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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 27

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Noviembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadorespara conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Ruiz del Rincón Gabriela, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Castelo Parada Javier, Creel Miranda Santiago, Murillo Karam Jesús, Polevnsky Gurwitz Yeidckol.

Senadores en comisión oficial: Galindo Noriega Ramón.

Senadores con aviso de inasistencia: Anaya Gutiérrez Alberto (inasistencia autorizada), Anaya Llamas Guillermo (inasistencia justificada), Coppola Joffroy Luis Alberto (inasistencia justificada), Garibay García Jesús (inasistencia justificada),Herrera León Francisco (inasistencia justificada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia justificada), Villarreal García Luis Alberto (inasistencia autorizada).

Senadores ausentes: Aguirre Rivero Angel, Green Macías Rosario, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Sacramento Garza José Julián, Sotelo García Carlos.

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Honorable Asamblea,de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 114 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUÍZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cincuenta minutos del día jueves diecinueve de noviembre de dos mil nueve, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes diecisiete de noviembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que remite el informe de resultados del viaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y de la Visita de Estado a la República de Costa Rica, realizado del 28 al 30 de julio de 2009.- Quedó de enterado. Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que remite el informe de resultados del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, de la gira a América del Sur, realizada del 12 al 18 de agosto de 2009.- Quedó de enterado. Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar la condecoración que otorga el Gobierno de la República Francesa.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió del Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que la próxima sesión de la Cámara de Diputados, tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 10:00 horas.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se resuelve dejar insubsistente el procedimiento y dictamen tendiente a la aprobación de la propuesta de no ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López, como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, derivada del dictamen aprobado el 27 de abril de 2007, en acatamiento del amparo 376/2007.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Eduardo Nava Bolaños, Informe de las actividades realizadas por los Senadores Sebastián Calderón Centeno, Francisco Herrera León y él mismo, durante la sesión de la Asamblea Plenaria del PARLACEN, en Guatemala, República de Guatemala, el 27 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Senadora Rosalinda López Hernández, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, solicitud de una prórroga para la presentación del dictamen sobre el proyecto de Decreto que reforma los artículos 28 y 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a partir de la excitativa formulada el 27 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado. La Presidencia autorizó la prorroga.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que ese órgano de gobierno envía una cordial felicitación al Sen. Carlos Jiménez Macías, con motivo de su nombramiento como Presidente del grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria para el período 2009-2011.- Quedó de enterado.

(Bienvenida)

Se recibió la visita de los niños y jóvenes mexicanos, ganadores del Concurso Juvenil de Arte y Medios Audiovisuales “Exprésate”, organizado por el Centro de Información de las Naciones Unidas y la Organización “Save the Childrem”, coordinadamente con la cancillería, en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China, firmado en la Ciudad de Beijing el once de julio de dos mil ocho y por el que se aprueba su Declaración Interpretativa.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por los que se ratifican:

3 grados de Almirantes

5 grados de Vicealmirantes

19 grados de Contralmirantes

40 grados de Capitanes de Navío

Sin discusión, se aprobaron conjuntamente por 79 votos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.- A discusión, intervino el Senador José Luis García Zalvidea. Se aprobó por 74 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud la elaboración de un estudio para conocer la posibilidad de crear un laboratorio nacional para el análisis de muestras de cabello y otros tejidos y fluidos, a fin de determinar la cantidad de metales tóxicos en el organismo.- A discusión, intervinieron los Senadores Antonio Mejía Haro, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada, y Ernesto Saro Boardman. El dictamen adicionado se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas y los programas que se encuentran en diseño para satisfacer la creciente demanda de servicios para el tratamiento y rehabilitación de la población interesada en abandonar el consumo del tabaco.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VII del artículo 73 y IV párrafos primero, segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Murillo Karam, a nombre propio y del Senador Pedro Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Emma Lucía Larios Gaxiola y Lázaro Mazón Alonso, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Contrato de Seguros y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se adiciona una fracción XIV Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la SAGARPA y de la SEMARNAT para que informen sobre las autorizaciones para la siembra experimental de maíz transgénico.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

El Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a mantener en operación la Demostración de Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Comercial y de Seguridad de Producto en punto de entrada al país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición conpunto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a investigar los hechos de agresión a la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo; así también, para que se coordinen y se lleven a cabo acciones que ayuden a fortalecer las medidas de seguridad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a modernizar en los aeropuertos, los procesos de revisión de pasajeros y equipaje y se capacite a los servidores públicos encargados de la misma.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición conpunto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública incrementen el subsidio financiero a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores María del Socorro García Quiroz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto al desconocimiento y falta de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a veinte años de su adopción.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar los trabajos de la comisión intersecretarial para resolver los asentamientos irregulares y la devastación de la biodiversidad en la selva lacandona.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

La Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas de prevención de la diabetes a nivel nacional, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

El Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui, Aminatou Haidar.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que remite las ternas de candidatos para nombrar a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa en relación con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con la minuta proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión ordinaria el próximo martes veinticuatro de noviembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto, por favor.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 29 de noviembre al 1º de diciembre de 2009, a fin de participar en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se efectuará en Estoril, Portugal.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa.

Pasemos al siguiente asunto.






COMISION REGULADORA DE ENERGIA

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió un oficio de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite su Informe Anual 2008, conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Comisión Reguladora de Energía.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase a la Comisión de Energía.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió un oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que informa de la conclusión del seguimiento de la Recomendación Número 56/2007, en torno a presuntas violaciones a derechos humanos por discriminación y violencia de género cometidas en agravio de mujeres del Ejido de Bellavista del Norte, municipio de Frontera Comalapa, del estado de Chiapas, a partir de un Acuerdo del Senado del 6 de abril del 2006.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Informo a ustedes que por Acuerdo de la Mesa Directiva, se determinó ampliar el turno a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, a la propuesta del Ejecutivo Federal que contiene las ternas de candidatos para nombrar a 2 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas….

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿Sí, Senador Pablo Gómez?

Pida usted permiso a la bancada del PAN, que tiene sonido suficiente hasta para la izquierda.

Adelante.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) A ver, el turno de las ternas lo acordó el Pleno y yo creo que la Mesa Directiva haga un acuerdo distinto al que hizo el Pleno, no me parece congruente con la superioridad jerárquica del Pleno, a lo que está siempre la Mesa Directiva y el Presidente del Senado.

Por lo tanto no creo que baste con la simple ampliación de un turno cuando eso ya lo votó el Pleno. En todo caso el Pleno puede votar otra cosa y no hay ningún problema.

Sin embargo, existe un problema; siempre se ha dado turno a las ternas a dos Comisiones: la de Justicia y la de Estudios Legislativos, para que haya un Presidente de un Partido y otro Presidente de otro Partido. Pero esto es un ritual que pervierte totalmente la función de las Comisiones de Estudios Legislativos. Si el Pleno aprueba la ampliación de turno, así será.

Conste que yo sigo considerando que al margen del ritual, que no me interesa en absoluto, es incorrecto que las Comisiones de Estudios Legislativos sean señaladas para asuntos que no son legislativos, porque entonces su existencia ya se ve que no es la que se dice que es. Ese es el problema.

En todo caso pido al Presidente del Senado que ponga a consideración de la Asamblea la propuesta de ampliación de turno.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ha lugar, ha lugar al señalamiento del Senador Pablo Gómez.

Y en abundamiento de lo anterior, la Mesa Directiva, en su sesión de hoy por la mañana, suscribió un Acuerdo relativo al procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está procesándose en consulta con los grupos parlamentarios.

En el conjunto del Acuerdo está incluido el tema del turno a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en virtud de que en la sesión pasado, a petición del propio Senador Gómez, se determinó dar turno solo a la Comisión de Justicia, es el Pleno quien tiene que determinar el nuevo turno.

Solicito, por lo tanto, dejar sin efecto el presente anuncio, para dejar que los grupos parlamentarios procesen el Acuerdo integral que vamos a poner a consideración de la Mesa Directiva, incluyendo turno.

¿Senador Arroyo?

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Sí, mire usted, señor Presidente.

Creo que es interés de todos los integrantes del Senado de la República realizar un procedimiento amplio, transparente, incluyente en relación al tema de la elección de 2 Ministros de la Corte, que no es un asunto menor.

Cierto también es que en este momento se está procesando el Acuerdo que permitiría eventualmente, inclusive, la apertura del procedimiento, pues no con una comparecencia, sino con un discurso, vamos, en el Pleno y posteriormente todo el procedimiento en dos Comisiones.

Creo que no riñe que la Asamblea, en este momento y para seguridad y certeza de todos, y para ayudar al buen procesamiento del Acuerdo, ratifiquemos el Acuerdo de la Mesa Directiva y posteriormente pasemos a votación cuando esté listo y firmado el Acuerdo correspondiente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Adelante, Senador González Alcocer.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: Señor Presidente, yo debo de manifestar que técnicamente es correcto lo que planteó desde la sesión pasada el Senador Pablo Gómez.

Sin embargo no tenemos objeción en que se amplíe el turno, siempre hemos trabajado así, en aras justamente de lo que se ha venido señalando, que tenemos que estar todos incluidos en una determinación así, no solo porque se incluya o no una Comisión, sino porque en un proceso como éste, tenemos que estar todos incluidos porque se requiere después votar las dos terceras partes.

Sin embargo creo que será cosa de meditar más profundamente, porque hay propuestas nuevas en este Acuerdo de la Mesa Directiva, que un poco más adelante podamos consensarlo para estar en aptitud de aprobarlo.

Yo no me opongo, pues, a que se amplíe el turno a la Comisión de Estudios legislativos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Bien. Por un principio de orden, por un principio de orden creo que debiéramos esperar la consulta con los grupos para pulir de manera integral el punto de Acuerdo que incluya el tema del turno, y no votarlo por separado una cosa primero y otra después.

Creo que es preferible esperar y presentar integralmente el punto de Acuerdo en la Mesa Directiva, habida cuenta de que se está construyendo claramente una mayoría que acepta el turno nuevo.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY DEL SISTEMA HORARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE ENERGIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA
PRESENTE.

A las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto, para reformar el artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, a la Comisión de Energía de esta Cámara le fue enviada, para estudio y dictamen, una iniciativa de la Senadora Eva Contreras Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objeto de reformar la fracción II del artículo 3 de la misma Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que estos órganos legislativos ponen a su consideración el siguiente dictamen con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 13 de diciembre de 2007, en sesión ordinaria del Senado de la República, el Senador Raúl Mejía González presentó iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL/2.-2483, signado por el Senador José González Morfín, remitió a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda la iniciativa con proyecto de decreto antes citada.

3. El 21 de enero de 2009, la Senadora Eva Contreras Sandoval, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 21 de enero de 2009, la mesa directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio DGPL 60-II-3-2221, signado por el Senador Jesús Garibay García y el Diputado José Rubén Escajeda Jiménez, remitió a la Comisión de Energía del Senado de la República la iniciativa con proyecto de Decreto antes citada.

CONSIDERACIONES

El Senador Raúl Mejía González reconoce, en la exposición de motivos de su iniciativa con proyecto de decreto, que la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos representa un avance en la consolidación de un mecanismo adecuado para establecer diversos husos horarios en México. Estas comisiones coinciden en la pertinencia de la utilización del sistema establecido en la Ley acorde con la ubicación geográfica del país, tomando como punto de referencia el meridiano de Greenwich.

La promulgación de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos permitió dar certidumbre jurídica y formalizar la práctica de cambios de horarios en distintas regiones del país, con el propósito primordial de aprovechar mejor los recursos energéticos y ordenar de mejor forma las actividades económicas y sociales en las diversas regiones del país.

El criterio que se utilizó para la definición de las regiones que se establecen en el artículo 3 de la Ley en comento fue que se conformaran por entidades federativas en su conjunto. Sin embargo, como lo señala el Senador Mejía, en el caso del municipio de de Bahía Banderas, del estado de Nayarit, contiguo al estado de Jalisco y, en especial, vecino del municipio de Puerto Vallarta de esta última entidad, la disposición general aplicable a la totalidad de los estados afecta la vida cotidiana de los habitantes de la demarcación nayarita y, sobre todo, tiene importantes repercusiones en sus actividades económicas.

En este mismo sentido, la exposición de motivos de la iniciativa de la Senadora Eva Contreras coincide en que la estrecha relación que hay entre los municipios señalados de Jalisco y Nayarit, al tiempo de que ambas localidades vecinas tienen husos horarios distintos tienen una repercusión negativa en la vida cotidiana de sus habitantes y, de manera muy señalada, en una de las principales actividades económicas de la región como es el turismo.

Por eso, estas comisiones dictaminadoras, comparten los puntos de vista de los legisladores, en el sentido de que para un adecuado desarrollo de las actividades de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, es conveniente homologar los horarios.

No obstante, los legisladores que el objetivo de ambas iniciativas es el mismo, se plantean soluciones jurídicas distintas. El Senador Mejía, por su parte, propone que en la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos se establezca una excepción para que, en el caso del municipio de Bahía de Banderas, se aplique el mismo horario que el de Jalisco. La Senadora Contreras propone que también se modifique la misma disposición, pero en lugar de hacer una salvedad sugiere que se suprima la mención del estado de Nayarit, como parte de la zona Pacífico.

En este sentido, estas dictaminadoras consideran que los argumentos expresados por los iniciantes son pertinentes, de igual forma que es plausible el objetivo de homologar los horarios para facilitar las actividades de dos municipios contiguos de distintas entidades, que a su vez forman parte de zonas horarias diferentes, en este caso Jalisco, correspondiente a la denominada como Centro y Nayarit considerada en la zona Pacífico.

Al analizar ambas propuestas y el contenido de la propia Ley, estas comisiones llegan a la conclusión de que como el artículo 3 define la conformación de las diversas zonas horarias del país y que en particular la fracción I se refiere a una descripción genérica en la que se incluye un punto de referencia, como es el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich, pero que no se hace mención explícita a las entidades que quedan comprendidas en esa zona y si, en cambio, la misma fracción remite a los subsecuentes numerales del mismo artículo para determinar las otras zonas, resulta conveniente, en términos de técnica jurídica y prácticos proceder conforme lo propone la iniciativa del Senador Mejía González.

En este sentido, resulta recomendable que en la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos se incluya una salvedad, cuando se menciona el estado de Nayarit, para que se exceptué de la zona Pacífico al municipio de Bahía de Banderas y se explicite que, este último, formará parte de la región a la que se refiere la fracción I del mismo artículo.

De esa manera, para estas comisiones es atendible que en la fracción II del artículo 3 de la mencionada Ley que después de la palabra Nayarit se agregue: “con excepción del municipio de Bahía de Banderas, que se regirá conforme a lo establecido en la fracción I de este artículo”.

Por lo anterior, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos, Segunda se permiten someter ante esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo único. Se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3…

I…

II. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, con excepción del municipio de Bahía de Banderas el cual se regirá conforme a la fracción anterior en lo relativo a la zona centro, Sinaloa y Sonora;

III a IV…

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día en que inicie el horario estacional inmediato posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

COMISION DE ENERGIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 327 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Salud y de
Estudios Legislativos

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir Dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre de 2009, los Senadores Francisco Arroyo Vieyra, Ernesto Saro Boardman y Lázaro Mazón Alonso, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud;

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y Dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que se dictamina tiene como finalidad, reformar y adicionar la Ley General de Salud, con la intención de permitir la industrialización del plasma, el tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica.

En este sentido, propone eliminar del actual artículo 327 de la Ley General de Salud, la referencia existente a los trasplantes en la donación de órganos, tejidos y células, y propone sustituir los términos “con fines de trasplantes” por “con fines terapéuticos”, toda vez que se estima, abre la posibilidad de que los órganos, tejidos y células que se donen podrán ser utilizados para fines de transfusión o implante.

Aunado a lo anterior, la Iniciativa propone la adición de dos párrafos al mismo artículo para permitir el destino de los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica, a procesos de industrialización así como el plasma residual, para obtener derivados de éstos, con fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación. Así también, establecer que será la Secretaría de Salud, la responsable de establecer las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a los mismos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad, procurando beneficio para la salud pública.

CONSIDERACIONES

A. El párrafo tercero del artículo 4° constitucional, establece el derecho a la protección de la salud que tienen todos los mexicanos; y a su vez en su artículo 73, fracción XVI, se faculta al Congreso de la Unión a dictar leyes sobre salubridad general de la República, razón por la cual el ámbito de competencia de esta soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el importante tema de salud que nos ocupa hoy en México.

B. Así mismo, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en establecer que el asunto materia de la iniciativa, es de suma relevancia para México, porque se refiere a un tema con un gran impacto social, extendido a corto, mediano y largo plazo, con efectos positivos para la convivencia social, así como para el sano desarrollo y bienestar físico y mental del ser humano.

C. La donación de órganos, tejidos y/o células, es un tema médico social que estamos viviendo como un proceso de aceptación cultural, donde la intención es dar un órgano, célula y/o tejido a otra persona de manera altruista, sin ánimo de lucro y de manera confidencial.

D. El avance científico en el campo terapéutico que se ha registrado en los últimos años, brinda grandes esperanzas para quien los requiere. Deriva incluso, en un crecimiento con grandes oportunidades para el tratamiento de enfermedades diversas, siempre con la elevada convicción de preservar la salud que, a consecuencia del avance en los procedimientos terapéuticos de trasplantes reclama la sociedad mexicana.

Por ello es menester de los Organos legislativos satisfacer las necesidades asistenciales, en un marco que garantice la cultura de la donación que involucre a la ciudadanía en general.

E. Con este propósito, se vuelve necesario reformar la Ley General de Salud:

Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos, con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines terapéuticos, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

 

Los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular, membrana amniótica, y otros, así como el plasma residual, podrán destinarse a procesos de industrialización para obtener derivados e insumos de éstos, con fines de investigación, preventivo, de diagnóstico o terapéuticos.

La Secretaría establecerá las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a los mismos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad, seguridad y procurando beneficio para la salud pública.

F. Lo anterior halla sustento al encontrar que los médicos se ven limitados en la los fines terapéuticos que persiguen, toda vez que se ha demostrado que la utilización de los órganos, células y/o tejidos son una alternativa útil de sobrevida.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, aprobó en la Asamblea Mundial en Mayo de 2004, una resolución que recomienda acciones concretas de promoción y desarrollo de programas de donación y trasplantes, donde se pretende aportar un marco legal, para garantizar la calidad y seguridad de los procedimientos terapéuticos y ofrecer una mejor y más eficiente asistencia sanitaria en la donación y transplante de órganos, células y/o tejidos.

Razón por la cual encontramos, que existe una proyección adecuada de la necesidad del trasplante y donación de órganos, células y/o tejidos, donde es posible aseverar que con el presente dictamen se cumplirá con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de las Salud, además de los que se propone luego de la actualización de los Principios Rectores, los cuales insta a los Estados Miembro, a lo siguiente:

1) A aplicar los Principios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Organos Humanos al formular y ejecutar sus políticas, leyes y legislaciones relativas a la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos humanos según proceda;

2) A promover la sensibilización pública y el conocimiento de los beneficios derivados de la provisión voluntaria y no remunerada de células, tejidos y órganos en cuanto tales procedentes de donantes fallecidos o vivos, frente a los riesgos físicos, psicológicos y sociales que entraña para los individuos y las comunidades el tráfico de material de origen humano y el turismo de trasplantes;

3) A combatir la búsqueda de beneficio económico o de ventajas comparables en las transacciones con partes del cuerpo humano, el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, incluso alentando a los profesionales de la salud a notificar a las autoridades pertinentes esas prácticas cuando tengan conocimiento de ellas, de conformidad con las capacidades nacionales y la legislación nacional;

4) A promover el acceso equitativo a los servicios de trasplante de conformidad con las capacidades nacionales, que es el cimiento del apoyo público y de la donación voluntaria;

5) A mejorar la seguridad y la eficacia de la donación y los trasplantes promoviendo las prácticas óptimas internacionales;

6) A reforzar las autoridades y/o las capacidades nacionales y multinacionales, y a prestarles apoyo para que aseguren la supervisión, organización y coordinación de las actividades de donación y trasplante, prestando atención especial a que se recurra lo máximo posible a las donaciones de personas fallecidas y se proteja la salud y el bienestar de los donantes vivos;

7) A colaborar en la obtención de datos, en particular sobre eventos y reacciones adversas, relativos a las prácticas, la seguridad, la calidad, la eficacia, la epidemiología y la ética de la donación y los trasplantes;

8) A alentar la aplicación de sistemas de codificación de células, tejidos y órganos humanos coherentes a escala mundial con el fin de facilitar la trazabilidad.

G. Por lo anterior es que, en México existe el Centro Nacional de Transplantes y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, órganos públicos federales, encargados de llevar el registro de lo que acontece en la materia objeto de su creación, además de coordinar la adecuada distribución y aprovechamiento de órganos, células y/o tejidos, así como de la sangre y derivados, respectivamente.

En este tenor, observamos que efectivamente la donación ha tenido para bien cambios que se traducen en el adecuado aprovechamiento de lo que en vida o después de muerto, el donante quiera disponer con su cuerpo. Razón por la cual cobra importancia la reforma en estudio al señalar que la donación con fines terapéuticos, crea la posibilidad de que los órganos, tejidos y células que se donen sean utilizados con fines más amplios que la de solo un trasplante.

H. En este sentido, de la lectura del artículo 7 fracción VIII que dice “La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud correspondiéndole…: … impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud…”, es que encontramos que, efectivamente está permitido el que existan actividades y tecnologías como la industrialización tanto de tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica como del plasma residual, para que con que con éstos, se encuentren los más adecuados y avanzados fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación que reclama la sociedad, con el único propósito de salvaguardar el derecho a la salud que consagra la Constitución Política Mexicana.

Por lo anterior, encontramos que si bien es cierto existe el impulso de actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud, también es cierto que es necesario traducir esa permisión en el marco general que rige todas y cada una de las acciones encaminadas a proteger la salud, razón por la cual, las Comisiones Unidas que dictaminan, consideran adecuado y necesario que exista el correcto ordenamiento que permita la obtención de derivados de los tejidos y plasma residual mencionados en el párrafo anterior, facultando a la Secretaría de Salud a emitir la exacta observancia para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes de los mismos, así como la promoción de la accesibilidad a los derivados del plasma y de los tejidos industrializados en condiciones de equidad y procurando el más amplio de los beneficios para la salud pública en nuestro país.

I. En este tenor, encontramos que cada día existen mayores números de casos de personas que requieren de la donación y/o transplante, así se sabe, que en el año 2006, el número de transplantes realizados disminuyó considerablemente, debido a que no existen órganos, células y/o tejidos, y donantes suficientes, por lo que es fundamental que la aprobación del presente dictamen se vea como lo más adecuado dada la falta de cultura y cuidados de las personas, debiendo además considerar, que la propia OMS ha respaldado a través de los estudios científicos realizados, los también señalan que existen los avances sanitarios y legales para que se lleve a cabo dicha actividad. Tomando en cuenta de la misma forma, que la necesidad es significativa, pero la oferta es baja, por lo que la importancia radica no solo en el fortalecimiento de la cultura de la donación, sino de la industrialización de los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica, así como el plasma residual, con fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación, para de esa forma satisfacer la demanda de la necesidad de nuevas y mejores avances científicos y tecnológicos que representan la solución a graves enfermedades o padecimientos que existe en la actualidad.

Finalmente, conscientes de la magnitud, utilidad y trascendencia de los avances científicos y tecnológicos cada vez mayores tanto de los órganos, células y/o tejidos como del plasma humano, para contrarrestar una gran variedad de afecciones; comprometidos con los principios de dignidad y solidaridad humanas, que condenan la adquisición de partes del cuerpo humano para el trasplante y la explotación de las poblaciones más pobres y vulnerables y el tráfico humano que se deriva de esas prácticas; determinados a prevenir el daño que causa la búsqueda de beneficios económicos o de la obtención de ventajas comparables en transacciones con partes del cuerpo humano, incluido el tráfico de órganos humanos y el turismo de trasplantes; convencidos de que la donación voluntaria y no remunerada de órganos, células y/o tejidos de donantes fallecidos o vivos contribuye a garantizar la persistencia de un recurso comunitario vital; es que coincidimos con los cambios propuestos por los Legisladores proponentes, con el único propósito de optimizar la seguridad, eficacia y transparencia de las técnicas y avances científicos, como la industrialización de tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica, así como el plasma residual, con fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud

Artículo Unico. Se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley de General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines terapéuticos, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular, membrana amniótica, y otros, así como el plasma residual, podrán destinarse a procesos de industrialización para obtener derivados e insumos de éstos, con fines de investigación, preventivo, de diagnóstico o terapéuticos.

La Secretaría establecerá las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a los mismos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad, seguridad y procurando beneficio para la salud pública.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma el artículo 12, fracciones I y XII de la Ley de Asistencia Social.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 12, FRACCIONES I Y XII DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Salud; de
Atención a Grupos Vulnerables; y
de Estudios Legislativos

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 57, 60, 65, 87, 88, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenorde la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de abril de 2008 el entonces Diputado Gerardo Buganza Salmerón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social.

2. Con la misma fecha, en sesión celebrada por el Pleno de Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de dicha Cámara.

3. Con fecha 14 de abril de 2009, se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

4. Con fecha 15 de abril de 2009 se recibió de Cámara de Diputados minuta con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

5. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta que origina el presente Dictamen tiene la finalidad de actualizar la terminología de la Ley de Asistencia Social, a fin de cambiar el término de “invalidez” por el de “discapacidad”.

Lo anterior, se fundamenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México forma parte, además, porque se considera que dicho término resulta despectivo y obsoleto.

CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos: a) invocan el párrafo tercero del Artículo 1º Constitucional que prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por la discapacidad y cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y los derechos y libertades de las personas; b) refieren a la fracción XX del Artículo 3º de la Ley General de Salud que señala a la asistencia social como materia de salubridad general, y c) aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Así mismo, estas Dictaminadoras coinciden en enfatizar que el asunto materia de la minuta, como lo es que la Ley de Asistencia Social contenga el término correcto para su exacta observancia, tiene una gran relevancia social, porque se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la convivencia armónica de la sociedad y el desarrollo de México, incluyendo a un sector importante de la población.

C. Para el caso que nos ocupa, la Ley General de las Personas con Discapacidad define a éstas, como a toda aquella que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

D. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -cuya entrada en vigor para México fue a partir del 3 de mayo de 2008-, reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad. En este sentido, resulta necesario que, como parte de las obligaciones y compromisos adquiridos por nuestro país a través de este instrumento, así como por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad -vigente para México a partir del 14 de septiembre de 2001-, se armonice el lenguaje legislativo con base en el contenido de estos tratados, tal y como lo propone la Minuta que nos ocupa.

E. En este mismo sentido, ambas Convenciones coinciden en que las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo. Igualmente, señalan que algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.

F. Por lo anterior es que los Estados miembros, en este caso México, se ve obligado a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación, debiendo estas medidas incluir una legislación antidiscriminatoria, eliminando leyes y prácticas que establecen una discriminación hacia estas personas.

G. En este mismo sentido, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 1°, tercer párrafo, la proscripción de toda discriminación por discapacidad, término que institucionalmente fue asimilado como el correcto por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso antes de la creación de la Convención de la que México fue impulsor.

H. Por otra parte, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, del total de la población mundial, aproximadamente 650 millones de personas viven con una discapacidad; de ese porcentaje, que básicamente depende del grado de desarrollo de cada país, un 80 por ciento vive en zonas rurales aisladas, lo que dificulta su adecuada atención e integración. Con base en estos datos, se estima que la población con discapacidad en México podría ascender a más de diez millones de personas.

I. En este sentido, es necesario que la Ley de Asistencia Social se adecue para avanzar en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, evitando que se hable de ellos o de su condición de forma discriminatoria y hasta despectiva. Inherente a ello, y reconociendo que a través de los años sus derechos no han sido garantizados íntegramente, se coincide en la necesidad de la adecuación a la Ley, para ser congruente en primer término con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en segundo, con lo que actualmente dice la Ley General de las Personas con Discapacidad, cambiando el término de “invalidez” por el de “discapacidad”; enfatizando, además, que el Sistema Nacional de Salud debe colaborar al bienestar de la población mediante servicios de asistencia social a personas con discapacidad.

J. En conclusión, y toda vez que se debe adecuar el texto vigente de la Ley de Asistencia Social, es que se considera viable en lo general la minuta con proyecto de Decreto enviada por la Colegisladora, tendiente a lograr una congruencia con la legislación internacional y nacional, logrando así un trato no discriminatorio hacia dichas personas que habitan y conviven en el territorio nacional, tal y como lo marca nuestra Carta Magna, la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las cuales concuerdan con el término constitucional, siendo las excepciones la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, las cuales siguen empleando términos que además de ser incorrectos, son discriminatorios e inconsistentes con la Constitución.

Por lo antes dicho, estas Dictaminadoras consideran que tanto el concepto como la mención a las personas con discapacidad deben ser expresadas en un mismo sentido y significado, siguiendo la prerrogativa constitucional.

De esta misma forma, se debe dejar claro que el Dictamen que nos ocupa solo corresponde a la Ley de Asistencia Social, a pesar de que la iniciativa original también proponía reformar la Ley General de Salud con el mismo fin; toda vez que esta Soberanía ya se pronunció a favor de modificar esta segunda Ley, dejando constancia de ello la Minuta enviada a la Cámara de Diputados. Razón por la cual, se concuerda con la Colegisladora en que, con el fin de no duplicar la labor legislativa y no generar confusión en los tiempos legislativos, se debe aprobar la reforma a la Ley de Asistencia Social, pero con las dos modificaciones siguientes:

Respecto del Artículo 12, fracción 1, inciso a), cabe mencionar, que toda vez que se está corrigiendo el término con que debe hacerse referencia en la Ley respecto a “problemasde discapacidad”, como parte de lo que se debe entender como atención de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, es necesario esclarecer que la discapacidad es una condición, no un problema, como lo son, análogamente y por mencionar un ejemplo, las circunstancias sociales de las personas. Por ello, debe sustituirse el término “problemas” y en su lugar establecer “condiciones”, en el entendido de que la Ley debe prever que los servicios de asistencia social atiendan a dichas personas, toda vez que por su condición no satisfacen cabalmente su pleno desarrollo e inclusión. Razón por la cual se considera necesario que, en el contexto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exista coincidencia entre ella y el texto propuesto.

Minuta remitida a esta Cámara Alta

Propuesta de las Comisiones Unidas

Artículo 12.-

I …

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

Artículo 12.-

I …

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

En otro sentido, se propone en el mismo artículo, fracción XII, que se incluya también, como parte de lo que se debe entender como servicios básicos de salud en materia de asistencia social a la habilitación, toda vez que este servicio se refiere a los procesos terapéuticos, educativos y sociales aplicados a individuos que han sufrido una discapacidad antes de adquirir una habilidad propia dentro de su desarrollo.

En este tenor, es oportuno advertir que para el pleno funcionamiento de la habilitación y rehabilitación, es necesario que estos procesos estén coordinados en el desarrollo de las habilidades funcionales de cada individuo, a través de objetivos claramente establecidos que tengan como finalidad obtener el máximo nivel de independencia; por ello, y con la finalidad de fortalecer el derecho a la salud de las personas con discapacidad, es que se estima pertinente añadir la habilitación, por ser necesaria, al igual que la rehabilitación, pero distinta; todo esto en congruencia con lo que dictan los tratados internacionales signados y ratificados por nuestro país, en la materia que nos ocupa.

Minuta remitida a esta Cámara Alta

Propuesta de las Comisiones Unidas

Artículo 12.-

I. a XI. …

XII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. y XIV. …

Artículo 12.-

I. a XI. …

XII. La prevención de la discapacidad, la habilitacióny la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. y XIV. …

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57, 60, 65, 87, 88 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

RESUELVEN

PRIMERO.- Es de aprobarse con modificacionesla Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 12, Fracción I, incisos a), b) y e), y XII de la Ley de Asistencia Social, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 12,

FRACCIONES I Y XII, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 12, Fracción I, incisos a), b) y e), y XII de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 12.-

I. …

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

c) y d) …

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;

f) a i) …

II. a XI. …

XII. La prevención de la discapacidad, la habilitacióny la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. y XIV. …

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 apartado E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la referida Minuta.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de febrero de 2009, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el Senador Ernesto Saro Boardman y demás legisladores que suscriben, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muestras médicas.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la Iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3. En fecha 14 de abril de 2009, el dictamen de la Iniciativa en comento fue aprobado en lo general y en lo particular pasando al Senado para sus efectos constitucionales.

4. En fecha 15 de abril de 2009 la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para elaborar su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Dicha minuta propone regular la producción y distribución de muestras médicas. Asimismo, establece una pena de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente de 20 mil hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte, para fines comerciales las muestras médicas. Modifica la pena de 1 a 9 por la de 6 a 15 años de prisión al que adultere, falsifique fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones respectivas y de 1 a 5 años por la de 1 a 9 años de prisión al que falsifique el material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación.

CONSIDERACIONES

A.La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos lo mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es la producción y distribución de muestras médicas, es portadora de una gran relevancia, porque se refiere a un tema con un gran impacto social y trascendente para el desarrollo en México, haciendo hincapié en que el Estado debe velar por la seguridad y salud de los mexicanos.

B. En efecto, lamuestra médicadebe entenderse como la presentación reducida de un producto farmacéutico, refiriéndose al número de dosis que contiene, el cual quiere promocionarse; así un representante médico la distribuye de manera gratuita a los profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos, con el objetivo de fomentarles éste hábito recordándoles a la par una marca comercial en específico.

C. Generalmente, las muestras médicas llevan entre la décima y la cuarta parte de la presentación habitual del producto farmacéutico, por lo cual, necesitan ser utilizadas apropiadamente para lograr los objetivos mencionados.

