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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 31

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Diciembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

APERTURA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (12:05 horas)Se ruega a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Rivera Pérez Adrián, Torres Mercado Tomás.

Senadores con aviso de inasistencia: Fonz Sáenz Carmen Guadalupe (inasistencia justificada), Guadarrama Márquez José (inasistencia justificada), Lozano de la Torre Carlos (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Rojo e Incháustegui María.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Señor Presidente, informo a usted que de acuerdo al registro electrónico se acreditaron 122 Senadoras y Senadores.

En tal virtud, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia confía infinitamente en la veracidad de la Secretaría. Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se informa de los asuntos que conforman la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinticinco minutos del día jueves tres de diciembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento quince ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes primero de diciembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación propuesta de designación del C. Eduardo Sojo Garza-Aldape, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por un período que iniciaría el 1 de enero de 2010.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración del Pleno, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Comunicaciones de los Senadores )

Se recibió de la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Presidenta del Comité de Competitividad, Informe de la reunión de dicho comité, celebrada el 1 de diciembre del año en curso; así como el resumen sobre la Ley Waxman-Markey.- Quedó de enterado.

(Pronunciamiento)

El Presiente de la Mesa Directiva dio un mensaje en relación con la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.- El Senador René Arce, presentó una adición, la cual se aceptó.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto por que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecharon con dos proyectos de reforma a la Ley de Capitalización del PROCAMPO.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecharon dos proyectos de Decreto por los que se reforma la Ley General de Salud.- Quedó de Primera Lectura.

(Proposiciones)

La Senadora María Teresa Ortuño, presentó proposición con punto de Acuerdo por la que la Cámara de Senadores expresa su beneplácito y extiende una cordial felicitación a Herman Von Rompuy y a Catherine Ashton, por su reciente elección como Presidente y Canciller, respectivamente, de la Unión, Europea.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.- Sin discusión, se aprobó por 75 votos, en pro y 2 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República de las Islas Fiji y la República de Vanuatu.- Sin discusión, se aprobó por 76 votos, en pro y 1 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Paz y Puente Gutiérrez, como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos, en pro y 1 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.- Sin discusión, se aprobó por 91 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- A discusión, intervinieron los Senadores Francisco Castellón Fonseca, para fundamentar el dictamen, Ricardo Monreal Ávila, Rubén Camarillo Ortega y Jesús Garibay García. Se aprobó por 85 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Sin discusión, se aprobó por 73 votos en pro y 2 abstenciones. Se turno a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueban los ajustes de traducción a los Artículos 3, 11 y 26; y al Punto IV, cláusula a), del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.- Sin discusión, se aprobó por 76 votos en pro y 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintidós dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Sin discusión, se aprobaron por 78. Se turnaron a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres, el veintiocho de septiembre de 2007, en el marco de la Organización Internacional del Café.- Sin discusión, se aprobó por 73 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México, el dieciocho de noviembre de dos mil ocho.- Sin discusión, se aprobó por 72 votos en pro y 1 absención. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.- A discusión, intervino el Senador Francisco Castellón Fonseca. Se aprobó por 76 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Sin discusión, se aprobó por 70 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, Primera, por el cual se desechó el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, por el cual se desecha el proyecto de Decreto que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el cual se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 2 y se reforma el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Energía; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona dos párrafos al artículo 2 de la Ley General de Educación.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.- Sin discusión, se aprobó por 83 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- A discusión, intervinieron los Senadores Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Murillo Karam, Ricardo Monreal Ávila, Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León y Pablo Gómez Álvarez. Se aprobó por 42 votos, en pro y 35 en contra. El Presidente ordenó a la Secretaría Parlamentaria dar por concluido el asunto e informar a los promoventes.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo en torno a la compra-venta de energía eléctrica entre México y Guatemala.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a instruir el cumplimiento de los compromisos que en el marco de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “El Cajón”, dicha dependencia se obligó a realizar en beneficio de los habitantes de la Comunidad del Ciruelo, Municipio de Jala, Nayarit.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la viabilidad para establecer un Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Vainilla.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe detallado de los programas estratégicos de desarrollo y fortalecimiento dentro del sistema-producto café.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre los resultados obtenidos en la instrumentación de la política laboral en contra del trabajo infantil, especialmente en su vertiente de prevención.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar la vigilancia del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de Acuerdo por el que seexhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar los planes y programas de atención a los jóvenes y se solicita al Instituto Mexicano de la Juventud un informe sobre los alcances, el impacto y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el “PROJUVENTUD 2002-2006”, así como del “Programa Nacional de Juventud 2008-2012”.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Consejo Nacional contra las Adicciones, del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a elaborar y difundir de manera impresa el manual de Información y Técnicas para el Trabajo Juvenil de Prevención de Adicciones.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracciónII del artículo 76, la fracción VII del artículo 78 y las fracciones II y III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Guillermo Tamborrel Suárez, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Salomón Jara Cruz, Arturo Herviz Reyes, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal de Recompensas Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Ramiro Hernández García y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 1 y la fracción II del artículo 3 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea, Josefina Cota Cota, Salomón Jara Cruz y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Instituciones de Crédito, de laLey Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley de Sistemas de Pagos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Fernando Castro Trenti, Alfonso Elías Serrano, María del Socorro García Quiroz, Ramiro Hernández García, Mario López Valdez, Raúl José Mejía González, Jesús María Ramón Valdes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, así como la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 y se deroga el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 222 del Código Penal Federal y se adiciona un numeral a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a) y c), fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes;y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Rosalinda López Hernández, Tomás Torres Mercado, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea, Josefina Cota Cota, Salomón Jara Cruz y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Encaje Legal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 25, 27, 28 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Gerardo Montenegro Ibarra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 365, 367, 368, 377 y 384, se adiciona un artículo 384-bis y se deroga el diverso 366 a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y se deroga la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Carlos Aceves del Olmo, María del Socorro García Quiroz y Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley de Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1-a,13, 66, 67, 68 y 70; adiciona el capítulo XI denominado “De la Vía Sumaria” al título segundo, que comprende el artículo 58 T y se deroga el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Rosalinda López Hernández, José Luis Máximo García Zalvidea y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno y Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Héctor Pérez Plazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas dePuntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a establecer medidas de redimensionamiento y austeridad en el ejercicio presupuestal de la comisión a su cargo, moderando gastos y altos salarios de sus funcionarios.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal exhorte a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la cofetel a enviar un informe detallado sobre la convocatoria y la licitación pública internacional de dos bandas de frecuencia del espectro radio eléctrico para servicios móviles.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre la estrategia en materia de seguridad y combate al narcotráfico.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a revisar su marco jurídico local en materia de eliminación de la discriminación y violencia contra la mujer, con el fin de armonizarla con la normatividad federal.- Se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Fernando Castro Trenti, Alfonso Elías Serrano, María del Socorro García Quiroz, Ramiro Hernández García, Mario López Valdez, Raúl José Mejía González, Jesús María Ramón Valdés, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Carlos Aceves del Olmo, Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a vigilar garantizar la legal actuación de sus delegaciones en las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores José Luis García Zalvidea y Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo sobre seguridad pública y derechos humanos en el estado de Baja California.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo relativo a violaciones laborales en contra de maestros de la Dirección General de Educación Indígena.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Josefina Cota Cota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal reconsidere el cambio de nombre de la ahora llamada Isla Jacques Cousteau y se devuelva a su nombre original de Isla Cerralvo.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Minerva Hernández Ramos,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo en relación a descuentos en los servicios públicos a los adultos mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo sobre la creación y operación de refugios para las mujeres víctimas de violencia.- Se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información sobre los Acuerdos a los que se ha comprometido con las cúpulas empresariales, en torno a las reformas estructurales.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento al Doctor José Enrique Villa Rivera por su destacado desempeño como director General del Instituto Politécnico Nacional.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores María Elena Orantes López, Guadalupe Fonz Sáenz, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional de Salud elaborar un programa para realizar campañas urgentes de prevención en los estados que se han visto afectados por la presencia inusual del mosquito transmisor del virus del dengue.- Se turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar el Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México a atender las peticiones de los residentes de la Colonia Florida, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a delimitar, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, las zonas federales en los cauces de los ríos.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo para que el Senado de la República convoque a realizar un foro de análisis sobre la política hidráulica del país.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Raúl José Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su adhesión a la propuesta del Gobierno Federal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para ser sede de la XVI Conferencia de las Partes en el año 2010.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo relativo al caso de nueve personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo relativo a la celebración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.- Se turnó a las Comisiones de la Medalla Belisario Domínguez; y de Federalismo.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita titular del Ejecutivo Federal envíe de manera urgente la lista pendiente de los candidatos para ser nombrados Magistrados del Tribunal Superior Agrario.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo sobre las acciones y medidas aplicadas para combatir la piratería en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a generar una estrategia efectiva que combata la inseguridad en Baja California.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores de diversos grupos parlamentarios, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda al pueblo uruguayo por la jornada electoral y el triunfo de José Mujica y Danilo Astori para la presidencia y vicepresidencia de Uruguay.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Jesús Garibay García, Rosalinda López Hernández y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo relativo a la austeridad en el ejercicio del presupuesto de la Cámara de Senadores.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros a evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral, en esta temporada del año.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores María Elena Orantes López, Mario López Valdez, Francisco Herrera León, Guadalupe Fonz Sáenz, Socorro García Quiroz y Alfonso Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que en el próximo censo general de población y vivienda se planteen metodologías adecuadas para un mejor diagnóstico de la discapacidad en México.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar operativos de verificación administrativa, a fin de supervisar el servicio que prestan las aerolíneas a los pasajeros y, en su caso, se proceda a la ejecución los procedimientos administrativos de sanción.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos, y citó a sesión ordinaria y solemne el próximo martes ocho de diciembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.






SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, copia de un pronunciamiento relacionado con el caso de espionaje contra la seguridad nacional de ese país.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: La Asamblea queda debidamente enterada.






INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores correspondiente al periodo del 21 de mayo al 20 de noviembre del año 2009.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva, en relación con la visita del Primer Ministro de Turquía.






MESA DIRECTIVA

“ACUERDO PARLAMENTARIO RELATIVO A LA VISITA DEL
PRIMER MINISTRO DE TURQUIA

La Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

Que al Senado de la República le corresponde el análisis de la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal; y

Que corresponde al Pleno de la Cámara de Senadores sancionar los acuerdos parlamentarios que presentan a su consideración los órganos de dirección, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- El jueves 10 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, el Senado de la República realizará sesión solemne para recibir en el Pleno la visita del señor Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro de la República de Turquía.

SEGUNDO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, al señor Recep Tayyip Erdogan se le asignará un escaño en el presidium.

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Senado de la República, dirigirá un mensaje de bienvenida al Primer Ministro de la República de Turquía.

CUARTO.- En su visita, el señor Recep Tayyip Erdogan hará uso de la palabra, para dirigir un mensaje a la Asamblea.

QUINTO.- En esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente Acuerdo.

SEXTO.- Se enviará invitación al Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que acuda a la sesión solemne motivo de este Acuerdo y se le asignará un escaño en el presidium.

SEPTIMO.- En reconocimiento a la alta investidura del visitante y de los invitados, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

Mesa Directiva: Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente; Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente; Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente; Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente; Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria; Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario; Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria; Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración del Pleno. No habiendo oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo relacionado con la sesión solemne al que se acaba de dar lectura. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el Acuerdo por el que se determina la realización de una sesión solemne el jueves 10 de diciembre para recibir la visita del Primer Ministro de la República de Turquía.

Continúe la Secretaría.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Jorge Mendoza Garza, Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional; de la Comisión de Salud y del Senador Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, con las que remiten sus respectivos informes de trabajo correspondientes al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Del Senador Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite el Plan de Trabajo de dicha Comisión para la LXI Legislatura.

De los Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo Noriega, con la que remiten el informe de sus actividades en la XII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del PARLATINO, celebrada los días 10 y 11 de septiembre del año en curso.

Una del Senador Felipe González González, con la que remite el informe de sus actividades en la Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención de Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO celebrado los días 12 y 13 de noviembre del año en curso.

Y una del Senador Marko Cortés Mendoza, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que informa la conformación de la Mesa Directiva de dicha Comisión.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.

En el apartado de dictámenes, iniciamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de la Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto quereforma los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas, presentada por los Senadores Fernando Castro Trenti, Adolfo Toledo Infanzón, Jorge Mendoza Garza, Cleominio Zoreda Novelo y Diputado Adolfo Mota Hernández.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa en comento, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del 5 de agosto de 2009, los senadores Fernando Castro Trenti, Adolfo Toledo Infanzón, Jorge Mendoza Garza, Cleominio Zoreda Novelo y Diputado Adolfo Mota Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La Mesa Directiva acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Marinay de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

OBJETIVOS

I. Reformar el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas para incrementar en dos años la edad límite de los militares para permanecer en activo en los tres grados superiores.

Con la propuesta, la edad de retiro de los militares con grado de General Brigadier, aumenta de 61 a 63 años; en el grado de General de Brigada, aumenta de 63 a 65 años y en el grado de General de División, pasa de 65 a 67 años de edad, con el propósito de aprovechar la experiencia y conocimientos que pueden seguir aportando a las Fuerzas Armadas.

II. Reformar el artículo 27 de la Ley citada, para beneficiar a los militares con más de 30 años de servicio, a través de la disminución de los años en el grado requeridos para recibir los estímulos económicos correspondientes al retiro. Para ello se propone crear dos rangos más de tiempo en el servicio: uno para los militares que tengan más de 35 años en servicio, a quienes se les requerirá de 4 años en el grado; y el otro, para los militares que tengan 40 o más años de servicio, a quienes se les requerirá solo de 3 años en el grado.

Cabe señalar, que en la Ley vigente el artículo 27, establece que los militares con 30 años o más de servicios, deberán tener 5 años en el grado para recibir el beneficio de retiro previsto en este artículo.

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA:

De acuerdo con los Senadores iniciantes, la principal fortaleza de las Fuerzas Armadas Mexicanas la constituye su capital humano, de ahí la necesidad que las instituciones militares no solamente otorguen importancia a la formación y capacitación del personal inculcándoles los principios del deber, lealtad, honor y espíritu de sacrificio para afrontar con éxito las misiones encomendadas, sino que tengan como objetivo primordial el incremento de los estímulos y reconocimientos a su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de cada una de sus actividades.

Es por esto, que el Estado Mexicano asume la responsabilidad de proporcionar las prestaciones de seguridad social al personal perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo cual lleva a cabo con mucho esfuerzo, ya que los escasos recursos financieros que se destinan para tal fin repercuten en el bienestar social demandado por el personal militar en activo, retirados, derechohabientes y pensionados, al considerar que este personal aspira a incrementar sus ingresos en pro de una solvencia económica que le permita mejorar sus condiciones de vida.

Estas aspiraciones insatisfechas, sumadas a los servicios de guardia militar, disciplina y rigor del servicio, propician desaliento y pueden llegar al extremo de dar origen a deserciones o separaciones del servicio activo en busca de oportunidades mejor remuneradas, lo cual puede ser un beneficio para la sociedad en perjuicio para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se sostiene en la iniciativa, que resulta imprescindible efectuar reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, con la finalidad de que los beneficios de seguridad social se actualicen a las exigencias de la realidad económica actual.

Aunado a lo anterior, se expresa en la iniciativa de mérito, que los bajos salarios que percibe el personal de las Fuerzas Armadas han propiciado que el nivel de vida de los militares que se encuentran en situación de retiro sea precaria, por lo que es preciso actualizar las prestaciones a que tienen derecho.

Con relación a la edad límite de los miembros de las fuerzas armadas para permanecer en activo, los proponentes consideran necesario reformar el artículo 25 de esta ley a efecto de incrementar la edad límite para todo el personal de Generales y sus equivalentes en la Armada de México, toda vez que en la última reforma no fueron considerados, así como para aprovechar la experiencia y conocimientos que pueden aportar a nuestras Fuerzas Armadas.

De igual manera, como un acto de equidad y justicia, se propone modificar el artículo 27 de la ley del ISSFAM, con objeto de otorgar un beneficio adicional a todos aquellos miembros de las fuerzas armadas que sirvieron al Estado Mexicano durante varios años de su vida, con el fin de que se les conceda el grado inmediato superior para efectos de retiro, de manera proporcional al tiempo de servicios prestados a la Nación.

Refiere la Iniciativa que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado establece la cesantía en edad avanzada hasta los 65 años, en tanto la Ley del Seguro Social lo dispone en 60 años.

Por las consideraciones expresadas la iniciativa propone un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 25. La edad límite de los militares para permanecer en el activo es la siguiente:

 

Años

I. Para los individuos de tropa

50

II. Para los Subtenientes

51

III. Para los Tenientes

52

IV. Para los Capitanes Segundos

53

V. Para los Capitanes Primeros

54

VI. Para los Mayores

56

VII. Para los Tenientes Coroneles

58

VIII. Para los Coroneles

60

IX. Para los Generales Brigadieres

63

X. Para los Generales de Brigada

65

XI. Para los Generales de División

67

[...]

Artículo 27. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla siguiente:

Años de Servicios

Años en el Grado

20

10

22

9

24

8

26

7

28

6

30

5

35

4

40 o más

3

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS:

Primera.- Aspectos Generales y viabilidad de las reformas.

Estas Comisiones consideran que la Iniciativa tiene un interés legítimo, en virtud de que las Fuerzas Armadas Mexicanas son instituciones fundamentales del Estado mexicano; construidas con base en valores esenciales como el honor y la lealtad, son garantes de las libertades, la integridad territorial y la Soberanía nacional.

El cumplimiento de las tareas que realizan, en las cuales enfrentan no sólo los desastres naturales que afectan a nuestra población, sino a los grupos criminales que amenazan la seguridad de nuestra sociedad, debe ser retribuido con condiciones justas que permitan sostener la expectativa de una carrera profesional, digna y decorosa, de largo plazo, entodos los niveles de la jerarquía militar.

Formadas eminentemente por hombres y mujeres provenientes del pueblo, de todos los rincones del país, nuestras Fuerzas Armadas tienen esencia, origen y razón popular.

Por ello, el mejoramiento de sus condiciones de vida no debe entenderse sólo como un compromiso con las instituciones armadas que las conforman, sino, sobre todo, como un deber y una obligación con la parte de nuestro pueblo que conforman las familias en las que uno o varios de sus miembros han optado por servir a su Patria abrazando la carrera de las armas.

Las que suscriben el presente dictamen, consideran justo crear los mecanismos tendientes a reconocer y estimular al personal militar, como se plantea en la reforma propuesta al artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

No obstante lo anterior, a partir de un análisis al sistema de ascensos y promociones en la carrera militar, se estima inviable la reforma planteada al artículo 25 de la Ley objeto de este dictamen, toda vez que trastoca la organización interna de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se considera conveniente la reforma propuesta al artículo 27 por ser congruente con las últimas reformas aprobadas a la Ley, en beneficio de las condiciones de retiro de quienes hagan de la carrera militar una forma de vida; como se sustentará en las consideraciones específicas de cada propuesta.

Segunda.- Evolución del mejoramiento de las condiciones de seguridad social de las Fuerzas armadas Mexicanas.

Cabe recordar que en fecha 9 de julio de 2003 se publicó la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por la que se abrogó la ley publicada en 1976. Con la nueva Ley se ampliaron las prestaciones de seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre las que destacan:

a) Actualización del esquema general de cálculo y montos de las pensiones militares,

b) Aumento a los beneficios de la pensión y la asistencia médica tanto a los militares en activo como a los retirados y sus familiares, y

c) Incremento a los porcentajes del “sobrehaber” para el cálculo del haber de retiro.

Continuando con el análisis, no debemos dejar de lado que el 8 de mayo de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley del ISSFAM, a partir de las cuales se ampliaron los derechos de servicio médico a familiares de derechohabientes en condiciones de minusvalía o inhabilitación y se creó el órgano interno de control y vigilancia interna del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Asimismo, en fecha 20 de noviembre de 2008 se publicaron las reformas a la leycitada, aprobadas por la LX Legislatura a partir de las cuales se dio un mejoramiento considerable en las condiciones de retiro y se incrementaron diversas prestaciones sociales a saber:

a) Incremento del 11 al 15% el monto de aportaciones del Gobierno Federal sobre la prestación del servicio médico y otras prestaciones, como los centros de bienestar infantil, becas y créditos de capacitación,

b) Incremento al porcentaje de 70 a 80% que se aplica al haber que sirve de base para calcular el haber de retiro y la compensación,

c) Establecimiento de un factor para calcular el monto del haber de retiro que va del 60 al 90%, como reconocimiento a la permanencia en el servicio activo de los militares con más de 30 años de servicios,

d) Inclusión como beneficiarias del servicio de guarderías a las hijas de militares, menores de edad, que sean dependientes económicas.

Las Comisiones que suscriben consideran que la publicación de la nueva Ley del ISSFAM, en julio de 2003, así como las reformas concretadas en mayo de 2006 y noviembre de 2008 han incidido positivamente, no sólo en el personal militar en situación de retiro, sino también en el personal en activo, pues permite consolidar la carrera militar de largo plazo con expectativas de un retiro digno y decoroso, fortaleciendo la noción de pertenencia y arraigo institucional de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La estructuración de un nuevo marco jurídico en la materia refleja el interés y compromiso permanente del H. Congreso de la Unión con las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Tercera.- Con relación a la reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que la reforma planteada al artículo 25 de la Ley citada, trastoca la organización de las Fuerzas Armadas relativa a las promociones y ascensos.

El artículo 25, estable la edad límite de los militares para permanecer en activo, aplicable a las jerarquías del Ejército Mexicano y a sus homólogos para la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, contenidas en las leyes orgánicas de dichas Fuerzas Armadas.

Si bien se considera positiva la intención de querer aprovechar al máximo la gran experiencia y conocimientos que pueden seguir aportando los Generales Brigadieres, Generales de Brigada y Generales de División, y de sus homólogosen la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, debe ponderarse el derecho de los mismos para incorporarse a otros proyectos personales, además de que el retiro de la vida laboral es una transición fundamental en la vida de las personas.

Conforme a lo anterior, se estima que la reforma al artículo 25 de la Ley del ISSFAM se contrapone a la esencia de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos de la Armada de México, que tiene como objeto regular los ascensos y las recompensas de los militares pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los ascensos podrán ser otorgados en tiempo de paz y en tiempo de guerra; y conforme al artículo 7 los ascensos en tiempo de paz tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en los cuadros del Ejército o de la Fuerza Aérea con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior, así como de estimular a los militares que se encuentran comprendidos en los casos previstos en los artículos 19 (referido a profesionistas egresados de escuelas militares) y31 de la misma Ley (referido a los militares que cuanta con méritos heroicos y científicos).

En este sentido, es de considerar que conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, realizará concursos de selección, con base en las vacantes que existan, el número de plazas a cubrir en cada grado y en cada Arma o Servicio. Estas plazas se otorgarán a los militares que, además de satisfacer los requisitos previstos en la Ley, obtengan las puntuaciones más altas en el concurso, debiendo ocupar el lugar que le corresponda en el escalafón establecido.

La Ley establece que en igualdad de competencia profesional determinada por las puntuaciones obtenidas en el concurso, será ascendido el concursante de mayor antigüedad, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley.

Entre los requisitos establecidos para poder participar en los concursos de ascenso se encuentran:

• Haber cumplido tiempos mínimos de años en el servicio y de antigüedad en el grado para estar en posibilidad de participar en los concursos de ascenso, mismos que se incrementan conforme se avanza en la escala jerárquica.

• Haber prestado sus servicios en el grado, ya sea encuadrados en las unidades de Arma del Ejército o en las unidades de Vuelo de la Fuerza Aérea o de Servicio, en los servicios orgánicos de las unidades del Ejército y de las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea.

• Tener buena salud y estar capacitado físicamente para el desempeño de las funciones propias del grado inmediato superior;

• Haber aprobado los cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento establecidos por el sistema de educación militar vigente.

• Acreditar buena conducta militar y civil.

Los ascensos de las jerarquías superiores, de los grados de Coronel, General Brigadier o de Grupo, de Brigada o de Alay de División, conforme lo dispone el artículo 32 de la citada Ley, son conferidos por el Presidente de la República, atendiendo al mérito, aptitud y competencia profesionales.

REQUISITOS DE TIEMPO EN EL SERVICIO Y ANTIGÜEDAD EN EL GRADO PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE SELECCIÓN

PROMOCIÓN GENERAL PARA LOS SUBTENIENTES HASTA MAYORES DE LAS ARMAS O SERVICIOS

GRADO

TIEMPO DE SERVICIO

ANTIGÜEDAD EN EL GRADO

Subteniente

6 años

3 años

Teniente

9 años

3 años

Capitán 2º.

12 años

3 años

Capitán 1º.

15 años

3 años

Mayor

19 años

4 años

PROMOCIÓN SUPERIOR

Teniente Coronel

23 años

4 años

Coronel

27 años

4 años

General Brigadier ode Grupo

31 años

4 años

General de Brigada o de Ala.

35 años

4 años

Fuente: Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, artículos 18,20y 34.

Por su parte, la Ley de Ascensos de la Armada de México establece en su artículo 8 que los ascensos serán otorgados en tiempo de paz; en tiempo de guerra, y por méritos especiales.

Los ascensos en tiempo de paz tienen por objeto cubrir las vacantes de la Armada de México con personal apto e idóneo para desempeñar las labores de la jerarquía inmediata superior. El número de vacantes a cubrir por ascenso, será determinado por la unidad administrativacorrespondiente, de acuerdo a la planilla orgánica de personal autorizada y a los planes y programas en aplicación, tomando en cuenta las propuestas del Estado Mayor General de la Armada.

Para determinar el derecho al ascenso, desde Marinero hasta Capitán de Corbeta, se realiza convocatoria a concurso de selección al personal de un mismo escalafón y jerarquía.

Entre los principales requisitos para ser convocado al concurso de selección para ascenso destacan:

• Haber cumplido tiempo mínimo de años en servicio y de antigüedad en el grado.

• Haber desempeñado funciones inherentes a su cuerpo o servicio en unidades o establecimientos de la Armada, durante el tiempo mínimo establecido para cada grado.

• Obtener en el concurso de selección correspondiente un promedio de calificación aprobatorio que lo coloque entre el número de vacantes existentes.

• Haber tenido buena conducta militar y civil.

Los ascensos a las jerarquías superiores, de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, son conferidos por elPresidente de la República, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado, a juicio propio del Presidente.

Por lo anteriormente señalado, se estima que de aprobarse la reforma planteada, se afectarían los tiempos para llevar a cabo los procesos de ascensos en todas las escalas jerárquicas, pues al ampliar en dos años los tres grados superiores, se retienen los procesos de ascenso en la escala jerárquica inferior, afectando el sistema de méritos que tiene, entre otros objetivos, el de estimular a los elementos de las Fuerzas Armadas con posibilidades de crecimiento profesional, así como de cubrir las vacantes con nuevos cuadros de militares aptos y preparados para el desempeño de grados inmediatos superiores.

Estas Comisiones reconocen que las Fuerzas Armadas Mexicanas fueron las primeras instituciones en regular sistemáticamente los ascensos y recompensas con base en la experiencia, perseverancia y mérito para el otorgamiento de los mismos, a partir de la publicación de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.Incluso estas Leyes pueden considerarse como antecedentes, en su debida proporción, del sistema meritorio del Servicio Civil de Carrera, de reciente implementación dentro de la Administración Pública Federal.

Es de destacar, que a partir del marco jurídico vigente en la materia, diversos miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas organizan su plan de retiro, a efecto de poder disfrutar los beneficios a que se han hecho merecedores. Asimismo, como lo han sostenido estas Comisiones, la actividad de los militares los lleva a un alejamiento de la vida familiar y muchas veces, a la imposibilidad de conformar de manera estable, un círculo social.

Por otra parte, debe considerarse que el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya contempla la posibilidad de que los Generales procedentes de las Armas del Ejército, de la Fuerza Aérea y los Almirantes de la Armada, puedan ser retenidos en el activo por una sola vez, mediante acuerdo presidencial, no obstante que exista alguna causa de retiro, cuando a juicio del titular del Ejecutivo Federal sean necesarios sus servicios.

Dicho artículo, establece la posibilidad para que los Diplomados de Estado Mayor, los que hayan obtenido un grado académico a nivel licenciatura o superior, los especialistas, técnicos, mecánicos y los servidores domésticos de instalaciones militares puedan continuar en el activo hasta por cinco años más, cuando las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina lo estimen necesario.

Conforme a los párrafos anteriores, ya existe la posibilidad de retener en el activo a militares de alto rango o ampliar la edad límite de militares en otros rangos hasta por cinco años, atendiendo a las necesidades de las Secretarías del ramo.

Estas Comisiones tienen presente que las edades límite vigentes de los militares establecidas para permanecer en activo, toman en cuenta las actividades físicas que en su caso deban desempeñar, pero también los niveles de alta responsabilidad y de toma de decisiones de los militares de alto rango que suponen un desgaste personal.

Finalmente, debe señalarse que la cesantía establecida en el artículo 25 de Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para los Generales Brigadieres, Generales de Brigada y Generales de División, establecida en 61, 63 y 65 años de edad respectivamente, tienen equivalencia con otros ordenamientos de seguridad social como la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio de Estado, que la establece en 65 años y la Ley del Seguro Social que la dispone en 60 años.

Cuarta.- Con relación a la reforma planteada al artículo 27 de la Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que la reforma planteada al artículo 27 implica un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se desempeñan con profesionalismo, dedicación y lealtad, cumpliendo con sus misiones de Ley.

Como se señaló en el rubro de objetivos, la propuesta de reforma del artículo 27 de la ley citada tiene como finalidad reformar la tabla contenida en dicho artículo, con el objeto de disminuir los años en el grado requeridos para recibir los estímulos económicos correspondientes a los militares con más de 35 años en el servicio, para lo cual se propone crear dos rangos más de tiempo en el servicio; el primero para los militares que tengan más de 35 años en el servicio, a quienes se les requerirá 4 años en el grado para recibir los estímulos económicos correspondientes; y el segundo, para los militares que tengan más de 40 o más años en el servicio, a quienes se requerirán 3 años en el grado para los mismos efectos.

En este sentido, las Comisiones Unidas consideran viable la propuesta de los legisladores, pues reconoce los años de servicios de los militares, beneficiando a quienes computen 35y 40 ó más años de servicio, para el cálculo del beneficio económico a que se refiere el artículo 27, objeto del presente dictamen.

De acuerdo con la Ley vigente, los militares que tengan 30 años o más de servicio, deberán tener al menos 5 años en el grado, para ser acreedores de los beneficios correspondientes. De aprobarse esta reforma, se reducen los años de servicio necesarios pasando de 5 a 4 años en el grado para los militares que tengan más de 35 años de servicio; y de 5 a3 años en el grado para quienes tengan más de 40 años de servicio, lo que implica un beneficio y un reconocimiento a la carrera de los militares con mayor antigüedad en las Fuerzas Armadas.

En el marco del análisis de la evolución de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, estas Comisiones consideran que la reforma propuesta de reforma al artículo 27 brinda mayor precisión y garantiza mejores condiciones de equidad en el cómputo correspondiente para determinar los ascensos y el cálculo del beneficio económico correspondiente a los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro.

CONCLUSIONES

I. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, coinciden con los legisladores en que el Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en esta materia con base en el artículo 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Asimismo, consideran necesario continuar perfeccionando el marco jurídico de nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas, para reconocer el esfuerzo y dedicación de éstas en sus misiones de Ley, entre éstas, el apoyo a la sociedad mexicana en casos de desastre y de beneficio social, así como en la lucha permanente contra el narcotráfico y su participación en los operativos conjuntos contra de la delincuencia organizada

III. En cuanto a la reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por las consideraciones expresadas por estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no la consideran viable, toda vez que su sentido afecta la escala jerárquica establecida.

Las Comisiones que dictaminan tienen presente que la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos de la Armada de México, regulan de manera ordenada y sistemática los ascensos a partir de circunstancias propias del servicio militar de carrera, entre éstas, el tiempo de servicio, la antigüedad en el grado, la buena conducta militar y civil, la aprobación de cursos de formación, capacitación, de perfeccionamiento o superiores, la aptitud profesional y la capacidad física, lo que resultaría afectado con la reforma al referido artículo 25.

IV. En cuanto a la reforma propuesta al artículo 27 del proyecto de Decreto, las Comisiones Dictaminadoras la consideran legal y técnicamente procedente, toda vez que incorpora los rangos de 35 y de 40 o más años de servicio, con una reducción a la antigüedad requerida en el grado, de 4 y 3 años respectivamente, lo cual significa una reducción para obtener los beneficios del retiro al amparo de éste artículo, que en el texto vigente es de 5 años.

La reforma planteada es congruente con las reformas publicadas en el 20 de noviembre de 2008, que están orientadas a beneficiar a los militares con más de 30 años de servicios como un reconocimiento a la carrera de largo plazo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla siguiente:

Años de Servicios

Años en el Grado

20

10

22

9

24

8

26

7

28

6

30

5

35

4

40 o más

3

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

COMISION DE MARINA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 77 BIS 12 Y 77 BIS 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 57, 60, 65, 87, 88, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenorde la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de septiembre de 2009, el titular del Ejecutivo Federal, presentó ante Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión celebrada por el Pleno de Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 1 de diciembre del 2009 se recibió de Cámara de Diputados Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura dispuso que la Minuta de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que origina el presente dictamen tiene como finalidad reformar los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, para modificar el esquema de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud para transitar de una cuota familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de recursos, a fin de fortalecer el principio de equidad.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos: a) invocan el párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, b) refieren a la fracción II bis del Artículo 3º de la Ley General de Salud que señala a la Protección Social en Salud, como materia de salubridad general, y c) aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Así mismo, estas Dictaminadoras coinciden en enfatizar que el asunto materia de la Minuta, como lo es que el Sistema de Protección Social en Salud contenga la referencia exacta de la cuota anual que aportará el Gobierno Federal por cada persona afiliada a dicho Sistema, tiene una gran relevancia social, porque se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la convivencia armónica de la sociedad y el desarrollo de México, incluyendo a un sector importante de la población, el cual se pretende tenga una cobertura del 100 por ciento para el año 2011.

C. Para el caso que nos ocupa, es menester de estas Comisiones que Dictaminan, hacer mención que el Título Tercero Bis, que comprende los Capítulos I a X, así como los Artículos 77 bis a 77 bis 41 fue creado o adicionado por el Artículo Único del Decreto, publicado en el “Diario Oficial de la Federación” de fecha 15 de mayo de 2003, en Vigor a partir del 1° de enero de 2004. En el cual se desarrollan diversos capítulos del llamado Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política, todo ello, sin importar su condición social.

En este sentido, debemos advertir que, la Protección Social en es un mecanismo por el cual el Estado Garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

De igual manera es importante señalar, que a este Sistema se incorporarán aquellas familias y personas, en razón de su domicilio, que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social.

D. En este mismo sentido, resulta de suma importancia resaltar que el Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, los estados, el Distrito Federal y los beneficiarios.

Debiendo hacer énfasis, que la propuesta que nos ocupa pretende lo siguiente:

Ley General de Salud Vigente

Minuta

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada familia beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud equivalente a quince por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Esta aportación se hará efectiva a los estados y al Distrito Federal que cumplan con el artículo siguiente.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un Salario Mínimo General Vigente Diario para el Distrito Federal.La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor será el primero de enero de 2009 y el Salario Mínimo General Vigente Diario para el Distrito Federal que se tomará en cuenta como punto de partida será el de ese mismo año.

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a los estados y al Distrito Federal cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por familia beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación estatal mínima por familia será equivalente a la mitad de la cuota social a que se refiere el artículo anterior, y

II. La aportación solidaria por parte del Gobierno Federal se realizará mediante la distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona de conformidad con la fórmula establecida en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha aportación deberá representar al menos una y media veces el monto de la cuota social que se fija en el artículo anterior.

La fórmula a que hace referencia la fracción II de este artículo incorporará criterios compensatorios con base en el perfil de las necesidades de salud, la aportación económica estatal y el desempeño de los servicios estatales de salud.

La Secretaría de Salud definirá las variables que serán utilizadas para establecer cada uno de los criterios compensatorios y determinará el peso que tendrá cada uno de ellos en la asignación por fórmula. Asimismo, proporcionará la información de las variables utilizadas para el cálculo.

Los términos bajo los cuales se hará efectiva la concurrencia del Gobierno Federal y estatal para cubrir la aportación solidaria se establecerán en los acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 77 Bis 6 de la Ley.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

  • La aportación mínima de los estados y del Distrito Federal por persona será equivalente a la mitad de la cuota social a que se determine el artículo anterior, y

II…

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2010.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal procederá a reformar y adicionar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Mientras tanto las disposiciones de aquel se seguirán aplicando en lo que no se oponga al presente decreto.

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este decreto, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en Salud la Población susceptible de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de la cobertura en el año 2011.

En este tenor, resulta evidente que lo que ahora se pretende, es buscar la equidad en la distribución de las aportaciones que se realizan a las entidades federativas y el Distrito Federal, buscando con ello, en principio, el correcto repartimiento de lo que les corresponde para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud tanto a las entidades federativas como al Distrito Federal.

Debiendo distinguir que, ahora las aportaciones que realicen la Federación y los gobiernos de los estados, así como el Distrito Federal, serán y se efectuarán por persona y no por familia.

E. Lo anterior, encuentra sustento en lo siguiente:

Primero: Tras casi 6 años de existir el Sistema de Protección Social en Salud, es importante reconsiderar el financiamiento de los servicios de salud para hacer más eficiente y equitativo dicho Sistema.

Segundo: Efectivamente, el número de miembros por familia es variado, existiendo así, una distribución mayor en algunas entidades federativas y menores en otras, dando lugar a que, de acuerdo con el Padrón de Afiliados sean beneficiados menos personas, si tomamos en consideración que existen familias con más de 4 personas y por el otro lado las que son inscritas con una sola persona.

Tercera: Actualmente el esquema de aseguramiento del Sistema de Protección Social en Salud, es sin distinción de condición social, laboral y económica, y pueden acceder a él, todas aquellas personas que no son derechohabientes de alguna Institución Pública de Seguridad Social. Dando con ello certidumbre al “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, mismo que establece en sus objetivos,impedir que la población se vea severamente afectada en su economía por motivos de salud.

Cuatro: Resulta trascendente que sea a través de una misma familia, que se incorporen las personas que pertenecen a un mismo núcleo familiar, resultando con ello, en un mayor beneficio particular.Tomando en consideración que el financiamiento es realizado por familia afiliada sin considerar el número de integrantes que tenga cada una de ellas.

Quinto: El esquema financiero tendrá la ventaja de que los recursos se canalizaran de manera equitativa, relacionándolos efectivamente con el número correcto de miembros de la familia, lo cual permitirá destinar mayores recursos a las entidades federativas donde las familias tienen un mayor número de miembros, garantizando así una mejor disposición de recursos para la adecuada prestación de servicios de salud.

F.Por lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideran viable replantear lo que dicta la Ley General de Salud, para adecuar la distribución de las aportaciones al Sistema de Protección Social en Salud, de un esquema familiar a uno estrictamente personal, con la elevada intensión de fortalecer el principio de equidad y el correcto prorrateo de la partición correspondiente. Razón por la cual, las estas Comisiones consideran aprobar en los términos en que se remite por parte de la Colegisladora, la Minuta objeto del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57, 60, 65, 87, 88 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

RESUELVEN

Único.- Es de aprobarse en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 BIS 12 Y 77 BIS 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, primer párrafo y fracción I de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor será el primero de enero de 2009 y el salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal que se tomará en cuenta como punto de partida será el de ese mismo año.

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a los estados y al Distrito Federal cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación mínima de los estados y del Distrito Federal por persona será equivalente a la mitad de la cuota social a que se determine el artículo anterior, y

II. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2010.

Segundo.- El Ejecutivo Federal procederá a reformar y adicionar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Mientras tanto las disposiciones de aquel se seguirán aplicando en lo que no se oponga al presente Decreto.

Tercero.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en Salud la Población susceptible de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de la cobertura en el año 2011.

Comisión de Salud: Sen. Ernesto Saro Boardman, Presidente.- Sen. María Elena Orantes López, Secretaria.- Sen. Lázaro Mazón Alonso, Secretario.- Sen. Lázara Nelly González Aguilar.- Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola.- Sen. Guillermo Tamborrel Suárez.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Javier Orozco Gómez.- Sen. Irma Martínez Manríquez.- Sen. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Estudios Legislativos: Sen. José Alejandro Zapata Perogordo, Presidente.- Sen. Fernando Baeza Meléndez,Secretario.- Sen. Pablo Gómez Alvarez, Secretario.- Sen. Andrés Galván Rivas.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Ahora continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 constitucional.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE GOBERNACION; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos de LX Legislatura de la Cámara de Senadores, se turnó para su estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el día 7 de febrero de 2008, el Senador Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 17 constitucional en materia de acciones colectivas.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

MATERIA DE LA INICIATIVA

1.- El Senador Jesús Murillo fundamenta la iniciativa materia del presente dictamen con base en las consideraciones que se exponen a continuación:

Señala que es bien sabido que la realidad va siempre un paso adelante de su interpretación por parte de los actores estatales relevantes y por ende de su normativización. Es misión de dichos actores estatales relevantes (legisladores, jueces, miembros de la administración pública, entre otros) el mantener en todo momento su plena disposición, apertura y entereza para desentrañar y dilucidar dicha realidad y las necesidades sociales imperantes, en aras de establecer las normas jurídicas adecuadas que permitan a la sociedad la realización de aquellos valores considerados como supremos en un momento histórico determinado.

2.- Menciona que en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, en un proceso inacabado y en constante progreso los derechos fundamentales denominados de primera (civiles y políticos), de segunda (económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (colectivos y de solidaridad); sin embargo, precisa, la incorporación de tales derechos sustantivos no es suficiente para poder hablar de un verdadero Estado de derecho, sino que además se requieren establecer aquellos mecanismos e instrumentos procesales que en forma sencilla y accesible hagan posible por un lado, el ejercicio pleno de dichos derechos y por otro, en caso de su violación o desconocimiento, permitan su defensa (acceso a la justicia) pues de lo contrario, se provocaría que nuestro sistema jurídico tolerara la violación de los derechos de las personas ante la insuficiencia o ausencia de medios procesales de acceso a una justicia real.

3.- Refiere que la falta de un adecuado sistema de acceso a la justicia genera además desconfianza en las instituciones del Estado y la percepción de que éste es incapaz de establecer y regular aquellos mecanismos que permitan la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica y dentro de los cauces legales, lo que a su vez redunda en una desconfianza generalizada en nuestro régimen.

4.- Manifiesta que nuestro sistema jurídico en general, y en particular el sistema procesal, fueron diseñados bajo una perspectiva liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y su protección mediante mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la colectiva. Agrega que si bien esta perspectiva de protección de derechos permitió satisfacer las necesidades sociales en un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las relaciones sociales y el aumento en número y complejidad de la interrelación entre los miembros de la colectividad hace necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a las colectividades y a los individuos su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.

