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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 24

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Noviembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

APERTURA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (12:25 horas) Se ruega a la Secretaría informar a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, González Carrillo Adriana, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Leal Angulo Augusto César, Lobato Campos José Luis, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto, Camarillo Ortega Rubén, Corichi García Claudia Sofía, Díaz Delgado Blanca Judith, González Alcocer Alejandro, Jiménez Macías Carlos, Murillo Karam Jesús, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Ybarra de la Garza Rosario.

Senadores en comisión oficial: Castellón Fonseca Francisco Javier, Delgado Rannauro Dante, González González Felipe, Govea Arcos Eugenio, Larios Gaxiola Emma Lucía, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Ramírez Núñez Ulises, Sotelo García Carlos.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguilar Coronado Marco Humberto (inasistencia justificada), Cota Cota Josefina (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Dorador Pérez Gavilán Rodolfo (inasistencia justificada), Döring Casar Federico (inasistencia justificada), Fonz Sáenz Carmen Guadalupe (inasistencia justificada), Gómez Tueme Amira Griselda (inasistencia autorizada), González Aguilar Lázara Nelly (inasistencia justificada), Jiménez Rumbo David (inasistencia justificada), López Hernández Rosalinda (inasistencia justificada), Mazón Alonso Lázaro (inasistencia justificada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia autorizada), Saro Boardman Ernesto (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Jara Cruz Salomón, Legorreta Ordorica Jorge, Mendoza Garza Jorge, Sánchez Anaya Alfonso.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se encuentran presentes 103 Senadores de la República.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta minutos del día martes diez de noviembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento once ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves cinco de noviembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la Declaración Conjunta adoptada por los Presidentes de México y Guatemala, durante la Visita de Estado del Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a dicho país, el 26 y 27 de octubre del año en curso.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, sesenta y siete oficios con los que remite el mismo número de expedientes con hojas de servicios, para ratificación de diversos grados navales.- Se turnó a la Comisión de Marina.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos en relación con las Antillas Holandesas sobre el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en la ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria que modifica el Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y su Protocolo firmados en la Ciudad de México el 13 de abril de 2004, suscrito en Viena, el dieciocho de septiembre de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal Suizo para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el 3 de agosto de 1993, suscrito en la Ciudad de México, el dieciocho de septiembre de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscrito en Luxemburgo, el siete de octubre de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Singapur para evitar la Doble Imposición e impedir la Evasión Fiscal en Materia del Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México el veintinueve de septiembre de dos mil nueve.- Se turnó a a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Bermudas sobre el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en la Ciudad de México, el quince de octubre de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos a Nivel Primaria, Secundaria y Medio Superior o sus Equivalentes, firmado en la ciudad de Guatemala el veintiséis de octubre de dos mil nueve.- Se turnó a a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Educación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, adoptada en la ciudad de Guatemala el siete de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Defensa Nacional.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 17 de enero de 2006.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos. Para referirse a este asunto intervinieron los Senadores Francisco Arroyo Vieyra, Fernando Elizondo Barragán y Jesús Garibay García.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, solicitud del Diputado Juan Carlos Natale López, para que se dictamine la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado “De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Alfonso Sánchez Anaya, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Protesta del Cargo)

El Presidente del Senado, tomó protesta al doctor Raúl Plascencia Villanueva, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General Iberoamericana relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación, firmado en la Ciudad de México el ocho de julio de dos mil nueve.- Sin discusión, se aprobó por 80 votos en pro y 2 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- A discusión, intervinieron los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y María Elena Orantes López. Se aprobó por 89 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.- Sin discusión, se aprobó por 91 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda, con el que se desecha la Minuta proyecto de Decreto que se adiciona un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, se aprobó por 91 votos en pro y 1 abstención. El Presidente ordenó descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2010 se contemplen los recursos necesarios para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas a fin de alcanzar la inversión del 1% del PIB establecido por la Ley; y por el que se solicita a diversas autoridades un informe del monto total que fue recortado a dichas actividades del Presupuesto de Egresos 2009.- A discusión, intervinieron los Senadores Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Antonio Mejía Haro, Francisco Labastida Ochoa, María Beatriz Závala Peniche y José Luis García Zalvidea. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Pleno del Consejo de Salubridad General, así como al Gobierno del estado de Colima a intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue en esa entidad.- A discusión, intervino la Senadora Martha Leticia Sosa Govea. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Equidad y Género, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal para que, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se honre con una escultura alusiva, la memoria de las mujeres que participaron en dichos movimientos.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora María Elena Orantes López, a nombre propio y del Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan tres nuevas fracciones al artículo 74, tres nuevas fracciones al artículo 163 y una nueva fracción al artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Iniciativas)

El Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Rubén Velázquez López y Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Adolfo Toledo Infanzón y Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona unpárrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 366 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador José González Morfín, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, a nombre propio y del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asignen mayores recursos presupuestales al estado de Nayarit.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores por los Estados de Durango y Sinaloa, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se otorguen mayores recursos en materia de infraestructura carretera para continuar con las obras de la carretera Durango-Culiacán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren mayores recursos para la realización de las acciones necesarias en los rubros de salud y educación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la SAGARPA a incrementar el presupuesto público de 2010 al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, conocido como el INCA RURAL.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores por los Estados de Durango, Nayarit y Jalisco, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se otorguen mayores recursos en materia de infraestructura carretera para continuar con las obras de la carretera Durango-Tepic.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se favorezca al proyecto de Formación de Promotores Comunitarios para el Manejo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita mayor presupuesto a la educación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo para demandar a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora y la Procuraduría General de la República hacer una investigación a fondo para el cabal esclarecimiento del asesinato de Margarito Montes Parra.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a otorgar recursos suficientes para que el Comité de Cuenca del Río Lagartero pueda cumplir con los objetivos del Plan de manejo de dicha zona de conservación, ubicada en el Estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a simplificar y agilizar las normas de operación de los programas de atención a contingencias climatológicas y de apoyos directos al campo, con el fin de apoyar a los productores agropecuarios afectados por la sequía atípica e impredecible que azota al país; y a etiquetar recursos en el presupuesto del 2010, a fin de afrontar el problema y solucionarlo.- Se turnaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería los resolutivos Primero, Segundo y Cuarto, y a la Cámara de Diputados, el Tercero de éstos.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se convoca a un proceso nacional de audiencias públicas para promover un nuevo pacto fiscal y hacendario que haga viable el crecimiento económico del país.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Proposiciones)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II del artículo 116 constitucional en materia del fortalecimiento de las entidades estatales de fiscalización, de conformidadcon la reforma publicada el 7 de mayo de 2008.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer mayores acciones de vigilancia en las carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos y en los puntos de revisión de control migratorio, a fin de abatir el secuestro de migrantes.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

La Senadora Rosario Green, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de Alemania, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín.- Considerado de urgente y obvia resolución. A discusión, intervinieron los Senadores José Guadarrama Márquez, María Teresa Ortuño Gurza, Pablo Gómez Álvarez, José Luis Lobato Campos, Guillermo Tamborrel Suárez y René Arce. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo con relación a las denostativas manifestaciones transferidas en un programa televisivo, en perjuicio de las guitarras fabricadas en Paracho, Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.- El Presidente emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión ordinaria el próximo jueves doce de noviembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto A la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan el Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

“SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEl/311/1942/09
México, D.F., a 9 de noviembre de 2009

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12160, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, pueda aceptar y usar la Condecoración del Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada de la Carta de Naturalización Mexicana, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEl/311/1983/09
México, D.F., a 9 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12315, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Juan Carlos Mestas Avilés, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Medalla de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.






CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un oficio por el que hace referencia a la regulación de las Casas del Migrante, a fin de no perjudicar los derechos humanos de los dueños, representantes, trabajadores y migrantes que viven o transitan en nuestro país, tutelando en todo momento su derecho a no ser discriminados.

“CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones Dirección de Reclamaciones

Asunto: Se solicita su colaboración

Número de oficio:0003677
Fecha: México D,F. 29 OCT 2009

SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA
XICOTENCATL#9, 1 ER. PISO,
COL. CENTRO
DELEG. CUAUHTEMOC.

Exp. CONAPREDIDGAQR/473/09/DR/II/COAH/R249

Como es de su conocimiento, el 11 de junio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1 Constitucional (que prohíbe la discriminación), denominada Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se da origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que inició funciones el 26 de abril de 2004 con la publicación de su Estatuto Orgánico también en el Diario Oficial de la Federación, con ello se compromete la intervención del Estado para brindar una protección efectiva a toda persona contra cualquier acto de discriminación, cometido autoridades o servidores públicos de carácter federal, a través del denominado procedimiento de reclamación, que bien puede iniciarse a petición de parte o bien de oficio.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como toda ley reglamentaria en un Estado Democrático, desarrolla en detalle un precepto constitucional con el objeto de darle efectividad y facilitar su cumplimiento; en este caso pretende hacer realidad el derecho a no ser discriminado, al establecer las reglas y procedimientos para prevenir y eliminar la discriminación y promover la igualdad de trato y de oportunidades a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional. Precisamente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es el organismo público encargado de velar por la observancia de los principios de no discriminación y el responsable de la intervención institucional específica por parte del Estado en materia de combate a la discriminación. Este Consejo tiene competencia en toda la República Mexicana para conocer de denuncias por presuntas conductas discriminatorias cuando éstas fueren imputadas a particulares, autoridades y servidores públicos de carácter federal, siempre que estos últimos actúen en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no sólo se caracteriza por su cariz correctivo sino que apela esencialmente a favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos, específicamente en lo relativo a eliminar la discriminación en las distintas esferas de convivencia, en concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

En este orden de ideas, le informo que 10 de octubre de 2009, se publicó en la sección Información General del periódico La Prensa, una nota de Susana Andrade, lo que motivó que el 12 de del mismo mes y año, se determinara la apertura de una reclamación de oficio. En la nota se señala sustancialmente lo siguiente:

Piden a FCH detener xenofobia contra migrantes

En particular la que sufren ilegales centroamericanos.

La diócesis de Saltillo y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos solicitaron urgentemente al Presidente Felipe Calderón su intervención para detener la campaña xenofóbica, discriminatoria, racista y criminalizadora contra los migrantes ilegales centroamericanos que viven o transitan en nuestro país, desatada a raíz de la presunta implicación de un hondureño en un asesinato.

Asimismo, pidió al Gobernador de Coahuila y al Congreso de la Unión desconocer la iniciativa del congreso local para “criminalizar a los migrantes” pues advirtió que grupos de xenofóbicos preparan un atentado contra el refugio Belén Posada del Migrante: centro que supervisa y atiende la iglesia para recibir y atender entre 80 y 150 inmigrantes diarios.

Por ello, en una carta dirigida al Jefe del Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Gobernador de Coahuila, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la (sic) Conapred, e incluso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la diócesis de Saltillo pide que se garantice la integridad y seguridad personal de los derechos humanos de Belén Pasada del Migrante.

“Las personas migrantes en tránsito por México han sido’ siempre sujetos vulnerables, con posibilidades mínimas de acceso a la justicia, víctimas de innumerables delitos y violaciones a sus derechos humanos. En este clima calado de descrédito a la labor de las casas del migrante y a los organismos defensores de los derechos humanos de las personas migrantes, se hace evidente que el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad de todos éstos sujetos esté en claro riesgo”, advirtió.

Debido a la gravedad y urgencia de los hechos planteados, mediante oficios 0003533, 0003534, Y 0003535, todos de 14 de octubre del 2009, este Consejo solicitó se solicitó al Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en el H. Congreso del Estado; al Gobernador Constitucional y al Fiscal General, todos del Estado de Coahuila la adopción de medidas precautorias.

En lo particular, al Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en el H. Congreso del Estado de Coahuila la adopción de la siguiente medida precautoria:

UNICA: Que se emita un punto de acuerdo, para revisar la iniciativa de ley que según el texto, de la reclamación presuntamente, tiene como fin “criminalizar a los migrantes” y que antes de que la misma sea aprobada, se considere el contenido del artículo 1 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ello a fin de que su cuerpo normativo no incluya preceptos que inciten alodio, a la violencia, al rechazo, a la persecución o exclusión de los migrantes ilegales que viven o transitan en nuestro país, con inclusión de aquéllos, de origen centroamericano.

Por otra parte, el 15 de octubre de 2009, se recibió en las oficinas de este Consejo el oficio UPDDH/911/4417/2009, de 12 del mismo mes y año, signado por el C. José A. Guevara B., titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el cual, señaló:

",. .me permito informarle' que esta Unidad Administrativa recibió dos documentos del área pastoral de migrantes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, así como los correos electrónicos de Axel García y de Amnistía Internacional, a través de los cuales hacen de nuestro conocimiento que, derivado del asesinato de Perla Judith Quntero Caballero y de las lesiones que sufrió Leslie Flores, por parte del joven Reyes Gustavo Ardón Alfaro, de origen hondureño, las personas migrantes han sido sujetas de continuas actitudes xenofóbicas y discriminatorias

Aunado a lo anterior, desde el 2 de octubre del año en curso, cierto sector de la sociedad y medios de comunicación de Saltillo, Coahuila, han hostigado, agredido y amenazado a migrantes del albergue Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, así como a su fundador, el Padre Pedro Pantoja Arreola y sus colaboradores.

Bajo ese contexto, los peticionarios refieren que el 8 de octubre de 2009, el H. Congreso del estado de Coahuila aprobó como Punto de Acuerdo una “Atenta solicitud al Congreso de la Unión, para que por medio de las Comisiones que estime facultadas, se realicen las propuestas de modificación a la Ley General de Población, con la finalidad de regular en forma clara la situación de las llamadas casas del migrante, sin perjudicar los derechos humanos de los extranjeros que de un modo u otro transitan o radican en nuestro país”.

No obstante, las organizaciones Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana por la seguridad de los miembros de Belén, Posada del Migrantes, Frontera con Justicia, A. C. y Humanidad Sin Fronteras, A. C, expresan que las casas del migrante no evitan el actuar del Instituto Nacional de Migración, ni ocultan personas migrantes sin documentación migratoria, toda vez que dichas casas y albergues son públicos y mantienen relación de colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país, para denunciar las violaciones de derechos humanos y faltas administrativas, cometidas en contra de los migrantes, así como los delitos realizado en contra y por las personas migrantes. ..”

De acuerdo a lo anterior, la Diócesis de Saltillo y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, denunciaron una campaña xenofóbica, discriminatoria, racista y criminalizadora, contra los migrantes ilegales centroamericanos que viven o transitan en nuestro país, ello a raíz de la presunta implicación en un hondureño a aun asesinato; lo anterior, ante el temor de un atentado contra el Refugio Belén Posada del Migrante -centro que supervisa y atiende la Iglesia para recibir y atender entre 80 y 150 migrantes diarios-; además denuncian que estas personas por ser migrantes, constantemente son victimas de innumerables delitos y violaciones a sus derechos humanos, lo que de resultar cierto, pudiera vulnerar el derecho de los y las migrantes a la igualdad de trato y de oportunidades, a la seguridad, a la procuración de justicia, a la libre asociación y consecuentemente a la no discriminación, lo cual entra dentro del ámbito de competencia de autoridades de carácter local del estado de Coahuila.

En este sentido, de conformidad con los artículos 58 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 43, fracción I de su Estatuto Orgánico, este Consejo tendrá competencia para conocer de denuncias por presuntas conductas discriminatorias cuando éstas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, siempre que actúen en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; en consecuencia este Consejo se encuentra impedido para pronunciarse en relación a los hechos planteados en la referida reclamación.

Por ello, este Consejo dictó Un acuerdo por no surtirse la competencia de este Organismo y se concluyó el presente asunto de conformidad con el artículo 94, fracción I de su Estatuto Orgánico vigente.

Sin embargo, considerando, que según el dicho de los presuntos agraviados el 8 de octubre de 2009, el H. Congreso del estado de Coahuila aprobó como punto de Acuerdo una “Atenta solicitud al Congreso de la Unión, para que por medio de las Comisiones que estime facultadas, se realicen las propuestas de modificación a la Ley General de Población, con la finalidad de regular en forma clara la situación de las llamadas casas del migrante, sin perjudicar los derechos humanos de' los extranjeros que de un modo u otro transitan o radican en nuestro país”, con fundamento en los artículos 20, fracción X y 51 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 69 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, solicito su amable colaboración, para que en caso de resultar procedente, y de que reciba alguna propuesta de modificación a la Ley General de Población, para la regulación de las llamadas casas del migrante; se considere el contenido del artículo 10 párrafo Tercero de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación los tratados internacionales de los que México es parte, a fin de que se garanticen los derechos de los dueños, representantes, trabajadores así como de los migrantes que viven o transitan en nuestro país, tutelando en todo momento su derecho a no ser discriminados.

Le anexo copia de la reclamación.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. José Rafael Hernández Báez

Director De Reclamaciones”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Población y Desarrollo para los efectos que correspondan.






SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, una invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del 185 Aniversario de la Expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal, a realizarse el miércoles 18 de noviembre y del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el sábado 21 de este mismo mes, ambas en esta ciudad.

“Secretaria de Cultura

Coordinacion de Patrimonio Historico, Artistico y cultural

CPHAC/2070/09

México, D. F., a 13 de octubre de 2009.

CC. Secretarios de la Honorable
Camara de Senadores
Xicotencatl N° 9
Centro Histórico
Delegacion Cuauhtemoc
Presente.

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de noviembre de 2009, de las cuales anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Miércoles 18

10.00 horas

185 Aniversario de la Expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal

Museo de la Luz, ubicado en las Calles de El Carmen y San Ildefonso, Centro Histórico,

Sábado 21

10:00 horas

87 Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón

Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores, ubicado en Av. Constituyentes, esquina Panteón Civil, colonia América, Delegación Miguel Hidalgo

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes el nombre del senador que asistirá a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dichos actos.

Para efectos de coordinación pongo a su disposición al teléfono 552143434 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área cívica.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Para asistir en representación de la Honorable Cámara de Senadores, se designa al Senador René Arce para asistir a la ceremonia del aniversario de la expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal; y al Senador Alberto Anaya Gutiérrez, para asistir a la ceremonia del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.

Continúe la Secretaría.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Se recibieron de la Cámara de Diputados 8 minutas con proyecto de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, y para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Eslovaca y de Belice y de Vicecónsul Honorario de la República de Costa Rica.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OF. NO. D..G.P.L 61-II-I-0157
EXPEDIENTE 331

CC. SECRETARIOS DE LA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los ciudadanos, Rosa María Jiménez Narváez, Jilliantt Zaleta Ortiz, Iván Acebo Choy, Martha Cermeño Jiménez, Gema Durán Espinosa, Rodrigo Gil Memije, Sara María Rivera Hasbun y Adrián David Morales Hernández, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora, respectivamente.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario.- Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana Rosa María Jiménez Narváez, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Jilliantt Zaleta Ortiz, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Iván Acebo Choy, para prestar servicios como Asistente Consular, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la Ciudadana Martha Cermeño Jiménez, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la Ciudadana Gema Durán Espinosa, para prestar servicios como Asistente de la Agencia de Inspección Alimentaria, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Rodrigo Gil Memije, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Sara María Rivera Hasbun, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Octavo..- Se concede permiso al Ciudadano Adrián David Morales Hernández, para prestar servicios como Comprador, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO NO.: D.G.P.L. 61-II-6-0100.
EXPEDIENTE NO. 288.

CC. SECRETARIOS DE LA
H. CÁMARA DE SENADORES,
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que se concede permiso a los Ciudadanos María del Carmen Amador Vargas, Ledy Vanessa Novoa Medina, Rosa Beatriz Perea Ortiz, José Manuel Martínez Calderón y Paula Joselin Ramírez Melchor, para prestar servicios en las Embajadas de Sudáfrica, de Ecuador, de Irlanda, de Nueva Zelandia y de Bolivia, en México, respectivamente.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana María del Carmen Amador Vargas, para prestar servicios como Secretaria, en la Embajada de Sudáfrica, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Ledy Vanessa Novoa Medina, para prestar servicios como Encargada de Relaciones Públicas, en la Embajada de Ecuador, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la Ciudadana Rosa Beatriz Perea Ortiz, para prestar servicios como Secretaria, en la Embajada de Irlanda, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano José Manuel Martínez Calderón, para prestar servicios como Asistente Administrativo y Logística, en la Embajada de Nueva Zelandia, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la Ciudadana Paula Joselin Ramírez Melchor, para prestar servicios como Responsable Administrativo y Financiero, en la Embajada de Bolivia, en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-8-95
Exp. No. 330

CC. Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los ciudadanos Luis Alfonso Aguirre Orta, Oscar Arturo Feregrino Aguilar, Salomón Michan Masri y Luis Ángel Sánchez Acata, para prestar servicios en las Embajadas de la República Argelina Democrática y Popular, y de Israel, en México, respectivamente.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario.- Dip. Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Alfonso Aguirre Orta, para prestar servicios como Traductor, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Oscar Arturo Feregrino Aguilar, para prestar servicios como Empleado de Seguridad, en la Embajada de Israel, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Salomón Michan Masri, para prestar servicios como Asesor Comercial, en la Embajada de Israel, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Ángel Sánchez Acata, para prestar servicios como Empleado de Seguridad, en la Embajada de Israel, en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

Of. No. DGPL 61-II-5-130
Exp. Núm. 287

CC. Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los Ciudadanos Ernesto Piña Morales, Rocío García Tovar, Ana Graciela Jesús Alamilla, María de Lourdes García Alanis, Margie Shamosh Laniado, Esther Sissa Israel y Natalie Paola Marcuschamer Gold, para prestar servicios, en las Embajadas de la República Argelina Democrática y Popular, y de Israel, en México, respectivamente.

México, D. F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Ernesto Piña Morales, para prestar servicios como Jardinero, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Rocío García Tovar, para prestar servicios como Secretaria, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la Ciudadana Ana Graciela Jesús Alamilla, para prestar servicios como Asistente Cultural, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la Ciudadana María de Lourdes García Alanis, para prestar servicios como Chef, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la Ciudadana Margie Shamosh Laniado, para prestar servicios como Asistente Particular del Cónsul, en la Embajada de Israel, en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la Ciudadana Esther Sissa Israel, para prestar servicios como Asistente del Departamento Comercial, en la Embajada de Israel, en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Natalie Paola Marcuschamer Gold, para prestar servicios como Asistente del Departamento Cultural, en la Embajada de Israel, en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-7-108
EXP. NUM.: 329

CC. Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los Ciudadanos Carlos Augusto Martínez Delgado, Juan Antonio González Plata Meixueiro, Gerardo Martín Molina Avendaño, Rosa Elena Saavedra Méndez, Genaro Gamboa Coli, Alfonso López Trinidad y Nadia Macías Chávez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

México, D. F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Carlos Augusto Martínez Delgado, para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Juan Antonio González Plata Meixueiro, para prestar servicios como Analista Financiero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Gerardo Martín Molina Avendaño, para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la Ciudadana Rosa Elena Saavedra Méndez, para prestar servicios como Secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Genaro Gamboa Coli, para prestar servicios como Empleado de Limpieza en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Alfonso López Trinidad, para prestar servicios como Empleado en la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Nadia Macías Chávez, para prestar servicios como Recepcionista en el Departamento de Información, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO NO.: D.G.P.L. 61-II-3-155.
EXPEDIENTE No. 285.

Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presente.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que se concede permiso a los ciudadanos Brenda Bernáldez Ruiz, Mauricio Israel Alfaro García, Erik Gallardo Morales, Alejandro Juárez Muñoz, Leonila Aguirre Barousse, Carlos Alberto Espino Del Castillo Gómez, Andrés Martínez Vázquez, Alberto Antonio García Vega, Javier Cavazos Adame, Donaldo Antonio Jordán López, Noé Solano Jerónimo y Claudia Padilla Pardini, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Hermosillo, Sonora; Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California., respectivamente.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana Brenda Bernáldez Ruiz, para prestar servicios como Asistente Cultural, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Mauricio Israel Alfaro García, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Erik Gallardo Morales, para prestar servicios como Chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano Alejandro Juárez Muñoz, para prestar servicios como Especialista en Gerencia de Proyectos en la Sección de Narcóticos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la Ciudadana Leonila Aguirre Barousse, para prestar servicios como Voucher Examiner, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Carlos Alberto Espino del Castillo Gómez, para prestar servicios como Cajero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al Ciudadano Andrés Martínez Vázquez, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al Ciudadano Alberto Antonio García Vega, para prestar servicios como Técnico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Noveno.- Se concede permiso al Ciudadano Javier Cavazos Adame, para prestar servicios como Investigador, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Décimo.- Se concede permiso al Ciudadano Donaldo Antonio Jordán López, para prestar servicios como Empleado en la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Noe Solano Jerónimo, para prestar servicios como Instalador de Alarmas/Electricista, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Padilla Pardini, para prestar servicios como Operador de Conmutador, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-4-144
EXPEDIENTE NUMERO: 286

Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los ciudadanos Adriana Martínez López, Angélica Arzave Montes, Mariana Rangel Rodríguez, María Rosa Hermida Cruells, Mario Alberto Posadas Navarro, Alejandro Galindo Diego, Minerva Xochipitzahuatl Sánchez Quezada, Germán Salgado Cruz, Silvia Patricia García Becerra, Angélica Manuela Avila Gracia, Maricel Castillo Portillo, Bárbara del Castillo Niño, María del Carmen Garrido Poo, Chantal Levy Witemberg, Leandro Mauricio Alcolea Vinay, Marco Antonio González Aguilera, Gabriela Pulido Pérez y Hanin Frangie Beltrán, para prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario.- Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana Adriana Martínez López, para prestar servicios como Asistente de Recursos Humanos, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Angélica Arzave Montes, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la Ciudadana Mariana Rangel Rodríguez, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la Ciudadana María Rosa Hermida Cruells, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Mario Alberto Posadas Navarro, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Alejandro Galindo Diego, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Minerva Xochipitzahuatl Sánchez Quezada, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al Ciudadano Germán Salgado Cruz, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Noveno.- Se concede permiso a la Ciudadana Silvia Patricia García Becerra, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Angélica Manuela Avila Gracia, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana Maricel Castillo Portillo, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Bárbara del Castillo Niño, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso a la Ciudadana María del Carmen Garrido Poo, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso a la Ciudadana Chantal Levy Witemberg, para prestar servicios como Asistente Consular, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Leandro Mauricio Alcolea Vinay, para prestar servicios como Asistente de Recursos Humanos, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Marco Antonio González Aguilera, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Séptimo.- Se concede permiso a la Ciudadana Gabriela Pulido Pérez, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Décimo Octavo.- Se concede permiso a la Ciudadana Hanin Frangie Beltrán, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario”.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OF. NUM. DGPL 61-II-2-173.
Exp. 284 LXI

CC. Secretarios de la
Camara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que se concede permiso a los ciudadanos Jorge García Segovia, Jorge Luis Valencia Gómez y Oscar Eduardo Ramos Remus, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca y de Belice, y de Vicecónsul Honorario de la República de Costa Rica, respectivamente.

México, D.F., 10 de noviembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Jorge García Segovia, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Jorge Luis Valencia Gómez, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la Ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Oscar Eduardo Ramos Remus, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República de Costa Rica en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores.

Una del Senador Luis Coppola Joffroy, con la que remite su segundo informe de labores legislativas del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.

Una del Senador Eduardo Nava Bolaños, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite el informe de actividades de dicha Comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea se impone del contenido de ambos ocursos.






MEMORIALES DE PARTICULARES

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió un oficio suscrito por el doctor Máximo Carvajal Contreras, por el que informa su decisión de no continuar participando en el proceso de designación como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

“DR. MAXIMO CARVAJAL CONTRERAS

09 de noviembre de 2009.

SEÑOR LICENCIADO Y SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Muy distinguido Señor Senador:

El Señor Presidente de la República Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tuvo a bien conferirme el honor de designarme, previa aprobación del H. Senado de la República, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El motivo del presente documento, es declinar tal distinción que mucho me honra, pero que por haber recibido la invitación del Presidente entrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de continuar laborando en ese organismo constitucional autónomo, y sintiéndome comprometido con la defensa y protección de los Derechos Humanos en nuestro país, he tomado la decisión, no fácil, de no continuar participando en el proceso de designación de Magistrado del mencionado Tribunal Contencioso Administrativo.

Por la atención que le sirva usted prestar a la presente así como para todos los efectos legales consecuentes, me reitero a sus estimables ordenes con la más alta y distinguida de mis consideraciones.

Atentamente”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Continuamos con la primera lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2006

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos les fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2006, remitida por la Cámara de Diputados.

Los integrantes de las dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 85, 86, 89, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 60, 62, 64, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre de 2009, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados, los CC. Diputados Ricardo Sánchez Gálvez y Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional y respaldados por Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa de Decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2006.

2. Con fecha 5 de noviembre de 2009, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa en comento.

3. El día 10 de noviembre de 2009, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores se presentó la MINUTA de referencia. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La iniciativa de mérito tiene la finalidad primordial de adicionar a la Ley Federal del Trabajo los artículos Tercero y Cuarto Transitorios para modificar el día de descanso obligatorio correspondiente al mes de noviembre de este año 2009, y el similar al del próximo año de 2010; que conforme a la Ley vigente se llevarían a cabo el tercer lunes de noviembre con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

El Dictamen aprobado por la colegisladora, considera necesario modificar los días de descanso obligatorio para que se permita a los mexicanos conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana en la fecha precisa de su aniversario; a saber, para el año 2009, se modificaría para considerar, además del día lunes 16 de noviembre, el día viernes 20 de noviembre como descanso obligatorio; y, para el año 2010, se celebraría el día 22 de noviembre y no el día 15 del mismo mes.

Destacan que la modificación será de manera excepcional, recorriendo por estas dos únicas ocasiones “el fin de semana largo”, en virtud de las festividades y conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

Para el efecto de emitir un dictamen acorde con la importancia del tema que se aborda, es menester, para las Comisiones Unidas considerar el contenido de la propuesta de acuerdo a la ley que se alude:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS 2006.

Artículo Unico: Se adicionan los Artículos Tercero y Cuarto al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 2006, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 2006.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.-…

ARTICULO SEGUNDO.-…

ArtIculo Tercero.- Como excepción a lo dispuesto por la fracción VI, durante 2009, será también día de descanso obligatorio el viernes 20 de noviembre.

ArtIculo Cuarto.- Como excepción a lo dispuesto por la fracción VI, para el año 2010 el día de descanso obligatorio será el lunes 22 de noviembre.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos, consideran que se trata de un tema que tiene que ver con la cultura cívica de los mexicanos.

SEGUNDA.- Es de considerar, que de llevar a cabo la modificación propuesta por la colegisladora, de otorgar dos días de descanso obligatorios en el mes de noviembre de 2009, para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana, iría en contra del espíritu del decreto por el que se declaró el año 2010 “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”.