D. No obstante, las Comisiones Dictaminadoras estamos concientes de que esta práctica adoptada por los médicos y por la industria farmacéutica no se encuentra reglamentada, lo cual genera actividades que atentan contra la salud de los mexicanos, es decir, la producción y distribución desmedida de muestras médicas, que la mayoría de las veces son adquiridas por personas carentes de ética, para a su vez venderlas en el comercio informal obteniendo un lucro a costa de la salud de sus semejantes, o en el peor de los casos, se falsifican estos medicamentos y se suministran sin las indicaciones debidas, ocasionando la muerte por su ingesta.

E. Como atinadamente señalan los legisladores promoventes, la comercialización ilegal de medicamentos es un problema que debe atenderse de manera prioritaria, y delimitar estas lagunas jurídicas para combatir estas practicas que tanto dañan al país.

Estimamos adecuada la tipificación del delito de venta o comercialización de muestras médicas, ya que se pone un freno a esta conducta que, primeramente atenta contra el bien jurídico tutelado que es la salud de los mexicanos y, en segundo lugar atenta contra los intereses de la industria farmacéutica.

F. De igual manera las Comisiones que Dictaminan coincidimos con los fines perseguidos con la presente reforma, tales como implantar los medios de control para monitorear la existencia de las muestras médicas, desde su producción hasta el suministro de éstas por parte de profesionales de la salud, lo que conlleva un doble propósito, es decir, evitar tanto la sobreproducción como la automedicación por parte de los pacientes quienes solo podrán obtener estos medicamentos mediante prescripción médica.

1Fuente: “Manual del Visitador Médico Para Mercados de Alta Competencia”, de Salvador Thompson, versión electrónica en PDF y EXE.

G. Finalmente las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos estimamos viable la presente Minuta en los términos en que se presenta por llenar un vacío legal, necesario para detener y penalizar las malas prácticas en lo que se refiere a muestras médicas.

H.Por lo anterior, esta Comisión de Salud que dictamina, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo unico.- Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y se adicionan los artículos 225 Bis, 225 Ter y 464 Ter, con una fracción IV a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225 Bis.- La producción y distribución de muestras médicas, podrá efectuarse con la finalidad de dar a conocer a los profesionales de la salud, medicamentos con registro sanitario clasificados dentro de la fracción IV del artículo 226 de esta Ley.

La autoridad sanitaria establecerá las cantidades máximas de producción de muestras médicas, como porcentaje respecto del total de la producción.

Artículo 225 Ter.- Las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones de carácter general aplicables, deberán regular, cuando menos, los siguientes aspectos de las muestras médicas:

I.- Las características de la presentación;

II.- Los criterios que sirvan para determinar los volúmenes de producción que se estimen adecuados;

III.- Los controles a la distribución, que incluirá sistemas de rastreabilidad y la obligación de los laboratorios de llevar registros de profesionales de la salud a quienes se entreguen muestras médicas, y

IV.- Los procesos de farmacovigilancia.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de seis a quince años de prisión y multa equivalente de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de cinco a diez años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

…..

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-La Secretaría contará con el plazo de 360 días naturales para emitir las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de este Decreto”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XV al artículo 33 de la Ley General de Educación.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADICIONA UNA FRACCION XV AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A
GRUPOS VULNERABLES; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LX Legislatura, fue turnada para sus estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Artículo 33 de la Ley General de Educación.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión del Pleno celebrada el 6 de noviembre de 2007, el Senador Alfonso Elías Serrano del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el Artículo 33 de la Ley General de Educación.

2.- Con esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

3.- Con fecha 30 de septiembre de 2009, las Comisiones Dictaminadoras aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De manera concreta, la iniciativa plantea las reformas siguientes:

1.- La primera se plantea a través de un primer Artículo del proyecto de Decreto, mediante el cual se propone adicionar un último párrafo al Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A a la D …

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de algún trámite o la inscripción en las instituciones educativas, de seguridad social o de recreación, públicas o privadas, deberán utilizar el término apellidos, o en su caso primer apellido y segundo apellido.

2.- En lo que corresponde a la segunda propuesta que se plantea a través de un segundo Artículo del proyecto de Decreto, ésta va encaminada a adicionar una fracción XXX y recorrer la actual XXIX del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran conductas discriminatorias:

I. al XXVIII. …

XXIX. Establecer diferencias entre apellido paterno y materno, para cualquier trámite respecto de los menores de edad; y

XXX. En general, cualquier otra conducta discriminatoria en términos del Artículo 4 de esta Ley.

3.- Por lo que se refiere a la tercera propuesta planteada en el tercer Artículo del Proyecto de Decreto, se hace manifiesta la intención de reformar las fracciones XII y XIII, y se adiciona una fracción XIV al Artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XI. …

XII.- Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el Artículo anterior;

XIII.- Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la cantidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el Artículo anterior.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, y

XIV.- Promover en las instituciones de educación pública y privada, el manejo de apellidos o primer y segundo apellido, según lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de inscripciones a instituciones de educación.

4.- El proyecto de Decreto de la iniciativa del Senador contiene dos artículos transitorios: el primero relativo a la vocatio legis de la norma estableciendo que el derecho en cuestión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, el segundo, en el que se expresa que se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se opongan al presente Decreto.

Con base en los Antecedentes y el Contenido de la Iniciativa mencionados, se señalan las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Conforme a su Exposición de Motivos, la iniciativa tiene por objeto establecer que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de algún trámite o inscripción, utilice el término apellidos, o en su caso primer apellido y segundo apellido, con la finalidad principal de que no se presenten conductas ni actividades discriminatorias para niñas, niños y adolescentes, así como instar a la Secretaría de Educación Pública a que tome las medidas necesarias para evitar diferencias.

Sostiene el proponente que es una forma discriminatoria para los menores de edad el hecho de la falta de alguno de sus apellidos, ya que los infantes y adolescentes no tienen ninguna responsabilidad respecto de las causas que dieron origen a dicha situación.

Estima el Senador iniciante que este tipo de conductas discriminatorias se presenta en lugares como instituciones educativas, centros de recreación públicos y privados, porque al ingreso los formatos en los cuales se requiere la información hacen mención del apellido paterno y materno, sin considerar que existen casos en los cuales los menores de edad no poseen alguno de ellos.

Apunta el Senador proponente que es preciso superar el tradicional reconocimiento de las filiaciones paterna y materna, considerando que ambas son realmente iguales y que debe disponerse el nombre con arreglo a lo que indica el Código Civil Federal en su Artículo 58, el cual hace referencia a que el acta de nacimiento contendrá el nombre y los apellidos que le correspondan, de lo que se deriva que en los formatos de ingreso de cualquier institución u organización de salud, recreativa, etc., no se deberán hacer distinción entre los mismos.

Enfatiza el proponente que no existe disposición de derecho positivo que establezca que el nombre del hijo se integre con el apellido paterno y materno o bajo la construcción de los apellidos de los abuelos, en caso de falta de alguno de los padres o ambos, además del orden en el cual deben inscribirse, pero en México esto es una regla consuetudinaria. Consecuentemente, afirma el proponente, prevalece la tradición cultural centenaria de discriminación contra las niñas, niños y adolescentes, al estimar que el nombre se construya con los apellidos paterno y materno, no así como lo marca el derecho positivo al mencionar “los apellidos que correspondan”.

2.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, al entrar de lleno al estudio y análisis de la propuesta, advierten la necesidad de considerar algunos aspectos sustantivos de la iniciativa, para lo cual se hace referencia a las propuestas contenidas en el proyecto de Decreto que busca adicionar el Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Artículo 33 de la Ley General de Educación.

Primeramente se pretende adicionar un segundo párrafo al Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establezca que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de algún trámite o la inscripción en las instituciones educativas, de seguridad social o de recreación, públicas o privadas, deberán utilizar el término apellidos, o en su caso primer apellido y segundo apellido.

Posteriormente se propone modificar la Fracción XXIX del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, calificando como conducta discriminatoria el establecer diferencias entre apellido paterno y materno, para cualquier trámite respecto de los menores de edad.

Finalmente, el Senador proponente considera necesario adicionar dentro del Artículo 33 de la Ley General de Educación, una Fracción XIV destinada a promover en las instituciones de educación pública y privada, el manejo de apellidos o primer y segundo apellido, según lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de inscripciones a instituciones de educación.

Con el propósito de cumplir con el requisito de exhaustividad necesario para el correcto desarrollo del presente Dictamen, las Codictaminadoras entraron al estudio de las propuestas realizadas por el Senador proponente de la Iniciativa.

En lo que corresponde a la propuesta de reforma dentro del Artículo 22 de la Ley en materia de niñez, es importante estipular que el precepto citado está estrechamente vinculado con el derecho que tiene la niña o niño a ser registrado ante el Registro Civil con nombre y apellidos, a conocer su origen o filiación, a tener una nacionalidad, a pertenecer a un grupo socio-cultural; es decir, el derecho que tiene un infante a tener una identidad, por lo que el espíritu de la propuesta es de tomarse, previéndose su aprobación con modificaciones.

Estas modificaciones consisten en que no se estima necesaria, desde el punto de vista de técnica legislativa, la adición de un último párrafo al artículo 22 como lo indica la Iniciativa, pues bastaría con reformar el último párrafo vigente -que se refiere al derecho a la identidad- adicionándole la propuesta del Senador Alfonso Elías Serrano, propuesta que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras estiman conveniente modificar para ampliar su alcance estableciendo “… que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos.”

En lo que se refiere a la adición que se le pretende realizar al Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es importante mencionar que, aunque se reconoce el loable interés del Senador iniciante, resulta controvertido suponer que el hecho de que algún formato o documento establezca la diferencia entre apellido paterno y materno sea constituido como un acto discriminatorio, debido a que la citada distinción es una práctica que se ha dado históricamente a través de la historia nacional, como bien señala la Iniciativa.

Con lo anterior no se quiere decir que por ser una práctica común en el país esté bien; sin embargo, estas Codictaminadoras estiman que cambiar esta obsoleta y precaria costumbre debe ser un cambio progresivo, es decir paso por paso. Adicionalmente sus integrantes no consideran que se trate fundamentalmente de una conducta discriminatoria, pues la discriminación como se desprende del último párrafo del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un elemento racional - teleológico (en términos sencillos, una especie de intencionalidad) al señalar en su texto que la discriminación tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Y en este caso particular, si bien actualmente hay muchos formatos que piden entre sus requisitos ser llenados tanto con el apellido materno como el paterno, ello no menoscaba ni atenta contra los derechos de nadie, menos aún de forma intencional o deliberada, pues al ser una práctica consuetudinaria, quizá la sociedad ni siquiera se ha dado cuenta de las implicaciones de una práctica ancestral como la descrita.

A mayor abundamiento, entrando al estudio de la redacción de la misma propuesta, nos encontramos con que ciñe su alcance únicamente a las personas menores de edad, por lo que no contempla a todas las personas que son mayores a la característica establecida y por cuestiones de la vida no cuentan con los apellidos paterno y materno, por lo que la propuesta a realizarse dentro del Artículo 9 de la Ley en materia de discriminación ve coartado su espíritu al no tutelar el total de las personas, por lo que el hecho de restringirse a las personas menores de dieciocho años tampoco cumple con la finalidad de ver por todas las personas, como pretende la citada Ley, razones por las cuales la presente adición no se considera viable.

En lo que concierne a la propuesta de adicionar una Fracción XIV al Artículo 33 de la Ley General de Educación que pretende que los formatos o formularios utilizados por las instituciones de educación pública y privada, dentro del campo de los datos personales, no aparezcan los términos apellido paterno y apellido materno, sino que se establezca el termino apellidos o primer y segundo apellido, las Codictaminadoras estiman adecuado realizar modificaciones a la propuesta original para que las autoridades educativas promuevan “… que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, establezcan el término apellido o apellidos.”

Esto con la finalidad de no establecer diferencias entre todas aquellas personas que cuenten con dos apellidos o con un solo apellido y para ampliar el alcance de la disposición a cualquier trámite y no solo a las inscripciones. Finalmente, se modifica el número de la fracción que se adiciona pues de acuerdo a la Ley vigente correspondería adicionar una Fracción XV y no la XIV.

Por último y en referencia al Artículo Segundo Transitorio propuesto, estas Codictaminadoras no estiman conveniente dar por sentado que en caso de que existan disposiciones que estén en contra de este Decreto tengan que ser derogadas, debido a que existe un proceso correspondiente mediante el cual las legisladoras y los legisladores pueden trabajar a favor de la adecuación con base en las exigencias que sus propuestas concretas requieran, partiendo del hecho de que cada reforma que se pretenda hacer a alguna disposición o reglamento, aunque sea en el mismo sentido, tiene un contexto totalmente diferente, por lo que el hecho de dar por entendido que en automático se tengan que derogar todas las disposiciones que estén en contra de la propuesta de reformas a la leyes materia del presente dictamen, no se considera adecuado.

En conclusión, es de suma importancia que la sociedad mexicana empiece a dejar atrás viejos estereotipos o situaciones que en la actualidad resultan obsoletas, por lo que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consideran necesario que las autoridades deban adecuar todos los formatos o documentos necesarios para realizar cualquier trámite para evitar la existencia de distinciones entre quienes tienen ambos apellidos y un solo apellido y entre quienes tienen los apellidos de ambos padres y aquellos que tienen los apellidos de un solo progenitor o los de los abuelos.

Por lo anterior, estas Colegisladoras ven viable la intención de la Iniciativa motivo del presente Dictamen y destacan el notable interés mostrado por el Senador proponente al legislar a favor de aquellas personas que por cuestiones del destino no cuentan con los apellidos que tradicionalmente se ha estipulado que deben ser los que componen el nombre de cualquier individuo y que la Ley, como se ha expuesto, no lo establece así.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado estas Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda

RESUELVEN

PRIMERO.- Es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona: el Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Artículo 33 de la Ley General de Educación debido a las consideraciones previstas en el presente dictamen, quedando como sigue:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADICIONA UNA FRACCION XV AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 22.- El derecho a la identidad está compuesto por:

A. a la D...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento, además de procurar quelos formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos.

Artículo Segundo.- Se adiciona una Fracción XV al Artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XI. ...

XII.- Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII.- Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIV.- Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones, y

XV.- Promoverán quelos formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, establezcan el término apellido o apellidos.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos del apartado A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 24 de noviembre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera con relación al proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 19 Y 27 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artIculos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artIculos 103 y 107 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2008, para los efectos constitucionales procedentes.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 88, 93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 23 de octubre de 2008, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artIculos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artIculos 103 y 107 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos.

II. En la misma fecha, para su análisis y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso el turno de la minuta aludida a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

ANALISIS DE LA MINUTA

I. La reforma a la Ley de Amparo, en el caso particular, se constriñe a derogar del segundo párrafo del artículo 19 y del tercero del 27, la referencia a los “Jefes de Departamento Administrativo”, como entes que podrán representar al Presidente de la República en todos los trámites del juicio de amparo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o bien, como entes con quienes se entenderán las notificaciones de las resoluciones que deban comunicársele en el juicio de amparo en el que aquéllos deban representarlo. Se trata de un proyecto que se fincó en el interés de corregir -en su momento- un absurdo o contrasentido implícito en tales preceptos, por la inarmonía que ese concepto implicaba con relación a otras disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico que en última instancia se anota.

II. Orientada la reforma hacia el logro de ese fin determinado, así se desprende de la exposición de motivos de su antecedente -la iniciativa presentada el 21 de febrero de 2006, por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México- y de las consideraciones invocadas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 2008, se reconoció tanto en su proceso de creación como en el examen que culminó con el proyecto que se analiza, la necesidad de actualizar las disposiciones consabidas por la inoperancia en ellas de la alusión a la figura del titular de un ente público -Jefe de Departamento Administrativo-, que a partir del 29 de diciembre de 1982 y 4 de diciembre de 1997, con la desaparición en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de los Departamentos de Pesca -éste al convertirse en secretaría- y del Distrito Federal, respectivamente, ninguna razón de índole jurídica-formal o pragmática justificaba su existencia dentro de la organización de la administración pública federal mexicana, establecida en dicha ley desde el 29 de diciembre de 1976.

III. A esa determinación incuestionable se arribó, no obstante lo dispuesto en el texto vigente de los artículos 2o. y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal -el primero de ellos, que dice: “En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado, ‘Departamentos Administrativos’, y Consejería Jurídica”; y, el segundo: “Al frente de cada ‘departamento administrativo’ habrá un Jefe de departamento, quien se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, por secretarios generales, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de oficina, sección y mesa, conforme al reglamento interior respectivo, así como por los demás funcionarios que establezcan otras disposiciones legales aplicables. Para los Departamentos Administrativos, regirá lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo anterior-”, al acudir al estudio y revisión de otras disposiciones de la propia ley, entre ellas, el artículo 26, que comprende una relación de las dependencias con que cuenta actualmente el Poder Ejecutivo de la Unión, para el despacho de los asuntos del orden administrativo, dependencias, entre las que no aparece ningún “Departamento Administrativo”, pese a la denominación del Capítulo II en que se encuentra, que alude a “…la Competencia de la Secretarías de Estado, ‘Departamentos Administrativos’ y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”, y los artículos 43 y 44, que se referían -en su orden- al despacho de los asuntos que estaban a cargo del Departamento de Pesca, y al despacho de los asuntos que correspondían al Departamento del Distrito Federal.

IV. Ciertamente, los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigentes desde el 29 de diciembre de 1976, en su oportunidad fueron derogados al no existir departamentos administrativos a los cuales vincular las disposiciones legales en ellos contempladas. El artículo 43, se derogó en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 1994; y el artículo 44, siguió la misma suerte el 4 de diciembre de 1997. Bajo estas circunstancias, la supresión que se plantea en el segundo párrafo del artículo 19 y en el tercero del 27 de la Ley de Amparo, de la referencia a los “Jefes de Departamento Administrativo”, como entes que podrán representar al Presidente de la República en todos los trámites del juicio de amparo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o bien, como entes con quienes se entenderán las notificaciones de las resoluciones que deban comunicársele en el juicio de amparo en el que aquéllos deban representarlo, se estimó atendible e inaplazable por la inarmonía que ese concepto implicaba con relación a otras disposiciones contenidas en el último de los ordenamientos jurídicos con antelación citados.

CONSIDERACIONES

I. Descritas las reformas que se plantean, en la especie, éstas apuntan al establecimiento de un ordenamiento jurídico actualizado y eficiente, que se integre con disposiciones legales en las que concurran la coherencia y la claridad, como atributos consubstanciales o inmanentes -entre otros- de una ley eficaz. En la búsqueda de ese fin determinado, aquéllas se invocan para armonizar el contenido de los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, con el de otros preceptos que obran implícitos en otros ordenamientos del sistema jurídico nacional. No se desestima la intención del legislador de ese modo expresada, sin embargo, estas dictaminadoras tampoco pueden desestimar que el propósito al que se dirige en tal proyecto, éste quedó suficientemente superado con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de abril de 2009, de un “DECRETO por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, conforme al cual, además de la adecuación de otras cuestiones relacionadas con la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo y la obligación de entender las notificaciones con sus representantes, en consonancia con los acuerdos generales que se expidan, se suprimió la referencia a los “Jefes de Departamento Administrativo”, como representantes del Presidente de la República para los efectos ya anotados en los apartados que anteceden.

II. Pensada la reforma, de aquel decreto, en la finalidad de dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo más eficazmente posible la defensa de los actos de las autoridades responsables que den motivo al amparo, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio pudiere provocar, considerando que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma. En ésta, tampoco aparece ya la alusión a aquel concepto obsoleto, por inadecuado a las circunstancias actuales relacionadas con el tema; Decreto, que a la letra dice:

“40(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 17 de abril de 2009
PODER EJECUTIVO


SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República.

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I; 33, y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19.- Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.

Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas.

Artículo 27.-...

...

Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.

Artículo 28.-...

I.- A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará el recibo correspondiente;

II. a III. ...

Artículo 33.- Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.

Artículo 87.-...

...

Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 5 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.”

III. Bajo esa tesitura, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artIculos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artIculos 103 y 107 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, perdió su vigencia al haber quedado sin materia con las reformas publicadas en el Decreto de fecha 17 de abril de 2009. Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado D), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable determinar su aprobación ni en sus términos ni con modificación alguna, debiendo desecharse y devolverse a la Cámara de su origen con las observaciones que estas comisiones han tenido a bien plantear en las consideraciones del dictamen que ahora se formula. Lo anterior, para sus efectos correspondientes.

Así, y con fundamento, además, en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 88, 93, 135, 138, 139, 140 y 144 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con fundamento en los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden, se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los articulos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el apartado D), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase el proyecto de referencia a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con las observaciones que el Senado de la República plantea en el capítulo de “Consideraciones” del presente dictamen.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, Segunda con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE ENERGIA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA
PRESENTE.

A la comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de adicionar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que estos órganos legislativos ponen a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 26 de abril de 2007, el Senador Raúl Mejía González presentó iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar una fracción VIII del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; modificar la fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

2. En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL.-4534, signado por el Senador Francisco Arroyo Vieyra, remitió a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda la iniciativa con proyecto de Decreto antes citada.

CONSIDERACIONES

El Senador Raúl Mejía González manifiesta en la exposición de motivos de su iniciativa con proyecto de Decreto la necesidad de promover la utilización de fuentes renovables de energía, especialmente en comunidades localizadas en regiones fuera de la cobertura del servicio eléctrico nacional.

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente en que es conveniente impulsar el uso de fuentes de energía renovable como la solar, la eólica, la minihidráulica, la geotermia y la oceánica para evitar el deterioro y preservación del aire, el agua potable, los energéticos y los recursos naturales no renovables; al tiempo de propiciar el desarrollo regional, al utilizar dichas fuentes tanto en el consumo doméstico como en actividades productivas.

Estas comisiones también comparten que es necesario que el marco jurídico nacional explicite la participación de los tres órdenes de gobierno en la dotación de los recursos para la captación de energía generada por fuentes renovables con fines de electrificación, en beneficio de las comunidades rurales alejadas y fuera de la cobertura de este servicio.

El objetivo debe ser que la explotación de dichas fuentes no esté solamente al alcance de aquellos que cuentan con los recursos financieros necesarios, sino también para quienes la electricidad todavía es un bien inaccesible.

Por lo anterior, la Comisión de Energía, en sesión de trabajo, escuchó y valoró los puntos de vista del Senador Mejía, integrante de la misma. Los demás integrantes manifestaron su opinión positiva respecto a los planteamientos del legislador y acordaron solicitar al Gobierno Federal sus consideraciones al respecto. En este sentido, se recibieron los puntos de vista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Federal de Electricidad.

Posteriormente, como parte de la Reforma Energética, aprobada por la LX Legislatura del Congreso de la Unión en octubre de 2008, se expidió una nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética.

En ese nuevo ordenamiento se da puntual atención a las preocupaciones del Senador Mejía González, al haberse incluido en diversas disposiciones, particularmente en los artículos 21 fracción I, 25 y 27, que reconocen la necesidad de que los tres órdenes de gobierno coordinen esfuerzos y acciones para promover y utilizar las fuentes renovables de energía.

De manera destacada, se establece que las energías renovables deben ser aprovechadas en comunidades rurales y para ello también se mandata a la Secretaría de Energía para que formule una estrategia nacional para el aprovechamiento de energías renovables y la transición energética y un programa especial en la materia. Asimismo, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética prevé que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen anualmente recursos para este fin que en el caso de 2009 deberán ascender a tres mil millones de pesos.

Por lo anterior, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos, Segunda se permiten someter ante esta Soberanía la siguiente:

RESOLUCION

Unica. La iniciativa con proyecto de Decreto de fecha 26 de abril de 2007, presentada por el Senador Raúl Mejía González, en la que se propone modificar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal ha quedado sin materia, debido a que sus planteamientos han quedado integrados en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética.

Por lo anterior, solicitamos se dé por concluido el asunto en comento y se instruya a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios lo descargue de los asuntos pendientes turnados a estas comisiones.

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

COMISION DE ENERGIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Tenemos la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE ENERGIA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA
PRESENTE.

A la Comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dos Senadores más con el propósito de adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que estos órganos legislativos ponen a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 4 de septiembre de 2007, el Senador Mario López Valdez, con la firma de dos senadores más, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción VII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la fracción III del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-2.-085, signado por el Senador José González Morfín, remitió a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos la iniciativa con proyecto de Decreto antes citada.

CONSIDERACIONES

Como consecuencia de la Reforma Energética, aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de octubre de 2008 y promulgada por el Ejecutivo Federal en noviembre del mismo año, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a las atribuciones de la Secretaría de Energía, se expidió la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y se modificó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

En dicha Reforma se incluyeron aspectos muy importantes relacionados con el sector petrolero nacional, pero también de manera muy destacada se hizo énfasis en impulsar un conjunto de nuevas normas en materia de energías renovables y cuidado del medio ambiente.

Sobre estos últimos aspectos, ampliamente invocados en la iniciativa del Senador Mario López Velarde, hay plena coincidencia en que es necesario impulsar en el marco jurídico y mediante políticas, programas y acciones de gobierno la utilización de energías limpias y combatir de manera efectiva el fenómeno del cambio climático.

De ahí que la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión haya reformado la legislación relacionada con la generación de electricidad para favorecer el uso de fuentes alternativas y promover la transición energética de México, que en el largo plazo deberán permitir un uso más racional de los recursos energéticos del país, contribuir a conseguir mejores condiciones del medio ambiente e impulsar el desarrollo sustentable de la Nación.

Al haber quedado comprendidos los conceptos expresados por el Senador Mario López Valdez en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, así como en la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, estas comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa en estudio ha quedado sin materia.

En este sentido, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su fracción I, señala que a la Secretaría de Energía le corresponde: “Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

Por su parte, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética establece en sus artículos 10 y 11 las atribuciones que en esta materia le corresponden a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, respectivamente. De manera muy destacada se disponen responsabilidades para el cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos se permiten someter ante esta Soberanía la siguiente:

RESOLUCION

Unica. La iniciativa con proyecto de Decreto de fecha 4 de septiembre de 2007, presentada de por el Senador Mario López Valdez, en la que se propone modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ha quedado sin materia, debido a que sus planteamientos han quedado integrados en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética.

Por lo anterior, solicitamos se dé por concluido el asunto en comento y se instruya a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios lo descargue de los asuntos pendientes, turnados a estas comisiones.

Senado de la Republica, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

COMISION DE ENERGIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Tenemos la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos con relación al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 9 del Servicio Público de Energía Eléctrica.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE ENERGIA; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA
PRESENTE.

A la Comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República les fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de decreto, suscrita por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de reformar la fracción IV del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que estos órganos legislativos ponen a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 23 de septiembre de 2008, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, con la firma de seis Senadores más, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción IV del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-1P3A.-6350, signado por el Senador José González Morfín, remitió a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos la iniciativa con proyecto de Decreto antes citada.

Consideraciones

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los promoventes en la importancia que tiene para el desarrollo el acceso a fuentes de energía suficientes y comparten la preocupación sobre el agotamiento de los recursos energéticos de origen fósil, así como el deterioro del medio ambiente y el consecuente cambio climático.

De ahí que haya plena coincidencia en la necesidad de que México cuente con fuentes alternativas de energía que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. Por tanto, se considera pertinente que se promueva el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías para aprovechar mejor los recursos y opciones que México tiene a su alcance en materia de energías renovables.

En este sentido, con la iniciativa que se dictamina se busca que la Comisión Federal de Electricidad tenga, entre otras cuestiones, por objeto:

“Formular y proponer al Ejecutivo Federal los programas de operación, inversión y financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de energía eléctrica y que contribuyan invariablemente a mejorar el medio ambiente. Asimismo, procurar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías y programas de aprovechamiento de las fuentes alternas y renovables de energía”.

Por otra parte, es de subrayarse que en el momento que los legisladores presentaron la iniciativa en estudio, el Senado de la República y, en particular, la Comisión de Energía se encontraban inmersos en un proceso de profundo análisis de diversas reformas jurídicas para conformar lo que habría de denominarse como Reforma Energética, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de octubre de 2008 y promulgada por el C. Presidente de la República en noviembre de ese mismo año.

En ese contexto, el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar una nueva legislación en materia de energías renovables, denominada “Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética”, resultado de dos iniciativas presentadas por legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.

En particular, el artículo 11 de la Ley invocada establece que corresponde a la Secretaría de Energía elaborar y coordinar y el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables; de igual forma en los artículos 22 y 23 del mismo ordenamiento se señala que la Secretaría de Energía pondrá en marcha una estrategia que tenga como objetivo primordial promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables. La estrategia será el instrumento mediante el cual el Estado mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir dicho objetivo, así como disminuir la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Como se desprende de la revisión de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, los objetivos planteados en la iniciativa del Senador Toledo y que se buscan expresar jurídicamente en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, están contemplados en la nueva legislación.

Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa con proyecto de Decreto que aquí se examina ha quedado sin materia, en virtud de que su contenido y los alcances manifestados están ya incluidos en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética. En consecuencia, se permiten poner a su consideración la siguiente

Resolucion

Unica. La iniciativa con proyecto de Decreto de fecha 23 de septiembre de 2008, presentada de por el Senador Adolfo Toledo Infanzón y suscrita por seis Senadores más, en la que se propone modificar la fracción IV del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ha quedado sin materia, en virtud de que sus objetivos y alcances jurídicos están comprendidos en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética

Por lo anterior, solicitamos se dé por concluido el asunto en comento y se instruya a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios lo descargue de los asuntos pendientes turnados a estas comisiones.

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

Comision de EnergIa

Comision de Estudios Legislativos”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a esta Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 19 de noviembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está el presente dictamen a discusión en lo general.

Antes de pasar a la discusión en lo general del presente dictamen, esta Presidencia quiere subrayar para registro de los señores Senadores y Senadoras, que como habrán podido observar, todas las primeras lecturas de esta sesión tendremos la segunda lectura el jueves para su debate y votación. Lo señalo para que los señores Senadores y Senadoras puedan revisar con detenimiento su agenda del jueves y garanticemos la presencia de los señores Senadores y Senadoras para el conjunto de dictámenes que hoy han quedado de primera lectura.

En el presente dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Pedro Joaquín Coldwell, por las comisiones dictaminadoras para fundamentar el dictamen.

Adelante, Senador Pedro Joaquín Coldwell.

- El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Señoras y señores Senadores, señor Presidente:

Tenemos a consideración de esta Soberanía un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión favorable de la Comisión de Desarrollo Municipal, que contiene un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este artículo, donde se señala la responsabilidad de los funcionarios públicos en nuestra Carta Magna, existe un párrafo vigente que señala que los funcionarios públicos locales como los gobernadores de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Permítame, señor Senador, si fuera usted tan amable, solicito de manera especial a los señores Senadores hacer un esfuerzo de atención al orador y solicito a nuestros auxiliares y a quienes incluso están hablando por teléfono entre el pleno, que por favor, si quieren hablar por teléfono, salgan del recinto y permitan que el orador pueda exponer el planteamiento de las Comisiones Unidas.

Gracias, señor Senador.

- El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Muchas gracias, señor Presidente.

Pues señalaba que el artículo 108 precisa la responsabilidad de todos estos funcionarios, de los gobernadores, de los diputados a las legislaturas locales, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y de los miembros de las judicaturas, quienes serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales.

La iniciativa del compañero Senador Ulises Ramírez señalaba una omisión en el texto constitucional, no estaban inscritos como responsables de violación de las leyes locales ni del manejo de fondos federales los integrantes del ayuntamiento.

En consecuencia, las Comisiones Unidas estimamos conveniente hacer esta reforma del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución para introducir dos modificaciones: primero, señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables también por manejo indebido de fondos federales y también por violación de leyes federales, y también se precisó el lenguaje, para darle una mayor precisión se añade no sólo el manejo sino también la aplicación indebida de fondos y recursos federales.

Cada vez más los ayuntamientos de nuestro país vía el proceso de descentralización de la administración pública manejan y administran fondos federales, no podía quedar este vacío en nuestra Constitución para que no sean imputables cuando actúen ilícitamente en la aplicación y en el manejo indebido de los fondos federales.

Queda intocable el siguiente párrafo que establece que corresponde a las constituciones estatales y a las leyes locales establecer los términos y las sanciones que se deben dar cuando incurran en estos actos que estamos señalando ya en el párrafo anterior.

Por lo tanto, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicito respetuosamente a esta Soberanía su voto favorable para esa importante modificación a nuestra Constitución General de la República.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Coldwell.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en lo general.

¿En qué sentido su intervención, señor Senador?

- El C. Senador Ulises Ramírez Núñez: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: A favor del dictamen de las comisiones.

- El C. Senador Ulises Ramírez Núñez: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a solicitar el respaldo de mis compañeros Senadores, a efecto de aprobar esta reforma constitucional, que como bien ya lo ha definido el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende enmarcar en la Constitución la responsabilidad de los ayuntamientos en el manejo de recursos federales y violaciones a las leyes federales y a la propia Constitución.

En los últimos diez años, el Congreso de la Nación ha hecho un esfuerzo muy importante para dotar de mayores facultades a los ayuntamientos, fortaleciendo el federalismo en el país.

Sólo para que se den una idea, en esta última década se han trasladado más de un billón de pesos a los ayuntamientos de todo el país, sólo por dar un ejemplo en el tema de seguridad pública, aquí mismo propusimos una reforma para trasladar y crear un nuevo fondo que atacara el tema de la inseguridad. Esos recursos han sido trasladados a los ayuntamientos del país, y la pregunta es que si con esos recursos hemos mejorado en este caso el tema de la seguridad pública.