5.- Precisa que el derecho comparado nos muestra que en otras jurisdicciones este enfoque de defensa colectiva de los derechos e intereses ha tenido un desarrollo y un énfasis mucho más marcado y significativo que el experimentado en México. Ello, agrega, ha traído como consecuencia que en otros países la protección de los derechos e intereses de las personas y colectividades sea mucho más vigoroso y efectivo y que los conflictos interpersonales y sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, siendo tal circunstancia un elemento que reduce la tensión social y abona decididamente a la construcción de un efectivo estado de derecho.

Explica que una de las instituciones que en otros sistemas jurídicos han permitido la tutela colectiva de derechos e intereses, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las acciones y procedimientos colectivos; éstos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses colectivos dentro de una sociedad.

6. Señala que el término “derechos colectivos” comprende los llamados derechos difusos, los derechos colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva. Los primeros dos mencionados son aquellos derechos e intereses supraindividuales, de naturaleza indivisible, de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. Por su parte, los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, agrega, son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho permiten su protección y defensa en forma colectiva.

Con respecto a la nomenclatura o a la forma de designar a tales derechos, el iniciante es enfático en precisar que aunque en otras jurisdicciones las acciones y procedimientos colectivos han recibido distinto nombre y sus mecanismos divergen en lo accidental al extraer su funcionalidad esencial se puede desprender que regulan en forma relativamente similar el mismo fenómeno.

7.- Expone que en el derecho colombiano, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 88 que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de naturaleza similar que se definan en ella. Así también regulará las acciones originadas por los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares y definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

8.- Agrega que la regulación secundaria colombiana en la materia (Ley 472 de 1998), establece que las acciones populares son el medio por el cual se tutelan los derechos colectivos en sentido amplio y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. Por otro lado, las acciones de grupo permiten a un conjunto de personas que hayan resentido daños y perjuicios en condiciones uniformes respecto a una misma causa, demandar la satisfacción de sus intereses individuales.

9.- Refiere que por cuanto hace a los Estados Unidos de América, la vía más común para defender los derechos de un grupo de personas es la denominada acción de clase (“Class Action”). Que la finalidad de dichas acciones es la de facilitar el acceso a la justicia de un grupo mediante la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales.

Las mencionadas “class action”, agrega, son reguladas principalmente en las denominadas Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure), en particular la regla 23. Las materias en las que las acciones de clase son procedentes son, por ejemplo, en materia de accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor y derecho de los accionistas de las empresas e incluso en temas como discriminación y desempeño administrativo del gobierno. Expone que adicionalmente, se han creado vías de procedencia de las acciones de clase a nivel estatal en las materias de su competencia. Por último menciona que una parte considerable en el desarrollo y evolución de las acciones de clase se ha dado por vía jurisprudencial.

10.- En el caso de Brasil, el autor de la iniciativa señala que la Constitución en su artículo 5º fracción LXXIII establece que “cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de sucumbencia”. Sin embargo, refiere que a través del trabajo jurisprudencial se admitió el ejercicio de dicha acción para la tutela de otros derechos o intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos.

11.- Considera que existen muchas otras jurisdicciones que permiten la defensa colectiva de los intereses y derechos de las colectividades o grupos para alcanzar una plena protección de sus derechos, comoen España, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile, Venezuela, entre otros.

Y que en nuestro país, aunque algunas formas de acciones colectivas y la llamada denuncia popular están relativamente previstas en algunos ordenamientos legales, no obstante, su tratamiento es deficiente, sus efectos restringidos o su ejercicio se encuentra limitado por restricciones procesales; asimismo, explica que el desarrollo jurisprudencial en esta materia ha sido exiguo y es hasta fechas recientes que se han podido observar algunos criterios que desde los tribunales comienzan a reconocer la legitimación colectiva para la defensa de los intereses y derechos de grupos de personas.

12.- Asevera que en noviembre de 2007, un grupo de académicos y agrupaciones de la sociedad civil realizaron un congreso sobre acciones y procedimientos colectivos, el cual reunió a expertos nacionales e internacionales sobre la materia, así como a legisladores mexicanos de distintas fracciones parlamentarias, trabajos de los cuales se coincidió en la imperiosa necesidad de incluir dentro de nuestro sistema jurídico acciones y procedimientos que permitan la defensa de los derechos colectivos, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y alcanzar una verdadera efectividad de los derechos consignados en nuestro marco normativo.

Con posterioridad a dicho congreso, un grupo de académicos elaboraron un anteproyecto de reforma constitucional que permitiera incluir dentro de nuestro sistema jurídico las acciones y procedimientos a las que nos hemos referido.Una vez elaborado, dicho proyecto fue presentado a diversos legisladores, quienes determinaron integrar un grupo de trabajo que tuviera como propósito analizar el proyecto antes mencionado.

Enfatiza en que el propósito principal de la iniciativa materia del presente dictamen es el establecimiento en la Norma Fundamental de las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos.

13.- Explica que el término derechos e intereses colectivos comprende los difusos, los colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva, referidos en apartados anteriores.

Y que a través de la incorporación de tales acciones y procedimientos en el ordenamiento jurídico mexicano, se estará tomando un paso vital hacia el mejoramiento del acceso a la justicia de todos los mexicanos y en general de todas las personas que viven en nuestro país, así como hacia una verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos derechos que hoy no encuentran una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa, lo que en última instancia coadyuvará en la construcción de un efectivo Estado de derecho.

14.- Asimismo, explica, será necesario instrumentar medidas que fomenten por un lado, la organización de individuos para la protección y defensa de sus derechos, y por otro, una mayor difusión y un mejor acceso a la información sobre dichos derechos e intereses, ello con el propósito de robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los deberes cívicos de los miembros de nuestra comunidad.

15. Concluye que en la legislación secundaria se deberá velar por el establecimiento de reglas adecuadas en materia de legitimación activa, pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos de las sentencias, responsabilidad civil objetiva, entre otras, que sean compatibles con las acciones y procedimientos colectivos.

Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con los principios de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen los principios de éstos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las peculiaridades del sistema procesal mexicano.

16.- En razón de lo anterior, propone la adición de un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

“Art. 17.-

Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.

Con base en los antecedentes anteriores, las comisiones dictaminadoras exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

Estas comisiones dictaminadoras comparten el espíritu así como los fines y razones que animan la iniciativa que se analiza y en consecuencia, consideran procedente aprobarla en los términos que se precisan a continuación:

Nuestra historia constitucional fue receptora del liberalismo del siglo XIX, adoptando de él, el reconocimiento de las llamadas “garantías individuales” como una expresión fundamental de un Estado que pretendía proteger y fomentar los derechos y libertades de las personas que habitaban en él. El juicio de amparo se convertiría en el instrumento procesal que daría expresión y respuesta concreta a este diseño constitucional.

Posteriormente nuestro país fue pionero en el reconocimiento de aquellos derechos fundamentales (económicos, sociales y culturales) denominados de “segunda generación”. En efecto, en el siglo XX, a partir de 1917, los derechos sociales también hallaron un espacio de vital importancia en nuestra norma fundamental. Algunos de ellos, fueron contando en forma paulatina de mecanismos y procesos especiales para su salvaguarda y defensa, como fue el caso de las materias laboral y agraria.

Si bien es cierto que México ha sido sensiblea las exigencias de nuestro tiempo y procesos siempre cambiantes que la propia realidad ha ido presentando, también lo es que en un solo siglo, la ciencia, la tecnología, la concepción del mundo, en sus límites físicos y geográficos, así como la complejidad de la sociedad mundial, los cambios en la forma de interacción entre los hombres, las modernas relaciones entre productores, transformadores, intermediarios y consumidores y la concepción de un patrimonio universal, común a todos los hombres, fue generando la necesidad de enfrentar estos retos y desafíos que requieren ineludiblemente de nuevas respuestas.

Una parte importante de esta nueva realidad a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, afecta fundamentalmente aquellas relaciones e interacciones existentes entre consumidores, usuarios de servicios, o en general entre miembros de una colectividad respecto de algún interés común y relevante para ellos, como por ejemplo, la protección al medio ambiente, el respeto a los espacios públicos, la suspensión de una construcción peligrosa en la colonia, etc.

Sin embargo, aún cuando el Estado ha ido reconociendo los derechos e intereses susceptibles de proteger en relación con estos nuevos fenómenos, en la práctica, los individuos se enfrentan a dos grandes problemas:

  1. La primera dificultad se refiere a la forma en que estos derechos o intereses puedan ser protegidos en forma efectiva, cuando los afectados o los interesados en hacerlos valer, no son susceptibles de ser identificados o legitimados como grupo.

  2. La segunda, en estrecha relación con la primera, tiene que ver con la superación de la perspectiva clásica de la protección individualde los derechos, es decir, aquella que requiere que los individuos deben estar plenamente identificados y acreditar en forma fehaciente el daño o la lesión a sus intereses en forma individual.

La problemática antes planteada, converge necesariamente con un concepto que ha sido analizado en formas diversas y se ha mencionado repetidamente, pero que aún constituye una asignatura pendiente en nuestro país: el “acceso a la justicia”. Sin embargo, aún cuando la noción de “acceso a la justicia” es un problema relativo al procedimiento, por su finalidad concierne también al fondo del derecho.

La razón de ello estriba en que para hablar de un efectivo acceso a la justicia se requieren de dos elementos esenciales:

  1. El reconocimiento de los derechos que le asisten a las personas (ya sea en forma individual o como miembros de una colectividad), que necesariamente corresponden a los fines e intereses que una sociedad en un momento determinado estima como valiosos, y

  2. La previsión de instrumentos y mecanismos que permitan un efectivo cumplimiento de dichos derechos o en su caso, la reparación del daño, en caso de su inobservancia.

Es en este último punto (la previsión de instrumentos de tutela de derechos) donde debe hacerse un especial énfasis.

En efecto, la sola existencia y previsión de procedimientos e instrumentos de tutela y protección de los derechos de las personas no es suficiente para poder hablar de un efectivo acceso a la justicia, sino que es indispensable valorar y analizar si dichos instrumentos son comprensibles, asequibles y eficaces a favor de todo aquél que pretenda hacerlos valer, lo que de suyo demanda del propio Estado instituciones de calidad y con capacidades materiales, económicas y humanas que puedan llevarlo a cabo.

El panorama actual en materia delacceso a la justicia en México y en concreto, en materia de protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, no sólo los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, también llamados de “tercera generación”, nos refiere queiniciar un procedimiento judicial implica enfrentarse a procesos complicados, difíciles de comprender debido a su tecnicidad, lentos y costosos, lo que induce a la parte económicamente más débil a aceptar injusticias, transacciones desventajosas o en último caso, a permitir la violación o el desconocimiento de los derechos que le asisten por parte de autoridades o de los propios particulares.

Lo anterior conduce a generar una percepción generalizada de desconfianza hacia el propio Estado y de su incapacidad de resolver en forma pacífica y dentro del marco de la ley, los conflictos sociales. Es decir, se presenta un fenómeno denominado en algunos órdenes jurídicos como anomia, una situación donde realmente un individuo no encuentra el camino para que sus derechos sean definidos o determinados jurídicamente.

Respecto a lo antes señalado, debe precisarse que aún cuando la actuación tanto de los órganos legislativos como de los ejecutivos y judiciales en la materia de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas ha sido loable, además de que, como lo dice el iniciante, en algunas materias ya se han previsto algunos tipos de acciones colectivas en ciertas materias, en la práctica, la complejidad de nuestra sociedad actual y la falta de mecanismos de organización colectiva han resultado en una protección parcial y, por tanto, deficiente de sus derechos.

Es preciso recordar lo que acontecía antes de que se promulgara por ejemplo la Ley Federal de Protección al Consumidor en cuanto a las personas que padecían ante las deficiencias en la prestación de un servicio o en la utilización de un bien que llegaran a adquirir. El instrumento de defensa era un juicio civil ordinario, largo, complejo técnicamente y costoso, en donde se transfería prácticamente todos los costos a los consumidores. Cuando un mecanismo tan importante como la protección al consumidor empieza a funcionar en la manera en que paulatinamente ha ido conformándose el funcionamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, algunos costos derivados de defectos o la mala prestación de los servicios de los proveedores son asumidos por éstos, lo que no sólo ha beneficiado en forma colectiva a los grupos de consumidores, sino que también se ha ido introduciendo una mayor racionalidad en la forma de producir bienes y prestar servicios.

Estas comisiones dictaminadoras comparten la expresión del autor de la iniciativa en el sentido de que las normas que en un momento cumplieron las expectativas y demandas habidas en materia de protección de los derechos de las personas, hoy son insuficientes a partir de la creciente complejidad de las relaciones entre los miembros de la colectividad y el surgimiento de nuevas formas de interacción entre ellos. La legislación ha sido rebasada entonces por esta nueva realidad.

Con el objeto de enfrentar estos nuevos desafíos y retos, se requiere de un indispensable rediseño de las instituciones jurídicas que por mucho tiempo regularon la materia con rumbo hacia el establecimiento de herramientas y mecanismos que permitan a los individuos y a los grupos de individuos, hacer valer sus derechos en una forma menos costosa, expedita y eficiente.

En el caso de la iniciativa que se dictamina, los objetivos que animan la misma se concentran en la protección de los derechos que le asisten a una colectividad, determinada o no determinada, es decir a una colectividad definida o susceptible de ser identificada o aquella que no necesariamente puede serlo, así como de aquellos derechos que le asisten a los individuos, pero que por contar con elementos comunes de hecho o de derecho, permiten su litigio de forma colectiva.

El derecho comparado resulta ser un claro ejemplo de cómo la protección efectiva de los derechos e intereses de las personas a partir de instrumentos flexibles, sencillos y accesibles a las personas, genera como consecuencia que los conflictosinterpersonales y sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, reduciendo con ello la tensión social y haciendo plena la vigencia del Derecho.

Una de las instituciones que en otros países ha permitido la tutela de derechos e intereses en forma colectiva, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las denominadas accionescolectivas, que en términos claros puede decirse que son instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad.

Países como los Estados Unidos de Norteamérica, España, Colombia, Brasil, Argentina, , Chile, Uruguay, Venezuela y Costa Rica contemplan tanto en sus normas fundamentales como en la legislación secundaria este tipo de acciones y procedimientos, los cuales tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias, como lo son el patrimonio, el espacio público, la seguridad pública, el ambiente, la libre competencia económica, los derechos de autor, la propiedad intelectual, derechos del consumidor, entre otros, con el objeto de evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o la reparación del agravio sobre los mismos.

Independientemente del nombre que reciban en los distintos países antes mencionados, las acciones y procedimientos colectivos mantienen un comúndenominador, a saber, la regulación del fenómeno de derechos que trascienden la esfera individual o que pudiendo tener este carácter, existe una relación entre sus titulares que los vincula por circunstancias de hecho o de Derecho.

Si se considera que prácticamente todos los individuos se ven envueltos todos los días y de forma permanente en relaciones de hecho o derecho, normalmente por montos individuales relativamente pequeños, los costos derivados de un litigio individual hacen incosteable la defensa de sus derechos. Es decir, los costos de litigio hacen que no sea económicamente viable la defensa de dichos derechos; pero ello no significa que éstos no estén siendo vulnerados, sino simplemente evidencia un sistema distorsionado que provoca que las violaciones a los derechos, y al sistema jurídico, sean toleradas por su incosteabilidad en tiempo y dinero. Ello ha colocado a las personas en un estado de indefensión virtual que ha sido reproducido a lo largo de muchos años.

Es decir, si cada interesado estuviera obligado a ejercitar en lo individual la acción para exigir el respeto a su derecho, la aplicación de la ley estaría sujeta al azar y no sería posible asegurar más que un éxito relativo y en forma parcial o fragmentada. Ello sin duda es frustrante y compromete seriamente el poder de disuasión de la ley.

De esta manera, la acción colectiva puede constituir un mecanismo eficaz para cambiar las conductas antijurídicas de las empresas del sector privado, inclusive las del sector público, así como de los particulares en general que afectan a grandes sectores de la sociedad.

Por el contrario, si desde la ley, en forma ordenada y regulada se generan las condiciones para agrupar a todas aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados y se permite su organización para lograr la adecuada defensa y protección de los derechos, estaremos ante una verdadera posibilidad de justiciabilidad de los derechos de los individuos en dicho carácter y como miembros de una colectividad. Ello indefectiblemente beneficiaría a la sociedad, ya que todo aquel que tiene un derecho podría hacerlo efectivo de forma viable y sencilla.

En tal virtud, estas comisiones unidas consideran procedente incorporar en la Constitución este tipo de instrumentos de tutela de derechos colectivos. Estamos conscientes de que corresponderá al legislador ordinario la adecuada interpretación del contenido y esencia de la reforma, con la finalidad de que se prevean acciones y procedimientos ágiles, sencillos y accesibles a todo grupo de individuos que permitan alcanzar los fines propuestos.

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras creen firmemente que no es posible continuar permitiendo que las violaciones a los derechos de los miembros de nuestra propia comunidad (sean de carácter individual o colectivo) y al sistema jurídico en general, sean simplemente toleradas por la falta de medios de acceso a una real justicia.

En adición a lo anterior debe claramente señalarse que no es, en ningún sentido el propósito de esta reforma, el sancionar a algún grupo en específico, sino simplemente establecer los caminos por los que losmiembros de una colectividad podrán ejercer efectivamente sus derechos, contribuyendo con ello a seguir avanzando en el interminable proceso de evolución constitucional que da sustento y actualidad a nuestro estado de derecho y a fin de cuentas, continúa impulsando la construcción de un mejor país.

Es importante recalcar que, como lo menciona la iniciativa de mérito, los juzgadores tendrán un papel fundamental en la efectiva protección de los derechos e intereses colectivos, así como la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con espíritu de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales individuales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos.

En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen la racionalidad y objetivo de las acciones y procedimientos colectivos a la luz las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones, abstraigan su función esencial y los adapten a las peculiaridades del sistema jurídico mexicano.

Por otro lado, estas comisiones unidas estiman procedente hacer ajustes a la redacción del texto de la propuesta original contenida en la iniciativa, a efecto de dar mayor claridad y precisión al alcance de la reforma que se propone y de dotarla de una mejor técnica legislativa.

En ese tenor, es necesario precisar desde el texto de la propia Constitución la atribución que el Congreso de la Unión tendrá para legislar sobre estos instrumentos de tutela de derechos colectivos, los procedimientos judiciales para hacerlos efectivos en las materias que determinen las leyes, así como los mecanismos de reparación del daño. Asimismo, se hace necesario precisar en el texto constitucional que los jueces federales serán los competentes para conocer de tales procedimientos colectivos en los términos que señalen las leyes.

También es pertinente hacer una precisión en cuanto a la adición que propone el iniciante al artículo 17 constitucional, toda vez que en la iniciativa se ubica en el párrafo quinto, sin embargo, se estima conveniente que la adición se incorpore en el párrafo tercero, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, en virtud de que los primeros dos párrafos se refieren a lajusticia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SÉPTIMO Y

SE RECORRE EL ORDEN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17. (….)

(….)

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

(….)

(….)

(….)

(….)

(….)”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los3 días del mes de diciembre de 2009.

Comisión de Puntos Constitucionales: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente.- Senador Ulises Ramírez Núñez, Secretario.- Senador Rubén F. Velázquez López, Secretario.- Senador Alejandro González Alcocer, integrante.- Senador Alejandro Zapata Perogordo, integrante.- Senador Luis Alberto Villarreal García, integrante.- Senador Ricardo Torres Origel, integrante.- Senador Eloy Cantú Segovia, integrante.- Senador Fernando Baeza Meléndez, integrante.- Senador Felipe González González, integrante.- Senador Melquiades Morales Flores, integrante.- Senador Pablo Gómez Alvarez, integrante.- Senadora Minerva Hernández Ramos, integrante.- Senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante.- Senador Dante Delgado Rannauro, integrante.

Comisión de Gobernación: Senador Jesús Murillo Karam, Presidente.- Senador Felipe González González, Secretario.- Senador Jesús Garibay García, Secretario.- Senador Alejandro González Alcocer, integrante.- Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante.- Senador Ulises Ramírez Núñez, integrante.- Senador Humberto Aguilar Coronado, integrante.- Senador Alejandro Zapata Perogordo, integrante.- Senador Carlos Aceves del Olmo, integrante.- Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante.- Senador Ramiro Hernández García, integrante.- SenadorAlfonso A. Sánchez Anaya, integrante.- Senador Silvano Aureoles Conejo, integrante.- Senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante.- Senador José Luis Lobato Campos, integrante.-

Comisión de Estudios Legislativos: Senador Alejandro Zapata Perogordo, Presidente.- Senador Fernando Baeza Meléndez, Secretario.- Senador Pablo Gómez Alvarez, Secretario.- Senador Andrés Galván Rivas, integrante.- Senadora Ludivina MenchacaCastellanos, integrante”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis de la LeyFederal de Protección al Consumidor, presentada por el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y una vez analizado el contenido del proyecto, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. El día 11 de diciembre de 2008, el Senador Silvano Aureoles Conejo, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 29 Bis de la LeyFederal de Protección al Consumidor.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

Propone crear un sistema de control de confianza para los servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (en adelante PROFECO) que realicen funciones de verificación, así como a los mandos que coordinen estas actividades, consistente en exámenes patrimoniales y de entorno social; psicométricos, psicológicos y toxicológicos, como una forma de evitar áreas de oportunidad para la corrupción.

CONSIDERACIONES

El dictamen en estudio propone adicionar un artículo 29 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante LFPC) cuyo objetivo es que los servidores públicos de la PROFECO que ejecuten, desarrollen, apliquen o supervisen las funciones establecidas en el capítulo XII de la propia Ley, relativo a las actividades de vigilancia y verificación, deberán aprobar cada dos años, un proceso de control de confianza, que será aplicado por el organismo que para tal efecto se establezca en el estatuto orgánico, bajo la supervisión de un Consejo Ciudadano que certificará y coadyuvara en los procesos, como medida para abatir los actos de corrupción.

Al respecto, el proponente señala:

Se propone crear un sistema de control de confianza para los servidores públicos que realicen funciones de verificación, así como a los mandos que coordinen estas actividades, consistente en exámenes, patrimoniales y de entorno social; psicométricos y psicológicos, y toxicológicos.

Los procesos de evaluación deberán tener por objeto el comprobar que los servidores públicos que realicen o coordinen funciones de verificación y vigilancia, a que se refiere el capítulo XII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, den debido cumplimiento a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad.

Los resultados de los procesos de evaluación deberán ser confidenciales con excepción de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Estos procedimientos de evaluación deben ser avalados por la ciudadanía, por lo que propone incorporar un grupo, miembros de la sociedad, como Consejo de Participación Ciudadana, que supervise, certifique y coadyuve en los proceso de control de confianza, que se realizarán cada dos años. Con esto se lograría que los servidores públicos que realicen esta importante tarea para la economía mexicana, no se dejen corromper y cumplan con su deber.

En este sentido, estas comisiones desean destacar que actualmente la PROFECO para la verificación y vigilancia del cumplimiento de la Ley, realiza un programa operativo anual, además de los programas relativos a las distintas temporadas del año en las que se verifican determinadas actividades de los proveedores, en estos programas la Procuraduría requiere personal temporal para cumplir con dichas atribuciones con base en las necesidades tanto operativas como administrativas.

En virtud de lo anterior y de conformidad con la atribución del Procurador Federal del Consumidor prevista en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Protección al Consumidor de “nombrar y remover el personal al servicio de la Procuraduría, señalándole sus funciones y remuneraciones” es que se contrata al personal antes mencionado de acuerdo con las necesidades referidas, mismo que es seleccionado en términosde mecanismos de control, previstos en el “Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos de Evaluación de Confianza en la Procuraduría Federal del Consumidor”, expedido por el titular de la misma de conformidad a las atribuciones que le confieren los artículos 27, fracciones I y IX de la LFPC, así como el artículo 4 y el artículo 8, primer párrafo, fracción II, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2007.

En este sentido, si bien es cierto que existen los mecanismos referidos, estas Comisiones aprecian conveniente establecer una disposición general en el contenido de la ley para darle solidez a los mismos.

En virtud de lo anterior, estas Comisiones consideran oportuno modificar el texto y ubicación de la propuesta en la LFPC, integrándola en un segundo párrafo artículo 30 toda vez que el mismo se refiere al personal de la PROFECO.

Por lo anterior estas Comisiones proponen el siguiente texto para el párrafo en comento:

“La Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, en particular a quienes realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, como medida para asegurar su probidad y honestidad”

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, las comisiones dictaminadoras consideran de aprobarse la adición contenida en esta iniciativa, con lasmodificaciones expuestas.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, el siguiente:

RESOLUTIVO

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTICULO 30.-…

La Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, en particular a quienes realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, como medida para asegurar su probidad y honestidad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las disposiciones administrativas vigentes en materia deevaluación de confianza del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, continuarán vigentes hasta que no se modifiquen en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTICULO 181 DE LA LEY DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de laLey de la Propiedad Industrial, presentada por los Diputados que se citan en el apartado uno de antecedentes del presente dictamen.

Con fundamento en las facultades que les confieren el artículo71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y una vez analizado el contenido del proyecto, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 19 de marzo de 2009, los Diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez; Carlos Armando Reyes López; Alejandro Salum del Palacio; Fausto Fluvio Mendoza; Enrique Serrano Escobar, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo y Jorge Godoy Cárdenas,todos ellos integrantes de la Comisión de Economía de esa H. Cámara en la LX Legislatura, presentaron iniciativa por la que se reforma y adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. El C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, misma que la dictaminó en sentido aprobatorio, siendo discutida y aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados el 16 de abril de 2009.

3. Posteriormente, una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Cámara de Diputados envió la minuta de referencia el 21 de abril de 2009 a la Mesa Directiva del la Cámara de Senadores, la que dispuso su turno en la misma fecha a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

Eliminar el requisito de acreditar la personalidad más de una vez, a quien en nombre de una persona física o moral tramite desde la presentación de la solicitud correspondiente y hasta la conclusión del procedimiento, un registro de una marca, una marca colectiva, un aviso comercial y/o la publicación de un nombre comercial, así como la renovaciones, licencias o transmisiones de las mismas.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Ley de la Propiedad industrial (LPI), establece las reglas generales de los procedimientos y la forma que deben revestir todas las solicitudes o promociones dirigidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que con motivo de la aplicación de dicho ordenamiento jurídico tengan lugar.

SEGUNDO.- El artículo 181 de la LPI establece que las solicitudes y promociones que se presenten por conducto de mandatario, se deberá acreditar la personalidad mediante cualquiera de los documentos previstos en las fracciones I a IV del ordenamiento referido y que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse dicha personalidad, lo cual se traduce en una formalidad legal que retrasa el trámite de registro e incrementa los archivos del IMPI.

TERCERO.- En la actualidad el trámite de registro de marca se ha visto retrasado por el incumplimiento de requisitos relacionados con errores u omisiones de los documentos exhibidos para acreditar la personalidad jurídica de los mandatarios; requisitos que en la gran mayoría de los casos no son de trascendencia jurídica, sino únicamente de cuestiones de formalidad.

CUARTO.- Se establece en la minuta correspondiente un régimen de transición tanto para las nuevas solicitudes como para aquellas que se encuentren en trámite.

Por lo anterior, considerar los beneficios de esta mejora regulatoria encaminadas a otorgar al usuario facilidad en la gestión de trámites, estas comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en la procedencia de las modificaciones contenidas este Decreto.

CONCLUSIONES

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, se concluye que la adición propuesta a la Ley de la Propiedad Industrial es procedente en los términos remitidos por la Colegisladora, por lo que estiman que la Minuta es de aprobarse y someten a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTICULO 181 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo único.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que dar como sigue:

Artículo 181.-

I. a IV.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Lo dispuesto en este Decreto se aplicará a las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial que sean presentadas a partir de su entrada en vigor. Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá publicar las modificaciones correspondientes a los formatos oficiales en elDiario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero.- Respecto de las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, las renovaciones, así como la inscripción de licencias o transmisiones que se encuentren en trámite, los interesados que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber, por escrito, al Instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Enseguida tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona la Ley Federal de Fomento a la Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera,les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por el Senador Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. El día 11 de marzo de 2009, el Senador Juan Bueno Torio presentó una iniciativa conproyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

Propone reformar y adicionar la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante LFPC) fortalecer las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante PROFECO) aclarando la regulación de proveedores que suministren servicios detelecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable, así como para presentar denuncias ante la Comisión Federal de Competencia en representación de los consumidores.

Se otorga facultades al Procurador que le permitan expedir lineamientos, criterios y disposicionesadministrativas que permitan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones que tenga conferidas.

También propone que se puedan realizar quejas grupales ante PROFECO y se perfecciona el mecanismo de imposición y cobro de multas, así como que los recursos provenientes de éstas se dediquen a fortalecer los programas de PROFECO.

Finalmente, se propone incluir en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las organizaciones que tengan por objeto la promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. MODIFICACION AL ARTICULO 6 DE LA LFPC.

De conformidad con la exposición de motivos del promovente, se destacan las siguientes consideraciones de los rubros que contempla esta iniciativa:

Respecto al fortalecimiento de atribuciones de la Procuraduría, el Senador promovente señala que tiene el propósito de precisarla competencia de la Procuraduría, con el objeto de que ésta no siga siendo blanco de impugnaciones sobre su la misma en los casos en que los proveedores suministren servicios tales como telecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable. “…lo anterior permitirá despejar las dudas relativas a si la Procuraduría tiene o no competencia para la revisión de los contratos de adhesión aplicables a los consumidores, sin perjuicio de que los mismos puedan ser revisados por las autoridades que otorguen concesiones, como es el caso del servicio de telefonía.”

Al respecto, estas comisiones consideran procedente que se clarifiquen las materias en las cuales la PROFECO tiene atribuciones, de tal manera que la protección al consumidor sea efectiva en todas estas materias.

El artículo 6 quedaría redactadode la siguiente manera:

Artículo 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. La Procuraduría también será competente en los casos en que los proveedores suministren servicios tales como telecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable.

Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

SEGUNDA. MODIFICACION AL ARTICULO 8 BIS DE LA LFPC.

Por otra parte, se propone fortalecer las atribuciones de la PROFECO para fomentar una cultura de consumo responsable y consciente y su inclusión dentro de los programas oficiales educativos, con la finalidad de que el consumidor tenga los conocimientos y elementos que le permitan tener la capacidad para decidir por la mejor opción al adquirir bienes y contratar servicios y que conozca, de igual manera, los derechos que la ley le otorga, para lograr lo anterior, se requiere de la educación como pieza clave para la formación de la población infantil y juvenil, lo que indudablemente permitirá, una conformación de una población mayormente preparada y con mejores conocimientos, orientada e informada.

Así, la iniciativa propone la siguiente redacción en el artículo 8 BIS de la Ley:

Artículo 8 BIS.- La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo inteligente, elaborando los contenidos y materiales educativos en dicha materia y respecto de los derechos del consumidor, a fin de que la autoridad federal competente los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, estas comisiones consideran pertinente esta inclusión en un primer párrafo del actual artículo 8 BIS, pero se propone aclarar el término de “consumo inteligente” propuesto en la iniciativa, con una redacción mas descriptiva, para quedar de la siguiente manera:

“La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables”.

Esta redacción resultaría descriptiva de lo que la Procuraduría debe promover y fomentar en los programas educativos correspondientes.

Las comisiones desean destacar que está atribución es congruente con atribuciones ya previstas en el artículo 24 de la Ley vigente, a saber (se anotan sólo las fracciones pertinentes):

ARTICULO 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;

TERCERA. MODIFICACION AL ARTICULO 25 BIS DE LA LFPC.

Por otra parte, la iniciativa propone la adición de un último párrafo al artículo 25 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, respecto al cual señala: “…a fin de dotar de la atribución a la Procuraduría para presentar denuncias ante la Comisión Federal de Competencia en representación de los consumidores. Esta facultad se ejercerá en los casos en que por la comisión de presuntas prácticas monopólicas, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, se identifiquen aumentos de precios, restricciones en las cantidades ofrecidas o divisiones de mercados de bienes o servicios. Con lo anterior se brinda fortaleza a la intervención de la Procuraduría en los casos en que pudiera resultar afectada de manera importante la economía de los consumidores, al mismo tiempo que se establece una verdadera protección a los derechos de los consumidores frente a ese tipo de comportamientos que van en prejuicio del correcto funcionamiento de los mercados.”

Al respecto, estas comisiones consideran procedente la propuesta referida, sin embargo, estiman que la ubicación idónea de esta atribución sea en una nueva fracción XX BIS del artículo 24, que se refiere precisamente a las atribuciones de la PROFECO, pues el artículo 25 BIS se refiere a medidas precautorias que puede aplicar directamente cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores, siendo el caso que la presente atribución no es una medida precautoria. Asimismo, se considera que esta adición es congruente con la fracción III del propio artículo 24, si bien la PROFECO sólo quedaría facultada para presentar la denuncia correspondiente y no para intervenir en el resto del procedimiento que, en su caso, iniciara la Comisión Federal de Competencia.

De esta manera, la redacción de la nueva fracción XX BIS del artículo 24 sería la siguiente:

XX BIS. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda.

CUARTA. ADICION DE UNA NUEVA FRACCION XI AL ARTICULO 27 DE LA LFPC.

Por otra parte, en el artículo 27 se propone precisar mediante la adición de una nueva fracción XI que el Procurador Federal del Consumidor tiene la facultad de "expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permitan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tenga conferidas", para despejar dudas referentes a las atribuciones del Procurador para generar la normatividad indispensable que permita el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley de manera oportuna y expedita.

Se considera procedente esta propuesta.

QUINTA. REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 99.

En relación al fortalecimiento de los derechos de los consumidores, la iniciativa prevé fortalecer expresamente la posibilidad que los mismos puedan interponer quejas grupales ante la PROFECO, con el propósito de ampliar los mecanismos de acceso que tienen a la protección al consumidor.

Las quejas o reclamaciones grupales podrían realizarse mediante la formación de un grupo de consumidores que tengan identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor y que realizarían la queja grupal a través de un representante, manifestando su voluntad de incorporarse a dicho grupo y otorgando dicha representación por escrito, o bien, mediante la presentación de la misma por parte de una asociación u organización de consumidores previamente constituida.

En ambos casos, estas comisiones han considerado oportuno complementar el desarrollo de la figura de las quejas grupales propuesto en la iniciativa con algunas disposiciones adicionales, a fin de que las mismas funcionen adecuada y eficazmente en beneficio de los consumidores y no se conviertan en un incentivo para actividades que no pretendan tal propósito.

De esta manera las reformas y adiciones al artículo 99 de la LFPC, quedarían con la siguiente redacción:

Artículo 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

V.- Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad del o los representantes del colectivo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y, que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral.

VI.- Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar, además:

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;

c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de la misma;

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha circunstancia;

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y,

g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral.

Al respecto, estas comisiones consideran pertinente, con las modificaciones sugeridas, las reformas y adiciones a este artículo pues este tipo de reclamaciones permitirían que los beneficios derivados de las conciliaciones alcancen a un mayor número de consumidores y facilitaría el acceso de los mismos a estos mecanismos de protección y defensa de sus derechos.

SEXTA. REFORMAS AL ARTICULO 134 Y ADICION DE UN ARTICULO 134 BIS A LA LFPC.

En lo relativo a la adición de este nuevo artículo en el Capítulo de Sanciones de la Leyla iniciativa señala:

“ …se pretende fortalecer las finanzas de la PROFECO a partir de la recuperación de las multas que esta imponga, para ello, es necesario cubrir tres aspectos fundamentales: el primero de ellos es precisar que la condonación, reducción o conmutación de las multas es procedente de manera excepcional en los casos en que se hubieren impuesto en carácter de medida de apremio, condicionando este beneficio a los casos en que se hubiese logrado la conciliación a favor del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio correspondiente, ello permitirá mayor claridad al hecho de que las multas como medidas de apremio tienen una naturaleza diferente al aplicarse por una desobediencia a la autoridad y, además, se antepone el derecho de los consumidores a que su reclamación haya quedado satisfecha.

El segundo aspecto, es el relativo al momento en que la autoridad que las impone puede condonarlas, reducirlas o conmutarlas y se establece que ello sólo será posible siempre que las mismas no hubieren sido enviadas a la autoridad ejecutora para su cobro, transparentando con esto, los actos de la Procuraduría.

El tercer aspecto y último, prevé una situación de gran importancia para la Procuraduría, puesto que se establece que las multas la PROFECO imponga como medidas de apremio ó como sanciones, sean cobradas única y exclusivamente por la autoridad fiscal federal competente y en este sentido sean, destinadas para el desarrollo de las actividades y programas de cumplimiento de la ley a cargo de la Procuraduría. Lo anterior resulta del hecho de que el sistema recaudatorio de las multas que impone la Institución es muy disperso y deficiente, en el entendido de que su cobro es efectuado por múltiples instancias, tanto estatales como municipales, lo que se traduce en una verdadera falta de coordinación y control de las actividades desempeñadas para su recaudación, como de la información relativa al monto de las multas que se cobran.”

Al respecto, estas comisiones consideran que los aspectos planteados son en lo general procedentes, pues fortalecen la capacidad de gestión de la PROFECO respecto de las multas impuestas tanto como medidas de apremio como por concepto de sanciones, constituyéndose en un incentivo para la solución ágil de las controversias correspondientes, cuando se haya dado efectivamente una solución satisfactoria de la conciliación a favor del consumidor y siempre y cuando no se hubieren remitido aún a la autoridad fiscal para su cobro.

Se considera procedente asimismo lo previsto en la iniciativa para que las sanciones respectivas sean remitidas para su cobro a la autoridad fiscal competente, garantizando así procedimientos uniformes y una mayor eficiencia en su cobro.

Encuanto al párrafo segundo propuesto para el artículo 134 BIS que se propone adicionar con la siguiente redacción: Los recursos que se obtengan conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, serán destinados para el desarrollo de las actividades y programas de cumplimiento de la ley a cargo de la Procuraduría.”

Al respecto, estas comisiones consideran pertinente este agregado a fin de que la Procuraduría cuente con estos recursos adicionales que le permitan realizar con eficacia las funciones de Ley que tiene a su cargo, de acuerdo con lo anterior, se estima procedente precisar que los mismos deberán destinarse exclusivamente a la realización de actividades y programas de cumplimiento de la Ley.

SEPTIMA. ADICION DE UNA NUEVA FRACCION XIII AL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FORMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Finalmente, en relación al fortalecimiento de la participación social y de las acciones grupales que los consumidores tendrían ante la PROFECO, la iniciativa propone incluira las organizaciones que tengan por objeto la promoción y defensa de los derechos de los consumidores entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento que están consideradas precisamente en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Al respecto, estás comisiones consideran apropiada dicha adición, pues es congruente con las modificaciones referentes a las quejas o reclamaciones grupales que los consumidores podrían realizar de conformidad al presente dictamen, pero modifican la fracción propuesta para la misma de la XIII a la fracción XVII, a efecto de no suprimir las que actualmente considera la referida fracción XIII, que son aquellas que se dedican a la Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Por lo anterior, se hace la modificación correspondiente en el proyecto de decreto del presente dictamen.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas que suscribimos el presente dictamen, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.-Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, consideran aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas porOrganizaciones de la Sociedad Civil, presentada por el Senador Juan Bueno Torio, con las modificaciones previamente apuntadas, para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 6; 8 BIS; 99, en su párrafo primero; 134, y se adiciona una fracción XX BIS al artículo 24; una fracción XI al artículo 27, pasando la anterior XI a ser la XII; las fracciones V y VI al artículo 99; y, un artículo 134 bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. La Procuraduría también será competente en los casos en que los proveedores suministren servicios tales como telecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable.

Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

Artículo 8 BIS.- La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en función de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello.

Artículo 24.- …

I. a XX.

XX BIS. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. a XXII. …

Artículo 27.- El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

X. Expedir el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del Secretario de Economía;

XI. Expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permitan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tenga conferidas, y

XII. Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos.

Artículo 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I. …

II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos;

III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante;

IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación;

V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos;que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y, que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral, y

VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar, además:

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;

c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de la misma;

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha circunstancia;

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y,

g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral.

Artículo 134.- La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones previstas en esta ley la podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará las circunstancias del caso, las causas que motivaron su imposición, así como la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin que la petición del interesado constituya un recurso. Excepcionalmente procederá la condonación, reducción o conmutación de las multas que se hayan impuesto como medidas de apremio, cuando se hubiere logrado una conciliación en favor del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio correspondiente.

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una vez que las multas hayan sido remitidas a la autoridad fiscal competente para su cobro y tampoco cuando se tratede sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 134 bis.- Las multas que imponga la Procuraduría, como medidas de apremio ó como sanciones, serán cobradas exclusivamente por la autoridad fiscal federal competente.

Los recursos que se obtengan conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, serán destinados únicamente al desarrollo de las actividades y programas de cumplimiento de la ley a cargo de la Procuraduría.

Artículo segundo.- Se reforma la fracción XVII al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y se adiciona una nueva fracción XVIII, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XV.- ...

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;

XVII.- Promoción y defensa de los derechos de los consumidores, y

XVIII.Las que determinen otras leyes.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRAULICOS Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 15 de marzo de 2009, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En fecha 19 de marzo de 2009 la Mesa Directiva, turnó la iniciativa citada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, las suscritas Comisiones Unidas, realizaron diversas reuniones para la discusión de la misma.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos de la Iniciativa que se dictamina establece entre otros argumentos, los siguientes:

a) Que en la actualidad, la demanda de agua se ha incrementado considerablemente debido, entre otras causas, al crecimiento poblacional. Así, la presión por el recurso hídrico, es un tema clave para nuestro país, que compete a la Administración Pública Federal, por ser de interés social y por su carácter nacional.

b) Que aunque, se atienden las demandas por sectores de cuencas hidrográficas, en particular no se cuenta con una coordinación interestatal regional, en correspondencia con las condiciones geográficas y climáticas que caracterizan a nuestro país.

c) Que la Comisión Nacional del Agua se ayuda del Banco Nacional de Datos Climatológicos, para adquirir los pronósticos del clima. Pero, no considera estas dos dimensiones regionales producto de condiciones geográficas y climatológicas que caracterizan a México.

d) Que si se consideran las condiciones de dos regiones con características climáticas respecto al territorio geográfico nacional, y además se considera la ubicación de las cuencas, se podrá proyectar en mejor medida la distribución de este recurso. Así, se realizará una mejor planificación del Programa Nacional Hídrico, se asignarán adecuadamente los recursos; y lo más importante, se atenderán las demandas de los sectores productivos y de la población. Por último, se creará una nueva coordinación interestatal con respecto al uso del agua.

De los argumentos contenidos en la exposición de motivos, se desprende que el objeto de la Iniciativa que se dictamina es incorporar a la Ley de Aguas Nacionales las variables geográficas y climáticas que caracterizan a nuestro país, a partir de la reforma a las fracciones III y IV del artículo 9, en lo correspondiente a las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, atribuyéndole como tales, la integración y formulación del Programa Nacional Hídrico, debiendo para ello considerar en forma obligatoria las características climáticas y geográficas de la región norte y sur del país.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los CC. Senadores se encuentran legitimados para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- El artículo 27 párrafos tercero y quinto de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa,a la letra señala:

“Artículo 27. …

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

…”

Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo que establece el artículo 73 en su fracción XVII:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

TERCERA.- En opinión de las que dictaminan, es necesario adecuar el marco normativo aludido, ya que la precipitación pluvial es distinta en todo el territorio nacional, por lo que la Comisión Nacional del Agua, al elaborar el Programa Nacional Hídrico debe considerar las condiciones climáticas y geográficas del país.

