investigación, es una obligación contar con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría previo consentimiento del propietario, legitimo poseedor o en su defecto por los núcleos agrarios, de recurso biológico forestal; por el contrario solo existe una excepción a la emisión del permiso, y se da cuando las colectas sean para hacer investigación científica por parte de las entidades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para tal efecto se requiere solo dar aviso a la Secretaría, esta facultad está consagrada en el artículo 101, 102 y 103 de la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento capitulo segundo.

Es de destacar, que el proyecto de reforma al artículo 102, respecto de las manifestaciones de conocimientos aplicados en todos los registros, certificaciones y desarrollos, relacionados con los materiales colectados, son parte ya regulados por el artículo 18 y demás relativos al capítulo III De la Transmisión de Derechos, de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Por lo que respecta a patentes para hacer un reconocimiento en términos monetarios al propietario del recurso biológico forestal, se encuentra regulado en los artículos 14, 15, 16, 38 y demás disposiciones de la Ley Federal de Propiedad Industrial.

XVII. En atención a la reforma del artículo 107, estas dictaminadoras consideran que la propuesta está íntegramente contenida en el precepto, y dista mucho en corregir la redacción, todo lo contrario desatiende las medidas en relación a la prestación de Servicios Técnicos Forestales contenidas en el Reglamento e inmersos en el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el desarrollo rural sustentable, que existe una coordinación con apego a la legislación aplicable. Por ello se considera inapropiado dicha modificación.

XVIII. La propuesta planteada al numeral 112, es considerada desafortunada por estas dictaminadoras, en el sentido de que la Ley forestal, no obliga a los propietarios de terrenos forestales a organizarse, todo lo contrario; por mandato de la propia ley, establecida en los objetivos específicos, es un deber apoyar la organización y desarrollo de los propietarios forestales a mejorar sus prácticas silvícolas y propiciar la productividad en toda la cadena forestal de manera sustentable, como se establece en el artículo 3 fracción XIX y XX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En el mismo tenor, resulta improcedente la adición de un tercer párrafo al citado artículo 112, pues, en ningún caso se otorgan permisos para el aprovechamiento forestal sin condiciones, de ser así, estaríamos contraviniendo el objeto de la propia Ley, que es el aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos mediante el manejo integral sustentable preponderando su conservación.

XIX. El numeral 121 BIS, segundo párrafo, pretende dar la competencia a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para verificar el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías al país sujetos a medidas fitosanitarias, esta adición resulta improcedente e inviable, la razón jurídica que lo sustenta es la Ley Aduanera, en su artículo 3, establece las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo, son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras; en el mismo numeral establece que hay coordinación y cooperación para el desempeño de atribuciones de las autoridades aduanales con otras entidades de la administración pública federal. Es por ello, que la encargada de dar cumplimiento a estas medidas es la autoridad aduanera. Por lo que respecta a la SEMARNAT, cuya atribución es el imponer medidas de seguridad y sancionar las infracciones que se cometan en materia forestal así como hacer del conocimiento y en su caso denunciar los delitos en la materia a las autoridades competentes; es también competencia de la Secretaría expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de las materias primas forestales y sus productos, así lo dispone el artículo 16 fracciones XXI y XXVI de la propia Ley.

XX. Como se ha venido demostrando, el legislador ha dispuesto expresamente, que lo relacionado con cada tema, debe ser regulado por ley específica y de su competencia. Con esta aclaración damos paso al estudio de la adición del artículo 139 BIS de la propuesta, cuyo espíritu consiste en que la SEMARNAT al seno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, coordine la revisión de los programas forestales correspondientes al Programa Especial Concurrente (PEC). Por lo que compete al PEC, es importante destacar que se encuentra regulado, en los artículos 3 fracción XXIII, 13 II, 14, 15, 16, 17, 23, 155, 189 y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Al analizar la Ley rural, cuyo objetivo está dirigido a promover el desarrollo sustentablemente, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria su industrialización y su comercialización, de los distintos bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes aelevar la calidad de vida del medio rural. Para ello, la propia Ley rural, establece mecanismos de apoyo como el programa sectorial (PEC), propuesto por la Comisión Intersecretarial que tiene previsiones financieras al asignar recursos presupuestales que cumplan con los objetivos y acciones en la materia, constituidas en el marco de mediano y largo plazo a cargo de los diferentes niveles de gobierno, de tal manera que se pueda proporcionar a los productores mayor certidumbre en cuanto a las directrices de políticas al sector, para alcanzar una mayor productividad, rentabilidad y competitividad que permitan fortalecer su concurrencia en los mercados nacional e internacional.

De esta forma, el PEC, contempla la Vertiente Medio Ambiente, cuyo eje rector es una política pública de sustentabilidad ambiental, que resalta el desarrollo de nuevas actividades económicas que contribuya a la conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales. Es por ello, que se implementó el Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria, que tiene como propósito contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentablemente de los ecosistemas; revertir su deterioro; lograr un manejo adecuado del agua en cuencas y acuíferos; avanzar en la gestión integral de los residuos; avanzar en las medidas de adaptación del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y promover el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental primaria, otorgando apoyos y servicios. Asimismo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la meta para 2012, es: a) Aumentar a 14.13 millones de hectáreas el manejo técnico forestal, a los programas de pago por servicios ambientales y al sistema de unidades para la conservación y manejo sustentable de la vida silvestre, y b) atender 53 millones de hectáreas con prácticas de conservación, rehabilitación y mejoramiento de suelos en uso agropecuario. Para ello, se ha fortalecido los instrumentos de protección de suelos y de acciones transversales entre la SEMARNAT y la SAGARPA, para el manejo sustentable de tierras, para fortalecer los criterios ambientales en los programas agropecuarios y forestales.

No está por demás, atender la función ejecutiva encomendada constitucionalmente al Presidente de la República, para atender desde un margen de acción traducida en la toma de decisiones propias de su función administrativa, de lo contrario si se le determinan cuales deben ser sus encomiendas, se atenta contra la atribución constitucional; así todo programa debe someterse al marco del artículo 26 de la Constitución Federal, de la Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Con ello, Ejecutivo Federal mediante el Plan Nacional de Desarrollo, subordina al Congreso en cuanto a la elaboración de las políticas Públicas.

Por otra parte, atendiendo a una interpretación sistemática de la Constitución se debe tomar en cuenta el artículo 25, establece que “el Estado” tendrá la rectoría del desarrollo nacional, sin que dicho precepto excluya de la participación en las políticas públicas al Poder Legislativo.

XXI. La Comisión Nacional Forestal,tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de protección, conservación y de restauración en materia forestal; para ello, la Comisión está facultada para diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en materia forestal.

De lo anterior, analizaremos la propuesta de reforma al artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al incluir a la formación de fondos regionales, estatales o locales, que incluya el gobierno de un órgano colegiado conformado similarmente al Consejo Forestal. Damos paso al desglose jurídico, el Fondo Forestal Mexicano, se encuentra regulado en el Titulo Sexto, denominado Del Fomento al Desarrollo Forestal, en el Capítulo I, de los Instrumentos Económicos del Fomento Forestal. Sin perjuicio de lo que establecen otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y privado, y los distintos órdenes de gobierno, corresponde a la Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos en materia forestal.