Hemos visto con tristeza, con decepción, que muchos de esos recursos sean utilizados para otras cosas, que muchos de esos recursos no se manejan con la transparencia que se deben manejar, que muchos de esos recursos no está su manejo a la vista de los ciudadanos. Así es que esta propuesta de reforma a la Constitución, al artículo 108 en su tercer párrafo va en ese sentido, de fortalecer la transparencia en todo el país, especialmente producto de la reforma de 1999 donde los ayuntamientos dejaron de ser una instancia administrativa y pasaron a ser una instancia de gobierno.

Así es que esta omisión no podría quedar así, y por eso pido a todos mis compañeros que respaldemos esta propuesta de modificación del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer y responsabilizar a ese nivel de gobierno de que esos recursos que están llegando, de esos recursos que se obtienen de los impuestos del pueblo sean perfectamente claros en su manejo.

Así es que pido el respaldo de todos mis compañeros a efecto de votar a favor de esta importante reforma constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Ramírez Núñez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, a favor del dictamen de las Comisiones.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

El motivo principal por el cual nos hemos sumado a esta reforma de la Constitución no es el asunto de la seguridad pública y de los recursos federales, aplicados en seguridad pública, de los municipios.

Es verdad que no pocos presidentes municipales, en lugar de comprar patrullas compran automóviles para viajar ellos, y algunas otras cosas innecesarias. Pero eso no es tampoco algo exclusivo de los presidentes municipales, es una característica de toda la administración pública, en todos los niveles.

Tampoco es verdad que para controlar recursos federales, entregados a los municipios, se requiera de esta reforma, porque esos recursos, teóricamente, también los puede controlar la Auditoría Superior de la Federación, aunque es la Auditoría la que debería reformarse.

Para empezar… a ver, están muy festivos allá los compañeros, pero si me permiten. Yo tengo un enfoque distinto en relación con esto, yo creo que ya es hora, desde hace tiempo, de que la Auditoría Superior de la Federación sea colegiada y pueda ejercer acción penal.

Mientras no demos ese paso, la reforma que hoy se emprende de declarar responsables por el manejo de fondos federales a los ayuntamientos, no va a tener ninguna significación real.

Yo quiero ver a un Procurador General de la República ejerciendo acción penal por desvíos de fondos federales en dos mil y pico de ayuntamientos del país. Sería una cosa absurda, la PGR no está hecha para eso. Ya quisiéramos que todo lo demás lo resolviera bien la PGR.

Yo creo que la declaración de responsabilidad por violación de leyes federales, manejo de los recursos, violaciones de la Constitución, tiene que abarcar también a los ayuntamientos, como a toda autoridad, como a toda autoridad. Pero en sí mismo, no es mejorar el control de los fondos federales administrados por los ayuntamientos.

Entonces no nos hagamos ilusiones. Mientras no se haga una reforma de fondo del Sistema de Auditoría Superior de la Federación, no daremos ningún paso en esa dirección; no se trata solamente de amenazar a los presidentes municipales, se trata de contar con un sistema operativo de control de los fondos y eso es lo que queda pendiente, señoras y señores legisladores.

Yo creo que votar a favor de este dictamen es correcto, pero conste que tenemos que dejar bien claro que esto no resuelve problemas prácticos. Podrá dar pie para darle fuerza a otras reformas, pero esas otras reformas hay que llevarlas adelante.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias, Senador Gómez Alvarez. En virtud de que no hay más oradores inscritos, ni reservas para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y particular del proyecto de Decreto hasta por tres minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MONREAL AVILA RICARDO

PT

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

Sí”

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Señor Presidente, informo a la Asamblea que conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 92 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Continuamos ahora con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y de Justicia con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China, firmado en la ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008 y por el que se aprueba su Declaración Interpretativa.






TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING EL 11 DE JULIO DE 2008 Y POR EL QUE SE APRUEBA SU DECLARACION INTERPRETATIVA

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 19 de noviembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. En virtud de no haber oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 80 votos en pro y 1 abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Decreto que contiene el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China, firmado en la Ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008 y por el que se aprueba su Declaración Interpretativa. Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 5, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 19 de noviembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por lo tanto está a discusión el dictamen. En virtud de no haber quienes hagan solicitud del uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONREAL AVILA RICARDO

PT

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ZOREDA NOVELO RENAN

PRI

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 90 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 5, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1661 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 19 de noviembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia está a discusión el dictamen. No habiendo oradores inscritos ni reservas para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CORTES MENDOZA MARKO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

JARA CRUZ SALOMON

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, le informo que conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de






COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA
PRESENTE.

A la Comisión de Energía del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, dos puntos de Acuerdo; el primero, por el que se exhorta a diseñar e instrumentar un programa emergente de producción de fertilizantes, presentado por el Senador Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario de la Revolución Democrática. El segundo, en el que se exhorta a emitir los lineamientos e instrumentar el esquema de operación para reactivar la industria de fertilizantes presentados por los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, también del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que éste órgano legislativo ponen a su consideración el siguiente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 4 de febrero de 2009, en sesión ordinaria del Senado de la República, el Senador Tomás Torres Mercado, presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, a la SENER y a PEMEX, a diseñar e instrumentar un programa emergente de producción de fertilizantes.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-2P3A.-9365, signado por el Senador José González Morfín, remitió a la Comisión de Energía la proposición con punto de Acuerdo antes citada.

3. El 14 de abril de 2009, en sesión ordinaria del Senado de la República, los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presentaron proposición con punto de Acuerdo para exhortar a emitir los lineamientos y a instrumentar el esquema de operación para reactivar la industria de fertilizantes.

4. El 14 de abril de 2009, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-2P3A.-11179, signado por el Senador José González Morfín, remitió a la Comisión de Energía la proposición con punto de Acuerdo antes citada.

Consideraciones

En las proposiciones con punto de Acuerdo de los Senadores, se hace latente la preocupación y la falta de acciones concretas para reactivar la producción de insumos en la industria de fertilizantes. De acuerdo con ellas, esta industria fue desmantelada paulatinamente y eso repercutió en que hoy nuestro país pasara a ser un importador neto de fertilizantes, lo que se refleja en la falta de disponibilidad y en el incremento de los precios de los mismos.

A su vez, los precios del amoniaco repercuten directamente en el incremento de los costos de producción de todos los fertilizantes nitrogenados y por ello, prácticamente, la única producción nacional que ha prevalecido es la del sulfato de amonio que es el producto nitrogenado que requiere proporcionalmente menos amoniaco para su elaboración.

La Comisión de Energía del Senado de la República coincide en la importancia que tiene la producción de amoniaco y los fertilizantes nitrogenados como insumos básicos para la productividad de las actividades agropecuarias y su influencia, en forma significativa, en los costos de producción de los productos de este mismo sector y, en consecuencia, en la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria nacional.

Asimismo, se considera que la reactivación de la industria de los fertilizantes debe ser un factor esencial para incrementar el ritmo de desarrollo del sector agropecuario, evitando así el abandono y detrimento de tierras de cultivo, debido a los magros niveles de productividad y rentabilidad.

La Comisión de Energía comparte que es necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA y en coordinación con PEMEX, instrumenten una estrategia que consista en producir a precios que resulten competitivos, de forma sustentable y en el corto plazo, los niveles de fertilizantes que los productores agropecuarios demandan.

En este sentido, en la Ley de Petróleos Mexicanos aprobada por el Congreso de la Unión en 2008, se incluye una sección de producción de fertilizantes, ante la preocupación de los legisladores de impulsar y proporcionar condiciones propicias para el desarrollo de la industria de fertilizantes, las que contemplan, la instrumentación de un esquema que ofrezca insumos estables, mediante el uso de tecnologías eficientes en la producción de amoniaco

Desde ese punto de vista, esta Comisión comparte las inquietudes de los Senadores promoventes en torno a la industria de fertilizantes, al resultar de interés nacional, más aun en el contexto de la crisis económica, es primordial impulsar el crecimiento del sector agrícola, para así contribuir a garantizar la soberanía alimentaria.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera procedente exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emita los lineamientos a los que se hace referencia en el artículo 66 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como los esquemas que se han instrumentado en la industria nacional de fertilizantes, que a la letra señala:

“Artículo 66.- A este esquema únicamente podrán acceder aquellos productores de fertilizantes o consumidores de amoniaco destinado a la producción agropecuaria que se adhieran a los lineamientos de operación que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Los lineamientos deberán establecer las medidas que permitan asegurar que los beneficios del esquema se trasladen íntegramente a los productores agropecuarios nacionales, incluyendo estándares de la industria de costos de transformación; también deberán contener los mecanismos necesarios en la cadena de producción y distribución de fertilizantes y de amoniaco para aplicación directa, para que las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal involucradas puedan verificar que el beneficio lo reciba la población objetivo, y sancionar operaciones de arbitraje entre el precio interno del amoniaco y el internacional, así como contemplar la exclusión de los beneficios del esquema a los participantes que incumplan con las obligaciones establecidas en los lineamientos.”

Al igual que también se considera pertinente solicitar al Director General de PEMEX informe a esta Soberanía, acerca de las medidas y el esquema que se instrumenta para abastecer la oferta a la industria de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco con la aplicación directa de insumos en la producción agropecuaria, acorde con un suministro estable y contratos a largo plazo, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior, la Comisión de Energía se permite someter ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que emita a la brevedad los lineamientos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Petróleos Mexicanos, con la finalidad de establecer las medidas y mecanismos necesarios para la inmediata operación de la producción y distribución de fertilizantes.

Segundo.- El Senado de la República solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe a esta Soberanía las medidas y el esquema que ha instrumentado para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria un suministro estable y contratos a largo plazo, en los términos establecidos en la sección Quinta de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente
Comision de Energia”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión, y para los efectos se concede el uso de la palabra al Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD. ¿En qué sentido su intervención?

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A favor.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El punto de Acuerdo que hace unos meses presentamos el Senador Silvano Aureoles, la Senadora Yeidckol Polevnsky y su servidor, relativo a exhortar a la SAGARPA para que emita los lineamientos para la producción y distribución de fertilizantes de acuerdo al artículo 66 de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, reviste especial importancia si consideramos que el campo mexicano de manera progresiva se fue desmantelando en su infraestructura y en sus activos estratégicos para este sector.

Hay que recordar que fue justamente cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio en 1994, cando hubo un compromiso de prepararnos para la competencia, de poder fortalecer esa infraestructura y los activos que pudieran hacernos más competitivos.

Sin embargo, a pesar de ello se hizo todo lo contrario; en lugar de prepararnos para la competencia, poco a poco se fue desmantelando al campo mexicano.

Tenemos ejemplos varios, por ejemplo, se extinguió al Banco Rural (BANRURAL), quien prestaba dinero, quien hacía créditos oportunos y con tasas de interés base, créditos blandos.

Hoy tenemos un gran problema porque los créditos de la financiera y de otros entes tienen muchos requisitos, además se ofrecen en destiempo y a tasas altas.

Pero también, otro ejemplo, fue la CONASUPO. Conla CONASUPO había certeza para la comercialización de los granos básicos e inclusive había un precio de garantía, lo que le daba certidumbre al agricultor.

Asimismo, LICONSA en su vertiente de secado de la leche, fue desmantelada, hoy por eso tenemos esas grandes importaciones de leche, porque en los picos de producción naturales que tenemos no hay la infraestructura para su secado.

Y podríamos hablar también de la Productora Nacional de Semillas que era quien ofrecía semillas, de muy buena calidad genética, baratas, y hoy con la extensión de la PRONASE, las trasnacionales ofrecen a precios de oro, las semillas inclusive ya no por kilo, los sacos, sino por número de granos.

Pero, esta misma historia se repitió con FERTIMEX, la industria de los fertilizantes que era quien producía fertilizantes y distribuía los mismos a los productores agropecuarios a bajos costos, hoy no la tenemos, y por eso los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados han tenido precios inalcanzables, prácticamente no hay cultivo lícito que pueda soportar estos costos de producción.

Veamos cómo subió el precio de la urea o el precio del sulfato o nitrato de amonio o el mismo amoniaco, ya no se diga la fórmula, son precios inalcanzables.

Por eso es importante este punto de Acuerdo, para que la Secretaría de Agricultura emita los lineamientos para la producción y distribución de los fertilizantes nitrogenados para que lleguen a un precio accesible a los productores mexicanos, para que aumenten sus rendimientos unitarios, para que bajen costos de producción, para que puedan ser más competitivos, para que puedan reactivar al campo.

Por eso, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática invita a las Senadoras y a los Senadores a que apoyemos este dictamen de la Comisión de Energía que va complementado con otro apartado donde se busca que haya la seguridad, la certeza de la distribución del amoníaco, que es materia prima para la protección de los fertilizantes nitrogenados, a la industria nacional para que haya la certeza, y nuestra industria pueda salir adelante en beneficio del campo mexicano.

Es cuanto, y por su atención muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Mejía Haro.

Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, en el mismo sentido, Senador, a favor.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente.

Mi intervención será muy breve, porque el Senador Mejía ha hecho una explicación bastante amplia del tema y solamente quisiera referir las fechas.

Miren, compañeras y compañeros, porqué la importancia del tema, que seguramente mi reflexión va a coincidir con ustedes, van a coincidir con ella ustedes.

La reforma en materia energética se aprobó en noviembre de 2008; hasta la fecha, prácticamente no se ha podido implementar nada del contenido de la ley, todo el debate, toda la polémica, toda la crispación política por el tema de la reforma energética se quedó en los avances logrados en la misma, pero que no se ha implementado nada.

El capítulo articulado referente a la función de fertilizantes, que era una enorme o sigue siendo una enorme posibilidad para un sector fundamental, estratégico de México como es el sector productivo agropecuario, el campo, no ha podido ver ningún resultado concreto de esta reforma.

Avanzábamos con un grupo de compañeras y compañeros para sacar la Ley de los Fertilizantes Nitrogenados, se detuvo incluso ese proceso, porque se resolvía ya con el artículo de la Ley Energética en materia de petróleos, la Ley de PEMEX contenía ya lo que estábamos trabajando en la Ley de los Fertilizantes Nitrogenados, pero a un año no ha pasado nada.

Doy otro lado, el 14 de abril, nosotros, como ya mencionó el Senador Antonio Mejía, presentamos este punto de Acuerdo pidiendo que tanto SAGARPA como PEMEX, Secretaría de Energía, expidan los lineamientos para la implementación de lo que establece el articulado de la ley.

Hace meses el Senador Heladio, el Senador Baeza y otro grupo de Senadores nos reunimos con el Director General de Petróleos Mexicanos, ofreció que en breve estaría el estudio, la ruta, los tiempos para que se empezaran a producir los fertilizantes en México. Ya se pasaron dos ciclos, dos ciclos importantes y no ha pasado nada; viene ahora el ciclo primavera-verano otra vez, que empieza en muchas regiones del país a partir de febrero-marzo, estamos a dos meses que se empiece y no se ha concretado nada.

Yo pido, compañeras y compañeros, que hagamos un llamado enérgico a PEMEX, a quien corresponda, a la Secretaría de Energía para que emita los lineamientos correspondientes, imagínense ustedes, de ser México un productor muy importante en materia de fertilizantes, y en particular de amoniaco, hoy somos el principal importador; de las 26 empresas que producían fertilizante en México, solamente quedan 5. Y más del 70 por ciento del fertilizante que usan los productores mexicanos, lo estamos importando de Ucrania, de la Unión Soviética, de las regiones más alejadas del mundo y en México no podemos producir ni siquiera la mitad del fertilizante que utilizamos.

Los precios al que tienen que comprar los productores de granos, los productores de fríjol, de maíz, de trigo, de hortalizas, de frutales, el precio al que tienen que pagar el fertilizante es altísimo, porque no hemos querido producirlo en México.

Tenemos, por los menos, 5 plantas abandonadas en Veracruz y en otras partes del país, y ahí están los elefantes blancos, no funcionan porque no hemos tomado la decisión de ir a rescatar la industria nacional de producción de fertilizantes.

No es posible, compañeros, no es posible que siendo el sector agropecuario la base fundamental para darle seguridad y soberanía alimentaria a los mexicanos, no le estemos dando las herramientas y los instrumentos adecuados para que camine.

Me temo que fundamentalmente este asunto está en las canchas de Petróleos Mexicanos.

Pero hacemos un llamado, yo hago un llamado desde esta tribuna al mismo Secretario de Agricultura, porque le compete el tema; a la Secretaría de Energía; al Director General de PEMEX. Pero sobre todo hago un llamado a mis compañeras y compañeros que le demos seguimiento al tema y que demos un plazo, pongamos un plazo para que PEMEX y la Secretaría de Energía, en coordinación con SAGARPA, presenten los lineamientos que establece el articulado de la ley para que se empiecen a producir en México los fertilizantes que se necesitan.

Los productores nacionales, los campesinos de México nos lo van a agradecer. Es un vía crucis, porque además no puedes comprar 5 ó 6 toneladas de fertilizante. Para poder importar el fertilizante tienes que comprar un barco, que mínimo tienen que ser 25 mil toneladas, pagado por adelantado, y en muchos casos en efectivo. De ese tamaño es la complicación, y andan nuestros productores con muchas dificultades, sufriendo realmente para poder pasar la etapa crítica de la siembra y que, insisto, en las regiones de clima templado-frío, en las partes altas empiezan los cultivos a principios de marzo. Un año se cumple ahora en noviembre, y no hemos tenido respuesta.

Por eso les pido su voto a favor de esta moción, de este llamado, de este punto de Acuerdo, y ojalá que tengamos respuesta positiva.

Señor Presidente; compañeras, muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Aureoles Conejo.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿En qué sentido?, ¿también a favor?

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: Compañeras y compañeros Senadores:

Desde luego que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está de acuerdo en apoyar este punto de Acuerdo, porque sin duda, una vez que se implemente la producción de fertilizantes en nuestro país, traerá apoyos o resultados importantes muy positivos para el sector productivo agropecuario.

Pero seguimos bordando sobre los mismos temas, compañeros; seguimos bordando sobre que PEMEX tiene que hacer todo, y el tiempo nos sigue dando la razón a quienes pensamos que debemos hacer una reforma energética de mayor calado de la que hicimos en el pasado.

Hoy tenemos que resolver el problema de la producción de fertilizantes a partir del amoniaco, pero no resolvemos el problema de los precios de transferencia que tiene que darse entre PEMEX-GAS y Petroquímica básica, y PEMEX-PETROQUIMICA, para que los costos de producción sean los más adecuados y el fertilizante de México pueda competir con el fertilizante que se produce en otros lugares en el país.

Se habla de que las plantas de fertilizantes que tenemos en el país y que están paradas, están listas para echarse a andar. No es así, compañeros, tienen muchos años paradas.

El fertilizante es un producto muy corrosivo. Muchas de las plantas ya no se pueden echar a andar aunque tengan materia prima para iniciar su procesamiento, porque se han deteriorado por tantos y tantos años.

Mucho ha pasado también en PEMEX-PETROQUIMICA, con todas las plantas que tiene paradas para la transformación de la petroquímica, y para la transformación de sus productos, de sus materias primas en productos de mayor valor agregado o en productos que sirven a su vez como materia prima para otros procesos, como es el caso del amoniaco para la producción de fertilizantes.

La planta que tenemos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, sin duda ahí está, pero tiene muchos años parada y echarla a andar tal vez ya no sea rentable para PEMEX-PETROQUIMICA.

Además, las tecnologías en este concepto han evolucionado, de tal manera que la economía de escala de las plantas que tenemos en Petróleos Mexicanos para estos procesos y otros, pues ya se quedaron muy pequeñas, y por lo tanto producir materias primas o productos de valor agregado en ellas, implica producir a costos muy elevados.

Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿por qué no hemos resuelto los problemas de fondo? Y tenemos que ir a resolver los problemas de fondo.

Yo puedo pensar hoy que PEMEX, en un afán de buena voluntad, echará a andar algunas plantas, las que puede echar a andar, resolviendo el precio, los precios de transferencia entre subsidiarias de PEMEX para resolver este problema, pero será insuficiente lo que podamos hacer.

Hoy el residual que tiene PEMEX-PETROQUIMICA de amoniaco en sus plantas que están produciendo eficientemente, alcanza apenas para producir el 25 por ciento del fertilizante que necesitamos en México.

Por lo tanto, aún pudiendo hacer esto en PEMEX, será insuficiente para abastecer el mercado nacional de fertilizantes.

Vamos planteándonos entrarle de fondo a una nueva reforma energética, que plantee todos los aspectos, toda la gama de posibilidades que existen en nuestra industria petrolera y en nuestra industria petroquímica para facilitar el acceso de otros participantes en estos proceso, porque si seguimos empeñados en que bajo los, o sobre los hombros de PEMEX vamos a seguir fundamentando el futuro desarrollo de México en muchas de las aristas en las que tiene que ver PEMEX como productor de materia prima o como proveedor de productos de valor agregado, vamos a seguir postergando el desarrollo de México.

Necesitamos permitir que entren nuevos actores en la actividad energética de nuestro país y de sus derivados para apuntar el desarrollo de México con mayor éxito y con mayor competitividad, para que en este caso nuestros productores del campo tengan insumos a precios accesibles, de buena calidad, que le permita convertir su trabajo, su labor del campo de todos los días en productos de valor agregado que le dé rentabilidad, y que le dé rentabilidad y que le de mejores condiciones de vida. Pero parte desde que hagamos un sistema energético competitivo en nuestro país y que nos olvidemos de que PEMEX debe ser el soporte de todo este desarrollo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Bueno Torio.

Tiene la palabra para hablar del mismo asunto y en el mismo sentido el Senador Fernando Baeza Meléndez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Fernando Baeza Meléndez: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde luego mi participación es para sumarme a la propuesta de aprobar el punto de Acuerdo.

Pero vale la pena hacer algunas reflexiones en torno a las dificultades que hemos tenido, que hemos enfrentado para la producción suficiente nacional de fertilizantes en químicos.

Creo que en el fondo del problema está la falta de voluntad política del Ejecutivo para resolver de inmediato este problema. Lo vimos nosotros los Senadores cuando tuvimos ocasión de tratar el tema ya resuelto por la Cámara de Diputados, que viene a la Cámara de Senadores como una minuta, en la que se proponía un precio diferencial para el gas natural de proceso necesario para la producción de fertilizantes nitrogenados.

Desde luego, esta minuta, su discusión fue relegada sensiblemente por presiones de la Secretaría de Hacienda, porque lo que subyacía en el fondo era que Hacienda no quería establecer un precio diferencial del gas natural como insumo para la producción de fertilizantes, porque quebraba su política de precios.

Todos sabemos que en México el costo de producción del gas natural es infinitamente menor al precio fijado por Hacienda. Y, desde luego, en vista de la obstrucción que estamos sufriendo para tratar el tema que nunca se puso a consideración, las Comisiones correspondientes, precisamente era por la posición abierta de la Secretaría de Hacienda.

Aquí resulta contradictorio que mientras el gas natural se quema irremediablemente contaminando la atmósfera, se ha negado su recaptura para satisfacer las necesidades nacionales de este insumo.

Después de estar en condiciones muy frustrantes en las Comisiones correspondientes porque el tema no se abordaba, y no se abordaba por presiones de la Secretaría de Hacienda, fuimos ante la propia Secretaría de Hacienda para iniciar un proceso de destrabe en la fabricación de fertilizantes nitrogenados.

Y retomo la aseveración que hice al principio, no se producen fertilizantes en México, y los fertilizantes nitrogenados no están en producción porque falta la voluntad política, porque cuando se hace la propuesta de reformas y se incluye en la reforma de Petróleos Mexicanos la inclusión de la fabricación de fertilizantes, se hizo con el consenso de la Secretaría de Agricultura; con el consenso de la Secretaría y la participación de la Secretaría de Hacienda y de Petróleos Mexicanos.

Resulta, pues, que este punto de Acuerdo debe ser resuelto de inmediato. Y debemos los Senadores empezar gestiones directas de presión hacia las dependencias del Ejecutivo para que cumplan con la palabra que empeñaron, porque fue condición indispensable para el proceso de negociación que culminó con la adición del Capítulo correspondiente de Fertilizantes en la Ley de Petróleos Mexicanos.

Máxime ahora que tenemos la inminencia de los inicios de cultivos de primavera-verano, no tenemos los suficientes fertilizantes para satisfacer las necesidades del próximo ciclo agrícola.

Por eso quiero sumarme a esa propuesta de punto de Acuerdo y hacer hincapié en que no ha habido voluntad política de parte del Ejecutivo de cumplir con los compromisos que se signaron implícitamente en la elaboración de la Ley de Fertilizantes incluida en la Reforma Energética.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Baeza Meléndez.

Para hablar sobre el mismo asunto y en el mismo sentido, tiene la palabra el Senador César Leal Angulo, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Augusto César Leal Angulo: Señores Senadores; con el permiso de la Presidencia:

Una confusión técnica puede provocar una deficiente o negativa decisión política. El amoniaco no tiene nada que ver con los energéticos.

En 20 años, antes de que naciera Bonaparte, un químico alemán llamado Haber, Alfredo Haber, se dedicó a la obtención del amoniaco. Y después de 17 años de trabajo, logró un centímetro cúbico. Pero un hijo de él, Federico, que ya vivía en tiempo de Bonaparte, un hijo de él, en Munich, recogió todos los apuntes de su padre, y después de 20 años de trabajo logró hacer un galón de amoniaco. Pero un nieto de él, llamado Kemps, recogió los apuntes de su abuelo y de su padre, los Haber, e inventó y diseñó la síntesis de Haber, que es la síntesis química industrial con la que se produce el 80 por ciento del amoniaco del mundo.

En la industria de los petróleos, en el mundo entero, hay dos producciones colaterales que no tienen nada que ver con la energía misma o con el carácter energético del petróleo, sino tienen que ver con su composición química. Uno es el azufre, cuyos cerros de azufre están almacenados en Jáltipan, Veracruz; y el otro gran problema de orientación técnica es el asunto del amoniaco y de la áurea, como derivado del amoniaco como una síntesis posterior.

Pero la gravedad de este problema viene de que en no sé qué parte de la evolución técnico-político de Petróleos Mexicanos los dos productos, que no tenían nada que ver con la naturaleza energética del petróleo, se quedaron como productos que tenía que mercadear en el mundo entero Petróleos Mexicanos.

En el momento que el carácter de un producto se salía de la naturaleza energética del petróleo, aquello era evidentemente una aberración, no sólo técnica, sino comercial, el azufre no tenía por qué meterlo a los mercados Petróleos Mexicanos, porque no era un energético.

Con el amoniaco sucedía exactamente lo mismo. Y ciertamente las plantas que nosotros construimos de amoniaco fueron aptísimamente rentables mientras competían con la síntesis de Haber que en los Estados Unidos produce casi el cien por ciento del amoniaco.

O sea, yo les doy esta información técnica para abundar en la idea de Juan, sin partidismos, sin orientaciones de ningún orden, sino simplemente el eminentemente técnico, abordar el tema de fertilizantes y amoniaco, aunque vengan de ahí fuera de la consideración de la energía, porque no es su naturaleza. Eso es todo, es una información eminentemente técnica.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Leal Angulo.

Para hablar sobre el mismo tema y en el mismo sentido, tiene la palabra el Senador Alberto Cárdenas Jiménez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Alberto Cárdenas Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

En México, compañeros, compañeras Senadoras, se consumen aproximadamente cinco millones de toneladas de fertilizantes anualmente, de los cuales el 45 por ciento se produce aquí y un 55 por ciento hay que importar.

La fracción parlamentaria del PAN está de acuerdo en sumarse y adherirse a esta propuesta porque sí es importante, es muy valioso el que la industria de fertilizantes se reactive en el país.

Si estamos importando aproximadamente tres millones de toneladas de fertilizantes, tan sólo el ahorro en fletes de aproximadamente cien dólares por toneladas ya implica el que ese ahorro se quede en el país, que le llegue cien dólares menos el precio del fertilizante, tan sólo con el puro flete internacional.

Creo que de todas, todas, México va de gane y por esa razón nos sumamos.

El planteamiento que yo creo que deberá ser es del medio largo plazo, reactivar la planta industrial del fertilizante, muy bien lo decía Juan Bueno, que está prácticamente desmantelada, va a requerir de cierto tiempo.

Por eso el gobierno federal en los últimos dos años lo que hizo fue, con ese presupuesto que le etiquetaba el Congreso, impulsó las compras consolidadas para abaratar los costos de los productores del campo. Esto es que en muchos lugares de la República, estado por estado, se organizaran los productores de granos, sobre todo, para comprar en común, para comprar juntos y de esta forma tumbaron 20, 30 y 40 por ciento en la compra del fertilizante.

En 2007-2008 ha tocado pagar el fertilizante más caro en toda la historia de la humanidad. Nunca antes, y es la razón conocida por todos, porque el precio del petróleo estuvo cercando los 150 dólares. Por esa razón fue que el petróleo tiró a la alza el precio de los fertilizantes.

Ahora que estamos en los 70 dólares, el precio ha tendido prácticamente una estabilización y que está más al alcance de los productores, aunado con las compras consolidadas, creo que estamos haciendo posible el que puedan comprarlo la mayoría de ellos.

Pero otra línea importante que deben saberlo todos ustedes, que deben conocerla, es que el programa de biofertilizantes ya inició y que en este año 2009 será un parteaguas histórico para que casi 1 millón de hectáreas en este país, casi 1 millón de hectáreas, por primera vez, se dé el uso intensivo del biofertilizante, ahorrando en comparación con el fertilizante químico, son ahorros de los 100 ó 200 por ciento en cuanto a su costo y su aplicación.

Por eso es que la preocupación del gobierno federal, sin lugar a dudas por conocimiento de causa ha estado siempre al pendiente de que no falte este insumo fundamental.

No omito hacer un comentario que se desmanteló todo el aparato que había antes. Y me parece que por ese lado la productividad de México, si la comparamos antes del TLC o ahora, se ha ido a la alza.

Hoy el país trae más granos que hace 15 años. Hoy el país produce más carnes de todo tipo y leche que hace 15 años. Hay más disponibilidad, más hilos de carne de granos, de fruta, de hortaliza, que hace 15 años por mexicano.

La productividad va a la alza, pero sin duda alguna debemos de apretar el paso, de acelerar los procesos y en este caso concreto el de los fertilizantes.

Por lo tanto, señor Presidente, mis compañeros estaremos apoyando esta iniciativa.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Cárdenas Jiménez.

Para hechos y hasta por 5 minutos, tiene la palabra el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente.

Yo quiero, compañeras y compañeros, expresarles el agradecimiento por la disposición expresada para apoyar este punto de Acuerdo. Pero me parece que, y no veo al Senador Juan Bueno, no hay justificación, seguramente que se requieren más reformas, Juan, sin duda. Pero no hay justificación de que a un año de promulgada la ley no tengamos los lineamientos para aplicar lo que ya se hizo.

Entonces, vayamos por lo que sigue, compañeros, como lo han expresado aquí. Pero pidamos que se cumpla ahora con lo que está en la ley.

Se hicieron enormes esfuerzos ahora en la Cámara de Diputados, un gran debate para asignarle más recursos al campo. Y ya hay una gran cantidad de programas enfocados a ellos.

Pero un tema elemental, un tema básico, que es el tema de los insumos, y en este caso el fertilizante, hay que resolverlo, compañeros. Es un asunto de justicia que a los productores nacionales les tengamos al alcance los insumos en tiempo y costo, como lo expresó aquí el Senador Cárdenas, sin duda que eso ayudará también a reactivar otros sectores de la economía, porque un elemento además ingrato para los productores del campo es que ese fertilizante le llega muy caro, pero además le llega tarde, le llega fuera de tiempo, que es otro de los grandes problemas que hay que resolver en el futuro, en el corto plazo.

Por eso yo los invito entonces, primero agradecerles la disposición de apoyar este punto de Acuerdo; y segundo, a que de inmediato vayamos a revisar los otros temas que hacen falta para que podamos llevar por lo menos en esta parte, en esta pequeña parte, justicia a los productores nacionales.

Señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Aureoles Conejo.

Para hablar sobre el mismo tema, el Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ramiro Hernández García: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué bueno que el día de hoy estemos desahogando un planteamiento que tiene que ver con cómo resolver el hacer funcionar una industria nacional que lamentablemente vino de más a menos y que en este momento prácticamente está desmantelada, funcionará no más del 20 por ciento y el resto, efectivamente, se ha venido destruyendo como producto de los efectos de la corrosión, y el campo quedó abandonado al mercado internacional y obviamente a los esquemas de distribución que han venido replanteándose a partir de una participación que de acuerdo a las reglas del juego, a las reglas del mercado se han definido.

¿Y qué pasa con la política agropecuaria? ¿Cuál es el interés y la preocupación porque logremos aprovechar de manera más adecuada los diferentes recursos de que dispone el país? Es cierto que se ha elevado la producción en el campo, pero no podemos perder de vista el que así como se ha elevado la producción, contradictoriamente también se ha elevado la dependencia alimentaria de nuestro país.

Y esto es algo que no podemos pasar por desapercibido. Cuando se discutió el asunto de buscar cómo rescatar, cómo fortalecer la industria nacional de los fertilizantes, se pensó en que era absurdo que teniendo México una disponibilidad enorme de amoniaco estuviéramos importando más de un 60 por ciento de los fertilizantes nitrogenados que consumimos y se planteó en la ley, en la reforma energética, y miren ustedes, a mí me preocupa mucho el hecho de que pensemos que solamente con plantear, con dejar plasmado en la ley determinadas soluciones en automático se van a generar lo resultados.