CUARTA.- De acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2007-2012, a nivel país, el mayor crecimiento poblacional y económico se ha generado en las zonas con menor disponibilidad de agua; así, en el centro y norte, donde se tiene el 31 por ciento de la disponibilidad nacional se concentra el 77 por ciento de la población, situación que contrasta con la zona sureste, donde existe el 69 por ciento de disponibilidad y únicamente se ubica el 23 por ciento de la población.

De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, es necesario que se adecue la Ley de Aguas Nacionales, para que en la elaboración del Programa se tome en consideración la disponibilidad de agua que hay en cada región del país.

QUINTA.- Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; asimismo, no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

En atención a las observaciones realizadas por las dependencias de la Administración Pública Federal, particularmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resulta necesario hacer unas adecuaciones al proyecto de Decreto con el único objeto de enriquecerlo y darle operatividad al marco normativo.

En ese sentido, la SEMARNAT señala que no es viable que para la elaboración del Programa Nacional Hídrico se tomen en consideración las regiones norte y sur del país, por lo que es necesario hacer una modificación para que en el texto se contemple a todo el territorio nacional.

En virtud de que el marco normativo que se pretende reformar, no contiene la definición de “regiones climáticas”, la Secretaría propone que se cambie la redacción de la reforma a la fracción IV, para eliminar ese término.

Por técnica legislativa, es menester realizar una adecuación al proyecto de Decreto, con el objeto de no generar interpretaciones erróneas. Pues por una omisión involuntaria del legislador se omitió señalar que después de la fracción IV que se pretende reformar, aun hay otras que forman parte del precepto normativo, lo que se indica haciendo alusión enunciativa a estos y con puntos suspensivos. Porque de lo contrario se puede llegar a interpretar que el resto del artículo se deroga.

LEY VIGENTE

INICIATIVA

PROPUESTA

Artículo 9.- (…)

(…)

(…)

a. (…)

b. (…)

(…)

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I - II (…)

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales;

V. a LIV. …

Artículo 9.- (…)

(…)

(…)

a. (…)

b. (…)

(…)

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I - II (…)

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, considerando las características climáticas y geográficas de la región norte y sur;

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales; garantizando la coordinación y cooperación de las regiones climáticas, a fin de mejorar la distribución del recurso hídrico;

Artículo 9.- (…)

(…)

(…)

a. (…)

b. (…)

(…)

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

I - II (…)

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, considerando las características climáticas y geográficas del país, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales; que establezcan la coordinación y colaboración de las regiones y cuencas, a fin de mejorar la distribución del recurso hídrico;

V. a LIV. …

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que la iniciativa con proyecto de Decreto objeto de estudio y análisis del presente dictamen es jurídica y legislativamente viable, por lo que se somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se modifica la Fracción III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9.- (…)

(…)

(…)

a. (…)

b. (…)

(…)

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

I - II (…)

III. Integrar, formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, considerando las características climáticas y geográficas del país, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales; que establezcan la coordinación y colaboración de las regiones y cuencas, a fin de mejorar la distribución del recurso hídrico;

V. a LIV. …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Los siguientes dictámenes que tienen que ver todos con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, perdón, los siguientes dictámenes que tienen que ver con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no pasarán de primera lectura en virtud de que no contamos con las firmas suficientes.

Tampoco la que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ni la que tiene que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Expropiación y la Ley General de Bienes Nacionales.

Ni la que tiene que ver con la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ni el instrumento internacional con Guatemala; ni con Uruguay; ni con Costa Rica. En cuanto se cumplan los requisitos de ley, cantaremos la primera lectura.

Continuamos con la primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Eduardo Redondo Arámburo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República de Chile, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2120/09, de fecha 26 de noviembre de 2009, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Eduardo Redondo Arámburo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

B. El 1º de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Eduardo Redondo Arámburo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Raymundo Pedro Morales Angeles, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2119/09, de fecha 26 de noviembre de 2009, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Raymundo Pedro Morales Ángeles, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

B. El 1º de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Raymundo Pedro Morales Angeles, pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Víctor Manuel Alarcón Daowz, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2118/09, de fecha 26 de noviembre de 2009, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Víctor Manuel Alarcón Daowz, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

B. El 1º de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Víctor Manuel Alarcón Daowz, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los tres dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Quedan de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura a ocho diferentes dictámenes en sentido negativo de diversas comisiones todos los documentos están publicados en la Gaceta para su conocimiento.

Inicialmente se inscribieron 14 dictámenes para el mismo trámite. Sin embargo, seis de ellos se retiraron por no contar con las firmas suficientes.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LA LEY GENERAL DE EDUCACION, LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE SALUD, DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Por medio de este conducto hacemos de su conocimiento que se recibió de la Mesa Directiva iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General de Educación y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; e Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por los senadores Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 2 de octubre de 2007 y 13 de noviembre de 2008, respectivamente. mismas que fueron turnadas a las Comisiones de Salud, de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales y de Estudios Legislativos.

Al respecto, estas Comisiones estiman emitir esta Comunicación con base en los argumentos siguientes:

Una vez estudiado y valorada la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en México, tópico que trasciende como inquietud para los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Zalvidea; y luego de que el pasado 7 de enero del año que corre, la Diputada Lariza Montiel Luis, Éctor Jaime Ramírez Barba, Guillermo Tamborrel Suárez, Juan Abad de Jesús, Ernesto Saro Boardman, Lorena Martínez Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Javier Calzada Vázquez, Víctor Montalvo Rojas, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Mayra Gisela Pañuelas Acuña, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Daniel Dahesa Mora Margarita Arenas Guzmán, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García, legisladores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentaran iniciativa con proyecto de Decreto, la cual toca aspectos que por separado refieren las Iniciativas de merito, es que se estima conveniente y prudente no desechar los turnos hechos llegar a estas Comisiones Unidas que dictaminan, sino darlas por atendidas de manera positiva, por considerarse que las mismas se encuentran establecidas en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos, según consta en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de junio de 2009.

Aunado a lo anterior, debemos reconocer que en el Decreto antes mencionado, se establecen nuevas facultades para la Secretaría de Salud y para la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos sanitarios en la materia. Además, se crean los Comités de Coordinación para la Donación de Órganos y Tejidos, de Medicina Transfusional y de Trasplantes para los establecimientos de salud que realicen alguna de esas actividades. Así mismo, se establecen las condiciones para el traslado, manejo y la distribución de los órganos, así como las obligaciones y facultades del Centro Nacional de Trasplantes. Acciones todas, que cobran importancia considerando que el párrafo tercero del artículo 4° constitucional, establece el derecho a la protección de la salud que tienen todos los mexicanos; coincidiendo también, que la Donación y el Trasplante de órganos, tejidos y células es de gran relevancia para México, porque se refiere a un tema con un gran impacto social, con efectos positivos para la convivencia social, así como para el sano desarrollo del ser humano.

De igual forma, porque la donación de órganos, es un tema médico social relativamente nuevo en nuestro país, ya que no existen órganos, tejidos y/o células suficientes para poder ser transplantados, además, porque se necesita de un proceso de aceptación cultural, donde la intención es dar un órgano, célula y/o tejido interno a otra persona de manera altruista e incondicional, cuando otra persona viva no lo necesita. En este mismo sentido, porque un trasplante, a través de la donación, es la sustitución de un órgano y/o tejido que ya no funciona con el objetivo de restituir las funciones perdidas, donde en muchos pacientes, el trasplante es la única alternativa que puede salvarles la vida y recuperar la calidad de la misma.

Finalmente, porque la Organización Mundial de la Salud, aprobó en la Asamblea Mundial en Mayo de 2004, una Resolución que recomienda acciones concretas de promoción y desarrollo de programas de donación y trasplantes, donde se pretende aportar un marco legal y organizativo, para garantizar la calidad y seguridad de los procedimientos terapéuticos y ofrecer una mejor y eficiente asistencia sanitaria en la donación y transplante de órganos y/o tejidos.

Así, tomando en cuenta que existe una proyección adecuada de la necesidad del Trasplante y Donación de órganos, tejidos y/o células, es posible aseverar que con el Decreto aprobado se cumplirá con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de las Salud, la cual insta a los Estados Miembro a lo siguiente:

1) A aplicar los Principios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos al formular y ejecutar sus políticas, leyes y legislaciones relativas a la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos humanos según proceda;

2) A promover la sensibilización pública y el conocimiento de los beneficios derivados de la provisión voluntaria y no remunerada de células, tejidos y órganos en cuanto tales procedentes de donantes fallecidos o vivos, frente a los riesgos físicos, psicológicos y sociales que entraña para los individuos y las comunidades el tráfico de material de origen humano y el turismo de trasplantes;

3) A combatir la búsqueda de beneficio económico o de ventajas comparables en las transacciones con partes del cuerpo humano, el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, incluso alentando a los profesionales de la salud a notificar a las autoridades pertinentes esas prácticas cuando tengan conocimiento de ellas, de conformidad con las capacidades nacionales y la legislación nacional;

4) A promover el acceso equitativo a los servicios de trasplante de conformidad con las capacidades nacionales, que es el cimiento del apoyo público y de la donación voluntaria;

5) A mejorar la seguridad y la eficacia de la donación y los trasplantes promoviendo las prácticas óptimas internacionales;

6) A reforzar las autoridades y/o las capacidades nacionales y multinacionales, y a prestarles apoyo para que aseguren la supervisión, organización y coordinación de las actividades de donación y trasplante, prestando atención especial a que se recurra lo máximo posible a las donaciones de personas fallecidas y se proteja la salud y el bienestar de los donantes vivos;

7) A colaborar en la obtención de datos, en particular sobre eventos y reacciones adversas, relativos a las prácticas, la seguridad, la calidad, la eficacia, la epidemiología y la ética de la donación y los trasplantes;

8) A alentar la aplicación de sistemas de codificación de células, tejidos y órganos humanos coherentes a escala mundial con el fin de facilitar la trazabilidad.

Lo anterior se propone, luego de la existencia de las resoluciones WHA40.13, WHA42.5 y WHA44.25, sobre adquisición y trasplante de órganos humanos, y WHA57.18, en la que se pedía la actualización de los Principios Rectores; una vez examinado el informe sobre trasplante de órganos y tejidos humanos, de la Organización Mundial de Salud.

Por lo expresado, estas Comisiones Unidas consideran, que las inquietudes de los senadores promoventes están atendidas, tal y como lo expone el cuerpo de la presente Comunicación. Por lo que conscientes de la importancia que conlleva el trabajo legislativo, y comprometidos con la responsabilidad adquirida para con la labor parlamentaria de este Honorable Senado de la República, le solicitamos a bien dar por respondidas favorablemente a las Iniciativas siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General de Educación y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de fecha 2 de octubre de 2007, y

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por los Senadores Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Zalvidea, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 13 de noviembre de 2008.

COMISION DE SALUD
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por la Senadora Noemí Ludivina Menchaca Castellanos en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. El día 22 de febrero de 2007, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto establecer en la referida Ley que en las licitaciones llevadas a cabo por el sector público se establezca como requisito la evaluación del impacto ambiental que puedan ocasionar los productos o servicios sujetos a la licitación, dando preferencia en la adquisición a las empresas, productos y servicios que tengan un menor impacto y cumplan con la normatividad ambiental vigente.

A su vez, plantea que en los programas de adquisiciones de las dependencias y entidades se prevea la utilización y consumo de papel reciclado y de muebles y productos de madera certificada y que sus comités de adquisiciones establezcan criterios para dar preferencia a los insumos de menos impacto ambiental.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones coinciden plenamente con los senadores proponentes en la necesidad de que las adquisiciones realizadas por el Sector Público consideren siempre criterios de cuidado y preservación del medio ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales de nuestro País.

En tal sentido, el pasado 5 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a saber, se adicionó un segundo párrafo a la fracción III del artículo 22 y en el artículo 27 se reformó el primer párrafo y se adicionó un segundo párrafo.

Al revisar estas reformas, estas comisiones estiman que tienen similares alcances y propósitos que los que se indican en la exposición de motivos de la Iniciativa sujeta a este dictamen.

Para ilustrar lo anterior, a continuación se transcriben los artículos reformados en su parte conducente:

“Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

I. a II. ...

III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, informándolo al titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades y posteriormente, en su caso, someterlo a su consideración para su inclusión en las ya emitidas.

Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;

Artículo 27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 50% de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables.”

Este decreto es resultado del dictamen correspondiente que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2005 y posteriormente aprobado por la colegisladora el pasado 19 deabril de 2007, en tanto que la iniciativa que ahora se dictamina se presentó el 22 de febrero de 2007, por lo que es de estimarse que la posterior aprobación de las reformas cuyo proceso legislativo inició en 2005, satisface las motivaciones y propósitos que animaron la presentación de esta iniciativa, por ser de materia prácticamente idéntica.

Adicionalmente, en el propio Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre pasado, se publicó un Decreto del Ejecutivo Federal por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal, en seguimiento de la publicación de las reformas comentadas.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea de la Cámara de Senadores el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- Se desecha la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público presentada por el pasado 22 de febrero por senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de septiembre de 2007.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Senador Manuel Velasco Coello, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

El día 26 de febrero de 2009, el Senador Manuel Velasco Coello, presentó la iniciativa antes referida, que en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

Propone modificar el alcance de los apercibimientos que se aplican a los proveedores de bienes y servicios por parte de la autoridad, buscando que sean más enérgicos, con la finalidad de que cumplan con la obligación contraída ante el consumidor.

De manera concreta, la propuesta busca que las medidas de apremio puedan consistir en una multa o en la clausura hasta por tres días de un establecimiento comercial, en caso de que el proveedor no se presente a una segundaaudiencia o no rinda informe relacionado con los hechos.

CONSIDERACIONES

La iniciativa en cuestión propone reformar el primer párrafo del artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que se imponga al proveedor una medida de apremio en caso de no asistir a una segunda audiencia a la que se le citará en un plazo no mayor de 10 días. La redacción se propone como sigue:

ARTICULO 112.- En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos, se le impondrá medida de apremio y se citará a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 10 días, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de apremio, la cual podrá consistir en una multa ó en la clausura hasta por tres (3) días de su establecimiento y se tendrá por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante.

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los siguientes 10 días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos.

Al respecto, se considera pertinente mencionar que cuando el proveedor no asiste a la audiencia conciliatoria se le puede aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 25 de la Ley, a saber:

ARTICULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de $166.25 a $16,625.69;

III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $6,650.28, y

IV. El auxilio de la fuerza pública.

Como se puede observar, este precepto señala en su fracción III, el incremento del monto de la multa por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, por lo que se puede estimar que la propuesta ya se encuentra contemplada, al regular la ley una regla para el caso de la desobediencia reiterada.

Asimismo, resulta conveniente señalar que la clausura está contemplada sólo como sanción por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor tal y como lo prevé en su artículo 128 bis, que establece:

ARTICULO 128 BIS.- En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $103,674.02 a $2’902,872.67.

En consecuencia, se estima que de establecer la clausura como medida de apremio, resultaría una medida extrema y de consecuencias irreparables (como la pérdida de ingresos al estar cerrado el establecimiento), pues dichas medidas tienen por objeto hacer cumplir las determinaciones o actos administrativos de la autoridad, en los términos definidos en el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a diferencia de las sanciones, cuyo propósito es el de castigar las infracciones a la ley en perjuicio de los consumidores:

Artículo 7.- Se entiende por medida de apremio aquélla que la Procuraduría impone para hacer cumplir coactivamente los actos administrativos por ella ordenados mediante oficios, acuerdos o resoluciones, así como los convenios ante ella celebrados.

El acuerdo o el acta en el que se imponga la medida de apremio deberá indicar la o las disposiciones que se presuman violadas o infringidas por el proveedor, así como los elementos que soporten la imposición de dicha medida.

En consecuencia estas comisiones estiman que las medidas de apremio existentes son suficientes para sancionar el desacato reiterado del proveedor, más aún cuando estas pueden incrementarse por día cuando esa conducta persista. En cambio la clausura podría ocasionar daños irreparables al proveedor incuso en el caso de una notificación errónea o invalida y que ya no podría subsanarse, por lo que estiman desechar la iniciativa propuesta al estar ya prevista en las normas vigentes la multa propuesta y ser consideradaimprocedente la clausura.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, consideran dictaminar en sentido negativo y desecharla presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX TER AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la LeyFederal de Protección al Consumidor, presentada por los Diputados Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado Amador, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y una vez analizado el contenido del proyecto, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

1. En la Sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del día 10 de marzo de 2009, los Diputados Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado Amador, presentaron iniciativa por la que reforma elartículo 1° de la LeyFederal de Protección al Consumidor.

2. El C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, misma que la dictaminó en sentido aprobatorio con modificaciones, trasladando al artículo 24 de la referida Ley la reforma correspondiente, siendo discutida y aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados en fecha 16 de abril de 2009.

3. Posteriormente, una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Cámara de Diputados, la envío el 21 de abril de 2009 a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores misma que la turno a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA MINUTA

Dotar de la facultad a la Procuraduría Federal del Consumidor de “promover el consumo inteligente para proveedores y consumidores” para responder a los cambios en las relaciones de consumo e interesesde los consumidores, específicamente a establecer mecanismos para la formación de una cultura del consumo en la ciudadanía.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Respecto a la materia de la minuta, las comisiones dictaminadoras coinciden con la intención de la minuta para que la protección a los consumidores incluya las medidas para que estén bien informados respecto de la calidad, del precio, de las condiciones y la garantía que ofrecen los bienes o servicios que se pretenden adquirir. Toda vez que un conocimiento insuficiente de los mismos sería en detrimento del propio consumidor y de su patrimonio.

SEGUNDA.-. Sin embargo, estas comisiones consideran que la sola adición de la expresión “consumo inteligente” no denota por sí misma las características deseables de ese consumo, mismas que por otra parte, se encuentran ya previstas en varios artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor como los siguientes:

ARTICULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I.La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. a VI.

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. a IX.

ARTICULO 8 BIS.- La Procuraduría elaborará material informativo, de orientación y de educación a los consumidores y acordará con los proveedores su divulgación en los lugares o establecimientos respectivos.

ARTICULO 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a III.

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VI. a VII.

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

X. a XXII. …

Así mismo, las disposiciones del Capítulo III de la propia Ley, relativas a la información y publicidad,que han sido reformadas y adicionadas en la LIX Legislatura, cuyapublicación en el Diario Oficial de la Federación es de fecha4 de febrero de 2004, promueven que la información y publicidad sean suficientemente claras y explícitas para que el consumidor se oriente adecuadamente sobre el bien o servicio que podría adquirir.

TERCERA.- Estas comisiones consideran que la minuta en referencia no contribuye a reforzar efectivamente los derechos de los consumidores, ya que al no estar debidamente definida y en consecuencia ser poco clara la expresión propuesta “promover el consumo inteligente para proveedores y consumidores” no adicionaría novedad alguna a las facultades que en este sentido ya tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que se considera innecesaria.

CUARTA.- Conviene destacar que las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, tienen en proceso de aprobación un dictamen de reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relativo a una iniciativa presentada por el Senador Juan Bueno Torio el 11 de marzo del presente año, mismo que también incorpora el concepto de “consumo inteligente” y que ha sido definido en el proyecto de dictamen correspondiente, con lo cual se pretendería subsanar la insuficiencia razonada respecto a la Minuta referida, por lo que, de ser aprobada por el Pleno de esta Cámara de Senadores, la Colegisladora en su oportunidad podrá analizarla y estimar si la misma cumple con el objetivo de definir adecuadamente la expresión “consumo inteligente”.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX TER AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 21 Y 23 DE LA LEY PARALA COORDINACION DELA EDUCACION SUPERIOR

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, fue turnado para estudio y dictamen la Minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2005 fue presentada por el entonces Senador de la República Fernando Gómez Esparza del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el Pleno de la Cámara de Senadores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

2. En esa misma fecha, la Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República, órganos que la aprobaron en sus términos en sesión conjunta el 26 de abril de 2006.

3. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2006 con 75 votos a favor y ninguno en contra, y remitido como minuta a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

4. La Minuta, fue incluida en el Orden del Día de la sesión del 5 de septiembre de 2006 de la Cámara de Diputados, ya la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y fue turnada a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

5. El 12 de marzo de 2009, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprueban el dictamen en sentido negativo respecto del contenido de la minuta, postura que es ratificada en votación económica por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 1 de abril, y devuelven el expediente a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

6. El expediente es recibido en la Cámara de Senadores en dos de abril y con fecha del 14 del mismo mes es turnado por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El expediente de la minuta de la Cámara de Diputados se presenta en los términos del inciso d) del artículo 72 constitucional, con lo cual la colegisladora rechaza el contenido de la propuesta de establecer, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, nuevos criterios y principios en el proceso de asignación del presupuesto público a las instituciones de educación superior públicas. La propuesta original establecía la posibilidad de que en dicho proceso se tomaran en cuenta los acuerdos adoptados en los espacios de reunión y confluencia de la instituciones de educación superior en acuerdo con la autoridad educativa federal y con base en criterios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia corresponsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional, calidad y competitividad de instituciones.

SEGUNDA.- En ejercicio de sus facultades de cámara revisora, la colegisladora desestimo la propuesta original por considerar que no aportaba los elementos apropiados para conferirle mayor racionalidad al proceso de asignación presupuestal, no obstante de compartir el interés de hacer más eficiente dicha asignación, pues la estrategia normativa adoptada podría genera mayor confusión y ambigüedad. Sobre todo, por el hecho de existir una gran desigualdad en el origen de los recursos de las instituciones de educación superior, en donde, en algunas casos, dominan las transferencias federales, en otros, las aportaciones estatales, situación que acentúa la iniquidad en el sistema y la formación de incentivos perversos respecto del financiamiento de las mismas.

TERCERA.- La colegisladora estimó que la propuesta normativa para la asignación presupuestal presentada por el entonces Senador Esparza, dejaba de lado otros instrumentos normativos que también inciden en el proceso de asignación de recursos a dichas instituciones, como son: los artículos 26 y 74, fracción IV y VI, primer párrafo de la Constitución Política, en relación con la planeación presupuestal y del análisis de la cuenta pública que resulte concordante con los objetivos de los programas; el párrafo segundo del artículo 3, el artículo 6, la fracción III del artículo 16 y el artículo 27 de la Ley de Planeación, en el sentido del procedimiento y consultas para la integración de los planes de las dependencias públicas, en este caso educativas; los artículo 5, 7 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con motivo de las entidades que por ley gozan de autonomía y la integración de su presupuesto a través de la dependencia sectorisadora; el artículo 25 de la Ley General de Educación, respecto del porcentaje destinado a la educación como proporción del Producto Interno Bruto nacional; los contenidos propios de la Ley de Coordinación de la Educación Superior en sus artículos 21, 23, 24, 25 y 26 y las especificaciones que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, determinen los legisladores.

CUARTA.- Cabe destacar que la asignación presupuestal a las instituciones de educación superior, señala el dictamen de la colegisladora, es resultado de criterios preestablecidos en los procesos de planeación, indicadores educativos, metas propuestas, programas y proyectos, de conformidad con distintos cuerpos normativos citados, así como con los programas que impulsa el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, como son: el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) y el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), entre otros, que otorgan recursos extraordinarios a las instituciones de educación superior para que cumplan con estándares de calidad y eficiencia educativa.

QUINTA.- Además, cabe destacar la existencia de diversos mecanismos participables a los que pueden acceder las instituciones de educación superior, siempre que cumplan con sus requisitos. Entre estos, destacan los siguientes fondos: de apoyo a reformas estructurales, para el reconocimiento de plantilla, de apoyo para saneamiento financiero del las instituciones de educación superior por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, de incremento de matrícula y de consolidación para las universidades públicas. Los recursos asignados a estos fondos participables en 2009 fueron por un total de 6 mil 700 millones de pesos y cada uno cuenta con sus propias reglas de operación o requisitos de participación a efecto de que las instituciones concursen para incrementar sus posibilidades financieras.

SEXTA.- Asimismo, es de señalarse que la propuesta en estudio incurre en algunas imprecisiones involuntarias, como la de regular que los criterios de asignación presupuesta a las instituciones de educación superior, atiendan los acuerdos adoptados en los espacios de reunión y confluencia de las universidades públicas e instituciones afines, propuesta que resulta contraria al orden jurídico, pues los órganos que no están expresamente creados y facultados por la ley no pueden ejercer una función de autoridad como lo es definir cuántos recursos se le entregarán a cada institución educativa del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo, la construcción de la norma no establece en todo caso cuáles serán estos espacios de reunión y confluencia a tomar en cuenta y bajo qué condiciones, lo que podría conducir a una incertidumbre sobre la autoridad facultada para tomar las decisiones en la asignación presupuestal.

SEPTIMA.- En relación con la propuesta de que los criterios que rijan la asignación presupuestal se base en los principios de institucionalización, suficiencia, corresponsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional y competitividad, se considera que no proporciona elementos sustantivos cuyas consecuencias jurídicas puedan traducirse en criterios claros y oportunos para llevar a cabo una asignación presupuestal. En este sentido, es conveniente destacar que los criterios actuales tienen un sentido programático vinculado con la capacidad y desarrollo institucional de las universidades públicas, que se inscriben directamente en la planeación, las prioridades educativas, el mejoramiento administrativo y los gastos de operación previstos y los no previstos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional, someten a consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Senado de la República la siguiente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se aprueba en sus términos el punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados aprobado el 1 de abril de 2009 que desecha la minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE AGAVE PARA LA ELABORACION DE TEQUILA Y MEZCAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Elaboración de Tequila y Mezcal.

Una vez recibida por estas comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de noviembre del 2002, la Senadora Yolanda González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Elaboración de Tequila y Mezcal, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa con proyecto de decreto, tiene por objeto establecer las normas que fomenten, desarrollen y regulen las actividades relacionadas con la producción, industrialización y comercialización del agave destinado a la elaboración de tequila y mezcal, con criterios de sustentabilidad.

La iniciativa de Ley tiene como fines concretos la capitalización del campo agavero, impulsar los estímulos a la producción, otorgar apoyos financieros y asistencia técnica, impulsar el desarrollo tecnológico y a la investigación, así como fomentar las concesiones de incentivos compensatorios, de fomentar las políticas de comercialización y regulación de las relaciones entre los participantes de la cadena productiva del campo-industria, con el propósito de proporcionar a los agentes productivos oportunidades equitativas en el mercado para un mayor desenvolvimiento integral del sector agavero.

En proyecto de ley, se propone fusionar el Consejo Regulador del Tequila y el Consejo Regulador del Mezcal, para crear un Consejo Consultivo Nacional de la Agroindustria del Agave, conservando las funciones que actualmente tienen como organismos de verificación y certificación de las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, además pretende ampliar sus atribuciones al conformarse como un organismo especializado de consulta del sector.

De lo anterior, se crea la Comisión Nacional del Agave, con carácter de organismo público descentralizado y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para dictar las políticas públicas y lineamientos, planificar, programar, fomentar, desarrollar, ejecutar, supervisar y verificar las actividades encaminadas al desarrollo económico y social del ramo del agave en el país. Además de funcionar como ventanilla única para la tramitación y prestación de todos los servicios asociados a dichas actividades.

Por lo que corresponde a la administración y gobierno de la Comisión recaerán en un Consejo Directivo y un Director General, con la estructura administrativa que establezca el Consejo Directivo.

El Consejo podrá crear centros de acopio, en las zonas de denominación de origen y estarán a cargo tanto de convenir y regular la oferta y demanda de agave, como del procedimiento de entrega-recepción en el abastecimiento y compra-venta de las piñas y cabezas de agave.

CONSIDERACIONES

Nuestro país tiene una importante tradición en el reconocimiento de denominación de origen a productos distintivos que por su naturaleza y calidad forma parte de la cultura nacional, esta bebida ha sido fuente generadora de bienes económicos, sociales, ecológicos y culturales, teniendo gran impacto en el desarrollo sustentable dentro de la agricultura.

Es prioridad para el sector, la protección de productos nacionales con denominación de origen, entre los que se encuentran el Tequila y Mezcal, debido a las políticas económicas de orden global, por lo que se considero necesario que se incluyera en el Anexo 313 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el reconocimiento del Tequila y Mezcal como productos originarios de México, y en consecuencia, no permitieran la venta de estas bebidas, a menos que se hayan elaborado en México, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de nuestro país.

Para dar un mejor desarrollo y protección de la Agroindustria Agavera del Tequila y Mezcal, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, considera que es de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización, comercialización, y todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.

Asimismo, se realizó un acuerdo entre México y la Unión Europea concerniente al Reconocimiento Mutuo y a la Protección de Denominaciones de Origen en el Sector de las Bebidas Espirituosas, firmado el 27 de mayo de 1997. Éste Acuerdo garantiza a México el uso exclusivo de esta denominación y por ende, la comercialización exclusiva del mercado europeo de las bebidas amparadas por las denominaciones de origen Tequila y Mezcal, al mismo tiempo, se confiere a los productores nacionales el otorgamiento de incentivo adicional para incrementar la actividad exportadora.

Derivado de lo anterior, en nuestro país existe una gran variedad de especies que son de gran importancia para el mezcal reguladas y protegidas por la NOM-070-SCFI-1994, en esta norma oficial mexicana se clasifican las especies de agave angustifolia Haw (maguey espadín); agave esperrima jacobi, amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo); agave weberi cela, amarilidáceas (maguey de mezcal); agave patatorum zucc, amarilidáceas (maguey de mezcal); agave salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey verde o mezcalero); y otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen.

Dentro del marco normativo se establecen las especificaciones de la bebida alcohólica, y el proceso de producción que es obtenido por la destilación y rectificación de los mostos o jugos preparados directamente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, mismas que son previamente cocidas y sometidas a fermentación alcohólica, dicha norma hace una diferencia, basada en el porcentaje de agave, estas son el tipo I de Mezcal 100% agave y el tipo II Mezcal, en cuya formulación se han adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos. Ambas son susceptibles de clasificarse como añejo o añejado, reposado, joven y abocado.

La importancia de la Industria del Tequila tiene un padrón aproximadamente 32 mil agricultores y productores de agave azul, que según datos del Consejo Regulador del Tequila, participan en la producción, consumo y exportación en nuestro país, por lo que esta industria se ha convertido en una de las más importantes del país, generando más de 45 mil empleos directos. En diez años, se fortaleció al pasar de 35 destiladores a 130 fabricantes de Tequila. Su principal consumidor es Estados Unidos, puesto que representa el 75% de la exportación, seguido por Europa, con el 15%.

En relación a la industria del mezcal se ha consolidado al integrar a más de nueve mil productores y generando mas de 29 mil empleos directos e indirectos en 625 fábricas y 80 envasadoras. De los 6 millones de litros de la producción controlada en 2007, sólo un millón fue certificado, de esta manera, la exportación de mezcal fue de 500 mil litros, el principal país importador es Estados Unidos, al consumir 46.7%, seguido de Panamá con 11.6% y Australia con 9.3%.

En este sentido estas dictaminadoras consideran que es prioridad nacional el salvaguardar a todos los Sistemas-Producto tutelados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como es el caso del Agave Tequilero y Mezcalero, en condiciones equidad y apoyo, por lo que las políticas públicas deben ir dirigidas en beneficio general respetando el interés público como lo establece el artículo 27 fracción XX de la Constitución Federal. El Estado es garante para promover las condiciones del desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Al análisis de los artículos 3 y 4 de la iniciativa, que pretende fijar el territorio protegido por las denominaciones de origen del tequila y mezcal, propone incluir territorios que actualmente no se encuentran protegidos, pasando por alto las Declaraciones de Protección de las Denominaciones de Origen y sus reformas, contraviene lo establecido en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de la Propiedad Industrial, que concede al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial facultades para la protección de las denominaciones de origen a través de una declaración que al efecto emita el Instituto.

Actualmente sólo se reconocen como territorio de origen para el Tequila el Estado de Jalisco; los Municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Purísima del Rincón, del Estado de Guanajuato; los Municipios de Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Azuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora y Zináparo, del Estado de Michoacán; los Municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, Jala, Jalisco; San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los Municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas.

Para el Mezcal se establece como territorio de origen los Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de Oaxaca existe una zona denominada de llamada “Región del Mezcal” comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.

El artículo 5 de la propuesta, tiene fines concretos a la capitalización del campo agavero, los estímulos a la producción, el otorgamiento de apoyos financieros y asistencia técnica, el impulso al desarrollo tecnológico e investigación, la concesión de incentivos compensatorios así como el fomento a políticas de comercialización y la regulación de las relaciones entre los participantes de la cadena productiva campo-industria. Sin embargo estas comisiones han encontrado en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la facultad conferida a la Comisión Intersecretarial a través del Sistema Nacional de Apoyos a los programas inherentes a la política de fomento al desarrollo rural sustentable, que es el organismo que instrumentará los apoyos, compensaciones y pagos directos al productor, equipamiento rural, reconversión productiva y tecnológica, apoyos a la comercialización agropecuaria, asistencia técnica, apoyos y compensaciones por servicios ambientales, estímulos fiscales, apoyos convergentes por contingencias.

Continuando con el estudio al Capítulo Segundo, llamado Del Fomento y Desarrollo de la Producción de Agave, estas comisiones dictaminadoras consideran no procedente, en particular el artículo 8 de la propuesta de ley, que establece facultades ya otorgadas a diversas dependencias de la administración pública federal, contempladas en los artículos: 31 fracciones IX, XIX, 34 fracciones VII, XII y XIII, 35 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En relación al contenido del Título Segundo, De los Órganos y Autoridades en Materia de Fomento a la Producción de Agave del proyecto de ley, establece en su artículo 9, la fusión del Consejo Regulador del Tequila A. C., con el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad de Mezcal A. C., para proceder a crear el Consejo Nacional de la Agroindustria del Agave, Tequila y Mezcal, tal propuesta prácticamente resulta inadmisible por las diferencias existentes entre ambas ramas, debido al tipo de materia prima que se usa, por los procesos que conlleva cada bebida, así como la organización entre sus productores, comercializadores y exportadores, e incluso la preferencia y nivel socioeconómico de sus consumidores.

La propuesta al artículo 12 del proyecto, que faculta al Consejo Consultivo Nacional de la Agroindustria del Agave, Tequila y Mezcal, para que este pueda crear centros de investigación y educación superior relacionados con la actividad agroindustrial del agave-tequila-mezcal, además de que podrán formar parte del Consejo, siempre y cuando así lo requieran y les sea acreditado por el mismo. Esta propuesta resulta innecesaria ya es una facultad del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, el propiciar la vinculación entre centros de estudios de investigación y docencia agropecuarias, por lo que se fomenta este apoyo de manera general para todos los sistemas- producto que contempla la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo que se refiere al artículo 15 de dicho proyecto de ley que define al Consejo Nacional como un órgano especializado; ésta facultad está otorgada la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contenida en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, este ultimo funge como organismo promotor estimulando la apertura, diversificación de nuevos mercados en México y el extranjero; de lo anterior el Consejo Nacional invade las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en la materia. En el mismo sentido la vigilancia de las normas está a cargo de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conforme a sus respectivas atribuciones.

Por lo que se refiere al Capítulo Segundo, De la Comisión Nacional del Agave, artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la iniciativa, estas mismas facultades ya están otorgadas a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que tiene por objeto de apoyar el desarrollo rural sustentable a través de la coordinación de las acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyo ámbito de atribuciones incida en el sector agropecuario y demás facultades, todas estas disposiciones se encuentran en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados.

Referente a la integración de los programas de naturaleza económica, previstos en el artículo 24 del proyecto de iniciativa, estas deben encontrarse dentro del marco del programa sectorial de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que están sujetas a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados en relación a la Ley de Egresos de la Federación que propone el Ejecutivo Federal en donde especificarán los objetivos, prioridades, políticas, estimaciones de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, descentralizando el ámbito de las entidades federativas, municipios y regiones, así como la determinación de sus prioridades; estos mecanismos de gestión y ejecución deben garantizar la participación de todos los agentes económicos de la sociedad rural. De igual forma, dichos programas deberán determinar la temporalidad de los programas institucionales, regionales y especiales en términos de los artículos 22, 23, y 40 de la Ley de Planeación y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Del estudio al Capítulo Tercero, De la Administración y gobierno de la Comisión Nacional del Agave, del proyecto de Ley, estas comisiones consideran que al pretender integrar dentro de su administración y gobierno a los representantes de las organizaciones industriales, comercializadores y exportadores, se estaría contraviniendo la naturaleza jurídica, de la administración de dicho organismo, debido a que se estaría elevando a estas organizaciones al rango de autoridad, entendiendo por la misma como la fuerza ejercida por una persona legitimada por una institución, conforme a las facultades reconocidas en la norma o ley. Por lo que estas comisiones dictaminadoras consideran innecesaria la propuesta.

Además de lo anterior, al pretender que la Comisión Nacional del Agave, cuente con un Sistema de Registro Nacional de Productores, Industrializadores, Comercializadores y exportadores de la agroindustria, se estará invadiendo la facultad de la Comisión Intersecretarial que para tales efectos tiene un registro para todos los sistema producto acorde a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través del Servicio Nacional del Registro Agropecuario.

Al pretender regular minuciosamente el proceso productivo del Tequila y Mezcal, y fijar las cuotas de distribución de la materia prima, su precio, acopio, comercialización, industrialización y cuotas de exportación del producto final, se estaría concentrando en una sola organización lo que adecuadamente se esta haciendo en cada una de las ramas por los Consejos Reguladores del Tequila y Mezcal. En este sentido estas comisiones dictaminadoras han considerado que aunque las denominaciones de origen del tequila y de mezcal protegen bebidas alcohólicas similares, no son iguales y por lo tanto, no pueden recibir el mismo trato, por lo que existen Declaraciones Generales de Protección y Normas Oficiales Mexicanas para cada una de ellas.

Los integrantes de estas dictaminadoras consideran que al concentrar la actividad tequilera y mezcalera en el Consejo Consultivo Nacional para la Agroindustria del Agave, Tequila y Mezcal y el Consejo Nacional del Agave, se estaría retrocediendo en cuanto al avance de descentralización del sector, por esta razón resulta innovadora la implementación del Sistema Producto Agave Tequila y el Sistema Producto Agave Mezcal establecidos en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que permite integrar un alto nivel de participación, consenso e integración de sus actores, a través del establecimiento de alianzas estratégicas, asociatividad y colaboración entre productores, organizaciones de productores, comercializadores, industrializadores, proveedores de bienes, servicios e insumos, promoviendo una comunicación efectiva y preservando la apropiación de los valores que los sustentan, bajo un orden moral, social y económico para promover y aplicar estrategias de desarrollo competitivo, programas, desarrollo de capacidades, gestión de recursos gubernamentales y acciones que permitan el desarrollo integral y sustentable de la cadena productiva, así como el reconocimiento de los beneficios ambientales de la actividad.

Hoy por hoy, el Estado mexicano cuenta con un instrumento legal suficiente que atiende de manera integral los propósitos de la Iniciativa que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En este sentido, se debe reafirmar la adopción de una Política Publica de Fomento Productivo y Desarrollo Económico para proteger principalmente los intereses de los mexicanos, solicitar una partida dentro de los Sistemas-Producto, para el fomento del agave del tequila y mezcal, con el objeto de asegurar la viabilidad y la competitividad de este sector en un contexto de economía abierta, así como reducir las disparidades regionales en el medio rural, que permita dotar a estos sectores de recursos para su desarrollo, los cuales favorezcan la producción y sobre todo el mejoramiento del nivel de vida de la población en el sector tequilero y mezcalero.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decretopor la que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la elaboración de Tequila y Mezcal, cuyo contenido está regulado en diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA CAFETICULTURA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
DESARROLLO SOCIAL; DESARROLLO RURAL; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos Primera, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura.

Una vez recibida por estas comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

1.- En la Sesión del 23 de noviembre de 1999, el Diputado Agapito Hernández Oaxaca, a nombre de treinta Legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa de Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, turnada en la misma fecha por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Opinión de la Comisión de Comercio.

2.- En el mismo sentido, fueron presentadas posteriormente iniciativas de ley en la H. Cámara de Diputados:

a) Con fecha 12 de diciembre del 2002, el Diputado Oscar Alvarado Cook, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en el pleno de la de la Cámara de Diputados, de la LVII Legislatura Iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana.

b) En la Sesión del 22 de abril del 2003, el Diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura, la Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y con Opinión del Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

3.- Cabe mencionar que con fecha 20 de agosto de 2003, en la sesión de la Comisión Permanente se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, por los Senadores Fidel Herrera Beltrán, Zoila Noemí Guzmán Lagunas, Sadot Sánchez Carreño, así como el Diputado Idelfonso Zorrilla Cuevas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la Comisión Permanente, turnándola para su estudio y correspondiente dictamen a las comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Primera de la H. Cámara de Senadores de la LIX Legislatura.

4.- Durante la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, se presentaron otras dos iniciativas:

a) Con fecha 18 de noviembre del 2003, el Diputado Gustavo Moreno Ramos a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Convergencia, presentó la iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura; que fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial de Café.

b) Con fecha 27 de abril del 2004, el Diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa de Ley Integral Sustentable para la Cafeticultura Mexicana, que fue turnada a las Comisiones de Agricultura y de Ganadería con Opinión de la Comisión Especial del Café.

5.- En sesión ordinaria del 17 de marzo de 2005, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados sometió a la consideración del Pleno el dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, siendo aprobado y enviado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales procedentes.

6.- En sesión del 30 de marzo de 2005, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió la minuta con proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, y dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos Primera.

7.- Con fecha 26 de abril del 2006, fue presentado en la Mesa Directiva el Dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura para incluirlo en el Orden del Día de la sesión en primera lectura en la Cámara de Senadores; sin embargo, a pesar de tener las firmas de aprobación de las comisiones dictaminadoras, fue retirado del orden del día.

8.- El día 23 de abril de 2007, el Senador Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, envió sus comentarios en torno a la minuta de Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, recibidas por la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería para ser consideradas al realizar el dictamen correspondiente.

9.- El día 24 de abril de 2007, el Senador Heladio Ramírez López solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República la ampliación de turno, para quedar incluida a la Comisión de Desarrollo Rural, respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, la Presidencia dispuso aceptar la ampliación y se giró oficio a la Presidencia de las Comisiones Dictaminadoras.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura tiene como objeto fomentar y fortalecer la producción y comercialización, industrialización y consumo del café, con criterios de competitividad técnica, integración de la cadena productiva, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad para elevar el consumo, proteger al consumidor y comercializar el café, con base en mejores rendimientos y calidad.

Asimismo, la Secretaría de Economía en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización expedirá las normas de calidad del producto e información comercial, por lo que, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitirá los certificados fitosanitarios que garanticen la sanidad de la planta del café y a la Secretaría de Salud la facultad de emitir en coordinación las normas correspondientes a la inocuidad del café.

Con ello se busca, principalmente el fomento al desarrollo de la cafeticultura, su tecnificación y el cuidado fitosanitario del cultivo, considerando de manera integral el proceso de producción del café, propiciando un régimen equitativo entre los diferentes agentes productivos, incluyendo a los de zonas de muy alta marginación y zonas indígenas que se dediquen a la producción del aromático para que participen en el proceso, velando por el cumplimiento y perfeccionamiento de las leyes y los reglamentos aplicables a la actividad, además se proponen lineamientos para la defensa de los intereses del sector cafetalero, en los entornos nacional e internacional, con base en los acuerdos derivados de convenios y tratados internacionales.