De conformidad con el artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, El Fondo Forestal Mexicano, es creado bajo la figura jurídica de MANDATO, de esta forma la Comisión Nacional Forestal (mandante) ha creado un esquema financiero, Fondo Forestal Mexicano, celebrado con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (mandatario), que es el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado global, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. Una de las prioridades del fondo, es garantizar la representación equilibrada de los diferentes actores de actividad forestal como órgano regulador, para ello, se creó el Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, con capacidad para supervisar, asesorar y vigilar el destino de los recursos concentrados en el Fondo. En el Comité Mixto está conformado por representantes del sector gubernamental (SEMARNAT y CONAFOR), así como por los sectores industrial (ANAFATA y la Cámara Nacional de la Industria Forestal) y el social (Confederación Nacional de Silvicultores). Retomando el concepto de mandato, existe dentro del marco civil un substituto (tercero), que tiene los mismos derechos y obligaciones del mandatario, esto viene a suplir la propuesta de formar fondos regionales, estatales o locales. En la norma vigente, están otorgadas facultades a la Comisión Nacional Forestal para establecer delegaciones o gerencias regionales como lo establece elartículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo anterior estas dictaminadoras comparten la opinión de considerarlo improcedente.

DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

XXII. El H. Congreso de Chihuahua, ostenta sobre los principios de política ambiental e instrumentos para su aplicación, derivados de los procesos ecológicos, asumido en programas, proyectos, normas y procedimientos sobre la interdependencia de los elementos naturales que conforman los recursos susceptibles de aprovechamiento como parte integral de los ecosistemas, a fin de establecer procesos de gestión y formas de manejo integral de los recursos naturales, es el eje de la propuesta. En el marco de la Constitución Federal, en su artículo 27, fracción XX, fundamenta el objetivo central de la política forestal de México que se orienta hacia un uso sustentable de los recursos forestales del país, que permite aprovechar su importante potencial productivo de una manera integral, sin poner en riesgo los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales a la sociedad, con el fin de incrementar la participación del sector forestal en la economía nacional, bajo un modelo de aprovechamiento sustentable que garantice la generación de empleos en las zonas forestales, así como la ampliación de la oferta de productos maderables y no maderables, logrando una completa integración de todas las fases de la cadena productiva forestal.

XXIII.- Es importante para el sector forestal que cuente con un marco jurídico amplio y operativo que brinde seguridad y certeza jurídica a los propietarios de terrenos forestales y a titulares de los aprovechamientos forestales, por ello, estas comisiones dictaminadoras han analizado el alcance de la iniciativa y consideran que la reforma que pretende dicho proyecto al artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se encuentra fuera de contexto, toda vez que el artículo se refiere a la propiedad de los recursos naturales, no a las autorizaciones que requieren sobre el programa de manejo, debido a que contraviene la naturaleza del numeral. Para ello, es necesario mencionar que el artículo 62 fracción I, establece la obligación a los titulares de aprovechamiento forestal y de plantaciones forestales comerciales de firmar un programa de manejo, que desde luego, debe ser autorizado por la SEMARNAT, así lo establece las fracciones II y III el artículo 58 de la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

XXIV.- Las políticas de estado en materia de desarrollo forestal sustentable, contenidas en la propuesta de reforma a la fracción XXXII, artículo 22 a la Ley, que adicionafacultades de reglamentary establecer condiciones mínimas de los Servicios Técnicos Forestales, esta disposición contraviene lo establecido en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad reglamentaria es competencia del Presidente de la República. Respecto al tema de servicios forestales, actualmente se encuentra regulado todo lo concerniente en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Capítulo Tercero, Del Manejo Forestal Sustentable y Corresponsable, Sección Primera, de los servicios técnicos forestales, artículos 75 a 83.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideran fundamental adecuar la definición que permita una óptima interpretación de la ley; estas comisiones consideran que la evaluación de los procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales, es una previsión que ya se encuentra regulada y complementada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

XXV.- Por lo que se refiere a la propuesta al artículo 23, consideramos que la pretensión va mas allá de impulsar las promotorías, es el de crear, y dar cavidad a los municipios en la participación de las mismas. Por lo anterior, la participación de los Estados se encuentra prevista en el mismo artículo, donde las promotorías de desarrollo forestal, tienen como objetivos la difusión de las políticas de desarrollo forestal y de los apoyos institucionales que sean destinados al sector, además promueve la organización de los productores del sector social y privado, así como la promoción y la participación activa del sector forestal en las acciones institucionales y sectoriales, se procura la oportunidad en la atención a los propietarios, poseedores y titulares de autorizaciones de aprovechamientos forestales; se da cumplimiento con las responsabilidades que se les asignen a fin de acercar la acción pública al ámbito rural forestal. Es así, como forman parte de los Distritos de Desarrollo Rural en las entidades federativas y abre la posibilidad de establecer otras estructuras establecidas en las mismas entidades federativas, extendiéndose a los municipios.

XXVI.- Es importante señalar que la propuesta de adición de la fracción XII al artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para expedir la documentación que acredite la legal procedencia de materias primas forestales, es una facultad exclusiva de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecida en el artículo 16 fracción XXIV y se complementa con la fracción XXV sobre la regulación del transporte; de lo anterior la SEMARNAT no solo expide la documentación, también la valida y regula.

Es importante establecer la competencia de la SEMARNAT desde el punto de vista de la administración pública, cuyo sustento esta en el artículo 90 de la Constitución Federal, donde establece la distribución y competencia de la administración pública federal, esta deberá ser centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica expedida por el Congreso; es así como se distribuyen los negocios en el orden administrativo de la federación, estando a cargo las secretarias de estado en su operación. Ahora, una vez definida la estructura administrativa, encontramos en el artículo 32 Bis, fracción XXXIX la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones de la SEMARNAT consistente a otorgar contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, asignaciones, así como el reconocimiento de derechos en materia de agua, forestal, ecológica, explotación de flora y fauna silvestre. De esta forma se deduce que una vez emitido una autorización por parte de la autoridad administrativa, esta tiene la obligación de emitir documentación que ampara tal acto jurídico.

XXVII.- Estas Comisionesconsideran innecesaria la propuesta ala adición al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que pretende facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, den cumplimiento a los objetivos del Servicio Nacional Forestal, para definir las políticas de origen y destino de las aguas superficiales y subterráneas, con la finalidad de validar y moderar la prestación de servicios ambientales hidrológicos.

De la interpretación ordenada, al numeral 27 de la Ley, establece una serie de atribuciones propias para la SAGARPA y en coordinación con la SEMARNAT y la CONAFOR, que atienden de forma sistemática a las disposiciones de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de estas facultades de coordinación existe un vinculo directo entre ambas secretarias, pues atienden temas agropecuarios y de desarrollo rural, vinculados con los Distritos de Desarrollo Rural y las Promotorías de Desarrollo Forestal, comprendidas en áreas agropecuarias-forestales para su conservación, y sobre todo del manejo de las cuencas hidrológico-forestales; en síntesis el Legislador ha implementado una serie de facultades AGROPECUARIO-FORESTAL, actividades primarias para el sector rural que evidentemente acota a lo establecido en la fracción XIX y XX del artículo 35, complementario a la fracción XXV del artículo 32 BIS, todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Retomando la propuesta de adición al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el resultado de la valoración al mencionado artículo porestas comisiones dictaminadoras, consideran que el contenido de la fracción no es materia de la ley, debido a que la regulación de todas las aguas nacionales superficiales o del subsuelo así como las políticas y servicios ambientales hidrológicos y su vínculo con los recursos forestales, es regulado por los artículos 2, 3 fracción XLIX, 6 fracción VII, 8 fracción I y VI, 9 segundo párrafo y fracción III, 14 Bis, 15 y demás disposiciones de la LEY DE AGUAS NACIONALES.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala.