TERCERA.- Asimismo, se considera que no es viable y congruente con la situación económica por la que atraviesa el país, otorgar dos días de descanso obligatorio en una misma semana con motivo de la conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana, ya que repercutiría directamente en la industria, particularmente en la situación ya de por si precaria de la micro, pequeña y mediana empresa.

CUARTA.- 2009 ha sido un año particularmente difícil en materia económica, donde se conjugaron la crisis mundial y la crisis sanitaria, que tuvieron como resultado, cierre de empresas, pérdida de empleos y la necesidad de implementar estrategias como los paros técnicos, las jornadas reducidas y vacaciones a destiempo, a fin de paliar los efectos negativos para la actividad productiva y el empleo.

QUINTA.- Días adicionales de descanso obligatorio no detienen la actividad productiva, pero afectan directamente el costo de producción al tener que observar, como está previsto en la Ley Federal del Trabajo, pagos extraordinarios por la prestación de servicios durante estos días.

SEXTA.- A la fecha de recepción de esta minuta, la planta productiva del país tenía ya determinados para cumplir con sus compromisos: tiempos, procesos y personal para cumplir con sus metas de producción, por lo que acarrearía un costo adicional a las empresas plantear el esquema propuesto.

SÉPTIMA.- La propuesta de la colegisladora de modificar el día de descanso obligatorio contemplado para el día 15 de noviembre de 2010, para trasladarlo al día 22 de noviembre de mismo año, no tiene ningún efecto sustantivo en la participación cívica de los mexicanos ni en la Conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana.

Por otra parte, el Decreto por el que se declaró el año 2010 “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”, establece los criterios para el desarrollo de un programa que incluye eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones para llevarse a cabo desde su entrada en vigor hasta el día de su celebración en 2010.

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por las razones vertidas en las correspondientes consideraciones.

SEGUNDO.- Devuélvase el expediente a la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en el Artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, por lo que se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Es de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se someta a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra ni reservas de artículos en términos del artículo 134, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos a efecto de recabar la votación nominal.

Voz en el salón: Señor Presidente, ¿qué dictamen estamos votando?

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: El coloquialmente llamado “megapuentes”, si es que la Asamblea me permite tal acepción.

Abrase el sistema electrónico por tres minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto, en sentido negativo.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que el voto a favor, es por regresar a la Cámara de Diputados y rechazar el contenido del proyecto de la minuta que nos enviaron de la Colegisladora a principios de esta semana.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANAYA LLAMAS GUILLERMO

PAN

BUENO TORIO JUAN

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORTES MENDOZA MARKO ANTONIO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MONREAL AVILA RICARDO

PT

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO RENAN

PRI

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el dictamen. En consecuencia, se desecha el proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios al Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2006.

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera con punto de Acuerdo por el que se aprueban los nombramientos de Magistrados de Sala Regional y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Se ruega a la Secretaría dar lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

Con fecha 20 de octubre del presente año, fue turnado a esta Soberanía, el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los nombramientos de los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se abocaron al análisis de los nombramientos antes señalados, y conforme a las deliberaciones que de los mismos realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de octubre del presente año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante el Pleno del Senado de la República, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los nombramientos de los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 10 de noviembre de 2009, se recibió en esta Cámara de Senadores, escrito de fecha 9 del mismo mes y año, suscrito por el C. José Máximo Carvajal Contreras, mediante el cual presenta formalmente su desistimiento a la propuesta de nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, realizada por el Ejecutivo Federal.

4. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen.

II. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

Uno de los retos más importantes para el titular del ejecutivo Federal, consiste en que el sistema de impartición de justicia fiscal y administrativa esté integrado por servidores de experiencia y vocación de servicio indiscutibles, que garanticen a todos los ciudadanos un sistema sin corrupción, eficaz y expedito.

En ese contexto, se comenta que es indispensable que los poderes legislativo y ejecutivo se combinen de la manera más constructiva posible para brindar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, ello atentos a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 1, “Estado de Derecho y Seguridad”, en el que se establece que una premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas cuenten con garantías de seguridad para el desarrollo humano sustentable.

El Ejecutivo Federal tiene la convicción de que la aprobación de los nombramientos propuestos, representa una respuesta institucional adecuada a los retos que enfrenta el Tribunal en nuestro país, toda vez que cumplen tanto con el perfil que se considera pertinente para acometer las necesidades de la institución y hacer frente a las tareas de modernización, como con los elementos básicos propios de un Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que son, entre otros, la capacidad técnica, la experiencia profesional acreditable, el probado criterio jurídico y sentido común, la eficiencia para producir sentencias, la dedicación y atención debida a su magistratura, así como la buena fama pública, la honorabilidad y el aprecio social y profesional.

En ese tenor, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, describe de manera breve en el oficio de referencia el currículo de los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones Dictaminadoras resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes personales de los interesados, del cual se desprendió que los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Es importante señalar que, tal como se desprende de los citados expedientes, los ciudadanos de referencia cuentan con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar los cargos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa, derivado de los cargos que han desempeñado en el servicio público y en el ámbito privado.

Así, se hace notar que los Magistrados de referencia a lo largo de su actividad laboral han cumplido con diversos cursos, seminarios, congresos o simposios de actualización en materia administrativa y de tributación, reportando la mayoría de ellos una importante actividad docente o catedrática en sus lugares de adscripción.

Por lo anterior, es visible que los aludidos magistrados cuentan con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tienen a su cargo, aunado a que constatan en su historial y expedientes correspondientes, datos que acreditan que los multicitados funcionarios públicos han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como han demostrado un alto grado de efectividad en la función jurisdiccional que tienen o tuvieron encomendada, no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades y acreditan una actividad jurisdiccional intensa con porcentajes muy bajos de impugnaciones.

En términos generales, se considera que la actuación de dichos servidores públicos, de conformidad con los resultados derivados de los elementos objetivos y datos estadísticos aportados, es satisfactorio y superior con relación a los indicadores establecidos.

TERCERA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras evaluaran integralmente las características y el perfil de los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, si satisfacen adecuadamente las cualidades para el cargo propuesto, se les citó a comparecer ante esta Soberanía el 10 de noviembre de 2009.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisión Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, reunidas en Pleno, deliberaron y resolvieron que los ciudadanos referidos con antelación, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser aprobados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

DECRETO

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de conformidad con los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resultan competentes para dictaminar la aprobación de los nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO. Se aprueban los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los Ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

TERCERO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en el resolutivo Segundo anterior, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar los cargos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 10 de noviembre de 2009.

Comisión de Hacienda y Crédito Público:Sen. José Isabel Trejo Reyes, Presidente.- Sen. Amira Gómez Tueme, Secretaría.- Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria.- Sen. Federico Döring Casar.- Sen. Javier Castelo Parada.- Sen. Gabriela Ruiz del Rincón.- Sen. Marco Humberto Aguilar Coronado.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas.- Sen. Carlos Lozano de la Torre.- Sen. Jorge Mendoza Garza.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. José Luis Lobato Campos.- Sen. Fernando Elizondo Barragán.

Comisión de Justicia: Sen. Alejandro González Alcocer, Presidente.- Sen. Ricardo FidelPacheco Rodríguez, Secretario.- Sen. Tomás Torres Mercado, Secretario.- Sen. José Guillermo Anaya Llamas.- Sen. Santiago Creel Miranda.- Sen. Fernando Elizondo Barragán.- Sen. José Alejandro Zapata Perogordo.- Sen. Fernando Jorge Castro Trenti.- Sen. Pedro Joaquín Coldwell.- Sen. Jesús Murillo Karam.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Pablo Gómez Alvarez.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Dante Delgado.

Comisión de Estudios Legislativos, Primera:Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente.- Sen. Adriana González Carrillo, Secretaria.- Sen. José Guadarrama Márquez, Secretario.- Sen. Angel Alonso Díaz Caneja.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Dante Delgado”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos a efecto de recabar votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

Abstención

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ANAYA LLAMAS GUILLERMO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORTUÑO GURZA MARIA TERESA

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 78 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el dictamen. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos: Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los antes nombrados, por lo que solicito a los Senadores José Isabel Trejo Reyes, Minerva Hernández Ramos, Javier Orozco Gómez, Luis Maldonado Venegas, Alejandro Zapata Perogordo, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Pacheco Rodríguez, María del Socorro García Quiroz y Fernando Castro Trenti, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Sosa Govea: Favor ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- Los CC. Ana Luz Brun Iñárritu, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Alberto Romo García: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

¡Felicidades señores Magistrados!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores magistrados cuando deseen retirarse del salón.

Continuamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 23, de fecha 10 de noviembre de 2009)

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantarla mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores ni artículos…

- La C. Senadora María Serrano Serrano: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Usted sí? ¿Para qué?

- La C. Senadora María Serrano Serrano: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: A favor tiene usted el uso de la voz, Senadora María Serrano.

- La C. Senadora María Serrano Serrano: Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El tema que hoy nos ocupa, que es el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El tema es de fundamental importancia, ya que uno de los elementos característicos de comunicación e integración e identidad de un pueblo es su lengua, siendo su lengua el aspecto fundamental de comunicación de cualquier pueblo, es necesario llevar a cabo acciones que consoliden su uso y promoción en nuestro país.

Como sabemos, existen más de 60 lenguas originarias con 364 variantes, como tal, nuestras lenguas originarias son una parte fundamental de nuestra riqueza cultural, por ello resulta loable el espíritu que contiene la minuta con proyecto de Decreto para reformar el artículo 13, ya mencionado, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y es loable porque atiende al texto de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos cuando expone el derecho de que tienen las comunidades indígenas a utilizar su lengua en su territorio y a la promoción de ésta con sus usos orales y escritos, y en los ámbitos privados, públicos y oficiales.

Asimismo, atiende el espíritu de la fracción IV del artículo 2º constitucional, y la voluntad de justicia que el Estado mexicano ha venido mostrando para con nuestros mexicanos indígenas a partir de la reforma en materia de derechos y justicia indígena que el constituyente permanente aprobó en el año 2001.

El objetivo del dictamen a la minuta con proyecto de Decreto que la Comisión de Asuntos Indígenas produjo, y hoy pone a su consideración, consiste en adicionar una fracción XV al artículo 13 mencionado para garantizar que el Estado en sus distintos órdenes de gobierno lleve a cabo las actividades necesarias a fin de que, fracción XV, instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio.

Con lo anterior se pretende garantizar que todas las señales que tengan como fin servir de guía al usuario a su paso por los lugares estén inscritas en español y en la o las lenguas de uso cotidiano en la región.

Por tanto, es pertinente la propuesta de adición de esta fracción al artículo mencionado, y considero que el espíritu implícito de la reforma es una importante aportación al desarrollo y fortalecimiento de la riqueza lingüística de los pueblos y comunidades indígenas, y al conocimiento de estas culturas por parte de toda la nación.

Entonces, apelando a la sensibilidad que este Pleno ha mostrado para con los asuntos y necesidades de los mexicanos indígenas, y siendo el tema que nos ocupa una aportación importante para la integración de los usos y costumbres de los pueblos indígenas a la vida cotidiana de la nación por medio del uso de su lengua, solicito a todos ustedes, amiga y amigos Senadores, su voto afirmativo a ese dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senadora María Serrano. No habiendo más oradores ni artículos reservados en términos del artículo 134, ábrase el sistema electrónico por tres minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARCE RENE

PRD

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERVIZ REYES ARTURO

PRD

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

PACHECO RODRIGUEZ FIDEL

PRI

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

ZOREDA NOVELO RENAN

PRI

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 73 votos en pro y cero votos en contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 Constitucional.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 constitucional.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DE LA BASE CUARTA DEL APARTADO C DEL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 23, de fecha 10 de noviembre de 2009)

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto que nos ocupa.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONREAL AVILA RICARDO

PT

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

DIAZ DELGADO BLANCA

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

 

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA. DE LOS ANGELES

PRI

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

PACHECO RODRIGUEZ FIDEL

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

Sí”

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos en pro, cero en contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los Estados para los efectos de lo dispuestos en el artículo 135 de la Constitución.

En otro apartado del Orden del Día tiene el uso de la tribuna el Senador Eduardo Nava Bolaños, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, hasta por 5 minutos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por el C. Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores y Senadoras:

En el México del año 2009 tenemos un escenario que nuestros abuelos no hubiesen imaginado con un contexto económico, social y político sumamente complicado a nivel global, pero como Poder Legislativo qué tanta importancia le damos al calentamiento global consecuencia del deterioro ambiental, sin duda, pensamos que hemos oído suficiente sobre el tema, sin embargo la pregunta aquí es, ¿lo hemos entendido?, ¿tenemos conciencia de lo que será para el hombre no tener agua?

Para obtener la respuesta de estas interrogantes no tendremos que esperar mucho tiempo, la situación del agua dentro de poco pasará de crítica a catastrófica.

Siguiendo la información obtenida respecto a la calidad de agua en las regiones hidrológicas del país, la sobreexplotación de las mismas es definitivamente grave.

Encontramos que en las regiones hidrológicas del Valle de México y del sistema Cutzamala de la Región XIII y el Lerma-Santiago-Pacífico de la región VIII, son sumamente críticas, presenta los niveles más elevados tanto de contaminación de agua como de sobreexplotación de acuíferos.

Según los indicadores de demanda química de oxigeno y la demanda de bióxido de oxigeno en México, de acuerdo a las cifras de CONAGUA, alrededor de 93 por cierto de las aguas en los principales ríos, lagos y presas están contaminados en algún grado.

No es una novedad que la disponibilidad de agua en nuestro país esté sufriendo graves alteraciones y que éstas de no atenderlas el vital líquido no podrá ser utilizado como hasta ahora en lo futuro.

Todo aquello lo que se refiere al agua es importante no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Sin embargo, algunos tópicos son urgentes, por lo tanto no debemos dejarlos en espera mientras se realiza un debate exhaustivo sobre una reforma integral en materia de agua.

Esta propuesta versa sobre temas específicos que no pudieron resolverse a través de una iniciativa que se estudió durante la pasada legislatura y que no prosperó debido más a cuestiones políticas que técnicas.

Los temas tendientes a resolver que se retoman en esta iniciativa, son en materia de infracciones, multas, permisos provisionales y medidas de seguridad.

En materia de infracciones y multas la redacción actual de los artículos 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, presentan dos problemas, en el caso del artículo 119, el catálogo de infracciones establece en supuestos que pueden ser actualizados tanto por una persona de bajos recursos como por otra con una gran capacidad económica, es decir, la misma hipótesis de infracción suele cometerse tanto por un ejidatario productor en una zona de alta marginación como por una industria en una gran ciudad, aunado a lo anterior, el artículo 120 agrava esta situación, pues la autoridad del agua no puede individualizar las sanciones sin fijar algunos casos multas excesivas, debido a que los parámetros de multa establecidos en éste, determinan montos mínimos que para ciertos sujetos resultan imposible de cubrir.

Conforme a la legislación vigente, si una persona del medio rural no instala un medidor de agua, la autoridad tiene que multarlo con un mínimo de 274 mil pesos, sanción que para las condiciones económicas del infractor resulta excesiva. Asimismo, si un industrial comete la misma infracción, éste puede ser multado en un rango que oscila entre los 200 mil y el millón de pesos.

Para no contravenir el principio constitucional que prohíbe multas excesivas así como cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad, resulta necesario tener la discrecionalidad de la autoridad mediante el aumento de rangos entre montos mínimos y montos máximos contenidos en las multas en ley.

Con esta medida evitaremos que los grupos con mayor vulnerabilidad sean sancionados con montos excesivos.

El caso es también recordar los permisos provisionales, toda vez que el artículo 27 constitucional a la letra dice: “Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con en el mar; la de lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a las corrientes constantes; las de ríos y sus afluentes; las de las corrientes constantes o intermitentes o cuando se pase a una entidad federativa o que cruce la línea divisoria de la república.

Cuando el límite de la rivera sirve para un lindero entre dos entidades federativas de la república y un país vecino.

Continúa diciendo el artículo 27, en los casos en que se refieren los párrafos anteriores, el dominio en la nación es inalienable, imprescriptible a la explotación mucho aprovechamiento de los recursos que se trate.

No podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Como se puede observar el texto constitucional determina la manera exclusiva que es la concesión, en esta disposición constitucional no requiere interpretación alguna en el sentido textual, no obstante lo anterior, la ley de aguas nacionales contradice el propio artículo 27 constitucional donde establece los permisos provisionales como vía alterna a la explotación o uso y aprovechamiento de aguas.

La contradicción constitucional, no es la única razón para eliminar los permisos provisionales de la ley vigente, pues encontramos otros problemas que se agravan con la existencia de los mismos, tal es el caso de la pérdida de control sobre el registro de agua.

Como parte de la estructura de la Comisión Nacional del Agua encontramos el Registro Público de Derechos de Agua, es el organismo encargado de otorgar seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos, esto con la intención de salvaguardar los derechos de los usuarios, a través de la iniciación de sus títulos. Situación que imposibilita tener registros confiables y actualizados de nuestros recursos hídricos.

No debemos omitir que dos de los principales problemas que se deben evitar para lograr un aprovechamiento sustentable del agua son la sobreexplotación y la sobreconcesión, los cuales se acentúan con la existencia de permisos provisionales debido a que éstos descontrolan al registro público de derechos de agua.

En este sentido, la sobreexplotación de un acuífero, se entiende como la extracción del agua del mismo, en una cantidad superior a lo correspondiente a su alimentación.

Cabe mencionar que de los 653 acuíferos que comprenden las 13 regiones hidro-administrativas 102 se encuentran sobreexplotados, situación que claramente podrá revertirse si se contara con la información adecuada sobre la explotación de recursos a nivel nacional.

No olvidemos que la sobreconcesión en nuestro país, se debe a que el Estado no cuenta con un inventario de recursos hídricos que permita reconocer la disponibilidad del recurso total.

La autoridad hídrica a fin de desahogar la integridad física y la vida de los habitantes deben contar con una serie de herramientas que ayuden a actuar en casos de fuerza mayor.

Contingencias como lo sucedido en el estado de Tabasco, prueban que la debida instrumentación normativa de facultades en materia de contingencia pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte a los integrantes de una comunidad.

Compañeros, yo los exhorto a tratar el tema de aguas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

El que suscribe, Eduardo Tomás Nava Bolaños, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La necesidad de una reforma integral de la Ley de Aguas Nacionales es inminente. El estudio y debate sobre las necesidades del país en materia de agua constituirá un proceso largo que deberá concertar la participación de todos los actores implicados en el tema. Es importante señalar, que en materia de agua todos los temas son importantes, sin embargo algunos son urgentes y por lo tanto no podemos dejarlos en espera mientras realizamos un debate exhaustivo.

Los temas de esta reforma fueron motivo de una iniciativa anterior, que a pesar de que no prosperó, nos dejó clara la urgencia de reformar algunos aspectos de la ley además de la experiencia para hacerlo de manera eficaz. Esta iniciativa versará sobre tópicos específicos que quedaron sin resolver, tales como: infracciones, multas, permisos provisionales y medidas de seguridad.

Por lo que se refiere al tema de multas, sabemos que el artículo 22 constitucional contiene varios de los principios rectores de las sanciones que cualquier órgano del Estado puede decretar, uno de ellos es la prohibición expresa de establecer multas excesivas, empero sin la luz de la experiencia, esta labor resulta no sólo difícil de concebir, sino imposible de llevar a cabo. En el caso de las multas el adjetivo “excesivo” es un referente relativo que se encuentra determinado por el caso concreto, es decir, una multa puede ser o no excesiva dependiendo de la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor, la premeditación y la reincidencia. Con el fin de evitar la creación de normas que intenten cubrir todos los casos posibles, la doctrina jurídica recomienda proveer a los preceptos normativos de cierta textura abierta, es decir, de un campo de indeterminación a fin de que éstas sean individualizadas por la autoridad según el caso concreto, sin embargo esta forma de crear normas tiene un problema, si la indeterminación es demasiada es posible que las autoridades actúen de manera arbitraria.

En virtud de lo anterior, los órganos legislativos tienen la difícil tarea de establecer supuestos normativos con una cualidad que implica exactitud, en el sentido de justo equilibrio entre indeterminación para fines de individualización y hermeticidad para evitar la arbitrariedad. La norma que faculta a los órganos del Estado a multar a un particular debe –necesariamente- contar con un espectro de interpretación que permita ser aplicada a una multiplicidad de casos y al mismo tiempo impida la comisión de arbitrariedades, por parte de las autoridades.

Otro factor que el Poder Legislativo debe tener en cuenta para determinar el contenido normativo es la experiencia práctica, misma que es el motor principal de las reformas a la Ley.

Los artículos 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, presentan dos problemas, en el caso del artículo 119, el catálogo de infracciones establece supuestos que pueden ser actualizados tanto por una persona de bajos recursos como por otra con una gran capacidad económica, es decir, una misma hipótesis de infracción puede cometerse tanto por un sujeto de escasos recursos como por una industria, aunado a lo anterior, el artículo 120 agrava está situación, pues la Autoridad del Agua no puede individualizar las sanciones sin fijar en algunos casos multas excesivas, debido a que los parámetros de multa establecidos en éste, determinan montos mínimos que para ciertos sujetos resultan imposibles de cubrir.

Ley vigente

Proyecto de modificación

Fracción I Mínima $54,800.00-máxima $82,200.00

Fracción I Mínima $10,960.00 máxima 82,200.00

Fracción II Mínima $82,200.00-máxima $274,000.00

Fracción II Mínima $8,100.00máxima 274,000.00

Fracción III Mínima $274,054.80-máxima $1,096,000.00

Fracción III Mínima $10,800.00 máxima 1,096,000.00

Conforme a la legislación vigente, si una persona del medio rural no instala medidor de agua, la Autoridad tiene que multarlo con un mínimo de $274,054.80, sanción que para las condiciones económicas del infractor resulta excesiva. Asimismo si un industrial comete la misma infracción, éste puede ser multado en un rango que oscila entre los $274,054.80 y $1,096,000.00.

Es necesario mencionar que este no es el primer intento de corregir los errores operativos de los artículos 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, como propuesta previa el Senado de la República planteó una reforma en la cual, se pretendía disminuir y aumentar los montos de sanción (artículo 120) y diferenciar las infracciones dependiendo del uso (artículo 119), con el fin de proteger a los sectores de escasos recursos.

Dicha proposición se cuestionó y desechó por diversos problemas. El argumento contundente contra la pertinencia de la propuesta de dividir las infracciones de acuerdo al uso, se explicitó a través de un ejemplo hipotético que planteó lo que sucedería de aprobarse ésta. El ejemplo consistía en lo siguiente, supongamos que la empresa “A” tiene 14 títulos de concesión con un volumen total de 435,036 metros cúbicos anuales de agua para uso pecuario, mientras que la empresa “B” tiene una concesión de uso industrial por un volumen de 88, 750 metros cúbicos anuales (una quinta parte del volumen de lo concesionado al a empresa “A”), si la empresa “A” no tiene medidores, según la propuesta que diferenciaba las sanciones de acuerdo con el uso, se tendría que sancionar a ésta con un mínimo de $5, 800 y un máximo de $ 82, 200, ahora bien supongamos que la empresa “B” comete la misma infracción, ésta se tendría que sancionar con una multa que va de $274, 055 como mínima a $2,192,000 como máxima, no obstante que es mayor el daño causado por el uso pecuario frente al uso industrial en atención a los volúmenes.

De este supuesto práctico se descarta la posibilidad de utilizar como criterio de racionalización del artículo 119 el separar las infracciones de acuerdo al uso. Aunado a lo anterior nos encontramos con que el criterio de separar las infracciones según el uso, se ve aun más limitada pues existen empresas con usos clasificados por la Autoridad como “diferentes usos”, “usos múltiples” y “servicios” mismos que al no estar identificados en los usos previstos en los supuestos de infracción, no podrían imponerse sanciones, asimismo, existen empresas con títulos de concesión de uso mixto (industrial-pecuario), por lo que empresas con títulos mixtos se encontrarían en estado de indefensión, debido a que una misma persona moral, con la misma conducta ilícita (no poner medidores) tendría dos tipos de sanciones uno por uso industrial y otro por uso pecuario.

Es tarea de esta nueva reforma retomar el espíritu de la primera, pero a través de otros criterios de modificación, es decir, se debe de aplicar la idea de bajar los montos mínimos para los grupos vulnerables, sin atentar contra la equidad y otros aspectos operativos. La mejor propuesta para cumplir con el principio constitucional que prohíbe multas excesivas así como con los principios de proporcionalidad y equidad, consiste en extender la discrecionalidad de la autoridad mediante el aumento del rango entre las multas contenidas en la Ley. En cuanto al objetivo de dotar a una norma de la indeterminación necesaria sin que ésta pueda dar paso a la arbitrariedad, es importante señalar que en la ley vigente encontramos al artículo 121, el cual sirve como candado para evitar la comisión de arbitrariedades por parte de la autoridad, pues establece pautas objetivas para calificar las infracciones.

Del análisis del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, resulta evidente la variabilidad de sujetos que pueden incurrir en alguno de los supuestos de infracción, esto no representaría problema alguno, si se pudieran establecer multas en torno al sujeto, es decir, castigar la comisión de una conducta no por el sujeto que la comete, no obstante una multa de esta naturaleza violentaría sin duda alguna el principio de equidad. La tarea a resolver se cifra en cómo establecer una multa dentro de lo lícito y lo razonable cuando el grupo de sujetos a quienes se les pueden aplicar es tan heterogéneo.

Consideramos que la vía para hacer que una multa sea proporcional y equitativa en un grupo tan disímil, sin atentar contra la equidad y la proporcionalidad ni modificar el artículo 119, es bajar los rangos mínimos en cada una de las fracciones de sanción, aunque se pierda la seriación entre las fracciones, así se resuelve el problema de multas excesivas para algunos, sin hacerlas leves o insignificantes para los demás grupos. Cabe mencionar que la presente reforma corrige dos fracciones del artículo 119, la fracción VIII y la fracción XIX por las siguientes razones, en el caso de la fracción VIII la redacción de la segunda parte después de la coma dice “así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes, cuando sean propiedad nacional, sin permiso respectivo, o cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional” mientras que la fracción XX del mismo numeral dice “Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente; cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional”, es evidente la iteración del supuesto de infracción, situación por la cual se elimina la segunda parte de la fracción en comento y se mantiene integra la redacción de la fracción XX. Respecto a la fracción XIX, cabe mencionar que en ninguna parte de la Ley de Aguas Nacionales o de las normas oficiales aplicables se define el término “destrucción de los pozos” situación por la cual el supuesto resulta inoperante, por lo tanto se modifica –a fin de hacerla eficaz- cambiar el término “destrucción de los pozos” por el de “cegamiento de los pozos” mismo que se encuentra definido en la NOM-004-CNA-1996.

Por último, las conductas contenidas en el artículo 119 y sancionadas en el artículo 120, fueron motivo de una reclasificación con base a dos criterios, el primero de ellos fue determinar cuáles son sanciones de naturaleza administrativa y el segundo fue analizar si eran infracciones que pudieran cometerse de manera aislada o si van aparejadas de otras.

La propuesta de reforma del artículo 120 busca reclasificar de la siguiente manera las sanciones: las sanciones administrativas se consideran como las de menor gravedad (fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII), las infracciones que de manera general van aparejadas a otras infracciones se colocaron en la fracción segunda (I, VI, XII, XVIII y XIX), y por último las infracciones que atentan contra la salud, la vida, la seguridad de las personas y el equilibrio ecológico se colocaron en la última fracción del mismo (II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII,XX, XXIII y XXIV).

Para el caso de los permisos provisionales, es necesario recordar que el artículo 27 constitucional establece que la explotación, el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, es claro que el texto constitucional determina de manera exclusiva que la concesión es la única vía para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, asimismo estipula que será materia de las leyes secundarias fijar el procedimiento para obtenerla, cabe resaltar que la Constitución no habla de otro acto a través del cual se permita a los particulares el uso, aprovechamiento o explotación de estos bienes nacionales, ni permite que sea materia de las leyes secundarias crear otras vías alternas a la concesión. Esta disposición constitucional no requiere interpretación alguna, el sentido textual del ordenamiento es claro, no obstante lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales contradice el contenido del artículo 27 constitucional.

En el artículo 3° fracción XL de la ley de referencia, se define al permiso provisional como una figura –diferente a la concesión- para permitir la explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en tanto se expide el título de concesión respectivo. Asimismo se determina como atribución de la Comisión Nacional del Agua a través del artículo 9 fracción XLVIII, la facultad de resolver de manera expedita las solicitudes de permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, situación que contradice el texto Constitucional, toda vez que no se puede explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales si no se tiene una concesión.

La contradicción constitucional, no es la única razón para eliminar los permisos provisionales de la Ley vigente, pues encontramos otros problemas que se agravan con la existencia de los mismos, este es el caso de la pérdida de control sobre el registro de agua. Como parte de la estructura de la Comisión Nacional del Agua encontramos al “Registro Público de Derechos del Agua” (REPDA) el cual se encarga de inscribir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos, lo anterior con el fin de monitorear la disponibilidad de agua en el país, es de suma importancia mencionar que el REPDA no inscribe los permisos provisionales de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por lo tanto se afecta el registro de la disponibilidad de agua que tenemos en el país, el tener un registro actualizado y veraz de la cantidad de agua disponible en México, nos ayuda a la conservación y debida gestión del líquido vital. Dos de los principales problemas que se deben evitar para un aprovechamiento sustentable del agua son la sobreexplotación y la sobreconcesión.

La sobreexplotación de un acuífero, se entiende como la extracción de agua del mismo, en una cantidad superior a la correspondiente a su alimentación, todo ello referido a un periodo suficientemente largo como para diferenciar las consecuencias similares que tendrían periodos anómalamente secos, la sobreexplotación tiene como consecuencia el descenso continuado de los niveles piezométricos, que se acompañan normalmente de agotamiento de las surgencias, cabe destacar que de los 653 acuíferos que comprenden las 13 regiones hídrico-administrativas 102 se encuentran sobreexplotados, siendo la Región XIII “Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala” y la Región VIII “Lerma Santiago Pacífico”, las que presentan los niveles más elevados de sobreexplotación de acuíferos.

La sobreconcesión en nuestro país, se debe a que el Estado no cuenta con un inventario de recursos hídricos que permita conocer la disponibilidad total del recurso hídrico. Si la autoridad no conoce la cantidad de líquido disponible en el país, difícilmente distribuirá el agua manteniendo un caudal ecológico; la situación de escasez y contaminación del agua son asuntos de seguridad nacional que deben abordarse desde esa perspectiva.