Se crea el Consejo Mexicano del Café, con carácter de organismo público descentralizado, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, provisto de facultades que le otorga esta Ley y entre sus principales funciones se encontrará el de proponer y opinar ante la Secretaría sobre la formulación de políticas, programas, proyectos y demás acciones en materia cafetalera; administrar, reglamentar y mantener actualizados permanentemente los registros nacionales de productores, industrializadores, comercializadores y exportadores de café; promover y apoyar la concurrencia del productor al mercado externo, a fin de que logre un mayor ingreso por la comercialización directa de su producto.

De lo anterior, el Consejo Mexicano del Café podrá otorgar servicios al sector de las siguientes: a) el de información sobre las cotizaciones del mercado internacional del café estableciendo para el efecto un sistema de información básica de precios y mercados del producto, con acceso directo al productor; b) de apoyo comercial, proporcionando asesoría en materia de administración de riesgos del mercado de café, seguimiento de inventarios y recopilación de estadísticas de fondos de apoyos internacionales; c) servicios de información, con indicadores sobre el desempeño de la cafeticultura, su impacto en la economía, políticas y estrategias sobre competitividad y consumo en los mercados nacional e internacional.

En relación al máximo órgano de la dirección del Consejo Mexicano del Café, será la Junta de Gobierno, la cual quedará integrada de la siguiente manera: a) El Gobierno Federal estará representado por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien presidirá la Junta de Gobierno, y en su ausencia será designado un suplente con el nivel de Subsecretario o equivalente; b) Los gobiernos de las entidades federativas productoras de café contarán permanentemente con cuatro representantes dentro del Consejo que cumplirán su función por un primer periodo de dos años, por cada miembro propietario de los gobiernos de los estados deberá nombrarse un suplente que deberá tener el cargo de Subsecretario o su homólogo. Por lo que seis representantes de las organizaciones nacionales de productores de café, que serán acreditados en forma individual por cada organización; dos representantes de los comercializadores y exportadores; dos representantes de los industriales y torrefactores, y los productores, comercializadores, industriales y exportadores, acreditarán a sus representantes ante el Consejo, conforme a lo establecido a las políticas internas de cada organización.

El Consejo Mexicano del Café, será el encargado de supervisar la aplicación del Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura, basado en el Registro Nacional Cafetalero, el cual atenderá los objetivos, las prioridades, los mecanismos y los procedimientos adecuados para el desarrollo del sector cafetalero nacional, especialmente de los minifundistas y las regiones indígenas. Entre sus principales actividades se encuentran la celebración de convenios con la banca de desarrollo que permita a los productores acceder a préstamos preferenciales tanto en tasas como en plazos; la transferencia de tecnología de punta, así como formas de adquisición de maquinaria y equipo industrial tendientes a la adopción de nuevas y modernas tecnologías; mecanismos de participación eficiente de recursos humanos en el sector cafetalero, procurando la especialización, el incremento de la productividad y las formas de empleo complementarias para elevar el nivel y la calidad de vida, y proponer los mecanismos de organización del mercado para garantizar la libre competencia y concurrencia de los agentes de la cadena productiva del café.

Este proyecto de ley crea el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, debido a que el Ejecutivo Federal deberá prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente, y contemplarse en el decreto respectivo, la previsión necesaria que tendrá como objeto la operación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, en la Certificación de Origen y Control de Calidad.

Asimismo el Consejo Mexicano del Café, podrá autorizar cuando la producción nacional sea insuficiente en alguna variedad de café, después de analizar en el seno del Consejo Mexicano del Café la disponibilidad del mismo, demandas de café por el importador, calendario de necesidades y tipo de variedad requerida para abastecer las necesidades del mercado interno, que cumplan con las normas mínimas de pureza; las importaciones temporales se autorizarán en el marco de los programas que al efecto autoricen las dependencias competentes, solamente para la transformación del producto, y se vigilará que las importaciones de café autorizadas, no incurran en prácticas desleales de comercio y violación a la reglamentación comercial vigente en acuerdos comerciales y en la Organización Mundial de Comercio.

Por lo que se refiere a la exportación, el Consejo Mexicano del Café podrá expedir los Certificados de Origen para la exportación del café y promoverá y apoyará la concurrencia del productor al mercado externo, a fin de que logre un mayor ingreso por la comercialización directa de su producto.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El café se produce en doce estados de la República Mexicana, situados en la parte centro-sur del país en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Es cultivado en tierras privadas, comunales y ejidales, donde predominan ejidatarios con 39% de la tierra, seguidos por los pequeños propietarios con 35%, los comuneros con 21%; los tipos de usufructo, arrendatarios y tenencia indefinida con 4%. La cafeticultura se considera una actividad estratégica, fundamental en el desarrollo rural de conformidad con el artículo 179, fracción VII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La participación étnica en las regiones cafetaleras permite la integración de cadenas productivas y generación de divisas y empleos, lo que destaca su relevancia social y económica. Existen municipios cafetaleros se habla una lengua diferente al español, se tienen presencia 30 grupos indígenas entre los que sobresalen zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos, totonacos, nahuas, otomíes, tzetzales, zoques, tojolabales, huicholes y chatinos.

SEGUNDO. Uno de los indicadores de relevancia social para el sector cafetalero, es que existen más de 486 mil productores en 683 mil hectáreas, hay una participación en la cosecha del grano de más de 700 mil personas, esta actividad genera empleos directos e indirectos, de los que dependen alrededor de 3 millones de mexicanos en toda la cadena productiva; ocupando el 9% de la fuerza de trabajo empleada en la agricultura nacional. En particular, la participación del café en el valor total de las exportaciones fue de 400 millones de dólares por la exportación de 62% de la producción cafetalera, situación que ubica a México en el décimo país exportador de este producto y el séptimo en producción mundial.

TERCERO. La contribución actual y potencial, en la conservación de importantes áreas con vegetación es muy importante, proporciona servicios ambientales como el control de erosión de suelos, captación de agua, mantenimiento de la biodiversidad y captura de bióxido de carbono.

En el cultivo del café, se incluye la cosecha, labor que genera empleo en las regiones cafetaleras, se realizan con mano de obra familiar en los pequeños productores; los medianos cafetaleros combinan el trabajo familiar y los jornales contratados; mientras que los productores de 20 o más hectáreas el trabajo asalariado representa más del 80% de los jornales utilizados. Debido a las condiciones topográficas donde se encuentran las fincas cafetaleras del país, algunos trabajos se realizan 100% en forma manual. La mecanización se utiliza solamente a algunas zonas productoras, aunque se han hecho algunas adecuaciones con máquinas más compactas, se han agilizado algunas labores como las limpias, poda de cafetos y árboles de sombra, así como el ahoyado.

En el proceso de cuidado del café, los productores emplean a personas para la limpia o chapeo, poda, deshije, resiembra, viveros y fertilización; en relación al número de personal en las pequeñas unidades de producción, se incorporan en promedio 95 jornales de trabajo por año, en su mayor parte esta actividad lo desempeñan familiares. A diferencia de los medianos productores con promedio de 10 hectáreas, emplean alrededor de 770 jornales por año, en su mayoría trabajadores asalariados. Sobre la producción de café, existen diversas variedades de cafetos entre las variedades de café arábigas se encuentra la Bourbón, Caturra, Maragogipe o Márago, Mundo Novo, Garnica y Typica, siendo esta última la que predominaba en México, sin embargo actualmente se le está reemplazando por variedades de porte bajo y mayor producción como la Catimor y Catuai. Cada variedad posee diferencias de calidad, volumen producido, rendimiento, resistencia a las plagas y a las enfermedades, aroma, acidez, entre otros.

CUARTO. Estas comisiones dictaminadoras, preocupadas por un mejor desarrollo y protección de la Agroindustria Cafetalera, dan respuesta jurídica sobre la minuta recibida. Iniciando por la norma fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta se encuentra el sustento legal sobre la regulación del desarrollo económico nacional, en su artículo 25 se establece la rectoría al desarrollo nacional, que garantiza la integralidad y sustentabilidad, cuyo fin es fortalecer la soberanía nacional, por medio del crecimiento económico.

Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica; derivado de este mandato existe una relación con la propuesta de Ley, cuyo objeto es para normar y fomentar la producción, comercialización, industrialización y el consumo del café.

La corresponsabilidad al desarrollo sustentable debe ser emanado por el sector social, privado, y público. Ahora bien, por mandato constitucional el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo cuarto de la norma fundamental.

Procediendo al estudio del párrafo sexto artículo 25 de la Constitución Federal, que establece el apoyo e impulso a empresas del sector social y privado, estas deberán estar sujetas a las modalidades del interés público y al uso en beneficio general, encaminados a los recursos, a la producción y sobre todo al cuidado y conservación del medio ambiente.

En el apartado “A” del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la planeación democrática al desarrollo nacional, una de sus características es la equidad al crecimiento de la economía, derivado de este mandato y del artículo 27, fracción XX, que establece:

“Artículo 27. …

I a XIX…

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

La promoción para el desarrollo rural integral y del fomento a la actividad agropecuaria y forestal, a la vez faculta al mismo Congreso para expedir la legislación para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, se consideran de interés público, actualmente regulado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De lo anterior, corresponde a estas comisiones tomar en consideración el concepto de interés público establecida en la ley y definida por la jurisprudencia para definirla como un mandato que no puede estar constituida por una suma de intereses meramente privados.

QUINTO. Al respecto, el artículo 1º de la propuesta de Ley, establece a ésta como Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto normar y fomentar el establecimiento de la producción y comercialización, industrialización y consumo de café. Sin embargo, la Colegisladora omite considerar que actualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es el instrumento legal reglamentario de la fracción XX del artículo 27 Constitucional, y su objetivo contempla la planeación y organización de la producción agropecuaria, que obviamente incluye el Sector Cafetalero.

Si bien, uno de los objetivos de la Minuta de Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura se refiere a la planeación y la organización de la producción cafetalera, las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República consideran que lo anterior ya se encuentra contemplado dentro del Artículo 1º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece la promoción del desarrollo rural sustentable del país como de interés público, garantizando además la rectoría del Estado, en los términos del artículo 25 de la Constitución Federal.

SEXTO. En el estudio al proyecto de ley, estas dictaminadoras consideran que el Título Primero, Capítulo III, De las autoridades competentes, y del Capítulo IV, Del fomento y desarrollo de la cafeticultura, establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 que faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Consejo Mexicano del Café al fomento y desarrollo de la Cafeticultura, estas atribuciones ya están otorgadas a diversas dependencias de la administración pública federal, contempladas actualmente en los artículos 31, 32, y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por ello, estas dictaminadoras no comparten el contenido de la minuta para el tema que se estudia ya que duplica las facultades establecidas en la mencionada Ley Orgánica.

SEPTIMO. Al analizar el Título Segundo, del Consejo Mexicano del Café, es de mencionar que el 15 de diciembre de 2004 se instaló el Comité Nacional del Sistema-Producto Café, donde el Consejo Mexicano del Café A.C., organismo designado por la SAGARPA, encargada de aplicar políticas y recursos al sector cafetalero. En la Actualidad este organismo forma parte del Comité Nacional del Sistema-Producto Café. A partir del mes de enero del año 2005, el Consejo Mexicano del Café dejó de operar los programas y líneas de acción dirigidas al sector cafetalero. Estas condiciones desfavorables se agravaron cuando el Consejo Mexicano del Café, A.C., entró en un proceso de liquidación que lo llevó a su desaparición y por ende, a la falta de un organismo que operara los programas que el Gobierno Federal había diseñado hasta ese momento, esas acciones fueron asumidas por el Comité Nacional del Sistema-Producto del Café.

Estas comisiones preocupadas por proteger los principios de política pública, consideran que el Título Segundo, Capítulo I que al pretender crear el Consejo Mexicano del Café, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy se atiende por el sistema producto café, que permite un alto nivel de participación, consenso e integración de sus actores, a través del establecimiento de alianzas estratégicas, asociativas y de colaboración entre productores, organización de productores, comercializadores, industrializadores, torrefactores y proveedores de bienes, servicios e insumos. De lo anterior, se tiene actualmente una comunicación efectiva de participación, colaboración y al mismo tiempo de preservación de los valores que los sustentan, bajo un orden moral, social y económico.

Todo ello para aplicar estrategias de desarrollo competitivo, programas, desarrollo de capacidades, gestión de recursos gubernamentales y acciones que permitan el desarrollo integral y sustentable de la cadena productiva, así como el reconocimiento de los beneficios ambientales de la actividad.

Dentro del programa sectorial contenido en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable bajo el marco del federalismo, el Ejecutivo Federal atiende los objetivos, estimaciones de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, descentralizando el ámbito de coordinación con las entidades federativas y municipios en regiones para determinar las prioridades y los mecanismos de gestión y ejecución para garantizar la amplia participación de los agentes de la sociedad rural del sector cafetalero. De igual forma, dicho programa determinará la temporalidad de los programas institucionales, regionales y especiales en términos de la Ley de Planeación y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

OCTAVO. Para estas comisiones dictaminadoras resulta importante hacer mención del artículo 3, fracción XXXI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se define a los sistemas-producto como un conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. Con la integración del Sistema-Producto del Café, se ha permitido el desarrollo de todos los eslabones con acceso a tecnología avanzada y programas de capacitación y asistencia técnica, desarrollo de infraestructura ecológica, con optimización de los costos de operación del beneficio, la industria y la comercialización, con capacidades institucionales y técnicas altamente especializadas.

De igual forma se han creado las condiciones necesarias para incrementar la rentabilidad cafetalera en un contexto de participación activa con esquemas sólidos de financiamientos oportunos y acorde a las necesidades de las organizaciones y de la formulación de planes y sistemas de información confiables y oportunos de las tendencias del mercado y capacidad de oferta de la cadena productiva que permiten incursionar en el mercado siendo competitivos, ofreciendo café de calidad convencional y con certificación de especialidad y una promoción a través de centros de distribución, permitiendo así posicionarse en el mercado nacional e internacional, incrementando la rentabilidad y la capitalización gradual de la economía regional de las comunidades dedicadas a la actividad.

Como una consecuencia de la falta de un organismo responsable de la implementación y desarrollo de la política cafetalera en nuestro país, se generó en 2005 una desorientación en la Cadena Productiva, que aunado a las condiciones de precios deprimidos, motivaron una respuesta del Congreso de la Unión a través de diversas iniciativas tendientes a buscar la solución del problema.

En este sentido, la determinación tomada por la colegisladora al presentar y aprobar diversas Iniciativas en torno a la cafeticultura, tiene su merito, considerando que fue elaborado bajo condiciones políticas y económicas diferentes a las que actualmente se viven en toda la cadena productiva del café en México.

NOVENO. Bajo esta visión estratégica y fomento al impulso de las cadenas agroalimentarias, el gobierno federal junto con los agentes económicos del sistema producto café, han creado instrumentos con el fin de conjugar acciones integrales e incluyentes para mejorar la competitividad del café mexicano y elevar la calidad de vida de los cafeticultores y sus familias. De manera particular, las premisas que orientan el impulso de las cadenas productivas son la concepción del tránsito de la producción primaria a los encadenamientos de la industria, los servicios y mercados terminales, con la procuración de acercamiento de los mercados al espacio rural y la construcción de círculos en el medio urbano, así como el cambio de una política exclusivamente de fomento productivo a otra que conjuga las de infraestructura, de ordenamientos de mercado, de desarrollo social y humano.

Para cada producto básico o estratégico, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se establecerá un Comité Nacional Sistema Producto, el cual llevará al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable los acuerdos tomados en su seno. En este sentido la integración de los Comités Nacionales se concibió en un solo Comité Nacional por Sistema Producto, integrado por un representante de la institución responsable del Sistema Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes de la materia; con representantes de las organizaciones de productores, de las cámaras industriales y de servicios involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por otros representantes que establezcan los integrantes del Comité en su reglamento interno.

En el ámbito regional, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable indica en su artículo 151 promover la creación de los comités regionales de Sistema Producto, teniendo como objetivo central el planear y organizar la producción, promoviendo el mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el ámbito regional, en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con los acuerdos del Sistema Producto Nacional.

DÉCIMO. Por lo que se refiere al Capítulo II del Título Tercero pretende crear el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, en este sentido, este programa actualmente es impulsado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para apoyar a los cafeticultores del país con el único fin de alcanzar un ingreso objetivo que les permita compensar parcialmente sus resultados económicos en temporadas de precios bajos. Este fondo fue constituido como un mecanismo permanente de apoyo a los productores durante los ciclos cafetaleros donde el precio internacional del café se fluctúa en niveles bajos, mediante la entrega de los recursos económicos a los productores, recuperables en las épocas en que el precio del aromático alcance niveles que permitan rentabilidad suficiente para que éstos puedan a su vez reintegrar los apoyos recibidos y así establecer un ciclo permanente de uso de los recursos que integren el Fondo mediante sistemas financieros confiables y transparentes.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2005, se da por terminada la participación del Consejo Mexicano del Café A.C., como agente técnico responsable de la operación. Actualmente es realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, esta a su vez designa a uno o más agentes técnicos a fin de obtener una mejor distribución de los recursos.

UNDECIMO: Por lo que se refiere al Título Cuarto, Capítulo I De la organización de productores, dicho proyecto de Ley contempla dar al Consejo Mexicano del Café facultades que están ya otorgadas a la Comisión Intersecretarial de acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se encarga de promover la organización e integración de Sistemas-Producto, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones por lo que abarca la cadena productiva del café.

De lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran el Título Cuarto, Capítulo II del mismo proyecto que pretende otorgar al Consejo Mexicano del Café la facultad de llevar un Registro Nacional de Productores, Industriales, Comercializadores y Exportadores, facultad conferida a la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., que se encarga de tener actualizado el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, teniendo un amplio potencial de generación de información útil, contribuyendo a una mayor transparencia e información a los beneficiarios. El Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional constituye el instrumento central para la operación del Fondo, al posibilitar el registro en línea de todas las operaciones de compra-venta del grano realizadas por los comercializadores habilitados ante la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café.

El Sistema genera los comprobantes de comercialización en los que se asientan los datos principales de las transacciones como: 1) clave del productor en el Padrón; 2) tipo de café; 3) volumen de venta; 4) fecha de la operación, y 5) precio pagado al productor, este sistema no sólo genera información de productores, industriales, comercializadores y exportadores de café sino que se convierte en una herramienta eficiente para apoyar a los cafeticultores.

El artículo 22, fracción XII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se encuentra la vinculación a disposiciones especificas en materia de registro de organizaciones con el Servicio Nacional de Registro Agropecuario; en investigación, con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable; y en capacitación, con el Sistema y el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

Por lo que se refiere al Capítulo III del Título Cuarto del proyecto de ley, que propone otorgar la facultad de certificación de origen y control de calidad al Consejo Mexicano del Café, cabe mencionar que esta facultad esta designada a la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., designación hecha por el Gobierno Federal como Organismo Certificante para emitir los Certificados de Origen, los ordenamientos establecidos por el organismo constituyen en su conjunto la descripción del Procedimiento respectivo citado en el Acuerdo por el que se establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un Certificado de Origen, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2007. Esta norma fundamenta en el Reglamento de Estadísticas y en el Reglamento para la aplicación de un Sistema de Certificados de Origen de la Organización Internacional del Café. Asimismo, integra las disposiciones de la Resolución 420 de la Organización Internacional del Café, referente a la Aplicación del Programa de Mejora de la Calidad del Café a nivel mundial y coadyuvar en el cumplimiento de la misma.

DUODECIMO. Respecto al Título Quinto, Capítulo I, del Café Tostado, Molido, Soluble y Extracto, pretende regular minuciosamente el proceso productivo del café al fijar las bases de organización del mercado interno y la concurrencia de los diferentes actores del proceso para generar cotizaciones que permitan la realización de transacciones mercantiles. Al respecto estas comisiones dictaminadoras consideran que contraviene a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece que el Ejecutivo Federal promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector. En concordancia con las normas y tratados internacionales suscritos por nuestro país aplicable en la materia, por lo que el apoyo a la comercialización es en beneficio general, siendo mayor el alcance del numeral, al apoyar todos los eslabones de la cadena productiva.

DECIMOTERCERO. Por lo que se refiere al Título Sexto, Capítulo I De Las Importaciones, estas comisiones dictaminadoras consideran las medidas que se pretenden asignar al Consejo Mexicano del Café, ya fueron otorgadas al Ejecutivo Federal de conformidad al artículo 110 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que aplicará las medidas que los Comités Sistema-Producto específicos le propongan a través de la Comisión Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas, entre otros; para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

En este marco la Comisión Intersecretarial instrumenta las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales. El Gobierno Federal a solicitud de los Comités de Sistema-Producto o, en su defecto, del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, emprenderá con la participación de los productores afectados, las demandas, controversias, excepciones, estudios y demás procedimientos de defensa de los productores nacionales en el ámbito internacional, coparticipando con los costos que ello involucre y tomando en cuenta la capacidad económica del grupo de productores de que se trate.

Es prioridad del Ejecutivo Federal, proteger el abasto de materias primas de cada eslabón de las cadenas agroindustriales en condiciones competitivas internacionalmente, así fortalece los esquemas de coordinación entre los eslabones de cada cadena. En este renglón se estableció que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en coordinación con la Secretaría de Economía, otorguen mejores mecanismos de operación de los esquemas de cupos de importación y los apoyos financieros al campo. Asimismo, promueven condiciones que facilitan la creación y desarrollo de los mercados de productos agropecuarios; al buscar una mayor apertura de los mercados internacionales a los productos agropecuarios nacionales; el apoyo a establecimientos de empresas integradoras, sociedades de producción y distribución, corporativas de producción y complejos agroindustriales va a permitir mejorar el eslabonamiento de las cadenas productivas.

En materia de importaciones del café, la Minuta de Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, Título Sexto, el Consejo Mexicano del Café, establece la facultad de opinar sobre los programas anuales que en materia de importación de café presenta la Secretaría de Economía.

No obstante, estas dictaminadoras consideran facultad innecesaria, en el sentido de que la protección a los productores nacionales en esta materia, se encuentra contemplada en el artículo 110, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece:

Artículo 110.- …

La Comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales. El Gobierno Federal, a solicitud de los Comités de Sistema-Producto o, en su defecto, del Consejo Mexicano, emprenderá con la participación de los productores afectados, las demandas, controversias, excepciones, estudios y demás procedimientos de defensa de los productores nacionales en el ámbito internacional, coparticipando con los costos que ello involucre y tomando en/cuenta la capacidad económica del grupo de productores de que se trate.”

Muchos países continuarán aumentando su producción principalmente de café robusta, debido a que su productividad es más elevada; otros optarán por retirarse o promover estrategias como incrementar la calidad de sus productos, los nichos de mercado, los cafés de especialidad, mercado justo, café orgánico a manera de apropiarse de nuevos mercados. Por lo que México consiente de los cambios en el mercado mundial, ha decidido promover un café con una calidad competitiva y utilizar algunos medios de promoción, para que el café orgánico y el café de comercio justo, se coloque en los mercados europeo y asiático.

DECIMOCUARTO. Asimismo en el Título Séptimo de las Exportaciones, estas comisiones dictaminadoras consideran inviable lo que pretende el proyecto de ley, puesto que el contenido se encuentra contemplado en el Título Tercero, Del Fomento Agropecuario y de Desarrollo Rural Sustentable, Capítulo XI en el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales, al mismo tiempo se dispone de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas. El Ejecutivo Federal también impulsa la Banca como mecanismos para complementar los programas de financiamiento al sector con tasas de interés preferentes en la banca de desarrollo. En este sentido, tendrán preferencia los productores de productos básicos y estratégicos o de bajos ingresos.

En materia de exportación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala en el artículo 119 tercer párrafo, “el Gobierno Federal impulsará la participación de las instituciones del Sistema Nacional de Financiamiento Rural en la prestación de servicios de crédito”, que podrán incluir “apoyo a la exportación de la producción nacional”.

De igual forma, el artículo 113 señala que: “En coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores, la Secretaría fomentará las exportaciones de productos nacionales mediante el acreditamiento de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter orgánico o sustentable y la implantación de programas que estimulen y apoyen la producción y transformación de productos ofertados por los agentes de la sociedad rural para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.”

DECIMOQUINTO. En el marco integrador y ordenador de las políticas públicas y de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que actúan en el sector rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en el artículo 14 el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable bajo un conjunto de programas que atiende el sector rural bajo la adopción de una Política de Fomento Productivo y Desarrollo Económico para proteger principalmente los intereses de los mexicanos. Dentro del esquema del PEC existe una partida para los Sistemas–Producto, incluido el café.

DECIMOSEXTO. En cuanto al Padrón Nacional de Exportadores de Café que se propone en la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, actualmente se encuentra operando el Padrón Nacional Productores de Café, mismo que se vincula con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que registra información de aproximadamente 480 mil productores de café, así como el Padrón de Comercializadores de Café.

DECIMOCTAVO. Los senadores integrantes de estas comisiones, respetuosos de la labor de la colegisladora consideramos que prioritario la protección de los Sistemas-Producto y dotar jurídicamente a este sector de herramientas para enfrentar el grave deterioro de amplios sectores de la producción y la sociedad rural, con una perspectiva de desarrollo nacional a largo plazo, mediante el aumento de la productividad, rentabilidad, competitividad, transformación y diversificación productiva, que permita un mayor ingreso y dinamismo económico en las zonas rurales. Con ello, el aprovechamiento sustentable de todas las potencialidades productivas del país que permitan reducir de manera efectiva las desigualdades sociales existentes que satisfaga la creación de empleos, el bienestar social y la credibilidad en la administración pública, objetivos encaminados al bien común.

DECIMOCTAVO. En lo que respecta al impacto regulatorio de la Ley, se encuentra vigente la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el 25 de mayo de 1972 y que abrogó el Reglamento para la Torrefacción y Venta de Café, que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de Julio de 1960. En el texto vigente de la Ley se incorporan las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de 1974, del 22 de julio de 1991 y del 10 diciembre de 2004.

Esta Ley de Café Tostado que está en vigor, regula las actividades de elaboración y venta de café tostado en grano o molido; instantáneo, granulado, pulverizado y otras formas solubles, concentrados e infusiones, lo cual atiende la cadena agroindustrial del café y cuenta con un marco integral que comprende la actividad del campo hasta el consumidor final.

Es importante destacar el carácter de las normas y las tareas concretas que el Estado debe cumplirse para asumir su rectoría económica en materia de la cafeticultura, lo que asegura una participación efectiva de los agentes relacionados con la actividad, esto es, con la participación de las organizaciones de productores, de industriales, comercializadores y exportadores, así como los representantes de los Estados productores y de las dependencias del gobierno relacionadas con la materia.

DECIMONOVENO. Es prioridad la protección del Sistema-Producto Café considerando que el café es uno de los cultivos con mayor importancia económica sociocultural y ambiental. Por otro lado, el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce al café como cultivo básico y estratégico, por ello se crea y opera un Sistema-Producto.

Hoy por hoy, el Estado mexicano cuenta con un instrumento legal suficiente que atiende de manera integral los propósitos de la Minuta de Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; y Estudios Legislativos Primera, que suscriben el presente dictamen, con fundamento en lo previsto por el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, cuyo contenido está regulado en diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
DESARROLLO RURAL; RECURSOS HIDRAULICOS;
REFORMA AGRARIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segundade la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que seAdiciona una Fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 57, 60, 63, 64, 65, 88, 93, 94 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas comisiones dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de abril de 2008, los Senadores Francisco Herrera León y María Elena Orantes López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que seadiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los proponentes sostienen que las plantaciones industriales y frutícolas, como las de hule, cacao, café, cítricos, mango, plátano, palma de aceite, pimienta, coco, suman aportaciones en materia de servicios ambientales que precisan de una revaloración que determine en términos económicos, nuevos apoyos que incentiven al productor para conservarlos y enriquecerlos, a la vez que le permitan amortiguar, los impactos negativos que los mercados internacionales le imponen permanentemente.

Las plantaciones comerciales agroforestal, tanto tropicales, subtropicales como templadas, se distinguen por sus prolongados periodos reproductivos, de al menos 7 años y una vida útil de hasta 40 años, pero se prestan al menos tres importantes servicios ambientales que benefician sobradamente a la sociedad. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ordena la creación de un mercado de servicios ambientales, orientada exclusivamente a los ecosistemas con vocación forestal, pero no contempla a los ecosistemas agroforestal, ni las áreas naturales de interés ecológico, protegidas o no, de modo que un producto no maderable como el látex de hule o chicle no se consideran como recurso forestal, sino como un agroindustrial en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En consecuencia, grandes espacios agroforestal como las plantaciones tropicales emergen y desaparecen en función de los precios internacionales que se pagan por sus productos, con la consecuente descapitalización de los productores, quienes no tienen capacidad para sortear las crisis de precios que recurrentemente se presentan en los mercados internacionales. Por ello, el pago de los servicios ambientales, no pueden bajo ninguna circunstancia ser considerados subsidios que atentan contra las leyes del mercado, toda vez que constituyen el resarcimiento de las externalidades causadas por la actividad productiva y que de no corregirse se terminaría absorbiendo a un costo elevado en el mediano plazo.

CONSIDERACIONES

I. En nuestro país, el desarrollo agrosilvícola sustentable es el camino para garantizar la conservación del medio ambiente y de los mantos acuíferos, con ello los bienes y servicios ambientales que proveen son mayores, pero también significa una oportunidad para lograr el crecimiento integral de las comunidades que habitan en las zonas rurales del país, al mismo tiempo, los procesos económicos que de ahí se desprenden, implican dotar de mayores alimentos a la región a bajo costo, se generan empleos y se mejora la comercialización en todas sus vertientes. Esta circunstancia implica que la eficacia de la política agrosilvícola va a depender del grado de aceptación de los propietarios.

El modelo mexicano de la silvicultura está sirviendo como una referencia importante para otros países. Así en los ejidos y comunidades con áreas forestales grandes, y con existencias de maderas comerciales, representan ahora una contribución importante para la economía nacional otorgando a sus propietarios ingresos y fuentes de empleo, no así la actividad agrosilvícola.

La conservación de los bienes y servicios generados por la biodiversidad es una de las grandes preocupaciones sociales, por ello se requiere urgentemente la atención de los tres órdenes de gobierno y de todos los sectores de la población. Muchos espacios abiertos de nuestro territorio se han convertido en escenarios dramáticos de supervivencia para una importante cantidad de especies de flora y fauna, que se enfrentan a la destrucción de su hábitat por el efecto de acciones incontroladas de los seres humanos. La propuesta para buscar estrategias es un punto de equilibrio donde sea compatible el aprovechamiento de la riqueza biológica con el imperativo de la conservación como condicionante de prosperidad y bienestar.

II. En Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo tener una justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Verbigracia, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, lleva a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general con las libertades que guarda la constitución. Para ello, el desarrollo económico nacional, es responsabilidad de los sectores público, privado y social, sin detrimento a otras formas de actividad económica que contribuya al desarrollo nacional. Asimismo, bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándose a las modalidades del interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establece los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica del sector social como ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general, de todas las formas de organización de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

III. El numeral 26, apartado “A” de la Constitución General, establece las bases para que el Estado organice a través de un sistema de planeación democrática el desarrollo nacional, aplicando solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Con ello, los fines del proyecto nacional contenidos en la constitución determinan la planeación y que participan los diversos sectores sociales, además atiende las demandas de la sociedad para incorporarlas a un Plan Nacional de Desarrollo (PND), sujetas a los programas de la Administración Pública Federal.

Para dar cumplimiento al PND, el H. Congreso de la Unión expidió la Ley de Planeación, en esta Ley se establecen los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan, así como los programas de desarrollo. Asimismo determina los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del PND; todas estas disposiciones están también contenidas en el Capítulo PRIMERO, Disposiciones Generales, artículo 1, de la Ley de Planeación, que fundamentalmente atiende al orden público e interés social.

Ahora, continuando con el análisis a la Ley de Planeación, en el artículo 16, fracciones I, III y V, a las dependencias de la Administración Pública Federal le corresponden:

“I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;

….

III.- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

….

V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;

VI. a VIII.- …”

El tema sobre las facultades otorgadas a las dependencias de la Administración Pública Federal, se establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que contempla las bases de la administración pública, centralizada y paraestatal, definidos en el artículo 1 de dicho ordenamiento. De lo anterior el tema forestal, es facultad de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuyas atribuciones están contempladas en el artículo 32 BIS, fracción I, XXXV y XL de la LOAPF, así la SEMARNAT le corresponden los siguientes asuntos:

“I.Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II. a XXXIX. ….

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente, y

….”

Es así, como la fracción XL, del artículo 32 BIS de la LOAPF, otorga a la SEMARNAT la posibilidad de participar con otras dependencias de adoptar instrumentos económicos, que en este caso abre la posibilidad de implementar programas de apoyo, derivado de esto corresponde examinar las facultades de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), consagradas en el artículo 35 de la LOAPF, cuyos asuntos correspondientes son:

“I.Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

II.Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

III. a XIX. …

XX.Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares;

XXI. a XXII. …”

Se destaca el artículo 35, fracción XX de la LOAPF, la participación conjunta de la SAGARPA y la SEMARNAT, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados que competa realizar el Ejecutivo Federal, por si mismo o en cooperación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal, municipios o con particulares. En síntesis el tema de Servicios Ambientales es competencia de la SAGARPA en coordinación con la SEMARNAT.

III.El artículo 27, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamenta el objetivo central de la política forestal que se orienta hacia un uso sustentable de los recursos forestales del país, que permita aprovechar su importante potencial productivo de una manera integral, sin poner en riesgo los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales en beneficio de la sociedad, con el fin de incrementar la participación del sector forestal en la economía nacional, bajo un modelo de aprovechamiento sustentable que garantice la generación de empleos en las zonas forestales, así como la ampliación de la oferta de productos maderables y no maderables, logrando una completa integración de todas las fases de la cadena productiva forestal. De la misma forma establece el derecho de regular el fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y demás actividades económicas en el medio rural.

En el mismo numeral 27 de la Constitución General, en la Fracción XX, establece que el Estado promoverá las condiciones para un desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional. Asimismo fomenta la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Además, el contenido de la fracción faculta al Estado, la expedición de la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Ciertamente, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha expedido la Ley De Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), marco rector del campo mexicano, cuyo objeto y aplicación de la Ley se deriva de los artículos 25, 26 apartado “A” y 27 fracción XX, de la Constitución Suprema. A razón y objeto del espíritu de la norma, estas Comisiones Dictaminadoras preocupadas por mejorar y reforzar el desarrollo rural sustentable, cuyo término se contempla en el artículo 3 fracción XIV, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo define como: “El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recurso naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”. Tiene como principios rectores a) Promover la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales del país, sustentando por la política del Gobierno Federal en materia de servicios ambientales orientándola a consolidar en todo el país el desarrollo rural sustentable, además de responder a las necesidades de la población mexicana; y b) Contribuye a subsanar la pérdida de la riqueza natural para lograr un beneficio para toda la sociedad, considerándola de interés público.

Iniciaremos al análisis del término servicios ambientales, término introducido por Robert Constanza en 1979 de la Universidad de Florida, EUA. La expresión servicio natural o servicio ambiental designa a cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la humanidad en su conjunto o a una determinada población. En el artículo 3 fracción XXIX, de la LDRS lo define como:

“Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXVII. …

XXIX. Servicios Ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;

XXX. a XXXII. …”

Detrás de este concepto de servicio ambiental, existen diversos análisis que demuestran que la naturaleza ofrece: a) El control del ciclo del agua reduciendo la escorrentía a favor de la filtración, favoreciendo el suministro del líquido; b) Autodepuración de los ríos y arroyos, se oxigena; c) Control de plagas, reduce el brote y sobre todo su propagación; d) Producción fotosintética de la biomasa, entre otras.

Dentro del artículo 5, fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Estado a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales impulsaran políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país, orientados a Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. Es así, como se llevan a cabo las acciones para tal propósito en concurrencia con los tres niveles de gobierno, para dar un paso a la valoración de la actividad agrícola concerniente a la función ambiental.

Del concepto con antelación citado, damos paso al análisis del Título Segundo, denominado DEL FOMENTO AGROPECUARIO Y EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, que regula todas las actividades económicas del medio rural. Antes de continuar, haremos un paréntesis para definir el concepto de agropecuario, si bien el termino resulta claro y conciso, la LDRS define a la actividad agropecuaria como los procesos productivos primarios basados en los recursos naturales renovables, entre los que se encuentra la agricultura, la ganadería (incluye la caza), la silvicultura y la acuacultura (incluye pesca), esta definición tiene su sustento en el artículo 3, fracción I, de la LDRS. Ahora bien, la propuesta a la iniciativa en estudio, se incluye el término “AGROSILVICOLA”, es necesario aclarar que en el propio numeral 3, fracción IV, de la Ley en comento, contempla el concepto de “AGROFORESTAL” y la define como la combinación de la agricultura y la ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de las especies forestales;En otro orden de ideas, estas dictaminadoras han precisado algunos conceptos que están incluidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; toca el turno de analizar el Título Segundo.

La participación en materia agropecuaria es competencia del Ejecutivo Federal, de forma coordinada con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado del medio rural; así lo dispone el artículo 32, fracción VII:

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.

Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas rurales.

Lo dispuesto en este precepto se propiciará:

I. a XI. …

XII.La valorización y pago de los servicios ambientales;

XIII. a XIV. …”

IV. Dentro del marco de La Ley De Desarrollo Rural Sustentable, en el Título Cuarto, intitulado De los Apoyos Económicos, le corresponde a la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano para el desarrollo Rural Sustentable, proponer la asignación de estímulos fiscales a las acciones de producción, reconversión, industrialización e inversión que se realicen en el medio rural.

Es importante señalar que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, está integrada por los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Reforma Agraria; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Energía y las demás dependencias y entidades del Poder Ejecutivo consideradas necesarias para tal propósito de acuerdo con el tema que se trate. Esta integración de la Comisión Intersecretarial, tiene su sustento en el artículo 21 de la LDRS.

Respecto al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, es una instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo Mexicano, está integrado por miembros de la Comisión Intersecretarial, descrito en el párrafo anterior; además de los representantes de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural, de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de la producción agropecuaria; de los comités de los sistemas-producto; y de instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales de acuerdo con los temas a tratar. Otra facultad del Consejo, es el de promover en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y regiones, que tengan amplia participación de las organizaciones y sujetos del sector la Planeación, Seguimiento, Actualización y Evaluación de los Programas de Fomento Agropecuario y de Desarrollo Rural Sustentable a cargo del Gobierno Federal, artículos 17 y 18 de la LDRS.

Continuando con el análisis del Título Cuarto, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el artículo 188, segundo párrafo, establece:

“Artículo 188.- …

Los programas que formulen la Secretaría y demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal, así como los acordados entre éste y los demás órdenes de gobierno que concurren para lograr el desarrollo rural sustentable, definirán esquemas de apoyos, transferencias y estímulos para el fomento de las actividades agropecuarias y no agropecuarias, cuyos objetivos serán fortalecer la producción interna y la balanza comercial de alimentos, materias primas, productos manufacturados y servicios diversos que se realicen en las zonas rurales; promover las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas y reducir las condiciones de desigualdad de los productores agropecuarios, forestales y de pesca, y demás sujetos de la sociedad rural, así como lograr su rentabilidad y competitividad en el marco de la globalización económica.

Los diversos programas e instrumentos que se requieran para cumplir con los lineamientos definidos en el artículo 22 de esta Ley, estarán previstos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La normatividad para la operación de estos programas será propuesta por la Comisión Intersecretarial, por medio de la Secretaría y demás dependencias que concurren en el fomento agropecuario y en el desarrollo rural sustentable.

Artículo 189.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos que formule el Ejecutivo Federal deberán ser congruentes, según lo dispone el artículo 40 de la Ley de Planeación, con los objetivos, las metas y las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales correlacionados y el Programa Especial Concurrente, definidos para el corto y mediano plazos. En dichos proyectos e instrumentos, a iniciativa del Ejecutivo Federal, se tomará en cuenta la necesidad de coordinar las acciones de las distintas dependencias y entidades federales para impulsar el desarrollo rural sustentable.”

Derivado de los numerales 188 y 189 de la LDRS, es prioritario hacer la referencia al artículo 14, correspondiente al Título Segundo, Capítulo I, De la Planeación del Desarrollo Rural Sustentable, establece dentro del marco el Plan Nacional de Desarrollo los programas sectoriales de las dependencias y entidades que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrán al Ejecutivo Federal el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleos y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación

De esta forma, el Programa Especial Concurrente por mandato legal, debe contemplar las acciones del cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo, y sobre todo, la producción de servicios ambientales para la sociedad, es así como está regulado todo el contenido que debe tener el Programa Especial Concurrente, y así lo establece el artículo 15, fracción IX, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

V. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, (PEC 2007-2012), es presentado de conformidad con los objetivos nacionales, las estrategias generales y prioritarias del desarrollo, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los programas sectoriales y con apego a las disposiciones siguientes: artículos 25, 26 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 27 y 32 de la Ley de Planeación; artículos 7, 9 y 22 de La Ley Orgánica De La Administración Pública Federal; artículos 3 Fracción XXIII, 14, 15, 16, 22 fracción XXIII subíndice J, 23, 26, 29, 187 y 188 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El PEC, representa la política de Estado cuya orientación es garantizar a la población rural, el bienestar y su incorporación al desarrollo democrático del país, la premisa básica es la búsqueda del desarrollo humano sustentable como proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades para acceder a una vida digna sin comprometer el patrimonio de los recursos naturales de las futuras generaciones.

De esta forma, el PEC, contempla la Vertiente Medio Ambiente, cuyo eje es una política pública de sustentabilidad ambiental, que resalta el desarrollo de nuevas actividades económicas que contribuya a la conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales. Es por ello, que se implanto el Programa de uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria, que tiene como propósito contribuir a conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas; revertir su deterioro; lograr un manejo adecuado del agua en cuencas y acuíferos; avanzar en la gestión integral de los residuos; avanzar en las medidas de adaptación del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y promover el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental primaria, otorgan apoyos y servicios. Asimismo la meta para 2012, es a) Aumentar a 14.13 millones de hectáreas el manejo técnico forestal, a los programas de pago por servicios ambientales y al sistema de unidades para la conservación y manejo sustentable de la vida silvestre, y b) atender 53 millones de hectáreas con prácticas de conservación, rehabilitación y mejoramiento de suelos en uso agropecuario. Para ello, se ha fortalecido los instrumentos de protección de suelos y de acciones transversales entre la SEMARNAT y la SAGARPA, para el manejo sustentable de tierras y se fortalecen los criterios ambientales en los programas agropecuarios y forestales.

VI.- Es así como se ha demostrado, que la propuesta de la presente iniciativa de adicionar la fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, está contemplada en el numeral 32 fracción XII, de la propia norma federal. De la misma forma adicionar en el citado artículo 190 fracción VI, para otorgar pagos específicamente a cultivo específicos como el cacao, café, coco, pimienta, palma de aceite, cítricos, mango, aguacate, nogal, y demás plantaciones arboladas se estaría legislando para otorgar un trato preferencial a estas plantaciones; resultaría inequitativo el apoyo y estaría en contravención con lo dispuesto en el artículo 25, 26 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los apoyos otorgados deben regirse bajo criterios de equidad social y productividad.