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XLVIII. …

XLIX. "Servicios Ambientales": Los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales;

L. a LXVI. …

ARTÍCULO 6. Compete al Ejecutivo Federal:

I. a VI. …

VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos;

VIII. a XI.

ARTÍCULO 8. Son atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

I. Proponer al Ejecutivo Federal la política hídrica del país;

VI. Las que en materia hídrica le asignen específicamente las disposiciones legales, así como aquellas que le delegue el Titular del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

a. …

b. …

….

….

I. a II. …

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

XXVII

XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;

XXIX. a LIV. …

ARTÍCULO 14 BIS."La Comisión", conjuntamente con los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.

….

….

I. a V. …

ARTÍCULO 15. La planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente. La formulación, implantación y evaluación de la planificación y programación hídrica comprenderá:

I. El Programa Nacional Hídrico, aprobado por el Ejecutivo Federal, cuya formulación será responsabilidad de "la Comisión", en los términos de esta Ley y de la Ley de Planeación; dicho programa se actualizará y mejorará periódicamente bajo las directrices y prioridades que demanden el bienestar social y el desarrollo económico, sin poner en peligro el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de los procesos involucrados;

II. Programas Hídricos para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos de cuencas hidrológicas en que se constituyan Organismos de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, elaborados, consensuados e instrumentados por éstos; en los casos de estados y Distrito Federal que conforme a su marco jurídico desarrollen un programa hídrico estatal apoyado en la integración de la programación local con participación de la sociedad organizada y autoridades locales, dichos programas serán incorporados al proceso de programación hídrica por cuencas y regiones hidrológicas;

III. Los subprogramas específicos, regionales, de cuencas hidrológicas, acuíferos, estatales y sectoriales que permitan atender problemas de escasez o contaminación del agua, ordenar el manejo de cuencas y acuíferos, o corregir la sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas; dichos subprogramas comprenderán el uso de instrumentos para atender los conflictos por la explotación, uso, aprovechamiento y conservación del agua en cantidad y calidad, la problemática de concesión, asignación y transmisión de derechos de uso de agua en general para la explotación, uso, y aprovechamiento del agua, incluyendo su reúso, así como el control, preservación y restauración de la misma; la formulación y actualización del inventario de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, así como el de los usos del agua, incluyendo el Registro Público de Derechos de Agua y de la infraestructura para su aprovechamiento y control;

IV. Programas especiales o de emergencia que instrumente "la Comisión" o los Organismos de Cuenca para la atención de problemas y situaciones especiales en que se encuentre en riesgo la seguridad de las personas o sus bienes;

V. La integración y actualización del catálogo de proyectos para el uso o aprovechamiento del agua y para la preservación y control de su calidad;

VI. La clasificación de los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen, y la elaboración de los balances hídricos en cantidad y calidad y por cuencas, regiones hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con la capacidad de carga de los mismos;

VII. Las estrategias y políticas para la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua y para su conservación;

VIII. Los mecanismos de consulta, concertación, participación y asunción de compromisos específicos para la ejecución de programas y para su financiamiento, que permitan la concurrencia de los usuarios del agua y de sus organizaciones, de las organizaciones de la sociedad y de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal;

IX. Los programas multianuales de inversión y operativos anuales para las inversiones y acciones que lleve a cabo "la Comisión" por sí en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley o a través de los Organismos de Cuenca, y

X. La programación hídrica respetará el uso ambiental o de conservación ecológica, la cuota natural de renovación de las aguas, la sustentabilidad hidrológica de las cuencas hidrológicas y de ecosistemas vitales y contemplará la factibilidad de explotar las aguas del subsuelo en forma temporal o controlada.

La formulación, seguimiento, evaluación y modificación de la programación hídrica en los términos de la Ley de Planeación, se efectuará con el concurso de los Consejos de Cuenca, los que señalarán los mecanismos de consulta que aseguren la participación y corresponsabilidad en el desarrollo de actividades, de los usuarios y demás grupos sociales interesados.

La planificación y programación nacional hídrica y de las cuencas se sustentará en una red integrada por el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua a cargo de "la Comisión" y los Sistemas Regionales de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua, cuya creación y desarrollo será apoyada por "la Comisión" y los Organismos de Cuenca.”

De las disposiciones anteriores, se aclara sobre la aplicación de las políticas de origen y destino le corresponden al Ejecutivo Federal delegando a la SEMARNAT y la Comisión Nacional Forestal su exacta aplicación; de aceptar la propuesta de reforma, la SAGARPA estaría facultada para definir el origen y destino de las aguas contraviniendo las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

XXVIII.- Por lo que se refiere al artículo 62 fracción I y 64 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones comerciales estarán obligados a presentar en su caso los contratos de prestación de servicios técnicos forestales, se considera innecesarios establecer en los numerales citados la presentación del contrato respectivo, toda vez que dichos preceptos establecen las actividades que debe desarrollar el titular del aprovechamiento forestal previo a, durante y post al otorgamiento de la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las facultades están establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal y su Reglamento. Estas dictaminadoras, han valorado el contrato como un requisito apropiado para dar la certeza jurídica de aplicar la corresponsabilidad del prestador del servicio técnico forestal y el titular del aprovechamiento, si bien es cierto la SEMARNAT y la CONAFOR carecen de facultades para regular las relaciones entre particulares por tratarse de contratos de naturaleza civil, si puede imponer sanción administrativa con apego al artículo 163 de la Ley.

Referente a la propuesta de reforma al artículo 67, que propone establecer una causa de nulidad sobre las autorizaciones de los aprovechamientos forestales cuando el titular no demuestre tener la capacidad para asumir la conducción técnica del programa de manejo, o si el prestador de servicios técnicos forestales que contrata no reúne los requisitos que establece la Ley. Dentro del espíritu de esta modificación, es pertinente hacer mención sobre el contenido de la Ley vigente, para ello, en el título cuarto del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, capítulo III del manejo forestal Sustentable y Corresponsable, sección 1 de los Servicios Técnicos Forestales, artículo 107 establece:

“ARTICULO 107. Las personas físicas y morales que pretendan prestar servicios técnicos forestales deberán estar inscritos en el Registro. El Reglamento y las normas oficiales mexicanas determinarán los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de estos servicios. Los prestadores de estos servicios podrán ser contratados libremente. La Comisión promoverá el establecimiento de parámetros y criterios para la determinación de honorarios por estos servicios.

Cualquier persona física o moral que acredite su competencia y calidad de acuerdo con lo que establezca el Reglamento para tal efecto, podrá prestar servicios técnicos forestales, previa inscripción en el Registro. El Reglamento establecerá las medidas para encuadrar la prestación de los Servicios Técnicos Forestales en el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo con la legislación aplicable; las Normas Oficiales Mexicanas determinarán los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de estos servicios. Los prestadores de servicios técnicos forestales podrán ser contratados libremente. La Comisión promoverá el establecimiento de parámetros y criterios para la determinación de honorarios por estos servicios.”