De mantener la figura de los permisos provisionales en la Ley, se corre el riesgo de sobreexplotar y sobreconcesionar aun más las cuencas, razones por las cuales éstos deben eliminarse de la ley.

Otro tema de vital importancia en materia de agua, son las facultades de la autoridad para salvaguardar la vida de las personas en caso de emergencia nacional, cabe destacar que las inundaciones, huracanes, desbordamientos de presas, etc, constituyen un riesgo latente que atenta contra la vida de comunidades enteras. Dada su ubicación geográfica, México está expuesto a diferentes fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, que -dependiendo de su magnitud- causan daños sustanciales a la población, a la infraestructura, a los servicios y sistemas de producción; por lo cual el trabajo administrativo en materia de prevención tiene que ser prioritario. Por lo tanto resulta necesario ampliar las facultades de la autoridad en materia de previsión y seguridad de las personas en casos de desastres naturales.

En virtud de lo antes argüido, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES:

UNICO.- Se reforman el inciso a) de la fracción XL del artículo 3, la fracción XLVIII del artículo 9, la fracción IX del artículo 12, la fracción V del artículo 12 bis 2, la fracción XIII del artículo 12 bis 6, la fracción II del artículo 14 bis 6, el artículo 29 bis 2, el artículo 29 bis 4, el segundo párrafo del artículo 33, el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 113 bis, las fracciones VIII, XIX, XXIII y XXIV del artículo 119, las fracciones I, II y III del artículo 120, primer y cuarto párrafo de la fracción segunda del artículo 122, se deroga la fracción III del artículo 121, se adicionan los artículos 118 bis 1, 118 bis 2, 118 bis 3, para quedar como sigue:

ARTICULO 3…

I a XXXIX…

XL. “Permisos”: Para los fines de la presente Ley, existen dos acepciones de permisos:

a. “Permisos”: Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la construcción de obras hidráulicas y otros de índole diversa relacionadas con el agua y los bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de la presente Ley;

b…

XLI A LXVI…

ARTICULO 9

a…

b…

I a XLVII…

XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley.

XLIX A LIV…

ARTICULO 12…

I a VIII…

IX. Expedir los títulos de concesión, asignación, permisos de descarga, además de los permisos que establece la fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley;

ARTICULO 12 BIS 2…

I a IV…

V. Expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga;

ARTICULO 12 BIS 6…

I a XII…

XIII. Expedir los títulos de concesión, asignación o permisos de descarga y de construcción, reconocer derechos y operar el Registro Público de Derechos de Agua en su ámbito geográfico de acción;

XIV a XXXIII…

ARTICULO 14 BIS 6…

I…

II. El régimen de concesiones y asignaciones referentes a los derechos por explotación, uso o aprovechamiento del agua, por el uso de los bienes nacionales conforme a lo dispuesto en el Artículo 113 de la presente Ley, así como los permisos de descarga y construcción;

III a VIII…

Capítulo III BIS

Suspensión, Extinción, Revocación, Restricciones y

Servidumbres de la Concesión, Asignación y de Permiso de Descarga

ARTICULO 29 BIS 2. Se suspenderá la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales a cargo del Ejecutivo Federal, independientemente de la aplicación de las sanciones que procedan, cuando el usufructuario del título:

I a V…

ARTICULO 29 BIS 4.La concesión, asignación o permiso de descarga, podrán revocarse en los siguientes casos:

I… a VIII…

ARTICULO 33…

Los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, para su transmisión se sujetarán a lo siguiente:

I a III…

ARTICULO 113 BIS…

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos;

“La Autoridad del Agua” vigilará la explotación de dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado.

Son causas de revocación de la concesión, las siguientes:

I a X

TITULO DECIMO

Medidas de Apremio y Seguridad, Infracciones, Sanciones y Recursos,

Capítulo I

Medidas de Apremio y Seguridad

ARTICULO 118 BIS 1. “La Comisión” para hacer cumplir sus determinaciones podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, el auxilio de la fuerza pública.

ARTICULO 118 BIS 2. En caso de existir riesgo inminente, daño, deterioro a la salud o seguridad pública, a las aguas nacionales, a los bienes a que se refiere el artículo 113 de esta Ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados al agua, “la Autoridad del Agua”, o “la Procuraduría”, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar de manera inmediata alguna o algunas de las siguientes medidas:

I. Clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales;

II. Suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador de las descargas de aguas residuales;

III. Remoción o demolición de obras de infraestructura;

IV. El aseguramiento de bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de las medidas de seguridad.

ARTICULO 118 BIS 3. Cuando “la Autoridad del Agua” aplique las medidas de seguridad a que se refiere el artículo anterior, indicará al usuario, concesionario o asignatario, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de la medida, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

Capítulo II

Infracciones y Sanciones Administrativas

ARTICULO 119. …

I a VII…

VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente Ley,

IX a XVIII…

XIX. No ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus equipos de bombeo cuando se transmitan parcialmente los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;

XX a XXII…

XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los Artículos 113 y 113 BIS de esta Ley, sin contar con título de concesión, y

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los Artículos 113 y 113 BIS de la presente Ley, en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el respectivo título de concesión.

ARTICULO 120.

I. 200 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 1,200 a 5,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX, y

III. 1,500 a 20,000, en el caso de violación a las fraccionesII, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII,XX, XXIII y XXIV.

...

...

ARTICULO 121…

I…y II…

III. Derogada, y

IV…

ARTICULO 122…

I…

II. Explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales a través de infraestructura hidráulica sin contar con el título de concesión o asignación que se requiera conforme a lo previsto en la presente Ley, o en el caso de pozos clandestinos o ilegales.

En el caso de ocupación de vasos, cauces, zonas federales y demás bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley, mediante la construcción de cualquier tipo de obra o infraestructura, sin contar con el título correspondiente, "la Autoridad del Agua" queda facultada para remover o demoler las mismas con cargo al infractor, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

ARTICULO 123

ARTICULO 123 BIS…

ARTICULO 123 BIS 1…

Capítulo III

Recurso de Revisión y Denuncia Popular

ARTICULO 124…

ARTICULO 124 BIS…

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos…

Se suma la Senadora Ludivina Menchaca, ¿está usted de acuerdo?, bueno, pues qué privilegio.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3 y 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 3 Y 9 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 19 de mayo el Presidente de la República, Felipe Calderón, anunció la licitación de algunas fibras obscuras de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que el objetivo principal es aumentar más el uso de las telecomunicaciones y aprovechar mejor un bien público que pertenece a la nación. Ahí también expresó que los tres ejes fundamentales en la política de telecomunicaciones es la convergencia, la competencia y la cobertura.

¿Cuáles son las razones que motivan la presente iniciativa? En primer lugar, si bien es cierto, celebramos el anuncio realizado por el Presidente Calderón. Nosotros creemos que no se deben de licitar solamente dos fibras, que la Comisión Federal de Electricidad, información que fue proporcionada por el Comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Rafael del Villar, se tiene una mayor disposición.

El pasado 20 de octubre así lo expresó el Comisionado de la COFETEL. A este respecto, la fracción parlamentaria de mi Partido, el Revolucionario Institucional, y otras expresiones políticas en el Senado consideramos que las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo del país, siempre y cuando evitemos procesos de concentración económica con recursos que pertenecen a la nación.

En otras palabras, lo que esta iniciativa pretende es que por una parte se liciten más fibras de las que dispone la Comisión Federal de Electricidad y que dicha licitación no recaiga en manos de una sola empresa, sino de varias que generen una verdadera y mejor competencia y competitividad en materia de telecomunicaciones y que ello se pueda traducir en un abatimiento en el precio directo hacia el usuario en servicios como telefonía móvil, telefonía fija, Internet y televisión restringida entre otros.

Más aún, la próxima semana, presentaremos a esta Asamblea el dictamen mediante el cual proponemos la apertura a un cien por ciento de inversión extranjera tanto en telefonía móvil como en telefonía fija. Sólo de esa manera podrá generarse una verdadera competencia. Recordemos que el Foro Económico Mundial, señaló que México está perdiendo competitividad. Esta iniciativa es acorde además con el anuncio que hiciera hace unos días el Presidente de la República en el sentido de fomentar reformas que vayan en contra de la práctica monopólica.

Por ello, compañeras y compañeros, solicito la solidaridad de esta Asamblea, para que las licitaciones de fibras oscuras pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad se amplíen a su máxima capacidad en cinco o más, incluso, para que se tengan más participantes en beneficio del usuario final. La red disponible de este órgano en particular, permitirá alcanzar a todas las comunidades del país, logrando transmitir datos, voz e imágenes a los lugares más recónditos de nuestro territorio nacional.

Dejo a usted, señor Presidente, la presente iniciativa para que se publique en sus términos y esperamos muy pronto disponer con el dictamen correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

“El suscrito, Angel Aguirre Rivero, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona dos fracciones XVII y XVIII al artIculo 3 y un segundo pArrafo al artIculo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 19 de mayo el Presidente de la República se comprometió licitar las fibras oscuras de la Comisión Federal de Electricidad; esto con el objetivo de hacer más eficientes las telecomunicaciones en México, además que son un bien público que debe utilizarse en beneficio de todos los mexicanos. Destacó que la política en telecomunicaciones se fundamenta en tres C: Convergencia, Competencia y Cobertura

El 16 de julio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un convenio con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con el fin de que a esta última le corresponden, entre otras responsabilidades, la elaboración de las bases de licitación, así como elaborar los criterios económicos y de evaluación de las propuestas. Además conducirá y llevará a cabo la licitación, hasta su conclusión, lo cual notificará a la CFE los resultados de este proceso, para que esta entidad celebre el contrato correspondiente.

Aunque el titular del Poder Ejecutivo Federal no estableció una cantidad precisa de las fibras oscuras que se van a licitar, el convenio signado por las dos dependencias señala que serán solamente dos las que son proclives a concursarse.

Al considerar que dentro de los lineamientos que señalo el Titular del Poder Ejecutivo Federal en su discurso del 19 de mayo se encuentra la competencia, la licitación de sólo dos de las fibras oscuras, encarecerá el acceso al concurso para otras empresas. Sólo las grandes corporaciones pueden participar en la licitación, lo que fortalecerá un duopolio en cada región del país.

Como la ya lo propuso el miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Rafael del Villarel pasado 20 de octubre de 2009, se pueden licitar más de dos fibras oscuras, ya que la CFE ha encontrado otras fibras disponibles para ser iluminadas. Además estableció que las bases de la licitación nolimitan a que solamente sean dos las fibras, sino que se pueden agregar más pares.

El pasado 26 de octubre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocó a los interesados a presentar sus planteamientos con el propósito de asegurar un procedimiento equitativo al publicar un documento denominado “pre bases” con el fin de garantizar una licitación transparente y competitiva de la red de fibra oscura.

En este documento se establece que los Contratos de Uso y Aprovechamiento Accesorio y Temporal es sólo sobre un par de hilos de fibra óptica oscura en la red de alta tensión de dicha Comisión Federal de Electricidad.

A este respecto, consideramos que las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo del país, la licitación de las fibras oscuras disponibles de la Comisión Federal de Electricidad, son una buena decisión; pero no debe contradecirse esta buena intención y se generen procesos de concentración económica con recursos que pertenecen a la Nación.

Recordemos que el Foro Económico Mundial señalo que México está perdiendo competitividad frente a otras naciones, entre los factores se encuentran los monopolios en telecomunicaciones, que inhiben el desarrollo económico. Esto se confirma si de acuerdo al Banco Mundial, existe una relación muy estrecha entre tecnologías de la información y productividad.

Los siguientes cuadros con datos de las Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde seestablece de comparativamente el rezago de México en relación con otros países:

Líneas telefónicas

Numero

2003

Numero

2008

Crecimiento

Por cada 100 habitantes 2003

Por cada 100 habitantes2008

Crecimiento

México

16'330.1

20'538.6

4.7

15.65;

19.05

4.0

Corea

25'127.6

21'325.4

-3.2

52.94

44.07

-3.6

Internet

Suscriptores

Por cada 100 habitantes

Usuarios

Usuarios por cada 100 habitantes

Suscriptores de banda ancha

Por cada 100 habitantes

México

8'273.1

7.67

23'260.3

21.58

7'604.6

7.05

España

9'311.8

20.88

26'171.5

58.69

8'995.4

20.17

Telefonía celular

Número de suscriptores en el 2003

Número de suscriptores en el 2008

Crecimiento

Por cada 100 habitantes

Porcentaje

México

30'097.7

75'303.5,

20.1

69.85

78.6

Argentina

7'842.2

46'508.8

42.8

116.46

82.8

Estas cifras describen la necesidad que tiene nuestro país de fomentar las telecomunicaciones en la población.

Por eso, consideramos que las licitaciones públicas para la utilización de fibras oscuras pertenecientes a organismos públicos como la CFE, deben ampliarse a su máxima capacidad, en cinco o más, con el fin de que en el mercado de las telecomunicaciones pueda tener más participantes y sea benéfico para el usuario final. La red disponible de este órgano en particular permitiría alcanzar a todas lascomunidades del país, logrando transmitir datos, voz e imágenes a los lugares más recónditos. Este es un sustancioso mercado como para que sea aprovechado por grandes corporaciones. Además que se pervertiría los fines de servicio público que debe tener esta infraestructura pública.

Por eso proponemos reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones con el fin de que sea obligatorio para los órganos públicos perteneciente a la Administración Pública Federal y que tienen redes de fibras oscuras, factibles para concesionarse a otras personas, se incentive a una mayor participación y se promueva la libre competencia.

Por eso, se pretende adicionar dos nuevas fracciones al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de definir que es una red de fibra óptica y que es una fibra oscura. Asimismo en el artículo 9 del mismo ordenamiento, se propone adicionar un nuevo párrafo donde se establezca la obligación de incentivar una mayor participación y mayor competencia de los órganos pertenecientes a la Administración Pública Federal que vayan a concesionar redes de fibras oscuras.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO Unico.-se adicionaN dos fracciones XVII y Xviii al artIculo 3 Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I - XVI (…)

XVII. Red de Fibra óptica: es el despliegue de fibras ópticas que extiende un órgano de la Administración Pública Federal;

XVIII. Fibra oscura: es la fibra óptica de una red pública que no es utilizada.

Artículo 9. (…)

Los órganos de la Administración Pública Federal que por necesidades operativas tienen una red de fibra óptica, pueden concesionar mediante licitación pública las que no son utilizadas. El órgano licitará el mayor número de fibras oscuras, con el fin de que sea mayor el número de participantes, con el fin de incentivar el mercado de telecomunicaciones y promover una mayor competencia, para el beneficio social.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Angel Aguirre Rivero”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Así lo esperamos todos, señor Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 103 y 105 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 103 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores:

En los últimos años, ha habido un incremento muy grande de juicios de amparo en materia fiscal. Ustedes saben que el juicio de amparo en materia fiscal no existía en el siglo XIX, si se consideraba que las normas fiscales no eran posiblemente violatorias de derechos fundamentales.

A principios, en la segunda década del siglo XX, se aceptó que podían serlo, y hasta los años 60’s, en unas ocasiones, en unos casos se aceptaban y en otros no, hasta que finalmente la Corte sentó jurisprudencia y hemos tenido una situación pues hasta cierto punto caótica, porque en los gobiernos de los estados y el gobierno federal, muchas veces no sabe de cierto si lo que está recaudando lo va a tener que devolver o no.

Y esto genera también una gran injusticia, la injusticia de que la devolución de impuestos al final de los largos juicios, solamente es a favor de quienes presentaron el amparo y el resto de los contribuyentes pues pagaron y no pudieron recuperar, no se pudo resarcir la injusticia, vamos a decirlo, contributiva.

Es evidentemente sin anomalía, que en aras de la justicia se generen como consecuencia multitud de actos de injusticia no debe de ser precisamente la característica de un sistema de justicia.

Así las cosas, la Cámara de Diputados envío un proyecto a esta Soberanía, a esta Cámara, a este Senado, proponiendo que se rompiera la famosa fórmula Otero y se pudiera asentar jurisprudencia contra impuestos, y que una vez que eso ocurriera se declararan inconstitucionales las tasas y las tarifas o las bases sobre las cuales, o cualquier otro precepto fiscal.

En mi opinión, la aprobación de ese proyecto va a generar más problemas que los que quieren resolver, entre otras cosas porque, pues el Poder Judicial va a empezar a legislar, pero cada juez, en un sentido no necesariamente igual.

Entonces, vamos a tener un problema de distribución de la función legislativa en lugar de generar una nueva realidad, digámoslo así.

Lo que yo propongo es que en el 103 de la Constitución se haga la salvedad para que las controversias en materia de tasas, tarifas y las bases sobre las cuales se aplican dichas bases y tarifas, no sea sujeto del amparo y que dichas disposiciones de los estados y de la Federación en materia de tarifas, de tasas y de las bases sobre las que se aplican ambas, puedan ser materia de acción de inconstitucionalidad de parte de cualquier contribuyente, de tal manera que la Corte lo resuelva en un plazo corto, digamos de 6 meses, porque el plazo para presentar la acción es de un mes, luego los trámites internos pueden llevar un par de meses y luego propongo que el ministro tenga, el ponente, un mes para presentarle a los ministros la ponencia, y el Pleno tenga un mes para resolver, de tal manera que todos los plazos se acorten, haya certeza, haya rapidez, haya garantía de acceso a los tribunales, haya definitividad, haya certeza también en los contribuyentes y certeza en el recaudador y en el que ejerce el gasto, y que se devuelvan los impuestos declarados inconstitucionales, excepto los que hayan sido pagados por los consumidores, porque muchas veces se devuelve el impuesto pagado por el consumidor, al comerciante o al productor, y ellos se quedan con eso, y no se los devuelven, porque no hay manera de hacerlo, a los consumidores que fueron quienes en realidad pagaron el impuesto. Acabar con eso también, darle retroactividad y establecer que: una vez declarada inconstitucional una tasa, una tarifa o una base sobre la cual se va a aplicar dicha tasa o dicha tarifa, entonces quede el precepto que estuvo vigente antes, para que la declaración de inconstitucionalidad no alcance el tema fiscal, sino solamente la modificación de la tarifa de la tasa o de la base, y quede la anterior, a efecto de que el Estado, pues no deje de cobrar un impuesto por ese concepto, o un derecho.

Entonces, estamos hablando de las modificaciones. A menos, claro, obviamente, que dicho impuesto, dicha tasa, dicha tarifa sea nueva, no exista antes, en cuyo caso, pues no quedaría nada.

Todo esto protege al Estado, pero también les da certidumbre a los contribuyentes y les abre una línea de acceso más barata, no requieren de grandes despachos y todo el dinero que le pagan a los amparistas, lo siento por ellos, ellos sí saldrían damnificados de esta reforma, y todos podrían ir a la Corte. Cumplido el mes de plazo, se cierra la ventanilla y se analizan todos los alegatos de todos los contribuyentes que están impugnando la tasa, la tarifa o la base y se acabó. Y todo el resto de cuestiones fiscales, pues dejarlo en el amparo, como está hasta ahora.

Esa es la proposición, señor Presidente, la he presentado ya a la Secretaría firmada. Espero que don Pedro Joaquín convoque a la Comisión de Puntos Constitucionales para hacer un examen de este asunto, que es muy urgente, cada día más urgente para el país; resolvamos algo, lo que tengamos que resolver e iniciemos un proceso legislativo que pueda mejorar en todos los aspectos, las controversias sobre las tarifas, las tasas y las bases sobre las que estas se aplican en materia fiscal.

Le pido que sea publicada íntegra en el Diario de los Debates. Y les agradezco mucho su atención, ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

Gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Pablo Gomez Alvarez, senador a la LXI Legislatura del Congreso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artIculos 103 y 105 de la Constitucion PolItica de los Estados Unidos Mexicanos para crear la figura de accion de inconstitucionalidad en materia fiscal, de conformidad con la siguiente:

Exposicion de Motivos

El treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro se llevó a cabo una importante reforma constitucional, al introducir en el derecho procesal un instrumento de tutela de las normas de nuestra Carta Magna: la acción de inconstitucionalidad.

La acción de inconstitucionalidad, junto con el juicio político, los organismos autónomos de protección a los derechos humanos, el juicio de protección a los derechos político- electorales, el juicio de amparo, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las controversias constitucionales, constituyen instrumentos para las garantías constitucionales que contempla nuestra ley fundamental.

La acción de inconstitucionalidad fue diseñada para garantizar en abstracto la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la certeza del orden jurídico fundamental. Es por ello que para iniciar su procedimiento no se requiere la existencia de un agravio personal directo ni de un interés jurídico específico. Sin embargo, se trata todavía de una especie de derecho de amparo de poderosos con una única instancia, la Suprema Corte, que actúa como tribunal constitucional.

Lo anterior es así pues sólo las minorías parlamentarias (un tercio de los integrantes de las legislaturas), los partidos políticos exclusivamente en materia electoral, el Procurador General y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden recurrir a la acción de inconstitucionalidad. Se trata de un juicio rápido para resolver asuntos de carácter político.

Sin embargo, existe otro ámbito que requiere también una forma expedita de resolución: el establecimiento de las tasas y tarifas de las contribuciones, así como de las bases de las mismas. Como se ha documentado ampliamente, los juicios de amparo sobre asuntos fiscales son muchos en nuestro país. La cuestión es del todo natural cuando se trata de la aplicación de las leyes fiscales a los particulares, pero encuentra un enorme problema político cuando se trata de las tasas y tarifas, así como de las bases sobre las que éstas se aplican. En este terreno, los juicios suelen ser demasiado injustos cuando son ganados por los recurrentes, pues sólo a ellos se les regresa el impuesto considerado inconstitucional. El asunto es aún más injusto cuando se trata de impuestos indirectos, es decir, pagados por los consumidores, pero que son regresados a los comerciantes o productores y no a quienes en realidad lo pagaron.

Por otro parte, el Estado mexicano vive una situación demasiado complicada al no conocer con certeza si las tasas y tarifas, así como las bases, van a ser declaradas inconstitucionales, pues mientras tanto cobra los impuestos y derechos sin tener la certidumbre sobre la efectividad de los cobros realizados.

Es preciso recordar algunos hechos históricos y antecedentes de esta situación. En la exposición de motivos de la reforma del artículo 105 constitucional, de 1994, se señaló que, con la introducción de las acciones de inconstitucionalidad en el orden jurídico mexicano, se buscaba fortalecer un Estado de derecho que garantizara la vigencia de las normas, el apego del gobierno a la ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades. Del mismo modo, se buscó consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, al ampliar su competencia para emitir declaraciones con efectos generales sobre el apego de leyes a nuestra norma fundamental.

Con la acción de inconstitucionalidad, la base de acción ya no descansa en la necesaria actualización de un agravio personal y directo, sino que se trató de lograr un total control de la Constitución a través de los efectos generales de sus resoluciones, que ya no se limitan a proteger exclusivamente a la persona del agraviado sino conllevan efectos erga omnes.

En cuanto a las garantías de equidad y proporcionalidad en materia tributaria encontramos que, en México, estas garantías no aparecen desarrolladas como derechos de las personas, exigibles o tutelados por la vía jurisdiccional.

En efecto, sus primeros antecedentes los hallamos a finales del siglo XIX, en la que se conoce como la tesis de Ignacio L. Vallarta, la cual sostenía la improcedencia del amparo en los casos en que se impugnara la violación de artículos constitucionales ajenos a los derechos del hombre expresamente aceptados en la Constitución y reconocía a la sanción mediante el sufragio, como la única forma de inconformarse contra los impuestos injustos que se determinasen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo la aplicación de la tesis Vallarta desde finales del siglo XIX hasta 1925, año en que, ante las reiteradas exigencias de algunos contribuyentes por lograr el reconocimiento de los principios de proporcionalidad y equidad como garantías individuales, el ministro Urbina presentó el proyecto de sentencia que dio lugar a la tesis que permitió la procedencia del amparo en contra de los impuestos desproporcionados e inequitativos.

De 1925 a 1962, la Corte se apartó de la tesis Vallarta de manera intermitente, admitiendo, en algunos casos, la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de un impuesto que fuese exorbitante y ruinoso y, en otros, resolviendo la improcedencia con argumentos de la tesis Vallarta.

Fue hasta 1962 cuando la Corte resolvió que el amparo es un recurso en manos del contribuyente y que los principios de proporcionalidad y equidad debían considerarse como garantías individuales.

De 1988 a 1995, se inició la especialización en materia tributaria, aumentando de manera considerable el número de amparos y de argumentos complejos relacionados con la proporcionalidad y equidad de las contribuciones.

Con la reestructuración del Poder Judicial y la Suprema Corte en 1995, un número creciente de contribuyentes promovió multiplicidad de juicios, aumentando con ello las declaraciones de inconstitucionalidad de ciertos tributos.

Ahora bien, en la búsqueda de una explicación a los incentivos y razones para haber definido tales principios como garantías individuales, advertimos que el criterio de la SCJN surgió como respuesta a la debilidad de las instituciones y a una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo federal.

Las premisas bajo las cuales fueron reconocidos como garantías individuales los principios de proporcionalidad y equidad hoy han cambiado. El equilibrio entre los poderes constituidos actualmente es una realidad. El Congreso de la Unión ejerce sus facultades y recoge diversas demandas, propuestas e inquietudes ciudadanas transformándolas en normas de derecho. Por su parte, el Ejecutivo federal desarrolla sus funciones de manera acotada mientras que el sufragio es un instrumento para corregir ciertos actos de la autoridad legislativa y ejecutiva.

No obstante, debe quedar completamente claro que esta iniciativa no pretende desconocer las garantías individuales en materia tributaria, sino renovar la vía procesal para hacerlos valer de manera más efectiva para todas las personas en lo relacionado con tasas, tarifas y bases.

Es un hecho que la alta especialización de la materia de amparo y el alto costo de los profesionales que se dedican a esta especialidad hace que sólo las grandes empresas terminen beneficiándose de los juicios en materia de tasas, tarifas y bases, mientras que el resto de los contribuyentes continúa pagando impuestos ya declarados inconstitucionales.

Paradójicamente, aquéllos que propician la complejidad de la materia fiscal son quienes tienen los recursos para instrumentar nuevas planeaciones fiscales y presentar argumentaciones jurídicas que los exentan de la aplicación del régimen impositivo, dejando como legado para el resto de la sociedad un laberinto de criterios técnicos inaccesibles para el público en general, que derivan en menores posibilidades de impugnar las disposiciones que, en su caso, les afecten.

En apoyo de lo anterior, se puede constatar el hecho de que en el periodo de 2002 al 2007, el porcentaje de contribuyentes promoventes de amparos contra leyes fiscales osciló solamente entre el 2 y el 3 por ciento del total de contribuyentes registrados. De esa minoría, sólo aquellos que obtuvieron resultados favorables se beneficiaron de la protección constitucional, dejando al resto de los contribuyentes en desigualdad de circunstancias.

Otro problema, que se encuentra estrechamente vinculado con el anterior, radica en que las ventajas económicas y competitivas que conlleva el liberarse del pago de impuestos ha provocado que la promoción de amparos constituya una decisión de negocios, independientemente de si la norma es susceptible de ser declarada inconstitucional. Se ha creado, en consecuencia, un incentivo para que todas las empresas planeen sus ejercicios y operaciones fiscales contemplando la promoción de amparos para librarse de las contribuciones debidas y colocarse en una situación de ventaja frente a sus competidores.

Lo anterior pone en evidencia que el amparo contra leyes tributarias –a diferencia de lo que sucede en otras materias– ha dejado de tener como objetivo fundamental la protección de derechos fundamentales y de la supremacía constitucional.

Al efecto, es pertinente aclarar que no se trata de poner en tela de juicio la libertad y el derecho de los contribuyentes de cuestionar ante los tribunales la constitucionalidad de una norma tributaria que consideren violatoria de sus derechos fundamentales, pero sí corresponde evitar que el juicio de amparo siga siendo un instrumento de planificación financiera tendiente a evitar el pago de contribuciones o a obtener devoluciones millonarias.

Los informes de labores de la primera sala correspondientes a los años 2006 y 2007 señalaron que las impugnaciones relativas a los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, relacionadas con leyes fiscales, ocuparon el 85 por ciento de los asuntos tramitados en esa sala y el 54 por ciento, respectivamente, aun cuando la especialización de esa sala no es la materia administrativa.

Asimismo, las estadísticas del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos de la Procuraduría Fiscal de la Federación indican que de 2002 a 2007 se observó un incremento del 176 por ciento de amparos promovidos en relación con los cinco años anteriores.

Este incremento y la consecuente sobrecarga del Poder Judicial en la materia derivan de las siguientes razones: (i) al no reformarse las leyes declaradas inconstitucionales, los particulares continúan promoviendo, año con año, juicios de amparo; (ii) aun cuando la ley es declarada constitucional, no existe legalmente una causal clara de improcedencia y, por tanto, los particulares continúan impugnándola en busca de un error procesal que se les otorgue finalmente una sentencia favorable.

En adición a lo anterior, un fenómeno de reciente aparición, consistente en la interposición masiva de amparos contra leyes fiscales, se perfila como una práctica reiterada. La experiencia indica que las sentencias de primera instancia recaídas a amparos contra leyes fiscales que son promovidos de manera masiva, en todos los casos son impugnadas, de tal forma que siempre es la Suprema Corte de Justicia la que se avoca a la resolución de fondo de dichos asuntos.

Ante esta situación, se hace indispensable adecuar la normatividad a efecto de prever las herramientas jurídicas necesarias para atender de manera eficiente esta nueva circunstancia.

La impugnación sistemática de las leyes fiscales emitidas por el Poder Legislativo, si bien es un derecho legítimo de los contribuyentes, no menos cierto es que genera una contingencia que pone en entredicho la certeza sobre los ingresos públicos y, por tanto, sobre la disponibilidad de recursos para satisfacer el gasto público.

Esta incertidumbre -ya señalada en párrafos anteriores-- afecta recursos presupuestarios importantes de la Federación y las entidades federativas, máxime si se toma en cuenta que las impugnaciones recientes versan sobre tributos que constituyen pilares fundamentales de la recaudación en México.

Por otra parte, el impacto no sólo es potencial sino que se actualiza cuando las resoluciones favorables a los contribuyentes imponen el deber de devolución por parte de la hacienda pública. Así, en el periodo 2001-2006 la Federación devolvió 47 mil 183 millones de pesos, en cumplimiento de sentencias de amparo relativas a diversos conceptos de los impuestos sobre la renta, al valor agregado, especial sobre producción y servicios, entre otros.