Los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras respetuosos del interés de los senadores promoventes, consideran que en el artículo 190 fracción I de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya contempla como previsión presupuestal el otorgamiento de apoyos para el desarrollo forestal y de plantaciones, abarcando dentro de este concepto las plantaciones frutícolas, industriales y forestales, lo contemplado en la ley vigente impulsa en general a toda la actividad en relación a las plantaciones agroforestal; el alcance del numeral es más amplio, e incluye el apoyo a todo tipo de plantaciones sin distinguir su capacidad productiva.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: Se da por concluido el proceso legislativo de la iniciativa por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya que el contenido está regulado en la fracción XII del artículo 32 y demás numerales de la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

                  

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los ocho dictámenes en sentido negativo, inscritos en el Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Quedan de primera lectura los dictámenes en sentido negativo.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE
SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, presentado por la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, a nombre propio y de los Senadores Ramiro Hernández García y Carlos Lozano de la Torre, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

El día 26 de marzo de 2008, la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, presentó la iniciativa antes referida, que en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA

Introducir reformas al marco normativo de los derechos de propiedad intelectual, en particular a las patentes, para procurar un mayor equilibrio entre la promoción a la creatividad y a la innovación que permite a sus titulares el derecho de explotación exclusiva de su invento y el interés público, así como el beneficio social.

Con ello, se pretende incrementar la transparencia y la claridad en la expedición de patentes y en los derechos que las mismas confieren.

CONSIDERACIONES

En la exposición de motivos de la iniciativa se señala:

La normatividad administrativa en materia de propiedad intelectual debe tener, dentro de sus objetivos, la búsqueda de un equilibrio entre la promoción a la creatividad y la innovación. Dicha promoción se logra al otorgar los derechos de explotación exclusiva de un producto cuando éste se considera una invención (entendida por ésta toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para satisfacer necesidades humanas concretas) y la transferencia y acceso oportuno a nuevas tecnologías, a fin de que el interés público prevalezca sobre el comercial.

Desafortunadamente, el balance entre libre competencia e innovación y entre interés general y particular, que sustenta al régimen jurídico de las patentes, en ocasiones se rompe en perjuicio de la sociedad, con lo cual se alejan las patentes de su papel promotor de la innovación.”

De conformidad con lo anterior la iniciativa propone reformar el contenido de doce artículos y adicionar seis, todos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sobre el particular, estas comisiones han recibido opinión y observaciones tanto a la Iniciativa como al proyecto de dictamen de representantes de las siguientes entidades y asociaciones:

a) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

b) Secretaría de Economía

c) Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C.

d) Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos A.C.

e) Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C.

f) Asociación Nacional de Abogados de Empresa A.C.

g) Comité de Propiedad Industrial de la American Chamber of Commerce of México A.C.

h) Consorcio Mexicano del Software.

En virtud de lo anterior, estas comisiones desean destacar que el presente dictamen se emite después de un análisis de las propuestas contenidas en la iniciativa, así como de las diversas opiniones recibidas, en el que se ha pretendido guardar completa coherencia con los principios del sistema normativo de la propiedad intelectual en México, así como los establecidos en tratados y organizaciones internacionales de la que nuestro País es parte, observando cuidadosamente la relación estrecha que existe entre la protección de la propiedad intelectual, la competitividad, el fomento a la investigación científica y la innovación, el interés público y el beneficio social que nuestra legislación debe promover, por lo que a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa:

PRIMERO.- MODIFICACIONES AL ARTICULO 6.

FRACCION VI.

La iniciativa propone que esta fracción se modifique para quedar de la siguiente manera (en adelante se subrayan las modificaciones a los artículos vigentes):

IV. Sustanciar los procedimientos de oposición, revocación, nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

En esta fracción se incorpora la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (en adelante IMPI) para sustanciar los procedimientos de oposición y revocación.

Sobre el particular, estas comisiones advierten que el procedimiento de revocación no está previsto actualmente en la Ley ni se desarrolla en la iniciativa. Por su parte, el procedimiento de oposición es una propuesta de inclusión de esta iniciativa en un nuevo artículo 53 Bis, que cómo se analizará más adelante, estás comisiones proponen que sea sustituido por un mecanismo para que cualquier persona pueda realizar observaciones a partir de la publicación sobre la solicitud de una patente en la Gaceta del Instituto.

Por lo anterior no se considera necesaria la reforma propuesta para esta fracción.

FRACCION X.

La iniciativa propone que esta fracción quede de la siguiente manera:

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley.

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión aquellas resoluciones del Instituto en las que se desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones, alcance o vigencia de patentes o registros, aun en aquellos casos en que la petición sea negada o se estime improcedente.

Las publicaciones en la Gaceta se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio salvo en los casos en que expresamente así lo señale la presente Ley;

Esta modificación tiene el propósito de delimitar el alcance jurídico de la Gaceta, que es la publicación mensual oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al señalar que las publicaciones en la misma se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio, salvo en los casos en que expresamente así lo señale la propia Ley.

Al respecto, estas comisiones estiman que actualmente el artículo 8 y diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, señalan que los actos que consten en la Gaceta surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que ésta se ponga en circulación, lo que le da actualmente un efecto vinculante a todas las publicaciones que aparezcan en la Gaceta. Por lo anterior, se considera innecesario el tercer párrafo propuesto para la fracción X, pues contravendría lo dispuesto actualmente en la Ley en el artículo 8. Además, que, se considera contribuye a la certidumbre jurídica el efecto vinculatorio de las publicaciones en la Gaceta.

Por otra parte, la modificación que se refiere a la publicación de las resoluciones del IMPI en las que se desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar la vigencia de las patentes o registros, a la que alude el segundo párrafo propuesto para la fracción X, resultaría contraria del artículo 23 de la Ley, el cual se señala que la vigencia de las patentes es improrrogable, por lo que se propone suprimir lo relativo a la vigencia. Asimismo, se considera que la publicación respectiva debe operar sólo respecto a las modificaciones o registros concedidos, pues los negados o improcedentes no modifican la situación jurídica previamente existente respecto a los mismos.

En este orden de ideas, y toda vez que la exposición de motivos de la iniciativa señala que han existido casos de extensiones de vigencia, estas comisiones consultaron al IMPI sobre dichos casos, recibiendo información que los mismos se derivan de resoluciones judiciales que interpretan el artículo 12 Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 y que, con el transcurso del tiempo perderá vigencia (en junio de 2011), por lo que los casos en los que podría aplicarse esta excepción son ya escasos y en tal virtud no se considera necesario establecer una disposición general para tal efecto.

En lo que respecta a la reforma del primer párrafo, estas comisiones consideran pertinente que se incluyan en el mismo las resoluciones que corresponden a los procedimientos de declaración administrativa (que son aquellos que resuelven una nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa) a fin de que sea del conocimiento público su contenido y alcances, la misma se traslada al nuevo segundo párrafo del artículo 6, pues el pasado 1 de diciembre esta Soberanía aprobó sin cambios una minuta que modifica el primer párrafo del mismo. Al respecto, con el propósito de contribuir a la certidumbre jurídica, dado el carácter vinculante que tienen las publicaciones en la Gaceta y que las resoluciones en comento son sujetas de medios de impugnación, se considera pertinente precisar en el referido párrafo, que las mismas se publicaránsiempre que no hayan sido impugnadas. En el mismo sentido y alcance, se considera conveniente agregar tal precisión al segundo párrafo del artículo en comento.

SEGUNDO.- MODIFICACIONES AL ARTICULO 12, FRACCION IV

La iniciativa propone modificar el concepto de aplicación industrial, previsto en el artículo 12 fracción IV, para quedar como sigue:

IV.- Aplicación industrial, al hecho de que una invención resuelva o coadyuve a resolver de manera práctica un problema específico o a atender una situación determinada y pueda ser producida o utilizada en la industria, en el comercio o en cualquier otra rama de la actividad económica para los fines que se describan en la solicitud”.

El texto vigente del referido artículo es el siguiente:

Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:

I.- a III.- …

IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;

En relación con esta propuesta, es preciso destacar que la aplicación industrial es la función de la invención, es decir la utilidad práctica de la misma para resolver un problema específico o atender una situación determinada y es, junto con la novedad y la actividad inventiva,uno de los requisitos que hacen “patentable” una invención (artículo 16).

Respecto de la definición propuesta, estas comisiones consideran que la misma es perfectible, pues al señalar que la invención debe “coadyuvar” a resolver un problema técnico, es un elemento subjetivo que sometería a discrecionalidad la existencia o no de la propia aplicación industrial. Por lo tanto, el introducir elementos como: “… coadyuve a resolver de manera práctica un problema específico…” sin establecer parámetros de los grados de “coadyuvancia” requeridos para que la invención sea merecedora de obtener un título de patente, puede resultar contraproducente, al abrir la disposición a criterios subjetivos y a la discrecionalidad de la autoridad revisora, creando incertidumbre jurídica entre los usuarios del sistema de propiedad industrial. Por tal razón, estas comisiones consideran, ajustar la redacción propuesta para incluir que la invención correspondiente “tenga una utilidad práctica” con lo que se considera se atendería la necesidad de prever dicha utilidad, sin introducir elementos que pudieran resultar en discrecionalidad o generar confusión.

Por otra parte,modificar en la definición el concepto “posibilidad” por el de “hecho” resulta inconveniente y contrario a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante AADPIC) instrumento internacional del que México es parte y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994. En dicho Acuerdo se establece que la aplicación industrial es una “posibilidad” y no un “hecho”.

Se advierte que de incluirse el término “hecho” tendría que ser necesariamente objeto de prueba, obligando a la autoridad incluso a reproducir la invención, para demostrar la existencia (hecho) de la referida aplicación industrial. De igual manera, una negativa de la existencia de la misma por parte de la autoridad, sería también de compleja demostración y motivación para la autoridad administrativa, lo que en cualquier caso significaría una prolongación a los tiempos de resolución de las solicitudes de patente, en perjuicio de los usuarios del sistema de propiedad intelectual y de la agilidad que merecen estos procedimientos.

No obstante lo anterior, se considera que la adición final a la fracción IV contenida en la iniciativa que establece “…para los fines que se describan en la solicitud”.satisface la motivación de la reforma propuesta, que pretende limitar la práctica de presentar solicitudes de patente que no han concluido el desarrollo de la aplicación industrial, con el propósito de asegurar una fecha de presentación, sin haber precisado la utilidad de la invención.

De esta manera dicha adición asegura que se vincule necesariamente la posibilidad de la aplicación industrial con los propósitos que se hayan establecido en la solicitud original, y de no actualizarse esta posibilidad, no podría concederse la patente.

Por tal razón, se asientan las modificaciones referidas en el proyecto de Decreto de este dictamen.

TERCERO.- ADICION AL ARTICULO 22, FRACCION I.

En este artículo,se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción I, para incorporar un nuevo supuesto de excepción a los derechos que confiere una patente, y quedar como sigue:

Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

Queda incluido en este supuesto cualquier tercero que utilice una invención o los datos relativos a ésta durante los 36 meses previos al vencimiento de la patente con fines experimentales y para reunir la información o elementos materiales requeridos para la aprobación de un producto o proceso por las autoridades competentes, el cual no podrá ser comercializado hasta que la patente haya vencido;

Al respecto, estas comisiones destacan que el texto propuesto es lo que en materia de estudios de propiedad intelectual se conoce como “Cláusula Bolar”, conforme a la cual se permite el desarrollo de pruebas tendientes a replicar la fabricación, formulación, etcétera, de un medicamento, con el propósito de obtener un registro sanitario, a fin de comenzar la comercialización del producto inmediatamente después del vencimiento de la patente.

En este sentido, es importante destacar que dicha disposición se encuentra ya prevista en el artículo 167 Bis, penúltimo párrafo, del Reglamento de Insumos para la Salud, aplicable a aquellos productos que requieran registro sanitario, por lo que se considera que no es necesario agregarla a la LPI que tiene un alcance y cobertura mayor a la de los insumos para la salud. Por lo anterior se desecha esta propuesta.

CUARTO.- ADICION AL ARTICULO 40

La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo en el sentido de que las patentes que se acojan al derecho de prioridad (reconocimiento de la fecha en la que se presentó una solicitud de patente en otro país) gocen de una vigencia igual a aquella que tendrían si hubieran sido solicitadas o expedidas en territorio nacional sin prioridad reconocida, quedando el texto de la siguiente manera:

Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Las patentes obtenidas con fundamento en el beneficio de prioridad que establece el párrafo previo, gozarán en México de una vigencia igual a aquella que tendrían si hubiesen sido solicitadas o expedidas en territorio nacional sin prioridad reconocida.

Sobre el particular, estas comisiones estiman que la redacción propuesta genera la idea de que las patentes que se concedan en México, con base en el reconocimiento de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, se encuentran ligadas en cuanto a su vigencia a la de la patente cuya prioridad se reclamó y obtuvo en el extranjero, lo que es inexacto, toda vez que las patentes solicitadas en diferentes países son independientes de las patentes obtenidas por la misma invención en nuestro país, pues el principio de la independencia de la protección aplica no sólo a que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, sino también en cuanto a sus causas de nulidad o caducidad y vigencia, lo que se encuentra previsto en el artículo 4 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que señala lo siguiente:

Artículo 4 bis

(Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la

misma invención endiferentes países)

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Adicionalmente, en términos del artículo citado, particularmente de su inciso 5, la propuesta de adición resulta innecesaria dado que una disposición similar se encuentra prevista ya en el citado Convenio, del que México es parte y que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

En este orden de ideas, también la Ley vigente se encuentra ajustada a dicho instrumento internacional al señalar en su artículo 23 lo siguiente:

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones consideran innecesario el adicionar el párrafo propuesto al artículo 40.

QUINTO.- ADICION AL ARTICULO 41, FRACCION II

Esta adición contempla lo siguiente:

Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.-

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 Bis.-

Respecto a la inclusión de un nuevo reconocimiento de prioridad, se considera que dicha circunstancia está regulada actualmente en la propia Ley, particularmente en los artículos 38 Bis y 41 fracción II, pero estas comisiones estiman que es conveniente precisar esta previsión y que su inclusión no genera ninguna inconsistencia en la Ley, por lo cual se considera precedente en los términos de la iniciativa.

SEXTO. MODIFICACIONES AL ARTICULO 47, FRACCION I

La modificación al artículo 47 está planteada de la siguiente manera:

Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que acredite la aplicación industrial del invento.

Al respecto, estas comisiones estiman conveniente destacar que el artículo 28 del Reglamento de la Ley ya prevé este requisito, al establecer que la descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Indicará la denominación o el título de la invención, tal como figura en la solicitud;

II.- Precisará el campo técnico al que se refiera la invención;

III.- Indicará los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece y citará, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;

IV.- Especificará la invención, tal como se reivindique, en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal, y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

La descripción deberá ser concisa, pero tan completa como fuere posible, y deberán evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas;

V.- Cuando se requiera el depósito de material biológico conforme a lo previsto en el artículo 47,fracción I, segundo párrafo de la Ley, mencionará que se ha efectuado dicho depósito e indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al mismo por dicha institución, y describirá, en la medida de lo posible, la naturaleza y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación de la invención;

VI.- Contendrá la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas;

VII.-Indicará el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y

VIII.-Indicará, explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos.

La descripción deberá seguir la forma y orden señalados en este artículo, salvo cuando por la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión y una presentación más práctica.

Cada apartado de la descripción a que se refieren las fracciones II a VII anteriores, deberá ir precedido de un encabezado.

Conforme a lo anterior, se observa que una descripción debe ser completa; incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención; de considerarse adecuado, dicha indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención; así como indicar, en su caso, la forma en que pueda producirse o utilizarse o ambos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente en los términos de la iniciativa, la inclusión de este requisito bajo el término “ejemplifique” en el artículo 47 de la Ley.

SEPTIMO. ADICION DE UN ARTICULO 53 BIS

Por otra parte, la iniciativa propone la adición de un artículo 53 Bis para incorporar al sistema de propiedad industrial un procedimiento no contencioso de oposición, el cual permitirá incidir en el otorgamiento de patentes, cuya redacción se propone como sigue:

Artículo 53 Bis.- Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente, cualquier persona podrá oponerse a su otorgamiento, para lo cual deberá proporcionar al Instituto argumentos o evidencia sobre la improcedencia del otorgamiento de la misma, de los que se desprenda que:

I.- La invención no reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, o se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 16 y 19 de esta Ley, o,

II.- La solicitud contenga reivindicaciones que pretendan abarcar derechos adicionales a los vinculados con la descripción y el resumen de la invención, o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente invenciones previamente patentadas, aun cuando se trate de patentes del mismo titular.

El Instituto notificará al solicitante de la patente del inicio del procedimiento de oposición para que en el plazo de un mes manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

El Instituto deberá tomar en consideración los elementos aportados en los términos de este artículo tanto por el solicitante como por el o los opositores, fundando o motivando la resolución que se adopte

Si la patente se impugna dentro de los 6 meses posteriores a su otorgamiento, ésta se transmitirá en los términos del Título Sexto de esta Ley.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente que se establezca un mecanismo “ex - ante” para permitir mayor transparencia y participación ciudadana en los mecanismos de otorgamiento de patentes, que al mismo tiempo permitirá al IMPI evaluar en su conjunto la información presentada en el proceso de conceder la patente, lo que disminuirá los procedimientos de declaración de nulidad y los recursos de revisión que se interpondrían con posterioridad a la expedición de la misma.

Sin embargo, se considera que los propósitos de transparencia y participación ciudadana se lograrían de igual forma mediante un procedimiento no contencioso que evite la prolongación y demora en el otorgamiento de patentes, debido a la interrupción del proceso de otorgamiento en tanto se desahoga la oposición. Por ello sería preferible integrar un procedimiento similar que no suspenda el trámite del otorgamiento de patente, pero en el que la información presentada sirva alIMPI como apoyo técnico al realizar el examen de fondo sobre la solicitud, de tal manera que le permita resolver adecuadamente si concede o niega la patente.

También conviene destacar que lo previsto por la fracción II propuesta, respecto a que una solicitud que contenga reivindicaciones que pretendan abarcar derechos adicionales a los vinculados con la descripción y el resumen de la invención, o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente invenciones previamente planteadas, no considera lo dispuesto por los artículos 10, 10 Bis y 41, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, conforme a los cuales si varias personas hicieran la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

Asimismo, conforme al artículo 47, respecto a la reclamación del derecho de prioridad, es requisito para su reconocimiento que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Adicionalmente, estas comisiones consideran conveniente, en razón de la sistematización de la Ley que esta previsión se incluya en un nuevo artículo 52 Bis, en lugar del 53 bis propuesto en la iniciativa, toda vez que es el artículo 52 el que dispone la publicación en la Gaceta de la correspondiente solicitud, lo que daría inicio a la posibilidad de presentar la información en comento.

En cuanto al último párrafo del artículo analizado, se observa que los tiempos que prevé son indeterminados pues tendría que estudiarse caso por caso la fecha de otorgamiento, la cual es diversa a la publicación de la patente concedida, además de corresponder a la nulidad ya prevista en el artículo 78.

Por lo anterior, se sugiere incluir en la LPI un procedimiento en el que cualquier persona pueda presentar la informaciónsobre el cumplimiento de los requisitos de los artículos 16 y 19 de la LPI de cualquier solicitud de patente, de tal manera que promueva la transparencia y la oportunidad del otorgamiento de patentes sin prolongar los tiempos del procedimiento para el mismo ya que, de lo contrario, se alargaría considerablemente el trámite, al abrirse una etapa más en el procedimiento en donde se emitirían actos de autoridad susceptibles de ser impugnados por los particulares, que repercutirían de manera negativa en los tiempos y costos, causando incertidumbre jurídica a los particulares y disminuyendo la agilidad deseable en los procesos de obtención de patentes y afectando con ello la competitividad del país en materia de protección de la propiedad industrial.

Finalmente, estas comisiones consideran agregar a la propuesta la previsión de que la validez de la patente se puede impugnar en todo tiempo a través de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley, que se refiere al procedimiento “ex - post” consignado actualmente en la Ley, para solicitar la nulidad de una patente otorgada.

Por lo anterior, estas comisiones proponen el traslado de este procedimiento al artículo 52 Bis, en los términos apuntados,que se incluyen en el proyecto de decreto contenido en los resolutivos del presente dictamen.

OCTAVO. MODIFICACION Y ADICION AL ARTICULO 59

La iniciativa propone modificar los elementos que debe contener el Título de una patente mediante la reforma de las fracciones IV y VI, y la adición de una fracción VII, para quedar como sigue:

Artículo 59.- El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

I a III...

IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de la prioridad o prioridades reconocidas y, en su caso, de las reivindicaciones beneficiadas por cada una de las prioridades reconocidas;

V...

VI.- Fecha de expedición, y

VII.- Fecha exacta del vencimiento de la vigencia de la patente.

Respecto a la reforma de las fracciones IV y VI, se estiman innecesarias puesto que las reivindicaciones formar parte del Título de la patente de conformidad al primer párrafo del propio artículo 59 y en la fracción IV se establece solo el plural de los términos ya mencionados.

En cuanto a la adición de la fracción VII, cabe señalar que en el Título de la patente se asienta su vigencia, en cumplimiento a la fracción VI del artículo 59 de la Ley, la cual es de 20 años improrrogables (artículo 23) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y está sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Conforme a lo anterior, en el Título no podría indicarse una fecha exacta del vencimiento de la patente, pues ésta no se puede determinar a priori en virtud de que la misma se encuentra vinculada al pago de la tarifa anual para la conservación de los derechos que la misma otorga. En este orden de ideas, la vigencia de una patente puede terminar antes del cumplimiento de los 20 años, si el titular no cubre el pago de la tarifa anual para la conservación de los derechos que corresponda, conforme al artículo 80 de la Ley.

Por lo anterior, respecto a la adición propuesta, se considera que debería asentarse de la siguiente manera: “Su vigencia y fecha de vencimiento, sujeta al pago de las tarifas de mantenimiento que señala la Ley” para evitar que se ostente como vigente una patente caduca por falta de pago de las tarifas correspondientes.

Cabe señalar que, de cualquier manera, en los Títulos que se otorgan, se señala de manera enunciativa el periodo y la fecha a partir de la cual se puede determinar la vigencia, de conformidad con el artículo 23 de la Ley.

Finalmente, se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa, que se propone esta adición en razón de la problemática generada por las extensiones de vigencia de patente que los tribunales han ordenado se efectúen, pero, como se ha señalado con anterioridad, los casos en los cuales se ha ordenado la extensión de la vigencia de patentes, son una situación de excepción al amparo del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial modificada en 1991 y no una regla general.

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente la modificación en comento, en la fracción VI de este artículo.

NOVENO. ADICION AL ARTICULO 78

En este artículo la iniciativa propone modificar las causales de nulidad de una patente o registro, adicionando tres fracciones al artículo 78, para quedar como sigue:

Artículo 78.- La patente o el registro serán nulos en los siguientes casos:

I a IV...

V.- Cuando el solicitante no distinga claramente las reivindicaciones que no se benefician de la prioridad o prioridades reclamadas;

VI.- Cuando se reivindiquen materias novedosas conjuntamente con otras que se encuentran en el estado de la técnica, o

VII.- Cuando el solicitante hubiere proporcionado información falsa al Instituto o hubiere ocultado u omitido proporcionar información que, de haber obrado en poder del Instituto, habría hecho que éste negara el otorgamiento de la patente o el registro respectivo.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I, II, V, VI y VII anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Con excepción de las causas contempladas en las fracciones VI y VII, cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Respecto a la adición de las causales propuestas en las fracciones V, VI, y VII, se puede estimar que ya se encuentran contempladas en la actual redacción del artículo 78, conforme a los señalamientos que a continuación se realizan.

Conforme al artículo 41 fracción II, para el reconocimiento de la prioridades requisito que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su caso, analizarse conforme al estado de la técnica existente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Analizando la fracción V se observa que su contenido se refiere al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 fracción II vigente, cuyos contenidos han sido descritos.

En este sentido, esa causal de nulidad se encuentra regulada en el propio artículo 78 fracción II, la cual señala que la patente será nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

En cuanto a la causal del la fracción VI propuesta, que se refiere al caso en que se otorgue una patente a una invención que carezca de novedad. Su regulación ya se encuentra prevista en la fracción I vigente del mismo artículo 78, donde que señala que una patente es nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre los requisitos necesarios para su concesión, establecida en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47:

“I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;”

En este orden de ideas, con fundamento al artículo 16, son patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Conforme al artículo 12 de la misma Ley, es nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, entendido éste comoel conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

Por lo anterior, en el caso de que se otorgarala patente a una invención que carezca del requisito denovedad, resulta aplicable la causal de nulidadprevista en la fracción I del artículo 78 y por lo tanto, la adición de la fracción VI es innecesaria.

Asimismo, en lo relativo a esta propuesta, conforme al artículo 19 fracción VIII de la Ley, no se consideran invenciones la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Respecto a la fracción VII, esta causal ya se regula en la actual fracción IV, que señala que la patente será nula:

IV.-Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.”

Respecto de la inclusión de una causal de nulidad por la declaración de datos falsos, no resulta positiva en la práctica, dado que en materia probatoria se observa un efecto negativo, ya que la carga de la prueba recae en el titular del derecho (en este caso, el titular de la patente), sin que el accionante aporte pruebas al respecto.

Por lo anterior, estas comisiones estiman que no es necesaria la modificación a este artículo.

DECIMO. ADICION DEL ARTICULO 78 BIS

Se propone la adición de un nuevo artículo 78 Bis para incluir la nulidad cuando el titular de una patente incurra en una conducta sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 78 bis.- La patente se declarará nula cuando su titular, licenciatario o usuario impida ilegalmente a terceros fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto patentado o utilizar el proceso patentado, o fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto que resulte directamente de ese proceso patentado. La nulidad descrita en el presente párrafo se aplicará también cuando los actos mencionados se realicen previo al otorgamiento de la patente, una vez que ésta ha sido solicitada.

Se considera que el titular de una patente, su licenciatario o usuario incurre en la conducta descrita en el párrafo anterior cuando la Comisión Federal de Competencia Económica emita una resolución declarando que la patente se ha usado como instrumento para incurrir en una práctica prohibida conforme a la Ley Federal de Competencia Económica.

La acción de nulidad prevista en este artículo podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

Al respecto, estas comisiones analizaron el contenido de dicho artículo y se encuentra que el mismo es incompatible con el régimen legal de la competencia económica vigente en México.

Conforme al artículo 28 de la Constitución Política las patentes no constituyen monopolios y en consecuencia su ejercicio no puede materializar una conducta ilegal en materia de competencia económica, lo cual también se encuentra previsto en el artículo 25 de la Ley, que establece:

Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica excluye de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia los derechos de los inventores, por lo que este artículo resultaría incompatible entre ambos marcos normativos. Al respecto, el artículo 5 de la Ley Federal de Competencia Económica establece:

Artículo 5o. No se considerarán monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.

No obstante lo anterior, ya existen mecanismos en la Ley y en los Tratados que prevén evitar que los inventores abusen de los derechos que le confiere una patente, como es el caso de lo previsto en los artículos 70 y 77 de la Ley, relativos a la no explotación de una licencia durante tres años, o a la explotación de utilidad pública por causales de emergencia o seguridad nacional.

En virtud de lo anterior, estas comisiones consideran que no es procedente la aprobación de este artículo.

UNDECIMO. ADICION AL ARTICULO 187.

La iniciativa propone adicionar este artículo para incluir los procedimientos de oposición y de revocación en las reglas procesales que prevé el correspondiente Capítulo de la Ley, para quedar como sigue:

Artículo 187.- Las oposiciones y solicitudes de declaración administrativa de revocación, nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La iniciativa propone adicionar la solicitud de declaración administrativa de revocación y el procedimiento de oposición.

Sobre la revocación, cómo se ha señalado previamente, no está actualmente prevista en la Ley y no hay elementos adicionales en el proyecto, tales como procedimiento o causales.

En referencia a la inclusión de la oposición, se reitera la posición respecto al artículo 53 Bis propuesto en la iniciativa, en el sentido de que estas comisiones proponen un procedimiento de observaciones y no un procedimiento contencioso de oposición de patentes, por ende, la adición al artículo 187 se considera no necesaria bajo estos argumentos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran innecesaria la modificación de este artículo.

DUODECIMO. MODIFICACION AL ARTICULO 188.

La iniciativa propone incluir el “interés legítimo” entre los sujetos que pueden activar el inicio de un procedimiento de declaración administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés legítimo y funde su pretensión.

Al respecto, estas comisiones advierten que actualmente el artículo 188 señala que para iniciar un procedimiento de declaración administrativa se debe acreditar interés jurídico y fundar la pretensión. La iniciativa propone modificar el interés “jurídico” por interés “legítimo”; sin embargo no establece ladefinición sobre lo que se entenderá por éste.

A la fecha, en nuestro país, no existe una definición legal del interés legítimo, si bien en una algunas determinaciones de órganos jurisdiccionales se establece que: no se ocupa del derecho subjetivo, sino del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado también legítimo) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos. (INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.Tesis Aislada. Sin número en materia administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, página: 264, correspondiente a la Octava Época.)

La Ley vigente establece que el IMPI puede iniciar un procedimiento de declaración administrativa ya sea de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico, término acorde a los principios vigentes en el derecho mexicano.

Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que en materia procesal, el interés jurídico es la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado. Es decir la necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para proteger el derecho sustantivo, que es la materia del litigio.

En materia de patentes, el interés jurídico corresponde al titular de una patente de invención o de un registro, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, quienes pueden acudir al IMPI para hacer efectivo el respecto de los derechos que la Ley les confiere en caso de que éstos sean violados.

Es pertinente aclarar que al tener el IMPI facultades de oficio para iniciar procedimientos de declaración administrativa no es imprescindible que los particulares hagan de su conocimiento hechos o proporcionen información específica para que éste pueda de acuerdo con sus atribuciones iniciar cualquier clase de procedimiento.

No obstante lo anterior, estas comisiones consideran que se contribuiría a los principios de transparencia, participación ciudadana e interés público, con el establecimiento de la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar por escrito al IMPI la existencia de alguna de las causales de inicio del procedimiento de declaración administrativa, de tal manera que en base a los elementos presentados el Instituto pueda ejercer su facultad de iniciar el procedimiento de oficio en los casos que considere pertinentes.

Por lo anterior estas comisiones realizan la modificación correspondiente en el proyecto de dictamen.

DECIMO TERCERO. ADICION AL ARTICULO 193.

La iniciativa propone ajustar este artículo con la inclusión de los procedimientos de oposición y revocación, para quedar como sigue:

Artículo 193.- Admitida la solicitud de oposición o declaración administrativa de revocación nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Al respecto, estas comisiones reiteran las observaciones previstas para las modificaciones propuestas al artículo 187, por lo que consideran no procedente esta adición.

DECIMO CUARTO. MODIFICACION AL ARTICULO 199 BIS 1.

La propuesta, relativa a la fianza y la contrafianza que se determinan en las medidas que el IMPI puede realizar dentro de los procedimientos de declaración administrativa,establece las siguientes adiciones al artículo 199 Bis 1:

Artículo 199 BIS 1.- Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho;

b) Que la violación a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta, cuidando en todo caso que las medidas no excedan el alcance del derecho.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas, los gastos en que éste hubiese incurrido para su constitución, y el interés legal. Él interés legal no podrá exceder en ningún caso el correspondiente a dieciocho meses.

Sobre el particular, estas comisiones tienen en cuenta que la aplicación de medidas precautorias en procedimientos de infracción constituye un mecanismo importante para que los titulares de los derechos de propiedad industrial puedan evitar la consumación de daños irreparables por la violación de dichos derechos en tanto se obtiene una resolución definitiva respecto de la infracción.

En ese sentido, la fijación de los montos a cubrir a través de las garantías previstas en dicho mecanismo, debe atender, en el caso de la fianza, a que su fijación sea por el monto suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; de lo contrario se abre la posibilidad de causar daños irreparables al titular de los derechos y se podría incentivar la violación de los derechos tutelados por la Ley

En el caso del monto de la garantía consistente en la contrafianza esta debe fijarse considerando que el mismo sea suficiente para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

En ambos casos, la fijación de los montos de las garantías debe considerar que el objeto de las mismas es cubrir los posibles daños que pueden ocasionarse bien al titular o al presunto infractor, según sea el caso, para lo cual el mecanismo idóneo será aquel que tome en consideración de forma muy objetiva la información que permita determinar el monto de los posibles daños que se encuentra directamente relacionado con la ventas de los productos en cuestión en uno y otro caso

En este sentido, se considera que las disposiciones vigentes para la determinación de medidas provisionales, satisfacen las inquietudes que origina la propuesta de reformar el artículo 199 Bis 1, tomando en consideración además las disposiciones jurídicas que a continuación se señalan:

El artículo 199 Bis 6 de la Ley dispone que en cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que esta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

Además, el artículo 74 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente dispone lo siguiente:

Artículo 74.- El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza a que se refiere el artículo 199 BIS 1, fracción II de la Ley, cuando de la práctica de la medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Asimismo, es importante destacar que actualmente el segundo párrafo del artículo 199 BIS 2 de la Ley, permite al IMPI modificar los términos de las medidas que haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

Respecto a la adición prevista en la iniciativa para el tercer párrafo del la fracción cuya reforma se analiza, consistente en la expresión “…cuidando en todo caso que las medidas no excedan el alcance del derecho” se entiende la misma como un mandato que se da al Instituto para que al determinar dichas medidas tome en cuenta la gravedad, naturaleza de la falta, las posibles afectaciones económicas y el resto de la información que tenga en ese momento a su alcance, para evitar un exceso en la aplicación de las medidas.

Sin embargo, estas comisiones tienen en consideración que al momento de determinar las medidas correspondientes, el IMPI no cuenta con toda la información que le permita ajustar las mismas exactamente a la gravedad y alcance de la presunta infracción, y que, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de modificar dichas medidas una vez que haya recibido la información adicional y observaciones que le alleguen las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 199 BIS 2, por lo que estas comisiones consideran innecesaria la expresión citada al estar ya dichos extremos previstos en los ordenamientos referidos.

Por otro lado, estas comisiones advierten que si bien el IMPI tiene atribuciones en el Reglamento para solicitar la ampliación de la fianza a la que se refiere el artículo 199 Bis 1, una vez que realiza las medidas ydetermina que la fianza ha sido insuficiente para responder de los daños y perjuicios, dicha facultad no está establecida en la Ley.

En consecuencia, estas comisiones estiman procedente establecer en la Ley la atribución del IMPI de aumentar el monto de la fianza, una vez que se hayan practicado las medidas correspondientes, de tal manera que la fianza no resulte insuficiente.

Por lo que se refiere a que el importe de la contrafianza comprenda la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas, los gastos que este hubiese incurrido y el interés legal, se observa que la propuesta establecida en la iniciativa congruente con resoluciones que la Suprema Corte ha dictado al respecto determinando que la contrafianza debe ser, en términos generales, de más cantidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores responsabilidades. Se aplican en lo conducente las siguientes jurisprudencias y tesis:

“SUSPENSION, CONTRAFIANZA EN CASO DE. DEBE SER MAYOR QUE LA GARANTIA. La contrafianza que se constituye en los juicios de garantías, debe ser, en términos generales, de más cantidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores responsabilidades”.

“CONTRAFIANZA EN AMPARO, DEBE SER MAYOR QUE LA FIANZA. La contrafianza que se otorgue al amparo, debe ser mayor en cuanto a su importe, que la fianza, ya que ésta solamente responde de los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero perjudicado con la suspensión de los actos reclamados, mientras que la contrafianza, además de responder de los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución de los actos reclamados, debe responder de la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional.”

Al respecto, estas comisiones consultaron al IMPI sobre las prácticas que se siguen al imponer el monto de la contrafianza, resultando que en la determinación de la misma se sigue un criterio general que considera un porcentaje adicional al monto de la fianza, normalmente el 40 por ciento adicional, por lo que se considera dicho monto efecto de guardar congruencia con la práctica y el espíritu de la contrafianza, en los términos de las resoluciones previamente señaladas.

Asimismo, las comisiones advierten la necesidad de dotar al IMPI de la misma facultad de ajustar el importe de la contrafianza cuando se haya hecho lo propio con la fianza. Por lo anterior, se realiza la adecuación correspondiente en el proyecto de decreto de este dictamen.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION AL ARTICULO 213, FRACCION II Y XXVII

La iniciativa propone la reforma y adición de la fracción II y XXVII del artículo 213 de la LPI que determina las infracciones administrativas a la propia ley,para quedar de la siguiente forma:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I...

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén.

III a XXVI...

XXVII.- Abusar de una patente en los siguientes casos:

a) Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior, la inexistencia de la misma o las mismas infracciones acusadas;

b) Cuando en el trámite de un procedimiento de infracción, el solicitante actúe dolosamente o de mala fe, o

c) Cuando el peticionario de las medidas precautorias previstas en la presente Ley solicite su adopción manifestando hechos falsos para lograr su imposición o impedir su levantamiento.

XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

En cuanto a la propuesta de reforma a la fracción II, se destaca que elimina la excepción conforme a la cual sólo incurriría en infracción quien cuando la patente hubiere caducado o hubiere sido declarada nula, hiciere aparecer los productos como patentados después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que hubiere quedado firme la declaración de nulidad.

El objeto de la excepción que ahora se encuentra en la Ley busca no afectar económicamente a quien fue el legítimo titular de una patente, pues si bien es cierto se trata de una patente caduca, también lo es que al término de su vigencia aún pudieran existir en el mercado, distribuidos para su comercialización productos fabricados y vendidos bajo la vigencia de la patente por lo que actualmente la ley prevé elplazo de un año.

Sobre el particular estas comisiones estiman que sería de imposible cumplimiento suprimir esta excepción, pues al estar ya vendidos y distribuidos en el mercado los mismos, resultaría imposible para el Titular controlar su circulación y comercialización.

Además, toda vez que en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente se publicara las resoluciones de las declaraciones administrativas de nulidad y caducidad de patentes, se considera que se da difusión pública y jurídica a estas situaciones.

Por lo anterior, no se considera procedente realizar la modificación apuntada.

Por su parte la fracción XXVII, propone tipificar conductas de abuso por parte de los titulares de las patentes, al respecto, estás comisiones formulan las siguientes observaciones.

El inciso a) de la fracción propuesta resulta adecuada, siempre y cuando las infracciones y argumentos señalados sean idénticos a los que el instituto haya conocido y resuelto inexistentes en un procedimiento anterior y sólo cuando este haya causado ejecutoria, por lo que se realiza esta precisión en el texto del proyecto de decreto.

En cuanto a los inciso b) y c), estas comisiones consideran las disposiciones del artículo 199 BIS 3 que, para evitar el abuso en las solicitudes de medidas provisionales, señala que el solicitante de éstas será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra quien se hubiesen ejecutado, cuando en la resolución definitiva se declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, entre otros.

Además,el agraviado por el abuso en la aplicación de una medida provisional, aparte de recibir la fianza correspondiente, puede iniciar las acciones legales para el pago de daños y perjuicios ocasionados.

Por otra parte, se considera que la referencia a “hechos falsos” prevista para el inciso c)configura un tipo penal, cuya aplicación corresponde a autoridades diversas al IMPI, pero que el propio Instituto deberá denunciar en caso de existir.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que los mecanismos establecidos son suficientes para disuadir al titular de una patente a realizar las conductas que la iniciativa propone en los incisos b) y c) en comento.

De esta manera, al aprobarse sólo la hipótesis prevista en el inciso a), se realizan los ajustes correspondientesen el proyecto de decreto para que el mismo se convierta en la fracción XXVII del referido artículo 213.

DECIMO SEXTO. MODIFICACION AL ARTICULO 221 BIS.

La iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 221 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Será responsable de los daños y perjuicios que cause el titular de la patente, licenciatario, usuario o distribuidor aquel que incurra en alguna de las infracciones previstas en la fracción XXVII del artículo 213 de esta Ley.

Esta reforma pretende establecer la responsabilidad del titular de la patente en caso de que incurra en los supuestos casos de abuso que serían previstos en el artículo 213 de la propia iniciativa; sin embargo, estas comisiones advierten que las infracciones previstas en el artículo 213, son sancionadas actualmente de manera general, entre otras, por las disposiciones establecidas en los artículos 214 y 221(que incluye los daños y perjuicios a los afectados) por lo que su adición se estima innecesaria.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, y una vez realizadas las modificaciones comentadas en las consideraciones del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS

ARTICULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo Unico.- Se reforman los artículos: 12, fracción IV; 41 fracción II; 47 fracción I; 59, fracción VI; 188; 199 Bis 1; y, 213 fracción XXVII; y se adicionan: un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o; el artículo 52 Bis y la fracción XXVIII al artículo 213, todos ellos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6°.- ...

I.- a IX.- ...

X.-

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, siempre que no hayan sido legalmente impugnadas;

XI.- a XXII.- ...

Artículo 12.- ...

I.- a III.- ...

IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad prácticao pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

V.- a VI.- ...

Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- ...

II.- ...

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

III.- a IV.- ...

Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.

...

II.- a IV.- ...

Artículo 52 Bis.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuestoen los artículos 16 y 19 de esta Ley.

El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

Artículo 59.-

I.- aV.-

VI.- Su vigencia y fecha de vencimiento, especificando que la misma estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por la Ley.

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 199 BIS 1.-

I.- a III.- ...

...

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas yun monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.-a XXV.- ...

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

XXVII.-Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción, y

XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de noviembre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 271 y se adiciona un Capítulo IX-Bis al Título Decimosegundo a la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 81, 83 Y 271, Y SE ADICIONA UN CAPITULO IX-BIS AL TITULO DECIMOSEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 81 y 271 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenorde la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de 2009, los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Jorge Castro Trenti, Pedro Joaquín Coldwell, María Elena Orantes López y María del Socorro García Quiroz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 81 y 271 de la Ley General de Salud.

2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondientes.

3.- Con fecha 1° de octubre de 2009, la Senadora María Elena Orantes López, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 81 y 271 y se adicionan los artículos 81 Bis y 469 Bis de la Ley General de Salud.

4.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

5.- Con fecha 5 de noviembre del 2009 los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Humberto Aguilar Coronado, presentaron iniciativa con proyecto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Especialidades Médicas y Cirugías Plásticas o Reconstructivas.

6.- Con la misma fecha la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La iniciativa presentada el día 22 de julio del presente año, tiene la finalidad de hacer obligatoria la colegiación para el ejercicio medico de la cirugía plástica, cosmética, estética y reconstructiva, a fin de garantizar la protección de los intereses de los usuarios en dicha materia.

Además de una regulación para el ejercicio profesional, ya que una cosa es la obtención de un documento que avale al poseedor como profesional y otra muy distinta el ejercicio adecuado de la profesión que dicho documento ampara; por lo que, serían las propias agrupaciones de profesionistas las encargadas de vigilar el ejercicio de los afiliados ante la imposibilidad del Estado para llevarla a cabo, y así, es necesario que se delegue por Ley dicha facultad a instituciones privadas especializadas en cada rama profesional, que velen por el buen actuar de sus integrantes, que cuenten con códigos de ética y que respondan a la sociedad como garantes de calidad, honestidad y responsabilidad de los mismos.

