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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 26

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Noviembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:50 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Galindo Noriega Ramón, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Alcocer Alejandro, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herviz Reyes Arturo, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orozco Gómez Javier, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Pérez Plazola Héctor, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: González Carrillo Adriana, Mazón Alonso Lázaro.

Senadores en comisión oficial: Alonso Díaz Caneja Angel, Arroyo Vieyra Francisco, Galván Rivas Andrés, Green Macías Rosario, Herrera León Francisco, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Leal Angulo Augusto César, Maldonado Venegas Luis, Menchaca Castellanos Ludivina, Monreal Avila Ricardo, Núñez Jiménez Arturo, Ortuño Gurza María Teresa, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Velázquez López Rubén Fernando.

Senadores con aviso de inasistencia: Aceves del Olmo Carlos (inasistencia justificada), Anaya Llamas Guillermo (inasistencia justificada), Coppola Joffroy Luis Alberto (inasistencia justificada), Cota Cota Josefina (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Dorador Pérez Gavilán Rodolfo (inasistencia justificada), Fonz Sáenz Carmen Guadalupe (inasistencia justificada), González Aguilar Lázara Nelly (inasistencia justificada), Jiménez Rumbo David (inasistencia justificada), Joaquín Coldwell Pedro (inasistencia justificada), López Hernández Rosalinda (inasistencia autorizada), Mendoza Garza Jorge (inasistencia justificada), Orantes López María Elena (inasistencia justificada), Peredo Aguilar Rosalía (inasistencia justificada), Polevnsky Gurwitz Yeidckol (inasistencia justificada), Villarreal García Luis Alberto (inasistencia autorizada).

Senadores ausentes: López Valdez Mario, Ramírez López Heladio Elías, Sacramento Garza José Julián.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 93 Senadores y Senadoras en esta Asamblea.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del día martes diecisiete de noviembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves doce de noviembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la IV Reunión Interparlamentaria México-Guatemala, a celebrarse en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 18 al 20 de noviembre de 2009.- Quedó de enterado. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Informe de su participación en el X Foro de Biarritz, llevado a cabo en Quito, Ecuador, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2009.- Quedó de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Quedó de Primera Lectura.

(Iniciativas)

La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, José Isabel Trejo Reyes y Renán Cleominio Zoreda Novelo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18-B del Código Fiscal de la Federación; 2, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y 5, 13 y 19 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención agrupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 89 Bis y 89 Bis 1 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales para que, al momento de estudiar el Presupuesto de Egresos 2010 de su respectiva entidad federativa, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a titular del Ejecutivo Federal a establecer un intensivo programa informativo sobre las medidas preventivas del virus de la influenza A/H1N1 en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas de México.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

El Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de diversas disposiciones contenidas en las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, por considerarlas violatorias de los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Población y Desarrollo.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre la existencia de grupos armados denominados “escuadrones de la muerte”, en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la conciencia ecológica, a través de campañas de educación ambiental en los medios de comunicación masiva.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

El Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a elaborar un padrón único de maestros del sistema educativo nacional.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

El Senador Antonio Mejía Haro, a nombre del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para salvaguardar la producción porcícola nacional ante la situación de emergencia que se enfrenta debido al incremento en las importaciones.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, con el objeto de que a los vehículos que portan placas foráneas, se les otorguen las facilidades necesarias para circular por las vías de comunicación de ese estado y se modifiquen las formas de sancionar las violaciones al Reglamento de Tránsito y los cobros excesivos de éstas.- Considerado de urgente u obvia resolución. A discusión intervino el Senador Jesús Garibay García. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo relativo a la implementación de un proyecto de cuotas a la pesca del camarón en Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar información al Banco de México sobre la existencia de créditos otorgados al Gobierno Federal o a las entidades federativas, con recursos correspondientes a cuentas individuales inactivas, reguladas por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en el contenido de los libros de texto gratuitos, el tema de las enfermedades crónico degenerativas, en especial, la atención a la obesidad y la diabetes mellitus, como las enfermedades del siglo XXI.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

El Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Senador Ramón Galindo Noriega, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado mexicano extiende un respetuoso llamado sobre la participación de niños y niñas soldado en conflictos armados.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

(Proposiciones)

La Senadora Amira Gricelda Gómez Tueme, a nombre propio y del Senador Luis Alberto Villarreal García, presentó proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar a la ciudad de Tampico como “Heroica”, a incluir el 11 de septiembre de 1829 en el calendario de efemérides históricas de México e incluir los acontecimientos históricos sucedidos en esa fecha en los libros de texto gratuitos para el sistema educativo nacional.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar las medidas para hacer frente a la pandemia denominada influenza a h1n1; a informar sobre la situación actual de contagios en el país y a invertir en la formación y capacitación de profesionales, así como en la construcción, equipamiento y certificación de laboratorios de diagnóstico.- Se turnó a la Comisión de Salud.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo jueves diecinueve de noviembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite los informes de resultados de los viajes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, primero, a la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y de la visita de Estado a la República de Costa Rica, realizado del 28 al 30 de julio del presente año.

Y segundo, de la gira a América del Sur, realizada del 12 al 18 de agosto de este mismo año.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto, por favor.

- La C. Secretaria Sosa Govea: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con una solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar la Condecoración que otorga el Gobierno de la República Francesa.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1995/09
México, D.F., a 11 de noviembre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12360, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge Luis Volpi Escalante, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio suscrito por el Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que informa que la próxima sesión de esta Colegisladora tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 10 horas.

“MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de noviembre de 2009.

Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva de la
Camara de Senadores
Presente.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Cámara de Diputados hace del conocimiento del Senado de la República, que su próxima sesión plenaria ordinaria, tendrá lugar el día martes 24 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se resuelve dejar insubsistente el procedimiento de dictamen tendiente a la aprobación de la propuesta de no ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, derivada del dictamen aprobado el 16 de abril de 2007, en acatamiento del amparo 376/2007.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Acuerdo.

“México D.F., noviembre 19 de 2009.

H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo número 376/2007 por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, la Cámara de Senadores resuelve dejar insubsistente el procedimiento y dictamen tendiente a la aprobación de la propuestade no ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, derivada del dictamen aprobado en la sesión de fecha de 26 de abril de 2007, únicamente en lo que se refiere al quejoso.

SEGUNDO.- Comuníquese a las Comisiones de Reforma Agraria; y de Justicia el contenido del presente acuerdo para que repongan el procedimiento que concluyó en la no ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios.

Mesa Directiva: Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoredo Novelo, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Consulto a la Asamblea si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra en este tema. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea Asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación del Senador Eduardo Nava Bolaños, con la que remite el informe de las actividades realizadas por los Senadores Sebastián Calderón Centeno, Francisco Herrera León, y él mismo, durante la sesión de la Asamblea Plenaria del PARLACEN, en Guatemala, República de Guatemala, el 27 de octubre de este año en curso.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: La Asamblea se da por enterado.

Vamos a pasar al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Rosalinda López Hernández, Presidenta de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por la que solicita una prórroga para la presentación del dictamen sobre el proyecto de Decreto que reforma los artículos 28 y 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a partir de la excitativa que formulara el 27 de octubre pasado.

“Rosalinda López Hernández
Senadora de la República

México, D.F., martes 17 de noviembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito hacer referencia a la excitativa formulada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, el pasado 27 de octubre en atención a la solicitud presentada por el Senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, para presentar el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 30, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a las citadas Comisiones Unidas el 28 de abril de 2008.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el asunto planteado en la iniciativa de referencia, relativo al desarrollo de las sesiones del Pleno del Senado, está desarrollado ampliamente en el anteproyecto de Reglamento del Senado que, como usted sabe, ha sido ya elaborado por el Grupo de Trabajo formado al efecto y se está en la fase de realizar los ajustes finales previo a someterlo a la consideración del Pleno.

Por las razones expuestas, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la cual me honro en presidir, le solicitamos tenga a bien conceder una prórroga para la presentación del dictamen de la iniciativa en comento, habida cuenta que de la aprobación del referido proyecto dependerá en gran medida el trámite y dictaminación de una serie de iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso o al Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso cuyas temáticas se abordan en el mismo.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sen. Rosalinda López Hernández”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea queda debidamente enterada.

Esta Presidencia autoriza la prórroga solicitada para la presentación del dictamen al que se ha hecho referencia.

Permítame, señor Secretario.

Honorable Asamblea: Esta Presidencia desea hacer de su conocimiento que se encuentran de visita en la sede de la Cámara de Senadores los ganadores del Concurso Infantil y Juvenil de Arte y Medios Audiovisuales, “Exprésate”, organizado por el Centro de Información de las Naciones Unidas y la Organización “Save the Children”, coordinadamente con la Cancillería, en el marco de la celebración del XX aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

Por lo que solicito a los señores Senadores y señoras Senadoras, Martha Leticia Sosa Govea, María del Socorro García Quiroz, María Rojo e Incháustegui; Javier Orozco Gómez, Francisco Javier Berganza Escorza, Beatriz Zavala Peniche y José Luis Lobato Campos, los inviten, por favor, a pasar a este Recinto.

(La Comisión cumple)






FELICITACION

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Solicito a los invitados tomen asiento, por favor.

Estimados niños y jóvenes que nos visitan: A nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República, les doy la más cordial bienvenida, a ustedes que se han destacado en competencias poco difundidas, pero muy importantes sin duda alguna.

Los estudiantes mexicanos necesitan conocer los ejemplos de dedicación y perseverancia que nos dan estos jóvenes que hoy están con nosotros.

Por ello el Senado de la República ha estado atento a los logros alcanzados por estos estudiantes, que son ejemplares, y es nuestro deber además reconocer su esfuerzo y talento y coadyuvar en la difusión del desarrollo de estas competencias y de los triunfos obtenidos por nuestros representantes.

Esta mañana nos acompañan aquí en el Recinto, María Jiménez Albarrán, primer lugar en dibujo, de 6 años de edad.

(Aplausos)

Eduardo Rendón Campos, primer lugar en dibujo, de nueve años de edad.

(Aplausos)

Karen Hitati Juárez, segundo lugar en dibujo, de trece años de edad.

(Aplausos)

Miguel Calvo Valente, tercer lugar en dibujo, de trece años de edad.

(Aplausos)

Verónica Salas Pineda, segundo lugar en dibujo, de 15 años de edad.

(Aplausos)

También fue premiada Carolina Villegas Galaviz, primer lugar en poesía, pero no está presente.

Están también con ellos sus padres, familiares y tutores, a los cuales les damos la más cordial bienvenida y felicitamos sin duda alguna.

(Aplausos)

Agradecemos que nos acompañe la Consejera Matilde García Berástegui, Directora General Adjunta de la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

(Aplausos)

La señora Pilar Fernández, Coordinadora de Procuración de Fondos, Comunicación, de la Organización “Save the Children”.

(Aplausos)

Y la licenciada Ursula Rosalba Alvarado, Directora para Cooperación y Difusión de la Dirección General para Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

(Aplausos)

Me complace felicitar a estos destacados niños y jóvenes por el reconocimiento que han obtenido poniendo muy en alto el nombre de México.

¡Muchas felicidades!

(Aplausos)

Gracias a todos por estar aquí. Y solicito a la comisión designada acompañe a nuestros invitados cuando deseen retirarse del recinto.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Continúe la Secretaría.






COMUNICACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por la que dicho órgano de gobierno envía una cordial felicitación al Senador Carlos Jiménez Macías, con motivo de su nombramiento como Presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria para el periodo 2009-2011.

- El C. Presidente García Cervantes: Esta Asamblea queda debidamente enterada.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Primera

H. ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Primera, y de la Comisión de Desarrollo Municipal; realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el día 28 de noviembre de 2006, el Senador Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN en ejercicio de la facultad consagrada en la fracción II del artículo 71 constitucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva acordó el trámite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera,con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Mediante la iniciativa que presenta el Senador Ulises Ramírez Núñez propone reformar el artículo 108 constitucional en materia de rendición de cuentas de los gobiernos municipales por la administración de los fondos y recursos federales.

El autor de la iniciativa expone en principio que la acción del Estado se instrumenta con la función pública del gobierno, que es a su vez el tenedor legítimo del poder público y quien para la instrumentación de tal función, requiere contar con los recursos económicos suficientes, los cuales deben ser ejercidos de manera eficiente, económica y transparente, ya que el éxito para el control del ejercicio de la función pública se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

Asimismo, señala que el fenómeno de la corrupción, del que ningún Estado está exento, es un inherente natural de la interacción social, que se da específicamente en el ejercicio de la función pública y la aplicación de los recursos económicos, porque en ambos se relacionan directa o indirectamente los gobernantes con los gobernados. Por lo que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces y en la actualidad esta sociedad que es más atenta y participativa en los asuntos públicos exige mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los gobiernos.

La iniciativa precisa en su exposición de motivos que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, se contempla en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna, y en su artículo 108 establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad por la violación a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Sin embargo en tratándose de este último caso, relativo a la gestión de recursos económicos, no se contempla a los gobiernos municipales, siendo que estos también reciben recursos de la Federación.

Por lo que el artículo 108 constitucional no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, aún cuando el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala como sujetos de la misma a “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.

La omisión en el orden constitucional de la referencia a la responsabilidad administrativa de los ayuntamientos, respecto al manejo indebido de recursos federales, se torna grave al momento de que en la reforma del 23 de diciembre de 1999, el Municipio se constituye como instancia de gobierno, que es la más cercana a la gente.

La iniciativa en estudio tiene como guía dos directrices:

a) Que en el marco de un Estado de Derecho, la rendición de cuentas se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos; y

b) Que siendo la Carta Magna el referente inmediato de los derechos y obligaciones de los Mexicanos (gobernados y gobernantes), se consagre en ésta la responsabilidad en que incurren los tres órdenes de gobierno, por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Esta iniciativa propone la reforma del párrafo tercero para cambiar el término “Los Gobernadores de los Estados” por"Los gobernadores de las Entidades Federativas”, en su exposición de motivos no hay justificación o explicación de dicha propuesta.

La segunda modificación consiste en la adición de un párrafo y se hace con la finalidad de incluir explícitamente a los presidentes municipales, los regidores de los ayuntamientos y los síndicos municipales, como responsables por “la administración indebida de fondos y recursos federales”.

Lo anterior en los siguientes términos:

Artículo 108. .........................

.........................

Los gobernadores de las Entidades Federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, los miembros de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales.

Los gobernadores de las Entidades Federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, los miembros de las judicaturas locales, los presidentes municipales, los regidores de los Ayuntamientos y los síndicos municipales, serán responsables por la administración indebida de los fondos y recursos federales.

Transitorios

Primero. La presente reforma y adición entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efecto las disposiciones que a la entrada en vigor del presente, contravenga las disposiciones del mismo.

CONSIDERACIONES

Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar de la ciudadanía la percepción negativa y desfavorable del funcionamiento de las instituciones públicas.

La función pública no debe en ningún momento ser usada para el beneficio personal y ningún funcionario debe anteponer sus intereses al interés público que está obligado a proteger, mejorar o fomentar, por lo que en ese sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses personales en quebranto patrimonial del Estado, debe ser sancionado de manera efectiva por el marco normativo existente para tal efecto.

En tal virtud, el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de Derecho. En ese tenor es menester que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales,los utilicen -tal y como lo establece el artículo 134 constitucional- con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios.

Lo anterior es así, debido a que en todo Estado de Derecho, la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan y la inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de las instituciones públicas.

Estas comisiones unidas coinciden con la propuesta en estudio en cuanto a la inclusión de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que como bien se señala en la exposición de motivos, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funcionesy el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado son situaciones que se encuentran debidamente contempladas en el Título Cuarto de nuestra Carta Magnay es precisamente en los párrafos primero y tercero del artículo 108 que se regula:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

……….

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.+

……….”

Como se observa, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades por manejo indebido de fondos federales a los presidentes municipales, ni a las demás autoridades de los ayuntamientos.

Pese a que no los incluya, dentro del régimen de responsabilidad previsto en el citado artículo 108, el legislador los sujeta mediante una ley secundaria que incluye a quienes manejen recursos públicos federales, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público:

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.”

Con lo cual pudieran quedar comprendidas en ella dichas autoridades municipales, ya que éstas son responsables de la organización pública de los asuntos de su competencia, así como de asegurar que los servicios públicos y las funciones administrativas se lleven a cabo eficazmente en tiempos y formas, hechos que obligan a realizar el máximo de los esfuerzos para satisfacer las demandas ciudadanas.

Es necesario referir que nuestra Carta Magna en el artículo 128 impone a todo funcionario público la obligación de rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, los servidores públicos están obligados a responder por su conducta si durante el desempeño de las funciones no acatan las obligaciones que les impone la ley. Por lo que es imperativo que las personas en cuya función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales, los utilicen con probidad, eficiencia y exclusivamente para los fines que le son propios[1].

Por lo que, se considera que la inclusión expresa en la Constitución sobre la responsabilidad que los servidores públicos municipales señalados, por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la ley federal referida, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal, que en el último párrafo del artículo 49 prevé que “las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con sus propias legislaciones”.

Aunado a lo anterior, es oportuno exponer otra situación importante que viene a reforzar la procedencia de la reforma de mérito, la cual consiste en que el Código Penal Federal vigente, en su artículo 212 correspondiente al Título Décimo, referente a los delitos cometidos por los servidores públicos, establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 212.- Para los efectos de este título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.”

Lo cual concuerda con la propuesta de reforma analizada a efecto de lograr clarificar el contenido y alcance del Título Cuarto de nuestra Carta Magna, y de esta manera haría coincidente lo establecido por la Constitución y sus leyes secundarias.

Considerada la falta de mención expresa en el artículo 108 constitucional, es procedente la reforma que se propone con objeto de responsabilizar a los presidentes municipales, los regidores y síndicos de los ayuntamientos por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Sin embargo, es importante referir el último párrafo del citado artículo 108 que establece:“Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”

En efecto como se desprende del párrafo referido y el artículo 109 de la Constitución Federal, corresponde a cada Estado a través de sus respectivas constituciones, precisar para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y enMunicipios, así como expedir las leyes de responsabilidad de los servidores públicos para sancionar a quienes incurran en responsabilidades administrativas, entre otras.

En ese tenor, no obstante el manejo indebido de recursos recaiga sobre aquéllos que tengan carácter federal, las autoridades locales serían las competentes para sancionar administrativamente a los servidores públicos estatales o municipales de que se trate, conforme a la legislación estatal aplicable en la materia.

Cabe señalar, que estas comisiones dictaminadoras recibieron la opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, en la cual se consideró a la iniciativa en estudio como pertinente por cuanto a que se pretende incluir a los Municipios (y consecuentemente a sus ayuntamientos, como responsables de su gobierno), como unidades administrativas autónomas cuyo ejercicio gubernamental, siendo distinto y diverso de los entes federales y estatales, es susceptible de responsabilidad independientemente de la entidad federativa en que se encuentre.

En términos generales los integrantes la comisión referida, emitieron opinión favorable de la iniciativa en estudio para que sea aprobada en sus términos. Cabe señalar que dicha opinión ha sido considerada en la elaboración del presente dictamen.

Cabe señalar quecon la redacción que se propone en la iniciativa, las mencionadas autoridades municipales quedarían excluidas de responsabilidades en caso de violaciones a la Constitución y a las leyes federales, respecto de lo cual la exposición de motivos no señala razonamiento o justificaciónalguna para excluir de dicha responsabilidad a estos sujetos, y se estima conveniente que éstos deben deser responsables también por este tipo de violaciones y no solamente porla administración indebida de recursos.

Lo anterior en virtud de que el modelo de federalismo que existe actualmente en nuestro país ha evolucionado, para transitar de un modelo dual a un modelo cooperativo[2].

Como lo señala Miguel Carbonell[3], la tendencia hacia un federalismo de tipo cooperativo se ha dado en virtud de que “en los últimos años se han agregado en el texto constitucional una serie importante de materias de carácter concurrente, es decir, materias que deben ser realizadas por más de uno de los cuatro niveles de gobierno que establece la propia Constitución, normalmente a partir de una regulación-marco que dicta el Congreso de la Unión”.

Lo anterior supone la participación de las autoridades municipales en la puesta en práctica de leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Y eso debe permitir un régimen de responsabilidades.

Aunado a que el antepenúltimo párrafo de la fracción III del

artículo 115 constitucional establece:

“Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales”.

Precepto que pone de manifiesto que presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos -en su carácter de autoridades encargadas del gobierno municipal- deben responsabilizarse de las violaciones en que incurran con motivo del cumplimiento de sus funciones, a la Constitución General y a las leyes federales.

De ser así, la propuesta de reforma consistiría en modificar solamente el párrafo tercero del artículo 108 constitucional, sin adicionar un cuarto párrafo como lo propone la propia iniciativa.

Respecto a este cuarto párrafo que la iniciativa propone adicionar, se plantea cambiar el término “manejo indebido de fondos y recursos federales” por “administración indebida de fondos y recursos federales”, al respecto cabe hacer mención que según el Diccionario de la Real Academia Española en su 22a edición el significado de administrar es “Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes”, y el Diccionario Esencial de la Lengua Española, Larousse lo define como “Dirigir la economía de una persona o una entidad”; mientras que el significado del término “manejar”es definido como “Usar algo con las manos.Gobernar, dirigir” y “Usar una cosa con las manos.Regir, dirigir”, en los diccionarios referidos, respectivamente.

Ahora bien, es importante señalar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como diversas leyes estatales en la materia, utilizan los términos “manejar y aplicar” para referirse al uso y administración de recursos públicos federales.

En el Diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra “aplicar” es:

-Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo.

-Destinar, adjudicar, asignar.

-Adjudicar bienes o efectos.

Por lo que de conformidad con las definiciones mencionadas, el término “aplicar” se considera encuadra idóneamente con la actividad referida en el párrafo tercero del artículo 108 constitucional.

En ese tenor, se propone incluir el término “aplicación” en el párrafo tercero.

De igual forma, la iniciativa se refiere a los servidores públicos municipales como “los presidentes municipales, los regidores de los Ayuntamientos y los síndicos municipales”, sobre el particular, con el ánimo de tener una mejor sintaxis se propone mantener la redacción de la fracción I del artículo 115 constitucional, para quedar “los integrantes de los ayuntamientos.”

Asimismo, es conveniente señalar que la propuesta de la iniciativa respecto a la reforma del párrafo segundo por la que modifica la referencia de los gobernadores de los Estados, por el término “gobernadores de las entidades federativas”, lo cual se considera erróneo e improcedente toda vez que el Distrito Federal es una entidad federativa, pero el titular de su órgano ejecutivo no es un gobernador, sino un Jefe de Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 constitucional.

En este sentido, también debe señalarse que en materia de responsabilidades el Distrito Federal tiene un régimen y un tratamiento distinto al de los Estados de la Federación, ya que como se advierte de la lectura del Título Cuarto constitucional (arts. 108 y 109), a estos últimos se les faculta para crear regímenes de responsabilidades internos, situación que no acontece en el Distrito Federal, ya que por ser la sede de los Poderes de la Unión su regulación está sujeta a lo dispuesto en la legislación federal, es decir, a los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal se les aplican las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO EN EL DICTAMEN

Artículo 108. (….)

(….)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 108. (….)

(….)

Los gobernadores de las Entidades Federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, los miembros de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales.

Los gobernadores de las Entidades Federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, los miembros de las judicaturas locales, los presidentes municipales, los regidores de los Ayuntamientos y los síndicos municipales, serán responsables por la administración indebida de los fondos y recursos federales.

(….)

Artículo 108. (….)

(….)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los integrantes de los ayuntamientos, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

(….)

Por las razones anteriormente expuestas y con el objetivo de fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, se considera procedente incorporar en el texto constitucional la propuesta de la iniciativa en estudio con las modificaciones precisadas, por lo que las comisiones dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. (….)

(….)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los integrantes de los ayuntamientos, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

(….)

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de noviembre de 2009.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal. Quienes estén porque se omita la primera lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre México y China, firmado en la Ciudad de Beijín el 11 de julio de 2008, y por el que se aprueba su declaración interpretativa.


[1] En el caso de los Estados federados, la naturaleza misma que implica el pacto federativo implica la obligación, al interior de cada uno de los ámbitos soberanos estaduales, vía su propia Constitución, la expresión del juramento por los servidores públicos de los poderes estaduales, electivos o de designación, así como de aquellos que ingresen a la función pública municipal. (“Véase Comentario al artículo 128 de la Constitución”. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones. 7ª ed. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LIX Legislatura.

[2] “El modelo cooperativo es una interpretación funcional de esos hechos y acontecimientos, y se centra en los procesos de financiación, diseño, prestación y administración de servicios públicos, y que identifica como norma dominante en la provisión de tales servicios la coparticipación de todos los poderes. El postulado o principio básico del federalismo cooperativo consiste en que los poderes, las funciones y responsabilidades de las entidades del gobierno central, regional y local son poderes, funciones y responsabilidades compartidas. Las competencias y funciones no están parceladas nítidamente entre los diversos poderes. La elaboración y ejecución de las políticas públicas son compartidas”.CÁRDENAS GRACIA, Jaime. “México a la luz de los modelos federales”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Núm. 110, Mayo – agosto de 2004. Págs. 479 – 510. IIJ.UNAM

[3] CARBONELL, Miguel. “La Reforma Constitucional al artículo 73 en materia de turismo”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Núm. 11. Julio – diciembre de 2004. IIJ.UNAM






TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING EL 11 DE JULIO DE 2008 Y POR EL QUE SE APRUEBA SU DECLARACION INTERPRETATIVA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA- PACIFICO; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia; les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, enviado a esta Soberanía por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación para los efectos del Artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y de Justicia, presentan su dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de fecha 27 de agosto de 2008, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a esta Soberanía el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, firmado el once de julio de dos mil ocho, para los efectos de su aprobación correspondiente.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó el citado Tratado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia, para su estudio y dictamen.

En Sesión Ordinaria del Senado de la República de fecha 6 de octubre de 2009, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a esta Soberanía, una Declaración Interpretativa del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, firmado el once de julio de dos mil ocho.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada Declaración Interpretativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia, para su estudio y dictamen.

Al respecto, se realizaron tres reuniones de trabajo los días 11 de noviembre de 2008, 17 de marzo de 2009 y 23 de septiembre de 2009, a efecto de analizar el contenido del citado Tratado. El Embajador Joel Antonio Hernández, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Licenciado Leopoldo Velarde, Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República, realizaron sendas presentaciones sobre el objetivo y contenido de dicho instrumento, mismas que aportaron elementos para la integración del presente dictamen.

Es oportuno señalar que en el desarrollo de la segunda reunión de trabajo para dictaminar el presente instrumento, los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Justicia, solicitaron a los funcionarios federales, realizar los trabajos correspondientes para contar con las garantías necesarias que determinen que ningún nacional extraditado se le pueda imponer la pena capital.

En efecto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras, sostuvieron que el Tratado debería ser más preciso en su Artículo 3, inciso g), en virtud de que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.

Al respecto, y en ocasión de la tercera reunión de trabajo para analizar el instrumento, se recibió a los mismos funcionarios de la Secretaría deRelaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, quienes propusieron el texto de una “Declaración Interpretativa”, a fin de integrarse al instrumento de ratificación del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China.

DESCRIPCION Y VALORACION DEL INSTRUMENTO

El Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China (en adelante el Tratado), tiene como objetivo promover la cooperación de manera efectiva entre ambos países en el combate del delito, sobre la base de respeto a la Soberanía, igualdad y beneficio mutuo, mediante la asistencia recíproca en la extradición de delincuentes.

Al respecto, la extradición se define como una institución del Derecho Internacional por virtud de la cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama, con el objeto de someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena por haber cometido un delito en la jurisdicción del Estado Requirente.

El presente Tratado permite identificar los delitos por los que procede la extradición; los aspectos relativos a la extradición de nacionales; los procedimientos y documentos que deberán acompañar a la solicitud de extradición, entre otras disposiciones que permiten a ambas Partes a coadyuvar en la expedita impartición de justicia.

El Tratado consta de veintidós artículos, así como de una “Declaración Interpretativa” al Artículo 3, inciso g), los cuales detallan las condiciones y procedimientos que se deben seguir para poder cumplir con una solicitud de extradición.

ARTICULO 1.-OBLIGACION DE EXTRADITAR

ARTICULO 2.-DELITOS QUE DARAN LUGAR A LA EXTRADICION

ARTICULO 3.-MOTIVOS OBLIGATORIOS PARA DENEGAR LA EXTRADICION

ARTICULO 4.-MOTIVOS PARA DENEGAR DE MANERA FACULTATIVA LA EXTRADICION

ARTICULO 5.-EXTRADICION DE NACIONALES

ARTICULO 6.-CANALES DE COMUNICACION

ARTICULO 7.-SOLICITUD DE EXTRADICION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

ARTICULO 8.-INFORMACION ADICIONAL

ARTICULO 9.-DETENCIÓN PROVISIONAL

ARTICULO 10.-DECISION SOBRE LA SOLICITUD DE EXTRADICION

ARTICULO 11.-ENTREGA DE LA PERSONA A SER EXTRADITADA

ARTICULO 12.-DIFERIMIENTO Y ENTREGA TEMPORAL

ARTICULO 13.-EXTRADICION SUMARIA

ARTICULO 14.-SOLICITUDES DE EXTRADICION FORMULADAS POR VARIOS ESTADOS

ARTICULO 15.-REGLA DE ESPECIALIDAD

ARTICULO 16.-ENTREGA DE BIENES

ARTICULO 17.-TRANSITO

ARTICULO 18.-NOTIFICACION DEL RESULTADO

ARTICULO 19.-COSTOS

ARTICULO 20.-RELACION CON OTROS TRATADOS

ARTICULO 21.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 22.-ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACION Y TERMINACION

El Tratado está acompañado también por un Memorándum de Antecedentes que hace una reseña histórica de la relación bilateral entre México y la República Popular de China, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales el año 1972, además de exponer las razones para suscribir un instrumento de esta naturaleza con la República Popular China.

En el Artículo 1, se define la obligación de las Partes a extraditar a cualquier persona que siendo acusada o sentenciada por un delito objeto de extradición dentro del territorio de una Parte, sea encontrada dentro del territorio de la otra Parte, ya sea que el delito haya sido cometido antes o después de la entrada en vigor del Tratado.

Conforme al Artículo 2 del Tratado, un delito objeto de extradición está constituido por una conducta que de conformidad con la legislación nacional de cada Parte es sancionada con un periodo de privación de al menos un año. Un delito puede ser objeto de extradición sin importar si se relaciona con tributación o ingresos o si es de carácter meramente fiscal.

El Tratado agrega en esta disposición que la duración de la sentencia que resta por cumplir a la persona imputada deberá ser de al menos seis (6) meses, para que la extradición tenga efecto.

De conformidad con el Tratado, la extradición deberá ser considerada en relación con delitos objeto de extradición incluidos en la legislación nacional de ambas Partes.

Es importante señalar, que también se podrá conceder la extradición por actos u omisiones, cuando se involucren dos o más actos u omisiones, constituyendo cada uno un delito de conformidad con la legislación nacional de ambas Partes y de los cuales al menos uno reúne la condición de temporalidad de la pena.

El Artículo 3 establece que la extradición será negada si el delito por el que se solicitó es de carácter político o relacionado con un delito de carácter político, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte. Asimismo, la extradición podrá ser negada cuando la pena que pueda ser impuesta por la Parte Requirente esté en conflicto con los principios fundamentales de derecho de la Parte Requerida. Para el caso mexicano, las penas establecidas en el Artículo 22 de la Constitución.

La extradición también podrá ser negada cuando la Parte Requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición ha sido presentada con la intención de perseguir o sancionar a la persona requerida por razón de raza, religión o género; o si el delito por el que se solicita la extradición es un delito de conformidad con la legislación militar que no sea al mismo tiempo un delito bajo la legislación penal ordinaria.

Por último, la extradición podrá ser negada si la persona requerida no puede ser juzgada u obligada a cumplir una sentencia establecida en la legislación nacional de cualquiera de las Partes y si se ha emitido sentencia definitiva o sentencia emitida in absentia.

El Artículo 4 señala que la extradición podrá ser negada, si la persona solicitada está siendo procesada por la Parte Requerida por el mismo delito por el que la extradición ha sido solicitada; o si la persona solicitada ha sido finalmente absuelta o sentenciada en la Parte Requerida.

El Tratado incluye un apartado que se refiere a la extradición de nacionales. El Artículo 5 establece que la Parte Requerida deberá considerar la extradición de sus nacionales. La Parte Requirente deberá entregar a la Parte Requerida los documentos y pruebas relacionados con el caso. Por otro lado, el Artículo 6 señala claramente cuáles son los medios y las formas necesarios para tramitar correctamente una solicitud de extradición.

El Tratado también hace referencia en su Artículo 7 a los documentos y pruebas necesarios para la presentación de una solicitud de extradición. Por otro lado, el Artículo 8 precisa la información adicional necesaria para realizar la extradición, así como los plazos para solicitar la misma.

El Artículo 9, posibilita a la Parte Requerida a efectuar una detención provisional del inculpado, de conformidad con su legislación nacional, en caso de urgencia y reitera cuáles son los medios y las formas necesarios para tramitar correctamente una solicitud de extradición, de acuerdo al Artículo 6 del instrumento.

Por otro lado, el Artículo 10 señala la decisión de la Parte Requerida sobre la solicitud de extradición, misma que se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación nacional.

El Tratado hace mención al procedimiento y los plazos de la entrega de la persona a ser extraditada en su Artículo 11. Asimismo se habla del diferimiento y entrega temporal del procesado en el Artículo 12.

El Artículo 13 relativo a la extradición sumaria, expresa que si una persona está de acuerdo con ser extraditada, la Parte Requirente deberá tomar todas las medidas que su legislación le permita, para hacer expedita la extradición.

En el caso de las solicitudes de extradición formuladas por varios Estados, descritas en el Artículo 14, las Partes se obligan a reconocer que en caso de existir dos solicitudes de extradición para la misma persona, formuladas por la otra Parte y un tercer Estado distinto, la Parte Requerida tendrá la facultad de decidir a qué Estado será extraditado el inculpado, sin la obligación de otorgarle un trato diferenciado a la otra Parte de este Tratado.

El Artículo 15, titulado regla de especialidad, apunta que cualquier persona que sea entregada a la Parte Requirente no será procesada o sujeta a cumplir una sentencia en el territorio de la Parte Requirente por o en relación con un delito cometido antes de su extradición a ese territorio, ni tampoco será re-extraditada a un Tercer Estado a menos que:

a) La Parte Requerida consienta la extradición con anticipación; b) La persona no haya abandonado el territorio de la Parte Requirente dentro de los treinta días, después de haber estado en libertad de hacerlo; o c) Cuando la persona haya regresado voluntariamente al territorio de la Parte Requirente después de haberlo abandonado.

Por otro lado, este Artículo en su apartado 2, señala que cuando la clasificación del delito por el cual la persona requerida ha sido extraditada haya cambiado en el transcurso del procedimiento, será juzgada y sentenciada bajo la condición de que el delito en su nueva forma legal tenga como base el mismo grupo de hechos establecidos en la solicitud de extradición y sea sancionado con el mismo máximo de penalidad como el delito por el cual fue extraditado o con una penalidad menor.

El Artículo 16 hace referencia al procedimiento y requisitos sobre la entrega de bienes a la Parte Requirente. Del mismo modo menciona que la entrega de los bienes asegurados producto del delito no deberán perjudicar ningún derecho legítimo de la Parte Requerida o de cualquier tercero sobre los mismos.

El Tratado también hace referencia en su Artículo 17 a la extradición en tránsito; su proceso de solicitud y condiciones en que podrá otorgarse la misma.

Por otro lado, en el Tratado en su Artículo 18 señala sobre las notificaciones del resultado, mismas que la Parte Requirente deberá proveer a la Parte Requerida de manera expedita por contener información sobre los procedimientos o ejecución de la sentencia en contra de la persona extraditada o información concerniente a la re-extradición de esa persona a un Tercer Estado.

El Tratado contempla en el mismo Artículo cuándo una persona debería o no ser re-extraditada a un Tercer Estado y añade que los costos derivados de los procedimientos de extradición correrán a cargo de las Partes de acuerdo a lo establecido en este precepto. Mientras tanto, establece en su Artículo 20 que no se afectarán los derechos y obligaciones de las Partes en relación con la extradición que se presente, derivada de una Convención o Tratado Internacional del cual ambos Estados sean Parte.

El mismo Artículomenciona la relación con otros tratados y la no afectación de las Partes con esos instrumentos. Por lo que se refiere a la solución de controversias con motivo de la aplicación, interpretación o implementación de este Tratado, serán resueltas a través de la vía diplomática. Por último, el artículo 22 menciona la entrada en vigor, modificación y terminación del Tratado.

Ahora bien, para determinar de modo preciso el sentido y alcance de la expresión “… principios fundamentales del derecho de la Parte Requerida…”, implícita en el inciso (g) del Artículo 3, del instrumento en estudio, relacionada con las causales para denegar la extradición -en la especie- cuando la pena que pueda ser impuesta por la Parte Requirente esté en conflicto con aquellos principios, sin que implique exclusión ni modificación de los efectos legales que se persiguen con la celebración del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, si éste es aprobado por el Senado de la República, para nuestro país en la expresión consabida quedan comprendidas las penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Así lo confirma el texto de la Declaración Interpretativa que el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Oficio No. SEL/300/3220/09, de fecha 30 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, somete a la consideración de la Cámara de Senadores para su aprobación correspondiente. Declaración Interpretativa, que a la letra dice:

Al ratificar el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Extradición, firmado en la ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008, los Estados Unidos Mexicanos declara que en la expresión “principios fundamentales de derecho de la Parte Requerida”, incluida en el Artículo 3 (g), relacionado con las causales para denegar la extradición, para los Estados Unidos Mexicanos quedan comprendidas las penas prohibidas por el artículo 22 de su Constitución Política”.

Con base en la anterior descripción del Tratado, estas Comisiones presentan su dictamen, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera- Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia observan la corresponsabilidad de los Estados en la lucha contra la delincuencia, cuyas actividades ilícitas han traspasado las fronteras nacionales.

Al respecto, destacan que a partir de la necesidad de promover una mayor cooperación jurídica a nivel internacional, México ha establecido veintisiete tratados bilaterales de extradición con diversos países de Asia, América Latina, Europa y Oceanía, además de suscribir importantes tratados multilaterales en la materia, tales como: Convención sobre Extradición; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes; y Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Segunda.- Las comisiones dictaminadoras señalan que la negociación y firma del presente Tratado es parte de un esfuerzo integral de ampliar los vínculos de cooperación entre México y la República Popular China.

Tercera.- Estas comisiones coinciden en que el creciente dinamismo de las relaciones entre México y China, demanda una relación jurídica fortalecida, basada en el respeto mutuo de la soberanía de los Estados.

Cuarta.- Las comisiones dictaminadoras destacan la necesidad de reducir los espacios de impunidad, evitando que los sujetos que cometen delitos utilicen como refugio aquellos Estados con los que no contamos con un tratado de extradición.

Quinta.- Estas comisiones consideran que los términos utilizados en la “Declaración Interpretativa, precisan cabalmente el sentido y alcance del Artículo 3, inciso g) del Acuerdo, y cierran la posibilidad de una interpretación errada del mismo, en contradicción a lo establecido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONCLUSIONES

El Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, otorga al Gobierno mexicano un instrumento jurídico bilateral adicional para atender la urgente necesidad de combatir efectivamente la delincuencia y el crimen organizado transnacional.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que el Tratado no lesiona la Soberanía nacional, ni contradice nuestra legislación, toda vez que no hay oposición a disposiciones constitucionales y es congruente con el derecho internacional, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y de Justicia, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- Se aprueba el TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, firmado en la ciudad de Beijing el once de julio de dos mil ocho.

SEGUNDO.- Se aprueba la Declaración Interpretativa que a la letra, dice: “Al ratificar el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Extradición, firmado en la ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008, los Estados unidos Mexicanos declara que en la expresión “principios fundamentales de derecho de la Parte Requerida”, incluida en el Artículo 3 (g), relacionado con las causales para denegar la extradición, para los Estados Unidos Mexicanos quedan comprendidas las penas prohibidas por el artículo 22 de su Constitución Política”.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO

COMISION DE JUSTICIA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se omita su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; y de Justicia. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda de primera lectura.

Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen la MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que la Cámara de Diputados remitió a su colegisladora el 23 de octubre de 2008, para los efectos constitucionales correspondientes.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 88, 93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 23 de octubre de 2008, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

II. En la misma fecha, para su análisis y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso el turno de la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

ANALISIS DE LA MINUTA

I. Fundada en el interés de consolidar el acceso pleno y expedito de los particulares -o sus representantes- al conocimiento de las notificaciones que les atañe como partes en los juicios de lo contencioso administrativo que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el proyecto en estudio se plantea una reforma que se inserta en el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a la cual, con independencia de la facultad discrecional que ya le asiste a aquéllos para autorizar a licenciado en derecho a recibir notificaciones en su nombre, se consigna ahora a su favor también la potestad discrecional para autorizar a cualquier persona con capacidad legal, para que en su nombre pueda oír notificaciones y se imponga de los autos; persona que no gozará, sin embargo, de las atribuciones que corresponden al profesional del derecho en los términos del texto vigente de la disposición legal en cita, a saber: hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos.

II. La reforma, se desprende de la exposición de motivos de su antecedente y de las consideraciones aducidas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 2008, responde a la necesidad de acabar con un importante rezago que se ha generado en forma desmedida en la cantidad de diligencias de notificación de acuerdos y resoluciones emitidos dentro de los expedientes radicados en cada una de las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debido a la autorización limitada que solamente a favor de licenciados en derecho establece el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para oír y recibir notificaciones. Esta circunstancia, se aduce, entorpece el seguimiento de los asuntos e implica una restricción a la oportunidad de estudiantes y pasantes de la carrera de derecho, para conocer más a fondo la materia y adiestrarse como futuros profesionales del derecho.

III. En los juicios del orden federal, apunta el legislador, así como en los de amparo, que se instruyen o tramitan ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la limitante señalada no existe. Esto facilita el desahogo de las diligencias de notificación y permite dar una atención más cercana a los expedientes radicados en aquellos órganos jurisdiccionales, habida cuenta que al ser los estudiantes o pasantes de la carrera de derecho quienes en la práctica están al pendiente de su seguimiento, éstos pueden darse por notificados en la propia sede del tribunal de que se trate, estableciéndose así la posibilidad, a su vez, de desembarazar a dichos órganos de la obligación de practicar el consabido trámite. En ese orden de ideas y, lo que es más, en virtud de la “ausencia de secretarios actuariossuficientes para mantener al día las diligencias de notificación” en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -uno de los principales problemas que enfrenta en la actualidad dicho órgano, se afirma-, se anima la reforma que se contempla en la minuta que se analiza, cuyo telos, se orienta a la reducción de las excesivas cargas de trabajo que se manifiestan y, por añadidura, a la solución del rezago existente al respecto.

IV. Dispuesto el examen de la reforma establecida en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,en la discusión del dictamen relativo aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 2008, se coincidió de manera plena con la oportunidad de dar vigencia a la potestad discrecional de los particulares o sus representantes para autorizar también a cualquier persona con capacidad legal, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en su nombre, sin delegar en ésta atribuciones para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, como sí le corresponden el licenciado en derecho en los términos del texto vigente de la disposición legal que se analiza. Esta propuesta, a juicio de la colegisladora, auxiliará en gran medida el desarrollo pronto y expedito de los procedimientos que se instruyan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuestión que conviene y beneficia a los destinatarios de la reforma al permitir en su nombre la intervención de quienes no son profesionales en derecho, pero tienen capacidad jurídica para los efectos consabidos, actualizando a su favor la posibilidad de una mejor atención de los juicios en los que sean partes.

V. Ilustrado el sentido de la minuta en estudio y conocido el alcance al que se dirige, con independencia de los motivos y consideraciones que en la Cámara de Diputados sustentaron su aprobación, ciertamente, en ella se advierte el interés de fortalecer de manera integral el derecho adjetivo de los particulares o sus representantes, a ser comunicados formalmente como destinatarios de autos o resoluciones de carácter administrativo o jurisdiccional que se pronuncien en el juicio de lo contencioso administrativo en que sean partes, a través de la facultad discrecional que les permita, también, autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos en su nombre, exclusivamente. Esta nueva potestad discrecional que se plantea, confirma la importancia capital que el legislador asigna a la figura de la notificación como medio de comunicación para conocer o dar noticia de un acto o resolución administrativa a los particulares o sus representantes y sea dable, en consecuencia, que éstos puedan ajustar su conducta a lo que en aquéllos se establezca. Su propósito se orienta a la ampliación del ámbito personal de recepción de las notificaciones, en la materia, para su cabal conocimiento y efectos conducentes.

CONSIDERACIONES

I. Aun cuando la finalidad de la notificación es comunicar o hacer saber una resolución judicial o administrativa a quien se reconoce como parte interesada en su contenido o es necesario que la conozca para que cumpla con una obligación o acto procesal que en aquélla se le impone, de acuerdo con determinadas formalidades legales preestablecidas para que su destinataria o destinatario, conocida la resolución o el acto que se le notifica, pueda disponer lo conveniente para la mejor defensa de los derechos e intereses que se cuestionan, esto no implica por modo inexcusable que el procedimiento judicial o administrativo no pueda continuar hasta que no se demuestre que la resolución o acto consabidos han llegado materialmente a conocimiento del interesado. Por qué, porque esto podría suponer una paralización excesiva de la acción judicial o administrativa en detrimento del fin del proceso en su doble concepción y, en última instancia, significaría dejar el desarrollo del mismo a la voluntad de las partes, lo que estaría alejado de toda lógica y hermenéutica jurídica. Además, no debe olvidarse la imposibilidad que existe para garantizar la práctica de la notificación como puesta efectivamente en conocimiento de sus destinatarios en todos los casos, por ello, el ordenamiento jurídico no busca tanto que la resolución o acto que se manden notificar lleguen a conocimiento del interesado como que se cumplan una serie de condiciones mínimas en la práctica de aquélla que hagan suponer, en circunstancias normales, que el acto o resolución aludidos llegarán ciertamente de algún modo a su conocimiento.

II. Toda resolución, además, disponen los artículos 65 y 66 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto, asentando la razón respectiva en seguida de la propia resolución. Las notificaciones que se realicen a las autoridades o a personas morales por conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, se entenderán legalmente efectuadas cuando en el documento correspondiente obre el sello de recibido por tales oficinas. Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obligación, se le impondrá una multa de una a tres veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, sin que exceda del 30% de su salario. Será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la Dirección de Correo Electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.

III. Más a propósito, las notificaciones que deban hacerse a los particulares -consigna el artículo 67 de la misma ley-, se harán en los locales de las salas si las personas a quienes deba notificarse se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que se haya dictado la resolución. Cuando el particular no se presentese harán por lista autorizada que se fijará en sitio visible de dichos locales. A fin de facilitar su consulta, la lista mencionada podrá ser incluida en la página electrónica del Tribunal. Tratándose del auto que corra traslado de la demanda o del que mande citar a testigos que no deban ser presentados por la parte oferente, la notificación a los particulares o a quien los represente, se hará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio que se haya hecho del conocimiento de la Sala Regional de que se trate, siempre que dicho domicilio se encuentre en territorio nacional. Una vez que los particulares, partes en el juicio, se apersonen en éste, deberán señalar domicilio conforme lo establece la fracción I del artículo 14 de la ley, en el que se le harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, la resolución que tenga por admitida la contestación y, en su caso, la ampliación de la demanda, así como la contestación a la ampliación aludida; el requerimiento, a la parte que debe cumplirlo; el auto de la sala regional que dé a conocer a las partes que el juicio será resuelto por la sala superior; el auto que decrete o niegue la suspensión provisional y la sentencia que resuelva la definitiva; las resoluciones que puedan ser recurridas; la resolución de sobreseimiento; la sentencia definitiva, y; todos aquellos autos, requerimientos o resoluciones que el magistrado instructor o la sala así lo determinen.