En este sentido, tomando en cuenta que las garantías de proporcionalidad y equidad no pueden desvincularse del deber constitucional de contribuir al gasto público, resulta imperativo reflexionar si los efectos restitutorios del juicio de amparo, fundamentales e indiscutibles tratándose de las demás garantías consagradas en la Constitución, deben extenderse sin restricciones en el caso de las garantías en materia tributaria. Los recursos que financian el gasto público provienen del pago de las contribuciones por parte de las personas y se traducen en cimientos del desarrollo y prestación de servicios a toda la sociedad, por lo que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés general.

La revisión de las vías de defensa constitucional de los contribuyentes es, en la actualidad, un tema objeto de intenso debate y ha sido abordado frecuentemente en muy diversos foros. En todo caso, puede sostenerse que existe consenso en que la justicia constitucional tributaria no beneficia a las mayorías, satura y sobrecarga los tribunales, pone en riesgo el presupuesto público en los tres niveles de gobierno y no es adecuada para atender la imposición masiva de juicios.

La reforma que se propone está enfocada a corregir la problemática planteada, buscando erradicar por completo las distorsiones que ha causado el abuso de la institución de amparo.

Esta propuesta reconoce que su característica principal es el ejercicio de un control abstracto y, por tanto, la sentencia que declare la invalidez de una norma tendrá como efecto la expulsión de la misma del orden jurídico y, en consecuencia, la cesación de sus efectos a partir de la publicación de la resolución.

El esquema constitucional que se propone se traducirá, sin duda alguna, en importantes beneficios en materia del régimen fiscal mexicano. Con él, los contribuyentes se encontrarán en una auténtica situación de equidad e igualdad en lo que respecta a la aplicación del ordenamiento jurídico, es decir, la generalidad de los efectos de la sentencia eliminará la distorsión que causaban los regímenes fiscales particulares o individualizados como consecuencia de amparos anteriores.

Con estas medidas se eliminarán las distorsiones que ha generado la relatividad de las sentencias de amparo en materia fiscal, además de conceder protección directa de la Constitución a las resoluciones que se emitan dentro del proceso de la acción de inconstitucionalidad propuesta, garantizando, con ello, la supremacía de nuestra Constitución Política.

Por lo anterior, para permitir que los ciudadanos no vean limitado su derecho de defensa, ante la imposibilidad económica de promover un juicio de amparo, y puedan de manera efectivatener acceso a una justicia pronta y expedita a través de la declaratoria, con efectos erga omnes, que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la acción de inconstitucionalidad promovida contra leyes de carácter autoaplicativo como lo son las fiscales, cuando ésta imponga a los ciudadanos una carga que por desproporcionada e injusta, afecte gravemente su economía violando así sus derechos humanos al poner en riesgo su subsistencia, es necesario reformar los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, es necesario hacer notar que muchos contribuyentes podrían beneficiarse de esta reforma de la Constitución pues ellos también podrían conocer con absoluta certeza y en un tiempo corto si habrán de seguir pagando las tasas y tarifas señaladas en las leyes fiscales.

En la presente iniciativa se propone que si una tasa o tarifa, o la base sobre la cual éstas deben calcularse, es considerada como inconstitucional por la Suprema Corte, se aplicará la tasa o tarifa, así como la base, que estaba establecida con anterioridad, pues una tasa, tarifa o base que resultara violatoria de los principios constitucionales no debería llevar a la desaparición completa de la contribución, pues en tal caso los poderes legislativos de las entidades y el de la Federación se verían limitados a introducir modificaciones por temor a que todo el gravamen fuera eliminado. Sería injusto que por un indebido aumento en la tarifa o la tasa ya no fuera materia de imposición fiscal una determinada actividad o todo el ingreso. Este elemento que forma parte del presente proyecto introduce una modalidad muy precisa a la acción de inconstitucionalidad.

En cuanto a los plazos para resolver, en el proyecto se considera que una vez terminados los procedimientos señalados en la ley de la materia, el ponente debería contar con un plazo de treinta días naturales para presentar su proyecto y el pleno de la Corte dispondría de un plazo también de treinta días para resolver el asunto. Estos plazos buscan que las declaratorias en esta materia sean pronunciadas en un tiempo breve para que, de tener que devolverse el impuesto recaudado, esto se pueda hacer sin graves problemas administrativos y políticos y, en caso de ratificarse la constitucionalidad de los impuestos impugnados por esta vía, los contribuyentes tengan igual certeza sobre su futuro fiscal. Así, la acción de Inconstitucionalidad tiene treinta días para ser presentada ante la Corte; los trámites de ley podrían durar otro tanto y, a partir de este momento, la Corte -ponencia y resolución- no podrían tardar más de dos meses. En total, estaríamos hablando de la solución definitiva de una controversia sobre esta materia en un tiempo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de la disposición impugnada.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 103, se adiciona el inciso h) a la fracción II y se modifica el segundo párrafo de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 103.

“I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales,salvo en lo tocante a tarifas, tasas y base sobre la cual deban aplicarse, de las contribuciones establecidas en ley, cuyas controversias serán resueltas exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 105 de la presente Constitución.

“Artículo 105. …

I. ...

II. ...

a)…

(…)

h)Los contribuyentes, exclusivamente sobre las tasas y tarifas, así como sobre la base de aplicación de las mismas, de las contribuciones establecidas por la Federación o las entidades federativas.

...

III. ...

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables en la materia y las adoptadas en términos del inciso h) de la fracción II cuando deberá ordenarse la devolución de la contribución efectivamente recaudada, excepto que la misma hubiera estado a cargo de los consumidores; la tarifa, tasa y base de la contribución establecida con anterioridad se considerarán vigentes y se aplicarán con retroactividad y en lo sucesivo a pesar de haber sido derogadas, reformadas, modificadas o adicionadas por el órgano legislativo correspondiente; el proyecto de sentencia en la materia fiscal deberá ser presentado dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento de ley, debiéndose dictar el fallo por el Pleno a más tardar en un plazo de treinta días contados a partir de que el ministro instructor haya presentado su proyecto.

TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Pablo Gómez Alvarez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.

Y esta Presidencia le dice, fraternalmente al Senador Pablo Gómez, que don Pedro Joaquín siempre está atento a éste y a otros asuntos.

Nos visitan un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Durango, invitados de don Andrés Galván.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida.

Se concede el uso de la voz al Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República, erradicar la discriminación laboral que padecen las mujeres, es una prioridad por encima de colores partidistas.

Una de las principales causas de despidos laborales en nuestro país, es por la condición de embarazo que viven miles de mujeres trabajadoras quienes enfrentan el dilema de decidir entre su maternidad o permanecer en su empleo.

Los datos que tenemos disponibles revelan que el 90 por ciento de las mujeres embarazadas sufren presiones y amenazas directas para abandonar sus trabajos y que en el 25 por ciento de casos, se logre el objetivo de cancelarle su contrato laboral.

En la mayor parte de los casos, se les condiciona su estancia con el pago de un menor sueldo, se le regatean las prestaciones sociales, o se les degrada a puestos de menor importancia, en contraparte, a aquellas mujeres que salen a conseguir un trabajo, que son madres solteras con la necesidad de tener una fuente de ingresos para sacar adelante a sus hijos, se les pide indebidamente una prueba de no embarazo y se les rechaza cuando llegan a solicitar un empleo estando embarazadas. Cuando llegan a ser aceptadas es bajo condiciones laborales indignantes, sin contrato de por medio, sin seguro social, viviendo en la incertidumbre de no recibir el pago quincenal o de ser remuneradas a cuenta gotas con el día a día.

Con base en las miles de denuncias que se hacen todos los años ante las autoridades y ante los organismos de derechos humanos, hemos identificado que la maternidad no está siendo valorada en su justa dimensión social y económica, sino que sigue siendo vista como un estorbo para la productividad de las empresas y como un lastre que se mide en pesos y centavos.

Nosotros consideramos que esta grave situación no puede continuar así, porque la maternidad cumple una importante función social que debe ser protegida, porque es un derecho irrenunciable de las mujeres, y porque muchas trabajadoras dependen de su empleo para sostener sus hogares, para pagar la atención médica, para comprar la medicina y para sufragar los gastos por el nacimiento de sus hijos.

Las cifras nos muestran que al menos 4 millones de hogares en nuestro país son encabezados por mujeres trabajadoras y luchonas que día con día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias y a la educación de sus hijos.

Perder el empleo por su condición de género, por estar embarazadas o por tener que cumplir con sus responsabilidades familiares, representa para miles de mujeres mexicanas un desastre económico, que las deja indefensas y vulnerables a toda suerte de abusos y atropellos.

Desde nuestro punto de vista la maternidad debe ser ampliamente protegida por nuestras leyes, debe ser materia prioritaria para todos los gobiernos y debe ser respetada y valorada por el sector público y privado de nuestro país.

Por eso les estamos proponiendo iniciar el análisis de la presente iniciativa de ley, que tiene por objetivo proteger los derechos laborales de las mujeres embarazadas, que busca reconocerle a la maternidad el lugar que realmente merece en la sociedad y que les da a las Madres trabajadoras mecanismos para que puedan defenderse de los abusos a los que son sometidas por tener un empleo o por buscar un empleo.

De igual forma este proyecto de reforma es planteado con la finalidad de poner el marco legal en sintonía con los Convenios Internacionales que México ha suscrito en materia de equidad y género, como son el Pacto para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres y la Declaración de Igualdad de Oportunidades de la Organización Internacional del Trabajo.

En ambos instrumentos se estipula claramente que la mujer embarazada debe ser protegida en el ámbito de sus derechos laborales, por lo que estamos obligados a reconocérselos en las leyes mexicanas sin regateos.

Por estas razones les estamos pidiendo a las Senadoras y a los Senadores de la República que nos apoyen para reformar tres artículos de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de garantizarles a las mujeres los siguientes derechos:

1.- Que no sean discriminadas en el trabajo por motivo de género, embarazo, ni responsabilidades familiares.

2.- Que ningún empleo se les minimice por su maternidad, reconociéndole su función social y biológica, y

3.- Que su condición de embarazo no sea motivo para bajarles el sueldo o condicionarlas a las prestaciones sociales que merecen.

Hoy más que nunca las mexicanas y los mexicanos debemos unir esfuerzos para lograr que las mujeres que cumplan la doble función de ser madre y trabajadora ocupen el lugar que realmente merecen en nuestra sociedad.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Revolución de la mujer en el siglo XX logró grandes transformaciones. Al aumentar la posibilidad de igualdad de oportunidades, accedió a muchas carreras, con lo que amplió en gran medida el campo de trabajo.

Actualmente la mujer sufre muchas desventajas con respecto al hombre y sigue sin tener iguales salarios, ni iguales responsabilidades laborales, ni iguales posibilidades de promoción profesional.

Así mismo, este siglo se caracterizó por la creación de numerosas organizaciones internacionales. Una de las más importantes es la Organización de las Naciones Unidas, creada en junio de 1945, que surgió con el objetivo de fomentar la paz, y la cooperación internacional en diversos aspectos. Uno de los más importantes es el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión[1].

La Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los documentos fundamentales de las Naciones Unidas, establece en su artículo 1°, “la igualdad de todos los seres humanos”, definiendo que estos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que por el hecho de estar dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Se puede decir que de esta declaración surgieron diversos pactos en los que se define de una manera más precisa los derechos tanto de hombres como mujeres por igual. Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cuál entró en vigor el 3 de enero de 1976, y que define en su artículo 3, que los Estados Parte del Pacto deben asegurar a hombres y mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales que se enuncian en dicho pacto. En particular el artículo 10 hace referencia al derecho de las madres a la protección durante un tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Hacia 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su resolución 2263 la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que en su artículo 10.2 declara que cada Estado deberá adoptar medidas para evitar la discriminación de la mujer por razones de matrimonio o maternidad, así como evitar su despido en estos casos, proporcionarle licencia de maternidad con sueldo pagado y la garantía de volver a su empleo anterior, así como para que se le presten los servicios sociales necesarios, incluidos los destinados al cuidado de los niños. Además declara que las medidas que se adopten con la finalidad de proteger a la mujer en determinados tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no se deben considerar como discriminatorias.

Pero a pesar de las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los demás organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, se comprobó que las mujeres seguían siendo objeto de discriminaciones, razón por la cuál se creó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979, y fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981 entró en vigor en 3 de septiembre de 1981. Nuevamente este documento declara la igualdad que debe prevalecer entre hombres y mujeres, y en cuanto al aspecto del trabajo, declara en el artículo 10, que la mujer tiene el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso a la salvaguardia de la función de reproducción.

Asimismo, declara que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. Además, los Estados deben prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. De igual forma, abunda sobre la obligación de los Estados el implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales, así como alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios.

Esta disposición permite a los padres combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo así como la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. Por último, esta Convención establece que los Estados deberán prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

La maternidad cumple una función social y no es solamente una cuestión personal circunscrita exclusivamente al ámbito familiar, así lo ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Declaración sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato para las trabajadoras adoptada por los estados miembros en 1975, y que vincula la prohibición de la discriminación contra las mujeres por motivos de embarazo y de maternidad con el derecho a la protección del empleo durante la licencia de embarazo y maternidad.

Sin embargo, no hemos avanzado significativamente en este sentido. Hoy por hoy, existe la contratación discriminatoria en función de una maternidad potencial o actual, la mujer por su condición y ante la perspectiva de ser madre, se le percibe como una amenaza, concretamente a la productividad. La exigencia de la prueba de no embarazo como un requisito para obtener un empleo, constituye la más clara evidencia de esta discriminación que impone prácticas que interfieren en la vida privada de las trabajadoras, desde tomar la decisión de no embarazarse para encontrar un trabajo, hasta posponerlo indefinidamente para permanecer o progresar en el empleo.

Hace dos generaciones las mujeres empezaron a ingresar masivamente en la fuerza de trabajo. En México, el índice de actividad económica de las mujeres ha pasado de un 17% en 1970 a un 36.7% en 2003. Las causas son diversas, desde los cambios en los modelos económicos que impone la globalidad y que se traducen en crisis económicas familiares, hasta la conciencia de que el trabajo remunerado es un derecho también de las mujeres, y que es necesaria su participación plena en la vida económica del país.

Hasta hace dos décadas, muchas mujeres abandonaban el empleo una vez que comenzaban a tener hijos para dedicarse a la familia. Actualmente, las mujeres del grupo de 20 a 49 años son las que se incorporan en mayor proporción al mercado laboral.

El número de mujeres que trabajan en sus años de crianza está aumentando, una realidad que hace aún más imperativo resolver el problema fundamental que experimentan la mayoría de las trabajadoras (si no todas) es algún momento de sus vidas profesionales: la desigualdad de trato en el empleo a causa de su función procreadora.

La discriminación en el empleo en función de la maternidad actual o potencial también tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad. Las mujeres que se embarazan, se encuentran ante la amenaza de no tener empleo o de perderlo, de no tener ingresos y, por lo tanto, de hacer frente a diversos peligros para su salud y para la salud y la vida del bebé. Si bien, la proporción de mortalidad y morbilidad maternas que afecta a las trabajadoras en el sector estructurado no se conoce con exactitud, es un hecho que las trabajadoras que conservan sus empleos durante el embarazo, y gozan de las prestaciones por maternidad, reintegrándose normalmente al empleo, son menos propensas a posibles consecuencias negativas en su embarazo. Esto se debe al mejor control de sus recursos económicos y a las facilidades de acceso a las atenciones médicas prenatales, de convalecencia y puerperales. El empleo de las madres representa un beneficio a largo plazo para ellas, sus familias y al crecimiento económico de la sociedad.

Es necesario, por lo tanto, desarrollar mecanismos que permitan a la madre trabajadora conciliar su maternidad con su vida laboral, sin que esto signifique la libertad que tiene para decidir entre una y otra cosa.

El principio de igualdad entre hombres y mujeres en función de su dignidad y por lo tanto de sus derechos ha de llevar a replantear a profundidad la condición jurídica de la mujer, su papel en la sociedad y su contribución al bien común, y en consecuencia, a la formulación en el texto legal, de medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.

Los gobiernos y los interlocutores sociales tenemos que abordar el hecho de que la mujer y su condición de madre en el ámbito laboral sigue estando poco asegurada para un gran número de trabajadoras. Hemos de hacer frente al desafío de proteger la salud, asegurar el empleo y brindar un nivel de ingresos a las trabajadoras que les permita vivir en condiciones dignas antes y después del parto.

Por lo anterior, sometemos a esta Cámara de Senadores en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTICULO UNICO: Se reforma el Artículo 3 segundo párrafo, artículo 5 fracción XI y artículo 25 fracción I, asimismo se adiciona el inciso c del párrafo I del artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo 3.…

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, motivo de género, embarazo y responsabilidades familiares.

Artículo 4.-…

I.-…

a)…

b)…

c)Cuando se trate de violar los derechos de las embarazadas por considerar sin importancia la maternidad y su función social, además de la biológica.

Articulo 5.- …

I. - X.- …

XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo, nacionalidad yembarazo.

Artículo 25.-…

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio del trabajador y del patrón;

II. - IX. …

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Gracias, señor Vicepresidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen y ruego a Servicios Parlamentarios hacer un llamado a los Senadores que se encuentren fuera del Recinto Parlamentario para que se puedan reincorporar a él.


[1] Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y
DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA

H. ASAMBLEA:

En fecha 5 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a esta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza nació el día treinta de enero de 1957 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía, se establece que el C. Eduardo Tomás Medina - Mora Icaza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su trayectoria como Funcionario Público ha ocupado los siguientes cargos:

• Jefe del Departamento de Divulgación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (1979-1982);

• Coordinador de Asesores del Subsecretario de Pesca (1982-1987);

• Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (2000-2005);

• Secretario de Seguridad Pública (2005-2006);

• Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (2005-2006); y

• Procurador General de la República (2006-2009).

Ha participado como miembro de la delegación mexicana, encargada de los temas de seguridad, prevención y procuración de justicia, en las Reuniones Binacionales México-Estados Unidos, México-Canadá, México-Colombia y México-Guatemala.

Como negociador internacional, el C. Eduardo Medina - Mora participó en los trabajos que dieron origen a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida y el Acuerdo de Seguridad Fronteriza (Border Alliance) entre México y los Estados Unidos.

Al interior de la iniciativa privada, se desempeñó como Coordinador del equipo jurídico del sector privado que apoyó al gobierno de México en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus dos Acuerdos Paralelos en materia ambiental y laboral.

Es autor del libro “Las pesquerías en la zona económica exclusiva; un ensayo interpretativo de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”; además de ser coautor de la obra titulada “Uso Legítimo de la Fuerza”.

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en el Reino Unido en los ámbitos:

• Político:

• Dar seguimiento al desarrollo de las elecciones generales del Reino Unido, a realizarse en el primer semestre de 2010;

• Impulsar la realización de la visita oficial a México de su Alteza, el Príncipe Andrés, Duque de York, durante el primer semestre de 2010, a fin de impulsar la agenda económica entre ambos países; y

• Coordinar la celebración en Londres, en el año 2010, de la XV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México – Reino Unido.

• Económico comercial:

• Identificar, con el apoyo de ProMéxico y el UK Trade and Investment, proyectos conjuntos de comercio e inversión, particularmente en los sectores automotriz, aeronáutico, transporte, salud e industria energética;

• Impulsar la Ejecución del Plan de Acción Conjunta entre ProMéxico y el UK Trade and Investment, establecido para mejorar el nivel y la calidad del comercio entre México y el Reino Unido, mediante el diseño de un calendario para la realización de ferias y seminarios; y

• Dar continuidad a los seminarios realizados con la Sociedad de Compañías Aeroespaciales Británicas (SBAC, por sus siglas en inglés), la Society of Motor Manufacturers and Traders y el Seminario All - Energy 2009,destinados a promover en México la inversión en los sectores aeroespacial, automotriz y de energías renovables, respectivamente.

• Cooperación educativa y cultural:

• Llevar a cabo, en el año 2010, la XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural;

• Dar seguimiento al desarrollo del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Británico, suscrito en 2009 para promover actividades de cooperación en materia cultural, educativa y de capacitación docente;

• Dar seguimiento, en coordinación con ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística, al programa “Otoño Mexicano” en el Reino Unido, que comprende actividades de promoción cultural, económica y social; y

• Estructurar un programa de promoción cultural y de imagen de México, en el marco de las festividades del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

• Cooperación científica - técnica:

• Impulsar la firma del Memorándum de Entendimiento, en proceso de negociación, entre el INEGI y la Oficina de Estadística del Reino Unido;

• Generar un intercambio más activo de cooperación bilateral en temas prioritarios como el de la influenza A (H1N1), en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Secretaría de Salud y el Departamento Británico de Salud;

• Apoyar la implementación de los convenios de colaboración suscritos por el CONACYT con 25 instituciones de educación superior británicas; y

• Apoyar la continuidad de los programas de colaboración establecidos entre la SEP y el Consejo Británico, para la formación de educadores en los idiomas español e inglés; así como el establecido entre la Academia Mexicana de las Ciencias y la Royal Society, para estancias cortas de investigadores en instituciones de ambos países.

• Asuntos consulares:

• Apoyar y mantener contacto con los mexicanos recluidos en centros de detención del Reino Unido;

• Continuar la asistencia a los procesos judiciales que enfrentan los connacionales, mediante la obtención de documentos y la colaboración de abogados defensores; y

• Agilizar y modernizar la prestación de los servicios migratorios, notariales y de fe pública, realizados por la sección consular de la Embajada.

• Imagen de México:

• Continuar la política de acercamiento con los principales medios informativos impresos y audiovisuales, a fin de proporcionar información veraz y objetiva sobre la situación nacional; y

• Incrementar los vínculos de comunicación con los centros de estudio independientes que existen en el Reino Unido, como Chatman House, Wilton Park, entre otros.

• Asuntos Multilaterales:

• Fortalecer el diálogo político entre México y el Reino Unido, teniendo presente nuestra calidad de miembros del Consejo de Seguridad;

• Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las Cumbres del G 20 realizadas en 2008 en Washington y en 2009 en Londres y Pittsburg; y

• Dar continuidad a la estrecha relación con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) más importantes del Reino Unido, en particular con Amnistía Internacional.

En lo concerniente a la Representación mexicana ante los Organismos Internacionales con sede Londres, el nombrado Embajador propone:

• Fortalecer el multilateralismo y las relaciones de cooperación con diversos países, en temas como la seguridad marítima, telecomunicaciones, gestión de materias primas, preservación del medio marino, entre otros;

• Impulsar el fortalecimiento del Derecho Internacional, el desarrollo sostenible, la cooperación para el desarrollo, el libre comercio y la lucha contra la pobreza; y

• Buscar incrementar la presencia de México en los órganos deliberativos de las Organizaciones Internacionales con sede en Londres, mediante la promoción de candidaturas de mexicanos.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Eduardo Tomás Medina - Mora Icaza a comparecer ante ellas el día 10 de noviembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre el estado actual de las relaciones entre México y el Reino Unido; y se analizó ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior, hemos podido constatar que el ciudadano Eduardo Tomás Medina - Mora Icaza reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano EDUARDO TOMAS MEDINA-MORA ICAZA, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de noviembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el punto de Acuerdo leído por la Secretaría. Si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra, favor de expresarlo.

Senador Ricardo Monreal, ¿en qué sentido?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para razonar mi voto, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, de la bancada del PT, para razonar su voto.

Adelante, Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Muchas gracias, señor Presidente.

Suele suceder con frecuencia que en esta Cámara de Senadores no haya atención, no haya interés de un gran número de Senadores.

Pero tenemos que continuar, aún con este ambiente de desatención y de grosería a quien está en uso de la palabra o a quienes nos ven o nos escuchan en los medios de comunicación.

Y es que el Senado ha renunciado a ejercer la facultad contenida en el artículo 76 constitucional de manera eficaz.

El Senado de la República lo ha ejercido…

Señor Presidente, le pediría llame la atención, a ver si podemos lograr un poquitito de silencio.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se ruega a los señores Senadores y Senadoras hacer un esfuerzo para atender al orador en turno.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Luego entonces, el Senado de la República que tiene la facultad de analizar la política exterior y de ratificar nombramientos de altos servidores públicos, como es el caso del Procurador, de agentes diplomáticos, de Ministros de la Corte y del Tribunal Fiscal de la Federación y del Electoral, el Senado poco analiza los dictámenes que se ponen a su consideración.

¿Qué estamos discutiendo el día de ahora en esta sesión? Un tema de trascendencia. Estamos discutiendo y estamos analizando para su votación del Pleno la ratificación de un nombramiento que hizo el Ejecutivo Federal a favor de un ciudadano mexicano, Eduardo Medina-Mora, quien había fungido como Procurador General de la República hasta hace unos meses.

El Senado de la República le entregó a Medina-Mora su confianza hace tres años para ser Procurador.

Medina-Mora renunció o fue removido y ahora es enviado como representante de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña.

Como Procurador General de la República, este Senado no ha entrado en un análisis profundo sobre su desempeño. Yo diría que hay claro oscuro: ni todo negro ni todo blanco.

Pero hoy el Senado tiene la obligación de analizar los méritos de Eduardo Medina-Mora para ser nuestro representante diplomático como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y como Representante de los Organismos Internacionales que tienen sede en Londres.

Es un cargo de alto nivel.

Mi pregunta es: ¿Tendría Medina-Mora los méritos para representarnos? ¿Tendría la confianza Eduardo Medina-Mora para que el Senado ratificara el nombramiento que en su favor hizo el Presidente de la República de facto? ¿Tendría Eduardo Medina-Mora la solvencia moral para poder fungir como nuestro Embajador en Gran Bretaña, en Reino Unido?

Esas son las preguntas que tenemos que hacer.

El país está sumido en una profunda descomposición social, en una inseguridad enorme, en una ausencia de órganos de procuración de justicia imparciales, en una ausencia de administración pública imparcial.

La justicia en nuestro país está comprada y está pagada anticipadamente; y por eso hay una gran desconfianza en el país y hay un abismo que cada día crece más entre las instituciones y entre la sociedad con los que la representan o con la que lo representamos.

Hay un abismo entre la sociedad y el Senado, los Senadores, los Diputados, los ministros de la Corte.

Hay una realidad afuera y hay una realidad adentro.

Pero en esta ocasión, aún cuando yo soy uno de los que debiera encabezar la no ratificación del Embajador Medina-Mora, porque fui agraviado por filtraciones ilegales ante órganos de información, que luego de que se aclaró que era una infamia y de haberlos sacado a ocho columnas, la aclaración la sacaron en la página 28, con un tipo de tipografía de letra diferente.

Yo sería el primero que estaría encabezando la no ratificación.

A Eduardo Medina-Mora lo vi solamente dos ocasiones durante el desempeño de su función y las dos ocasiones fue en este Senado, en comparecencia. Es la única ocasión que yo lo he visto y he conversado con él asuntos de procuración de justicia.

En esta ocasión, el grupo parlamentario del PT no votará en contra de Medina-Mora para que funja como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Reino Unido de la Gran Bretaña.

¿Por qué? Por la naturaleza de la función que desempeñó.

Nosotros en el PT no vamos a discutir la situación del país trasladándola a una persona que encabezó temporalmente este órgano de procuración de justicia. No nos vamos a meter personalmente con Medina-Mora.

Pero si nos parece correcta, y lo digo con toda responsabilidad, la decisión de que a Medina-Mora se le haya nombrado como Embajador.

Es usual que los procuradores suelen ser nombrados en algunos consulados de Estados Unidos. Nunca había sido nombrado un ex Procurador en este alto cargo de diplomacia mexicana, para muchos el Reino Unido es la mejor representación. Pero nunca los ex procuradores habían sido nombrados como cónsules de los que yo recuerdo. Pero a lo que yo me refiero es que me parece correcta la decisión.

¿Por qué? Porque en este ambiente en el que se desempeñó Medina-Mora, se requiere protección para él y para su familia. Y por eso nosotros no nos vamos a oponer a la ratificación de Medina-Mora.

Durante mucho tiempo se ha discutido sobre la dualidad de la diplomacia, la política y la diplomacia.

Yo recuerdo los discursos más encendidos contra los políticos en la diplomacia del Partido Acción Nacional, hacia 1988-89.

Durante estos años me he dado cuenta que todos los sistemas del mundo contienen hombres de carrera, de Servicio Civil de Carrera, provenientes de la diplomacia estrictamente, y políticos que han desempeñado de manera ejemplar su función como embajadores.

Recuerdo a muchos de ellos, por esa razón nos parece correcta la decisión; pero además siempre se ha dicho cuando un político intelectual o del mundo académico va a una Embajada, ¿qué representa, castigo, exilio o premio?...

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pediría al orador empiece a concluir su intervención.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Concluyo, señor Presidente.

Entonces, no quisiera caracterizar, hay en este Senado la necesidad de revisar profundamente esta facultad, aquí hay gente con experiencia notable en materia de política exterior y México ahora atraviesa por una etapa de claroscuros en donde los principios de la política exterior han sido olvidados: la dependencia, el sometimiento de la política exterior a otras potencias es evidente.

Por esa razón en el grupo parlamentario del PT nosotros nos abstendremos, no votaremos en contra de Eduardo Medina-Mora.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Ricardo Monreal. Para expresar su opinión a favor del dictamen tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Arroyo, de la bancada del PRI.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor Presidente. Lo hago de manera muy breve.

La verdad es que me parece un poco injusto, para la personalidad que nos ocupa el día de hoy, que sólo reivindiquemos una necesidad casi personal o de seguridad para el efecto de enviar a Eduardo Medina-Mora a la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña. No me voy a referir a los ejercicios pasados de Eduardo Medina-Mora, sino al ejercicio para el que lo estamos eligiendo.

Personalmente, y creo que varios de ustedes comparten conmigo la idea de que el licenciado Eduardo Medina-Mora será un excelente representante de México, será un excelente representante del Estado mexicano ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es una parte muy importante de nuestra relación comercial con los europeos, que ha merecido el beneplácito de la autoridad correspondiente y creo que más allá de cualquier otra consideración deberíamos de estar votando con el ánimo de que la política exterior mexicana se enriquece con su presencia.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Arroyo. ¿Algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra? En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

Abstención

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

Abstención

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

Abstención

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

Abstención

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

Abstención

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se han recabado 84 votos a favor, cero en contra y 7 abstenciones.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del Ciudadano Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, por lo que solicito a los señores Senadores Humberto Andrade Quezada, Rosario Green Macías, José Guadarrama Márquez, Manuel Velasco Coello, Luis Maldonado Venegas, María Teresa Ortuño Gurza, Fernando Baeza Meléndez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Carlos Jiménez Macías y Francisco Agundis Arias y Senador José Julián Sacramento Garza, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ciudadano Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Londres, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo de Embajador representando a nuestro país.

(Aplausos)

Esta Presidencia solicita a la comisión designada acompañe al señor Embajador cuando desee retirarse del salón.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

El respeto a la integridad y a la dignidad humana, que se hayan intrínsecamente presentes en los derechos fundamentales de los individuos, debe alcanzar todas las facetas del desarrollo de la vida de las personas, con especial persistencia dentro de las relaciones laborales.