¿Qué es lo que ha pasado a un año de que se aprobó la reforma energética? Bueno, pues lo que ha pasado es que a estas alturas no se ha podido instrumentar un mecanismo para abastecer de amoniaco a la industria nacional, pero voy más lejos aún, vamos a pensar en que estuviera el mecanismo para el abastecimiento, ¿qué sigue después? Lo más delicado en este país es que pareciera que los problemas se manifiestan si actuamos cada quien por su cuenta de manera aislada y las soluciones no llegan, siguen los problemas vigentes, y yo quisiera aprovechar el que en este momento estamos discutiendo un punto de Acuerdo para que vayamos más allá, para que no nos quedemos solamente en la aprobación de una propuesta, sino que el Senado se convierta en un espacio al que se convoque a las partes, para que no dejemos suelto un asunto que es importante para el campo mexicano, que las comisiones correspondientes, la de Agricultura, la de Energía puedan abrir un espacio no solamente para convocar a quienes tienen que ver con la solución de este problema, sino también para consultar qué más sigue, porque vamos a resolverlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario en cuanto se puede echar a andar una decisión para abastecer a la planta nacional de fertilizantes del amoniaco a nitro necesarios, ¿y qué con los industriales?, ¿qué con los consumidores? Si este Senado no integra la participación de cada una de las partes, cualquier acuerdo, cualquier ley que aprobemos va a quedarse en letra muerta si no hay una autoridad, si no hay una instancia capaz de que se emplee a fondo para resolver definitivamente los problemas teniendo los resultados que esperamos en los planteamientos que aquí estamos aprobando.

Yo quiero, pues, invitarlos a que además de que aprobemos el punto de Acuerdo, trabajemos de manera conjunta en el seno de las comisiones, para que le demos seguimiento, para que convoquemos a las partes y podamos ver cristalizados en resultados lo que hoy aquí estamos aprobando en términos de acuerdos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Hernández García.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Miren, yo vi preciso hacer uso de la palabra con relación al tema, porque no por la obvia situación de desastre en la que se encuentra el campo, aunque luego traemos uniforme de Senadores, nuestro origen está ahí, pero somos de la problemática del campo.

En el marco de la discusión de la reforma a Petróleos Mexicanos, fue discutida, fue analizada la iniciativa del Presidente de la República, se discutió la iniciativa formulada por el Frente Amplio, una iniciativa presentada también por el Senador Beltrones Rivera, y específicamente compañeros Senadores y Senadoras, un servidor presentó una iniciativa para tocar justamente el tema de fertilizantes, el Senador Labastida Ochoa con la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, relacionó esa iniciativa que presentamos y fue favorablemente dictaminada, respaldamos el contenido de este punto de acuerdo, pero será intrascendente si el Senado de la República no permanece como garante del cumplimiento no solamente del punto de Acuerdo que no tiene, compañeras y compañeros Senadores, un efecto vinculatorio, sino solamente una pauta para el debate político.

Pero quiero reiterarle a la Comisión de Energía el que haya dictaminado este punto de Acuerdo, porque ese punto de Acuerdo fue presentado justamente por Tomás Torres, y no quiero reclamar generosidad política, sino quiero reclamar de que el tema lo trajo a la tribuna su compañero Senador.

Miren, me parece que sería oportuno de que, como decía el Senador Ramiro Hernández, no se agotara aquí la discusión, y que en efecto las Comisiones de Agricultura y de Energía estuviéramos permanentemente vigilando hacia dónde va la aplicación de la ley, de otra suerte va a quedar aquí la discusión.

Y miren, generamos expectativas hacia fuera, pero son expectativas que no materializan los anhelos de nuestra gente del campo: pequeños, medianos y grandes productores.

Reitero mi reconocimiento para las comisiones dictaminadoras y nuevamente a la Comisión de Energía porque con bastante antelación, y presentada en el tiempo para su discusión, fue formulado por el que les habla el punto de Acuerdo sobre esta materia, que por supuesto, que por supuesto, expreso votaríamos a favor y estaríamos solicitando su posición unánime con relación a su contenido.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Torres Mercado. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Mesa Directiva un acuerdo, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Doy lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

“Junta de Coordinación Política

México, D.F., 19 de noviembre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senador PABLO GOMEZ ALVAREZ deja de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos y, en su lugar, se designa como integrante de la misma al Senador JOSE LUIS MAXIMO GARCIA ZALVIDEA.

SEGUNDO.- Se designa como integrante de la Comisión de Energía al Senador PABLO GOMEZ ALVAREZ.

TERCERO.- Se designa al Senador RICARDO MONREAL AVILA como Presidente de laComisión Jurisdiccional, en sustitución del Senador DAVID JIMENEZ RUMBO.

CUARTO.- Se designa como Secretario de la Comisión de Protección Civil al Senador SERGIO ALVAREZ MATA.

QUINTO.- Se designa como Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana a la SenadoraMARTHA LETICIA SOSA GOVEA.

SEXTO.- Se designa como Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana a la SenadoraLUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica,Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Melquiades Morales Flores, integrante de la Junta de Coordinación Política”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: No habiendo oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén a la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Comuníquese.

Ahora tenemos la discusión del segundo dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que exhorta a Pemex a aplicar de manera estricta el manual de operación de la franquicia Pemex.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo)

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA

PRESENTE.

A la Comisión de Energía del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, presentada por el Senador Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el propósito exhortar a PEMEX-Refinación para vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable que se deben observar en las estaciones de servicio, particularmente en lo que hace a la calidad, imagen e higiene de los servicios sanitarios, por lo que este órgano legislativo pone a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 30 de abril de 2009, el Senador Jesús Garibay García presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a PEMEX-Refinación a vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en las estaciones de servicio.

2. En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-2P3A.-11995, signado por el Senador José González Morfín, remitió a las Comisión de Energía la proposición con punto de Acuerdo antes citada.

Consideraciones

El Senador Garibay García expresa en su proposición con punto de Acuerdo su preocupación respecto a las condiciones físicas en las que operan “la mayoría” de las gasolineras, particularmente en lo que se refiere a los servicios sanitarios que ofrecen a sus clientes.

En este sentido, el senador promovente invoca el Manual de Operación de la Franquicia de Pemex como instrumento normativo, en el que se establecen los procedimientos, reglas y lineamientos de las áreas que conforman la estructura operativa de las estaciones de servicio que funcionan bajo el esquema de franquicia. Destaca, sobre esa normatividad, los términos en que deben operar en cuanto a calidad, volumen, precio, imagen, servicio, seguridad y ecología.

A juicio del promovente la mayoría de las estaciones de servicio opera sin condiciones adecuadas de higiene y de adaptaciones para el uso por parte de personas con problemas de discapacidad.

Desde ese punto de vista, la Comisión de Energía del Senado de la República comparte la inquietud del Senador Garibay, en el sentido de que las estaciones de servicio que expenden combustibles bajo la franquicia de PEMEX deben operar en condiciones óptimas de seguridad e higiene para sus trabajadores y usuarios.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera procedente exhortar a PEMEX-Refinación, para que en su calidad de otorgante y controlador de las franquicias de las estaciones de servicio de PEMEX aplique de manera estricta las disposiciones legales y administrativas a que haya lugar para garantizar que los empleados, clientes y usuarios de las gasolineras tengan acceso a los servicios que deben proporcionar los franquiciatarios en condiciones adecuadas de seguridad, calidad e higiene.

Por lo anterior, la Comisión de Energía se permite someter ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que, a través de PEMEX-Refinación, se aplique de manera estricta el manual de operación de la franquicia PEMEX, a fin de garantizar a empleados, usuarios y clientes de las estaciones de servicio condiciones adecuadas de seguridad, calidad e higiene conforme a la normatividad aplicable, en particular en lo relacionado con los servicios sanitarios.

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

Comision de Energia”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

-La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén a la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Continuamos con la discusión de un dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación al punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo a desarrollar la proveeduría nacional en la industria petrolera mexicana.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE ENERGIA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“COMISION DE ENERGIA

H. Asamblea

Presente.

A la Comisión de Energía del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, presentada por los Senadores Francisco Herrera León, Rogelio Rueda Sánchez, Carlos Lozano de la Torre y Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de que esta Cámara exhorte a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Hacienda para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, relativo al desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, por lo que este órgano legislativo pone a su consideración el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 15 de abril de 2009, los Senadores Francisco Herrera León, Rogelio Rueda Sánchez, Carlos Lozano de la Torre y Ramiro Hernández presentaron proposición con punto de Acuerdo para exhortar a PEMEX y al Ejecutivo Federal, entre otras cuestiones, a cumplir con lo dispuesto en el artículo transitorio décimo cuarto del decreto promulgatorio de la Ley de Petróleos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República, mediante oficio DGPL-2P3A.-11312, signado por el Senador José González Morfín, remitió a las Comisión de Energía la proposición con punto de Acuerdo antes citada.

CONSIDERACIONES

Los Senadores promoventes recuerdan, en la exposición de motivos de su proposición, que la Ley de Petróleos Mexicanos establece que es necesario apoyar a la pequeña y mediana empresa y determinar porcentajes mínimos de contenido nacional para constituir una auténtica industria petrolera nacional.

Para ello, en los artículos décimo tercero y décimo cuarto del decreto de la Ley de Petróleos Mexicanos se mandató al organismo público descentralizado elaborar una estrategia de promoción de la proveeduría nacional que abastezca diversas actividades sustantivas de PEMEX, así como constituir un Fondo de Nacional Financiera, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar a los proveedores y contratistas nacionales.

Posteriormente, durante el receso del Congreso de la Unión, el Senador Carlos Lozano de la Torre presentó otra proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la República integrara una comisión para dar seguimiento y evaluara el cumplimiento de la Reforma Energética, la cual fue turnada por la Comisión Permanente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara.

Este último órgano de gobierno determinó que la Comisión de Energía se hiciera cargo del seguimiento y evaluación de la Reforma Energética y formulara las recomendaciones a las que hubiera lugar. Por ello, la Directiva de esta Comisión elaboró un informe con recomendaciones en el que se incluyó de manera puntual el tema del desarrollo de proveedores nacionales.

Al respecto, la Directiva de la Comisión de Energía señaló en su informe:

“En la Ley de Petróleos Mexicanos se prevé, en el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, que 90 días después de la entrada en vigor de la Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá constituir un Fondo en Nacional Financiera para la promoción y el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, el Fondo se constituyó el 26 de febrero de 2009 a través de un fideicomiso en el que participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. Esta última dependencia tiene a su cargo la operación del Fondo-

De acuerdo con el artículo décimo tercero transitorio del Decreto de Ley de Petróleos Mexicanos se debe establecer, en un periodo de 180 días a partir de su entrada en vigor, es decir el 20 de agosto, una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, como parte del Plan de Negocios del organismo. Este documento fue presentado por el Director General al Consejo de Administración, para su conocimiento, en la sesión ordinaria que se realizó el 17 de junio, pero quedó pendiente de revisión.

Recomendación:

Solicitar al Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, informe al Senado de la República, así como haga una difusión amplia sobre la constitución, montos y reglas de operación del fondo de Nacional Financiera para la promoción y el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, previsto en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos.”

Cabe destacar que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el informe con recomendaciones fue remitido al C. Presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, para la atención correspondiente.

Derivado de las consideraciones anteriores, esta dictaminadora encuentra que la preocupación manifestada por los promoventes de la proposición con punto de acuerdo ha sido atendida mediante las recomendaciones que la Junta de Coordinación Política envió al Ejecutivo Federal, por lo que la propuesta ha quedado sin materia.

Por lo anterior, la Comisión de Energía se permite someter ante esta Soberanía la siguiente:

RESOLUCION

Unica. La proposición con punto de Acuerdo de fecha 15 de abril de 2009, presentada por los Senadores Francisco Herrera León, Rogelio Rueda Sánchez, Carlos Lozano de la Torre y Ramiro Hernández García, que contiene tres puntos resolutivos para exhortar al Ejecutivo a desarrollar la proveeduría nacional en la industria petrolera mexicana, conforme lo establece la Ley de Petróleos Mexicanos, ha quedado atendida a través del informe con recomendaciones que esta Comisión puso a consideración de la Junta de Coordinación Política, y el cual fue remitido para su atención al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por lo anterior, se solicita dar por concluido el asunto en comento y se instruya a






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, a nombre propio y del C. Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La protección a la Dignidad de la Persona Humana tanto en el trabajo como en su formación, ha sido un compromiso que México ha asumido como estrategia de Defensa de los Derechos Humanos.

En este sentido históricamente el país ha asumido una posición de protección de los menores, en la cual procura adoptar una legislación que tiene por objeto el fomentar el armónico desarrollo de los niños y las niñas y la proscripción del trabajo infantil.

Adentrándonos en el tema, según los mejores estándares internacionales, se debe establecer el compromiso de todo Estado de seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil; la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de las personas menores de edad.

El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que regula las mejores prácticas materia de protección del trabajo infantil, respecto al tema que nos ocupa en la presente iniciativa señala que la edad mínima no deberá ser inferior a la edad en que cese la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años.

Y en su Recomendación 146 manifiesta que los Estados deberían fijarse como objetivo la elevación progresiva de la edad laboral a los 16 años. Por su parte, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, estipula que “cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar, o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”.

En este sentido, durante la administración del Presidente Fox, en el año 2002, se realizaron una serie de foros y discusiones públicas donde se consideró pertinente integrar al artículo 3 constitucional la obligatoriedad del Estado de incorporar dentro de la educación obligatoria a la educación secundaria; situación importante para incrementar el nivel de vida de los mexicanos, pero que a su vez conlleva cambios jurídicos que a la fecha no se han hecho.

Uno de ellos es el relacionado con el espíritu que guió al legislador a establecer la edad mínima para ser sujeto de contratación en materia laboral, mismo que actualmente es de 14 años, de acuerdo con los requisitos que la ley exigía hasta antes de la reforma, la obligación del menor era estudiar como mínimo la educación básica misma que terminaría en estricto sentido al cumplir 12 años.

Al incluir la educación secundaria como de enseñanza obligatoria por el Estado, el menor trabajador está en imposibilidad legal de terminar su educación obligatoria y trabajar al mismo tiempo, sin que el patrón viole el supuesto previsto por el artículo 22 de la Ley Federal de Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar la edad mínima para que se pueda contratar a un trabajador; estableciendo los 16 años y no los 14 que actualmente señala la ley, para trabajos que por su propia naturaleza sean ligeros, y asimismo tampoco podrán desempeñarse en labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche.

Compañeras y compañeros legisladores, al aprobar dicha propuesta fomenta el armónico desarrollo de los niños y las niñas y pondrá a México a la vanguardia de la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Para terminar, cito al Doctor Albert Thomas, primer Director de la Organización Internacional del Trabajo, que sobre el tema versó que:

“La experiencia demuestra que en cualquier sociedad que se industrialice, la explotación de la niñez constituye la lacra social más horrible, la más insoportable para el espíritu humano, la perversidad que se está dispuesto a subsanar inmediatamente. Un trabajo serio en materia de legislación social siempre comienza con la protección de los niños...”

Es cuanto, señor Presidente, y por su conducto solicito que se inserte el contenido completo de la iniciativa al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
Presente.

Los que suscriben, ALFREDO RODRIGUEZ Y PACHECO y JUAN BUENO TORIO Senadores de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II de los artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 5, 22, 23, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 191, 267, 362 y 988 Y SE DEROGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 175 Y EL ARTICULO 179 TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La experiencia demuestra que en cualquier sociedad que se industrialice, la explotación de la niñez constituye la lacra social más horrible, la más insoportable para el espíritu humano, la perversidad que se está dispuesto a subsanar inmediatamente.Un trabajo serio en materia de legislación social siempre comienza con la protección de los niños...”

Albert Thomas, primer Director General de la OIT

La protección a la Dignidad de la Persona Humana tanto en el trabajo como en su formación, ha sido un compromiso que México ha asumido como estrategia de Defensa de los Derechos Humanos.

En este sentido históricamente el país ha asumido una posición de protección de los menores, en la cual procura adoptar una legislación que tiene por objeto fomentar el armónico desarrollo de los niños y las niñas y la proscripción del trabajo infantil.

Es por ello que desde el año de 1917, nuestra Constitución Política ha proveído la protección a las peores formas del trabajo infantil, y en el espíritu del constituyente, se consideró adecuado prohibir la contratación de trabajadores menores a doce años para trabajos ligeros y de menores de dieciséis años y mujeres para labores peligrosas, insalubres ó nocturnas.

No está por demás señalar que las condiciones económicas y políticas eran muy distintas a las que hoy vivimos y por ello se considera la redacción del artículo 123 como de vanguardia para esa época.

Continuando con el análisis histórico del derecho a la protección del trabajo infantil en México, en el año de 1962 se modificaron en la Constitución las condiciones mínimas de contratación, estableciéndose como prohibición la contratación de menores de catorce años y como dato adicional se estableció la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres.

En el año de 1970, se creó la Ley Federal del Trabajo misma que ha procurado desde entonces, garantizar los derechos de protección en este rubro en México, en este sentido cabe mencionar que incluyó ya en su redacción definitiva los conceptos señalados en el párrafo anterior respecto a la edad mínima de contratación y la garantía de igualdad laboral entre hombres y mujeres, pero además se añadió un derecho a los menores trabajadores, el garantizar que terminen su educación obligatoria antes de ser considerados para iniciar su vida laboral, mismo corolario viene plasmado en el articulo 22 de la citada ley.

En dicho artículo se contempla en su exposición de motivos que la educación obligatoria se refiere a la educación primaria misma que se cursa entre los seis y los doce años, por lo cual el legislador consideró prudente mantener la edad mínima de contratación en los catorce años.

Además de lo anteriormente señalado, adentrándonos a los antecedentes en la materia en derecho internacional, el contenido del Convenio 138 de la OIT pese a que México aún no lo ratifica, es de observancia obligatoria en la mayoría de los países y nos permite dar un parámetro en los conceptos que son deseables tener en nuestra legislación.

El citado acuerdo de voluntades, regula en materia del Derecho Internacional al Trabajo Infantil y establece el compromiso de todo Estado de seguir una política nacional que asegure su abolición efectiva; la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de las personas menores de edad.

En este concepto la escritora Paula Antezana consultora de la oficina de la OIT en América Latina señala que “a la luz del Convenio 138 se entiende por “trabajo infantil” aquél “que por su naturaleza o intensidad es perjudicial para la escolarización de los niños o perjudica su salud y desarrollo”[1], este concepto, por lo tanto, “excluye a todos los niños mayores de 12 años que trabajan sólo unas cuantas horas a la semana y que llevan a cabo trabajos ligeros permitidos y los mayores de 15 años que llevan a cabo trabajos que no califican como ‘peligrosos’[2].

Sigue comentando la autora que “a la legislación sobre trabajo infantil le corresponde establecer el deber de las autoridades correspondientes de formular una política nacional, con la participación de gobierno, empleadores, trabajadores y otros sectores de la sociedad civil. Esta política, que debe revisarse periódicamente, tendría que dimensionar el trabajo infantil en un contexto económico, social y jurídico determinado y adoptar medidas integrales relacionadas con las causas que generan el trabajo infantil, tales como la reducción de la pobreza y las desigualdades, la importancia de la educación de calidad, la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras, entre otros. Es recomendable que se trate de una política nacional transversal que involucre a autoridades laborales, de niñez y adolescencia, de educación, salud, gobiernos locales, entre otros, para asegurar un tratamiento integral”.

Cabe señalar que a nuestro criterio debajo de una edad mínima no debe permitirse el trabajo de niños y niñas, pues sin duda alguna se afecta su derecho a la educación, al esparcimiento, en fin, al desarrollo pleno. Esta es una medida protectora que deviene de los instrumentos internacionales, y que debe ser establecida por el Estado en su legislación nacional.

Según el Convenio 138 la edad mínima “no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años” (Artículo 2 párrafo 3). No obstante, los países cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrán, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años (Artículo 2 párrafo 4). Esos países deberán declarar en las memorias que presenten si aún subsisten las razones para tal especificación o que renuncia al derecho de seguir acogiéndose a la disposición mencionada (Artículo 2 párrafo 4).

El espíritu del Convenio 138 es la fijación de una edad mínima de admisión al empleo que no sea menor a los 15 años. Se establece que los países menos desarrollados pueden fijar los 14 años, lo cual es una medida de carácter excepcional, que por lo tanto, debería ser temporal. La Recomendación 146 señala que los Estados deberían fijarse como objetivo la elevación progresiva a dieciséis años. Por su parte, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, en su Artículo 7 inciso f, estipula que cuando “se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar, o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”. Con esta disposición, el Protocolo de San Salvador también pareciera fijar como edad mínima los 16 años.

En materia de legislación comparada destacan los casos de Argentina, Chile, Canadá, España y Francia.

En Argentina la Ley Sobre el Contrato de Trabajo establece que el trabajador tiene plena capacidad laboral a los 18 años y los menores emancipados por matrimonio. Además señala que tienen capacidad laboral limitada los menores entre 14 y 18 años. Los menores de 14 años no pueden trabajar ni celebrar contrato de trabajo, con excepción de las empresas en las cuales trabajen miembros de la familia.

La capacidad laboral limitada de los menores se encuentra regulada en el artículo 189 de la ley en comento, el trabajo de menores en los artículos 187 a 195 mismos que señalan que la Jornada para los trabajadores menores es de 6 horas diarias o 36 semanales.

En Canadá este derecho se legisla de manera distinta por cada una de sus provincias, generalizando una edad mínima de quince años. En la sección 179 del Código de Trabajo se establece que un empleador puede contratar a menores de 17 años solo para ciertas tareas. En la mayor parte de las provincias los trabajadores menores de 18 años no pueden trabajar después de las 10 u 11 de la noche. En un día de escuela los menores no pueden trabajar mas de 2 o 3 horas en un día y mas de 8 horas en un día libre.

En Chile el Artículo 13 del Código de Trabajo, permite la contratación de trabajadores de entre quince y dieciocho años sólo en trabajos ligeros que no perjudiquen su salud, además deberán acreditar haber culminado su educación media o estar cursando ésta.

En el artículo 14 de la citada ley, señala que los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en trabajos que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad y moral, trabajos nocturnos en establecimientos industriales o comerciales.

En el continente europeo también existe una regulación avanzada en el tema, por ejemplo en Francia se establece que el derecho al trabajo es solo para mayores de dieciséis años.

En España en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores se estipula quienes tienen la capacidad para contratar:

a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.

Una vez que se han analizado los elementos de la legislación mexicana y del derecho comparado, se analizan los supuestos para promover la modificación tanto a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos como a la Ley Federal del Trabajo para garantizar la debida protección de la infancia en materia de Trabajo Infantil.

I.- En el año de 2002 y después de una serie de foros y discusiones públicas, se consideró pertinente integrar al articulo tercero Constitucional la obligatoriedad del Estado de incorporar dentro de la educación obligatoria a la Educación secundaria; situación importante para incrementar el nivel de vida de los mexicanos, pero que a su vez conlleva cambios jurídicos que a la fecha no se han hecho.

Uno de ellos es el relacionado con el espíritu que guió al legislador a establecer la edad mínima para ser sujeto de contratación en materia laboral, que como se señala en párrafos anteriores es de catorce años, de acuerdo con los requisitos que la ley exigía hasta antes de la reforma, la obligación del menor era estudiar como mínimo la educación básica misma que terminaría en estricto sentido al cumplir doce años.

II.- Al incluir la educación secundaria como de enseñanza obligatoria por el Estado, el menor trabajador está en imposibilidad legal de terminar su educación obligatoria y trabajar al mismo tiempo, sin que el patrón viole el supuesto previsto por el artículo 22 de la Ley Federal de Trabajo.

III.- Por lo anteriormente expuesto se propone modificar la edad mínima para que se pueda contratar a un trabajador; estableciendo los dieciséis años y no los catorce que actualmente señala la ley, para trabajos que por su propia naturaleza sean ligeros, y asimismo tampoco podrán desempeñarse en labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche.

IV.- Compañeros y compañeras legisladores, el aprobar dicha propuesta fomenta el armónico desarrollo de los niños y las niñas y pondrá a México a la vanguardia en la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero.- Se reforman las fracciones II y III del apartado A) del articulo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I….

II.La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciocho años;

III.Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años. Éstos tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV….

Artículo segundo.- Se reforman y adicionan los artículos 5, 22, 23, 173, 174,175, 177, 178, 180, 191, 267, 362 y 988 y se deroga la fracción II del artículo 175 y el artículo 179 todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como siguen:

Artículo 5.-Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de dieciséis años;

II.….

III....

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;

V……

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciocho años; y

XIII....

Artículo 22.-Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años, Los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis que deseen trabajar deberán haber terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23.-Los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis podrán tener una relación de trabajo con autorización expresa de quien ejerza su patria potestad, a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan.

Artículo 173.-El trabajo de los mayores de dieciséis años queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo.

Artículo 174.-Los trabajadores menores de edad, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175.-Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

I. De dieciocho años, en:

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

d) Trabajos subterráneos o submarinos.

e) Labores peligrosas o insalubres.

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal.

g) Cualquier tipo de establecimiento industrial, comercial o de servicios después de las diez de la noche.

h) Los demás que determinen las leyes.

II. Derogada

Artículo 177.-La jornada de trabajo de los menores de dieciocho años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.

Artículo 178.-Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179.-Derogado.

Artículo 180.-Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años están obligados a:

I…

II…

……..

Artículo 191.-Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de dieciséis años y el de los menores de dieciocho en calidad de pañoleros o fogoneros.

Artículo 267.-No podrá utilizarse para esta actividad, el trabajo de los menores de dieciocho años.

Artículo 362.-Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de dieciséis años

Artículo 988.-Los trabajadores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo conducente.

TRANSITORIO

Unico el presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009.

Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco.- Sen. Juan Bueno Torio”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Rodríguez y Pacheco. Con mucho gusto se solicita y se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra el Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.


[1] OIT: Combatiendo las peores formas de trabajo infantil. Manual para Inspectores, San José, 2003, p. 3.

[2]OIT: La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo 95ª reunión, 2006, Informe I (B), p. 6.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, NUMERAL 1 DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor Presidente.

El negocio de las armas ligeras empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de armas ligeras.

A pesar de representar una parte poco significativa del volumen total del comercio mundial de armamentos, su bajo costo las pone al alcance de una gran cantidad de personas para ser usadas en guerras civiles, en conflictos étnicos, robos, secuestros, y todo tipo de delitos, aumentando la inseguridad de las ciudades y rearmando a toda clase de bandas, grupos paramilitares, mafias, clanes y guerrillas. Cada año más de medio millón de personas muere víctima de la violencia armada: una persona cada minuto.

Se estima que en el mundo existe un arsenal de 639 millones de armas de fuego, la mitad en manos de civiles y el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad, lo que se supone un arma por cada diez personas. En algunos países, como los Estados Unidos, cada año salen al mercado más de siete millones de armas, de esas un millón se importan.

El número de países que suministran este tipo de materiales ha aumentado, con lo que se incrementa no sólo el material a disposición de los compradores, sino la dificultad de controlar este tráfico. El Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarme, ha identificado al menos a 300 compañías de 52 países que fabrican armas ligeras.

Las armas cambian de destinatarios, pero su cantidad no disminuye. La proliferación de armas ligeras en manos de civiles incrementa las posibilidades de que en cualquier enfrentamiento humano se haga uso de ellas. Eso explica, por ejemplo, que un joven estadounidense tenga doce veces más posibilidades de morir a tiros que cualquier joven europeo; de esta forma debemos mencionar que el tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito de importancia cometida por el crimen organizado, tan sólo por debajo del tráfico de drogas.

Se calcula que en nuestro país existen cerca de 15 millones de armas, sin embargo las autoridades reportan que únicamente 5 millones 443 mil 547 tienen licencia.

Como sabemos, ante tal situación los gobiernos de Estados Unidos y México pusieron en marcha el proyecto Gunrunner para impedir al tráfico de armamento cada vez más poderoso a nuestro país, del cual se abastecen los narcotraficantes mexicanos.

Durante los últimos años el gobierno estadounidense decomisó miles de armas cuyo destino era México, pero las tendencias indican que las que logran cruzar ilegalmente la frontera son cada vez poderosas; del mismo modo nuestro gobierno y el gobierno norteamericano establecieron un programa de todos conocido llamado “Iniciativa Mérida”, el cual consiste en un proyecto internacional de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Dicha iniciativa señala el reparto de 74 millones de dólares a elementos estadounidenses para interrumpir el tráfico ilegal de armas de fuego a nuestro país.

El pasado mes de septiembre nuestro país fue sede de la Conferencia Anual del Departamento de Información Pública de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales, la cual tuvo como tema central el desarme. En dicha reunión diversas organizaciones mostraron su rechazo al tráfico de armas, argumentando que la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del estado de derecho del gobierno mexicano se pronuncia en una proliferación de las armas.

Nuestra sociedad es cada vez más violenta, y estas acciones generan miedo y desconfianza por parte de la ciudadanía. Es necesario tomar medidas mucho más enérgicas como las que se proponen en esta iniciativa para lograr resultados más eficaces.

Los índices delincuenciales mantienen a México como uno de los países más violentos del mundo. Las razones se deben a muchos factores: socioeconómico, cultural y, sobre todo, a la gran cantidad de armas que circulan en el país.

Sin embargo, debemos tomar ejemplos como el del gobierno colombiano, el cual prohibió la portación de armas en ciudades como Medellín y Cali, y logró la reducción de la violencia de forma inmediata, especialmente los homicidios.

Otro claro ejemplo, es la situación que vivió Brasil durante quince años registrando un incremento permanente en las tasas de homicidios, pero a un año de la prohibición de armas en ese país, se registró una disminución del 10 por ciento.

La mayoría de los gobiernos alrededor del mundo restringen en la actualidad de la posesión y portación privada de armas de fuego a través de una gran diversidad de leyes.

En la última década más de doce gobiernos alrededor del mundo han endurecido de forma significativa sus leyes en torno al uso y posesión de armas de fuego.

¿A qué se debe este renovado interés por la regulación de las armas de fuego. Las razones son muchas, pero la principal tiene que ver con la conexión que existe entre la violencia armada y los pocos controles que suelen hacer en torno a su uso.

En base a los datos ofrecidos radica la importancia de la presente iniciativa, resulta inminente elevar la sanción de los civiles que no acrediten la portación legal de las armas de fuego. De aprobarse la iniciativa de reforma, no nos queda la menor duda de que se reducirán los índices de violencia, de homicidio y de inseguridad que reinan en nuestro país. Es importante castigar a las personas que no acreditan la portación legal de un arma, asimismo, la impunidad y corrupción disminuirán con la reforma propuesta.

Es por estas razones que corresponde a nosotros, el legislativo, el eliminar este ilícito que daña de forma significativa a nuestro país. De esta manera se propone una adición a la fracción III, numeral 1 del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual estipula que se sancionará con dos años, siete meses de prisión; y de 50 a 200 días multa a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esa ley, sin tener expedida la licencia correspondiente.

En el caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se podrá aumentar hasta en dos terceras partes.

Es por todo lo anterior que en el Partido Verde consideramos necesario regular esta situación, siempre conforme a la ley sin violentar el derecho constitucional que nos confiere nuestra Carta Magna de poseer armas y portarlas con debido permiso de la autoridad.

De esta manera sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales.

Señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción III, numeral 1 del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El negocio de las armas ligeras empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de armas ligeras. Estas armas, y no los grandes buques o los sofisticados aviones de combate, son las responsables materiales de cuatro de cada cinco víctimas, que en un 90% también han sido civiles (mujeres y niños en particular).

A pesar de representar una parte poco significativa del volumen total del comercio mundial de armamentos, su bajo costo las pone al alcance de una gran cantidad de personas para ser usadas en guerras civiles, en conflictos étnicos, robos, secuestros, y todo tipo de delitos, aumentando la inseguridad de las ciudades y rearmando a toda clase de bandas, grupos paramilitares, mafias, clanes y guerrillas. Cada año más de medio millón de personas muere víctima de la violencia armada: una persona cada minuto.1

Siguiendo la definición establecida por Naciones Unidas, por armas ligeras se entiende normalmente todo tipo de armas convencionales que puedan ser transportadas por una persona o por un vehículo ligero, pudiéndose dividir a su vez en “armas pequeñas” diseñadas para uso personal (revólveres y pistolas, rifles y carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto y ametralladoras de pequeño calibre), y “armas ligeras” diseñadas para el uso de varias personas (ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones anticarro, lanzadores portátiles, misiles contracarro).

Se estima que en el mundo existe un arsenal de 639.000.000 armas de fuego, la mitad en manos de civiles y el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad, lo que supone un arma por cada diez personas. En algunos países, como los Estados Unidos, cada año salen al mercado más de siete millones de armas, de esas un millón se importan.

En el pasado, gran parte de este arsenal era suministrado por las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y la ex-URSS, ya fuese por intereses puramente comerciales o como parte de su estrategia de rearmar a sus aliados.

Hoy, sin embargo, el número de países que suministran este tipo de materiales ha aumentado, con lo que se incrementa no sólo el material puesto a disposición de los compradores, sino la dificultad de controlar este tráfico. El Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarme, UNIDIR por sus siglas en inglés, ha identificado al menos a 300 compañías de 52 países que fabrican armas ligeras. De éstos, 22 países producían bajo licencia, y 16 de ellos las exportan. Aproximadamente, el 75% se fabricaron en los EEUU y la Unión Europea. Otros importantes productores son Brasil, China, Canadá, Japón y la Federación Rusa.

Aunque no se conoce exactamente el valor de la producción y comercio de armas pequeñas y ligeras, se ha detectado un aumento considerable de su importe desde el final de la Guerra Fría. Algunos analistas calculan que su exportación puede tener un valor superior a los 6.000 millones de dólares anuales, es decir, una octava parte del valor total del comercio armamentista. Estados Unidos es el principal productor de munición, aunque Rusia y los países del Este europeo se están mostrando muy activos en los últimos años. La industria europea produce el doble o el triple de su propia demanda, con un ritmo anual de entre 1.000 y 2.000 millones de cartuchos.

El uso de armas ligeras está estrechamente vinculado al carácter interno de los conflictos actuales. Entre 1990 y 1995 murieron 3.200.000 de personas en este tipo de enfrentamientos armados. La proliferación de armas ligeras automáticas ha multiplicado los puntos de violencia del planeta, ha facilitado esa tremenda letalidad de los conflictos, los ha alargado en el tiempo y los ha hecho más difíciles de tratar.