Consideramos que la propuesta está atendida e implícita en el numeral 107 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde establece los requisitos para poder otorgar servicios técnicos forestales que deberán apegarse a las disposiciones del Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas. Además, en el artículo 74 de la Ley, establece como requisito para otorgar la autorización de aprovechamiento forestal, presentar el programa de manejo forestal que es el instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de forma sustentable. Para dar certeza a lo citado, el artículo 163 fracción XVI de la norma en estudio, los prestadores de servicios técnicos deberán obtener previamente su inscripción en los registros correspondientes, de lo contrario son causa de sanción administrativa.

XXIX.- El artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, incluye como requisito para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables un programa de manejo simplificado, presentado a la autoridad competente cuando se trate de especies determinados por el Reglamento o las normas oficiales mexicanas.

En este sentido, la importancia de aprovechar los recursos no maderables seencuentra contemplado en la ley vigente, establece las formas para el aprovechamiento sustentablemente de estos recursos y los requisitos del aprovechamiento; todas estas acciones deben ser con apego al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y las Normas Oficiales Mexicanas.

De la facultad reglamentaria, la SEMARNAT a través del Ejecutivo Federal, establece los requisitos y casos en que se requerirá autorización y presentación de programas de manejo simplificado, por lo que no se le puede dar un carácter general de aplicación a todos los recursos no maderables ya que en el artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, especifica que la presentación de un programa de manejo simplificado, se dará en los casos de tierra de monte y de hoja; tallos de las especies del género Yucca; plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae, y otros casos determinados expresamente en las normas oficiales mexicanas. Asimismo en el numeral 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece la excepción para autorizar el aprovechamiento de los recursos no maderables en riesgo, especies amenazadas, en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial.

XXX.- La propuesta planteada al numeral 112, es considerada desafortunada por estas dictaminadoras, en el sentido de que la Ley forestal, apoya a propietarios de terrenos forestales a organizarse,como se establece en el artículo 3 fracción XIX y XX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

XXXI. En términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estas comisiones hacen suyo el estudio que para tales efectos formule la colegisladora y declare enfáticamente que las posibles erogaciones federales que genere la aplicación del presente dictamen con proyecto de decreto por que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, deberán ser las mismas que, para tales efectos, sean aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Correspondiente a la vigencia del presente decreto.

MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS

Dentro de las reformas propuestas por los legisladores Cesar Raúl Ojeda Zubieta y Jorge Legorreta Ordorica, así como el H. Congreso de Chihuahua, consideradas importantes, para formar parte de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, ya que acertadamente aportan elementos para tutelar a las especies en peligro; mejoran el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables de forma sustentable, y la capacidad de atender incendios forestales.

Estas comisiones dictaminadoras, mantienen firme la convicción de modificar los artículos 6, 15, 62, 64, 74 y 163, para garantizar la protección de especies en categoría de riesgo, así como integralidad y sustentabilidad del crecimiento económico, una distribución justa de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad ydignidad de los individuos, grupos y clases sociales, sobre todo respetando la composición pluricultural de los pueblos y comunidades indígenas, poseedoras de recursos forestales y sobre todo propiciar el cuidado y conservación del medio ambiente.

1.- Con la modificación al artículo 6, cuyo numeral establece la aplicación supletoria con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en este ordenamiento contempla el aprovechamiento y manejo de las especies y poblaciones en riesgo, pero de manera íntegra en los artículos 85, 87 y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Vida Silvestre, por lo tanto, en esta norma se establecen los lineamientos de aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas. Para las especies endémicas y de los recursos forestales no maderables se otorgaran las autorizaciones de aprovechamiento con apego a las Normas Oficiales Mexicanas; por ello, estas comisiones coinciden con el proponente, para establecer la excepción y regulación de estas especies en el texto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

2.- Con la adición de una fracción al artículo 15 de la Ley, de otorgar facultades a los municipios para supervisar el uso del fuego en terrenos agropecuarios, actividad primordial del país. La agricultura, cuyo origen alimentario consiste en la producción de granos considerados estratégicos como el maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, cítricos, hortalizas y muchísimos más productos. Dentro de la actividad agrícola de nuestro país, uno de los principales problemas que enfrenta el campo es el desmonte o desyerbe, usualmente esta actividad es utilizada para limpiar de maleza las áreas de cultivo, en efecto, muchas zonas agrícolas limitan con terrenos forestales, lo preocupante no es el procedimiento de limpia, lo importante es la correcta aplicación de estos procedimientos que en muchas ocasiones utilizan el fuego para limpiar de maleza, muchas veces el fuego resulta descontrolado y provoca la pérdida de flora y fauna silvestre. Por ello, resulta importante que el ayuntamiento municipal, se obligue a velar por la correcta aplicación de métodos de limpia en terrenos no solo agropecuarios, también forestales, y que se encuentran regulados en las Normas Oficiales Mexicanas.

De las facultades vigentes otorgadas a los municipios, existe una participación en coadyuvar el combate de incendios forestales en coordinación con el Gobierno Federal (SEMARNAT y CONAFOR), el Distrito Federal y los gobiernos estatales, de acuerdo con los programas de protección civil y de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. De esta forma quien coordina las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales es la Comisión Nacional Forestal; nuevamente el municipio está facultado para atender el combate y control de los incendios forestales, así lo establecen los artículos 15 fracción XI y 123 segundo párrafo, actualmente el municipio no tiene la facultad preventivas o de vigilancia para quienes operan o usan el fuego en el medio rural.

3.- Del numeral 74, fracción III de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece los requisitos que deben cumplir los sujetos agrarios para aprovechar sus recursos forestales maderables de forma colectiva, uno de los requisito establecidos en el numeral es la copia certificada del Reglamento interior, donde quede definidas las obligaciones, derechos y formas de participación de estos recursos con apego a la Ley Agraria; de las propuestas de modificación, de la presentación del reglamento interno del núcleo agrario, cuando esta la haya expedido y aprobado ante asamblea general y certificado por el Registro Agrario Nacional (RAN); y la segunda, consiste en que la documentación que presente el núcleo agrario para solicitar la autorización, cuente con la certificación debida del RAN. La propuesta de presentar la documentación debidamente certificada por el RAN, para acreditar la propiedad social, se encuentra inmersa en el artículo 10, 56 y de más relativos de la Ley Agraria; también se encuentra regulado la elaboración y aprobación del Reglamento interno del ejido contemplado en el artículo 23 fracción I, del marco jurídico agrario. De esta forma el Registro Agrario Nacional, es un órgano desconcentrado de la Secretaria de la Reforma Agraria, encargada del control y registro sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y brinda la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria.