El trabajo digno y la previsión social, establecidos dentro de nuestra Constitución en el contenido del artículo 123 y en el de sus leyes reglamentarias, han sido el motor de la defensa y protección de los trabajadores.

Sin embargo, estas prerrogativas carecen de efectividad práctica, al hacerse latente la presentación de situaciones que provocan un notable detrimento de las relaciones de trabajo, situaciones agrupadas en lo que se ha denominado acoso laboral por conductas frecuentes de denigración moral, violencia verbal y psicológica, así como otras formas de presión que alteran el bienestar y el desempeño adecuado de los trabajadores.

Dichas conductas ofensivas, provienen en la mayoría de las ocasiones de las relaciones existentes entre un superior jerárquico contra un subordinado, aunque no están exentas aquellas originadas entre personas con la misma jerarquía y grado de responsabilidad e incluso de subordinados hacia su superior.

Cabe señalar que a nivel internacional, desde finales de la década de 1990, el acoso laboral ha sido reconocido, como uno de los atentados a las relaciones laborales que más atención se le ha prestado en la labor de las organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores que incluyen sindicatos, confederaciones obreras e incluso defensorías en materia de derechos humanos, esto en los países que conforman la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Australia, Argentina y Chile.

En este orden de ideas, debe mencionarse, que aunque no está presente todavía dentro de nuestro marco legal la previsión al acoso laboral, existen datos que afirman su existencia como parte de los conflictos en espera de una resolución favorable en las juntas de conciliación y arbitraje tanto federales como locales alrededor del país. Un ejemplo, es el apreciable aumento superior al 20 por ciento de demandas sobre este particular, presentadas ante la junta local del Distrito Federal, que en el primer semestre del año 2008, registró el ingreso de 16,339 casos, mientras que en el mismo periodo, correspondiente a este año 2009, ya se han contabilizado 18,661casos.

Bajo este mismo esquema, cabe indicar, que a pesar de la existencia dentro de la Ley Federal del Trabajo de disposiciones que se refieren a las sanciones aplicables contra la violencia y malos tratos hacia los trabajadores, las acciones de acoso laboral no pueden encuadrarse dentro de dichas violaciones, por lo que lamentablemente la demanda no llega a prosperar en pleno. La misma situación es vivida por aquellos regidos por el Apartado B del artículo 123 constitucional, pues el acoso laboral ha trascendido a las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado.

No obstante la relevancia de este tema en las relaciones de trabajo existentes en nuestro país y dado el creciente número de víctimas de acoso laboral, únicamente ha sido presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la legislatura pasada, una iniciativa relativa a este problema social que contempló adiciones pertinentes a la Ley Federal del Trabajo, así como su regulación como forma de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, esto presentado por la Diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Es por ello, que en primer lugar, propongo la inclusión, en la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 56-Bis, 56 Ter, y 56 Quartus, que habrán de estar insertos dentro del Capítulo Primero, del Título Tercero, relativo a las Disposiciones Generales de las Condiciones de Trabajo, en las cuales, se especificarán la obligatoriedad en las relaciones laborales del respeto pleno a la integridad y dignidad humana, además de establecer las características de acoso laboral a fin de prevenirlo y sancionarlo.

En segundo y último lugar, pongo a discusión, la adición de las fracciones XI y XII al artículo 43 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, ante esta tribuna pongo a disposición la presente iniciativa a fin de generar con estas reformas y adiciones a nuestro marco legal en materia laboral la disminución de este fenómeno de tan vergonzosas magnitudes y de consolidación del trabajo en óptimas condiciones que permitan el pleno desarrollo profesional de muchos mexicanos.

En obvio de tiempo, solicito a la Presidencia se sirva ordenar se inserte íntegro en el Diario de Debates el contenido de esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

La que suscribe, Senadora MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con las disposiciones del artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a la integridad y a la dignidad humana, que se hallan intrínsecamente presentes en los derechos fundamentales de los individuos, debe alcanzar todas las facetas del desarrollo de la vida de las personas, con especial persistencia dentro de las relaciones laborales.

El trabajo digno y la previsión social, establecidos dentro de nuestra Constitución en el contenido del artículo 123 y en el de sus leyes reglamentarias, han sido el motor de la defensa y protección de los trabajadores, fomentando relaciones de respeto y cordialidad con los empleadores; mismas que han favorecido el incremento de la productividad propia de sus ramos y a su vez, del desarrollo económico nacional.

Sin embargo, estas prerrogativas carecen de efectividad práctica, al hacerse latente la presentación de situaciones que provocan un notable detrimento de las relaciones de trabajo, situaciones agrupadas en lo que se ha denominado acoso laboral por conductas frecuentes de denigración moral, violencia verbal y psicológica, así como otras formas de presión, que alteran el bienestar y desempeño adecuado de los trabajadores.

El acoso laboral, cuyo término acuñado por el psicólogo alemán Heinz Leymann es el anglicismo mobbing, que significa literalmente “acosando”, consiste en “la situación mediante la cual una o varias personas, puedan llegar a ejercer violencia psicológica extrema sobre otro u otros individuos en el ámbito laboral”. Entre los objetivos que persiguen los acosadores, están la destrucción de la reputación de una persona, entorpecer o perturbar la realización de sus labores para hacerlo pasar como incompetente y finalmente, conseguir su desmotivación laboral para que abandone el empleo. Entre las conductasmás frecuentes de este tipo de acoso, deben citarse la comunicación notablemente hostil, la agresividad, así como el hostigamiento frecuente y persistente.

Dichas conductas ofensivas, provienen en la mayoría de las ocasiones de las relaciones existentes entre un superior jerárquico contra un subordinado, aunque no están exentas aquellas originadas entre personas con la misma jerarquía y grado de responsabilidad e incluso de subordinados hacia su superior.

Cabe señalar, que los daños psicológicos originados por esta forma de acoso, pueden llegar a requerir tratamiento psiquiátrico medicado y en ocasiones, sus secuelas han llegado a ser irreversibles, tal y como lo demuestran recientes estudios de investigadores del área de Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los que se resalta que este fenómeno en todo el mundo, ha ocasionado el suicidio del cinco por ciento de quienes lo padecieron,

Este alarmante fenómeno, de relevancia mundial, describe resultados estadísticos poco halagüeños, que señalan un incremento notable en su presencia en los centros de trabajo a partir de 1982, año en que fue detectado por primera vez en Suecia. Entre los resultados obtenidos por parte de la Organización Internacional del Trabajo, muestranque el diez por ciento de los trabajadores alrededor del mundo, son víctimas del acoso laboral, de los cuales, las tres cuartas partes son mujeres, lo que implica condiciones aun más negativas que para los varones, pues de acuerdo con los datos de la misma organización, una de cada cuatro mujeres son despedidas ycuatro de cada diez renuncian, al ser víctimas, dentro del propio acoso laboral, de acoso sexual, mayormente, por parte de sus superiores jerárquicos.

Sin importar la naturaleza de la actividad económica a la que pertenecen o al nivel de responsabilidad, el perfil generalizado de los afectados,descrito por la propia Organización Internacional del Trabajo, oscila en personas en la plenitud de su etapa económica activa, misma que corresponde al ranking entre los 35 y 45 años de edad, con una importante aptitud de sobresaliente honestidad, alta escala de compromiso laboral, así como mayor y eficiente productividad en el campo de trabajo, con respecto a otros individuos en el mismo nivel de responsabilidades.

Cabe señalar que a nivel internacional, desdefinales de la década de 1990, el acoso laboral ha sido reconocido, como uno de los atentados a las relaciones laborales qué más atención se le ha prestado en la labor de las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores, que incluyen sindicatos, confederaciones obreras e incluso defensorías en materia de derechos humanos, en los países que conforman la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Australia, Argentina y Chile.

Los esfuerzos encaminados a disminuir estas conductas desde el control estatal, se han presentado en los países señalados con resultados favorables, ya sea a través de la especificación dentro de su legislación de la naturaleza del acoso laboral, estableciendo sanciones y prevenciones, como ocurre en varias naciones de la Unión Europea; o bien, acciones que sin hacer adecuaciones de momento a su marco legal, han favorecido el implemento de mecanismos administrativos de respeto al trabajo digno, como es el caso exitoso de Chile, donde se ha puesto en práctica la aplicación de multas a los empleadores por no cumplir el deber legal de cuidar la vida y el respeto pleno a la relación laboral, garantizando incluso el pago de una indemnización por concepto de la violación a tales principios.

A pesar de la labor realizada en otros países de la comunidad internacional, en México, las autoridades en materia del trabajo así como aquellas encargadas del estudio metodológico de las relaciones laborales, apenas han considerado someramente la relevancia del acoso laboral, como factor detonante de conflictos desde los últimos cinco años. No obstante, los casos de acoso de carácter sexual en los que la mujer es víctima en la mayor parte de las ocasiones, afortunadamente han sido valorados bajo el esquema de protección de las leyes penales, sin existir lamentablemente una mejora al problema en materia del trabajo, ya que se reporta un incremento de estas conductas, estimable en quince por ciento en los últimos diez años, según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres.

En este orden de ideas, debe mencionarse, que aunque no está presente todavía dentro de nuestro marco legal la previsión al acoso laboral, existen datos que afirman su existencia como parte de los conflictos en espera de una resolución favorable en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales, alrededor del país. Un ejemplo, es el apreciable aumento superior al veinte por ciento de demandas sobre este particular, presentadas ante la Junta Local en el Distrito Federal, que en el primer semestre del año 2008, registró el ingreso de 16,339 casos, mientras que en el mismo periodo, correspondiente al año 2009, se contabilizaron 18,661 casos.

Bajo este mismo esquema, cabe indicar, que a pesar de la existencia dentro de la Ley Federal del Trabajo de disposiciones que se refieren a las sanciones aplicables contra la violencia y malos tratos hacia los trabajadores, las acciones de acoso laboral no pueden encuadrarse dentro de dichas violaciones, por lo que lamentablemente la demanda no llega a prosperar en pleno. La misma situación es vivida por aquellos regidos por el apartado B del artículo 123 Constitucional, pues el acoso laboral ha trascendido a las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado.

No obstante la relevancia de este tema en las relaciones de trabajo existentes en nuestro país y dado el creciente número de víctimas de acoso laboral, únicamente ha sido presentada ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la LIX Legislatura, una iniciativa relativa a este problema social que contempló adiciones pertinentes a la Ley Federal del Trabajo, así como su regulación como forma de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, la cual fue presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sin existir el impulso suficiente para su incorporación dentro de la citada ley secundaria.

Sin embargo, dadas las circunstancias que a nivel nacional e internacional se presentan, en las que es fundamental la existencia de relaciones laborales adecuadas que hagan frente a la crisis económica con altos índices de productividad y dinamismo, además de procurar la defensa de los derechos inalienables de los individuos ante los inminentes conflictos que pudieran propiciar la violación a la dignidad y plenitud humana, es el momento propicio para presentar ante esta Noble Soberanía esta iniciativa, bajo el esquema de un mejoramiento a las condiciones sociales del derecho al trabajo digno y lícito.

Es por ello, que en primer lugar, propongo la inclusión, en la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 56 BIS, 56 TER y 56 QUARTUS, que habrán de estar insertos dentro del Capítulo Primero, del Título Tercero, relativo a las Disposiciones Generales de las Condiciones de Trabajo, en los cuales, se especificará la obligatoriedad en las relaciones laborales de respeto pleno a la integridad y dignidad humana, además de establecer las características del acoso laboral, a fin de prevenirlo y sancionarlo. En este mismo orden de ideas, se prevé contemplar el acoso laboral dentro de la fracción segunda del artículo 51, que estipula entre las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, la violencia y malos tratos.

En segundo y último lugarpongo a discusión, la adición de las fracciones XI y XII al artículo 43 dela Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, que se refiere a las obligaciones de los titulares de las dependencias de la Administración Pública, instituciones del Estado y organismos descentralizados para con sus trabajadores, señalando la necesidad de propiciar un ambiente laboral de respeto pleno a la integridad y dignidad humanas, sancionando además cualquier intento de acoso laboral.

Ante esta tribuna, pongo a disposición la presente iniciativa, a fin de generar con estas reformas y adiciones a nuestro marco legal en materia laboral, la disminución de este fenómeno de tan vergonzosas magnitudes y la consolidación del trabajo en óptimas condiciones de desempeño que permitan el pleno desarrollo profesional de nuestros mexicanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto al pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción segunda del artículo 51 y se adicionan los artículos 56 BIS, 56 TER y 56 QUARTER, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

“Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

(…)

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos, o bien incurrir en los supuestos sobre acoso laboral previstos en los artículos 56 TER y 56 QUARTER;

(…)”

“Artículo 56 BIS.- La relaciones existentes entre el patrón y el trabajador, así como entre los trabajadores, serán de respeto pleno a la integridad y dignidad humana, sin ser permisiva ningún tipo de conducta contraria que conduzca al menoscabo de las facultades físicas y psicológicas de los individuos que conformen la relación laboral.

Artículo 56 TER.- El acoso laboral se refiere a toda conducta agresiva a la dignidad humana, de tipo persistente y demostrable, ejercida por parte del patrón hacia un trabajador, de un trabajador de mayor jerarquía hacia otro de una menor, entre trabajadores de la misma jerarquía, o de un subalterno hacia un superior jerárquico, tendiente a la intimidación, entorpecimiento o perturbación de la adecuada realización del trabajo, a fin de generar la desmotivación, incompetencia o inducir a la separación de la relación laboral del trabajador.

Artículo 56 QUARTER.- De acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, de manera enunciativa, más no limitativa, constituye acoso laboral:

I. Cualquier manifestación de arbitrariedad o violencia física, moral o psicoemocional contra el trabajador;

II. La violación a la integridad personal, sexual y/o patrimonial;

III. La intimidación, ultraje y/o despojo de los bienes del trabajador;

IV. El establecimiento de las diferencias por los motivos enunciados en el artículo 56;

V. La reiterada conducta nociva hacia el trabajador, tendiente a inducir su separación de la relación laboral; y

VI. La descalificación, desmotivación laboral o cambios en las condiciones laborales sin previo aviso o consenso”.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 43 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

(…)

XI.- Propiciar en los centros de trabajo relaciones con respeto pleno a la integridad y dignidad humana, sin ser permisiva ningún tipo de conducta contraria, que conduzca al menoscabo de las facultades físicas y/o psicológicas de los trabajadores.

XII.- Sancionar conforme a las disposiciones de esta Ley, cualquier tipo de acoso laboral, llevado a cabo de un trabajador de mayor jerarquía hacia otro de una menor, entre trabajadores de la misma jerarquía, o de un subalterno hacia un superior jerárquico, tendiente a la intimidación, entorpecimiento o perturbación de la adecuada realización del trabajo, a fin de generar la desmotivación, incompetencia o inducir a la separación de la relación laboral del trabajador, incluyendo cualquier tipo de violación a la integridad personal, sexual y/o patrimonial”.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Martha Leticia Sosa Govea”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Sosa Govea. Y desde luego, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que se incluya en forma íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Ley General de las Personas con Discapacidad.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DELA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el C. Senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alfonso Elías Serrano: Con su permiso, señor Presidente.

Hace poco más de dos años, aquí en el Senado de la República, ratificamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, con lo que el Estado mexicano adquirió una serie de deberes, necesarios para transformar verdaderamente la realidad que viven las personas con discapacidad en nuestro país.

La relevancia de esta Convención es que no solamente se limita a la discriminación, sino que establece protecciones a las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social.

Motiva un cambio radical en la forma de entender la discapacidad y dejar atrás el modelo asistencialista y restringido solamente al ámbito de la salud, de la discapacidad para sugerir un nuevo modelo social que parte de la idea de que la discapacidad radica en la sociedad y no sólo en la persona.

La Convención señala claramente que los países firmantes de estos tres tipos de deberes con relación a las personas con discapacidad son: primero, el de respetar sus derechos como Estado mexicano; segundo, el de proteger estos derechos para que no sean violados en la sociedad y; tercero, el de transformar las leyes e instituciones para que estos derechos puedan ser ejercidos a plenitud.

Y con el fin de dar cumplimiento a estas obligaciones, la propia Convención contempla dos mecanismos de seguimiento para cada uno de los estados firmantes: uno, al interior del gobierno, encargado de la implementación, de los lineamientos de la Convención y; el otro, externo, independiente del gobierno encargado de la promoción y la supervisión de la aplicación de la Convención.

En cuanto al primero de estos mecanismos, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que fue creado en junio de este año 2009, fue designado por el gobierno de México para coordinar la implementación de los lineamientos de la Convención.

Sin embargo, aún no contamos con el segundo instrumento o con el segundo mecanismo encargado de la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos.

Esto a pesar de que en el artículo 33 de la Convención están claras las características que debe reunir la institución encargada de vigilar la aplicación, y la experiencia en otros países comprueba que son los organismos protectores de los derechos humanos los idóneos para cumplir esta responsabilidad.

Por lo anterior, expertos en la materia de derechos humanos en personas con discapacidad han venido diciendo que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la responsableo el mecanismo de monitoreo y supervisión de la Convención, incluso, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado en foros internacionales su interés por ejercer esta función.

Por lo que propongo a esta Asamblea, establecer en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la institución autónoma del Estado mexicano encargada de promover, proteger y supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.

Asimismo, propongo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé cumplimiento a esta nueva atribución por conducto de la Visitaduría General que designe el titular de la comisión.

Para que la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad pueda realmente transformar la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país, debemos ajustar nuestras estructuras y nuestro marco normativo, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea el organismo independiente que defenderá a los derechos mundialmente reconocidos para las personas con discapacidad, porque solamente de esta manera podremos saldar la deuda que tenemos como país, como Estado mexicano, con quienes sólo demandan igualdad de oportunidades y demandan respeto pleno a sus derechos para seguir aportando al desarrollo de sus comunidades y para poder atender la demanda de miles de mexicanos que esperan tener igualdad de oportunidades.

Es cuanto, y muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. Presidente y Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Presentes.

El suscrito, Alfonso Elías Serrano, Senador del estado de Sonora, a nombre propio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Ley General de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco institucional y los mecanismos nacionales para la defensa de los derechos humanos de millones de mexicanos que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, por contar con algún tipo de discapacidad.

Lo anterior, mediante la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Ley General de las Personas con Discapacidad, para constituir a este Organismo Nacional como la institución autónoma del Estado Mexicano que será garante de promover, proteger y supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, a través de la focalización de una de sus Visitadurías Generales a la atención prioritaria de este grupo vulnerable.

La población de personas con discapacidad en México y a nivel internacional es elevada. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que entre el 7% y el 10% de la población mundial cuenta con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 650 millones de personas. Si a esa cifra se agregan los familiares cercanos se llega a la cifra de 2 mil millones de habitantes que, de una forma u otra, viven a diario con el fenómeno de la discapacidad.

En cuanto al porcentaje de personas con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, coinciden en aplicar el criterio del 10% respecto de la población total, lo que arroja un total de 50 millones de personas en la región.

En México, aunque el Instituto Nacional de Geografía e Informática reporta 1.8 millones de discapacitados, los organismos internacionales mencionados, estiman que en nuestro País existen entre 5 y 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

Pero con independencia del número exacto de personas con discapacidad en México y el mundo, la realidad es que todos ellos se enfrentan a las mismas dificultades y adversidades en su vida diaria. Las personas con discapacidad suelen verse excluidas de la vida social, económica y política de la comunidad, ya sea por la estigmatización directa o por la falta de consideración de sus necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios públicos.

Así lo demuestran las siguientes cifras derivadas de estudios de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad en el mundo:

• 8 de cada 10 personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza.

• 98% de los niños y niñas con discapacidad de los países en desarrollo no asisten a la escuela.

• 30% de los niños de la calle entodo el mundo viven con discapacidad.

• 3% es la tasa de alfabetización de los adultos con discapacidad

• 1% es la tasa de alfabetización en el caso de las mujeres con discapacidad

En atención a estas circunstancias, desde mediados del siglo pasado, diversos instrumentos normativos internacionales, de los cuales México ha sido parte, han reconocido derechos especiales para las personas con discapacidad. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, se establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley con independencia de su raza, nacionalidad, religión, sexo y condiciones físicas.

Pero fue a partir del último cuarto del siglo XX y principios del presente milenio, cuando las personas con discapacidad comenzaron a recibir una mayor atención por parte de las Naciones Unidas, lo cual se refleja en la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 1975, y en la reciente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en diciembre del 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, y ratificada por nuestro país el 27 de septiembre del 2007.

La relevancia de esta Convención es que por una parte no se limita al tema de la discriminación, sino que inserta los derechos de las personas con discapacidad en el amplio marco de los derechos humanos, estableciendo protecciones a las personas con discapacidad en todas las áreas de su vida en sociedad.

Y por otra, la Convención establece un cambio de paradigma en la forma de entender la discapacidad, dejando atrás el modelo asistencialista y restringido al ámbito de la salud de la discapacidad, para sugerir un nuevo modelo social, que parte del supuesto de que “la discapacidad radica en la sociedad y no en la persona”.

De acuerdo a esta nueva perspectiva el problema reside en la incapacidad de nuestras sociedades y gobiernos de adecuar el entorno físico, social, cultural, institucional y jurídico, a las necesidades de las personas que viven con algún tipo de discapacidad; es decir, el problema no radica en quienes resultan marginados por las barreras físicas y sociales que nuestras sociedades y gobiernos han construido o no han sabido derribar.

La Convención, que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, señala claramente las obligaciones que adquieren los países firmantes para hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad. En su artículo 4º establece tres tipos de deberes: el de respetar, el de proteger y el de transformar.

• La obligación de respetar consiste en que los países firmantes deben abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

• La obligación de proteger implica que los países signantes deberán prevenir violaciones a los derechos de las personas con discapacidad por parte de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas en general.

• La obligación de transformar implica que los países ratificantes deberán realizar los cambios necesarios a sus legislaciones, instituciones, sistemas administrativos, presupuestales y judiciales para que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser ejercidos en plenitud.

Y con el fin de asegurar el debido cumplimiento de estas obligaciones, la propia Convención contempla un conjunto de mecanismos de seguimiento tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

El artículo 33 de la Convención, referente a la Aplicación y Seguimiento Nacionales de la misma, señala en su párrafo 1 que los países signantes deben designar uno o más organismos públicos que se encarguen de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención y, en su caso, de coordinador la aplicación de la misma en los diferentes sectores y niveles de gobierno. Lo anterior, en los siguientes términos:

“Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles”.

Y en su párrafo 2, el artículo invocado, señala que las naciones participantes deberán mantener, reforzar o establecer una institución independiente que promueva, proteja y supervise la implementación de la Convención, bajo los siguientes términos:

“Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”.

Como puede observarse, se trata de dos mecanismos distintos:

1. Uno para la implementación de la Convención, recayendo la responsabilidad en uno o más organismos de gobierno.

2. Y otro específico para la promoción, protección y supervisión de esa implementación. En este último caso se menciona que debe ser una institución independiente la encargada de tales responsabilidades, pautándose en la misma Convención las características que habrán de valorarse para la designación de dicha institución.

En cuanto al primero de estos mecanismos, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, creado mediante reforma al artículo 29 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en junio de 2009, es el organismo designado por el Gobierno de México para la coordinación de las actividades tendientes a implementar la Convención.

Este Consejo está integrado por seis Secretarías de Estado (Salud, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, y Trabajo y Previsión Social), un Organismo Público Descentralizado (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), y seis integrantes de la sociedad civil con experiencia en el tema.

El Consejo está presidido por el Secretario de Salud, quien en virtud del artículo 35 bis 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, faculta al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad para ser el órgano de coordinación y auxilio de dicho Consejo Nacional

Por otro lado, a raíz de la ratificación por parte del Senado de la multicitada Convención, se inició con un proceso de reorientación de la política pública nacional en materia de discapacidad, aprobándose en fecha reciente el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, el cual toma como guía los principios rectores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

No obstante estos avances nacionales, a dieciocho meses de la entrada en vigor de esta Convención, persiste indefinición en cuanto al segundo de los mecanismos, aún cuando el propio instrumento es preciso al señalar las características que debe reunir la institución encargada de esta responsabilidad y a pesar de que la experiencia internacional revela la eficacia de las instituciones nacionales protectoras de los derechos humanos son los organismos idóneos para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.

Países como Canadá, Suecia, Hungría, Bolivia, Perú, Guatemala y Venezuela, cuentan con experiencias exitosas sobre el desempeño de las funciones anteriores por parte de las Instituciones Nacionales de Protección de los Derechos Humanos, desde la recepción de denuncias por violaciones a los derechos de las personas con discapacidad; el análisis y estudio sobre situaciones o patrones de violación a los derechos de este grupo vulnerable; y la participación activa en la modificación de leyes, reglamentos o políticas públicas para mejorar la situación de los derechos de las personas con discapacidad; hasta la labor de promoción de la propia Convención y de su Protocolo Facultativo.

Por lo anterior, expertos en la materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, han venido señalando desde la entrada en vigor de la Convención la pertinencia de que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la encargada de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en México.

Incluso, la propia CNDH ha comunicado en forma oficial a la Organización de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos, a través de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas, así como de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, su interés en participar como Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención.

En este sentido, la CNDH ha llevado a cabo una serie de actividades que ratifican su vocación por constituirse en el mecanismo nacional a que se refiere el artículo 33, párrafo 2, de la Convención pluricitada.

Así, en el 2007 organizó el Panel sobre los Mecanismos Nacionales de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que participaron diversos expertos en los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, y del cual resultó una publicación en la que se contienen las mejores prácticas de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Venezuela, Perú y Guatemala como Mecanismos Nacionales de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el 2009, la CNDH ha interpuesto, dos acciones de inconstitucionalidad en materia de Derechos Humanos de personas con discapacidad. La primera de ellas en contra de una reforma al artículo 2, fracción I, de la Ley de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que omitía en la definición de “persona con discapacidad” a las personas con discapacidad temporal. La segunda acción se interpuso en contra del término utilizado por la Ley General de Salud en diversos artículos, al referirse a la discapacidad como “invalidez” o “invalideces”, lo cual vulnera el principio de dignidad humana y el de no discriminación.

También durante este año solicitó a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal realizar modificaciones a reglamentos y normas para que las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía tengan libre acceso a los establecimientos comerciales y de servicios públicos y privados, así como a unidades del transporte colectivo urbano, suburbano, foráneo y taxi con concesión estatal.

De igual forma, la CNDH ha realizado diversas acciones de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que destacan las cartillas informativas, publicaciones y programas televisivos sobre los distintos tipos de discapacidad y los derechos específicos para cada uno de ellos; los convenios de colaboración con distintos organismos de la sociedad civil, para la elaboración de diagnósticos en materia de accesibilidad a instalaciones públicas a personas con discapacidad, y la organización de foros y jornadas sobre discapacidad en diversas regiones del país.

Y como organismo colaborador de las Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos, la CNDH solicitó recientemente a la ONU la inclusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el proceso de análisis de la situación de los derechos humanos en México, con el objeto de que nuestro país cuente con una visión externa e imparcial sobre esta materia.

En materia de quejas, la CNDH ha recibido tan sólo 138 quejas relativas a presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad en los últimos 10 años. De esas 138 quejas, 43 se presentaron en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 6 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la mayoría por prestación inadecuada del servicio de salud. 23 quejas se presentaron contra la Secretaria de Educación Pública (SEP), la mayoría por maltrato y discriminación a menores con algún tipo de discapacidad, y el resto contra dependencias y entidades diversas.

En el período que va del año 1999 al año 2009, la CNDH ha emitido 9 recomendaciones por violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, las cuales fueron dirigidas a las siguientes autoridades:

• Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

• Procurador de Justicia del Distrito Federal.

• Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

• Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.

• Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

• Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

• Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.

• Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala.

• Director del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud.

• Delegados Estatales del ISSSTE en Chiapas.

• Delegados Estatales del IMSS en Chiapas.

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas

A las recomendaciones anteriores, se suma la Recomendación General número 9, emitida el 12 de octubre del 2004 sobre la situación de los Derechos Humanos de los internos que padecen trastornos mentales y se encuentran en centros de reclusión de la República Mexicana.

Del análisis de lo anterior, se denota una participación activa y efectiva de la CNDH en la promoción, protección, y supervisión del respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país, lo que confirma la idoneidad de esta institución para constituirse en el mecanismo nacional de monitoreo que requiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 33, párrafo 2.

Sin embargo, para que la CNDH esté en posibilidad de asumir esta responsabilidad y dar los resultados deseados, es menester modificar su marco normativo a efecto de que cuente con las funciones, las herramientas y la organización apropiadas.

Esto, atendiendo además, a la obligación del Estado Mexicano de adecuar su legislación nacional a las disposiciones contenidas en la mencionada Convención, tal y como se hizo con la Ley General de las Personas con Discapacidad, misma que fue reformada en junio de 2009, para crear el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que a la postre sería designado por el gobierno mexicano como el mecanismo nacional para la implementación de la Convención de mérito.

Por ello, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción XIII, del artículo 6º, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para establecer que dicha Comisión será el mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Al efecto se propone la siguiente redacción:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;

La Comisión Nacional será, en el ámbito de sus atribuciones, el Mecanismo Nacional Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Y a efecto de elevar a rango de ley la función que ya ejerce la CNDH, por virtud de su Reglamento Interior (artículo 61, párrafo segundo), como Mecanismo Nacional de prevención en términos de lo dispuesto por la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se propone agregar un párrafo tercero a la fracción XIII, del artículo 6º, de la Ley en comento, en los siguientes términos:

La Comisión Nacional será, en el ámbito de sus atribuciones, el Mecanismo Nacional de Prevención previsto en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y su Protocolo Facultativo.

Asimismo, se plantea la adición de un artículo 23 bis. para señalar que la CNDH dará cumplimiento a las atribuciones derivadas de los instrumentos internacionales precitados, por conducto de las Visitadurías Generales que designe el Presidente de la Comisión.

De esta forma, el texto del nuevo precepto que se propone quedaría de la siguiente manera:

Artículo 23 bis. Las visitadurías generales conocerán de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de cualquier naturaleza jurídica, y tendrán a su cargo la tramitación de los expedientes de queja y recursos que el Presidente de la Comisión Nacional les encomiende para su atención y trámite.

El Presidente de la Comisión Nacional designará la Visitaduría a través de la cual se ejercerán las atribuciones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo otorgan al mecanismo nacional de promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención.

De igual forma, designará la Visitaduría que coordinará las acciones de la Comisión Nacional para el ejercicio de las facultades que Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, otorgan al Mecanismo Nacional de Prevención.