La iniciativa presentada el día 1° de Octubre del 2009, pretende reforzar el marco jurídico para evitar que los médicos y pseudo profesionistas continúen ocasionando problemas a la salud y por ende, en la economíade los pacientes, en especial en la practica de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas; lo anterior, debido a que es una de las ramas de la medicina que mas se practica en la actualidad, dando con ello lugar y oportunidad a que se presenten una mayor cantidad de fraudes.

Para cumplir lo anterior; se propone que, los profesionales del área de la salud cuenten con un certificado de especialidad para poder ejercer la medicina; certificado que, deberán expedir las instituciones educativas o de salud o los consejos que reconozca el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades y la cedula de especialidad correspondiente.

Así también; se tiene que, de la iniciativa presentada en fecha 5 de Noviembre del 2009, se desprende la necesidad de que los especialistas de la rama medica deberán en todo momento y conforme lo establezca la Secretaria de Salud y las autoridades educativas mantenerse actualizados sobre las nuevas técnicas o adelantos tecnológicos y científicos que existan en su rama, logrando con ello que las instituciones de enseñanza superior y las instituciones de salud reconocidas oficialmente; así como, las academias, colegios, consejos y/o asociaciones de especialistas que previamente se hayan sometido a las evaluaciones correspondientes y que cumplan con los requisitos que marquen las autoridades educativas mencionadas, puedan expedir la certificación correspondiente a dichos especialistas de la rama medica.

En virtud a la influencia que la publicidad hoy por hoy tiene efectos en la toma de decisiones de la sociedad; es necesario que, la misma se maneje con una mayor responsabilidad por lo que es menester que la misma se sujete a los lineamientos que sobre la publicidad contiene la Ley General de Salud; y toda vez que, también es necesario que se regule sobre la oferta de servicios que se haga a través de los medios informativos (periódicos, revistas, cine, radio, televisión, Internet, etc.) por profesionistas de la especialidad en cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva y por los establecimientos o unidades medicas en las que se practiquen; ante ello, es prudente que se adicione el artículo 271 BIS a la Ley General de Salud; de tal forma que, quede debidamente reglamentado sobre dicho particular; ya que la misma, también deberá de mencionar un responsable que sobre los riesgos presentan y/o presenten los productos y servicios ofertados en la publicidad respectiva.

Es de suma importancia la creación de un directorio electrónico que pueda ser consultado por la sociedad; directorio que, deberá contener una relación de profesionistas de la especialidad en cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva que cumplan con un certificado que sobre dicha especialidad les haya sido expedido por las instituciones de enseñanza superior o por las instituciones de salud reconocidas oficialmente, con cedulade especialista en dicha rama de la medicina; así como, que dichos profesionistas se encuentren colegiados de tal forma que los mismos se encuentren avalados por un colegio de profesionistas de las especialidades indicadas anteriormente; colegios que, intervendrán en la vigilancia que garantice el profesionalismo y ética de los expertos en esta practica de la medicina.

CONSIDERACIONES

A. El párrafo tercero del artículo 4° Constitucional establece el derecho a la protección de la salud que tienen todos los mexicanos; y en el artículo 73 Fracción XVI del mismo ordenamiento legal, se faculta al Congreso de la Unión a dictar leyes sobre salubridad general de la República; por lo que, el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en la República Mexicana.

B. Estas Dictaminadoras, coinciden en, enfatizar que el asunto materia de la presente iniciativa es de gran relevancia social ya que se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente desde el momento en que se incluye a un sector importante de la población; de ahí, la importancia de que el legislador ponga énfasis en legislar sobre el tema; de tal forma que, se dicten normas jurídicas mediante las cuales se pueda asegurar la calidad y protección de la salud de las personas que se sometan a cirugías estéticas y cosméticas.

Una vez llevado a cabo un análisis por estas comisiones dictaminadoras y con base en los argumentos esgrimidos en el cuerpo del presente dictamen; se tiene que coincidimos con la iniciativa; y en virtud a ello, es necesario enfatizar los siguientes puntos:

C. La colegiación obligatoria no viola las garantías individuales consagradas en los artículos 5° y 9° Constitucionales; ya que la misma, se debe considerar únicamente como requisito para el ejercicio de la profesión a personas calificadas y con habilidades y conocimientos que los faculten para brindar una mejor atención, propiciando la superación y perfeccionamiento de las profesiones y su ejercicio.

Todas las profesiones requieren de constante estudio y capacitación para que puedan ser desempeñadas correctamente sin vulnerar o transgredir los derechos de las personas y con mayor razón la actividad profesional dirigida específicamente a la cirugía estética o reconstructiva, ello porque incide especialmente en la salud.

La Ley General de Salud sobre el tema establece lo siguiente:

“Artículo 81. Las autoridades educativas registrarán los certificados de especialización en materia de salud que expidan las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente. Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

“Artículo 271. Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 de esta Ley, que contengan hormonas, vitaminas y, en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV de este Título. --- Cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud de conformidad con lo que establece el artículo 81 y se encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente.”

D. Del contenido de la Ley General de Salud se desprende, que las cirugías estéticas y cosméticas solo podrán llevarlas a cabo profesionales de la salud especializados y certificados por instituciones de enseñanza superior o por instituciones de salud reconocidas oficialmente, la autoridad educativa procederá a su registro sin necesitar la opinión de ninguna otra institución, o por especialistas reconocidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, caso en que la autoridad educativa debe pedir la opinión de la Secretaría de Salud y del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Al referirse dicho artículo al registro de especialidades médicas, debe interpretarse que, cuando el segundo párrafo del artículo 271 de la ley de la materia, se refiere a los profesionales de la salud en los términos del artículo 81, debe entenderse que esta norma exige a los profesionales de la salud que tengan un certificado de especialidad médica registrado por la autoridad educativa para realizar cirugías estéticas y cosméticas.

E. Una de las finalidades de la presente iniciativa es exigir a los profesionales de la salud el registro de un certificado de una especialidad médica; con el fin de garantizar que las cirugías estéticas y cosméticas, sean realizadas por profesionales de la salud que tengan una especialidad médica en la materia; así como, que se establezca una regulación específica para ese tipo de cirugías; por lo que, debe considerarse como una regulación de las condiciones profesionales de la prestación de servicios médicos en materia de salud estética y cosmética; de tal manera que, se pueda asegurar la calidad y protección de la salud de las personas que se sometan a este tipo de cirugías.

F. La práctica de la medicina no puede permanecer ajena a una regulación y control por parte del Estado; y mucho menos en esta rama de la medicina,ya que el ejercicio de esta profesión en la especialidad de cirugía estética y cosmética necesariamente implica la probabilidad de afectación de derechos de terceros; y en esa medida, la regulación para garantizar la calidad de los servicios de salud se encuentra plenamente justificada; lo anterior, con el fin de evitar precisamente que se afecten derechos de terceros y garantizar el derecho a la salud.

Se tienen identificados dos problemas en la prestación de servicios médicos estéticos y cosméticos, a saber:

1) La peligrosidad y sofisticación de las sustancias médicas a partir de las cuales se realizan las cirugías en esta materia; y,

2) La frecuencia con la cual, personas sin la preparación científica suficiente realizan estos procedimientos médicos especializados.

G. El requisito por el cual se les exige a los profesionales de la salud tener un certificado de especialidad médica, atiende adecuadamente el problema de la falta de profesionalización y capacitación observada en la oferta general de estas cirugías, pues es evidente que sólo a través de la certificación de estudios especializados en la materia se puede asegurar que quienes realicen estas cirugías tienen la capacidad y los conocimientos profesionales necesarios para tal efecto. En el territorio nacional el único programa médico de postgrado que es avalado por las autoridades educativas y que contempla la especialización en procedimientos de cirugía estética es la especialidad DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA; por lo que en virtud a lo anterior, y a que la Ley General de Salud en el artículo271 en su segundo parrafo refiere lo siguiente:-“Cualquier cirugía estética y cosmética…”; es procedente el que se adicionen al nombre de dicho procedimiento de cirugía estética las palabras PLASTICA Y/O RECONSTRUCTIVA; debiéndose de realizar la adecuación correspondiente en el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, de tal forma que dicho párrafo inicie rezando como a continuación se indica: “… Cualquier cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva …”

H. La necesidad de obtener autorización, de la Secretaría de Salud, permite el establecimiento de un control efectivo sobre el cumplimiento de todas las normas reguladoras de la prestación de servicios médicos y sobre el cabal cumplimiento de los otros dos requisitos expuestos.

De lo anterior; se tiene que, los médicos que requieran realizar determinados procedimientos médicos considerados peligrosos, deberán acreditar los conocimientos especializados debidamente certificados y un control de la autoridad administrativa sobre las condiciones de su realización, esta medida resulta, relativamente poco gravosa, en comparación con la protección de la salud que se obtiene al implementar los mecanismos mencionados; evitándose con ellos, que la vida de las personas usuarias de dichas operaciones, esté en riesgo.

I. De ahí que tales preceptos deberían señalar que las leyes de profesiones deben establecer que los profesionales egresados de universidades e institutos de enseñanza superior deban afiliarse a un colegio relativo a su actividad para poder ejercer la profesión respectiva, y muy en específico la relativa a la cirugía plástica en cualquiera de sus modalidades, ya sea estética o bien reconstructiva.

J. Los colegios de profesionales ejercerían control ético; de tal forma que, avalen en su oportunidad la preparación individual para que los cirujanos plásticos presten un servicio profesional debidamente actualizado y calificado.

La colegiación obligatoria no viola las garantías individuales, sino que debe considerarse solamente entre los requisitos para el ejercicio de la profesión; es decir, no coarta la libertad de ejercer la profesión, sino que únicamente exige el cumplimiento del requisito de la certificación y educación continua de los profesionales en la especialidad logrando con ello garantizar de manera equilibrada el derecho al trabajo y el derecho a la salud.

Además, la asociación se vislumbra como una necesidad frente a las corrientes globalizadoras de la modernidad y fundamentalmente, a la exigencia de la sociedad de garantizar capacidad y honestidad en el cumplimiento de sus fines.

K. Conforme a la Ley de Profesiones se tiene que las agrupaciones de profesionales tienen como finalidad representar los intereses de los integrantes; velar por la ética profesional del desempeño de cada uno de los agremiados, contando inclusive con facultades para decretar la suspensión laboral y aun definitiva de tal ejercicio, en casos de incompetencia o negligencia de los colegiados.

Dichas agrupaciones pueden equipararse con instituciones de nivel universitario, por las necesidades internas para formar parte de éstas, de las que además derivan privilegios a sus miembros como la defensa de intereses propios, además de que se les reconoce la facultad de declarar inhabilitados para el ejercicio de la profesión a los postulantes que no demuestren constante actualización científica.

L. Se tiene también; que, conforme a la Ley General de Profesiones, se pueden constituir colegios por especialidades y dentro de los objetivos de estas agrupaciones señala que estará la vigilancia irrestricta del ejercicio profesional con el objeto de que éste se realice dentro del más alto plano técnico, legal y moral, pudiendo ejercer como medida coercitiva la facultad de expulsar a aquellos miembros que ejecuten actos que desprestigien o deshonren la profesión.

Los colegios de profesionales son entonces garantes de la calidad de los servicios prestados por los afiliados.

La implementación de la colegiación obligatoria en México, debe ser vista como el esfuerzo colectivo que permita preservar, fortalecer y ofrecer servicios de calidad, haciendo de lado a aquellos profesionistas que valiéndose de un título profesional fidedigno o no, cometen abusos contra las personas por falta de habilidad técnica, científica y en ocasiones de ética profesional.

M. Entre las ventajas de la Colegiación Obligatoria de los cirujanos plásticos estará la de avalar que el prestador colegiado tiene capacidad y aptitudes necesarias para realizar un buen desempeño en el ejercicio de la medicina; servirá como instrumento para abatir la competencia desleal que persiste en esta actividad, combatirá a quienes haciendo mal uso de la especialidad, pretendan abusar y defraudar a los consumidores de sus servicios.

Por Colegiación Obligatoria debemos entender el sistema en el cual es forzoso ser miembro de un colegio para poder ejercer determinada profesión, con el propósito de vigilar su ejercicio y cuidar que la conducta de los asociados se apegue a lo dispuesto por las normas técnicas y de ética de la profesión.

N. Del contenido de la Ley General de Salud se desprende, que las cirugías estéticas y cosméticas solo podrán llevarlas a cabo profesionales de la salud especializados y certificados por instituciones de enseñanza superior o por instituciones de salud reconocidas oficialmente, la autoridad educativa procederá a su registro sin necesitar la opinión de ninguna otra institución, o por especialistas reconocidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, caso en que la autoridad educativa debe pedir la opinión de la Secretaría de Salud y del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Al referirse dicho artículo al registro de especialidades médicas, debe interpretarse que, cuando el segundo párrafo del artículo 271 de la ley de la materia, se refiere a los profesionales de la salud en los términos del artículo 81, debe entenderse que esta norma exige a los profesionales de la salud que tengan un certificado de especialidad médica registrado por la autoridad educativa para realizar cirugías estéticas y cosméticas.

O. De todo lo anteriormente analizado; resulta evidente que, una restricción impuesta a los médicos para realizar determinados procedimientos médicos considerados peligrosos, consistente esta en la acreditación de conocimientos especializados y un control por parte de la autoridadadministrativa sobre las condiciones de su realización, se tendría como una medida relativamente poco gravosa; lo anterior, en comparación con la protección de la salud que se obtiene de implementar los mecanismos mencionados; de tal manera, que con ello se evite que la salud y la vida de las personas usuarias de dichas intervenciones esté en riesgo.

Así es que; se propone adicionar un tercery cuarto párrafo al artículos 81 y se adicionan las palabras “PLASTICA Y/O RECONSTRUCTIVA” a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 271 y se adiciona un tercer párrafo a dicho artículo de la Ley de Salud; con el fin de que, en el momento en que las personas soliciten los servicios de un profesional en dicha rama de la medicina, exista una mayor confiabilidad y garantía de profesionalismo y ética de los expertos en cirugía plástica, estética, cosmética y/o Reconstructiva.

P. La iniciativa de fecha 5 de Noviembre del 2009 refiere que es importante la preservación de los derechos de la población al acceso a la salud y que ésta sea de calidad, dado que hoy por hoy la publicidad es influyente en la toma de decisiones de la sociedad y en base a ello es que se contempla como requisitos esenciales para ofertar los servicios de cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva por cualquier medio de comunicación, que quien haga dicha oferta sea profesionista de la especialidad en cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva y que los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen las mismas, deberán prever y contener con claridad el nombre de la persona que oferta dicho servicio; de tal manera, quehaya un responsable y se indiquen los riesgos que presentan y presenten los productos que se oferten; lo anterior, a efecto de que el publico en general tenga la posibilidad de verificar la seriedad y los estudios que avalan dichos servicios.

Además; señala que, es importante la creación de un directorio electrónico con los nombres y datos de los profesionistas especialistas médicos en cirugía plástica, estética, cosmética y/o reconstructiva; así como, el nombre y datos de la institución y/o instituciones que avalen su profesionalismo.

Es bajo esa perspectiva que estas dictaminadoras, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

RESUELVEN

UNICO.- Es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de acuerdo a las Consideraciones previstas en el presente dictamen.

Por las razones anteriores, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 81, 83, 271, y se adiciona un Capítulo IX-Bis, al Título Decimosegundo con los artículos 272 bis, 272 bis 1, 272 bis 2 y 272 bis 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 81.-

Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitaran la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de la certificación de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere este Capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado, el número de su correspondiente cédula profesional, y en su caso,si su especialidad requiere de una colegiación obligatoria, el nombre del colegio, consejo, asociación o federación al cual pertenecen. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen a su respecto.

Artículo 271.- Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 de esta Ley, que contengan hormonas, vitaminas y en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV de este Título.

CAPITULO IX BIS

Cirugías Plásticas y Reconstructivas

Artículo 272 bis.- Para la práctica de la cirugía plástica y reconstructiva, así como para la realización de cualquier procedimiento invasivo cuyo único fin sea estético, los profesionales que la ejerzan requieren de:

I. Cédula de especialista en cirugía plástica y reconstructiva, expedido por las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente, o certificado que acredite capacidad y experiencia en la práctica de la cirugía plástica y reconstructiva, expedido por las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente, y

II. Una colegiación obligatoria, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de los colegios, consejos, asociaciones o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargarán de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.

Artículo 272 bis 1.- Cualquier cirugía plástica y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo 272 bis.

Artículo 272 bis 2.- La oferta de los servicios que se haga a través de medios informativos, como lo son: periódicos, revistas, cine, radio, televisión, Internet, entre otros, por profesionistas de la especialidad en cirugía plástica, estética, cosmética y reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en los artículos 83, 272 bis, 272 bis 1 y en lo previsto en el Capítulo Único del Título Decimotercero de esta Ley.

Artículo 272 bis 3.- Los colegios, consejos, asociaciones o federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres y datos de los profesionistas de la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, además de proporcionar el nombre y datos de la institución y/o instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional.

Transitorios

Primero: El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Para cumplir con los requisitos a que se refiere el presente Decreto se otorgará un periodo de 120 días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se solicita a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

H. ASAMBLEA:

En fecha primero de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. José Rafael Cervantes Villarreal nació el día veintiséis de agosto de 1946 en Monterrey, Nuevo León. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. José Rafael Cervantes Villarreal es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; y cuenta además con estudios de postgrado por la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1985, ascendiendo al rango de Ministro en 1993. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Francia (2007-a la fecha);

• Jefe de Cancillería en la Embajada de México en los Países Bajos, y Representante Alterno de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (2004-2007);

• Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Bélgica (de 1996-1998 y de 2001-2004) y en la Representación ante la Unión Europea (2000-2001);

• Director General de Relaciones Económicas para América Latina y Asia-Pacífico (1998-2000);

• Adscrito en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales (1994-1996);

• Coordinador General de asesores del Oficial Mayor (1991-1994);

• Secretario Auxiliar del Secretario de Relaciones Exteriores (1990-1991);

• Adscrito en la Embajada de México en Ecuador (1985-1990); y

• Jefe de Departamento en la Dirección General de Asuntos Culturales (1983-1985);

El C. Cervantes Villarreal fue galardonado con el “Premio Latinoamericano de Poesía” del Instituto Nacional de Bellas Artes, por su obra titulada “Polvo de Espejos”.

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en Bolivia en los ámbitos:

Político:

• Brindar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las Instituciones mexicanas un seguimiento puntual del proceso electoral boliviano, así como de los objetivos del nuevo gobierno, particularmente en materia de política exterior;

• Identificar convergencias con Bolivia en foros internacionales, en temas importantes para ambos países como el fortalecimiento del multilateralismo, la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, el respeto a los derechos de los migrantes, la cooperación multilateral para el desarrollo y la preservación de la cultura de los pueblos indígenas;

• Fortalecer la cooperación bilateral en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional organizada;

• Coadyuvar a la realización de una visita a México del Presidente Evo Morales; y

• Promover la realización en 2010 de la cuarta edición de la Comisión Binacional Permanente México-Bolivia.

• Promoción económica:

• Coadyuvar al éxito de las negociaciones tendientes a la revisión del Acuerdo de Complementación Económica No. 31, que rige las relaciones comerciales entre México y Bolivia;

• Continuar e intensificar el programa de cooperación técnica en materia de comercio y fomento a las exportaciones;

• Promover el intercambio de experiencias en cuanto al turismo solidario sostenible y comunitario; y

• Planear, en coordinación con la oficina de ProMéxico responsable de Bolivia, la realización de seminarios sobre las oportunidades de comercio e inversión en nuestro país, impulsando la realización de misiones comerciales.

Cooperación:

• Organizar una nueva reunión bilateral que permita evaluar los resultados alcanzados en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre México y Bolivia;

• Entrar en contacto con instituciones mexicanas del sector educativo, a fin de encontrar medios y fuentes de financiamiento necesarios para recuperar y superar el volumen de estudiantes bolivianos formados en México gracias al otorgamiento de becas;

• Evaluar los logros de las iniciativas y proyectos adoptados durante la IV reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica; y

• Revisar el estado actual de los programas de cooperación en materia energética.

Asuntos culturales:

• Promover, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y CONACULTA, el conocimiento de la riqueza y la diversidad de las expresiones artísticas de nuestro país; y

• Promover los intercambios entre artesanos e instituciones dedicadas a la conservación y difusión de la cultura popular de México y Bolivia, con miras a determinar proyectos compartidos.

• Asuntos consulares y atención a la colonia mexicana:

• Mantener un estrecho contacto con la comunidad mexicana residente en Bolivia, con el objeto de fortalecer sus vínculos con nuestro país, mejorar los servicios de orientación y protección que brinda la Embajada y perfeccionar la base de datos;

• Dar especial atención a la protección de los connacionales que se encuentren recluidos en cárceles bolivianas o sean detenidos por las autoridades de ese país por la comisión de delitos; y

• Asimismo, la Embajada continuará con el programa especial de expedición de documentación a la colonia menonita establecida en Bolivia y permanecerá atenta para salvaguardar sus derechos de forma decidida, en caso de que se intente conculcarlos.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. José Rafael Cervantes Villarreal a comparecer ante ellas el día 7 de diciembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y Bolivia. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano JOSE RAFAEL CERVANTES VILLARREAL, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos a efecto de recabar votación nominal respecto del asunto referido.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BUENO TORIO JUAN

PAN

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS JESUS

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR LAZARA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMÍREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico, se emitieron 85 votos por el sí, cero por el no y ninguna abstención.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. Comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, por lo que solicito atentamente a los Senadores Ramón Muñoz Gutiérrez, Rosario Green Macías, Carlos Sotelo García, Gabino Cué Monteagudo, Alejandro González Yáñez, Carlos Jiménez Macías, César Leal Angulo y María del Socorro García Quiroz, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el solemne acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. José Rafael Cervantes Villarreal: Sí, protesto.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Embajador.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada, acompañe al señor Embajador Cervantes Villarreal, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido en favor del ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.

Se ruega a la Secretaría dar lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICOS

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

En fecha 1° de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Ernesto Campos Tenorio nació el día veintisiete de diciembre de 1956 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Ernesto Campos Tenorio es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de Maestría en Estudios Políticos por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980, ascendiendo al rango de Embajador en mayo de 2009. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Embajador de México en Paraguay (2005-a la fecha);

• Representante Alterno de México ante la Organización de los Estados Americanos (2001-2005);

• Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Costa Rica (1997-2001);

• Director del Servicio Exterior (1994-1997);

• Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Venezuela, encargado de Asuntos Políticos y Representante Alterno ante el Sistema Económico Latinoamericano (1990-1994);

• Jefe de los Departamentos del Caribe y de Centroamérica (1987-1990);

• Encargado de la Sección Consular en la Embajada de México en Colombia (1982-1987); y

• Encargado de la Sección Consular en la Embajada de México en El Salvador (1980-1982).

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en Ecuador en los ámbitos:

Político:

• Establecer una agenda de actividades que comprenda los principales temas bilaterales, regionales y globales, con base en la celebración de reuniones periódicas del Mecanismo Permanente de Consultas Políticas de de Interés Mutuo México-Ecuador;

• Coadyuvar a que el gobierno ecuatoriano siga participando como observador en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y alentarlo a que en un futuro participe como miembro activo;

• Alentar una amplia cooperación bilateral en materia migratoria;

• Fortalecer la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado transnacional en todas sus formas; y

• Promover la realización de una visita del Presidente Felipe Calderón a Ecuador.

Asuntos económicos, comerciales y de promoción turística:

• Explorar la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 (AAP29);

• Fomentar la realización de misiones comerciales que permitan identificar, aprovechar y potenciar las oportunidades de negocios e inversión;

• Colaborar estrechamente con las Cámaras de Comercio establecidas entre México y Ecuador para el fortalecimiento de los contactos entre los empresarios de ambos países;

• Impulsar la reanudación, en el menor plazo posible, de los vuelos aéreos directos entre ambos países;

• Promover, con la colaboración de ProMéxico, proyectos de exportación mexicana a Ecuador, principalmente en los rubros de computadoras y sus partes, industria cultural, medicamentos, suplementos alimenticios, químico-farmacéutico, productos de higiene personal, autopartes, servicios profesionales y confitería y botanas; y

• Desplegar, junto con el Consejo de Promoción Turística de México, una actividad permanente de promoción del turismo.

• Cooperación técnica y científica:

• Dar seguimiento a las acciones acordadas en el Programa de Cooperación para el bienio 2008-2010;

• Celebrar la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y aprobar el Programa de Cooperación para el bienio 2011-2013; y

• Proponer el intercambio de experiencias y materiales sobre las actividades que realizan las respectivas academias diplomáticas.

• Cooperación educativa y cultural:

• Desarrollar un plan sistemático de mediano y largo plazo de presencia de manifestaciones culturales de México en el territorio ecuatoriano; propiciando el conocimiento de la riqueza cultural de México a través de publicaciones, campañas de difusión y medios electrónicos;

• Estimular la realización de la Comisión Mixta en la materia, a fin de elaborar el Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2010-2011;

• Poner en práctica un programa conjunto encaminado a la celebración en Ecuador del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución mexicana; y

• Concretar la suscripción del Convenio bilateral para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos y Naturales que hayan sido Materia de Robo o de Tráfico Ilícito.

• Asuntos consulares y de protección:

• En el caso de la “Operación Fénix”, en la cual fallecieron cuatro mexicanos y resultó herida la C. Lucía Andrea Morett Álvarez, se realizará un cuidadoso seguimiento del proceso judicial que han abierto las autoridades del Ecuador;

• Hacer un cuidadoso seguimiento de los procesos judiciales que en Ecuador enfrentan 32 nacionales mexicanos; e

• Impulsar un mayor acercamiento con la comunidad mexicana en Ecuador, a fin de propiciar un registro fidedigno de sus integrantes y generar una vinculación permanente con la Embajada mexicana y el Consulado en Guayaquil.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Ernesto Campos Tenorio a comparecer ante ellas el día siete de diciembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la República del Ecuador. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Ernesto Campos Tenorio reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano ERNESTO CAMPOS TENORIO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a consideración del Pleno. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico por 2 minutos a efecto de recabar votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GONZALEZ AGUILAR LAZARA

PAN

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

RAMÍREZ GARRIDO GRACO

PRD

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 83 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador. Comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano Ernesto Campos Tenorio, por lo que se ruega a los Senadores Ricardo Torres Origel, Jesús María Ramón Valdés, Carlos Sotelo García, Jorge Legorreta Ordorica, José Luis Lobato Campos, Alejandro González Yáñez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Adolfo Toledo Infanzón, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadano Ernesto Campos Tenorio: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Ernesto Campos Tenorio: Sí, protesto.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Embajador.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

Se solicita a la comisión designada acompañar al señor Embajador cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Continuamos con la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Se ruega a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICOS

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

En fecha primero de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Carlos Pujalte Piñeiro nació el día siete de junio de 1953 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Carlos Pujalte Piñeiro es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de postgrado en Derecho Internacional, por la University N.Y.C. de Nueva York y por la American University de Washington, D. C.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980, ascendiendo al rango de Embajador en el año 2000. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Cónsul General de México en Toronto, Canadá (2004-a la fecha);

• Representante Alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas (2002-2004);

• Embajador de México en Costa Rica (2000-2002);

• Director General de Asuntos Jurídicos (1995-2000);

• Representante Alterno de México ante la Organización de los Estados Americanos (1992-1995);

• Consultor Jurídico Adjunto (1990-1992);

• Adscrito a la Dirección General de Asuntos Consulares (1989-1990);

• Encargado de Asuntos Jurídicos en la Embajada de México en Estados Unidos (1985-1989); y

• Encargado de Protección en el Consulado General de México en Nueva York (1981-1985).

Entre sus publicaciones se encuentran las obras “Las Empresas Transnacionales como una Forma de Inversión Extranjera” y “La Corte Internacional de Justicia y el Mantenimiento de la Paz”.

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en Venezuela en los ámbitos:

• Político:

• Fomentar el diálogo político al más alto nivel con el Gobierno y la Asamblea Nacional de Venezuela, y con destacados representantes de los sectores económico, comercial, financiero, cultural y social;

• Establecer relaciones con los responsables de los medios de comunicación e información y con los representantes de los partidos políticos legalmente establecidos en Venezuela;

• Procurar visitas a México del Presidente y Canciller venezolanos, con el fin de restablecer las reuniones de la Comisión Binacional Permanente y del Mecanismo de Consultas de Interés Mutuo; y

• Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes especiales, particularmente sobre el proceso de reformas impulsado por el gobierno venezolano a fin de concretar la “Revolución Bolivariana”.

Asuntos económicos:

• Promover el comercio y las inversiones, mediante el apoyo a empresas mexicanas y misiones empresariales, la difusión de eventos como exposiciones, ferias, seminarios, y foros empresariales, así como la información sobre oportunidades de negocios y la divulgación de las convocatorias de licitaciones públicas que se realicen en Venezuela;

• Promover la suscripción de un tratado que norme el intercambio comercial bilateral y que brinde seguridad y certidumbre a las inversiones recíprocas; y

• Fomentar el turismo hacia México.

• Aspectos de cooperación técnica y científica:

• Tener contacto permanente con autoridades y directivos de las dependencias, instituciones y organismos receptores u oferentes de la cooperación, a fin de conocer las necesidades de apoyo requerido; y

• Difundir la oferta mexicana de cooperación.

• Aspectos culturales:

• Promover las diversas expresiones de la cultura mexicana con el objeto de mantener y ampliar la presencia de nuestro país;

• Promover exposiciones de artistas mexicanos;

• Apoyar la realización de eventos culturales de Venezuela hacia México; y

• Promover los cursos, becas y otras facilidades ofrecidas por el Gobierno de México a ciudadanos venezolanos.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Carlos Pujalte Piñeiro a comparecer ante ellas el día siete de diciembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y Venezuela. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano CARLOS PUJALTE PIÑEIRO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos a efecto de recabar votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BUENO TORIO JUAN

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GONZALEZ AGUILAR LAZARA

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

RAMÍREZ GARRIDO GRACO

PRD

MURILLO KARAM JESUS

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

COPPOLA JOFFROY LUIS

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 95 votos en pro y ninguno en contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, por lo que solicito a los Senadores César Leal Angulo, Ramiro Hernández García, José Luis Lobato Campos, Alejandro González Yáñez, Ema Lucía Larios Gaxiola, Mario López Valdez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Eduardo Tomás Nava Bolaños, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el solemne acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Carlos Pujalte Piñeiro: Sí, protesto.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Embajador.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

Se solicita a la comisión designada acompañe al señor Embajador Pujalte Piñeiro cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Señoras y señores Senadores, esta Presidencia declara un receso para inmediatamente después abrir la sesión solemne a efecto de recibir a la Gobernadora General de Canadá.

(Receso)

(Se reanuda la sesión ordinaria)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (13:07 horas)Continuamos con nuestra sesión.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICOS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de
Relaciones Exteriores, Asia Pacifico

H. ASAMBLEA:

En fecha 26 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor de la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez nació el día seis de julio de 1950 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez es Licenciada en Ciencias Diplomáticas, por la Universidad Femenina de México, y en Lenguas Extranjeras por la Universidad Motolinía.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1971, ascendiendo al rango de Embajadora en el año 1998. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Titular de la Embajada de México ante la Comunidad de Australia (2004-a la fecha);

• Titular del Consulado de Carrera de México en Portland, Oregon (2001-2004);

• Titular del Consulado General de México en Sydney (1999-2001);

• Titular del Consulado de Carrera de México en McAllen, Texas (1996-1999);

• Titular del Consulado de México en Boston, Massachusetts (1994-1996);

• Cónsul adscrita en el Consulado General de México en San Diego, California (1990-1994);

• Representante Alterna de México ente la Organización de la Aviación Civil Internacional con sede en Montreal, Canadá (1986-1990);

• Subdirectora de Área en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (1983-1986);

• Jefa de Departamento en la Dirección General de Organismos Especializados de la ONU (1979-1983);

• Jefa de Departamento en la Dirección de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1978-1979);

• Adscrita a la Delegación Permanente de México ente los Organismos Internacionales con sede en Ginebra (1976-1977);

• Encargada de la Oficina de Concursos de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano, de Asuntos Jurídicos, Económicos y de Organismos Internacionales (1974-1976); y

• Subjefa de Departamento en la Dirección General del Servicio Diplomático (1971-1974).

La nombrada Embajadora presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificada por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en la República de Corea en los ámbitos:

• Político:

• Impulsar y dar seguimiento al diálogo institucionalizado a través del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre México y Corea;

• Consolidar la plena instrumentación de las recomendaciones emanadas de la Comisión México-Corea Siglo XXI; y

• Promover la activa participación del Congreso de la Unión a través de la diplomacia parlamentaria, promoviendo la continuidad de los Grupos de Amistad existentes entre el Congreso mexicano y la Asamblea Nacional de Corea.

• Económico:

• Continuar impulsando la negociación de un Tratado de Libre Comercio México - Corea;

• Continuar con la promoción de los productos cárnicos mexicanos en el mercado coreano y reforzar la de otros productos agroalimentarios;

• Promover a México como un lugar estratégico para producir artículos de media y alta tecnología con mano de obra calificada;

• Identificar dentro del sector de negocios coreano aquellas empresas susceptibles de invertir en México en las áreas de: tecnologías de la información, electrónicos, industria automotriz, aeronáutica y turismo;

• Organizar, en colaboración con ProMéxico, seminarios de promoción de comercio y oportunidades de inversión en México; y

• Seguir promoviendo la adhesión de México al Banco Asiático de Desarrollo y a la Comisión Económica para Asia – Pacífico.

• Asuntos de Cooperación:

• Fortalecer la cooperación técnica, científica y tecnológica, mediante una mejor coordinación entre instituciones de ambos países, a fin de establecer un programa conjunto de cooperación bilateral;

• Impulsar el establecimiento de proyectos conjuntos que abarquen la capacitación de recursos humanos, la innovación tecnológica y la comercialización de tecnología mexicana, al amparo del Memorándum de Entendimiento en el Campo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; e

• Impulsar el diseño de un programa de cooperación conjunta dirigida a terceros países, con énfasis en la región de América Central.

• Asuntos culturales y educativos:

• Impulsar la celebración de la V reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación Educativa y Cultural durante el primer semestre de 2010, a fin de conformar un nuevo programa de cooperación en la materia;

• Promover la enseñanza del idioma español entre el sector educativo y académico del país; e

• Impulsar las actividades culturales del programa establecido para la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

• Atención a la Comunidad Mexicana:

• Consolidar una Asociación de mexicanos en Corea; y

• Proveer la protección y vigilar el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que residen temporalmente o permanentemente en Corea, otorgándoles los servicios consulares que requieran.

• Promoción de la imagen de México:

• Difundir la riqueza cultural de México; y

• Mantener una presencia constante a través de pláticas sobre temas de actualidad de México con representantes de los medios de comunicación, mesas editoriales e instituciones dedicadas a la investigación y formación de la opinión pública en Corea.

• Asuntos Multilaterales:

• Gestionar y promover los apoyos a las candidaturas e iniciativas mexicanas en los foros multilaterales;

• Mantener informada a la Cancillería mexicana sobre la posición de Corea en los temas de la agenda del G 20, especialmente durante el año 2010, en el cual asumirá la presidencia de dicho foro; y

• Dar especial seguimiento a la posición de Corea en materia de seguridad nuclear y el reforzamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Asimismo, la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez presentó un programa de trabajo para los dos Estados en donde la Embajada mexicana tiene concurrencia, estableciendo como objetivos principales para la República Popular Democrática de Corea (RPDC):

• Aprovechar el Convenio bilateral de Cooperación Educativa y Cultural firmado en 2008, para desarrollar proyectos concretos de intercambios en estas áreas;

• Transmitir el interés de México por el restablecimiento del diálogo de Seis Partes, como mecanismo para lograr la paz y la estabilidad de la península coreana; y

• Continuar haciendo un llamado amistoso a la RPDC para que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU).

Finalmente, en lo que respecta a Mongolia, la designada Embajadora se propone:

• Impulsar visitas recíprocas de empresarios en las ramas energética y minera;

• Fortalecer la cooperación cultural y educativa; e

• Invitar a Mongolia a participar en los festejos conmemorativos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar la nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron a la C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez a comparecer ante ellas el día siete de diciembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la circunscripción que comprende la Embajada en la República de Corea. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificada por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que la ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrada por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana MARTHA MARIA GUADALUPE ORTIZ DE ROSAS GOMEZ, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los siete días del mes de diciembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACIFICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el dictamen. ¿Algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra?

En vista de que no hay lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal sobre el presente dictamen.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

Polevnsky Gurwitz Yeidckol

PRD

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el dictamen. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia. Comuníquese.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentra la ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, por lo que solicito a los Senadores Rosario Green Macías, Javier Castelo Parada, Jesús Garibay García, Eugenio Govea Arcos, Alejandro González, Carlos Jiménez Macías, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Rogelio Rueda Sánchez, la inviten a pasar al interior del Salón de Sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Solicitamos a los señores Senadores y Senadoras ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- La C. Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez: Sí, protesto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señora Embajadora.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a la Embajadora cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de Acuerdo para designar integrantes del Consejo Consultivo, dejaremos en lista de espera el tema hasta en tanto llega a esta Mesa.

Continuaremos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO6º Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY DE EXPROPIACION

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 3 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión en lo general. Si hay algún Senador o Senadora que desee hacer uso de la palabra.

Al no haber oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, dado que no hay artículos reservados.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL

PRI

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

GARCIA QUIROZ SOCORRO

PRI

GONZALEZ AGUILAR LAZARA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RUEDA SÁNCHEZ ROGELIO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ

PRD

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 95 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Señores Senadores; señoras Senadoras: Ruego a ustedes un minuto de su atención.

El 7 de diciembre la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión publicó, en diversos periódicos de circulación nacional, un desplegado en el cual realizan un conjunto de afirmaciones y acusaciones dirigidas al Senador Carlos Sotelo García, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Al respecto, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, manifiesta lo siguiente:

Primero. Que de acuerdo al artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por la mayoría de los Senadores que las integren. Si alguno o algunos de ellos disienten del parecen de la mayoría, podrán presentar por escrito voto particular.

Segundo. Que las Comisiones del Senado de la República tienen una integración plural de acuerdo a la representación de cada fuerza política, por lo cual ningún Senador de manera individual puede imponer a una Comisión sus puntos de vista o intereses, y

Tercero. Que el Senador Carlos Sotelo García ha conducido los trabajos de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica y por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en lo anterior, esta Presidencia rechaza las afirmaciones que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizó, toda vez que el Senador Carlos Sotelo se ha desempeñado de acuerdo a lo dispuesto por el marco jurídico y la normatividad interna del Congreso.

El Senado de la República exhorta a los integrantes de dicha Cámara a participar en el proceso de reforma indispensables que requiere este sector, a través de un diálogo abierto y responsable.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 3 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Está a discusión en lo general el dictamen.

El Senador Ernesto Saro quiere hacer uso de la palabra.

¿En qué sentido?, Senador…

- El C. Senador Ernesto Saro Boardman: (Desde su escaño) A favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Monreal Avila, ¿en qué sentido?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para fundamentar mi voto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Para fundamentar su voto.

Tiene la palabra para hablar a favor de dictamen, el Senador Ernesto Saro Boardman.

- El C. Senador Ernesto Saro Boardman: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Este dictamen que hoy nos ocupa es una minuta que viene de la Cámara de Diputados que complementa la Ley General de Control del Tabaco, votada hace ya poco más de un año por este Congreso, y la cual ha tenido excelentes resultados y una muy buena recepción por la sociedad. Son de estas leyes que realmente lo dejan a uno satisfecho una vez que la ve operando en la sociedad.

Trae dos cambios, un cambio generado aquí en el Senado, en donde una de las palabras que en el artículo 27 de la Ley General de Salud, donde describe los sitios que deberán estar cien por ciento libre de humo de tabaco, dice “los espacios abiertos se podrá fumar”, y en los sitios, y la palabra dice “que deberán hacer las instalaciones”, obligando a los sitios cerrados de acceso público a tener un sitio para fumadores.

Esto obviamente va en contra del sentido de ley y por eso lo corregimos al cambiar la palabra “deberá” por “podrá”. Al hacer “podrá” bueno, pues queda a discreción del administrador, del dueño del establecimiento, si desea o no hacer un sitio específico para fumadores.

Asimismo, hay una palabra que se cambia, el de “zonas exclusivas para fumar” a “zonas exclusivamente para fumar”. Eso da mayor precisión, mayor certeza jurídica para que en esas zonas sean para fumar.

Esos son los cambios que trae la minuta que viene de Diputados, a la cual, amigas, amigos, les pedimos su voto a favor para que quede debidamente cumplida y cubierta la intención de proteger a más del 70 por ciento de la población de mexicanos que no fuman y que puedan acceder a los sitios de acceso público y respirar aire libre de humo de tabaco.

Quiero aprovechar esta tribuna, compañeras y compañeros Senadores, para hacer un comentario y una queja.

Hace algunas semanas votamos la Ley de Ingresos aquí en el Senado; aquí mismo en el Senado propusimos que el Impuesto al Tabaco que era de 2 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos que estaba en 4 años, fuese en un solo año. Y aquí hubo argumentos del bipolio tabacalero que eso lesionaría la industria que haría que ya no se siembre tabaco en Nayarit, que lesionaría el bolsillo de sus consumidores y la Cámara de Diputados negó la propuesta que iba del Senado y se quedó que el incremento fuera paulatino en 4 años, empezando con 40 centavos el próximo año.

Pues hoy lamento informarles que las tabacaleras ya subieron el precio y no 2 pesos, unas cajetillas 2 pesos y otras 3 pesos, desde la semana pasada. Y en lugar de que sean impuestos que vayan a solventar los gastos que generan, las enfermedades que generan, es para los bolsillos de las tabacaleras esos 2 y 3 pesos que ya subieron. Y el colmo, arguyen que eso es por un cargo fiscal.

Yo les pido, amigos, compañeros, que se sumen a esta molestia, únicamente son 40 centavos lo que se puede cobrar. Las tabacaleras con la aceptación de Hacienda y Economía ya subieron 2 y 3 pesos a las cajetillas, y dicen que es por culpa del Congreso. Eso no lo podemos permitir.

Asimismo, exhortamos a la COFEPRIS de que exija que cumplan el Reglamento. Ya pasó más de un año y se niegan a poner las leyendas de advertencia en las cajetillas.

Compañeros, yo les pido su voto a favor para este dictamen para que corrijamos y que quede a potestad de los sitios el decidir si hacen o no un sitio para fumadores y también para que esas zonas sean exclusivamente para fumar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ernesto Saro.

Tiene la palabra para fundamentar su voto en relación con este dictamen, el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame el orador. Solicito a la Asamblea preste atención al orador.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

El día de hoy se está discutiendo si la reforma al artículo 27 de esta Ley Reglamentaria tiene la redacción adecuada para proteger la salud de la población no fumadora, sin alterar el derecho de los fumadores a contar con áreas exclusivas para el consumo del tabaco en instalaciones tanto públicas como privadas.