Es importante hacer una alusión al marco jurídico agrario, pues se deriva de la iniciativa que reforma la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable. Dentro de los núcleos agrarios la Asamblea General es el órgano supremo en el que participan todos los ejidatarios o comuneros, entre sus amplias facultades está el de formular y expedir el reglamento interno o estatuto comunal, en él se delimita, asigna y destinan las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. Con estas facultades la asamblea establece de manera interna las obligaciones y derechos de los miembros del ejido y acuerda la designación de los bienes propios incluyendo los recursos naturales, el agua, y todo bien susceptible de aprovechamiento, sin más limitaciones que la propia Ley Agraria y demás ordenamientos jurídicos, aplicables de forma supletoria como lo dispone el artículo 2 de la propia Ley.

De esta forma estas comisiones acertadamente coinciden con el legislador promovente hacer la opción de presentar el reglamento interno del ejido. Ahora, es importante adicionar la presentación de un marco legal interno correspondiente al régimen comunal o comunidades, definido en el artículo 99 de la Ley Agraria como ESTATUTO COMUNAL. Así, el procedimiento jurídico para hacer coercible y eficiente sus disposiciones derivan del artículo 23 de la propia Ley Agraria y no constituyen reglamentos internos; por lo tanto el estatuto comunal y el reglamento interno jurídicamente no son equitativos de conformidad con la Ley Agraria, es por ello, que se debe brindar certidumbre jurídica a las comunidades agrarias para el aprovechamiento de sus recursos forestales, debe existir coordinación e interpretación sistemática con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con la Ley Agraria.

4.- Del contenido al numeral 163, fracciones XXIV y XXV de la propuesta, en la fracción XII del mismo numeral se encuentra regulado el contenido de la fracción XXV, establece como infracción el incumplimiento obligatorio de dar avisoo presentar informes a todo lo que establece la Ley, de ser procedente existiría una duplicidad en la norma jurídica. Por el contrario es procedente el contenido de la fracción XXIV de la propuesta; es importante mantener el contenido de la fracción vigente, y por ello, estas dictaminadoras consideran establecer una nueva fracción para definir la infracción a quien opere un centro de transformación y almacenamiento sin contar con la autorización respectiva, al respecto es necesario adecuar la citada fracción para dar mayor certeza y claridad en la redacción.

Por lo anteriormente manifestado, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos Segunda, con fundamento en lo previsto por el inciso a) del artículo 72 y la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan: la  fracción XXI al artículo 15 y se recorren las siguientes, la fracción XXIV del articulo 163 y se recorren las siguientes. Se reforman: el artículo 6, las fracciones XIV y XV del artículo 13, la fracción III del artículo 74, los artículos 115 y 128, todos de laLey General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

ARTICULO 6. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quedan excluidas de la regulación de este ordenamiento, los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentran en la categoría de riesgo y que están bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre.

ARTICULO 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XIII. …

XIV.Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana respectiva;

XV.Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo y de conformidad con lo que se establezca en los Convenios de Coordinación que para el efecto se firmen con la Federación y los Municipios;

XVI. a XXXII. …

ARTICULO 15. Corresponde a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XIX. …

XX.Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos establecidos en esta Ley;

XXI.Supervisar el uso de fuego en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales, de conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, y

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

ARTÍCULO 74. Las solicitudes para obtener la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de:

I. a II. ...

III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar los documentos debidamente certificados por el Registro Agrario Nacional que acredite la propiedad social, acta de asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento interno o Estatuto Comunal en el cual se definan las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos;

IV. a VI. …

ARTICULO 115. Quienes realicen el transporte y almacenamiento de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán acreditar su legal procedencia con la documentación que para tal efecto expidan las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 128. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, no maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I...III.

...

...

...

...

...

ARTÍCULO 163. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I al XXII. ...

XXIII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello;

XXIV. Operar un centro de transformación o almacenamiento sin la autorización legalmente expedida, y

XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México a 21 de octubre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION DE DESARROLLO RURAL
COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
COMISION DE REFORMA AGRARIA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, les fueron turnadas para su estudio y dictaminación correspondiente, tres INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, presentadas por los Senadores Graco Ramírez Garrido, Rogelio Rueda Sánchez y Beatriz Zavala Peniche a nombre propio y de diversos Senadores del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en el artículo 94, párrafo I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los integrantes de las Comisiones que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el presente dictamen, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE TRAMITE LEGISLATIVO

PRIMERO. En sesión ordinaria del 22 de abril de 2008, el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, registró una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Durante la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2009, el Senador Rogelio Rueda Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

TERCERO. En la sesión del 8 de octubre de 2009 la Senadora Beatriz Zavala Peniche, presentó a nombre propio y de los Senadores Gabriela Ruíz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la General de Desarrollo Social.

El Presidente de la Mesa Directiva turnó las iniciativas referidas a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y elaboración del dictamen respectivo.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A. INICIATIVA DEL SENADOR GRACO RAMÍREZ GARRIDO

1. El promovente refiere que la Ley General de Desarrollo Social pretendió dotar de un sentido amplio a la política en la materia, al incluir entre sus vertientes: I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; II. Seguridad social y programas asistenciales; III. Desarrollo Regional; IV. Infraestructura social básica, y V. Fomento del sector social de la economía.

Lo anterior, está previsto en el artículo 14 del referido ordenamiento jurídico. Al decir del autor, esta enumeración de vertientes deja fuera otras políticas referidas a determinados sectores de la población, además de la generación de empleo e ingreso y el desarrollo productivo. Es así que propone una modificación en la siguiente forma: Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: I.Inversión productiva, capacitación, generación de empleo e ingreso familiar. II. Sectorial: alimentación y nutrición, salud, educación y capacitación, vivienda, seguridad social, infraestructura social básica, recreación y deporte, asistencia social. III. Territorial: Desarrollo regional, local, comunitario. IV. Programas especiales focalizados V.Grupos de población: Mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, migrantes.

2. La iniciativa en estudio, refiere la intención de fortalecer a la Comisión Intersecretarial como órgano de coordinación de las acciones y políticas de desarrollo social. Propone reformar el artículo 21 de la LGDS para establecer que la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social deberá: Presentar anualmente un informe que contenga los criterios utilizados para la elaboración de la propuesta de montos y partidas presupuestales para desarrollo social. Se señala que el citado informe debe contener además la información detallada de la forma en que se da cumplimiento a las disposiciones en materia de gasto social que señala la LGDS. Aunado a lo anterior, refiere que la Comisión Intersecretarial, deberá justificar la propuesta de distribución con base en el Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social. También en materia de presupuesto, se propone adicionar una fracción XI al artículo 5 de la LGDS, para definir al gasto social.

4. Se incluye como otra función de la Comisión Intersecretarial operar una Base de Datos Nacional de Desarrollo Social, que contenga la información de los programas, las altas y bajas de los derechohabientes y su ubicación geográfica; este instrumento, estará a disposición del Congreso de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y del Consejo Nacional de Evaluación.

5. Se busca crear la figura de Convenios Únicos de Desarrollo Social, a cargo también de la Intersecretarial, como una forma de articular las estrategias y políticas estatales y federales.

6. Otra modificación que se plantea, es la referida a la integración de la mencionada Comisión. Se propone que esta instancia sea presidida por el Presidente de la República y que se incorporen, con derecho a voz, de los titulares de los siguientes organismos: INMUJERES, CONAPRED, INAPAM, y CONAPO.

7. Propone sustituir el concepto de “beneficiarios” de los programas por el de “derechohabientes”. Expresa que con esta modificación se busca potenciar la noción de las y los ciudadanos como sujetos de derechos y responsabilidades y alentar la construcción de ciudadanía.