Por técnica legislativa, se propone la modificación del primer párrafo del artículo 23, para introducir el término Visitadurías Generales, previo a su mención en el nuevo artículo 23 bis., y señalar que el titular de cada una de estas instancias se denominará Visitador General. En este sentido, el texto del artículo 23,primer párrafo, quedaría de la siguiente manera:

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional serán los titulares de cada una de las Visitadurías Generales. Para su designación deberán reunir los siguientes requisitos:

En concordancia con las modificaciones anteriores, se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para contemplar las nuevas atribuciones que le corresponderían a la CNDH en su carácter de mecanismo nacional para la promoción, protección y supervisión de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para tal efecto, se plantea la siguiente redacción:

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales, a los órganos desconcentrados y al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los municipios, en los términos de los convenios que se celebren.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le corresponde la aplicación de esta Ley en términos de las atribuciones que le otorgan la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y su Reglamento Interior, así como las concernientes a su carácter de Mecanismo Nacional Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Es de señalarse que las modificaciones propuestas en la presente iniciativa requerirán de las reformas correspondientes en el Reglamento Interior de la CNDH, a efecto de establecer en dicho cuerpo normativo una distribución apropiada de las atribuciones específicas de cada una de las Visitadurías Generales, de tal forma que las que fuesen a ejercer las funciones derivadas de los instrumentos internacionales citados, cuenten con el marco competencial adecuado para estar en posibilidad de cumplir cabalmente con su responsabilidad.

Lo anterior, debido a que de acuerdo a la distribución actual de responsabilidades de la CNDH, la Segunda Visitaduría General se encarga del estudio de quejas relacionadas con casos de personas con discapacidad y adultos mayores, al igual que de las quejas presentadas en contra de más de 35 instituciones de gobierno, y de uno de los programas especiales de mayor impacto de la Comisión: el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Esto, a diferencia de otras Visitadurías Generales, que tienen una menor dispersión temática, y atienden en forma exclusiva a determinados grupos vulnerables. Tal es el caso de la Cuarta Visitaduría, que se encarga de tramitar las quejas de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas del país y de promover el respeto a sus derechos humanos; y la Quinta Visitaduría, que opera el programa de atención a migrantes y el de agravios a periodistas.

Por su parte, la Tercera Visitaduría conoce exclusivamente de las quejas relacionadas con centros de readaptación y promueve los derechos humanos de los reos, además de coordinar las acciones de la CNDH con relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Por tal motivo es que se proponen un par de artículos transitorios, en adición a los requeridos por técnica legislativa. Uno para que el Presidente de la Comisión haga la designación de las Visitadurías Generales a través de las cuales se ejercerán las atribuciones que le otorgan las Convenciones Internacionales a que se refiere la presente iniciativa, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto que se apruebe.

Y otro transitorio que contempla la obligación de la CNDH de realizar las reformas o adiciones a su Reglamento Interior, para establecer las funciones específicas de las Visitadurías Generales a través de las cuales se dará cumplimiento a las reformas materia del presente iniciativa, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto que se apruebe.

Los artículos transitorios quedarían de la siguiente forma:

Segundo: El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará la designación de las Visitadurías Generales a través de las cuales se ejercerán las atribuciones que le otorgan a la Comisión Nacional las Convenciones Internacionales a que se refiere la presente iniciativa, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizará las reformas o adiciones a su Reglamento Interior dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de establecer las funciones específicas de las Visitadurías Generales a través de las cuales se ejercerán las atribuciones que le otorgan a la Comisión Nacional las Convenciones Internacionales a que se refiere la presente iniciativa.

Tal y como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Manual para Legisladores sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este instrumento internacional, está llamado a servir como un motor de cambio para transformar la realidad de exclusión y discriminación en la que viven muchas de las personas con discapacidad en el mundo.

Pero para ello, es indispensable que en las naciones que hemos ratificado esta Convención se realicen los cambios necesarios a las estructuras y marcos normativos, a efecto de garantizar la implementación de las disposiciones de dicho instrumento internacional, así como la promoción, protección y supervisión de la aplicación del mismo.

Y qué mejor forma de avanzar en esta materia, que designando por fuerza de Ley a un organismo autónomo y de gran prestigio nacional, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para llevar a cabo estas tareas de defensa y monitoreo de los derechos mundialmente reconocidos de las personas con discapacidad.

Es con base en lo expuesto con anterioridad que se presenta la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción XIII, del artículo 6º,y el artículo 23 bis; yse reforma el párrafo primero del artículo 23, todos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como siguen:

“Artículo 6o.- …

I a XII.- …

XIII.- …

La Comisión Nacional será, en el ámbito de sus atribuciones, el Mecanismo Nacional Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

La Comisión Nacional será, en el ámbito de sus atribuciones, el Mecanismo Nacional de Prevención previsto en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y su Protocolo Facultativo.

XIV a XV.- …

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional serán los titulares de cada una de las Visitadurías Generales. Para su designación deberán reunir los siguientes requisitos:

I a IV.- …

Artículo 23 bis. Las visitadurías generales conocerán de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de cualquier naturaleza jurídica, y tendrán a su cargo la tramitación de los expedientes de queja y recursos que el Presidente de la Comisión Nacional les encomiende para su atención y trámite.

El Presidente de la Comisión Nacional designará la Visitaduría a través de la cual se ejercerán las atribuciones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo otorgan al mecanismo nacional de promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención.

De igual forma, designará la Visitaduría que coordinará las acciones de la Comisión Nacional para el ejercicio de las facultades que Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, otorgan al Mecanismo Nacional de Prevención.”

Artículo Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

“Artículo 3.- …

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le corresponde la aplicación de esta Ley en términos de las atribuciones que le otorgan la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y su Reglamento Interior, así como las concernientes a su carácter de Mecanismo Nacional Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.”

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará la designación de las Visitadurías Generales a través de las cuales se ejercerán las atribuciones que le otorgan a la Comisión Nacional las Convenciones Internacionales a que se refiere la presente iniciativa, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizará las reformas o adiciones a su Reglamento Interior dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de establecer las funciones específicas de las Visitadurías Generales a través de las cuales se ejercerán las atribuciones que le otorgan a la Comisión Nacional las Convenciones Internacionales a que se refiere la presente iniciativa.

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Alfonso Elías Serrano”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Elías Serrano. ¿Acepta que los Senadores Tamborrel Suárez, Aceves del Olmo, García Quiroz, Green Macías, Cleominio Zoreda, Hernández García, Cantú Segovia, Melquiades Morales, Mejía Haro, Velasco Coello, suscriban la iniciativa? y le solicito a la Secretaría tome nota de los demás Senadores.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera como opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para los efectos correspondientes.

Tiene la palabra la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

El tema que motiva la presente iniciativa responde a una realidad, presente desde hace muchos años, en el desempeño del servicio médico, refiriéndose no sólo a los profesionistas médicos, sino a que incluya todo el personal que realiza funciones en el sector salud de nuestro país. Un tema que, dada su importancia y trascendencia, requiere de ser regulado por la legislación.

Para ello es necesario comenzar por tener claro que se trata de un derecho, de una prerrogativa de las personas, que debe ser reconocida, garantizada y respetada. Que hace necesario que la autoridad establezca de la mejor manera en qué debe ejercerse en libertad.

La palabra “objeción”, del verbo, “objetar”; que acepta como sinónimos “refutar”, “discrepar” o bien “negar”. De acuerdo al lingüista Marín Alonso, es: “La razón que se propone o la dificultad que se presenta en contrario de una opinión o designio o para impugnar una proposición”. El vocablo: “conciencia”, conforme al mismo autor, significa: “conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar”; o bien, “al conocimiento exacto y reflexivo de las cosas”.

De la definición lingüística de conciencia se desprenden dos elementos esenciales que es necesario y preciso distinguir: “la conciencia como atributo del individuo” y “la conciencia como juicio de valor”. En este último sentido la conciencia se traduce en un acto o una acción sobre lo correcto o lo incorrecto, lo honesto o deshonesto, acto o acción que puede diferir entre las personas y que se encuentra presente en toda sociedad. Esto es, mientras para un individuo, de acuerdo a su ideología o su conciencia a determinado acto o acción, y para otros, es lo contrario, reaccionando a ambos en forma diferente dentro de diferentes grados de juicios de valor o de conciencia. En los extremos, uno puede mostrar una posición indiferente, en tanto otro manifestar un punto de vista sensible y escrupuloso.

Lo que quiero, compañeros, es presentar una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, para establecer la objeción de conciencia, para que pueda estar regulada y establecida en la ley.

Quiero señalar también, que el tema de fondo, aquí se resolvería si se dictaminara la Iniciativa de mi compañero Alejandro Zapata, que establece una modificación a la Constitución para establecer la objeción de conciencia en diferentes áreas, no sólo en la médica, que es a la que yo me estoy refiriendo, sino incluso al desempeño de la profesión, al periodismo, al servicio militar, en fin.

Pero dado que esa reforma constitucional sigue durmiendo el sueño de los justos, quiero plantear ante ustedes el reformar la Ley General de Salud para establecer en ella cuál debe ser el mecanismo para establecer la objeción de conciencia cuando se les presentan a los médicos y al personal de salud estos dilemas sobre cómo actuar en momentos cumbres que tienen que ver con el desempeño de su profesión y con la atención a sus pacientes.

Por eso, señor Presidente, pido que esta iniciativa sea incorporada en sus términos, en el Diario de los Debates, y se tome este riguroso análisis de los autores que hemos consultado para establecer en la Ley General de Salud la objeción de conciencia, y que pueda estar normada y reglamentada, para que ni se abuse de ella, ni se excluya de nuestra legislación y pueda formar parte de la vida cotidiana, dadas las instituciones que tenemos y las complejidades para el juicio que cada persona tiene sobre el desempeño de su labor profesional.

Pido, pues, que se incorpore. Y agradezco la atención debida, y solicito que ojalá podamos dictaminarla muy pronto en la Comisión de Salud, que yo no soy miembro de ella, pero que se le pueda dictaminar para darle el trámite esperado.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión,
Presente.

María Teresa Ortuño Gurza, Senadora de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 73 de la misma Norma y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El tema que motiva la presente iniciativa responde a una realidad, presente desde hace muchos años, en el desempeño del servicio médico, refiriéndose no sólo a los profesionistas médicos, sino que incluye a todo el personal que realiza funciones en el sector salud en nuestro país. Un tema que, dada su importancia y trascendencia, requiere ser regulado por la legislación.

Para ello es necesario comenzar por tener claro que se trata de un derecho, de una prerrogativa de las personas, que debe ser reconocida, garantizada y respetada. Que hace necesario que la autoridad establezca la mejor manera de ejercerla en libertad.

La palabra: “objeción”,del verbo, “objetar”; que acepta como sinónimos: “refutar”, “discrepar” o bien “negar”. De acuerdo al lingüista Marín Alonso, es: “(...) la razón que se propone o la dificultad que se presenta en contrario de una opinión o designio, o para impugnar una proposición.”1 El vocablo: “conciencia”, conforme almismo autor, significa: “conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar”; o bien el:“conocimientoexacto y reflexivo de las cosas.”2

De la definición lingüística de conciencia se desprenden dos elementos esenciales que es preciso distinguir: “la conciencia como atributo del individuo” y “la conciencia como juicio de valor”; es decir, la conciencia como conocimiento reflexivo de las cosas. En este último sentido la conciencia se traduce en un acto o una acción sobre lo correcto y lo incorrecto, lo honesto o deshonesto. Acto oacción que puede diferir entre las personas y que se encuentra presente en todasociedad. Esto es, mientras para un individuo, de acuerdo a su ideología o a su conciencia, determinado acto o acción es correcto y honesto para otro es lo contrario; reaccionado ambos en forma diferente, dentro de diversos grados de juicios de valor o de conciencias. En los extremos, uno puede mostrar una posición indiferente, en tanto otro manifestar un punto de vista sensible y escrupuloso.

Dentro de los diferentes grados de juicios de valor y posiciones, ciertasobligaciones y deberes son prácticamente aceptados, en forma general,convenciendo a la mayoría de los miembros de una determinada sociedad en su conjunto. En razón de ello, esposible desarrollar una ética general que puede ser compartida y aceptada por casi la totalidad de los miembros de lasociedad.

De lo anterior y del significado lexicológico de ambos términos: “objeción” y “conciencia”; se puede construir una idea general dela expresión: “objeción de conciencia”, en el siguiente sentido: Es el juicio reflexivo, de valores morales, por medio del cual una persona distingue desde su intimidad, desde su interior, lo positivo y negativo; es decir, el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo honesto o deshonesto, la conducta ética y moral, de la conducta sin ética e inmoral.

En este contexto, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentado motivos de conciencia, cuyo fundamento hace descansar, generalmente en derechos humanos y creencias religiosas, consagrados en instrumentos jurídicos internacionales. El problema se presenta cuando el concepto ontológico “objeción de conciencia” se equipara a la noción filosófica “libertad de conciencia”. Ahora para los médicos se puede invocar con base a imperativos deontológico médicos, o principios éticos o bioéticos que rigen su profesión, los cuales existen desde hace más de 2500 años.

La objeción de conciencia, desde la doctrina, es la actitud o creencia de carácter ético filosófico o religioso que impide a una persona desarrollar una actividad determinada, que se traduce en la decisión personal, frente a normas jurídicas específicas, de no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se trate.

La objeción de conciencia se traduce en la resistencia que una persona opone a un deber general, por considerar que las propias convicciones personales le impiden cumplirla, entiéndase culturales, religiosas o éticas, sin importar en qué oportunidad y ámbito se presente el conflicto.

En la objeción de conciencia el accionar del sujeto activo, es individual y autónomo es decir, obedece a la relación del individuo con sus normas religiosas, morales o sociales y consecuentemente rompe con la característica de la norma jurídica.

La objeción de conciencia ha de reconocerse como una prerrogativa del ciudadano, atendiendo a las circunstancias especiales del caso, en primer lugar porque el objetor debe de tener capacidad de goce y de ejercicio, que el acto de que se trate sea un acto por omisión, debe atender a principios fundamentales en donde no se ponga en riesgo o atente contra la salud, la vida o integridad personal de un tercero, no sea un caso de emergencia, no sea una acción discriminatoria o dilatoria y en general no se vincule a la comisión de un delito grave o de lesa humanidad o atente contra las garantías del ser humano.

Dicha acción, mas que ser aplicada obedeciendo principios religiosos, culturales o sociales, deberá reunir lo siguiente, ser aplicada de forma pacífica y demostrando sin lugar a duda que se actúa con integridad, honestidad y honradez, y consideramos que por lo pronto debe ser aplicable al ejercicio de las profesiones con arreglo a las leyes secundaría previstas.

Si bien la objeción de conciencia se presenta en diferentes esferas de la actividad de las personas, como la educativa, la militar, la religiosa, entre otras, esta iniciativa se refiere al aspecto del ejercicio de una profesión o la prestación de un servicio en el área de la salud.Es entonces que partimos en primer término de señalar las disposiciones en materia de salud que se relacionan o se refieren a la objeción de conciencia.Veamos:

I. En la Ley General de Salud encontramos:

“Artículo 2°.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

(…)”

“Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.”

“Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.”

“Artículo 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica,

II. Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro método idóneo,

III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación,

IV. Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud,

V. Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes,

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y

VII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.”

II. En el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud se señala:

“ARTICULO 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases:

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen;

II.- Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos científicos.

III.- Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro medio idóneo;

IV.- Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados sobre los riesgos predecibles;

V.- Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala;

VI.- Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación;

VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética y la de Bioseguridad, en su caso, y

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento.”

III.- En el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica encontramos:

“Artículo 109.- La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica medica.

IV.- El Código de Bioética para el personal de Salud se establece:

“28.- El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o a razones de objeción de conciencia.”

V.- El Código de Conducta para el personal de Salud SSA.2001 señala:

20. “Proporcionará atención de urgencia a todo paciente, cuando esté en peligro su vida, un órgano o una función, sin distingo de cualquier tipo, con el propósito de estabilizar sus condiciones clínicas para que pueda recibir el tratamiento definitivo donde corresponda.

32. Se enfatizará que el médico es un profesional de la ciencia y conciencia, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable con un singular acervo de valores que norman su vida.”

Por otro lado, la Comisión Interinstitucional de Enfermería elaboró un Código de Ética para Enfermeras, en el que se reconoce en el artículo 17 que la enfermara debe actuar con juicio crítico en la aplicación de las normas de instituciones, tomando en cuanta la objeción de su conciencia.

Asimismo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha expedido la Carta de Derechos Generales de los Médicos y la Carta de Derechos Generales de los Pacientes. En la primera se señala el derecho deejercer la profesión de forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza refiere que “el médico tiene derecho a que se le respete su juicio clínico ---diagnóstico y terapéutico--y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que tales aspectos se sustenten sobre bases éticas, científicas y normativas”; en tanto la segunda, el derecho de decidir libremente sobre su atención señala que, el paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecida, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales”.

Ahora bien, en el tema de la objeción de ciencia y conciencia en la práctica médica hay dos elementos fundamentales que debemos considerar: si bien el médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, por razones ética o morales, este derecho tendrá eficacia siempre que no ponga en peligro la vida del paciente o sea susceptible de interpretarse como ajena a la beneficencia y responsabilidad de su profesión.

La idea de que el profesional sanitario tiene problemas para hacer valer su objeción de conciencia está tomando un gran peso. Hay sobradas razones para ello. La cuestión es delicada y compleja3. Ello nos motiva a atender el asunto desde el ámbito legislativo para iniciar con el reconocimiento del derecho y establecer las formas idóneas para su ejercicio.

Nadie puede obligar a nadie a cometer un delito. No se trata en este caso, como en el del servicio militar obligatorio, de objetar no realizar un servicio sino de no poder, en conciencia, realizar un delito que la legislación considera no penalizable en casos limites definidos.

Ante normas jurídicasque obligan a prestar una determinada asistencia (por ejemplo, practicar un aborto, asistir a un suicidio, realizar pruebas que conducen a una eugenesia prenatal o perinatal, aplicar un medicamento sin consentimiento y que cause daños colaterales irremediables, etcétera), el profesional se encuentra con el deber, en conciencia, de abstenerse de cumplir la norma.

Esto crea un conflicto interior: o se somete a la norma jurídica, una orden de autoridad competente o bien, a la norma ética que invoca su propia conciencia. Por otra parte, el derecho a ejercer la objeción se basa en que la conciencia es personal, esencialmente individual; por lo que no es fácil regular el ejercicio del derecho: existe una enorme variedad posible de objeciones ante una concreta obligación jurídica.

Hay que recordar que la libertad de conciencia es un valor en sí mismo, y por tanto una regla de conducta, y no una de excepción a las reglas. Se precisa, por tanto, encontrar una regulación jurídica que garantice la mayor protección posible a la libertad de religión, pensamiento y conciencia; libertad de la que emana el derecho de objeción.

Todo ello antes de que se aboque al profesional sanitario a ejercer el derecho a la objeción de conciencia, que conlleva graves consecuencias para él. Una, la renuncia a mantener sus reservas en el ámbito secreto de la intimidad de su conciencia. Dos, la discriminación o trato desigual por convicciones, que lleva consigo ocupar un puesto de trabajo que “no cubre” las prestaciones señaladas en el perfil del puesto; y más aún si lo que pretende el objetor el acceder a él en concurso público o privado.

En el ejercicio de las profesiones libres, entre las que se encuentra la profesión de las ciencias de la salud y desde el punto de vista deontológico sepueden destacar tres factores básicos: la independencia del acto profesional, la responsabilidad y el secreto profesional.

Un elemento esencial en el actuar de los profesionales de la salud es el deber de aplicar conocimientos científicos y criterios éticos.

La ética propia de la profesión médica encierra en si misma el respeto a unos valores esenciales a la dignidad humana. “Los valores de la Medicina” son capaces de guiar la actividad profesional dirigida a la atención del enfermo como persona, sin que sea deshumanizada por el sometimiento ciego de quienes la ejercen al progresotecnológico.

De la evidencia científica, se debe regir la medicina y su práctica, en el sentido material. Fundamento de la praxis profesional, y consecuentemente del consentimiento informado. Para que el paciente tome su determinación con la verdad actual que en ese momento rige la ciencia.

En caso de no dar una información veraz y completa conforme lo establece la ciencia médica, se estaría cayendo en la malpraxis profesional y trayendo como consecuencia una responsabilidad médica por “error, impericia, imprudencia y/o negligencia”.

Estas bases científicas con su debida actualización, se pueden dar a través de instituciones, que avalen dichos conocimientos y que para el caso de los médicos, sería por sus grupos colegiados por la especialidad que ejercen, para tenerlos vigentes.

La ciencia ha cambiado, especialmente la biomedicina, pero el paciente sigue siendo una persona enferma. Los medios de que dispone el facultativo han cambiado pero la necesidad de realizar el juicio ético sobre el uso de las técnicas es universal y permanente. El arte de curar y paliar el sufrimiento, la ética del médico, exige subir dos escalones sin quedarse en el primero y sin tampoco saltárselo.

El primer punto a tratar, es conocer rigurosamente la ciencia de su tiempo; saber en profundidad qué es el proceso biológico natural que está alterado, o dañado, en el enfermo. Conocer el por qué y el cómo de las acciones con que cuenta para restaurar la normalidad. Saberlo en profundidad no es solo saber con precisión y detalle los mecanismos implicados en el proceso de respirar, digerir, etcétera; es saber su sentido natural en la unidad del organismo de cada uno.

Es necesario conocer en qué medida esa intervención en un proceso natural sigue la línea natural, haciéndolo funcional normal, o incluso mejor de lo que funcionó, siempre como parte de un cuerpo humano. Cuando, por el contrario, la intervención se sitúa en la línea de la contracorriente natural no basta sólo con valorar consecuencias secundarias o daños colaterales, sino dar un juicio de razón del porqué se plantea ese tipo de intervención, de las alternativas en la otra línea, etcétera.

Contracorriente de lo natural no significa no usar artefactos técnicos; es obvio que el desarrollo tecnológico ha hecho posible el progreso del conocimiento biomédico y los tratamientos de muchas enfermedades. Significa renunciar a curar; tomar el falso atajo de sustituir un tratamiento curativo por una intervención “para ir tirando”; visto en la perspectiva profunda se trata de un engaño en el arte de curar y de paliar el sufrimiento cuando la enfermedad ya no es curable.

La medida de este nivel de racionalidad (la racionalidad científica) es objetiva y tiene validez universal a diferencia de lo que se puede dar con la de conciencia. El metro de medida es universal: adecuado o no a la corrección del proceso alterado y bien hecho o mal hecho técnicamente. Tiene patrón de medida objetivo y neutro en cuanto universalmente valido. No es neutra en el sentido de que sea indiferente una cosa o su contraria.

El segundo, y sin dejar el primero, se requiere conocer la dimensión propiamente humana del hecho biológico concreto. No es igual tratar un problema que tiene que ver con el filtrar del riñón, que con el funcionamiento de la corteza cerebral o con la transmisión de la vida. Sólo así es posible saber que es lo que hace realmente al intervenir en tal proceso con el fin de curar o paliar la disfunción, sin olvidar la parte humana de aliviar.

Justamente, el juicio ético acerca de la intervención en la vida de un hombre requiereponer en relación el proceso en que se interviene consu sentido humano. Es preciso conocer como implica, como afecta o beneficia a la persona. La capacidad de establecer esa relación, el significado humano en cada acto concreto, es la racionalidad ética: es la racionalidad exigible al arte de la medicina. La medida de cómo se ha establecido tal relación tampoco es arbitraria o caprichosa. Ahora bien, las convicciones personales permiten, o impiden, a cada uno establecerla y acertar en su dimensión.

Es deber de todo profesional competente dar las “razones de ciencia” que tiene para oponerse a cumplir la normativa, sea cual sea su ideología y religión. Una normativa obligatoria tiene que aprobar, al menos, el examen del nivel de racionalidad científica sea demostrado y que para el derecho es un elemento ponderable.

En resumen, lo que con esta iniciativa se pretende lograr es que no sea obligación del personal de salud, la realización de una determinada intervención o práctica que vaya en contra de sus convicciones personales y, por tanto, le sea garantizado su derecho a no realizarlas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de los pacientes.

Para ello, se propone adicionar cuatro artículos a la Ley General de Salud, siguiendo la misma línea y el espíritu de los legisladores del estado de Jalisco, quienes han dado un gran avance en el tema que nos ocupa, al reformar la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco desde hace cuatro años. En tal sentido es que en esta iniciativa se retoman algunas disposiciones de dicha ley estatal.

No podemos dejar de referirnos a la razón de ser de los servicios médicos, de los deberes que tienen los prestadores de los mismos para con los pacientes y enfermos: defender la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la persona, vedando las maniobras u operaciones y tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no autorizados, o que contravengan la práctica médica aceptada, o bien sus propios valores personales u objeción de conciencia, en cuyo caso lo deberá hacer del conocimiento de sus superiores y pacientes. Proporcionará atención de urgencia a todo paciente, cuando esté en peligro su vida, un órgano o una función, sin distingo de cualquier tipo, con el propósito de estabilizar sus condiciones clínicas para que pueda recibir el tratamiento definitivo donde corresponda.

No podemos dejar de referirnos a un hecho que refuerza los motivos de esta iniciativa, pues cuando las normas jurídicas pretenden obligar al profesional sanitario a realizar una determinada intervención (aborto, asistir a un suicidio, diagnóstico prenatal con fines eugenésicos, eutanasia activa, obstinación terapéutica, aplicar n medicamento que trae consecuencias desastrosas, etcétera), se apela en muchos casos a la objeción de conciencia. Antes de plantear la regulación de este derecho, hay que preguntarse si no existe frente a estas normas conflictivas una “objeción de ciencia”, basada en estrictos criterios médicos.

En estos y en otros casos donde hoy se quiere convertir al profesional sanitario en ejecutor de prácticas no justificadas por razones sanitarias, es la ciencia médica la que eleva su objeción frente a una imposición ideológica.

El actuar médico se basa principalmente en la evidencia científica, aunado de la ética médica, encontramos que el Reglamento de la Ley General de salud en Materia de prestación de Servicios de Atención Médica en su artículo 9 establece: “La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Primero: Se adicionan los artículos 49 Bis, 49 Bis 1, 49 Bis 2 y 49 Bis 3 al Título Tercero, Capítulo III, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 49 Bis.-Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su derecho a la objeción de conciencia conforme a sus convicciones y creencias cuando dentro de sus actividades existan prácticas que sean contrarias a su libertad de conciencia y de conformidad con la ciencia médica vigente.

En los casos en que sea urgente llevar a cabo cualquier actividad médica para salvaguardar la salud o la vida del paciente, no podrán invocar la objeción de conciencia y deberán prestar la atención médica necesaria. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia.

Artículo 49 Bis 1.- Asimismo, los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su derecho a la objeción de conciencia y excusarse de participar en los programas, actividades, prácticas o investigaciones que sean contrarias a su libertad de conciencia.

Artículo 49 Bis 2.-Para hacer valer el derecho a la objeción de conciencia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar respaldada en un imperativo de ética médica o bioética;

II. Estar sustentada en la ciencia y medicina vigente,y dicho sustento tenga aval de una institución reconocida y seria;y

III. Ser a título personal, como lógica consecuencia de la naturaleza personal del acto de la conciencia para cada sujeto, por ello, no pude ni debe ser invocada por terceros.

Artículo 49 Bis 3.- La Secretaría deberá emitir las disposiciones normativas y lineamientos necesarios para garantizar el libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y la no discriminación o situación de desventaja a quien lo haga valer.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 51 Bis 2, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

En el mismo sentido, tienen derecho a ejercer libremente la objeción de conciencia ante un determinado tratamiento médico, siempre y cuando no se busque de manera intencional y directa la muerte.El derecho de objeción de conciencia de los pacientes no aplica para el caso de que sean menores de edad.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Gobierno Federal tendrá un plazo de tres meses para emitir el reglamento y los lineamientos necesarios que garanticen el mejor ejercicio y aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. María Teresa Ortuño Gurza”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Ortuño Gurza. Con mucho gusto se incluirá íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Francisco Herrera León, Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley General de Educación.


1 Martín, Alonso, “Enciclopedia del Idioma. Editorial Aguilar, México, Tomo III, pág. 3008, bajo la voz: Objeción, México, 1999.

2 Idem, Tomo.I, pág.1159, bajo la voz: Conciencia.

3 Pablo Lucas Murillo de la Cueva. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL. APUNTES PARA DEBATE; Javier Martínez-Torrón. Seminario sobre “Desobediencia civil y objeción de conciencia”. Fundación ‘Ciudadanía y Valores’, 28 noviembre 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los CC. Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Francisco Herrera León, Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Ramiro Hernández García: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La educación es un derecho conferido por nuestra Carta Magna, expresado en el artículo 3º, Primer Párrafo, señalando expresamente: que para tal propósito el Estado atenderá y promoverá todos los tipos y modalidades educativas.

El artículo 46 de la Ley General de Educación, reconoce como modalidades educativas en sus términos actuales a la escolar, la no escolarizada y educación mixta. De ello se desprende que la educación a distancia y virtual no se contempla como modalidad educativa en nuestra ley, por lo que el valor y utilidad de las nuevas tecnologías empleadas en la educación virtual, quedan desprovistas de certidumbre jurídica.

El artículo 32 de la Ley General de Educación menciona, respecto a la educación a distancia, que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, para tal propósito establecerán sistema de educación a distancia.

De la correcta interpretación de la norma se desprende, en consecuencia, que el establecimiento de los sistemas educativos a distancia es una de las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, pero la ley es omisa en reconocerle la naturaleza jurídica de modalidad educativa. La educación virtual, por su parte, ni siquiera se menciona en la ley, por lo que no es objeto de derecho.

La educación a distancia tiene en sus antecedentes a los cursos por correspondencia.

La Universidad de Sudáfrica es una de las instituciones educativas de mayor tradición educativa a distancia desde 1946. En el Reino Unido, la Open University, se encuentra en funciones desde 1969; y en España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, opera desde 1973.

En México, el 30 de diciembre de 1994, se publicó la Ley que Establece el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio, la cual señala entre sus considerandos que la capacitación de los maestros rurales en servicio no podía ser posible en las ciudades, por lo que encontró como solución asequible la enseñanza por correspondencia como un modelo adecuado para la capacitación de los docentes.

En 1967 se adoptó el esquema de Telesecundarias como un modelo para la enseñanza a distancia, con lo cual México entró en una etapa distinta de los procesos educativos al sustentar el empleo de tecnología a partir de la transmisión de señales de televisión para lo cual se creó la Dirección General de Educación Audiovisual dependiente de la Secretaría de Educación Pública de la Federación.

En los años 90’s del siglo pasado, con la expansión de las redes de Internet y la adopción de las computadoras como tecnologías apropiadas para el desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas, surgieron los planes, carreras y programas educativos en torno a las nuevas tecnologías de la información. En el caso concreto de la educación primaria y secundaria, el referente más inmediato es “Enciclomedia”, que más allá de los problemas que ha presentado, es importante destacar, sólo como referencia, el gran valor y utilidad que puede representar como una herramienta articuladora de recursos informáticos y la digitalización de textos.

En el documento, Perfil de la Educación en México, se define a la educación a distancia como la transmisión de conocimientos por conducto de los medios de comunicación y la información en sus diversas combinaciones, se trata de una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ninguna aula.

Entre los recursos de educación a distancia se emplean el correo electrónico y distintas aplicaciones de Internet, que incluso ha propiciado la participación de modelos virtuales de auto-estudio, auto-aprendizaje y aulas virtuales compartidas por múltiples usuarios de un mismo sitio Web en distintos lugares del planeta. Al aprendizaje desarrollado con base en las nuevas tecnologías informáticas, se le denomina e-learning, existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero la más usual es que se imparta para estudios universitarios.

A pesar de que nuestro país ha avanzado consistentemente en la adopción de modelos tecnológicos y modalidades de educación a distancia, es nuestra legislación existe un claro vacío sobre ella. Así, aunque existe, de hecho, las modalidades educativas a distancia y de educación virtual, no existen de derecho, lo cual puede generar serios diferendos legales al momento de otorgar el reconocimiento a este tipo de modalidad educativa.

Cuando se revisa el derecho comparado, encontramos que países como España, Colombia y Argentina contemplan a la educación a distancia o virtual como modalidad educativa equiparada a la presencial y semipresencial. Además, es importante resaltar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural presentó en la Declaración Mundial de París de 1998, una serie de necesidades, producto de la era actual que proporcionan pautas para la consolidación de la educación apoyadas en la tecnología de la información y la comunicación, y como medida para resolver las necesidades de impartir y adquirir educación, a través de múltiples medios.

Asimismo, se reconoce el valor de la educación virtual y ello conlleva la responsabilidad del legislador para establecer con claridad en nuestra Ley General de Educación, la importancia que reviste el reconocimiento de estas modalidades educativas, a efecto de prevenir conflictos relacionados sobre la naturaleza jurídica de las ofertas educativas que han cobrado relevancia a partir de la adopción del Internet y de las telecomunicaciones como herramientas poderosas para la instrucción pública y privada.

Como se ha considerado en el artículo 46 de la Ley General de Educación, establece tres modalidades educativas: escolar, no escolarizada y mixta. Al adicionar al artículo 46 de la Ley en comento, se hace necesario precisar el alcance de las modalidades reconocidas, por lo que dichos términos deben sustituirse por los conceptos educativos presencial, semipresencial, que además de ser una mejor opción gramatical, responden a los conceptos pedagógicos por lo que son más correctos que los que aparecen actualmente en la Ley.

Por las razones anteriores, la presente iniciativa pretende subsanar la omisión de las modalidades educativas a distancia y virtual en la Ley General de Educación, así como clarificar los conceptos de escolarizada, no escolarizada y mixta, al emplear los términos presencial y semipresencial, adiciones y modificaciones que aclaran y actualizan el uso de los términos en el lenguaje de conceptos académicos y educativos.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el Artículo 46 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 46.- La educación a la que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de presencial, semipresencial, a distancia y virtual.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA, SEN. FRANCISCO HERRERA LEON, SEN. RAUL MEJIA GONZALEZ, SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZON Y SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SAENZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo tercero de la Constitución, primer párrafo, señala que: “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica obligatoria”, además de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El artículo 46 de la Ley General de Educación, reconoce como modalidades educativas a la escolar o presencial, la cual se realiza en las aulas e instituciones educativas; la no escolarizada, entendida generalmente como educación abierta o no presencial, tutorial e incluso a distancia, pero solamente mediante cursos por correspondencia; y educación mixta, la cual incorpora las modalidades presencial y no presencial.

La educación a distancia y virtual no se contemplan en nuestras leyes como modalidades educativas, ni se reconoce el valor y utilidad de las nuevas tecnologías empleadas en la educación virtual, ni el avance de nuevas herramientas que han abierto la posibilidad para el desarrollo de la educación virtual mediante las redes de internet.

La única mención que existe en la Ley General de Educación, respecto a la educación a distancia, se da en el Artículo 32 de dicho ordenamiento, que a la letra señala: Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”.

Y dice explícitamente en la fracción VI, que para tal propósito: “Establecerán sistemas de educación a distancia”.

De la correcta interpretación de la norma se desprende en consecuencia, que el establecimiento de los sistemas de educación a distancia es una de las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, pero la Ley es omisa en reconocerle la naturaleza jurídica de modalidad educativa. La educación virtual, por su parte, ni siquiera se menciona en la Ley, por lo que no es objeto de derecho.

Entre los antecedentes de la educación a distancia se encuentran los cursos por correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a alumnos en lugares aislados, en los que no era posible contar con la infraestructura física necesaria para impartir educación. En un principio, tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, siendo los padres de familia quienes supervisaban el progreso educativo del alumno; más adelante, la educación por correspondencia se amplió a nivel bachillerato y universitario.

Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la Universidad de Sudáfrica, la cual lleva ofreciendo este servicio desde 1946. En el Reino Unido, la más grande es la Open University, que se fundó en 1969. En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia comenzaría sus actividades docentes en 1973; y un año más tarde, en Alemania, se fundaría la Fern Universität Hagen. Estas cuatro universidades mantienen una matrícula de más de 100.000 alumnos, lo cual es posible debido a los bajos costos que supone este tipo de modalidad educativa.

En el caso de México, el 30 de diciembre de 1944 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que establece el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio, la cual señala entre sus considerandos que la capacitación de los maestros rurales en servicio no podía ser posible en las ciudades en las que en ese momento existían escuelas normales, por lo que encontró como solución asequiblela enseñanza por correspondencia, como un modelo adecuado para la capacitación de los docentes.

Posteriormente, en 1967 se adoptó el esquema de Telesecundarias como un modelo apto para la enseñanza a distancia, con lo cual México entró en una etapa distinta de los procesos educativos, al adoptar un modelo de enseñanza-aprendizaje sustentado en la educación visual, a partir de la transmisión de señales de televisión, para lo cual se creó la Dirección General de Educación Audiovisual, dependiente de la Secretaría de Educación Pública de la Federación.

Más adelante la aparición del audio casete y la reproducción sonora de discos, DVDs, y CDs, otorgó a las instituciones educativas y a los educandos, mayores ventajas tecnológicas, con lo que se afianzó un modelo de educación con base en nuevas herramientas y desarrollos. A la par de la adopción de la tecnología para la impartición de enseñanza, aparecieron las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones e internet entre otras, que definitivamente se han arraigado como nuevas modalidades educativas.

En los años 90 del siglo pasado, con el desarrollo de las redes de internet y la adopción de las computadoras como tecnologías apropiadas para el desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas, surgieron planes, carreras y técnicas educativas en torno a las nuevas tecnologías de la información. En el caso concreto de la educación primaria y secundaria, el referente más inmediato es el caso de “Enciclomedia”, que más allá de los problemas que ha presentado, es importante destacar, solo como referencia, el gran valor y utilidad que puede representar como una herramienta articuladora de recursos informáticos y la digitalización de textos.

En el documento: Perfil de la Educación en México1, se define a la educación a distancia como: “la transmisión de conocimientos, por conducto de los medios de comunicación y la informática en sus diversas combinaciones”. Es decir, se trata de una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-Roms y el devuelve los ejercicios resueltos)”.

Actualmente, entre los recursos de educación a distancia se emplean el correo electrónico y distintas aplicaciones de Internet, que incluso ha propiciado la aparición de modelos virtuales de autoestudio, autoaprendizaje y aulas virtuales compartidas por múltiples usuarios de un mismo sitio Web en distintos lugares del planeta. Al aprendizaje desarrollado con base en las nuevas tecnologías informáticas se le denomina e-learning.

En algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios.

A pesar de que nuestro país ha avanzado consistentemente en la adopción de modelos, tecnologías y modalidades de educación a distancia, en nuestra legislación existen omisiones sobre ellas. Así, aunque existen de hecho las modalidades educativas a distancia y de educación virtual, no existen de derecho, lo cual puede generar serios diferendos legales al momento de otorgar el reconocimiento a este tipo de modalidades educativas.

Cuando se revisa el derecho comparado, encontramos que el Título Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación de España, establece en el artículo 3. Numeral 9 que: “Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica.

En el mismo sentido el Capítulo IV Bachillerato, del mismo ordenamiento, dice en el artículo 34 numeral 5 que: “Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las Administraciones educativas facilitarán que los alumnos puedan cursar alguna materia en otros centros o mediante la modalidadde educación a distancia.

El Capítulo IX, Educación de personas adultas, reconoce en el artículo 67, numeral 2, que: “La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia”. Lo cual las coloca en el mismo supuesto y naturaleza jurídica como modalidades educativas.

Por su parte, la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación de Colombia, declara en el artículo 50, párrafo segundo que: “El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos.

Sin duda, el caso más emblemático lo proporciona la legislación Argentina, cuyo Título VIII de la Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional, se dedica a la Educación a Distancia, e incluso el artículo 106 de dicha legislación menciona que “quedan comprendidos en la denominación Educación a Distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las características indicadas precedentemente.

E incluso los alcances de esa Ley, otorga a los niños, niñas y jóvenes argentinos que radiquen temporalmente en el exterior de ese país, el derecho de cumplir con la educación obligatoria a través de servicios de educación a distancia.

Además, es importante resaltar que “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) (1998), durante la declaración mundial en París, presentó una serie de necesidades, producto de la era actual, que proporcionan pautas para la consolidación de la educación apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y como medida para resolver la necesidad de impartir y adquirir educación a través de múltiples medios.

De aquí que el uso de la tecnología educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea fundamental en la preparación del alumno para el mundo globalizado, por lo que la educación debe estar asociada a la tecnología, en favor del aprendizaje y del logro académico”. 2

La Universidad Veracruzana Virtual desarrolló un cuadro comparativo en el que se pueden diferencias y apreciar las modalidades de enseñanza-aprendizaje:



Como se desprende de los casos mencionados, la educación a distancia es una modalidad educativa. Asimismo, se reconoce el valor de la educación virtual y ello conlleva la responsabilidad del legislador para establecer con claridad en nuestra Ley General de Educación, la importancia que reviste el reconocimiento de estas modalidades educativas, a efecto de prevenir conflictos relacionados sobre la naturaleza jurídica de las ofertas educativas que han cobrado relevancia a partir de la adopción del Internet y las telecomunicaciones como herramientas poderosas para la instrucción pública y privada.

Como se ha considerado, el artículo 46 de la Ley General de Educación establece tres modalidades educativas;

a) Escolar;

b) No escolarizada; y

c) Mixta.

La palabra escolar se refiere a alumno, estudiante, colegial, educando etc., por tanto, el término “escolar” es genérico y puede usarse para cualquier estudiante, independientemente de la modalidad educativa en la que se está formando.

Cuando se hace referencia al artículo 46 de la Ley en comento, se manejan los términos escolar o presencial, por lo que debe precisarse que en el lenguaje de conceptos educativos, se emplea el término “presencial”, para definir al modelo educativo en el cual el alumno asiste a clases. Por tal razón, no solo gramáticamente, sino pedagógicamente, es más exacto referirse al término “presencial” en lugar de “escolar”.

En adición, al introducir las palabras, “a distancia” y “virtual” como nuevas modalidades educativas, no tendría sentido mantener la modalidad “no escolarizada”, por que con esta denominación se hace referencia a la educación “a distancia” y la educación “virtual”.

Por ejemplo, el Acuerdo número 279 de la SEP, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior.

El Artículo 16 señala que: “Los planes y programas de estudio en la modalidad no escolarizada se destinarán a estudiantes que adquieren una formación sin necesidad de asistir al campo institucional”.

Es el caso de la educación a distancia y virtual.

Acuerdo número 243 de la SEP, por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

El Articulo de dicho documento señala: “El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases generales a las que se sujetará el trámite…

Para los fines de las presentes bases, deberá entenderse por:

I.- Modalidad escolarizada: el conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un espacio físico para recibir formación académica de manera sistemática y requiere de instalaciones que cubran las características que la autoridad educativa señala en el acuerdo específico de que se trate.

II.- Modalidad no escolarizada: la destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de autoacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del personal docente.

Por las razones anteriormente consideradas, la presente iniciativa pretende subsanar la omisión de las modalidades educativas a distancia y virtual en la Ley General de Educación, así como clarificar los conceptos de escolarizada, no escolariza y mixta, al emplear los términos presencial y semipresencial; adiciones y modificaciones que aclaran y actualizan el uso de los términos en el lenguaje de conceptos académicos y educativos.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 46.- La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de presencial, semipresencial, a distancia y virtual.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. Gerardo Montenegro Ibarra.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Hernández García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra a la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley General de Población.


1 Secretaría de Educación Pública, Perfil de la Educación en México, México, Tercera Ed. 2000. Pág. 129.

2 Rodríguez, C. M., Ávila, A., González, M. y Heredia, Y. (2008). “Perfil psicosocial y uso de las Tecnologías del Información y la Comunicación de alumnos con promedios académicos altos y mínimos de la modalidad educativa presencial en un contexto mexicano”. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (2). Consultado el día 01 de marzo de 2009 en: http://redie.uabc.mx/vol10no2/contenido-rodriguezavila.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 35 BIS A LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por la C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Con su permiso, señor Presidente; amigas y amigos y Senadores:

En virtud de que la iniciativa que entregaré tiene algunas modificaciones con respecto a la que aparece publicada en la Gaceta del Senado del día de hoy, pues les solicito que sea el texto de la última versión de la iniciativa la que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y que proceda la modificación en la Gaceta del Senado.

Compañeros y compañeras:

La migración, pues es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. A fines del siglo XX la globalización aumentó el número de personas con deseos, precisamente, y la capacidad para trasladarse a otros lugares, pues lamentablemente con este aumento en los flujos migratorios, pues también vienen en aumento los delitos relacionados con la trata de personas, tales como la explotación sexual, laboral o el tráfico de órganos, asimismo, pues también se puede manifestar otro tipo de delitos relacionados contra sus víctimas, como secuestro, violación, abuso, tratos crueles desagradables, suplantación de identidad, trabajos forzosos, daños a la salud, lesiones, prostitución, pornografía, por mencionar algunos.

Y mi reconocimiento a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, y por supuesto al Presidente, al Senador Francisco Herrera León, por haber organizado en días pasados el Foro de Análisis del Secuestro de Migrantes, pues en el cual se señalaron las diversas problemáticas, crudas realidades que se tiene para combatir a la trata de personas y el secuestro de migrantes. Esta iniciativa atiende precisamente a uno de los muchos temas que ahí se debatieron y se propusieron.

Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 700 mil personas en el mundo son víctimas de trata de personas; aproximadamente 20 mil personas al año en México son víctimas de ese ilícito, delito que afecta a grupos de población en estado de vulnerabilidad, como los migrantes, quienes sufren en principio cuando son migrantes, pues su idioma a veces no es español, por lo que las posibilidades para comunicarse, denunciar y pedir ayuda se minimizan, y por otro lado, al ser víctimas de este delito pueden hoy disponer de sus documentos de identidad y de dinero, por lo que las autoridades les pueden dar trato de migrante irregular, lo que disminuye las posibilidades de accesar a la justicia.

Esperamos que con la reforma a la Ley General de Población aprobada en días pasados por el Senado y turnada a la Colegisladora, esta última situación pueda ser mejorada. Pero también sabemos que existen serios esfuerzos de la comunidad internacional y nacional para combatir la trata de personas, el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues son también tan solo uno de ellos.

No obstante, compañeros y compañeras, pues existen diversas circunstancias y situaciones que impiden que se cumpla con la obligación contraída a nivel internacional en esta materia. Podemos mencionar como ejemplo de ellas, el retraso de casi un año de la emisión del Reglamento de la Ley, la falta de presentación y puesta en marcha del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el hecho de que solo 25 Códigos Penales Estatales contemplen el delito de trata de personas y de que tan solo 7 cuentan con definiciones que cumplen con lo establecido en el Protocolo de Palermo.

Y con esta tardanza ante un problema tan sensible que se traduce en el comercio de personas en condiciones de vulnerabilidad, se deja un espacio de impunidad inadmisible al crimen organizado, el cual se ve más favorecido ante la participación, lamentablemente, de diversos funcionarios públicos en redes de trata de personas, los que no han sido sancionados ni sentenciados por la comisión de este delito, lo que da cuenta de la corrupción que persiste en esta materia.

Yo creo que desde el Poder Legislativo aún podemos seguir impulsando acciones que beneficien a las víctimas y que sean armónicas con lo dispuesto y lo señalado por los tratados internacionales en la materia y de los que el Estado mexicano forma parte.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de Protocolo de Palermo sobre el régimen aplicable a las víctimas de trata de personas en el estado receptor, que habla sobre la posibilidad de adaptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que precisamente permitan que la víctima de la trata de personas permanezca en su territorio temporal o permanentemente cuando proceda se propone, entonces, modificar la Ley General de Población para incluir una situación migratoria especial a las y los extranjeros que han sido víctimas o testigos de delitos como la trata de personas y el secuestro.

Concretamente, se adiciona a un artículo 35 Bis para garantizar que los extranjeros que se encuentran vinculados a un proceso por haber sido víctimas de un ilícito o testigos de un ilícito o aquel que esté relacionado de alguna manera a un proceso, estos obtengan provisionalmente la calidad migratoria no inmigrante, visitante por razones humanitarias, hasta que concluya el proceso del término en el cual podrán solicitar así una nueva característica migratoria a aquella que les ha sido asignada por la autoridad.

Amigos, así como nosotros queremos que traten a los migrantes en los Estados Unidos. Pues así nosotros deberemos de tratar a los migrantes que vienen de países sudamericanos por la frontera sur de nuestro país.

Sin duda, es vital el testimonio de los migrantes y víctimas de los delitos, porque sabemos que existe participación de las autoridades policiacas y migratorias en las redes de delincuencia organizada que se dedica a la comisión de estos delitos y que actúa con total impunidad.

Y por otra parte, pues el reconocimiento mediante la ley de una calidad migratoria que atiende la necesidad de reconocer y proteger el sentido humano de la migración y la prestación de asistencia a las víctimas de delitos que afectan a la dignidad de la persona humana.

Por último, compañeros y compañeras, México no podrá ser un país justo si persisten violaciones a los derechos humanos de las personas.

La trata de personas y el secuestro de migrantes indocumentados dan cuenta de graves violaciones que atentan contra la dignidad de la persona humana. Y por ello, solicito su apoyo para esta iniciativa y que pronto sea tratada en las comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley General de Población, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La crisis económica mundial, de las identidades regionales y locales ha favorecido la migración internacional, la que tiene aspectos positivos y negativos, nadie puede negar que los movimientos migratorios han favorecido el desarrollo de las naciones receptoras de migrantes, las movilizaciones de personas han producidocambios profundos en los estilos de vida, de cultura, cambios en las estructuras sociales e incluso en los sistemas políticos.

La migración es una valiosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. A finales del siglo XX la globalización aumentó el número de personas con deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares, lamentablemente con este aumento en los flujos migratorios, también aumentaron los delitos relacionados con la trata de personas, tales como la explotación sexual o laboral y el tráfico de órganos, asimismo, se pueden manifestar otro tipo de delitos relacionados contras sus víctimas como secuestro, violación, abuso, tratos crueles o degradantes, suplantación de identidad, trabajos forzosos, daños a la salud, lesiones, prostitución o pornografía, entre otros.

La trata de personas es uno de los temas en el mundo que más indignación genera, se configura como una forma moderna de esclavitud y tortura que afecta gravemente la dignidad y la cohesión social, asimismo, atenta contra la seguridad internacional, ya que se ha configurado como un delito transnacional.

Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 700 mil personas son víctimas de la trata en el mundo. En México, la trata con fines sexuales es un delito que ha tenido una rápida expansión, se considera que es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del narcotráfico y el tráfico de armas.

Este delito afecta en buena medida, a grupos y poblaciones en estado de vulnerabilidad como los migrantes, de ello da cuenta nuestra frontera sur, atacando en mayor medida a las mujeres y niños centroamericanos, aunque también hay reportes de víctima de trata de Sudamérica, el Caribe, Europa del Este y Asia.

En las fronteras la trata de mujeres y menores migrantes es alarmante. Muchas de las víctimas de este delito venían de paso, en espera de cruzar la frontera, pero fueron engañadas o vendidas a las redes de explotación sexual, que se aprovechan de algunas lagunas y aspectos discriminatorios de la ley para continuar operando en la impunidad.

La situación especial de vulnerabilidad de los migrantes que padecen este delito comienza cuando son migrantes cuyo idioma no es el español, por lo que las posibilidades para comunicarse, denunciar y pedir ayuda se minimizan, por otro lado, pueden no disponer de sus documentos de identidad, ni dinero, por lo que las autoridades le pueden dar trato de inmigrante irregular, lo que disminuye sus posibilidades de acceder a la justicia.

La exigencia legal que se impone a cualquier extranjero en territorio nacional de demostrar su estancia legal en el país como requisito para acceder a la justicia ha provocado que quienes se encuentran en una situación migratoria irregular sean presa fácil para las redes dedicadas a la trata de personas, toda vez que las víctimas no sólo no pueden denunciar, sino que en el intento por hacerlo han sido objeto de vejaciones a sus derechos humanos en las propias estancias migratorias del Gobierno Federal.

La presencia de redes nacionales e internacionales dedicadas a la trata de mujeres y menores ha cobrado dimensiones alarmantes en México en las últimas décadas, de acuerdo al Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidadque Propician la Trata de Personas en México presentado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 20 mil personas son víctimas de este delito cada año.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estableció que en 21 de las 32 entidades mexicanas se han detectado actividades de “turismo sexual” y de una importante incidencia de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.

Ante estos escenarios sabemos que existen serios esfuerzos de la comunidadinternacional para combatir la trata de personas, como uno de los principales referentes podemos mencionar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a través del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, mejor conocido como el Protocolo de Palermo, mismo que establece las bases para definir el ilícito y establecer criterios generales para combatirlo y proteger a las víctimas.

Al ser Estado parte de la Convención mencionada, México debatió legislativamentepara crear un mecanismo que atendiera esta problemática, fue así como el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales.

Pese a que la legislación federal trato de apegarse y dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Palermo, han existido diversas circunstancias y situacionesque impiden que se cumpla con la obligación contraída a nivel internacional en la materia, podemos mencionar como ejemplo el retraso de casi un año de la emisión del Reglamento de la Ley por parte del Poder Ejecutivo, la falta de presentación y puesta en marcha del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el hecho de que sólo 25 Códigos Penales Estatales contemplen el delito de trata de personas, y de ellos sólo 7 cuentan con definiciones que cumplen con lo establecido en el Protocolo de Palermo.

Con esa tardanza y ante un problema tan sensible que se traduce en el comercio de personas en condiciones de vulnerabilidad, se deja un espacio de impunidad inadmisible al crimen organizado, el cual se ve más favorecido ante la participación de diversos funcionarios públicos en redes de trata de personas, los que no han sido sancionados, ni sentenciados por la comisión de este delito, exponiendo la corrupción que persiste en esta materia.

Continua siendo preocupante el que para septiembre de este año aún no se tenga ninguna sentencia condenatoria con base en lo que establece la ley y la inexistencia de procedimientos claros para involucrar a la sociedad civil en el proceso de definición de las políticas y acciones requeridas para prevenir y combatir el ilícito.

La participación de todos los sectores de la sociedad es fundamental para contrarrestar la trata de personas y para asistir a las víctimas, desde el Poder Legislativo aún podemos seguir impulsando acciones que beneficien a las víctimas y que sean armónicas con lo dispuesto en lo señalado por los Tratados Internaciones en la materia y de los que el Estado mexicano forma parte, como las siguientes:

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Protocolo de Palermo sobre el Régimen Aplicable a las víctimas de la Trata de Personas en el Estado Receptor, que habla sobre la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a la víctima de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente cuando proceda se propone modificar la Ley General de Población para incluir una situación migratoria especial a las y los extranjeros que han sido víctimas o testigos de delitos como la trata de personas y el secuestro.

Actualmente es a través de circulares del Instituto Nacional de Migración que se da un status migratorio especial a las víctimas de trata de personas, no obstante éstas pueden ser revocadas por resolución administrativa en cualquier momento, además que se lesrequiere la presentación de documentos expedidos por autoridad para acreditar su condición, sin establecer cuáles son los plazos que tienen para la presentación de éstos, dejando a discreción de la autoridad el determinar si se cumplió con el requisito o bien el remitirlos a la autoridad correspondiente para su repatriación.

Consideramos que no debe ser vía circular, sino por medio de ley que se regule esta protección dado la importancia y gravedad de estos delitos, los cuales están alcanzando una incidencia muy alta, basta recordar que la trata de personas victimiza a 20 mil personas al año en nuestro país y que el secuestro de migrantes indocumentados afecta alrededor de 10 mil extranjeros, para combatir estos ilícitos se requiere la cooperación de las víctimas y testigos con la autoridad para sancionar a los presuntos responsables, que en la mayoría de los casos operan en la impunidad.

No puede quedar al arbitrio de la autoridad migratoria el reconocimiento del status especial paralas víctimas y testigos de estos delitos,el testimonio de los migrantes víctimas ha dado cuenta de la participación de las autoridades policiacas y migratorias en las redes de delincuencia organizada que se dedican a la trata y al secuestro de migrantes. Es importante que por mandamiento de ley se garantice la calidad migratoria de no inmigrante, bajo la característica de visitante con lamodalidad de Razones Humanitarias a los extranjeros víctimas de la trata y secuestro de migrantes, para que coadyuven con las autoridades en la investigación y sanción del delito.

El garantizar su participación es fundamental, dado que pese al número elevado de casos que se conocen de estos delitos, son pocos los que llegan a denunciarse penalmente y menos aún los sancionados.

Por otra parte, el reconocimiento mediante ley de una calidad migratoria bajo razones humanitarias, atiende a la necesidad de reconocer y proteger el sentido humano de la migración y la prestación de asistencia a las víctimas de delitos que afectan la dignidad de la persona humana.

No se debe perder de vista que estos delitos convierten a las personas en objetos de comercio, pues las condiciones especiales de vulnerabilidad en la que los migrantes indocumentados ingresan y recorren el territorio nacional, el desconocimiento del propio territorio, de sus derechos y el miedo de ser visibles los hace ser presa fácil de las redes de delincuencia organizada.

Cabe mencionar que en los últimos meses se ha agravado el secuestro de migrantes indocumentados, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el último semestre se han identificado nueve mil setecientos cincuenta y ocho casos de víctimas de este tipo de secuestro, que se distingue por la crueldad con que son tratadas las víctimas, la duración y condiciones de cautiverio, así como las elevadas ganancias económicas que reporta para la delincuencia organizada.

México no podrá ser un país justo si persisten violaciones a los derechos humanos de las personas la trata y el secuestro de migrantes indocumentados, dan cuenta de graves violaciones que atentan contra la dignidad de la persona humana, por ello se requiere la intervención decidida de los legisladores, de las autoridades y la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 35 BIS A LA LEY GENERAL DE POBLACION

ARTICULO UNICO: Se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 35 Bis.- Los extranjeros que se encuentran vinculados a un proceso por haber sido víctimas de un ilícito o testigo de un ilícito o aquél que esté relacionado de alguna manera a un proceso, obtendrán provisionalmente la calidad migratoria de no inmigrante, visitante por razones humanitarias, hasta que concluya el proceso al término del cualpodrán solicitar una nueva característica migratoria a aquella que les haya sido asignada por la autoridad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo federal adecuara el Reglamento de esta ley a lo establecido en el presente decreto dentrode los siguientes 90 días a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Menchaca Castellanos. Desde luego que se inserte la iniciativa completa en su última versión en el Diario de los Debates, y se turna a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Carlos Jiménez Macías, a nombre propio y del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 72 TER A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por los CC. Senadores Carlos Jiménez Macías, a nombre propio y del C. Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Carlos Jiménez Macías: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con el Banco Mundial, la severa recesión en la que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, esto, adicional a los 5.9 que llegaron a esa condición entre los años 2006 y 2008. De tal suerte que, lamentablemente hoy se encuentra en esta condición un total de casi 55 millones de mexicanos, es decir, más de la mitad de la población del país.

De cara a la crisis económica de dimensiones globales que estamos viviendo, resulta imperativo proteger el salario de los millones de trabajadores mexicanos, toda vez que constituye el pilar principal en la economía familiar.

Ello es así, porque de forma por demás lamentable en nuestro país existen prácticas bancarias que atentan en contra del salario de los trabajadores, auspiciando en buena medida que la ausencia de regulación concreta y clara sobre el uso y operación de las tarjetas de crédito en México, como en todo caso lo es la sustracción -no le podemos llamar de otra forma- que instituciones bancarias realizan de recursos captados a través de depósitos diarios que vienen provenientes de transferencias que electrónicamente los patrones hacen del salario de sus trabajadores, tendencia que con mayor rigor y en forma por demás drástica están siguiendo los bancos establecidos en México.

En efecto, el Banco de México, ha emitido la Circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de Tarjetas de Crédito”, mediante la cual autoriza a las Instituciones de Crédito y de Banca Múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.

De esta forma, la vigente regulación de las tarjetas de crédito, ha fomentado el cobro directo de los adeudos de los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito, en aquellas cuentas de ahorro destinadas para el pago de nómina, representando esto último un grave riesgo para la economía de las familias.

Así las cosas, se han estado realizando prácticas fuera de los candados establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley Federal del Trabajo, constituyéndose así un peligro para la economía de la familia; pero, además, para el propio estado de derecho en nuestro país.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en nuestro país existen más o menos 23 millones de tarjetas de crédito, de las cuales tan sólo durante la primera mitad del año, 3.5. millones de ellas han caído en mora.

Los adeudos que dejaron de pagarse en el segmento del llamado dinero plástico sumaron 30 mil 660 millones de pesos hasta julio pasado, un 13.5% más respecto del nivel alcanzado en julio de 2008.

Así las cosas, es indudable el hecho de que, a consecuencia de la crisis económica actual, millones de personas en nuestro país se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, lo cual no debe constituir, bajo ninguna circunstancia, un riesgo o peligro para su salario, ante un eventual cobro indebido e unilateral por parte de la instituciones bancarias en las cuentas de nómina de los trabajadores.

En tal virtud, bajo la consideración del salario, desde la perspectiva de su naturaleza de remuneración suficiente y conforme a mecanismos de protección constitucional, debe hacerse extensiva esa protección en contra de prácticas bancarias que pudieran afectar el derecho de no embargo y de no privación del salario sin orden judicial.