Por otra parte, cuando en una guerra se acumulan centenares de armas, la paz queda hipotecada. Los grupos terroristas, paramilitares, guerrillas y grupos criminales, se apoderan de este arsenal, muchas veces cobijados por los actos de corrupción de las autoridades, y lo destinan a cometer todo tipo de ilícitos y actos de terror en contra de la ciudadanía.

Las armas cambian de destinatarios, pero su cantidad no disminuye. La proliferación de armas ligeras en manos de civiles incrementa las posibilidades de que en cualquier enfrentamiento humano se haga uso de ellas. Ello explica, por ejemplo, que un joven estadounidense tenga doce veces más posibilidades de morir a tiros que cualquier joven europeo.

En noviembre de 1995, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un grupo de expertos para que redactara un informe sobre el tema. Dicho documento fue presentado en agosto de 1997, y entre otras cosas recomendó organizar una conferencia internacional para luchar contra el tráfico de armas pequeñas, destruir los arsenales sobrantes y adoptar moratorias regionales.

En Europa, en junio de 1997, los Estados Miembros firmaron un programa para prevenir y combatir el tráfico ilícito de Armas Convencionales, aunque lo más destacable es la Acción Común del 17 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la contribución para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre.

Asimismo, en julio de 2001, en la primera conferencia de la ONU sobre armamento convencional, se adoptó un Plan de Acción por el que los gobiernos se comprometían a luchar contra la proliferación de este tipo de armamento y a reducir su demanda.

En la reunión del G8 en Gleneagles en julio de 2005, los países participantes en su comunicado final señalaron la necesidad de desarrollar normas internacionales que incluyeran un acuerdo sobre la responsabilidad de los gobiernos respecto al tema de las armas. Pese a esta declaración de intenciones, sabemos que las esperanzas son mínimas, ya que los gobiernos integrantes de dicho grupo son los que controlan más del 80 por ciento de las exportaciones de armas mundiales.

De esta forma, debemos mencionar que el tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado, tan sólo por debajo del tráfico de drogas, tal y como lo asegura el General Jorge Serrano, director de la Unidad Especializada de Lucha contra el Terrorismo y el Tráfico de Armas y Municiones, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).

Ante tal situación, los gobiernos de Estados Unidos y México pusieron en marcha el Proyecto Gunrunner para impedir el tráfico de armamento cada vez más “poderoso” a nuestro país, del cual se abastecen los narcotraficantes mexicanos.

Esta estrategia también incluye la asignación de agentes especiales estadounidenses a territorio nacional para el combate de ese delito.

Un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) establece los objetivos de la estrategia, en la que los estadounidenses compartirán con las corporaciones policiacas mexicanas su sistema de rastreo computarizado de armas (E-Trace) para identificar el origen del armamento que usa el crimen organizado en territorio mexicano.

El rastreo del armamento utilizado por el crimen organizado “es crucial” para identificar rutas y patrones del tráfico, así como vendedores, distribuidores y compradores, atacando así “la infraestructura de la oferta de armas de fuego a organizaciones de narcotráfico en México”, indica el documento de la ATF.

El documento de la ATF señala que durante los dos últimos años decomisó miles de armas cuyo destino era México, y las tendencias indican que las que cruzan ilegalmente la frontera “son cada vez más poderosas”.

Se reconoce que las organizaciones de narcotraficantes “orientan su infraestructura de lavado de dinero, distribución y métodos de carga hacia Estados Unidos para adquirir armas de fuego y municiones”.

En el caso de México, se habla de cerca de 15 millones de armas en todo el país, mientras que cifras oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguran que entre 1972 y 2001 se otorgaron 5 millones 443 mil 547 licencias para la portación de armas.

Aunado a lo anterior, la Iniciativa Mérida (a veces llamada Plan Mérida o Plan México) es un proyecto internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado (dentro del cual se considera el tráfico de armas).

La Iniciativa Mérida incluye 74 millones de dólares asignados a elementos estadounidenses para interrumpir el tráfico ilegal de armas de fuego de ese país a México. Según funcionarios mexicanos, los narcotraficantes importan unas 2,000 armas de fuego cada año. El departamento estadounidense ATF ha rastreado más de 62,000 armas desde 1996, las cuales fueron introducidas por la frontera a México.

En el mismo aspecto, el pasado mes de septiembre del presente año, nuestro país fue sede de la Conferencia Anual del Departamento de Información Pública de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales, la cual tuvo como tema central el Desarme. En dicha reunión, diversas Organizaciones mostraron su rechazo al tráfico de armas; argumentando la impunidad, la corrupción y el debilitamiento del estado de Derecho. El Gobierno Mexicano se pronuncio por disminuir el tráfico y la proliferación de armas.

Las armas pequeñas y ligeras son causantes de aproximadamente mil muertes y heridas a 3 mil personas cada día en el mundo y están involucradas en entre 60 y 90 por ciento de los decesos en conflictos armados, 40 por ciento de los homicidios y 6 por ciento de los suicidios; entre las víctimas se encuentran niños, revelan datos de International Action Network on Small Arms.

Según la PGR, el tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado. El tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representan actualmente el 15 por ciento de los delitos federales cometidos en todo el país. Lo anterior, equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados con tráfico o posesión de armas.

Nuestras sociedades están cada vez más violentas, y la violencia se vuelve cada vez más letal por el uso indiscriminado de armas de fuego. Los gobiernos están respondiendo de diferente manera al reclamo popular por mayor seguridad.

Cuatro países prohíben totalmente la portación de armas de fuego por parte de civiles: Luxemburgo, Brunei, Malasia y Botswana. Otros tres poseen leyes fuertemente restrictivas, como Japón, Gran Bretaña y China. La mayoría de las naciones analizadas ejercen algún tipo de control. Pero los países con legislaciones más permisivas son los Estados Unidos, Finlandia y la mayoría de los estados árabes.

Los índices delincuenciales y de violencia mantienen a México como uno de los países más violentos de América Latina; las razones se deben a muchos factores: socio económicos, culturales y sobre todo a la gran cantidad de armas que circulan en el país. Marcela Smutt, encargada del área de violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que se deben de entrelazar los esfuerzos para combatir el problema e insiste en la necesidad del desarme de la sociedad.

EL PNUD ha sido perseverante en la importancia de prohibir la portación de armas en los espacios públicos, esta medida ha mostrado tener una reducción en la violencia. En Colombia, en ciudades como Medellín y Cali, que han prohibido la portación de armas en determinado tiempo, la medida logró la reducción de la violencia de forma inmediata, especialmente los homicidios. En el caso de Brasil, durante 15 años venía mostrando un incremento permanente de las tasas de homicidios. A un año de la prohibición de armas se registró un 10% de reducción en las tasas de homicidios. Entonces, las diferentes experiencias muestras que la prohibición de armas genera una reducción en la violencia, especialmente los homicidios.

El asunto de la posesión de armas en manos de civiles se ha vuelto un tema muy sensible para muchos países alrededor del mundo. Ya sea por razones de salud pública o de seguridad, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo restringe en la actualidad la posesión y la portación privada de armas de fuego a través de una gran diversidad de leyes restrictivas.

En la última década, más de 12 gobiernos alrededor del mundo han endurecido de forma significativa sus leyes en torno al uso y posesión de armas de fuego.

Por ejemplo, en el año 2005, El gobierno de Guatemala nombró una Comisión Nacional del Desarme, formada por los titulares de las principales instituciones de la seguridad y justicia; la comisión se encargará de articular leyes y políticas encaminadas a controlar el comercio, circulación y tenencia de armas de fuego, como parte de una estrategia nacional para reducir la violencia.

¿A qué se debe este renovado interés por la regulación de las armas de fuego? Las razones son muchas, pero las principales tienen que ver con la conexión que existe entre la violencia armada y los pocos controles que suelen haber en torno al uso.

El denominador común de los países que tienen elevadas tasas de crimen es la permisividad en el uso de las armas, inclusive en contextos de mucho desarrollo económico: Estados Unidos es el país con la mayor tasa de violencia del grupo de países industrializados, y es precisamente el que tiene las regulaciones más permisivas.

Además, existe la creciente convicción de que muchos de los problemas originados por el uso de armas de fuego tienen su raíz en el carácter “civil” de su uso: la mayoría de delitos que se cometen en nuestros países en la actualidad ya no los cometen los estados, sino que los cometen los civiles, y la mayoría de las víctimas de esos delitos es civil. Muchas personas que compran y poseen armas de fuego de manera legal terminan colaborando con el comercio ilícito y con el uso criminal de las mismas cuando esas armas le son robadas, son revendidas o son manejadas de manera irresponsable.

Los países que han adoptado regulaciones muy restrictivas en el uso de armas se han beneficiado de reducciones importantes en las tasas de homicidios. Por ejemplo, en Colombia la prohibición de portar armas en los días festivos y los días con importantes encuentros deportivos redujo en un 40% los homicidios cometidos durante esos días. Además, esas restricciones, combinadas con la formulación de políticas de convivencia ciudadana en las principales ciudades colombianas, han logrado quitar a Colombia del primer lugar de la lista de países más violentos.

El caso mejor documentado se encuentra en Australia, que en 1996 introdujo una serie de políticas muy restrictivas con respecto a las armas de fuego; luego de esas políticas, la tasa de homicidios producidos por armas de fuego se redujo en un 60%.

Otro de los sectores afectados por el uso de las armas de fuego es el que se refiere a la Salud: un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud se midió la carga global de la enfermedad, dando como resultado que las lesiones por todas las causas, incluyendo las violentas, causaron 11.9% de los años de vida saludables perdidos en el mundo (Krug 2002). Esta realidad tiene un impacto directo en los servicios de salud, ya que repercute de manera significativa en la organización, funcionamiento y costos de los servicios de salud. Cuando se presentan lesiones físicas graves los servicios prehospitalarios y hospitalarios de urgencias son el primer sitio a donde acuden las víctimas. Las urgencias requieren una gran cantidad de suministros que exceden la planificación regular de los hospitales, y el uso de urgencia de los quirófanos ha retrasado en muchas ciudades la planificación de intervenciones quirúrgicas regulares de los distintos servicios (Híjar 2004).

Los costos de la atención médica asociada con la violencia son difíciles de calcular, así como sus efectos en la productividad económica de los países. Sin embargo, algunos autores como Londoño llaman la atención sobre el efecto de la violencia en la disminución del capital humano, en años perdidos por muerte prematura o discapacidad, por cuya causa las pérdidas en capital humano son casi tan grandes como todas las pérdidas materiales. La violencia tiene costos indirectos medidos sobre el impacto negativo en la inversión, la productividad, el consumo y el trabajo; son, incluso, superiores a los costos directos sobre la destrucción de la vida y de los bienes.

En el último reporte emitido, por el PNUD, sobre violencia y salud, se proponen las siguientes medidas para nuestro país:

• Contar con un plan de acción nacional para prevenir la violencia.

• Mejorar e incrementar la capacidad de recolección de datos sobre causas y efectos de la violencia.

• Definir prioridades y apoyar la investigación de las causas, consecuencias, costos y prevención de la violencia.

• Promover la aplicación de acciones de prevención primaria.

• Reforzar las respuestas a las personas receptoras de violencia.

• Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas.

• Incrementar la colaboración e intercambio de información sobre la prevención de la violencia.

• Promover y supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales, de la legislación y mecanismos de protección de los derechos humanos.

En base a los datos ofrecidos, radica la importancia de la presente iniciativa. Resulta inminente elevar la sanción a los civiles que no acrediten la portación legal de un arma de fuego. De aprobarse tal iniciativa de Reforma, no nos queda la menor duda que se reducirán los índices de violencia, de homicidio y de inseguridad que reinan en nuestro país. Es importante castigar a las personas que no acrediten la portación legal de un arma; asimismo, la impunidad y la corrupción disminuirán con la reforma propuesta.

Es por estas razones, que corresponde al legislativo eliminar este ilícito que daña de forma significativa a nuestro país. De esta manera, se propone una adición a la Fracción III, numeral 1 del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual estipula que se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. Finalmente, el artículo 83 Quat contempla penas para la persona que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL

SE REFORMA EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción III, numeral 1, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el previsto en el artículo 2.

III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:

1) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en los artículos 81 y 83, 83 Quat.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente Decreto.

Recinto del Senado de la República, a 24 noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Muchas gracias Senador Escobar y Vega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Honorable Asamblea, compañeros Senadores y Senadoras:


1 Guía temática sobre armas ligeras de Canal Solidario elaborada por Carles Vidal a partir del documento "Campaña contra las armas ligeras", elaborado por la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos.






VISITA

Esta Presidencia desea hacer de su conocimiento que se encuentra de visita en esta sede de la Cámara de Senadores el ciudadano José Hernández Moreno, astronauta de la NASA, de origen mexicano, por lo que solicito a los señores Senadores y Senadoras: Francisco Javier Castellón, Ramón Muñoz, Alejandro Moreno, Manuel Velasco, José Luis Lobato, Javier Castelo, María del Socorro García, Francisco Javier Obregón y César Leal Angulo lo inviten a pasar a este recinto.

(La comisión cumple)

(Aplausos)

Honorable Asamblea:

Es una gran satisfacción para el Senado de la República contar con la presencia del señor José Hernández Moreno quien participó de manera exitosa en la misión con destino a la Estación Espacial Internacional en agosto y septiembre del presente año.

Acompaña al ciudadano José Hernández Moreno el ingeniero Fernando de la Peña, promotor de la Agencia Espacial Mexicana a quien también le damos una cordial bienvenida.

(Aplausos)

El Senado de la República desea hacer un reconocimiento a don José Hernández Moreno por el tesón y perseverancia que ha demostrado para lograr la preparación que le permitió ser parte de la tripulación que recientemente viajó al espacio exterior.

A nombre de todos los integrantes de esta Cámara, le expreso nuestro orgullo por poner el nombre de México muy en alto, y por significar un ejemplo a seguir por millones de jóvenes mexicanos.

Nos sentimos orgullosos de que un compatriota mexicano, nacido de padres michoacanos, haya cumplido el sueño que tuvo en su infancia, como muchos de nosotros, y se haya impuesto una meta que parecía imposible de lograr.

Queremos hacerle saber que su trabajo llena de satisfacción a México con su presencia en nuestro país.

Esperamos que la niñez y la juventud mexicana puedan abrevar de sus experiencias, y hacerles saber que en la vida no hay imposibles por alcanzar.

Sea usted bienvenido al Senado de la República, y reciba nuestras más sinceras felicitaciones.

Muchas felicidades, don José Hernández Moreno.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestro invitado cuando desee retirarse del salón, después de la sesión de fotos que, por supuesto, se ha desatado ya.

- El C. José Hernández Moreno, científico y astronauta de la NASA: Quisiera hacer aquí una presentación especial al Presidente del Senado, a todo el Senado.

Es un cuadro que significa nuestra misión, desde el despegue, nuestras operaciones en órbita, la foto de toda la tripulación, incluyendo el aterrizaje, con la escena de la Estación Espacial, aproximadamente 600 metros de distancia, es la vista que teníamos antes de juntarnos con la Estación Especial, a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora. O sea, le dábamos vuelta al mundo cada 90 minutos, y corrimos más de 9 millones de kilómetros durante nuestra misión de 14 días.

Y, más importante, les entrego el parche que volamos en nuestra misión, que cada tripulación tiene que diseñar, y por primera vez en la historia de la NASA volaron dos latinos: su servidor José Hernández, y John Danny Olivas, que los abuelos son de Chihuahua, él es del Paso Texas.

Entonces, hago esta presentación, con mucho respeto, al Senado, al señor Presidente del Senado, para que lo pueda disfrutar todo el Senado.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Hacemos entrega de una Medalla de Plata Conmemorativa del Senado de la República a nuestro distinguido invitado.

(Le entregan a don José Hernández Moreno una Medalla de Plata Conmemorativa del Senado de la República)

Continuamos con el desarrollo de esta sesión, señores Senadores y señoras Senadoras.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 76 constitucionales y diversos artículos de la Ley de Planeación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 26 Y 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PLANEACION

(Presentada por la C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar: Con su permiso, señor Presidente.

Es evidente que la planeación es uno de los pilares fundamentales para el buen desarrollo de las políticas públicas en cualquier ámbito de gobierno. Por lo tanto, las deficiencias o insuficiencias que ésta tenga, se reflejarán inexorablemente en el grado de eficacia y eficiencia de dichas políticas públicas.

México arrastra diversos problemas que limitan el buen ejercicio público de los tres órdenes de gobierno, y a pesar de que se han hecho avances importantes para lograr una mejor gobernanza, resulta obvio que la magnitud de los problemas sociales y económicos demandan modificaciones de fondo en varios aspectos de la administración pública en general, siendo uno de ellos, el aspecto importante de la planeación.

Pero la dinámica y los retos actuales demandan su vigencia del artículo 26 constitucional, ya que no es posible hablar de un esquema de planeación democrática si existe exclusión, como actualmente sucede al no incluir específicamente a los municipios y al Distrito Federal con sus delegaciones, las cuales por tener un régimen distinto de gobierno resulta no compatible de incluir, pero que para diversos aspectos es ya más que necesario considerarlas, pues no se concibe una planeación regional incluyendo las partes y límites geográficos del área que aporta más de la quinta parte del Producto Interno Bruto, pero que requieren de servicios y recursos de estados en su periferia o entorno mediato.

Igualmente resulta relevante que en la Constitución de nuestro país se precise la concepción de la planeación de largo plazo, ya que aunque en la práctica es común utilizar dicha expresión, también lo es que se reconoce ampliamente que uno de los grandes problemas nacionales es que en México no hay planeación de largo plazo, pues cuando más ésta se limita a los seis años del Plan Nacional de Desarrollo. Cabe aclarar que hay intentos importantes como el del Programa Oportunidades o el de Procampo, pero que inciden muy poco por carecer de transversalidad, concurrencia, integralidad y sustentabilidad.

De tal manera que, y dado que la planeación democrática es una corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y poderes de la nación, resulta pertinente que el Senado de la República tenga una mayor ingerencia en la definición de las estrategias de mayor alcance que rebasan los periodos sexenales, siendo entonces esta idea, parte importante de la presente iniciativa.

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica la obligación del Ejecutivo para estructurar los mecanismos de planeación y, circunscribe la misma al Plan Nacional de Desarrollo como eje de la planeación nacional, lo cual es adecuado ya que a partir de dicho esquema se estructura el marco federalizado de nuestro país y se consolida la potestad del municipio libre y el pacto federal.

Con base a estas facultades, la Ley de Planeación se convierte en un instrumento muy importante para el ejercicio gubernamental y las relaciones al respecto entre los tres órdenes de gobierno, pero si no se incluye a las diferentes instancias que de una u otra manera tienen funciones de gobierno, entonces de entrada se tiene un esquema deficiente de planeación democrática, por lo que es menester incluir de manera específica a los municipios y al Distrito Federal.

Por lo tanto, la Ley de Planeación debe contener los aspectos básicos y fundamentales tanto de las relaciones entre dichos ámbitos de Gobierno como las relaciones con los otros poderes de la nación y con la sociedad mexicana para una planeación democrática, participativa y corresponsable.

Es así entonces, que la Ley de Planeación debe de ser un ejemplo tanto de buena ley en todos los sentidos, ya que de una u otra manera las diversas leyes federales y estatales en el marco de su competencia tienen algún referente con esta ley.

Pero se da el caso que la Ley de Planeación tiene deficiencias muy evidentes tanto en los aspectos de forma como de fondo.

Por lo tanto, la iniciativa presenta en lo específico, lo siguiente:

En el artículo 1 se indica que dicha ley responde al interés de lo planteado en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también se establece que debe considerarse, en la medida de lo posible, lo indicado en los planes municipales, estatales y del Distrito Federal, así como la responsabilidad del Senado de la República en la planeación de largo plazo, lo mismo que en los artículos 5, 21 y 22.

En los artículos 2 y 9 se indica la importancia de incluir el concepto de sustentabilidad y uso adecuado de los recursos naturales incluyendo los hídricos por su relevancia nacional, así como el uso de indicadores, ya que junto con el cambio climático, la crisis hídrica afecta considerablemente a la población y a su economía, y si en la planeación y sus diferentes programas no se aplican los indicadores acordados con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, el costo en el Producto Interno Bruto disminuye al tener que restar el Producto Interno Neto Ecológico.

En el artículo 3 se plantean varias definiciones con la finalidad de que queden precisos los conceptos que se utilizan en esta ley y la importancia de la evaluación y metaevaluación entendida como una mayor periodicidad y amplitud espacial, así como la importancia de establecer polos de desarrollo regional que permitan un mejor ordenamiento territorial.

En los artículos 6, 7, 8, 14, 16, 17, 28, 32, 33, 34 y 36 se incluye al Distrito Federal y a los municipios con la finalidad de ser congruente con el planteamiento de una planeación democrática y participativa sin que se dejen espacios de exclusión. Esto no hace dejar de mencionar que en el futuro próximo tendrá también que incluirse a las delegaciones por su importancia en población y economía.

En los artículos 11, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 37, 40 y 44 se indican varios aspectos como actualización de dependencias o aspectos que hacen congruente el sentido de la iniciativa de ser integral, congruente, participativa, corresponsable, sustentable, incluyente y con técnica legislativa.

Con base a lo anterior, me permito presentar el siguiente proyecto de Decreto, mismo que omitiré su lectura por encontrarse publicado en la Gaceta del Senado, por lo que le pido, señor Presidente, se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Y en cuanto a la exposición de motivos se inserte la versión estenográfica.

Es cuanto.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, Senadora Rosalia Peredo Aguilar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el Artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 fracción II, 56 Y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 26 Y 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE PLANEACION bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es evidente que la planeación es uno de los pilares fundamentales para el buen desarrollo de las políticas públicas en cualquier ámbito de gobierno. Por lo tanto, las deficiencias o insuficiencias que ésta tenga, se reflejarán inexorablemente en el grado de eficacia y eficiencia de dichas políticas públicas.

México arrastra diversos problemas que limitan el buen ejercicio público de los tres órdenes de gobierno, y a pesar de que se han hecho avances importantes para lograr una mejor gobernanza, resulta obvio que la magnitud de los problemas sociales y económicos, algunos de los cuales devienen de tiempo atrás, demandan modificaciones de fondo en varios aspectos de la administración pública en general, siendo uno de ellos, el aspecto importante de la planeación.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base jurídica que norma nuestra esencia como nación, y donde se plantean, entre otros aspectos, la rectoría del Estado Mexicano a través de la planeación Democrática según lo indicado en el artículo 26.

Pero la dinámica y los retos actuales demandan su vigencia, ya que no es posible hablar de un esquema de planeación democrática si existe exclusión, como actualmente sucede al no incluir específicamente a los municipios y al Distrito Federal con sus delegaciones, las cuales por tener un régimen distinto de gobierno resulta no compatible de incluir, pero que para diversos aspectos es ya más que necesario considerarlas, pues no se concibe una planeación regional excluyendo las partes y límites geográficos del área que aporta más de la quinta parte del producto interno bruto, pero que requiere de servicios y recursos de estados en su periferia o entorno mediato.

Igualmente resulta relevante que en la Constitución de nuestro país se precise la concepción de la planeación de largo plazo, ya que aunque en la práctica es común utilizar dicha expresión, también lo es que se reconoce ampliamente que uno de los grandes problemas nacionales es que en México no hay planeación de largo plazo, pues cuando más ésta se limita a los seis años del Plan Nacional de Desarrollo. Cabe aclarar que hay intentos importantes como el del Programa Oportunidades o el de Procampo, pero que inciden muy poco por carecer de transversalidad, concurrencia, integralidad y sustentabilidad.

De tal manera que, y dado que la planeación democrática es una corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y poderes de la nación, resulta pertinente que el Senado de la República tenga una mayor ingerencia en la definición de las estrategias de mayor alcance que rebasan los períodos sexenales, siendo entonces esta idea, parte importante de la presente iniciativa.

Con lo anterior se envía un mensaje de participación democrática a las legislaturas locales para que en el ámbito de sus competencias, puedan incidir y tener una mayor participación en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para que exista transversalidad y coherencia legislativa.

Con los planteamientos anteriores a nivel constitucional, es procedente valorar que, ante la problemática económica actual, se ha hecho evidente quela Ley de Planeación que se emitió en 1982 y que se le hicieron algunas reformas en 2002 y en 2003, ha demostradoque dichas reformas han resultado insuficientes ya que la dinámica de los tiempos actuales de crisis, cambios y retos, requieren mayor versatilidad y amplitud en el tiempo y espacio, másprofundidad y transversalidad en los esquemas decisorios, y más corresponsabilidad en los aspectos de una verdadera planeación de corto, mediano y largo plazos, y sobre todo, que no sea discriminatoria ni excluyente hacia la participación de los 2240 municipios y las 16 delegaciones.

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica la obligación del Ejecutivo para estructurar los mecanismos de planeación y, circunscribe la misma al Plan Nacional de Desarrollo como eje de la planeación nacional, lo cual es adecuado ya que a partir de dicho esquema se estructura el marco federalizado de nuestro país y se consolida la potestad del municipio libre y el pacto federal.

Con base a estas facultades, la Ley de Planeación se convierte en un instrumento muy importante para el ejercicio gubernamental y las relaciones al respecto entre los tres órdenes de gobierno, pero si no se incluye a las diferentes instancias que de una u otra manera tienen funciones de gobierno, entonces de entrada se tiene un esquema deficiente de planeación democrática, por lo que es menester incluir de manera específica a los municipios y al Distrito Federal.

Por lo tanto, la Ley de Planeación debe contener los aspectos básicos y fundamentales tanto de las relaciones entre dichos ámbitos de gobierno como las relaciones con los otros poderes de la nación y con la sociedad mexicana para una planeación democrática, participativa y corresponsable.

Es así entonces, que la Ley de Planeación debe ser un ejemplo tanto de buena Ley en todos los sentidos (redacción, coherencia, actualización, integralidad y transversalidad entre otros aspectos), ya que de una u otra manera las diversas leyes federales y estatales en el marco de su competencia, tienen algún referente con esta Ley.

Pero se da el caso que la Ley de Planeación tiene deficiencias muy evidentestanto en los aspectos de forma como de fondo.

En cuanto a las cuestiones de fondo es importante destacar la necesidad de considerar lo siguiente como relevante:

Incluir al Distrito Federal y a sus Delegaciones, así como a los Estados y Municipios, para sustentar una planeación democrática, participativa e incluyente; también definir con mayor exactitud los criterios de lo que significa planeación de corto, mediano y largo plazo, y las instancias que deben participar en las políticas transexenales de cada gobierno para que verdaderamente se establezca una planeación de largo plazo.

Lo anterior resulta evidente ya que: ¿Cómo va a sustentarse un Plan Nacional de Desarrollo si no es incluyente de las opiniones estructuradas de otros órganos de gobierno o entidades federativas?, ya que ello permite integrar diagnósticos,estrategias y prioridades, dado que la heterogeneidad en fechas de elecciones y gobierno dificulta correlacionar acciones.

Es decir, la planeación tiene que estructurarse, para que sea eficiente, entre otros aspectos con las siguientes relaciones:

1. Plan Nacional de Desarrollo-Planes Estatales-Planes Municipales-Plan del Distrito Federal

2. Corto-Mediano-Largo Plazos

3. Administrativo Político-Cuencas Hidrológicas

4. Coordinación de estrategias-desfases electorales

5. Evaluación y metaevaluación de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatales, Municipales y del Distrito Federal

6. Auditoria pública y transparente de todos los recursos financieros que fluyen en el marco del federalismo mexicano hacia todas las entidades federativas

En cuanto a las cuestiones de forma, resalta que debe cubrirse bien los aspectos de técnica legislativa, desde detalles de homogeneizar nombres propios y uso de mayúsculas y acentos, hasta eliminar instancias que ya no existen, con la finalidad de hacer una legislación de calidad que sea fácilmente entendible y aplicable, ya que por ejemplo en los primeros 20 artículos se habla de un plan y un Plan Nacional de Desarrollo, pero es hasta el artículo 21 donde se precisa que se refiere al mismo documento; esta situación es similar con el término Programas referido a los Programas Sectoriales.

Por lo tanto, la iniciativa presenta en lo específico, lo siguiente:

En el Artículo 1 se indica que dicha Ley responde al interés de lo planteado en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también se establece que debe considerarse en la medida de lo posible, lo indicado en los Planes Municipales, Estatales y del Distrito Federal, así como la responsabilidad del Senado de la República en la planeación de largo plazo, lo mismo que en el artículo 5, 21 y 22.

En los artículos 2 y 9 se indica la importancia de incluir el concepto de sustentabilidad y uso adecuado de los recursos naturales incluyendo los hídricos por su relevancia nacional, así como el uso de indicadores, ya que junto con el cambio climático, la crisis hídrica afecta considerablemente a la población y a su economía, y si en la planeación y sus diferentes programas no se aplican los indicadores acordados con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, el costo en el Producto Interno Bruto disminuye al tener que restar el Producto Interno Neto Ecológico.

En el artículo 3 se plantean varias definiciones con la finalidad de que queden precisos los conceptos que se utilizan en esta Ley, y la importancia de la evaluación y metaevaluación entendida como una mayor periodicidad y amplitud espacial, así como la importancia de establecer polos de desarrollo regional que permitan un mejor ordenamiento territorial.

En los artículos 6, 7, 8, 14, 16, 17, 28, 32, 33, 34 y 36 se incluye al Distrito Federal y a los municipios, con la finalidad de ser congruente con el planteamiento de una planeación democrática y participativa sin que se dejen espacios de exclusión. Esto no hace dejar de mencionar que en un futuro próximo tendrá también que incluirse a las delegaciones por su importancia en población y economía.

En los artículos 11, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 27, 37, 40 y 44 se indican varios aspectos como actualización de dependencias o aspectos que hacen congruente el sentido de la iniciativa de ser integral, congruente, participativa, corresponsable, sustentable, incluyente y con técnica legislativa.

Con base a lo anterior, me permito presentar el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforman:los párrafos segundo y tercero del artículo 26, la fracción XII del artículo 76, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adicionan: los párrafos quinto y sexto del artículo 26, la fracción XIII del artículo 76, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 26.

A….

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diferentes niveles de gobierno y los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y Distrito Federal e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

….

En el caso de la planeación a largo plazo, el Ejecutivo Federal conjuntamente con el Senado de la República determinarán los lineamientos generales para su definición, aplicación y evaluación;

En el marco del pacto federal, se promoverá que los poderes legislativos locales, participen en el ámbito de su competencia en el proceso de planeación democrática nacional.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI.

XII. Aprobar las estrategias de largo plazo en planeación para eldesarrollo económico y social que el Ejecutivo Federal le presente.

XIII.Las demás que la misma Constitución le atribuya

Artículo Segundo. Se reforman: el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo primero; el artículo 2; los párrafos primero y segundo del artículo 3; el párrafo segundo del artículo 6; el párrafo primero del artículo 8; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 9; el artículo 11; el artículo 13; las fracciones II y VI del artículo 14; las fracciones III y VI del artículo 16; la fracción IV del artículo 17; el artículo 18; el artículo 19; el párrafo segundo del artículo 20; los párrafos primero y segundo del artículo 21; el párrafo segundo del artículo 22; el artículo 23; el artículo 27; el artículo 28; el artículo 29; el párrafo quinto del artículo 32; el artículo 33; el artículo 34 y sus fracciones II y V; el artículo 36; el artículo 37; los párrafos primero y segundo del artículo 40; el artículo 44; y se adicionan: las fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo primero; la fracción VII del artículo 2; el párrafo tercero con las fracciones I a XXI del artículo 3; el párrafo segundo del artículo 5; el párrafo cuarto del artículo 6; el párrafo segundo del artículo 7; el párrafo quinto del artículo 8; el párrafo segundo del artículo 37, todos ellos de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, y por lo tanto, es la ley secundaria del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen por objeto establecer:

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal, y en el ámbito de sus atribuciones, considerar las opiniones de los Planes de Desarrollo Municipales, Estatales y del Distrito Federal;

II.-...

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas y municipios así como el Distrito Federal en el marco de la legislación correspondiente;

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales incluyendo las personas con discapacidad y criterios de género, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que se refiere esta Ley;

V.-Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales;

VI. Las bases para considerar los Planes de Desarrollo Municipal en las colindancias estatales que propicien desarrollos regionales integrados e integrales, así como con las delegaciones en lo que corresponda;

VII. Las bases para que las acciones de los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, se lleven a cabo irreductiblemente a través de cuencas hidrológicas, o sus subdivisiones de subcuencas o microcuencas;

VIII. Las bases para precisar los alcances de la planeación a corto, mediano y largo plazo, así como los aspectos relevantes que deben tener una proyección que rebase los tiempos de gobierno en los tres niveles de gobierno; y

IX. Las bases para que el Senado de la República establezca con el Ejecutivo Federal, las estrategias de largo plazo que trasciendan el ejercicio gubernamental federal, e impidan la interrupción de proyectos macro de gran alcance e impacto social, económico y ambiental;

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, ambientales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. a VI. …

VII. El manejo sustentable de los recursos naturales, su aprovechamiento integral por medio de cuencas hidrológicas, la protección de Áreas Naturales en riesgo, la recuperación de áreas degradadas, el pago y compensación de servicios ambientales, el tratamiento y reúso de aguas residuales incluso en módulos pequeños de uso múltiple, y en general la no contaminación del aire, suelo y aguas nacionales.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se harán evaluaciones y metaevaluaciones confiables y veraces de los programas y proyectos implementados por las diferentes dependencias, en función de indicadores de desempeño e impacto que cubra los aspectos sociales, ecológicos, económicos e institucionales.