8. Se expresa en la iniciativa la necesidad de modificar la denominación del capítulo de medición de pobreza, y sustituirlo por el “Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social”. Dicho sistema, lo concibe como un instrumento público que permita conocer el grado de ejercicio de los derechos sociales de la población, así como los rezagos en la materia. Propone que el CONEVAL no esté sectorizado en ninguna Secretaría, como una vía para fortalecer su autonomía.

9. Se propone que la evaluación de la política social que realice el CONEVAL incluya la manera en que los programas y formas de intervención pública inciden en el cumplimiento de los derechos sociales. La iniciativa propone también que las recomendaciones del CONEVAL, que deriven de las evaluaciones, tengan carácter vinculatorio y se dispone que éstas deban ser tomadas en cuenta en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

10. La propuesta en estudio busca establecer como atribuciones del CONEVAL las siguientes: Realizar el Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social; Establecer el Sistema Integral de Información, Monitoreo y Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social; Realizar la evaluación general de la Política Nacional de Desarrollo Social; Elaborar y publicar anualmente un informe que contenga la situación del país en materia de desarrollo social y la evaluación general de la PNDS.

11. Se menciona que es preciso avanzar en la integralidad de las políticas y programas de los distintos órdenes de gobierno, en este contexto, propone que el total del presupuesto a invertir en cada una de las entidades federativas por medio de los programas federales de desarrollo social, deba convenirse con los gobiernos estatales; y que al menos el 50% de esos recursos sea ejercido por las entidades federativas.

12. Por lo que hace a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, propone que dicho organismo este facultado para formular observaciones y proponer modificaciones al Programa Nacional de Desarrollo Social, sobre los programas de desarrollo social y las reglas de operación.

13. Se propone crear el Programa Nacional de Inclusión y Equidad Social. El argumento es que con él se busca institucionalizar, articular, dar mayor coherencia y continuidad a la acción social del Estado en las regiones, zonas y localidades en situación de vulnerabilidad, marginación y de pobreza.

14. Propone la transformación del Consejo Consultivo que de la Secretaría de Desarrollo Social pasaría a fungir como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo Federal.

15. La iniciativa establece un perfil para los delegados del gobierno federal que operen programas de desarrollo social en las entidades federativas.

16. Dispone además que la documentación y publicidad de los programas públicos, contenga la leyenda: "Este programa es financiado con recursos públicos. Las prestaciones sociales que contiene son parte de los derechos garantizados por el Estado, por tanto, su entrega no depende de ninguna persona, partido político o funcionario público”.

17. Se busca reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para adicionar dos supuestos dentro de las obligaciones de éstos: Abstenerse de realizar publicidad que relacione el nombre, voz, imagen, fotografía de servidores públicos con alguna prestación, bien o servicio social de carácter público; y Abstenerse de realizar acciones de condicionamiento, presión, e inducción para orientar el voto a favor de algún partido político o candidato mediante los programas de desarrollo social. Propone modificar la Legislación electoral para establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como obligación para el IFE, desarrollar programas y actividades de educación cívica sobre el voto libre y los derechos de los sectores de población en situación de pobreza.

B. INICIATIVA DEL SENADOR ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ

1. Señala el promovente que existe dispersión en los programas sociales de las dependencias e instituciones federales. Refiere que éstos se ejecutan sin una coordinación apropiada con las Entidades Federativas y además que se duplican con programas locales.

2. Menciona que la instrumentación de los programas requiere transitar a mayores niveles de transparencia, particularmente en las Reglas de Operación y debe evitarse que el ejercicio presupuestal se vincule con los Procesos Electorales.

4. Considera necesaria la consolidación de los programas sociales para dar certidumbre a la política social y a sus efectos sobre el desarrollo, evitando dispersión de recursos y sobrecostos, eficientando la focalización y ampliando las coberturas. De acuerdo a su propuesta, cada instancia de gobierno deberá compactar los programas sociales en las dependencias centrales y el sector paraestatal, creando mecanismos de control para eficientar los recursos públicos y sus resultados.

5. En opinión del autor, se debe transitar hacia la descentralización de programas a estados y municipios, precisando los alcances del sistema de distribución de competencias.

6. Estima que se requiere simplificar las Reglas de Operación y establecer mecanismos que permitan la transparencia de los programas sociales en su conjunto, específicamente en el ejercicio del presupuesto asignado, su fiscalización, evaluación y difusión.

7. Propone dar mayor transparencia a los padrones de beneficiarios, transitar hacia un sistema de padrones de beneficiarios que incluyan los de estados y municipios y establecer Convenios de Coordinación entre órganos de gobierno para interconsulta de información. Define como atribución de la Comisión Intersecretarial la de supervisar la operación de la Operación de la Base de Datos Nacional de Desarrollo Social.

8. Para efectos de un mejor control, menciona que se debe buscar que los programas sociales entren a la bancarización sin costo para los beneficiarios, usando la red de instituciones bancarias y organismos auxiliares en función a la cobertura territorial, que deben estar obligadas a dar los servicios en igualdad de circunstancias que al resto de sus usuarios. Afirma que el control electrónico de los subsidios y transferencias permitirá la disminución de costos indirectos y la eliminación de riesgos, dispendio y manipulación que se derivan por el pago en efectivo.

9. Por otro lado, refiere que la designación de delegados federales debe tener los controles que permitan eliminar el uso de los Programas Sociales con fines político clientelares y de manipulación electoral. Propone establecer un perfil profesional, y como requisitos, los de tener experiencia en la materia, no haber ocupado en la circunscripción puesto de representación popular o candidatura y de dirigencia partidista, en ambos casos en un lapso de cinco años anteriores a la asunción del puesto. Propone que dichos delegados sean designados mediante propuesta del Ejecutivo Federal, con la ratificación de órganos colegiados en las entidades federativas; para lo cual se instituiría un SubComité de Desarrollo Social donde estén representadas las Instituciones Académicas y la Sociedad Civil en seno de los Coplades.

10. En materia evaluación de los programas sociales propone eliminar la sectorización del CONEVAL a la Sedesol para evitar la dependencia y la autoevaluación.

11. Considera rebasado el término de beneficiario, por lo tanto se incorpora al texto la de participantes de los programas sociales.

12. Estima necesario incorporar un tipo penal especial en el texto de este ordenamiento legal, para acotar y en su caso penalizar acciones que utilicen la información contenida en los padrones de beneficiarios con fines de promoción de un servidor público o de un partido político.

13. Aunado a lo anterior, propone la modificación de las vertientes de la Política de Desarrollo Social, en lo términos planteados en la iniciativa del Senador Graco Ramírez, pero adiciona que la disposición de que las políticas y programas sociales de las entidades federativas y los municipios deben inscribirse también en cualquiera de las vertientes señaladas.

14. Propone la creación de un Programa Nacional de Inclusión y Equidad Social que articule las acciones y programas de las dependencias federales, estatales y municipales dirigidos al combate a la pobreza.

15. Propone reformar el artículo 21 de la LGDS para establecer que la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social presente anualmente un informe que contenga los criterios utilizados para la elaboración de la propuesta de montos y partidas presupuestales para desarrollo social pero agrega que Las Cámaras del Congreso de la Unión podrán requerir información adicional.