IV. Si los particulares, partes en el juicio, que se apersonen en éste, no cumplen con la obligación de señalar domicilio en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, para hacerse sabedores, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, de las resoluciones que señala el artículo 67 de la propia ley, las notificaciones se harán a los particulares por medio de la lista, la cual contendrá el nombre de la persona, la clave del expediente y el tipo de acuerdo. En los autos se hará constar la fecha de la lista. Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o Dirección de Correo Electrónico a la Sala Regional en que se lleve el juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el magistrado instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la Dirección de Correo Electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista.

V. Por último, haciendo alusión al momento en que las notificaciones surten sus efectos, de acuerdo con los artículos 70, 71 y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, éste se actualiza el día hábil siguiente a aquél en que aquéllas fueren hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado. La notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen; y, una notificación omitida o irregular se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga sabedor de su contenido. Así, trazado el sistema de notificaciones que ha adoptado el legislador mexicano en la materia, no se alcanza a dilucidar en el mismo la presencia de reglas que entorpezcan el seguimiento de los asuntos que se instruyen o instruyan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o impidan el desarrollo pronto y expedito de los procedimientos correlativos. Ni siquiera se alcanza a columbrar -porque no se manifiesta argumento, puntual y convincente, que sirva de verdadero sustento para ello-, ni en la exposición de motivos de la iniciativa origen de la minuta en estudio ni en las consideraciones del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 2008, que el “rezago generado en forma desmedida en la cantidad de ‘diligencias de notificación de acuerdos y resoluciones’ emitidos dentro de los expedientes radicados en cada una de las salas de ese tribunal” -si lo hay-, se derive de la autorización limitada que solamente a favor de licenciados en derecho establece el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para oír y recibir notificaciones.

VI. Una administración de justicia pronta y expedita, o la dinámica del procedimiento en que ésta se imparta, no depende del número de personas que los particulares o sus representantes, como partes en el juicio, autoricen en su nombre para oír notificaciones o para que se impongan de los autos que en aquél se pronuncien, así se trate de licenciados en derecho o de quienes no siendo profesionales en esa rama del conocimiento humano, tengan capacidad jurídica para asistirlos en tal encargo. Ni mucho menos, lo es, que debido a dicha circunstancia se mantengan al día las diligencias de notificación que se ordenen en los procedimientos afines. La celeridad en el desarrollo de las etapas esenciales de éstos, sólo es dable a través del estricto cumplimiento de los criterios que regulan las diferentes actuaciones que los integran y el apego a los términos perentorios fijados para ello; de los principios que los animan, como el principio dispositivo, el de inmediación y los de economía e impulsión procesal, que determinan el inicio de la actividad de las partes en el proceso, el interés que las motiva y la habilidad de los abogados que defiendan su causa para ponerlo en estado de pronunciar la sentencia o resolución que le ponga fin, y la obligación del titular del órgano jurisdiccional de estar en contacto personal con las partes, recibir sus pruebas, oír sus alegatos y velar por el control de aquellos términos, entre otras cuestiones. Es decir, el desarrollo pronto y expedito de los procedimientos que se instruyen o instruyan ante un órgano jurisdiccional, obedece a una serie de actos que se suceden en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí con la intención de obtener una sentencia que, en forma vinculativa, resuelva entre partes una controversia sobre derechos substanciales.

VII. No es cierto, en consecuencia, que el número de personas que los particulares o sus representantes, como partes en el juicio, autoricen en su nombre para oír notificaciones o para que se impongan de los autos que en aquél se pronuncien -con independencia de la calidad que tengan para asistirlos en tal encargo-, determine la existencia de rezago alguno en el trámite y la sustanciación de los juicios que se instruyen en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o influya en el incremento considerable de éstos. Ni siquiera, en abono de esta circunstancia, sirve el argumento que en las consideraciones del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 2008, en la especie, alude al informe de actividades de 2006 rendido por el magistrado presidente de dicho tribunal -informe relativo al inventario de los asuntos contemplados en ese período, los que ingresaron en el mismo y los que se despacharon, tanto en la sala superior como en las salas regionales del propio órgano jurisdiccional-, porque en el rubro de las notificaciones que se ordenaron practicar durante ese ejercicio solamente se hace alusión a un número considerable de las que se efectuaron por la actuaría de la sala superior, las salas regionales metropolitanas y las salas regionales foráneas,1 pero no se indica rezago alguno en el caso particulary mucho menos que la falta de notificación de cualquier índole hubiese impedido o entorpecido el desarrollo pronto y expedito de los juicios radicados en ese tribunal. Con los datos y cifras implícitos en el informe de referencia, lo único que se demuestra es la actividad inmensa y dinámica que caracterizael desahogo de la tarea que ha sido encomendada al órgano jurisdiccional en cita, pero nunca de rezago en la misma por falta de notificaciones para su culminación.

VIII. Jamás o difícilmente, pues, en el ámbito de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la falta de notificación de cualquier resolución se traduciría en un obstáculo serio e infranqueable para el desarrollo pronto y expedito de los juicios radicados en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, especialmente, si se atiende a la obligación toral que atañe a las actuarías de las diversas salas que lo constituyen, a saber, notificar cualquier resolución, o en su caso, dar el aviso correspondiente en la Dirección de Correo Electrónico señalada, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente les hubiese sido turnado; obligación, cuyo incumplimiento,sin causa justificada, les acarrea una multa de una a tres veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, sin que exceda del 30% de su salario, o la destitución, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia. Por consiguiente, ni la autorización limitada que solamente a favor de licenciados en derecho establece el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para oír y recibir notificaciones y ejercer otros actos dentro del juicio, ni la “ausencia de secretarios actuarios suficientes paramantener al día las diligencias de notificación” en ese tribunal -porque no se acredita esta última circunstancia-, son razones que justifiquen la necesidad de la reforma propuesta en la minuta que se analiza.

IX. Quizás la intención del legislador al expedir la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, específicamente, determinar la intervención de licenciados en derecho para oír notificaciones en nombre de los particulares o sus representantes y hacer a favor de éstos promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, se fincó en el propósito de establecer solamente la posibilidad de autorizar en la materia a favor de aquéllos a personas con conocimientos especiales y cierta práctica en los negocios judiciales, requisitos sin los cuales fácilmente los particulares o sus representantes podrían sufrir daños irreparables o algún quebranto en el juicio, dejando al margen así a personas sin experiencia de carácter práctico y menos jurídica en el significado o interpretación de las notificaciones que se ordenaran realizar, habida cuenta que ni siquiera en la exposición de motivos de la iniciativa que anunció su expedición el 18 de octubre de 2001, presentada en la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, ni en las consideraciones de los dictámenes del 11 y 13 de noviembre de 2003, que la aprobaron y suscitaron su remisión a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en la discusión de sus artículos en las sesiones públicas correspondientes, ni en las consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público, de Cámara de Diputados, aprobado en esa colegisladora el 19 de abril de 2005, que con modificaciones regresó el proyecto de decreto al Senado de la República, proyecto que en sus términos se aprobó, enviándose al Ejecutivo Federal para ser publicado el 1o. de diciembre de 2005, aparece alusión alguna al sentido de esa disposición.

X. Ciertamente, existen otros ordenamientos jurídicos federales, como la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los que se distinguen preceptos que consignan facultades discrecionales a favor del agraviado y del tercero perjudicado -tratándose de la Ley de Amparo-, que permiten autorizar en materia civil, mercantil o administrativa, a licenciados en derecho para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su diferimiento o suspensión, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin que puedan substituir o delegar dichas facultades en un tercero; o bien, en cualquier materia, designar personas con capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin que gocen de las facultades con antelación aludidas. Ídem, en el Código Fiscal de la Federación, los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos; no exige ese complejo normativo calidad específica alguna en la persona así autorizada. También, el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, faculta a quien o quienes promuevan a precisar el nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, sin expresar extensión a otro tipo de actuaciones dentro del procedimiento. Por consiguiente, si este es el criterio al que se acude para homologar, en la especie, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con las leyes federales aludidas, a juicio nuestro, la reforma es atendible.

XI. Vistas las consideraciones que preceden, la reforma que se inserta en el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en efecto, es atendible, pero no en función de las razones o los argumentos a los que se acude para justificar la oportunidad de su vigencia, es decir, en función de la necesidad de acabar con la existencia de un rezago generado en forma desmedida en la cantidad de diligencias de notificación de acuerdos y resoluciones emitidos dentro de los expedientes radicados en las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la autorización limitada que sólo a favor de licenciados en derecho establece tal disposición para oír y recibir notificaciones, o bien, en función de la necesidad de mantener al día las diligencias de notificación que se ordenen en los procedimientos afines,sino en función del interés de ampliar el ámbito personal de recepción de las notificaciones en la materia, para su cabal conocimiento y efectos conducentes, a través de la facultad discrecional que permita a los particulares o sus representantes, también, autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos en su nombre, exclusivamente. La claridad, completitud y coherencia que se buscan en la creación de las normas, son los atributos en los que se sustenta la reforma que ha sido analizada.

Bajo esa tesitura, con fundamento en el apartado “A” del artículo 72, de la Constitución General de la República; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 88, 93, 135, 138, 139, 140 y 144 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, someten al Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 5, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 5.-....

.....

.....

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, queda de primera lectura.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal.


1“…la Sala Superior 14 939 notificaciones, de ellas 1 883 en forma personal, 2 559 por correo certificado con acuse de recibo, 8 164 por oficio, 2 330 por lista y 3 por correo electrónico; las salas regionales metropolitanas 125 079 notificaciones personales, 244 972 por oficio dirigidas a las autoridades jurisdiccionales y administrativas, y debido a la continuidad de un programa de apoyo instaurado desde finales de 2003, 38 028 notificaciones por oficio, en apoyo de salas foráneas; y las salas regionales foráneas 292 900 notificaciones personales y 642 218 diligencias por oficio. A través del Servicio Postal Mexicano, las salas regionales metropolitanas y las foráneas llevaron a cabo 41 196 y 302 013notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, respectivamente. A raíz de que a partir de 2001 se legisló sobre el uso de los medios electrónicos para llevar a cabo las notificaciones personales, con el fin de agilitar la instrucción en los juicios, y de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo incluye la figura de ‘aviso electrónico’; durante 2006 la Coordinación de Actuaría Común de Salas Regionales Metropolitanas llevó a cabo 71 notificaciones por tales medios, de las cuales 36 fueron avisos electrónicos, 33 correos electrónicos y 2 notificaciones por transmisión facsimilar, recabándose el acuse de recibo correspondiente en todos los casos.”






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1661 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 1661 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, recibida de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2008, para los efectos constitucionales procedentes.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 88, 93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan.

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 23 de octubre de 2008, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma EL artIculo 1661 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

II. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen, en la misma fecha la Minuta de referencia se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

ANALISIS DE LA MINUTA

I. La reforma, en la especie, se anima en el interés de ubicar a los destinatarios del precepto en el que se consigna, en un mismo plano de igualdad con relación a los modos de ejercer el derecho que a su favor en aquél se comprende. Para alcanzar esa finalidad, se suprime del enunciado que integra el artículo 1661 del Código Civil Federal, la condición sin la cual una de las maneras de repudiar la herencia en el caso particular no surtirá ningún efecto jurídico, es decir, la circunstancia que implica un privilegio o prerrogativa a favor de los herederos que no se encuentran en el lugar en donde se promueve el procedimiento del juicio sucesorio, para que sin necesidad de comparecer personalmente en éste, puedan válidamente repudiarla por medio de instrumento público otorgado ante notario. Dispone el numeral consabido, en efecto: “La repudiación de la herencia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentre en el lugar del juicio”.

II. Bajo ese orden de ideas, ciertamente, se acogió favorablemente la posibilidad de ampliar a todos los herederos testamentarios o ab intestato del autor de la sucesión, el derecho de repudiarla por medio de instrumento público otorgado ante notario, con independencia del lugar en el que se encuentren con relación a la sede del distrito judicial en donde se instruya el procedimiento correspondiente. Justificándose, en ese fin determinado, se resolvió suprimir la parte final del artículo 1661 del Código Civil Federal, para derogar la condición que en su texto vigente impide a los herederos que se encuentran en tal hipótesis la posibilidad de repudiar la herencia a través de aquel medio. Con esta reforma, en consecuencia, quienes por alguna razón no pudieren comparecer personalmente a ratificar ante el propio juez su rechazo expreso a la herencia, aunque se encuentren en el lugar en donde se tramite el juicio, tendrán la facultad discrecional de optar por el instrumento público consabido para ejercer su derecho a la repudiación de aquélla.

CONSIDERACIONES

I. Descrita la Minuta, que se invoca, se desprende de la exposición de motivos de su causa prístina -iniciativa presentada el 14 de marzo de 2006, por la Diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional-, así como de las consideraciones aducidas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, el 21 de octubre de 2008, la necesidad de ampliar a todos los herederos el privilegio o prerrogativa que en el texto vigente de la disposición legal que modifica, solamente se otorga a favor de aquellos sucesores que no se encuentran en el lugar en el que se promueve el procedimiento del juicio relativo, para repudiar la herencia por medio de instrumento público otorgado ante notario. La intención del legislador, así concebida, se orienta a la satisfacción de una exigencia de orden práctico y de sentido común, justificadaen los principios de equidad e igualdad ante la ley; principios, conforme a los cuales, ante la presencia de igualdad de razones, debe acudirse ineludiblemente al otorgamiento del mismo derechoo de la misma regla jurídica.

II. Interpretando correctamente los supuestos implícitos en el precepto legal que se reforma, es evidente en ellos el trato desigual e injusto que actualmente se manifiesta entre los herederos que se encuentran en el lugar del juicio y los que no lo están, cuando se actualiza su derecho de renunciar a su calidad de tales y, por añadidura, a los derechos, bienes y obligaciones que se les transmiten por virtud de la herencia que se denuncie. Obra en tal precepto, en consecuencia, la presencia de una clara desatención a los principios consabidos y al derecho público subjetivo fundamental en que se traducen, que el legislador ordinario busca subsanar a través de la reforma que se plantea, al establecer con ella la posibilidad de optar libremente entre las dos alternativas que ofrece como modos de ejercer el derecho en cuestión, empero, sin hacer distingo alguno entre sus destinatarios por el lugar en que se encuentren, para determinar la validez del acto que formulan. La reforma, así presentada, enriquece la flexibilidad de la disposición legal en la que se inserta, porque la aleja del carácter rígido de una circunstancia que es injusta por las razones ya expresadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 88, 93, 135, 138, 139, 140 y 144 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 1661 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1661.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de instrumento público otorgado ante Notario.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda de primera lectura.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que se ratifican tres grados de Almirantes.






RATIFICACION DE GRADOS NAVALES

(Dictámenes a discusión)

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 3 propuestas de ratificación de grados de Almirantes conferidos por el Ejecutivo Federal con efectos a partir del 20 de noviembre del presente año.

Esta Comisión, de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 76 fracción II, 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 83, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada del análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a laratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo, llevó a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL GRADO DE ALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos de Almirante del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Federal.

2. Con fecha 10 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de este Organo Colegiado, mediante oficio número DGPL-191ª.-2005, turnó a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen, los expedientes personales y hojas de servicio del personal de la Armada de México, los cuales contienen los nombramientos expedidos por el Presidente de la República, para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

3. En fecha 17 de noviembre del año en curso, los Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión de Marina, celebraron una reunión de trabajo para discutir, analizar y elaborar el Dictamen respectivo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía en los términos que aquí se expresan, para su discusión y en su caso aprobación.

ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

RATIFICACION DEL GRADO DE ALMIRANTE

El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.-…

II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”.

La citada facultad se encuentra compartida con el Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna, en relación con lo establecido por la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 63, que para tal fin se transcriben:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, ...”

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

Artículo 63.- Los ascensos de Capitán de Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.

Para tal efecto, el Alto Mando propondrá al Mando Supremo el personal que reúna los requisitos para ascender, y le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía”.

Lo anterior, nos permite concluir que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación, advirtiéndose que con ello se ejerce un control como unimperativo constitucional, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

Para cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para merecer el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Almirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- Se ratifican los nombramientos en elgrado de Almirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de los Ciudadanos:

1. ALMIRANTE C.G.EDUARDO RAMON CANO BARBERENA

2. ALMIRANTE C.G. DEM. SANTOS HUMBERTO GOMEZ LEYVA

3. ALMIRANTE C.G. DEM. JORGE ARTURO MALDONADO OROZCO

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente.- Sen. Josefina Cota Cota, Secretaria.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Seccretaria.- Sen. José Julián Sacramento Garza”.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la lectura del dictamen de la Comisión de Marina que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican tres grados de almirantes. Quienes estén porque se dispense la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia está a discusión el anterior dictamen. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, reservaremos este dictamen para su votación nominal en conjunto con los tres siguientes dictámenes que se refieren a la misma materia.

Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Marina con punto de Acuerdo por el que se ratifican cinco grados de Vicealmirantes.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 5 propuestas de ratificación de grados de Vicealmirantes conferidos por el Ejecutivo Federal con efectos a partir del 20 de noviembre del presente año.

Esta Comisión, de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 76 fracción II, 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 83, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada del análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a laratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo, llevó a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTE”", en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL GRADO DE VICEALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos de Vicealmirante del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Federal.

2. Con fecha 10 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de este Organo Colegiado, mediante oficio número DGPL-191ª.-2005, turnó a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen, los expedientes personales y hojas de servicio del personal de la Armada de México, los cuales contienen los nombramientos expedidos por el Presidente de la República, para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

3. En fecha 17 de noviembre del año en curso, los Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión de Marina, celebraron una reunión de trabajo para discutir, analizar y elaborar el Dictamen respectivo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía en los términos que aquí se expresan, para su discusión y en su caso aprobación.

ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

RATIFICACION DEL GRADO DE VICEALMIRANTE

El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.-…

II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”.

La citada facultad se encuentra compartida con el Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna, en relación con lo establecido por la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 63, que para tal fin se transcriben:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, ...”

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

Artículo 63.- Los ascensos de Capitán de Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.

Para tal efecto, el Alto Mando propondrá al Mando Supremo el personal que reúna los requisitos para ascender, y le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía”.

Lo anterior, nos permite concluir que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación, advirtiéndose que con ello se ejerce un control como unimperativo constitucional, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

Para cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para merecer el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Vicealmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- Se ratifican los nombramientos en elgrado de Vicealmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de los Ciudadanos:

1. VICEALMIRANTE CG. DEM. RUBEN MEDINA MURO

2. VICE ALMIRANTE CG. DEM. ALEJANDRO SALOMON VELMAR

3. VICEALMIRANTE CG. DEM.VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ

4. VICEALMIRANTE CG. DEM.VICTOR MANUEL GAMBOA CARVALLO

5. VICEALMIRANTE AN. PA. DEM.JOSE LUIS CARREÑO CASTILLA

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente.- Sen. Josefina Cota Cota, Secretaria.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Secretaria.- Sen. José Julián Sacramento Garza”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de un dictamen de la Comisión de Marina con punto de Acuerdo por el que se ratifican cinco grados de Vicealmirantes. Quienes estén porque se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, reservamos este dictamen para su votación nominal en conjunto con el anterior y los subsecuentes que contienen ratificaciones en el mismo sentido.

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Marina que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican 19 grados de Contralmirantes.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 19 propuestas de ratificación de grados de Contralmirantes conferidos por el Ejecutivo Federal con efectos a partir del 20 de noviembre del presente año.

Esta Comisión, de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 76 fracción II, 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 83, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada del análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por parte de este Organo Legislativo, llevó a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL GRADO DE CONTRALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos de Contralmirante del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Federal.

2. Con fecha 10 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, mediante oficio número DGPL-191ª.-2005, turnó a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen, los expedientes personales y hojas de servicio del personal de la Armada de México, los cuales contienen los nombramientos expedidos por el Presidente de la República, para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

3. En fecha 17 de noviembre del año en curso, los Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión de Marina, celebraron una reunión de trabajo para discutir, analizar y elaborar el Dictamen respectivo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía en los términos que aquí se expresan, para su discusión y en su caso aprobación.

ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

RATIFICACION DEL GRADO DE CONTRALMIRANTE

El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.-…

II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”.

La citada facultad se encuentra compartida con el Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna, en relación con lo establecido por la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 63, que para tal fin se transcriben:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, ...”

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

Artículo 63.- Los ascensos de Capitán de Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.

Para tal efecto, el Alto Mando propondrá al Mando Supremo el personal que reúna los requisitos para ascender, y le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía”.

Lo anterior, nos permite concluir que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación, advirtiéndose que con ello se ejerce un control como un imperativo constitucional, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

Para cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para merecer el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Contralmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- Se ratifican los nombramientos en el grado de Contralmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de los Ciudadanos:

1. CONTRALMIRANTE CG. DEM.PEDRO RAMON FONSECA CARDENAS

2. CONTRALMIRANTE CG. DEM. SERGIO MORALES GONZALEZ

3. CONTRALMIRANTE CG. DEM. HECTOR GUSTAVO JIMENEZ HERNANDEZ

4. CONTRALMIRANTE CG. DEM.FRANCISCO PONCE FERNANDEZ DE CASTRO

5. CONTRALMIRANTE CG. DEM.SALVADOR MIRANDA ORENDAIN

6. CONTRALMIRANTE CG. DEM.ROSENDO JESUS ESCALANTE ILIZALITURRI

7. CONTRALMIRANTE CG. DEM.GONZALO ORTIZ GUZMAN

8. CONTRALMIRANTE CG. DEM. CARLOS MARTIN DELGADO GUZMAN

9. CONTRALMIRANTE AN. PA. DEM. DAVID HUMBERTO BERDON MARTINEZ

10 CONTRALMIRANTE AN. PA. DEM. JAVIER OLVERA LARA

11. CONTRALMIRANTE AN. PA. DEM. FERNANDO JIMENEZ TREJO

12. CONTRALMIRANTE I.M. DEM. ANGEL ALFARO CASTELAN

13. CONTRALMIRANTE I.M. DEM.MARCO ANTONIO ORTEGA SIU

14. CONTRALMIRANTE I.M. DEM. JOSE PEDRO LADINO BONILLA

15. CONTRALMIRANTE I.M. DEM.RAUL SANCHEZ MARTINEZ

16. CONTRALMIRANTE I.M. DEM.ARMANDO JAVIER ARAUZ ARREDONDO

17. CONTRALMIRANTE SAIN. ESP. JOSE MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR

18. CONTRALMIRANTE SIA. I. NAV. MARIANO VALENCIA SALINAS

19. CONTRALMIRANTE SIA. I. NAV.PEDRO JAVIER ROCHER CASTRO

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente.- Sen. Josefina Cota Cota, Secretaria.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Secretaria.- Sen. José Julián Sacramento Garza”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de la Comisión de Marina con punto de Acuerdo por el que se ratifican 19 grados de Contralmirantes. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen.

Toda vez que no hay quien haga uso de la palabra, este dictamen se reserva junto con los dos anteriores, y el siguiente para su votación nominal en conjunto.

Y tenemos también la discusión de otro dictamen de la propia Comisión de Marina que contiene punto de Acuerdo por el que ratifican 40 grados de Capitanes de Navío.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 40 propuestas de ratificación de grados de Capitanes de Navío conferidos por el Ejecutivo Federal con efectos a partir del 20 de noviembre del presente año.

Esta Comisión, de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 76 fracción II, 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 83, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada del análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a laratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo, llevó a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL GRADO DE CAPITANES DE NAVIO”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos de Capitán de Navío del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Federal.

2. Con fecha 10 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de este Órgano Colegiado, mediante oficio número DGPL-191ª.-2005, turnó a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen, los expedientes personales y hojas de servicio del personal de la Armada de México, los cuales contienen los nombramientos expedidos por el Presidente de la República, para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

3. En fecha 17 de noviembre del año en curso, los Ciudadanos Senadores integrantes de la Comisión de Marina, celebraron una reunión de trabajo para discutir, analizar y elaborar el Dictamen respectivo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía en los términos que aquí se expresan, para su discusión y en su caso aprobación.

ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

RATIFICACION DEL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO

El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

En efecto, dicho numeral señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.-…

II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”.

La citada facultad se encuentra compartida con el Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna, en relación con lo establecido por la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 63, que para tal fin se transcriben:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, ...”

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

Artículo 63.- Los ascensos de Capitán de Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.

Para tal efecto, el Alto Mando propondrá al Mando Supremo el personal que reúna los requisitos para ascender, y le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía”.

Lo anterior, nos permite concluir que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación, advirtiéndose que con ello se ejerce un control como unimperativo constitucional, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

Para cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para merecer el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Capitán de Navío, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- Se ratifican los nombramientos en elgrado de Capitán de Navío que el Ejecutivo Federal expidió a favor de los Ciudadanos:

1. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.JOSE BARRADAS COBOS

2. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.CRISTOBAL RODRIGUEZ LEYVA

3. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.JESUS LOPEZ VALLEJO

4. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.RUBEN GUSTAVO MUÑOZ ANGUIANO

5. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM. RAMON DE JESUS VIGA ROSADO

6. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.RAUL PEREZ VASQUEZ

7. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM. JOSE IGNACIO MORENO DIAZ

8. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.RAUL MARTINEZ SANCHEZ

9. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.JORGE VICTOR VAZQUEZ ZARATE

10 CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.JORGE MEDINA ANTONIO

11. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.ERNESTO BAÑARES ROSETE

12. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.FIDENCIO VARGAS AVILA

13. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.GABRIEL ALBERTO BAEZ LOPEZ

14. CAPITÁN DE NAVIO CG.LUIS ANGEL LEON VELA

15. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM. ARTURO ALVAREZ MERAZ

16. CAPITAN DE NAVIO CG.TOMAS GOMEZ VALVERDE

17. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.SILVERIO MANUEL

RODRIGUEZ BARRERA

18. CAPITAN DE NAVIO CG.JOSE ALFREDO LEON PETO

19. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.RAYMUNDO PEDRO

MORALES ANGELES

20. CAPITAN DE NAVIO CG.VICENTE ANDRADE MORALES

21. CAPITAN DE NAVIO CG. DEM.CECILIO OLVERA MALAGON

22. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. ALBERTO VALERIO VERDUZCO

23. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. FERNANDO RIOS SOSA

24. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. JORGE ALONSO LARA INZUNZA

25. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. RAUL VELAZQUEZ BRAVO

26. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM.LAURO LEONARDO PEREZ

PEREZ

27. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. ALEJANDRO HERNANDEZ

GUEROLA

28. CAPITAN DE NAVIO AN. PA. DEM. GILBERTO CARBALLO AVILA

29. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.EVARISTO CRUZ CABAÑAS

30. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.MIGUEL ANGEL RUIZ CASTILLO

31. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.JOSE MANUEL GUIDO ROMERO

32. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.CARLOS MARTINEZ CORTES

33. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.MARINO REYES DELGADO

34. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.JOSE LUIS QUINTO DIAZ

35. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.RUBEN TIBURCIO BALTAZAR

36. CAPITAN DE NAVIO I.M.GABRIEL GARCIA CHAVEZ

37. CAPITAN DE NAVIO I.M. DEM.JOSE JESUS CUEVAS

38. CAPITAN DE NAVIO SAIN. L. CONT. (N) IRMA DE LOS SANTOS AYALA

39. CAPITAN DE NAVIO SSN. MC. (N) JORGE ANAYA ORTIZ

40. CAPITAN DE NAVIO SSN. L. ENFERM. (N) LORENZO LOPEZ CABRERA

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente.- Sen. Josefina Cota Cota, Secretaria.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Secretaria.- Sen. José Julián Sacramento Garza”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este último dictamen de la Comisión de Marina con punto de Acuerdo por el que se ratifican 40 grados de capitanes de navío. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario, por lo tanto está a discusión el dictamen.

Toda vez que no hay quien haga uso de la palabra, solicito que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de los dictámenes que se han reservado y que han sido sometidos a la consideración de esta Asamblea.

Solicito se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de éste y los tres anteriores dictámenes.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ARCE RENE

PRD

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

HERVIZ REYES ARTURO

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente se emitieron 79 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, se declaran aprobados por 79 votos a favor los dictámenes que contienen puntos de Acuerdo por los que se ratifican 3 grados de Almirantes; 5 grados de Vicealmirantes; 19 grados de Contralmirantes; y 40 grados de Capitanes de Navío. Comuníquese.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 26, de fecha 17 de noviembre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se omita su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, compañeras y compañeros, está a discusión el dictamen en lo general.

Previamente ha solicitado el uso de la palabra el Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, a quien se le solicita haga uso de la tribuna.

- El C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea: Gracias, señor Presidente, y con su permiso.

El espíritu que anima precisamente este proyecto de Decreto, es el fortalecer de una forma efectiva el carácter incluyente, democrático, equitativo, abierto a todos los deportistas para que todos, sin distinción de capacidades todos reciban los mismos privilegios, los mismos beneficios, los mismos premios, tanto los atletas así llamados convencionales, como los atletas de tipo paralímpico.

Desde este punto de vista agradecemos los miembros de la Comisión las modificaciones que nos mandaron por parte de la Cámara de Diputados, de la Colegisladora, que enriquecieron grandemente este proyecto de Decreto. También quiero aprovechar este momento para señalar una deficiencia que desde nuestro punto de vista se cometió en el otorgamiento del Premio Nacional del Deporte que corresponde a este año, nos parece una omisión imperdonable el hecho de no haber distinguido con este premio a ningún atleta paralímpico de nuestro país, siendo que ellos son los que han ganado mayor tipo de medallas en competencias internacionales, nos parece realmente un error imperdonable que pudo haber sido subsanado a tiempo, pero estamos seguros que al interior del Senado lo vamos a resolver de alguna manera.

Por eso, yo invito a todos ustedes a que votemos a favor de la aprobación de este proyecto de Decreto de la Ley General de Cultura Física y Deporte que, les digo, lo que trata de hacer es favorecer el espíritu democrático y la inclusión de todos los deportistas de este país.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, gracias a usted, Senador José Luis García Zalvidea.

Esta Presidencia no tiene registrados más oradores en lo general, por lo tanto consulto a la Asamblea si alguna señora o señor Senador van a reservar algún artículo en lo particular. No habiendo reserva de artículos en lo particular y habiendo agotado la discusión en lo general y en lo particular, solicito se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un mismo acto, hasta por tres minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ARCE RENE

PRD

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RAMIREZ GARRIDO ABREU GRACO

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL

PRI

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

TREJO REYES JOSE ISABEL

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 74 votos a favor y ninguno en contra.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, se declara aprobado en lo general y en lo particular, por 74 votos, el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, esta Presidencia ha puesto atención también al ofrecimiento del Senador García Zalvidea para que el Senado en su oportunidad haga el debido reconocimiento a nuestros atletas paralímpicos por su destacado desempeño y por el esfuerzo y ejemplo que nos dan. Estaremos pendientes para colaborar en dicha gestión.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud la elaboración de un estudio.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“Comision de Salud

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo con relación a la toxicidad de los metales pesados y los daños que provoca a la salud. Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance del referido punto de Acuerdo.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

ANTECEDENTES

1. Con fecha23 de abril de 2009, el Senador Raúl Mejía González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó punto de Acuerdo con relación a la toxicidad de los metales pesados y los daños que provoca a la salud.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo pretende solicitar al titular de la Secretaría de Salud la elaboración de un estudio para conocer la posibilidad de crear un laboratorio nacional para el análisis de muestras de cabello, a fin de determinar la cantidad de metales tóxicos en el organismo y cualquier desequilibrio de elementos en el cuerpo, capaces de propiciar una morbilidad específica. Esto, con el propósito de instaurar una cultura de medicina preventiva entre la población, asimismo, se solicita que lleve a cabo una campaña de información sobre la toxicidad de los siguientes elementos: aluminio, antimonio, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, estaño, platino, plomo, mercurio, níquel, talio, torio, titanio y uranio.

CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que gozan todos lo mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el determinar la cantidad de metales tóxicos en el organismo y sus efectos, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social, máxime que representa un asunto de salud pública.

B. Como parte de las facultades con las que se cuenta para poder solicitar información a las diversas instituciones de gobierno; previo estudio y análisis tanto del punto de Acuerdo, como de lo referido a esta Soberanía, se estima que la toxicidad asociada a metales pesados tóxicos, se debe a la acumulación de los mismos por consumo de alimentos, agua, exposición al medio ambiente, entre otras causas. Esto puede generar un problema de salud en la población, lo que hace necesario la implementación de una cultura de prevención para evitar un daño a la salud pública.

C. Es menester mencionar que una de las opciones que se han estudiado para poder determinar la exposición de niveles de metales es a través del análisis de cabello. Sin embargo en un estudio realizado en el 2001 por la agencia para sustancias toxicas y registro de enfermedades de Estados Unidos de Norteamérica (ATSDR, por sus siglas en ingles), indicaron que la presencia de una sustancia en el cabello puede indicar exposición, tanto interna como externa del cuerpo, pero no necesariamente indica la fuente de exposición. Observaron que solo se ha establecido una relación entre concentraciones de contaminantes de cabello y todo tipo de resultado medible para el metilmercurio y en grado limitado para el arsénico, siempre que pueda descartarse la contaminación externa.

D. Existen métodos de laboratorio para medir los niveles de algunos contaminantes ambientales en el pelo, pero los procedimientos necesitan uniformizarse para contribuir a garantizar resultados más precisos y confiables.

E. Los factores que limitan el desarrollo de una metodología uniforme son los siguientes: la falta de referencia, en las cuales enmarcar la interpretación de resultados. Dificultades para distinguir entre contaminación interna y externa en el cabello. La falta de evidencia sobre la manera y el grado en que los contaminantes ambientales están incorporados al cabello. La falta de correlación entre niveles de metales en el cabello, sangre y otros tejidos blandos, así como la falta de datos epidemiológicos que vinculan niveles específicos en el cabello a sustancias con efectos adversos para la salud.

F. La información disponible es escasa en relación con el estudio de compuestos orgánicos ambientalmente pertinentes en el cabello.

G. Por estas razones, se considera que la implementación de un laboratorio específico para el análisis de cabello, en la estimación a la exposición de la población a los metales pesados, no arrojaría información que permitiera la adopción de medidas preventivas para disminuir el grado de contaminación, exposición a metales pesados. Sin embargo, con los equipos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se puede en caso de ser necesario llevar a cabo el montaje de la metodología para la cuantificación de diversos metales en varias matrices, entre ellas el cabello.

H. Por otro lado, la campaña para hacer conciencia entre la población es muy importante y prioritaria, esta labor debe hacerse en coordinación con diferentes dependencias gubernamentales ya que el impacto en las acciones que cada una de ellas ejecute, tendrá un efecto sinérgico para un beneficio y protección de la población con respecto a los metales pesados. Las dependencias serían las siguientes:

SAGARPA.- La evaluación de los productos de consumo tanto vegetales y animales, ya que a través de la cadena alimentaria puede haber una ingesta de metales pesados.

CONAGUA.- Con la evaluación y control de calidad del agua, tanto residual y potable. Residual, ya que un correcto tratamiento de ésta, repercute en la protección de la contaminación de ríos, mar y mantos frenéticos; por otro lado, el agua potable, ya que ésta debe contar con niveles permisibles de concentración de estos metales.

SEMARNAT.- El cuidado del medio ambiente, con la aplicación de normas que regulen el manejo correcto de material potencialmente peligroso. Por ejemplo. Las pilas.

SEP.- Enseñanza desde niveles básicos, el correcto manejo de productos que su mal tratamiento en su desecho puede liberar sustancias que provoquen una contaminación por metales pesados. Por ejemplo la forma en que se desechan las pilas y baterías.

INSP.- Este instituto tiene varias líneas de investigación, entre ellas, la de salud ambiental y en ella menciona la investigación que hace sobre metales pesados en la salud pública.

I. Una vez leída y analizada la información contenida en el presente documento, se concluye que si bien no existe un laboratorio para analizar muestras de cabellos a fin de determinar la cantidad de metales tóxicos en el organismo y cualquier desequilibrio de elementos en el cuerpo, capaces de propiciar una morbilidad específica, también es cierto que de ser necesario, la COFEPRIS podría en su caso llevar a cabo dichas pruebas en los laboratorios con los que cuenta, razón por la cual de ser necesario, estos (laboratorios de COFEPRIS) podrían ser utilizados para que se analicen no sólo las muestras de cabello, sino también para otros tejidos fluidos del organismo para efectos necesarios y conducentes.

J. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

Unico.- Solicitar al titular de la Secretaría de Salud la elaboración de un estudio para conocer la posibilidad de crear un laboratorio nacional para el análisis de muestras de cabello y otros tejidos y fluidos, a fin de determinar la cantidad de metales tóxicos en el organismo y cualquier desequilibrio de elementos en el cuerpo, capaces de propiciar una morbilidad específica. Esto, con el propósito de instaurar una cultura de medicina preventiva entre la población, asimismo, se solicita que lleve a cabo una campaña de información sobre la toxicidad de los siguientes elementos: aluminio, antimonio, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, estaño, platino, plomo, mercurio, níquel, talio, torio, titanio y uranio.

Comision de Salud”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. Ha solicitado el uso de la palabra para referirse a este punto de Acuerdo el Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hacemos uso de la tribuna para apoyar el punto de Acuerdo del compañero Raúl Mejía, a favor de este proyecto de dictamen que presentamos en la Comisión de Salud.

Como ustedes tienen conocimiento, los metales pesados cada vez más amenazan a nuestra salud, estudios recientes han corroborado que hoy en día tenemos de 400 a mil veces más plomo en los huesos que hace 400 años, esto es por la actividad minera, por la actividad industrial y, desde luego, también por el consumo de alimentos con alto grado de herbicidas y de pesticidas.

La ingestión o inhalación de metales pesados, como es el plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio, entre otros, son causa de malformaciones congénitas, de mutaciones, de inhibiciones enzimáticas, de inmunodepresión, o sea supresión de nuestro sistema inmunológico, daños al sistema nervioso central, problemas hematológicos, como son anemias, leucemias; asimismo, son causa frecuente de cáncer pulmonar, de vejiga, del sistema reproductor femenino, de asmas, de problemas cardiovasculares, de daños neurológicos y también, desde luego, del riñón, y también son causa por la inhibición enzimática que muchos de ellos tienen, de mal nutriciones y de enfermedades metabólicos.

El grupo parlamentario del PRD por eso va a votar a favor de ese dictamen, resulta necesario que las autoridades sanitarias del país realicen acciones tendientes a prevenir, precisamente, este tipo de padecimientos relacionados con el consumo, inhalación o exposición de los diferentes metales pesados.

No debe pasar inadvertido que es un mandato constitucional que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Un ejemplo de esta situación, es que ciertas actividades, como es la minería, o la soldadura u otras, son frecuentemente casos que exponen a las personas a la ingestión o la inhalación de estos metales pesados, afectando fuertemente a la salud pública.

Por eso es importante que también en los estados donde se encuentran las industrias en donde se explota la minería, los efectos colaterales de extracción de estos minerales no afecten a los trabajadores, buscando también las medidas de protección, pero también que no dañen a nuestro medio ambiente y a los ecosistemas, por eso yo los invito y las invito, Senadores y Senadoras, a aprobar este punto de Acuerdo.

Y rogaría también que se agregaran a la lista de los metales que se hicieron hace un rato del conocimiento, otros metales pesados que también son causa de daños, como viene siendo el oro, la plata, que causa argiria y, sobre todo, el flúor, que si bien es cierto, para la formación de los huesos y dientes, también en un exceso, sobre todo cuando se consume agua con altos niveles de flúor, también se acumula a tal grado que causa daños a los huesos y a los dientes, causando, inclusive, casos de “osteomalacia”; flúor, plata y oro.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchas gracias a usted, Senador Mejía Haro. Un tema de la mayor importancia. Señor Senador, quiero saber si deja por escrito su propuesta de la inclusión al resto de los metales pesados incluidos en el dictamen, su propuesta de inclusión del oro, plata y flúor para saber si la Asamblea, en su momento, lo autoriza.

Se le ofrece el uso de la palabra al Senador Ernesto Saro Boardman, Presidente de la Comisión de Salud. Le pediría también refiera su punto de vista sobre la propuesta de la inclusión de oro, plata y flúor a la lista de metales incluidos en el dictamen.

- El C. Senador Ernesto Saro Boardman: Así es, señor Presidente, muchas gracias.

Simplemente para sumarnos a este punto de Acuerdo ya votado por la Comisión de Salud, donde aunado a las consideración que ya nos hizo el doctor Mejía Haro, decirles que este tipo de estudios son muy costosos, están fuera del alcance para muchos sectores de la población, para muchas regiones, muchas entidades, son estudios muy extensos que toman meses el poderlos elaborar y que cuesta muchísimo dinero, y hoy hay tecnologías que están disponibles, y creemos que este exhorto a la propia Secretaría, a través de estos estudios en un laboratorio centralizado donde la inversión que se haga con creces va a ser retribuida al poder prevenir y no esperar a que se presenten síntomas ya de intoxicación, donde son procesos que no son reversibles.

Este tipo de intoxicaciones lamentablemente ya no es un proceso reversible, los niños, su nivel de plomo en la sangre ya es alto, difícilmente se recuperan. Se suspende que siga avanzando, pero ya no regresan a su estado de salud.

Entonces el hecho de que podamos prevenir con estudios de cabello, de tejidos, de fluidos, en una forma más dinámica y que esté al alcance de las poblaciones de riesgo, eso va a ayudar mucho a las actitudes preventivas.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, les pedimos el apoyo a este punto de Acuerdo, que estaremos muy al pendiente y dándole seguimiento para que se pueda establecer en nuestro país un centro de esta naturaleza.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchas gracias a usted, Senador Ernesto Saro. Primero, pregunto a la Asamblea si autoriza se incorpore la proposición que consiste en incluir en la lista de los metales pesados, el oro, plata y flúor.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza esta adición.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se incluya la adición de plata, oro y flúor, que propone el Senador Mejía Haro al punto de Acuerdo que se encuentra en discusión. Quienes estén porque se adicione, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se adicione, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente).

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Bien. Ahora le ruego, señor Secretario, consulte a la Asamblea si se aprueba el punto de Acuerdo en los términos planteados con la adición autorizada.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo planteado con la adición con que se acaba de aprobar. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Queda aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen también de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“Comision de Salud

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas para fortalecer los servicios de salud para fumadores. Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance del referido punto de Acuerdo.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

ANTECEDENTES

1. Con fecha25 de noviembre de 2008, los Senadores María Elena Orantes López y Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas para fortalecer los servicios de salud para fumadores.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas para fortalecer los servicios de salud para fumadores.

CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que gozan todos lo mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el consumo de tabaco, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social, máxime que representa un asunto de salud pública.

B. Como parte de las facultades con las que se cuenta para poder solicitar información a las diversas instituciones de gobierno; previo estudio y análisis tanto del punto de Acuerdo, como de lo referido a esta Soberanía, se estima que, para el Consejo Nacional contra las Adicciones el Alcoholismo, la Fármacodependencia y el Tabaquismo son temas centrales, por lo que ante tal trascendencia y preocupación de la Secretaria de Salud y de la CONADIC, ante el incremento del consumo de tabaco y daños relacionados en cualquiera de sus presentaciones, ha creado un Programa de acción en adicciones: Tabaquismo, entre otros; y también ha alentado a las en entidades federativas para crear distintos ordenamientos en materia de tabaco o bien de protección a los no fumadores.

C. Tras la creación, en el año 2003, de un instrumento internacional denominado Convenio Marco para el Control del Tabaco CMCT, ratificado en México el 28 de Mayo de 2004, el cual establece distintas estrategias y líneas de acción en materia de control y sanidad contra el tabaco, se dio impulso a la creación de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada en el D.O.F el 30 de mayo de 2008, así como el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el 31 de mayo de 2009. Ley que se acompaña de la creación no solo de un programa, sino de una Oficina Nacional para el Control del Tabaco, misma que opera por disposición del Secretario de Salud a partir del 28 de agosto de 2008, con el objeto de atender todo lo relacionado con el tema.

D. Es menester mencionar que las medidas implementadas y los programas, a saber son:

1. La creación de las UNEMES (Unidades de Especialidades Médicas)-CAPA (Centro de Atención Primaria en Adicciones) “Centros Nueva Vida”. Unidades para la prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, a través del apoyo psicológico, trabajo social y médico, a la cual se les ha enviado la Guía para el tratamiento de pacientes con tabaquismo, así como a todos los Centros de Nueva Vida, a nivel nacional.

2. Curso de capacitación en línea para la atención de pacientes con adicción a la nicotina. Programa desarrollado en asociación con el Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); en el que se trabaja con el diseño e implementación de un programa de capacitación en línea para los profesionales de la salud que prestan sus servicios en los Centros Nueva Vida entre otros centros de tratamiento, desplegando toda la información científica y técnica requerida para dar atención a los pacientes con tabaquismo.

3. Programa entre Colillas. Programa permanente de difusión de los daños para la salud derivados del consumo de productos de tabaco, en asociación con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). En este programa se describen los efectos sobre la salud por fumar, tanto de manera activa como por la exposición pasiva al humo de tabaco; también se da a conocer la efectividad de los diferentes métodos de tratamiento para la adicción a la nicotina, así como la red de Clínicas de Ayuda para Dejar de Fumar a nivel nacional.

4. Programa de capacitación de personal sanitario en diagnóstico y tratamiento de pacientes con tabaquismo. En coordinación con los Centros Estatales contra las Adicciones; se efectúa el curso itinerante, de manera adicional a los encuentros de CECAs y al programa de capacitación en línea, se organizan cursos regionales en los estados donde se convoca a todos los interesados en capacitarse en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con tabaquismo.

5. Encuentros Nacionales de Centros Estatales contra las Adicciones CECAs. Se trata de reuniones con los responsables de adicciones a nivel estatal y se evalúan los avances del Programa Nacional contra Tabaquismo, el desarrollo e implementación de políticas públicas para el control del tabaco, y de manera especial la promoción de los programas de ayuda para dejar de fumar, realizadas dos veces al año.

6. Desarrollo de material de divulgación para apoyo a las políticas públicas relacionadas con el control del tabaco, en el que se promueve la cesación del consumo de productos de tabaco. En asociación con la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud OPS. Se han distribuido en el 2009 una serie de materiales consistentes en carteles, trípticos, adheribles y caballetes de mesa donde se invita a la población a dejar de fumar a través del Centro de Orientación Telefónica COT en adicciones de la CONADIC-STCONADIC.

7. Proyecto de medios para apoyar la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco LGCT y sensibilización de la población. Desarrollo del proyecto de medios para apoyo de la LGCT en asociación con la Fundación Mundial del Pulmón World Lung Foundation, WLF, específicamente la promoción de los servicios de cesación del consumo de productos del tabaco. En espera de fondos para su ejecución.