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Concurrencia. La acción programática que permita integrar apoyos, proyectos o programas en una unidad municipal determinada;

II. Cuenca Hidrológica. El área geográfica determinada por la dependencia correspondiente y que no coincide con los límites administrativos y políticos de municipios, entidades federativas o delegaciones;

III. Derechos Sociales. Los que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos, y que son el eje de toda planeación para el bien común de la población y de la nación;

IV. Desarrollo Sustentable. Proceso en el cual todos los proyectos y programas IV. confluyen con criterios e indicadores evaluativos;

V. Evaluación. Proceso con indicadores para medir las metas físicas y financieras de cualquier proyecto o programa;

VI. Gobernanza. La disposición ética y consensuada de todos los sectores y ámbitos de gobierno con todos los sectores privados y sociales, para el bien común de la nación;

VII. Indicadores de Desempeño. Los criterios medibles y cuantificables para valorar el ejercicio de las instancias de gobierno que aplican proyectos o programas;

VIII. Indicadores de Impacto. Los criterios medibles y cuantificables en los órdenes social, ecológico, económico e institucional, para valorar los resultados de los proyectos y programas aplicados por las diferentes instancias de gobierno, y que se fundamentan en un enfoque sustentable;

IX. Indicadores de Sustentabilidad Hídrica. Los criterios medibles y cuantificables en los órdenes social, ecológico, económico e institucional, para valorar los resultados de los proyectos y programas relacionados directa o indirectamente con los recursos hídricos aplicados por las diferentes instancias de gobierno, y que se fundamentan en un enfoque irreductiblemente sustentable;

X. Metaevaluación. Proceso con indicadores para medir proyectos o programas, cubriendo ejercicios y regiones diversas en tiempo y espacio;

XI. Plan. El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ejecutivo Federal;

XII. Planeación de corto plazo. La que cubre en términos aproximados la mitad del período de gobierno del Ejecutivo Federal;

XIII. Planeación de mediano plazo. La que cubre en términos aproximados el ejerció del Gobierno Federal;

XIV. Planeación de largo plazo. La que cubre un período que trasciende uno o más ejercicio de Gobierno Federal y que está determinada por el Senado de la República conjuntamente con el Ejecutivo Federal;

XV. Planes Estatales de Desarrollo. Los Planes elaborados por las entidades federativas incluyendo el Distrito Federal;

XVI. Planes Municipales de Desarrollo. Los Planes elaborados por los municipio de las entidades federativas incluyendo las Delegaciones en lo que se corresponda según la legislación al respecto;

XVII. Polos de desarrollo. Los que se determinan como centros de desarrollo regional para un ordenamiento territorial armónico y equilibrado;

XVIII. Programa Especial. Los que se elaboren por alguna necesidad o situación de emergencia específica

XIX. Programa Sectorial. Los que determinan las principales dependencias del Gobierno Federal, y que consideran los planteamientos de los Planes de Desarrollo Estatal, Municipal y del Distrito Federal en lo que corresponda;

XX. Programa Regional. Aquellos que consideren varios municipios de una o más entidades federativas

XXI. Proyectos Macro. Aquellos en los que intervienen de manera responsable y consensuada los tres órdenes de gobierno y que se ajustan a los criterios indicados en la presente Ley;

XII. Seguimiento. Proceso institucional y público para determinar los avances parciales de las metas fijadas en cualquier proyecto o programa;

XXIII. Transversalidad. Las acciones en las que los proyectos y programas de cualquier estructura de gobierno se corresponden y relacionan entre sí.

Artículo 5o.-

Las estrategias y acciones de largo plazo y cuya importancia y relevancia sea fundamental para el país, serán determinadas por el Senado de la República conjuntamente con el Ejecutivo Federal.

Artículo 6o.- ….

En el mes de enero de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Lo indicado en este artículo, y respetando los niveles de gobierno y del pacto federal, se procurará que sea procedente en las entidades federativas, municipales y del Distrito Federal según la legislación correspondiente, para que los poderes legislativos locales promuevan congruencia en el gasto federal, estatal, municipal y del Distrito Federal conforme lo indica el Artículo 26 constitucional.

Artículo 7o.-….

En este mismo sentido y con base al Artículo 26 constitucional, procederá con los ejecutivos estatales y municipales para tener congruencia en la integración de la planeación nacional-estatal-municipal, y cuando proceda regionalmente al rebasarse los límites de cada territorio indicado.

Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.

Con base al Artículo 26 constitucional, las entidades federativas, los municipios, el Distrito Federal y según proceda a sus delegaciones, propiciarán alcumplimiento del presente artículo en los ámbitos que les corresponda.

Artículo 9. Las dependencias de la administraciónpública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que ésta sea integral,sustentable y transversal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado y lostitulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.

El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación, Metaevaluación y Compensación de desempeño, así como de indicadores sociales, ecológicos, económicos e institucionales de los programas aplicados y sus impactos, para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.

Artículo 11.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 13.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control, evaluación y metaevaluación del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento.

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:

I.-

II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal, así como sus delegaciones en lo que se corresponda, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales, instituciones educativas y de investigación, organismos, cámaras gremiales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados;

III. a V. …

VI.- Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal; y

Artículo 16.- …

I.- a II.

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

IV. a V.….

VI. Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal;

Artículo 17.- Las entidades paraestatales deberán:

I.- a III.-

IV.- Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los lineamientos que al efecto señale esta última;

V. y VI. …

Artículo 18. La Secretaríao instancia que corresponda según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas

Artículo 19.- El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado o titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 20.-

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo, las cuales serán, en su caso, confirmadas por el Senado de la República, quien promoverá ante la H. Cámara de Diputados su incorporación en los Proyectos de Egresos de la Federación.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, y contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas en su aplicación en cuencas y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Artículo 22.-

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor, los cuales serán analizados y definidos por el Senado de la República conjuntamente con el Ejecutivo Federal.

Artículo 23.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos, indicadores y responsables de su ejecución.

Artículo 27.- Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 28.- El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

Artículo 29.-

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 32.-

La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los estados, municipios y Distrito Federal a través de los convenios que al respecto procedan.

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal tendrá la atribución de convenir con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones en lo que corresponda a su ámbito de competencia, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y al Distrito Federal, así como los poderes legislativos correspondiente.

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas así como los municipios y Distrito Federal.

I.

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales, municipales y Distrito Federal para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;

III. a IV.

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios y Distrito Federal interesados y a los sectores de la sociedad.

Artículo 36.- El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y Distrito Federal.

Artículo 37.- …

El Ejecutivo Federal tendrá la facultad de signar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate.

La no discriminación será un principio rector de la planeación democrática.

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley.

El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

Artículo 44.- El Ejecutivo Federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas, propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven. En dichos convenios invariablemente quedarán planteados los programas, proyectos y acciones que sean parte de las estrategias de largo plazo definidas por el Senado de la República, así como la adecuación de acciones al enfoque sustentable, transversal y de cuencas o sus subdivisiones.

….

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos, a 24 de noviembre de 2009.

Sen. Rosalía Peredo Aguilar”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Peredo Aguilar. Con mucho gusto, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el C. Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente.

Hace una semana, compañeras y compañeros, presenté una iniciativa de reforma a la Constitución, para que el Presupuesto de Egresos también sea materia del Senado de la República. Plantee en la iniciativa de la semana pasada de que es tiempo de que el tema del Presupuesto sea tema de la agenda del Congreso. Que si los Senadores, las Senadoras participamos en la discusión y en la búsqueda de cómo le lleguen recursos al Estado, al gobierno, al país para funcionar, es lógico entender entonces que también participe el Senado en la definición del destino que se le dan a esos recursos.

Si bien, la propuesta de reforma constitucional que acabamos de presentar, deberá ser aprobada por el Constituyente Permanente, con el ánimo de contribuir a que el proceso legislativo sea más ágil en beneficio de la ciudadanía, proponemos esta iniciativa, para que, una vez aprobada la reforma, el legislador pueda tomar en cuenta este proyecto que le facilite el análisis y discusión respectivo.

La técnica legislativa nos dice que cuando el ordenamiento constitucional es modificado, es necesario realizar las adecuaciones que en consecuencia correspondan hacia los ordenamientos jurídicos que la reforma afecte, siguiendo la pirámide normativa de Kelsen, es decir, que el sistema jurídico al ser modificado en alguna de sus partes, debe ser adecuado para evitar lagunas o imprecisiones en la norma.

Situación que sucede, por poner un ejemplo en el caso de la Ley de Amparo, que hace referencia a artículos de la Constitución que ya han sido modificados como en el caso de la libertad provisional bajo caución, la cual se encuentra en el apartado “A” y la Suprema Corte ha tenido que salir a enmendar nuestra tarea.

Es por ello, que para evitar estas lagunas u omisiones, es que me permito proponer la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley que se encarga de regular la forma en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que interactuar.

Las modificaciones más relevantes a esta norma, además de las facultades de analizar, discutir, modificar y aprobar el presupuesto que le corresponderían a ambas cámaras, se modifican los tiempos en los que cada Cámara de manera separada deberán aprobar estos decretos tan importantes para la vida institucional del país.

Es necesario dejar en claro que en esta reforma se respeta la facultad establecida en el artículo 72 inciso h de la Carta Magna, en el sentido de que las leyes o decretos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos, 2 fracción XLIII, 17 párrafo primero, 19 fracción II párrafo segundo, 21 fracción III incisos b) y c), 23 párrafos octavo y noveno, 39 párrafo primero, 41 fracción III inciso c), 42 fracciones II, V, VI, VII, y VIII inciso f), 43 párrafo primero, 44 párrafo primero y tercero, 45 fracción II, 46 párrafo tercero, 65 fracción III, 74 párrafo primero, 77 párrafo primero, 80 fracción I, 107 párrafos segundo y tercero, 108 párrafo primero, y 110 párrafos primero y segundo; todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Está inscrito en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en consecuencia, voy a omitir la lectura de esa parte y le agradeceré mucho, señor Presidente, sea incluida en el Diario de los Debates y de esta manera poder concluir mi participación. Agradezco a las compañeras y compañeros que hayan prestado atención a este tema, creo que es de la mayor relevancia y espero no haberlos interrumpido demasiado, queridos compañeros.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 11 de noviembre próximo pasado, presenté a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII-bis de artículo 73 y se reforma y deroga la fracción IV párrafos primero, segundo y tercero del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como ya lo he citado en el proyecto al que me he referido, el Senado de la República se encuentra desligado de la facultad de autorizar el Presupuesto de Egresos, las razones y argumentos que se han esgrimido desde las reformas a la Constitución de 1857, llevadas a cabo en 1874, se basaron en el principio de que la Cámara de Diputados tiene una mayor vinculación y representación popular, y por lo tanto estaban en mejor posición de conocer el criterio y las necesidades de la población, ya que el Senado tenía la representación de los Estados.

Si bien, la propuesta de reforma constitucional deberá ser aprobada por el Constituyente Permanente señalado en nuestra Carta Magna, con el ánimo de contribuir a que el proceso legislativo sea más ágil en beneficio de la ciudadanía, proponemos esta iniciativa, para que, una vez aprobada la reforma, el legislador pueda tomar en cuenta este proyecto que le facilite el análisis y discusión respectivo.

La técnica legislativa nos dice que cuando el ordenamiento constitucional es modificado, es necesario realizar las adecuaciones que en consecuencia correspondan hacia los ordenamientos jurídicos que la reforma afecte, siguiendo la pirámide normativa de Kelsen, es decir, que el sistema jurídico al ser modificado en alguna de sus partes, debe ser adecuado para evitar lagunas o imprecisiones en la norma, situación que sucede, en el caso de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Amparo), que refiere a artículos del ordenamiento jurídico superior, cuando este ya fue modificado.

Es por ello que para evitar estas lagunas u omisiones, es que me permito proponer la modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley que se encarga de regular la forma en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que interactuar.

Las modificaciones más relevantes a esta norma, además de las facultades de analizar, discutir, modificar y aprobar el presupuesto que le corresponderían a ambas cámaras, se modifican los tiempos en los que cada Cámara de manera separada deberán aprobar estos decretos tan importantes para la vida institucional del país.

Es necesario dejar en claro que en esta reforma se respeta la facultad establecida en el artículo 72 inciso h de la Carta Magna, que a la letra señala:

“H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos, 2 fracción XLIII, 17 párrafo primero, 19 fracción II párrafo segundo, 21 fracción III incisos b) y c), 23 párrafos octavo y noveno, 39 párrafo primero, 41 fracción III inciso c), 42 fracciones II, V, VI, VII y VIII inciso f), 43 párrafo primero, 44 párrafo primero y tercero, 45 fracción II, 46 párrafo tercero, 65 fracción III, 74 párrafo primero, 77 párrafo primero, 80 fracción I, 107 párrafos segundo y tercero, 108 párrafo primero, y 110 párrafos primero y segundo; todosde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: , y 110 párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo 2.-Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

[…]

XLIII.Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas;

Artículo 17.-El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe el Congreso de la Unión y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario.

[…]

Artículo 19.-El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

[…]

II.En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.

La Secretaríadeberá informar al Congreso de la Unión sobre las autorizaciones que emita en los términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones;

Artículo 21.-En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

[…]

III.La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a) ….

b)En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c)En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad.

El Congreso de la Unión, por conducto de los representantes que designen las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de ambas Cámaras, en un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. Para tal efecto, las Comisiones de ambas Cámaras contarán con un periodo de 10 días, a fin de realizar el análisis y propuesta correspondientes.

El Ejecutivo Federal, con base en la opinión del Congreso de la Unión resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que el Congreso de la Unión no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.

[…]

Artículo 23.-En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

[…]

La Secretaría reportará en los informes trimestrales al Congreso de la Unión los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que el Congreso de la Unión haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente al Congreso de la Unión, así como hacerle llegar la información necesaria.

Artículo 39.-La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unióncon aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero.

[…]

Artículo 41.-El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. …

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán:

[…]

c) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo así como la que solicite el Congreso de la Unión a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Artículo 42.-La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

[…]

II.El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

La estructura programática que se envíe al Congreso de la Unión se apegará a lo establecido en esta Ley.

Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo.

III. …

IV. …

V.El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre y, por la Cámara de Senadores a más tardar el 25 de noviembre;

VI.La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados.

Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado;

VII. El Congreso de la Unión, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley;

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) …

[…]

f)En el caso del Presupuesto de Egresos, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de las Cámaras deberán establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

[…]

Artículo 43.-En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente al Congreso de la Unión, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[…]

Artículo 44.-Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de dichos comunicados al Congreso de la Unión.

A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría.

Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el artículo 41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por el Congreso de la Unión.

[…]

Artículo 45.-Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones generales aplicables.

[…]

II.Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y al Congreso de la Unión informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento, y

[…]

Artículo 46.-Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada.

[…]

Estos movimientos serán informados al Congreso de la Unión en los informes trimestrales.

Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

I. …

III.En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas específicamente para este propósito por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos;

IV. […]

Artículo 74-El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, informando al Congreso de la Unión y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes.

[…]

Artículo 77.Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. El Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

[…]

Artículo 80.-Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I. Deberán contar con recursos aprobados por el Congreso de la Unión para dichos fines en sus respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro;

[…]

Artículo 107.-El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:

I. …

II. ….

La Secretaría informará al Congreso de la Unión, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución.

Asimismo la Secretaría informará al Congreso, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá publicarla en su página electrónica.

[…]

Artículo 108.-La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión tendrán acceso a este Sistema con las limitaciones que establecen las leyes.

[…]

Artículo 110.-La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias del Congreso de la Unión.

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente al Congreso de la Unión la información necesaria, con desglose mensual.

[…]

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de noviembre de 2009.

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Aureoles Conejo. Desde luego se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, turnándose a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 constitucional y 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE DEROGAN LOS INCISOS A), B) Y C) Y LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DE LA FRACCION II TODOS DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTICULO 78 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Le comentaba a mi amigo el Senador Silvano Aureoles que estábamos por ahí, como es natural en estos procesos, el entendimiento parlamentario. Y bueno, por ahí con el propósito de atender un proceso.

Estimados amigos Senadores y Senadoras, yo quisiera que esta iniciativa que ahora les traigo a su consideración no llevara solamente la rúbrica de dos o de un Senador de la República.

Reiteradamente hemos expuesto a nuestro electorado, a militantes, a simpatizantes, a la ciudadanía de que es necesario quitarle dinero a la política.

En México, compañeras y compañeros, se gasta mucho y los políticos atraemos poco.

Les doy algunas cifras.

De prerrogativas ordinarias para los partidos políticos y para el proceso electoral, en esta elección intermedia pasada para la renovación de la LXI Legislatura, Senadoras y Senadores, se gastaron más de 13 mil millones de pesos. Y valorando el camino que la ley establece.

Es decir, sin contar aquello que pudiera incrementarlo con mucho a partir de la aplicación de recursos en un sistema, por cierto, que nuestra legislación contempla como un sistema mixto.

Es decir, admite el financiamiento privado en un 10 por ciento y el financiamiento público en un 90 por ciento.

Y quiero comentarles que la fórmula, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, que planteamos, es muy simple. Les doy un dato más.

El presupuesto que ahora se entrega a los partidos políticos tiene que ver con el número de ciudadanos que aparecen en el padrón electoral.

Llamo su atención, ya lo teníamos resuelto, estimado Senador, llamo la atención a ustedes que lo que gastan los partidos políticos tiene que ver con el padrón electoral. Fíjense ustedes que el INEGI nos habla de 70 millones de mexicanos mayores de 18 años. Y el Instituto Federal Electoral que usted conoce, Senador Pablo Gómez, como representante del grupo parlamentario ante el consejo general, fíjese nada más, el INEGI dice que hay 70 millones de votantes y el IFE dice que son casi 78 millones.

No coinciden las cifras porque el presupuesto crece cuando el padrón crece.

Y no es un asunto de depuración de proceso del padrón electoral. Es porque finalmente hay un marco de referencias en el padrón para el dinero y el INEGI tiene otro padrón que no es el mismo.

¿Cuál es el verdadero? ¿Quién nos va a reclamar? La ciudadanía. Aquí en las galerías nos acompañan integrantes de una asociación, por tanto llama la atención “Foco Ciudadano” y la campaña es “ya bájenle”; ya bájenle al dinero de la política. Está demostrado que el dinero no atrae votantes del listado nominal entre quienes no votan y quienes anulan su voto está partido al 50 por ciento, y eso siendo optimistas.

La propuesta, compañeros Senadores es, primero, no tiene razón que la Constitución Política de este país, que en el artículo 41 se regule el régimen de financiamiento para los partidos políticos, y segundo, que el presupuesto tenga que ver con votos emitidos del padrón electoral, si del padrón vienen a votar al 50 por ciento, que las prerrogativas tengan que ver con el 50 por ciento que vota, y si quieren el 60 por ciento de votantes, que los partidos políticos se apliquen para que la gente vaya a votar.

Yo quisiera, señor Presidente, y además usted ha votado activamente en estos temas que no es ortodoxo, está en la Asamblea una discusión sobre si se usa o no se usa la “treel” para la valoración de propuestas que son competencia del Senado de la República.

Quisiera, aunque no es ortodoxo, estimado Presidente, que el turno que se le dé a esta iniciativa, que además debe de reproducirse íntegramente, la considerásemos no como una propuesta de Tomás Torres del PRD, sino que eventualmente podamos construir una mayoría y que este compromiso que hacemos todos los partidos políticos en la calle, tuviera que ver con la posibilidad de que esa mayoría se rebele en el procesamiento de la iniciativa, reducir el gasto de los partidos políticos en proporción de los votantes y no en proporción del padrón electoral.

Por su atención y su presencia, muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, TomAs Torres Mercado, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo pArrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos Ultimos pArrafos de la fracciOn II todos del artIculo 41 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artIculo 78 del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestra legislación electoral contempla un sistema de financiamiento a los partidos políticos mixto, es decir que reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. La reforma de 1996 mantuvo el sistema de financiación mixto y propuso la fórmula que esta vigente hasta ahora: 90% de los recurso que reciben los partidos sale de las arcas públicas.

En este esquema, para las pasadas elecciones de julio, se destinaron 3 mil 730 millones de pesos a la operación y campaña de los partidos que participaron, casi la misma cantidad de dinero que se destinará en el 2010 para la formación básica (3 mil 954 millones) y mucho mayor de la destinada para la media superior (750 millones de pesos).

Las elecciones, todos los gastos comprendidos, costaron 12 880 millones de pesos para que 77 millones 815 electores registrados pudieran votar; de ellos votaron más de 34 millones, es decir que casi el 50% de los inscritos en el padrón electoral decidieron no salir a votar o anular su voto: el abstencionismo se ubicó en 43.74% mientras que el voto nulo llegó a 6.04%.

Estas cifras deberían de preocuparnos y de llamarnos a la reflexión: nuestra democracia electoral cuesta mucho dinero y atrae poco. En efecto, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos.

Ya se han levantado voces en la sociedad civil que exigen que los partidos gasten menos y que el presupuesto que se les asigna, que sale de los bolsillos de los mexicanos sea menor. Atendiendo a este llamado, nuestro compañero el Senador José González Morfín presentó una iniciativa para reformar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del 50% del mismo. El Senador González Morfín propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un 70 por ciento de financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

Nos parece que reformar esa fórmula no va a contribuir más que a la opacidad del acceso de los partidos políticos al financiamiento y a abonar a la inequidad. Mientras no se cambien los mecanismos bajo los que se asigna el presupuesto público de los partidos políticos, estos seguirán la tendencia que los aleja cada vez más de la ciudadanía.

Lo que nos parece importante reformar, es el mecanismo con el que se otorgan los recursos públicos a los partidos políticos. Actualmente la cifra que se les destina se calcula en base en la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral y lo que proponemos es que se calcule en base los votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida.

Este cambio tendrá consecuencias en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores inscritos. Es decir, hoy los partidos político reciben más de $250 millones de pesos que no deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual.

La segunda consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa, sería sobre los incentivos que hoy tienen los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía. Hoy reciben financiamiento público sin importar su capacidad para convencer a los votantes de ir a las urnas. El cambio que proponemos haría que los partidos redoblaran esfuerzos para acercarse al electorado al tomar en cuenta que la disponibilidad que tengan de recursos públicos dependerá de combatir el abstencionismo y no sólo orientar sus campañas a lo que se conoce como el “voto duro”.

Entonces, volviendo a las cifras que dábamos al inicio, en efecto el presupuesto destinado a los partidos políticos se reduciría considerablemente ya que se basaría en el 50.22% del padrón, es decir en los más de 34 millones de votos válidos que se emitieron y ya no en los más de 77 millones de electores inscritos en el padrón.

No perdamos de vista que a la democracia electoral la hace justamente el electorado, los ciudadanos que hoy desconfían profundamente del trabajo de los partidos políticos y de los representantes populares. Que ven en el financiamiento público un botín que sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que se destina al beneficio de unos cuantos. De hecho según una encuesta publicada por periódico El Universal aparecida el 10 de noviembre pasado al 91% de los encuestados le parecería bien reducir el gasto de los partidos políticos.

Otra encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 12 de noviembre en la Zona Metropolitana del Distrito Federal muestra que el 33% de los encuestados consideran que reducir el presupuesto de los partidos políticos es aun más importante que “darle más dinero a la educación (30.2%) o el combate a la pobreza (29.6%).

Si los partidos políticos no somos capaces de atraer más que al 50.22% de los votos del electorado, entonces debemos de trabajar más y mejor para poder atraer al 49.78% restante. El dinero no es lo que atrae a más votantes, son las ideas, el debate y las propuestas. Se trata pues de hacer de los institutos políticos entidades públicas más dinámicas y competitivas.

De la misma manera consideramos que no es necesario que la fórmula y los montos del presupuesto público destinado a los partidos políticos esté definido a nivel constitucional. No hay ningún otra asignación de recursos establecida en nuestra Carta Magna, y por ello constituye un injustificadoprivilegio que no gozan rubros tan importantes para la sociedad como salud y educación.

Las condiciones económicas que hoy sufre nuestro país, las están sufriendo todas y todoslos mexicanos, no hay razón alguna para que los institutos políticos queden “blindados” constitucionalmente ante los vaivenes de la economía o la negociación presupuestal. Si queremos la confianza de las y los ciudadanos, entonces ganémonosla, tratándolos con el respeto que implica reconocernos unos a otros como iguales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

I.(…)

II. (…)

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

III. (…)

IV. (…)

V. (…)

VI. (…)

Segundo.- Se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 78.-

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

(…)

(…)

(…)

(…)

2.

3.

4.

5.

Dado en el Senado de la República, a 24 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Torres Mercado.

Senadora Adriana González, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: (Desde su escaño)Sí, pedirle señor Presidente, si me permite preguntarle al Senador Torres si me puedo sumar a su propuesta.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Tomás Torres, la Senadora Adriana González Carrillo,la Senadora Ludivina Menchaca, el Senador Ernesto Saro, el Senador Guillermo Tamborrel, el Senador Muñoz Gutiérrez, por favor, la Secretaría tome nota de todos los Senadores que se adhieren a la suscripción de la iniciativa presentada por el Senador Tomás Torres Mercado, que se deberá insertar íntegra en el Diario de los Debates y turnarse a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La elaboración de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) ha sido producto de un largo proceso histórico que se remonta a mediados del Siglo pasado, cuando se creó, en 1959, por decreto presidencial de Adolfo López Mateos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el propósito de editar y distribuir de manera gratuita los libros escolares para todos los escolares de primaria. Así, como parte de la política del Estado aplicada al sector se emprendió el Plan de Once años, que en 1960 permitió contar con las primeras ediciones de LTG, las cuales empezaron a publicarse y a repartirse de inmediato en las escuelas.

Con la instrumentación de los LTG el Estado buscaba alcanzar como objetivos básicos: a) Atender la demanda creciente de educación de la población, con énfasis en los grupos más desfavorecidos; b) asegurar la gratuidad de los libros escolares; c) desarrollar una cultura de normas y valores, y un proyecto de sociedad; d) presentar a la familia como base de la sociedad, y e) identificar a larepresentación de la patria con una sociedad igualitaria que a todos comprende a partir del cumplimiento del deber personal.

La producción de libros abasteció la demanda nacional y algunos de los títulos alcanzaron trece reediciones en los años subsecuentes. En 1960 se produjeron 19 títulos para los alumnos de primaria y 2 para los maestros. Las portadas fueron autoría de ilustres artistas (David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo Zalce, Fernando Leal y Raúl Anguiano) quienespintaron cuadros con héroes de la patria que, además de conmemorar 150 años de independencia y 50 de la revolución mexicana, buscaban infundar en la niñez el ser mexicano.

Sin embargo, han transcurrido cinco décadas de la existencia de los LTG y sigue sin resolverse la interrogante de cuál era la mejor forma de enseñar la historia a los niños. Si es cierto que existe una lista de libros complementarios que pueden ser usados por los profesores y educandos aún se carece de las estrategias y las normas que permitan la participación de diversos sectores estratégicos en la determinación de las orientaciones de la educación pública. Sobre todo en los textos de historia; en los cuales se profundiza la confrontación entre las convicciones personales, las posiciones partidistas, los intereses grupales y sectoriales, las cuestiones ideológicas o religiosas y lainterpretación oficial del devenir del país.

Actualmente se encuentran en operación 3, 601,000 Bibliotecas de Aula (827,203 distribuidas en el ciclo escolar 2006-2007); cada una cuenta con un acervo de 1,935 títulos. Este año, la producción prevista rebasa los 22 millones de ejemplares.

Los planteles actuales de la CONALITEG se ubican enRafael Checa, D. F. (oficinas centrales), en Tequesquináhuac, Estado de México (almacén) y en Av. Acueducto, Querétaro (planta de producción). La producción del organismo es vasta y especializada, con oferta de libros para educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena (en 42 lenguas diferentes), Braille y Macrotipo. Desde su fundación a la fecha, la producción histórica de la Comisión supera los 5 mil millones de libros.

A fines de agosto de 2009 el Maestro Alonso Lujambio Irazábal, titular de la SEP hizo entregasimbólica de 26 millones de libros de texto gratuitos para secundarias públicas y particulares de todo el país, señalando que esoslibros forman parte de los 175 millones de textos gratuitos que la SEP repartirá para este nuevo ciclo escolar en todo el país, a través de la CONALITEG.

Para educación primaria, explicó, se derivarán 125 millones de ejemplares; en secundaria serán 26 millones; para telesecundaria 13 millones; para preescolar nueve millones y para educación indígena casi dos millones. Al respecto señaló que “Ningún país del mundo distribuye la cantidad de libros que entrega México a sus estudiantes en forma gratuita; debemos valorar esta particularidad del sistema educativo mexicano”…”para este ciclo escolar aumentó a siete el número de entidades (entre ellos Jalisco), que seleccionaron vía Internet sus libros de un total de 323 títulos, que la CONALITEG tiene en su página web”.

Por su parte el secretario de Educación de Jalisco, Miguel Angel Martínez Espinosa, expresó que esto tiene un hondo significado porque culmina un proceso innovador diseñado por la CONALITEG. Recordó que el proceso anterior implicaba que cada director de escuela eligiera para los maestros los títulos que se distribuirán en el plantel y ahora cada profesor, en respeto a la libertad de cátedra, elige el texto apropiado para sus alumnos. Destacó que en el nivel primaria no existe un libro de texto único para todos los estudiantes, sino que hay una gran cantidad de opciones diferentes para cada asignatura.

Sin embargo, a recientes fechas nos hemos encontrado con un problema que ha sido motivo de discusión, incluso, en el ámbito parlamentario de nuestro país, relacionado con los contenidos que se han incluido y excluido de dichos textos.

Para la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, por ejemplo, en la educación pública laica que imparte el Estado, la historia es parte de la formación de la memoria colectiva, por lo que se ha mencionado que suprimir la Conquista y la Colonia de los libros de historia es un atentado a la cohesión e identidad nacionales; constituye un atentado contra el derecho de los niños mexicanos a conocer su historia y no sólo el fragmento que al gobierno panista le interesa.

Al respecto Suárez del Real precisó que “en la transición entre la infancia y la adolescencia, para los menores resulta fundamental fortalecer los conocimientos de historia, por lo que, con la orientación que pretende darse a la materia en primero y sexto grados de primaria, se busca “sacrificar esta parte de la memoria nacional que nos llevará algún día a afirmar que la construcción de nuestro país es a partir de la entronización de Agustín I, emperador de México”.

Por otra parte la mutilación de la Conquista y de la Colonia en loslibros de texto gratuito de primaria, tambiénfue comentada por los coordinadores en el Senado del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Carlos Navarrete. El primero consideró que la historia debe analizarse críticamente, sin eliminar capítulos. En tanto, el senador perredista señaló: “No voy a magnificar un tema que puede ser muy atractivo mediáticamente; me preocupa más que nuestros alumnos salgan reprobados en matemáticas y en español”. Madero planteó que se haga una revisión en este sentido y se cumpla con el propósito de que en la enseñanza de la historia se incluyan todas las voces y todos los hechos históricos como parte del trayecto que hemos recorrido como nación.

Ante estos acontecimientos losexpertos del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que reconozca que necesita dar marcha atrás. Al respecto señalaron que “La eliminación de hechos históricos -La Conquista y la Colonia- en los libros de texto gratuito para alumnos de primaria es un acto vergonzoso que demanda modificar los contenidos, pero desde una perspectiva ética de la educación”…”antes de que crezca la confusión es urgente que las autoridades educativas piensen bien las cosas y convoquen a historiadores y pedagogos, porque se olvida que a la escuela a la que asiste la mayoría de los mexicanos es a la primaria, no la secundaria, lo que demanda que en los primeros años de formación se garantice una noción completa de la historia de México, no como una ciencia sino como una estructura de identidad”.

Cabe señalar que tan solo la elaboración que los libros de primero y sexto grado, incluidos los de Historia en los que se elimina la enseñanza de la Conquista y los siglos de colonización española, tuvieron un costo superior a los 166 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la CONALITEG. Esto se realizó para sustituir los casi 28 millones de libros de texto referidos. 4 textos para el primer año de primaria y 6 textos para los de sexto año.

En este contexto podemos asegurar que la trascendencia de asegurar el adecuadocontenido y la sustitución periódica de los Libros de Texto Gratuito, conlleva el compromiso gubernamental de que éstos sean avalados, sistemáticamente, por las autoridades del país con mayor calificaciónen cada una de las materias. Asimismo, que se correlacionen con los avances científicos, tecnológicos y sociales, a nivel nacional e internacional. Igualmente que las nuevas ediciones subsanen los datos o apartados susceptibles decorrección o mejoría, además que respondan a las técnicas más modernas que se utilicen en la presentación de la información o para elmejor aprovechamiento de los contenidos. También que su permanencia sea congruente con las ideas de austeridad, óptimo aprovechamiento y uso racional de los recursos.

No debe olvidarse que estos libros de texto constituyen la base primordial parala educación de millones de niños en todo el país y por ello su adecuadaregulación debe asegurarse en el marco jurídico que establece las atribuciones y responsabilidades de las autoridades vinculadas con su preparación técnica, su elaboración, aprobación y distribución material, así como con su evaluación y actualización. De igual forma deben revisarse las diferentes responsabilidades que en la materia corresponden a los sectores, instituciones y personas vinculadas con la instrumentación, renovacióny valoraciónde los LTG.

Ante todo este análisis es que nuestro grupo parlamentario ha decidido intervenir en el tema para realizar una serie de propuestas encaminadas a resolver dicha problemática. En este sentido es que en días pasados presentamos una iniciativa de modificaciones al texto constitucional con el objeto de darle sustento, desde la Carta Magna, a la necesidad de actualizar y reforzar el contenido y el cumplimiento de los preceptos legales relacionados con el tema, para asegurar el carácter científico, objetivo, democrático, nacionalista e institucional, tanto de los planes y programas educativos, como del propio sistema educativo nacional. Todo ello en aras de asegurar la revisión, actualización, aprobación e instrumentación de los Libros de Texto Gratuito, y el adecuado ejercicio de los presupuestos respectivos.