16. Retoma la propuesta de crear un Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social en los términos planteados en la iniciativa del Senador Graco Ramírez pero señala que las Comisiones del Congreso de la Unión podrán requerir al CONEVAL la elaboración de evaluaciones y diagnósticos que en particular se requieran.

17. Propone que los miembros académicos del Consejo Consultivo provengan de instituciones públicas de educación superior de toda la República.

C. INICIATIVA DE LA SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE Y DE SENADORES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1. Menciona que en los últimos años la Sedesol ha avanzado en la construcción de los padrones de los programas sociales que maneja a nivel nacional que incluyen poco más de 35 millones de beneficiarios. Sin embargo, refiere que no existe un registro nacional de los padrones de beneficiarios, ni de los programas sociales que incluya aquellos de los gobiernos estatales y municipales.

2. Expresa que con el fin de que los beneficiarios y las instituciones encargadas del desarrollo social tengan un conocimiento transparente de los beneficiarios y de los programas sociales a nivel nacional, se requiere una normatividad que obligue a estados y municipios a elaborar los padrones y hacerlos públicos en los mismos términos en que están los federales, particularmente de aquellos programas que se aplican en coparticipación con el gobierno federal. De ahí que sea necesaria la elaboración de un solo registro de beneficiarios y programas de desarrollo social que incluya a los federales, estatales y municipales.

3. Por esto, propone ampliar la definición del padrón vigente en la Ley General de Desarrollo Social para conceptualizarla como una “relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales, estatales y municipales de Desarrollo Social”. Relación que se propone denominar Padrón Nacional de Beneficiarios y Base Nacional de Datos de Desarrollo Social.

4. Con el objetivo de fortalecer y garantizar la transparencia y evitar el uso electoral de los programas sociales propone que una vez constituido el Padrón Nacional de Beneficiarios y Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, este sea certificado por un auditor externo.

5. Se propone que para la entrega de los apoyos en efectivo se utilice preferentemente el Sistema Bancario Nacional o los usos de instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional, autorizados para el manejo de recursos monetarios.

6. Considera que debe ser prioritario fortalecer la generación de ingresos de empleo mediante la capacitación y el fomento de opciones productivas para la la economía familiar y el autoempleo, de ahí que se propone que esta política se incluya como una de las vertientes de la Política Nacional de Desarrollo Social.

7. Para dar mayor efectividad a las propuestas anteriores, y con el objetivo de que los ciudadanos conozcan con certeza la procedencia, destino y uso de recursos de los programas sociales, estima que es indispensable que los gobiernos estatales y municipales informen públicamente en sus promocionales el origen de los recursos federales que ejecutan por coparticipación, mediante la firma de Convenios únicos de Coordinación. Por lo que se propone ampliar y precisar en este tenor el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social referida a la propaganda de los sociales.

8. En este mismo sentido, se propone que sea la Auditoría Superior de la Federación la instancia que de seguimiento al uso adecuado de los recursos federales que se entregan a estados y municipios, por mecanismos de coparticipación convenidos.

9. Es necesario establecer que los titulares de las delegaciones de SEDESOL sean profesionistas, capacitados y con experiencia, lo que queda puntualizado en el artículo 60 bis.

10. Por último la experiencia nacional en la operación de los programas sociales nos lleva a enfatizar la urgencia de establecer sanciones a servidores públicos de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal que, en el ejercicio de sus funciones: a) contravengan u ordenen contravenir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, b) utilicen los programas convenidos, padrones, fondos presupuestales o recursos humanos y materiales de los programas de desarrollo social convenidos, para los fines electorales o con propósitos políticos, c) desvíen o malversen los fondos o recursos destinados a actividades de desarrollo social.

II. CONSIDERACIONES

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reconocemos la importancia de continuar con el proceso de institucionalización de la política de desarrollo social, a fin de dotar a dicha política de los instrumentos necesarios para enfrentar con efectividad los grandes retos del país en materia de desigualdad, de pobreza, de marginación y de exclusión social, y para lograr el acceso de todas y todos los mexicanos al desarrollo social. Estimamos de igual forma que debe seguirse avanzando en la edificación de una política social de Estado, orientada hacia el objetivo de hacer realidad los derechos sociales de las y los mexicanos.

Debe reconocerse que la Ley General de Desarrollo Social aportó diversos mecanismos para avanzar en estos propósitos. De las iniciativas en estudio, se retomaron diversas disposiciones, mismas que fueron analizadas e integradas en un solo proyecto de reformas y adiciones, mismas que se agrupan de la forma siguiente:

I. Fortalecimiento de las Políticas de Combate a la Pobreza

II. Transparencia, integralidad y coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno

III. El sistema nacional de indicadores de desarrollo social

IV. De los servidores públicos que operen políticas y programas de desarrollo social

V. Impacto de las evaluaciones en la planeación y programación de la política de desarrollo social

VI. Fortalecimiento del CONEVAL

I. FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE COMBATE A LA POBREZA

Se precisa la redacción de la fracción V, artículo 10, para determinar como derecho de los beneficiarios, el de “recibir las prestaciones, bienes y servicios que se otorgan a través de los programas sociales orientados a combatir y superar la pobreza y la marginación, conforme a sus reglas de operación o a la normatividad correspondiente, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada”.

Se crea un nuevo artículo 15 bis, con el fin de promover una mayor correspondencia de las políticas y programas públicos de combate a la pobreza con el Programa Nacional de Desarrollo Social.

Se determina también que este programa contemple una estrategia integral. Estas disposiciones refuerzan el objetivo de que las políticas de desarrollo social promuevan condiciones propicias para el ejercicio de los derechos sociales. Se establecen además los siguientes lineamientos:

I. La cobertura de sus programas deberá abarcar al menos las zonas de atención prioritaria. Es decir, las políticas de combate a la pobreza deben atender a la totalidad de las zonas consideradas prioritarias por su grado de pobreza y marginación.

II. La planeación y programación de acciones y programas, se basará en un diagnóstico claro de las problemáticas e enfrentar, en los mapas de pobreza y en los datos que genere el Consejo Nacional de Evaluación.

III. Deberá promover la cohesión social y la solidaridad entre los beneficiarios.

Las anteriores medidas, disminuirán la discrecionalidad y se dará mayor transparencia a la asignación de acciones y recursos. Se busca que la determinación de prioridades sea basada en los datos de un órgano especializado como es el CONEVAL, evitando la utilización de criterios político-partidistas o electorales.

Se busca además que las Políticas de combate a la pobreza sirvan al desarrollo armónico de las comunidades.

En la fracción V del artículo 10, se adicionan dos párrafos para disponer que:

Cuando se trate de transferencias de dinero se emplearán preferentemente mecanismos que promuevan el uso del Sistema Bancario Nacional o el uso de Instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional autorizados para el manejo de recursos monetarios, que sean ampliamente conocidos por la población objetivo e independientes de los programas de desarrollo social.

En dicho caso, no deberá implicar un costo para los beneficiarios de los programas y se garantizará la existencia de instrumentos adecuados para la rendición de cuentas.