8. Actualización de la Normatividad. Tal es el caso de la última versión de la antes NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, hoy denominada NOM-028-SSA2-2009, publicada el 21 de agosto del año que transcurre, que contiene numerales que hacen mención de lo relacionado con la prevención, el diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de los consumidores de nicotina.

9. Propuesta Fiscal Para la Reducción de la Demanda de Tabaco (2010). Una de las medidas que ha demostrado ser más efectiva para disminuir el consumo de tabaco por los diversos segmentos de la población, en particular los jóvenes, ha sido la implementación de políticas públicas, en especial, políticas fiscales que incrementen el precio de los productos de tabaco, para reducir su demanda e incentivar su abandono, política que obedece a lo estipulado en el Convenio Marco para el Control del Tabaco CMCT.

10. Acuerdo Secretarial sobre Pictogramas y leyendas de Advertencia para el empaquetado y etiquetado externo de los productos de tabaco. Basados en la evidencia científica disponible y la experiencia internacional, y en acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que hace referencia a las medidas eficaces respecto a los paquetes y envases de los productos de tabaco, así como al empaquetado y etiquetado el cual que contendrá advertencias sanitarias sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, entre otros mensajes apropiados, de manera rotativa, grandes, claros y legibles, aprobados por la autoridad nacional competente y conforme la legislación de cada país firmante.

F. Toda vez que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, incluya un apartado sobre “servicios de cesación”, en el proyecto de Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco” que actualmente está bajo evaluación y proceso de dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y de esta forma, se incluya en su contenidodisposiciones que permitan ofrecer, regular y evaluar dichos servicios.”

G. Respecto de este punto, es necesario tomar en cuenta que el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, fue publicado el pasado 31 de Mayo del presente año.

H. En cuanto a los “servicios de cesación”, se ha mencionado en lo referido al exhorto primero, la gama de opciones para quienes desean incorporarse a un tratamiento; pero además en el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, se hace mención de algunas acciones y medidas a favor de la cesación de consumo a través del control y regulación del empaquetado, la publicidad, los pictogramas y las medidas sanitarias del propio producto, y que van acompañadas de advertencias sanitarias sobre los efectos nocivos que ocasiona la nicotina, en cualquiera de sus presentaciones. Tal es el caso del artículo 5, fracción V, que hace referencia de los “acuerdos sobre las características y contendido que tendrán los mensajes sanitarios y los pictogramas utilizados en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco…”. Así mismo, como en su fracción VI que establece “… las características con que deberán contar los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como las zonas exclusivamente para fumar”, aspecto que también favorece la cesación del consumo, por limitar su alcance.

I. Lo anterior sin dejar de lado lo que establece en el Capítulo Sexto, artículos 49 y 50, en los que se regula la presentación del producto, para no confundir al consumidor con productos que generan menor daño; así como la inclusión de información sobre la asesoría y orientación relativa de centros de tratamiento y ayuda para dejar el consumo del tabaco, que deberá estar a la vista del empaque; así como la prohibición de la venta a menores de edad, son acciones que minimizan el acceso al producto y desalientan el consumo.

J. Por otro lado en su Capítulo Tercero, sobre la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, hace referencia en su Artículo 51, en materia de protección contra la exposición al humo de tabaco, sobre las medidas de orientación, educación y prevención, las acciones derivadas del Reglamento, por mencionar algunas: información de las graves consecuencias sobre la salud al fumar, de la exposición al humo de tabaco, la orientación para evitar el consumo inicial y la abstención de fumar en determinados lugares; la promoción del abandono por medio de diferentes opciones terapéuticas, entre otros.

K. Que estas medidas son vigiladas y controladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, como parte de sus atribuciones y funciones, así establecidas en los artículos 17 bis, 17 bis 1, 17 bis 2, artículos 313, fracción I y 340, de la Ley General de Salud, sobre el control y vigilancia de los establecimientos de salud; el control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios, entre otras.

L. En cuanto al exhorto tercero, para que a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, informe a esta soberanía sobre los proyectos de homologación de protocolos de atención que se tiene previstos, tiempos de instrumentación y criterios de evaluación de calidad, en líneas anteriores se hace mención sobre la labor del análisis para unificar criterios en protocolos e infraestructura en general, para la certificación de Unidades de Salud con servicios de ayuda para Dejar de Fumar, labor que de manera conjunta se encuentran realizando la Oficina Nacional Para el Control del Tabaco y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en apego a distintos modelos y normatividad vigentes.

M. Una vez leído y analizado la información contenida en el presente documento, se concluye que el incremento de consumidores de tabaco, el avance de las investigaciones que generan mayor información sobre los daños múltiples que ocasiona el consumo activo o pasivo de nicotina, en cualquiera de sus presentaciones y la creciente demanda de los servicios de prevención y tratamiento de los consumidores, obliga a brindar una mayor respuesta a través de mejores programas, acciones, políticas y estrategias para disminuir el consumo de tabaco.

N. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias del Sector Salud competentes en la materia, informen sobre las medidas implementadas, así como de los programas que actualmente se encuentren bajo diseño, para satisfacer la creciente demanda de servicios para el tratamiento y rehabilitación de la población interesada en abandonar el consumo del tabaco.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, incluya un apartado sobre “servicios de cesación” en el proyecto de Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que actualmente está bajo  evaluación y proceso de dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y de esta forma, se incluya en su contenido disposiciones que permitan ofrecer, regular y evaluar dichos servicios.

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, informe a esta soberanía sobre los proyectos de homologación de protocolos de atención que se tienen previstos, tiempos de instrumentación y criterios de evaluación de calidad.

Comision de Salud”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a otro asunto del Orden del Día que se refiere a iniciativas de las señoras y señores Senadores.

Se ofrece hacer uso de la palabra al Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73 y 74 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII DEL ARTICULO 73 Y IV PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros:

Con el tránsito a la democracia, la aprobación del presupuesto ha dejado de ser meramente un trámite y se ha traducido y se ha traducido, sin duda, en un intenso diálogo, en un intenso debate entre las fuerzas políticas nacionales representadas en las Cámaras del Congreso.

Fundamentalmente el debate para el tema del presupuesto se da en el ámbito de la Cámara de Diputados, del diálogo del que ha estado excluido por supuesto, porque así lo mandata la Constitución, el Senado de la República, los Senadores nos encontramos desligados de la facultad de autorizar el Presupuesto de Egresos, las razones y argumentos que se esgrimen desde las reformas a la Constitución de 1857 se basaron en el principio de que los Diputados tienen una mayor vinculación y representación popular, y que por lo tanto estaban en la mejor posición de conocer el criterio y las necesidades de la población, ya que los Senadores sólo tenían la representación de los estados, cosa que sigue vigente hasta ahora.

Lo anterior encontraba su explicación, si consideramos que los Senadores se elegían por un sistema de elección indirecta y se les otorgaba una representación territorial.

Si bien es cierto, que desde la teoría constitucional norteamericana de 1787, el Senado nace como la representación de los Estados de manera igualitaria con el fin de conseguir un equilibrio entre estados de mayor tamaño y estados pequeños.

Sin embargo, hoy el papel de las y los Senadores en el constitucionalismo moderno ha cambiado, y por lo tanto los argumentos sobre los cuales se basaron para excluir al Senado del conocimiento del presupuesto ha dejado de tener vigencia.

La composición del Senado representa una pluralidad democrática, y su representación política es nacional, es decir, hoy en día el legislador no sólo es de un ámbito distrital o solamente se circunscribe a un ámbito territorial o a una entidad federativa, sino que tiene en los hechos una representación nacional.

La integración del Senado ya no obedece a las fórmulas meramente territoriales, la pluralidad política ha exigido modelos novedosos de integración de la Cámara de Senadores.

La historia del Constitucionalismo de México, entonces, nos señala que la facultad sobre el presupuesto federal no siempre ha sido exclusiva de la Cámara de Diputados, ya que esta obligación recaía en ambas cámaras desde la Constitución Federal de 1824; en las Siete Leyes constitucionales de 1836 y en las Bases Orgánicas del 12 de julio de 1843.

Si tomamos en consideración y en cuenta la experiencia del derecho comparado, observamos que en las constituciones de diversos países que disponen de sistemas bicamarales, como es el caso de Alemania, de Francia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, etcétera, se aprecia una unificación de criterios en el sentido de que todos determinan la colaboración de las Cámaras para la adopción de los presupuestos públicos.

Es oportuno y pertinente, compañeras y compañeros, el tema que les presento, porque particularmente en este periodo reciente en días pasados, pudimos observar, señor Presidente, termino en pocos segundos, pudimos observar un debate muy intenso al seno del Senado de la República, muy intenso para decidir la Ley de Ingresos. Pero una vez que hemos determinado cuáles son los mecanismos para cobrar más impuestos, para que tenga dinero el país, para que tenga dinero el gobierno, los Senadores nos quedamos excluidos de la siguiente etapa del debate que es a dónde van los recursos públicos, a dónde se van a aplicar esos impuestos que se le van a cobrar a los ciudadanos, particularmente cobra relevancia, porque en los últimos días también ha habido el debate cruzado de diversas expresiones políticas argumentando, incluso, que en la definición de la aplicación de los recursos públicos hubo agandalle de alguna fuerza política en particular, y se argumenta que no fueron propiamente los legisladores en la Cámara de Diputados quienes pudieron aplicar un criterio que responda a las demandas y expectativas de sus representados en sus distritos y de sus representados en la entidad de la que son parte, sino que más bien obedeció a criterios diferente y a criterios que no tienen que ver exactamente con la necesidad de la población, sino más bien a criterios de carácter político y electoral, ese ha sido el debate de las últimas horas.

Por eso estoy planteando, señor Presidente, usted es muy generoso, voy a concluir, estoy planteando que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación está íntimamente ligada a la aprobación por parte del Congreso de las contribuciones que serán detectadas para cubrirlo, es decir, que sin una Ley de Ingresos no existirá una Ley de Egresos.

Por lo tanto si los Senadores compartimos la responsabilidad de imponerle impuestos, valga la expresión, a los ciudadanos resulta indispensable y congruente que estemos involucrados con el destino que se le darán a dichos recursos.

El presupuesto en un estado moderno tiene una importancia trascendental, ya que este es un instrumento poderoso para encauzar el desarrollo económico, y regular adecuadamente el proceso de planeación nacional.

Motivo por el cual, compañeras y compañeros, creo que mantener desligada esta responsabilidad al Senado de la República ya no encuentra sustento lógico, por lo que ha llegado el momento de que en el Congreso de la Unión, en su conjunto, se asuma la responsabilidad que nunca debió dejar de tener.

Por estas razones expuestas, señor Presidente, me permito proponer el siguiente proyecto de reforma.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción VII-bis del artículo 73 y se reforma y deroga la fracción IV, párrafos primero, segundo y tercero del artículo 7, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar… señor Presidente, como el texto ha sido publicado íntegramente, no lo leo, está en la consideración de mis compañeras y compañeros, y le agradezco infinitamente su comprensión.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador a la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VII del artículo 73 y IV párrafos primero, segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el transito a la democracia, la aprobación del presupuesto ha dejado de ser un mero trámite y se ha traducido en un intenso diálogo entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, dialogo del que ha estado excluido el Senado de la República.

El Senado de la República se encuentra desligado de la facultad de autorizar el Presupuesto de Egresos, las razones y argumentos que se han esgrimido desde las reformas a la Constitución de 1857, llevadas a cabo en 1874 por las que se restableció la segunda cámara, se basaron en el principio de que la de Diputados tiene una mayor vinculación y representación popular, y que estaban en mejor posición de conocer el criterio y los sentimientos de la población, ya que el Senado tenía la representación de los estados.

Lo anterior encontraba su explicación, si consideramos que los senadores se elegían por sistemas de elección indirecta y se les otorgaba una representación territorial, como lo señalaba el artículo 1o. del “Decreto del Congreso sobre Elección de Senadores”, expedido el 15 de diciembre de 1884: “ ...procederán los colegios, en la misma sesión, vota un senador propietario y un suplente que representen al Estado...” .1

Si bien es cierto, que desde la teoría constitucional norteamericana de 1787, el Senado nace como la representación de los estados de manera igualitaria, su papel en el constitucionalismo moderno ha cambiado, así como, los argumentos sobre los cuales se basaron para excluir al Senado del conocimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación

La composición del Senado representa una pluralidad democrática, y por lo tanto su representación política es nacional, es decir, hoy en día el legislador no sólo lo es de un distrito, circunscripción o entidad federativa.

La integración del Senado ya no obedecen a formulas meramente territoriales, la pluralidad política ha exigido modelos novedosos de integración en esta Cámara; así, los senadores se eligen por tres criterios de representación que señala el artículo 56 de nuestra carta magna.

La historia del constitucionalismo en México, nos señala que la facultad sobre el Presupuesto Federal no siempre fue exclusiva de la Cámara de Diputados, ya que esta obligación recaía en ambas cámaras en la Constitución Federal de 1824, (artículo 50, fracción VIII); en las Siete Leyes constitucionales de 1836 (Ley Tercera, artículo 44, fracción III); y en las Bases Orgánicas de 12 de junio de 1843 (artículo 66).

Para la Constitución del 5 de febrero de 1857, se dispuso un sistema unicameral, mismo que fue reformado el 13 de noviembre de 1874 para reintroducir la figura del Senado. Es precisamente mediante esta reforma que el artículo 72 se adicionó en su parte final con dos apartados (A y B), para establecer, respectivamente, las facultades exclusivas de las cámaras de Diputados y de Senadores.

En el Apartado A, fracción VI, se dispuso como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto anual de gastos e iniciar las contribuciones para cubrirlo:

“Articulo 72

A. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

VI. Examinar la cuenta que anualmente debe presentar el Ejecutivo, aprobar el presupuesto anual de gastos e indicar las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrir aquel”.

La facultad exclusiva de la cámara baja para autorizar los egresos se explicó y justificó en el sentido de que la Cámara de Diputados representa directamente al pueblo.

Posteriormente, el Constituyente de Querétaro de 1917 retoma las reformas a la Constitución de 1874, promovidas por Sebastián Lerdo Tejada, y en su artículo 74, fracción IV, se establece nuevamente como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:

“Aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél...”.2

Si tomamos en cuenta la experiencia del derecho comparado, observamos que en Constituciones que disponen sistemas bicamerales, como Alemania, Francia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Paraguay, y Uruguay, se aprecia una unificación de criterios en el sentido de que todos determinan la colaboración de las cámaras para la adopción de los presupuestos públicos.

Nuestra propuesta se ve reforzada por el hecho de que la aprobación del Presupuesto de Egresos de Federación, está íntimamente ligada a la aprobación por parte del Congreso de las contribuciones que serán decretadas para cubrirlo, es decir, que sin una Ley de Ingresos no puede existir Presupuesto de Egresos, por lo cual, sí el Senado de la República comparte la responsabilidad de imponer impuestos, resulta indispensable y congruente que esté involucrado con el destino que se le darán a estos recursos.

El presupuesto tiene en el Estado moderno una importancia trascendental, ya que es un instrumento poderoso para encauzar el desarrollo económico, y regular adecuadamente el proceso de planeación nacional; motivo por el cual, creemos que mantener desligado de esta responsabilidad al Senado de la Republica ya no encuentra sustento lógico, por lo que ha llegado el momento de que el Congreso de la Unión en su conjunto asuma la responsabilidad que nunca debió dejar de tener.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción VII-bis del artículo 73 y se reforma y deroga la fracción IV párrafos primero, segundo y tercero del artículo 7, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

[…]

VII bis Para examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente las contribuciones que correspondan, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Congreso deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 25 del mes de noviembre.

Cuando el Ejecutivo Federal inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Congreso deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 31 del mes de diciembre.”

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

[…]

IV. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VII.bis del artículo 73 de esta Constitución, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

[…]

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de Noviembre de 2009.

Sen. Silvano Aureoles Conejo

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Silvano Aureoles Conejo.

Hay varios compañeros Senadores que quieren suscribir con usted dicha iniciativa, entre ellos el Senador Eloy Cantú y otros.

Ruego a la Secretaría, si usted está de acuerdo, tome los nombres de los compañeros que quieren suscribirla y quede asentado.

Igualmente se inscribirá en el Diario de los Debates la versión íntegra de su iniciativa, agradeciéndole la omisión de la lectura completa. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

El Senador Baeza, son varios los señores Senadores que quieren sumarse. Ruego se tome la debida nota.

Se ofrece el uso de la tribuna al Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 Constitucional, así como diversas disposiciones de la Ley de Planeación.


1Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 4a. ed.,

México, Cámara de Diputados, LV Legislatura-Miguel Ángel Porrúa, 1994, t. III, p. 315.

2 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, México, Porrúa, p. 850.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION

(Presentada por el C. Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Ramón Galindo Noriega: Gracias, señor Presidente; damas y caballeros:

Por cierto, les recuerdo que tienen en su curul el boletín de localeando de la Comisión de Desarrollo Municipal, ojalá que lo puedan leer, se los estamos pasando prácticamente cada semana con temas relativos al fortalecimiento municipal.

Damas y caballeros:

El día de hoy me presento ante ustedes para plantear un asunto que a la luz de la situación actual en nuestro país se ha vuelto inevitable.

A partir de la crisis económica global que ha afectado particularmente a los mexicanos, se ha evidenciado la fragilidad de nuestro sistema económico, más allá de lo que estábamos dispuestos a reconocer.

Quedó claro el efecto devastador que en lo social tiene el hecho de que no haya consensos ni valor en la clase política para aplicar soluciones novedosas. Las medidas tomadas para paliar esta problemática, han sido insuficientes.

En este contexto, ha sido señalada reiteradamente la ineficiencia de instituciones y figuras jurídicas, que durante años fueron defendidas de manera dogmática.

La conclusión más dolorosa que deja esta experiencia, es que el actual modelo económico centralista que se empeña en seguir sosteniendo una clase política alejada de los intereses de los ciudadanos, no ofrece ninguna perspectiva de desarrollo ni crecimiento económico en nuestro país en el corto plazo.

En diferentes foros he sostenido, en ocasiones incluso en forma airada, que el empleo de las mismas recetas seguirá arrojando los mismos resultados: un país empobrecido, sin empleo, sin seguridad y cada vez con mexicanos que tienen mayores problemas para sobrevivir.

En esta ocasión ofrezco, como en otros momentos lo he hecho, una vía para replantear la ruta que se ha seguido a la fecha, en forma adicional a la necesidad de dotar de más facultades, de más tiempo y de más recursos a los municipios, es insoslayable el beneficio que representaría hacerlos partícipes de la tarea de planeación de su propio desarrollo.

Hace años se debate la manera en que debe tomar forma la intención de cambiar al Estado mexicano. Independientemente de las diversas ideologías y matices, un rasgo común de esta discusión, es que uno de los pilares de este cambio debe ser la planeación del desarrollo.

No obstante la reforma constitucional de 1983, mediante la cual se otorgó al Estado, en el artículo 26, la Rectoría de la Planeación del Desarrollo, señalando los fines y principios que deben motivar esta tarea, se omitió a los municipios en el texto constitucional.

La promulgación de la Ley de Planeación, en 1983, reprodujo la misma omisión.

No se reconoció a los municipios la capacidad de poder participar activamente en la tarea planificadora.

Históricamente se ha excluido a las comunidades locales de intervenir en la elaboración de los planes sexenales de desarrollo.

Los municipios no son parte, en México, de la agenda nacional del desarrollo.

Históricamente se ha excluido a estos de la tarea para la creación de planes regionales y especiales para el fomento del crecimiento.

Erróneamente, se ha privado a los ciudadanos de su legítimo derecho a decidir qué rumbo, qué destino es el que mejor perspectiva ofrece para desarrollar sus particulares comunidades. Es tiempo de ajustar equitativamente esta situación.

La iniciativa que planteo el día de hoy constituye un eje transversal para atribuir a los municipios el derecho y responsabilidad, no sólo de participar en la planeación del desarrollo, sino de crear sus propios planes locales de desarrollo, integrales y de largo plazo.

Mediante el reconocimiento constitucional de esta potestad, estamos enviando una respuesta clara a los ciudadanos.

Hemos, en el Congreso, comprendido el mensaje. Es momento de reconstruir.

La edificación de este proyecto de país, debe de partir desde las comunidades municipales, porque no puede partir de ningún otro lugar.

Aprobando esta iniciativa, atendiendo la necesidad de reconocer la diversidad de los 2 mil 440 municipios mexicanos, siendo respetuosos de sus capacidades, estamos también señalando que la agenda de esta legislatura refleja los intereses y necesidades de los ciudadanos de dichas comunidades.

Por esto, me permito presentar el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 26 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

En el artículo respectivo, incluimos el concepto siguiente:

“La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, y agregamos, es la propuesta, “y los municipios en los términos de la ley respectiva; e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución”.

Damas y caballeros, no es posible, señor Presidente, hablar de la planeación nacional en un país sin considerar a los municipios; no puedo aceptar ni entender que nuestra Constitución no incluya a las 2 mil 440 comunidades municipales para definir un modelo y un rumbo en el futuro inmediato y mediato en este país.

Es por eso que pido que se vea con toda seriedad esta iniciativa y que podamos seguir haciendo esfuerzos para incluir en la agenda del desarrollo nacional a las comunidades municipales que en este momento no están jugando prácticamente ningún rol.

Damas y caballeros, señor Presidente, gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNION
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Senador Ramon Galindo Noriega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. La ley fundamental de la nación representa la máxima expresión de la voluntad del pueblo mexicano, plasmada en principios, postulados y conceptos básicos que deben regir y servir de fundamento desde su origen a las disposiciones normativas de observancia general que emanan de la propia ley suprema, así como a las instituciones de todo orden y género de gobierno, su organización, funcionamiento y actuaciones. En nuestro país dicha voluntad está expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los contenidos de la ley suprema se encuentra la determinación de las materias y funciones cuya rectoría compete al Estado mexicano, destacando entre éstas la planeación del desarrollo del país así como el crecimiento de la economía nacional. El origen de esta disposición constitucional tiene su antecedente en el “Seminarionacional sobre las bases jurídicas de la planeación” celebrado en 1981, cuya finalidad era precisamente determinar el marco jurídico prevaleciente en aquella época en materia de planeación, y replantear la relación entre los diferentes órdenes de gobierno en esta actividad. Una de las conclusiones de este documento fue la ausencia de bases jurídicas y la importancia de promover reformas constitucionales para llenar las lagunas existentes en el rubro. Por lo tanto el Ejecutivo federal envió al Congreso en 1982 una serie de reformas y adiciones a la Constitución General, las cuales culminaron con la publicación en 1983 en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reformó los artículos 25, 26 y 73 fracción XXIX-D de este cuerpo normativo; confiriendo al Estado mexicano diversas atribuciones en materia económica, entre ellas la planeación.

Fue concretamente el artículo 26 Constitucional en el que se dejaron plasmadas las bases para que el Estado ejerza la rectoría en materia de planeación del desarrollo económico y establezca como nación las metas en esta actividad. Guardando congruencia con esta disposición, la ley fundamental impuso al Estado la obligatoriedad de organizar un sistema nacional de planeación, al señalar que “…El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación…”.

La misma carta magna estableció en el citado artículo 26 que en consecuencia habría un plan nacional de desarrollo, que recogiera la participación de los diversos sectores sociales, siendo la democracia, equidad y dinamismo los principios que habrían de regir a dicho plan; el cual sería de observancia obligatoria en la elaboración de los programas de la Administración Pública Federal.

A partir de esta reforma la ley fundamental, como máxima expresión de la soberanía del pueblo mexicano, estableció los principios y propósitos rectores tanto del Sistema Nacional de Planeación como del Plan Nacional de Desarrollo, correspondiendo al Ejecutivo por mandato de ley establecer los mecanismos de participación ciudadana así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del propio plan.

II. Habiendo determinado lo anterior, corresponde enfatizar la importancia del principio democrático que introduce el texto constitucional, al establecer que el Ejecutivo“…Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución…”. Ahora bien, no obstante este espíritu inclusivo y de cooperación, el Constituyente omitió a los municipios en la posibilidad de celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, por lo que, a pesar de ser la célula básica de división territorial en nuestro país, como lo contempla el artículo 115 de la misma carta magna; quedaron desposeídos de esta potestad convencional y, en consecuencia, obligados a triangular mediante los gobiernos estatales cualquier proyecto en materia de desarrollo local. De esta forma se desvirtuó el sentido democrático y de cooperación que el mismo artículo 26 pretendía instituir, ya que esta visión excluyente imprimió desde la ley fundamental un sesgo centralista, y por lo tanto reduccionista, a la tarea de planear el crecimiento y desarrollo de la nación.

III. Por lo que respecta al Sistema Nacional de Planeación Democrática, éste seinstituyó por primera vez en el mismo año de 1983, siendo en ese tiempo Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, quien ya desde los meses previos a su toma de protesta delineó lo que habría de ser este Sistema de Planeación. El documento contiene diez capítulos y, para efecto del presente estudio, se destacan dos, los cuales permiten observar claramente ya desde su fase inicial la misma omisión en que incurre la Constitución por lo que respecta a los municipios:

a) Planeación estatal. Este capítulo contiene profundas contradicciones, toda vez que si bien resalta la necesidad de incluir a los diferentes órdenes de gobierno en la tarea de planear el desarrollo del país, deja claro que será mediante la coordinación de los gobiernos de las entidades federativas que se llevará a cabo dicha participación, quedando los municipios subordinados a los planes estatales: “…La planeación democrática exige la cabal participación de los estados y de los municipios en las tareas de definición y ejecución del desarrollo nacional.

Es indispensable que en toda la república, en cada comunidad, se decida y se actúe dentro del marco general de la actividad nacional que conduzca a la federación mediante un plan en el que todos hayamos participado…”. Ahora bien, no obstante esta declaración, en un siguiente extracto del mismo capítulo se lee lo siguiente: “…Al transmitir la función coordinadora a las entidades federativas, se busca no sólo una mayor congruencia formal en la estructura federal de nuestro sistema nacional, sino además el fortalecimiento de la capacidad programática y ejecutiva de las entidades, por lo que la federación se compromete no sólo a mantener, sino a redoblar su apoyo técnico-financiero a la coordinación, ahora a cargo de los estados. Al efecto, el presidente de la república ha instruido a las dependencias federales para que, a través de sus órganos regionales participen entusiasta, informada y eficazmente, en los organismos de planeación que establezcan los estados…”

b) Planeación Municipal. En este capítulo, el documento insiste en lo importante que es la inclusión de los municipios en la tarea planificadora, aún así, los deja simplemente como beneficiarios de una concesión que puede o no ser otorgada por parte de las entidades federativas, sin que de ninguna forma haya obligatoriedad para los gobiernos estatales de darles voto a las demandas y opiniones municipales en la elaboración de los planes regionales: “…No basta descentralizar o desconcentrar obras y acciones en los gobiernos de los estados. Desde la capital de la república se ve ya al gobierno local como una instancia importante de descentralización; pero dentro de los estados, también los municipios, los ayuntamientos, ven a las capitales de las entidades federativas en la misma relación que los estados ven a la federación. Muchas veces los municipios se ven alejados y marginados respecto a los gobiernos locales. Me parece adecuado que los estados, siguiendo el ejemplo de la federación, celebren también este tipo de convenios con los gobiernos municipales; convenios que tendrán como efecto inmediato despertar una cooperación más activa de los habitantes de los municipios en los programas que se definan; convenios que también creo yo, podrían ir capacitando a los gobiernos de los municipios para abordar, con responsabilidad y con eficacia, las tareas del desarrollo…”Resulta incongruente que a pesar del escenario que se expone desde aquella época, en el cual ya se habla de que la relación entre los municipios y gobiernos estatales en materia de planeación, es una donde se ha marginado a los gobiernos locales, la conclusión a que llega Miguel de la Madrid sea únicamente que le parece adecuado que las entidades federativas celebren convenios de colaboración con los municipios.

IV. Como ya se dijo, la ley suprema impone al Presidente de la República la obligación de supeditar los programas de su Administración a un plan nacional de desarrollo. En cumplimiento del mandato constitucional, el Ejecutivo Federal instrumentó el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, el cual se estructura en dos grandes capítulos, destacando que el primero se refiere en su totalidad al Desarrollo Humano Sustentable, capítulo que en su parte expositiva reza textualmente: El Desarrollo Humano Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras. El análisis de esta declaración en el contexto de la planeación del desarrollo, conduce a la certeza de que esta actividad comprende cualquier área en que se desenvuelva el individuo, que pueda ser susceptible de expansión o mejora y que mediante esta acción transformadora se potencien mayores capacidades y oportunidades entendidas en un sentido amplio. Cabe enfatizar el sentido instrumental de este planteamiento y su aplicación a la esfera social, toda vez que al privilegiar la contribución de los ciudadanos en el desarrollo nacional, en la medida que se incrementen las oportunidades productivas y creadoras, el Ejecutivo se hace responsable de aportar las herramientas para hacer posible esta contribución ciudadana, ya no asumiendo una postura paternalista sino colaboracionista, en una nueva relación que reconoce la madurez de los individuos y de las comunidades que en conjunto forman, para prodigarse su propio bienestar.

V. Por lo que respecta a la ley secundaria, que detalla y concretiza el contenido del artículo 26 Constitucional, la Ley de Planeación dispone “…las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo…”, y desde que se enuncia el objeto de este cuerpo normativo en su artículo 1º, es evidente la misma omisión con respecto de los municipios que ya ha sido puntualizada. La lectura de la fracción III del numeral mencionado deja manifiesta en forma indubitable dicha situación:

…”Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:..”

“…Fracción III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;…”

De nueva cuenta la legislación secundaria niega a los municipios la posibilidad de incidir directamente, mediante la formulación de opiniones y proposición de proyectos, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; más aún, cierra la puerta para que a partir del conocimiento cercano que tienen de las necesidades reales y más inmediatas de sus comunidades, puedan celebrar convenios con el Ejecutivo Federal a efecto de encontrar soluciones viables a estas demandas sociales.

En este orden de ideas, al estudiar la definición que del concepto de planeación nacional de desarrollo hace la Ley de Planeación en su artículo 3º, se concluye que debe tenérsele por “…la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país…”. De esta definición se desprenden dos conclusiones:

a) El concepto de planeación, tal como lo define la misma Ley de la materia, cuyo origen y razón ontológica de ser proviene del artículo 26 de la Ley Suprema, es uno que comprende diversas materias que se insertan todas en la esfera del fortalecimiento municipal en un amplísimo sentido, y de ningún modo se circunscribe al ordenamiento urbano. En atención a este razonamiento, es consecuencia lógica la necesidad de concederle a este concepto el espíritu que desde la misma carta magna pretendió darle el constituyente, y que después se tradujo en el texto de la Ley que se estudia en este punto; la planeación nacional debe entenderse como una planeación integral.

b) El fin último de la planeación es transformar la realidad del país. Es pertinente resaltar que la nación mexicana, como cualquier otra, es la suma de sus comunidades, la soberanía nacional es también la suma de las voluntades de sus ciudadanos, como quedó fielmente plasmado en el artículo 39 de la Constitución General que expresamente señala La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...” Abundando en este respecto, válidamente puede afirmarse que más allá de construcciones intelectuales abstractas, el ámbito de existencia de un individuo, el espacio donde habita, el asiento de sus actividades, de su productividad, de interrelación con sus semejantes, donde rinde fruto su trabajo y el de su familia, el espacio donde requiere la acción del poder público para garantizarle fuentes de desarrollo económico y cultural es, y no puede ser otro, que el municipio. De este análisis se infiere que, de los diferentes órdenes de gobierno, el que mejor conoce la realidad de sus gobernados y de sus comunidades, el ente administrativo que está íntimamente familiarizado con las características económicas, sociales, culturales y demográficas de su entorno, es el municipio; y por lo tanto debe corresponderle una participación activa en la transformación positiva de esta realidad.

VI. Entendido lo anterior, y a la luz del menoscabo que esta omisión ocasiona en la posibilidad de desarrollo de las comunidades locales, corresponde señalar que este hecho se traduce en consecuencia en un deterioro del desarrollo nacional en su conjunto, y como ya se expuso quebranta el principio de coordinación que debe existir entre los diferentes órdenes de gobierno para garantizar los criterios de democracia, solidez, dinamismo, permanencia y equidad que la misma Constitución le otorga al concepto de planeación.

Mucho se discute actualmente sobre la necesidad de una reforma estructural del Estado, haciendo énfasis en replantear el concepto de federalismo, así como la coordinación y concurrencia necesarias entre Gobierno Federal, Estados y Municipios; y si bien se ha resaltado en este debate tanto por actores políticos como académicos la necesidad de otorgar a los municipios mayores atribuciones, poco se ha dicho sobre la necesidad de posicionar a la planeación integral como uno de los pilares de este gran cambio, de cuyo sólido establecimiento dependerá en buena medida el desarrollo armónico, equitativo y sostenido de la nación. Ya que, independientemente del resultado que tenga esta discusión nacional, y que debe quedar claro será definitorio para la nación mexicana, es un hecho que las comunidades locales necesitarán las herramientas que de manera tangible, sostenida y viable les permitan construir su realidad cotidiana, ya no inmersas en la premura y escasez de vistas de la inmediatez, sino en la acción planeada y con miras a multiplicar la riqueza y bienestar social.

México sigue siendo una República Federal donde los poderes centrales concentran facultades en muchos rubros que inciden directamente en la dinámica social y económica de las comunidades, ejerciendo un poder regulador denso, aún en el caso de las materias concurrentes, no obstante el desconocimiento e incomprensión ya señalados de las particularidades de cada municipio, que son en última instancia las que determinan las preocupaciones reales de sus habitantes. En materia de planeación esto ha incidido para que los planes regionales implementados por el gobierno federal, estén desvinculados de las necesidades locales, o bien, en el mejor de los casos, para que una interpretación reduccionista del concepto de planeación ocasione que estos planes y los recursos que se les destinen, sean canalizados preponderantemente a obras de desarrollo urbano o infraestructura, como es el embellecimiento de monumentos o plazas, remozamiento de camellones, pavimentación o emparejamiento de calles. Si bien estas acciones son importantes, también lo es que dichos recursos pueden destinarse a proyectos que potencien la vocación productiva de cada comunidad, o que contribuyan a activar las economías locales para que progresivamente se vayan transformando en autosustentables, o que vayan encaminados a fomentar la vertebración social; esto a partir de las propuestas de los propios municipios y de sus ciudadanos.

Un sistema como el actual, donde las entidades federativas siguen gozando de un principio amplio a partir del cual se hacen cargo de todas las materias que no estén reservadas al gobierno federal, y donde los municipios gozan de una base mínima de autonomía tardíamente reconocida a nivel constitucional, no garantiza el desarrollo sostenido de sus comunidades.

Esta inadecuada descentralización ya ha sido expuesta por diferentes autores y académicos estudiosos del tema de la planeación. Para muestra se transcribe el extracto de un artículo de Vicente Anaya Cadena: “La toma de decisiones y los controles de los gastos centralizados algunas veces son defendidos como necesarios para la coordinación de las actividades del desarrollo, pero los hechos revelan que la coordinación, en el sentido de guía administrativa unificada está generalmente ausente. Esto genera ineficacia en las acciones que desde el centro, e inclusive desde los gobiernos estatales, se implementan en materia de planeación. Además de que las demoras administrativas y de procedimientos constituyen una de las razones más comunes por las que los planes de desarrollo, muchas veces incongruentes con la realidad de las comunidades locales, no se cumplen.”1

Elmismo investigador contrasta esta situación con la tendencia mostrada en los países europeos: “En el contexto internacional el panorama en esta materia ha evolucionado en forma muy diferente. La expansión económica sin precedentes en Europa durante la posguerra, y la consecuente mejoría en el nivel de vida de los habitantes de ese continente, está fundada en un creciente acento en la planeación dentro del Mercado Común Europeo, y por la adopción de la planificación nacional del desarrollo por casi todos los países europeos.” 2

VII. En virtud de esta exposición es preciso adecuar el marco jurídico vigente encabezado por la ley fundamental y de esta forma establecer un andamiaje sólido y claro que permita la coordinación necesaria y eficaz entre los diferentes órdenes de gobierno, que haga posible planear e instrumentar un proyecto sustentable de nación, apoyado en las fortalezas, características particulares y experiencia de los municipios.

Es vital para todos los integrantes del Estado mexicano entender el peso específico y la responsabilidad histórica que a cada uno le corresponde, es de igual forma fundamental que, sin la necesidad de caer en este análisis en discusiones acerca de las atribuciones que debieran arrogarse estos entes públicos, el debate lleve a la conclusión de que cualquier edificación que pretenda sostenerse, requiere para su fin exitoso de cimientos bien plantados ajenosa las veleidades del diálogo hueco o superficial.

La planeación incide y por lo tanto debe ser origen tanto del desarrollo económico como social. Un parámetro confiable de la vitalidad que guarda una sociedad es su índice de crecimiento, determinado a partir de todos los indicadores que evalúen el bienestar de sus integrantes, así como de las posibilidades que tienen los menos favorecidos de que les sean proporcionadas herramientas útiles para solucionar sus necesidades básicas.

Por lo tanto, la planeación debe ser una tarea compartida por los tres órdenes de gobierno en los que ha sido depositada la confianza de los mexicanos, reiterando que la realidad que demandan y merecen estos ciudadanos debe empezar por construirse desde sus propias comunidades.

Ciertamente México ha sido severamente afectado por la crisis mundial, es de reconocerse también que esta situación global halló en nuestro país condiciones idóneas para acentuarse exponencialmente, fuera por políticas inadecuadas o por omisiones de los gobernantes y de los representantes populares. De cualquier forma es esta la oportunidad de mostrar apertura a nuevos esquemas, al trabajo conjunto, concreto y efectivo que habrá de llevar al país no solamente a la recuperación, sino al crecimiento económico sostenido y a la prosperidad.

Es pues necesario establecer constitucionalmente las bases para que se de una verdadera descentralización en materia de planeación del desarrollo, permitiendo a los municipios celebrar convenios directamente con el Ejecutivo Federal, de tal suerte que puedan los mismos gobiernos locales generar e instrumentar programas y proyectos en este rubro, o bien que los programas federales y estatales que hayan de implementarse y que impacten localmente, se vean enriquecidos con las opiniones de los propios municipios.

Esta coordinación e inclusión de los municipios, merecen ser atendidas como principios fundamentales e inviolables de aplicación obligatoria, al momento de delinear y proyectar el futuro que habrá de tener el país, partiendo de la base de que los gobiernos locales tienen la capacidad técnica, política y administrativa para construir el entorno que responda a las necesidades de sus habitantes, y convenir los instrumentos que en forma realista y congruente con esta vocación garanticen la consecución de un plan nacional de desarrollo para todos los mexicanos.

Para los efectos anteriores, es preciso que conforme a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provea sobre la iniciativa de reforma que a continuación se propone, siendo pertinente someter, respetuosamente, a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACION:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso A, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A…

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en los términos de la ley respectiva; e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

B…

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 1º fracción III, 14 fracciones II y VI, 16 fracciones III y VI, 17 fracción IV, 28, 32, 33, 34 primer párrafo y fracción V, 35, 36 y 44 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

ARTICULO 1º…

I a II…

III.Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas y los municipios, conforme a la legislación aplicable;

IV y V…

ARTICULO 14…

I…

II.Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados;

III a V…

VI.Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, los respectivos gobiernos estatales y los municipios; y

VII…

ARTICULO 16…

I a II…

III.Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de los estados y los municipios, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

IV a V…

VI.Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados y de los municipios;

VII a VIII…

ARTICULO 17…

I a III…

IV.Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los estados y de los municipios, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los lineamientos que al efecto señale esta última;

V a VI…

ARTICULO 28. El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

ARTICULO 32…

La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los estados y los municipios, a través de los convenios respectivos.

ARTICULO 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación, los Estados y losmunicipios, se planeen de manera conjunta.

ARTICULO 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

I a IV…

V.La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, dando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad.

ARTICULO 35. En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de la Administración Pública centralizada que actúen en las entidades federativas y en los municipios, en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las entidades y de los municipios.

ARTICULO 36. El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

ARTICULO 44. El Ejecutivo Federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Ramón Galindo Noriega. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se ofrece el uso de la tribuna al Senador Jesús Murillo Karam, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


1 Anaya Cadena, Vicente, “La planeación, control y evaluación del desarrollo municipal”, Gaceta Mexicana de administración, No. 65, año 2002.

2 Ibidem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEYFEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Murillo Karam, a nombre propio y del C. Senador Pedro Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Gracias, señor Presidente. Se agradece el ofrecimiento y se acepta.

En los dos últimos días nos hemos desayunado, y creo que hasta dormido, con la noticia de que seguimos para atrás en el tema de corrupción.

Es evidente que tenemos que tomar medidas ya, que nos permitan atacar este problema seriamente. No traigo hoy la panacea, pero si un planteamiento que es crucial para poder combatir de la manera más eficaz la corrupción.

En primer término, sería cumplir con la obligación que tenemos de darle sustento y contenido a las modificaciones que le hicimos al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos”, por las razones que el mismo artículo señala.

Además en nuestro caminar por las legislaciones que tienen que ver con la transparencia hemos encontrado una serie de conflictos que puedan hacer efectiva y que puedan darle sentido al propósito anticorrupción.

Por eso el día de hoy el Senador Pedro Joaquín Coldwell y su servidor, presentamos a la consideración de ustedes una iniciativa de ley en la que mucho hemos tomado muchas iniciativas, incluso algunas muy importantes de Senadores, y en mucho lo que hemos vivido de la realidad nacional en cuanto a transparencia, con el propósito de actualizar la Ley del IFAI, y tratar de empezar a combatir seriamente desde la legislación este problema serio del país.

Quiero ser muy breve en la presentación, porque es bastante amplia, la tienen en la Gaceta, y creo que sería mucho más importante que la pudieran leer. Lo único que intento desde esta tribuna es motivar su interés por ir a la propia Gaceta, tratar de leerla y pedirles su aportación, porque si bien es cierto que es una iniciativa muy amplia, también es cierto que puede ser mejorada con las aportaciones que todos hagamos en un tema que a mí me parece, hoy, de la mayor importancia para el país.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores Jesus Murillo Karam y Pedro Joaquin Coldwell, integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de las reformas a los artículos 6º y 16 constitucionales que establecen las bases y los principios que deben prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como la garantía de protección de los datos personales, respectivamente, resulta pertinente adecuar el marco normativo vigente, a efecto de dar cumplimiento puntual a las referidas disposiciones constitucionales.

Aunado a lo anterior, en la experiencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -IFAI- como órgano garante del derecho de acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal, se han detectado aspectos esenciales que ameritan una reforma legal, a efecto de propiciar una correcta aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -en adelante, la Ley- y mayor claridad en la interpretación y alcance de disposiciones fundamentales para los objetivos del ordenamiento.

En ese sentido, se propone modificar veintisiete artículos (artículos 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61 y 63), derogar ocho artículos (10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26), así como adicionar diecisiete artículos (6 Bis, 7 Bis, 7 Ter, 7 Quater, 14 Bis, 18 Bis, 19 Bis, 32 Bis, 42 Bis, 55 Bis, 58 Bis, 64, 65, 66, 67, 68 y 70). Asimismo, se propone dividir el ordenamiento en dos libros,cuyo propósito es regular por una parte, el derecho de acceso a la información gubernamental, y por la otra, el derecho de protección de datos personales, ambos reconocidos en las citadas reformas constitucionales. En ese sentido, se modificaría la denominación de la Ley y del órgano garante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

Cabe señalar que se trata de una reforma que no altera sustantivamente el orden de la Ley vigente.

Asimismo, es pertinente señalar que algunas de las propuestas no hacen más que propiciar una mejor aplicación de la Ley al darle mayor claridad a un precepto o corregir disposiciones que en la práctica han resultado inaplicables. Otras propuestas resolverían cuestiones que han generado problemas de fondo y que no coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Entre las reformas que se proponen, destacan las que a continuación se señalan:

A) LIBRO PRIMERO.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

Obligaciones de Transparencia

• El artículo 7 de la Ley prevé las denominadas obligaciones de transparencia, es decir, señala la información que debe ser publicada en los sitios de Internet de los sujetos obligados sin necesidad de que medie solicitud de acceso, sin embargo, el artículo en comento es genérico, lo que contribuye a que su aplicación, sin distinción entre la naturaleza y funciones de los sujetos obligados, derive en información con menor calidad para el gobernado.

Con el propósito de atender la problemática anterior, se efectúan dos propuestas que coadyuvarían a proporcionar información más precisa y de mayor interés para el ciudadano.

La primera propuesta consiste en establecer diversas obligaciones de transparencia específicas por sector, lo que permitiría generar la obligación concreta de publicar información de interés en relación con materias particulares.

La segunda propuesta se refiere a lo que en la doctrina se ha denominado “transparencia focalizada”, es decir, la obligación de publicar en los sitios de Internet respectivos, la información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas, responsabilidad de cada dependencia y entidad, para lo cual se propone que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal el IFAI expida lineamientos específicos. Esta posibilidad resulta una aportación relevante que permitiría dar a conocer el desarrollo de temas específicos de interés general.

Indicadores de gestión y estadística de funciones sustantivas

La iniciativa propone establecer como obligación la publicación de los indicadores de gestión, en términos de lo establecido por el artículo 6º constitucional. Para tal propósito, se adiciona la definición de “indicadores de gestión”.

Asimismo, la propuesta propicia la generación de estadística respecto de las funciones sustantivas de los sujetos obligados.

Inexistencia de la información

• La inexistencia de documentos que en razón de las atribuciones conferidas a un sujeto obligado debieran obrar en sus archivos, hace nugatorio el derecho de acceso a la información, por lo que a efecto de disminuir esos supuestos, se propone que el Comité de Información y el IFAI, cuenten con facultades para instruir a que se genere un documento cuando ello se encuentre entre las obligaciones sustantivas del sujeto obligado, siempre que esto sea materialmente posible. Esta posibilidad no está prevista en la Ley vigente.

Prueba de interés público y prueba de daño.

• La información respecto de particulares debe ser protegida en los términos y con las excepciones que prevea la Ley, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 6º constitucional. En ese sentido, y con el propósito de contar con un procedimiento claro que permita ponderar, en casos particulares, la observancia de derechos fundamentales, se propone incluir un procedimiento denominado “prueba de interés público” para determinar la procedencia de hacer pública información sobre particulares, cuando se presuma que ésta contribuye de manera trascendente a la transparencia gubernamental y a la rendición de cuentas.

El procedimiento que se propone reconoce el derecho de audiencia del titular de la información, lo que brinda elementos al IFAI para valorar los intereses en conflicto y determinar si procede otorgar acceso a dicha información, en razón de los beneficios sociales que derivarían del mismo. Este procedimiento no sería aplicable a información que claramente propicia la rendición de cuentas y favorece la transparencia gubernamental, la cual mediante criterios del IFAI ya ha sido considerada pública.

Aunado a lo anterior, se propone incorporar a la Ley la denominada “prueba de daño”, la cual actualmente está prevista en lineamientos expedidos por el IFAI. Dicha prueba requiere que la autoridad exponga elementos objetivos tendientes a probar que existe una alta probabilidad de dañar el interés público, es decir, será necesario motivar de manera específica bajo los parámetros que la propia Ley establece.

Reubicación de causales de clasificación

• La experiencia en la aplicación de la Ley ha permitido detectar ciertos supuestos de clasificación que se encuentran erróneamente ubicados, ya sea por lo genérica que puede resultar la causal, o por la naturaleza de la información que la Ley protege.

Al respecto, se propone reacomodar los supuestos de clasificación, de tal forma que por una parte se sujete la información que se encuentre inmersa en un proceso deliberativo a la denominada “prueba de daño”, y por la otra, los secretos fiscal, bancario, fiduciario e industrial, que actualmente se consideran información reservada, se establezcan como información confidencial, en razón de que dichas causales de clasificación atienden la protección del patrimonio de particulares y no a información gubernamental. No obstante, se debe precisar que en el caso del secreto industrial, las entidades que enfrentan competencia económica, se encontrarían legitimadas para invocarlo.

• Se propone incorporar a la Ley la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados recursos públicos federales, salvo el caso de las instituciones de crédito o de autoridades fiscales; actualmente esta disposición está prevista en lineamientos expedidos por el IFAI, con lo que el criterio de referencia se extendería a todos los sujetos obligados por la Ley, coadyuvando a una aplicación e interpretación uniforme de este ordenamiento en el ámbito federal.

• El artículo 14, fracción I de la Ley reconoce la clasificación que otros ordenamientos de igual jerarquía otorgan a información determinada, no obstante, la mayoría de las leyes que prevén supuestos de tal naturaleza fueron expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley, es decir, no atendían a una clara política de transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos del Estado.

En ese sentido, y con el propósito de que la clasificación de la información, en todos los casos, efectivamente atienda a razones de interés público y se determine por excepción, sin dejar de reconocer lo dispuesto por otros ordenamientos legales, se propone que el supuesto en comento se invoque efectuando una prueba de daño que motive la reserva respectiva.

Integración del Comité de Información

• En términos de la Ley vigente, los comités de información se integran por un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad, por el titular de la unidad de enlace y por el titular del órgano interno de control. Entre otros asuntos, dichos órganos colegiados determinan la debida clasificación de la información o la inexistencia de la misma frente a una solicitud de acceso.

En su oportunidad, se consideró que la participación de los titulares de los órganos internos de control legitimaba las determinaciones de los comités de información, no obstante, a la luz de la experiencia, la participación con voto de los titulares de los órganos internos de control resulta cuestionable, toda vez que por una parte se constituyen como integrantes del comité de información y por la otra como fiscalizadores de dicho órgano.

En ese sentido, se propone replantear la integración de los referidos comités, para lo cual podría sustituirse la participación con voto de los titulares de los órganos internos de control por la de los encargados de archivos, quienes derivado de la función que desempeñan podrían coadyuvar en las determinaciones que se adopten tanto en materia de inexistencias como en materia de clasificación.

Asimismo, se propone que tanto los titulares de los órganos internos de control como los de las áreas jurídicas, participen en los comités de información con voz pero sin voto, con el fin de que dichos órganos colegiados cuenten con orientación y asesoría técnica para la emisión de sus determinaciones, sin que exista un conflicto por la funciones que tienen encomendadas sus integrantes.

Distinción en el tratamiento de archivos históricos y archivos administrativos.

• Los archivos históricos son de acceso público a través de mecanismos particulares que propician su objetivo. Tienen como propósito resguardar, conservar y difundir la memoria institucional del país. En ese sentido, sería pertinente que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevea expresamente que el acceso a documentos históricos será a través de los mecanismos que el propio archivo histórico tiene implementados y no mediante el procedimiento de acceso previsto en dicho ordenamiento.

De esta suerte, únicamente el archivo administrativo que refleja la gestión gubernamental de los archivos históricos sería susceptible de acceso en la forma y términos que establece la Ley. Lo anterior, daría claridad al tratamiento que en la materia debe prevalecer para los archivos históricos.

Procedimiento de conciliación

• Se propone establecer la posibilidad de propiciar la conciliación entre las partes ante el IFAI, en cuyo caso se generará un acuerdo que tendrá carácter vinculante y que dejará sin materia el procedimiento de resolución del recurso de revisión.

Ampliación de plazo de reserva y registro de expedientes reservados

• Se propone modificar el artículo 15 de la Ley, para que sean las propias dependencias y entidades las instancias responsables de ampliar, por excepción, los plazos de reserva de la información.

• Se propone modificar lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley, con el propósito de eliminar la obligación de integrar un índice de expedientes reservados, a efecto de que en la herramienta informática creada para el control y clasificación archivística se precise, en su caso, la clasificación del expediente.

Facultades de regulación y verificación del IFAI.

Se propone ampliar las facultades del IFAI para verificar el cumplimiento en general de la Ley, y para emitir normatividad en materia de estadística e indicadores de gestión a los que se refiere el artículo 6º constitucional, a efecto de propiciar mejor calidad de la información que se proporciona al gobernado.

En materia de organización y conservación de documentos se incluye de manera expresa la facultad del IFAI para regularlos documentos electrónicos.

Asimismo, se incluye como atribución del IFAI, la de elaborar un programa que establezca las políticas en materia de transparenciapara la Administración Pública Federal.

Modificaciones respecto del cargo de Comisionado Presidente

Se propone modificar el artículo 35 de la Ley para fortalecer el cargo del Comisionado(a) Presidente(a), estableciendo un periodo más amplio de su gestión y otorgándolo atribuciones expresas en la Ley.

Régimen de responsabilidades administrativas.

• El régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se constituye como una herramienta fundamental para los órganos garantes, con la que se coadyuva al cumplimiento de los objetivos de la Ley, fortaleciendo por una parte, los deberes de los sujetos obligados en la materia e inhibiendo conductas contrarias a lo dispuesto por el propio ordenamiento.

La Secretaría de la Función Pública, como autoridad en la materia en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al investigar posibles responsabilidades por el incumplimiento de la Ley, detectadas durante la sustanciación de recursos de revisión, se ha pronunciado respecto de la naturaleza de la información vinculada a dicho incumplimiento.

Con el fin de reducir el margen de actuación de la autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas y evitar la invasión de competencias, se propone fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tratándose de violaciones a la Ley, estableciendo los tipos de sanciones que deberán aplicarse, en relación con la causal de responsabilidad administrativa en la que se hubiere incurrido, y precisando los criterios que deberán valorarse para determinar la sanción correspondiente en cada caso.

Adicionalmente, se estima que debe señalarse expresamente la responsabilidad administrativa por no acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior resulta relevante, en razón de que ante el incumplimiento de las resoluciones que emitan los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación, el mecanismo de coerción más efectivo, ante el dolo o negligencia del servidor público, es el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas, de tal suerte que el establecimiento de una causal que en forma específica determine una responsabilidad administrativa para los servidores públicos que no acaten las resoluciones derivadas de recursos de revisión o juicios de amparo, se constituye como una herramienta fundamental en el esquema previsto por la Ley para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información a los particulares.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que ante la ausencia de atribuciones de los órganos garantes que les permitan hacer exigibles sus resoluciones, la causal de responsabilidad administrativa por desacato a sus resoluciones, otorga elementos a dichos órganos para imponer el cumplimiento de las mismas.

La propuesta de fortalecer el esquema de responsabilidades administrativas por incumplimiento de la Ley pretende inhibir prácticas dilatorias y contrarias a lo previsto por la norma, en el cumplimiento de resoluciones emitidas por los órganos garantes o por el Poder Judicial de la Federación, cuestión que incide directamente en los objetivos de un ordenamiento de esta naturaleza, toda vez que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, la oportunidad con la que se otorga la información se constituye como un elemento fundamental.

Protección de datos personales.

• Derivado de la reforma al artículo 16 constitucional que prevé de manera expresa el derecho de protección de datos personales como un derecho fundamental y autónomo respecto de otros derechos, se propone derogar el capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental denominado “Protección de Datos Personales”, con el propósito de incluir en la Ley un Libro Segundo que regule esta materia en el sector público y que comprenda los derechos y principios que reconoce la Constitución como parte de la garantía señalada.

B) LIBRO SEGUNDO

DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La Ley vigente prevé disposiciones sobre la protección de datos personales en posesión del Gobierno Federal; sin embargo, éstas no resultan suficientes para desplegar el nuevo derecho fundamental reconocido recientemente por nuestra constitución, en sus artículos 6 y 16.

El artículo 16 constitucional, abarca, además de los ya reconocidos derechos de acceso y corrección de datos, los relativos a la cancelación y oposición a su tratamiento, así como la observancia de los principios de protección.

Por lo anterior, existen motivos fundados para crear un Segundo Libro dentro de la Ley que desarrolle a cabalidad el contenido y alcances de este nuevo derecho, tomando en consideración la naturaleza, dinámica y particularidades del gobierno federal. Así, la nueva Ley denominada: Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales incluirá en su Libro Primero que ya se explica con anterioridad, las cuestiones relativas al acceso a la información contenida en los archivos de los sujetos obligados por la misma, y por su parte, el Libro Segundo desarrolla la manera en que habrán de protegerse los datos personales que también obran en los mismos archivos públicos.

La presente propuesta de Libro Segundo en materia de protección de datos personales, contiene las disposiciones necesarias para desarrollar con claridad losprincipios, derechos, medidas de seguridad y cuestiones relativas a las transmisiones de dichos datos, entre otros aspectos. Asimismo, incluye las reglas para el adecuado tratamiento de los datos del Gobierno Federal, previendo la observancia del principio de licitud y proporcionalidad que eviten que los datos se recaben de manera desproporcionada a los fines y atribuciones con que cuenta cada ente público. Finalmente se desarrolla el procedimiento de tutela de los derechos de los titulares de acceder a sus datos personales, rectificarlos en caso de ser necesario, cancelarlos si esto procede legalmente y en su caso, oponerse a su utilización, entre otros aspectos.

Ahora bien, el Libro Segundo que se presenta consta de ochenta y cuatro artículos, divididos en cuatro Títulos en los siguientes términos:

El Título Primero denominado “Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados”, se divide en siete capítulos. El Capítulo I intitulado “Disposiciones Generales” establece el objeto, objetivos y ámbito de aplicación del Libro Segundo, los sujetos regulados, así como un listado de definiciones fundamentales para la mejor comprensión de esta pieza legislativa.

Cabe mencionar que los sujetos obligados son los mismos que los señalados en el Libro Primero. Sin embargo, las disposiciones del Título Segundo intitulado “De la Protección de Datos Personales en el Poder Ejecutivo Federal”, solo serán aplicables a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Así, la presente propuesta de Libro Segundo deja a salvo la autonomía del Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier otro organismo u órgano federal, para que establezcan en sus respectivos instrumentos normativos los criterios y procedimientos bajo los cuales darán cumplimiento a los principios y derechos que dan contenido a la protección de datos personales.

En cuanto al nuevo rol del IFAI cabe mencionar que al transformarse en elInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no sólo es la autoridad garante en materia del derecho a saber, sino también el órgano especializado e independiente que vela por la protección de los datos personales en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esta última faceta que podrá acometer de mejor manera al poder servirse de un marco comprehensivo y claro en materia de protección de datos personales.

Por otro lado, una de las innovaciones de este instrumento normativo es el concepto de dato personal, el cual se traduce como la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, que puede ser numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, con independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio.

Asimismo, la definición de las categorías de datos personales que se consideran sensibles o especialmente protegidos como son la información concerniente a una persona relativa a la salud, a su origen étnico o racial, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, vida sexual, información biométrica o genética, entre otra.

En el mismo Título, se incluye el Capítulo II denominado “De los Principios de Protección de Datos Personales”, en el que cada uno de los principios aludidos es desarrollado como a continuación se explica:

Principio de licitud: la posesión de datos personales por parte de los sujetos obligados deberá obedecer única y exclusivamente a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

Principio del consentimiento: el derecho a la protección de datos personales se traduce enel poder de decisión y control que faculta al titular a decidir sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. La manifestación de este poder se materializa a través del consentimiento al ser la causa principal legitimadora del tratamiento de los datos personales.

No obstante, tratándose de los entes públicos, la mayoría de los tratamientos de datos personales que efectúan en ejercicio de sus funciones, tienen como causa legitimadora las competencias atribuidas a éstos a través de los instrumentos legales existentes. Como casos ilustrativos se pueden exponer aquellos relativos a las autoridades fiscales que no pueden sujetar a la voluntad del obligado recabar determinados datos que tengan como finalidad el pago de impuestos, o bien, la autoridad judicial no puede depender del consentimiento del titular para tratar los datos de quienes intervienen en un proceso.

Lo anterior, en virtud de que existen en nuestro marco jurídico causas legitimadoras que facultan el tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos obligados, y por consiguiente la voluntad del titular dejará de tener un valor relevante. Así, el principio del consentimiento se ve modulado.

Por ello, se establecen dos modalidades en qué podrá otorgarse el consentimiento, será de manera “tácita” en los supuestos en que por disposición legal obligue al titular a otorgar sus datos para la debida observancia de determinado precepto legal y el buen ejercicio de las atribuciones del sujeto obligado que solicita los datos, quien, además, deberá dar a conocer el aviso de privacidad.

El consentimiento será “expreso” y por “escrito” cuando así lo exija una ley o cuando los datos sean tratados para finalidades distintas para las cuales fueron recabados.

Finalmente, esta iniciativa de ley prevé que tratándose de datos sensibles sólo pueden ser objeto de tratamiento cuando así lo disponga una ley y el titular lo consienta expresamente, a través de su firma autógrafa, electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

Principio de calidad: los sujetos obligados deberán establecer mecanismos institucionales o específicos para garantizar, en la medida de lo posible, que la información personal que posean sea veraz, exacta y actualizada. Es decir, los datos personales deben estar al día, de tal manera que no se afecte la veracidad de los mismos, y por consiguiente, no repercuta en la materialización de las funciones cotidianas de éstos.

El principio de calidad tiene una segunda faceta relacionada con los plazos de conservación de los datos personales, la cual implica que dichos plazos no deberán exceder del tiempo que sea necesario para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento.

En efecto, cumplida íntegramente la finalidad perseguida el tratamiento dejará de ser necesario, y como consecuencia el mantenimiento del dato podría resultar innecesario para el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados, quienes deberán proceder a la inmediata cancelación de éstos.

Principio de finalidad: la manifestación esencial de la protección de los datos personales se funda en que el tratamiento únicamente sea llevado a cabo en el ámbito de finalidades determinadas, explícitas y legítimas directamente relacionadas y amparadas por las atribuciones conferidas a los entes públicos, a través de los instrumentos normativos correspondientes.

Principio de proporcionalidad: este eje rector se traduce en que los entes públicos sólo están obligados a recabar la información personal que consideren relevante, adecuada y estrictamente necesaria en función de las finalidades legítimas que justifiquen la obtención, uso, manejo y custodia de ésta.

Principio de información: este principio se traduce en el deber que constriñe a los entes públicos de dar a conocer a los titulares de la información, de manera previa, la existencia misma del tratamiento y las características esenciales de éste, en términos que le resulten fácilmente comprensibles.

Este principio permite al titular de la información conocer las particularidades del tratamiento como lo es la finalidad; el carácter obligatorio de proporcionar sus datos y las consecuencias de su negativa; el tratamiento a que serán sometidos sus datos; la identidad del responsable; las posibles transmisiones que pudieran llegar a efectuar los entes públicos con la información; así como los derechos vinculados a la protección de datos personales.

De acuerdo con los estándares internacionales, la materialización de este principio se traduce en el aviso de privacidad, el cual se constituye como un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que tiene por objeto dar a conocer las características esenciales del tratamiento a los titulares de la información.

Así, esta pieza legislativa prevé la información mínima necesaria que deberá contener este instrumento, así como los casos en que no será necesario para los sujetos obligados dar a conocer dicho aviso, al momento de recabar los datos personales a sus respectivos titulares.

Principio de responsabilidad: se traduce en que los entes públicos tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los principios y rendir cuentas al titular en caso de incumplimiento, en todo momento.

Esto es, los entes públicos deberán tomar todas las previsiones necesarias para que los datos sean tratados debidamente. Así, dado que es innegable el sinnúmero de transmisiones de datos que el Gobierno Federal realiza con los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, e incluso con gobiernos u organismos internacionales o con el sector privado, los sujetos obligados deberán garantizar que el tratamiento dentro y fuera del país, en su caso, se lleve a cabo en cumplimiento a los principios esenciales de protección de datos personales.

El Capítulo III del citado título denominado “De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición” prevé las prerrogativas que dan contenido a la protección de datos personales, los cuales como ya se ha establecido, fueron reconocidos recientemente en el artículo 16 constitucional.

En este sentido, los derechos de los titulares constituyen el complemento imprescindible de los principios a los que se hace referencia en el capítulo anterior.

Estos derechos, garantizan al titular el poder de disposición sobre la información que le concierne y en consecuencia su derecho a la protección de datos personales. Asimismo, actúan como complemento de los deberes impuestos a los sujetos obligados relativos al debido tratamiento de los datos personales que poseen, en virtud de que a través del ejercicio de los derechos, los titulares pueden conocer si el tratamiento resulta ajustado a los principios o deberes.

Los derechos establecidos por esta pieza legislativa relativos a la protección de datos personales son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mismos que dan contenido a este capítulo y que se explican brevemente a continuación.

Cabe precisar que previo a la reforma reciente al artículo 16 constitucional, la Ley ya reconocía los derechos de acceso y rectificación -que se explicará a continuación-, así como los procedimientos institucionales para ejercerlos ante los sujetos obligados correspondientes.

Derecho de acceso: El poder de disposición que tiene el titular sobre su información, conlleva necesariamente el derecho a conocer si sus datos personales están siendo objeto de tratamiento, así como el alcance y las circunstancias esenciales relacionadas con aquél.

Derechos de rectificación: prerrogativa del titular a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.

Derecho de cancelación: derecho del titular que da lugar a que se supriman o eliminen los datos que resulten ser inadecuados o excesivos.

Al respecto, esta pieza legislativa establece las causales de procedencia para hacer efectivo este derecho, a saber: cuando se dé un tratamiento a los datos personales en contravención a lo dispuesto por la presente Ley; los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad o finalidades previstas en la base de datos; hayan transcurrido los plazos establecidos por los instrumentos de control archivísticos aplicables o hubiere ejercido el derecho de oposición y este haya resultado procedente.

Ahora bien, el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación complementan los principios de calidad, finalidad y proporcionalidad. De este modo, si el titular tiene conocimiento de que el tratamiento de sus datos no cumple con los principios citados, podrá solicitar al sujeto obligado responsable la adecuada corrección de los datos que sean objeto de tratamiento, o en su caso, la supresión de sus datos en la base de datos de que se trate.

Así sucedería, por ejemplo, si comprueba que se está procediendo al tratamiento de datos que no resultan necesarios para la finalidad perseguida -incumpliendo el principio de proporcionalidad-, o bien, que los datos están siendo empleados para fines no autorizados o incompatibles con los que justificaron el tratamiento -vulnerándose así el principio de finalidad-, o que dichos datos no resultan ajustados a la realidad o están siendo conservados una vez cumplida la finalidad que motivó el tratamiento -conculcándose el principio de calidad-.

A diferencia del derecho de acceso o de la mera revocación del consentimiento -que no exigirá más que una declaración de voluntad del titular ante el sujeto obligado que maneje o posea la información que le concierne-, el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, en tanto tienen por objeto la puesta de manifiesto del incumplimiento de los principios básicos de protección mencionados en los párrafos anteriores, deberá complementarse con la debida justificación de la vulneración producida, a fin de que el sujeto obligado responsable pueda resolver sobre la misma.

Derecho de oposición: prerrogativa que consiste en solicitar el cese del uso de datos personales para determinada finalidad, como podría ser la publicidad o prospección comercial.

En el sector público, el derecho de oposición es más limitado, ya que si por ley el gobierno está facultado para el tratamiento de datos, no podrían oponerse los gobernados a dicho tratamiento. Por tanto, se restringe a aquellos casos en los que existan razones justificadas plenamente y cuando sean obtenidos de fuentes de acceso público.

Para ejemplificar, existen algunos sujetos obligados a los que la ley les confiere atribuciones en materia comercial -en concreto oferta de bienes o servicios dentro de un contexto de mercado competitivo-, en este sentido, los mismos obtienen una serie de información personal de sus clientes durante el proceso de venta de los bienes o servicios de que se trate. Ahora bien, la información personal que obtienen está acotada a la compraventa de bienes o servicios, por lo que, en caso de que el sujeto obligado decidiera utilizarla para enviar publicidad de sus productos, el titular de la misma podría ejercer su derecho de oposición para el tratamiento de dicha finalidad.

En general, el ejercicio de este derecho deberá sustentarse en la especificidad de la propia situación del afectado, que justifica que, aún siendo plenamente lícito el tratamiento, resulte necesario que cese; precisamente para evitar el perjuicio que la persistencia en el tratamiento pudiera causar a la persona.

Finalmente, en este capítulo se establece una disposición expresa de guardar la confidencialidad de la información personal tratada por los servidores públicos federales, o los proveedores que el gobierno federal contrate con el propósito de llevar cabo algún tipo de tratamiento de información personal -la cual deberá subsistir aun después de finalizar las relaciones con el sujeto obligado de que se trate-. Lo anterior, sin perjuicio del análisis que hagan los órganos garantes de la publicidad de ciertos datos personales por encuadrar en alguna disposición del Libro Primero.

A su vez, el Capítulo V del citado título denominado “Del Registro de Bases de Datos”, impone la obligación al Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo federal de registrar ante la autoridad garante las bases de datos personales que poseen en ejercicio de sus atribuciones, así como informar las características esenciales de las mismas tales como la denominación, la normatividad que faculta al sujeto obligado a recabar la información personal que posee, el tipo de datos personales recabados, la finalidad del sistema de datos personales de que se trate, así como la identificación del responsable.

Al respecto y a manera de referencia, es conveniente mencionar que Argentina, España, Francia, Portugal y Reino Unido, entre otros, cuentan con registros de esta naturaleza.

El registro de protección de datos personales tiene como función preponderante que la autoridad garante conozca sobre la existencia de las bases de datos y el tratamiento a que son sometidas las mismas. Asimismo, a través del establecimiento del registro mencionado, se coadyuva a la construcción de la cultura de protección de datos personales al constituirse como un mecanismo por medio del cual los titulares pueden contar con la información necesaria para dirigirse al responsable de la base de datos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que esta ley garantiza.

Por otro lado, la presente propuesta de Libro Segundo en este mismo título en el Capítulo VI titulado “De las Transmisiones de Datos Personales” establece las reglas básicas y generales que deberán cumplir los sujetos obligados en materia de transmisiones de datos personales.

Lo anterior, ante la innegable realidad de intercambiar y compartir información bajo los principios de coordinación, cooperación y apoyo que enmarcan la gestión pública gubernamental en los tres niveles de gobierno.

Al respecto, de acuerdo con los estándares internacionales que rigen esta materia, por regla general en toda transmisión de datos el titular deberá otorgar su consentimiento previo.

Empero, derivado de la dinámica y las características peculiares de las funciones del gobierno federal, esta pieza legislativa prevé aquellos supuestos de excepción en las que no se requerirá dicha legitimación en las transmisiones de datos personales que realicen los sujetos obligados, cuando esté previsto en una ley; se trate de datos obtenidos de fuentes de datos personales de acceso público; la transmisión se realice al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos, así como a los órganos impartidores de justicia en el ejercicio de sus funciones; el destinatario cuente con las atribucionespara recabar los datos y tengan una finalidad análoga, o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Es así, que fuera de estos casos amparados el Libro que se propone, los sujetos obligados están constreñidos a solicitar previa y expresamente el consentimiento del titular para efectuar transmisiones de datos.

Finalmente el Capítulo VII de este título y denominado “De la Seguridad de los Datos Personales” regula otro pilar fundamental e imprescindible para garantizar la debida protección de los datos personales, el cual se traduce en la implementación de medidas de seguridad administrativa, técnica y lógica, adecuadas y pertinentes, con el propósito de velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Lo anterior, a efecto de evitar daño, alteración, pérdida, destrucción o uso indebido, transmisión y acceso no autorizado.

Al respecto, cabe mencionar que en la actualidad el desarrollo de las tecnologías de la información hace posible la obtención y almacenamiento de grandes volúmenes de información personal en pequeños dispositivos. Este desarrollo también facilita la transmisión de la información por medios remotos a grandes distancias en cuestión de segundos. Precisamente, es en este contexto en el que también está inmerso el gobierno federal y por tal motivo está obligado a proteger la información que custodia y maneja en sus actividades cotidianas. El riesgo de sufrir la pérdida de información personal, sea ésta producto de la voluntad de un agente pernicioso o bien resultado del caso fortuito, siempre está presente. Las vulneraciones de seguridad generan altos costos institucionales, además de afectaciones en la esfera de otros derechos y libertades fundamentales de las personas. Con el fin de lograr lo anterior, se deberá tomar en cuenta, la naturaleza y tipo de datos, así como las finalidades del tratamiento y las capacidades técnicas y económicas de los sujetos obligados. Lo anterior, por supuesto, bajo estándares de neutralidad tecnológica.

Este Libro impone una serie de medidas específicas en esta materia, tales como establecer los criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de las bases de datos; difundir la normatividad aplicable entre el personal involucrado en el manejo de los datos personales; elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad de datos personales; adoptar las medidas para el resguardo de las bases de datos, de manera que se evite su alteración, pérdida o acceso no autorizado; entre otras.

Asimismo, este instrumento normativo prevé una disposición expresa para aquellos supuestos en que el tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados sea por cuenta de un “encargado externo” -cualquier persona física o moral, pública o privada, que sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable de la base de datos-, conocido comúnmente como “outsorcing”.

En estos supuestos, dicha delegación que hace el responsable al encargado deberá constar en un instrumento jurídico que incluya los siguientes aspectos:

• La obligación del prestador de servicios de guardar confidencialidad de los datos que trata;

• Las responsabilidades y penalizaciones, en caso de que éste incurra en un tratamiento indebido conforme a lo pactado, así como

• La verificación de seguridad que podrá realizar el sujeto obligado mediante la inspección de las instalaciones, los procedimientos y el personal del proveedor.

Lo anterior, a fin de garantizar la seguridad de los datos objeto de tratamiento con independencia que el mismo se lleve a cabo por un proveedor de servicios externo. Esto es, el espíritu de esta disposición busca que las condiciones de seguridad sigan siendo las mismas a las que ha implementado el sujeto obligado, así como constreñir al prestador de servicios contratado a velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad y buen uso de los datos que trata por cuenta del responsable.

Por su parte, el Título Segundo denominado “De la Protección de Datos Personales en el Poder Ejecutivo Federal”, se compone de cinco capítulos, de los cuales únicamente se abordará el capítulo IV.

El Capítulo IV de este título denominado “De las Bases de Datos en materia de Seguridad Pública y Tributaria” establece los ejes rectores bajo los cuales se guiará el tratamiento de información de carácter personal en materia de seguridad pública.

Al respecto, cabe hacer la siguiente reflexión. Toda vez que el artículo 16 constitucional establece como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, entre éstos destaca por razones de seguridad, la ley secundaria en la materia deberá prever la modulación del derecho que goza toda persona a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su utilización.

En ese sentido la iniciativa de ley que se propone prevé que el régimen de protección de los datos personales que se establece en dicha norma no será de aplicación a las bases de datos y tratamientos establecidos para la investigación del terrorismo y delincuencia organizada a cargo del Poder Ejecutivo Federal.

De esta suerte, las autoridades federales a cargo de la seguridad pública sólo podrán recabar datos personales, sin el consentimiento del titular, cuando éstos resulten necesarios y relevantes para la prevención de un peligro real para la seguridad pública, o bien, para efectos de la prevención o persecución de delitos. Asimismo, estas autoridades estarán facultadas a poseer datos sensibles exclusivamente para fines de una investigación concreta.

Por consiguiente y en cumplimiento al principio de calidad, las autoridades de seguridad pública quedarán obligadas a cancelar los datos personales con fines policiales o de investigación cuando ya no sean necesarios para la investigación que motivaron su almacenamiento.

Aunado a lo anterior, estas autoridades estarán facultadas para negar a los titulares que lo soliciten el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, tomando en consideración el daño probable que pudiera derivarse para la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se están realizando.

Tratándose de bases de datos creadas con el objeto de prevención de un peligro real para la seguridad pública o la prevención o persecución de delitos, las autoridades de seguridad pública estarán obligadas por ministerio de ley a cumplir con los principios rectores que garanticen el debido tratamiento de la información personal que obtienen, manejan y custodian vinculada con dicho objeto, exceptuando el principio del consentimiento en razón de la propia naturaleza de las actividades que despliegan. Estas autoridades deberán poner especial énfasis en la conservación de los datos que obtienen en sus funciones policiales o de persecución de delitos. Esto es, una vez que los mismos hayan dejado de ser útiles o necesarios para los fines citados, deberán proceder a su cancelación. Por otra parte, en virtud del bien jurídico tutelado en el ejercicio de las funciones que realizan estas autoridades, se exceptúa a las mismas en ciertos casos, de otorgar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los titulares de la información personal bajo los supuestos citados en párrafos anteriores.

En materia tributaria, igualmente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se verían modulados, como sucede en el caso de seguridad pública, toda vez quelos sujetos obligados contarán con atribución para negar el ejercicio pleno de estos derechos en los términos que la Ley establece.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la:

LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

LIBRO PRIMERO

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Libro es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

Artículo 2.-

Artículo 3.- Para los efectos de este Libro se entenderá por:

I. …

II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable. La información personal puede ser numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, con independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

III. a IV. …

IV Bis. Indicadores de gestión: Conjunto de mediciones que dan cuenta del beneficio a la sociedad que el ejercicio de recursos públicos y el cumplimiento de las funciones sustantivas de los sujetos obligados por la Ley generan y que pueden ser construidos como series de tiempo.

V. …

VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley u otras que también se prevean de manera expresa en otras leyes;

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establecido en el Artículo 33 de esta Ley;

VIII. …

IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. y XI. …

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas de manera inmediata y directa a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la preservación de la soberanía e independencia nacionales, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XIII. Derogada;

XIV. Sujetos obligados:

a) a e) …

f). El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda y los Trabajadores, y

g). Cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

XV. …

Artículo 4.- …

Artículo 5.- …

Artículo 6.- En la interpretación de este Libro y de su Reglamento, así como de las normas de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 6 bis.- Los sujetos obligados por este Libro deberán:

Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, incluso los procesos deliberativos;

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental;

Publicar y mantener disponible en Internet la información a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley, y a los que competa aquella señalada en los artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quater;

Garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en este Libro;

Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación y publicación de la información;

Capacitar a sus servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; en el caso del Poder Ejecutivo, la capacitación se llevará a cabo en colaboración con el Instituto;

Generar estadísticas relacionadas con sus actividades sustantivas para la cual se podrán coordinar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

Permitir que los órganos garantes tengan acceso a toda la información incluida la reservada y la confidencial, así como a los archivos administrativos y sistemas de datos personales para verificar el cumplimiento de este Libro, y

Las demás disposiciones que se deriven de esta Ley, de sus Reglamentos y de los Lineamientos que correspondan.

Capítulo II

Obligaciones de transparencia

Sección I.

Obligaciones de los Sujetos Obligados

Artículo 7.- Los sujetos obligados deberán difundir en Internet la siguiente información:

Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la estructura, las facultades y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables;

El directorio de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, con nombre, domicilio y números telefónicos oficiales y, en su caso, dirección de correo electrónico oficial;

Las remuneraciones de los servidores públicos, incluyendo el tabulador, sueldos y compensaciones brutos y netos, así como las prestaciones correspondientes del personal de base, de confianza y del contratado por honorarios. Igualmente el número total de las plazas contratadas por honorarios, especificando las vacantes por cada unidad administrativa;

Una relación de las comisiones efectuadas por los servidores públicos en la que se especifique el nombre y cargo de éstos, los lugares a los que fueron comisionados, el motivo, las fechas de inicio y término de las mismas, así como los montos de los viáticos otorgados y ejercidos para ese propósito, con base en los informes presentados por los servidores públicos para los efectos correspondientes;

El perfil de los puestos de los servidores públicos de conformidad con el catálogo de puestos del servicio profesional de carrera o el instrumento equivalente y los datos curriculares de quienes ocupan esos puestos;

El marco normativo completo aplicable a cada sujeto obligado;

Los trámites y servicios que ofrecen, así como un listado de los programas que administran, en donde se especifique la población objetivo a quien van dirigidos tales programas;

Los programas de subsidio, estímulos y apoyos, incluyendo el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como las reglas de operación y los padrones de las personas beneficiarias de los mismos;

Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones se deberá publicar su objeto, el nombre o razón socialdel titular, su tipo (licencia, permiso, concesión o autorización), así como indicar si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos federales;

Un listado de los contratos o convenios celebrados que relacione el número de contrato o convenio, su fecha de celebración y modificación en su caso, el nombre o razón social del contratista y, si lo hubiere,el monto total de la contratación;

La relativa a los convenios o contratos que los sujetos obligados celebren con los estados y los municipios o con otros países; organizaciones de la sociedad civil; sindicatos u organizaciones laborales, profesionales o empresariales; partidos políticos y cualquier otro tipo de agrupaciones; instituciones de enseñanza pública o privada; fundaciones; cualquier institución del Estado;

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados y los recursos económicos o en especie que por cualquier motivo se hayan entregado a los sindicatos, incluso los donativos;

Una relación de los servidores públicos comisionados para desempeñar actividades distintas a su cargo o función por cualquier causa, incluso de carácter sindical;

El Plan Nacional de Desarrollo o los correspondientes planes de los otros sujetos obligados, vinculados con sus programas y los respectivos indicadores de gestión o su equivalente que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas;

Los indicadores de gestión;

Para los últimos 3 ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes sobre su ejecución en los términos de las disposiciones aplicables.

Los calendarios de las reuniones de los diversos órganos colegiados o comisiones consultivas, intersecretariales o cualquier otra.

Domicilio y dirección de correo electrónico de la Unidad de Enlace, del Comité de Información ydel área coordinadora de archivos;

El cuadro general de clasificación archivística;

Con respecto a las auditorías o revisiones, un informe que contenga lo siguiente:

a) El programa de auditorías o revisiones a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo;

b) Las auditorías o revisiones efectivamente realizadas y el nombre de la autoridad que las practicó;

c) Las observaciones solventadas de las auditorías o revisiones por cada rubro y sujeto a revisión, y

d) Respecto del seguimiento de los resultados de las auditorías o revisiones, las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado.

Los informes que debe rendir el sujeto obligado con el fundamento legal que sustenta su generación, así como su calendario de publicación, en su caso;

El nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, así como el monto correspondiente, y que no se ubiquen en alguna de las fracciones del presente artículo;

Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, a través del sistema electrónico correspondiente, así como las resoluciones del Instituto o de la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, competente respecto de los recursos de revisión que se hubieren presentado;

Cualquier otra información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones responsabilidad del sujeto obligado.

Los sujetos obligados deberán señalar en sus páginas de Internet los rubros del presente artículo que no le son aplicables.

Sección II.

Obligaciones específicas para el Poder Ejecutivo Federal

Artículo 7 bis.- Además de lo señalado en el artículo 7, el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias y entidades, deberá hacer pública en Internet la siguiente información:

Los anteproyectos de Leyes y disposiciones administrativas de carácter general a las que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha en que se pretenda publicar o someter a la firma del titular del Poder Ejecutivo, salvo que se determine a juicio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, que su publicación pueda comprometer seriamente los efectos que se pretenda lograr o que se trate de situaciones de emergencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley mencionada;

El presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados y las fórmulas de distribución de los recursos federales a los estados y los municipios, y

La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad de cada dependencia y entidad;

El Instituto, en el ámbito de la Ley, podrá expedir lineamientos específicos para la publicación de estadística a que se refiere el artículo 6 Bis, de indicadores de gestión, así como para efectos de lo establecido en la fracción III del presente artículo.

Artículo 7 Ter.- Además de lo señalado en el artículo 7, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y los órganos a cargo de funciones de prevención y persecución de delitos, según corresponda, deberán publicar en Internet lasiguiente información:

I. Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia;

II. El número de denuncias presentadas el año inmediato anterior, el de las averiguaciones previas en las que se ejerció la acción penal, el de aquéllas enque se resolvió el no ejercicio de la acción penal y el de las que se enviaron a reserva, así como el resultado o sentido de las sentencias, en su caso;

III. Los criterios de evaluación del desempeño policial y un informe anual del mismo;

IV. El Plan de seguridad pública incluyendo diagnóstico, objetivos, líneas de acción e informe anual de evaluación de instrumentación;

V. Las convocatorias de ingreso y ascenso, incluidos los plazos, requisitos y procedimientos de selección, así como sus resultados, y

VI. Los programas de capacitación inicial y permanente.

Artículo 7 Quater.- Además de lo señalado en el artículo 7, el Instituto deberá hacer pública en Internetla siguiente información:

I. Las resoluciones de los recursos de revisión emitidas;

II. Los estudios y opiniones de carácter técnico que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

III. Estadísticas sobre las solicitudes que deberán incluir el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada Unidad de Enlace de las dependencias y entidades, así como su resultado, su tiempo de respuesta, el número y resultado de los recursos de revisión sustanciados y otros asuntos atendidos, el estado que guardan las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley;

IV. Las actas de las sesiones del Comité de Información, del Pleno del Instituto y de su Órgano de Gobierno;

V. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley, y

VI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante.

Sección III.

Otras obligaciones

Artículo 8.- …

Artículo 9.- …

Artículo 10.- Derogado.

Artículo 11.- Por lo que hace a información relativa a partidos políticos, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 12.- …

Capítulo III

Información reservada y confidencial

Artículo 13.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I a IV. …

V.

V. Causar un serio perjuicio a:

a) Las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes;

b) La prevención o persecución de los delitos;

c) La impartición de la justicia;

d) La recaudación de las contribuciones;

e) Las operaciones de control migratorio, y

f) Las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

VI. Afectar un proceso deliberativo incluyendo las opiniones, recomendaciones, insumos o puntos de vista que formen parte del mismo, en tanto concierne a la toma de decisiones que impacte el interés público y hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar tanto el proceso deliberativo como la decisión definitiva, de conformidad con lo que establezcan los Reglamentos correspondientes.

Artículo 14.- También se considerará como información reservada:

I. Derogada;

II. Derogada;

III. a V. …

VI. Derogada.

Artículo 14 Bis.- La resolución de los Comités de Información que confirme la clasificación de información deberá estar fundada y motivada. La motivación de la información reservada con fundamento en alguna causal prevista en el artículo 13 de esta Ley o en cualquier otra Ley, independientemente de que se denomine como confidencial, comercial reservada, gubernamental confidencial, entre otras, deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que con el acceso a la información existe una alta probabilidad de dañar el interés público, salvo que se trate de algunos de los supuestos expresamente señalados en el artículo 18 de la Ley.

Artículo 15.- La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, establecerán los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán ampliar el periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 16.- …

Artículo 17.- El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 18.- Como información confidencial se considerará:

I. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley, y

II. La protegida por los secretos industrial, bancario, fiduciario, fiscal o profesional. El secreto industrial también podrá ser invocado por las entidades paraestatales que enfrenten competencia económica.

Artículo 18 Bis.- Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes o fideicomisarios de fideicomisos públicos, o como titulares de operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos federales, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de dichos recursos como secreto fiduciario, bancario o fiscal, respectivamente, sin perjuicio de que dicha información pueda ubicarse en algún otro supuesto de clasificación previsto en este Libro.

Artículo 19.- …

Artículo 19 Bis.- La información confidencial a que se refiere el artículo 18 de la presente Ley, podrá divulgarse cuando, ante la presentación de un recurso de revisión, a juicio del Instituto o de la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61 de esta Ley, existan razones de interés público relacionadas con los objetivos de este Libro debidamente acreditadas. Para este efecto, podrá mediar petición del recurrente, quien aportará los elementos de prueba que considere pertinentes, o bien el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, podrá hacerlo de oficio cuando durante la sustanciación de un recurso considere que existen elementos que justifiquen la divulgación de la información confidencial.

Para este efecto, durante la sustanciación del recurso de revisión, deberá respetarsela garantía de audiencia de los titulares de la información confidencial y el del Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61 de esta Ley deberá realizar una valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa de los intereses en conflicto que permita razonablemente asegurar que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares o de aquellas entidades paraestatales que enfrenten competencia económica.

Capítulo IV

Protección de datos personales

Se deroga

Capítulo V

Cuotas de Acceso

Artículo 27.- …

TITULO SEGUNDO

ACCESO A LA INFORMACION EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Capítulo I

Unidades de enlace y comités de información

Artículo 28.- …

Artículo 29.- …

Artículo 30.- Cada Comité estará integrado por:

I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;

II. El titular de la Unidad de Enlace, y

III. El titular del área coordinadorade archivos.

El Comité de Información adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. A sus sesiones podrán asistir como invitados los servidores públicos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

El Órgano Interno de Control y la unidad administrativa a cargo de los asuntos jurídicos serán miembros permanentes a las sesiones del Comité y participarán con voz pero sin voto.

Artículo 31.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el Artículo 29, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.

Artículo 32.- Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los lineamientos para la organización y conservación de los archivos administrativos, así como para la administración de documentos electrónicos en posesión de las dependencias y entidades. Dichos Lineamientos tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, los sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos y responsables para los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico; y deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos y poner a disposición del público una guía simple que describa sus archivos.

Artículo 32 Bis.- Las dependencias y entidades, para la mejor administración de sus archivos, deberán poner a disposición de los particulares, mediante el sistema informático que desarrolle el Instituto en coordinación con el Archivo General de la Nación, la siguiente información:

El cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos;

La clasificación de la información como reservada o confidencial a nivel de serie documental, y

Los inventarios de bajas documentales.

Los sujetos obligados deberán actualizar anualmente la información contenida en la herramienta informática.

Capítulo II

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Artículo 33.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, especializado en materia de acceso a la información, imparcial y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 34.- El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por mayoría del Senado de la República, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente.

….

….

….

Artículo 35.- Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación;

IV. Tener reputación de imparcialidad, independencia y buen juicio;

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, en materia de derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas, gestión documental, sistemas de información o protección de datos personales, y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 36.- El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión, y será elegido por los comisionados. Para el debido ejercicio del encargo encomendado, el Comisionado Presidente contará con las siguientes facultades:

I. Coordinar los trabajos del Instituto;

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas de la Instituto;

III. Presentar al H. Congreso de la Unión el informe a que refiere el artículo 39, y

IV. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos;

El Comisionado Presidente será elegido por los integrantes del Pleno para lo cual se requerirá de la asistencia de la totalidad de los Comisionados y de mayoría calificada para su elección.

Para la remoción del Comisionado Presidente de la Presidencia del Instituto, se requerirá del voto de los cuatro comisionados restantes en el Pleno y acuerdo unánime de éstos respecto del Comisionado que lo sustituirá en la función.

Artículo 37.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I, a II. …

III. Establecer los criterios que sean necesarios en materia de acceso a la información, clasificación de documentos, organización y conservación de archivos administrativos e indicadores de gestión a los que se refiere el artículo 6º Constitucional;

IV. …

V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente Libro y las disposiciones que deriven de la misma;

VI. a VIII. …

IX. Derogada

X. a XII

XII Bis. Elaborar un programa que establezca las políticas en materia de transparenciapara la Administración Pública Federal;

XIII a XIX. …

Artículo 38.- …

Artículo 39.- …

Capítulo III

Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad

Artículo 40.- …

Artículo 41.- …

Artículo 42.- …

Artículo 42 Bis.- Los archivos históricos tendrán el carácter de públicos y su acceso procederá en términos de las disposiciones que los rigen.

Artículo 43.- …

Artículo 44.- …

Artículo 45.- …

Artículo 46.-Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la dependencia o entidad, el Comité de Información analizará el caso y tomará todas las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia. En caso de que la información solicitada permita documentar las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al sujeto obligado, el Comité de Información, atendiendo a los objetivos de este Libro establecidos en el artículo 4, podrá ordenar a la unidad administrativa responsable que genere el documento cuando esto sea posible, o bien expedirá una resolución que confirme su inexistencia y lo notificará al solicitante a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo establecido en el artículo 44 de esta Ley. El Comité deberá notificar el caso al órgano interno de control en la dependencia o entidad, o su equivalente en los otros sujetos obligados, cuando estime que la inexistencia fue resultado del dolo o negligencia de algún servidor público a fin de que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Cuando la respuesta elaborada por la unidad administrativa claramente atienda el requerimiento de información del solicitante y de la misma se advierta que no existe obligación de la dependencia o entidad de contar con dicha información, toda vez que de la normatividad se desprende la imposibilidad de que cuente con el documento, no será necesario que la declaración de inexistencia sea emitida por el Comité de Información.

Artículo 47.- …

Artículo 48.-….

Excepcionalmente los Comités de Información, a solicitud de la Unidad de Enlace, podrán desechar solicitudes de información cuando su respuesta implique la elaboración o revisión de documentos o expedientes o la generación de versiones públicas de los mismos, cuando se cause un entorpecimiento extremo que suponga una disrupción sustancial e irracional en las actividades del sujeto obligado. En estos casos, el desechamiento deberá motivar esta situación con elementos objetivos que permitan evaluar las consecuencias que tendría para la dependencia o entidad dar respuesta a la solicitud. Asimismo, se procurará establecer contacto con el solicitante para orientarlo sobre maneras alternativas de presentar la solicitud para obtener la información que busca, o bien la forma y tiempo en que paulatinamente puede darse respuesta a su solicitud. Queda a salvo el derecho del particular de interponer el recurso de revisión previsto en este Libro.

Capítulo IV

Del procedimiento ante el Instituto

Artículo 49.- El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

Artículo 50.- El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

I. Derogada;

II. Derogada;

III. a IV. ...

Artículo 51.- …

Artículo 52.- …

Artículo 53.- …

Artículo 54.- …

Artículo 55.- Salvo lo previsto en el Artículo 53, el Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

I. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la interposición del recurso, se deberá integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto;

II. a VI. ….

….

….

Artículo 55 Bis.- Cuando se impugne la inexistencia de la información solicitada y ésta permita documentar las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al sujeto obligado, el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, atendiendo a los objetivos de este Libro establecidos en el artículo 4, podrá ordenarle que genere la información. El Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, deberá notificar el caso al órgano interno de control o equivalente en el sujeto obligado cuando estime que la declaración de inexistencia fue resultado del dolo o negligencia de algún servidor público a fin de que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 56.- …

Artículo 57.- El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. a II. …

III. Derogada

IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente que pueda tener por efecto revocar o modificar el acto recurrido, y

V. Por tratarse de un recurso ofensivo, frívolo o irracional;

Artículo 58.- El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;

II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;

III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Libro, o

IV. Cuando por cualquier motivo el recurso quede sin materia.

Artículo 58 Bis.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento conciliar entre el recurrente y el sujeto obligado. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 59.- Las resoluciones del Instituto serán definitivas e inatacables para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

….

Artículo 60.- …

TITULO TERCERO

ACCESO A LA INFORMACION EN LOS DEMAS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo Unico

Artículo 61.- El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en este Libro.

Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda:

I.a V. …;

VI. Derogada

VII. El órgano a que se refiere el artículo 6º, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 62.- …

TITULO CUARTO: RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Unico.

Artículo 63.- Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Libro las siguientes:

Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada ni considerada confidencial en términos de este Libro;

Clasificar con dolo como reservada información que no cumple con las características señaladas en este Libro. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a información, o bien, en la difusión de la información relativa a las obligaciones de transparencia a que están obligados conforme a este Libro;

Declarar dolosamente la inexistencia de información, cuando esta exista total o parcialmente en los archivos del sujeto obligado;

Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por este Libro;

Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos previstos por este Libro;

Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso;

Prolongar con dolo los plazos previstos en este Libro, para la entrega de la información pública;

No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Libro, será sancionada siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o sus equivalentes deberán ser notificadas al Instituto o a la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61. El Instituto deberá hacerlas públicas a través del informe anual a que se refiere el artículo 39 de esta Ley.

Artículo 64.- Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I y II, del artículo 63 de esta Ley, serán sancionadas con apercibimiento público y, en caso de reincidencia, con suspensión de tres días a tres meses.

Artículo 65.- Las causas de responsabilidad prevista en las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX del artículo 63 de esta Ley, serán sancionadas con suspensión del cargo de tres días a tres meses y en caso de reincidencia con la destitución del responsable.

Artículo 66.- Las causas de responsabilidad prevista en las fracciones VII y X, del artículo 63 de esta Ley, serán sancionadas con destitución del cargo y atendiendo a la gravedad de la falta podrá decretarse la inhabilitación del servidor público responsable.

Artículo 67.- Las sanciones previstas en este Libro se impondrán atendiendo los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que atenten contra la transparencia, el acceso a la información pública o la protección de datos personales;

II. El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones del servidor público responsable;

III. Las circunstancias ycondiciones del incumplimiento;

IV. La antigüedad en el servicio;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales, y

VI. El monto del beneficio o del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento.

Artículo 68.- El Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta prevista en el artículo 63 de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinente. Asimismo, las autoridades competentes deberán entregarle semestralmente un informe sobre los procedimientos iniciados y sus resultados. Esta información deberá ser incorporada en los informes anuales que rinda el Instituto ante el H. Congreso de la Unión.

Artículo 69.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

Artículo 70.- El servidor público que acate una resolución del Instituto o de la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, no será responsable por las consecuencias que de dicho cumplimiento deriven.

LIBRO SEGUNDO

DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 71.- El presente Libro es de orden público. Tiene como propósito proveer lo necesario para garantizar el derecho de cualquier persona a la protección de sus datos personales en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

Artículo 72.- Para los efectos de este Libro se entenderá por:

I. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el Responsable de la base de datos que es puesto a disposición del Titular, previo al tratamiento de los mismos. Lo anterior de conformidad con el principio de información a que se refiere este Libro;

II. Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado, cualquiera que fuere su forma o modalidad de creación, almacenamiento, organización y acceso;

III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la que fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que correspondan;

IV. Cancelación: Eliminación total de una base de datos o de determinados datos de la misma, previo bloqueo de éstos;

V. Consentimiento: Toda manifestación previa de la voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la cual el Titular acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen;

VI. Comités: Los Comités de Información de cada una de las dependencias y entidades mencionados en el artículo 29 de esta Ley;

VII. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Dicha información personal puede ser numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, con independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

VIII. Datos sensibles: La información concerniente a una persona relativa a la salud, a su origen étnico o racial, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, vida sexual, información biométrica o genética, entre otra;

IX. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República;

X. Destinatario: Cualquier persona física o moral, pública o privada que recibe datos personales;

XI. Días: Días hábiles;

XII. Disociación:Procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación individual del mismo;

XIII. Documento de seguridad: Instrumento que contiene los procedimientos y medidas de seguridad administrativa, física y técnica a implementar para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos contenidos en las bases de datos bajo su custodia;

XIV. Encargado: El servidor público o cualquier persona física o moral, pública o privada, que sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del Responsable de la base de datos, facultado por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable;

XV. Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado por el Reglamento de esta Ley;

XVI. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

XVII. Ley: La Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

XVIII. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIX. Órganos garantes: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y los órganos equivalentes en los otros sujetos obligados previstos en el artículo 142 de la presente Ley;

XX. Otros sujetos obligados: Los contemplados en los incisos b) a f) de la fracción XXIV de este artículo;

XXI. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la presenteLey;

XXII. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional;

XXIII. Responsable: El servidor público titular de la unidad administrativa de los sujetos obligados que en el ejercicio de sus facultades decide sobre el tratamiento de los datos personales, así como sobre el contenido y la finalidad de las bases de datos que custodia;

XXIV. Sujetos obligados:

El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República;

El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;

Los órganos constitucionales autónomos;

Los tribunales administrativos federales, y

Cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

XXV. Titular:Persona física a quien se refieren los datos personales que sean objeto de tratamiento;

XXVI. Transmisión: Toda comunicación o entrega parcial o total de datos personales realizada por los sujetos obligados a una persona distinta del titular, mediante el uso de soportes físicos o electrónicos;

XXVII. Transmisor: Sujeto obligado que posee los datos personales objeto de la transmisión;

XXVIII. Tratamiento:Cualquier operación o procedimiento técnico, sea manual o automatizado, que se aplique a datos personales, que permita su obtención, registro, organización, almacenamiento, conservación, utilización, procesamiento, modificación, extracción, consulta, transmisión, bloqueo y cancelación, y

XXIX. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados posean las bases de datos de conformidad con las facultades que les correspondan.

Artículo 73.- Son objetivos de este Libro:

I. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;

II. Proveer lo necesario para que toda persona pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como manifestar su oposición a determinado tratamiento, mediante procedimientos sencillos y expeditos, y

III. Promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

Artículo 74.- El presente Libro es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.

Artículo 75.- Los principios y derechos previstos en este Libro, tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de terceros.

Artículo 76.- A falta de disposición expresa en este Libro, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, según corresponda.

Capítulo II

De los Principios de Protección de datos personales

Artículo 77.- Los sujetos obligados en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, información, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el presente Libro.

Artículo 78.- La posesión de las bases de datos por parte de los sujetos obligados deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales o reglamentarias.

Artículo 79.- Todo tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados deberá contar con el consentimiento previo de su titular, el cual deberá otorgarse en forma libre, inequívoca, específica e informada. Tal consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello sin que se le atribuyan efectos retroactivos.

Artículo 80.- El consentimiento podrá ser tácito, o expreso y por escrito, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento.

El consentimiento será tácito cuando una ley o reglamento establezcan la obligación del titular de proporcionar sus datos personales para la debida observancia de las normas, que permita el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados. Se considera que se cuenta con el consentimiento tácito al poner a disposición del titular el aviso de privacidad a que se refiere el presente Título.

El consentimiento será expreso, cuando así lo requiera una ley o cuando los datos sean tratados para finalidades distintas para las que fueron recabados. En este caso, el consentimiento deberá manifestarse por escrito.

Artículo 81.- Los datos sensibles sólo podrán ser objeto de tratamiento cuando así lo disponga una ley y el titular lo consienta expresamente. En dicho caso, el Responsable deberá obtener el consentimiento expreso del Titular a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

Queda prohibida la creación de bases de datos con información que directa o indirectamente contengan datos personales sensibles, sin que exista una disposición legal o reglamentaria que expresamente lo autorice.

Artículo 82.- No será necesario el consentimiento expreso para la obtención de los datos personales cuando:

I. Se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los sujetos obligados;

II. Se refieran a una relación de negocios, laboral o administrativa siempre y cuando sean pertinentes;

III. Sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria; tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que esté en serio peligro la vida o salud del titular y no esté en condiciones de otorgar el consentimiento. Dicho tratamiento de datos debe realizarse por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente;

IV. Se afecte la seguridad nacional; la seguridad o salud pública, las actividades de prevención y persecución de los delitos; disposiciones de orden público, o derechos de terceros, y

V. Los datos figuren en fuentes de datos personales de acceso público y se requiera su tratamiento.

Artículo 83.- Los sujetos obligados deberán mantener actualizados los datos personales en su posesión, de tal manera que no se altere la veracidad de los mismos.

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en las bases de datos, deberán ser cancelados, previo bloqueo, una vez que concluya el plazo de conservación establecidos en los instrumentos de control archivísticos correspondientes.

Artículo 84.- Todo tratamiento de datos personales que efectúen los sujetos obligados deberá estar justificado en finalidades determinadas, explícitas y legitimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

No se considerará como una finalidad distinta el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Artículo 85.- Los sujetos obligados sólo deberán recabar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Artículo 86.- Los sujetos obligadosdeberán hacer del conocimiento del titular, al momento de recabar sus datos, de modo expreso, preciso e inequívoco, ya sea a través de medios físicos o electrónicos, el aviso de privacidad.

Artículo 87.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. Que sus datos se incorporarán a un base de datos y la finalidad del tratamiento;

II. Del carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales;

III. De las consecuencias de la negativa a suministrarlos;

IV. De las transmisiones o la posibilidad que los datos sean transmitidos y de los destinatarios;

V. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y

VI. Del cargo y dirección del Responsable.

Cuando los datos personales no hayan sido obtenidos directamente de su titular, el Responsable deberá dar a conocer la información antes señalada, a través de medios impresos, sonoros, visuales, electrónicos o cualquier otro, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que exista constancia que el titular ya fue informado del contenido de las fracciones I, IV, V y VI del presente artículo.

Artículo 88.- No será necesario proporcionar el aviso de privacidad a que se refiere el artículo anterior cuando:

I. Expresamente una ley lo prevea, o se desprenda de sus disposiciones;

II. El tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o

III. Dar la información al titular a que se refiere el artículo 86 resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de los órganos garantes en la materia, en consideración al número de titulares, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Artículo 89.- El Responsable deberá cumplir con los principios de protección de datos establecidos por este Libro, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del sujeto obligado. El Responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al Titular, será respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.

Capítulo III

De los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 90.- Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales son derechos independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente.

El titular tiene derecho a acceder a sus datos, a conocer el origen y tratamiento al que están sometidos, así como a conocer las transmisiones realizadas o que se pretendan realizar de los mismos, en los términos previstos por este Libro.

El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos, siempre que sea posible y no exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de los órganos garantes.

Artículo 91.- La cancelación de datos personales procede a solicitud del titular cuando:

I. Se dé un tratamiento a los datos personales en contravención a lo dispuesto por el presente Libro;

II. Los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad o finalidades previstas en la base de datos, y

III. Hayan transcurrido los plazos establecidos por los instrumentos de control archivísticos aplicables, y

IV. Hubiere ejercido el derecho de oposición y este haya resultado procedente.

Artículo 92.- La cancelación da lugar al bloqueo del dato por un periodo en el que el Responsable lo conservará precautoriamente para efectos de responsabilidades y una vez que concluya el plazo de conservación establecido en el instrumento de control archivístico correspondiente. Durante el periodo referido no podrá darse tratamiento alguno al dato.

Cumplido el periodo anterior, deberá procederse a la supresión del dato, que implica el borrado o eliminación del mismo.

Artículo 93.- Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación, el Responsable deberá hacer del conocimiento de las personas a quienes se les hubiera transmitido, dichas rectificaciones o cancelaciones, quienes deberán realizar también la cancelación o rectificación correspondiente.

Artículo 94.- El Responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:

I. Deban ser tratados por disposición legal;

II. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento;

III. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos, o para la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente;

IV. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas; afecte la seguridad nacional; la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros;

V. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular;

VI. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público a juicio de los órganos garantes, y

VII. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular.

Artículo 95.- El titular tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para un fin determinado, con motivos legítimos y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el Responsable deberá excluir del tratamiento los datos relativos al titular y cancelarlos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 92.

Artículo 96.- Los Responsables y Encargados que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos deberán guardar confidencialidad respecto de estos; obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el sujeto obligado, salvo disposición legal en contrario.

Capítulo IV

Procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición

Artículo 97.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los titulares o sus representantes legales podrán solicitar a la Unidad de Enlace o su equivalente, previa acreditación, que les otorgue acceso, rectifique, cancele, o que haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernen y que obren en una base de datos en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 98.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener:

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;

II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y

III. Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, se señalará la modalidad en la que el titular prefiere se otorgue éste, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio electrónico.

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

Artículo 99.- Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan o son erróneos, la Unidad de Enlace o su equivalente, podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de acceso o diez días siguientes en el caso de solicitudes de rectificación y cancelación, que indique otros elementos o corrija los datos.

Este requerimiento interrumpirá los plazos establecidos en el artículo 100 de esta Ley.

Artículo 100.- La Unidad de Enlace o su equivalente, deberá notificar al solicitante, en un plazo de veinte días contados desde la presentación de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación, previa acreditación de la identidad o de la representación legal, según corresponda.

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

Artículo 101.- La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el Responsable en el aviso de privacidad.

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el Responsable y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo primero de este artículo, para tener por cumplidala solicitud.

Artículo 102.- Los sujetos obligados podrán negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación, o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

I. Cuando el solicitante no sea el titular, o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello;

II. Cuando en las bases de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial si una parte de los datos solicitados no encuadra en alguna de las causales antes citadas, en cuyo caso los sujetos obligados efectuarán el acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular.

En cualquiera de los supuestos mencionados, el Comité analizará el caso y emitirá una resolución fundada y motivada, la cual deberá notificarse al solicitante a través de la Unidad de Enlace o su equivalente.

Artículo 103.- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el solicitante únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables, y en su caso, el costo de la reproducción en copias certificadas.

No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud que implique la entrega de datos, respecto de la misma base de datos en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos por obtener los datos personales no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y del costo del envío. Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley Federal de Derechos.

Artículo 104.- El titular al que se niegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá interponer la solicitud de protección de datos prevista en el artículo 118, o el medio de impugnación previsto por los órganos garantes.

Capítulo V

Del Registro de bases de datos

Artículo 105.- A efecto de facilitar el ejercicio de los derechos previstos en el presente Título, los sujetos obligados deberán registrar ante los órganos garantes las bases de datos que posean. El registrodeberá indicar por lo menos los siguientes datos:

I. La denominación de la base de datos:

II. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento;

III. La finalidad del tratamiento, y

IV. La unidad administrativa que la tiene y cargo del Responsable.

Dicha información será publicada en los sitios de Internet de los órganos garantes y deberá actualizarse semestralmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que al efecto se expida.

Capítulo VI

De las transmisiones de datos personales

Artículo 106.- No se requerirá el consentimiento expreso del titular para la transmisión de sus datos personales entre sujetos obligados cuando:

I. Esté previsto en una ley;

II. Se trate de datos obtenidos de fuentes de datos personales de acceso público;

III. La transmisión se realice al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos, así como a los órganos impartidores de justicia en el ejercicio de sus funciones;

IV. El destinatario cuente con las atribucionespara recabar los datos y tengan una finalidad análoga, es decir aquella compatible y no antagónica con la finalidad originaria para la cual fueron recabados los datos.

V. Tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Artículo 107.- No se considerarán transmisiones las efectuadas entre el Responsable y el Encargado de los datos personales y las realizadas entre unidades administrativas adscritas a los sujetos obligados en el ejercicio de sus facultades.

Artículo 108.- En los casos no previstos por el artículo 106 de esta Ley, los sujetos obligados sólo podrán transmitir datos personales cuando medie el consentimiento expreso del titular incluyendo la firma autógrafa o bien a través de un medio de autenticación similar. En su caso, los sujetos obligados deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia de certificados digitales y/o firmas electrónicas.

El servidor público encargado de recabar el consentimiento del titular, deberá informar previamente a éste, la identidad del destinatario, el fundamento que autoriza la transmisión, la finalidad de la transmisión y los datos personales a transmitir, así como las implicaciones de otorgar, de ser el caso, su consentimiento.

Capítulo VII

De la seguridad de los datos personales

Artículo 109.- Los sujetos obligados deberán adoptar, mantener y documentar las medidas de seguridad administrativa, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, mediante acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que al efecto se expida, así como por las disposiciones expedidas por los órganos garantes de los otros sujetos obligados.

Artículo 110.- Con el objeto de garantizar la seguridad de las bases de datos, el Responsable deberá:

I. Atender y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por el Instituto o por los otros sujetos obligados;

II. Establecer los criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de las bases de datos;

III. Difundir la normatividad aplicable entre el personal involucrado en el manejo de los datos personales;

IV. Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad de datos personales;

V. Adoptar las medidas para el resguardo de las bases de datos, de manera que se evite su alteración, pérdida o acceso no autorizado;

VI. Autorizar a los encargados y llevar una relación actualizada de las personas que tengan acceso a las bases de datos, y

VII. Notificar al órgano garante y al Comité o su equivalente en el caso de los otros sujetos obligados, así como a los titulares de la información, los incidentes relacionados con la conservación o mantenimiento de las bases de datos previstos en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan, o en las disposiciones expedidas por los órganos garantes de los otros sujetos obligados.

Artículo 111.- En caso de que el tratamiento de datos personales lo realice un Encargado externo, el Responsable deberá suscribir un contrato en el que se establezca que los datos personales serán tratados únicamente conforme a las indicaciones del Responsable,que no serán utilizados para una finalidad distinta a la estipulada en el contrato, y su destino final. Asimismo, dicho contrato deberá establecer, por lo menos, cláusulas específicas sobre:

I. La obligación del Encargado de guardar confidencialidad de los datos;

II. Las responsabilidades y penalizaciones que correspondan por el uso inadecuado de los datos;

III. El nivel de protección requerido para los datos de acuerdo con su naturaleza, y

IV. La obligación de permitir verificaciones a las medidas de seguridad adoptadas mediante la inspección de las instalaciones, los procedimientos y el personal.

TITULO SEGUNDO

DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Capítulo I

De las Unidades de Enlace y Comités de Información

Artículo 112.- Los titulares de las Unidad de Enlace además de las funciones previstas por el Libro Primero, para efectos del presente tendrá las siguientes:

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como darles seguimiento hasta la notificación de sus respuestas;

II. Realizar los trámites internos en cada dependencia o entidad, necesarios para atender las solicitudes de datos personales presentadas, y efectuar las notificaciones a los particulares;

III. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de datos personales;

IV. Establecer los procedimientos para asegurar que los datos personales se entreguen a sus Titulares o sus representantes;

V. Habilitar a los servidores públicos de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de datos personales;

VI. Llevar un registro de las solicitudes de datos personales, sus resultados y, en su caso, costos, y

VII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Artículo 113.- Los Comités además de las funciones previstas por Libro Primero, para efectos de éste tendrá las siguientes:

I. Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad tendientes a garantizar el derecho a la protección de los datos personales de conformidad con las disposiciones previstas en este Libro;

II. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de datos personales;

III. Confirmar, modificar o revocar las resoluciones que nieguen el ejercicio de los derechos de rectificación, cancelación y oposición, así como cuando declaren la inexistencia de datos personales;

IV. Realizar a través de la Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar las bases de datos en donde obren los datos personales;

V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para la dependencia o entidad en materia de protección de datos personales;

VI. Coordinar y supervisar las acciones relativas al tratamiento y seguridad de las bases de datos en posesión de las dependencias y entidades;

VII. Establecer los programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de protección de datos personales;

VIII. Conducir la política de protección de datos personales;

IX. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el artículo 117, y

X. Las demás que establece esta Ley o su Reglamento.

Capítulo II

Del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Artículo 114.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el encargado de promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; resolver sobre la negativa a las solicitudes de datos personales y garantizar la protección de los datos personales en posesión de las dependencias y entidades.

Artículo 115.- El Instituto en su carácter de órgano garante, para efectos de Libro, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Interpretar en el orden administrativo el presente Libro;

II. Conocer y resolver las solicitudes de protección de datos interpuestas por los solicitantes;

III. Emitir los lineamientos en materia de protección de datos personales en posesión de las dependencias y entidades que sean necesarios para la correcta aplicación de este Libro;

IV. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades para que se observe lo dispuesto el presente Libro y las disposiciones que deriven de la misma;

V. Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de datos personales;

VI. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus programas en materia de protección de datos personales establecidos en la fracción VII del artículo 113;

VII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales;

VIII. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad, las presuntas infracciones a este Libro y su Reglamento. Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o su equivalente y que hayan causado estado deberán ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual;

IX. Elaborar la guía a que se refiere el artículo 116;

X. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de este Libro;

XI. Cooperar respecto de la materia de este Libro, con los demás sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios, o sus órganos garantes, mediante la celebración de acuerdos o programas;

XII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos;

XIII. Acudir a foros internacionales en materia de protección de datos personales;

XIV. Proporcionar apoyo técnico y asesoría en la aplicación e interpretación de este Libro a los sujetos obligados para su mejor observancia;

XV. Llevar a cabo el registro de las bases de datos en posesión de las dependencias y entidades, y

XVI. Las demás que le confieran este Libro y cualquier otra disposición aplicable.

Artículo 116.- El Instituto elaborará una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los procedimientos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales de las dependencias y entidades.

Artículo 117.- El Instituto rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre la protección de datos personales, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades según lo señala el artículo 113 fracción IX, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso de datos personales presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de este Libro, incluyendo la observancia a los principios de protección de datos personales por parte de las dependencias y entidades. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.

Capítulo III

De la solicitud de protección de datos ante el Instituto

Artículo 118.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse a instancia del Titular o de su representante legal, directamente o por medios electrónicos, ante el Instituto dentro de los quince días siguientes a la fecha en que notifique la dependencia o entidad la respuesta al Titular.

En caso de que el titular no reciba respuesta por parte del sujeto obligado, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto en el artículo 100 de esta Ley. En este caso, bastará que el titular acompañe a la solicitud de protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

Artículo 119.- La solicitud de protección de datos procede por cualquiera de las siguientes causas:

I. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

II. La declaración de inexistencia de los datos personales solicitados;

III. La entrega de datos personales sea en una modalidad distinta a la solicitada, o en un formato incomprensible;

IV. La inconformidad con el tiempo de entrega;

V. Los datos personales sean incompletos o no correspondan a lo solicitado;

VI. La declaración de incompetencia de la dependencia o entidad;

VII. La falta de respuesta, dentro de los plazos establecidos en este Libro, a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales.

Artículo 120.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre, a través de los formatos que al efecto proporcione el Instituto, o por medios electrónicos y deberá contener los siguientes datos:

I. El nombre del titular y, en su caso, de su representante legal, así como del tercero titular si lo hay, acompañando los documentos que acrediten su identidad o la representación en su caso;

II. La dependencia o entidadante el cual se presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones;

IV. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado, salvo que la solicitud de protección de datos se interponga con base en lo previsto en el artículo 118, segundo párrafo de esta Ley;

V. El acto reclamado y los puntos petitorios,

VI. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y

VII. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del Instituto.

Artículo 121.- En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al recurrente dentro los veinte días hábiles siguientes a la interposición de la solicitud de protección de datos, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos.

Artículo 122.- El Instituto sustanciará la solicitud de protección de datos conforme a los lineamientos siguientes:

I. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la interposición de la solicitud de protección de datos, se deberá integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto;

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las partes;

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del solicitante y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos;

IV. Mediante solicitud del titular podrán recibirse, por vía electrónica, las promociones y escritos;

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución, y

VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas en términos de lo previsto por el artículo 128.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en las fracciones I y V de este artículo.

Los datos personales que, en su caso, sean solicitados por el Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberán ser mantenidos con el carácter de confidencial y no estarán disponibles en el expediente.

Artículo 123.- Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales por parte de la dependencia o entidad el Instituto dará vista a éste, para que en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerla.

En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la respuesta de la dependencia o entidad que alude el párrafo anterior.

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el sujeto obligado Responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el Titular, debiendo cubrir todos los costos generados por la reproducción correspondiente.

Artículo 124.- Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar la solicitud de protección de datos por improcedente o bien, sobreseerlas;

II. Confirmar la decisión del Comité, o

III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a sus datos personales, que realice la rectificación o cancelación o que conceda la oposición al tratamiento de sus datos personales.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control de la dependencia o entidad responsable para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda.

Artículo 125.- La solicitud de protección de datos será desechada por improcedente cuando:

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 118;

II. El Instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos respectiva y resuelto en definitiva;

III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comité, o

IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente.

Artículo 126.- La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando:

I. El solicitante se desista expresamente de la solicitud de protección de datos;

II. El solicitante fallezca;

III. Cuando admitido la solicitud de protección de datos, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Libro, o

IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 127.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el solicitante y la dependencia o entidad, a través de su Comité o su equivalente.

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre las partes, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. En este caso la solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 128.- Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en versiones públicas, siempre y cuando la resolución de referencia no haga identificable al Titular.

Artículo 129.- Las actuaciones y resoluciones del Instituto se notificarán en el domicilio o medio electrónico señalado por el solicitante, en caso de no haberlo señalado se harán por estrados. En el caso de las dependencias y entidades, las notificaciones se harán de conformidad con lo previsto en sus Reglamentos.

Artículo 130.- Las resoluciones del Instituto serán inatacables por las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales tendrán acceso a los datos personales, cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

Artículo 131.- Las dependencias y entidades deberán informar al Instituto del cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a diez días posteriores a aquel en que se les notificó la resolución, a menos que en la misma el Instituto determine un plazo mayor para su cumplimiento.

Artículo 132.- Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en el presente Libro, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes.

Capítulo IV

De las bases de datos en materia de seguridad pública y tributaria

Artículo 133.- Las bases de datos creados para fines administrativos por las autoridades de seguridad pública estarán sujetos al régimen general del Título Primero del presente Libro.

Artículo 134.- La obtención y tratamiento de datos personales por parte de las autoridades a cargo de la seguridad pública sin el consentimiento del titular, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la prevención o persecución de delitos, debiendo ser almacenados en las bases de datos establecidas al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.

Artículo 135.- La obtención y tratamiento de los datos sensibles por las autoridades de seguridad pública podrá realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas, en su caso, por los titulares de los datos que corresponden a los órganos jurisdiccionales.

Los sujetos obligados cancelarán los datos personales recabados con fines policiales o de investigación cuando ya no sean necesarios para las investigaciones que motivaron su almacenamiento. A estos efectos, se considerará especialmente la edad del titular y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación, la prescripción de responsabilidad y la amnistía.

Artículo 136.- Los Responsables de las bases de datos que contengan los datos a que se refiere el artículo anterior podrán negar el acceso, la rectificación o la cancelación en función del daño probable que pudieran derivarse para la seguridad nacional o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

El régimen de protección de los datos personales que se establece en el presente Libro no será de aplicación a las bases de datos y tratamientos establecidos para la investigación del terrorismo y delincuencia organizada a cargo del Poder Ejecutivo Federal. Tendrán esta consideración aquellos tratamientos respecto de los que el Responsable de la base de datos haya comunicado previamente al Instituto sus características generales y su finalidad, en los términos que prevea el Reglamento.

Artículo 137.- Los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, únicamente podrán ser incluidos en las bases de datos de los sujetos obligados competentes y bajo los supuestos previstos por la normatividad aplicables.

Artículo 138.- En materia tributaria, los Responsables de las bases de datos podrán negar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como las presuntas responsabilidades penales.

Capítulo V

Del documento de seguridad

Artículo 139.- Las dependencias y entidades elaborarán y aprobarán un Documento de seguridad que contenga las medidas de seguridad administrativa, física y técnica aplicables a las bases de datos, tomando en cuenta los estándares internacionales de seguridad, el presente Libro y los Reglamentos de esta Ley

El Documento de seguridad será de observancia obligatoria para los Responsables, Encargados y demás personas que realizan algún tipo de tratamiento a las bases de datos. Este podrá ser único e incluir todos las bases de datos en posesión del sujeto obligado de que se trate; o bien, por unidad administrativa en que se incluyan las bases de datos en custodia; o individualizado para cada base de datos.

Artículo 140.- El Documento de seguridad deberá contener como mínimo lo siguiente:

Respecto de las bases de datos:

a) El nombre;

b) El nombre, cargo y adscripción del Responsable y los Encargados de cada base de datos señalando, en su caso, quiénes son externos;

c) Las funciones y obligaciones del Responsable y Encargados;

d) El folio de registro en el Sistema “Persona”;

e) La especificación detallada del tipo datos personales contenidos, y

f) La estructura y descripción de las bases de datos, lo cual consiste en precisar y describir el tipo de soporte, así como las características del lugar donde se resguardan.

Respecto de las medidas de seguridad implementadas deberá incluir lo siguiente:

a) Transmisiones;

b) Resguardo de soportes físicos y/o de soportes electrónicos;

c) Bitácoras para accesos y operación cotidiana;

d) Gestión de incidentes;

e) Acceso a las instalaciones;

f) Identificación y autenticación;

g) Procedimientos de respaldo y recuperación de datos;

h) Plan de contingencia;

i) Auditorías, y

j) Cancelación de datos.

Artículo 141.- El Documento de seguridad y demás documentación generada para la gestión de las medidas de seguridad administrativa, física y técnica tendrán el carácter de información reservada y serán de acceso restringido.

TITULO TERCERO

PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LOS DEMAS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo Unico

De los otros sujetos obligados

Artículo 142.- El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos y el Instituto Nacional del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, designarán a los órganos garantes responsables de aplicar el presente Libro y resolver el procedimiento de tutela de derechos de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Libro.

Las disposiciones que se emitan señalarán, según corresponda:

I. Las unidades de enlace o sus equivalentes;

II. El Comité de información o su equivalente;

III. Los criterios en materia de protección de datos personales;

IV. Los procedimientos para brindarapoyo técnico y asesoría en la aplicación e interpretación de esta Libro a los servidores públicos para su mejor observancia; y

V. Los procedimientos para la atención de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 143.- Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior elaborarán anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar la protección de los datos personales, del cual deberán remitir una copia al Instituto.

TITULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO.

Causales de responsabilidad

Artículo 144.- Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Libro las siguientes:

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

• Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 87 de esta Ley;

• No inscribir la base de datos en el registro a que alude el artículo 105 de esta Ley;

• Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando estos existan total o parcialmente en los archivos del sujeto obligado;

• Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos por este Libro;

• Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de datos personales;

• Prolongar con dolo los plazos previstos en el artículo 100 de esta Ley;

• Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 96 de esta Ley;

• Recabar o transmitir datos personales sin el consentimiento expreso del Titular en los casos en que este sea exigible;

Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución;

• Dar tratamiento a bases de datos en contravención a los principios establecidos en el Capítulo II del Título Primero de este Libro;

• Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable a los sujetos obligados, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares;

• No cumplir con las medidas de seguridad que se determinen en los Reglamentos o lineamientos correspondientes;

• Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 81;

• Obstruir el ejercicio de las facultades de los órganos garantes;

• Transmitir datos personales, fuera de los casos previstos en esta ley, particularmente cuando la misma haya tenido por objeto obtener un lucro indebido;

• No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea requerido para ello por el órgano garante;

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, y

• No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Libro, será sancionada siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control o sus equivalentes deberán ser notificadas al órgano garante que corresponda. El Instituto deberá hacerlas públicas a través del informe anual a que se refiere el artículo 117 de esta Ley.

Artículo 145.- Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II y III del artículo 144 de esta Ley, serán sancionadas con apercibimiento público y, en caso de reincidencia, con suspensión de tres días a tres meses.

Artículo 146.- Las causas de responsabilidad prevista en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 144 de esta Ley, serán sancionadas con suspensión del cargo de tres días a tres meses y en caso de reincidencia con la destitución del responsable.

Artículo 147.- Las causas de responsabilidad prevista en las fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 144 de esta Ley, serán sancionadas con destitución del cargo y atendiendo a la gravedad de la falta podrá decretarse la inhabilitación del servidor público responsable.

Artículo 148.- Las sanciones previstas en este Libro se impondrán atendiendo los siguientes elementos:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que atenten contra la protección de datos personales;

b) El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones del servidor público responsable;

c) Las circunstancias ycondiciones del incumplimiento;

d) La antigüedad en el servicio;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales, y

f) El monto del beneficio o del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento.

Artículo 149.- El órgano garante podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta prevista en el artículo 144 de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinente. Asimismo, las autoridades competentes deberán entregarle semestralmente un informe sobre los procedimientos iniciados y sus resultados. Esta información deberá ser incorporada en los informes anuales que rinda el Instituto ante el H. Congreso de la Unión.

Artículo 150.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

Artículo 151.- El servidor público que acate una resolución del órgano garante no será responsable por las consecuencias que de dicho cumplimiento deriven.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La publicación en Internet de la información a que se refiere el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero, deberá completarse, a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero.- Los indicadores de gestión a que se refiere el artículo 7, fracción XV deberán publicarse a más tardar 1 año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Cuarto.- El Ejecutivo Federal y los otros sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, reformarán en su caso, los Reglamentos de la Ley dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Los sujetos obligados deberán designar a los responsables de los archivos a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de este Decreto. La designación a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que no deberán implicar erogaciones adicionales.

Quinto.- El Instituto pondrá a disposición de las dependencias y entidades la herramienta informática a que hace referencia el artículo 32 Bis de esta Ley, a más tardar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. Las dependencias y entidades deberán integrar la información correspondiente dentro de los seis meses siguientes a la entrega de la herramienta. En tanto, seguirán vigentes las disposiciones en materia de archivos.

Sexto.- El Comisionado que se encuentre a cargo de la Presidencia del Instituto, al momento de expedirse el presente Decreto, cumplirá el periodo por el que originalmente fue electo, y tendrá la posibilidad de renovar por un plazo de tres años, a menos que se trate de su segundo periodo.

Séptimo.- Las solicitudes y recursos de revisión en trámite a la entrada en vigor de esta Ley se resolverán conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Los recursos de revisión que sean presentados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, se regirán, por lo que hace al procedimiento, por las disposiciones del mismo, y por lo que hace a la materia sustantiva, por las disposiciones vigentes al momento en que fue presentada la solicitud de información que originó el acto recurrido.

La clasificación de la información efectuada antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá actualizarse al momento de recibir una solicitud de acceso respecto del documento clasificado con anterioridad.

Octavo.- En tanto se expiden nuevos Lineamientos por parte del IFAI, seguirán aplicándose los vigentes, siempre que no se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Noveno.- Los sujetos obligados deberán conformar el Registro a que se refiere el artículo 105 a más tardar seis meses después a la entrada en vigor de la presente Ley.

Décimo.- Los órganos garantes deberán emitir los formatos o herramientas para la presentación de solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Jesús Murillo Karam.- Sen. Pedro Joaquín Coldwell”.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, Senador Murillo Karam, muchas gracias a usted. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Contrato de Seguros y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGUROS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

(Presentada por el C. Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola)

- El C. Senador Lázaro Mazón Alonso: (Desde su escaño) La puede turnar a comisión, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: La podemos turnar. Con mucho gusto, y se agradece su disposición, Senador Lázaro Mazón.

Como nos lo autoriza el Senador Lázaro Mazón Alonso, la iniciativa que está publicada en la Gaceta del día de hoy, se inscribe íntegra en el Diario de los Debates, como si hubiera sido presentada y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Iniciativa

“Los suscritos, Senadora Emma Lucia Larios Gaxiola integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Senador Lazaro Mazon Alonso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos articulos de la Ley de Contrato de Seguros y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objetivo primordial para la creación de los seguros de gastos médicos privados no es otra que la de ofrecerle al ciudadano una mayor cobertura de servicios médicos por el tratamiento quirúrgico realizado a causa de algún accidente o enfermedad en los hospitales privados.

Mediante el contrato y el pago de una prima, la aseguradora se obliga a cubrir la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal o la salud del asegurado y en su caso a los dependientes económicos a resarcir el daño, ayudando a que el beneficiario se recupere por la pérdida económica sufrida.

Específicamente en México, las aseguradoras se han mostrado como complementos a la protección que brindan las instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE, a fin de proteger precisamente a los sectores de la población que no tienen o no desean obtener el acceso a las mismas.

La sociedad aún no se encuentran satisfechas con los sistemas de salud, principalmente, una de las mayores preocupaciones se refiere al acceso y costo de la atención. La pobreza y la marginación aún registra falta de recursos para la prevención y por lo tanto se incrementa el riesgo de contagio. Como consecuencia de ello, México presenta 8 mil 500 nuevos casos y 4 mil 653 defunciones por el virus del VIH.

Por lo mismo, en nuestro país las compañías autorizadas para brindar servicios de seguros de salud cuentan con casi 6 millones de mexicanos asegurados, un sector que de ocho años a la fecha ha registrado una tendencia de aumento. Sin embargo, aún no contamos con respuestas certeras al servicio que proveen las empresas aseguradoras.

De acuerdo con la información más reciente de la AMIS, las pólizas de accidentes y enfermedad ha crecido un 43 por ciento, además de que para 2007 ya se registraba alrededor de un millón 900 mil personas que tenían contratado al menos un seguro individual y/o familiar.

Cabe mencionar que este crecimiento económico importante además no se ha visto influenciado negativamente por la crisis económica, puesto que los ingresos del sector asegurador en México sumaron 567,184.3 millones de pesos al finalizar marzo de 2009, es decir que obtuvieron un crecimiento aproximado de 13.3% respecto al año anterior, cifra que representaría el 5.1% de nuestro Producto Interno Bruto.

De manera unilateral las aseguradoras aplican clausulas que le permiten a las empresas negar el pago de los gastos por alguna intervención quirúrgica, exactamente en el momento que desean hacer valer sus pólizas.

Este tipo de situaciones es cada vez más frecuente entre los afiliados a los seguros quienes han tenido que enfrentar por si solos fuertes endeudamientos, pues por si no fuera lo suficientemente caro cubrir una deuda con el hospital privado, además las aseguradoras han demostrado ser excesivamente caras, tan solo la gama de primas y coberturas van desde los 15 mil pesos hasta un monto ilimitado.

También se permite cobrar mediante tres parámetros, la edad, el sexo y la zona donde reside el asegurado, de acuerdo al sexo y a la edad del asegurado serán las restricciones, las limitaciones y los plazos de carencia.

De esa forma una mujer joven que desea contratar un Seguro Médico, sólo por su sexo y por estar en su periodo de fertilidad tendrá un plazo de carencia de 10 meses para ser atendida por embarazo y tener los gastos cubiertos por parto y posparto, pero sobre todo, en caso que esté embarazada en el momento de la contratación del seguro será rechazada por las aseguradora o su embarazo quedará fuera de la cobertura.

Por si lo anterior fuera poco, las compañías tampoco cubren a los pequeños con algún síndrome de Down u otra discapacidad. Además las enfermedades amparadas por el seguro no se pueden solicitar más de una vez.

Por lo mismo les resulta esencial que se requiera de un informe médico que determine el estado de salud del futuro contratante o sus asegurados, en caso de que entre los productos de seguros se encuentra el de gastos médicos, salud y salud dental, que comprenden variables y coberturas distintas.

Estas acciones son ejercidas principalmente bajo la protección de los artículos 36-D y 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros mediante un contrato de adhesión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dieron a conocer a las instituciones de seguros, del producto básico estandarizado de la cobertura de gastos médicos, en la operación de accidentes y enfermedades.

Actualmente, las reglas que operan de manera directa a los seguros de gastos médicos y salud se encuentran normadas en la Circular S-8.6, publicada en el DOF el 30 de junio de 2009. Éste modelo de contrato de adhesión no deja a la otra parte más que la posibilidad de suscribir, sin modificación alguna, las clausulas que establezca.

Como hemos mencionado el producto de gastos médicos contempla diversas coberturas que están sujetas a variables que delimitan su ámbito de aplicación como padecimientos, observaciones, suma asegurada, tiempo máximo de pago, hospitales, reinstalación, periodos de espera y exclusiones entre las que se encuentran la cobertura para el control de fertilidad, natalidad e infertilidad, a consecuencia de la utilización de métodos basados en medicina alternativa, tratamientos dentales, entre otros.

En el inciso 5 de la mencionada Circular se puede leer:

Para efectos de este Contrato de Seguro, quedan excluidas las Rentas Diarias por Hospitalización e Indemnizaciones por diagnóstico o tratamiento correspondientes a:

a. Padecimientos Preexistentes a la contratación del seguro.

b. Hospitalización o eventos con el fin de corregir el astigmatismo, presbicia (presbiopía), hipermetropía, miopía o cualquier otro trastorno de la refracción y estrabismo.

c. Hospitalización o eventos derivados del control de la fertilidad, natalidad e infertilidad.

d. Hospitalización o eventos debido a lesión autoinfligida, intento de suicidio, aun y cuando se cometa en estado de enajenación mental.

e. Hospitalización o eventos ocurridos a consecuencia de riña con provocación por parte del Asegurado o por actos delictuosos intencionales en que participe directamente el Asegurado como sujeto activo o por culpa grave estando bajo influencia de algún enervante, estimulante o similar que no haya sido prescrito por un Médico.

f. Hospitalización o eventos derivados a consecuencia de servicio militar de cualquier clase y actos de guerra.

g. Hospitalización o eventos causados a consecuencia de la utilización de métodos basados en hipnotismo, quelaciones, magnetoterapia y cualquier tipo de medicina alternativa o procedimientos no aprobados por la Secretaría de Salud.

h. Hospitalización o eventos para tratamientos dentales o alveolares o gingivales o maxilofaciales, a excepción de accidentes.

i. Curas de reposo o descanso, exámenes médicos generales para comprobación del estado de salud, conocidos con el nombre de "Check up".

j. Afecciones propias del embarazo como abortos y legrados.

k. Gastos o Manifestaciones de la enfermedad o padecimiento que se encuentren dentro de su Periodo de Espera.

l. Tratamientos en vías de experimentación.

m. Tratamientos estéticos o plásticos, de control de calvicie, reducción de peso u obesidad, o esterilidad.

n. Tratamientos que resulten del alcoholismo o toxicomanías.

Además, respecto a la exclusión de padecimientos se obliga a la empresa a verificar que el contratante padece o ha padecido enfermedades del aparato digestivo, cardiovasculares, cáncer, cualquier clase de tumores, etc., asimismo, en el formato del informe médico se específica en el rubro de historia clínica los antecedentes personales patológicos o no patológicos.

El artículo 5 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece el derecho de las aseguradoras para realizar un examen médico antes de la contratación de seguros:

Artículo 5°.- Las ofertas de celebración, prórroga, modificación o restablecimiento de un contrato suspendido, obligarán al proponente durante el término de quince días, o el de treinta cuando fuere necesario practicar examen médico, si no se fija un plazo menor para la aceptación.

Estas acciones se han alejado completamente de la prioridad social para atender el problema general de la atención médica, generando intercambios de bienes y servicios a través de transacciones privadas de comercio y producción. Ello tiende a racionar la oferta de servicios, mientras que los sistemas sociales de salud tienden a una obtención de derechos de servicios otorgados como una garantía social, lo que garantiza la igualdad social respecto del derecho a la salud.

Por ende las aseguradoras no han logrado participar de manera adecuada para asegurar el estado de completo bienestar físico de los ciudadanos. Por ello, es necesario que se intervenga a fin de que garantizar el acceso a los servicios con una mejor equidad, atención y eficiencia.

En este sentido se estará protegiendo aun aproximado 54% de la población que se encuentra en situación de pobreza y dispersadas en áreas y en poblados demasiado alejados. El nuevo mecanismo que se propone busca asegurar la salud a un número mayor de ciudadanos, organizado y mejorando con el fin de responder con mayor eficiencia y equidad.

Debemos asegurar que cualquier empresa privada se encamine, al igual que el Estado, a la protección social, en particular con aquellas referidas a la prevención y asistencia médica. En este mismo sentido, es labor fundamental de nuestro Congreso, mejorar el marco jurídico con el fin de salvaguardar la protección de la salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforma los artículos 5, 8, 59, 31 y 186 de la Ley de Contratos de Seguros.

Artículo 5. Las ofertas de celebración, prórroga, modificación o restablecimiento de un contrato suspendido, no obligarán al proponente a presentar un examen médico salvo que él mismo lo señale o luego de que la institución cuente con pruebas documentales de que el asegurado realizó actos para hacerla incurrir en error.

Artículo 8. El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos que considere importantes señalar para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato.

Artículo 31.

El monto del pago de la prima no podrá ser calculada de acuerdo con el lugar de residencia y el sexo de los asegurados.

Artículo 59. La empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos y que éstos no contemplen la hospitalización o eventos derivados del control de la fertilidad y afecciones propias del embarazo como abortos y legrados.

Artículo 186.La empresa aseguradora tendrá la obligación de acreditar durante el desarrollo de la secuela procesal, que el asegurado omitió de mala fe señalar hechos importantes que le era conocido en ese momento y que resultó determinante para la apreciación del riesgo.

La aseguradora aun en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio, si se verifica después de dos años de la celebración del contrato. Si el suicidio ocurre antes de los dos años, la empresa reembolsará únicamente la reserva matemática.

Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Artículo 39.

I. al V. …

A fin de garantizar que los referidos productos básicos estandarizados sean comparables entre todas las instituciones del sector, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financierosy considerando la opinión que le presente la Secretaría de Salud y las instituciones de seguros, mediante disposiciones de carácter general dará a conocer el modelo de contrato de adhesión que las instituciones deberán utilizar para cada una de las coberturas referidas en este artículo, formulado de manera clara las condiciones generales.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Câmara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola”.

Tengo el gusto de ofrecerle el uso de la palabra al Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República la educación es el pilar del desarrollo nacional y representa la palanca del progreso para las nuevas generaciones.

Mañana 20 de noviembre, México celebra el 99 Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910; y paradójicamente también se conmemora “El Día Mundial de la Infancia”.

Y qué mejor manera de celebrar estas dos importantes fechas que trabajando unidos para fortalecer la enseñanza de nuestra historia en todas las escuelas. Para que las niñas y los niños mexicanos de todos los estados de la República crezcan conociendo a su Patria y los procesos que le dieron forma a través de los siglos.

Qué mejor manera de trabajar a favor de la infancia, que garantizando una educación pública basada en los preceptos constitucionales que nos dan identidad como nación y que nos dan rumbo en este mundo moderno de avances tecnológicos, de nuevas ideas y de diálogo cultural con otros pueblos del planeta.

La modernidad no debe de estar peleada con las tradiciones; la globalización no significa aniquilación del pasado, sino todo lo contrario. Al fortalecer nuestra visión del pasado aseguramos un camino firme, con visión de futuro que mucha falta le hace a nuestro país.

Por eso les estamos proponiendo analizar la presente iniciativa de ley que busca darle ese sentido de amplia visión a los contextos que se difunden a través de los libros de texto gratuitos.

Son los libros de texto gratuitos una de las obras más avanzadas que generó la Revolución Mexicana, que fue una Revolución popular.

Son además una de las empresas más trascendentales para educar a las nuevas generaciones con un sentido nacional, científico y democrático.

Nosotros pensamos que la modernidad trae consigo nuevas y revolucionarias ideas, y estamos convencidos que la educación nacional debe estar abierta a incluirlas para sacarle provecho en beneficio del desarrollo colectivo de las mexicanas y los mexicanos.

Sin embargo, no estamos de acuerdo que en aras de simplificar los programas educativos, las etapas de nuestra historia se sometan a la guillotina ideológica y que con ello se prive a las niñas y a los niños mexicanos de conocer el desarrollo de la conquista o de la colonia.

En lo que sí estamos de acuerdo es que las revisiones de los libros de texto gratuitos se hagan de manera amplia, plural e incluyente, que ya no sea un proceso cerrado y exclusivo para unos cuantos iluminados, sino que se abra a toda la sociedad, que haya una mayor participación social para evitar abusos y manipulación de los contenidos educativos.

La revisión de los contenidos educativos no debe ser motivo para la confrontación ni para la imposición de una sola visión por encima de otras visiones, la revisión de planes y programas educativos debe ser motivo de un gran debate nacional, debe ser un asunto que unifique a los mexicanos por encima de dogmas, de colores partidistas y de intereses particulares, debe ser un proceso apegado a los principios constitucionales que son herencia de un movimiento popular y que fueron acordados mirando por el futuro de la infancia.

Por ello, les proponemos incluir en el artículo 3º constitucional que el Estado mexicano procure observar los principios de este artículo para la integración del sistema educativo nacional, que fomenta el conocimiento de la historia nacional e internacional, así como el estudio de las ciencias, como el pilar del desarrollo y la identidad nacional.

Que los planes y programas educativos se orienten conforme a la cultura mexicana y la cultura global.

Que el Ejecutivo Federal incluya a las universidades de todo el país en la instrumentación de la política educativa y que el Congreso pueda participar en la integración y funcionamiento del sistema educativo.

Con estas reformas buscamos que la enseñanza de la historia nacional no esté sujeta a sesgos políticos ni ideológicos y que su eventual modificación sea un proceso ordenado y no producto de ocurrencias.

Compañeras y compañeros Senadores, celebremos el 99 Aniversario de la Revolución Mexicana y el Día Internacional de la Infancia, dándole a las nuevas generaciones una educación pública de calidad para el progreso, sin olvidar que es una aspiración de las mexicanas y los mexicanos que compartimos con la comunidad global, más allá de las fronteras geográficas e ideológicas.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Antecedentes

Desde 1921, el maestro José Vasconcelos inspiró a niños y jóvenes cuando ordenó la producción de 21,000 libros de Lecturas Clásicas, en dos tomos. Casi noventa años después, la CONALITEG constituyó la base del programa nacional de lectura “Hacia un país de lectores” con la creación de los programas Bibliotecas de Aula y Bibliotecas Escolares, cuyo objetivo consiste en acercar a niños, jóvenes y adultos de todas las escuelas del país a libros de la más alta calidad.

Desde 1944, Jaime Torres Bidet, Secretario de Educación mostró una gran preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas de la educación obligatoria del país. Al mismo tiempo el joven abogado, Adolfo López Mateos, advertía que el principio constitucional de gratuidad de la educación básica no se estaba cumpliendo por el alto costo de los libros de texto y su mala calidad, que les hacía inaccesibles para la mayoría de las familias.

En 1958 el Presidente López Mateos eligió a quien había sido discípulo del maestro José Vasconcelos para ocupar, por segunda vez, la Secretaría de Educación Pública: Jaime Torres Bodet. Ambos tenían ante sí una población con altos niveles de analfabetismo y pobreza que minaban el acceso equitativo a los servicios educativos. Para hacer frente a tales problemas, impulsaron una extensa campaña de alfabetización a lo largo y ancho de México con una idea firme: que cada estudiante del nivel obligatorio asistiera a la escuela con un libro de texto bajo el brazo, pagado por la Federación. Así nació la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, fuera un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela.

En esos años Martín Luis Guzmán realizó una gran tarea que permitió asegurar los trabajos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) instaurándole como una de las principales instituciones del sector educativo destinada a favorecer la igualdad en la educación. Es importante tener presente que en aquéllos tiempos de cada mil niños que ingresaban a la primaria, 866 desertaban antes de terminarla. De los 58 que lograban ingresar a secundaria, sólo terminaban 12. Además a la educación superior ingresaban seis alumnos y no terminaban cinco.

La primera colección de Libros de Texto Gratuitos fue escrita por maestros de la Secretaría de Educación Pública, pero sometidos a concurso, y se completó hasta 1968, fecha en la que se editaron por primera vez los 36 títulos correspondientes a los seis grados de primaria. A partir de entonces los LTG se reditaron anualmente hasta la reforma educativa del Presidente Echeverría. Conviene recordar que su edición provocó una recia oposición de los sectores más conservadores, particularmente de la Iglesia y de diversos miembros de la iniciativa privada, de la Unión Nacional de Padres de Familia y del Partido Acción Nacional. Curiosamente no orientaban su argumentación hacia los contenidos, la crítica central se concentró en su carácter laico y obligatorio. Desde luego impugnaron la injerencia del Estado en la educación y su creciente control sobre la misma. El gobierno y las organizaciones de trabajadores cercanas al PRI, defendieron firmemente los LTG señalando que sus contenidos eran distintos de los que podrían haber incluido los opositores, exceptuando el carácter laico. Sin embargo no se discutió la validez de que el Estado impusiera una versión única de los contenidos educativos.

En 1962 la CONALITEG empleó una obra de Jorge González Camarena como portada de los libros de texto: “La Patria”, una mujer de tez morena, rasgos indígenas y mirada valerosa que, apoyada en la agricultura, la industria y la cultura -simbolizadas en las imágenes del escudo y la bandera nacionales, un libro y diversos productos de la tierra y la industria-, representaba el pasado, presente y futuro de nuestra Nación. Desde ese año y hasta 1972, esa obra ilustró más de 350 títulos. En 1966 la Comisión, amplió sus programas a las comunidades minoritarias del país mediante la producción de libros en Braille.

La edición de los LTG desde la década de 70 representó un ejemplo importante de la modernización del Estado y de la sociedad, así como de su esfuerzo para incorporarse de lleno al mundo contemporáneo con la aceptación de una visión universalista y una exaltación de los valores urbanos. Para 1972, la institución ya producía 43 títulos para alumnos y 24 para maestros, que reflejaron las reformas educativas propuestas por el entonces Presidente Echeverría.

En esa época la obligatoriedad de los libros ya no se cuestiona como antes y se acepta como un hecho consumado. Tampoco se esgrimen argumentos de peso contra el Estado educador. Ahora se cuestiona el sentido mismo de la producción de los libros por el Estado. Así se critica el contenido de los libros de sexto año -sobre todo los de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas-, así como su orientación ideológica. Sin embargo los libros ahora son también defendidos por las universidades y diversos intelectuales, varios de los cuales participaron en su elaboración.

Posteriormente con la adopción del Programa para la Modernización Educativa y del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, el Gobierno planteó una reforma general a la educación nacional. Al efecto se ordenó la revisión de los LTG. Para el ciclo escolar 1992-1993, se acordó revisar y reelaborar los libros de historia, bajo la coordinación de Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camín, quienes contrataron a historiadores de varias instituciones de educación superior e investigación. Se aceptó como objetivo explícito "no ocultar el pasado histórico por doloroso que fuera". Cuando los libros se presentaron el 4 de agosto de 1992 provocaron una fuerte reacción., ya que se les criticó su manera de interpretar diversos hechos históricos, tales como el porfiriato o bien por no incluir a varios "héroes nacionales". Esto representó un hecho que dejaría secuelas importantes, cuando se decidió que la primera edición no se repartiera y que se le hicieran improvisadas enmiendas.

Este proceso de revisión propició que se gestaran diferentes cuestionamientos que giraron en torno a cuatro temas esenciales:

a) ¿A quién corresponde hacer los libros? Sobre lo cual el Gobierno decidió que se abrirían a concurso y que la SEP escogería al ganador;

b) ¿Los LTG deberían permanecer o modificarse? Al respecto el Gobierno reconoció la necesidad e importancia de revisarlos periódicamente;

c) ¿Cuál era la mejor manera de diseñar los libros de texto? Al efecto el Gobierno decidió publicar los lineamientos para su elaboración; y

d) ¿Cuál era la mejor forma de enseñar la historia a los niños? Si bien el Gobierno determinó recoger los libros y que se enmendaran, posteriormente la SEP reglamentó su contenido.

Regresando al año de 1993, cuando se revisaron los demás LTG, la Secretaría citada logró una mayor participación de los académicos en su elaboración. Poco después los investigadores educativos iniciaron estudios sobre la forma de utilizar los libros por parte de profesores y alumnos, así como los efectos en los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza que promueven.

En 1997 dicha Secretaría emprendió el Programa de Distribución de Libros de Texto para Secundaria, con el objetivo de ampliar la educación de la población y evitar la deserción escolar de los estudiantes ante la falta de recursos para adquirir los libros. Se previno complementar el programa federal con la aportación de las entidades federativas, que otorgaron libros a los estudiantes de las capitales de los estados y de grandes y medianas ciudades. De acuerdo a datos de la SEP, se logró dotar de libros de texto al 100% de los alumnos de las escuelas generales y técnicas públicas.

Con posterioridad y de acuerdo con los nuevos programas educativos, se modificaron los libros de primero y segundo de primaria. En 1982, la CONALITEG imprimió monografías de todos los estados de la República, que se convirtieron en valioso material de consulta y desembocaron, 20 años después, en la producción de libros regionales para cada entidad en las materias de historia y geografía.

En 1989, la CONALITEG instrumentó varias reformas definidas por la Secretaría de Educación Pública en el Programa de Modernización Educativa. Así los libros de texto cambiarían en sus contenidos, ilustraciones, diseño y formato. Al efecto se acordó que los libros gratuitos se sustituirían en dos fases, a fin de que en 1994, todos los alumnos de las escuelas primarias ya contaran con los nuevos ejemplares. Por supuesto estas reformas a la educación básica de 1992 implicaron que la producción de los libros de texto gratuitos se incrementara. En 1994 la Comisión adquirió dos nuevas rotativas que le permitieron aumentar títulos, abatir costos y apoyar diversa producción de terceros (entidades, dependencias e instancias culturales y educativas). Puede afirmarse que el Programa de Modernización Educativa dio al libro de texto gratuito las características de obra modelo a nivel nacional, tanto en contenido como en presentación.

Desde 1995, y por primera vez en la historia de la Comisión, los libros de texto gratuitos llegaron a las escuelas antes del inicio de clases, gracias a la coordinación de esfuerzos con distintas dependencias federales, estatales y municipales. Desde 1997 se puso en marcha el programa de Distribución de Libros de Texto Gratuitos para Secundaria, a fin de beneficiar a los alumnos de los 1,743 municipios con mayor índice de marginación. Para el ciclo escolar 1998-1999 se atendió a más de dos terceras partes de la matrícula total de ese nivel educativo. Años más tarde y por acuerdo presidencial, se hizo extensivo a todos los estudiantes de secundaria el derecho a los libros de texto gratuitos financiados por la Federación.

En 2005, la CONALITEG internacionalizó su oferta, mediante la producción de libros de texto para los educandos de la República de Honduras, financiados por el gobierno hondureño y el Banco Mundial. Por lo expresado puede afirmarse que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es una de las políticas educativas más sostenidas y enriquecidas a lo largo del tiempo: ha permanecido durante 9 sexenios presidenciales y 15 secretarios de educación pública diferentes.

II. Problemática

A fines de Agosto de 2009 la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados definió como atentado a la cohesión e identidad nacionales la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suprimir las etapas históricas de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuito. Tal decisión la considera inaceptable porque “esos conocimientos históricos son formadores de dichos principios”.

En efecto el Presidente de la Comisión Legislativa, Alfonso Suárez del Real, aseguró que también se trata de una traición al legado de José Vasconcelos, quien configuró un programa educativo en el que la historia es fundamental para definir la identidad y la cohesión del país. Por ello anunció que presentaría ante la Comisión Permanente un exhorto a la SEP para que elabore y distribuya de manera inmediata materiales complementarios, para que se integren el estudio de la Conquista y la Colonia; ya que resulta indispensable resarcir este error de forma inmediata y profesional, porque no se puede permitir que tal atropello histórico se consume.

Como respuesta a estas afirmaciones el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, señaló que ambas etapas no estaban incluidas en los textos para primaria, pero que se subsanan en los textos de secundaria. Hasta 2011 se verán Conquista y Colonia, en cuarto año.

También respondió que los temas de la Conquista y la Colonia en los libros de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se verán en el texto de cuarto año, esto es, hasta finalizar el sexenio, y aseguró que está dispuesto a que se rectifiquen estos títulos, ya que “nada” –incluyendo esos volúmenes es “definitivo”. También precisó que con todo el trabajo que se ha realizado en torno a los libros de la RIEB, “vamos a poder construir, yo creo, los mejores materiales que hemos tenido en toda la historia”. Incluso aseguró que es el “inicio de una gran movilización positiva para mejorar” dichos títulos.

Además, señaló que dichos temas están incluidos en los libros de cuarto y quinto, que no forman parte de la RIEB –pese a que el especialista Olac Fuentes Molinar habló específicamente del libro de historia de sexto, que sí está considerado en la reforma- y además se incorporarán en el texto de cuarto año; el cual ya está terminado, está en la prueba piloto. Y el libro de cuarto actual (el del plan anterior), que no está en la prueba piloto, también trae el tema de la Conquista y de la Colonia. “No hay un cambio radical en los contenidos ni en su tratamiento, porque la reforma no apunta hacia los contenidos”, aseguró.

También precisó que el libro de sexto año de la reforma “está considerado para la historia universal como un preámbulo que permite sintetizar el resto de las historias que vimos, regional y nacional”, y agregó que la intención es que no se repitan los temas “simplemente por repetirse, sino que le vayan dando al niño” una “secuencia mucho más madura”. Sobre la falta de los nuevos libros de matemáticas, el funcionario admitió que “se está construyendo una propuesta mucho más integral que será enriquecida y debatida por los docentes”, por lo que en estos momentos, tal como se informó, se tiene un “libro de trabajo”.

Ante estas declaraciones diferentes legisladores le impugnaron severamente, al precisar que cualquier especialista conoce la importancia del fortalecer esos conocimientos históricos como parte sustantiva de la construcción de ciudadanía, como soporte para entender procesos democráticos, de colectividad, de civilización y los orígenes, que son comunes.

Por las mismas fechas y al conocer el análisis hecho por el especialista Olac Fuentes Molinar de los libros de la RIEB en el que se concluye que se eliminan los periodos de la Conquista de México y los tres siglos de dominación y colonialismo español, el Maestro Alonso Lujambio Irazábal, Titular de la SEP, señaló que “estamos abiertos a perfeccionar libros de texto”…“Ninguno está escrito con sangre ni por Dios: somos los hombres los que discutimos el modo en que nos vamos a educar y esto todo el tiempo está sujeto a deliberación y a crítica”, tras rechazar que se haya excluido temas de los libros de Historia”…”la dependencia está abierta a escuchar las voces de especialistas y de todos aquellos mexicanos que tengan algo que decir respecto a los libros de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)”…”es complejo el proceso de toma de decisiones acerca de cómo se construyen los libros de texto pues mientras unos especialistas dicen A otros dicen B”…“Es muy difícil llegar a un consenso absoluto y hay que tomar decisiones que en buena medida no son decisiones unilaterales sino institucionales, a partir de diversas voces de especialistas que se escuchan, a partir de las cuales se toman las decisiones, y esto no significa que estemos cerrados a seguir escuchando y perfeccionando los contenidos”.

Sobre el mismo asunto se enfatizó que en el citado volumen se pierde la oportunidad de que los niños de sexto de primaria comprendan la consecuencia más importante de la expansión europea de los siglos XV y XVI, que es entre otros la Conquista y la expoliación de los territorios descubiertos. Nada justifica, añadió, que la Conquista y la Colonia se revisen o no en otros grados, pues como se sabe, los niños tienen distintos referentes en cada nivel escolar. Nos guste o no, es una mutilación injustificable.

Al respecto, Daniel Hernández Rosete, investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, afirmó que “tan oprobioso resulta que mutilen los contenidos de historia, como el que se incluyan textos que reflejan una concepción religiosa y culposa de la sexualidad”…”En el libro de ciencias naturales de sexto grado, tanto en su versión anterior a la Reforma Integral de la Educación Básica, como en la que se distribuyó para este ciclo escolar, agregó, se habla de reproducción humana, cuando se debe abordar como sexualidad humana, pues de lo contrario lo reduce a un hecho meramente reproductivo”.

Por su parte Manuel Gil Antón, especialista en el sistema educativo nacional y catedrático de la UAM, destacó que si la SEP ha reconocido que se trata de libros que son perfectibles, es decir, mejorables, entonces es urgente una revisión, y afirmó que pese al costo económico que representaría rehacer estos materiales, sería más barato en términos del interés nacional que se hiciera un mejor programa y en consecuencia mejores libros de texto, que pensar en ahorrar dinero y considerar irremediables los errores…”quien tiene que dar cuenta de todo esto es el propio subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, responsable del proyecto, quien debe dar una explicación completa de lo que hizo y a quién convocó para su elaboración, porque es ahí donde podemos estar pagando la asignación en una subsecretaría no por razones de competencias, sino por otras muy distintas, pues estamos convirtiendo a la educación pública en México en un terreno experimental”.

Poco después el Subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, expresó que no se suspenderán o retirarán los nuevos libros de texto gratuitos, ya que es una medida verdaderamente extrema y dichos títulos, según afirmó, definitivamente no contienen errores. Enfatizó que los volúmenes fueron sujetos a evaluaciones nacionales e internacionales y cuentan con amplio consenso y revisión de una gran cantidad de especialistas, por lo que son un producto valioso…”los padres de familia deben estar tranquilos de que nosotros hicimos el trabajo que correspondía, acompañados con las mejores personas e instituciones, como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y Pedagógica Nacional (UPN)”….”los viajes, las asesorías, las consultas, los libros, la formación de maestros, como parte de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), han tenido un costo de alrededor de 400 millones de pesos”.

En relación con las advertencias de integrantes de los propios consejos interinstitucionales –que se encargan de revisar los títulos- sobre las deficiencias de éstos, dicho Subsecretario afirmó que se han hecho correcciones, se han incorporado a la elaboración de los materiales; todo consejero que ha querido hacerlo ha encontrado un espacio desde la redacción del programa hasta la redacción directa del material... “No ha habido un acotamiento”…”estamos abiertos a la mejora y en este proceso de la RIEB caben todas las opiniones, ya que no existen programas ni temas definitivos”…Sobre los títulos de matemáticas de la reforma, indicó que van a ir evolucionando a lo largo de los próximos tres años”.

Mediante correo electrónico difundido entre investigadores y coordinadores de los consejos consultivos interinstitucionales, convocados por la SEP para la elaboración de los LTG, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, se precisó que el pasado 13 de agosto de 2009, en una reunión convocada de urgencia por la SEP, con el Subsecretario de Educación Básica, se acordó informar a padres de familia y maestros que estos libros de texto “son provisionales y que se cambiarán el próximo ciclo escolar”

Por otro lado el Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias (CCIC), órgano especializado responsable de revisar los programas de estudio de la SEP, se manifestó en contra de que los nuevos planes de la educación primaria se lleven a cabo de manera apresurada durante el ciclo escolar 2009-2010, como se tiene contemplado. En escrito a la Subsecretaría de Educación Básica, advirtieron que después de analizar el nuevo plan de estudios para la primaria, y particularmente el programa de ciencias naturales, decidieron adoptar esa postura porque de llevarse a cabo esta reforma a nivel nacional durante el ciclo escolar 2009-2010, la prueba piloto en 5 mil escuelas del país sería un esfuerzo inútil, ya que no sería posible incorporar los ajustes pertinentes derivados de la misma en la nueva reforma.

En su documento, publicado en el Boletín Informativo de los Consejos Consultivos Interinstitucionales, se destaca que “la educación primaria supone no sólo un compromiso dictado por nuestra Constitución, también es el eje central de la educación básica de México”... “cualquier reforma educativa que se lleve a cabo en este nivel exige hacerse con la debida responsabilidad”… “es necesario que la implementación a nivel nacional del nuevo plan y programas de estudio para la educación primaria se realice una vez que se haya evaluado y ajustado la propuesta de la manera adecuada; hacerlo de otra forma es no llevarla a cabo con la debida responsabilidad y pertinencia”.

Además en su documento señalan que fueron establecidas varias comisiones para analizar la propuesta: Una, que analiza los fundamentos educativos; otra, que se enfoca en las metas educativas, y una más que trabaja con los contenidos temáticos del currículo. Ratificó el consejo su tarea de evaluar y emitir una opinión sobre los planes y programas que forman parte de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).

Días después, el 1° de septiembre de 2009, especialistas de la UNAM (Edna Suárez Díaz y Julio Muñoz Ríos) señalaron que los nuevos libros de texto gratuitos de primaria “son ilegales” al igual que los programas de estudio en que están basados en razón de que no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo ordena la norma y por ello deben ser sustituidos por los anteriores, que si tienen esos requisitos. También señalan que en el libro de ciencias naturales, para sexto año, de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se “mutila la explicación científica sobre la teoría de la evolución”…”dando pié a que los niños tengan una interpretación teleológica”…”como si la evolución estuviera orientada a un fin o que les infundan señalamientos erróneos, no científicos”…”es un claro retroceso en contenidos, procedimientos y metodologías. Empeora sensiblemente la enseñanza en esa materia”…”hay una reducción de aproximadamente un 70% en los contenidos de la evolución”…”La SEP eliminó la explicación científica actual de la teoría de la evolución”…se “omite uno de los puntos centrales de dicha teoría, que consiste en que las especies evolucionan porque hay variación al azar”. Por otra parte el científico Muñoz Ríos señala que “otra omisión absolutamente inaceptable es que en dicho texto no se habla sobre cuestiones de genética, y si esto se analiza con la modificación de los planes de estudio de historia y la reducción a los presupuestos de la enseñanza, es un ataque frontal contra toda la cultura”.

III. Implicaciones de Carácter Constitucional

No obstante la trascendencia del tema, al revisar si el texto constitucional vigente hace alguna referencia sobre los LGT, se pudo advertir en los preceptos relativos que dicho tema no está regulado específicamente (según se puede apreciar en los subsiguientes párrafos que también incluyen diferentes observaciones sobre dicha regulación y su relación con las medidas que se pretende adoptar para modificar el conocimiento de la Historia Patria).

Al respecto, en el párrafo tercero del Artículo 1° de la Constitución Federal se señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Ante este precepto y de optarse por la decisión de que el Estado no daría a conocer a millones de niños y niñas mexicanas, la historia fundamental de su País, así como la información esencial sobre la Teoría de la Evolución, ello podría constituir un acto de discriminación que menoscabaría su derecho a la educación.

Con referencia al Artículo 3° de la Constitución que dispone, en sus dos primeros párrafos que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”… “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”, debe considerarse que cuando se adoptan decisiones para excluir de los LGT etapas primordiales en la Historia del País (como lo son la Colonia y la Independencia) ciertamente no se está fomentando el amor a la Patria, ni la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Con referencia a la Fracción II de ese Artículo 3°, cuando dispone que “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” debe reflexionarse sobre el hecho de que ahora existe un mayor conocimiento científico sobre lo que aconteció en México durante la Colonia y la Independencia. Siendo así ¿Cómo se considera que se puede contribuir a ese conocimiento y al progreso científico fomentando la ignorancia de tan importantes etapas históricas y negándoles la información indispensable para que puedan entender la Teoría de la Evolución?

El mismo Artículo 3°, en los incisos a) y b) previene que la educación que imparta el Estado, “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;”… “b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y”…

Ante estos requisitos esenciales ¿Cómo se pretende que se puede contribuir a la democracia de una sociedad marginándole del conocimiento de su Historia? o bien cómo se considera que se puedan conocer y resolver los problemas de una sociedad, aprovechar mejor sus recursos y asegurar de mejor forma su independencia y cultura, si se limita drásticamente el conocimiento de una Sociedad sobre su propia Historia.

Observaciones semejantes pueden realizarse con respecto al inciso c) de esa Artículo 3°, cuando dispone que “Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos…”. Sin embargo, la SEP no puede dejar de considerar que esos ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, tienen su mayor sustento en la propia historia del País, particularmente en las etapas de mayor violación masiva de esos derechos, como lo fue durante la Colonia y el Movimiento de Independencia, para evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Por lo mismo no existe razón alguna para invalidar tal conocimiento.

Posteriormente al analizar la Fracción III de ese Artículo 3°, el cual ordena que “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale”. Al respecto, es preciso destacar que ni los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, ni los diversos sectores sociales involucrados en la educación, han manifestado su conformidad para que se excluya el conocimiento de la Colonia y la Independencia, así como el relativo a la Teoría de la Evolución, en las escuelas primarias del País.

De ahí la importancia de establecer en la legislación señalada un mecanismo que realmente asegure la intervención -de dichas entidades y de los sectores sociales correspondientes- en la instrumentación y aprobación de los planes y programas precitados, para evitar que se pueda desconocer, en forma unilateral contenidos fundamentales para los distintos niveles de educación. Quizás fuese conveniente incorporar la colaboración de las comisiones legislativas competentes, de ambas Cámaras, para evitar que en el futuro se pretendan modificar abruptamente los programas educativos fundamentales, sin obedecer a ninguna política nacional previamente concertada con el Poder Legislativo.

A continuación las fracciones IV y V del artículo 3° que nos ocupa, disponen que “I Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”…” V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Ante estos mandatos la SEP se debe asegurar el concepto de gratuidad de la educación primaria.

También es importante referirnos a lo dispuesto en la Fracción VI de dicho Artículo y a su inciso a) cuando señala que “Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III” (anteriormente citada).

Sobre esta regulación es importante subrayar que en la Constitución Federal vigente no se hace referencia alguna al empleo de los LTG. Tampoco se refiere a su utilización en los planteles oficiales y menos aún en los de carácter particular. Es evidente la urgencia de legislar sobre dicho tema.

Por otra parte y con respecto a lo establecido en el sexto párrafo del Artículo 4° constitucional, que dice “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral” es imperativo lograr que se admita que el conocimiento de la Historia del País es parte esencial del derecho a la educación de los niños y las niñas. De igual forma que se le convenza sobre que tal omisión se traduce en una importante fractura en el conocimiento de la Historia Patria y que ello atentaría contra este derecho. De obtenerse tal cambio se lograría una enseñanza integral, científica y objetiva sobre la Historia esencial del País, en los planteles de educación primaria de todo el territorio nacional.

En su parte final el Artículo 4° citado dispone que “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Ante lo establecido por este precepto si se suprimiera del nivel elemental el conocimiento de etapas tan importantes en la Historia de México, como la Colonia y la Independencia, así como la Teoría de la Evolución, el Estado no estaría promoviendo los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, tal y como lo ordena la Constitución. Tampoco estaría atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Asimismo se estarían limitando gravemente los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Todo ello es evidencia de una clara violación de esta disposición constitucional.

Todo lo anterior hace evidente la imperiosa necesidad de fortalecer los preceptos constitucionales vinculados con la instrumentación adecuada de los planes y programas educativos, así como con las políticas educativas y el funcionamiento del sistema nacional en la materia. De igual forma es preciso incorporar los Libros de Texto Gratuito a dicha regulación.

IV. Conclusiones

Se debe proceder también a analizar de dicha Ley, en relación con la problemática que nos ocupa y formulando las observaciones correspondientes.

Por todo lo anteriormente expresado, puede afirmarse que resulta indispensable actualizar y reforzar el contenido y el cumplimiento de los preceptos constitucionales arriba señalados, así como reformar y adicionar diferentes artículos de la Ley General de Educación, para asegurar el carácter científico, objetivo, democrático, nacionalista e institucional, tanto de los planes y programas educativos, como del propio sistema educativo nacional.

De igual forma por lo que se refiere a la revisión, actualización, aprobación e instrumentación de los Libros de Texto Gratuito, así como al adecuado ejercicio de los presupuestos respectivos.

Por otro lado, también resulta indispensable asegurar el cumplimiento de tales obligaciones por parte de los servidores públicos involucrados con tales funciones, así como la aplicación de las sanciones respectivas cuando incurran en responsabilidades administrativas por el incumplimiento de dichas obligaciones, a fin de evitar que continúen dañando con su conducta irresponsable el ejercicio de la función pública, así como que interfieran con la adecuada prestación de los servicios a la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO: Se reforman el primer y segundo párrafos; las fracciones II y III; el inciso a) de la fracción VI; y la fracción VIII; todo ello del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. El Estado procurará la adecuada integración y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con los principios de este artículo.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo, promoverá el conocimiento de la historia nacional y universal, así como el interés por las demás ciencias sociales y las ciencias exactas, como elementos esenciales para impulsar el desarrollo y la identidad nacional.

I. …

II. Las políticas, planes y programas que orientarán a esa educación se basarán en los resultados del progreso científico y los avances de la cultura nacional e internacional; asimismo lucharán contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) a c) …

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal instrumentará los planes, programas y textos de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal contará con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de las principales universidades e institutos del país y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Las autoridades relacionadas con la integración y aplicación de esos planes, programas y textos estarán obligadas a vigilar que su instrumentación cumpla los principios establecidos en este artículo.

IV. y V. …

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes, programas y textos a que se refiere la fracción III, y

b) …

VII. …

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a regular la adecuada integración y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, así como distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan a las presentes reformas y adiciones.

Recinto del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senador Velasco Coello. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos; y por lo que veo hay compañeros Senadores que quieren suscribir su iniciativa. Con su autorización, la Secretaría Parlamentaria tomará debida nota de los compañeros que suscriben con usted dicha iniciativa.

Se recibió del Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos para su dictamen correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, FERNANDO CASTRO TRENTI, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los derechos que tienen todos los seres humanos es el de tener acceso a una vivienda digna y decorosa, para tal efecto tanto el Gobierno como patrones y trabajadores deben de colaborar para la consecución del objetivo, realizando cada uno la parte que le corresponde.

Las aportaciones que realizan los patrones al Infonavit, forman parte de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual se encuentra integrado por las subcuentas de cuotas obligatorias de los trabajadores, la de vivienda, la de aportaciones voluntarias y la de aportaciones complementarias.

Respecto a los recursos que se canalizan en la subcuenta de vivienda, éstos son asignados para que los trabajadores a través de un crédito del Infonavit, estén en condiciones de una vivienda digna y decorosa, también para construir, reparar o realizar mejoras a sus casas habitación y para cubrir los costos de estos conceptos.

El artículo 43 Bis de la Ley del Infonavit establece que en el momento en que el trabajador reciba un crédito por parte del Instituto, el saldo de su subcuenta de vivienda se aplicará como pago inicial del crédito.

Asimismo y durante la vigencia de éste, las aportaciones patronales que se realicen a su favor se aplicarán para saldar el crédito otorgado.

Por otra parte y una vez que se ha liquidado el crédito obtenido para aplicarlo en alguno de los conceptos mencionados, la obligación del patrón de realizar el pago de la cuotas obligatorias subsiste.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del ordenamiento legal invocado, los fondos de dicha subcuenta que no hubiesen sido utilizados, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según corresponda, una vez que el trabajador o sus beneficiarios presenten la solicitud al Instituto.

La aplicación de estas transferencias se aplica en los casos de que la pensión sea pagada de conformidad con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y que esté relacionada con la subcuenta de vivienda, con la finalidad de que se utilicen para financiar pensiones de invalidez, por muerte y por cesantía en edad avanzada.

Cabe mencionar que el artículo 37 de Ley del Infonavit, establece que el derecho que tienen los trabajadores o sus beneficiarios para recibir los recursos de la subcuenta citada, prescribe a favor del Instituto a los 10 años de que son exigibles.

Lo anterior es discutible, porque las transferencias de recursos a partir del tercer bimestre de 1997, no son entregadas directamente a los trabajadores o beneficiarios, sino a la Afore que eligieron.

Los trabajadores pensionados o jubilados se enfrentan frecuentemente con la renuencia por parte del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para devolverles los fondos que se encuentran en la subcuenta de vivienda de este Instituto.

En febrero del 2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que “cuando el particular reclame a la empresa administradora de fondos la devolución del saldo integral de su cuenta individual del SAR, el Infonavit deberá de transferir los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda a fin de entregarlos al solicitante”.

Desafortunadamente, el Infonavit se ha valido de diversos medios legales, como el Juicio de Amparo, para evitar cumplir con esta obligación en detrimento de los trabajadores y retener los recursos bajo los argumentos de que los mismos corresponden a un “ahorro virtual” que físicamente no existe o incluso de que no hay un ordenamiento legalque los obligue a hacerlo, lo cual es falso.

Ni el Infonavit, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni las administradoras y en ocasiones las autoridades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo asumen la responsabilidad del asunto, ni mucho menos ofrecen una solución favorable a los trabajadores o a sus beneficiarios; e incluso se habla que existen más de 12 mil millones de pesos en la subcuenta de vivienda, que el Instituto se rehúsa a devolver.

En este orden de ideas, administradoras de afores como Bancomer, ING y Siglo XXI, contribuyen a desanimar a los ex trabajadores para que no ejerzan su derecho a reclamar esos recursos e incluso les sugieren darlos por perdidos.

Existen tres diferentes períodos de aportaciones al Infonavit que un trabajador puede reclamar y son: el Fondo de Ahorro 1972-1992, los recursos del SAR-Infonavit 1992-1997; y las aportaciones realizadas a partir de julio de 1997 a la fecha.

El último período es el que ha presentado mayor complicación para los trabajadores, pues el artículo octavo transitorio autoriza al Instituto a retirar ese dinero de la cuenta individual del ex trabajador sin consultarlo previamente, para enviarlo supuestamente al Gobierno Federal y financiar su pensión.

A finales del mes de octubre de 2009, nuevamente la Segunda Sala de la SCJN determinó, que los trabajadores no podían recuperar los fondos aportados al Infonavit, toda vez que los mismos forman parte de la pensión que recibirán cuando se retiren, cuando tan solo 8 meses antes habían sostenido que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley del Infonavit en 1997, es inconstitucional.

Igualmente manifestaron que si se autorizaba a los trabajadores a realizar dicho retiro, estarían recibiendo doble pensión, lo cual es erróneo, en virtud de que la finalidad para la que fueron creadas cada una es distinta; es decir, el objetivo de la subcuenta de vivienda es facilitar la adquisición de una casa y no la de financiar pensiones. Además es innegable que los trabajadores son los legítimos propietarios de esos recursos.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, al mes de septiembre del presente año, los recursos de la subcuenta de vivienda en el SAR, alcanzó el importe de 552,738 millones de pesos, un crecimiento de 32.8% respecto al mismo mes del 2008, sin embargo se desconoce el destino que se les da a los mismos.

Con la presente iniciativa se pretende garantizar la eficacia de la garantía constitucional que permite a los trabajadores recuperar las cantidades que destinaron para la adquisición de una vivienda y que por diversas razones no utilizaron, con el fin de evitar que los mismos sean destinados a otros rubros y establecer claramente que el sistema de pensiones y la subcuenta de vivienda persiguen distintas finalidades.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 40.- Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, podrán ser transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente, en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83, o bien, podrán ser entregados directamente y en una sola exhibición, a los trabajadores.

A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al Instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro o su entrega en una sola exhibición. El Instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

OCTAVO TRANSITORIO.- Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores está obligado a entregar dichos fondos una vez que presenten la solicitud correspondiente. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones, salvo que el trabajador o sus beneficiarios soliciten al Instituto su devolución, en virtud de que los mismos fueron aportados para aplicarlos a alguno de los conceptos establecidos en la fracción II del artículo 42 de esta Ley.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Fernando Castro Trenti”.

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En momentos convulsos como los que actualmente vive nuestro país, cualquier acto de violencia, por mínimo que parezca, constituye un buen aliciente para intentar un rediseño de nuestro ordenamiento legal. De suerte que la violencia intrafamiliar y, en particular, la violencia de género representan un grave problema de nuestra sociedad que exige acciones concretas y coordinadas por parte de todos los poderes públicos y en los tres órdenes de gobierno.

En efecto, refiere un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basado en diferentes estudios, que siete de cada diez mexicanas mayores de 15 años han sufrido agresiones violentas por parte de sus parejas o en sus comunidades. Además, afirma que el 67% de las mujeres encuestadas en el año 2006 declararon haber padecido algún incidente de violencia; entre los cuales el más frecuente fue el ejercido por el actual o último esposo o compañero sentimental, mientras que el 39.7% de ellas dijo haber sufrido algún tipo de violencia en los espacios comunitarios, laborales, familiares o escolares.

Por último, el documento advierte que de las mujeres trabajadoras un 19.9% fue víctima de algún tipo de violencia o discriminación, en contraposición con el 15.9% que fue agredida por algún maestro, autoridad o compañero.

Sin embargo, la situación que originan estas formas de violencia trasciende el núcleo meramente familiar para convertirse en un flagelo que afecta e involucra a toda la sociedad por completo.

Por lo tanto, nuestra responsabilidad como legisladores federales nos exige velar por la preservación de los derechos de las mujeres, pero sobre todo por garantizar la integridad física de este grupo vulnerable de nuestra sociedad.

Así las cosas, en aras de crear nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos, ulteriormente bien articulados de manera técnica, se propone una reforma constitucional mediante la cual se establecerá la creación, en todas las entidades federativas, de organismos encargados de garantizar y dar protección de los derechos a las mujeres, sobre todo de aquellas víctimas de violencia de género.

Ciertamente en nuestro país ya existen algunos organismos destinados a ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. Sin embargo, el esfuerzo realizado en muchas entidades federativas no ha sido suficiente, pues cada vez son más los casos de violencia, y ante los cuales dichos organismos se ven imposibilitados para realizar cualquier tipo de actividad tendiente a reivindicar estas lamentables prácticas.

En tal virtud, es necesario crear organismos encargados de velar por los derechos de integridad física de nuestras mujeres, superando dogmas y perjuicios en aras de desaparecer burocracias inermes ante fenómenos sociales de crecimiento desmedido tal y como es la violencia de género. Para tal efecto se requieren modificaciones en las facultades de dichos organismos, a fin de que se encuentren en posibilidad de formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas en caso de que así sea necesario.

En suma, tal y como lo conciben los ordenamientos legales más vanguardistas de derechos de las mujeres, diseñar acciones integrales y coordinadas que incluyan tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de nuevos actos violentos como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las víctimas de la violencia de género y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad.

Con la reforma al párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución Política que se propone en la presente iniciativa, el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas sin exceder el plazo de un año, y en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos de las mujeres consagrados en esta Constitución y en las leyes que de ella emanan.

Estos organismos formularán recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas para cumplir con tal efecto. Estos organismos contarán con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, las leyes respectivas determinarán la conformación de dichos organismos, así como el procedimiento a seguir para elección de sus miembros.

Señor Presidente, en economía de tiempo, solicito que la presente iniciativa sea incorporada de forma íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En momentos convulsos como los que actualmente vive nuestro país, cualquier acto de violencia, por mínimo que parezca, constituye un buen aliciente para intentar un rediseño de nuestro ordenamiento legal. De suerte que la violencia intrafamiliar y, en particular, la violencia de género representan un grave problema de nuestra sociedad que exige acciones concretas y coordinadas por parte de todos los poderes públicos y en los tres órdenes de gobierno.

En efecto, refiere un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basado en diferentes estudios, que siete de cada diez mexicanas mayores de 15 años han sufrido agresiones violentas por parte de sus parejas o en sus comunidades. Además, afirma que el 67% de las mujeres encuestadas en el año 2006 declararon haber padecido algún incidente de violencia; entre los cuales el más frecuente fue el ejercido por el actual o último esposo o compañero sentimental, mientras que el 39.7% de ellas dijo haber sufrido algún tipo de violencia en los espacios comunitarios, laborales, familiares o escolares.

Por último, el documento advierte que de las mujeres trabajadoras un 19.9% fue víctima de algún tipo de violencia o discriminación, en contraposición con el 15.9% que fue agredida por algún maestro, autoridad o compañero.

Sin embargo, la situación que originan estas formas de violencia trasciende el núcleo meramente familiar para convertirse en un flagelo que afecta e involucra a toda la sociedad por completo.

Por lo tanto, nuestra responsabilidad como legisladores federales nos exige velar por la preservación de los derechos de las mujeres, pero sobre todo por garantizar la integridad física de este grupo vulnerable de nuestra sociedad.

Así las cosas, en aras de crear nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos, ulteriormente bien articulados de manera técnica, se propone una reforma constitucional mediante la cual se establecerá la creación, en todas las entidades federativas, de organismos de encargados de garantizar y dar protección de los derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas víctimas de violencia de género.

Ciertamente en nuestro país ya existen algunos organismos destinados a ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. Sin embargo, el esfuerzo realizado en muchas entidades federativas no ha sido suficiente, pues cada vez son más los casos de violencia de género, y ante los cuales dichos organismos se ven imposibilitados para realizar cualquier tipo de actividad tendiente a revertir estas lamentables prácticas.

En tal virtud, es necesario crear organismos encargados de velar por los derechos e integridad física de nuestras mujeres, superando dogmas y prejuicios en aras de desaparecer burocracias inermes ante fenómenos sociales de crecimiento desmedido, tal y como lo es la violencia de género. Para tal efecto se requieren modificaciones en las facultades de dichos organismos a fin de que se encuentren en posibilidad de formular recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en caso de que sea necesario.

En suma, es necesario, tal y como lo conciben los ordenamientos legales más vanguardistas de derechos de las mujeres, diseñar acciones integrales y coordinadas que incluyan tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realización de nuevo actos violentos, como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las víctimas de la violencia de género y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º (…)

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos de las mujeres consagrados en esta Constitución y en las leyes que de ella emana. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Para cumplir con tal efecto, estos organismos contarán con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las leyes respectivas determinarán la conformación de dichos organismos, así como los procedimientos a seguir para la elección de sus miembros.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Legislaturas de las Entidades Federativasdeberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de crear los organismos de protección de mujeres, sin exceder el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

- El C. Presidente García Cervantes: Con mucho gusto, Senador Carlos Lozano de la Torre. Como lo solicita, se obsequia su solicitud, y se instruye para que se inserte íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos; y por supuesto se acepta la suscripción de su iniciativa por el Senador Melquiades Morales, y por los compañeros que están indicando su deseo de hacerlo, la Secretaría Parlamentaria tomará debida nota.

Se recibió del Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, RAUL MEJIA GONZALEZ, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin lugar a dudas, hoy más que nunca la creación de empleos es una actividad prioritaria del Estado mexicano, por lo que es importante incentivarla, teniendo en consideración que los esfuerzos para la creación de nuevos empleos implican, adicionalmente, lograr que las personas que accedan a un trabajo estable dentro de la economía formal tengan garantizados los derechos de la seguridad social que consagra la Constitución.

Pero, y siguiendo esa misma línea argumentativa, mantener los empleos ya existentes debe ser una de las prioridades en el diseño de las políticas públicas destinadas para tal fin. De tal suerte que, resulta consubstancial al desarrollo económico de un país tanto la creación de más fuentes de empleo, como el mantenimiento de los ya existentes, además de mejores condiciones laborales, en beneficio de la clase trabajadora de México.

En efecto, de acuerdo con previsiones de los analistas, la recesión por la que hoy atraviesa la economía global se extenderá por lo menos un año más. De ahí que los encargados de formular políticas públicas se estén dando a la tarea de diseñar paquetes que contengan estímulos fiscales, liquidez o recortes de tasas de interés a fin de paliar, en la medida de lo posible, los perniciosos efectos que seguramente traerá consigo esta crisis económica mundial.

Sin embargo, desde nuestra responsabilidad como legisladores federales también podemos contribuir al rediseño del modelo económico, planteando un nuevo papel del Estado, o de lo contrario la situación económica de millones de familias en nuestro país terminará en un fondo de consecuencias inimaginables; no podemos perder de vista que, según un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los treinta países miembros de dicha Organización, toda vez que la desigualdad de ingresos de los hogares mexicanos disminuyó más que en cualquier otro país de la OCDE, al pasar el ingreso medio de 10% de la población más pobre a menos de mil dólares.

Así las cosas, se somete a la consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del seguro Social, a fin de establecer la prohibición al empleador de descontarle al trabajador las cotizaciones semanales acumuladas, en aquellos casos en que, justamente en su condición de retenedor, no lo ha hecho oportunamente y, en consecuencia, no ha enterado oportunamente al Instituto de las cuotas correspondientes.

De tal suerte que, de aprobarse esta Iniciativa, estaremos en condiciones de poder evitar afectaciones a la clase trabajadora de nuestro país, quien, ante la ineptitud de los encargados administrativos de la fuente de trabajo, eventualmente se ve agraviada luego de una disminución considerable de su salario.

Ciertamente, a consecuencia de la situación económica que vive el país, muchas fuentes de trabajo de diversos sectores se han visto en la imposibilidad de cubrir por completo el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto. Sin embargo, es igualmente cierto que existen diversos programas emergentes de ayuda a empresarios, sin que exista uno para los trabajadores en contrapartida. De tal suerte que, aún cuando el empleador se beneficia con algún apoyo o estimulo público para cumplir con sus obligaciones de manera diferida, al empleado se le descuenta su cuota aún después de cuatro semanas, sin culpa alguna y, mucho menos, sin ningún tipo de beneficio o protección para su salario.

Resulta, pues, un compromiso ineludible proteger el salario de los millones de trabajadores mexicanos, pues no podemos soslayar lo afirmado en el informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Panorama Laboral 2006 en América Latina y el Caribe, el cual señala gráficamente la caída dramática del poder adquisitivo de los salarios en México; tendencia ya denunciada por infinidad de estudiosos, así como por representantes de los trabajadores y empresarios.

Así, por ejemplo, de acuerdo con la información vertida en el documento de dicho organismo internacional, hacia el tercer trimestre de 2006 el salario mínimo en México estaba casi 70% debajo del valor real del vigente en el año 1980 y retrocedido más de 20 puntos con respecto al del año 1990. En cambio, los países que han logrado recuperar el poder adquisitivo de sus salarios mínimos respecto a los años 80’s y 90’s son Chile, Brasil, Argentina y, en menor medida, Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras. El valor de los salarios mínimos en Paraguay se mantiene equivalente a los de 1990, y los de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Perú aún no recuperan el nivel de hace 20 años, pero avanzan paulatinamente respecto al año de 1990. Sólo México y El Salvador se mantienen en el cuadrante de retroceso respecto a los dos indicadores, de los 14 países de la zona considerados en el estudio.

En tal virtud, en el Grupo Parlamentario del PRI tenemos la convicción de que el salario del trabajador debe primar por encima de cualquier diseño de política pública encaminada a detonar el desarrollo económico del país. Resulta impostergable, pues, establecer las medidas necesarias que posibiliten un verdadero Estado Social de Derecho, beneficiando así a la clase trabajadora y, en consecuencia, a México.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se deroga el párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero, ambos del artículo 38 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir.

Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo. (SE DEROGA)

El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus reglamentos. El patrón, en caso de no retener oportunamente las cuotas a que se refiere este artículo, no podrá descontar al trabajador ninguna cotización anterior, quedando a su cargo la obligación de enterar las mismas al Instituto.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Raúl Mejía González”.

Por último, en este apartado del Orden del Día, se concede la palabra al Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Federal de Protección al Consumidor.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEYFEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Murillo Karam, a nombre propio y del C. Senador Pedro Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Gracias, señor Presidente. Se agradece el ofrecimiento y se acepta.

En los dos últimos días nos hemos desayunado, y creo que hasta dormido, con la noticia de que seguimos para atrás en el tema de corrupción.

Es evidente que tenemos que tomar medidas ya, que nos permitan atacar este problema seriamente. No traigo hoy la panacea, pero si un planteamiento que es crucial para poder combatir de la manera más eficaz la corrupción.

En primer término, sería cumplir con la obligación que tenemos de darle sustento y contenido a las modificaciones que le hicimos al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos”, por las razones que el mismo artículo señala.

Además en nuestro caminar por las legislaciones que tienen que ver con la transparencia hemos encontrado una serie de conflictos que puedan hacer efectiva y que puedan darle sentido al propósito anticorrupción.

Por eso el día de hoy el Senador Pedro Joaquín Coldwell y su servidor, presentamos a la consideración de ustedes una iniciativa de ley en la que mucho hemos tomado muchas iniciativas, incluso algunas muy importantes de Senadores, y en mucho lo que hemos vivido de la realidad nacional en cuanto a transparencia, con el propósito de actualizar la Ley del IFAI, y tratar de empezar a combatir seriamente desde la legislación este problema serio del país.

Quiero ser muy breve en la presentación, porque es bastante amplia, la tienen en la Gaceta, y creo que sería mucho más importante que la pudieran leer. Lo único que intento desde esta tribuna es motivar su interés por ir a la propia Gaceta, tratar de leerla y pedirles su aportación, porque si bien es cierto que es una iniciativa muy amplia, también es cierto que puede ser mejorada con las aportaciones que todos hagamos en un tema que a mí me parece, hoy, de la mayor importancia para el país.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores Jesus Murillo Karam y Pedro Joaquin Coldwell, integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de las reformas a los artículos 6º y 16 constitucionales que establecen las bases y los principios que deben prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como la garantía de protección de los datos personales, respectivamente, resulta pertinente adecuar el marco normativo vigente, a efecto de dar cumplimiento puntual a las referidas disposiciones constitucionales.

Aunado a lo anterior, en la experiencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -IFAI- como órgano garante del derecho de acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal, se han detectado aspectos esenciales que ameritan una reforma legal, a efecto de propiciar una correcta aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -en adelante, la Ley- y mayor claridad en la interpretación y alcance de disposiciones fundamentales para los objetivos del ordenamiento.

En ese sentido, se propone modificar veintisiete artículos (artículos 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61 y 63), derogar ocho artículos (10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26), así como adicionar diecisiete artículos (6 Bis, 7 Bis, 7 Ter, 7 Quater, 14 Bis, 18 Bis, 19 Bis, 32 Bis, 42 Bis, 55 Bis, 58 Bis, 64, 65, 66, 67, 68 y 70). Asimismo, se propone dividir el ordenamiento en dos libros,cuyo propósito es regular por una parte, el derecho de acceso a la información gubernamental, y por la otra, el derecho de protección de datos personales, ambos reconocidos en las citadas reformas constitucionales. En ese sentido, se modificaría la denominación de la Ley y del órgano garante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

Cabe señalar que se trata de una reforma que no altera sustantivamente el orden de la Ley vigente.

Asimismo, es pertinente señalar que algunas de las propuestas no hacen más que propiciar una mejor aplicación de la Ley al darle mayor claridad a un precepto o corregir disposiciones que en la práctica han resultado inaplicables. Otras propuestas resolverían cuestiones que han generado problemas de fondo y que no coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Entre las reformas que se proponen, destacan las que a continuación se señalan:

A) LIBRO PRIMERO.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

Obligaciones de Transparencia

• El artículo 7 de la Ley prevé las denominadas obligaciones de transparencia, es decir, señala la información que debe ser publicada en los sitios de Internet de los sujetos obligados sin necesidad de que medie solicitud de acceso, sin embargo, el artículo en comento es genérico, lo que contribuye a que su aplicación, sin distinción entre la naturaleza y funciones de los sujetos obligados, derive en información con menor calidad para el gobernado.

Con el propósito de atender la problemática anterior, se efectúan dos propuestas que coadyuvarían a proporcionar información más precisa y de mayor interés para el ciudadano.

La primera propuesta consiste en establecer diversas obligaciones de transparencia específicas por sector, lo que permitiría generar la obligación concreta de publicar información de interés en relación con materias particulares.

La segunda propuesta se refiere a lo que en la doctrina se ha denominado “transparencia focalizada”, es decir, la obligación de publicar en los sitios de Internet respectivos, la información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas, responsabilidad de cada dependencia y entidad, para lo cual se propone que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal el IFAI expida lineamientos específicos. Esta posibilidad resulta una aportación relevante que permitiría dar a conocer el desarrollo de temas específicos de interés general.

Indicadores de gestión y estadística de funciones sustantivas

La iniciativa propone establecer como obligación la publicación de los indicadores de gestión, en términos de lo establecido por el artículo 6º constitucional. Para tal propósito, se adiciona la definición de “indicadores de gestión”.

Asimismo, la propuesta propicia la generación de estadística respecto de las funciones sustantivas de los sujetos obligados.

Inexistencia de la información

• La inexistencia de documentos que en razón de las atribuciones conferidas a un sujeto obligado debieran obrar en sus archivos, hace nugatorio el derecho de acceso a la información, por lo que a efecto de disminuir esos supuestos, se propone que el Comité de Información y el IFAI, cuenten con facultades para instruir a que se genere un documento cuando ello se encuentre entre las obligaciones sustantivas del sujeto obligado, siempre que esto sea materialmente posible. Esta posibilidad no está prevista en la Ley vigente.

Prueba de interés público y prueba de daño.

• La información respecto de particulares debe ser protegida en los términos y con las excepciones que prevea la Ley, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 6º constitucional. En ese sentido, y con el propósito de contar con un procedimiento claro que permita ponderar, en casos particulares, la observancia de derechos fundamentales, se propone incluir un procedimiento denominado “prueba de interés público” para determinar la procedencia de hacer pública información sobre particulares, cuando se presuma que ésta contribuye de manera trascendente a la transparencia gubernamental y a la rendición de cuentas.

El procedimiento que se propone reconoce el derecho de audiencia del titular de la información, lo que brinda elementos al IFAI para valorar los intereses en conflicto y determinar si procede otorgar acceso a dicha información, en razón de los beneficios sociales que derivarían del mismo. Este procedimiento no sería aplicable a información que claramente propicia la rendición de cuentas y favorece la transparencia gubernamental, la cual mediante criterios del IFAI ya ha sido considerada pública.

Aunado a lo anterior, se propone incorporar a la Ley la denominada “prueba de daño”, la cual actualmente está prevista en lineamientos expedidos por el IFAI. Dicha prueba requiere que la autoridad exponga elementos objetivos tendientes a probar que existe una alta probabilidad de dañar el interés público, es decir, será necesario motivar de manera específica bajo los parámetros que la propia Ley establece.

Reubicación de causales de clasificación

• La experiencia en la aplicación de la Ley ha permitido detectar ciertos supuestos de clasificación que se encuentran erróneamente ubicados, ya sea por lo genérica que puede resultar la causal, o por la naturaleza de la información que la Ley protege.

Al respecto, se propone reacomodar los supuestos de clasificación, de tal forma que por una parte se sujete la información que se encuentre inmersa en un proceso deliberativo a la denominada “prueba de daño”, y por la otra, los secretos fiscal, bancario, fiduciario e industrial, que actualmente se consideran información reservada, se establezcan como información confidencial, en razón de que dichas causales de clasificación atienden la protección del patrimonio de particulares y no a información gubernamental. No obstante, se debe precisar que en el caso del secreto industrial, las entidades que enfrentan competencia económica, se encontrarían legitimadas para invocarlo.

• Se propone incorporar a la Ley la prohibición para los sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados recursos públicos federales, salvo el caso de las instituciones de crédito o de autoridades fiscales; actualmente esta disposición está prevista en lineamientos expedidos por el IFAI, con lo que el criterio de referencia se extendería a todos los sujetos obligados por la Ley, coadyuvando a una aplicación e interpretación uniforme de este ordenamiento en el ámbito federal.

• El artículo 14, fracción I de la Ley reconoce la clasificación que otros ordenamientos de igual jerarquía otorgan a información determinada, no obstante, la mayoría de las leyes que prevén supuestos de tal naturaleza fueron expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley, es decir, no atendían a una clara política de transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos del Estado.

En ese sentido, y con el propósito de que la clasificación de la información, en todos los casos, efectivamente atienda a razones de interés público y se determine por excepción, sin dejar de reconocer lo dispuesto por otros ordenamientos legales, se propone que el supuesto en comento se invoque efectuando una prueba de daño que motive la reserva respectiva.

Integración del Comité de Información

• En términos de la Ley vigente, los comités de información se integran por un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad, por el titular de la unidad de enlace y por el titular del órgano interno de control. Entre otros asuntos, dichos órganos colegiados determinan la debida clasificación de la información o la inexistencia de la misma frente a una solicitud de acceso.

En su oportunidad, se consideró que la participación de los titulares de los órganos internos de control legitimaba las determinaciones de los comités de información, no obstante, a la luz de la experiencia, la participación con voto de los titulares de los órganos internos de control resulta cuestionable, toda vez que por una parte se constituyen como integrantes del comité de información y por la otra como fiscalizadores de dicho órgano.

En ese sentido, se propone replantear la integración de los referidos comités, para lo cual podría sustituirse la participación con voto de los titulares de los órganos internos de control por la de los encargados de archivos, quienes derivado de la función que desempeñan podrían coadyuvar en las determinaciones que se adopten tanto en materia de inexistencias como en materia de clasificación.

Asimismo, se propone que tanto los titulares de los órganos internos de control como los de las áreas jurídicas, participen en los comités de información con voz pero sin voto, con el fin de que dichos órganos colegiados cuenten con orientación y asesoría técnica para la emisión de sus determinaciones, sin que exista un conflicto por la funciones que tienen encomendadas sus integrantes.

Distinción en el tratamiento de archivos históricos y archivos administrativos.

• Los archivos históricos son de acceso público a través de mecanismos particulares que propician su objetivo. Tienen como propósito resguardar, conservar y difundir la memoria institucional del país. En ese sentido, sería pertinente que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevea expresamente que el acceso a documentos históricos será a través de los mecanismos que el propio archivo histórico tiene implementados y no mediante el procedimiento de acceso previsto en dicho ordenamiento.

De esta suerte, únicamente el archivo administrativo que refleja la gestión gubernamental de los archivos históricos sería susceptible de acceso en la forma y términos que establece la Ley. Lo anterior, daría claridad al tratamiento que en la materia debe prevalecer para los archivos históricos.

Procedimiento de conciliación

• Se propone establecer la posibilidad de propiciar la conciliación entre las partes ante el IFAI, en cuyo caso se generará un acuerdo que tendrá carácter vinculante y que dejará sin materia el procedimiento de resolución del recurso de revisión.

Ampliación de plazo de reserva y registro de expedientes reservados

• Se propone modificar el artículo 15 de la Ley, para que sean las propias dependencias y entidades las instancias responsables de ampliar, por excepción, los plazos de reserva de la información.

• Se propone modificar lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley, con el propósito de eliminar la obligación de integrar un índice de expedientes reservados, a efecto de que en la herramienta informática creada para el control y clasificación archivística se precise, en su caso, la clasificación del expediente.

Facultades de regulación y verificación del IFAI.

Se propone ampliar las facultades del IFAI para verificar el cumplimiento en general de la Ley, y para emitir normatividad en materia de estadística e indicadores de gestión a los que se refiere el artículo 6º constitucional, a efecto de propiciar mejor calidad de la información que se proporciona al gobernado.

En materia de organización y conservación de documentos se incluye de manera expresa la facultad del IFAI para regularlos documentos electrónicos.

Asimismo, se incluye como atribución del IFAI, la de elaborar un programa que establezca las políticas en materia de transparenciapara la Administración Pública Federal.

Modificaciones respecto del cargo de Comisionado Presidente

Se propone modificar el artículo 35 de la Ley para fortalecer el cargo del Comisionado(a) Presidente(a), estableciendo un periodo más amplio de su gestión y otorgándolo atribuciones expresas en la Ley.

Régimen de responsabilidades administrativas.

• El régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se constituye como una herramienta fundamental para los órganos garantes, con la que se coadyuva al cumplimiento de los objetivos de la Ley, fortaleciendo por una parte, los deberes de los sujetos obligados en la materia e inhibiendo conductas contrarias a lo dispuesto por el propio ordenamiento.

La Secretaría de la Función Pública, como autoridad en la materia en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al investigar posibles responsabilidades por el incumplimiento de la Ley, detectadas durante la sustanciación de recursos de revisión, se ha pronunciado respecto de la naturaleza de la información vinculada a dicho incumplimiento.

Con el fin de reducir el margen de actuación de la autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas y evitar la invasión de competencias, se propone fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tratándose de violaciones a la Ley, estableciendo los tipos de sanciones que deberán aplicarse, en relación con la causal de responsabilidad administrativa en la que se hubiere incurrido, y precisando los criterios que deberán valorarse para determinar la sanción correspondiente en cada caso.

Adicionalmente, se estima que debe señalarse expresamente la responsabilidad administrativa por no acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior resulta relevante, en razón de que ante el incumplimiento de las resoluciones que emitan los órganos garantes o el Poder Judicial de la Federación, el mecanismo de coerción más efectivo, ante el dolo o negligencia del servidor público, es el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas, de tal suerte que el establecimiento de una causal que en forma específica determine una responsabilidad administrativa para los servidores públicos que no acaten las resoluciones derivadas de recursos de revisión o juicios de amparo, se constituye como una herramienta fundamental en el esquema previsto por la Ley para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información a los particulares.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que ante la ausencia de atribuciones de los órganos garantes que les permitan hacer exigibles sus resoluciones, la causal de responsabilidad administrativa por desacato a sus resoluciones, otorga elementos a dichos órganos para imponer el cumplimiento de las mismas.

La propuesta de fortalecer el esquema de responsabilidades administrativas por incumplimiento de la Ley pretende inhibir prácticas dilatorias y contrarias a lo previsto por la norma, en el cumplimiento de resoluciones emitidas por los órganos garantes o por el Poder Judicial de la Federación, cuestión que incide directamente en los objetivos de un ordenamiento de esta naturaleza, toda vez que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, la oportunidad con la que se otorga la información se constituye como un elemento fundamental.

Protección de datos personales.

• Derivado de la reforma al artículo 16 constitucional que prevé de manera expresa el derecho de protección de datos personales como un derecho fundamental y autónomo respecto de otros derechos, se propone derogar el capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental denominado “Protección de Datos Personales”, con el propósito de incluir en la Ley un Libro Segundo que regule esta materia en el sector público y que comprenda los derechos y principios que reconoce la Constitución como parte de la garantía señalada.

B) LIBRO SEGUNDO

DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La Ley vigente prevé disposiciones sobre la protección de datos personales en posesión del Gobierno Federal; sin embargo, éstas no resultan suficientes para desplegar el nuevo derecho fundamental reconocido recientemente por nuestra constitución, en sus artículos 6 y 16.

El artículo 16 constitucional, abarca, además de los ya reconocidos derechos de acceso y corrección de datos, los relativos a la cancelación y oposición a su tratamiento, así como la observancia de los principios de protección.

Por lo anterior, existen motivos fundados para crear un Segundo Libro dentro de la Ley que desarrolle a cabalidad el contenido y alcances de este nuevo derecho, tomando en consideración la naturaleza, dinámica y particularidades del gobierno federal. Así, la nueva Ley denominada: Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales incluirá en su Libro Primero que ya se explica con anterioridad, las cuestiones relativas al acceso a la información contenida en los archivos de los sujetos obligados por la misma, y por su parte, el Libro Segundo desarrolla la manera en que habrán de protegerse los datos personales que también obran en los mismos archivos públicos.

La presente propuesta de Libro Segundo en materia de protección de datos personales, contiene las disposiciones necesarias para desarrollar con claridad losprincipios, derechos, medidas de seguridad y cuestiones relativas a las transmisiones de dichos datos, entre otros aspectos. Asimismo, incluye las reglas para el adecuado tratamiento de los datos del Gobierno Federal, previendo la observancia del principio de licitud y proporcionalidad que eviten que los datos se recaben de manera desproporcionada a los fines y atribuciones con que cuenta cada ente público. Finalmente se desarrolla el procedimiento de tutela de los derechos de los titulares de acceder a sus datos personales, rectificarlos en caso de ser necesario, cancelarlos si esto procede legalmente y en su caso, oponerse a su utilización, entre otros aspectos.

Ahora bien, el Libro Segundo que se presenta consta de ochenta y cuatro artículos, divididos en cuatro Títulos en los siguientes términos:

El Título Primero denominado “Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados”, se divide en siete capítulos. El Capítulo I intitulado “Disposiciones Generales” establece el objeto, objetivos y ámbito de aplicación del Libro Segundo, los sujetos regulados, así como un listado de definiciones fundamentales para la mejor comprensión de esta pieza legislativa.

Cabe mencionar que los sujetos obligados son los mismos que los señalados en el Libro Primero. Sin embargo, las disposiciones del Título Segundo intitulado “De la Protección de Datos Personales en el Poder Ejecutivo Federal”, solo serán aplicables a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Así, la presente propuesta de Libro Segundo deja a salvo la autonomía del Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier otro organismo u órgano federal, para que establezcan en sus respectivos instrumentos normativos los criterios y procedimientos bajo los cuales darán cumplimiento a los principios y derechos que dan contenido a la protección de datos personales.

En cuanto al nuevo rol del IFAI cabe mencionar que al transformarse en elInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, no sólo es la autoridad garante en materia del derecho a saber, sino también el órgano especializado e independiente que vela por la protección de los datos personales en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esta última faceta que podrá acometer de mejor manera al poder servirse de un marco comprehensivo y claro en materia de protección de datos personales.

Por otro lado, una de las innovaciones de este instrumento normativo es el concepto de dato personal, el cual se traduce como la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, que puede ser numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, con independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio.

Asimismo, la definición de las categorías de datos personales que se consideran sensibles o especialmente protegidos como son la información concerniente a una persona relativa a la salud, a su origen étnico o racial, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, vida sexual, información biométrica o genética, entre otra.

En el mismo Título, se incluye el Capítulo II denominado “De los Principios de Protección de Datos Personales”, en el que cada uno de los principios aludidos es desarrollado como a continuación se explica:

Principio de licitud: la posesión de datos personales por parte de los sujetos obligados deberá obedecer única y exclusivamente a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

Principio del consentimiento: el derecho a la protección de datos personales se traduce enel poder de decisión y control que faculta al titular a decidir sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. La manifestación de este poder se materializa a través del consentimiento al ser la causa principal legitimadora del tratamiento de los datos personales.

No obstante, tratándose de los entes públicos, la mayoría de los tratamientos de datos personales que efectúan en ejercicio de sus funciones, tienen como causa legitimadora las competencias atribuidas a éstos a través de los instrumentos legales existentes. Como casos ilustrativos se pueden exponer aquellos relativos a las autoridades fiscales que no pueden sujetar a la voluntad del obligado recabar determinados datos que tengan como finalidad el pago de impuestos, o bien, la autoridad judicial no puede depender del consentimiento del titular para tratar los datos de quienes intervienen en un proceso.

Lo anterior, en virtud de que existen en nuestro marco jurídico causas legitimadoras que facultan el tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos obligados, y por consiguiente la voluntad del titular dejará de tener un






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 29 BIS A LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA Y SE ADICIONA UNA FRACCION XIV TER AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Platicaba con, le voy a rogar, señor Presidente que se reproduzca el documento… Senador Pablo Gómez, nosotros siempre te escuchamos con atención.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Silencio es lo que estoy pidiendo.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Muy bien. Decía, compañeras Senadoras y Senadores: Cuando se discutía este tema poco decoroso para la nación mexicana de la corrupción, de esto que es una desgracia, que se conviertan en un distintivo en el hacer de la autoridad y en el uso de los recursos públicos, qué indicador vamos a revisar ahora para decir que andamos en los primeros lugares todavía de temas “violencia en las calles”, “desempleo”, “decrecimiento”, y ahora esta posición tan indigna.

Yo quiero decirles, compañeros legisladores, que no hablo por ustedes, pero sí voy a decir algo, a título de mi responsabilidad política y ética.

Si en esta evaluación el quehacer gubernativo en México aparece como corrupto, por omisión o cuando menos por encubrimiento, el Congreso mexicano forma parte de esa calificación.

Ese es un asunto que deberíamos de estar discutiendo. Qué puede y qué debe hacer la clase política, y qué puede hacer el Congreso.

Yo les traigo un tema muy simple.

El día de ayer me sorprendió un spot radiofónico con referencia al proceso, éste de la extinción de Luz y Fuerza del Centro donde se hace apología del delito de cohecho, donde llega y se toca en una puerta y se dice “hay que dar 1,500 pesos más”; y como con el decreto éste de extinción diciendo, ya se acabó en este país el problema, y parece que la empresa no tenía que ver nada con la relación con sus trabajadores.

Miren, yo la propuesta que les traigo es muy simple. Es adicionar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Quienes han andado en la calle haciendo campaña, las comunidades en repetidas ocasiones nos dicen: “Oiga, ayúdenos a un mecanismo para verificar el consumo de energía eléctrica”, y no es el de Luz y Fuerza del Centro, es el de la Comisión Federal de Electricidad, que si se pide la verificación de los instrumentos de medición, hay que pagarles, y cuando se les antoje, cuando lo permita su agenda pueden hacerlo, pero para cortar el suministro por falta de pago, son totalmente eficientes.

No hay en México, no tenemos en México una posición ética de autocontrol, ¿tendremos que hacer leyes para eso? ¿Reformar las leyes?

Estas adiciones tienen que ver con darle facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para que verifique los instrumentos de medición y que correspondan a los cobros y a las tarifas.

Comisión Federal es campeona, no sólo como empresa, también de quejas por el suministro, cerca de cinco mil. Lo que estoy planteando es que le demos facultad expresa a la Procuraduría Federal del Consumidor para la verificación de los medidores y que pueda ordenar la sustitución o la modificación de esos equipos.

Yo estoy seguro que el Senador González Alcocer pudiera decir que coincide, no me imagino en Mexicali si celebran que en ocasiones se triplican los recibos de la luz, dice la gente, y no hay procedimiento para la verificación del justo cobro.

Gracias, señor Presidente. Si coinciden y si en efecto están con la gente acompáñenme en esta iniciativa, porque además las tarifas se van a ir incrementando, y además es Presidente de la Comisión de Justicia el Senador González Alcocer. Carlos Lozano, Angel Aguirre, Gabriela Ruiz, Héctor Pérez, bueno, que lo ordene el señor Presidente, mi Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo, Juan Bueno.

Vamos haciendo un compromiso, que la dictaminemos y vayamos por unanimidad, y no será el proponente Tomás Torres, sino los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, de Convergencia, del PVEM, del PT, ojalá, porque además vienen los incrementos en enero, de verdad, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Tomas Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un articulo 29 Bis a la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y se adiciona una fraccion XIV Ter al articulo 24 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor,con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los reclamos más comunes de los consumidores de energía eléctrica en nuestro país es el cobro indebido o injustificado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que acumuló 4 mil 883 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) entre enero y septiembre de este año, casi tres veces más que lo acumulado porLuz y Fuerza del Centro en el mismo periodo.

Actualmente, sobran los casos de indignación y preocupación ante la llegada de recibos que incluso triplican registros de cobros anteriores. Los más afectados son aquellos que viven en zonas de escasos recursos y que reciben facturaciones superiores a los mil quinientos pesos mensuales, aún cuando no tienen enseres o aparatos eléctricos de alto consumo de energía. De hecho, existen casos en los que se han emitido recibos de cobro para casas habitación que no han sido habitadas por meses.

Lo peor, es que diversos especialistas esperan un incremento considerable de quejas relacionadas con cobros indebidos para diciembre y enero.

Este fenómeno ha provocado que la gran mayoría de los consumidores en nuestro país desconfíen de la exactitud en las facturaciones de energía eléctrica. Por otra parte, la iniciativa privada asegura que los cobros indebidos son un asunto insostenible que requiere de la atención urgente del gobierno federal.

En muchos casos, el problema se debe a fallas graves en los medidores de las casas y empresas. Muchos de ellos no han sido revisados ni calibrados en años y cuando los consumidores exigen que se haga la CFE cobra por hacerlo.

Al final, la CFE es juez y parte en la revisión de los medidores de suministro eléctrico y no existe garantía de que el proceso se realice de forma debida.

A través de la presente iniciativa proponemos dotar de forma expresa a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de facultades para verificar los instrumentos de medición del suministro eléctrico, a efecto de evitar lecturas erróneas y cobros indebidos por este motivo. Proponemos que, en caso de ser necesario, la Profeco ordene el ajuste de los medidores, de conformidad con las normas aplicables.

Lo cierto es que la Profeco ha desarrollado un trabajo importante en los últimos años y consideramos esta nueva facultad fortalecerá su papel como protectorde los derechos del consumidor mexicano, al propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Para tal efecto, proponemos adicionar un artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y adicionar una nueva fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En las últimas semanas se ha colocado en la mesa de análisis el tema de la eficiencia del servicio de energía eléctrica en México. Consideramos que este es el momento de abordar el tema de manera integral y de abrir un debate amplio y responsable que deje atrás posiciones parciales o sesgadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis.- Los instrumentos de medición del suministro de energía eléctrica utilizados para determinar el cobro a los consumidores, podrán ser verificados por la Procuraduría Federal del Consumidor, en los términos de la fracción XIV Ter del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIV Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a XIV Bis…

XIV Ter. Verificar el funcionamiento de los instrumentos de medición del suministro de energía eléctrica a solicitud de los consumidores y, en su caso, ordenar el ajuste de los mismos de conformidad con las normas aplicables.

XV. a XXII. …

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Tomás Torres. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Hemos agotado el apartado de presentación de iniciativas de señoras y señores Senadores. Informo a la Asamblea que esta sesión se prolongará hasta las tres de la tarde del día de hoy, por lo que la Secretaría Parlamentaria consultará con quienes están inscritos para presentar proposiciones con punto de Acuerdo, si desean que sus proposiciones que fueron publicadas en la Gaceta del día de hoy sean de inmediato turnadas a las comisiones, a efecto de que puedan ir siendo estudiadas y presentados sus dictámenes, de otra manera algunas compañeras y compañeros que están inscritos el día de hoy quedarán pendientes para la próxima sesión.






PROPUESTAS

En el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo, informo a la Asamblea que se recibió de los Senadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la SAGARPA y de la SEMARNAT, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SAGARPA Y DE LA SEMARNAT PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS AUTORIZACIONES PARA LA SIEMBRA EXPERIMENTAL DE MAIZ TRANSGENICO

“Los suscritos, SenadoresSilvano Aureoles Conejo y Francisco Javier Castellon Fonseca, legisladores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente Proposicion con Punto de Acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de las secretarias de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que informen sobre las autorizaciones para la siembra experimental de maiz transgenico, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El maíz constituye un pilar fundamental en la alimentación de la mayoría de los ejidos, comunidades, zonas rurales y urbanas del país. Este cultivo ocupa un lugar preponderante en la producción agrícola y en la economía campesina de más de 2.3 millones de familias mexicanas, que cultivan el maíz en una superficie de alrededor de 8 millones de hectáreas, registrándose en el 2008 una producción de 24.8 millones de toneladas.

Desde hace más de una década, diversas organizaciones de productores agrícolas, ambientalistas, de académicos y científicos, han sostenido la importancia de salvaguardar de toda contaminación y proteger la biodiversidad de los maíces nativos en México.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (en adelante Ley de Bioseguridad), en vigor desde 2005, estipula en su artículo 2 fracción XI, la creación de un régimen de protección especial del maíz, el cual ordena que se determinen las bases para el establecimiento, caso por caso, de los cultivos de los cuales México es centro de origen, en especial del maíz.

Haciendo caso omiso, de la Ley de Bioseguridad y de las recomendaciones de científicos nacionales, para reestablecer la moratoria al cultivo del maíz transgénico, con la publicación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el 19 de marzo de 2008, se abrieron las puertas para la siembra de maíz transgénico en México.

Siendo así que, el 15 de octubre del año en curso, las Secretarías de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunciaron el otorgamiento de las primeras dos autorizaciones a la empresa Monsanto para el cultivo experimental de maíz transgénico en Tamaulipas, como un requisito para pasar lo antes posible a las siembras comerciales en gran escala.

Al 27 de octubre de 2009 la SAGARPA y la SEMARNAT habían autorizado 22 permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en diversas regiones de los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, a empresas extranjeras productoras de semillas genéticamente modificadas, entre las que destacan Monsanto y la empresa PHI/México/Dow Agroscience.

La SAGARPA señala que han sido sustanciados los procedimientos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento para dictaminar las solicitudes de los promoventes, siendo enfáticos en la realización de los análisis de riesgo ambiental y de sanidad correspondientes.

Al respecto consideramos que el titular de la SAGARPA y de la SEMARNAT deben explicar ante esta Soberanía en qué consiste la fase de experimento de la siembra de maíz transgénico y por qué se han otorgado tantos permisos a empresas extranjeras en diversas zonas del país.

Es necesario que estas dependencias del gobierno federal den a conocer las investigaciones, fundamentos científicos y los estudios de impactos ambientales, sociales y culturales en las que se basaron para tomar las decisiones de otorgar estos permisos.

Asimismo, deberán explicar de qué manera se garantiza la imparcialidad científica de los resultados de las investigaciones, siendo que las empresas que las llevarán a cabo tienen como único interés el mercado nacional y sus ganancias comerciales, por lo que los resultados de los experimentos de la siembra experimental de maíz se pueden predecir desde ahora y serán a favor de las empresas, y no en beneficio de todos los mexicanos.

Por otra parte, se requiere una explicación sobre las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a la Ley de Bioseguridad, en torno de la protección de las diversas razas de maíz nativo mexicano.

Si se cultivara comercialmente maíz transgénico en México, sus variedades se sembrarían en un sinnúmero de localidades y regiones donde aún se siembra maíz nativo en diversas extensiones. Las dos clases de maíces difícilmente estarían aisladas unas de otras, ocasionando la contaminación de los nativos en muchos puntos mediante el polen. La contaminación sería constante, porque cada año las siembras de transgénicos y de nativos se harían de la misma manera.

Expertos argumentan que si se permite sembrar maíces transgénicos en México, con el tiempo los maíces nativos serán contaminados por un sinnúmero de diversos transgenes, convirtiéndose en un gran almacén de ellos, y causándoles distintos y constantes daños cuya naturaleza no es posible predecir. Podría llegarse a una situación como la actual contaminación atmosférica mundial, que podría revertirse; en el caso del maíz nativo no habría ninguna posibilidad de volver a la situación original de las poblaciones, una vez contaminadas; sería un camino sin retorno.

Es imperativo conocer bien la relación entre el maíz transgénico y maíz nativo antes de tomar una decisión respecto de si se permite cultivar el maíz transgénico en México.

Antes de favorecer los intereses comerciales de las empresas, se debe tener presente que:

• El maíz es patrimonio de la humanidad, resultado del trabajo de domesticación de los pueblos indios y campesinos de México y mesoamericanos por más de 10 mil años.

• La contaminación transgénica a las variedades nativas de maíz representa un daño a la memoria genética de la agricultura tradicional mexicana, que puede ser irreparable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a revocar las autorizaciones otorgadas para la siembra de maíz transgénico y a rechazar las solicitudes existentes, hasta que existan pruebas científicas de su completa seguridad para los maíces nativos.

SEGUNDO.- En términos de lo establecido en el segundo párrafo de artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se invita a comparecer a los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a efecto de que informen y expliquen los siguientes asuntos:

a) Los criterios científicos y fundamentos económicos, ambientales, sociales y culturales para la autorización de la siembra de maíz transgénico.

b) Los criterios para la selección de las regiones y los estados para la siembra del maíz transgénico.

c) Cómo garantizar la imparcialidad de las investigaciones tomando en cuenta que las siembras experimentales de maíz serán realizadas por empresas que defienden intereses comerciales y no de la nación.

d) Las acciones que se están implementado para la protección especial del maíz, según lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el cual se solicita un exhorto para mantener en operación la Demostración de Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Comercial y de Seguridad de Producto en puntos de entrada al país.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Presento esta proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, señor Presidente, por el que se exhorta a mantener en operación la Demostración del Cumplimiento de Normas Mexicanas en las aduanas de entrada de mercancías a nuestro país.

A causa de la dinámica comercial internacional de los últimos 15 años, el marco jurídico de nuestro país ha sufrido adecuaciones, con el objeto de cumplir con las obligaciones internacionales, y a su vez, para hacer efectivos los derechos de los consumidores mexicanos.

Actualmente, está vigente el acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su salida.

Este acuerdo no violenta disposiciones jurídicas nacionales ni internacionales. Por el contrario, el sistema mexicano permite tanto el cumplimiento con los requisitos de información comercial desde el país de origen, como el cumplimiento en puntos de entrada al país, otorgando flexibilidad a los importadores para poder cumplir con este acuerdo.

Es importante mencionar que la capacidad de verificación por parte de la autoridad competente se encuentra totalmente rebasada, ya que es imposible vigilar el cumplimiento de las normas en los lugares de venta. De ahí que la demostración del cumplimiento de estas normas se haga más fácil en los 49 puntos de entrada, es decir, en las aduanas en nuestro país, y esta medida, sin duda, coadyuva mejor con dicha verificación.

Al respecto, no considero pertinente que la Secretaría de Economía elimine la Demostración de Cumplimiento de Normas en las Aduanas dentro de nuestro país, en razón de que el comercio exterior de México mantiene las mismas reglas de competencia, y al mismo tiempo las condiciones que establece la Organización Mundial de Comercio, específicamente en el acuerdo de Obstáculos Técnicos, por lo que eliminar dicha medida sólo otorgaría condiciones preferenciales y unilaterales a los países que comercializan con México sin reciprocidad, tales como: China, India, Corea, Brasil, entre otros.

Conviene reafirmar que la demostración de cumplimiento con normas de información comercial en punto de entrada al país, se constituye como un medio eficaz de defensa y fortalecimiento de la protección de los derechos y fortalecimiento de los consumidores, en particular las dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Es importante mencionar que estas normas están vinculadas a la salud, a la seguridad, a la protección del medio ambiente y de la vida animal, además de provocar que los consumidores tengan certidumbre jurídica al adquirir las mercancías, y el eliminar este tipo de demostración en las aduanas, provocaría que tanto la PROFECO, la PROFEPA, la SAGARPA, la SEMARNAT, y todas las dependencias, tuvieran que acudir a más de 600 mil puntos de venta en nuestro país, para verificar y vigilar que se cumpla adecuadamente con las normas mexicanas.

Es claro que estas normas están diseñadas para proteger la integridad, la vida, los bienes de las personas, por lo que al darse la eliminación de éstas, en la entrada en las aduanas, estaríamos afectando al propio consumidor, pero además estaríamos provocando que la industria nacional se enfrentara a una competencia desleal, puesto que las mercancías que ingresen de otros países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio, no serían verificadas en las aduanas, y provocaría un incremento considerable en el contrabando documentado y pondría en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores nacionales, entre otras cosas.

Es precisamente por estas consideraciones y otras, que le solicito, señor Presidente, que el texto completo de este punto de Acuerdo sea integrado en el Diario de los Debates, y que consiste en exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mantener en operación la Demostración de Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Comercial y de Seguridad de Producto en puntos de entrada al país.

Y por otro lado, solicitarle, también a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, informe sobre la infraestructura y personal con que cuenta para realizar los procedimientos de verificación y vigilancia de la información comercial en los puntos de venta al país.

Es cuanto, señor Presidente. Y muchas gracias, compañeros, por su atención.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A MANTENER EN OPERACION LA DEMOSTRACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS MEXICANAS DE INFORMACION COMERCIAL Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO EN PUNTO DE ENTRADA AL PAIS

“C. SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

SenadorJuan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere los artículos58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el que se exhorta a mantener en operación la Demostración de Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Comercial y de Seguridad de Producto en punto de entrada al país. Lo anterior en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos 15 años, México ha tenido una actividad comercial internacional muy activa, la cual fue prácticamente impulsada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que nos lleva hoy en día a contar con 12 Tratados Internacionales Comerciales y diversos instrumentos de inversión recíproca.

Esta intensa actividad comercial ha generado que se comercialicen en todo el territorio nacional una gran diversidad de productos provenientes de varios países.

Como resultado de la firma de esos tratados internacionales se ha presentado una desgravación arancelaria en nuestro país, lo que ha aumentado el flujo de bienes que se comercializan en México.

A causa de esta dinámica comercial, se ha tenido que adecuar el marco jurídico de nuestro país, con el objeto de cumplir con obligaciones internacionales, y a su vez, para hacer efectivos los derechos de los consumidores mexicanos.

En ese sentido, resulta importante señalar que actualmente está vigente el “Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida”,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2002, con sus subsecuentes reformas.

Dicho Acuerdo identifica diversas normas oficiales mexicanas que se deben cumplir en el punto de entrada al país de acuerdo a su fracción arancelaria, por lo que es una herramienta fundamental dentro del marco jurídico comercial de nuestro país, también, es un instrumento de transparencia y facilitación comercial, ya que dota de certeza jurídica a los importadores, al señalar las normas oficiales mexicanas que se deben cumplir, con los siguientes efectos:

a. Le permite al importador etiquetar su mercancía en recintos fiscales dentro del país previo a su comercialización;

b. Le evita sanciones al importador en punto de venta, cuando los productos que se comercializan no cumplen con las normas y no fueron sujetos de verificación en punto de entrada;

c. Se protege a los consumidores, al impedir la entrada de productos que carecen de información comercial o carecen de etiqueta, o bien la información expresada es incompleta o falsa.

El Acuerdo no violenta disposiciones jurídicas nacionales ni internacionales. Por el contrario, es de resaltar que el sistema mexicano permite tanto el cumplimiento con los requisitos de información comercial desde el país de origen, como el cumplimiento en punto de entrada al país, lo que dota de flexibilidad a los importadores para poder cumplir.

En relación con la verificación, debemos reconocer que la capacidad por parte de la autoridad competente se encuentra completamente rebasada, ya que le es imposible vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en todos los puntos de venta que existen en nuestro país, de ahí que la demostración de cumplimiento de normas oficiales mexicanas en los 49 puntos de entrada, se constituye como una medida que coadyuva en dicha verificación.

No considero pertinente que la Secretaría de Economía elimine la Demostración de Cumplimiento de Normas en las Aduanas del país, en razón de que el comercio exterior de México son las exportaciones y las importaciones y que la competencia en el mercado mexicano sea con las mismas reglas y condiciones que establece la Organización Mundial de Comercio, específicamente en el acuerdo de Obstáculos Técnicos, por lo que dicha medida sólo otorgaría condiciones preferencialesy unilaterales a los países que comercializan con México sin reciprocidad, como ejemplo: China, India, Corea, Brasil, entre otros.

Por lo que respecta al costo económico para demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas de información comercial en punto de entrada al país, éste es mucho menor a los costos que se incurre por incumplimiento.

Resulta importante resaltar que otros países mantienen en vigor esquemas de regulación a las importaciones mucho más restrictivos, que el esquema en comento, inclusive está siendo política del gobierno mexicano imponer medidas similares, lo que nos lleva a concluir que si bien nuestro país debe cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, debe mantener aquellas medias, basadas en principios de transparencia, equidad y proporcionalidad que tienen por efecto proteger a las personas.

Asimismo, la verificación en frontera fortalece las acciones que el gobierno mexicano actualmente se encuentra implementando para combatir la entrada al país y de comercialización de productos “piratas”.

Derivado de los programas de simplificación del comercio exterior que está llevando a cabo la Secretaría de Economía, resulta importante hacer del conocimiento de esa dependencia la importancia de mantener la demostración de cumplimiento con normas oficiales mexicanas en punto de entrada, ya que en caso de eliminarlo el país se enfrentaría ante las amenazas siguientes:

a) Los productos que se importen pueden afectar la salud y la seguridad de las personas, así como el medio ambiente y la vida animal.

b) Los consumidores no tienen certidumbre jurídica al adquirir las mercancías, ya que no se verificarán si el producto cumple con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

c) La infraestructura actual para verificar el cumplimiento de las NOM’s se perdería, por lo que la Profeco, Profepa, Cofepris, Sagarpa y Semarnat, tendrían que realizar esta actividad en más de 600 mil puntos de venta mediante inspectores habilitados. Esta situación se vivía hace 15 años, por lo cual se estaría regresando a lo que originó el problema de verificación de los productos importados.

d) La obligación de verificar prevalecerá en punto de venta, sin embargo, las dependencias del Gobierno Federal no tiene la infraestructura ni el personal para verificar en los 600 mil puntos de venta.

e) La medida afectaría a sectores vulnerables, ya que la información comercial puede venir en otros idiomas y con características que no cumplen las NOM, lo que pondría en riesgo la seguridad de la población.

f) El contrabando documentado se incrementará.

g) Al no revisar la información comercial en punto de entrada, los importadores pueden ingresar al país mercancía de dudosa procedencia y calidad, tal como ocurrió con los juguetes con plomo, leche adulterada, dulces tóxicos, entre otros.

Por lo anterior, me atrevo a afirmar que la demostración de cumplimiento, en aduanas, de las normas oficiales mexicanas de información comercial es un mecanismo fundamental, que así como brinda certeza y transparencia a los importadores, a su vez tiene la importante función de proteger y fortalecer los derechos de los consumidores, al prevenir que no se comercialicen productos que no contengan información en español, completa y veraz.

En este sentido, considero importante resaltar los beneficios que las normas oficiales mexicanas brindan a nuestro país, específicamente las normas oficiales mexicanas de información comercial, las cuales poseen la misma jerarquía jurídica y proveen el mismo nivel de protección que las normas de seguridad al usuario, ambientales o sanitarias.

Así también, conviene reafirmar que la demostración de cumplimiento con normas de información comercial en punto de entrada al país, se constituye como un medio eficaz de defensa y fortalecimiento de la protección de los Derechos del Consumidor, particularmente los dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Por lo anterior es claro que las normas oficiales mexicanas de información comercial salvaguardan la vida y los bienes de las personas, por lo que de darse la eliminación de la verificación de las Normas de etiquetado de información comercial en el punto de entrada al país, la industria nacional se enfrentaría a una competencia desleal, puesto que la mercancía que ingrese de países con los que México tiene y no tiene Tratado de Libre Comercio no sería verificada por las 49 aduanas del país, lo cual provocaría un incremento considerable en el contrabando documentado y pondría en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores nacionales.

Además de que los efectos positivos de la verificación de las normas oficiales mexicanas de información comercial en punto de entrada al país, protegen la salud, promueven el bienestar de los consumidores, la seguridad, y el medio ambiente, así como la competencia leal en el mercado mexicano sin imponer costos inaceptables o irrazonables a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mantener en operación la Demostración de Cumplimiento de Normas Mexicanas de Información Comercial y de Seguridad de producto en punto de entrada al país.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor informen sobre la infraestructura y personal que cuenta así como los procedimientos mediante los cuales se realiza la vigilancia y verificación de la información comercial en los puntos de venta en el país.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009

Atentamente

Sen. Juan Bueno Torio”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Juan Bueno Torio. Se obsequia su solicitud y se instruye para que su punto de Acuerdo sea incorporado íntegramente en el Diario de los Debates.

Solicito a la Secretaría, conforme a su solicitud, pregunte a la Asamblea, en votación económica, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los que estén porque se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente u obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo presentado por el Senador Juan Bueno Torio es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Compañeras y compañeros, he solicitado a la Secretaría Parlamentaria la consulta a quienes están inscritos para presentar puntos de Acuerdo el día de hoy, si nos autorizan turnarlos a las respectivas comisiones.

En tanto la Secretaría Parlamentaria termina la consulta con las señoras y señores Senadores que están inscritos, quiero rogar a la Secretaría dé lectura a un oficio que se recibió de parte de la Secretaría de Gobernación.





SECRETARIA DE GOBERNACION
- Remite oficio con la terna de candidatos para nombrar a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.






PROPUESTAS

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a investigar los hechos de agresión a la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo, el cual se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A INVESTIGAR LOS HECHOS DE AGRESION A LA CASA DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE SALTILLO, ASI TAMBIEN, PARA QUE SE COORDINEN Y SE LLEVEN A CABO ACCIONES QUE AYUDEN A FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

“El suscrito, Francisco Herrera Leon, Senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el migrante de origen hondureño Reyes Gustavo Ardón Alfaro fue acusado de asesinar a la señora Perla Judith Quintero con arma blanca, lo que originó que se desatara un clima de xenofobia contra todos aquellos indocumentados, principalmente centroamericanos.

Diversos grupos de integrantes de las ONG’s Belén, Posada del Migrante y Frontera con Justicia, A.C., Humanidad Sin Fronteras, A.C., la Diócesis de Saltillo, el Centro Diocesano de Derechos Humanos, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, El Foro Migraciones, Red de Organizaciones Civiles Mexicanas,demandan que se les garanticen condiciones priopicias de seguridad e integridad para la continuación de su trabajo de defensoría y apoyo humanitario a migrantes.

El Estado de derecho que impera en nuestro país, hace posible que aquellos que infrinjan las leyes sean sujetos de las sanciones previstas en las mismas. Por ello, un debido y justo proceso es el imperativo para la probable conducta del migrante hondureño, y, de encontrarlo culpable, se le sancione conforme a las leyes. Pero también es un imperativo del estado de derecho y de las instituciones, el garantizar la vida y la seguridad de las personas y de su patrimonio.

En este sentido, cabe mencionar que los voluntarios Belén, Casa del Migrante, fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de desconocidos, quienes con su acción han creado esta ola de xenofobia en contra de todos los indocumentados, ya que si bien es cierto, ellos defienden los derechos de los migrantes, también es cierto, que es su labor la que están desarrollando como una organización civil, y que su única finalidad es apoyar a todos y cada uno de quien lo solicite.

Debido a los acontecimientos presentados en la entidad el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),a través del boletín de prensa 073 de fecha 13 de octubre de 2009, alertó sobre el actual clima de xenofobia que se ha estado viviendo en el estado de Coahuila, con ataques de violencia contra la población migrante centroamericana, por lo que hizo un llamado a no estigmatizar a personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional con o sin calidad migratoria y acusarles por anticipado de ser peligrosas o estar vinculadas con actos delictivos.

Ante esta ola de violencia que están viviendo en el Estado los defensores de los derechos humanos y las personas migrantes que buscan refugio temporal en estas casas, cuando su única finalidad es la de llegar al vecino del norte de nuestro País, es necesario tomar medidas urgentes para que se esclarezcan todas y cada una de estos problemas, para que de esta manera la población también pueda vivir de forma pacífica en sus hogares.

Con la aprobación de este punto de acuerdo se exhorta al Gobierno del Estado, para que a través de sus instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, se realicen acciones urgentes tendientes a esclarecer estos hechos y se pueda terminar con los actos de discriminación y xenofobia que están sufriendo los migrantes centroamericanos y los responsables de las casas de defensores humanos que se encuentran en el Estado.

Compañeras y compañeros legisladores

Un hecho aislado no debe ser motivo para estigmatizar a un grupo vulnerable como lo son los migrantes. Tampoco debe ser justificación para inducir a un clima de polarización de la sociedad y mucho menos de xenofobia.

Debemos de privilegiar el respeto de los derechos de todos, en el marco que el propio derecho nos obliga. No podemos contradecir nuestros principios y exigencias de que se respeten los derechos de nuestros connacionales que emigran al extranjero, bajo la utilización de prácticas similares a las que criticamos.

Por ello, nuestro compromiso como legisladores, también conlleva analizar y trabajar para solucionar aquellos actos que afectan a la población dentro y fuera de nuestro territorio nacional, independientemente de que la población cuente con un status migratorio distinto, se trata aquí de velar por la protección y los derechos de todo ser humano, que estos no sean vulnerados, no sean transgredidos.

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila,a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de las Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, para que se investiguen los hechos de agresión a la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo, así también, para que se coordinen y se lleven a cabo acciones que ayuden a fortalecer las medidas de seguridad, con el fin de erradicar los acontecimientos de xenofobia y discriminación en contra de los migrantes centroamericanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Herrera León”.

Se recibió de los Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a modernizar en los aeropuertos el proceso de revisión de pasajeros y equipaje, el cual se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A MODERNIZAR EN LOS AEROPUERTOS, LOS PROCESOS DE REVISION DE PASAJEROS Y EQUIPAJE Y SE CAPACITE A LOS SERVIDORES PUBLICOS ENCARGADOS DE LA MISMA

“Los suscritos, Senadores Carmen Guadalupe Fonz Saenz y Adolfo Toledo Infanzon, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de Acuerdo sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad en los aeropuertos se incremento sustancialmente a raíz de los ataques terroristas que se realizaron el 11 de septiembre del 2001 en territorio de los Estados Unidos de América. Las autoridades aeronáuticas de todos los países fortalecieron sus medidas de seguridad a los pasajeros.

Se aumentaron las restricciones y se ampliaron los procesos de revisión de los pasajeros y de su equipaje. Se establecieron en ordenamientos, de manera detallada, los objetos peligrosos, los cuales no deben llevarse a bordo de los aviones.

Nuestro país al igual que el resto del mundo estableció medidas de seguridad más estrictas, a su vez, las revisiones a los pasajeros y sus equipajes se hicieron más constantes.

Aunque se justifican estas medidas, las autoridades aeronáuticas de algunos países, han establecido una certidumbre jurídica en sus revisiones, estableciendo puntualmente los objetos prohibidos y los derechos de los pasajeros. También han adquirido tecnología para mejorar la revisión; así las autoridad aeronáutica chilena tieneequipos de “Stage one”, que permite detectar entre bolsos y maletas de los pasajeros cualquier elemento prohibido con un alto nivel de velocidad y fiabilidad, de 3 mil 750 a 6 mil bultos por hora, además de que capacitan constante a su personal de seguridad.

Nuestro país en comparación no ha modernizado sus sistemas de revisión en la mayoría de los aeropuertos de los estados, sus métodos son rudimentarios, con alta proclividad a que se filtren objetos peligrosos. No tienen siquiera aparatos de rayos X, lo que daría más confiabilidad a sus revisiones.

Debemos tener en cuenta que nuestro país esta contemplado como una de las principales rutas del narcotráfico, el cual puede emplear la aviación civil comercial para trasladar droga a los países consumidores, además del contrabando de una serie de productos y mercancías prohibidas que utilizan las mismas vías.

Aunado a lo anterior, los servidores públicos encargados de la revisión no son capacitados de manera constante, en mecanismosde revisión o de maneras de tratar a los pasajeros. Aun cuando la seguridad aeronáutica es un imperativo para los usuarios, los cuales concientemente permiten la revisión, la autoridad tiene un limite a sus facultades, y es el respeto irrestricto a las garantías individuales que establece nuestra constitución y los derechos humanos plasmados en convenios internacionales.

Como es sabido, en nuestro país la línea entre un acto de autoridad legal y el abuso de autoridad es constantemente traspasada por servidores públicos federales, estatales y municipales en el ejercicio desus funciones, tal como constan en las recomendaciones de los órganos del sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos.

En lugares donde existen circunstancias especiales como los aeropuertos, las autoridades tienen un amplio campo de discrecionalidad y existe más proclividad a cometer abusos.

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se establezca una carta de derechos nacional para los usuarios de los aeropuertos civiles de nuestro país.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envíe un informe a esta soberanía sobre los motivos de que no se modernicen las medidas de revisión de pasajeros en los aeropuertos nacionales.

TERCERO. La Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que se establezcan programas de capacitación a los servidores públicos encargados de la revisión.

CUARTA.- La Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que se respete de manera irrestricta las garantías individuales de los usuarios de los aeropuertos del país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, incrementen el subsidio financiero a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual se turna a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INCREMENTEN EL SUBSIDIO FINANCIERO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

“El suscrito, Senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de Acuerdo sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La crisis económico-financiera que vive el país está afectando a todos los sectores productivos y sociales, y plantea grandes retos no sólo para superar la contingencia sino, principalmente, para replantear las bases de la recuperación integral de la nación, con visión estratégica y acorde a las prioridades que nos demanda el pueblo de México para superar en definitiva los rezagos, las desigualdades y la injusticia.

Unelemento sustancial, acaso el más importante, en este esfuerzo para que la sociedad nacional alcance los niveles de competitividad, bienestar y equidad que son indispensables para un pleno desarrollo económico y social, es la educación pública y, en particular, nuestras universidades.

México enfrenta el doble desafío de la cobertura, que en educación superior es apenas del 27 por ciento, y de calidad cuyo bajo nivel ha sido evidenciado por los diversos instrumentos de medición y nos muestran en algunos de los rangos más modestos mundialmente.

No resulta exagerado enunciar que virtualmente estamos ante una crisis peor que en la economía. Debemos impedir que continúe ese deterioro y privilegiar la inversión en educación, la formación de capital humano y en ciencia y tecnología. Son las únicas opciones a largo plazo para la recuperación de la productividad y la competitividad de nuestra economía y para reducir la tensión social.

México necesita transformar y consolidar el sistema de educación superior con la más alta calidad, alcanzar la cobertura de al menos el 50 por ciento en los próximos diez años, mejor distribuido regionalmente y estrechamente vinculado a la estructura productiva, que considere especialmente la expansión de la matrícula en la educación tecnológica.

No sólo es cuestión, desde luego, de recursos financieros, pero es el punto de partida para asegurar espacios para todos los jóvenes que demandan educación superior y para formar los cuadros calificados que el país requiere. Brasil, el país con mayor potencial en América Latina, por ahora, invierte más de 10 mil dólares por estudiante al año. México no sobrepasa los 5 mil 400 dólares.

La defensa de la universidad pública empieza por nuestras instituciones regionales, sin las cuales no se entendería la verdadera naturaleza de nuestro federalismo, el cual se sustenta en la descentralización del talento y la cultura del pueblo de México. Las universidades estatales son factores imprescindibles del desarrollo local el cual es la base y la culminación del desarrollo nacional.

En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tenemos un caso paradigmático de una institución superior verdaderamente regional, ya que recibe estudiantes no sólo de Aguascalientes sino también de múltiples municipalidades circunvecinas de los estados de Jalisco y Zacatecas. Absorbe más del 40 por ciento de la demanda de ese nivel y representa el 50 por ciento de los egresados, en la región. Está calificada dentro de las diez mejores universidades locales de la república.

En el estado de Aguascalientes la cobertura en educación superior, con 38.7 por ciento, se encuentra diez puntos arriba de la media nacional, que es del 27 por ciento. Aun así es evidente una notoria insuficiencia en cobertura que supera el 60 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Desde el punto de vista social, la situación es dramática.

En el decreto número 13 del Congreso del Estado, de diciembre de 2007, dispuso en el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Estado debe establecer un subsidio con incremento escalonado del dos por ciento anual hasta alcanzar el 25 por ciento del presupuesto total de la institución en el 2011, con el propósito de lograr paulatinamente el equilibrio en las finanzas universitarias, fuertemente presionadas por la demanda.

Debido a la crisis financiera del sector público, el Gobierno del Estado solamente prevé para 2010, en lugar de un incremento, una disminución neta cercana a los 50 millones de pesos, que representa un subsidio de apenas el 16 por ciento y no el 23 por ciento que le correspondería.

La comunidad universitaria, estudiantes, maestros, investigadores y personal administrativo, han manifestado públicamente su rechazo y demandan, con justicia, el apoyo de las instituciones nacionales, el Senado de la República y el Poder Ejecutivo Federal.

Es lamentable que la estrategia de gasto público pretenda castigar a la educación pública. Si bien la escasez de recursos públicos es una realidad que afecta a todos los gobiernos estatales y al gobierno federal, en materia de educación debe hacerse todo el esfuerzo y tener la más alta voluntad política para no afectar planes ni programas, y mucho menos cancelar oportunidades a cientos de jóvenes cuyo talento y capacidad de trabajo reclaman Aguascalientes y México.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, reconsiderar la política de subsidio a la educación superior, a fin de elevar la cantidad de recursos necesarios para al menos mantener la matrícula, los planes y los programas existentes.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, incrementen las participaciones financieras al Gobierno del Estado de Aguascalientes por la cantidad de cincuenta millones de pesos, etiquetándolas como subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a efecto de que el Gobierno del Estado esté en capacidad de cumplir con la obligación legal establecida en la Ley Orgánica de la propia Universidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

Se recibió de los Senadores María del Socorro García Quiroz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto al desconocimiento y falta de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a veinte años de su adopción, el cual se turna a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CAMARA DE SENADORES SE PRONUNCIA RESPECTO AL DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, A VEINTE AÑOS DE SU ADOPCION

“H. ASAMBLEA:

La que suscribe, Senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;reconociendo que, las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Así mismo; tenemos que nuestra Carta Magna en su artículo 4° Constitucional párrafos Sexto, Séptimo y Octavo, rezan al efecto lo siguiente: “…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estadoproveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”; así también, tenemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; ya que debido a su falta de madurez física, y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento; por lo que, es de suma importancia tomar muy en consideraciónque para el pleno y armonioso desarrollo dela personalidad de un niño, éste debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; teniéndose muy en cuenta que, la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, de tal forma que llegue el momento en que un niño deba estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

No se debe perder de vista que; ante la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño; y dado que, el artículo 133 de nuestra Constitución protege la Supremacía Constitucional, de tal forma que nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanende ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebrenpor el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la unión. Los jueces de cada Estado se arreglarana dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposicionesen contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

De todo lo anteriormente manifestado; es que, es procedente que esta Soberanía tenga a bien exhortar a los Poderes Judiciales y a las Procuradurías Generales de Justicia detodas y cada una de las Entidades Federativas; así como, delDistrito Federal, a que tomen en consideración y apliquen en sus resoluciones la Convención sobre los Derechos del Niño; misma que, fuera aprobada por el Senado de la República en fecha 19 de Junio de 1990 y que entrara en vigor para México el día21 de Octubre del mismo año.

En virtud; a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de los Poderes Judiciales y Procuradurías Generales de Justicia de todas y cada una de las Entidades Federativas; así como,del Distrito Federal para que en sus respectivas resoluciones tomen en consideración y apliquen el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por este H. Senado de la República en fecha 19 de Junio de 1990 y que entrara en vigor en México el 21 de Octubre del mismo año.

Salón de la Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiroz”.

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar los trabajos de la comisión intersecretarial para resolver los asentamientos irregulares y la devastación de la biodiversidad en la selva lacandona, el cual se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REACTIVAR LOS TRABAJOS DE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA RESOLVER LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y LA DEVASTACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SELVA LACANDONA Y DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES

“La que suscribe, Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Reserva de la Biosfera Montes Azules se encuentra ubicada dentro de la Selva Lacandona en el Estado de Chiapas y fue decretada como Área Natural Protegida en el Año de 1978, con una superficie de 331,200 hectáreas. Sin embargo, los problemas socio-económicos y de deslindes jurídicos de la tenencia de la tierra impidieron que con la creación de la Reserva se resolvieran los problemas ecológicos.

Para enfrentar esta problemática de desequilibrio ecológico cuyas consecuencias son sociales, económicas e hidrológicas, se hacía necesaria una estrecha coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la participación de asociaciones civiles y comunidades locales, a fin de lograr conjuntar todos los esfuerzos a través de un proceso de conciliación de intereses, para poder alcanzar la meta de consolidar la conservación, protección y desarrollo de esa región.

Con esta finalidad, en junio de 1986 se firmó el Acuerdo de Coordinación por el cual se creó la Comisión para la Protección de la Selva Lacandona, la cual estaba presidida por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas y estaba integrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de la Reforma Agraria y Petróleos Mexicanos.

La Comisión tenía las siguientes funciones:

1. Determinar los lineamientos estratégicos y el programa integral para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas de la selva, especialmente aquellos que albergaban especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

2. Coordinar y orientar las asignaciones presupuestales que los organismos de la administración pública tenían por mandato aplicar al desarrollo de la zona, observando los programas y las políticas establecidas.

3. Estudiar y proponer las reformas jurídicas y/o administrativas necesarias para la ejecución de los programas y para la protección más eficaz de la Selva Lacandona.

4. Con la participación de todos los interesados, promover la reconversión de las actividades de ganadería extensiva para evitar la degradación de los ecosistemas de la Selva.

5. Concertar con las comunidades ahí establecidas, programas productivos para sustituir las prácticas de tala y quema, así como para impulsar nuevos esquemas de explotación forestal que aseguraran el aprovechamiento tradicional de los recursos sujetos a explotación y, a la vez, incrementar la participación de las comunidades en los ingresos que reporta esta actividad.

6. Estudiar y resolver con el concurso de las entidades correspondientes, sobre las acciones que deberían tomarse para prevenir y corregir daños al medio ambiente en las áreas de operación petrolera.

7. Fortalecer de inmediato, en coordinación con el Gobierno del Estado y con la participación de las comunidades, los sistemas de vigilancia para la protección de la Selva y emprender acciones especiales para la regeneración de sus ecosistemas degradados.

8. Promover la capacitación y ocupación de la población local en la ejecución del programa integral de desarrollo.

9. Concertar con organizaciones nacionales e internacionales y con los sectores social y privado, acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos propuestos.

La Comisión contaba con un Consejo Técnico Asesor integrado por representantes de asociaciones civiles e instituciones académicas y de investigación, expertos en la materia.

La estrategia diseñada para enfrentar la problemática de la Selva Lacandona, incluía no solamente la preservación del ecosistema, sino también importantes acciones orientadas a promover un reordenamiento del uso del territorio y el desarrollo integral de la región. Implicaba también, ofrecer a la población local opciones productivas compatibles con la protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como un esfuerzo decisivo por mejorar y consolidar los asentamientos humanos existentes con objeto de elevar los niveles de vida de sus habitantes.

Gracias a los esfuerzos emprendidos por varias dependencias federales y locales, en el año de1998, se implementó un programa de reubicación y en 1999 se reubicaron 3 predios (Ampliación Argentina, Santa Cruz y Sol Paraíso Las Ruinas) que se ubicaban dentro de la zona Cordón Chaquistero en la parte sur de la Reserva, pero éstos fueron ocupados nuevamente por otros grupos de personas e inclusive por personas que habían sido anteriormente reubicadas.

Para el año 2004, se tenía claramente identificado que la creación de nuevos asentamientos humanos de manera irregular, significaba la principal amenaza existente en la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Las invasiones provocan la degradación de los recursos naturales, el cambio de uso del suelo, incendios forestales, tala clandestina y extracción de flora y fauna.

En el 2004 se volvió a retomar la problemática agraria de la Selva Lacandona. A través de un proceso establecido por la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules compuesta por: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Gobierno del Estado de Chiapas, y se inició con la desocupación y reubicación voluntaria de 7 asentamientos irregulares. Sin embargo, la desocupación dejó más de mil seiscientas hectáreas afectadas por actividades agropecuarias y el establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Con la experiencia que se tenía de 1999 y para garantizar que los sitios ya no fueran blancos de otras invasiones se iniciaron actividades para restaurar y proteger estas áreas. Sin embargo, los esfuerzos han quedado cortos y los programas inconclusos.

Como vemos, la garantía individual del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas previsto por el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las acciones correspondientes para proteger, preservar y restaurar el ambiente por parte del Gobierno Federal, ha dejado mucho que desear para preservar las llamadas Áreas Naturales Protegidas, las cuales se configuran como partes selectas de nuestro territorio nacional en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, por lo cual, deben ser sometidas a un régimen especial de protección legal con la finalidad de ser preservadas o restauradas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad como eje prioritario de la seguridad nacional, es un aspecto a considerar dentro de las políticas públicas y del concepto moderno de cualquier Estado.

Al día de hoy existe una gran cantidad de mecanismos jurídicos para la protección del ambiente, los cuales deberían hacerse efectivos por las autoridades competentes. Sin embargo, muchos de ellos no son aplicados, por lo cual las disposiciones legales quedan sin cumplirse.

Anteriormente, las Areas Naturales Protegidas que incluían los parques nacionales y las zonas forestales, eran administradas desde la capital de la República, lo cual impedía que se cumplieran cabalmente con los objetivos para los cuales fueron creados.

En los últimos años, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha logrado revertir la tendencia centralizadora y permitir la intervención de las comunidades afectadas dando paso a un real y efectivo federalismo, así como la participación activa de organizaciones civiles en el cuidado y conservación de las áreas naturales protegidas, a través de la capacitación permanente de personal de campo y la publicación de los programas de manejo que permiten una dirección más eficaz y transparente de las gestiones encaminadas a la propia conservación ecológica.

Sin embargo, aún persisten inconsistencias relacionadas con la falta de aplicación de las disposiciones jurídicas. La realidad es que la región de la Selva Lacandona continua siendo devastada a pesar de gozar de la protección formal derivada de las múltiples declaratorias de Áreas Naturales Protegidas de las que ha sido objeto.

La explotación y destrucción de la selva lejos e resolver la situación de pobreza laacrecienta, debido esto último, a que la deforestación y mal uso de los recursos bióticos empobrece especialmente a las comunidades que viven dentro y en la periferia de las áreas protegidas.

Lamentablemente, en las áreas protegidas de la Selva Lacandona: Reservas de la Biosfera Montes Azules y Lacantún, se vuelven a presentar asentamientos humanos irregulares, con lo que se provoca no solo daño ambiental, sino de carácter social ante el riesgo de conflictos violentos intercomunitarios.

Es por ello que solicitamos a las instancias gubernamentales encargadas de la problemática agraria, medio ambiente y de gobernabilidad, su intervención inmediata para resolver este problema con la participación directa de las comunidades, a fin de poder encontrar una solución pacífica y consensuada. Las instituciones gubernamentales deben promover y facilitar esta comunicación directa entre los actores sociales y las comunidades involucradas.

Urge reforzar y diseñar otros programas que eviten a toda costa asentamientos humanos irregulares que solo provocan deforestación, por lo que es imperativo reubicar pacífica y respetuosamente aquellos grupos de personas que recientemente se han adueñado de porciones de selva para actividades agrarias y ganaderas, lo que ha provocado el malestar de las comunidades lacandonas que buscan preservar las áreas protegidas y evitar agravar los conflictos sociales.

La solución al problema en la Selva Lacandona depende del respeto a las leyes, la responsabilidad se las instituciones, la participación de las comunidades y ejidos en la búsqueda de soluciones comunes, el uso cuidadoso y meditado de los recursos gubernamentales en acciones de regulación agraria junto con la promoción de alternativas de desarrollo sustentable y capacitación.

Sólo de esta forma se podrá cumplir efectivamente con el objetivo de utilidad pública de establecer, proteger y preservar las áreas naturales protegidas de competencia federal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2°, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin una adecuada coordinación dentro del Poder Ejecutivo Federal, así como entre los tres órdenes de gobierno, continuaremos siendo testigos de la devastación de la Selva Lacandona, a pesar de que la misma, goza paradójicamente de la protección especial prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De forma paralela y directamente relacionado con la problemática ambiental descrita, la Selva Lacandona sufre otro grave problema de carácter social: La constante inmigración de la población, resultado de las paupérrimas condiciones de miseria y marginación que sufren muchas de las comunidades chiapanecas, las cuales abandonan sus tierras originarias para buscar mejores condiciones de vida, terminando por establecerse en las Areas Naturales Protegidas.

Con estricto cumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico, dichos asentamientos irregulares deberían dejar de ocupar inmediatamente los predios sujetos a protección especial. Sin embargo, es necesario ofrecer mejores opciones de vida a las diferentes familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y ocupar dicha Área Natural Protegida.

Es en este sentido urgente evitar que se sigan propagando los asentamientos irregulares en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas. Para ello, es indispensable reactivar y brindar nuevas facultades a la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, para reforzar sus acciones y permitir estrategias contundentes en defensa de esta importante y vital reserva natural.

Es por ello el llamado al Poder Ejecutivo desde el Senado de la República, para que, a partir de la propuesta presidencial de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, se explique a esta Soberanía que sucederá con la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules en caso de que efectivamente, se decrete la desaparición de la misma, al tiempo de saber cual será la dependencia de la Administración Publica Federal encargada de encabezar este órgano de conducción y negociación para resolver los conflictos ambientales y agrarios en dicha Área Natural Protegida.

Los pobladores de Montes Azules nos han expresado su profunda preocupación respecto a este asunto, en función del deterioro de la selva, la contaminación de los ríos, la tala inmoderada de maderas preciosas y la depredación de especies animales en peligro de extinción.

Es por ello que solicitamos a través de esta proposición con puntos de Acuerdo, dar puntual seguimiento a los resolutivos materia de la misma, a efecto de reactivar a la brevedad las mesas de dialogo de la Comisión Intersecretarial.

Es importante seguir insistiendo sobre estrategias gubernamentales para evitar nuevos asentamientos humanos en la zona, así como la reubicación inmediata de algunos de estos grupos irregulares ya establecidos en las áreas protegidas y que se encuentran fuera de los ordenamientos legales creados para estos fines.

Consideramos que la única vía para dar solución al grave conflicto social de esta Reserva, es lograr una coordinación eficiente entre los diferentes integrantes de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en colaboracióncon las comunidades legalmente asentadas en la reserva y en su zona de influencia.

De igual forma, resulta fundamental que las asignaciones presupuestales permitanmantener la participación de las diversas dependencias involucradas en la protección y el rescate de nuestras Áreas Naturales Protegidas, y que éstas, se ejecuten de manera transparente con la fiscalización por parte de las propias comunidades y organizaciones de la sociedad civil interesadas en la preservación de esta importante y vital región del país.

México cuenta con alrededor de 18 millones de hectáreas de Areas Naturales Protegidas en todo el territorio nacional. Nuestra inversión para el cuidado por hectárea destinada a la conservación es casi diez veces inferior si se compara con las de otras naciones. Esta cifra nos da una idea aproximada del abrumador reto del tema de la conservación ambiental.

La defensa y conservación de nuestros recursos naturales debe ser prioritaria. Las constantes invasiones a la Reserva Ecológica de la Biósfera Montes Azules, ubicada en el Municipio de Ocosingo en el Estado de Chiapas son muy graves, y ha sido constatada por la promovente en varias giras de trabajo a esta zona.

Es urgente que se reactiven programas y se creen nuevas políticas públicas que propicien un desarrollo sustentable de la Biósfera de Montes Azules, que permita un impulso y desarrollo para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en esta Área Natural Protegida, sin menoscabo de su riqueza natural, para evitar el perjuicio de las futuras generaciones y las graves consecuencias del daño a su biodiversidad ecológica.

Esto requiere forzosamente del establecimiento de límites a la ocupación de tierras, así como una vigilancia constante y rigurosa a través de una red de garitas de inspección, con el objeto de evitar el uso indiscriminado de recursos naturales, más allá de lo que la naturaleza puede reponer o asimilar.

Solo así, seráposible un manejo forestal integrador que tome en cuenta todos los aspectos de la sustentabilidad, incluida la socioeconómica y la ambiental. Necesitamos constituir verdaderos modelos de bosques y selvas que tengan como propósito, la consolidación de proyectos de inversión y comercialización que protejan la biodiversidad y garanticen la participación de las comunidades locales.

La Reserva de la Biósfera Montes Azules, representa el segundo lugar en importancia después de Brasil en América Latina. Esta reserva además, tiene una gran importancia estratégica para la recarga de la cuenca hidrológica de la Entidad que abastece los caudalosos ríos de Grijalva y Usumacinta que, a su vez, generan gran parte de la energía hidroeléctrica que se consume diariamente en nuestro país.

Es por ello que no debemos bajar la guardia, al tiempo de ponderar con inteligencia si es conveniente o no la desaparición de las secretarías de la Reforma Agraria y la de Turismo, así como reactivar en cuanto antes los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, a fin de seguir trabajando en acciones que promuevan las tareas de conservación para detener la depredación de esta gran reserva ecológica que es propiedad de México y de la humanidad.

Los lacandones recientemente emprendieron una visita desde sus lejanas tierras al Senado de la República, para pedir justicia y exponernos sus preocupaciones ante la urgente necesidad de proteger la zona de Montes Azules ubicada en el norte del Estado de Chiapas, para evitar la deforestación y la exterminación de la fauna de esta región, rica en biodiversidad, agua y minerales de gran importancia nacional y mundial.

Asimismo, los presidentes de los bienes comunales de la Selva Lacandona, solicitaron el apoyo de los senadores de todos los grupos parlamentarios, para gestionar ante las autoridades del sector agrario y agropecuario, soluciones inmediatas y definitivas que pongan fin a las actividades de los saqueadores de maderas preciosas y depredadores de fauna silvestre, así como para que se concluya la medición y delimitación de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules para su salvaguarda.

Los representantes de la comunidad lacandona explicaron que en una gran parte de las más de 615 hectáreas que comprende su territorio, han ocurrido verdaderas catástrofes ecológicas con los permisos que se han otorgado para la extracción de maderas preciosas como caoba, cedro, guanacastle y la extracción de palma camedor.

Atendiendo a este compromiso con los indígenas lacandones, creemos necesario emprender las acciones legislativas pertinentes para garantizar la preservación de la Biósfera de Montes Azules en la Selva Lacandona, haciendo un exhorto a las autoridades responsables para que atiendan las demandas de sus habitantes, al tiempo de exigirles que implementen las acciones necesarias para erradicar las nocivas prácticas de invasores que afectan gravemente el patrimonio histórico de este ancestral pueblo y atentan contra la estabilidad de este importante ecosistema que representa uno de los mayores pulmones ambientales, no solamente en México, sino del mundo.

No podemos seguir permitiendo que se siga invadiendo la Reserva de la Biósfera por intereses particulares que atentan en contra de este importante patrimonio natural de todos los mexicanos. Es momento de que el Gobierno federal coordine acciones eficaces con los gobiernos estatal y municipal, para fortalecer programas en defensa de esta área natural protegida, restablecer el equilibrio ecológico y proteger la Selva Lacandona, a través de la implementación de esquemas de inversión ecoturística en la zona que permitan crear verdaderas alternativas económicas para sus pobladores, así como una infraestructura social y productiva que les ayude a cuidar de los bienes comunales.

La tarea consiste en evitar que los intereses individuales de los taladores de árboles y de los asentamientos irregulares que han extendido las actividades ganaderas, sigan deteriorando la selva, afectando el bien común y provocando perjuicios a las comunidades aledañas, así como daños severos a la biodiversidad que causan afectaciones irreversibles al medio ambiente.

De ahí la importancia de solicitar de manera inmediata a los gobiernos federal, estatal y municipal, a que reactiven la denominada mesa agrario ambiental para tratar los problemas de invasión y deterioro en esta reserva ecológica, como una alternativa inmediata que ayude a crear nuevas condiciones y acuerdosque eviten el deterioro de los recursos naturales, permitiendo al mismo tiempo, un uso racional y equilibrado con el medio ambiente de los recursos naturales contenidos en esta Área NaturalProtegida.

Asimismo, se propone como una línea de acción, la posibilidad de crear una ruta turística de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que permita atraer inversiones ordenadas que no afecten los recursos bióticos, pero que sirvan a su vez, para impulsar una infraestructura que ayude a generar empleos y, al mismo tiempo, a preservar esta zona, tomando en cuenta, el manejo sustentable y la conservación de la biodiversidad, así como las necesidades sociales, culturales y económicas de las comunidades locales.

Solicitamos la intervención urgente de las autoridades federales y locales, para que a través de las diversas dependencias del ramo agroambiental, se restablezca un diálogo con los grupos que habitan dentro de la Reserva de la Biosfera y se puedan plantear soluciones y el financiamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de laComisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, bajo un sistema que permita medir, acotar y diagnosticar la eficiencia de los programas en beneficio de los pueblos que en ella habitan.

Por todas las razones señaladas en los párrafos anteriores, la que suscribe, somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que de manera inmediata, se reactive la denominada mesa agrario ambiental para tratar los problemas de invasión y deterioro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, como una alternativa inmediata que ayude a crear nuevas condiciones y acuerdosque eviten el deterioro de los recursos naturales y posibles conflictos sociales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para crear una ruta turística y proyectos ecoturísticos en la Selva Lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules, que permita atraer inversiones ordenadas que no afecten los recursos bióticos, pero que sirvan a su vez, para impulsar una infraestructura que ayude a generar empleos y, al mismo tiempo, a preservar esta zona, tomando en cuenta el manejo sustentable y la conservación de la biodiversidad, así como las necesidades sociales, culturales y económicas de las comunidades locales.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos Estatal y municipales, resuelva la grave situación ambiental y social existente dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y, se restablezca de forma inmediata, un diálogo con las comunidades que habitan en esta Área Natural Protegida, con el objetivo de que se puedan plantear nuevas soluciones y el financiamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares de la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biósfera Montes Azules bajo un sistema que permita medir, acotar y diagnosticar la eficiencia de los programas en beneficio de los pueblos que en ella habitan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

Se concede la palabra a la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas de prevención de la diabetes a nivel nacional, hasta por un máximo de 5 minutos.

- La C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Con su permiso, señor Presidente, y por supuesto que voy a tratar de ser breve.

En el año de 1991, la Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, en respuesta a la preocupación sobre la creciente morbilidad de esta enfermedad en el mundo. Hoy 145 países la conmemoran.

En el marco de esta fecha resulta indispensable crear conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad considerada como uno de los padecimientos crónicos, con mayor impacto en la última década.

La diabetes es un desorden metabólico dentro del proceso que convierte el alimento en energía, y en este proceso la insulina, la cual es decretada por el páncreas, es el factor más importante por ser la principal sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en la sangre.

Hay tres tipos principales, la diabetes I juvenil, también presentada en algunos adultos, la diabetes tipo II, que más bien se presenta en los adultos y la gestacional.

La diabetes, como todas las enfermedades crónicas, es una enfermedad que tiene predisposición hereditaria, sin embargo factores como la obesidad, la inactividad física y la dieta inadecuada, permiten el desarrollo de esta enfermedad generando graves consecuencias relacionadas con el sistema, principalmente cardiovascular nervioso.

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en América Latina, ocurren 5.6 millones de defunciones a causa de complicaciones generadas a partir de la diabetes, y de ésta se calcula que el 3.7% fueron registradas como muertes por diabetes.

Particularmente, en México, es considerada como la tercera causa de mortalidad general, su prevalencia ha aumentado en los últimos diez años y actualmente seis y medio millones de mexicanos viven con este padecimiento.

Esta enfermedad crónica, no sólo representa un gasto importante para los pacientes y sus familiares, sino también para el sector salud. Es decir, los costos indirectos y directos de la enfermedad van a depender de las complicaciones secundarias de esta enfermedad.

La diabetes es una enfermedad que puede ser prevenida, en algunos casos a partir de hábitos alimenticios y prácticas saludables, los cuales hacen parte de un adecuado estilo de vida. En este sentido, resulta importante realizar consultas preventivas que registren factores de riesgo, considerando como principales, ya mencionados: la obesidad, los antecedentes heredo-familiares, la hipertensión arterial y el sedentarismo; y antecedentes de patología cardiovascular en edades tempranas.

Por otro lado, la diabetes es una enfermedad muy costosa, considerando que su tratamiento por mes oscila entre los 500 y mil pesos, y si tiene complicaciones puede variar, por lo que atender un paciente con diabetes representa un elevado gasto para el Sistema de Salud y de Seguridad Social, de ahí la importancia de que nuestro Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las entidades federativas apliquen medidas de prevención y control, y realicen estrategias para unir esfuerzos en el combate de esta enfermedad de altos costos humanos y económicos.

Por lo anteriormente expuesto, considerando que la diabetes se encuentra dentro del grupo de los problemas emergentes por ser un problema de salud pública creciente y uno de las principales causas de muerte, discapacidad y por ocasionar altos costos al cuidado de la salud, se propone el siguiente punto de Acuerdo.

PRIMERO. El Senado de la República, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas de prevención de la diabetes a nivel nacional. Por otra parte a realizar una campaña de información nacional para concientizar a la población en general, sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad.

SEGUNDO. El Senado de la Republica, exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que en el marco de sus atribuciones, implementen estrategias para prevenir y controlar factores de riesgo como: obesidad, inactividad física, para retardar o evitar la aparición de la enfermedad de diabetes.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A REFORZAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE DIABETES A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1991, la Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de noviembre como el “Día Mundial de la Diabetes”, en respuesta a la preocupación sobre la creciente morbilidad de esta enfermedad en el mundo, esta fecha se conmemora en más de 145 países.

En el marco de esta fecha resulta sumamente necesario el crear conciencia sobre esta enfermedad considerada como una de las enfermedades crónicas, con mayor impacto en la última década.

La diabetes es un desorden del metabolismo, del proceso que convierte el alimento en energía, en este proceso la insulina es el factor mas importante, esta es segregada por el páncreas considerada la principal sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en la sangre.

Hay tres tipos principales de diabetes Tipo I, Tipo II y Gestacional.

El Tipo I, se da cuando el paciente es dependiente de la insulina, es decir esta hormona no se produce.

Por lo que se refiere al Tipo II, presente en los adultos, en donde el páncreas si produce insulina, pero no produce la suficiente, o no puede aprovechar lo que produce.

Por ultimo, la Gestacional, este tipo afecta a mujeres embarazadas. Esta se puede controlar igual que los otros tipos de diabetes. Durante el embarazo la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, este aumento no se produce y puede originar una diabetes por embarazo. Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el análisis rutinario a que se someten todas las embarazadas a partir de las 24 semanas de gestación.

La diabetes como todas las enfermedades crónicas, es una enfermedad que tiene predisposición hereditaria, sin embargo factores como: obesidad, inactividad física y dieta inadecuada, permiten el desarrollo de esta enfermedad generando graves consecuencias relacionadas con los sistemas cardiovascular y nervioso.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que en América Latina, ocurrieron 5.6 millones de defunciones, y de estas se calcula que el 3.7% fueron registradas como diabetes.

Particularmente, en México, es considerada la tercera causa de mortalidad general y la primera como causa única; su prevalencia ha aumentado en los últimos 10 años. Actualmente seis y medio millones de mexicanos viven con este padecimiento.

Esta enfermedad crónica, no solo representa un gasto importante para los pacientes y sus familiares, sino también para el sector salud. Es decir, los costos indirectos y directos de la enfermedad van a depender de las complicaciones secundarias de esta enfermedad.

La diabetes es una enfermedad, que puede ser prevenida, en algunos casos a partir de hábitos alimenticios y practicas saludables, los cuales hacen parte de un adecuado estilo de vida. En este sentido, resulta importante realizar consultas preventivas que registren factores de riesgo, considerando como principales la obesidad, los antecedentes familiares, hipertensión arterial, el sedentarismo; y antecedentes de patología cardiovascular en edades tempranas.

Con el objetivo de identificar a los grupos con riesgo, para realizar estrategias para prevenir o en su defecto controlar factores de riesgo, para evitar el desencadenamiento de la enfermedad. Cabe mencionar que la diabetes, es una de las enfermedades más costosas, considerando que el tratamiento promedio por mes, oscila entre 400 y 1000 pesos, o si tiene complicaciones puede variar, por lo que atender un paciente con diabetes representa un elevado gasto para el Sistema de Salud y de Seguridad Social en nuestro país, debido a que los medicamentos y la atención se necesita no solo debe atender a la enfermedad como tal, sino también a las complicaciones.

La importancia de que nuestro Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las entidades federativas apliquen medidas de prevención y control, en el ámbito de sus respectivas competencias a realizar estrategias, para unir esfuerzos en el combate de esta enfermedad de altos costos humanos y económicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo citado en el proemio, considerando que la diabetes se encuentra dentro del grupo de problemas emergentes, por ser un problema de salud pública creciente y una de las principales causas de muerte, discapacidad y por ocasionar altos costos en el cuidado de la salud, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, exhorta a la Secretaria de Salud a reforzar los programas de prevención de la Diabetes a nivel nacional. Por otra parte a realizar una campaña de información nacional para concientizar la población en general, sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad.

SEGUNDO. El Senado de la Republica, exhorta a la Secretaría de Salud y a las Autoridades Sanitarias de las Entidades Federativas a que en el marco de sus atribuciones, implementen estrategias para prevenir y controlar factores de riesgo como: obesidad, inactividad física, para retardar o evitar la aparición de la enfermedad de diabetes.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, gracias a usted, Senadora Larios Gaxiola. Se turna a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

Por último, en este apartado del Orden del Día, se ofrece el uso de la palabra al Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo relativo a la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo Saharaui, hasta por 5 minutos, rogándole la mayor brevedad posible.

- El C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea: Así será, señor Presidente.

El pasado sábado 14 de noviembre, regresando a su país, después de recibir en Nueva York el Premio “Coraje Civil 2009”, por su incansable defensa de los derechos humanos del pueblo Saharaui, la activista y candidata al Premio Novel de la Paz en 2008, Aminatou Haidar, fue detenida durante 24 horas en el aeropuerto, privada de su pasaporte y posteriormente expulsada por Marruecos, de la ciudad de El Aaiún, Capital de la República Arabe Saharaui Democrática.

De igual forma las autoridades españolas la forzaron a cruzar la frontera e ingresar a Lanzarote, una de las islas del Archipiélago de las Canarias que se localiza frente a las costas del sur de Marruecos.

Una vez bajo jurisdicción española, Aminatou Haidar, se le notificó que estaba imposibilitada de regresar a su país de origen toda vez que carece de documentos para acreditar su identidad.

En su momento, el gobierno de Marruecos señaló que la detención y expulsión de Haidar se debían a su negativa de cumplir con los trámites de ingreso en el país y a su rechazo de la nacionalidad marroquí.

Es evidente el manejo político disfrazado de asuntos administrativos que se aplica en contra de esta activista social de amplia y reconocida trayectoria.

Por eso sometemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo, que además nos hace recordar, en una forma muy desagradable, los aspectos más siniestros del colonialismo europeo, el cual todavía se manifiesta en los casos particulares de España y Marruecos, como heredero del mismo, en este pueblo africano tan sufrido, tan castigado durante tantos años.

Por eso ponemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

PRIMERO.- El Senado de la República condena la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo Saharaui, Aminatou Haidar, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demande a los gobiernos de España y de Marruecos su inmediata liberación y la devolución de su pasaporte.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la representación de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de que promueva la adopción de una resolución que contribuya a poner fin de manera definitiva a la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos en la República Arabe Saharaui Democrática.

A nombre del Senador Salomón Jara y su servidor, gracias por la atención prestada a la presente. Gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DETENCION DE LA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI, AMINATOU HAIDAR

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Senador Jose Luis Maximo Garcia Zalvidea y Senador Salomon Jara Cruz, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui, Aminatou Haidar, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demande a los gobiernos de España y de Marruecos su inmediata liberación y la devolución de su pasaporte.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la representación de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de que promueva la adopción de una resolución que contribuya a poner fin de manera definitiva a la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos en la República Árabe Saharaui Democrática.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchísimas gracias, Senador José Luis Máximo García Zalvidea. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, con el exhorto de que presente el dictamen a la mayor brevedad posible.

En otro apartado del Orden del Día, informo a la Asamblea que se recibieron las siguientes solicitudes de excitativas:






EXCITATIVAS

Del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, en relación con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud.

“Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
LXI Legislatura
Presente.

El suscrito, Senador Ramiro Hernandez Garcia, integrante del grupo parlamentario del PRI, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2, 66 numeral 1, inciso c), 67 numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se formule Excitativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que presenten el dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud,para los efectos del artículo 72 constitucional, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de febrero de 2007, el Senador Ramiro Hernández García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, para que las recetas médicas que se expidan, contengan de manera obligatoria la denominación genérica del producto que se prescribe.

2. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 4 de diciembre, el pleno de esta Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, mismo que fue turnado, el mismo día, a la Cámara de Diputados. La Colegisladora determinó turnar la minuta a la Comisión de Salud para sus efectos correspondientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La iniciativa tiene la finalidad de que en las recetas médicas que se expidan, contengan de manera obligatoria la denominación genérica del producto que se prescribe. Esto es de gran relevancia social, porque de esta manera se reduce la cantidad destinada del presupuesto familiar para la adquisición de medicamentos.

SEGUNDA. Desde 1997, se puso en marcha el Programa Nacional de Genéricos Intercambiables, y entraron al mercado farmacéutico mexicano, pero a precios menores que los innovadores y los genéricos de marca. No obstante, existe un vacío en la Ley General de Salud al no regular que se señale la denominación genérica en la receta médica, dejándolo solo en el Reglamento de Insumos para la Salud.

TERCERA. Con esta disposición se permitirá adecuar el marco regulatorio en la materia, mediante las cuales el consumidor determina la marca a adquirir de las diversas opciones que le son ofrecidas por el responsable de las farmacias, previa receta hecha por un médico facultado para su expedición.

CUARTA. Aunado a lo anterior, con la permisión del acceso a la población a opciones menos costosas para el tratamiento de enfermedades, se generará una mayor calidad de vida, particularmente en los estratos de la sociedad de menores ingresos, que al día de hoy, prefieren no adquirir medicamentos a precios más altos que los genéricos a los que podrían tener acceso. Asimismo, se pretende homologar los criterios de prescripción de la práctica, pública, social y privada, al privilegiarse tanto la denominación genérica del medicamento, así como la marca distintiva.

QUINTA. Por otra parte, se debe dejar claro que en ningún momento se pretende limitar el derecho que tienen los médicos a prescribir, toda vez que se establece la posibilidad que de forma conjunta al genérico recetado, se incluya la marca distintiva del medicamento que acostumbre recetar.

SEXTA. Finalmente, debemos hacer mención que la Ley General de Salud en su artículo 225, menciona que los medicamentos para su uso y comercialización, serán identificados por su denominación genérica y distintiva; enfatizando que la identificación genérica es obligatoria. Debiendo entender que si bien es para su uso y comercialización, no así a la prescripción de los medicamentos recetados, el cual es el objetivo de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el senador abajo firmante, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite solicitarle ciudadano Presidente, la propuesta de la siguiente:

EXCITATIVA

UNICA.- Se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la Colegisladora excite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, y en caso de que laComisión no presente dicho dictamen, se proponga un cambio de turno a otra Comisión de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Ramiro Hernández García”.

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, en relación con la minuta proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Francisco Javier Castellon Fonseca, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicito se formule Excitativa a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a que presenten el Dictamen relativo a la Minuta que contiene proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2005 por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Dip. Moisés Jiménez Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA). En esta misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión turnó la citada iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2.- La citada Iniciativa fue dictaminada y sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 26 de abril de 2006, aprobándose por la colegisladora con 224 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.

3.- En la fecha señalada en el numeral anterior, la colegisladora envió al Senado de la República el expediente de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), turnándose ésta el 27 de abril de 2006 a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

4.- Posteriormente, una vez constituidas estas mismas comisiones legislativas en la LX Legislatura, dieron inicio al proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

5.- Con fecha 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva del Senado de la República aprobó la participación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el análisis del presente Dictamen, únicamente para emitir opinión.

6.- Con fecha 9 de octubre del presente año, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el dictamen por virtud del cual se crea la Agencia Espacial Mexicana.

7.-En sesión ordinaria del día 4 de noviembre del año 2008 el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad con 85 votos a favor el dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

8.- En la fecha señalada en el numeral anterior, el Senado de la República envió a la colegisladora el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose ésta a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y dePresupuesto y Cuenta Pública.

9. El 26 de febrero de 2009, en sesión ordinaria del Senado de la República, el que suscribe, junto con los Senadores Jesús Murillo Karam, Beatriz Zavala Peniche y Angel Heladio Aguirre Rivero, presentaron una Excitativa en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-El acelerado desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, obliga a nuestro país a dedicarle un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando y apoyando específicamente la Ciencia y la Tecnología como condición indispensable para garantizar la viabilidad futura de nuestro país como una nación desarrollada, libre y soberana.

SEGUNDA.- Los indicadores a nivel mundial comprueban que la inversión de recursos en ciencia y tecnología es un detonador económico, que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad y el ingreso per cápita, lo cual redunda en creación de empleos de alto valor agregado y, por ende, en mayor bienestar para la sociedad.

TERCERA.- La creación de una Agencia Espacial Mexicana que cuente con el aval del gobierno mexicano permitirá al país integrarse a la Comunidad Espacial Internacional, con lo que se daría un paso adelante en crear las condiciones para contar, en un corto plazo, con tecnologías a las que, en otras condiciones, sólo podría tenerse acceso en el largo plazo. Del mismo modo, el funcionamiento de esta Institución trae aparejado al país beneficios en los sectores educativo, económico, social, industrial y ambiental, por otra parte su creación impulsará e incrementará las capacidades nacionales en materia científica y tecnológica.

CUARTA.- El rezago social y la pobreza en nuestro país deben atacarse con medidas que permitanavanzar en la creación de proyectos que estimulen las inversiones, el empleo y por lo tanto, la generación de riqueza, una Agencia Espacial en México no sólo permitirá el desarrollo de oportunidades para el valioso capital humano con el que contamos, sino también permitirá desarrollar proyectos que tendrán un impacto positivo en el desarrollo económico y social de las regiones donde se realizarán. Hay países como Perú, Paraguay, Nigeria, Turquía, Brasil, Argentina, que ya cuentan con una agencia de este tipo y que los coloca en la posibilidad de realizar proyectos conjuntos con las grandes agencias espaciales del mundo desarrollado.

QUINTA.- Económicamente, de acuerdo a un estudio de NASA, por cada dólar invertido en proyectos espaciales, se obtienen siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas. Por su parte en China se ha comprobado que por cada dólar que se invierte en el terreno espacial trae a la economía beneficios de impulso por un monto de 8 a14 dólares. Más de 1,800 tecnologías espaciales han sido aplicadas en diferentes ramas de la economía nacional y el 80% de los más de 1,100 nuevos materiales desarrollados dominados en los últimos años fueron logrados bajo el impulso de la tecnología espacial.

SEXTA.- Gastamos más del 15% del PIB en dependencia tecnológica y alrededor del 1% del PIB en dependencia en el área espacial, por lo que nos hemos convertido en consumidores de tecnología en vez de desarrolladores.

SÉPTIMA.- Más que nunca y en el marco de la crisis económica mundial, es necesario emprender acciones que fomenten las actividades científicas y tecnológicas en el país. La inversión económica para la creación de la Agencia Espacial Mexicana es mínima en contraste con los resultados y beneficios que su puesta en marcha traerá, por lo que se requieren de pocos recursos para un máximo desarrollo.

Es por eso que su aprobación es urgente para revertir la caída en la competitividad mundial y la dependencia tecnológica a la que México ha estado sujeto.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito solicitarle, ciudadano Presidente, la propuesta de la siguiente:

EXCITATIVA

UNICA. Se turne la presente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que presenten, a la brevedad, el Dictamen relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, aprobada por el Senado de la República el 4 de noviembre de 2008, y en caso de que las Comisiones no presenten el dictamen respectivo durante el presente periodo ordinario, se proponga un cambio de turno a otra Comisión, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

En tal virtud, se remiten ambas excitativas, con una atenta solicitud de su atención a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente García Cervantes: Esta Presidencia agradece a las señoras y señores Senadores su colaboración para el desarrollo de esta sesión, y se cita a la siguiente que tendrá verificativo el próximo martes 24 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO



























SECRETARIA DE GOBERNACION

- Remite oficio con la terna de candidatos para nombrar a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PROPUESTAS

- Del C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a investigar los hechos de agresión a la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo; así también, para que se coordinen y se lleven a cabo acciones que ayuden a fortalecer las medidas de seguridad.



- De los CC. Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a modernizar en los aeropuertos, los procesos de revisión de pasajeros y equipaje y se capacite a los servidores públicos encargados de la misma.



- Del C. Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública incrementen el subsidio financiero a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



- De la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto al desconocimiento y falta de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a veinte años de su adopción.



- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Asentamientos Irregulares y la devastación de la biodiversidad en la Selva Lacandona y de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.



- De la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas de prevención de la diabetes a nivel nacional, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.



- De los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo Saharaui, Aminatou Haidar.



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