Por ello es que, en adición a lo anterior, se hace necesario revisar el texto de la Ley General de Educación en vigor, para verificar si en ésta se regula correctamente y bajo estos principios, losLGT.

De este análisis se pudo apreciar que si bien éstos se señalan en los Artículos 12, 19 y 75 de la misma, dichos preceptos resultan insuficientes y por lo mismo existen grandes vacíos en la regulación de los contenidos, instrumentación yrenovación de los textos. Por lo mismo se debe proceder también a analizar de dicha Ley, en relación con la problemática que nos ocupa y formulando las observaciones correspondientes.

Así por ejemplo cuando el Artículo 1° de la LGE señala en su primer párrafo que “Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social”, además de enfatizar el carácter superior y obligatorio del ordenamiento, también previene que sus disposiciones no son de cumplimiento discrecional, para cualquiera de los tres Órdenes de Gobierno.

El Artículo 2° de la LGE señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”...”La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”… ”En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa deleducando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º”.

Sin embargo con las recientes decisiones adoptadas por la autoridad educativa (ya señaladas), se está colocando en situación de desventaja a millones de alumnos porque éstos no tendrán acceso a conocer etapas fundamentales en la Historia del País, ni la Teoría de la Evolución; lo cual, además, constituye un grave escollo para “adquirir, transmitir y acrecentar la cultura” y para fomentar la solidaridad social mencionada en ese precepto. Desde luego también se hace nugatoria la prevención de que “todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional” cuando millones de ellos serán segregados de conocimientos primordiales.

La no coincidencia de las decisiones de dicha autoridad contradice abiertamentelo dispuesto por la LGE. Esto se hace evidente al examinar el Artículo 3º de la misma cuando precisa “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley”. Resulta clara la violación del precepto, sobre todo en materia de federalismo, cuyo conocimiento -en nuestra realidad- resulta estrechamente ligado al análisis de la Colonia y del Movimiento de Independencia.

De igual forma las contradicciones se agudizan si se observa el contenido del Artículo 7 de la LGE y sus primeras tres fracciones, cuando disponen “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país…”.

Sobre lo dispuesto en la fracción II señalada, la decisión de omitir en los LTG la Teoría de la Evolución, riñe abiertamente con “el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos”. Sin embargo, la mayor violación al precepto se concentra en la contravención de lo dispuesto en la fracción III, ya que las decisiones multicitadas debilitan considerablemente la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía que precisa el precepto.

El Artículo 8 de la LGE establece que “El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

La simple lectura de éste artículo y su contraste con las decisiones de la misma autoridad, ya señaladas, atentan de lleno contra este precepto y porlo mismo se reiteran los comentarios que se hicieron sobre los preceptos constitucionales anteriormente analizados, en razón de su contenido similar.

Cuando el Artículo 9° de la LGE dispone que “Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal”, resulta incomprensible que se decida desconocer dos hechos históricos del País que tuvieron profundas raíces y consecuencias de tipo internacional y que decida suprimir el conocimiento de la Teoría de la Evolución, cuyo análisis es algo cotidiano y esencial en cualquier nación civilizada.

Por otra parte importa referirnos al Artículo 10° de la LGE, el cual establece que “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Constituyen el sistema educativo nacional:

I.- Los educandos y educadores;

II.- Las autoridades educativas;

III.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas;

IV.- Los planes, programas, métodos y materiales educativos;

V.- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados;

VI.- Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar”.

Al respecto se estima correcto que la Ley ya prevenga la integración del Consejo Nacional Técnico de la Educación y de los correspondientes en las entidades federativas, en el sistema educativo nacional. Sin embargo las disposiciones complementarias de la LGE en la materia, establecen facultades y responsabilidades muy precarias a esos Consejos. Por lo mismo es necesario replantearlas.

El carácter meramente consultivo de esos consejospuede corroborarse al analizar el Artículo 11° de la LGE, el cual dispone que “La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.- Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

II.- Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y

III.- Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio.

IV.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, son órganos de consulta de las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las funciones de estos Consejos son:

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

b. Hacer un seguimiento permanente, en el ámbito de su competencia, del funcionamiento y calidad de los servicios de educación básica así como de sus resultados, y proponer a las autoridades educativas, para su consideración, las medidas y reformas de carácter técnico que consideren resulten pertinentes.

c. Emitir opinión fundada respecto a planes y programas de estudio que proponga la autoridad competente, las actualizaciones de libros de texto, los libros y materiales didácticos y los contenidos educativos, así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares”.

En otros términos, la SEP puede o no tomar en cuenta las aportaciones de los Consejos, sin que ello tenga que ser necesariamente considerado. Esto explica el porqué la Dependencia puede decidió retirar de los LTG temas y materiales sin requerir la previala anuencia de los Consejos señalados.

Ante la importancia de fortalecer la capacidad científica y tecnológica de esos Consejos se estima imprescindible quese legislepara que éstos cuenten, a nivel nacional, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de alguna otra Institución de Educación Superior -con prestigio y reconocimiento internacional-. A nivel local, resulta imprescindible que los Consejos de cada Estado y del D. F. también cuenten con el apoyo de esas instituciones, así como de las Universidades e institutos de mayor prestigio en cada entidad federativa.

La fuerte y excesiva centralización del sistema nacional educativo y de sus procesos fundamentales se advierte -en toda su magnitud- en lo dispuesto por el Artículo 12° de la LGE, cuando establece que “Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectoressociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

II.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

III.- Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria;

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

VII.- Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares;

VIII.- Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro;

IX.- Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional;

X.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta Ley;

XI.- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar;

XII.- Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, y

XIII.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables”.

Como puede apreciarse la mayoría de esas fracciones facultan a la SEP a decidir unilateralmente múltiples aspectos del sistema nacional educativo.

Situación similar se aprecia en materia local. Así, el Artículo 13 y su fracción II, de la LGE señalan que “Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;”.

Como puede apreciarse resultan muy precarias las facultades que se les confierena esos Consejos. Tampoco se previene que éstos cuenten con apoyos educativos especializados, para enriquecer su participación. Situación similar ocurre con respecto a las facultades concurrentes previstas en el Artículo 14 de la LGE.

Si bien el Artículo 17 de la LGE señala que “Las autoridades educativas federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría”, no se previene que las decisiones que se tomen en esas reuniones tenganalgún carácter vinculante u obligatorio paraninguna de las partes.

Aunque no se ha señalado, también existen importantes problemas en materia de distribución oportuna y adecuada de los LTG, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 19 de la LGE, que previene que “Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione”.

Segregar apartados fundamentales del conocimiento ciertamente riñe con lo previsto por el Artículo 32, cuando señala que “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley”.

Esto significa que pueden retirarse de los LTG capítulos básicos de laHistoria de México y la propia Teoría de la Evolución, por el endeble contenido del Artículo 47 de la LGE. En efecto, este señala que: “Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio…”.

Desde luego no se señala que dichos contenidos sólo sondefinidos por la SEP sin considerar que debe atender algún otro criterio. Bajo esa redacción no cabe la concertación de ningún esquema de colaboración y entendimiento.

Posteriormente ese mismo Artículo 47, señala que “En los planes de estudio deberán establecerse:

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo;

III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y

IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo.

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos”.

La simple lectura delprecepto hace evidente la necesidad defortalecer los mecanismos de la LGE relacionados con la instrumentación y aprobación de los planes y programas educativos y del propiosistema de Libros de Texto Gratuito.

El simple papel de acompañamiento -despojado de cualquier facultad relevante que la LGE pudiera conferir a los Consejos Consultivos señalados- puede constatarse en el contenido del Artículo 48. En efecto éste dispone que:

“La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Para tales efectos, la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa”.

La mayor participación de esos Consejos y el compromiso de la SEP de atender sus aportaciones, podría lograse si se estableciera en la LGE la figura de la concertación entre la Dependencia y esos Consejos, para la revisión y actualización de los planes y programas educativos. De igual forma para los LTG, a fin de evitar la adopción de decisiones unilaterales en perjuicio del Sistema Nacional Educativo.

Por su parteel Artículo 49 de la LGE dispone que:

“El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia”.

Sin embargo, no se advierte que la autoridad educativa tome muy en cuenta este precepto, ya que la supresión que ha hecho de los conocimientos de la Colonia y la Independencia de México, al igual que el cercenamiento de la Teoría de la Evolución de los LTG, además de atentar seriamente contra el clima de cordialidad y colaboración que señala dicho artículo, es la negación de un trabajo a favor de la libertad y la responsabilidad. Esto es, a pesar de la gran importancia que tienen ambas decisiones, ellas no contaron con la anuencia del profesorado de los planteles de primaria del País, ni tampoco con la de los padres de familia, ni de las instituciones involucradas.

Este detallado análisis de los preceptos de la LGE, en relación con la problemática que existe sobre la revisión, aprobación y sustitución de los LTG, así como la necesidad de fortalecer las políticas, procedimientos e instancias vinculados con el tema, al propio tiempo que se establezca un marco sancionatorio en la materia,permiten concluir que será necesario promover diferentes reformas a dicho articulado, a fin de contar con una legislación más moderna, eficaz y democrática para una mejor operación del Sistema Educativo Nacional.

Eso es lo que pretendemos en la presente Iniciativa.

Finalmente, debemos dejar también establecido que todo lo anterior debe tener implicaciones con Respecto a la Legislación en Materia de Responsabilidades.

En este sentido debe considerarse un desacierto que la LGE no establezca ninguna disposición que sancione a aquéllos servidores públicosque realicen acciones en demérito del Sistema Nacional Educativo o en perjuicio de la cultura del país. Incluso en detrimento de los conocimientos del alumnado. Tampoco contiene sanciones para aquéllos que con sus actos ocasionen graves daños patrimoniales a dicho Sistema, al aprobar la elaboración y distribución masiva de material educativo, cuando éste sea ilegal, notoriamente deficiente o que contravenga abiertamente la legislación constitucional y educativa del País.

Por lo expresado resulta necesario establecer las disposiciones que permitan interrelacionar la vigente Ley General de Educación con los preceptos correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.

Al respecto el Artículo 13 de la LFRASP, dispone que:

“Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I.- Amonestación privada o pública;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III.- Destitución del puesto;

IV.- Sanción económica, e

V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado”.

Dicho artículo se vincula directamente con lo dispuesto en elARTICULO 14 de la propia LFRASP, cuando establece que “Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal”.

También guarda estrecha relación con lo dispuesto en elArtículo 15 de la LFRASP que establece que:

“Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal”.

Por todo lo anteriormente expresado hemos ya afirmado que resulta indispensable reformar y adicionar diferentes artículos de la Ley General de Educación, para asegurar el carácter científico, objetivo, democrático, nacionalistae institucional, tanto de los planes y programas educativos, como del propio sistema educativo nacional; de igual forma por lo que se refiere a la revisión, actualización, aprobación e instrumentación delos Libros de Texto Gratuito, así como al adecuado ejercicio de los presupuestos respectivos.

De igual manera, también resulta indispensable asegurar el cumplimiento de tales obligaciones por parte de los servidores públicos involucrados con tales funciones, así como la aplicación de las sanciones respectivas cuando incurran en responsabilidades administrativas por el incumplimiento de dichas obligaciones, a fin de evitar que continúen dañando con su conducta irresponsable el ejercicio de la función pública, así como que interfieran con la adecuada prestación de los servicios a la población.

En este orden de ideas es que ahora presentamos esta Iniciativa que recoge las pretensiones arriba señaladas, mismas que en su conjunto complementan la propuesta de modificaciones constitucionales a las que hemos hecho referencia en anteriores párrafos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2; se reforma el artículo 5; se reforma la fracción I del artículo 7; se adiciona un segundo párrafo al artículo 8; se adiciona un último párrafo al artículo 10; se reforma la fracción IV del artículo 11 y se le adiciona a ésta un apartado d.; se reforman las fracciones I, III, IV y X del artículo 12; se reforma la fracción II y se adiciona un último párrafo al artículo 13; se adiciona un último párrafo al artículo 14; se reforma el articulo 19; se adiciona un último párrafo al artículo 47; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48; se adiciona un tercer párrafo al artículo 49; se reforma la fracción IV y el último párrafo del artículo 75; y se adiciona una fracción IV y un último párrafo al artículo 76; todo ello de laLey General de Educación, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE EDUCACION

ARTICULO 2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo promoverá el conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interéspor las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional.

ARTICULO 5.- La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; asimismo, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

ARTICULO 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas; igualmente, promover el conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interéspor las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional;

II. aXV.…

ARTICULO 8.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Las políticas, planes, programas y textos que sustentarán a esa educación se basarán en los resultados del progreso científico y los avances de la cultura nacional e internacional. Por lo mismo el Sistema Educativo a cargo del Estado:

I. a III.…

ARTICULO 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. a VII.…

Parael adecuado funcionamiento del Sistema Educativo Nacional el Ejecutivo Federal instrumentará los planes, programas y textos de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal contará con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de las principales universidades e institutos del país y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que esta ley señala. Las autoridades relacionadas con la integración y aplicación de esos planes, programas y textos estarán obligadas a vigilarque su instrumentación cumpla los principios establecidos en esta Ley.

ARTICULO 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. aIII.…

IV.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, son órganos de consulta y concertación con las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Ambos Consejos contarán con la colaboración de las principales universidades e institutos del país, así como los de su respectiva entidad federativa. Igualmente con la participación delos diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que esta ley señala.

Las funciones de estos Consejos son:

a. ac.…

d. Concertar con las autoridades educativas la instrumentación de las acciones señaladas en los incisos a, b y c precedentes; correspondiendo las de carácter federal al Consejo Nacional Técnico de la Educación y a los Consejos Locales Técnicos de la Educación las acciones con las entidades federativas.

ARTICULO 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la Repúblicay concertar los planes, programas y textos de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos de los l artículos 11 y48;

II. …

III.- Elaborar, mantener actualizados y concertar los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación y asegurando la promoción del conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interéspor las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional;

IV.- Autorizar, previo acuerdo con el Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

V.aIX.…

X.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta Ley, asegurando su vinculación con los principios establecidos para el Sistema Educativo Nacional;

XI.aXIII....

ARTICULO 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. …

II.- Proponer y concertar conlaSecretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes, programas y textosde estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

III.aVII.…

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.Asimismo promoverá el conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interéspor las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional.

ARTICULO 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. aXIII.…

Las autoridades relacionadas con la integración y aplicación de los planes, programas y textos de estudio, previstos en las fracciones II y V de éste artículo, estarán obligadas a vigilar que su instrumentación promueva el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y sefomente el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo que se promueva el conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interéspor las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional.

ARTICULO 19.- Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione. Para ello contarán con el apoyo y la asistencia técnica de dicha dependencia.

ARTICULO 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

I. aIV. …

Las políticas, planes, programas y textos de estudio que sustentarán al Sistema Educativo Nacional serán de carácter laico y se vincularán con los resultados del progreso científico y los avances de la cultura nacional e internacional; asimismo lucharán contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

ARTICULO 48.- La Secretaría determinará y concertará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaríaconcertará con las autoridades educativas locales y considerará las opiniones de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

ARTICULO 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

...

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal contará con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de las principales universidades e institutos del país y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Las autoridades relacionadas con la integración y aplicación de los planes, programas y textos educativos estarán obligadas a vigilar su adecuada instrumentación.

ARTICULO 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.aIII. …

IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice, previo acuerdo con el Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, para la educación primaria y secundaria; así como promover la instrumentación de políticas, planes, programas y textos educativos que incumplan lo previsto en el Artículo 3° constitucional;

V. aXV.…

Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a los trabajadores de la educación, cuando tengan relación directa con dicho incumplimiento. En caso contrario las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos.

ARTICULO 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.aIII.…

IV. Si el incumplimiento de quienes prestan servicios educativos se relaciona con la infracción establecida en la fracción IV del artículo anterior, serán aplicables cualesquiera de las sanciones previstas en las fracciones III, IV y V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La imposición de la sanción establecida en la fracción II de este artículo 76no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Recinto del Senado de






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Alejandro González Yáñez: Con la venia de la Presidencia; Senadoras y Senadores de la República:

La presente iniciativa, estamos plenamente conscientes, va a generar polémica por su naturaleza, sin embargo nos enfrentamos a una realidad ineludible la cual urge abordar.

En la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior quedaron pendientes de dictaminarse 2106 iniciativas de ley, de un total de 2 mil 853, es decir, solamente fueron dictaminadas el 26 por ciento de las iniciativas, y en la Cámara de Senadores se presentaron mil 334 iniciativas, de las cuales fueron dictaminadas 149, es decir, sólo el 11 por ciento de las iniciativas han sido dictaminadas en esta Cámara de Senadores, sólo en la pasada legislatura.

Por lo tanto, a lo que se le ha llamado Congeladora Parlamentaria o Panteón Legislativo, urge darle puntual respuesta.

La propuesta que estamos haciendo a esta Soberanía es la creación de una figura jurídica que estamos denominando afirmativa ficta parlamentaria.

¿En qué consiste la afirmativa ficta parlamentaria? Significa lo siguiente: iniciativa que no haya sido dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar en un plazo de hasta 3 meses pasará al Pleno como dictamen en términos positivos y por supuesto el Pleno, en uso de su absoluta soberanía podrá discutirla y en su caso votarla.

Estamos convencidos de que este mecanismo es uno de otros que se pueden proponer, sabemos que se va a propiciar el debate, el encuentro y el desencuentro, pero lo hacemos de buena fe, es decir, si existiesen otras propuestas dirigidas a erradicar de una vez y para siempre la Congeladora Parlamentaria o el Panteón Legislativo, pues que se discuta, se debata y finalmente lo resolvamos.

El proceso legislativo no se puede detener, y los Senadores de la República deben de enviar una clara señal a la sociedad mexicana de que el trabajo que se está desarrollando es suficiente, vasto y productivo. Además se enriquecerá el debate político y podremos impulsar una nueva dinámica y un nuevo ritmo para sacar adelante nuestras tareas y nuestros trabajos.

Esto implica una modificación absoluta en el proceso legislativo, esto implica una nueva dinámica en las comisiones, incluso en las sesiones del Pleno. Esto va diseccionado a impulsar una reforma del Poder Legislativo en México, dentro de la reforma del Estado mexicano, que es urgente y que es impostergable.

Señor Presidente, le solicito que toda la iniciativa que hoy presentamos en sus términos, sea publicada en el Diario de los Debates, y que se pueda generar el debate deseado para cumplir el propósito de superar el panteón legislativo, o en su caso la congeladora parlamentaria.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Alejandro Gonzalez Yañez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa, tiene como objetivo incorporar en nuestro ordenamiento la figura jurídica que denominaremos “afirmativa ficta parlamentaria”, en la cual una iniciativa que no haya sido dictaminada por las comisiones correspondientes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en un plazo de tres meses a partir de que les fue turnada, pasará como dictamen en sentido afirmativo ante el Pleno para su discusión y votación.

El proceso legislativo entendido como el camino de creación de la norma jurídica es una función clásica de las asambleas, el cual se conforma de una sucesión ordenada de actos parlamentarios que, en aplicación de las normas constitucionales y reglamentarias, conforman la voluntad de las Cámaras, y a la vez la voluntad popular, cuyo producto sonnormas de aplicación general.1

Las etapas del procedimiento legislativo son la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación de una norma.

Al respecto, el artículo 71 Constitucional establece los sujetos legitimados para iniciar el procedimiento legislativo a través de la presentación de iniciativas de ley o decreto, que corresponde al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados.

La etapa de discusión y aprobación es exclusiva de las Cámaras del Congreso de la Unión. Dicha fase, es de suma trascendencia, pues generalmente durante ese periodo del procedimiento legislativo se fija de forma definitiva el contenido de una ley.

Finalmente, la promulgación y publicación de las leyes compete al Ejecutivo, cuyos actos resultan necesarios para que una ley pueda entrar en vigor.

En ese tenor, el principio democrático en el que se funda nuestra República, exige la participación de todos en la elaboración de las leyes, y esto se logra de cierta forma a través del principio representativo que se ve reflejado en la figura de los Diputados y Senadores, los cuales están facultados para impulsar el proceso legislativo a través de la presentación de iniciativas de ley.

La razón principal de que los Diputados y Senadores conserven esa facultad, es porque identifican las necesidades actuales de los ciudadanos y de esta forma pueden ubicar los vacíos y errores en la ley que no concuerdan con las exigencias de la sociedad.

Así, los legisladores al momento de presentar sus iniciativas de ley, adaptan el orden jurídico mexicano a la realidad imperante en el país, en los diversos ámbitos social, económico y político.

De igual manera, el Ejecutivo federal, que cuenta con una gran estructura técnica y administrativa capaz de hacer funcionar el complejo aparato estatal, también se le ha asignado la facultad de iniciar leyes.

Dicha atribución, es de enorme importancia, pues habitualmente a través de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, se tratan de mantener actualizados los instrumentos jurídicos que permiten la debida marcha del Estado.

Las legislaturas de los Estados, también se encuentran entre los sujetos legitimados para iniciar leyes. Ello se debe, a la trascendencia que guardan en el desarrollo del pacto federal del Estado mexicano, en el sentido de que frecuentemente contribuyen a la delicada labor de distribución de competencias entre las Entidades Federativas y la Federación.

Ahora bien, el proceso legislativo tiene como finalidad adaptar día a día el orden jurídico mexicano a la realidad cambiante de la sociedad mexicana.

Lo anterior se explica, desde la óptica de que las iniciativas que formulan los sujetos legitimados, se fundan en circunstancias específicas, o bien, en problemas previamente identificados que se presentan o se presentarán en determinados periodos de tiempo. Sin embargo, obviamente las circunstancias en que se basan las propuestas de ley también pueden cambiar y los problemas pueden llegar a modificarse, o incluso a empeorar.

En ese sentido, es imprescindible que las iniciativas presentadas por los Diputados, Senadores, Presidente de la República y Legislaturas de los Estados, sean atendidas en tiempo y forma, con eficacia y en su totalidad, pues en caso contrario podrían llegar a surgir diversos problemas, como la disfuncionalidad del marco jurídico y de la sociedad en su conjunto, y la caducidad de la propia iniciativa de ley.

En efecto, cuando se omite el análisis oportuno de las iniciativas de los representantes del pueblo, el orden jurídico no es actualizado y ocasiona que se aleje de la realidad social, en virtud de que ésta se modifica constantemente por lo que las normas también deben adaptarse, pues en caso contrario, se produce una falta de vigencia y aplicabilidad de las leyes establecidas en nuestro marco jurídico.

De igual forma, cuando no se atiende eficaz y pertinentemente las iniciativas del Ejecutivo, los instrumentos jurídicos con que cuentan órganos administrativos se ven superados por la realidad social, lo cual ocasiona una disfuncionalidad del aparato gubernamental ante las nuevas circunstancias de la sociedad.

Asimismo, cuando no se analizan en tiempo y forma las iniciativas que contienen soluciones para problemas ya identificados, trae como consecuencia que dichos problemas no sean resueltos y que sigan produciendo una disfuncionalidad social, o en el peor de los casos, que empeoren y se generen nuevas dificultades.

Por otro lado, toda vez que las iniciativas toman en consideración situaciones que pueden cambiar, o problemas que pueden empeorar o modificarse, las nuevas normas que se proponen en las iniciativas de ley pueden resultar inaplicables después de cierto tiempo, sin siquiera haber podido entrar en vigor.

Dicha cuestión, ocasiona que la propia iniciativa de ley quede sin materia, en virtud de que la situación específica que pretendía regular ya haya sido alterada, o bien, que el problema que intentaba solucionar, haya empeorado.

Por lo tanto, es cierto que en determinado momento las propuestas de ley también pueden quedar alejadas de la realidad social, económica y política, y en consecuencia, que devenga en ociosa su revisión en el seno de las comisiones de las Cámaras de Diputados o Senadores.

De ahí, que sea imprescindible que las Cámaras analicen, discutan y aprueben en el momento oportuno, las normas jurídicas propuestas en las iniciativas de ley, pues en caso contrario, la situación o problema que fue identificado dejaría de atenderse adecuadamente, y se producirían efectos nocivos para la propia sociedad.

Sin embargo, las normas que regulan actualmente el proceso legislativo en la etapa previa a la discusión, no permiten el debido funcionamiento de la actividad legislativa, pues los tiempos de análisis de las iniciativas de ley en el seno de las comisiones de las Cámaras se retardan y alargan indefinidamente, lo cual evita que se renueve periódicamente el marco jurídico mexicano de manera adecuada, pues no existe una constante producción de normas jurídicas que se adapten a la nueva realidad social, económica y política.

En efecto, la etapa en la cual las comisiones de una Cámara deben dictaminar una iniciativa una vez que les sea turnada, no es funcional, pues una vez que la propuesta de ley llega a tal fase, se une al gran rezago legislativo que Legislatura a Legislatura se ha ido incrementando.

Lo anterior, se puede constatar de las estadísticas de las iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar en las comisiones de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con información tomada de sus propias páginas de internet.

Por ejemplo, tan solo en la Legislatura anterior quedaron pendientes de dictaminarse en las comisiones de la Cámara de Diputados, dos mil ciento seis iniciativas de ley, de un total de dos mil ochocientas cincuenta y tres presentadas, es decir, únicamente fueron atendidas setecientas cuarenta y siete. En otras palabras, sólo el 26% de las iniciativas fueron dictaminadas. Tales datos pueden corroborarse en la siguiente tabla:

Origen

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Pendientes

1 PSO

1 REC

2 PSO

2 REC

1 PSO

1 REC

2 PSO

2 REC

1 PSO

1 REC

2 PSO

2 REC

Poder Ejecutivo Federal

5

0

1

8

5

0

1

3

9

0

5

0

37

32

0

5

Senadores de la República

16

2

19

6

27

1

7

9

16

2

21

2

128

26

2

100

Legislaturas de los Estados

9

5

2

9

6

1

6

0

19

4

11

11

83

10

6

67

Asamblea Legislativa del D.F.

2

0

0

0

2

0

0

0

4

1

1

0

10

0

1

9

PAN

36

7

92

17

124

8

79

34

92

8

72

31

600

111

67

422

PRD

38

0

89

52

112

0

76

43

107

12

76

45

650

73

45

532

PRI

81

8

102

14

82

5

108

31

99

1

111

15

657

88

91

478

Converg.

11

0

40

12

19

0

14

6

14

3

20

9

148

17

27

104

PVEM

24

2

31

10

24

1

30

7

39

2

28

5

203

19

34

150

PT

7

2

6

4

7

3

7

1

1

0

7

0

45

4

10

31

Nueva Alianza

16

1

28

2

11

0

17

4

24

1

25

8

137

15

30

92

Alternativa

5

0

10

0

13

0

6

0

7

0

11

0

52

2

5

45

Conjuntas

3

0

5

8

3

0

22

2

9

1

29

1

83

29

3

51

Sin Partido

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

5

12

20

0

0

20

Total

253

27

426

143

436

19

373

140

440

35

422

139

2853

426

321

2106

De la misma forma, el rezago legislativo se ha incrementado en la presente legislatura, en la que ya se han presentado un total de doscientas iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes ciento noventa y cuatro, o sea, tal sólo el 3% han cumplido con el requisito de ser dictaminadas para que puedan pasar a conocimiento del Pleno para su discusión y votación. Ello se observa en la siguiente tabla:

Origen

Primer Año

Turnadas

Aprobadas

Desechadas

Pendientes

1PSO1AÑO

Poder Ejecutivo Federal

8

8

5

0

3

Senadores de la República

28

28

0

0

28

Legislaturas de los Estados

4

4

0

0

4

Asamblea Legislativa del D.F.

 

0

     

PRI

66

66

0

0

66

PAN

25

25

1

0

24

PRD

29

29

0

0

29

PVEM

7

7

0

0

7

PT

16

16

0

0

16

Nueva Alianza

14

14

0

0

14

Convergencia

2

2

0

0

2

Conjuntas

1

1

0

0

1

Sin Partido

 

0

     

Total

200

200

6

0

194

Asimismo, en la Cámara de Senadores, los números de la Legislatura anterior arrojan los siguientes datos: se presentaron un total de mil trescientos treinta y cuatro iniciativas, de las cuales aproximadamente 149 fueron dictaminadas, por lo que quedaron pendientes alrededor de mil ciento ochenta y cinco en la “Congeladora legislativa”. Dichas referencias se pueden corroborar en la siguiente tabla:

ORIGEN

Primer año- primer y segundo periodo

Segundo año- primer periodo

Segundo año- segundo periodo

Tercer año- primer periodo

Tercer año- segundo periodo

Total

PAN

66

71

30

69

47

283

PRI

92

62

49

84

65

352

PRD

95

29

32

62

51

269

PVEM

62

76

35

43

35

251

CONV

10

1

0

2

4

17

PT

9

5

4

8

10

36

Sin Gpo.

1

0

1

2

7

11

Conjuntas

12

10

15

24

16

77

Ejecutivo Federal

1

2

6

6

6

21

Congresos Estatales

9

0

0

5

3

17

Turnadas

357

256

172

305

244

1334

Aprobadas

22

23

28

44

32

149

Pendientes aprox.

335

233

144

261

212

1185

Las cifras que preceden, evidencian que la etapa en la cual las comisiones dictaminan las iniciativas, ha dificultado el correcto funcionamiento del proceso legislativo, pues muchas de las propuestas de ley se encuentran paralizadas por la falta de un dictamen que permita su discusión y votación en el pleno.

Lo anterior, se debe a la falta de una consecuencia jurídica efectiva ante la omisión de las comisiones de emitir su dictamen, pues la flexibilidad de las normas respectivas, únicamente ha dado lugar a lo que se le ha denominado “panteón parlamentario” o “congeladora legislativa”, que es conformado por el conjunto de iniciativas que se unen día a día al rezago legislativo.

De esa forma, la gran mayoría de las iniciativas presentadas por los distintos sujetos legitimados, ni siquiera son conocidas por el Pleno de los representantes del pueblo, mucho menos que son discutidas y votadas.

Dicha circunstancia es preocupante, pues obstaculiza la continua actualización del orden jurídico mexicano, toda vez que entorpece la correcta producción de normas en el procedimiento legislativo, con todos los problemas que ello conlleva, y que en líneas anteriores se han señalado.

En efecto, las demás etapas del proceso legislativo: iniciativa, aprobación, promulgación y publicación, no han desarrollado un problema que afecte severamente al camino de creación de las normas jurídicas como lo es la fase de dictamen de las iniciativas en las Cámaras del Congreso de la Unión, por lo que es preciso implementar las medidas necesarias para eliminar ese inconveniente.

En ese contexto, es que la presente iniciativa pretende solucionar el problema planteado, mediante la implementación de la figura que denominamos “afirmativa ficta parlamentaria”, por medio de la cual, cuando una iniciativa no haya sido dictaminada por las comisiones correspondientes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en un plazo de tres meses, pasará como dictamen en sentido positivo ante el Pleno para su discusión y votación.

El plazo que se propone para que las comisiones puedan dictaminar las iniciativas de ley que les son turnadas, es de tres meses, el cual constituye un periodo razonable. Transcurrido dicho lapso temporal, en el caso de que las comisiones omitan dictaminar una iniciativa, ésta pasará como dictamen en sentido afirmativo ante el Pleno para su discusión y votación, con la finalidad de que todos los legisladores decidan si es de aceptarse o no la iniciativa en cuestión.

En el supuesto de que las Cámaras del Congreso se encuentren en receso y haya trascurrido el plazo de tres meses que se ha mencionado, la comisión respectiva tendrá hasta cinco sesiones a partir de que inicie el siguiente periodo ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso contrario, dicha iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara, para su discusión y votación.

Cabe mencionar, que si bien existe la facultad del Presidente de la Mesa Directiva para excitar a las comisiones con el propósito de que en un plazo determinado presenten su dictamen, debe precisarse que dicha figura jurídica no resulta incompatible con la figura jurídica que se propone, por lo que no debe ser condicionante para que proceda la afirmativa ficta parlamentaria, en virtud de que son dos cuestiones diferentes ya que tienen consecuencias jurídicas distintas.

De esta forma, al incluir en nuestro marco jurídico la afirmativa ficta parlamentaria, el trabajo legislativo será más dinámico y ya no será pretexto el que una comisión no emita su dictamen para que el pleno no pueda conocer sobre el contenido de la iniciativa, lo que permitirá el correcto flujo de iniciativas de ley en el proceso legislativo.

Además, la “afirmativa ficta parlamentaria”, terminará con la “congeladora legislativa” o “panteón parlamentario”, pues contribuirá a agilizar las propuestas viables y atendibles que son presentadas por los distintos grupos parlamentarios que en muchas ocasiones se quedan retenidas en las comisiones, por lo que se fortalecerá el Poder Legislativo para que pueda realizar sus funciones de manera más eficiente y expedita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo primero.- Se adiciona un segundo párrafo al inciso f) del sexto párrafo del artículo 45 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 94, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 45.

1.

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a) …

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

Toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro de un plazo máximo de tres meses, mismo que corre a partir del día siguiente al que se haya radicado el expediente en la Comisión correspondiente, pues en caso contrario, la iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para su discusión y votación, y

g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

ARTICULO 94.

1. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por la mayoría de los senadores que las integren. Si alguno o algunos de ellos disienten del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito voto particular.

Toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro de un plazo máximo de tres meses, mismo que corre a partir del día siguiente al que se haya radicado el expediente en la Comisión correspondiente, pues en caso contrario, la iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para su discusión y votación.