La determinación del uso del Sistema Bancario en el caso de los programas que impliquen transferencias económicas, constituye una medida para mejorar el control y evitar que a través de intermediarios exista una posibilidad de condicionamiento de cualquier índole.Se dispone a su vez que el uso del Sistema Bancario no implique un costo para los beneficiarios, dada su situación de pobreza y marginación.

Por otro lado, se reforma la fracción VIII del artículo 10, para establecer como obligación para los beneficiarios, además de informar de su situación socioeconómica, si reciben alguna transferencia o apoyo público. Ello permitirá evitar duplicidades y contar con mayores recursos para ampliar la cobertura de los programas.

Se modifica el artículo 14, referido a la Política de Desarrollo Social, para establecer que tanto las dependencias de las Administración Pública Federal, como las de entidades federativas y los municipios, deben incluir cuando menos las vertientes que señala el citado artículo. Lo anterior, dará un mayor grado de articulación entre las políticas de los distintos ámbitos de gobierno.

Se elimina de la fracción I, que contiene la vertiente de superación de la pobreza, lo relativo a generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, que se convierte en la nueva fracción VI. Con ello se busca dar un mayor realce a este tema del empleo y el ingreso, que vincula la política social y la política económica, y el cual tendrá una vertiente específica dentro de la política de desarrollo social.

II. TRANSPARENCIA, INTEGRALIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE GOBIERNO

El artículo 16 de la ley vigente, dispone que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal deben hacer del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Las Comisiones Dictaminadoras, consideramos que esta disposición debe complementarse con la obligación por parte de los tres ámbitos de gobierno, de remitir a la Auditoria Superior de la Federación la información relativa a los programas que utilicen recursos públicos federales, instancia que contará con mejores elementos para revisar el ejercicio del gasto público federal.

Con el fin de avanzar en la integralidad y la coordinación entre ámbitos de gobierno, se crea el artículo 23 bis, que ratifica a los Convenios de Coordinación como los principales instrumentos de convergencia de las políticas, programas y acciones de desarrollo social.

Además, se establece que para el caso de los programas y acciones que no se ejecuten de manera coordinada, las dependencias o entidades ejecutoras deberán hacer pública, a través de medios electrónicos, la información relativa a sus programas, particularmente al ámbito territorial, los avances, la cobertura y el desarrollo de los mismos durante el ejercicio fiscal y los resultados y metas alcanzados al cierre de éste.

Se dispone que cuando exista coincidencia en la población objetivo, el tipo de apoyo y la naturaleza de los programas que ejecuten dos o los tres ámbitos de gobierno, podrá establecerse la forma de evitar duplicidades vía los Convenios o Acuerdos de Coordinación.

Además, el nuevo artículo establece que la distribución de recursos de los programas sociales en las entidades federativas deberá tener un carácter progresivo y debe tomar en cuenta el Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social, lo cual será otro avance en la disminución de discrecionalidad.

El artículo 26 vigente obliga al Gobierno Federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas sociales así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas.

En el caso de los gobiernos de las entidades federativas, exista la obligación de publicar a su vez la distribución que realicen de los recursos federales entre sus municipios.

Estas Comisiones dictaminadoras estiman necesario fortalecer esta última disposición, incluyendo la obligación de publicar las reglas de operación de los programas estatales, tal y como existe para la federación. De igual forma, se estipula que debe publicarse el origen de los recursos cuando se trate de programas convenidos con la federación.

Se crea en el artículo 41 la obligación para los gobiernos de las entidades federativas, de informar públicamente de los recursos que les sean asignados por convenio de coordinación.

Aunado a lo anterior, tanto los gobiernos estatales como los ayuntamientos, deberán informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre el avance, ejercicio y resultados de la aplicación de recursos federales, de acuerdo con las adiciones respectivas de los artículos 44 y 45.

Quienes suscribimos el presente Dictamen, valoramos la importancia de contar con instrumentos efectivos para asegurar una mayor transparencia, fortalezca la coordinación y el intercambio de información sobre los beneficiarios de los programas sociales que implementan el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. Por tanto, se crearán las Bases de Datos de Desarrollo Social, que contendrán la información georeferenciada de los beneficiarios de los programas sociales federales, estatales y municipales, las prestaciones sociales, el presupuesto por programa y las reglas de operación, cuando sea el caso. Las Bases de Datos se definen en la fracción V del artículo 5.

Dichas bases estarán reguladas mediante una adición al artículo 27 de la Ley. Toda la información de la Bases de Datos se procesará en plataformas tecnológicas compatibles, lo cual facilitará su integración, consulta y el intercambio de información. Para su operación se podrán celebrar convenios de asistencia técnica con instituciones de educación superior y de investigación científica. También se podrán celebrar convenios entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de transparentar la información y propiciar una mayor coordinación en los programas y acciones de desarrollo social.

Se incluye un nuevo artículo 27 bis, para prohibir la utilización de la información o documentación de las Bases de Datos y de los padrones de beneficiarios, con fines de promoción de un servidor público o de un partido político, y en general para fines electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto.

La publicidad y la información de los programas sociales, se identificará con el escudo nacional, los de las entidades federativas o ambos, según sea el caso del origen de los recursos con que sean financiados, de conformidad con la reforma que se plantea al artículo 28. En el artículo 28 bis, se dispone la obligación de señalar en lugar visible dicho origen.

III. EL SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL

La Ley General de Desarrollo Social reivindica el carácter multidimensional de la pobreza, lo cual significó un avance sustancial. No obstante, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos que es necesario avanzar a hacia un diagnóstico más integral de la situación social del país. Por tanto, se crea el capítulo del “Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social”, cambiando la denominación del capítulo de “Medición de la Pobreza”.

La creación de este Sistema se considera factible dado que actualmente se cuenta con un organismo especializado como es el CONEVAL, que en los hechos ya ha venido aportando datos de gran relevancia para conocer la evolución de las políticas sociales y de la situación social del país.

Cabe señalar que conserva las atribuciones para la definición, medición e identificación de la pobreza, con los mismos indicadores que hoy señala el artículo 36 de la Ley. Esta actividad, será parte de un conjunto más amplio de indicadores que tendrá que crear dicho organismo. El Sistema se concibe como un instrumento público que permita conocer el grado de ejercicio de los derechos sociales de la población, así como los rezagos en la materia, acorde con el objetivo de la Ley.

IV. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPEREN POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

Las Comisiones Dictaminadoras, consideran que la aplicación imparcial de los recursos públicos destinados al desarrollo social es un aspecto fundamental para contar con una Política de Estado en la materia.

Por tanto, se incluye en un artículo 60 bis, que contempla un perfil para los servidores públicos que funjan como delegados de las dependencias federales, los servidores públicos estatales o municipales, así como los del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales.

Dichos servidores públicos, además de lo dispuesto en otras leyes, al momento de ser nombrados deberán cumplir al menos con los siguientes requisitos:

I. Contar con conocimientos y experiencia profesional relacionados con el sector que les permita el desempeño de sus funciones.

II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los cuatro años inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento en la entidad federativa de que se trate.

III. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los cuatro años inmediatos anteriores por la circunscripción de que se trate.

Aunado a lo anterior, se considera necesario incluir un nuevo párrafo segundo al artículo 26 para reiterar que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios que operen programas de desarrollo social, deberán apegarse de manera estricta a lo dispuesto por el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, el cual a la letra dice:

Artículo 347

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral;

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal