+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 25

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 17 de Noviembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

APERTURA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (12:05 horas)Se ruega a la Secretaría informar a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguirre Rivero Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Mejía González Raúl José, Menchaca Castellanos Ludivina, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Díaz Delgado Blanca Judith, Martínez Manríquez Irma, Mejía Haro Antonio, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo.

Senadores en comisión oficial: Alonso Díaz Caneja Angel, Aureoles Conejo Silvano, Cantú Segovia Eloy, García Cervantes Ricardo, González Carrillo Adriana, Green Macías Rosario, Maldonado Venegas Luis, Navarrete Ruiz Carlos, Ortuño Gurza María Teresa, Villarreal García Luis Alberto.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguilar Coronado Marco Humberto (inasistencia justificada), Anaya Gutiérrez Alberto (inasistencia justificada), Baeza Meléndez Fernando (inasistencia justificada), Cortés Mendoza Marko Antonio (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Mazón Alonso Lázaro (inasistencia justificada), Montenegro Ibarra Gerardo (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Orantes López María Elena (inasistencia justificada), Orozco Gómez Javier (inasistencia autorizada), Rivera Pérez Adrián (inasistencia justificada), Saro Boardman Ernesto (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Corichi García Claudia Sofía, Jara Cruz Salomón, Rojo e Incháustegui María.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se han registrado para esta sesión un total de 103 Senadoras y Senadores, en consecuencia, hay quórum señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Y en consecuencia se abre la sesión. El Orden del Día ha sido distribuido, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinticinco minutos del día jueves doce de noviembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes diez de noviembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan el Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América.- Se turnaron a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, oficio por el que hace referencia a la regulación de las casas del migrante, a fin de no perjudicar los derechos humanos de los dueños, representantes, trabajadores y migrantes que viven o transitan en nuestro país, tutelando en todo momento su derecho a no ser discriminados.- Se turnó a la Comisión de Población y Desarrollo.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 185 aniversario de la Expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal, a realizarse el miércoles 18 de noviembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador René Arce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el sábado 21 de noviembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Alberto Anaya Gutiérrez.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibieron de la Cámara de Diputados, ocho oficios con los que remite Minutas con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Eslovaca y de Belice y de Vicecónsul Honorario de la República de Costa Rica.- Se turnaron a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Luis Coppola Joffroy, Segundo Informe de labores legislativas del Segundo Año de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Eduardo T. Nava Bolaños, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Informe de actividades de dicha Comisión, correspondiente al Tercer Año de ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Memorial del Particulares)

Se recibió oficio del ciudadano Doctor Máximo Carvajal Contreras, por el que informa su decisión de no continuar participando en el proceso de designación como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, que desecha el proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se dispensó de Segunda lectura. Sin discusión, se aprobó por 74 votos. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción D) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueban los nombramientos de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sin discusión, se aprobó por 78 votos en pro, 2 abstenciones. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- A discusión, intervino la Senadora María Serrano Serrano. Se aprobó por 73 votos. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción E) del artículo 72 Constitucional.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, se aprobó por 87 votos. Se turnó a las Legislaturas Estatales.

(Iniciativas)

El Senador Eduardo T. Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Ángel Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 3 y un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina–Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres.- A discusión, intervinieron los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Francisco Arroyo Vieyra. Se aprobó por 84 votos en pro y 7 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Iniciativas)

La Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El SenadorAlfonso Elías Serrano, a nombre propio, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Ley General de las Personas con Discapacidad .- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Iniciativas)

La Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Francisco Herrera León, Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Jiménez Macías, a nombre propio y del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los Senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Carlos Lozano de la Torre y Fernando Castro Treinti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Senador Arturo Herviz Reyes, a nombre propio y de los Senadores José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antyonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Juan Bueno Toro y Francisco Herrera León, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a las inundaciones en los Estados de Tabasco y Veracruz.- Considerado de urgente u obvia resolución. A discusión, intervinieron los Senadores Juan Bueno Torio y Francisco Herrera León. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gustavo Madero Muñoz, Arturo Núñez Jiménez, Francisco Agundis Arias, Ricardo Monreal Ávila, Irma Martínez Manríquez y Luis Maldonado Venegas, proposición con punto de Acuerdo relativo a los acontecimientos climatológicos que han afectado severamente a El Salvador, Nicaragua y Honduras.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el Estado de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a la violación de un menor en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos 2010 para apoyar los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo para solicitar un informe detallado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, proposición con punto de Acuerdo relativo a la Conferencia Mundial de Roma sobre Seguridad Alimentaria.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo sobre los asesinatos cometidos en contra de los periodistas y comunicadores de México.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se evite la reducción del recurso asignado a la UNAM.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se consideren los recursos necesarios para la Universidad Autónoma Metropolitana.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo con el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a realizar las aportaciones de recursos faltantes para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer los programas institucionales de apoyo a los cultivos tropicales en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Rafael Moreno Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país a promover el uso de materiales didácticos en materia de seguridad y prevención de accidentes, a nivel de educación básica.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente en la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se consideren recursos para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y autorizar, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo relativo a la extracción de arena del banco norte de la Isla de Cozumel.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que crea la Ley de Precios Competitivos.- El Presidente emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Excitativas)

La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que presente el dictamen que corresponda al punto de Acuerdo del Senador Juan Bueno Torio, presentado el 30 de octubre de 2008, para que la CONAGUA realice un estudio hidrológico que comprenda diversas cuencas del Estado de Veracruz para definir y establecer obras de infraestructura que eviten y prevengan accidentes e inundaciones ocasionadas por el cambio climático.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veinte minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo martes diecisiete de noviembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.





CAMARA DE DIPUTADOS
- Remite oficio con el Acuerdo por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la IV Reunión Interparlamentaria México-Guatemala, a celebrarse en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 18 al 20 de noviembre de 2009.






COMUNICACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación de la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el X Foro de Biarritz, llevado a cabo en Quito, Ecuador, del 30 de septiembre al 2 de octubre del año en curso.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debida y oportunamente enterada.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos de esta LX Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Minuta que contiene la propuesta de modificaciones al proyecto de Decreto de Ley General del Deporte.

Esta Comisión, con fundamento en los Artículos 72 fracciones “d” y “e” y 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada el día 4 de diciembre del año dos mil ocho, en Asamblea Plenaria, de este Senado de la República, se aprobó el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. El 14 abril del presente, el pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta turnada por el Senado de la República, resolviendo devolverla a esta Cámara de origen para efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. En sesión celebrada el 15 de abril del presente, La Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la presente minuta a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos para su estudio y Dictamen misma que contiene diversas modificaciones propuestas por la colegisladora.

Los miembros integrantes de las Comisiones que Dictaminan procedieron al estudio de la minuta devuelta, efectuaron múltiples razonamientos sobre las modificaciones que se discuten considerando que:

1. Conforme a las observaciones realizadas porla Cámara de Diputados, se coincide que las reformas planteadas a la Ley General de Cultura Física y Deporte constituyen, sin lugar a dudas,un avance trascendental en el respeto a los derechos humanos, actualizando, enriqueciendo y armonizando dicha ley; de manera particular dando plena vigencia al principio de igualdad entre los deportistas.

2. Con relación a la reforma planteada, originalmente, de incluir al Comité Paralímpico Mexicano en el Comité Técnico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, con la intención de que sea parte de la toma de decisiones para la autorización de los programas de apoyo; la colegisladora cree conveniente que la reforma planteada “debe de ir aparejada de un tratamiento más amplio en la Ley, pues el Comité Paralímpico mexicano no tiene un reconocimiento en el cuerpo de la Ley rectora del deporte en estudio, por lo que, de aprobarse la propuesta en sus términos, quedaría incompleta constituyendo un obstáculo para cumplir la intención del legislador”.

3. En referencia con las fracciones III, V, y XV del artículo 18; no incluidas en el proyecto original y que son sujetas de reforma en la Minuta, motivo del presente Dictamen, la Cámara de Diputados decidió actualizar su redacción de conformidad con la actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión coincide con las modificaciones propuestas porla Cámara de Diputados y formula las siguientes:

CONCLUSIONES

I.- Las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de estudios Legislativos consideran que las modificaciones y reformas planteadas por la Cámara de Diputados benefician la presente Ley, proporcionando las herramientas jurídicas para el desarrollo de tan importante actividad en el país.

II.- Las Comisiones que Dictaminan, coinciden con la necesidad de integrar al texto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte las reformas y adiciones propuestas, por la colegisladora, mismas que no contrarían el objetivo de la misma y si enriquecen su contenido.

Como resultado de lo anterior, estasComisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativossometen a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente Dictamen con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 12, fracción III; 18, actuales fracciones II, IV y XV; 105, párrafo primero y se adicionan los artículos 18, con una nueva fracción II, recorriéndose las actuales fracciones II a XXXIII, a ser las fracciones III a XXXIV; 36, con una nueva fracción V, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 99, con un cuarto párrafo y 100, con una nueva fracción IX, pasando la actual a ser X de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad;

IV. y V. …

Artículo 18.

I. ...

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad;

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos de las disposiciones aplicables;

IV. ...

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la misma, en términos de las disposiciones aplicables;

VI. a XV. ...

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVII. a XXXIV. …

Artículo 36.

I. a IV. ...

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las personas con discapacidad;

VI. y VII. …

Artículo 99. ...

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal a los deportistas convencionales.

Artículo 100. ...

I. a VII. ...

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional;

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo del deporte para las personas con discapacidad, y

X. ...

Artículo 105. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto A la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

En otro apartado del Orden del Día, se concede el uso de la voz a la Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, José Isabel Trejo Reyes y Renán Cleominio Zoreda Novelo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 18-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; 2, 5, 6 Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE; Y 5, 13 Y 19 PRIMER PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DELA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los CC. Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, José Isabel Trejo Reyes y Renán Cleominio Zoreda Novelo)

- La C. Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente; apreciables compañeros Senadores:

Los suscritos, Senadores de la República integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos marcos legales en materia de la defensa del contribuyente.

En virtud de que en nuestro país la gran mayoría de habitantes carece de una adecuada cultura contributiva que permita a sus ciudadanos conocer sus obligaciones tributarias y, en consecuencia, contribuir con el financiamiento del desarrollo nacional.

Es un hecho que los ciudadanos desconocen sus derechos como contribuyentes.

Diversas circunstancias políticas, económicas y sociales, han propiciado un grave distanciamiento entre el gobierno y sus habitantes, ocasionando que los ciudadanos mexicanos no encuentren razones para contribuir al gasto público; debido a que situaciones de burocracia, la ineficiencia, la corrupción y la ausencia de un estado de derecho desalientan crónicamente a los contribuyentes nacionales. La consecuente debilidad de las finanzas públicas el día de hoy es más evidente que nunca.

Ante los grandes desafíos que vivimos en materia de democracia, finanzas públicas, seguridad y estado de derecho, es indispensable que el Estado mexicano emprenda acciones que fomenten el desarrollo y fortalecimiento de una cultura contributiva que permita la progresiva incorporación voluntaria y espontánea de los contribuyentes al fisco federal, permitiendo igualmente la regularización efectiva de quienes ya se encuentran en ese padrón, pero no han sabido ser lo suficientemente escrupulosos en el cumplimiento de las normas fiscales.

Acciones como estas, deben ser privilegiadas por las autoridades fiscales, para dejar de favorecer medidas que a lo largo de diversas Legislaturas Federales se han privilegiado por su enfoque solo de proveer de mayores facultades revisoras y de comprobación a las autoridades fiscales, en un afán por conseguir mayor recaudación por el único camino de la fiscalización y sanción a los contribuyentes de siempre.

Debemos impulsar el desarrollo de un sistema fiscal mexicano que ayude al ciudadano que ya contribuye, a que lo haga de manera más sencilla y menos costosa, un sistema que reconozca al que lo hace en tiempo y de manera cabal; un sistema fiscal mexicano que sepa incluir al que no contribuye o al que no lo hace de manera correcta, para que se regularice y empiece a contribuir con el gasto público a la brevedad, proporcional y equitativamente, como lo dispone la Constitución y reconociendo la pluralidad, inclusive, étnico-cultural que hay entre la población nacional.

El análisis comparado internacional en materia tributaria indica que, entre los medios más idóneos para incrementar los niveles de cumplimiento por parte de los contribuyentes, y que eventualmente se refleje en un incremento de la recaudación tributaria por parte del Estado, está el fortalecimiento de los derechos y garantías del contribuyente, debido a que la certeza jurídica la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios.

El objetivo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria mexicana, sin desconocer, por ello, ni invalidar los derechos y garantías de que actualmente se vienen gozando en virtud de las diversas leyes fiscales vigentes, principalmente en el Código Fiscal de la Federación.

La citada ley ha sido un parte aguas en la legislación nacional, al introducir medidas novedosas en el sistema fiscal mexicano que reconocen expresamente los derechos fundamentales que le corresponden a cualquier mexicano como contribuyente y que lo protegen de acciones que consideren injustas por parte de las autoridades fiscales.

Las modificaciones que hoy proponemos tienen como objetivo complementar las disposiciones legales que protegen y fomenten los derechos de los contribuyentes, variable indispensable sin la cual el Estado mexicano no podrá aspirar a un sólido sistema fiscal que sirva de base para financiar el desarrollo nacional.

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18-b del Código Fiscal de la Federación; artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y artículos 5, 13 y 19 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Misma que solicito, señor Presidente, sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los suscritos, Senadores de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18-B del Código Fiscal de la Federación; artículos 2, 5, 6 y 7 de la LeyFederal de los Derechos del Contribuyente; y artículos 5, 13 y 19 primer párrafo de la LeyOrgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, bajo la siguiente:

Exposicion de Motivos

México es un país en donde la gran mayoría de sus habitantes carece de una adecuada cultura contributiva que permita, por un lado, a sus ciudadanos conocer cabalmente sus obligaciones tributarias y, en consecuencia, contribuir con el financiamiento del desarrollo nacional. Por otro lado, los ciudadanos desconocen sus derechos como contribuyentes.

Diversas circunstancias políticas, económicas y sociales, ocasionaron un grave distanciamiento entre el Gobierno y sus habitantes, ocasionando que los ciudadanos mexicanos no encontraran razones para contribuir al gasto público; debido a que problemas como la burocracia, la ineficiencia, la corrupción y la ausencia de un Estado de Derecho desalentaron crónicamente a los contribuyentes nacionales. La debilidad de las finanzas públicas el día de hoy es más evidente que nunca.

Ante los grandes desafíos nacionales que vive México, en materia de democracia, finanzas públicas, seguridad y Estado de Derecho, es indispensable que el Estado mexicano emprenda acciones urgentes que fomenten el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento de una cultura contributiva que permita la progresiva incorporación voluntaria y espontánea de los contribuyentes al fisco federal, permitiendo igualmente la regularización efectiva de quienes ya se encuentran en ese padrón, pero no han sabido ser lo suficientemente escrupulosos en el cumplimiento de las normas fiscales.

Acciones como estas, deben ser privilegiadas por las autoridades fiscales, para dejar de favorecer las acciones que a lo largo de diversas Legislaturas Federales se han privilegiado y que sólo se han enfocado a proveer de mayores facultades revisoras y de comprobación a las autoridades fiscales, en un afán por conseguir mayor recaudación por el único camino de la fiscalización y sanción a los contribuyentes.

Se debe impulsar el desarrollo de un sistema fiscal mexicano que ayude al ciudadano que ya contribuye, a que lo haga de manera más sencilla, lo menos costosa, un sistema que reconozca al que lo hace en tiempo y de manera cabal; un sistema fiscal mexicano que sepa incluir al que no contribuye o al que no lo hace de manera correcta, para que se regularice y empiece a contribuir con el gasto público a la brevedad, reconociendo la pluralidad cultural y étnica que hay entre la población nacional.

El análisis comparado internacional en materia tributaria indica que, entre los medios más idóneos para incrementar los niveles de cumplimiento por parte de los contribuyentes, y que eventualmente se refleje en un incremento de la recaudación tributaria por parte del Estado, es el fortalecimiento de los derechos y garantías del contribuyente, debido a que la certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios, según esas mismas experiencias internacionales, tal y como se señaló en la exposición de motivos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, del 23 de junio del año 2005.

El objetivo de la mencionada Ley, es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria mexicana, sin desconocer, por ello, ni invalidar los derechos y garantías de que actualmente ya vienen gozando en virtud de las diversas leyes fiscales vigentes, principalmente el Código Fiscal de la Federación.

La citada Ley ha sido un parteaguas en la legislación nacional, al introducir medidas novedosas en el sistema fiscal mexicano que reconocen expresamente los derechos fundamentales que le corresponden a cualquier mexicano como contribuyente y que lo protegen de acciones que considere injustas por parte de las autoridades fiscales.

Las modificaciones que se proponen tienen como objetivo complementar favorablemente las disposiciones legales que protegen y fomentan los derechos de los contribuyentes, variable indispensable sin la cual el Estado mexicano no podrá aspirar a un sólido sistema fiscal que sirva de base para financiar el desarrollo nacional.

En virtud de lo expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18-b del Código Fiscal de la Federación; artículos 2, 5, 6 y 7 dela LeyFederal de los Derechos del Contribuyente; y artículos 5, 13 y 19 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para quedar como sigue:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Artículo 18-B. Es derecho fundamental de los contribuyentes la seguridad jurídica que la ley debe garantizar. La protección y defensa de sus derechos e intereses estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención, en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá actuar de oficio a fin de vigilar en todo momento el estricto cumplimiento que de la ley deben observar las mencionadas autoridades.

De igual manera, la Procuraduría promoverá la cultura contributiva entre la población en los términos de su Ley Orgánica.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

Artículo 2.- Son derechos fundamentales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Las autoridades fiscales procurarán hacer publicaciones periódicas en las que de manera actualizada, relacionen las disposiciones reglamentarias y misceláneas que, a su juicio, hayan quedado sin vigencia en virtud de reformas a las leyes respectivas, esto con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales y dar certeza y seguridad jurídicas a los contribuyentes.

II. Derecho a obtener en los términos y los plazos legales aplicables las devoluciones de impuestos que procedan.

III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.

V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley.

VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante, ni la documentación que no este directamente relacionada con el trámite o procedimiento de que se trate.

VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.

IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.

X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.

XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución definitiva correspondiente en los términos que dispongan las leyes.

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

XV.Derecho a ser asistido en lengua indígena, en caso de no hablar español, así como contar con el apoyo de los recursos materiales o técnicos que permitan atender a los contribuyentes que tengan algún tipo de discapacidad física.

XVI. Derecho a que las leyes y criterios sean aplicadas de forma general a todos los contribuyentes que se encuentran en los mismos supuestos sin distinción alguna.

XVII. Derecho a que las aplicaciones electrónicas o formas oficiales que elaboren las autoridades fiscales se ajusten estrictamente a las normas aplicables, sin imponer mayores requisitos o condiciones que los previstos en las mismas y sin perjuicio de lo que estas establezcan.

Capitulo II

Información, Difusión y Asistencia al Contribuyente

Artículo 5.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias.

Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos establecidos en los criterios emitidos por las autoridades fiscales, que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, quedarán exentos de toda responsabilidad fiscal.

Artículo 6.- Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos fundamentales del contribuyente. Para este propósito, las autoridades fiscales dispondrán de tiempos oficiales en medios de comunicación (tiempo fiscal y tiempo de Estado), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que regulan dichos tiempos.

Artículo 7.-Las autoridades fiscales tendrán la obligación de difundir periódicamente, a través de medios impresos y electrónicos, las instrucciones y comunicados que, de manera clara, explicativa y accesible, den a conocer a los contribuyentes las diversas formas de pago de las contribuciones. Las autoridades fiscales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto de las resoluciones recaídas a consultas y las sentencias judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 23.- Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique, si el mismo puede ser impugnado a través del recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Capítulo II
De las Atribuciones

Artículo 5.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

I.- Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales;

II.- Garantizar, mediante las acciones necesarias, el pleno respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes previstos en las leyes y representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución;

III.- Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de la presente Ley así como de actuaciones de las mismas que sean contrarias a los derechos de los contribuyentes, sea que los afecten de manera individual o colectiva y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades;

IV.- Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, una actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen;

V.- Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente;

VI.- Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

VII.- Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función y comparecer siempre que sea convocado para ese efecto, ante el Pleno o las Comisiones camerales correspondientes;

VIII.- Imponer las multas en los supuestos y montos que en esta Ley se establecen;

IX.- Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales;

X.- Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

XI.- Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes;

XII.- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria;

XIII.- Emitir su Estatuto Orgánico;

XIV.- Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;

XV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad;

XVI.- Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales, y

XVII.- Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos.

Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las leyes.

Las respuestas que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas.

La formulación de quejas y reclamaciones, así como las resoluciones y recomendaciones que emita el Procurador de la Defensa del Contribuyente, no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, ni afectarán los trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación.

XVIII.- Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades educativas federales, estatales e instituciones de educación superior de carácter autónomo, con el objeto de promover la inclusión de contenidos educativos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes, para que la cultura contributiva se fomente en todos los grados escolares del sistema educativo nacional.

Artículo 13.- El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Procurador;

II.- Fijar lineamientos, resultados, metas aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de ésta y de su Procurador y, velar por el cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera;

III.- Aprobar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos;

IV.- Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del Contribuyente;

V.- Determinar las bases y lineamientos para la promoción de la cultura contributiva.

VI.- Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el Procurador, y

VII.- Las demás que se establezcan en esta Ley, en el Estatuto Orgánico, o en cualquier otra disposición.

Artículo 19.- En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de diez días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación. La Procuraduría, discrecionalmente y si el caso, lo amerita podrá ampliar dicho plazo hasta por 20 días.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República

Sen. Minerva Hernández Ramos
Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República

Sen. José Isabel Trejo Reyes
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República

Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo
Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Inscríbase el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal que Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Pública, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. SenadorFederico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

FEDERICO DÖRING CASAR, Senador de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Debido a la cantidad de población, sistemas, servicios y concentración económica, los habitantes de las Entidades Federativas están expuestos a la acción de dos tipos de delincuencia, la común, de corte violento, que comete delitos que generan alto impacto en la sociedad, y de la delincuencia organizada, con poder financiero y por ello, con enorme potencial de corrupción, la que en muchas ocasiones se vincula con la delincuencia común para el logro de sus objetivos, como es el caso de la compra-venta de armas y el narcomenudeo.

En éste último caso, son diversos los factores que facilitan que prolifere esta actividad, como la pérdida de valores familiares y sociales que conducen a jóvenes y mujeres a consumir y al mismo tiempo a buscar la manera de obtener dinero para seguir consumiendo; el relajamiento de costumbres, donde a temprana edad los jóvenes gozan de gran independencia respecto de la familia y acuden a lugares donde se facilita la venta y consumo; la corrupción de autoridades encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, que provocan impunidad y brindan protección a quienes comercializan droga; el atractivo de obtener ganancias de manera fácil.

Este tema preocupa enormemente a gobernantes y gobernados, porque provoca descomposición social y su crecimiento vulnera los valores fundamentales que dan cohesión a la sociedad. Es además, un factor de desestabilización social, de debilitamiento institucional que daña el Estado de derecho, por lo que requiere de acciones cada vez más enérgicas, decididas y solidarias por parte de todas las mexicanas y mexicanos.

Es compromiso del gobierno de la República establecer reglas que permitan lograr un orden con libertad. Esa preocupación se ha traducido en un esfuerzo para reformar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la iniciativa que presentó el Presidente de la República el 9 de marzo de 2007 al Congreso de la Unión, en donde elabora el siguiente diagnóstico:

• A medida que un Estado democrático de derecho avanza en su desarrollo político y económico, se ven afectadas de modos diversos algunas variables como la incidencia delictiva;

• El Sistema de Justicia Penal mexicano ha sido objeto recurrente de críticas y llamados a su modernización por la sociedad en general, así como por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales;

• Los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en el país en los últimos años, lo que provoca que se alejen las inversiones, que haya una percepción de temor generalizado y la desconfianza en las instituciones públicas; todo ello dificulta el desarrollo de la comunidad.

Y reconoce como necesidades las siguientes:

• Es imperativo revertir los índices de inseguridad pública para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones;

• Que la sociedad sienta la certeza de que ante la comisión de un delito, sea de la importancia que sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta;

• Que la víctima tenga la certeza de que tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado;

• Generar un ambiente de paz pública que devuelva la tranquilidad a las familias en un marco de libertad y justicia.

Por otra parte, la ubicación y conformación de algunos Estados de la República, sus habitantes se encuentran expuestos a la acción de fenómenos tanto de origen natural como humano. Ese peligro, sumado a la exposición de la población, bienes y sistemas, los convierten en altamente vulnerables, sin embargo, la sociedad ha ido tomando conciencia de la necesidad de una mayor y mejor seguridad pública y de más seguridad civil o protección civil, por ello exige a la autoridad que cumpla su función, pero también está dispuesta a participar en tareas de autoprotección y en acciones de prevención.

En cuanto a los avances de la tecnología, especialmente los referentes a la información, se han ido insertando en apoyo a las tareas de autoridades, entre ellas las de seguridad pública, de forma asistemática, desarticulada y sin una regulación integral que contribuya a su óptimo aprovechamiento y vinculación con la sociedad.

Ante el reclamo de la sociedad mexicana de más seguridad pública, la demanda de mayor número de elementos de vigilancia y su cercanía con los vecinos, para atender las distintas zonas y modalidades que opera la delincuencia, la desconfianza y escepticismo sobre la actuación de los elementos de las corporaciones policiales, han creado la necesidad de nuevos sistemas, medios y productos tecnológicos, auxiliares en la prevención, vigilancia y combate a la inseguridad pública.

El Gobierno Federal reconoce esa necesidad, aprovechando los avances de la tecnología, por lo que a través de la Secretaría de Seguridad Pública generó mecanismos tecnológicos para renovar y modernizar las acciones de prevención y atención a la delincuencia.

Por eso, en la Vigésima Primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 22 de enero de 2007, entre los ejes estratégicos para el ejercicio de ese año, instruyó al Presidente del referido Consejo Nacional, a crear y poner en marcha la Plataforma México, programa de actualización de la infraestructura tecnológica y de fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones para el año 2007; y el Sistema Nacional de Información, destacando el Sistema Unico de Información Criminal.

Las atribuciones de Plataforma México, son diseñar, desarrollar e instrumentar el sistema informático que incluya los aspectos de telecomunicaciones, informática, instalaciones técnicas, equipamiento y en general toda la tecnología que se encuentre disponible para la conformación de dicho sistema.

Con base en su objetivo fundamental de garantizar la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, con 7 ejes estratégicos, entre ellos, el de “Tecnología” (Eje Sexto), que especifica la articulación y desarrollo de la Plataforma México, para crear información de inteligencia que contribuya a la actuación policial para combatir con eficiencia al crimen organizado.

Respecto a infraestructura de comunicaciones, cuenta con 3 herramientas: tecnológicas, informáticas y las normas de seguridad y acceso. Se trata de garantizar la integridad, homogeneidad y confiabilidad de la información, con base en estrictos sistemas de monitoreo y seguimiento de usuarios. Establece la posibilidad de interconexión de voz, datos, videos e imágenes, entre las dependencias federales, los Estados, Distrito Federal, Municipios y Delegaciones, mediante nodos de interconexión de las comunicaciones (NIT’S) que se están instalando en toda la República Mexicana y será la llave para la interoperatividad del Sistema Único de Información Criminal.

El propio titular del Ejecutivo Federal, dimensiona la importancia que tiene el uso de tecnología en tareas de prevención, preservación de bienes y derechos de los gobernados e investigación, ante las amenazas nacionales e internacionales que conlleva el fenómeno delictivo representado por grandes, complejas y múltiples tareas de empresas criminales, que en muchos casos el arresto de los perpetradores de un solo crimen, puede no tener gran impacto sobre la asociación delictiva.

Por ello, es que en su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma que es indispensable adoptar un enfoque de inteligencia para que en lugar de esperar que ocurra una actividad criminal, la policía debe reunir información permanente sobre diversos grupos e individuos, sus motivaciones, recursos, interconexiones, intenciones, entre otras cosas, con la finalidad de prevenir delitos.

Que la viabilidad de un Sistema Nacional de Seguridad Pública eficaz, hace imprescindible la operación e instrumentación de sistemas que garanticen el adecuado intercambio de información y de inteligencia apta para el ejercicio de atribuciones de órganos de seguridad pública de los 3 ámbitos de gobierno.

Señala también el titular del Ejecutivo, que ante la crisis de inseguridad que vive el país, existe la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas informáticos de vanguardia con información de inteligencia idónea y oportuna para el combate a la delincuencia. Y reitera las bondades de Plataforma México, como un programa informático, clave para garantizar la seguridad pública.

El mapa delictivo en la República Mexicana muestra a una delincuencia activa, que requiere de una estrategia sólida a partir de esa larga demanda del Partido Acción Nacional de impulsar una política criminal integral, esperanza que toma fuerza, ya que la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 por el Presidente Calderón, contiene las bases para involucrar a todos, todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta la estratégica participación de la comunidad, la que en el artículo 21 Constitucional establece como una base mínima del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el determinar la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

Es una realidad, que el constante aumento en las cifras de los delitos que se cometen en toda la República Mexicana, va a la par de la percepción de una sociedad que se siente cada vez más insegura y vulnerable ante los embates de la delincuencia.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI), a través de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad, ha buscado consolidar un instrumento de medición que permita contar con información especializada sobre el tema de inseguridad que aqueja a nuestro país.

En la sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad da a conocer en agosto de 2009 resultados principales de 2008. Son encuestas victimológicas que se llevan a cabo con los propósitos de: primero, obtener, sobre el universo delictivo, información que no depende de fuentes oficiales; segundo, para tomar como punto de partida el total de delitos cometidos o al menos los que pueden conocerse, y no únicamente los denunciados; tercero, para precisar si los ascensos o descensos que muestran las cifras oficiales se deben o no a ascensos o descensos reales en el número de crímenes que ocurren; y cuarto, para servir de base en la elaboración de políticas criminales. En dichas encuestas, se estima la prevalencia (número de víctimas), y la incidencia (número de delitos cometidos, fueran denunciados o no) en un período de tiempo y zona determinada.

La incidencia delictiva total en México que reporta la encuesta es de 12,000 delitos promedio por cada 100 mil habitantes; en el país se denuncian 3 delitos por cada 17 que no se denuncian, sin embargo, es imprescindible tener una idea clara de cuántos crímenes se cometen, sean o no denunciados, ya que son el punto de partida, para la elaboración de políticas criminales y su realización periódica es indispensable para evaluar las acciones y políticas implementadas en la lucha contra la inseguridad y adecuarlas de manera oportuna. Estos datos son complementarios con las cifras oficiales, mismas que debiera difundir la autoridad periódicamente a la sociedad, para tomar medidas preventivas en su entorno.

La referida encuesta aporta un comparativo internacional, con datos que indicaron que en México se cometen 12 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Aunque las cifras están por debajo de países como El Salvador que registra más de 60, Guatemala más de 50, Sudáfrica 49, Venezuela 47, Colombia 36, Jamaica 32 y Rusia 20; lo preocupante es que por primera vez desde fines del siglo XX al 2007 en que se había venido logrando un descenso sostenido (10 homicidios dolosos en 2007), en 2008 se registraron 12, contribuyendo las ejecuciones a manos de delincuentes este ascenso.

En cuanto a la cifra negra de los delitos (no acudió a denunciar o denunció y no se inició averiguación previa), es de 85% en 2008. Las causas por las que la víctima no acudió a denunciar son: 39% por pérdida de tiempo y 16% por desconfianza de la autoridad, el 10% por trámites largos y difíciles y el 9% por delito de poca importancia, el 5% por miedo al agresor y el 3% hostilidad de la autoridad.

La percepción de inseguridad a nivel nacional es del 65% y en Entidades Federativas como el Distrito Federal y Chihuahua es del 85% y 83%, respectivamente. Como consecuencia de esa percepción, el 56% dejó de permitir que sus hijos menores salieran, el 51% dejó de usar joyas, el 49% dejó de salir de noche.

Sin embargo, respecto a los operativos de las autoridades de combate a la delincuencia, el 86% sí está de acuerdo con su implementación y el 59% considera que con ellos ha mejorado la seguridad pública.

Pero, la seguridad pública, entendida en su concepto moderno, implica la acción del Estado, para establecer mecanismos e instituciones eficaces, que permitan armonizar el ejercicio de la libertad individual y el mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad social; más no podría lograrse esa armonización, si no se sustenta en la acción coordinada y articulada de aquellos sectores y Dependencias involucrados. Por ello, esta iniciativa propone que la regulación del uso de tecnología abarque medidas que incidan en la autoprotección, en actuación de autoridades encargadas de vigilancia, en las tareas de Justicia Cívica o administrativa seguidas en forma de juicio, en las de Procuración e Impartición de Justicia, en la Justicia para Adolescentes y en el ámbito de la reinserción social.

Consciente de que es deber de este Órgano Legislativo, proporcionar los contenidos normativos que regulen la debida utilización y aprovechamiento de sistemas, equipos y la información resultante, en apoyo a tareas preventivas, punitivas y reinsertativas de seguridad pública, sustentadas en un programa de política criminal integral, es que se proponen como contenidos:

a. El tratamiento de productos, como imágenes, sonidos e impresiones, los cuales se regirán con confidencialidad y reserva;

b. La prohibición de utilizar los equipos para filmar o grabar imágenes y sonidos al interior de domicilios particulares; contra la intimidad de las personas o hechos estrictamente privados;

c. Los criterios y procedimientos para su instalación involucrando a los Consejos Locales de Seguridad Pública, a representantes populares y a otros sectores representativos de la sociedad, para proponer lugares de mayor incidencia delictiva o peligrosidad para su colocación;

d. Las bases y criterios para definir las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor peligrosidad y las prioridades en la colocación de equipos;

e. Información sobre el comportamiento de la delincuencia y qué datos se deben compartir con toda la sociedad, para contribuir a una real cultura preventiva, con medidas de autocuidado;

f. El procesamiento de la información, cuando los equipos capten la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, para ponerlos a disposición de la autoridad administrativa competente, en delitos que se persigan de oficio; y a la del Juez de la causa, cuando el material tenga relación con algún procedimiento judicial o de Justicia para Adolescentes;

g. La utilización de tecnología en situaciones de emergencia o desastre;

h. La coordinación e intercambio de datos entre los 3 niveles de gobierno;

i. Involucrar la participación social en la formación de una cultura del uso y aprovechamiento de tecnología;

j. La definición de obligaciones a cargo de autoridades y gobernados en la utilización de sistemas, medios, productos y sus auxiliares;

k. El Registro de los equipos y sistemas tecnológicos que instalen las Instituciones de Seguridad Pública y demás sujetos obligados en la Ley.

l. Análisis de la información para generar inteligencia para la prevención de conductas delictivas y antisociales; y

m.Manejo de la información captada por Instituciones de Seguridad Pública, para preservar su inviolabilidad e inalterabilidad que favorezcan la seguridad jurídica de las personas involucradas

Es una realidad, que aunque la tecnología de uso de imágenes y sonidos se va modificando y evolucionando de forma acelerada, las autoridades federales especializadas han encaminado esfuerzos humanos y recursos financieros en la implementación de programas como Plataforma México, así como en la creación de estructuras de comunicación de la información, a cargo de Dependencias e Instituciones de los 3 niveles de gobierno. Que ello obliga a establecer bases normativas que regulen, controlen y armonicen la instalación y aprovechamiento de sistemas, equipos y productos para la seguridad pública.

Esa armonización en el ámbito normativo debe atender a las diversas disposiciones jurídicas contenidas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a atribuciones y obligaciones de Instituciones y Dependencias del Sistema en la materia, cuyo eje rector es la coordinación de acciones entre las partes que lo integran.

Resulta incuestionable la aportación de los avances tecnológicos a la seguridad pública, pero sólo en la medida en que se capaciten quienes operen los correspondientes servicios y sobre todo, en la medida en que autoridades y legisladores aporten los contenidos legislativos que con precisión establezcan una relación de equilibrio entre gobernantes y gobernados, en la que los primeros en verdad interactúen con todos los sectores de la población, se avanzará con paso firme hacia el tan deseado ambiente social, conmayor y mejor seguridad.

Un importante instrumento tecnológico, es el botón de emergencia comúnmente llamado “botón de pánico”, que resulta útil en la medida en que se prevea una estrategia de coordinación y de respuesta, a través de la movilización de las corporaciones policiales al lugar en que es accionado. El botón se coloca en vehículos de transporte público de pasajeros, para que conductores y usuarios puedan solicitar auxilio de la policía, cuando estén siendo asaltados o detecten a delincuentes.

Es de gran importancia la utilidad que en materia de tránsito y vialidad aporta la tecnología: las cámaras de videovigilancia, los radares para medir la velocidad, las cámaras hand held y los geoposicionadores, contribuyen a inhibir la comisión de hechos antisociales y a sancionar efectivamente a quienes infringen las normas de tránsito; por lo que además de constituirse en valiosos aliados de la Justicia Cívica y administrativa, contribuyen a proteger la integridad física y la vida humana.

El eje rector de los contenidos de la presente iniciativa es la seguridad pública, orientada hacia el óptimo aprovechamiento de los avances tecnológicos por parte de los sectores público, privado y social. Pero, no desarmoniza los contenidos regulatorios, prever su utilización con otras tareas encomendadas a las dependencias federales o a los sectores privado y social, cuya competencia directa no es la seguridad pública, que por los alcances de esta iniciativa, requieren abordarse de forma general y aplicarles estos contenidos normativos, independientemente de las reformas que en su caso, fueran necesarias, derivadas de la regulación que nos ocupa, en la legislación de su correspondiente materia. Tal es el caso de la Protección Civil, para alertar en situaciones de emergencia o desastre.

En cuanto a la regulación de esta materia en Hispanoamérica, en España se aprobó la Ley Orgánica 4/1997, “Por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en lugares públicos”. Esta norma se limita a regular el uso de ese medio electrónico, sin contemplar cualquier otro tipo de tecnología.

Asimismo, en la Provincia de Córdoba, República Argentina, en 2007 se aprobó la Ley 9380, referente al trato de imágenes y sonidos de personas físicas, que se obtengan en la vía pública por videocámaras o cualquier otro medio análogo por las fuerzas de seguridad, introduciendo el requisito de que las personas sean identificadas o identificables.

Aunque para la elaboración de esta iniciativa se analizaron ambas legislaciones, en la presente se regulan no sólo a las videocámaras, sino a cualquier equipo o sistema tecnológico existente o que se desarrolle y que sea empleado por las Instituciones de Seguridad Pública Federales. De la misma forma, tomando en cuenta el estado actual de la seguridad pública en México, conforme a lo referido al inicio de la presente exposición de motivos, se propone que cualquier información, independientemente de que se pueda identificar a una persona, sea objeto de esta Ley, ya que puede arrojar elementos importantes para la generación de políticas para la prevención y combate al crimen, así como para establecer inteligencia para la prevención; por tanto, no se encontró similitud con los contenidos de esta iniciativa.

Tampoco en la legislación mexicana a nivel federal existe precedente alguno, similar o semejante y en las Entidades Federativas sólo en el Distrito Federal, por lo que el legislador está obligado a realizar el análisis exhaustivo e integral del diverso marco normativo a partir del Constitucional, Leyes federales y locales, vinculadas o relacionados con el tema que nos ocupa; y a involucrar la participación de técnicos en los conceptos y contenidos materia de la presente iniciativa.

Sin embargo, estos avances tecnológicos podrán ser aprovechados, si las tareas a las que apoyan, forman parte de un programa integral de política criminal; si hay coordinación y preparación entre los cuerpos de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno; si se prevén operativos conjuntos, que de forma oportuna y eficaz atiendan las emergencias, y sobre todo, si se estimula y orienta la participación de los sectores privado y social, en tareas de prevención, para abatir los factores y causas que generan hechos antisociales.

Así las cosas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo modelo de operación policial se basa en la investigación científica para prevenir y combatir a la delincuencia, con la producción, uso intensivo de la información, análisis de la misma y generación de datos de inteligencia policial que puedan ser utilizados con oportunidad y eficacia.

Plataforma México constituye un programa de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio de la función policial, mediante el equipamiento con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal y locales, conforme a los convenios de Coordinación que se celebren con los titulares de las Entidades Federativas, para conectar a éstas y a los Municipios a dicha Plataforma y alinear en un solo sentido sus correspondientes sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.

Esta iniciativa diseña los contenidos normativos que posibilitan la armonización de equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las Instituciones de Seguridad Pública Federales, con la implementación del Programa Plataforma México.

En una legislación como la que se propone, resulta clave, la definición de conceptos que circunscriban y precisen los contenidos del marco regulatorio, desarrollado en sus siete capítulos, 42 artículos y cinco Transitorios.

Por ello, el capítulo I define conceptos que facilitan la comprensión, interpretación y alcance, en un esfuerzo para presentarlos con un lenguaje sencillo, con el auxilio de técnicos especializados en tecnología de la información.

En este capítulo, también se establecen los objetivos de la Ley, dirigidos en ellos, a contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad social, sustentados esos objetivos, en el concepto integral y moderno de la seguridad pública, que involucra a las autoridades encargadas de la vigilancia, de Justicia Cívica y Administrativa, de procuración e impartición de Justicia, de la Justicia para Adolescentes y de la Reinserción Social.

La vinculación de la población en tareas preventivas, enmarcada en el objetivo de la formación de una cultura de conocimiento y preparación de hechos antisociales y la creación del Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos Federales para la seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que posibilite un real control del uso de sistemas y equipos, así como precisar el ámbito de obligaciones, responsabilidades y competencias a cargo de las Instituciones de Seguridad Pública y las tareas, obligaciones y responsabilidades a cargo de los gobernados.

Para que la instalación de equipos y sistemas tecnológicos cumpla adecuadamente su finalidad de prevenir, inhibir y combatir conductas antisociales y contribuir a la convivencia armónica, el Capítulo II regula los criterios y prioridades en la colocación; las autoridades y sectores y organizaciones de la sociedad que están facultados para solicitarlos; así como las prioridades en la instalación y quiénes podrán pedirla.

En el Capítulo III, se regulan los procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de la información, a través de equipos o sistemas tecnológicos por parte de Instituciones de Seguridad Pública, permisionarios de servicios de seguridad privada y particulares.

En cuanto a las Instituciones de Seguridad Pública, se garantiza el respeto a los derechos a la vida privada, el honor y la propia imagen de cualquier persona, imponiéndole obligaciones estrictas a la autoridad en la obtención, clasificación, análisis y custodia de la información obtenida con arreglo a la Ley que se propone.

También se abre la posibilidad de que las Instituciones de Seguridad Pública contraten los servicios de personas públicas o privadas para la obtención de información con el uso de tecnología, regulándose el tratamiento que debe darse a la misma, para preservar las garantías individuales de terceros, al igual que con aquella información que se les comparta por otros órdenes de Gobierno, en virtud de convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, es tema controversial la regulación de prestatarios de servicios de seguridad privada en una norma enfocada a la Seguridad Pública. Sin embargo, en la presente Iniciativa se establecen lineamientos para la actuación de tales prestatarios en funciones de apoyo y colaboración con las autoridades de Seguridad Pública.

Es por ello que, en el espíritu de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se regulan ciertas actividades de los prestatarios de seguridad privada en la Iniciativa de Ley que se propone.

Por último, en este Capítulo, se establece que los particulares están sujetos a las obligaciones y limitaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las Leyes federales aplicables, para la obtención, análisis, custodia y difusión de la información que capten con sistemas tecnológicos.

Respecto al Capítulo IV, se prevén las obligaciones de las Instituciones de Seguridad Pública en cuanto a la reserva, control, análisis y utilización de la información obtenida con tecnología, acorde a la Ley Federal de Transparencia, así como la obligación de remitirla a las autoridades que la requieran en el ejercicio de sus atribuciones.

A efecto de darle certeza a la información captada con sistemas y equipos tecnológicos, se establece la obligación de los servidores públicos que la obtengan, clasifiquen o analicen de atender la inviolabilidad e inalterabilidad de la información a través de un documento denominado “cadena de custodia”, mismo que debe acompañarse para tener valor y alcance probatorios ante tribunales o autoridades que la requieran.

Por lo que hace al Capítulo V, la información que se obtenga con sistemas y equipos tecnológicos por instituciones de Seguridad Pública y que sea tratada conforme a los lineamientos establecidos en esta norma, debe obtener un valor y alcance probatorios mayores que los establecidos en el marco legal actual.

Así, se establece que con el cumplimiento a los candados y obligaciones de la Ley, tendrá valor pleno ante las autoridades de procuración y administración de Justicia, Justicia para Adolescentes, o autoridad que ventile un procedimiento referente a sustitutivos penales, tratamiento en externación y libertad anticipada o administrativo seguido en forma de juicio.

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y circunstancias objetivos, que se desprendan de la probanza obtenida con el uso de equipos y sistemas tecnológicos; para las demás circunstancias, su alcance será indiciario.

En el Capítulo VI, se establecen las obligaciones y procedimientos de coordinación, para la obtención e intercambio de información recabada con equipos y sistemas tecnológicos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las obligaciones impuestas por la Ley General.

Mantener el orden, la tranquilidad y la estabilidad en el ambiente de convivencia, es tarea de gobernantes y gobernados.

En congruencia con una política criminal integral, que abata la delincuencia por sus causas y factores que la producen, más que por sus efectos, el Capítulo VII establece contenidos regulatorios que buscan garantizar que las tareas que corresponden a los sectores de la sociedad, sean debidamente conducidos por la autoridades competentes; que la formación de una cultura de prevención y autoprotección, sea parte de la estrategia para incrementar la percepción de seguridad; y que las herramientas tecnológicas sean aprovechadas cabalmente en un ejercicio compartido de preparación entre gobernantes y gobernados, para servir a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la Unión la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en toda la República y tienen por objeto:

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de las Instituciones de Seguridad Pública Federales;

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana, en el ámbito de competencia Federal;

III. Regular la utilización por las Instituciones de Seguridad Pública Federales, de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas tecnológicos;

IV. Desarrollar una cultura de conocimiento y preparación en la autoprotección ante hechos antisociales;

V. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Atlas delincuencial, a la información con capacidad de ser mostrada y manejada a través de mapas; que además incluye la posibilidad de localización espacial y temporal, para posibilitar el análisis de los datos de información delictiva capturada;

II. Bienes de uso común de la Federación, a los así definidos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

III. Cadena de Custodia, al documento oficial en donde se asienta la obtención de información por el uso de equipos y sistemas tecnológicos por las Instituciones de Seguridad Pública Federales así como sus características específicas de identificación; con el objeto de que cada persona o servidor público a quien se le transmite la información, suscriba en la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su traslado a otra persona o servidor público;

IV. Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Custodia de la información, al proceso de preservación de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, tanto en su software como en su hardware, a efecto de garantizar su inviolabilidad e inalterabilidad;

VI. Delitos de alto impacto, a aquellos que tienen gran repercusión por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal;

VII. Equipos tecnológicos, al conjunto de aparatos y dispositivos, para el tratamiento de imagen o voz, que constituyen el material de un sistema tecnológico o un medio;

VIII. Herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, a las comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, los índices delictivos, destacando los delitos de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública;

IX. Información relevante para la seguridad pública, aquella que resulta del análisis de la información obtenida con un equipo o sistema tecnológico determinado y que es seleccionada porque contiene datos importantes para el desarrollo de alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley;

X. Inmuebles Federales, los establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos Federales para la Seguridad Pública, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

Para el tratamiento de la información inscrita en el Registro, se atenderá lo establecido en la Ley General. La organización del Registro estará prevista en el Reglamento.

CAPITULO II
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARA
LA INSTALACION DE TECNOLOGIA

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas antisociales y a garantizar el orden, la tranquilidad y la estabilidad de las personas que residan en el Territorio Nacional.

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley.

Artículo 5.- Los equipos tecnológicos podrán ser instalados por la Secretaría quedando sujetos a las siguientes previsiones:

I. No se requerirá previa autorización, en los bienes de uso común de la Federación o en Inmuebles Federales;

II. En ningún caso se podrán instalar en los inmuebles de las Fuerzas Armadas de México y de la Secretaría de Gobernación, que se encuentren vinculados con la Seguridad Nacional; y

III. Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se les pretenda ubicar. Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá custodiarse junto con la información obtenida por esos equipos y sistemas tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 6.- Queda prohibida la instalación y uso de equipos y sistemas tecnológicos, en cualquier lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar de las personas.

Artículo 7.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en los bienes de uso común de la Federación y en los Inmuebles Federales, está a cargo de la Secretaría, quien aplicará los siguientes criterios:

I. Lugares en que se registren los delitos de mayor impacto para la comunidad, los identificados como zonas peligrosas o los que presentan mayor incidencia delictiva, conforme a la estadística criminal generada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República;

II. Intersecciones peligrosas en las vialidades Federales;

III. Colonias, manzanas, avenidas razón de ocurrir frecuentemente accidentes de tránsito;

IV. Lugares con mayor incidencia de infracciones administrativas Federales; y

V. Ubicaciones con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano.

La definición de los lugares de ubicación de equipos y sistemas tecnológicos, se basará en las herramientas para la toma de decisiones, inteligencia para la prevención y demás información que posibilite su adecuada instalación, para el cumplimiento de sus finalidades.

Artículo 8.- Sólo podrán solicitar que la Secretaría instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública:

I. El titular de la Procuraduría;

II. Los titulares de otras Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada o los Titulares de las Entidades Descentralizadas, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana;

III. Los Presidentes de las Conferencias Nacionales establecidas en la Ley General, por acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes;

IV. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes de los respectivos Consejos de Seguridad Pública Locales;

V. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; y

VI. Los representantes legales de las organizaciones vecinales, empresariales, directivos y asociaciones escolares y representantes populares.

La Secretaría determinará lo procedente, de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público, siempre que sean de competencia Federal.

Artículo 9.- La información relevante para la seguridad pública, obtenida con equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría, será tratada y custodiada en la forma y plazos dispuestos en la Ley General, en el Reglamento y en las disposiciones de aplicación general que emita el Centro Nacional de Información.

En todo caso se preservará la información que pueda ser utilizada en los procedimientos a los que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

CAPITULO III
DEL USO DE TECNOLOGIA EN LA SEGURIDAD PUBLICA

Artículo 10.- La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o sonidos captados por equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en los siguientes procedimientos:

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad pública;

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella informaciónque la Secretaría deba hacer del conocimiento de la Procuraduría, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a esos hechos así como su utilización de la misma en la consignación y proceso penal que correspondan;

III. La prevención de infracciones administrativas Federales, principalmentea través de la generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad pública;

IV. La sanción de infracciones administrativas Federales, especialmente aquella informaciónque la Secretaría deba hacer del conocimiento de la autoridad administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o circunstancias relativas a esos hechos;

V. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable;

VI. Extinción de dominio Federal, principalmentea través de la generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, del fuero Federal donde, en términos de la Ley Federal de Extinción de Dominio, se deba hacer del conocimiento de la autoridad ministerial especializada los elementos para sustentar la solicitud de extinción de la propiedad y su remisión a la autoridad judicial competente; y

VII. Tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, principalmente a través de las herramientas para la toma de decisiones de las autoridades encargadas de determinar estos procedimientos, en términos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

Artículo 11.- La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los siguientes supuestos:

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo cuando sea autorizada por la autoridad judicial Federal de conformidad con la Constitución y las leyes secundarias;

II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención a la Ley Federal de Transparencia; y

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo siguiente:

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información que violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose de que no reciba tratamiento o custodia alguna; y

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad pública, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de conformidad con esta Ley y la Ley Federal de Transparencia.

Artículo 12.- Las personas morales que se encuentran reguladas por Leyes Federales, diferentes a las empresas que prestan servicios de seguridad privada, podrán conectar sus equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema tecnológico que para el efecto instale la Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata.

En el Reglamento se establecerán los requisitos formales y tecnológicos para que se permita tal conexión.

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares conectados al sistema tecnológico implementado por la Secretaría, deberá recibir el tratamiento y custodia establecidos en la presente Ley.

Cuando algún miembro o representante de dicha persona moral, cometa un delito con los medios o dicha información obtenida, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

Artículo 13.- La Secretaría podrá convenir con instituciones similares del Sistema Nacional, del Distrito Federal, de las Entidades Federativas o de los Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos o procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente:

I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe anual que rinda el Presidente de la República al Congreso de la Unión; y

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en el tratamiento y custodia de la información obtenida en los bienes de uso común de la Federación o en Inmuebles Federales, o bien que se obtenga con equipos y sistemas propiedad de la Federación, se observen los lineamientos que prevé esta Ley.

Artículo 14.- Las Instituciones de Seguridad Pública podrán convenir los servicios de personas públicas o privadas para la obtención de información con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, conforme a los siguientes lineamientos:

I. Se dará a la información recabada el mismo tratamiento y custodia establecidos en esta Ley para la información obtenida por la Secretaría;

II. Se deberá vigilar que con la suscripción del convenio no se beneficia indebidamente a una empresa en perjuicio de otras;

III. La Secretaría verificará que la información obtenida por las personas con las que se contrate, se custodie conforme a los requisitos de preservación, inviolabilidad e inalterabilidad establecidos en esta Ley;

IV. Los empleados de la persona con la que se contrate y que participe en la obtención o custodia de información regulada en este numeral, deberá otorgar la promesa de confidencialidad a que se refiere el artículo 23 de esta Ley; y

V. Para los efectos de esta Ley, la firma en la cadena de custodia de la información, asentada por los dependientes de las personas con las que se contraten los servicios a que hace referencia este artículo, tendrá el mismo alcance y valor que las realizadas por servidores públicos.

Dichos dependientes tienen la obligación de atender, de inmediato, los requerimientos vinculados con la suscripción de la cadena de custodia, siempre que sean realizados por la Secretaría o por una autoridad que conozca de alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 15.- Los permisionarios de servicios de seguridad privada que cuenten con autorización Federal y que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley así como en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada correspondiente la utilización de estos sistemas tecnológicos, para lo que se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos de lo establecido en el presente artículo se atenderá lo previsto en la Ley Federal de Seguridad Privada;

b) La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en Inmuebles Federales, en los bienes de uso privado del Distrito Federal o de los Estados o de bienes particulares requerirá autorización por escrito de los titulares de esos derechos o de sus representantes legales, de la cual se remitirá copia notarial a la Secretaría; y

c) Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en los bienes de uso común de la Federación o en Inmuebles Federales o que, por su dirección o manejo, capten información acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada;

II. Custodiar la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos inscritos de conformidad con la fracción anterior en que permanezca inalterada e inviolada, durante 30 días hábiles, transcurridos los cuales podrá destruirse o borrarse, sin responsabilidad del permisionario de servicios de seguridad privada.

La Secretaría, de forma expresa y por escrito, podrá ordenar a los permisionarios de servicios de seguridad privada, dentro del término establecido en el párrafo anterior, que se custodie alguna información relevante, por el plazo que considere procedente, pudiendo renovarlo hasta por diez años;

III. Proporcionar a la Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con la comisión de un delito o de cualquier infracción administrativa sancionada por las Leyes Federales así como un informe en donde se describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los mismos;

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada que obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados ante la Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o infracción administrativa Federales y que sólo sean perseguibles por querella de parte ofendida; y

IV. Proporcionar a la Secretaría, copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que sea requerida por esa Dependencia.

En caso de que la información hubiese sido destruida o borrada por haberse recibido el requerimiento fuera del término de 30 días hábiles a que se refiere este artículo, siempre que no se esté en el caso de la fracción II del mismo, notificará tal circunstancia a la Secretaría, sin responsabilidad para el prestatario de servicios de seguridad privada.

Cuando una autoridad Federal que ventile uno de los procedimientos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, y necesite la información regulada en este artículo, la solicitará a la Secretaría, misma que la recabará en términos del presente artículo.

Artículo 16.- En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 10 y 11 de esta Ley.

Artículo 17.- Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización de equipos o sistemas tecnológicos establecidas en la Constitución así como en las Leyes Federales aplicables.

CAPITULO V
DE LA RESERVA, CONTROL, ANALISIS Y UTILIZACION
DE LA INFORMACION OBTENIDA CON TECNOLOGIA

Artículo 18.- Toda información obtenida por las Instituciones de Seguridad Pública con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe registrarse clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia.

Artículo 19.- Toda información recabada con arreglo a la presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos:

I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia;

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública o las instituciones de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios; y

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución y las Leyes reglamentarias correspondientes.

Artículo 20.- La información obtenida por particulares con el uso de equipos o sistemas tecnológicos sólo podrá divulgarse por ellos o por cualquier autoridad si no vulnera las Garantías Individuales, consagradas en la Constitución.

Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida conjuntamente con los documentos a que hace referencia la presente ley a cualquier autoridad judicial o administrativa que ventile alguno de los procedimientos previstos en el artículo 10 de esta ley.

ARTICULO 21. La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Averiguación Previa, causa, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información a la autoridad solicitante.

Artículo 22.- La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente.

Los servidores públicos que tengan bajo su guarda la información a que hace referencia este artículo, serán responsables directamente de su custodia, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste la cadena de custodia de la misma.

Artículo 23.- Los servidores públicos de la Secretaría que participen en el tratamiento o custodia de información relevante para la seguridad pública a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar el original o copia de dicha información.

Asimismo,dichos servidores públicos, deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso.

Los servidores públicos de alguna Institución que ventile algún procedimiento de los previstos en el artículo 10 de esta Ley deberán acatar las disposiciones de este artículo cuando, por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que hace referencia el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 24.- La inobservancia a lo establecido en los dos artículos precedentes, constituye responsabilidad administrativa grave, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Para los servidores públicos pertenecientes a los servicios de carrera establecidos en la Ley General, la violación a que hace referencia el párrafo anterior, será causal de remoción.

Artículo 25.- La información obtenida por las Instituciones de Seguridad Pública y por particulares, con el uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención.

CAPITULO VI
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLOGICOS

Artículo 26.- La información obtenida por la Secretaría con equipos o sistemas tecnológicos, se constituye en un medio de prueba en los procedimientos referidos en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 27.- La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos, autentificada por escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó de ella.

Artículo 28.- La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos regulados por ésta, en el menor tiempo posible, cuando le sea requerida por el Ministerio Público; Autoridad Judicial; o Autoridad Administrativa, siempre que ventilen alguno de los procedimientos a que hace referencia el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 29.- La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por particulares o por Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, de un Estado o Municipales, será solicitada, obtenida y valorada, de conformidad con la Ley aplicable al caso, por la autoridad que ventile algún procedimiento de los previstos en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 30.- En los procedimientos referidos en el artículo 10 de la presente Ley, sólo podrán valorarse las pruebas obtenidas con equipos o sistemas tecnológicos, cuando reúnan los requisitos siguientes:

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en el presente ordenamiento; y

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría, que deberá contener:

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y circunstancias particulares del proceso de obtención, relevantes para la debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones;

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas tecnológicos así como transcripción de las partes inteligibles de los elementos sonoros contenidos en la misma;

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida;

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos visuales, sonoros o de otra índole; y

e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo del titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31.- La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el transcurso del procedimiento correspondiente se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya sido sometida para determinar su alcance probatorio.

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás circunstancias, su alcance será indiciario.

CAPITULO VII
DE LAOBTENCION E INTERCAMBIO DE INFORMACION RECABADA CON
EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS

Artículo 32.- La información en poder de la Secretaría, obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser suministrada o intercambiada con el Distrito Federal, los Estados y los Municipios del país, de conformidad con la Constitución, la Ley General y la Ley de Seguridad Nacional, conforme a los siguientes lineamientos:

I. La información recabada por la Secretaría o particulares a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley;

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o sistemas tecnológicos y se remitirá acompañada de los requisitos que establece el artículo 30 cualquier otra especificación cuando así se pacte en el convenio respectivo;

II. Para la comunicación e intercambio con el Distrito Federal, los Estados o los Municipios del país, de productos de inteligencia para la prevención de la delincuencia, en los que las Instituciones de Seguridad Pública Federales hubieran analizado información obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno Federal deberá vigilar que no se vulnere alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de esta Ley, ni se ponga en riesgo la seguridad de las Instituciones de la Federación; y

III. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de Instituciones de Seguridad Pública Federales, obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de nacionalidad mexicana o con personas extranjeras, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 33.- Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción III del artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo que la Secretaría podrá suscribir con los mismos, convenio de suministración de información obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada de dicha información, conforme a lo siguiente:

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la Secretaría;

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de sus servicios de seguridad privada así como el combate a la delincuencia y comisión de otras conductas antisociales, en ejercicio de sus actividades auxiliares o complementarias de la seguridad pública;

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de suministro de información, contenidas en esta Ley así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de Seguridad Pública Federales, cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastres, conforme a la Ley General; y

IV. Que el Gobierno Federal vigile que con la suscripción del convenio no se beneficia indebidamente a un permisionario de servicios de seguridad privada en perjuicio de otros.

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, la Secretaría podrá suscribir convenio de suministro de información con permisionarios de serviciosseguridad privada de forma provisional y urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II y IV del presente artículo.

Artículo 34.- Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia este capítulo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o los Secretarios de Gobernación o de Seguridad Pública, conjunta o separadamente, suscribirán los convenios que correspondan.

En dichos convenios se establecerá la obligación de vigilar que las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, respetando en todo momento las Garantías Individuales y derechos de las personas involucradas en los mismos.

Artículo 35.- La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos o los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y resguardada en los términos establecidos en la presente Ley.

CAPITULO VIII
DE LA FORMACION DE UNA CULTURA DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGIA

Artículo 36.- Todo sistema y equipos tecnológico relacionado con servicios de alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias responsables, la participación que corresponde a la población, antes, durante y después de unasituación de emergencia o desastre, de conformidad con la legislación aplicable en la materia de que se trate.

Artículo 37.- La Secretaría y la Procuraduría implementarán el método de procesamiento y validación de información estadística, que garantice la coincidencia en los datos que reportan.

Las Instituciones de Seguridad Pública Federales procurarán la estandarización de los criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que hace referencia esta Ley.

Artículo 38.- Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la población del país, las Instituciones de Seguridad Pública Federales difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con recomendaciones específicas para la autoprotección.

Para dar cumplimiento a lo anterior dichas instituciones podrán utilizar medios masivos de comunicación, e implementar programas y campañas de prevención.

Artículo 39.- Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, la Secretaría difundirá de manera permanente y actualizada, respecto a las vías Federales, la siguiente información:

I. Vías e intersecciones más conflictivas; y

II. Las estadísticas de percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañando recomendaciones para la autoprotección de las personas.

Artículo 40.- En el informe anual al Congreso de la Unión, se darán a conocer los resultados obtenidos en la seguridad pública, con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas e intersecciones viales más conflictivas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente:

TERCERO.- El registro establecido en la presente Ley, entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO.- En el término de 180 días, el Congreso de la Unión deberá armonizar las normas aplicables a lo establecido en esta Ley para la valoración de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos.

QUINTO.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expedirá el Reglamento dentro de los 120 días naturales después de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009”.

Se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL ARTICULO 85 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Presentada por el C. SenadorAdolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Adolfo Toledo Infanzón: Gracias, señor Presidente.

La discriminación es definida como un acto de distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades; es un acto en el que se selecciona excluyendo, a fin de dar trato de inferioridad a una persona por motivos de género, raciales, religiosos, políticos, de apariencia, edad, estrato socioeconómico, por mencionar algunos.

En tal virtud, hemos encontrado que dichas acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo de la sociedad, toda vez que se ha demostrado que en aquellas sociedades donde se carece de tolerancia, las minorías se ven golpeadas en un porcentaje mayor por prácticas discriminatorias. De tal suerte, que es entonces cuando este tipo de actos son considerados como rasgos culturales e impiden el sano desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto.

Esta realidad ha obligado a que en diversas latitudes del orbe se legisle en materia de discriminación a fin de buscar los mecanismos idóneos que permitan paliar o mitigar aquellas prácticas que generan perjuicios para los distintos grupos vulnerables.

En el mismo sentido, en México desde el año 2003 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objeto de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de promover la igualdad de oportunidades y de trato.

En el artículo 85 de dicho ordenamiento legal se prevé un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación, en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

Es verdad que la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. De ahí que la autoridad política esté obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana.

Por ello, el Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones. Formalizar e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos y propiciar las actitudes de la llamada asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha.

De esta forma, en síntesis, el Estado estimula la generación de actividades con mayor participación de la llamada sociedad civil, tanto por su organización como por su influencia y campos de acción, pero teniendo en todo momento la enorme responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados, el comportamiento de los dadores y de los receptores, la participación y la respuesta; sobre todo cuando dichos resultados se fondean con recursos públicos.

Esto es precisamente lo que en esta iniciativa se pretende establecer. Una previsión que contribuya a eliminar las desafortunadas prácticas de quienes benefician desde el aparato burocrático a instituciones públicas o privadas a través de estímulos económicos bajo la figura del “reconocimiento”, a fin de transparentar la asignación del mismo, y además sancionar siempre que se descubra un acto indebido.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adicionaun párrafo quinto al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 85.- (…)

(…)

(…)

(…)

En caso de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación determine que una institución pública, privada o el particular solicitante del reconocimiento honorífico haya incurrido en falsedades o cometido alguna conducta discriminatoria, podrá negar la solicitud de reconocimiento hasta por cinco años e imponer las sanciones correspondientes en los términos de la legislación aplicable.

Señor Presidente, en virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy, le solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzon, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La discriminación es definida como un acto de distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades; es un acto en el que se selecciona excluyendo, a fin de dar trato de inferioridad a una persona por motivos de género, raciales, religiosos, políticos, de apariencia, edad, estrato socioeconómico, por decir algunos.

En tal virtud, hemos encontrado que dichas acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo de la sociedad, toda vez que se ha demostrado que en aquellas sociedades donde se carece de tolerancia, las minorías se ven golpeadas en un porcentaje mayor por prácticas discriminatorias. De tal suerte, que es entonces cuando los actos discriminatorios son considerados como rasgos culturales e impiden el sano desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto, cortesía y consideración.

Esta realidad ha obligado a que en diversas latitudes del orbe se legisle en materia de discriminación a fin de buscar los mecanismos idóneos que permitan paliar o mitigar aquellas prácticas que generan perjuicios para los distintos grupos vulnerables.

Tal es el caso de Argentina con la Ley de Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas; de Colombia con la Ley de integración Social de las Personas con Limitación; Chile con la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad; El Salvador con su Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En los casos de Canadá y Estados Unidos cuentan con el Acta de Personas con Discapacidad de Ontario y el Acta de Norteamericanos con Discapacidad respectivamente.

En el mismo sentido, en México desde el año 2003 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objeto de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

En el artículo 85 de dicho ordenamiento legal se prevé un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación, en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

Sin embargo, huelga enfatizar que dicho reconocimiento finalmente podrá servir de base para la obtención de beneficios, sin establecer ninguna previsión para el supuesto de que la solicitud de reconocimiento sea improcedente por cuestiones de falsedad de evidencias o paradójicamente por prácticas discriminatorias por parte del solicitante mismo.

Es verdad que la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. De ahí que la autoridad política esté obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana.

Por ello, el Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones. Formalizar, e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos y propiciar las actitudes de la llamada asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha.

De esta forma, en síntesis, el Estado estimula la generación de actividades con mayor participación de la llamada sociedad civil, tanto por su organización como por su influencia y campos de acción, pero teniendo en todo momento la enorme responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados, el comportamiento de los dadores y de los receptores, participación y respuesta; sobre todo cuando dichos resultados se fondean con recursos públicos.

Esto es precisamente lo que en esta Iniciativa se pretende establecer. Una previsión que contribuya a eliminar las desafortunadas prácticas de quienes benefician desde el aparato burocrático a instituciones públicas o privadas a través de estímulos económicos bajo la figura del “reconocimiento”, a fin de trasparentar la asignación del mismo, y además sancionar siempre que se descubra un acto indebido.

La transparencia es el acto que consiste en abrir la información gubernamental al público, al escrutinio de la sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona en específico, sino la práctica democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de sanción.

En términos generales, la transparencia es un atributo o cualidad que nos permite tener información clara y precisa sobre algo o alguien, lo que aumenta nuestras capacidades de comprensión, vigilancia y comunicación.

La transparencia, por lo tanto, significa que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y se comuniquen al público

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 85.- (…)

(…)

(…)

(…)

En caso de que el Consejo determine que la institución pública, privada o el particular solicitante del reconocimiento honorífico ha incurrido en falsedades o cometido alguna conducta discriminatoria, podrá negar la solicitud de reconocimiento hasta por cinco años e imponer las sanciones correspondientes en los términos de la legislación aplicable.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Y así será, SenadorToledo Infanzón. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 89 BIS Y 89 BIS 1 ALA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea, amigos y amigas:

El agua, recurso esencial de la vida, es el más conocido y difundido en todos los compuestos. Como sabemos, dos tercios de la Tierra están cubiertos de agua, la mayor parte oceánica, mientras que el agua dulce del mundo, que se encuentra en lagos, arroyos, ríos y pantanos, representan menos de una décima del 1% del agua total del planeta.

En las ultimas décadas, se han venido resintiendo los problemas de abastecimiento del recurso de agua potable para la humanidad. México es uno de los países en que claramente se manifiesta esta situación.

Situación que la disponibilidad natural media del agua per cápita al año pasó de 9 mil 815 metros cúbicos por habitante en 1970 a 4 mil 446 metros cúbicos por habitante en el 2009, una gran diferencia.

Dicha situación nos manifiesta una de las aristas de un problema sumamente complejo, porque es necesario un instrumento de regulación gubernamental para racionalizar el agua lejos de intereses económicos de los grupos empresariales.

Este proyecto de reforma que está dirigido a un aprovechamiento eficiente de los recursos que nos facilita la naturaleza, en este sentido, deseamos abrir espacios y seguir nuevas y mejores formas de la utilización del agua. El aprovechamiento de las aguas pluviales esta en esa vertiente y nuestro objetivo es proponer la obligación del aprovechamiento de las aguas de lluvia por parte de la población.

Los mexicanos corremos el riesgo inminente de una catástrofe respecto al acceso de agua potable. Y por ello, consideramos sumamente importante este tipo de acciones, ya que aunado a la educación ambiental se podrá generar una tendencia a la sustentabilidad de este preciado elemento tan necesario para vivir.

La humanidad vive una etapa de graves y complejos problemas, ahora el llamado “el oro azul” está escaseando, debemos comprometernos a mantener este recurso para futuras generaciones; y la problemática del recurso hídrico trasciende sectores y estratos sociales, y sabemos que no respeta límites geográficos.

La ciudad de México, por ejemplo, representa uno de los focos rojos de este tema, asiento de una de las mayores concentraciones poblacionales de la tierra, es el centro político, económico, cultural y social de nuestro país. Sin embargo el uso irracional de sus recursos naturales pues ha derivado en generar una invialidad a futuro, mismo esquema que presenta en muchas ciudades de nuestro país.

Y podemos mencionar ciertas ventajas del agua de lluvia como mecanismo coadyuvante en la problemática de abastecimiento del vital recurso, son las siguientes.

Por una parte es un agua relativamente limpia en comparación con otras fuentes de agua dulce disponibles.

Dado el índice de precipitación al menos durante cinco meses al año es un recurso disponible.

Es un recurso esencialmente gratuito.

Requiere de una infraestructura sencilla para su captación, almacenamiento y distribución.

Pero eso en México, amigos y amigas, es importante trascender el llamado a la ciudadanía al ahorro del agua para superar el mensaje del “ciérrale”, una nueva cultura de agua en México que implica la corresponsabilidad en el manejo del recurso, que solamente se puede dar a partir de que los ciudadanos, pues que no creemos en el proceso de toma de decisiones de la administración de agua.

Ante este panorama se requiere de un diseño y promoción de nuevos modelos participativos de gestión pública y de participación social, a través de los cuales los ciudadanos y sus organizaciones tengan la posibilidad de conocer el reto del manejo del agua.

Recientemente pues algunas organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, introdujeron en sus iniciativas la promoción de una “nueva cultura del agua”, con acciones sociales enfocadas a la promoción y difusión del derecho que todos los habitantes del planeta tenemos para contar con el agua suficiente para resolver las necesidades básicas y así tener una vida digna.

También, aquí los aspectos desde los cuales deben de enfocarse los problemas del agua en México deben ser holísticos y tomar en consideración a todos los actores que tienen incidencia en los mismos, a todos los usuarios que demandan el vital recurso, incluyendo en ello a los ecosistemas naturales.

Exhortamos entonces, respetuosamente a todos los integrantes de esta Soberanía a que consideren la importancia de generar un trabajo legislativo consciente en nuestro entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Es cuanto, señor Presidente; gracias por su atención.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua, recurso esencial de la vida, es el más conocido y difundido de todos los compuestos. En términos de peso, el cuerpo esta compuesto de casi 70% de agua, las plantas y los animales entre el 50 y 95%. Dos tercios de la Tierra están cubiertos de agua, la mayor parte oceánica, mientras que el agua dulce del mundo, que se encuentra en lagos, arroyos, ríos y pantanos, representa menos de una décima del 1% del aguan total del planeta.

El H2O como es conocido en su compuesto químico, es el único elemento común que existe en los tres estados físicos, (sólido, líquido y gaseoso), estas particularidades son las que hacen del agua un compuesto tan crucial para la vida. Gracias a que se vaporiza y se condensa con tanta facilidad provee a nuestro planeta un escudo que nos protege de los cambios drásticos de temperatura, asimismo transporta nutrientes esenciales a través de los tejidos de todos los seres vivientes, y también disuelve y dispersa los contaminantes del aire y suelo.

En las ultimas décadas, se han venido resintiendo los problemas de abastecimiento del recurso de agua potable para la humanidad. México es uno de los países en que claramente se manifiesta esta situación. La disponibilidad natural media del agua per cápita al año pasó de 9815 m3 por habitante en 1970 a 4446 m3 por habitante en el 2009.[1]

Por la presión que se ejerce sobre el recurso destaca a nivel nacional la región hidrológico administrativa XIII, relimitación que comprende al Distrito Federal y parte de los estados de Hidalgo y Estado de México, donde se extrae mas agua de la que se infiltra en los acuíferos de la región, según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el día de hoy la recarga de los acuíferos de la cuenca de México se estiman en unos 27 m3/s, mientras que a finales de la década de los noventas se estimaba una extracción de 55 m3/s.

Dicha situación nos manifiesta una de las aristas de un problema sumamente complejo, es necesario el instrumento de regulación gubernamental para racionalizar el agua lejos de los intereses económicos de los grupos empresariales. Deben de dictarse las mejores medidas en las cuales se involucre a la sociedad y en las que se tomen en cuenta los factores sociales, económicos y físicos.

Este proyecto de reforma esta dirigido a un aprovechamiento eficiente de los recursos que nos facilita la naturaleza. En este sentido, deseamos abrir espacios y seguir nuevas y mejores formas de la utilización del agua. El aprovechamiento de las aguas pluviales esta en esa vertiente y nuestro objetivo es proponer la obligación del aprovechamiento de las aguas de lluvia por parte de la población.

Los mexicanos corremos un riesgo inminente de una catástrofe en cuanto a lo que respecta al acceso de agua potable, este tipo de acciones como la que le da origen a este proyecto de reforma aunado a la educación ambiental generaran una tendencia a la sustentabilidad de este preciado elemento tan necesario para la vida. “El Agua”.

La humanidad vive una etapa de graves y complejos problemas que trascienden a todos los ámbitos, el agua es uno de los temas prioritarios y sobre el cual versan muchos de los problemas, que redundan en un riesgo alarmante para la existencia de la vida tal y como la conocemos, el agua se ha convertido en un bien de vital trascendencia, tan es de esta manera que se le ha denominado “el oro azul”. Es necesario alertar sobre las implicaciones económicas dadas al recurso hídrico ajenas totalmente a un marco de desarrollo sustentable.

México presenta una situación sui generis a nivel mundial, goza de la calidad de ser uno de los países sosegadamente diversos que cuenta con un gran variabilidad climática superado únicamente por China en lo referente a ecosistemas, tiene litorales de dos océanos diferentes, es el único país del planeta que exclusivamente goza de un mar “el golfo de California” y por otra parte sufre de manera destacada por la afectación al medio ambiente, es decir que sus riquezas naturales han sido sobre explotadas.

Entre el cúmulo de situaciones que México enfrenta, la cuestión inherente al agua es una de las que presenta mayores complejidades y constituye uno de los ejes de discusión en torno al cual deberían girar las acciones prioritarias de cualquier gobierno al corto plazo, o de ser posible de manera inmediata.

La problemática del recurso hídrico trasciende sectores y estratos sociales, no respeta límites geográficos y mucho menos niveles de gobierno. Podríamos mencionar de forma enunciativa las siguientes situaciones conflictivas, explotación, aprovechamiento, distribución, costo, saneamiento, desecamiento, inundaciones, etc., no se encuentra en el territorio de la República lugar alguno en el que no se identifique algún problema relacionado con el agua.

La cuidad de México representa uno de los focos rojos de este tema, asiento de una de las mayores concentraciones poblacionales de la tierra, es el centro político, económico, cultural y social de nuestro país. Sin embargo el uso irracional de sus recursos naturales ha derivado en generar una inviabilidad a futuro, mismo esquema que se presenta en muchas de las ciudades de nuestro país.

En nuestro país desde tiempos prehispánicos, el mayor reto fue el control, uso y manejo del agua, pero a su vez esta dificultad impulso al desarrollo de la ingeniería hidráulica creando obras como son acueductos, puentes, construcciones contra inundaciones, sistema de drenaje, construcciones de lagunas y pantanos artificiales solo por mencionar algunos.

La obligatoriedad de la captura del agua pluvial para los constructores de la Republica mediante reformas a la Ley General de asentamientos Humanos, y las medidas para su cumplimiento reducirán la sobreexplotación de los mantos acuíferos de México.

México presenta una tendencia al colapso ambiental en un futuro inmediato de no tomarse las medidas oportunas, el aprovechamiento del agua pluvial tendrá una incidencia importante en coadyuvar a la solución de la escasez de agua, una serie de reformas legales deberá contemplar esta situación a fin de hacerla obligatoria.

De ser aprobado nuestro proyecto, se calcula que podremos ahorrar hasta un 30 o 40% en el uso doméstico (es decir utilizando las aguas pluviales únicamente para el uso en las descargas de los inodoros, que consumen ese porcentaje de agua por persona) de las aguas que actualmente son extraídas de los acuíferos de las ciudades. Este trabajo conjunta una visión entre las necesidades humanas básicas (derecho humano a una vida digna, a la salud y a un medio ambiente limpio) con el desarrollo económico, y en última instancia con las finanzas públicas. La relación costos (inversión) beneficios entre el aprovechamiento de las aguas pluviales y otras opciones, es sumamente favorable (en todos los órdenes: humano, social, ambiental y económico) hacia la utilización del agua de lluvia. Lamentablemente en el ámbito gubernamental las decisiones políticas siguen apostando por inversiones faraónicas bajo perspectivas estrictamente técnicas.

El régimen jurídico del agua es amplio, diverso y disperso, los cuerpos normativos (Constitución, Leyes federales, estatales, Códigos, Reglamentos, Normas, Tratados, etc.) que regulan al vital recurso son múltiples; pero para su estudio se puede dividir en nacional o federal y estatal-municipal según el ámbito de competencia y de jurisdicción de sus normas. En el ámbito federal está principalmente la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en los términos del Artículo 27 constitucional; y en el ámbito estatal-municipal es regulada la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 constitucional.

Las ventajas del agua de lluvia como mecanismo coadyuvante en la problemática de abastecimiento del vital recurso son las siguientes:

• Por una parte es un agua relativamente limpia en comparación con otras fuentes de agua dulce disponibles.

• Dado el índice de precipitación al menos durante cinco meses al año es un recurso disponible

• Es un recurso esencialmente gratuito.

• Requiere de una infraestructura sencilla para su captación, almacenamiento y distribución.

Los artículos del Código Civil Federal que regulan el dominio privado de las aguas son del 933 al 937. Por lo que hace a la ley federal que regula a las aguas nacionales, vemos que bajo la figura de transmisión de los títulos de concesión, en el terreno fáctico, permite la transmisión y en ese sentido la comercialización de los derechos sobre el agua. Legalmente en México es válido decir que el agua es objeto de comercio.

La manera en que es concebida la apropiación de la naturaleza por parte de la sociedad está sufriendo una serie de cambios en diversos sentidos, el agua elemento trascendental para la existencia de la vida en el planeta, y también indispensable en un sinnúmero de procesos industriales, característicos de la sociedad contemporánea no ha escapado a esta serie de transformaciones en los paradigmas de la relación sociedad-naturaleza.

En México es importante trascender el llamado a la ciudadanía al ahorro del agua, superar el mero mensaje del “ciérrale” el cual solicita a la sociedad en general que ahorre el recurso, sin importar que exista mucha gente que no tiene acceso al mismo, o sin considerar que las principales fugas se ocasionan en las redes de distribución antes de llegar a los domicilios. Una “Nueva Cultura del Agua” en México implica la corresponsabilidad en el manejo del recurso, que solamente puede darse a partir de que los ciudadanos se involucren en el proceso de toma de decisiones en la administración del agua.

Ante este panorama se requiere del diseño y promoción de nuevos modelos participativos de gestión pública y de participación social, a través de los cuales los ciudadanos y sus organizaciones tengan la posibilidad de conocer el reto del manejo del agua, informarse, proponer y decidir sobre el uso del recurso.

Al respecto, el también impulsor de la “Nueva Cultura del Agua”, Javier Martínez Gil señala que la esencia de esta corriente no es una nueva política hidrológica basada en el uso más eficiente del recurso; no está en el debate sobre el ahorro, sobre lo privado o lo público, ni en las mejores formas de eficiencia. “Su esencia está en entender que el agua, aún siendo un recurso, es bastante más que eso. Es sentir la grandeza de lo que significa un río, del mismo modo que sentimos y entendemos lo que es una catedral. Es entender que el agua merece un respeto no sólo para asegurar las formas actuales de explotación y descubrir posibilidades de nuevas vueltas de tuerca a los sistemas hidrológicos. Entender que merece un respeto intrínseco, por lo que significa y simboliza. No podemos imaginar un futuro de ríos de aguas depuradas. Lo demás cae por sí solo, viene por añadidura. El reto es cómo iniciar y cómo llegar a instaurar en la sociedad de cada país, ese nivel de compresión”.

En el caso de México, recientemente organizaciones de la sociedad civil introdujeron en sus iniciativas la promoción de una “Nueva Cultura del Agua”, con acciones sociales enfocadas a la promoción y difusión del derecho que todos los habitantes del planeta tenemos para contar con el agua suficiente para resolver necesidades básicas y así tener una vida digna, pero también en la promoción del cuidado que como individuos tenemos que darle al agua.

Ante escenarios que se viven de escasez y de mala calidad en el servicio y del recurso mismo, se han conglomerado organizaciones de distinta índole para impulsar acciones de incidencia en las políticas públicas, y en la promoción de leyes que promuevan la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos, pero también en el mejoramiento de los servicios, tanto de abastecimiento como de saneamiento.

Se ha impulsado un carácter participativo de los ciudadanos, por el momento de la sociedad organizada, para que el tema del agua deje de ser un asunto exclusivo de políticos, gobernantes o empresas privadas con fuertes intereses en el manejo de estos recursos.

Este camino ha tenido significativos avances en la consolidación de grupos que impulsa una participación ciudadana proactiva en la discusión de la agenda ambiental y del agua, con un llamado para que las decisiones sobre estos temas no se sigan tomando sin la aprobación de amplios sectores de la sociedad, especialmente en lo que se refiere al manejo de los recursos hídricos y a la promoción de un proyecto de gestión del agua descentralizada, subsidiaria, y equitativa. Estas acciones sociales también han demandado que las políticas públicas seguidas hasta ahora en el manejo del agua, dejen de centrarse en el mantenimiento o ampliación de la red, ya que hasta ahora no existe un estudio serio sobre si los recursos hídricos se han utilizado adecuadamente, además de que se han dejado de lado la aplicación de nuevas tecnologías, que representan una ventana de oportunidad para la protección y uso eficiente de los recursos hídricos.

Esa es la vertiente humana o social de un problema que, en el fondo, no es tanto un problema de falta de agua en un sentido físico, sino de un problema de quiebre de la salud de los ecosistemas y de falta de equidad en la distribución de este recurso vital. Para la “Nueva Cultura del Agua”, los recursos hídricos son un espacio continuo de vidas interdependientes que se extiende desde la montaña hasta el mar; su dominio de influencia no acaba en el continente, ni sus aguas se pierden en el mar. La “Nueva Cultura del Agua”, puede permitirle a nuestro país arribar a enfrentar los desafíos de la gestión del agua en el siglo XXI.

El agua es y será un factor clave para el desarrollo económico y en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. Sin embargo, no puede seguir siendo administrada como un simple input económico. Las funciones ecológicas y los servicios ambientales generados por ríos, lagos, humedales y acuíferos, así como los valores socioculturales de existencia y de uso que encierran, deben ser reconocidos y valorados. [2]

La sobreexplotación, contaminación y privatización de este bien ha llegado a sus límites en este nuevo milenio, y la problemática de la gestión del agua no solo plantea un problema de carácter urbano y ambiental, sino que requiere ser abordada desde una perspectiva multidimensional que incorpore aspectos económicos, sociales, culturales, fiscales e institucionales. El agua es un elemento fundamental para el desarrollo sustentable de cualquier nación. Este tema debe estudiarse desde distintos ángulos: como bien nacional, desde la perspectiva ambiental y de derechos humanos, hasta su ubicación como un servicio público. Estamos ante el reto de transformar de raíz nuestra relación con el agua y ante la oportunidad de dejar un mejor futuro a las generaciones venideras.

La situación política cambio trascendentalmente a partir del año dos mil, un partido diferente gano la presidencia, las gubernaturas se dividieron prácticamente en tercios entre los principales partidos, y en ambas cámaras del Congreso de la Unión no existía una mayoría absoluta de ningún partido político.

Los desacuerdos y los conflictos entre las autoridades se presentarían a partir de entonces de manera más continua. La política no ha podido ser el instrumento requerido para resolver tales conflictos. La última herramienta a la cual se ha apostado es el derecho.

La esperanza social se encuentra en esa varita mágica, tantas veces ignorada, menospreciada, vilipendiada, pero en la cual se conglomeran los anhelos de un gran segmento de la sociedad en su conjunto.

Los aspectos desde los cuales deben enfocarse los problemas del agua en México deben ser holísticos y tomar en consideración a todos los actores que tienen incidencia en los mismos, a todos los usuarios que demandan el vital recurso, incluyendo en ello a los ecosistemas naturales.

Exhortamos respetuosamente a todos los integrantes de esta Soberanía, a que consideren la importancia de generar un trabajo legislativo consciente de nuestro entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ARTICULO UNICO: Se adiciona el Artículo 89 Bis, y el artículo 89 Bis 1 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTICULO 89 BIS.- Queda sujeto a los Estados, Municipios y el Distrito Federal, conforme a sus leyes locales, la obligación de implementar sistemas de captación de aguas pluviales, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, reuso, tratamiento y disposición final de las mismas.

ARTICULO 89 BIS 1.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos Estatales y Municipales para:

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de aguas pluviales; y

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de aguas pluviales.

Recinto del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senadora Ludivina Menchaca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la voz el Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales para que al momento de estudiar el Presupuesto de Egresos 2010 de su respectiva entidad federativa, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad en el gasto público.


[1] Comisión Nacional del Agua, México, V Foro Mundial del Agua. El Aguan en México.

[2] Declaratoria europea por una Nueva Cultura del Agua.






PROPUESTAS

- El C. Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco: Gracias, señor Presidente, y con su permiso; compañeras y compañeros Senadores:

Es de todos sabido, que en este año 2009, ha sido muy complicado para la economía nacional, producto de la crisis internacional más grave desde la gran depresión mundial del año de 1929, misma que ha provocado una contracción sin precedente del Producto Interno Bruto nacional en el primer semestre de más del 10 por ciento.

Consciente de estas adversidades, el Presidente Felipe Calderón ha tomado medidas trascendentes para reducir gasto público en su administración, entre las más importantes se destacan la propuesta de desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y la Función Pública, la disminución del 5 por ciento en la estructura de mandos superiores de todas las Secretarías, con el objeto de eliminar 50 plazas que corresponden a las de más alto sueldo, la reducción del 10 por ciento en el gasto operativo de las embajadas y las delegaciones, la contracción del 15.5 por ciento en el gasto operativo de las Secretarías y Organos Desconcentrados, la disminución del pago en celulares, mobiliarios, combustibles, asesorías, comunicación social y viáticos y congelamiento de sueldos en toda la administración pública.

Las medidas citadas son congruentes con la realidad que vive el país, y permitirán que en el año 2010 se tengan más recursos disponibles para asignarlos a educación, salud, seguridad, infraestructural social y productiva, y los programas para combatir la pobreza.

Preocupa que, en el marco de esta política de austeridad, no existan pronunciamientos claros y contundentes de las entidades federativas. Que los criterios de ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público aparentemente no forman parte de las prioridades de los estados. En el mismo tenor cabe señalar que de acuerdo a un informe elaborado en el Instituto Mexicano para la Competitividad con datos del INEGI, se señala que el crecimiento real acumulado y servicios personales del año 2001 al 2007 por parte de las entidades federativas ha tenido incremento de 29 por ciento. Por otro lado, es de preocupación mayor que el citado incremento le haya manifestado en un 68 por ciento en los servicios personales municipales.

Es importante hacer hincapié fuera de toda retórica política que estamos en un momento decisivo para la vida del país y debemos dar un viraje privilegiando la austeridad y la disciplina, dejando atrás los despilfarros y excesos en el gasto público, es por estas razones que presento en el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución en el cual se exhorta a los congresos estatales para que al momento en el que estén analizando su presupuesto de egresos 2010 privilegien los criterios de austeridad, eficiencia, ahorro presupuestal y racionalidad en el gasto público.

Por lo anteriormente expuesto, pongo en consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a los Congresos Locales para que, durante el estudio de presupuesto de egresos de su entidad correspondiente al ejercicio fiscal de 2010 se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.

Segundo.- Solicito de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que considere de urgente y obvia resolución y por el cual espero los votos de los Senadores aquí presentes.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES PARA QUE, AL MOMENTO DE ESTUDIAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DE SU RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA, SE PRIVILIGIEN LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, AHORRO PRESUPUESTAL, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO

“Senador Carlos Navarrete Ruiz.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
Presente.

El que suscribe, Alfredo Rodriguez y Pacheco Senador por el estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me otorga en los artículos 71) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Honorable Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el cual se le exhorta a los Congresos Locales para que, al momento de estudiar el Presupuesto de Egresos 2010 de su respectiva Entidad Federativa, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.

Primero.- Es de todos sabido, que este año 2009, ha sido muy complicado para la economía nacional, producto de la crisis internacional mas grave desde la gran depresión mundial del año de 1929, misma que ha provocado una contracción sin precedente del Producto Interno Bruto nacional en el primer semestre de más de 10%, según datos proporcionados tanto por la Secretaría de Hacienda como la de Economía.

Segundo.- Consciente de estas adversidades, el Presidente Felipe Calderón ha tomado medidas trascendentes para reducir el gasto público en su administración, entre las más importantes se destacan la propuesta de desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y la Función Pública, la disminución del 5% en la estructura de mandos superiores de todas las Secretarías, con el objeto de eliminar 50 plazas que corresponden a las de mas alto sueldo, la reducción del 10% en el Gasto operativo de las Embajadas y las Delegaciones, la contracción del 15.5% en el Gasto operativo de las Secretarías y Órganos Desconcentrados, la disminución del pago en celulares, mobiliario, combustibles, asesorías, comunicación social y viáticos y el congelamiento de sueldos en toda la Administración Pública.

Tercero.- Las medidas citadas en el párrafo anterior, son congruentes con la realidad que vive el país, y permitirán que en el año 2010, se tengan más recursos disponibles para asignarlos a educación, salud, seguridad, infraestructura social y productiva ylos programas para combatir la pobreza.

Cuarto.- Preocupa que, en el marco de ésta política de austeridad, no existan pronunciamientos claros y contundentes de las Entidades Federativas; Que los criterios de ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público aparentemente no forman parte de las prioridades de los Estados; En el mismo tenor cabe señalar que de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con datos del INEGI1, se señala que el crecimiento real acumulado en servicios personales del año 2001 al 2007 por parte de las Entidades Federativas ha tenido un incremento de 29%. Por otro lado es de preocupación mayor que el citado incremento se haya manifestado en un 68% en los servicios personales municipales.

Quinto.- Es importante hacer hincapié fuera de toda retórica política que estamos en un momento decisivo para la vida del país y debemos dar un viraje privilegiando la austeridad y la disciplina, dejando atrás los despilfarros y excesos en el gasto público, es por estas razones que presento el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, en el cual se exhorta a los Congresos Estatales para que al momento en el que estén analizando su presupuesto de Egresos 2010 privilegien los criterios de austeridad, eficiencia, ahorro presupuestal y racionalidad en el gasto público.

Por lo anteriormente expuesto, pongo en consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a los Congresos Locales para que, durante el estudio del Presupuesto de Egresos de su Entidad correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público.

Segundo.- Solicito de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se considere de Urgente y Obvia Resolución.

Palacio Legislativo de Xicotencalt, a 17 de noviembre de 2009.

Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Rodríguez y Pacheco. Tal y como ha sido solicitado, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución, pero quisiera informar a la Asamblea, que nos visita un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, del estado de Campeche, acude con ellos la muy distinguida profesora doña Isela Rejón Jiménez, a invitación de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, ¡sean ustedes bienvenidos!

Continúe la Secretaría.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los que estén porque se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea. No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer un intensivo programa informativo sobre las medidas preventivas del virus de la influenza A/H1N1 en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas de México, mismo que se turna a la Comisión de Salud para el análisis y dictamen que corresponda.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN INTENSIVO PROGRAMA INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A/H1N1 EN LAS DIFERENTES LENGUAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE MEXICO

“El suscrito, Senador Adolfo Toledo Infanzon, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, al 30 de octubre de este año, se han confirmado 441 mil 661 casos con el virus H1N1, de los cuales 5 mil 712 personas han perdido la vida a consecuencia del mismo. De ahí que la misma Organización Mundial de la Salud afirme que este virus ha desplazado a la gripe estacional en todo el mundo, convirtiéndose en la influenza predominante, mientras que en algunos países del Hemisferio Norte es prácticamente la única, cobrando la vida de más de 5 mil personas en tan sólo siete meses, lo que representa un incremento de 14% cada semana.

Así, por lo que respecta a nuestro país, el más reciente informe de la Secretaría de Salud Federal sobre esta epidemia refiere que a inicios de este mes de noviembre se han registrado un total de 398 decesos a consecuencia del virus AH1N1, así como 53 mil 900 personas contagiadas por dicho mal, en prácticamente todo el territorio nacional, razón por la cual dicha Dependencia, a través de diversos comunicados de carácter oficial, continúa exhortando a la población en general a permanecer atentos a todas las medidas de prevención del contagio que la misma realice.

Sin embargo, es por demás lamentable observar que en las diversas zonas y comunidades indígenas del país no existe la debida información sobre las medidas preventivas para el contagio de la pandemia que aquí nos ocupa.

En efecto, en el mismo documento de la Secretaría de Salud se refleja claramente que el virus AH1N1 se ha expandido por todo nuestro país, incluyendo los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, justamente las entidades más pobres del país, y cuya densidad poblacional representa el 75.6% de los 6 millones de indígenas que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan en México.

El problema de la propagación del virus H1N1 en las regiones indígenas del país no es baladí ni mucho menos; pues, tan sólo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se han confirmado 7,329 casos de los 54,298 existentes en todo el país, representando el 13.4% de los mismos. De tal suerte que, el aumento exponencial del contagio en estas regiones obedece en buena medida a la falta de información que tiene la población indígena de nuestro país, al no existir una política de difusión de las medidas preventivas de esta pandemia en las diferentes lenguas y dialectos indígenas en México.

Ciertamente existen diversas medidas tendientes a la difusión de estas medidas preventivas, como las diseñadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el cual se ha comprometido a colaborar con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la difusión de acciones para prevenir la propagación del virus de la influenza AH1N1, principalmente de los mensajes de la Secretaría de Salud en las más de 40 variantes lingüísticas existentes en México.

De igual forma, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Estado de Oaxaca ha realizado una verdadera labor encomiable en este rubro, al dar a conocer cápsulas informativas a una veintena de autoridades de comunidades indígenas, que contienen medidas preventivas en contra de dicho virus. Así, de esta manera dicha Dependencia ha traducido y difundido diversas medidas sanitarias en zapoteco, chatino, chinanteco, náhuatl, huave, mixe, chocholteco, amuzgo y mixteco, dado que existen regiones donde la mayoría de la población habla lengua indígena, como la comunidad de Santa Catarina Yosonotú, población indígena que supera el 80%, y cuyos medios de comunicación se limitan a una case telefónica.

Sin embargo, dichas actividades realizadas por sendos organismos no son suficientes ni constituyen un verdadero paliativo para el desconocimiento de las distintas medidas de prevención por parte de las zonas y comunidades indígenas de nuestro país.

Resulta, pues, impostergable el diseño y ejecución de un programa informativo por parte del Gobierno Federal, concretamente de la Secretaría de Salud, a fin de comunicar de manera integral a toda la población indígena del país las medidas preventivas de la propagación del virus de la influenza AH1N1, lo que sin duda contribuirá a salvar miles de vidas humanas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de Salud, a que establezca un programa informativo sobre las medidas preventivas del virus de la influenza A/H1N1 en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas de México, a fin de contribuir a evitar la propagación de esta enfermedad en aquellas regiones del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado se pronuncia en contra de diversas disposiciones contenidas en las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias.

- El C. Senador Fernando Velázquez López: Muy buenas tardes.

En congruencia con la preocupación y el seguimiento que le hemos dado al tema este de la migración y transmigración, este día quiero hacer del conocimiento de la Asamblea este punto de Acuerdo a efecto de que las Comisiones a donde sea turnado el tema, sea visto con la simpatía y la urgencia que el asunto necesita.

Esta propuesta nace del compromiso asumido el pasado 22 de octubre de este año, durante la Semana Nacional de Migración, evento organizado por el Instituto Nacional de Migración, cuyo objetivo principal fue proponer la creación de una nueva ley en materia migratoria, ojalá que nosotros como Senado, podamos abrir los oídos a este tema urgente para el país y se pueda volver a constituir aquel grupo plural que se constituyó hace dos años creo, y que no funcionó, porque nos avasallaron otras emergencias, otras urgencias dejando a un lado esta urgencia del tema migratorio que por sí mismo tiene su verdadera importancia, y hay varios Senadores y Senadoras de este Pleno que están interesados en el tema y lo han estado trabajando de manera recurrente. Ojalá la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva puedan tomar la preocupación y volver a constituir este grupo especial.

Existen diversos precedentes legislativos acerca de las normas que regulan el funcionamiento de las estaciones migratorias, el 18 de octubre de 2007, manifesté ante esta Soberanía la necesidad de exhortar al entonces Secretario de gobernación, hoy Diputado, Francisco Javier Ramírez Acuña y a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, doña Cecilia Romero Castillo, para que en la emisión del acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, se eliminare, por considerarlas un retroceso en la política migratoria, la práctica de fichas a los inmigrantes indocumentados, asimismo solicité la comparecencia de la Comisionada con el objeto de revisar dicho documento.

Esto es en base a que los migrantes centroamericanos son más bien transmigrantes en su gran mayoría, vaya, de paso en busca de mejores horizontes que seguramente no encuentran en nuestro país, desafortunadamente.

De igual manera, el Senador Monreal expuso su inconformidad con la entrada en vigor del Reglamento para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias de la Frontera Sur, ya que tales reglamentaciones agravan las acciones contra los inmigrantes indocumentados y a quien los auxilian, sean organizaciones de la sociedad civil o religiosas.

En esta ocasión se propuso elaborar un nuevo reglamento tomando en consideración las observaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dichas solicitudes no fueron atendidas por las autoridades antes mencionadas, sino hasta el pasado 7 de octubre de 2009, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, sin embargo tales normas no cumplieron con su cometido, ya que persisten prácticas degradantes e inhumanas como el fichar a los inmigrantes y a las personas que soliciten autorización para visitar a los alojados en las estaciones migratorias.

Asimismo son consistentes las restricciones a las organizaciones civiles y a las religiosas, primeramente por la figura de negativa ficta contemplada en el procedimiento de inscripción para tener acceso a las estaciones migratorias, la cual propicia que la autoridad responsable no estudie detenidamente los documentos necesarios para otorgar el permiso.

En este contexto es oportuno mencionar que además dichas normas obligan a los alojados a contestar con veracidad al cuestionario realizado por las autoridades migratorias, cuestionamiento que tiene el propósito de conocer su situación migratoria e integrar su expediente personal, así como proporcionar cualquier otro dato que se le solicite.

Otra de las irregularidades contenidas en las normas que regulan el funcionamiento de las estaciones, es la medida disciplinaria de separación temporal o aislamiento, al ser una práctica denigrante e inhumana que vulnere los derechos humanos de los alojados.

Todas estas situaciones están contempladas en mi propuesta, y también hago esta propuesta a la luz de la Interparlamentaria que empezará pasado mañana allá en Guatemala y que naturalmente el propósito es respetar los derechos humanos, pero por otro lado mandar un mensaje hacia el norte de que México se está poniendo al corriente en esta materia de respeto de los derechos humanos de los migrantes y de los transmigrantes. Ojalá que las comisiones cuando sea turnada esta propuesta pueda resolver pronto este asunto y sea de manera positiva.

Señor Presidente, gracias por su atención.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES MIGRATORIAS, POR CONSIDERARLAS VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

“El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República se pronuncia en contra de diversas disposiciones contenidas en las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, por considerarlas violatorias de los Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su desconcierto al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, C. Cecilia Romero Castillo por ignorar las recomendaciones emitidas por esta soberanía y diversas organizaciones sociales, relativasa la emisióndel “Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración”.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, C. Fernando Gómez Mont y a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, C. Cecilia Romero Castillo, a modificar del “Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración” las siguientes disposiciones por considerarlas violatorias de los derechos humanos:

a) Eliminar la práctica de “fichar” a los inmigrantes indocumentados, y a las personas que soliciten autorización para visitar a los alojados en dichas instalaciones;

b) Replantear la figura jurídica de negativa ficta en el procedimiento de inscripción que realizan las asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil, para tener acceso a las estaciones migratorias;

c) Eliminar la obligatoriedad que tienen los alojados para responder con veracidad al cuestionario realizado por las autoridades migratorias, siendo ésta una causal suficiente para imponer medidas disciplinarias; considerando que la respuesta ha dicho cuestionario debe brindarse de manera libre y sin ejercer coacción alguna.

d) Eliminar la medida disciplinaria de separación temporal o “aislamiento”, al ser una práctica denigrante e inhumana que vulnera los derechos humanos de los alojados. Menester que dicha medida no responde a la naturaleza del procedimiento migratorio.

e) Contemplar como instrumentos marco la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, con el propósito de adecuar sus disposiciones al texto de estas normas”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Velázquez López. Se están sumando varios Senadores: Ricardo Monreal Avila, Francisco Herrera León, Melquiades Morales Flores, Adolfo Toledo Infanzón, David Jiménez Rumbo, Pedro Joaquín Coldwell, Carlos Jiménez Macías, Francisco Labastida Ochoa, María del Socorro García Quiroz, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Pacheco Rodríguez, también.

Túrnese a la Comisión de Población y Desarrollo para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre la existencia de grupos armados denominados “Escuadrones de la Muerte”, en el territorio nacional.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores:

Por fin me tocó el turno para presentar este punto de Acuerdo después de tres semanas.

Como ustedes recordarán, hace tres semanas se evidenció en el país, se constató en el país la presencia formal de “Escuadrones de la Muerte”. Un alcalde de Nuevo León, de un municipio de Nuevo León, afirmó, primero, que habían sido asesinados miembros de una peligrosa banda de secuestradores y que habían aparecido muertos en la ciudad de México.

Pero lo grave es que anticipó la presencia y la existencia de los cadáveres horas antes de que la propia autoridad lo confirmara y afirmó textualmente que él contrataría este tipo de “Escuadrones de la Muerte” que son de exterminio, sin hacer caso de la ley o el derecho.

Desde ese día presenté un punto de Acuerdo que hasta ahora estamos comentando, y es que el Senado de la República y el Congreso Mexicano no debería dejar pasar desapercibido este tipo de manifestaciones, porque prácticamente se confirma de la existencia, contratación, promoción y complicidad de grupos paramilitares que actúan al margen de la ley, sin procedimientos, sin reglas, sin observancia a ninguna disposición jurídica.

Por eso mi preocupación como Senador, una llamada de atención al gobierno, que salvo declaraciones tibias también han consentido la existencia de estos grupos paramilitares, grupos de limpieza o grupos de exterminio.

Lo más grave es que se solape la existencia. Ya sabíamos de la presencia de estos grupos en algunos estados del país: Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, y otros, en donde grupos de empresarios y ahora autoridades municipales, electas popularmente, contratan soldados israelíes, rusos o norteamericanos para que éstos actúen al margen de la ley, para que éstos exterminen a los adversarios, a las pandillas, a los grupos criminales sin ninguna contemplación y procedimiento jurídico.

El problema es más grave de lo que muchos se suponen, porque al pasar del tiempo estos grupos de exterminadores sustituyen a los exterminados.

Señor Presidente, le pediría que llamara la atención de la Asamblea, es un tema, hoy es una sesión demasiado breve. Hay muchos asuntos en el país que tratar, pero hay poca atención como siempre.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se ruega a la Asamblea tenga la gentileza de escuchar con atención al orador.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Al menos háganlo por nuestros visitantes que vienen de universidades y de algunos otros lugares, porque nos da pena ajena que vean estos espectáculos, que nadie atiende, que nadie escucha, que les parece como un mercado este Senado y nadie pone atención, aún a los temas más importantes que se traten en esta tribuna. Por respeto a ellos, deberían guardar un poco de silencio.

Entonces comentaba, señor Presidente y Honorable Asamblea, que mi punto de Acuerdo consiste fundamentalmente en solicitarle al gobierno federal, al Secretario de Gobernación y al CISEN, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, informen a este Senado sobre la existencia de estos grupos, solapados o no, que actúan al margen de la ley en varias entidades del país.

Pero también la segunda parte del punto de Acuerdo plantea que la Junta de Coordinación Política pueda darle seguimiento a este asunto tan delicado.

Hemos perdido toda capacidad de asombro de lo que pasa en el país, estos grupos de exterminio han existido siempre en la historia de la humanidad, ahora incluso cínicamente se anuncian en los medios de comunicación para poder limpiar del territorio, cualquiera que éste sea, a grupos de personas, delincuentes o no, a exterminarlos y limpiarlos.

Este Senado no puede consentir que se presente este tipo de manifestaciones, este Senado no puede mantenerse tan tranquilo, tan callado frente a personas que lamentablemente están contratando desde el poder mismo a grupos de sicarios, de paramilitares, de personas adiestradas en las armas para que actúen por encima de la ley, para que actúen al margen de la Constitución, exterminando personas y exterminando ciudadanos.

Por eso, señor Presidente, solicité desde hace tres semanas se incorporara este punto de Acuerdo, no podemos mantenernos tan tranquilos, tres semanas para tocar un tema de la mayor relevancia.

El presidente municipal de aquella localidad en Nuevo León ha expresado contundentemente que él va a continuar utilizando este tipo de “Escuadrones de la Muerte” y nadie dice absolutamente nada.

El Congreso mexicano debería haber hecho un exhorto, una moción o debe de hacer incluso un extrañamiento a este tipo de manifestaciones, si lo hubiera hecho un opositor, como cuando Andrés Manuel dijo: “Al diablo con las instituciones”, todo mundo actuó de manera casi linchando a Andrés Manuel, y ahora que un presidente municipal ha mandado al diablo a las instituciones para actuar bajo su propia condición, contratando sicarios y soldados rusos e israelíes, nadie dice nada, ni en esta ni en ninguna otra Asamblea.

Este Congreso callado, este Congreso que lamentablemente está dominado por dos partidos y que no hay ningún tipo de reflexión en torno a los problemas más importantes del país.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A EL EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EXISTENCIA DE GRUPOS ARMADOS DENOMINADOS “ESCUADRONES DE LA MUERTE”, EN EL TERRITORIO NACIONAL

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, envíen un informe detallado sobre la existencia de grupos armados denominados “Escuadrones de la Muerte” en el territorio nacional.

SEGUNDO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, integre una Comisión Investigadora, para determinar las causas del surgimiento de estos grupos, así como sus alcances.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Ricardo Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna a Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer la conciencia ecológica.

- El C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias, señor Presidente.

Julio fue el segundo mes más seco en 68 años; peligran alrededor de 7 millones de hectáreas de áreas cultivables en nuestro país por sequía; varias presas del país están al 20% de su capacidad; el Huracán Jimena golpea con fuerza las costas de Sonora y Baja California Sur, las pérdidas por el Huracán Jimena son millonarias.

Rebote de influenza amenaza a miles de mexicanos; aparecen 104 casos de dengue en Puebla; Hidalgo reporta 100 casos de dengue; SEGOB alerta por oleaje en el Pacífico; cierran playas en Guerrero por muerte de turistas; 30% de agua menos en el Valle de México; enfrentamos la peor crisis por agua en muchos años, habrá recorte de agua en el Distrito Federal; inundaciones arrasan comunidades enteras en Tabasco; en Veracruz las inundaciones mermaron la producción diaria de petróleo.

Estos, compañeras y compañeros, son algunos de los encabezados en los últimos meses publicados en los principales medios de comunicación masiva en el país. No podemos negar, estamos enfrentando una crisis ambiental sin precedentes. Hasta hace poco creíamos que el Océano, los bosques y las selvas eran una fuente inagotable de recursos en donde también podíamos esconder nuestros desechos. Hoy nuestros hijos nos están enseñando que no debemos tirar basura en las calles, que debemos ahorrar agua, que nuestros mares y ríos no son inagotables; pero la realidad es que no siempre los escuchamos.

Hoy vemos con tristeza cómo muchas de nuestras playas, de nuestros ríos y bosques están llenos de desechos que dañan sus ecosistemas. Tan sólo el tiradero más grande de basura se encuentra en el Océano Pacífico abarcando miles y miles de kilómetros.

Hoy somos testigos de cómo se tira basura en las calles, en las carreteras y en los parques, sin importar en dónde van a parar esos residuos. Hoy los mexicanos generamos alrededor de 37 millones de toneladas de basura al año, una cifra histórica, y a pesar de que estamos viviendo una de las crisis por escasez de agua, alrededor del 60% de nuestros recursos hídricos no son aprovechados.

Senadoras y Senadores:

Es urgente despertar conciencias, es indispensable crear una nueva cultura ambiental que modifique nuestras costumbres en todas las esferas de la sociedad, y no sólo a nuestros hijos. Recordemos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define a la educación ambiental como el proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar, como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente.

Es urgente dar una solución concreta a la falta de educación y cultura ambiental en el país. En la actualidad las naciones más poderosas del mundo están transitando hacia nuevas formas de vida más amigables con la naturaleza, para poder ser competitivos los mexicanos necesitamos adoptar prácticas que nos lleven a transitar a un desarrollo sustentable.

Por ello, me parece necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover ante los medios de comunicación masiva el fortalecimiento de campañas de conscientización ambiental, para fomentar el manejo inteligente y con visión de largo plazo de nuestros recursos naturales.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A FORTALECER LA CONCIENCIA ECOLOGICA, A TRAVES DE CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ, Senador de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la conciencia ecológica, a través de campañas de Educación Ambiental en los medios de comunicación masiva.

CONSIDERACIONES

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define a la Educación Ambiental como el “proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida” (Artículo 3, Fracción XXXVII).

En este contexto, hablar de Educación Ambiental no sólo se refiere a la protección de los ecosistemas sino que aborda dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales, así como modelos de producción y consumo actuales y la explotación responsable de nuestros recursos.

La Educación Ambiental, trata de concienciar a la población acerca de los problemas ambientales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más del 17% de los recursos naturales del planeta se están degradando o se utilizan de manera insostenible. Para este Siglo XXI, la huella ecológica1 de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ascendía a 7.17 hectáreas, lo que significa que en todo el mundo (excepto por algunos países de África y Latinoamérica), la superficie necesaria para mantener a la población está por arriba de su capacidad biológica2.

En México la huella ecológica por habitante es de 3.4 hectáreas por habitante, mientras que la capacidad biológica se calcula en 1.7 hectáreas globales por persona, esto significa que para lograr un manejo sustentable de nuestro territorio debemos reducir nuestro impacto sobre los recursos, disminuyendo la población en más de la mitad (SEMARNAT. Informe de la situación del medio ambiente en México 2002 y 2008).

Los objetivos de la Educación Ambiental, deben encaminarse a la sensibilización de la sociedad en general para promover comportamientos adecuados, valores ambientales, acciones individuales y colectivas destinadas a alcanzar un cambio que nos obligue a responder ante la crisis ambiental actual.

La tarea de fomentar la Educación en el país, corresponde al Estado de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a ello, de acuerdo con la Ley General de Educación, la educación que imparte el Estado debe “inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad” (Artículo 7º, Fracción XI)

Así, en materia ambiental, la tarea de educar a la sociedad se lleva a cabo a través de las dependencias especializadas en el tema, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Secretaria de Educación Pública, tiene como facultad promover el análisis de los programas de protección ambiental con el fin de identificar y diseñar planes y programas de educación (Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Artículo 31, Fracción IX).

Por su parte, la SEMARNAT, debe tomar en cuenta la educación para la formulación y conducción de la política ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 15). En este tenor, debe promover la incorporación de contenidos ecológicos en la educación básica, así como la participación de los medios de comunicación para fortalecer la conciencia ecológica, así como la generación de conocimientos estratégicos sobre la naturaleza y la interacción de los ecosistemas, a fin de contar con información que permita la elaboración de programas de conservación, restauración y protección del ambiente (LGEEPA, Artículo 39).

Hoy por hoy, la Educación Ambiental en el país se imparte de manera formal dentro de los programas de educación básica a partir del 3er. grado, dentro de la materia de Ciencias Naturales, y en secundaria como Ciencias I.

La Educación Ambiental en México, también se promueve a través del Centro de Educación y Capacitación par el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, quien de acuerdo con el Reglamento Interior de la misma Secretaría debe, entre otras acciones, formular y aplicar, en colaboración con la Coordinación General de Comunicación Social, los proyectos de comunicación educativa dirigidos a fomentar una conciencia publica así como la participación ciudadana para el desarrollo sustentable, además de apoyar la instrumentación de programas de educación para el desarrollo sustentable de los poseedores y usuarios de los recursos naturales (Artículo 17, Fracción V y XII).

En el 2002, mediante la resolución 57/254, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el “Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sustentable 2005-2014)”, designando como promotor a la UNESCO.

Esta iniciativa “propone impulsar alianzas en todos los niveles, comenzando en el ámbito local y comunitario, hasta cubrir el contexto nacional e internacional, al involucrar a todas las esferas de los sectores público y privado”.

El 11 de marzo de 2005 el gobierno mexicano, a través de la SEMARNAT y la SEP, suscribe el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, con la finalidad de contribuir a hacer realidad el desarrollo sustentable en el país y con ello la conservación y protección de nuestros recursos naturales, siendo el primer país que tomó acciones.

Esta iniciativa se basa en el establecimiento de alianzas en todos los ámbitos, involucrando a los sectores público y privado, a los tres órdenes de gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios y a la academia, y se propone fortalecer vínculos para construir un proceso educativo que:

• Contribuya a hacer realidad el Desarrollo Sustentable en el país;

• Se sustente en las instituciones escolares de los distintos niveles y modalidades, pero que las trascienda, proyectándose a todas las esferas de la vida pública y privada;

• Coadyuve a enfrentar los complejos desafíos de un mundo cada vez más interdependiente en permanente transición y con realidades disímiles y contrastantes;

• Permita a la ciudadanía participar críticamente en la toma de decisiones;

• Favorezca la mitigación del deterioro ambiental y la conservación de la diversidad biológica.

Para lograr los objetivos del compromiso, se planteó trabajar en un tema específico por año, organizando eventos y campañas en todos los niveles y con la conformación de un Consejo que permita dar seguimiento. Los temas a desarrollar son:

2005: Educación ambiental para la sustentabilidad.

2006: Agua, Bosque y calidad de vida.

2007: Consumo sustentable y equidad social.

2008: Salud y vulnerabilidad.

2009: Reducción de la pobreza y desarrollo rural sustentable.

2010: Diversidad cultural y natural.

2011: Participación ciudadana y ejercicio de la democracia.

2012: Población y derechos humanos.

2013: Ética y valores para la sustentabilidad.

2014: La educación para el desarrollo sustentable en el conocimiento de la sociedad.

Nuestro país ha presentado varios avances dentro del Compromiso por la Educación Ambiental. Por una parte, en 2007 presentó la publicación “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”, destinado a la capacitación de docentes de educación superior, habiendo repartido ya alrededor de un millón 139 mil libros.

Aunado a ello se desarrollo la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, que de cierta forma recopila los Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación y Comunicación Educativa para el Desarrollo Sustentable. Este instrumento presenta un análisis de los avances, pendientes y propone las líneas de acción que habrán de establecerse para lograr la Sustentabilidad en el país a mediano plazo.

Finalmente, en 2007 la SEMARNAT y la SEP, firmaron un “Convenio Bases de Coordinación” para reforzar el trabajo en la creación de una nueva cultura ambiental, a través del diseño de un “programa de educación orientado al Desarrollo Sustentable, apoyándose en los libros de texto gratuitos.

La educación y cultura ambiental es uno de los principios rectores del actual Gobierno Federal, así lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y lo ha demostrado con las diferentes acciones que se han llevado a cabo para fortalecer la cultura ambiental en el país.

A pesar de lo anteriormente expuesto, la Educación Ambiental en nuestro país se enfrenta ante una compleja problemática ya que no está llegando a todos los sectores del país, como lo estipulan los instrumentos normativos.

Aunado a esto, los educadores y profesores del sistema educativo no están capacitados para manejar el tema con los estudiantes. Además, los adultos, a diferencia de los niños, no hemos visualizado el problema ambiental, existiendo una apatía generalizada ante la crisis ambiental que experimentamos.

El principal obstáculo para fomentar una Cultura Ambiental armonizada en el país es que dentro de la familia y en los medios de comunicación masiva, no existe orientación o información seria y permanente. Aunado a ello, el consumismo incontrolado no ha llevado a crecer como una sociedad poco conciente de nuestros residuos, hoy estamos generado cada año cerca de 37 millones de toneladas de residuos, de los cuales muchos van a parar a predios baldíos contaminando el suelo, aire y agua.

Hoy, vemos con tristeza que la falta de cultura y planeación ambiental, se está manifestando en una de las crisis de escasez de agua más relevantes en la historia de México.

De continuar así, el medio ambiente en México se seguirá degradando junto con nuestra calidad de vida.

Es urgente dar una solución concreta a la falta de Educación y Cultura Ambiental en el país, ya que a través de ello se promueve la toma de conciencia en el ámbito social y económico. Hoy en día las naciones más poderosas del mundo están transitando hacia formas de vida más amigables con la naturaleza, para poder ser competitivos, los mexicanos necesitamos adoptar las prácticas que nos lleven a lograr un Desarrollo Sustentable integral.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promueva la participación comprometida de los medios de comunicación masiva, especialmente de radio y televisión, para que través de campañas de concientización, que fortalezcan la conciencia ecológica de la sociedad mexicana y con ello fomentar el buen manejo de los recursos naturales del país.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Educación Pública, para que informe sobre los avances a la fecha del Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 17 de noviembre de 2009.

Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Tamborrel Suárez. Se quiere sumar la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas. Sí acepta con mucho gusto. Bueno, pues estamos tomando nota. Todos han quedado debidamente registrados, y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la voz al Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a elaborar el Padrón Unico de Maestros del Sistema Educativo Nacional.

- El C. Senador Ramiro Hernández García: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El principal tema educativo del país gira en torno a los deficientes resultados de aprendizaje de los niños y jóvenes a partir de las evaluaciones internacionales; no obstante esta realidad, persiste otro que desde hace tiempo investigadores, periodistas, asociaciones civiles y otros actores, incluido el mismo Congreso, demandan al gobierno para que haya transparencia en el número de plazas de los trabajadores de la educación y la cantidad de comisionados.

En 2007, esta Soberanía solicitó a la Secretaría de Educación Pública, informara de la cantidad de comisionados en diversas instancias. Al contestar sólo dio información relativa a 14 estados y después de otros tres, sin que a la fecha se tenga la información completa.

De acuerdo a información difundida en algunos medios nacionales, existen entre 100 y 120 mil profesores comisionados, lo que sugiere que uno de cada diez maestros realiza una actividad diferente a la del aula y por lo tanto, afecta la vida escolar de los millones de educandos inscritos en las escuelas públicas. No se tiene conocimiento donde se ubican, ni cuáles son las actividades y funciones que están asumiendo dichos profesores

Al respecto, es de mencionar que el Presidente Felipe Calderón propuso al Congreso, en el artículo 9, fracción IV de la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico y normal, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas.

Además, propone que “La Secretaría de Educación Pública deberá contar, a más tardar el último día hábil de julio, con un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Unica de Registro de Población. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública establecerá y administrará un sistema electrónico al cual dará acceso a las entidades federativas que lo soliciten para facilitar la administración de las plazas y el pago de nómina correspondiente. Las altas y las bajas del registro serán autorizadas exclusivamente por el área competente de la referida dependencia”.

La propuesta también menciona que los estados deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública, toda la información relativa a la matrícula y la nómina, y propone que los estados informen a la Secretaría de Educación Pública trimestralmente sobre el número, los nombres y las funciones específicas del personal comisionado, así como el periodo de duración de su comisión y que se publiquen las listas correspondientes en sus páginas de internet.

Con esto pretende transparentar los recursos e implementar un registro del personal docente en el ramo educativo.

Estas acciones han sido bien vistas por diversos sectores, quienes han manifestado que transparentar el número de plazas y maestros, escuelas y matrícula, beneficiaría al sistema educativo nacional, pues ayudará a hacer la conciliación de las bases de datos estatales y federales, actualmente no existe esa base de datos debido a que los estados tienen la facultad de contratar a sus propios maestros, además ayudar a transparentar la nómina y los comisionados, pero también para conocer realmente cuántos maestros están frente a grupo.

Debemos mencionar que la Secretaría de Educación Pública cuenta con su analítico de plazas, pero esta no incluye a los maestros contratados por los gobiernos estatales; asimismo, la dependencia recaba información a través del formato 911, que remite cada director de plantel al inicio y terminación del ciclo escolar, pero no incluyen el nombre de los maestros, su RFC ni su CURP, tampoco detalla el número de maestros que están frente a grupo por grado escolar.

No obstante la propuesta del Ejecutivo, esta resulta insuficiente, por lo que se hace necesario conocer a detalle el número de docentes, clave, adscripción, escolaridad, funciones, entre otros datos. De ahí nuestra propuesta para que la Secretaría de Educación Pública elabore un padrón de maestros, en donde se incluya a todos aquellos que laboran en el sistema educativo nacional.

Por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de su competencia, elaboren el Padrón Unico de Maestros del Sistema Educativo Nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A ELABORAR EL PADRON UNICO DE MAESTROS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Senador RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El principal tema educativo del país gira en torno a los deficientes resultados de aprendizaje de los niños y jóvenes a partir de las evaluaciones internacionales; no obstante esta realidad, persiste otro que desde hace tiempo investigadores, periodistas, asociaciones civiles y otros actores, incluido el mismo Congreso, demandan al gobierno para que haya transparencia en el número de plazas de los trabajadores de la educación y la cantidad de comisionados.

En 2007, ésta Soberanía solicito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), informara de la cantidad de comisionados en diversas instancias. Al contestar sólo dio información relativa a 14 estados y después de otros tres, sin que a la fecha se tenga la información completa.

De acuerdo a información difundida en algunos medios nacionales, existen entre 100 y 120 mil profesores comisionados, lo que sugiere que uno de cada diez maestros realiza una actividad diferente a la del aula y por lo tanto, afecta la vida escolar de los millones de educandos inscritos en las escuelas públicas. No se tiene conocimiento donde se ubican, ni cuáles son las actividades y funciones que están asumiendo dichos profesores

Al respecto, es de mencionar que el Presidente Felipe Calderón propuso al Congreso, en el artículo 9 fracción cuarta de la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, “conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico y normal, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas”.

Además, propone que “La Secretaría de educación Pública deberá contar, a más tardar el último día hábil de julio, con un registro actualizado de la totalidad del personal federal izado, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública establecerá y administrará un sistema electrónico al cual dará acceso a las entidades federativas que lo soliciten para facilitar la administración de las plazas y el pago de nómina correspondiente. Las altas y las bajas del registro serán autorizadas exclusivamente por el área competente de la referida dependencia”.

La propuesta también menciona que los estados deberán entregar a la SEP toda la información relativa a la matrícula y la nómina, y propone que los estados informen a la SEP trimestralmente sobre el número, los nombres y las funciones específicas del personal comisionado, así como el periodo de duración de su comisión y que se publiquen las listas correspondientes en sus páginas de internet.

Con esto pretende transparentar los recursos e implementar un registro del personal docente en el ramo educativo.

Esta acción ha sido bien vista por diversos sectores, quienes han manifestado que transparentar el número de plazas y maestros, escuelas y matrícula, beneficiara al Sistema Educativo Nacional, pues ayudará a “hacer la conciliación de las bases de datos” estatales y federales, actualmente no existe esa base de datos debido a que los estados tienen la facultad de contratar a sus propios maestros, además “ayudar a transparentar la nómina y los comisionados”, pero también para conocer realmente cuántos maestros están frente a grupo.

Debemos mencionar que la SEP cuenta con su analítico de plazas, pero esta no incluye a los maestros contratados por los gobiernos estatales; asimismo, la dependencia recaba información a través del formato 911, que remite cada director de plantel al inicio y terminación del ciclo escolar, pero no incluyen el nombre de los maestros, su RFC ni su CURP, tampoco detalla el número de maestros que están frente a grupo por grado escolar.

No obstante la propuesta del ejecutivo, esta resulta insuficiente, por lo que se hace necesario conocer a detalle el número de docentes, clave, adscripción, escolaridad, funciones, entre otros datos. De ahí nuestra propuesta para que la Secretaría de Educación Pública elabore un padrón de maestros, en donde se incluya a todos aquellos que laboran en el sistema educativo nacional.

Por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón Unico de Maestros del Sistema Educativo Nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Hernández García. Túrnese a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para salvaguardar la producción porcícola nacional ante la emergencia que se enfrenta debido al incremento en las importaciones.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El punto de Acuerdo que presentamos el Senador Silvano Aureoles Conejo y el de la voz, se refiere precisamente ver cómo podemos tener una estrategia de combate a las importaciones desleales de carne de cerdo que tanto daño están haciendo a la porcicultura nacional.

Como ustedes tienen conocimiento, la porcicultura nacional ha sido una actividad familiar por generaciones. En el campo mexicano la porcicultura genera alrededor de 50 mil empleos directos y 250 mil indirectos.

El sector porcícola nacional es importante, no sólo por la generación de empleos, también lo es por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores. La cadena de producción porcícola incluye a productores de granos y oleaginosas, así como a los transportistas que mueven casi 5 millones de toneladas de alimentos para dar de comer a cerca de 15 millones de porcinos.

La actividad porcícola también tiene efectos sobre las empresas de alimentos balanceados, al de la medicina veterinaria y equipos para las granjas, así como en los 760 establecimientos industriales donde se preparan los embutidos, carnes frías, entre otros.

En la industria de la carne de cerdo se generan alrededor de 350 mil empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos en todo el país. El valor de la producción de la carne oscila a los 30 mil millones de pesos, generando, además un poco más de 320 millones de dólares anuales por exportaciones.

Sin embargo, habrá que decir: México es el noveno importador de carne de cerdo en el mundo y nuestro principal socio comercial, como en otros productos, sólo es Estados Unidos, con cerca de un 85%.

En 2008 se importaron 608.7 mil toneladas de carne de porcino en canal. Aunado a lo anterior, en lo que va del 2009, de acuerdo a cifras del propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las importaciones mexicanas sumaron 155 mil toneladas, cantidad superior en 26% a las importaciones obtenidas en el 2008.

Cifras oficiales estiman que para el cierre de 2009 las importaciones de carne de cerdo en canal serán de cerca de 580 mil toneladas, mientras que sólo las exportaciones tendrán una cantidad mínima de 62 mil toneladas. Es la diferencia abismal entre lo que exportamos contra lo que importamos.

Ante esta situación crítica por la que atraviesa la porcicultura y más si sumamos el efecto que tuvo de manera equivocada haber ligado la influeza AH1N1 con la influenza porcina, que esto afectó muy fuertemente a la porcicultura, en lugar de haber “chivos expiatorios”, hoy hubo “cerdos expiatorios”.

Por eso es importante señalar que los mexicanos, los productores hemos estado solicitando desde el 21 de diciembre del 2007 una serie de apoyos por parte de la Secretaría de Economía, para que se cancele el acceso de importaciones. Pudiéramos estar respondiendo de esta manera por el hecho de que los Estados Unidos no permitieron el tránsito libre del transporte fronterizo. Eso sería una medida espejo y no esas 90 medidas que se implementaron que no afectan a los estadounidenses, ni representan cuestiones económicas importantes para México.

Por lo anterior es importante que consideremos el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, incluya las fracciones arancelarias 0203.12.01 y la fracción 0203.22.01 que incluye piernas, paletas, y sus trozos de cerdo fresco, refrigerado y congelados en el Decreto por el que modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la tasa aplicable durante el 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados Unidos, por lo que respecta a lo publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2002.

Segundo.- El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que determine las normas de aplicación del etiquetado para productos procesados de carne de cerdo y obliguen a señalar el origen, pero también la fecha de sacrificio del animal que se está importando la carne.

Tercero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía con el objeto de implementar a la brevedad una medida de salvaguarda, contra las importaciones de pierna de cerdo procedentes de los Estados Unidos de América, debido a que el elevado volumen de importaciones que se realiza por debajo de su costo de producción, afecta negativamente el desarrollo de la porcicultura nacional.

Es cuanto, señor Presidente, y le rogaría se pudiera inscribir en el Diario de los Debates el texto íntegro del punto de Acuerdo.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA PRODUCCION PORCIOLA NACIONAL ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE SE ENFRENTA DEBIDO AL INCREMENTO EN LAS IMPORTACIONES

“El suscrito, Senador Silvano Aureoles Conejo, legislador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con el objeto de implementar las medidas necesarias para salvaguardar la producción porcícola nacional ante la situación de emergencia que enfrenta debido al incremento en las importaciones, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La porcicultura nacional ha sido una actividad familiar por generaciones. En el campo mexicano la porcicultura genera 49,000 empleos directos y 245,000 indirectos.

El sector porcícola nacional es importante, no sólo por la generación de empleos, sino también por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores. La cadena de producción porcícola incluye a productores de granos y oleaginosas, así como a transportistas que mueven cerca de 5 millones de toneladas de alimentos para dar de comer a cerca de 15 millones de porcinos.

La actividad porcícola también tiene efectos sobre las empresas de alimentos balanceados, medicina veterinaria y equipos para las granjas, así como en los 759 establecimientos industriales donde se preparan los embutidos y carnes frías provenientes del cerdo y las 301 empresas que se dedican a la producción y enlatado de manteca y otras grasas animales.

México es el décimo quinto productor mundial de carne de cerdo. El consumo per cápita anual es de 15 kilos, mientras que en países como Alemania y España éste supera los 60 kilos.

En la industria de la carne de cerdo se generan 350 mil empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos en todo el país. El valor de la producción de carne en canal es superior a los 30 mil millones de pesos, generando, además poco más de 320 millones de dólares anuales por exportaciones.

El mercado mexicano de productos porcícolas se abastece de la producción nacional y de los enormes volúmenes de importaciones de carnes y subproductos porcícolas. El consumo nacional aparente de carne de porcino en canal en 2008 fue de 1.6 millones de toneladas.

México es el noveno importador de carne de cerdo en el mundo y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, con cerca de un 85% de las compras de este producto al exterior.

En 2008 se importaron 608.7 mil toneladas de carne de porcino en canal. En ese año el volumen de las importaciones de canales, piernas de cerdo y sus recortes fue de 228,350 toneladas, lo que significó un incremento del 60% con respecto de 2007. El valor de las importaciones de estos productos ascendió a 411 millones de dólares, de un total de 1,044 millones de dólares que se importaron de productos y subproductos no industrializados de cerdo.

Aunado a lo anterior, en los primeros siete meses del presente año 2009, de acuerdo conlas cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las importaciones mexicanas sumaron 155,520 toneladas, cantidad superior en 26.7% comparado con el mismo período de2008.

Cifras oficiales estiman que para el cierre de 2009 las importaciones de carne de cerdo en canal serán de 577.8 mil toneladas. Mientras que se proyecta que las exportaciones se ubicarán en 62.6 mil toneladas.

Por otra parte, la falta de una efectiva verificación de las importaciones de productos cárnicos, que generan una competencia desleal para los productores mexicanos, se pone en riesgo la salud humana y sanidad animal del país.

Ante la situación crítica por la que atraviesa la porcicultura nacional desde el año 2007, con el incremento en los precios de los insumos y la caída en los precios del ganado porcino debido a la competencia desleal de las importaciones, aunado a los efectos nocivos de la aparición de la Influenza AH1N1, el Congreso de la Unión ha realizado distintos llamados al Gobierno Federal para que se implementen medidas de apoyo con el fin de recuperar la viabilidad financiera y fomentar el desarrollo del sector porcícola, sin embargo no han sido atendidos.

Es importante señalar que los porcicultores mexicanos han solicitado de manera reiterativa, desde el 21 de diciembre del 2007, a la Secretaría de Economía que ante la cancelación del acceso al transporte en los Estados Unidos de América incumpliendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se apliquen medidas compensatorias contra la importaciones de carne que se dan a precios depredatorios, y en particular la pierna de cerdo, facultad cuyo sustento legal tiene su fundamento en el Artículo 2019, párrafos 1 y 2, inciso b) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es momento de que el Gobierno Federal implemente las medidas necesarias para reactivar la cadena productiva del cerdo mediante instrumentos que permitan la integración comercial de todos los productores porcícolas y programas que estimulen la inversión y el acceso a créditos competitivos. Todo esto en bien del sector productivo y los consumidores nacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, para que incluya las fracciones arancelarias 0203.12.01 y 0203.22.01 (piernas, paletas y sus trozos de cerdo, frescos, refrigerados y congelados) en el “decreto por el que modifica el artículo 1del diverso por el que se establece la tasa aplicable durante el 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte por lo que respecta a las mercancías originarias de Estados Unidosde América publicado el 31 de diciembre del 2002”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo del 2009.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía determine que las normas de aplicación de etiquetado para productos procesados de la carne de cerdo obliguen a señalar el origen y fecha de sacrificio y de procesamiento de la carne empacada. Asimismo se le solicita que, en el caso de los productos cárnicos, se autorice la marca “Hecho en México” únicamente para productos elaborados con carne y materias primas cien por ciento de origen nacional.

TERCERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía con el objeto de implementar a la brevedad una medida de Salvaguarda, contra las importaciones de pierna de cerdo procedentes de los Estados Unidos de América, debido a que el elevado volumen de importaciones que se realizan por debajo de su costo de producción afecta negativamente el desarrollo de la porcicultura nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 17 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Con mucho gusto, Senador Mejía Haro. Los Senadores Alfonso Elías Serrano, Rubén Fernando Velázquez López, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Garibay García, José Guadarrma Márquez y Arturo Herviz Reyes desean suscribirlo.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, a fin de que a los vehículos que portan placas foráneas, se les otorguen las facilidades necesarias para circular por las vías de comunicación en ese estado.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanos Senadores:

El tema que voy a tratar también fue inscrito hace varias semanas. Hoy por fortuna me toca el turno de comentárselos.

Quizá ustedes también han sido víctimas frecuentes de venir al Distrito Federal pasando por el Estado de México.

Los que tenemos placas foráneas de nuestras entidades federativas, es una pesadilla pasar por el Estado de México. Máxime si ya está la oscuridad presente.

Hace unos días estuve en la ciudad de Jerez, Zacatecas, con la familia Román, un profesor de Jerez que se casó con una maestra de Veracruz, la familia Román, y van cada año a visitar a sus muertos de Zacatecas a Veracruz, y me platicaban sus hijos la odisea o más bien la pesadilla a la que se enfrentan cada año cuando transitan por el Estado de México-Distrito Federal a Veracruz.

La policía de tránsito está permanentemente acosando y deteniendo a vehículos con placas de las entidades federativas.

Los Senadores de la República, en teoría, representamos el pacto federal, es decir, representamos a los estados federados. Aunque se alteró este principio con la primera minoría y con la lista nacional, desde mi punto de vista se desnaturalizó.

Sin embargo, no podemos dejar de escuchar este tipo de reclamos de ciudadanos de nuestras entidades federativas.

El sistema metropolitano de tránsito es muy obsoleto. Todavía se cumple la amenaza de trasladar el vehículo con familia a los corralones de tránsito. Eso no pasa en ninguna parte del mundo o casi en ninguna parte del mundo, porque se implementan y se instrumentan el pago de multas por la vía electrónica, días posteriores a la infracción, o se infracciona al dueño del auto, independientemente de quien maneje, por la falta de tránsito, pero nunca sucede lo que aquí en la zona metropolitana con el Estado de México.

¿Qué es lo que estoy planteando Senadores y Senadoras? Es una cosa que quizá resulte o no, pero tenemos que hacer algo. Como es una legislación estatal, lo que estoy proponiendo es un exhorto al gobernador del Estado de México, para que pueda modernizar el sistema de vialidades, pero también de sanciones administrativas a los ciudadanos que transitan o que tienen que transitar o atravesar el Estado de México y el Distrito Federal.

Se pueden implementar radares, se pueden implementar multas electrónicas y su pago; se pueden implementar medidas que faciliten al ciudadano transitar en su vehículo de manera tranquila con su familia.

Algún día háganlo ustedes, porque muchos no viajan por tierra, viajan en avión. Los Senadores somos privilegiados porque nos dan cuatro boletos de avión por mes. Pero los ciudadanos de abajo tienen que usar su auto.

Un día váyanse de incógnitos en un carro modesto y entren a la ciudad de México por Michoacán, como a las 11:00 de la noche, y van a ver la pesadilla que es eso.

Háganlo, seguramente muchos de los ciudadanos saben y les han expresado esta inquietud.

Es impresionante el temor que tienen los ciudadanos para trasladarse o para pasar por esta ciudad, por el Estado de México.

Eso es lo que les planteo, en un solo punto de Acuerdo, señor Presidente, que de los dos quedaría el primero nada más y que le rogaría se plasme íntegro el punto de Acuerdo, porque ahí establezco algunos criterios de derecho comparado, cómo funcionan otros países en este tipo de infracciones menores.

Pero por el simple hecho, a veces sin ninguna justificación lo detienen y aún cuando tengan todos sus documentos en regla de todos modos los detienen y de todos modos los trasladan al corralón, con multas extraordinariamente altas.

Entonces, señor Presidente, le solicito de la manera más atenta pueda someter este punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución.

Ojalá y concedan, es un simple trámite de exhorto al gobernador del Estado de México para que vigile este tipo de prácticas y ni siquiera hacemos juicios de valor contra el gobernador, nosotros creemos que está la familia en la policía, en tránsito y que no podemos seguirla tolerando.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON EL OBJETO DE QUE TODOS LOS VEHICULOS QUE PORTAN PLACAS FORANEAS, SE LES OTORGUEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA CIRCULAR POR LAS VIAS DE COMUNICACION DE ESE ESTADO Y PUEDAN TRANSITAR SIN MOLESTIAS Y SE MODIFIQUEN LAS FORMAS DE SANCIONAR LAS VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y LOS COBROS EXCESIVOS DE ESTAS

“El sistema metropolitano de tránsito plantea una encrucijada para los ciudadanos, la autoridad encargada de su seguridad, es la misma a la que le temen, pues generalmente es quien le hace más daño. El sistema de seguridad y denuncia en el país es anticuado, generalmente falla en contra de la población sin llegar a protegerla. En el Estado de México se vive una situación especial, pues debido a que se trata de un estado de paso y de gran concentración poblacional e industrial, donde la policía estatal se aprovecha de los conductores de vehículos con placas foráneas, extorsionándolos y multándolos cuando las faltas en las que incurren, son menores.

Una luz fundida es razón suficiente para que quienes están de paso, inicien la pesadilla, no solo sean multados, sino que son amenazados con el remolque de su auto al corralón y son extorsionados por elementos corruptos de la corporación, para pagar porque no les sea detenido el auto. Tanto los foráneos como quienes viven en las demarcaciones del área metropolitana sufren las vejaciones de la autoridad de tránsito y naturalmente tienen una cierta reserva a la hora de pedir auxilio de un uniformado.

Aquellos ciudadanos que del interior de la República, buscan transitar por el Estado de México para llegar a su destino, generalmente se encuentran con el freno y maltrato de estas autoridades de tránsito, son extorsionados, multados, humillados, vejados y remolcados, a fin de incrementar el salario de quienes supuestamente buscan el bienestar social.

El simple hecho de contar con placas pertenecientes a estados de la República parece ser motivo suficiente para que sean frecuentemente molestadas, convirtiéndose en una pesadilla para las familias que circulan y transitan por el Estado de México, a veces durante horas en las que sufren de un trato indigno sin razón aparente.

Además, los cobros ilegales y excesivos para liberar los vehículos y dejarlos circular, así como las amenazas y los arrastres al corralón son actividad de una mafia que opera dentro de la corporación policiaca y de tránsito del estado. Que se aprovechan de la calidad de visitante de las personas para ejercer sus prácticas corruptas, sabiendo de antemano que éstos desistirán de la denuncia en contra de estos malos servidores públicos, por residir lejos del Estado de México.

Quienes están de paso con placas de otros estados de la República, son detenidos bajo excusa de no tener sus papeles en regla, aún cuando pueden comprobar que tienen todo en orden, son escoltados hasta el corralón donde se les pide dinero para no detener el automóvil.

Son muchos quienes resultan afectados y que han tenido que modificar su ruta para evitar pasar por el Estado de México, para evadir a las autoridades corruptas. Es necesario generar un sistema de información para los visitantes, explicando cuales son las competencias de los policías de tránsito y cuales son los papeles que se les pueden solicitar; así como los procedimientos en caso de no contar con el papeleo.

A su vez en necesario que el gobierno estatal examine a sus cuerpos policiacos, así como los procedimientos que llevan a cabo para dar mayores facilidades a quienes transitan por el Estado. Brindar la información oportuna y un sistema de denuncia certero para foráneos es la manera en la que se le dará mayor fluidez a su visita y cumplirá con los objetivos de agilizar el tránsito.

Es necesario contar con un sistema de libre tránsito para que en cuanto existan faltas menores, los ciudadanos no sean detenidos injustificadamente por faltas ajenas al reglamento de tránsito. Se debe avanzar el tema puesto que no podemos seguir permitiendo que las autoridades sobrepasen su competencia sin tener ninguna sanción ni freno en estas prácticas fuera de la ley.

Sería mucho más sencillo implementar un sistema de cobro de multas a través de cámaras fotográficas, enfocadas a captar las violaciones al reglamento de tránsito. Lo que podría asegurarles a los visitantes en el Estado de México o a los conductores de paso, que no estarían expuestos al maltrato de autoridades corruptas. Este tipo de sistemas existen en algunas partes del mundo como en Colombia, España y hasta en la ciudad de México, donde se ha incrementado el porcentaje del pago de multas, gracias a la agilidad del sistema y su eficacia.

En la Ciudad de México ya se cuenta con este sistema como por ejemplo, las cámaras en el segundo piso del periférico y en algunas otras vías primarias de la ciudad con puestos de monitoreo itinerantes. A su vez, es una ventaja que las infracciones de tránsito, sean accesibles en modo electrónico ya que se facilita el pago y existen diferentes incentivos a que éste, sea oportuno.

COLOMBIA

El pago de multas y cobro se hace por medio de un sistema de cámaras instaladas en los principales cruces y zonas céntricas de la capital antioqueña en Medellín, estas estarán 'atentas' a las imprudencias, y en menos de un segundo podrán retratar la infracción cometida.

En la imagen, la placa del vehículo, moto o particular, será la más visible y posibilitará a los agentes de tránsito hacer la multa respectiva.

Lo llamativo es que 15 días después y cuando el infractor crea que su acto quedó impune, a su casa le llegará la multa acompañada de la fotografía como evidencia. De ahí, si no está de acuerdo, puede solicitar una audiencia o pagar por su acción.

Todo este proceso tecnológico hará parte de las llamadas ‘fotomultas’, un sistema novedoso que se prueba por primera vez en el país y que en Medellín tendrá su prueba de fuego con casi 450 mil vehículos particulares y 40 mil de servicio público, que se mueven por la ciudad y los 10 municipios del área metropolitana.

“La idea que se tiene es que este sistema disminuya hasta en un 40% la accidentalidad en la ciudad”, dijo el secretario de Tránsito de Medellín, Ricardo Smith.

En principio, las ‘fotomultas’ funcionarán de forma pedagógica, es decir, a los infractores les llegará la fotografía pero no tendrán que pagar la multa. A partir del primero de febrero del 2010, se cobrará a quienes infrinjan la norma.

“Es una inversión que se hace en tecnología para mejorar la movilidad”, aseguró el alcalde, Alonso Salazar.

El sistema, sin embargo, ya genera dudas. “Es muy bueno que hagan esos controles para mejorar la movilidad. Pero si quien manejaba el carro era otra persona y no uno, ¿entonces quién paga?”, preguntó Luis Fernando Gómez, un asesor comercial de 35 años.

Smith explicó que la multa se impone al dueño del vehículo. “Por el nuevo Código Nacional de Tránsito que está, se establece a la corresponsabilidad en las infracciones”, agregó el funcionario.

ESPAÑA

La nueva forma de cobrar las multas en España, es atreves de La nueva ley que establecela recaudación por infracciones de tráfico. Esto irá destinado a seguridad vial y a las víctimas de accidentes viales.

El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Procedimiento sancionador que agiliza el cobro de las multas, establece una cuantía fija para toda España, rebaja su precio hasta el 50% por pronto pago y deja pocas posibilidades al infractor de escapar del pago de una infracción. Además, establece una nueva regulación de la pérdida de puntos por excesos de velocidad y reduce de 27 a 20 los supuestos por los que perder crédito. Por primera vez, el importe de las multas irá a actuaciones en seguridad vial y a ayudar a las víctimas de accidentes.

Administración electrónica: Las notificaciones de multas se realizarán dos veces en papel y una en formato electrónico. Será obligatorio para las empresas disponer de una dirección electrónica (Dirección Electrónica Vial); para las personas físicas será voluntario. Se sustituirá el Boletín Oficial de la Provincia por otro electrónico: el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Así, los ciudadanos se podrán informar por internet de sus sanciones.

Rebajas en multas: El infractor podrá beneficiarse de un descuento del 50% si paga en 20 días desde que recibe la notificación. También podrá abonar la multa a pie de carretera a los agentes con tarjeta de crédito. En estos casos, ya no podrá recurrir.

Procedimiento abreviado: Se castiga la inactividad del ciudadano que recibe una multa. En el caso de infracciones graves y muy graves, Hacienda embargará directamente de la cuenta del infractor el importe de la multa si en el plazo de dos meses no paga ni alega. Las multas de radar por exceso de velocidad se notifican dos veces. Si en quince días el conductor ni paga ni recurre, Hacienda embarga el importe en un plazo de cuatro meses (antes se tardaba un año).

Plazos y multas: En todos los plazos se hablará a partir de ahora de días naturales. Se unifica el importe de las multas en toda España. Las leves costarán hasta 100 euros; las graves, 200 y las muy graves, 500 euros.

Error de radares: La nueva normativa puntualiza, para evitar malas interpretaciones, que se deben seguir respetando los márgenes de error de los radares, que normalmente es del 10%.

Pérdida de puntos: Hay una nueva regulación de pérdida de saldo por excesos de velocidad. Las infracciones previstas con detracción de crédito se reducen de 27 a 20. Ya no se perderán puntos por ningún supuesto de estacionamiento o por no llevar alumbrado. Así, no se detraerán puntos por circular con menores de doce años en motocicletas, por circular de forma negligente, por parar en el carril-bus, por parar o estacionar en cambios de rasante, curvas o túneles, por conducir un coche con el doble de personas que plazas tiene un vehículo o por circular por autopistas y autovías con vehículos con los que esté expresamente prohibido.

Plazos más cortos: Se acorta el plazo que transcurre entre la infracción y la sanción.

Zona azul: La grúa se podrá llevar el coche aparcado en zona azul cuando no disponga del ticket o haya superado el triple del tiempo abonado.

Suspensión del permiso: Se elimina la suspensión temporal del permiso de conducción como sanción.

Prescripción: Se reduce el tiempo de prescripción de las infracciones muy graves de doce a seis meses.

Señalización: La Administración tendrá un año para revisar todas las señales de tráfico.

Radares: Se incrementa la pérdida de puntos y la sanción para quienes utilizan inhibidor de radares (se pasa de 2 a 6 puntos) y a aquellos que colaboren en la manipulación del tacógrafo (6 puntos).

Mayor plazo: La ley amplía de uno a cuatro años el periodo que tiene la Administración para exigir el importe de la multa no abonada.

Paga el titular: La norma establece la responsabilidad subsidiaria del titular del coche para las multas que no sean pagadas por el conductor que cometió la infracción.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de México, para que intervenga ante la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del mismo, con el objeto de que se otorguen las facilidades necesarias, para que todo tipo de vehículos que porten placas foráneas puedan circular y transitar sin molestias y se modifique las formas de sancionar las violaciones al reglamento de tránsito y los cobros excesivos de estas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Ricardo Monreal Avila.

¿Sí, Senador? Se quiere sumar el Senador Guadarrama Márquez.

Bueno, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados… ¿Sí? Solicita el uso de la palabra el Senador Jesús Garibay, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Para sumarme y aprobar el tema.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante.

- El C. Senador Jesús Garibay García: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros.

He solicitado hacer uso de la palabra porque yo soy uno de esos ciudadanos que calificó el Senador Monreal como ciudadano de abajo, me asumo como tal.

Y también soy de esos ciudadanos que hago uso de mi vehículo para venir, para trasladarme de Michoacán a la ciudad de México.

Hace, va a ser dos años, va a ser un año, me tocó saludar al Gobernador del Estado de México, al licenciado Peña Nieto, allá en Michoacán, en Morelia, asistió al informe de un compañero de ustedes que ahora es Gobernador, de Leonel Godoy. Lo felicité por el libramiento que se construyó de Lerma para no entrar a Toluca y continuar hasta Zitácuaro; o bien, para tomar hacia Atlacomulco, un libramiento de cuota.

Le dije también que ojalá construyeran el segundo cuerpo de ese libramiento, porque me parecía que además de indispensable no iba a ser justo que otro gobernador, el que llegue, fuera a inaugurar una obra que se consideraba, por lo menos de mi parte, de urgente u obvia resolución.

Y me dio mucho gusto ver cómo se está construyendo ese segundo cuerpo, lo están haciendo ahí a través de una concesión con el señor don Carlos Slim. Hasta ahí bien, de maravilla.

Pero días después me encontré con que ya estaba ahí la policía del Estado de México buscando clientes.

Hay clientes que resultan seguramente víctimas y que además tienen de alguna manera que resolver el problema con alguna cantidad de dinero que hay que darle a esa policía.

En mi caso, en tres ocasiones me han solicitado que muestre la documentación del vehículo. Lo he hecho y me han dicho también en ocasiones, alguna de ellas, tenía reporte de robada la unidad. Eso era un tema muy delicado.

Sin charolear, pero sí medio con voz firmecita, como que entendieron que yo no iba a ser presa fácil. Y entonces hicieron lo que hacen todos los rateros, todos los asaltantes. Dicen: “Esperemos al que sigue. Aquí para qué nos metemos en problemas”.

Así que es muy lamentable que una policía que yo califico de nefasta, por lo menos la que ahí se pone, eche a perder el trabajo, y lo digo con toda claridad, de un gobernador.

Yo no creo que Peña Nieto sea parte de la delincuencia organizada que se pone ahí o sea parte de los… o reciba parte del dinero que ahí se roban esos policías.

Por eso me quiero sumar al punto de Acuerdo, no vengo a defender a ningún gobernador, ustedes saben que no soy defensor, sobre todo de sus gobernadores, lo saben perfectamente bien, pero sí creo que nos debemos sumar todos para que el gobierno del Estado de México, sobre todo ahora que va a tener más recursos pueda poner orden, pueda invertir en esa tecnología a que hace referencia el Senador Monreal, y dejemos de ser víctimas los de a pie; por eso me sumo a este punto, y gracias señor Presidente, por su tolerancia.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Encantado, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Se recibió del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo relativo a la implementación de un proyecto de cuotas a la pesca del camarón en Sinaloa, mismo que se turna a la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para los efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE CUOTAS A LA PESCA DEL CAMARON EN SINALOA

“H. Asamblea:

Debido a razones de diversas índoles, tales como equivocas acciones gubernamentales, a la contaminación petrolera, al alza de los precios en el mercado internacional, así como insuficientes canales de comercialización y a la pesca furtiva; se ha ido mermando considerablemente el desarrollo de la industria camaronera en nuestro país.

El pasado mes de septiembre fuimos testigos de la implementación, unilateral, de un programa piloto de cuotas de captura por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para la actual temporada de pesca de camarón en Sinaloa, Estado al que represento.

El sistema de cuotas de captura consiste en que a cada “unidad económica”, también llamada cooperativa, se le asigna un privilegio de pesca mediante un porcentaje o “cuota” de la captura total permisible de la pesquería.

El factor que se consideró para implementar este sistema fue el número de embarcaciones que tiene cada cooperativa, así como el historial de producción, lo cual resulta inviable, ya que no existe un estudio confiable en donde se pueda establecer con total precisión, una cuota global que se pudiera tomar como punto de referencia, para establecer las cuotas a cada concesionario o permisionario.

Prueba de ello, por ejemplo, es que en la temporada de producción 2002/2003 se produjeron 9 mil toneladas de camarón, para 2006/2007 se capturaron 21 mil toneladas, un año después sólo se extrajeron 11 mil toneladas de camarón, y para la temporada 2008/2009 aumentó la producción a 17 mil toneladas. Como podemos darnos cuenta la producción y su determinación resulta totalmente dispar, por lo que se debe realizar un estudio muy minucioso para establecer una cuota de captura, mismo que a la fecha no ha sido realizado por las autoridades investigadoras en la materia.

Además de lo ya dicho, existen una gran cantidad de puntos de desembarque, por lo que establecer medios de control vigilados por la autoridad como lo plantea este proyecto, rebasa la capacidad humana y de infraestructura de la CONAPESCA, además de que implica costos y cargas fiscales extras, por contratación de prestación de servicios de empresas particulares y organizaciones no gubernamentales extranjeras, que difícilmente podrían ser absorbidos por los concesionarios y permisionarios pesqueros, y que a su vez estos podrían ser aplicados para mejorar la infraestructura e inteligencia pesquera.

Es de mencionar que en esta primera etapa del proyecto, el sistema de cuotas costará 23 millones de pesos, de los cuales 18.5 son para el monitoreo y 4.5 corresponden a las acciones de ordenamiento, lo anterior sin contar los costos hechos en la implementación de los chips en las embarcaciones ni el censo de pescadores que debió hacerse para la implementación del programa.

Las autoridades en la materia: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/CONAPESCA, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAIPESCA) y la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico Mexicano han dejado ver la polémica de este programa desatando desacuerdos entre ellas. Mientras que la primera sostiene que el nuevo programa de capturas ayudará a aprovechar mejor el crustáceo y poner orden en esta pesquería; la CANAINPESCA y la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico Mexicano, consideran que ocasionaría conflictos serios en el sector pesquero.

A pesar de lo ya señalado, el pasado 24 de septiembre se establecieron las cuotas a 140 cooperativas de producción pesquera ribereñas, que aglutinan entre 9 y 10 mil pescadores, mismas que registrarán la producción de sus embarcaciones en los 170 puntos de arribo instalados en Sinaloa.

Según la CONAPESCA las cuotas establecidas para cada cooperativa son muy variables, sin embargo, se consideró alrededor de una tonelada 400 kilogramos por embarcación en las zonas de mayor producción.

Pero se dejo muy en claro que si por alguna razón la cooperativa no pudo salir a pescar o no alcanzo la cuota fijada como tope, ya sea por cuestiones ambientales, biológicas o económicas, la autoridad no tiene obligación de darle compensación alguna.

Lo importante en todo esto es que no es ni el tiempo ni el lugar paraimponer “topes” de captura a la pesquería; no es el tiempo debido a la grave crisis que mantiene el sector camaronero en este momento.

Solo debemos mencionar que del 18 de septiembre al 7 de octubre los pescadores ribereños han obtenido 750 toneladas de camarón, contra mil 923 obtenidas el año anterior, en el mismo periodo de pesca,

En los primeros días de pesca en esteros y bahías, se alcanza una producción de mil 233 toneladas, lo que representa una disminución de 43.5% en relación a las mismas fechas del año 2008, en donde hubo 2 mil 183 toneladas.

En relación a la pesca en alta mar, se registraron también 46.9 toneladas contra las 99.6 de la temporada anterior, resultando un 52.8% menos. Tan sólo en el Municipio sureño de Escuinapa, Sinaloa, en donde se concentran 24 cooperativas pesqueras, el 80% de su flota pesquera dejo sus equipos parados debido a la mala temporada que persiste en el estado.

Como podemos observar; pese a que este sistema de administración de cuotas se ha implantado de manera positiva en Canadá y Perú; este éxito se da bajo condiciones muy diferentes a las de México y a las del Estado de Sinaloa y más aun a la difícil situación que atraviesa la industria pesquera del camarón hoy en día.

Por las razones antes señaladas, resulta impropio que la CONAPESCA imponga un sistema de cuotas individuales como estrategia en los Planes de Manejo de camarón. La realización de este tipo de programas debe precisarse de forma razonada y objetiva; para enfocarse en la sustentabilidad del recurso, con elementos basados en la información disponible, conforme a un estudio y no bajo criterios unidimensionales.

Compañeros y compañeras legisladores:

El sector pesquero es uno de los más afectados por la crisis económica actual. Consabido es que los apoyos financieros que se otorgan a los pescadores e industriales pesqueros de Sinaloa y del país, no son adecuados debido a las altas tasas de interés y a las condiciones que se anteponen al otorgamiento de un préstamo, lo cual conduce a desventajas competitivas con respecto a otros países.

No se trata de imponer decisiones unilaterales, lo que se necesita es definir políticas públicas que conlleven al establecimiento de un plan de ordenamiento pesquero y acuícola en el estado de Sinaloa, para la explotación ordenada y sustentable del sector camaronero, bajo una lógica de regionalización y manejo integral de los recursos y con base en un estudio técnico de prospección y evaluación de esa pesquería.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, suspenda de manera definitiva el programa de cuota de captura de camarón en México, hasta que no se establezcan las condiciones mínimas requeridas para poder llevar a cabo esta forma de administración de los recursos pesqueros, que incluya cuando menos las siguientes condiciones mínimas requeridas:

1. Investigación que nos de información del estado y biomasa de los recursos a ser explotados.

2. Ordenamiento pesquero para tener información clara y fidedigna del nombre y el número de pescadores en el país.

3. Capacidad del gobierno responsable para implementar, medir, y llevar a cabo las acciones requeridas para implementar el sistema de manejo por cuotas, empezando con establecer quiénes y cuantos deben explotar el recurso, no solo cuanto debe explotarse.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice las gestiones necesarias a fin de que el Instituto Nacional de Pesca y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, elaboren un estudio conjunto respecto del impacto y las consecuencias que traería realizar un proyecto de cuota de captura de camarón en Sinaloa y que dicho estudio sea sometido a consenso del sector pesquero de dicho Estado.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Mario López Valdez”.

Tiene el uso de la palabra el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo para solicitar información al Banco de México sobre créditos otorgados al gobierno federal o a las entidades federativas con recursos correspondientes a cuentas individuales inactivas reguladas por la Ley del SAR.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Yo quiero, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, es del conocimiento de algunos que en el 2008, en el marco del análisis de alguna iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a propuesta de Senadores que allí participamos, modificamos el artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con la finalidad de que de las cuentas inactivas que maneja el SAR, y que son arriba de 18 millones, fíjense nada más, más de 18 millones de cuentas que aún teniendo titular, los titulares trabajadores no saben que están ahí, y de eso hay que hacer algo, pero va a ser por separado.

Estas cuentas inactivas tienen más de 400 mil millones de pesos ahorrados, y además del trabajo que debe hacerse para darle transparencia y para la difusión, si algún trabajador de la industria de la construcción tiene una cuenta individual, pero no sabe igual, porque es muy elevado el número de cuentas que no conocen los trabajadores.

El Presidente de la República ha anticipado, y de hecho ya hay una iniciativa radicada en este Senado para que en un esquema mixto de inversión público-privada se realicen obras de infraestructuras, particularmente obras de infraestructura carretera.

Nosotros hemos señalado con motivo de esa reforma que introdujimos que este dinero pudiera financiarse colocando crédito de esas cuentas inactivas por 400 mil millones de pesos, pudieran financiar inversiones de los estados y de la Federación. Incluso al principio se aceptaba que se otorgaran créditos a la Federación, pero no a los estados, logramos esa adición, y además la colocación de ese crédito, dicen los banqueros, es triple A, porque se puede garantizar con las participaciones de la Federación a los estados.

El planteamiento, compañeras Senadoras y Senadores, y vamos a dar paso a discutir la inversión público-privada en obras de infraestructura, y si vamos a abordar la posibilidad de la colocación de papel de los fondos de los trabajadores, el Senado de la República debe saber si el Banco de México con el conocimiento de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro han colocado, han dado crédito a la Federación o a los estados, y en qué montos. Ese es el propósito del punto de Acuerdo que les traigo a su consideración, y que en su momento viertan su voto para que así sea.

Les aprecio su atención, gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR INFORMACION AL BANCO DE MEXICO SOBRE LA EXISTENCIA DE CREDITOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON RECURSOS CORRESPONDIENTES A CUENTAS INDIVIDUALES INACTIVAS, REGULADAS POR LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

“El suscrito, TomAs Torres Mercado, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diciembre de 2008, las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, aprobaron un importante proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En aquel momento propusimos modificar el segundo párrafo del artículo 76 del Decreto contenido en el proyecto de dictamen a fin de establecer que el dinero de las cuentas individuales inactivas de los Sistemas de Ahorro para el Retiro será manejado por el Banco de México. El propósito fundamental es que con dicho ahorro se emitan valores o créditos que puedan ser utilizados como fuente de financiamiento accesible para proyectos productivos y de infraestructura del Gobierno Federal y de las entidades federativas.

Desde nuestra perspectiva, estos créditos, otorgados por el Banco de México, pueden darse a tasas competitivas, superiores a los rendimientos que ofrecen las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Por otra parte, aquellos que sean utilizados por las entidades federativas podrán tener garantías de pago autorizadas por los congresos de los Estados, de afectación a las participaciones federales.

Se calcula que actualmente existen más de 18 millones de cuentas inactivas cuyo monto puede ser superior a los 400 mil millones de pesos, una cifra similar a la caída de ingresos petroleros y tributarios que se espera para el próximo año.

La realidad es que estos recursos pueden convertirse en una importante palanca del desarrollo del país, al impulsar la construcción de infraestructura y la generación de empleos.

Es importante señalar que el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, a que hacemos referencia, fue aprobado por el Senado de la República el 9 de diciembre de 2009. Posteriormente, el proyecto de Decreto fue enviado a la Cámara de Diputados y aprobado el 11 de diciembre de ese año.

Finalmente, el pasado 21 de enero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El tema cobra nueva relevancia en un contexto en el que la crisis económica y financiera por la que atraviesa México parece profundizarse y en el que el gobierno federal ha anunciado un paquete de reformas a nuestro marco legal, las cuales consisten en permitir a las Afores invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con el gobierno federal está y otras acciones permitirían alcanzar en el año 2012 una inversión en infraestructura por más de 125 mil millones de pesos.

Ahora corresponde al Congreso analizar la propuesta del titular del Ejecutivo Federal. En este contexto, consideramos necesario contar con información relativa a la existencia de créditos otorgados al Gobierno Federal o a las entidades federativas, con recursos depositados en el Banco de México correspondientes a las cuentas individuales inactivas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita al Banco de México información sobre la existencia y monto de créditos otorgados al Gobierno Federal o a las entidades federativas, con recursos depositados en dicha institución correspondientes a las cuentas individuales inactivas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Tomás Torres Mercado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en el contenido de los libros de texto gratuitos el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, el cual se turna a la Comisión de Educación para los efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A INCORPORAR EN EL CONTENIDO DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL NIVEL BASICO, EL TEMA DE LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, EN ESPECIAL, LA ATENCION A LA OBESIDAD Y LA DIABETES MELLITUS

“La que suscribe, Senadora Maria Elena Orantes Lopez, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El desarrollo de México, así como la viabilidad de nuestro país depende en gran medida, de la calidad que logremos brindar a la salud de la población.

Las transiciones epidemiológicas y poblacionales que vivimos actualmente han prolongado la esperanza de vida, lo que ha provocado otra dinámica en el Sistema Nacional de Salud en materia de gasto. El tratamiento de las enfermedades es cada vez más especializado, largo y costoso, mientras que aún persisten las insuficiencias en el abasto de medicamentos accesibles a la población.

La llamada “transición epidemiológica” muestra un nuevo espectro de enfermedades en el país y, esto, sin duda, es preocupante toda vez que las enfermedades de hace tres o cuatro décadas en algún sentido se han disminuido, pero ahora, se han presentado otras con una frecuencia mayor tales como: La diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer, la cirrosis, el SIDA, el crecimiento en el número de accidentes entre los jóvenes, el consumo de alcohol, drogas y otros estupefacientes, así como una larga lista de enfermedades crónico degenerativas.

La diabetes, enfermedades del corazón y cáncer son las tres principales causas de muerte en México y las enfermedades que encabezan la lista de los graves problemas de salud pública.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2006, el problema de sobrepeso y obesidad ha alcanzado cifras realmente preocupantes, ya que en varios estados de la República Mexicana, 7 de cada 10 hombres sufren sobrepeso u obesidad, de los cuales más de 70% son obesos, y en las mujeres la prevalencia combinada de sobrepeso más obesidad es incluso superior al 70% y se encontraron en 23 de los 32 estados que conforman el país, es decir, en 72% del territorio nacional.

Por lo anterior, estos padecimientos representan hoy en día uno de los problemas más graves de salud pública en nuestro país, el cual afecta a diferentes sectores de la población mexicana, impactando gravemente la vida familiar y la eficiencia con la que se manejan los servicios de salud pública por el alto costo que representan este tipo de enfermedades.

La obesidad, representa la segunda causa de muerte prevenible en el mundo, y sus complicaciones como la diabetes mellitus tipo dos, el síndrome metabólico, así como los riesgos cardiovasculares que incluyen altos niveles de colesterol, hipertensión arterial y enfermedad coronaria son las primeras causas de muerte.

México, es uno de los países con mayor índice de crecimiento de obesidad en el mundo, y sus principales causas de muerte están relacionadas directamente con este padecimiento, pero, paradójicamente, es también un país con fuerte desnutrición y una cultura muy pobre de la buena alimentación.

El problema de la obesidad en el país se inició hace 30 años, ysu gravedad es tan alta, que ya se manifiesta en zonas rurales apartadas y marginadas.

La epidemia de la obesidad tiene mucho que ver con el estilo de vida de las personas y sus hábitos alimenticios. La disponibilidad de alimentos con poca cantidad de nutrientes como refrescos, grasas y frituras, aunado a la poca actividad física, han provocado que nuestro país ocupe el nada honroso primer lugar en obesidad entre los niños y adolescentes.

Actualmente en las escuelas la actividad física es mínima, al tiempo que la computadora y los videojuegos han hecho que nuestros niños lleven un estilo de vida más sedentario.

Por otro lado, la inseguridad galopante ha provocado que cada vez nuestros hijos salgan menos a la calle a jugar con lo hacíamos nosotros en el pasado.

La diabetes es la primera causa de mortalidad en México; dos terceras partes de quienes padecen la enfermedad presentan obesidad, la cual, junto con el sobrepeso, afecta al 60% de la población mexicana mayor de 20 años. Por ello, es necesario contar con programas encaminados a crear una conciencia colectiva sobre la prevención.

En este sentido, la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación.

La Norma Oficial referida, es una herramienta excelente para conocer los contenidos nutrimentales de los alimentos y lograr las combinaciones equilibradas. Se basa en la premisa de que la orientación nutricional es prioritaria, que debe proporcionarse a toda la población y basarse en principios científicos.

Como un mecanismo de soporte para generar una política integral sobre nutrición que disminuya los riesgos que van aparejados con la obesidad, es necesaria la participación de la sociedad, la industria y el gobierno, porque de ello dependerá que se obtengan buenos resultados en materia de salud que se traduzcan en mayor bienestar para la población y en ahorros sustanciales para las familias, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, pero sin afectar a la industria alimentaria en nuestro país, sus inversiones y el empleo que estas empresas dan a miles de mexicanos.

Nuestro país requiere de una mayor orientación alimentaría, necesitamos contar con criterios generales que unifiquen y den congruencia a las acciones para generar una conciencia colectiva sobre la prevención de las enfermedades crónico degenerativas que, como la diabetes, provocan diferentes padecimientos crónicos en la edad adulta causadas por el sobrepeso.

Consideramos que la educación básica es fundamental para que nuestros niños y adolescentes tomen conciencia y desde las escuelas se puedaentrar de lleno al estudio de la prevención de los riesgos de enfermedades que pueden ser prevenibles y controlables para evitar una pandemia que amenaza con extenderse peligrosamente en nuestro país hacia los próximos 20 años.

La importancia del libro de texto gratuito para ofrecer los cimientos de una educación que haga hincapié sobre las problemáticas de salud, resulta fundamental para ofrecer a los estudiantes información, orientación y consejos que les permitan vivir de forma más saludable en el presente y el futuro.

Los libros de texto gratuitos son un medio efectivo para proporcionar a los educandos desde en el nivel básico información actualizada a fin de conocer con mayor detalle diferentes aspectos de las enfermedades crónico degenerativas que mayor daño producen a la población, incluyendo lo que cada una significa, su importancia, las repercusiones que tienen sobre la salud, el riesgo que se tiene de padecerlas, sus síntomas, las causas por las cuales se generan y las alternativas que se tienen para su prevención y control.

Es por todo ello, que consideramos necesario que la Secretaría de Educación Pública inserte en el libro de texto gratuito en la materia de ciencias naturales, una unidad educativa que oriente a los estudiantes sobre las enfermedades crónico-degenerativas, en la que se incluya información actualizada en la que puedan conocer las causas y efectos de la obesidad y la diabetes, quiénes estarían propensos a padecerlas, los síntomas y repercusiones a la salud, así como recomendaciones y una serie de ejercicios interactivos que faciliten el aprendizaje.

Algunas enfermedades crónicas degenerativas adicionales en las que se podría hacer énfasis en este apartado podrían ser las siguientes:

• Obesidad

• Diabetes Mellitus

• Hipertensión arterial

• Colesterol y triglicéridos altos

• Cáncer de mama

• Cáncer cervicouterino

• Cáncer de próstata

• Tabaquismo

• Alcoholismo

• Farmacodependencia

• Depresión

• Osteoporosis

Convendría además, añadir temas con información accesible sobre: nutrición saludable, ejercicio físico, salud bucal, autoexamen corporal e información complementaria que proporcione los mejores consejos a los alumnos para el adecuado cuidado de la salud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a incorporar en el contenido del libro de texto gratuito en la asignatura de ciencias naturales del nivel básico, el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, en especial, la atención a la obesidad y la diabetes mellitus, en la que se incluya información actualizada para conocer las causas y efectos de la obesidad y la diabetes, quiénes estarían propensos a padecerlas, los síntomas y repercusiones a la salud, el riesgo que se tiene de padecerlas, sus síntomas, las causas por las cuales se generan y las alternativas que se tienen para su prevención y control.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

Tiene del uso de la voz el Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

- El C. Senador Alfonso Sánchez Anaya: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

En la región sur-sureste de México vive el 28% de la población del país y está conformada por las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, región que observa los peores índices de desarrollo respecto a otras como las del centro y norte del país en cuanto a nivel educativo, pobreza, infraestructura, salud y otros indicadores reconocidos oficialmente.

Un esfuerzo de vanguardia para atender al sur-sureste, es el emprendido por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que el 22 de octubre de 2004 creó la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, con los objetivos de atender la situación migratoria en la frontera sur, implementar el Programa México Seguro y analizar propuestas para definir programas estratégicos de crecimiento sustentable en la región.

El Senado de la República no debe estar ajeno a los retos coyunturales, menos a los de mediano y largo plazo que desde el ámbito de sus responsabilidades debe velar a favor del progreso de la región sur-sureste de México.

Los integrantes de esta Cámara estamos conscientes que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, prevé la planeación democrática y ordena al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortaleza la soberanía nacional y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

El Senado de la República es garante del artículo 26 de la misma Constitución, que dispone que el Estado organice un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

El Senado tiene la capacidad y el marco constitucional a su favor para exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerde crear la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos del desarrollo regional del sur-sureste de México.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a la consideración del Honorable Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que acuerde crear la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CREAR LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO

“Quien suscribe, Senador Alfonso SAnchez Anaya, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la región Sur-sureste de México vive el 28% de la población del país y está conformada por las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, región que observa los peores índices de desarrollo respecto a otras regiones como las del centro y norte del país en cuanto a nivel educativo, pobreza, infraestructura, desarrollo humano, salud y otros indicadores reconocidos oficialmente.

Contrastante es el hecho de que ahí se ubican importantes recursos naturales como el agua, hidrocarburos, ríos, bosques y selvas; bastas tierras aptas para la agricultura, ganadería y otras actividades productivas, lo cual resulta insultante con las condiciones de pobreza y marginación en que vive la mayoría de los 30 millones de habitantes de la región.

Condiciones que continúan a pesar de los esfuerzos de los distintos ámbitos de gobierno por abatir el rezago en la región, prevalecen altos índices de pobreza y una producción agrícola con carácter de subsistencia.

Un esfuerzo de vanguardia para atender al Sur-Sureste, es el emprendido por la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO que el 22 de octubre de 2004 creó la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, con los objetivos de atender la situación migratoria en la Frontera Sur, implementar el Programa México Seguro y analizar propuestas para definir programas estratégicos de desarrollo sustentable en la región.

Y como tal la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, encuentra su origen en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, que se basa en la representación nacional que ostentaron los diputados que la integraron, la vinculación de muchos de ellos con los problemas regionales y estatales de la región Sur-Sureste y con las atribuciones otorgadas por la Constitución determinó crear dicha Comisión Especial.

Su objetivo principal fue según punto de acuerdo fechado el 8 de septiembre de 2004:

“…sumarse a las plataformas formuladas por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional y emprender acciones en beneficio del desarrollo del Sur-Sureste de México”

Su existencia se extinguió al término de la Legislatura que le dio origen al ser creada con el carácter de Comisión Especial regulada por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el 18 de diciembre de 2006, crea la Comisión Especial Encargada de Impulsar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México con el objeto de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México

En esa Legislatura, la Comisión Especial estrecho lazos de trabajo con la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República y realizaron entre otras tareas la gestión de recursos y programas etiquetados para la región Sur-Sureste, lográndose grandes avances como etiquetar 5 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009.

Por su parte la Comisión de Desarrollo Regional impulsó el Fondo Regional FONREGION y junto con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados apoyaron la iniciativa del diputado Carlos Rojas Gutiérrez, quien mediante el Programa del Sur en beneficio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se logró sumar 10 mil millones de pesos del PEF 2009, a favor de la región Sur-Sureste.

El éxito de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República y la Comisión Especial Sur-Sureste de México, despertó el interés de otras entidades como Tlaxcala que solicitó su inclusión en la Región Sur-Sureste con el objeto de ser atendidas las condiciones de marginación y pobreza que ahí prevalecen, desde el Congreso y su Comisión Especial Sur-Sureste.

La Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México de la LX Legislatura cumplió cabalmente su papel, sin embargo, la Legislatura que la creó también marco su extinción como le sucedió a su antecesora.

Hoy la región Sur-Sureste al igual que todo el país, enfrenta nuevos retos como el de la crisis económica y reclama renovar los esfuerzos de impulso y seguimiento a programas y proyectos de desarrollo regional en el Sur-Sureste de México, con apoyo y gestión desde el propio Legislativo en la dinámica de apoyar programas emergentes y otros de mediano y largo plazos, constituyendo un imperativo de la Cámara de Diputados instaurar de nuevo la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

Los Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión debemos interesarnos en incentivar la coordinación y cooperación para el desarrollo que permita disminuir el rezago económico, las injusticias sociales y el desequilibrio regional del Sur-Sureste de México.

El Senado de la República no debe estar ajeno a los retos coyunturales, menos a los de mediano y largo plazo que desde el ámbito de sus responsabilidades debe velar en favor del desarrollo del la región Sur-Sureste de México, ya que esta consiente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículos 25 prevé la planeación democrática y ordena al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

El Senado de la República es garante del artículo 26 de la misma Constitución, que dispone que el Estado organice un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Por lo que el Senado tiene la capacidad y el marco Constitucional a su favor para exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso C) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerde crear la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a la consideración del Honorable Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDE CREAR LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Sen. Alfonso Sánchez Anaya”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Sánchez Anaya. ¿Acepta usted que le signen los Senadores Rubén Fernando Velázquez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, José Guadarrama Márquez, Arturo Herviz Reyes, Francisco Herrera León, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Antonio Mejía Haro?

Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado mexicano extiende un respetuoso llamado sobre la participación de niñas y niños soldado en conflictos armados.

- El C. Senador Ramón Galindo Noriega: Gracias, señor Presidente.

Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa, presento el siguiente punto de Acuerdo.

Damas y caballeros, como ustedes bien lo saben, en la actualidad se siguen desarrollando conflictos armados en diferentes partes del mundo, concretamente quiero hablar hoy de una gravísima situación que ocurre en los países africanos de Uganda, de Sudán y de la República Democrática del Congo.

Estos acontecimientos han arrojado y siguen arrojando miles de muertes, no obstante la profunda preocupación que representa la muerte violenta de cualquier ser humano es menester resaltar la importancia de pronunciarse en contra de cualquier acto violento dirigido contra inocentes que nada tienen que ver con los conflictos que dieron fin a estas guerras.

Una de las formas de violencia más graves que se tienen, comentaba, es el empleo sistemático de niños y niñas en los enfrentamientos entre los grupos antagónicos, a estos menores se les conoce como los niños de la guerra.

Se entiende por niño de la guerra o niños soldados a toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado regular o irregular con independencia de las labores que desempeñe.

Cabe resaltar que los niños por su inmadurez psicoemocional y además su naturaleza muy impresionable, son sumamente vulnerables al reclutamiento militar y a la manipulación y a los lineamientos para cometer actos de violencia.

Los grupos de combatientes han elaborado técnicas brutales y sofisticadas para separar y aislar a los niños en sus comunidades, normalmente se aterroriza a los niños para que obedezcan haciéndoles temer constantemente por sus vidas y por su bienestar, el único medio de sobrevivir es la obediencia absoluta. Los niños soldados son víctimas y su participación en los conflictos acarrea graves consecuencias para su bienestar físico y emocional.

Finalmente, las guerras dejan secuelas a los adultos, y muchísimo más grave el impacto que genera en los menores de edad, por lo general esos menores son sometidos a abusos y muchos de ellos presencian asesinatos y actos de violencia sexual, otro tanto es obligado a participar en estas matanzas y violaciones, inclusive contra miembros de su propia familia.

Una problemática adicional es la adicción de estos niños a drogas duras como la cocaína, en Sierra Leona, por ejemplo, los niños reciben a menudo una mezcla volátil de cocaína y pólvora para anestesiar el miedo durante el combate, se calcula que actualmente entre 300 mil y 500 mil niños y niñas menores de 18 años participan activamente en conflictos armados de más de 35 países.

El panorama es especialmente aterrador en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo, donde opera el llamado Ejército de Resistencia del Señor, conocido por sus siglas en inglés como LRA.

Por más de dos décadas este grupo ha aterrorizado a las comunidades en el norte de Uganda y en toda Africa Central, secuestrando a la fecha alrededor de 66 mil niños y provocado el desplazamiento de dos millones de ciudadanos de Uganda.

Las Naciones Unidas estiman que más de 2 mil congoleses han muerto por ataques del LRA desde septiembre de 2008, además dos mil civiles, incluyendo cientos de niños han sido secuestrados por los rebeldes del LRA. Actualmente 240 mil ciudadanos congoleses viven en campos de desplazados y la mitad de ellos no tienen acceso a ningún tipo de asistencia humanitaria.

El reclutamiento brutal, los abusos y las muertes persisten, el Senado de la República congruente con un sentido de humanitarismo y solidaridad mundial debe pronunciarse enérgicamente contra esta lamentable situación.

Por lo tanto, con la presente situación, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga extensiva la preocupación de este Senado de la República sobre la existencia de esta práctica inhumana, al Comité de Trabajo sobre Niños y Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo anterior con la finalidad de que este organismo formule las recomendaciones que considere pertinentes al Consejo de Seguridad sobre nuevas medidas que se puedan tomar para promover la protección de los niños y niñas de estas regiones africanas.

Por su atención, señor Presidente, damas y caballeros, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO MEXICANO EXTIENDE UN RESPETUOSO LLAMADO SOBRE LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADO EN CONFLICTOS ARMADOS

“H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Quien suscribe, Ramon Galindo Noriega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, sustentada en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente existen conflictos armados en los países de Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo. Desde hace años se ha documentado el empleo sistemático de niños y niñas en los enfrentamientos entre los grupos antagónicos que intervienen en estos conflictos.

El reclutamiento y uso de los niños en los conflictos armados en cualquier parte del mundo contraviene los principios englobados en la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y dicha práctica es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Para la mejor comprensión de este gravísimo problema se proporcionan los siguientes datos:

1. Se entiende por “niño soldado” toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; por ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa, labores de cocinero, recadero, mensajero; y toda persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos cuando ello no sea en condición de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas a quienes se haya reclutado con fines sexuales o para obligarlas a casarse. Por tanto, no incluye sólo a los menores que porten o hayan portado armas. Este es un ámbito de gran importancia en lo que respecta a la protección social y la reducción de la vulnerabilidad de los menores.

Cabe resaltar que los niños, por su naturaleza inocente e impresionable, son sumamente vulnerables al reclutamiento militar y a la manipulación para cometer actos de violencia. Son obligados o inducidos a alistarse en grupos armados. Independientemente de cómo sean reclutados, los niños soldados son víctimas, y su participación en los conflictos acarrea graves consecuencias para su bienestar físico y emocional. Por lo general, son sometidos a abusos y muchos de ellos presencian muertes, asesinatos y actos de violencia sexual; otro tanto participa en matanzas y la mayoría sufre graves trastornos psicológicos a consecuencia de estos hechos.

2. Se calcula que actualmente entre 300.000 y 500.000 niños y niñas menores de 18 años participan activamente en conflictos armados en más de 35 países. Sin embargo este número no refleja su auténtica dimensión ya que al no tener carácter cumulativo no tiene en cuenta que en la última década más de un millón de niños y niñas han sufrido estos abusos.

El panorama es especialmente aterrador en Africa Subsahariana especialmente en Uganda, República Democrática del Congo.

3. El Ejército de Liberación del Señor: Situación en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo.

Por más de dos décadas, el grupo rebelde conocido como Ejército de Resistencia del Señor (LRA) ha aterrorizado a las comunidades en el norte de Uganda y en toda África central. Como parte de estas acciones ha secuestrado un promedio de 66,000 niños y provocado el desplazamiento de 2 millones de ugandeses.

Todo esto ha sido mutilando, secuestrando, forzando a individuos a la esclavitud sexual y a miles de niños a ser soldados de su ejército rebelde.

En el 2005, según la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el LRA cambió su base de operaciones del sur de Sudán al noroeste de la República Democrática del Congo.

Representantes del Gobierno de Uganda y del LRA comenzaron negociaciones de paz en el 2006 en Juba, en las cuales el gobierno del sur de Sudán actuó como mediador. Durante estas negociaciones se firmó un Acuerdo de Cesión de Hostilidades el 12 de diciembre de 2006, lo que hizo que cientos de miles de personas pudieran dejar los campamentos de desplazados y regresar a sus hogares.

Después de 2 años de negociaciones, representantes de ambos lados llegaron a un Acuerdo Final en abril del 2008, pero Joseph Kony, el Líder del LRA, se rehusó a firmar el acuerdo en mayo del mismo año y sus fuerzas rebeldes atacaron nuevamente en la República Democrática del Congo.

Las Naciones Unidas estiman que más de mil congoleses han muerto por ataques del LRA desde septiembre de 2008. Además, 2 mil civiles, incluyendo cientos de niños han sido secuestrados por los rebeldes del LRA. Actualmente 240 mil ciudadanos congoleses viven en campos de desplazados y la mitad de ellos no tienen acceso a ningún tipo de asistencia humanitaria. Sólo en el mes de julio del año pasado, soldados del LRA llevaron a cabo 60 ataques en contra de ciudadanos inocentes en la República Democrática del Congo.

En diciembre de 2008, las fuerzas militares de Uganda, la República Democrática del Congo y el sur de Sudán enviaron una operación conjunta en contra del LRA a su base en la República Democrática del Congo. La operación falló y Joseph Kony respondió con ataques y masacres que han dejado como resultado la muerte de aproximadamente 900 personas en sólo 2 meses.

La creciente actividad del LRA durante estos meses pasados y la falta de habilidad por parte de las operaciones militares para detenerlos y a su vez proteger a la población, hace que los esfuerzos para terminar con este problema y proveer de ayuda humanitaria fallen continuamente.

Aunque Joseph Kony no haya firmado el Acuerdo de Paz, el gobierno de Uganda se ha comprometido a reconstruir el norte del país y a implementar lo acordado en este documento, independientemente de que Kony no haya firmado el documento.

Desde abril de año pasado, comenzaron los esfuerzos para la recuperación del norte de Uganda. Esto con donaciones de los Estados Unidos y otras organizaciones.Pero la falta de coordinación, demoras por logística y la capacidad limitada del gobierno de Uganda, no han permitido que estos esfuerzos tengan resultados positivos.

En Estados Unidos el pasado 18 de mayo los Senadores Russ Feingold (D-WI) y Sam Brownback (R-KS) y los representantes Jim McGovern (D-MA), Brad Miller (D-NC) y Ed Royce (R-CA) presentaron ante el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, el documento denominado Acta del desarme del Ejército de Resistencia del Señor y de Recuperación del Norte de Uganda, 2009, el cual sido turnado a los Comités de África de cada cámara. Dicho documento exige al gobierno norteamericano actual a crear una estrategia multilateral para arrestar a Joseph Kony, proveer de ayuda humanitaria a los afectados por esta guerra y crear una paz sostenible en el norte de Uganda; el documento le da al gobierno de Obama 180 días para desarrollar la estrategia a partir del momento en el que se firme. Se debe resaltar que la mitad de los congresistas en cada cámara están apoyando dicha iniciativa que ha sido impulsada por la campaña que encabeza Invisible Childen en EUA.

El 25 de Abril del 2009, miles de jóvenes alrededor del mundo se reunieron para alzar la voz por los niños soldados del ejército rebelde de Joseph Kony. En México, el evento, organizado por una organización sin fines de lucro llamada Invisible Children (niños invisibles), se llevó a cabo en Guanajuato, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Cadaasistente al evento escribió una carta dirigida hacia su senador o representante en el gobierno, para expresar la preocupación y deseo de acción por parte del gobierno mexicano para terminar con esta situación.

4. Según cálculos de las Naciones Unidas en África hay más de cien mil niñas y niños afectados, sobretodo en Uganda, Liberia, República Democrática de Congo y Sudán.

Entre algunas ONG que se dedican a la defensa y protección de los niños tenemos a las siguientes:

•Kindernothilfe (organización de cooperación cristiana alemana,focalizada en la infancia, actualmente existen dos organizaciones de esta índole en Austria y Suiza), es integrante de la Alianza "Coordinación Alemana contra el Reclutamiento Forzado de Niñas y Niños Soldados"  y se compromete contra este delito. Además apoya proyectos de rehabilitación y reintegración de ex niñas y niños soldados.

•Coalición española para acabar con la utilización de niños y niñas soldados, que está formada por Alboán, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación el Compromiso, El Servicio Jesuita a los Refugiados y Save the Children. Formada en febrero de 2003, la Coalición trabaja desde España, en coordinación con la Coalición Internacional con sede en Londres, para acabar con la insostenible situación de los niños y niñas soldados.

•Amnistía Internacional, es un movimiento global integrado por personas, en su mayoría voluntarias, que trabajan para que se respeten los derechos humanos en todo el mundo.

La mayoría de las niñas, niños y jóvenes que actualmente participan en aproximadamente 20 conflictos armados en todo el mundo, no luchan dentro de ejércitos oficiales, sino bajo el mando de grupos armados irregulares. La mayoría de ellos son forzados a luchar con armas, otros se enrolan “voluntariamente" porque no ven otra alternativa para subsistir que no sea participar en la guerra. Las razones para este “voluntariado" son la carencia de perspectivas para encontrar un trabajo o para educarse, o simplemente el deseo de salir del entorno violento dentro de la propia casa. La venganza juega también un rol importante, cuando, por ejemplo algunos miembros de la familia han sido asesinados durante un conflicto armado.

Los hechos indican que el reclutamiento y la utilización de niños se han convertido en el método preferido de muchos grupos armados para librar una guerra.

En el fondo, los factores que impulsan a reclutar y utilizar niños soldados son muchos y a menudo están relacionados entre sí. Muchos menores se ven obligados a hacerlo por su situación de pobreza o la falta de oportunidades de lograr un medio de vida adecuado, o bien a causa de la violencia en el hogar o la falta total de cuidados de los padres. Para algunos la falta de mecanismos legítimos para participar en política o expresar sus disidencias en esta esfera o su adhesión a ideologías nacionalistas o de identidad étnica se convierten en factores de motivación muy fuertes.

En especial, en las situaciones de conflictos prolongados, que pueden haber durado varios decenios y diezmado la población masculina adulta, el reclutamiento de niños se convierte en una ecuación entre la “demanda” urgente de combatientes y una abundante "oferta" de niños.

5. En comparación con los adultos, es relativamente más fácil y barato reclutar a los niños. Dado que los adultos por el simple hecho de tener más experiencia y más razonamiento de la realidad exigen un pago o compensación mayor, resulta mucho más sencillo y al mismo tiempo menos costoso recurrir a los niños. Los niños pueden ser fácilmente atraídos con promesas de protección y de un sustento básico. Por la condición propia de la niñez, caracterizada por la inmadurez psico-emocional, los menores son fácilmente adoctrinados, manipulados y explotados por adultos que portan armas y ejercen autoridad. Para muchos niños estos adultos son el único modelo de conducta y a través de la convivencia se convierten en un ídolo, en un ejemplo a seguir. Éste último punto es crucial en la delimitación temporal del reclutamiento de niños y niñas soldado, ya que entre más grande sea la cantidad de niños adiestrados psicológicamente en estas prácticas, mayor será la perpetuación del crimen en cuestión.

Los grupos de combatientes han elaborado técnicas brutales y sofisticadas para separar y aislar a los niños de sus comunidades. Normalmente se aterroriza a los niños para que obedezcan, haciéndoles temer constantemente por sus vidas y por su bienestar. Rápidamente, los niños se dan cuenta de que el único medio de sobrevivir es la obediencia absoluta. A veces se les obliga a participar en el asesinato de otros niños o miembros de la familia, porque los grupos armados consideran que, una vez que los niños han cometido estos crímenes, ya “no hay forma de volver a casa” para ellos.

Otra razón del reclutamiento forzado de niñas y niños, es porque son más dóciles que los adultos y se pueden instruir mejor para matar. Todo esto ocurre muchas veces bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Las niñas y niños que sobreviven esta terrible experiencia, tienen que luchar con las consecuencias de lascrueldades físicas y psíquicas recibidas.

6. Se habla de unos 300.000 niños combatientes hoy en día. Muchos de ellos son niñas, pero al no contar con estimaciones por sexos, el resultado es que las niñas y su particular problemática pasan desapercibidas.

La vida de las niñas y niños soldados es sumamente dura y peligrosa: son utilizados como mensajeros, cargadores y espías. Son obligados a colocar explosivos y aprenden a usar pistolas y armas automáticas.

Por otro lado, las niñas muchas veces son forzadas a satisfacer las necesidades sexuales de los soldados en los campos militares. Las niñas y niños soldados no solamente son víctimas en contextos de conflictos armados, también se les transforma en victimarias y victimarios.

Uno de los principales problemas al que se enfrentan estas niñas es a la invisibilidad. Un problema especialmente grave porque impide que se beneficien de los programas de desarme, desmovilización, rehabilitación y reinserción.

Es importante dar a conocer que sí existen niñas soldados, que son reclutadas al igual que los niños soldados y que además de sufrir como éstos, tienen problemas específicos a los que hay que atender. Por ejemplo, suelen ser reclutadas por grupos armados más que por ejércitos gubernamentales, que lo hacen en menor medida.

7. Adicionalmente, los graves problemas experimentados al tratar de restañar las heridas y reintegrar a estos niños en sus comunidades después de los conflictos se ven acrecentados por la profunda adicción de estos niños a drogas duras como la cocaína y su dependencia de ellas.

En Sierra Leona, por ejemplo, los niños recibían a menudo una mezcla volátil de cocaína y pólvora para anestesiar el miedo durante el combate.

Ya que actualmente los niños son también quienes cometen las brutalidades (a veces las peores atrocidades imaginables), su reintegración es a menudo un proceso complejo de expiación, cicatrización de las heridas de la comunidad y negociación con las familias para que los acepten de vuelta. Todo ello tiene repercusiones importantes y plantea problemas considerables en cuanto a necesidades de recursos y diseño de los programas psicosociales y otros programas de reintegración necesarios.

8. Vale la pena referir que México participa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 1° de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2010, y como parte de sus labores ante el Consejo nuestro país presidirá durante 2009:

1. El Comité de Sanciones relativas a Somalia;

2. El Comité de Sanciones relativas a Côte d'Ivoire, y

3. El Comité de Trabajo sobre Niños y Conflictos Armados.

También le corresponderá ser vicepresidente del Comité 1540 para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas, o biológicas; y del Comité 1591 de las Sanciones relativas a Sudán.

México asumió también, un asiento en la Comisión de Consolidación de la Paz, de igual forma, México presidió el Consejo de Seguridad durante abril de 2009.

Respecto al grupo de trabajo del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, tenemos que es un mecanismo único. Fue establecido en julio de 2005, de conformidad con la Resolución 1642 (2005) del Consejo de Seguridad. El Grupo de Trabajo está compuesto por los 15 miembros del Consejo de Seguridad y se reúne a puerta cerrada para losiguiente:

1. Examinar los informes del mecanismo de supervisión y presentación de informes a que se hace referencia en el párrafo 3 de la resolución 1612 (2005);

2. Examinar los avances logrados en la preparación y ejecución de los planes de acción previstos en el apartado a) del párrafo 5 de la resolución 1539 (2004) y en el párrafo 7 de la resolución 1612 (2005);

3. Examinar cualquier otra información pertinente que se le presente;

4. Formular recomendaciones al Consejo sobre las medidas que se podrían tomar para promover la protección de los niños afectados por un conflicto armado, incluidas las recomendaciones sobre mandatos apropiados para las misiones de mantenimiento de la paz y las recomendaciones relacionadas con las partes en el conflicto, y

5. Dirigir solicitudes, según proceda, a otros órganos del sistema de las Naciones Unidas para que tomen medidas en apoyo de la aplicación de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de conformidad con sus respectivos mandatos.

El objetivo del mecanismo de supervisión y presentación de informes consiste en examinar los siguientes seis abusos graves:

a) Asesinato o mutilación de niños;

b) Reclutamiento o utilización de niños soldados;

c) Ataques contra escuelas u hospitales;

d) Violación o sometimiento de lo niños a otros actos de violencia sexual;

e) Secuestro de niños, y

f) Denegación a los niños del acceso a la ayuda humanitaria.

En octubre de 2008, el Grupo de Trabajo había examinado 21 informes nacionales, había formulado recomendaciones concretas para cada contexto y había tomado medidas tales como hacer a las partes declaraciones públicas formuladas por el Presidente.

Además de estos informes por países del Secretario General, la Secretaría de las Naciones Unidas también presenta al grupo de trabajo una nota informativa general para su consideración en las reuniones bimestrales, en la que destaca los acontecimientos más importantes ocurridos en todas las situaciones preocupantes en relación con los niños. La nota informativa es una herramienta fundamental para atraer la atención a situaciones emergentes graves y actualizar la información sobre la evolución de otras situaciones preocupantes.

Como resultado de las recomendaciones del Grupo de Trabajo se han registrado progresos perceptibles, entre ellos señalar cuestiones concretas a la atención del Consejo de Seguridad y sus comités de sanciones.

Prueba de lo anterior es que, a pesar de algunas demoras iniciales, el Gobierno de la República Democrática del Congo ha comenzado a enjuiciar a Kyungu Mutanga, alias "Gedeon", ex comandante Mai-Mai, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluido el reclutamiento de 300 niños en la provincia de Katanga entre 2003 y 2006. Estas medidas se adoptaron después de que el Grupo de Trabajo recomendara la adopción de medidas jurídicas apropiadas contra los miembros de los grupos armados acusados de haber cometido graves delitos contra niños.

El 29 de abril, el CSONU celebró un debate abierto sobre la situación de los Niños y los Conflictos Armados, el cual fue presidido por la Canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano, y contó con la participación del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon; la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Sra. Radhika Coomaraswamy; el Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Alan Le Roy, así como la Directora Ejecutiva de la UNICEF, Sra. Ann Veneman, y Grace Akallo, niña ex-soldado de Uganda.

Durante su intervención la Sra. Rhadika Coomaraswammy felicitó a México por su labor como Presidente del Grupo de Trabajo de Niños y Conflictos Armados y destacó los avances logrados en algunos países que han adoptado medidas para disminuir el reclutamiento y uso de niños soldado.

Enfatizó la necesidad de crear un vínculo directo entre el Grupo de Trabajo y los Comités de Sanciones, y reiteró la recomendación contenida en su informe, de ampliar los criterios para la inclusión de grupos en los anexos de los informes del Secretario General.

Por su parte, el Sr. Le Roy declaró que la protección de niños es esencial para la paz y la seguridad; afirmó que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha establecido numerosas medidas en este ámbito y que ha incluido el servicio de protección a la infancia en algunas misiones de paz tales como la UNAMID y UNAMA; por último, recalcó la importancia de la comparación entre las oficinas regionales y la UNIDEV.

El 4 de agosto del 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por México sobre la protección de niños en conflictos armados. Con esta resolución, el Consejo se comprometió a tomar medidas para atender los asesinatos y vejaciones, así como violaciones y otros tipos de violencia sexual en contra de niños involucrados en conflictos armados.

9. Es importante hacer notar que en la materia que nos ocupa, tanto los Compromisos y los Principios de París como los principios y directrices sobre niños vinculados a fuerzas y grupos armados, proporcionan orientaciones para el desarme, la desmovilización y la reintegración de todas las categorías de niños vinculados a grupos armados.

En ese orden de ideas, es pertinente resaltar el especial interés que el Senado de la República ha mostrado ante esta grave situación.

Para ello, baste recordar que el pasado 10 de abril del año 2007 la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dictaminó un Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Lázaro Mazón Alonso, por el cual el Senado de la República expresó su beneplácito por la suscripción de 58 países al acuerdo para luchar contra el reclutamiento de niños como soldados, denominado “Compromisos de París” en la Ciudad de París, Francia.

El Senado de la República reconoció el valor moral que conlleva la batalla que implica luchar contra el reclutamiento de niños soldado. Desde aquella ocasión, se expresó que el combate a la violación de los Derechos Humanos del Niño es una prioridad para el Senado de la República y debe serlo para la comunidad internacional.

Por todo lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República condena enérgicamente la práctica de forzar a los llamados niños y niñas soldado a participar en los distintos conflictos armados en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo, y extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno Mexicano, emita un pronunciamiento sobre esta lamentable situación.

Segundo.- El Senado de la República, en ejercicio de sus atribuciones en materia de política exterior, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga extensiva la preocupación sobre la existencia de esta práctica inhumana, al Comité de Trabajo sobre Niños y Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la finalidad de que este Organismo formule las recomendaciones que considere pertinentes al Consejo de Seguridad sobre nuevas medidas que se puedan tomar para promover la protección de los niños y niñas afectados por los conflictos armados en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo, y para mantener la paz en la región, evitar ataques futuros y proteger a la población afectada.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Ramón Galindo Noriega

Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, Senador Galindo Noriega. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme, a nombre propio y del Senador Luis Alberto Villarreal García, para presentar un punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar a la ciudad de Tampico como heroica.

- La C. Senadora Amira Griselda Gómez Tueme: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

El día 11 de septiembre de 1829, es una fecha que deberíamos de recordar todos los mexicanos, ese día se consolidó la independencia de nuestra nación, al derrotar al Ejército de Vanguardia Español en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ese día el ejército español entregó armas y banderas y los prisioneros de guerra fueron enviados a la Habana. Fue el último intento de la Corona Española por reconquistar México, y la última vez que combatieron fuerzas mexicanas y españolas. Un acto heroico que dio lugar a que en 1836 se firmara el Tratado de Paz y Amistad entre el Reino de España y la República Mexicana, con la que se reconoció nuestra Independencia después de 26 años de lucha.

Señores Senadores, los mexicanos debemos reforzar nuestra identidad por medio del conocimiento de nuestra historia, es por eso que con este punto de Acuerdo tratamos de dar a este suceso su justa trascendencia y dimensión en la historia de nuestro país.

Por lo anterior, queremos someter a su consideración el Senador Luis Alberto Villarreal García, y su servidora, los siguientes resolutivos de punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que se distinga como “Heroica” a la ciudad y Puerto de Tampico, que la fecha del 11 de septiembre de 1829 sea integrada por la Secretaría de Gobernación en el Calendario de Efemérides Históricas de México y que la Secretaría de Educación Pública incluya de forma relevante estos acontecimientos históricos en los libros de texto gratuitos producidos por dicha secretaría para el sistema educativo nacional.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Escuela Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realice dos réplicas fidedignas de las banderas rendidas por el Ejército de Vanguardia Español en su fallido intento de reconquista de 1829, denominadas una “Cruz de Borgoña” y otra “Legión Real”, las cuales se encuentran, dichas banderas, en resguardo del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, con el objetivo de que dichas réplicas, entre otros elementos originales del patrimonio histórico de México relacionados al mismo hecho, sean enviados para su exposición a la Heroica Ciudad y Puerto de Tampico, como testimonio de los valiosos eventos aquí referidos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que en el marco de las Conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, ofrezcan todas las facilidades para ceder en comodato al ayuntamiento de Tampico el edificio histórico donde se encontraba la Aduana en 1829 y que actualmente ocupa Telecomm-Telégrafos frente a la Plaza de Armas de la Libertad, así como las entidades correspondientes del Ejecutivo Federal donde se apoyen y otorguen recursos económicos y logísticos para la implementación del Proyecto Ciudadano “Tampico 1829”, el cual tiene como objetivo contar con un museo que conmemore los sucesos históricos del 11 de septiembre de 1829.

Cuarto.- El Senado de la República solicita a la comisión federal organizadora de las Conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, que incluya en los calendarios, eventos, festejos, rutas e información histórica a difundir lo correspondiente a La Victoria de Tampico de 1829 como la consolidación de la Independencia de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NOMBRAR A LA CIUDAD DE TAMPICO COMO “HEROICA”, SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION INCLUIR EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1829 EN EL CALENDARIO DE EFEMERIDES HISTORICAS DE MEXICO Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INCLUIR LOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS SUCEDIDOS EN ESA FECHA EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

LOS SENADORES AMIRA GRISELDA GOMEZ TUEME, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA, DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 58 Y59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NOMBRAR A LA CIUDAD DE TAMPICO COMO “HEROICA”, ASI COMO A SOLICITAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION QUE INCLUYA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1829 EN EL CALENDARIO DE EFEMERIDES HISTORICAS DE MEXICO Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A QUE INCLUYA LOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS SUCEDIDOS EN ESA FECHA EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco de las Conmemoraciones por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, es importante que los mexicanos conozcamos y valoremos el largo y difícil camino que tuvimos que transitar para lograr nuestra libertad. La lucha por nuestra independencia comenzó el 16 de Septiembre de 1810 con el “Grito de Dolores” y pasaron 11 años para la consumación de la misma el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

En 1824, México se convirtió en una República Federal. Las legislaturas de los Estados eligieron a Guadalupe Victoria como el primer Presidente de México. En el período presidencial de Victoria muchos mexicanos se opusieron a la permanencia de los españoles que residían en México, a quienes consideraban como un peligro latente para la estabilidad del régimen republicano, en vista de las pretensiones del monarca español Fernando VII de recuperar la soberanía española sobre su antigua colonia.

Durante algunos años posteriores a la consumación de la independencia, el gobierno de la República Mexicana, tuvo que enfrentar la amenaza de las tropas españolas que se encontraban acantonadas en el fuerte de San Juan de Ulúa y que hostilizaban constantemente al Puerto de Veracruz. Pero la rendición por bloqueo naval de ese punto en 1825, no significó la aceptación de la independencia mexicana por parte de la monarquía española.

La lucha continuó en el mar desde Veracruz. La armada mexicana atacaba a la española en los alrededores de la Isla de Cuba obteniendo grandes ventajas, teniendo como gran protagonista de ellas al Bergantín Guerrero, el cual después deuna serie de victorias, es apresado desarticulando lo mejor de la defensa mexicana en 1828.

El 27 de julio de 1829 desembarcó en Cabo Rojo, Veracruz, el Real Ejército de Vanguardia Español formado por 3100 combatientes, bien pertrechados, tratando de reconquistar nuestro país. El 2 de agosto, el Presidente Vicente Guerrero recibía la noticia del desembarco. Conciente de la gravedad de la situación, lanzó una proclama a todos los mexicanos convocándolos a unirse en defensa de la patria. Por otra parte, dispuso de la integración del Ejército de Operaciones Mexicano para enfrentar dicha invasión.

Mientras tanto, pequeñas fuerzas de Tamaulipas y Veracruz intentaron heroicamente detener el avance español sobre Tampico, especialmente en “Los Corchos” y en el Fortín Veracruzano de “La Barra”. Evacuada la ciudad por la reducida guarnición y la población civil, que aplicó una heroica estrategia de tierra arrasada destruyendo todo aquello que pudiese servir al invasor, Tampico Tamaulipas fue ocupada por el Ejército Español, el 7 de agosto de ese año.

El 21 del mismo mes, mientras el ejercito español enfrentaba a las tropas mexicanas para tomar Villerías, hoy Altamira, Tamaulipas, en la plaza de La Libertad y en las calles del centro histórico, se llevó a cabo “La Batalla de Tampico”, donde el Ejército Mexicano, abatió el orgullo Español, los cuales tuvieron que solicitar un alto al fuego para capitular y se estaba dando trámite a lo acordado, cuando retornó el grueso del Ejército Español pactando que ambos regresaran a sus respectivas líneas, lo que permitió la liberación de Altamira, quedando los españoles sitiados en Tampico. El Ejército Mexicano salió de esta ciudad con honores y banderas desplegadas, en medio de una fuerza española superior.

Desde ese día, dicha plaza donde se encontraba el Cuartel General de los Españoles fue bombardeada por la artillería mexicana desde el Paso del Humo en Veracruz. Mientras se esperaban refuerzos del centro de la República, se dieron acciones heroicas por parte de los soldados mexicanos, como lo fue la captura de la balandra española en el Río Pánuco. El Ejército Mexicano fue construyendo una serie de fortificaciones que cercaron e inmovilizaron al invasor, el cual empezó a sufrir por la falta de alimentos y agua.

El día 9 de septiembre cayó un fuerte huracán que provocó una gran inundación que obligó a los mexicanos a entrar en acción, dándose la batalla final la noche del 10 al 11 de septiembre con la toma del Fortín de “La Barra”, entonces parte de Tampico, ubicadohoy en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Los soldados españoles se defendieron con tenacidad y desesperación. La lucha se desarrolló en muchos momentos a la bayoneta, es decir, cuerpo a cuerpo. Este sangriento enfrentamiento obligó al Ejército Español a rendirse ante las tropas mexicanas que se desempeñaron con valor yaudacia, pocas veces vista. La capitulación fue redactada y firmada por el Ejército Mexicano en Pueblo Viejo de Tampico en Veracruz y ratificada por el Real Ejército de Vanguardia Español en la Casa Fuerte de Castilla, en la Plaza de la Libertad, dentro del Centro Histórico de Tampico, Tamaulipas, el 11 de septiembre de 1829. Al día siguiente el Ejército Español entregó armas y banderas. Los prisioneros de guerra fueron remitidos a La Habana, lo que constituyó el último intento de la Corona Española por reconquistar México.

La Victoria de Tampico de 1829 fue celebrada jubilosamente en todo el país, en particular en la Ciudad de México, a donde llegaron las banderas rendidas del Ejército Español. Durante el camino y en la capital, dichas banderas fueron motivo de celebraciones públicas, las cuales fueron entregadas en ceremonia oficial por el General Presidente Vicente Guerrero a la Virgen de Guadalupe, en la antigua basílica del Tepeyac. La importancia de ese hecho fue tal que, para conmemorar el XXV aniversario de esta fecha histórica, en 1854, se realizó el concurso público para componer nuestro Himno Nacional Mexicano.

La Victoria de Tampico de 1829 es la única victoria mexicana frente a un ejército extranjero donde éste haya capitulado, quedando sus oficiales y soldados prisioneros, así como entregado armas y banderas. El rechazo del último intento de reconquista español, es uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país ya que permitió que en 1836 el Reino de España reconociera nuestra independencia, concluyendo la lucha que iniciara el Cura Hidalgo, 26 años antes.

En el 2005 el Congreso de Tamaulipas elevó a la distinción de “Heroica” a la Ciudad y Puerto de Tampico, declarando el 11 de Septiembre de 1829 como fecha histórica para el Estado de Tamaulipas. La iniciativa para lograr estos reconocimientos a nivel federal se encuentra ya en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

Nuestra identidad se refuerza con el conocimiento de nuestra historia patria, por lo que buscamos que se le dé a este suceso su justa trascendencia y dimensión, logrando que la Heroica Ciudad y Puerto de Tampico sea el centro de dicho reconocimiento, ya que en ella se llevaron a cabo las acciones más importantes que acabaron con la aspiración de la corona española de recuperar México, consolidando nuestra Independencia Nacional.

Dado lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que se distinga como “Heroica” a la Ciudad y Puerto de Tampico, que la fecha del 11 de Septiembre de 1829 sea integrada por la Secretaría de Gobernación en el Calendario de Efemérides Históricas de México y que la Secretaría de Educación Pública incluya de forma relevante estos acontecimientos históricos en los libros de texto gratuitos producidos por dicha Secretaría para el Sistema Educativo Nacional.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Escuela Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realice dos réplicas fidedignas de las banderas rendidas por el Ejército de Vanguardia Español en su fallido intento de reconquista de 1829, denominadas una “Cruz de Borgoña” y otra “Legión Real”, las cuales se encuentran en resguardo del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, con el objetivo de que dichas réplicas, entre otros elementos originales del patrimonio histórico de México relacionados al mismo hecho, sean enviados para su exposición a la Heroica Ciudad y Puerto de Tampico, como testimonio de los valiosos eventos aquí referidos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que en el marco de las Conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, ofrezcan todas las facilidades para ceder en comodato al Ayuntamiento de Tampico el edificio histórico donde se encontraba la Aduana en 1829 y que actualmente ocupa Telecomm-Telégrafos frente a la Plaza de la Libertad, así como las entidades correspondientes del Ejecutivo Federal apoyen y otorguen recursos económicos y logísticos para la implementación del Proyecto Ciudadano “Tampico 1829”, el cual tiene como objetivo contar con un museo que conmemore los sucesos históricos del 11 de septiembre de 1829.

Cuarto.- El Senado de la República solicita a la Comisión Federal organizadora de las Conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, incluya en los calendarios, eventos, festejos, rutas e información histórica a difundir lo correspondiente a La Victoria de Tampico de 1829 como la consolidación de la Independencia de México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Luis Alberto Villarreal García.- Sen. Amira Griselda Gómez Tueme”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: El Senador Jesús Garibay se quiere sumar. A ver, sonido en el escaño del Senador Jesús Garibay. Vamos a preguntar ahora si se considera de urgente y obvia resolución. Senador Tomás Torres, Senadora Yeidckol Polevnsky, que se ha inscrito en todas las que han pasado y las que van a pasar; Senador Melquiades Morales, Senador Carlos Lozano.

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Sí, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Toda vez que en Michoacán tenemos a la tres veces Zitácuaro, de la Independencia a la Reforma y la Revolución, quiero solicitar formalmente a los proponentes si me permiten suscribir su punto de Acuerdo también.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Con esa convicción, será usted cuatro veces heroico.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los que estén porque así se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, consulte si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de aprobarse. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Tiene el uso de la voz el Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar las medidas para hacer frente a la pandemia denominada Influenza A/H1N1.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hoy toco nuevamente el tema de la pandemia de la Influenza tipo A/H1N1, en virtud de que como era de esperarse, a la entrada de la época invernal, el número de casos de enfermos y de muertos se iba a incrementar.

Es por eso que presentamos este punto de Acuerdo. Basta ver los informes oficiales de la Secretaría de Salud para darnos cuenta que tan solo en el último mes se han incrementado en un 40% los casos confirmados de A/H1N1, y se han incrementado en un 46% los casos de defunciones.

Es así que el 6 de octubre teníamos 35 mil 838 casos confirmados, y para el 9 de noviembre fueron 59 mil 762. Hoy van por el orden de las 62 mil casos confirmados, una diferencia de 23 mil 924 que representan el 40% a nivel nacional de incremento en morbilidad; pero también en mortalidad el índice se incrementó.

Del 6 de octubre de tener 245 defunciones, al 9 de noviembre pasado se elevó a 452, o sea, una diferencia de 207 casos de personas que fallecieron, lo que hace el 46%. Las defunciones han ocurrido principalmente en personas de 20 a 54 años de edad en el 70% de los casos, o sea, en personas que están en actividad plena económica, los que están expuestos en su trabajo y en la calle, y la mayor parte de ellas, el 73%, reporta antecedentes de padecimientos metabólicos, cardiovasculares, tabaquismo y problemas respiratorios.

Los principales síntomas de las personas que han fallecido son los que conocemos: una fiebre alta, persistente problema de respiración con disnea, así la cefalea con dolores de cabeza muy fuertes y la miositis, dolor en los músculos. De tal manera de que es fácil determinar cuando se tienen estos signos y síntomas que se puede tener el problema de la influenza humana A/H1N1.

Los principales estados afectados son el Distrito Federal, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Jalisco, en ese orden. Estos estados concentran aproximadamente el 50% de los casos confirmados en el país.

Por otro lado, Estados Unidos está vacunando algo así, como 160 millones de sus ciudadanos en riesgo. Canadá al 100% de su población, y en México solamente se tiene una meta de 30 millones por vacunarse con vacunas que primero se dijeron que iban a llegar en octubre, y luego se nos dijo que en diciembre, y que vienen de China, ojalá no sean piratas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda a los países para disminuir la propagación de la epidemia que los enfermos permanezcan en sus casas, que eviten ir a los sitios concurridos, y, desde luego, los filtros en las escuelas y tomar las medidas preventivas que ya todos conocemos, como es lavarse las manos con agua y jabón y geles antibacteriales.

No obstante el rebrote, tanto del incremento de enfermos como de muertos, pareciera ser que se han relajado las medidas tanto por los gobiernos como por la ciudadanía. Al principio cuando se dio los casos, en marzo, hubo tal atención, que inclusive se pudieron llevar a cabo campañas mediáticas muy fuertes para que se diera a conocer las acciones preventivas para no contraer y propagar la enfermedad.

Pero también se inculcó en la ciudadanía que debía de cuidarse. Hoy pareciera ser que se han relajado estas medidas. Estamos conscientes de que esta enfermedad, esta epidemia llegó para quedarse y que tenemos que saber convivir con ella; pero precisamente el convivir con ella significa extremar las medidas preventivas para no contraer la enfermedad y para no difundirla, eso es lo importante en este caso.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre la situación actual de la pandemia de influenza humana tipo A/H1N1 en el país; también sobre las medidas que se están realizando para reducir su transmisión, y la atención que se le está dando y el seguimiento a los enfermos y sobre todo la disponibilidad que se tiene de vacunas y de antivirales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar por diferentes medios de comunicación las campañas preventivas dirigidas a la ciudadanía para evitar el contagio y la propagación de la Influenza A/H1N1.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a invertir más recursos en infraestructura de laboratorios certificados, actualizados en su equipo y también en recursos humanos, como son investigadores y los mismos médicos a efecto de poder llevar a cabo los estudios epidemiológicos de manera permanente y con esto poder enfrentar este tipo de pestes que azotan a la humanidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DENOMINADA INFLUENZA A/H1N1; A INFORMAR SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE CONTAGIOS EN EL PAIS Y A INVERTIR EN LA FORMACION Y CAPACITACION DE PROFESIONALES, ASI COMO LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO

“LOS SUSCRITOS, SENADORES ANTONIO MEJIA HARO, CLAUDIA SOFIA CORICHI GARCIA, RUBEN FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ Y JOSE LUIS MAXIMO GARCIA ZALVIDEA, LEGISLADORES DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, SOMETEMOS A LA CONSIDERACION DE ESTA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DENOMINADA INFLUENZA A H1N1; A INFORMAR SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE CONTAGIOS EN EL PAIS Y A INVERTIR EN LA FORMACION Y CAPACITACION DE PROFESIONALES, ASI COMO LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

A la entrada de la época invernal, como era de esperarse por las condiciones de temperatura más propicias para aumentar la vida y la reproducción del virus de Influenza Humana A/H1N1, en México se han incrementado de manera preocupante los índices de morbilidad y mortalidad por esta pandemia.

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud, en el último mes, a nivel nacional se han aumentado de 35, 838 casos confirmados de Influenza Humana A/H1N1 registrados el 6 de octubre a 59, 762 casos para el 9 de noviembre, es decir 23,924 eventos más, que representa un 40 por ciento de incremento de enfermos en ese periodo.

Estos mismos informes registraban 245 defunciones por esta epidemia el pasado 6 de octubre, mientras que para el 9 de noviembre el número de fallecimientos por esta enfermedad alcanzaba los 452, una diferencia de 207 muertes, que representan un incremento del 46 por ciento en el periodo referido.

Las defunciones han ocurrido principalmente en personas con 20 a 54 años de edad (70%) y la mayor parte de ellas (73%) con antecedentes de padecimientos metabólicos, cardiovasculares, tabaquismo y respiratorios.

Los principales síntomas presentados en los fallecidos han sido: fiebre alta, tos, respiración dificultosa, dolores musculares y de cabeza (cefaleas) y expectoración.

Los principales estados afectados, son: Distrito Federal, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Jalisco; estos estados concentran aproximadamente el 50 por ciento de los casos confirmados en el país.

Por otro lado, Estados Unidos está vacunando a 160 millones de ciudadanos con más riesgo, Canadá al 100 por ciento de su población, en México se contempla la aplicación de vacuna a 30 millones de personas, especialmente al personal de salud, a las mujeres embarazadas, a los ancianos y niños. Sin embargo, las vacunas estarán disponibles hasta el próximo mes de diciembre.

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó a los países que para disminuir la propagación de la epidemia, los enfermos deberán usar cubrebocas, asistir al médico, permanecer en sus domicilios y no automedicarse. Asimismo, que todas las escuelas deberán contar con medidas apropiadas para lavarse las manos con agua, jabón y gel antibacterial.

No obstante, el rebrote de Influenza Humana A/H1N1, las medidas preventivas se han relajado por el gobierno y la ciudadanía, cuando se registraron los primeros casos en el mes de marzo pasado se decretó una alerta epidemiológica, en abril se suspendieron las actividades educativas y las actividades no esenciales, a mediados de mayo se regresó a clases, durante todo este tiempo se intensificaron las campañas de información preventivas en los diferentes medios de comunicación; así mismo, se reforzaron las acciones para evitar el contagio y propagación del virus.

Ahora con el rebrote de la epidemia, con más índices de morbilidad y mortalidad, y con la amenaza que se acentúen estos en los próximos meses de diciembre, enero y febrero; las medidas preventivas se han relajado por el Gobierno y la ciudadanía.

Sabemos que esta epidemia llegó para quedarse y que debemos aprender a convivir con ella sin entrar en pánico; esto no significa que relajemos las medidas de prevención; por el contrario, significa que debemos extremar las medidas preventivas que disminuyan el número de contagios y de propagación de la enfermedad y por ende la reducción de enfermos y muertos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA PANDEMIA DE INFLUENZA HUMANA A/H1N1 EN EL PAIS; LAS MEDIDAS QUE SE ESTAN REALIZANDO PARA REDUCIR SU TRASMISION, LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE ENFERMOS Y SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE VACUNAS Y ANTIVIRALES.

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INTENSIFICAR POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION LAS CAMPAÑAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACION DE LA INFLUENZA HUMANA A/H1N1.

TERCERO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INVERTIR MAS RECURSOS EN LA FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL MEDICO CERTIFICADO; EN LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO, REALIZACION DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS Y EN INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION DE VACUNAS Y DROGAS CONTRA ESTE TIPO DE EPIDEMIAS.

Dado en la Cámara de Senadores, a los 17 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Claudia Sofía Corichi García.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría con los asuntos listados en cartera.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se cita a la siguiente sesión el jueves 19 de noviembre a las 11:00 horas en punto.

(Se levantó la sesión a las 13:51 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO


CAMARA DE DIPUTADOS

- Remite oficio con el Acuerdo por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la IV Reunión Interparlamentaria México-Guatemala, a celebrarse en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 18 al 20 de noviembre de 2009.







PROPUESTAS

- Del C. Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales para que, al momento de estudiar el Presupuesto de Egresos 2010 de su respectiva entidad federativa, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público. Se aprueba.



- Del C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer un intensivo programa informativo sobre las medidas preventivas del virus de la influenza A/H1N1 en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas de México.



- Del C. Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de diversas disposiciones contenidas en las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, por considerarlas violatorias de los derechos humanos.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre la existencia de grupos armados denominados “Escuadrones de la Muerte”, en el territorio nacional.



- Del C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la conciencia ecológica, a través de campañas de educación ambiental en los medios de comunicación masiva.



- Del C. Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a elaborar el Padrón Unico de Maestros del Sistema Educativo Nacional.



- Del C. Senador Antonio Mejía Haro, a nombre del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para salvaguardar la producción porcícola nacional ante la situación de emergencia que se enfrenta debido al incremento en las importaciones.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, con el objeto de que a los vehículos que portan placas foráneas, se les otorguen las facilidades necesarias para circular por las vías de comunicación de ese estado y puedan transitar sin molestias y se modifiquen las formas de sancionar las violaciones al Reglamento de Tránsito y los cobros excesivos de éstas. Interviene al respecto el C. Senador Jesús Garibay García.Se aprueba.



- Del C. Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo relativo a la implementación de un proyecto de cuotas a la pesca del camarón en Sinaloa.



- Del C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para solicitar información al Banco de México sobre la existencia de créditos otorgados al gobierno federal o a las entidades federativas, con recursos correspondientes a cuentas individuales inactivas, reguladas por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.



- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en el contenido del libro de texto gratuito en la asignatura de ciencias naturales del nivel básico, el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, en especial, la atención a la obesidad y la diabetes mellitus.



- Del C. Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.



- Del C. Senador Ramón Galindo Noriega, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado mexicano extiende un respetuoso llamado sobre la participación de niños y niñas soldado en conflictos armados.



- De la C. Senadora Amira Griselda Gómez Tueme, a nombre propio y del C. Senador Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar a la ciudad de Tampico como “Heroica”, se solicita a la Secretaría de Gobernación incluir el 11 de septiembre de 1829 en el calendario de efemérides históricas de México y a la Secretaría de Educación Pública incluir los acontecimientos históricos sucedidos en esa fecha en los libros de texto gratuitos para el sistema educativo nacional. Se aprueba.



- Del C. Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los CC. Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar las medidas para hacer frente a la pandemia denominada influenza A/H1N1; a informar sobre la situación actual de contagios en el país y a invertir en la formación y capacitación de profesionales, así como en la construcción, equipamiento y certificación de laboratorios de diagnóstico.


Portal de Accesso