El destinar áreas exclusivas ayudará a que la convivencia entre los dos sectores sea cordial y respetuosa.

Así unos y otros podrán estar en pleno ejercicio de sus derechos, sin generar confrontación o controversia; y sin duda coadyuvará en la correcta observancia de la ley dejando poco espacio a la desobediencia de la misma.

Sin embargo, quiero hacer una precisión con respecto al tema del tabaco. Pues ese es el tema principal que hoy salta a la discusión.

Señor Presidente, le solicitaría de nueva cuenta una moción de orden, porque tenemos ahora otros 40 dictámenes que lamentablemente en 1 hora 30 minutos estarán aprobados, muy pocos de los cuales han sido leídos.

No los leen y todavía no ponen atención a la poca discusión que se da.

No todos, hay gente que siempre ha sido respetuosa, atenta. Pero hay otros compañeros Senadores que lamentablemente es una costumbre no poner atención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame el orador. Solicito atentamente a la Asamblea preste atención al orador.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Comentaba que hace pocos días, con toda impunidad, con todo desacato, la industria tabacalera ha aumentado el precio de las cajetillas de tabaco en dos pesos; y en algunos casos en tres pesos, sin tomar en cuenta lo que se aprobó en las Cámaras.

Lo preocupante de esta situación es que en el Congreso de la Unión, tras discusiones acaloradas sobre la Ley de Ingresos, que será aplicada para el próximo año a partir del 1° de enero, la medida aprobada iba encaminada a que el incremento del precio fuera gradual o fuera en forma gradual diferida en cuatro años, comenzando el próximo año con un incremento de 80 centavos por cajetilla. Es decir, cuatro centavos por cada cigarrillo.

Las tabacaleras, al igual que muchas de las empresas más poderosas de nuestro país, gozan de privilegios fiscales y ahora están tratando de actuar con toda impunidad al elevar el precio del tabaco al consumidor, actuando con antelación a que la Ley de Ingresos entre siquiera en vigor.

Las tabacaleras abusan de la población a la que tienen cautiva, utilizando como argumento que lo hacen con la aprobación del Congreso de la Unión, de Diputados y de Senadores, aumentando sus beneficios económicos a costa y a costos de los ordenamientos aprobados y violando impunemente lo que dicta la Ley de Ingresos.

Lo que hoy debe comentarse y lo que hoy debe exigirse es que estas empresas sean sancionadas. Estas empresas tabacaleras están engañando a la ciudadanía, están violando la ley, y se están burlando de todo el Estado, de todo el gobierno y del Poder Legislativo.

Es verdaderamente inaudito que no se actúe frente a esta situación.

No podemos permitirle a las tabacaleras que se burlen de la legislación nacional. Pero no sólo las tabacaleras han hecho estos aumentos desproporcionados antes de entrar la Ley de Ingresos en vigor, también lo han hecho las industrias refresqueras, las industrias cerveceras, los aumentos en la canasta básica. No hay quien ponga orden ni freno al aumento desmedido de los precios y a la carestía insufrible e imparable en perjuicio de todos los mexicanos.

No sólo el alcohol, no sólo la cerveza, no sólo los refrescos y los cigarros, sino lo más lamentable es que los productos de la canasta básica están siendo alterados sin ninguna vigilancia y con toda impunidad.

Por eso aunque estoy a favor del dictamen, es una llamada de atención al gobierno para que frene de manera inmediata estos abusos, estas empresas que pagan sumas millonarias en el cabildeo, no sólo logran sus propósitos en el Congreso de la Unión, permitiéndoles penas suaves y logrando colocar sus intereses en la legislación, sino también logran con toda impunidad aumentar los precios a sus productos sin que nadie, absolutamente nadie les llame la atención, los sancione y sigan actuando con toda impunidad.

Por esa razón, señor Presidente, estoy a favor del dictamen. Pero estoy en contra del actuar de las tabacaleras con toda la protección y la complicidad del gobierno en perjuicio del público consumidor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. No habiendo ningún otro Senador que solicite el uso de la palabra y no habiendo artículos reservados, ábrase el sistema de electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal sobre el proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

Abstención

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL

PRI

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MONREAL AVILA RICARDO

PT

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMÍREZ NUÑEZ ULISES

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELASCO COELLOMANUEL

PVEM

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 94 votos por el sí, 1 por el no y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES AGRICOLAS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 3 de diciembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien solicite el uso de la palabra... ¿En que sentido? El Senador Rubén Velázquez, del grupo parlamentario del PRD, hace uso de la palabra para hablar a favor del dictamen?

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, señor Presidente.

Ese dictamen está aprobando que todas las mujeres en el campo sean consideradas en el mismo nivel de importancia que los hombres, que los varones, por eso yo creo que es importante que se apruebe.

Los que andamos en el campo sabemos que cada vez las mujeres están más responsabilizadas de la actividad agropecuaria, por diversas razones, porque los esposos salen a buscar trabajo a otro lado, porque emigran al norte, por diversas razones.

Y ciertamente hay un “tono” un “pujo” de discriminación todavía en muchos lados de nuestra legislación, y este es un caso que afortunadamente la Diputada promovente de este caso visualizó a tiempo, se llevó un buen rato de que se dictaminara a favor, acá en el Senado, pero finalmente ya está.

Le dan toda la responsabilidad, toda la personalidad que las mujeres tienen en todos lados, pero particularmente en el campo en donde, como ocurre, en el sector urbano, en el campo hay un machismo más acendrado, parece, que aún en las ciudades.

Por eso este es un dictamen ad hoc en donde es necesario, muy pertinente, en donde es necesario que el Senado se pronuncie a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas, que trabajaron sobre él.

Les dan prerrogativas para gestionar, para hacer, para tener proyectos, financiamiento, para dirigir, incluso, que es algo que ya debería de haber estado desde hace tiempo, en un país en donde las mujeres tienen, se supone, el mismo rango de importancia que los varones, pero vemos aquí un asunto, un tema en donde todavía la mujer está considerada en segundo sitio, debe de estar en el mismo nivel que el varón, porque en muchos casos las mujeres son las que actúan para producir los alimentos que estamos consumiendo en las ciudades, en todos lados.

Pero incluso, para ellas mismas, para el sustento familiar. Enhorabuena a las comisiones que dictaminaron esto, malo que se haya tardado tanto, pero en fin, ya se puso un remedio para este asunto, y exhorto, convoco a la Asamblea que vote a favor de manera unánime.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Velázquez López. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, ábrase el sistema de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMÍREZ NUÑEZ ULISES

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 91 votos por el sí, cero por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Senadoras, Senadores, informo a la Asamblea que a continuación daremos salida a tres dictámenes en sentido negativo, que en conjunto se refieren a cinco proyectos de Decreto. De ser el caso de que ninguno de ellos se reserve por alguno de los Senadores, se acumularían para su votación en una sola participación conforme al sistema electrónico de votación. De ser el caso de que alguno se reserve, se separará de la votación acumulada.

Es así que pasamos ahora a la discusión del dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, dé lectura la Secretaría únicamente a la parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), D) Y E) DEL ARTICULO 189 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 3 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al resolutivo.

“PRIMERO.- En razón de que con la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, quedan atendidos los propósitos y la materia de la iniciativa materia del presente dictamen, estas comisiones acuerdan dar por concluido el proceso legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

SEGUNDO.-Archívese el asunto mencionado en el resolutivo anterior como concluido”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal conjuntamente con los siguientes dos dictámenes de ser el caso.

El siguiente dictamen es en sentido negativo y es presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con dos proyectos de reforma a la Ley de Capitalización del PROCAMPO.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, dé lectura la Secretaría únicamente a su parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 11 Y SE MODIFICA LA FRACCION V DEL ARTICULO 18 DE LA LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 30 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura únicamente al punto resolutivo.

“ARTICULO UNICO.El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Capitalización del PROCAMPO, establece que el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008; en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigentes, está regulado el PROCAMPO, en virtud de lo anterior, las iniciativas propuestas quedan sin materia”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva la votación de este dictamen conjuntamente con el anterior y el siguiente.

El siguiente dictamen es relacionado con el presentado por las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, en sentido negativo, en relación con dos proyectos de Decreto por los que se reforma la Ley General de Salud.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, dé lectura la Secretaría únicamente a la parte resolutiva.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS Y POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 222 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 30, de fecha 3 de diciembre de 2009)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura únicamente a la parte resolutiva.

“Solicitamos a bien dar por atendidas las Iniciativas presentadas por las Senadoras María Elena Orantes López y María de los Angeles Moreno Uriegas, respectivamente, ambas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase entonces el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de éste y los dos dictámenes anteriores.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYES ARTURO

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 94 votos por el sí, 1 por el no y ninguna abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, se desechan las siguientes iniciativas:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; dos proyectos de reforma a la Ley de Capitalización del PROCAMPO; y dos proyectos de Decreto por los que se reforma la Ley General de Salud. Se instruye a la Secretaría parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Informo a la Asamblea que daremos primera lectura a diversos dictámenes que ya se entregaron firmados y que se encuentran inscritos en el Orden del Día de hoy y están publicados en la Gaceta.

El primero de ellos es un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA;
DESARROLLO RURAL; RECURSOS HIDRÁULICOS;
REFORMA AGRARIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos Segunda, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

IV. En el capítulo sobre “MODIFICACIONES A LA INICIATIVA”, se expresan los puntos de vista de quienes dictaminamos, en el sentido de la necesidad de que la misma sea complementada con algunas disposiciones adicionales que brinden seguridad y certeza al decreto.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 18 de septiembre de 2007, el Senador Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2008 se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Reforma Integral del Campo Mexicano.

En el punto séptimo de dicho acuerdo se determina que todas las iniciativas vinculadas con el sector rural presentadas durante la presente Legislatura sean turnadas en Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria.

Por lo que el turno de la presente iniciativa fue modificado para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria y Estudios Legislativo, Segunda.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por el Senador Antonio Mejía Haro tiene por objeto fortalecer la inversión productiva generadora de empleos en el campo, dentro del Programa Especial Concurrente que ordena la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que su inversión no se vea disminuida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como ha venido sucediendo en los últimos ejercicios fiscales, no obstante que el Programa Especial Concurrente en lo general se ha incrementado ligeramente.

Para dar cumplimiento a lo anterior el legislador iniciante propone adicionar un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 16.-...

...

El Ejecutivo Federal garantizará que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Senador Antonio Mejía Haro se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El artículo 27 fracción XX de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa, a la letra señala:

“Artículo 27 …

I a la XIX. …

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar, …”

TERCERA. Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; asimismo, no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. En la exposición de motivos de la iniciativa cuestión de estudio, el senador iniciante considera que “No basta incrementar la inversión en el Programa Especial Concurrente sólo a través de programas de la vertiente social, como son: Oportunidades, Seguro Popular, Vivienda Rural y Enciclomedia. Estos incrementos también deben darse en programas de la vertiente productiva orientados a mejorar la productividad y la competitividad, con el fin de generar más empleos y elevar el ingreso de los productores, ampliar los mercados agropecuarios y consolidar las empresas rurales, a través de la investigación y desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y el fomento a la organización económica, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, la reconversión productiva, la sanidad, la eficacia en los procesos de cosecha, empaque, acopio y comercialización, el financiamiento, seguro, la agroindustria, el mejoramiento de los recursos naturales, entre otros.”

QUINTA. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el proyecto presentado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en su anexo 8 correspondiente al Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable, alcanzó un monto total de 214 mil 492.3 millones de pesos. A pesos corrientes implica una diferencia neta de 10 mil 492 millones de pesos respecto del Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en 2008 que fue de 204 mil millones de pesos.

En el Programa Especial Concurrente del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 hay reducciones totales por 6 mil 826.1 millones de pesos e incrementos totales por 17 mil 318.4 millones de pesos.

El Programa Especial Concurrente de 2009 tiene programas específicos con mayores recursos y otros con reducciones significativas; sin embargo, hay casos en un mismo ramo donde se aumentan recursos a ciertos programas y hay reducciones en otros programas del mismo ramo.

Los ramos o vertientes con menor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, con relación a los del 2008, como son competitividad y financiamiento, por otro lado están los ramos o vertientes que fueron beneficiados de forma importante en el presupuesto como es el caso del social y de salud.

El programa de inducción y financiamiento al medio rural y el programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural tuvieron reducciones significantes.

Bajo este tenor, estas comisiones dictaminadoras consideran que es necesario buscar el equilibrio presupuestal entre las vertientes económicas como son la financiera y de competitividad con las de tipo social y asistencial. En tal virtud, coincidimos con el espíritu que prevalece en la propuesta de iniciativa del legislador, a través del cual busca garantizar que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior.

Estas Comisiones dictaminadoras, coincidimos con la intención del Legislador Iniciante, pero no podemos dejar pasar el hecho de que las previsiones presupuestales para las actividades económicas del desarrollo rural sustentable sean incrementadas sin la previsión necesaria, esto debido a las diversas circunstancias que de forma directa impactan en la política económica nacional y que no dependen de la voluntad de los diversos actores políticos involucrados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, o de la asignación de los recursos para cumplir con los programas contenidos en el Programa Especial Concurrente; en tal virtud, después de una imprescindible valoración, consideramos importante adicionar una frase a la propuesta original contenida en la iniciativa que a la letra reza: “en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal”

SEXTA. La iniciativa cuestión de análisis y estudio por estas comisiones, adolece de artículos transitorios, por técnica legislativa es necesario se indique a través de estos artículos la vigencia y particularidades del decreto, debido a esto no se especifica la entrada en vigor del mismo y es necesario adicionar un artículo único transitorio.

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Bajo las consideraciones vertidas en el punto quinto, último párrafo del apartado anterior, se anexa al final de párrafo que se adiciona la frase “en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal”, para quedar como sigue:

El Ejecutivo Federal garantizará que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior, en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.

Por lo expuesto en el punto sexto del capítulo de consideraciones estas comisiones dictaminadoras estiman necesario fijar la entrada en vigor del decreto, en caso de que éste cumpla con el trámite legislativo correspondiente, razón por la cual se propone el siguiente artículo transitorio único.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez realizada la anterior modificación propuesta por estas Comisiones Unidas, así como por las razones antes expuestas en el cuerpo del presente dictamen, se estima conveniente proponer la aprobación del presente proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 16.-...

...

El Ejecutivo Federal garantizará que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior, en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 115 BIS A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
DESARROLLO RURAL; RECURSOS HIDRAULICOS;
REFORMA AGRARIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos Segunda, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 Bis y se reforma el artículo 141 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

IV. En el capítulo sobre “MODIFICACIONES A LA INICIATIVA”, se expresan los puntos de vista de quienes dictaminamos, en el sentido de la necesidad de que la misma sea complementada con algunas disposiciones adicionales que brinden seguridad y certeza al decreto.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de marzo de 2007, el Senador Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 Bis y se reforma el artículo 141 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; Agricultura y Ganadería; y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2008 se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Reforma Integral del Campo Mexicano.

En el punto séptimo de dicho acuerdo se determina que todas las iniciativas vinculadas con el sector rural presentadas durante la presente Legislatura sean turnadas en Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria.

Por lo que el turno de la presente iniciativa fue modificado para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por el Senador Antonio Mejía Haro tiene por objeto establecer un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, el cual estará disponible para los productores, quienes al momento de vender sus productos podrán consultar si el comprador interesado se encuentra en el padrón, de no aparecer podría decidir vender en ese momento solo en efectivo.

Lo anterior con el fin de que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, y con la participación de las organizaciones de productores y los Comités de los Sistemas Producto pongan más atención en identificar cuales son los comercializadores del sector agropecuario que trabajan irregularmente, para hacerlo del conocimiento de los productores, y así prevenir y evitar daños y fraudes.

Para dar cumplimiento a lo anterior el legislador iniciante propone adicionar el Artículo 115 bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, las organizaciones de productores y los Comités de los Sistemas Producto elaboren un Padrón de comercializadores confiables de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, y sus derivados, el cual sea actualizado de manera anual y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página Web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Entre los requisitos que el proyecto contempla los comercializadores deberán cumplir para su inclusión en el padrón de comercializadores confiables: Nombre de la persona física o moral, domicilio fiscal, giro, actividad principal, antigüedad en la actividad, demostrar solvencia económica, alta reputación, entre otros que la autoridad considere.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Senador Antonio Mejía Haro se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El artículo 27 fracción XX de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa, a la letra señala:

“Artículo 27 …

I a la XIX. …

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo se expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

TERCERA. Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; asimismo, no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. En la exposición de motivos de la iniciativa cuestión de estudio, el senador iniciante considera que “En los últimos años se han incrementado de manera alarmante en la mayor parte del país los fraudes cometidos contra los productores del campo, quienes por su desesperación y sus compromisos económicos venden sus cosechas agrícolas, como son frijol, chiles, cebollas, ajos, manzanas, duraznos, uvas, agave, o bien sus reses, borregas, cabras, bestias, miel, entre otros productos, y los compradores no se las pagan, o les pagan con cheques sin fondos, o les firman pagarés que nunca pueden ser efectivos, porque los comercializadores, que normalmente son foráneos se presentan en quiebra, cambian su domicilio fiscal o su giro o de plano desaparecen, dejando con ello al productor y a su familia en la quiebra y endeudados.”

“En el sector agropecuario los productores enfrentan dificultades cada vez más crecientes en las transacciones comerciales que hacen con las empresas comercializadoras de productos agropecuarios.”

De acuerdo con lo que señala el legislador en el documento de iniciativa “La estrategia que siguen es ofrecer un precio ligeramente por arriba del precio medio rural, el productor por lograr un mejor precio y porque el comprador le promete comprarle toda la cosecha y no una parte como lo hacen los compradores locales, decide venderla y acepta un pequeño anticipo en efectivo y el resto lo fía a la palabra o a cambio de un pagaré o de un cheque posfechado, que nunca puede hacer efectivo, ...”

Estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el legislador promovente cuando señala que: “En el mejor de los casos, la simple demora en el pago de las cosechas, ocasiona perjuicio a los productores, además de que eleva sus costos a medida que transcurre el tiempo e impiden que logren recuperar su inversión.”

Además señala que: Todas estas situaciones se presentan porque los comercializadores de productos agropecuarios operan sin ningún control y no se cuenta con información fidedigna sobre sus operaciones comerciales en los estados, es decir no se tiene un historial que permita conocer sus actividades.

Por todo lo anterior concluye que todo lo anterior, “…conlleva a que los productores agropecuarios no encuentren condiciones de seguridad y de certidumbre frente a los comercializadores. Los productores no saben con claridad cuales son los comercializadores que no cumplen con los contratos, cuáles operan fraudulentamente y cuáles son confiables”.

QUINTA. Bajo este tenor, estas comisiones dictaminadoras consideramos que es necesario brindar las condiciones de certidumbre que requiere el productor dentro del mercado comercial, bajo la imperante consigna de garantizar las circunstancias mínimas de participación que le permita incorporarse al desarrollo nacional, tal y como lo establece la Carta Magna. En tal virtud, coincidimos con el espíritu que prevalece en la propuesta de iniciativa del legislador, a través del cual busca dar certidumbre y desarrollar un mercado comercial en el campo confiable y benéfico para todos los actores del sector; redundando en un mayor crecimiento comercial y económico de las regiones.

En este sentido es de coincidir con el legislador en la propuesta de adición del artículo 115 bis, en su primer párrafo en los términos que es propuesto, sin embargo después de un exhaustivo análisis y una intensa discusión estas mesas de trabajo consideramos eliminar a partir del segundo párrafo, las fracciones contenidas, así como los párrafos tercero, cuarto y quinto de la propuesta, en virtud de que estos preceptos son de alcance operativo y corresponde su inclusión en el reglamento correspondiente o, en su caso, en las reglas de operación que para su aplicación sean necesarias.

El gobierno federal, a través de las dependencias encargadas de dar cumplimiento a lo establecido en las propuestas consideraron pertinente sugerir a estas comisiones dictaminadoras para su valoración la siguiente redacción a esta adición a fin de dar una mayor claridad a la redacción, evitando así malas interpretaciones al momento de su aplicación, la cual reza:

Artículo 115 bis.-El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de las organizaciones de productores y los comités de los sistemas producto conformará un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, con los requisitos que al efecto se determinen; el cual deberá ser actualizado cada año, y publicado en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible para su consulta en la página Webde la Secretaría.

SEXTA. La iniciativa cuestión de análisis y estudio por estas comisiones unidas, en su artículo segundo del decreto propone reformar el artículo 141 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 141.- El Gobierno Federal elaborará el padrón de tecnologías, prestadores de servicios, empresas agroalimentarias, comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados y distribuidores de insumos relacionados con el sector rural, así como un catálogo de investigadores e investigaciones rurales en proceso y sus resultados, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 50.

Como se desprende de la propia redacción del artículo 141 se remite a los artículos 39 y 50 de la ley vigente a fin de que el artículo en comento se aplique de conformidad con los artículos antes mencionados, mismos que rezan:

“Artículo 39.- La Comisión Intersecretarial coordinará el establecimiento y mantenimiento de los mecanismos para la evaluación y registro de las tecnologías aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores, atendiendo a los méritos productivos, las implicaciones y restricciones de las tecnologías, la sustentabilidad y la bioseguridad”.

El artículo 39 hace referencia de forma particular a los mecanismos que deberán implementarse para mantener el registro de las tecnologías aplicables a las condiciones agroambientales, así como a las socioeconómicas, a lo cual se considera que el padrón comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, no puede ser aplicado de conformidad a este artículo ya que se refiere a materias diferentes.

“Artículo 50.- La Comisión Intersecretarial, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, impulsará el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral en esquemas que establezcan una relación directa entre profesionales y técnicos con los productores, promoviendo así un mercado de servicios especializado en el sector y un trato preferencial y diferenciado de los productores ubicados en zonas de marginación rural.

… .

El Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá un procedimiento de evaluación y registro permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles.”

Por lo que hace a la aplicación del padrón decomercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados de conformidad con este artículo 50, se enfrenta a la misma situación que prevalece en el artículo 39 comentado en los párrafos anteriores.

El artículo 50 considera procedimiento de evaluación y registro permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles.” Bajo este tenor no puede hacerse referencia a un padrón que no regula la materia a la que se refiere la inclusión que se propone en el proyecto.

Bajo este análisis y estudio las comisiones dictaminadoras han considerado desechar el artículo segundo del decreto de la iniciativa que nos ocupa, a fin de dar congruencia y certeza jurídica, así como no transgredir los principios que respecto a técnica legislativa prevalecen en la propia ley.

SEPTIMA.- Estas Comisiones Unidas, en mesa de trabajoescucharon la posición y propuestas de las dependencias de la administración pública federal, ya que son ellos los actores operativos y ejecutores de los mandatos que el Congreso de la Unión, en su caso, apruebe, logrando así un proyecto viable y factible, a lo cual plantearon incluir un artículo transitorio segundo en el cual se le dé al gobierno federal 180 días para dar cumplimiento a la conformación del padrón de comercializadores. Bajo estos argumentos se consideró la siguiente propuesta de redacción:

SEGUNDO.- El Gobierno Federal conformará el Padrón de Comercializadores dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Para dar cumplimiento a las consideraciones vertidas en el punto quinto de este dictamen las comisiones dictaminadoras consideramos pertinente eliminar de la propuesta al artículo 115 bis el segundo párrafo, las fracciones de la I a la VIII, así como los párrafos terceros, cuarto y quinto de la iniciativa con proyecto de Decreto que nos ocupa para quedar como sigue:

Artículo 115 bis.-El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de las organizaciones de productores y los comités de los sistemas producto conformará un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, con los requisitos que al efecto se determinen; el cual deberá ser actualizado cada año, y publicado en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible para su consulta en la página Webde la dependencia que corresponda.

Por lo expuesto en el punto sexto del capítulo de consideraciones estas comisiones dictaminadoras estiman necesario no incluir en este dictamen la reforma al artículo 141 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de dar congruencia y certeza jurídica a los sujetos de la ley, considerando que se encuentra cubierto el objetivo con el artículo 115 Bis que se adiciona al presente ordenamiento.

Se adiciona un segundo artículo a los transitorios con el fin de brindar un periodo considerable, de 180 días, al gobierno federal para la constitución del Padrón de Comercializadores.

SEGUNDO.- El Gobierno Federal conformará el Padrón de Comercializadores dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez realizadas las anteriores modificaciones propuestas por estas Comisiones Unidas, así como por las razones antes expuestas en el cuerpo del presente dictamen, se estima conveniente proponer la aprobación del presente decreto.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, con las atribuciones conferidas por los artículos: 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA ARTICULO 115 BIS A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 115 bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 115 bis.-El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de las organizaciones de productores y los comités de los sistemas producto conformará un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, con los requisitos que al efecto se determinen; el cual deberá ser actualizado cada año, y publicado en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible para su consulta en la página Webde la dependencia que corresponda.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Gobierno Federal conformará el Padrón de Comercializadores dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

I.1.- Con fecha 17 de febrero de 2009, el Senador Francisco Herrera León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

I.2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por el Senador Francisco Herrera de León tiene como principal objetivo considerar, al momento de elaborar la política nacional en materia de investigación para el campo, que cuando se requiera de emitir dictámenes o resoluciones arbitrales lo realice bajo un criterio capaz, objetivo y formado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El legislador promovente en su exposición de motivos menciona que es menester de cualquier gobierno velar por la búsqueda de instrumentos que permitan mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo.

De igual forma, considera el caso de la transparencia con la que se manejan los recursos públicos en la elaboración de la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable, toda vez que el momento de que se requiera la emisión de dictámenes y resoluciones arbitrales en dicha elaboración, está previsto incluir las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral. En síntesis, en el supuesto de que surjan dudas o discrepancias durante la elaboración de la Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable será la propia Secretaríade Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación quien, de manera discrecional tiene la facultad de decidir finalmente sobre el destino de los recursos públicos en materia de investigación para el desarrollo sustentable.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se propone reformar y adicionar el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 33. …

En caso de que en la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable se requiera dictámenes o resoluciones arbitrales se tomará en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para tal efecto, tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Senador Francisco Herrera León se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El artículo 27, fracción XX de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa, a la letra señala:

“Artículo 27 …

I a la XIX. …

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo ygarantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo se expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

TERCERA. Por lo que hace a la constitucionalidad de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; ya que no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. En la exposición de motivos de la iniciativa cuestión de estudio, el legislador señala que la propuesta de reforma contribuirá al desarrollo rural sustentable, o mejor dicho, a una mejor utilización de los recursos naturales de la nación en beneficio de ésta. Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el criterio sustentado por el Senador en el proyectode reforma que nos ocupa.

Así mismo, se considera urgente instrumentar mecanismos dentro de la política nacional de desarrollo rural sustentable que permita construir una estrategia permanente que genere de manera constante la investigación que se requiere, esta política debe estar sustentada en dictámenes fundados y motivados emitidos por una entidad calificada y reconocida bajo un criterio profesional y objetivo que pueda reactivar y mantener la competitividad del sector rural.

QUINTA. El artículo 33, de la ley que nos ocupa estudio de este análisis, considera la participación de la Comisión Intersecretarial y del Consejo Mexicano, ambos de la materia de su propio ordenamiento, como responsables de integrar la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable. En su párrafo segundo, mandata que en los mecanismos bajo los cuales se construya la política nacional, arriba citada, incluya las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran; párrafo que a continuación se transcribe:

“La política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable, con base en las instituciones competentes y utilizando los recursos existentes, incluirá las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran; asimismo, tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional”.

De lo anterior se desprende, que el texto actual deja al arbitrio de la Secretaría, como encargada de aplicar esta política,la decisión de elegir a qué órgano facultar para realizar dicha tarea, bajo la única condición de tener la capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran.

SEXTA. La propuesta de reforma, como ya se mencionó en el apartado referente al contenido de la iniciativa, propone al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT- como la instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran.

Es importante destacar que este Consejo fue creado como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, por disposición del Congreso de la Unión en el mes de diciembre de 1970, dentro de sus características es importante mencionar que es integrante del Sector Educativo, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, según lo señala el artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El CONACyT, tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En este tenor, es de considerar que tiene bajo su responsabilidad la elaboración de las políticas de ciencia y tecnología, por lo tanto, cuenta con la calidad profesional y la experiencia para emitir dictámenes y resoluciones arbitrales en la política nacional en materia de investigación para el desarrollo rural sustentable.

Entre las actividades que realiza, según establece el artículo segundo de su ley orgánica, en las fracciones XII y XIII; emite los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica; aunado a ello también realiza dictámenes, administra y evalúa aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Con base en los razonamientos antes expuestos, estas Comisiones Dictaminadoras, de conformidad con lo estipulando por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 33.-…

En caso de que en la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable se requiera emitir dictámenes o resoluciones arbitrales se tomará en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para tal efecto, se tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional.

TRANSITORIO

Unico. EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la primera lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 20 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 3º Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Agricultura y Ganaderia,
Desarrollo Rural; Recursos Hidraulicos;
Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada por la Mesa Directiva para estudio y dictamen, la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa virtud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas que suscriben, someten a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A) El 26 de abril de 2007, el Diputado Carlos Ernesto Navarro López, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 20 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

B) Con esta misma fecha, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

C) El 20 de septiembre de 2007, el Dictamen fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

D) El 30 de octubre de 2007, el Dictamen fue presentado en el Pleno de la Cámara de Origen y se le dio primera lectura.

E) El 6 de noviembre de 2007, el Dictamen fue sometido a discusión y aprobado por la Cámara de Diputados.

F) Con esta misma fecha, el Dictamen fue turnado a la Cámara Revisora.

G) El 8 de noviembre de 2007, la minuta fue recibida en la Cámara Revisora.

H) Con esta misma fecha, la minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, Segunda

I) Por acuerdo de la mesa directiva se modifica el turno a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda,

CONTENIDO DE LA MINUTA

Estas Comisiones Unidas, se abocaron al estudio y análisis de la minuta de referencia, tomando en consideración que ésta propone establecer en el texto de Ley, la obligatoriedad de la difusión de los diversos programas y beneficios económicos que se encuentren contenidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, por medio de la reforma al artículo 20; y se adicionan los artículos 3º, con la fracción XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 15, con una fracción XVIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones; y 22, con una fracción XVI, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permita dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y

Artículo 20. La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley.

Artículo 22. … .

I a XIII. …

XVI. Servicio Nacional de Difusión.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Estas Comisiones Unidas, coinciden con el iniciante en que resulta de fundamental importancia elevar a rango de Ley el establecimiento de la obligación de dar la difusión de los diversos programas y beneficios económicos que se encuentren contenidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

SEGUNDO.- Es impostergable la obligación del Legislador ordinario, respecto del establecimiento en el marco normativo de la materia, la definición del término difusión. Así como, dejar establecido que el Programa Especial Concurrente fomentará acciones en materia de difusión nacional sobre su contenido.

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con el propósito de que además de las responsabilidades asignadas ordinariamente a la Comisión Intersecretarial, se le otorgue la responsabilidad de realizar la difusión.

CUARTO.- La minuta que nos ocupa contiene la creación del Servicio Nacional de Difusión, para así cumplir con el propósito de dar a conocer los programas contenidos en el Programa Especial Concurrente.

La creación de este Servicio Nacional de Difusión es redundante, toda vez que esta función es actualmente desempeñada por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS), y por el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS); sin ignorar que el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDUR) realiza esta actividad de difusión.

De pretender crear un nuevo servicio es necesaria la justificación estructural y presupuestaria misma, considerando como un excedente la erogación presupuestaria que representaría para el Estado su creación, partida que la minuta no menciona de donde se tomaría, al tiempo que estaríamos creando una estructura que duplicaría actividades que actualmente, ejecutan órganos ya en funciones y con un presupuesto autorizado.

De acuerdo a la política de austeridad que requiere el país para seguir manteniendo una economía sana, estas Comisiones dictaminadoras consideran inviable e improcedente la creación de este servicio nacional de difusión.

En tal virtud, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron desechar la propuesta de adición de una fracción XVI al artículo 22, aprobado por la colegisladora, en virtud de ser una actividad que en la actualidad ya es realizada por distintos organismos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, crea y les faculta, por lo tanto queda sin materia esta propuesta de reforma.

Con base en lo antes expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras, acuerdan en la importancia de integrar al marco normativo, concretamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dar la difusión de los diversos programas y beneficios económicos que se encuentren contenidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, y se permite poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 20; y se adicionan: la fracción XVI al artículo 3º, recorriéndose en su orden las demás fracciones, y una fracción XVIII al artículo 15, recorriéndose en su orden las demás fracciones, todas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I a la XV. …

XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permita dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

XVII. Entidades Federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal;

XVIII. Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios;

XIX. Estímulos Fiscales. Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación;

XX. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

XXI. Órdenes de Gobierno. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios;

XXII. Organismos Genéticamente Modificados. Cualquier organismo que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna;

XXIII. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales;

XXIV. Programa Especial Concurrente. El programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las materias motivo de esta Ley;

XXV. Programas Sectoriales. Los programas específicos del Gobierno Federal que establecen las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del Desarrollo Rural Sustentable;

XXVI. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos;

XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;

XXIX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia;

XXX. Servicios Ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;

XXXI. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito;

XXXII. Sistema-Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, y

XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.

Artículo 15.- ........

I. a XVI. ....

XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social;

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y

XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Artículo 20. La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A
GRUPOS VULNERABLES Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión del Pleno celebrada el 24 de septiembre de 2009, los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

3.- Con fecha 3 de diciembre de 2009, las Comisiones dictaminadoras aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en cuestión propone crear un nuevo Capítulo al título Primero de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado “Prohibiciones”, el cual estaría integrado por un Artículo 12 Bis para establecer la prohibición a padres, tutores, así como toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación, o vigilancia de niñas, niños y adolescentes, de utilizar castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina.

Bajo la anterior perspectiva, el Estado, la familia y la sociedad deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. En ese sentido, el Estado garantizará programas gratuitos de asistencia y atención integral a los niños y adolescentes que hayan sufrido lesiones en tal integridad.

Con base en los Antecedentes y el Contenido de la Iniciativa mencionados, se señalan las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los proponentes aseguran que los avances más acelerados para erradicar la violencia física se han dado en Europa y, en particular, el país abanderado en esta lucha es Suecia, donde esta práctica se prohibió de manera explícita en 1979.

Mencionan los senadores que en la mayor parte del mundo es socialmente aceptado el castigo físico a los niños como una manera de disciplina por parte de los adultos responsables de su cuidado. De hecho, solo 24 países lo prohíben legalmente, tres de ellos, de América Latina: se trata de Uruguay, Costa Rica y Venezuela. Y esto a pesar de que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe totalmente el castigo corporal en su Artículo 19.

Aluden al estudio “Acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas. Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas”, llevado a cabo por Save the Children Suecia-Programa Regional para América Latina y el Caribe, el cual establece un diagnóstico sobre la situación de la legislación de los países de la región sobre la prohibición explícita del castigo físico en la escuela y otros ámbitos.

Solo 5 países latinoamericanos tienen leyes que prohíben expresamente el castigo corporal o físico en la escuela: República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Haití, de acuerdo con la mencionada investigación.

De igual forma argumentan que el Informe “Acabar con la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), producido por el experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro (2006), señala que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra niña o niño por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad.

Se argumentan los casos de Uruguay, Venezuela y Costa Rica como los países pioneros en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la ONU en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006.

Expresan como consecuencias daños físicos y psicológicos que se constituyen en factores negativos para el aprendizaje porque la exposición temprana a la violencia puede tener impacto en la estructura del cerebro que está en proceso de maduración.

En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, puede provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, precocidad y el consumo de tabaco, señala el mencionado Informe.

De acuerdo con información proporcionada por la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es común atender casos de menores que han sido amarrados a una silla con cinta canela por “inquietos”, quemados con encendedor en la boca por groseros, o con hornillas por tomar dinero sin permiso y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, por sus progenitores como medidas de disciplina.

No omiten mencionar los promoventes que defensores de los derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de imponer disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños el guardar respeto a sus padres.

No obstante lo anterior, en los últimos años el Poder Legislativo ha realizado las adecuaciones necesarias al marco jurídico, para garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso de los menores de edad.

Así entonces, podemos mencionar que el Código Civil Federal en su Artículo 423, establece que las personas que ejercen la patria potestad o tengan a su cargo la custodia de los menores tienen la facultad de corregirlos y prohíbe expresamente que al ejercerla se inflija al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, independientemente de que generen o no algún tipo de lesión.

Expresan que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también establece criterios para garantizar una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos, fomentando la participación activa de éstos en la sociedad.

Finalmente consideran fundamental que el Estado establezca una legislación consensuada y estudiada para que la escuela sea un espacio seguro para la niñez y la adolescencia, o no se podrá avanzar en la construcción de una cultura de paz y de convivencia respetuosa.

2.- Los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, basan el análisis del presente Dictamen en la necesidad de establecer derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes de forma trasversal, a lo largo de la legislación y no solo dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño dicta en su Artículo 19 que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de maltrato, explotación, descuido, abuso físico o mental o trato negligente, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier persona que lo tenga a su cargo.

Bajo esa tesitura, las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño sobre los castigos corporales, manifestaron su preocupación por el hecho de que el castigo corporal en el hogar continúe siendo legal y no se prohíba explícitamente en las escuelas, en instituciones penales y en centros alternativos, además de que la legislación no proteja suficientemente a los niños de la violencia y los abusos, debido a lo cual el castigo corporal se utiliza de una forma generalizada en el seno de la familia, en las escuelas y en otras instituciones.

Dicho Comité recomendó realizar las enmiendas necesarias en todas las leyes federales y estatales para: (a) asegurarse de que el castigo corporal se prohíba explícitamente en todos los entornos, incluso en el seno de la familia, las escuelas, las instituciones penales y otros centros alternativos, y vele por la aplicación efectiva de esas leyes, y (b) realizar la adopción de medidas eficaces, incluso con campañas de información, para promover castigos alternativos, positivos, participativos y no violentos.

3.- Sobre ese aspecto, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 11 establece como obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación, siendo tajante dicho precepto al aclarar de forma puntual que quienes ejerzan la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla, atentar contra su integridad física o mental, ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

En el mismo tenor, el Artículo 21 de la citada Ley establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos enunciativamente cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro, la trata, los conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

En ese sentido, se considera loable el espíritu de la Iniciativa y a la vez existe una necesidad de establecer esa prohibición de forma expresa. Como consecuencia, los integrantes de la Comisión estiman necesario que la intención de la propuesta se integre a la Ley en materia de los derechos de la niñez, principalmente lo relativo a la prohibición expresa de utilizar cualquier método de violencia con el pretexto de disciplinar o corregir actitudes en niñas, niños y adolescentes.

Empero, estiman que no es preciso introducir un Capítulo Tercero denominado “Prohibiciones”, en razón que lo propuesto en la Iniciativa, en primer término, no conllevaría a una exclusividad de esa índole, pues a lo largo de la Ley que se propone modificar, existen disposiciones con el mismo carácter prohibitivo sobre otros aspectos de los derechos de la niñez, amén que el artículo único que se prevé, no sólo importa una prohibición, sino además deberes y obligaciones al Estado en razón de exigírsele que brinde la atención adecuada para que niñas, niños y adolescentes reciban asistencia y atención integral en caso de haber sufrido lesiones a su integridad personal.

Aunado a lo anterior, se da cuenta que el Artículo 11 de la Ley vigente contiene disposiciones análogas a las que contiene el Capítulo Segundo de la Iniciativa, por lo que derivado de ello se propone integrar algunas de las atinadas precisiones de la iniciativa al actual Artículo 11, primordialmente para que la prohibición del uso de cualquier forma de castigo o humillación sea expresa y se prevea la posibilidad de que quienes hayan recibido algunos de esos castigos expresamente prohibidos, reciban la atención necesaria para que no se vea afectado su desarrollo.

Así las cosas, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, conscientes de la imperiosa necesidad de atender no solo a las recomendaciones aludidas sino a ordenamientos con carácter de Ley Suprema de la Unión, estiman adecuado plantear modificaciones encaminadas a brindar la prohibición que medularmente forma parte de la iniciativa, como un complemento de los alcances que tienen las atribuciones propias la educación, la patria potestad, vigilancia o custodia, complementándola de acuerdo a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño con medidas que tiendan a erradicar el arraigo cultural de estigmas que a la fecha todavía permean en la educación y tratos que se dan en los hogares mexicanos y en las escuelas.

Para ese propósito, es preciso aclarar que la violencia que genera ese tipo de castigos no puede admitirse bajo ningún arista que se precie de respetar los derechos de la niñez, simplemente porque no existe “violencia buena o violencia mala”, toda la violencia genera un sentimiento de vulnerabilidad en la niñez, que en cierta medida desgasta su desarrollo correcto, siendo por esas razones que se propone dotar de la obligación al Estado para establecer medidas y campañas de información sobre la violencia y sus consecuencias, aun cuando la misma se aplique so pretexto de corregir una actitud o conducta en niñas, niños o adolescentes, pues a pesar que se menciona que “la letra con sangre entra”, cabe precisar que no solo entra la educación, sino una serie de sentimientos y tratos que se alejan del principio básico del respeto a la dignidad humana.

Con tales propósitos, las Comisiones Dictaminadoras proponen el siguiente texto de reforma a efecto de recoger la iniciativa propuesta:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres, tutores, y de toda persona responsable del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, impartan educación, tratamiento o vigilancia de niñas, niños y adolescentes, no podrán, so pretexto de cumplir con esa responsabilidad, atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Queda expresamente prohibido a las personas obligadas en los términos de este Artículo,hacer uso de castigos, violencia, trato o métodos que generen algún daño, como forma de corrección o disciplina.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales implementarán medidas y campañas de información para promover métodos de disciplina alternativos, con características positivas, participativas y no violentas.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.”

Convencidos de que si bien los castigos corporales han sido por tradición una forma equivocada de disciplinar a niñas, niños y adolescentes, los integrantes de las dictaminadoras consideran adecuado atender a las raíces del problema, la cual es, entre otras cosas, un claro arraigo de esas equivocadas prácticas que se convierten en generadoras de violencia, por lo que el estado debe además de prohibir, informar de métodos alternativos que permitan una educación libre de maltrato y violencia alguna.

Es bajo esa perspectiva que estas dictaminadoras, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

RESUELVEN

PRIMERO.- Es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres, tutores, y de toda persona responsable del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, impartan educación, tratamiento o vigilancia de niñas, niños y adolescentes, no podrán, so pretexto de cumplir con esa responsabilidad, atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Queda expresamente prohibido a las personas obligadas en los términos de este Artículo, hacer uso de castigos, violencia, trato o métodos que generen algún daño, como forma de corrección o disciplina.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales implementarán medidas y campañas de información para promover métodos de disciplina alternativos, con características positivas, participativas y no violentas.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese el proyecto de Decreto a la H. Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la primera lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 5º DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

I.1.- Con fecha 09 de marzo de 2009, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

I.2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón tiene como finalidad adoptar medidas legislativas que establezcan mecanismos que garanticen la participación social y ciudadana, eliminando las barreras que limitan la representación de las mujeres delcampo e indígenas en todos los niveles detoma de decisiones, y de manera especial con todas aquellas que tienen que ver con el modelo económico imperante y el desarrollo rural.