Artículo segundo.- Se modifica el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 87.- Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen, excepto cuando se presente el supuesto previsto en el párrafo siguiente, deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

El plazo máximo para presentar un dictamen será de tres meses, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente al que se haya radicado el expediente en la Comisión correspondiente, pues en caso contrario, el asunto o iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para su discusión y votación.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Alejandro González Yáñez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador González Yáñez. Desde luego se instruye a la Secretaría de Servicio Parlamentarios para que se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, y se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera para el análisis y dictamen correspondiente.

Tiene la palabra la Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los Senadores María del Socorro García Quiroz, Gerardo Montenegro Ibarra y Lázaro Mazón Alonso, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal y diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.


1 ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, “Introducción al Derecho Parlamentario”, 1ª ed., Dykinson, Madrid, 2002, pág. 170 y 171.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 343 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los CC. Senadores María del Socorro García Quiroz, Gerardo Montenegro Ibarra y Lázaro Mazón Alonso)

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea.

Durante siglos, los niños han sido objeto de abuso parental.

No fue sino hasta 1959 que la percepción del maltrato comenzó a cambiar con la Declaración de los Derechos del Niño, refrendados en 1989 en la Convención de los Derechos del Niño.

El reconocimiento de que los niños tienen derechos, y la preocupación por asegurarles condiciones mínimas de trato digno y libre de violencia, se ha convertido en los últimos años en una preocupación internacional, ya el maltrato infantiles una enfermedad social que afecta a todas las naciones del mundo, y a todos los sectores y clases sociales.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha definido al maltrato como los menores de edad, que enfrentan y sufren ocasional o habitualmente violencia física, emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u omisión, pero siempre en forma intencional, no accidental, por padres, tutores, custodios o personas responsables de ellos, existiendo cuatro tipos de maltrato infantil: El físico, el emocional, el descuido o negligencia y el abuso sexual.

El maltrato infantil alcanza mayores dimensiones en los países subdesarrollados. De acuerdo con UNICEF el 70 por ciento de la violencia en contra de niñas y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar.

En nuestro país no se conoce con precisión la prevalencia del maltrato infantil por tratarse de un fenómeno que se denuncia poco y se castiga menos. La encuesta sobre maltrato infantil y factores asociados del 2006, revelan las siguientes cifras sobre el problema.

• De 21 millones de familias mexicanas, aproximadamente 7 millones viven en un ambiente de violencia.

• Las víctimas más comúnmente afectadas son hijas, hijos, en un 44.9%, seguido por las cónyuges, con 38.9 %.

Los principales maltratadores son los padres, con una proporción de 69 casos de las madres y por 30 de padres.

En segundo lugar, se encuentran padrastros y madrastras. Más del 60 por ciento de mujeres maltratadas se convierten a su vez en madres maltratadoras.

• Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos y los enojos mayores.

• 86% de los hogares con presencia de agresiones de tipo emocional sufrieron gritos y 41%, enojos mayores.

• Las formas de maltrato que con más frecuencia se presentan en la violencia física, fueron los golpes con el puño, 42%. bofetadas, 40% y golpes con objetos 23%.

• En el Distrito Federal y área metropolitana, uno de cada tres hogares sufre algún tipo de violencia intrafamiliar; existe una mayor presencia de actos de violencia en los hogares con jefatura masculina, 32.5% de estos hogares reportó algún tipo de violencia por 22% de los dirigidos por mujeres. Los miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar (49.5%) y la cónyuge (44.1%), mientras que las víctimas más comúnmente afectadas son hijas, hijos (44.9%) y cónyuges (38.9%).

• A nivel nacional, los principales maltratadores de menores son la madre y el padre, con una proporción de 69 casos de madres por cada 30 de padres. El segundo lugar en maltrato lo ocupan padrastros y madrastras, en una proporción de 2 a 7.

• La mayor proporción de padres maltratadores tiene una escolaridad promedio de primaria y/o secundaria. A mayor escolaridad, las cifras de maltrato tienden a disminuir.

• Poco más del 60 por ciento de mujeres que fueron maltratadas en su infancia, se convierten a su vez en madres maltratadoras.

De 1977 a 1989 un niño menor de cinco años fue asesinado cada dos días en México. Para 1990 la cifra se ha incrementado a uno diario.

Entre las causas de muerte se encuentran ahorcamiento, estrangulamiento, golpes, sumersión, quemaduras y uso de armas de fuego, por lo que representa al abuso sexual, una encuesta mostró una prevalencia de abuso sexual del 5 por ciento en estudiantes, las mujeres reportan con más frecuencia haber sido abusadas sexualmente por un familiar.

La violencia física en su expresión máxima es ejercida por varones o por padres sustitutos, generalmente por el padrastro, por el tutor o por la pareja de la madre.

En numerosos casos no se prueba el maltrato porque no hay evidencia física, la agresión emocional, verbal, la negligencia y el abandono son formas de maltrato que no se castigan, solamente uno o por lo menos uno de cada cinco casos comprobados de maltrato se presentan ante el Ministerio Público, y menos del 10 por ciento son consignados.

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral registró de 1995 al 2000, un promedio de 25,000 casos de maltrato a menores cada año. Para 2009, la cantidad de denuncias por maltrato, al mes de agosto, ascendieron a 68 mil 444, el problema ha llegado a tal nivel que México ocupa ya el segundo lugar de maltrato en Latinoamérica, sólo superado por Venezuela.

Los niños criados en hogares donde los maltratan, suelen mostrar desordenes postraumáticos y emocionales y son más propensos al suicidio. Experimentan sentimientos de baja autoestima y sufren de depresión y ansiedad, y tienden a utilizar el alcohol u otras drogas en etapas cada vez más tempranas en sus vidas.

El círculo vicioso de la violencia familiar empieza con el abuso del esposo hacia la esposa, luego la esposa maltrata a los hijos, y los hijos, a su vez, maltratan o abusan de los hermanos, compañeros o la empleada de la casa, de esta forma la violencia trasciende a la comunidad.

Compañeras y compañeros Senadores, el tema de la violencia en contra de los menores al interior de la familia, ha sido tratado de manera ambigua en la legislación vigente, a pesar de que es tan grave, como el de la violencia de género, y de que ambas formas de violencia están íntimamente asociadas.

En ninguna parte de la citada ley se menciona de manera directa y concisa la violencia o maltrato que se ejerce contra los menores al interior de la familia, y tampoco se establece que debe ser sancionado, pues la ley no sólo está orientada a procurar el respeto de los derechos de los menores en general, más no a sancionar la violencia contra estos en particular, por lo que en los hechos no tiene ninguna repercusión en la disminución del fenómeno del maltrato infantil.

Por otra parte, la ley también es ambigua en lo que respecta a las instituciones encargadas de defender los derechos de los menores, pues no les confiere expresamente facultades de defensa, representación y protección de aquellos, lo que explicaría, entre otros factores, las bajas tasas de denuncia ante el Ministerio Público.

Otra ambigüedad contenida en la ley, consiste en establecer una misma y única sanción a cualquier tipo de infracción, trátese, por ejemplo, de una violación al derecho del descanso y al juego del menor, que de una violación al derecho a ser protegido contra el maltrato y abuso sexual, poniendo en el mismo nivel dos conductas que no tienen punto de comparación, a las cuales se aplicaría el mismo tipo de sanción.

En función de lo anterior, hemos considerado pertinente una reforma a la citada ley, para incluir los siguientes aspectos:

1.- Que haga alusión directa a la violencia que se ejerce en contra de los menores, en sus dos vertientes: familiar y social.

2.- Que deje claro que las normas no sólo establecerán las formas de prever y evitar estas conductas, sino que también las sancionarán.

3.- La creación de una defensoría que represente, defienda y proteja a los menores, independientemente de las instancias que ya existen.

4.- Que las sanciones contempladas en la ley, no se aplicarán en los casos de violaciones a los derechos de los menores tipificados como delitos.

5.- La obligatoriedad de que el gobierno federal cree la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Maltrato y la Violencia contra los Menores; y

6.- La obligatoriedad de que los gobiernos locales adecuen su legislación para la creación de las representaciones de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Adicionalmente, hemos incluido una propuesta de reforma al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, en el que se alude expresamente a las personas que pueden cometer el delito de violencia familiar, incluyendo explícitamente las figuras de la madre, el padre o tutor.

Por último, agradezco su atención y solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, a nombre propio y de los Senadores MARIA DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ, GERARDO MONTENEGRO IBARRA Y LAZARO MAZON ALONSO , integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 343 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DELA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PERSPECTIVA HISTORICA DEL MALTRATO INFANTIL

Durante siglos, los niños han sido objeto de abuso parental. En la antigüedad, eran vistos como propiedad de los padres o del estado. La ley romana, por ejemplo, adjudicaba pleno poder al padre sobre el destino de sus hijos, a tal grado que éste podía matarlos, venderlos u ofrecerlos en sacrificios. El infanticidio era común y rutinario en países como Egipto, Grecia, Roma, Arabia y China.

En la edad media, en muchas ciudades de Europa la pobreza era tal, que los niños se convertían en una carga onerosa para los padres, por lo que era frecuente el abandono, o la mutilación intencional de éstos con la finalidad de ponerlos a pedir limosna.

Durante la revolución industrial, los hijos de padres provenientes de estratos bajos de la sociedad, solían ser obligados a trabajar en tareas pesadas. Frecuentemente eran golpeados, no se les daba de comer, o se les imponían castigos extremos.

Por lo que respecta a los pueblos americanos, la situación no es mejor. En prácticamente todas las culturas precolombinas, los menores también eran considerados como propiedad de los padres o del estado. Este último podía disponer de ellos para sacrificarlos en rituales sangrientos. Existe también evidencia de castigos bárbaros inflingidos a los menores, que aún hoy en día subsisten en diversas comunidades rurales e indígenas.

No es sino hasta finales del siglo XIX que comienza a reconocerse que el maltrato y la violencia producen diversos daños, tanto físicos como psicológicos en los niños. No obstante, el pleno reconocimiento de los menores a vivir sin violencia se establece hasta 1959, año en que se proclama la Declaración de los Derechos del Niño, la cual es refrendada en 1989 en que se efectúa la Convención de los Derechos del Niño.

Lo importante de la Convención de los Derechos del Niño, es que en el artículo 19 se refiere expresamente al maltrato, señalando que: "Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".

El reconocimiento de que los niños tienen derechos, y la preocupación por asegurarles condiciones mínimas de trato digno y libre de violencia, se ha convertido en los últimos años en una preocupación internacional, que se ha traducido en la realización de numerosos estudios sobre esta problemática que han delineado las características clínicas y las repercusiones de lo que ahora se denomina como "síndrome del niño maltratado".

Actualmente, el maltrato infantiles considerado como una enfermedad social que afecta a todas las naciones del mundo, que está presente en todos los sectores y clases sociales y es producida por múltiples factores, que afecta el desarrollo armónico, integro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su sociabilización, su conformación personal y posteriormente, su desenvolvimiento social y familiar.

CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Un niño es maltratado o sufre abusos cuando su salud física y su seguridad o su bienestar psicológico se hallan en peligro por las acciones infligidas por sus padres o por las personas que tienen encomendado su cuidado. Puede producirse maltrato tanto por acción como por omisión y por negligencia.

Existen diversas definiciones del problema. La Norma Oficial Mexicana emitida en 1999 define al maltrato infantil como: “Acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder –en función del sexo, la edad y la condición física- en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.

La Reunión de Consulta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Prevención del Maltrato de Menores presentó en 1999 la siguiente definición: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Por su parte, la definición de la UNICEF estipulada en 1995 señala que: “Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial”.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH define al maltrato infantil como: “Todo acto u omisión encaminado a hacer daño, aun sin esta intención, pero que perjudique el desarrollo normal del menor”.

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en 2005 definió a las niñas y niños maltratados como: “los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o habitualmente, violencia física, emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u omisión, pero siempre en forma intencional, no accidental, por padres, tutores, custodios o personas responsables de ellos”.

Adicionalmente, el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud emitido por la Organización Panamericana de Salud(OPS) en 2002, define cuatro tipos de maltrato infantil: el maltrato físico, el maltrato emocional, el descuido o negligencia y el abuso sexual.

DIMENSION DEL PROBLEMA

El maltrato infantil es un problema escondido en muchos países, y poco o mal abordado en las legislaciones de éstos, debido a que no se cuenta con datos confiables sobre la dimensión del problema, a que en numerosos casos la cultura y costumbres sociales “justifican” la aplicación de correctivos excesivos o crueles a los menores, y a que el tema está cargado de vergüenza y negación. No obstante, el maltrato infantil es un problema en los países tanto desarrollados como subdesarrollados, aunque justo es reconocer que en éstos últimos alcanza mayores dimensiones.

Existen muchas razones que nos llevan a pensar que el maltrato y descuido de menores se agudizará todavía más, principalmente en los países que están transitando de economías reglamentadas a economías de mercado más abiertas y con menos estructuras para el bienestar social, como es el caso de México.

En nuestro continente no se registran estadísticas ni estimaciones confiables sobre las diversas formas de violencia doméstica hacia niñas, niños y adolescentes, por lo que recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF recomendó a los países de América Latina y el Caribe unificar sus estadísticas sobre maltrato infantil, porque este fenómeno tiende a crecer, pero no es medido ni atendido en forma adecuada.

A pesar de las limitaciones en esta materia, algunas estadísticas mundiales revelan que más del 60% de los niños que sufren maltrato están en edad escolar, y que en un rango de entre 5 y 15 por ciento los casos denunciados provienen de profesores o docentes de los sistemas educativos.

La Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, refiere que en el año 2000 hubo alrededor de 57,000 defunciones atribuidas a homicidios en menores de 15 años de edad.

Las estimaciones de los homicidios de menores a nivel mundial indican que los lactantes y las niñas y niños muy pequeños corren un riesgo mayor, con tasas en el grupo de 0 a 4 años de edad que equivalen a más del doble de las observadas en los de 5 a 14 años.

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases sociales, aunque la incidencia parece ser mayor en niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza.

El riesgo de maltrato mortal de los menores varía según el nivel de ingreso del país y la región del mundo. En los menores de 5 años que viven en los países de ingreso alto, la tasa de homicidios es de 2.2 por 100,000 para los varones y de 1.8 por 100,000 para las niñas. En los países de ingreso mediano o bajo las tasas son de dos a tres veces más altas: 6,1 por 100,000 para los niños y 5,1 por 100,000 para las niñas.

Las tasas más altas de homicidios de menores de 5 años de edad se encuentran en la Región de África: 17.9 por 100 000 para los varones y 12.7 por 100 000 para las niñas. Se presentan las tasas más bajas en los países de ingreso alto de las regiones de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental.

De acuerdo con UNICEF, el 70% de la violencia en contra de niñas y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar. En América Latina y el Caribe en 1999, unos 6 millones de niños, niñas y adolescentes fueron objeto de agresiones severas; calculándose que 80 mil menores mueren cada año por la violencia intrafamiliar. El abuso sexual es más frecuente entre los 5 y 9 años.

Los menores no sólo son víctimas de la violencia familiar, sino que además lo son del maltrato y la violencia social.La encuesta sobre Maltrato Infantil y Factores Asociados del 2006, estima que en la región hay más de 185 mil menores expuestos a distintas formas de violencia como el comercio sexual, el tráfico internacional de estupefacientes, la trata de personas, delincuencia juvenil, impacto de las guerras, conflictos armados y abuso sexual, entre otras.

SITUACION NACIONAL

Volviendo al tema de la violencia familiar, debe señalarse que en nuestro país no se conoce con precisión la prevalencia del maltrato infantil, por lo que es necesario establecer estrategias de investigación adecuadas para detectarlo.

A pesar de las deficiencias informativas, la encuesta sobre Maltrato Infantil y Factores Asociados del 2006, revela la siguiente radiografía sobre el maltrato de menores:

• De 21 millones de familias mexicanas, aproximadamente 7 millones viven en un ambiente de violencia.

• Las víctimas más comúnmente afectadas son hijas, hijos, 44.9%, y cónyuges, 38.9 %.

• Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos y los enojos mayores;

• 86% de los hogares con presencia de agresiones de tipo emocional sufrieron gritos y 41%, enojos mayores.

• Las formas de maltrato que con más frecuencia se presentan en la violencia física, fueron los golpes con el puño, 42%; bofetadas, 40% y golpes con objetos 23%.

• En el Distrito Federal y área metropolitana, uno de cada tres hogares sufre algún tipo de violencia intrafamiliar; existe una mayor presencia de actos de violencia en los hogares con jefatura masculina, 32.5% de estos hogares reportó algún tipo de violencia por 22% de los dirigidos por mujeres. Los miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar (49.5%) y la cónyuge (44.1%), mientras que las víctimas más comúnmente afectadas son hijas, hijos (44.9%) y cónyuges (38.9%).

• A nivel nacional, los principales maltratadores de menores son la madre y el padre, con una proporción de 69 casos de madres por cada 30 de padres. El segundo lugar en maltrato lo ocupan padrastros y madrastras, en una proporción de 2 a 7.

• La mayor proporción de padres maltratadores tiene una escolaridad promedio de primaria y/o secundaria. A mayor escolaridad, las cifras de maltrato tienden a disminuir.

• Poco más del 60 por ciento de mujeres que fueron maltratadas en su infancia, se convierten a su vez en madres maltratadoras.

Los datos sistematizados con que cuenta México provienen de las pocas denuncias que se hacen -muchas de las cuales no pueden ser comprobadas-, y de las investigaciones realizadas en algunos centros hospitalarios en donde los menores son llevados para recibir atención médica aduciendo otras causas.

De 1977 a 1989 hubo en México un promedio anual de 4,533 menores entre los 0 y los 4 años de edad que fallecieron por causas accidentales y violentas. En el rubro de homicidios, el total de muertes fue de 2,939 lo que significa que, en promedio, un niño menor de cinco años fue asesinado cada dos días en México.

Esta relación ha ido en aumento, ya que mientras que en 1979 era de .50 por día, para 1990 fue de uno diario. Al analizar el número de muertes por homicidio y por edad, se observa que 39% eran menores de un año; más de la tercera parte de los homicidios que ocurren en este grupo, sucede antes de transcurridos los 30 días del nacimiento y ocupa el tercer sitio como causa de muerte por lesiones accidentales e intencionales en este grupo especifico.

Existe mayor riesgo en los varones de morir por homicidio, en comparación con las niñas. Al eliminar las causas por homicidio no especificadas, destaca en todo el periodo el ahorcamiento y estrangulamiento, la sumersión en las edades de entre uno y dos años, y el uso de arma de fuego a partir de los tres años. La muerte debida a ataque por otros medios y los no especificados representan el 52.2% del total de fallecimientos por homicidio; en este último se encontró que el 10% se debió a quemaduras.

La Encuesta Nacional de Uso de Drogas en la Comunidad Escolar levantada en 1991 mostró una prevalencia de abuso sexual en estudiantes de 4.4%. Un 28% de las víctimas sufrieron la agresión antes de los 10 años y un 40% entre los 10 y los 13. Considerando el sexo, cabe mencionar que un 37% de las mujeres sufrieron el abuso antes de los 10 años en comparación con un 20% de los hombres.

Como figuras principales las mujeres reportaron con más frecuencia haber sido abusadas sexualmente por un familiar, mientras que los hombres reportaron más frecuentemente haber sido coercionados por amigos.

La Encuesta fue levantada nuevamente en 1997 y en 2003 en la Ciudad de México, obteniéndose un incremento porcentual en el abuso sexual de 5% para ambos sexos en 1997 y de 3.5% para los hombres y 9.5% para las mujeres en 2003.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Patología Mental en México, representativa de la población mexicana urbana de 18 a 65 años, determinó que el maltrato infantil es desencadenante de diversos trastornos, entre los que se encuentra el Trastorno por Estrés Postraumático.

La violencia física en su expresión máxima es ejercida por varones o por padres sustitutos, generalmente por el padrastro, por el tutor o por la pareja de la madre. El padrastro o el tío se sienten con derecho de agredir a la familia y en particular a los menores, por el simple hecho de ser la figura paterna alterna y quien los sostiene económicamente.

En numerosos casos no se prueba el maltrato porque no hay evidencia física, omitiéndose que la agresión emocional, verbal, la negligencia y el abandono son formas de maltrato. Asimismo, es preocupante observar que solamente uno o menos de uno de cada cinco casos comprobados de maltrato se presentan ante el Ministerio Público.

Si se considera a ambos padres, durante 1999, en el 65 por ciento de los eventos de maltrato estuvo alguno de los progenitores, porcentaje que se elevó a 71 por ciento en el 2003. De manera que el problema ha aumentado, pese a la nueva legislación en la materia.

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia registró de 1995 al 2000, un promedio de 25,000 casos de maltrato a menores cada año. Esta cifra se incrementó de manera alarmante en 2008, en que se recibieron 59 mil 186 denuncias de maltrato infantil, de las cuales sólo poco más de la mitad (33 mil 994 casos) se pudieron comprobar y únicamente cuatro mil 656 (10%) se presentaron ante el ministerio público. Para 2009, la cantidad de denuncias por maltrato ascendieron a 68 mil 444, lo que es un grave indicador de que el problema va en aumento.

El problema del maltrato infantil ha llegado a tal nivel, que recientemente autoridades de los Centros de Integración Juvenil a nivel Nacional han declarado que México ocupa el segundo lugar de maltrato en Latinoamérica, sólo superado por Venezuela; y que los responsables de la mayor parte de muertes de infantes por maltrato son los padres y madres mexicanos.

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL

Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de baja autoestima y sufren de depresión y ansiedad, lo que los induce a utilizar el alcohol u otras drogas en etapas cada vez más tempranas de la vida, para mitigar el stress psicológico, siendoadictos al llegar la adultez, más frecuentemente que en la población general.

Las consecuencias de las agresiones psíquicas pueden ser muy graves, pues se pueden llegar a manifestar con el tiempo en distintas formas: en adultos que al llegar a ser padres también se comportan de manera agresiva; en neurosis, anorexia nerviosa, crisis psicóticas, agresiones aparentemente carentes de motivación y suicidio. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica a su vez causan en los niños reacciones agresivas y hostiles, que frecuentemente son proyectadas en contra de otros niños de su entorno familiar, escolar o comunitario.

El maltrato y abuso sexual que se da en la familia es especialmente peligroso porque deja huellas negativas profundas y para toda la vida, en razón de que la persona que maltrata o abusa es la que debería proteger, cuidar y amar al niño o niña. Por otro lado, genera un sentimiento de rabia e impotencia, pues por lo general el niño o niña que lo sufre es incapaz de escapar de la situación o de denunciarla.

En términos generales, la violencia familiar, de la que forma parte la violencia y abuso infantil, empieza con el abuso del esposo hacia la esposa. Luego la esposa maltrata a los hijos y los hijos, a su vez,maltratan o abusan de quien pueden, sea de los hermanos, compañeros, o la empleada de la casa. Esta relación familiar marcada por la violencia trasciende a la comunidad. A nivel de la sociedad se sufren pérdidas por la violencia, y tal vez la más importante es que la violencia trae más violencia.

Más aún, se ha constatado que una proporción importante de la delincuencia y violencia juveniles y de los perpetradores de actos violentos en diversos contextos sociales, son manifestaciones resultantes de la exposición traumática a sucesos violentos en la infancia, generalmente dentro de la familia.

Lo grave del caso, es que el maltrato físico y sicológico se asumen en muchos países y culturas como “normales”, e incluso son socialmente aceptados, como métodos de educación y disciplina.Diversas encuestas nacionales aplicadas en 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, evidencian que los adultos consideran el maltrato a los niños como una forma de educación.

Ahora bien, en nuestro país las secuelas del maltrato infantil suelen ser registradas por aquellas instancias que atienden los casos más graves, algunos letales, aún cuando las estadísticas oficiales suelen revelar poco acerca de las características de maltrato sufrido por estos menores.

En opinión del Banco Mundial, lo anterior obedece en parte a que en México, como en muchos otros países, no hay ningún sistema jurídico o social con responsabilidad específica de registrar informes sobre el maltrato y descuido de menores y, mucho menos de atenderlos. Hay evidencias de que sólo una proporción pequeña de los casos de maltrato a menores se informa a las autoridades, aunque esto tenga carácter obligatorio.

LA LEGISLACION VIGENTE

Mientras que en el país se ha dado mucha difusión y atención al problema de la violencia de género, el tema de la violencia en contrade los menores al interior de la familia ha sido soslayado o tratado de manera ambigua en la legislación vigente, a pesar de que al parecer es igual o más grave que el de la violencia de género, y de que ambas formas de violencia están íntimamente asociadas.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente, sólo contiene un artículo (el artículo 21) sobre el tema, en el que se señala que “Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por: A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual; B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata; C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados”.

En ninguna parte de la citada Ley se menciona de manera directa y concisa el problema de la violencia que se ejerce contra los menores al interior de la familia, y tampoco se establece que ésta debe ser sancionada, pues la Ley, como ella misma lo señala, sólo está orientada a procurar el respeto de los derechos de los menores en general, más no a sancionar la violencia que se ejerce contra estos, por lo que en los hechos no tiene ninguna repercusión en la disminución del fenómeno del maltrato infantil.

Por otra parte, la Ley también es ambigua en lo que respecta a las instituciones encargadas de defender los derechos de los menores, pues no les confiere expresamente facultades de defensa, representación y protección de aquellos, lo que explicaría –entre otros factores- porque sólo uno de cada cinco casos en que se comprueba violencia contra los menores son denunciados ante el Ministerio Público, con lo cual se agrega un segundo problema que es el de la discrecionalidad a la hora de efectuar una denuncia, y el de la impunidad en que permanecen la gran mayoría de quienes ejercen la violencia contra los menores.

Otra ambigüedad contenida en la misma Ley, consiste en establecer una misma y única sanción a cualquier tipo de infracción, trátese, por ejemplo, de una violación al derecho al descanso y al juego (artículos 33, 34 y 35), que de una violación al derecho a ser protegido en su integridad, libertad y contra el maltrato y abuso sexual (Artículo 21).

Lo anterior pone en el mismo nivel dos conductas desmesuradamente diferentes y que no tienen punto de comparación, a las cuales se aplicaría el mismo tipo de sanción, consistente en “multa por el equivalente de una hasta quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal” (Artículo 52); “y hasta del doble de lo previsto e inclusive arresto administrativo hasta por 36 horas” en casos de reincidencia o “particularmente graves” (Artículo 53).

En función de lo anterior, consideramos pertinente una reforma a la citada Ley, que contemple los siguientes aspectos:

1. Que haga alusión directa a la violencia que se ejerce en contra de los menores, en sus dos vertientes: familiar y social;

2. Que deje claro que no sólo las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas, sino que además las sancionarán;

3. La creación de una Defensoría que represente, defienda y proteja a los menores, con atribuciones de defensa y representación jurídica, independientemente de las instancias de protección que ya pudieran existir;

4. Especificar que las sanciones (administrativas) contempladas en la Ley, no se aplicarán en los casos de violaciones a los derechos de los menores tipificados como delitos;

5. La obligatoriedad de que en un plazo no mayor de 180 días a partir de la aprobación del presente decreto, el Gobierno Federal cree la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Maltrato y la Violencia contra los Menores; y

6. La obligatoriedad de que en un plazo no mayor de 180 días a partir de la aprobación del presente decreto, los gobiernos locales adecuen su legislación para la creación de las representaciones de la Defensoríade los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Adicionalmente, hemos incluido una propuesta de reforma al Artículo 343 Bis del Código Penal Federal, en el que se alude expresamente a las personas que pueden cometer el delito de violencia familiar, incluyendo explícitamente las figuras de la madre, el padre o tutor.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto para quedar como sigue:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 343 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 bis.- …

Comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, concubina o concubinario; la madre, el padre o tutor y demás parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 21, 48, 50, 52, 54, 55 y 56 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato o violencia familiar o social,así como contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir, evitar y sancionar estas formas de maltrato y violencia. Se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. …

B. …

C. …

Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, la Federación, el Distrito Federal, los estados y los Municipios establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los servicios de defensa,representación y protección de niñas, niños y adolescentes, para preservar sus derechos, mismos que deberán ser gratuitos. Para tal fin contarán con el personal capacitado y con funciones de autoridad para hacer efectivo el respeto de tales derechos.

Para ello se creará la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con representación en todas las entidades del país, como organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto será la defensa, representación y protección de los niñas, niños y adolescentes, así como salvaguardar sus derechos establecidos en esta ley,en los Convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país en los términos del Artículo 133 de la Constitución, y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 50. El Gobierno Federal promoverá la celebración de convenios en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la defensa,representación y protecciónde niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos sean infringidos.

Artículo 52. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por las instituciones especializadas de defensa,representación y protección que se prevén en este ordenamiento, con multa por el equivalente de una hasta quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, con excepción de las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes tipificados como delitos.

Artículo 54. Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ella, se impondrán con base, indistintamente, en:

I) …

II) Las indagaciones efectuadas por el personal propio o adscrito de la institución especializada de defensa,representación y protección;

III) y IV) …

Artículo 55. Para la determinación de la sanción, la institución especializada de defensa, representación y protección estará a lo dispuesto por esta ley y las disposiciones derivadas de ella, considerando, en el siguiente orden:

I) a IV) …

Artículo 56. Las resoluciones dictadas por la institución especializada de defensa, representación y protección, con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, podrán recurrirse de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Gobierno Federal tendrá 180 días para la creación de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Maltrato y la Violencia contra los Menores.

TERCERO.- Los gobiernos estatales tendrán 180 días para adecuar su legislación para la creación de las representaciones de la Defensoríade los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en el artículo 48 del presente Decreto.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Irma Martínez Manríquez.- Sen. María Del Socorro García Quiroz.- Sen. Gerardo Montenegro Ibarra.- Sen. Lázaro Mazón Alonso”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Martínez Manríquez. Las Senadoras Ludivina Menchaca, Ema Larios Gaxiola, Adriana González Carrillo, María Serrano Serrano, Teresa Ortuño Gurza y Leticia Sosa Govea, preguntan si acepta usted que suscriban la iniciativa.

Instrúyase a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos correspondientes.

Informo a la Asamblea que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo relativo al procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Doy lectura al Acuerdo.

“ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACION AL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

La Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

CONSIDERANDO

Que el Senado de la República tiene la responsabilidad de la elección y designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Que para cumplir con esa designación, el Senado de la República debe asegurar que las personas propuestas cumplan con los requisitos que impone el artículo 95 constitucional, y

Que el Presidente de la República ha sometido a la consideración de esta Cámara las respectivas ternas para cubrir las vacantes que ocurrirán una vez que concluya el encargo del Ministro Mariano Azuela Güitrón y del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Una vez recibidas las ternas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, con los nombres de los aspirantes para ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se turnarán a las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

SEGUNDO.- Las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda verificarán que las propuestas en cada terna cumplan los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-La Mesa Directiva ordenará la distribución de los expedientes de cada uno de los candidatos a los ciudadanos Senadores, a fin de procurarles elementos directos de información.

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 constitucional, el jueves 26 de noviembre del año en curso, las Comisiones Unidas convocarán a las personas propuestas para que comparezcan y plantearles preguntas. Los comparecientes deberán contestar de manera inmediata. El formato para las comparecencias será aprobado por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas.

QUINTO.- El martes 1 de diciembre del año en curso, las Comisiones Unidas presentarán el dictamen de análisis que hagan de la cobertura de requisitos. El mismo día, el dictamen será sancionado por el Pleno del Senado; de resultar aprobado, la Mesa Directiva citará a los candidatos de la primera terna para que ofrezcan una exposición desde la tribuna del Pleno. Al final de sus exposiciones se realizará la votación por cédula para la elección de uno de ellos. Si alguno reúne la mayoría constitucional requerida, inmediatamente la Mesa Directiva le tomará la protesta.

De no alcanzarse dicha mayoría, la Mesa Directiva llamará a los candidatos que conforman la segunda terna para que presenten su respectiva exposición ante el Pleno. Inmediatamente después de las tres exposiciones, se realizará la elección por cédula. Si el resultado arroja un ganador, se le tomará la protesta de forma inmediata.

Las exposiciones en tribuna de los candidatos serán por un tiempo máximo de 15 minutos. El orden de las exposiciones será conforme fueron presentadas las ternas. Las exposiciones en tribuna no motivarán debates ni interpelaciones.

SEXTO.- De requerirse una segunda votación para elegir a alguno de los integrantes de cualquiera de las ternas, ésta se realizará una vez que hubiese concluido el procedimiento descrito en el resolutivo QUINTO.

SEPTIMO.- De requerirse una tercera votación, ésta se realizará en la sesión inmediata siguiente a la de las dos primeras votaciones. En caso de que al término de la tercera votación ninguna de las personas propuestas alcance la mayoría requerida, se entenderá rechazada toda la terna propuesta y el Presidente de la Mesa Directiva lo notificará de inmediato al Ejecutivo Federal para los efectos del segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO.- Para el cálculo del plazo improrrogable de 30 días señalado en el artículo 96 constitucional, se considerarán solamente los días hábiles, en los términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

NOVENO.- Realizadas las designaciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva notificará a los nombrados y los citará a que rindan la protesta que señala el artículo 97 constitucional. Asimismo, comunicará las designaciones al Presidente de la República y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de noviembre de 2009.

Mesa Directiva: Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.-Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: No habiendo quien haga uso de la palabra…

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A ver, el Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Solicito una votación nominal sobre este asunto, cuyo contenido desconozco.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Quién lo apoya, Senador?

No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal sobre el Acuerdo.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al sistema son 64 votos, faltó un voto para que haya quórum.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Solicito a la Secretaría dé lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.

(Voces en el salón de sesiones)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Sí lo incluyó, la lectura de la Secretaría.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Senador, tenemos dictámenes para recibir, para hacer condecoraciones, y los demás asuntos en cartera.

Es cuanto, señor Presidente.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se cita a la siguiente sesión el jueves 26 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:38 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
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