El legislador promovente en su exposición de motivos considera que la propuesta de reforma implica la promoción y el fortalecimiento del bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo, y en general de los agentes de la sociedad rural, con la participación informada y plural de las organizaciones o asociaciones, sobre todo de indígenas y de las mujeres del campo en la planificación, coordinación y decisiónen las acciones y programas que implementen para el medio rural y asegurar que tanto las mujeres como los varones puedan tomar influencia en el diseño de las políticas públicas de desarrollo y sacar mejor provecho.

Para dar cumplimiento a lo anterior se propone reformar la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

“Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación informada y plural de organizaciones o asociaciones, sobre todo de indígenas y de mujeres del campo en su planificación, coordinación y decisión;

II - V (...)”

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Senador Adolfo Toledo Infanzón se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El artículo 27, fracción XX de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa, a la letra señala:

“Artículo 27 …

I a la XIX. …

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo se expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

TERCERA. Por lo que hace a la constitucionalidad de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; ya que no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. En la exposición de motivos de la iniciativa cuestión de estudio, el legislador señala que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera como uno de sus elementos centrales, la visión de territorialidad rural “como espacio donde se interrelacionan los aspectos del desarrollo productivo, social, cultural y ecológico de las regiones o espacios, y sus múltiples vínculos con los centros urbanos”.

QUINTA. Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el criterio sustentado por el Senador promovente en el sentido de que “El Gobierno Federal tiene herramientas normativas para impulsar el sector rural a través de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”.

De igual forma, se adhieren a la idea de que orientar el desarrollo rural hacia el principio de la sustentabilidad implica concebir la planeación gubernamental de tal forma que los mejoramientos en las condiciones de vida del campesinado sean perdurables después de concluidas las acciones y programas de fomento, sobre todo de indígenas y de mujeres del campo.

Estas Comisiones Unidas, después de un estudio y análisis exhaustivo, y tomando en consideración la importancia de los objetivos contenidos en la fracción I de artículo 5 de la ley de la materia vigente, creemos oportuno salvaguardar la ultima parte del artículo, la cual reza “…mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;”

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Para dar cumplimiento a las consideraciones vertidas en el último párrafo del punto quinto de este dictamen las Comisiones dictaminadoras consideramos pertinente salvaguardar la parte final de la fracción I del artículo que nos ocupa, para quedar como sigue:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, sobre todo de indígenas y de mujeres del campo, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

Una vez realizada la anterior modificación propuesta por estas Comisiones Unidas, así como por las razones antes expuestas en el cuerpo del presente dictamen, se estima conveniente proponer la aprobación del presente decreto.

Con base en los razonamientos antes expuestos, estas Comisiones Dictaminadoras, de conformidad con lo estipulado por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción I del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 5°.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, sobre todo de indígenas y de mujeres del campo, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II – V. ...

TRANSITORIO

Unico. EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 constitucional y se expide la Ley que crea el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE VIVIENDA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reformas al inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que propone la expedición de la Ley que crea al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Estas comisiones unidas, con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la minutaen comento, someten a la consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

  • En la sesión pública del 7 de diciembre de 2004, los Senadores Marcos Carlos Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y Alberto Miguel Martínez Mireles, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, pertenecientes a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reformas al inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que propone la expedición de la Ley que crea al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.

En la misma fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda.

  • En sesión ordinaria del 21 de diciembre de 2006 el Pleno aprobó elAcuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se eligieron las iniciativas de senadores presentadas en las Legislaturas LVIII y LIX para formar parte de los temas de la Agenda Legislativa de la LX Legislatura, cabe señalar que esta iniciativa fue seleccionada para mantener su vigencia en la actual Legislatura.

  • Con fecha 17 de enero de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa para su análisis y dictamen correspondiente, ya queComisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio menciona que hoy en día el FOVISSSTE obtiene aportaciones de cerca de dos millones de trabajadores y desde que el Fondo existe ha otorgado alrededor de 650 mil créditos, beneficiando a más de 2.6 millones de mexicanos, lo que equivale a la población total del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, el potencial de esta institución es inmenso y los retos que tiene en el futuro inmediato son enormes, porque tienen que ver con el bienestar de las familias de los trabajadores al servicio del Estado. Es por esto que la modernización de esta institución se vuelve una necesidad.

La iniciativa que se presenta tiene los siguientes 5 objetivos:

  • Lograr la reforma del artículo 123 constitucional para que se constituya la base jurídica que permita la transformación del FOVISSSTE, de ser un organismo dependiente del ISSSTE, a una institución con autonomía técnica, administrativa y financiera, para que pueda cumplir con amplitud los objetivos sociales para los que fue creado.

  • Expedir la ley que crea al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado (INFOVITE). Al cual deberán enterarse las aportaciones que se hagan al Fondo. Y mediante esta ley se regularán la administración del mismo, el otorgamiento y la recuperación de los créditos respectivos.

  • Crear un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que no dependa de la administración pública, para que no reciba recursos fiscales, sino que sea un ente económicamente autofinanciable y que en su desempeño se sujete a los más altos estándares internacionales de calidad. Además de que sus órganos de gobierno estén integrados por los representantes de los trabajadores, el gobierno federal y consejeros ciudadanos.

  • Contribuir para hacer realidad el derecho que la Constitución otorga a las familias mexicanas para disfrutar de vivienda digna y decorosa.

  • Coadyuvar en el fortalecimiento: del desarrollo económico, la generación de empleos, la expansión del mercado inmobiliario y de la política integrada de desarrollo urbano.

Lo anterior lo propone de la siguiente manera:

“Artículo 123. …..

…..

A. …..

B. …..

I – X. …..

XI. …..

a) – e) …..

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Es de interés social expedir una ley para crear un organismo que administre los recursos del fondo nacional de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la administración de los recursos del fondo nacional de vivienda, regulándose en su Ley los procedimientos conforme a los que deberá administrarse el fondo, el otorgamiento y la recuperación de los créditos respectivos.”

III. CONSIDERACIONES

Habiendo analizado el contenido de la iniciativa de mérito, estas comisiones dictaminadoras, no coinciden con los objetivos de la misma por las razones siguientes:

  • La iniciativa crea al INFOVITE como un “ente” autónomo sin proporcionarle una autonomía plena en el marco constitucional, vulnerando el artículo 90 constitucional, al igual que sus leyes reglamentarias, ya que violenta la forma en que se integra la administración pública federal. Así como tampoco aclara a quien responde por sus acciones.

Primero, no se rige por la regulación aplicable a las entidades paraestatales a través de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) o su Reglamento. En este sentido, resulta particularmente grave en el caso de los órganos que lo compondrían, las facultades de los mismos y la inclusión de órganos de vigilancia y de control interno designados por la Secretaría de la Función Pública.

Segundo, no queda claro si podrá ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación o si quedará sujeta a las disposiciones del Instituto Federal e Acceso a la Información (IFAI) ya que es impreciso si los recursos del fondo son patrimonio de los trabajadores del INFOVITE.

  • La propuesta no es beneficiosa para los trabajadores, ya que reintroduce la incertidumbre jurídica de la propiedad de los recursos del fondo. En principio son propiedad de los trabajadores pero la iniciativa los incluye como patrimonio del INFOVITE.

La propuesta constituye una contrarreforma que debilita la seguridad jurídica que adquirieron los trabajadores con la reforma del artículo 174 de la Ley del ISSSTE, que reconoce que los recursos del Fondo son patrimonio de los trabajadores lo cual conlleva que en las mismas disposiciones aplicables del régimen jurídico mexicano existan ordenamientos que se contradicen expresamente, teniendo como consecuencia una incertidumbre jurídica en el gobernado. En general la propuesta contiene vacíos jurídicos sobre lo que integra el patrimonio del INFOVITE.

  • La propuesta para crear un "organismo descentralizado autónomo" ajeno al ISSSTE implica mayores costos administrativos en perjuicio de los recursos de los trabajadores. La iniciativa reconoce este costo adicional al establecer que los gastos administrativos del INFOVITE serán de no menos de 0.75% y hasta el 1.5% de los recursos administrados por el fondo cuando el gasto máximo permitido en la actualidad es precisamente el piso que establece la propuesta, 0.75% de los recursos del Fondo. La diferencia entre el gasto máximo establecido actualmente y el propuesto por la presente iniciativa equivale actualmente a alrededor de 1,000 millones de pesos anuales.

  • Esta Iniciativa no toma en cuenta la existencia de la Ley del ISSSTE y por lo tanto no propone ninguna modificación a la misma en lo que corresponde al FOVISSSTE, provocando vacíos e inconsistencias jurídicas y problemas administrativos severos en particular en lo que se refiere a los convenios de incorporación que se ha establecido el ISSSTE. La propuesta también afectaría y no se ha considerado su impacto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

  • La exención del pago de impuestos federales a favor del INFOVITE, crea un régimen fiscal de excepción en disposiciones que no son fiscales.

En resumen, la iniciativa de mérito fue presentada el 7 de diciembre de 2004, por lo que hace presumir que está desactualizada, más aún cuando el 27 de junio de 2006 fue publicada la vigente Ley de Vivienda y el 31 de marzo de 2007, la nueva Ley del ISSSTE.

En la nueva Ley del ISSSTE se optó por una alternativa diferente en la que no se prevé la creación de un nuevo organismo para administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Estado, sino por consolidar al ISSSTE como administrador del mismo.

La exposición de motivos no precisa la problemática que presenta actualmente el manejo del Fondo, ni como la pretendida autonomía permitiría que el FOVISSSTE se desarrolle como una institución vigorosa, autofinanciable y con desempeño a los más altos estándares.

En el ámbito estructural de la vivienda, la iniciativa propone un enfoque inadecuado, ya que emprender una reforma constitucional como la propuesta, debería ser para integrar al FOVISSSTE y al INFONAVIT, de lo contrario, la reforma carecería de sentido.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones unidas que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

ACUERDO

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reformas al inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que propone la expedición de la Ley que crea al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por los Senadores Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD) y Alberto Miguel Martínez Mireles (PAN) el 7 de diciembre de 2004.

Segundo. Archívese el Proyecto de Decreto mencionado en el presente dictamen como concluido.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de diciembre de dos mil nueve.

Comisión Puntos Constitucionales: Sen. Pedro Joaquín Coldwell,Presidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez,Secretario.- Sen. Ricardo Torres Origel.- Sen. Alejandro González Alcocer.- Sen. María Serrano Serrano.- Sen. Luis Alberto Villarreal García.- Sen. Ricardo F. Pacheco Rodríguez.- Sen. Eloy Cantú Segovia.- Sen. Melquiades Morales Flores.- Sen. Pablo Gómez Alvarez.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica.- Sen. Dante Delgado.

Comisión de Vivienda: Sen. Carlos Lozano de la Torre, Presidente.- Sen. Carlos Aceves del Olmo.- Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa.- Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza.- Sen. Ramón Galindo Noriega.- Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: Sen. Tomás Torres Mercado, Presidente.- Sen. Héctor Pérez Plazola.- Sen. Renán Cleomidio Zoreda Novelo. -Sen. María Serrano Serrano”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Energía para el Campo.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
DE DESARROLLO RURAL; DE RECURSOS HIDRAULICOS;
DE REFORMA AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, de la LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el título de la Ley de Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa proyecto de Decreto que Reforma el título de la Ley de Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 18 de septiembre de 2007, en sesión celebrada por la H. Cámara de Senadores se presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Título de la Ley de Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14, suscrita por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada Iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente:

TERCERO.- En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2008 se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Reforma Integral del Campo Mexicano.

En el punto séptimo de dicho acuerdo se determina que todas las iniciativas vinculadas con el sector rural presentadas durante la presente Legislatura sean turnadas en Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.

CUARTO.- Para dar cumplimiento al punto séptimo citado en el punto anterior con oficio remitido por la mesa directiva el 13 de marzo de 2008, se modificó el turno de las iniciativas y minutas para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a los apoyos que en la materia se dan al sector pesquero –precios y tarifas de estímulo y cuotas energéticas, entre otros-haciendo extensivos los beneficios establecidos en dicha ley que se otorgan a la pesca ribereña y a la pesca en general.

CONSIDERACIONES

Con motivo de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el título de la Ley de Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14, las Comisiones Dictaminadoras procedieron a realizar un estudio y un análisis estrictamente detallados, partiendo de los antecedentes ya mencionados y de la exposición de motivos realizada por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En México el sector pesquero y acuícola constituye una actividad fundamental por la contribución que aporta al bienestar social, económico y nutricional de la población, también es considerado como una industria que genera valor agregado a sus productos y que impulsa a su vez a otras industrias, por ejemplo la fabricación de envases, laboratorios de control y construcción de plantas procesadoras provocando con esto la creación de nuevos empleos.

La producción de alimentos es uno de los grandes problemas para los países en vías de desarrollo por lo que en México uno de los programas que han recibido mayor impulso es el “Programa de Desarrollo Pesquero”, por considerarse que los recursos acuáticos pueden ser una fuente importante de alimentos, así como generar empleos que permitan a la población contar con mayores ingresos para incluir en su alimentación productos pesqueros.

Es muy importante destacar que por la ubicación geográfica del país, sus aguas ofrecen medios muy diversos para las distintas especies de organismos acuáticos debido a la variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, la cual es mayor en las aguas marinas; esto permite que en los mares de México se encuentren especies de climas templado, cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de alta mar, regionales y migratorias, y de todas las transiciones entre estos tipos extremos, por lo que se considera una zona de gran riqueza biótica, lo que ofrece al país ventajas que han permitido establecer grandes pesquerías comerciales, principalmente en el Golfo de California, en la costa occidental de la península de Baja California, en la sonda de Campeche, así como pesquerías tropicales a lo largo de todos sus litorales.

La población de pescadores de México es más numerosa y productiva en el noroeste, es decir, en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y es menor en el resto del litoral del océano pacífico, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el Atlántico, la población es menos numerosa; el mayor número de pescadores se encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, y Campeche, y el menor en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El sector pesquero en México está integrado por el sector social, el sector privado y el sector público, que en total forman una población ocupada por 217, 212 personas,

El desarrollo integral de la actividad pesquera implica la óptima operación de la flota, para lo cual es indispensable tener instalaciones portuarias suficientes y adecuadas y, de ser posible, puertos y terminales pesqueras.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria pesquera es de carencia para un sistema ágil y adecuado de distribución y mercadeo que facilite la disponibilidad de los productos en las diferentes regiones del país; sin embargo, se han realizado esfuerzos, para establecer una red coordinada de distribución y mejorar las condiciones de conservación y manejo de las capturas, creando frigoríficas y mercados de productos del mar en puertos estratégicos, así como campañas de publicidad en los medios masivos de comunicación.

A continuación se procede con el sentido del dictamen correspondiente:

La iniciativa propone modificar el título, el objeto de la ley y demás disposiciones para hacer referencia explícita a todas las actividades pesqueras, y no solo a la pesca ribereña, modificando la denominación del Programa de Energía para el Campo en este sentido; asimismo, incluir a las actividades pesqueras en la definición de precios y tarifas de estímulo y preveer la devolución del saldo de la cuota de energéticosy las sanciones resultantes de las infracciones a los periodos de pesca; también, incluir a las embarcaciones pesqueras, además de los motores fuera de borda, para que sean beneficiarios de la cuota energética.

El principal propósito de este ordenamiento es beneficiar a los pequeños productores, por lo que permitir el apoyo generalizado a toda la pesca motivaría que se apoyara a grandes embarcaciones que no requieren este tipo de auxilio.

Los subsidios en precios no tienen justificación económica: a) puesto que distorsionan las decisiones de consumo, de inversión y son progresivos –a mayor ingreso mayor consumo-; asimismo al relacionar las embarcaciones como parte principal, relacionada con la cuota energética se revaloraría, generando ganancias de capital que no deben ser objeto de un subsidio dirigido a las personas que realizan la actividad económica.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría considera a los subsidios como las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. Bajo este tenor, se estaría beneficiando a un sectorque consume en una mayor proporción los bienes y servicios de la economía, incluyendo a los ofrecidos por el gobierno federal y no así a los pequeños productores o al sector más desprotegido.

De igual forma, de acuerdo a lo que establece el artículo 75 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen y por lo tanto deberán identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio y en consecuencia es necesario que como lo establece la ley en comento en los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;

Es imprescindible considerar que llevar a nivel de ley el apoyo a subsidios representaría un riesgo, ya que en cada ejercicio presupuestal existe incertidumbre para continuar con los programas que corresponden a diesel marino y gasolina para pesca ribereña, esto debido a que el apoyo otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico vía PEMEX ha sido casi nulo; en tal virtud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, depende de la asignación al Programa de Competitividad en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de estudio y análisis del presente dictamen transgrede las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en tal virtud es jurídicamente inviable; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la aprobación de la Honorable Asamblea la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el título de la Ley de Energía para el Campo y sus artículos 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14., presentada por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2007, en virtud de que transgrede las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Archívese el proyecto de decreto mencionado en el presente dictamen como concluido.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de diciembre de 2009.

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico.






PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FERTILIZANTES NITROGENADOS Y CAPTURA DE ANHIDRIDO CARBONICO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
DE DESARROLLO RURAL; RECURSOS HIDRAULICOS;
DE REFORMA AGRARIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2007, los Senadores Fernando Baeza Meléndez y Heladio Elías Ramírez López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico

2. En la misma sesión fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; Agricultura y Ganadería; Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y análisis correspondiente.

3. En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2008 se aprobó el Acuerdo de la Junta que Coordinación Política por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Reforma Integral del Campo Mexicano.

En el punto séptimo de dicho acuerdo se determina que todas las iniciativas vinculadas con el sector rural presentadas durante la presente Legislatura sean turnadas en Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.

Por lo que el turno de la presente iniciativa fue modificado para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria y Estudios Legislativo, Segunda.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por los legisladores Fernando Baeza Meléndez y Heladio Elías Ramírez López, de conformidad con lo comprendido en el artículo 1º de la Ley que se estudia, tiene por objeto coadyuvar al desarrollo agropecuario y forestal del país estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendentes al acceso a los fertilizantes químicos como insumos básicos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la captura de cantidades significativas de anhídrido carbónico como parte de la Estrategia Nacional de Acciones contra el Cambio Climático.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Los CC. Senadores se encuentran legitimados para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El artículo 27 párrafo cuarto de la Carta Magna, sienta las bases para poder legislar sobre la materia que nos ocupa, a la letra señala:

“Artículo 27 …

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.”

Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo que establece el artículo 73 en su fracción X:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;”

TERCERA. Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable; asimismo, no contraviene el ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. No obstante lo anterior, el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que expide la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual contiene dentro del Capítulo IV, “Régimen especial de operación de Petróleos Mexicanos” una Sección Quinta denominada “Disposiciones relativas a la producción de fertilizantes”, mismo que tiene como principal objetivo que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios instrumenten un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria, para lo cual utilizarán los mecanismos disponibles de coberturas de precios del gas natural, a los que se incorporará únicamente el costo de transformación del gas natural en amoniaco, así como el costo de manejo y entrega del amoniaco y del anhídrido carbónico.

QUINTA. En virtud de lo anterior se considera que la propuesta de adición en la iniciativa de ley referida anteriormente, ha sido atendida por este Decreto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que la iniciativa con proyecto de Decreto objeto de estudio y análisis del presente dictamen han sido atendida y quedado sin materia; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la aprobación de la Honorable Asamblea la siguiente:

RESOLUCION

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los Senadores Fernando Baeza Meléndez y Heladio Elías Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2007, en virtud de que han quedado contenidas en el Decreto que expide la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual contiene dentro del Capítulo IV, “Régimen especial de operación de Petróleos Mexicanos” una Sección Quinta denominada “Disposiciones relativas a la producción de fertilizantes”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día el 28 de noviembre de 2008.

Segundo. Archívese el proyecto de Decreto mencionado en el presente dictamen como concluido.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de diciembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMISION DE DESARROLLO RURAL

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

COMISION DE REFORMA AGRARIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Continuamos con un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 94, 100, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativosde la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,presentada por los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, y René Arce Islas, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el día 19 de marzo de 2009, los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, y René Arce Islas, integrante del Grupo Parlamentario del PRD presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

TERCERO.- Estas comisiones celebraron diversas reuniones, con el objeto de analizar la iniciativa de mérito a fin de estar en condiciones de elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO.- Los autores de la iniciativa señalan que uno de los objetivos principales en su iniciativa es llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, como es el juicio de amparo. Refieren que debido al papel trascendental que juega en el escenario político y jurídico del país, se pretende fortalecerlo. Para cumplir ese objetivo, plantean eliminar los tecnicismos y formalismos que han dificultado su acceso y por ende han disminuido su ámbito de protección.

SEGUNDO.- Refieren que dicha iniciativa persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación, así como consolidar a su órgano superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional. Con ello se pretende que el más Alto Tribunal pueda concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor importancia constitucional para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado mexicano en su conjunto.

TERCERO.- Uno de los cambios más importantes que se proponen en la iniciativa guarda relación con el objeto de protección del juicio de amparo, el cual en sus orígenes estaba limitado a las garantías individuales y que hoy pretenden ampliar también a la protección de los derechos fundamentales contenidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. De este modo, habrá una ampliación de los contenidos normativos a los cuales deberán sujetarse y estar subordinadas las autoridades públicas.

CUARTO.- Otra de las principales propuestas contenidas en la iniciativa, se refierea la atribución de los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra, en virtud de ser su principal violación. Asimismo, se precisa que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.

Estas bases constitucionales, señalan los proponentes, deberán desarrollarse en la Ley de Amparo en cuyo texto deberá enfatizarse que a través del juicio de garantías se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya sea que se promueva de forma individual o conjuntamente por dos o más personas, elaborando así el concepto de afectación común, el que resulta básico para la operatividad de la protección a los derechos sociales.

QUINTO.- Precisan que en México se han dado transformaciones importantes que ameritan el ajuste de varias instituciones jurídicas, entre las que se halla el juicio de amparo directo. Por ello, en la actualidad se vuelve necesaria una reforma para armonizarlo con el sistema federal que establece nuestra Constitución.

Exponen que a través del desarrollo de nuestro orden jurídico, el juicio de amparo directo ha sido reformado en varias ocasiones, hasta llegar al estado actual, en donde se establece que el amparo directo procede en contra de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales ordinarios.

SEXTO.- Sostienen que, en virtud de lo anterior, el escenario de procedencia del amparo directo se ha extendido en los últimos años. Ello ha causado que se requiera el establecimiento de un mayor número de Tribunales Colegiados de Circuito, así como la multiplicación de especializaciones, pues en la actualidad la totalidad de las sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales ordinarios de la República, sean judiciales o administrativas, federales o locales, son susceptibles de ser examinados a través del amparo directo.

Sin embargo, en la mayoría de las sentencias de fondo dictadas en vía directa, se niega la protección constitucional, por lo que determinan necesario reflexionar respecto a la posibilidad de mitigar la intervención de la justicia federal en el ámbito local, en respeto de su autonomía e independencia.

SÉPTIMO.- En consecuencia, proponen una reestructuración de dicho juicio a través de la concordancia de dos ejercicios: en primer lugar, en razón del afianzamiento de la autonomía plena de los tribunales ordinarios y en segundo lugar, por medio de la implantación de una facultad de selección gradual por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito para admitir las demandas de amparo directo.

De esta manera, precisan, se pretende lograr un nuevo sistema que reduzca su procedencia y en la misma medida, fortalezca las decisiones de los tribunales ordinarios. Todo esto se logrará a través de la incorporaciónde dos criterios básicos: la importancia y la trascendencia.

En ese orden de ideas, abundan que la facultad concedida a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los amparos directos ahora deberá cumplir con dos criterios de selección que deberá acreditar el caso particular: a) que a juicio del Tribunal Colegiado de Circuito, la naturaleza intrínseca del caso permita que el mismo revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir en la afectación o alteración de valores sociales, políticos, o en general de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano, relacionados con la administración o impartición de justicia y b) que el caso, también a juicio del Tribunal Colegiado de Circuito, revista un carácter superior reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos.

OCTAVO.- Añaden que en México actualmente los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a admitir, tramitar y resolver todas las demandas de amparo directo que sean procedentes, pues su competencia es reglada, en vista de lo cual proponen instaurar la facultad de selección a los Tribunales Colegiados de Circuito, para admitir sólo aquellas demandas, que dentro de ciertas reglas, sean de importancia y trascendencia, por implicar un pronunciamiento novedoso o excepcional.

En este sentido, indican que dentro del cúmulo de violaciones a las garantías individuales susceptibles de plantearse en amparo directo, se distinguen los conceptos de constitucionalidad y los conceptos de legalidad; donde, por un lado, los primeros atribuyen a las autoridades una violación directa a la Constitución, la expedición de leyes o reglamentos, o la aprobación de tratados internacionales que transgredan alguna norma constitucional o bien leyes o actos de autoridad que invadan las esferas de competencia que fija la Constitución a la Federación, a los estados o al Distrito Federal. Por otro lado, los conceptos de legalidad son alegatos de violaciones indirectas a la Constitución que se suscitan a través de las garantías procesales que establecen sus artículos 14 y 16, donde lo que se pretende es un pronunciamiento sobre un acto en sentido estricto, mediante la interpretación de la ley.

Una vez hecha esta distinción, los proponentes refieren que cuando se presenten demandas que planteen violaciones directas a la Constitución, los Tribunales Colegiados de Circuito tendrán la obligación de admitir todas las demandas. Sólo podrán rechazarse aquellas demandas donde se planteen cuestiones de constitucionalidad respecto de las cuales ya existiera jurisprudencia de la Corte en sentido contrario a lo pretendido por el quejoso; en cambio, cuando en la demanda de amparo se hagan valer violaciones indirectas a la Constitución, donde la decisión estribe en verificar la correcta aplicación de la ley, la regla general será la no admisión de la demanda, salvo que se trate de asuntos de importancia y trascendencia.

NOVENO.- Otra de las propuestas contenidas en la iniciativa, se refiere al establecimiento de la figura del amparo adhesivo, como solución a la falta de celeridad que representa el juicio de amparo, de manera que se da la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable en un procedimiento seguido en forma de juicio y que tenga interés en que subsista el acto, el derecho a promover el amparo adhesivo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio que determinó el resolutivo favorable a sus intereses.

En virtud de lo anterior, se concentra en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.

No obstante, los proponentes prevén el imponer al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo, la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que estime puedan violar sus intereses. En este sentido, si la parte interesada no promueve el amparo adhesivo, no podrá posteriormente acudir a un nuevo juicio de garantías para alegar las violaciones cometidas en su contra, siempre que haya tenido la oportunidad de hacerlas valer en el primer amparo.

DÉCIMO.- Asimismo, exponen que en nuestro país se ha seguido la idea de que para tener el derecho de solicitar el amparo y protección de la justicia, es necesario tener un interés jurídico, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

En virtud de lo anterior, proponen introducir la figura del interés legítimo, el cual permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de una afectación directa, un derecho reconocido por el orden jurídico o cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.

DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente, pretenden reformar el precepto que contiene el principio de relatividad de las sentencias de amparo, de manera que se otorgue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general de aquellos juicios de amparo indirecto en revisión, en los que establezca jurisprudencia por reiteración en la cual determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución.

Por otro lado, reconocen la posibilidad de que los particulares violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, o bien cuando actúen en ejercicio de funciones públicas. Así,se garantiza la protección sustantiva y no puramente formal. En ese sentido,manifiestan que resulta necesario imponer a los tribunales la obligación de señalar en las sentencias de garantías los efectos o medidas materiales que deberán adoptarse para asegurar el restablecimiento del pleno goce del derecho violado.

Con base en los antecedentes anteriores, las Comisiones Unidas dictaminadoras exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Estas comisiones unidas comparten en general los fines y propósitos que animan la iniciativa que se analiza, así como su contenido.

En efecto,estas dictaminadoras consideran al igual que los senadores autores de la iniciativa, que las transformaciones que sufre la sociedad con el transcurrir del tiempo crean demandas nuevas que no fueron contempladas con anterioridad por el legislador, pero que deben ser cubiertas por su relevancia y su impacto en la vida diaria.

Las instituciones creadas en el pasado tienen vigencia, siempre y cuando cumplan con la finalidad para la que fueron creadas. Sin embargo, es natural que después de determinado tiempo dichas instituciones queden rebasadas. Es aquí cuando tiene que actuar el legislador para adecuar la norma a la realidad.

El juicio de amparo no es ajeno a las ideas expresadas. Si bien es cierto que el amparo fue una figura jurídica novedosa, trascendental y de avanzada en el momento en que fue concebida y plasmada en la Constitución Federal, también lo es que necesita renovarse y adaptarse a los momentos actuales para que cumpla aún con su objetivo: la tutela y protección de los derechos humanos y de las garantías individuales.

Uno de los objetivos centrales contenidos en la presente reforma es llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y principal medio de protección de los derechos fundamentales, como es el juicio de amparo.

De igual importancia que el objetivo anterior, la iniciativa persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución, a fin de permitirle concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor constitucional para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto.

Sobre la base de llevar a cabo estos dos grandes objetivos es que se propone reformar los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En razón de lo cual, estas comisiones dictaminadoras analizarán la iniciativa que se dictamina en forma temática, partiendo de las modificaciones que se proponen en materia de amparo y posteriormente analizar las propuestas relativas al Poder Judicial de la Federación.

1. REFORMAS EN MATERIA DE AMPARO

Reformas al artículo 103 constitucional

La Constitución de 1917 no es solamente un catálogo de derechos relacionados con la libertad y la propiedad del ciudadano —los denominados derechos humanos de primera generación—, sino que consagra también un núcleo de importantes derechos sociales —derechos de segunda y tercera generación—, que deben contar con las mismas garantías y mecanismos para hacerlos efectivos.

El juicio de amparo, hasta el día de hoy, se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo por las interpretaciones que sedan a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones de ciertos preceptos de la Constitución.

Se pretende en consecuencia, afines a la lógica internacional queha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanosy dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades, ampliar el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia del control.

La solución que se propone es en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

En efecto, a pesar de que existe una norma constitucional que avala la justiciabilidad de los derechos conferidos por los tratados internacionales suscritospor nuestro país, resulta de la mayor importancia dejar claro en nuestra Ley Fundamental que en materia de derechos humanos existen los mecanismos para hacer valer una violación al texto de dichos instrumentos internacionales.

De esta forma, se establece que los tribunales federales serán los encargados de resolver cualquier controversia relativa a la trasgresión de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por nuestra Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Esta modificación constitucional se inscribe en una ruta protectora del ámbito de los derechos humanos. Busca generar las condiciones adecuadas para que éstos se respeten y se garanticen de forma efectiva. Con ello se pretende tutelar y favorecer al individuo frente a las acciones del Estado.

Por otro lado, es importante destacar que desde el texto constitucional se establece claramente la materia de control por parte de los tribunales de la Federación dentro del juicio de amparo, es decir, normas generales, actos de autoridad y omisiones de éstas mismas cuando violen las referidas garantías y derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna.

En ese tenor, se estima conveniente ajustar el texto de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional vigente, a fin de hacerlas acorde con la redacción de la fracción I que se reforma.

Reformas al artículo 107 constitucional

Del interés legítimo (Artículo 107, fracción I)

En la fracción I del artículo 107 constitucional se establece una reforma de de la mayor importancia al introducir en el texto constitucional el concepto del “interés legítimo”.

En efecto, se prevé que para efectos del juicio de amparo tendrá el carácter de “parte agraviada” aquella persona que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Actualmente el juicio de amparo puede promoverlo quien alegue la existencia de un interés jurídico identificado con el derecho subjetivo.

Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuela correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea, cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.

Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico –interés jurídico– o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.

Declaratoria general de inconstitucionalidad (Art. 107, fracción II)

Uno de los principios fundamentales sobre los cuales se encuentra construido el juicio de amparo en México es el de relatividad de las sentencias de amparo. De conformidad con este principio, la sentencia que otorga el amparo se limita a amparar al quejoso en contra del acto específico que motivó la queja sin hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, es importante destacar que el hecho que las sentencias de amparo tengan efectos particulares no significa que puedan ser desconocidas por autoridades que no fueron parte en el juicio de amparo. Por el contrario, las resoluciones que otorgan el amparo al quejoso deben ser respetadas por todas las autoridades, estando obligadas a llevar a cabo todos los actos tendentes a su ejecución y que estén relacionados con el ámbito de sus atribuciones.

Debe precisarse que esta fórmula adquiere importancia exclusivamente en los amparos en contra de las normas generales.

Estas comisiones unidas consideran que no obstante la importancia que ha tenido la vigencia del principio de relatividad para el desarrollo del juicio de amparo en nuestro país, es necesario admitir que en la actualidad el principio que nos ocupa carece de justificación y en consecuencia, es impostergable su revisión.

Por lo que estas comisiones consideran que los efectos relativos de las sentencias de amparo generan ciertas consecuencias que son inadmisibles en un Estado democrático y de derecho. En un primer término, la relatividad de las sentencias de amparo vulnera el principio de supremacía constitucional. Por otro lado, se afecta la regularidad del orden jurídico mexicano, toda vez que tenemos casos de normas generales irregulares así determinadas por el órgano de control que no obstante, siguen formando parte del sistema jurídico.

A mayor abundamiento debe decirse que vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues la norma declarada inconstitucional se sigue aplicando a todos aquellos que no promovieron el juicio de garantías, además del principio de economía procesal, pues se llega al absurdo de tener que seguir promoviendo juicios de amparo contra leyes que han sido declaradas inconstitucionales un sinnúmero de veces. Esto supone una carga añadida para el Poder Judicial Federal que va en detrimento de una pronta y expedita administración de justicia.

Por otro lado, debe decirse que en un país con serias desigualdades económicas y sociales es una injusticia la permanencia de normas inconstitucionales y su obligatoriedad para la inmensa mayoría de los gobernados, solo porque no promovieron un juicio de amparo, a pesar de haber sido declaradas inconstitucionales.

Estas razones han sido valoradas por estas comisiones dictaminadoras y en consecuencia, procede aprobar la propuesta contenida en la fracción II, segundo párrafo del artículo 107 de la iniciativa.

En efecto, se propone otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general de inconstitucionalidad en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general respecto de la Constitución.

Si bien en el texto contenido en la iniciativa que se dictamina se establece que dicha declaratoria procederá en los términos y condiciones que se establezcan en la ley reglamentaria, estas comisiones unidas estiman pertinente establecer ciertos requisitos de procedencia de dicha declaratoria, dejando los demás términos para su desarrollo en la ley reglamentaria.

En consecuencia, se pretende establecer en el segundo, tercero y cuarto párrafos de la fracción II del artículo 107 constitucional, que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo indirecto en revisión de que conozca, resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, debe informar a la autoridad emisora de la norma, únicamente para su conocimiento.

Posteriormente cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora de la norma. Si transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá, siempre que sea aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Este procedimiento de declaratoria no aplicará a las normas generales en materia tributaria. La razón de esto último obedece a la especial importancia que guarda dicha materia en las finanzas públicas y el posible impacto negativo en las mismas en caso de establecer una declaratoria con efectos generales.

Si bien es cierto que a nuestro Máximo Tribunal se le confiere tan importante atribución, también lo es que sólo se actualiza ante el establecimiento reiterado de un criterio jurisprudencial, siendo además que tal declaratoria no procede en forma automática sino respetando las condicionesy plazos antes referidos, permitiendo que sea el propio órgano emisor de la norma quien reforme o modifique la norma declarada inconstitucional y no siendo así, la Suprema Corte de Justicia sea quienemita la declaratoria general de inconstitucionalidad, aprobada por una mayoría calificada, lo que pretende preservar con ello, el pleno respeto y equilibrio entre los Poderes de la Unión.

En ese proceso específico, y a efecto de estar en posibilidad de construir el sentido y alcances de la declaratoria general con gran cuidado, en la ley reglamentaria deberá conferirse a la Suprema Corte la facultad de llamar a quien estime conveniente a efecto de escuchar sus opiniones antes de tomar una medida de tal trascendencia para nuestro orden jurídico. Debido a los alcances de la resolución, en la ley reglamentaria deberá establecerse que la declaratoria deba ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el órgano oficial de la entidad que, en su caso, hubiere emitido la norma sobre la cual se hubiere hecho tal declaratoria.

En ese tenor se considera conveniente ajustar el texto del párrafo de la fracción II del artículo referido, a fin de armonizarlos con los subsecuentes párrafos que refieren la mencionada declaratoria generalde inconstitucionalidad.

Amparo adhesivo (Art.107, fracción III)

En relación con la figura del “Amparo Adhesivo” contenido en la iniciativa que se dictamina, estas comisiones unidas comparten las consideraciones vertidas en la iniciativa en estudio, en el sentido de que la garantía individual de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:

  • Justicia expedita, que se traduce en el imperativo de que los tribunales estén libres de cualquier obstáculo o estorbo para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes;

  • Justicia pronta, que implica la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes;

  • Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado, y

  • Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

De lo anterior se desprende que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial-debe garantizar a los gobernados -en el ámbito de su competencia- una efectiva tutela judicial, que cumpla con los principios a que se ha hecho alusión.

Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez,prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales.

En este contexto, estas comisiones coinciden en que un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo.

La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias. Para resolver esta problemática, se propone prever en el texto constitucional la figura del amparo adhesivo, además de incorporar ciertos mecanismos que, si bien no se contienen en la iniciativa, estas comisiones dictaminadoras consideran importante prever a fin de lograr el objetivo antes señalado.

Por un lado en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional, se establece que la parte que haya obtenido sentencia favorable o la que tenga interés en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, en los términos y forma que establezca la ley reglamentaria.

Con ello se impone al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar sus derechos. Con esta solución se tiende a lograr que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad de un proceso y no, como hasta ahora, a través de diversos amparos.

Por otro lado en el primer párrafo del inciso a) de la citada fracción III, estas comisiones consideran pertinente precisar con toda claridad que el tribunal colegiado que conozca de un juicio de amparo directo deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y también aquéllas que cuando procedaadvierta en suplencia de la queja, debiendo fijar los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución, señalando con claridad que aquellas violaciones procesales que no se invocaron en un primer amparo, o que no hayan sido planteadas por el Tribunal Colegiado en suplencia de la queja, no podrán ser materia de estudio en un juicio de amparo posterior.

Lo anterior impondrá al Tribunal Colegiado de Circuito la obligación de decidir integralmente la problemática del amparo, inclusive las violaciones procesales que advierta en suplencia de la deficiencia de la queja, en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Por otra parte, de igual forma se coincide con la propuesta de la iniciativa en el sentido de precisar la segunda parte del vigente inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional, por lo que se refiere al requisito exigido en los juicios de amparo promovidos contrasentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en el sentido de que para hacer valerlas violaciones a las leyes del procedimiento en dichos juicios, el quejoso deberá haberlas impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que señale la ley ordinaria respectiva, conservando la excepción de dicho requisito en aquello juicios amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado.

Otras modificaciones

1. Estas comisiones consideran conveniente ajustar el primer párrafo del artículo 107 constitucional, con el objetivo de precisar que de las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional, quedan excluidas aquellas en materia electoral.

Lo anterior, en virtud de que si bien en la fracción V del artículo 99 constitucional se encuentran previstas las controversias en la materia referida, se estima idóneo hacer tal precisión para evitar confusiones en la interpretación de dicho precepto.

2. En el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, la iniciativa en estudio propone que en aquellos juicios en los que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, se recaben las pruebas que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

No obstante estas comisiones unidas estiman conveniente conservar el texto vigente que clarifica y precisa que tales pruebas que de oficio deben recabarse sonaquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos a que se refiere este párrafo, considerando que se trata de los juicios de amparo en la materia agraria, procedimientos que han siempre han gozado de un tratamiento especial. En el mismo sentido,se considera conducente conservar el último párrafo de la fracción II por considerar que la redacción vigente redunda en una mayor protección de los beneficios concedidos a los núcleos ejidales o comunales o de los propios ejidatarios o comuneros en los juicios de amparo en materia agraria.

3. Por otro lado, estas comisiones dictaminadoras coinciden en términos generalescon los argumentos contenidos en la iniciativa en el sentido de que hoy en día los poderes judiciales locales gozan de una mayor autonomía e independencia frente a los poderes legislativos y ejecutivos de las entidades federativas. Asimismo, que la confianza en ellos ha ido aumentando, sustentada principalmente en las reformas al artículo 116 constitucional y en aquellas normas y acciones que van abriendo en nuestra sociedad las puertas de un Estado de derecho, sin embargo, estas comisiones no comparten la propuesta contenida en la iniciativa en el sentido de limitar en ciertas materias la procedenciadel juicio de amparo directo, fijando como criterios de admisión de la demanda de amparo directo la importancia y trascendencia.

En efecto, si bien por un lado se reconoce la importancia de atender la problemática generada a partir del abuso de este instrumento de tutela constitucional, por otro lado, consideramos que es posible dar atención a dicha problemática a través de medidas diversas a las planteadas en la iniciativa con la finalidad de no afectar el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, procede suprimir el cuarto párrafo del inciso a) de la fracción III así como el último de la fracción V, contenidos en el texto de la iniciativa que se dictamina.

4. Por lo que se refiere a las reformas contenidas en la iniciativa en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI, las mismas pretenden ajustar el texto constitucional a fin de clarificarlo o precisarlo, sin contener cambios de fondo.

5. En relación con el segundo párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, estas comisiones unidas estiman procedente precisar las materias en las cuales procedería el otorgamiento de la fianza que el quejoso debe otorgar para efectos de la suspensión del acto reclamado; en consecuencia se precisa que será en las materias civil, mercantil y administrativa.

6. Respecto a la fracción XII de este mismo precepto, estas comisiones estimanadecuado conservarlos párrafos vigentes, en virtud de que ambos establecen en forma clara los supuestos que prevén, no así el texto contenido en la iniciativa que se dictamina.

7. En relación a los sujetos facultados para denunciar las contradiccionesde tesis sustentadas por los tribunales colegiados, estas comisiones unidas han considerado pertinente permitir al Procurador General de la República, a los tribunales colegiados de un mismo Circuito y sus integrantes, los jueces de Distrito y a las partes en los asuntos que los motivaron por considerar que dentro de éstas últimas se encuentran contempladas las dependencias jurídicas de los organismos públicos y las asociaciones de abogados como se propone en la iniciativa de mérito.

Una medida similar corresponderá en los casos de las contradicciones entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización, pues se prevé que sean los ministros de la Corte, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, quienes puedan denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

8. Asimismo, estas comisiones unidas consideran procedente derogar la fracción XIV del artículo 107 constitucional que prevé los casos de sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos que señala la ley reglamentaria, ello por estimarinnecesario conservar dicho texto.

9. Estas dictaminadoras también consideran adecuado conservar el texto vigente de la fracción XV que otorga la facultad al Procurador General de la República para ser parte en todos los juicios de amparo, y no sólo en aquellos contra normas generales, toda vez que se estima importante conservar dicha atribución para todos los casos manteniendo la posibilidad de abstenerse de intervenir en aquellos casos en que el asunto carezca de interés público.

10. Estas comisiones unidas comparten lo precisado por los autores de la iniciativa materia del presente dictamen, en el sentido de que uno de los temas más complejos del juicio de amparo es el relativo a la ejecución de las sentencias. La importancia del tema radica, como es evidente, en el hecho de que de no lograrse la realización material y rápida de las