De lo que se trata, es frenar la práctica o mecanismo drástico cada vez más frecuente que la banca realiza para saldar las deudas de sus clientes, sobre todo a raíz de que se ha recrudecido la crisis económica en el país en este último año y los ingresos familiares son cada vez menores, y lastiman seriamente la capacidad de consumo de los trabajadores y sus familias.

Nos queda claro que tenemos todos por igual, autoridades, instituciones privadas y sociedad, acrecentar la cultura financiera en los mexicanos y transparentar mucho más las operaciones crediticias, pues este tipo de prácticas precisamente han venido creciendo cada vez más por el desconocimiento de los usuarios, por falta de información y por falta, sobre todo, de transparencia, pero en nuestra consideración es mucho más importante salvaguardar la economía de los usuarios de la banca y de sus familias, protegiendo con la medida que respetuosamente ponemos a su consideración el salario de todos los trabajadores que sustentan a los hogares.

Por lo tanto, someto, señor Presidente, a esta Asamblea para que sea turnada esta iniciativa y sea publicada en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben, Carlos Jimenez Macias y Ramiro Hernandez Garcia, Senadores de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artIculo 72 Ter a la Ley de Instituciones de CrEdito, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el Banco Mundial, la severa recesión en que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 que cayeron en esa condición entre los años 2006 y 2008. De tal suerte que, si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos que lamentablemente hoy se encuentran en esa condición, es decir, lo pobres en el país representan el 51% ciento de la población, del conjunto de alrededor de 107 millones de mexicanos registrados a junio de 2009.

Pero, por si esto fuera poco, según estimaciones de diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, para finales de este 2009 en México habrá 55 millones de pobres, más de la mitad de la población del país.

De igual forma, un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), refiere que México ocupa el mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los treinta países miembros de dicha Organización, toda vez que la desigualdad de ingresos de los hogares mexicanos disminuyó más que en cualquier otro país de la OCDE, al pasar el ingreso medio de 10% de la población más pobre a menos de mil dólares.

Así las cosas, de cara a esta crisis económica de dimensiones globales, resulta imperativo proteger el salario de los millones de trabajadores mexicanos, toda vez que constituye el pilar principal en la economía familiar.

Ciertamente, la creación de empleos es una actividad prioritaria para el Estado mexicano, razón por la cual es importante incentivarla, teniendo en consideración que los esfuerzos para la creación de nuevos empleos implica lograr que las personas que accedan a un trabajo estable dentro de la economía formal tengan garantizados los derechos de la seguridad social que consagra la Constitución, entre los que se encuentra la protección del salario de los empleos existentes al día de hoy.

Sin embargo, de forma por demás lamentable actualmente en nuestro país podemos observar que existen diversas prácticas bancarias que atentan en contra del salario de los trabajadores, auspiciadas en buena medida por la ausencia de regulación concreta y clara sobre el uso y operación de las tarjetas de crédito en México, como en todo caso lo es la sustracción -no le podemos llamar de otra forma- que bancos e instituciones de crédito en general realizan de recursos captados a través de depósitos bancarios provenientes de transferencias que electrónicamente los patrones hacen del salario de sus trabajadores, tendencia que con mayor rigor y en forma por demás drástica están siguiendo los bancos establecidos en México.

En efecto, el Banco de México, con fundamento en las facultades que le otorga la ley, ha emitido la Circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de Tarjetas de Crédito”, mediante la cual autoriza a las Instituciones de Banca Múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la Institución bancaria.

De esta forma, la vigente regulación de las tarjetas de crédito, en buena medida a través de normatividad expedida por el Banco de México, ha fomentado el cobro directo de los adeudos de los créditos de cuenta corriente originados por el uso de las tarjetas de crédito, en aquellas cuentas de ahorro destinadas para el pago de nómina; es decir, ha propiciado el cobro directo por parte de los bancos con los recursos depositados en cuentas de ahorro de nómina, representando esto último un grave riesgo para la economía familiar.

Así las cosas, con base en esta figura jurídica de tarjetas de crédito, que constituyen un título de valor impropio que funciona como instrumento de crédito garantía1, se han estado realizando prácticas fuera de los candados establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley Federal del Trabajo, constituyéndose así un peligro para la economía familiar, pero, además, para el propio estado de derecho en nuestro país.

En tal virtud, y en congruencia con las consideraciones hasta aquí expuestas, nos estamos permitiendo someter a la consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de proteger el salario de los trabajadores contra prácticas bancarias que pudieran afectar a dicho derecho fundamental.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en nuestro país existen 23 millones 37 mil 253 tarjetas de crédito, de las cuales, tan sólo durante la primera mitad del año, 3.5. millones de ellas han caído en mora.

Efectivamente, los adeudos que dejaron de pagarse en el segmento del llamado dinero plástico sumaron 30 mil 660 millones de pesos hasta julio pasado, según los reportes oficiales. De tal suerte que el saldo de los recursos declarados en moratoria se incrementó 3 mil 641 millones de pesos, 13.5% en forma anualizada, respecto del nivel alcanzado en julio de 2008, cuando los adeudos de tarjeta de crédito que no habían sido cubiertos llegaron a 27 mil 19 millones de pesos.

Así las cosas, es indudable la importancia que representa el hecho de que, a consecuencia de la crisis económica actual, millones de personas en nuestro país se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, lo cual no debe constituir, bajo ninguna circunstancia, un riesgo o peligro para su salario, ante un eventual cobro indebido e unilateral por parte de la institución bancaria en las cuentas de nómina de los trabajadores.

La protección constitucional del salario como derecho fundamental, lo encontramos tanto en el artículo 5 como en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, en sus fracciones VI y VIII,que disponen:

“Artículo. 5o.- (…)

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

(…)

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.”

“Artículo 123. (...)

A.- (...)

VI.- (...)

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

(...)

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento."

De igual forma, la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace del salario mínimo, considera a este haber como “una figura fundamental de justicia social, que responde al principio universal de salario remunerador y justo, con el propósito de asegurarle al trabajador una existencia conforme a la dignidad humana, mediante la satisfacción de las necesidades de orden primario tanto materiales como sociales, culturales y de educación de su familia”2.

En esa directriz, el concepto de salario lo podemos obtener de dos ordenamientos jurídicos; por un lado está el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, y, por el otro, tenemos al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde al artículo 1 del convenio 95 de la OIT suscrito por México, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Por lo que toca al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Por tanto, el salario como retribución de un trabajo prestado, y como instrumento protector de la dignidad humana para la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos y sus familias, ha sido protegido de cualquier acto jurídico que pueda afectar su finalidad, y solo puede ser privado por resolución judicial. En esa medida, para comprender los candados que se han establecido en protección del salario, tenemos que ver el contexto normativo; es decir, en la Ley Federal del Trabajo encontramos, en su artículo 98, que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios, disponiéndose también que cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.

Por su parte, el artículo 99 de la misma legislación laboral, previene que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, siendo también irrenunciable el derecho a percibir los salarios devengados.

Así también, se establece, en el artículo 100 del citado ordenamiento legal, que el salario se pagará directamente al trabajador; disponiendo el diverso artículo 101 que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.

El salario de los trabajadores tampoco será objeto de compensación alguna, según el arábigo 98 de la Ley, definiéndose que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo

Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador.

Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;

Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente; y

Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos.

Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo a que se refiere el artículo 103-bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario.

Así, bajo esta línea de argumentaciones, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el salario es inembargable, que no está sujeto a compensación o descuento alguno, y que tal regulación debe ser respetada por los Jueces de todos los Estados, a pesar de las disposiciones en contrario que hubiere. Criterio que se ve en la jurisprudencia cuyo rubro y texto rezan:

“SALARIO, INEMBARGABILIDAD DEL. La Ley Federal del Trabajo de 1931, de observancia general en toda la República y reglamentaria del artículo 123 constitucional, dispone en su artículo 95, (112 de la actual ley) que el salario es inembargable, y no está sujeto a compensación o descuento alguno, fuera de los casos establecidos en el artículo 91 (112 vigente). Dicha ley federal, por ser reglamentaria de un precepto constitucional, debe ser respetada por los Jueces de todos los Estados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las legislaciones locales.3

En tal virtud, bajo la consideración del salario desde la perspectiva de su naturaleza de remuneración suficiente y conforme su mecanismo de protección constitucional, debe hacerse extensiva esa protección en contra de prácticas bancarias que pudieran afectar el derecho de no embargo y de no privación del salario sin orden judicial, como en todo caso lo es, como ya se dijo, la sustracción que bancos e instituciones de crédito en general realizan de recursos captados a través de depósitos bancarios provenientes de transferencias que electrónicamente los patrones hacen del salario de sus trabajadores.

De ahí que para proteger precisamente el salario del trabajador de todo abuso de la banca y de las instituciones de crédito en general, nuestra propuesta se centra en adicionar un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer con toda claridad que en la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de la Ley, mediante la expedición de tarjetas de crédito, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en distinta cuenta de ahorro, pero solo cuando se refiera a cuentas de ahorro en las que empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales.

De lo que se trata, es frenar la práctica o mecanismo drástico cada vez más frecuente que la banca realiza para saldar las deudas de sus clientes, sobre todo a raíz de que se ha recrudecido la crisis económica en el país en este último año y los ingresos familiares son cada vez menores.

Nos queda claro que tenemos todos por igual, autoridades, instituciones privadas y sociedad, acrecentar la cultura financiera en los mexicanos y transparentar mucho más las operaciones crediticias, pues este tipo de prácticas precisamente han venido creciendo cada vez más por desconocimiento de los usuarios, por falta de información y por falta de transparencia, pero en nuestra consideración es mucho más importante salvaguardar la economía de los usuarios de la banca y de sus familias, protegiendo con la medida que respetuosamente ponemos a su consideración el salario de todo trabajador, sustento de los hogares mexicanos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

“Artículo 72 Ter.- En la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de esta Ley, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en aquella cuenta de ahorro en la que el empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales.”

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Jiménez Macías.- Sen. Ramiro Hernández García”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Desde luego, Senador Jiménez Macías, se insertará íntegro en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José Luis García Zalvidea, a nombre propio y de los Senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General y 56, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional.


1 Novena Época, Registro: 176441, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.523 C Página:2775 TARJETAS DE CRÉDITO. SON TÍTULOS VALOR IMPROPIOS QUE FUNCIONAN COMO INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Y DE GARANTÍA.

2 Amparo en Revisión 1301/2006. Arturo García Pérez y Otros. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

3 Séptima Época, Registro: 243069, Instancia: Cuarta Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen : 151-156 Quinta Parte Materia(s): Laboral Tesis:Página: 211






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 39 Y 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Presentada por el C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los CC. Senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

La Seguridad Nacional ha sido tema de discusión académica durante muchos años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, su definición se moldeó desde un principio de acuerdo a los intereses particulares de los Estados, así como a su relación con respecto al escenario internacional.

En el caso de México, la definición de Seguridad Nacional se vio determinada por el contexto global de la Guerra Fría y los intereses de la clase política. Así, el avance del comunismo fue visto como la principal amenaza a la seguridad de la nación, pero no a la luz de una posible intervención extranjera, sino del surgimiento de movimientos de izquierda al interior del país. Esta tesis, que podemos llamar “el enemigo interno”, se consolidó por la naturaleza misma de nuestro sistema político, que no permitía la libre canalización de las ideas contrarias al sistema. Así, bajo el precepto de proteger la Seguridad Nacional, México experimentó la conformación de un sistema de instituciones y prácticas que velaron más por el mantenimiento del establecimiento político, que por la integridad de la nación.

En la década de los 80’s, el mundo experimentó una serie de cambios que modificaron el panorama internacional de manera importante. El sistema bipolar comenzaba a mostrar indicios de decadencia, y la Guerra Fría se aproximaba a su fin. De esta forma, al desmoronarse poco a poco el antagonismo occidente-oriente, el debate sobre la naturaleza de la Seguridad Nacional y sus amenazas tomó nuevos rumbos, inclusive este tema de la Seguridad Nacional dio origen a una pseudociencia llamada “La geopolítica”.

En este sentido, a mediados de los 80’s diferentes pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional, incluso desde la Unión Soviética, urgían a Estados Unidos y al resto del mundo a replantear el concepto mismo de Seguridad Nacional.

De esta forma, y con la inauguración del llamado Nuevo Orden Mundial, las preocupaciones por el medio ambiente y la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional obligaron a buscar otras definiciones de este concepto de la Seguridad Nacional. Así el concepto tuvo que ser enriquecido con enfoques derivado de los problemas ecológicos, el agotamiento de los recursos no renovables, la migración internacional ilegal o la acción nociva al narcotráfico.

La actual Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El artículo 56 de la citada ley establece que: “Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de una comisión bicameral integrada por 3 Senadores y 3 Diputados”.

Esto tiene el inconveniente, en todo caso, de que sólo podrán enviarse a la Comisión Bicameral, la información que no sea de carácter reservado, y que no afecte la Seguridad Nacional, el desempeño del CISEN o la privacidad de los particulares. Es decir, la información a la que tienen acceso los legisladores y la Bicameral será la misma a la que pueda accesar cualquier ciudadano si se toma en consideración lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A nuestro juicio el modelo de control legislativo es bastante reducido.

Reconocemos que existe una evidente contradicción en la necesidad de servicios de inteligencia, requieren de ciertas medidas de opacidad para ser efectivos. Igualmente, por su naturaleza del Poder Legislativo este requiere un manto amplio de transparencia, considerando que los asuntos que para su conocimiento en el ámbito de defensa y seguridad nacional deban publicitarse. Sin embargo, la defensa y la Seguridad Nacional, como cualquier política pública debe ser revisada, evaluada y controlada por el Poder Legislativo al amparo del principio constitucional de pesos y contrapesos.

En este sentido, los miembros del Congreso deben tener capacidad para acceder a información reservada, relacionada con la defensa y la seguridad nacional, para realizar sus funciones de control y escrutinio.

De este modo, el Congreso podrá garantizar que los servicios de inteligencia sean acordes a los fines del Estado mexicano, y no del gobierno en turno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el proyecto de Decreto que en la parte medular dice lo siguiente:

TITULO CUARTO

DEL CONTROL LEGISLATIVO

CAPITULO UNICO

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Para el cumplimiento de sus funciones de control y evaluación, los legisladores federales de dichas comisiones tendrán acceso a información reservada relacionada con la defensa y la seguridad nacional.

Después de detallar las obligaciones que son inherentes al trabajo de ambas comisiones, termina la reforma con el siguiente apartado.

Artículo 58.- En los meses que inicia en los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del Consejo deberá de rendir a las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

Las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán citar al Secretario Técnico para que explique el contenido del informe.

TRANSITORIO

UNICO.- Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López, José Guadarrama Márquez, Tomás Torres Mercado y Francisco Javier Castellón Fonseca integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA FRACCION VII, NUMERAL 2, DEL ARTICULO 39, ASI COMO LA FRACCION VII DEL ARTICULO 90, DE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMA Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primera.- La Seguridad Nacional ha sido tema de discusión académica durante muchos años, sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, su definición se moldeó desde un principio de acuerdo a los intereses particulares de los Estados, así como a su relación con respecto al escenario internacional.

En el caso de México, la definición de Seguridad Nacional se vio determinada por el contexto global de la Guerra Fría y los intereses de la clase política. Así, el avance del comunismo fue visto como la principal amenaza a la seguridad de la nación, pero no a la luz de una posible intervención extranjera, sino del surgimiento de movimientos de izquierda al interior del país. Esta tesis, que podemos llamar “el enemigo interno”, se consolidó por la naturaleza misma de nuestro sistema político, que no permitía la libre canalización de las ideas contrarias al sistema. Así, bajo el precepto de proteger la Seguridad Nacional, México experimentó la conformación de un sistema de instituciones y prácticas que velaron más por el mantenimiento del statu-quo político, que por la integridad de la nación.

De esta forma, se explica la necesidad de encontrar una definición adecuada, de manera que ello marque la pauta para las acciones del Estado en materia de Seguridad Nacional. No se trata únicamente de debatir el término desde la esfera académica, con el simple objetivo de llegar al ansiado consenso, sino de lograr que éste pueda permear en las estructuras de poder para que todo organismo encargado de velar por la seguridad de la nación, entienda perfectamente bien la esfera de su competencia y el límite de sus actos.

Segunda.- En la década de 1980, el mundo experimentó una serie de cambios que modificaron el panorama internacional de manera importante. El sistema bipolar comenzaba a mostrar indicios de decadencia, y la Guerra Fría se aproximaba a su fin. De esta forma, al desmoronarse poco a poco el antagonismo occidente-oriente, el debate sobre la naturaleza de la Seguridad Nacional y sus amenazas tomó nuevos rumbos.

En este sentido, a mediados de los ochentas diferentes pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional, incluso desde la Unión Soviética, urgían a Estados Unidos y al resto del mundo a replantear el concepto de Seguridad Nacional.

De esta forma, y con la inauguración del llamado Nuevo Orden Mundial, las preocupaciones por el medio ambiente y la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional obligaron a buscar otras definiciones de Seguridad Nacional. Así el concepto tuvo que ser enriquecido con enfoques derivado de los problemas ecológicos, el agotamiento de los recursos no renovables, la migración internacional ilegal o la acción nociva el narcotráfico.

Tercera.- La actual Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El artículo 56 de la citada ley establece que: “Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de una comisión bicameral integrada por 3 senadores y 3 diputados”.

La realidad es que la información que reciba la Comisión Bicameral será que la que tenga a bien, y de conformidad a lo que establece la ley, proporcionarle el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) según determina el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional.

En todo caso, sólo podrán enviarse a la Comisión Bicameral, la información que no sea de carácter reservado y que no afecte la seguridad nacional, el desempeño del CISEN o la privacidad de los particulares. Es decir, la información a la que tienen acceso los legisladores de la Bicameral será la misma a la que puede accesar cualquier ciudadano si se toma en consideración lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A nuestro juicio el modelo de control legislativo que contiene la Ley de Seguridad Nacional es bastante cenceño.

Recordemos que en los Estados Unidos con la National Security Act de 1947, y con los numerosos decretos y reformas legales, el Congreso de los Estados Unidos es un verdadero contrapeso a la influencia presidencial en la materia. Para ello existe el Comité Especial de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, así como el Comité Permanente de la Cámara de Representantes, ambos con poderes amplios para ejercer un escrupuloso escrutinio de las políticas públicas de organismos y dependencias que desarrollan labores de inteligencia.

Ahora bien, reconocemos que existe una evidente contradicción en la necesidad de servicios de inteligencia requieren de ciertas medidas de opacidad para ser efectivos. Igualmente, por su naturaleza del Poder Legislativo requiere un manto amplio de trasparencia, considerando que los asuntos que para su conocimiento en el ámbito de defensa y seguridad nacional deban publicitarse. Sin embargo, la defensa y la seguridad nacional, como cualquier política pública debe ser revisada, evaluada y controlada por el Poder Legislativo al amparo del principio constitucional de pesos y contrapesos.

En este sentido, los miembros del Congreso deben tener capacidad para acceder a información reservada, relacionada con la defensa y la seguridad nacional, para realizar sus funciones de control y escrutinio.

De este modo, el Congreso podrá garantizar que los servicios de inteligencia sean acordes a los fines del Estado mexicano, y no del gobierno en turno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma y adiciona la fracción VII, numeral 2, del artículo 39, así como lafracción VII del artículo 90, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 39.

1…

2…

I a VI..

VII. Defensa y Seguridad Nacional;

VIII a XL.

3…

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I a VI…

VII. Defensa y Seguridad Nacional;

VIII a XXX.

Artículo Segundo.- Se reforma y adicionan los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

TITULO CUARTO

DEL CONTROL LEGISLATIVO

CAPITULO UNICO

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión. Para el cumplimiento de sus funciones de control y evaluación y control, los legisladores federales de dichas comisiones tendrán acceso a información reservada relacionada con la defensa y la seguridad nacional.

Artículo 57.- Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar informes concretos al Centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades;

II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto;

III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta Ley;

IV. Conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo;

V. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del Centro;

VI. Conocer de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Centro y las Acciones que realicen en cumplimiento de esos Acuerdos;

VII. Requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución;

VIII. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y

IX. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Artículo 58.- En los meses en que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del Consejo deberá rendir a las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

Las comisiones de Defensa y Seguridad Nacional de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán citar al Secretario Técnico para que explique el contenido del informe.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Rubén Velázquez López.- Sen. José Guadarrama Márquez.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador García Zalvidea. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Informo a la Asamblea que se recibió de los Senadores Carlos Lozano de la Torre y Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por los CC. Senadores Carlos Lozano de la Torre y Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Asistencia social, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, desde el 1º de diciembre del año 2000, fecha en que entró en vigor la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se ha ido incrementando de manera exponencial la tendencia a promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, de forma que, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal, se garantice el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

En tal virtud, el Estado debe velar por ser garante de los derechos y obligaciones de los individuos, de forma que prevea en la legislación la demanda de todos y cada uno de los sectores sociales, a fin de que éstos puedan convivir con armonía y respeto. Así, para tal efecto, en el caso de las mujeres la búsqueda de la igualdad jurídica y social se ha hecho manifiesta en la lucha de sus organizaciones, logrando finalmente la sensibilización de instituciones nacionales y de organismos internacionales. De ahí que se torne incuestionable la obligación moral y la responsabilidad política que tenemos por legislar en pro de todos y cada uno de sus derechos.

Así las cosas, el día de hoy acudo a esta Soberanía a fin de someter a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se pretende establecer dentro de la Ley de Asistencia Social una ampliación a las previsiones de preferencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las mujeres, toda vez que actualmente no se prevé dicho beneficio para aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica o abuso sexual. De esta forma, mediante esta eventual reforma a la Ley de Asistencia Social, se permitirá incluir a este perfil de mujeres en el diseño y ejecución de aquellas políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de este grupo vulnerable de nuestra sociedad.

Ciertamente, cuando entró en vigor la Ley de Asistencia Social, el 2 de septiembre de 2004, se previó la necesidad de crear un ordenamiento legal que respondiera a las diversas y complejas exigencias de nuestra sociedad, razón por la cual se partía de la necesidad de una política asistencial moderna a la altura de las necesidades de atención de los grupos más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad en general.

Sin embargo, al recoger las experiencias, conocimientos, reflexiones y propuestas de instituciones públicas y privadas que desempeñan una importante labor en el campo asistencial, de investigadores que trabajan este tema, así como de aquellas personas que son sujetos de ella, nuestra propuestade reforma a la Ley de Asistencia Social enfatiza en la necesidad de adecuar dicho ordenamiento legal en aras de adaptar su valor axiológico a las demandas actuales de nuestra cambiante sociedad.

La vulnerabilidad del sector femenino de nuestra sociedad es comprobable en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) quien, basándose en diferentes estudios, sostiene que el 67% de las mujeres encuestadas en el año 2006 declararon haber padecido algún incidente de violencia; entre los cuales el más frecuente fue el ejercido por el actual o último esposo o compañero sentimental, mientras que el 39.7% de ellas dijo haber sufrido algún tipo de violencia en los espacios comunitarios, laborales, familiares o escolares. Pudiéndose añadir, además, que de las mujeres trabajadoras un 19.9% fue víctima de algún tipo de violencia o discriminación, en contraposición con el 15.9% que fue agredida por algún maestro, autoridad o compañero.

Es necesario adecuar nuestro ordenamiento legal al último estadio conocido de la acción pública de la sociedad democráticamente avanzada a favor de la igualdad de la mujer: la promoción de la igualdad real o efectiva de mujeres y hombres, en la medida en que, tal y como lo afirma la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2007 “Para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres” de España, <<el pleno reconocimiento de la igual formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente>>.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los incisos a, b y c y se adiciona un inciso d, todos del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.- (…)

(…)

I. (…)

a) - l) (…)

(…)

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres solteras;

b) En situación de maltrato, abandono o violencia doméstica;

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual, y

d)Víctimas de abuso sexual.

III -XII (…)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

En el apartado de puntos de Acuerdo, informo a la Asamblea que por acuerdo precisamente de los grupos parlamentarios se dará entrada a dos que solicitan urgente y obvia resolución por razones de la emergencia climatológica en los estados de Veracruz y Tabasco, uno de ellos, y otro de los países de Centroamérica, por lo tanto, se concede la palabra al Senador Arturo Herviz Reyes, a nombre propio y de los Senadores Rosalinda López Hernández, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón, Rubén Fernando Velázquez y Tomás Torres Mercado, así como del suscrito del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo con relación a las inundaciones en los estados de Tabasco y Veracruz.






PROPUESTAS

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: Con su permiso, señor Presidente.

Los suscritos, Senadores Rosalinda López Hernández, Arturo Núñez Jiménez, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, y el de la voz, Arturo Herviz Reyes; así como los Senadores Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional y Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional.

En ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 de la Ley Orgánica; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo con relación a las inundaciones en los estados de Tabasco y Veracruz, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los reportes de los estados de Tabasco y Veracruz señalan que continúa creciendo el número de damnificados a causa de las inundaciones que azotan esa región ribereña del Golfo de México.

Y es que además de los efectos de la crisis económica, los tabasqueños y veracruzanos padecen hoy los efectos catastróficos de las lluvias.

A causa de las intensas lluvias, se calcula que más de 40 mil millones de pesos se han perdido por las constantes inundaciones que han lastimado a la mayor parte de Tabasco.

Recordemos que de octubre de 2007 a noviembre de 2009 se han presentado tres inundaciones severas que han cubierto casi en su totalidad a la localidad.

Por ejemplo, en el 2007, el desbordamiento de los diversos ríos que cruzan a Tabasco dejaron un millón 200 mil damnificados en Villahermosa y en municipios colindantes. En 2008 fueron más de 250 mil personas en las zona de los ríos, y en el presente año el número de afectados sumó más de 200 mil en La Chontalpa.

Así, en tres años han sumado 1 millón 650 mil de personas que se han quedado sin hogar.

Ahora, además de tres personas ahogadas, en Tabasco se registraron grandes pérdidas materiales en la agricultura, como son: 2,000 hectáreas de arroz que estaban a punto de ser cosechadas.

Asimismo, unas 33 mil cabezas de ganado se quedaron sin pastizales, al mantenerse los potreros bajo el agua por crecidas de los ríos.

Hasta hoy, hay al menos unas 33 mil personas en albergues donde prevalecen niños, mujeres y personas de la tercera edad.

Tenemos que resaltar que las inundaciones también han paralizado la generación de empleo y alterado la calidad de vida en Tabasco, que año con año temen la llegada de la época de lluvias.

Por otro lado, la inundación que ha cubierto a Tabasco en días pasados ha causado que PEMEX no pueda operar, debido al desbordamiento de los ríos en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por lo que se ha dejado de producir diariamente más de 10 mil barriles de crudo.

Mientras tanto, en Veracruz, con frontera sur con Tabasco, suman 18 mil las personas afectadas por las lluvias en 84 comunidades de 10 municipios de aquella zona meridional del estado.

Las mayores inundaciones de esa región veracruzana ocurrieron por desbordamiento de los ríos Uxpanapa, en localidades de la zona de Minatitlán y el Aguadulcita, en áreas de Aguadulce y Tancochapa.

Por ello, es necesario prestar ayuda económica al estado para su pronta recuperación y auxilio a los damnificados a la brevedad posible.

Aquí aprovecho a hacer un exhorto a todas las Senadoras y Senadores para que solidariamente aporten un donativo de un día de dieta a fin de integrar un fondo institucional que será integrado directamente a los albergues en que se encuentran los damnificados a través de la subcomisión de desastres naturales del Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

PRIMERO.- El Senado de la República hace este respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que de manera pronta y expedita se entreguen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), y se apliquen recursos extraordinarios a los municipios de los estados de Tabasco y Veracruz, afectados por las lluvias e inundaciones.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Secretario de Salud, doctor José Angel Córdoba Villalobos, para que en coordinación con los gobiernos estatales de Tabasco y Veracruz redoblen los esfuerzos y recursos para combatir el dengue, la gripa A, y otras enfermedades ocasionadas por el desastre natural.

Suscribimos este punto de Acuerdo, por los Senadores del PRD, Rosalinda López Hernández, Arturo Núñez Jiménez, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, y un servidor, Arturo Herviz; por el PAN, el Senador Juan Bueno Torio; y por el PRI, el Senador Francisco Herrera León.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO Y VERACRUZ

“Los sucritos, Senadores, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Arturo Herviz Reyes, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, y Tomás Torres Mercado integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, con carácter de obvia resolución, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO Y VERACRUZ, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los reportes de los estados de Tabasco y Veracruz señalan que continúa creciendo el número de damnificados, a causa de las inundaciones que azotan esa región ribereña del Golfo de México.

Y es que demás de los efectos de la crisis económica, lo tabasqueños y veracruzanos padecen hoy, los efectos catastróficos de las lluvias.

A causa de las intensas lluvias, se calcula que más de 40 mil millones de pesos se han perdido por las constantes inundaciones que han lastimado a la mayor parte Tabasco.

Recordemos que de octubre de 2007 a noviembre de 2009, se han presentado tres inundaciones severas que han cubierto casi en su totalidad a la localidad.

Por ejemplo, en el 2007, el desbordamiento de los diversos ríos que cruzan a Tabasco dejaron un millón 200 mil damnificados en Villahermosa y en municipios colindantes. En 2008 fueron más de 250 mil personas en la zona de Los Ríos, y en el presente año el número de afectados sumó más de 200 mil en La Chontalpa.

Así, en tres años han sumado un millón 650,000 de personas que se han quedado sin hogar.

Ahora, además de tres personas ahogadas, en Tabasco se registraron grandes perdidas materiales en la agricultura, como son dos mil hectáreas de arroz que estaban a punto de se cosechadas.

Asimismo, unas 33 mil cabezas de ganado se quedaron sin pastizales, al mantenerse los potreros bajo el agua por crecida de ríos.

Hasta hoy, hay al menos unas 33 mil personas en albergues donde prevalecen niños, mujeres y personas de la tercera edad.

Haya que resaltar que las inundaciones también han paralizado la generación de empleos y alterado la calidad de vida en Tabasco, que año con año temen la llegada de la época de lluvias.

Por otro lado, la inundación que ha cubierto a Tabasco en días pasados, ha causado que PEMEX no pueda operar, debido al desbordamiento de los ríos en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por lo que se ha dejado de producirdiariamente más de 10,000 barriles de crudo.

Mientras tanto, en Veracruz, con frontera sur con Tabasco, suman 18 mil las personas afectados por las lluvias en 84 comunidades de 10 municipios de aquella zona meridional del estado.

Las mayores inundaciones de esa región veracruzana ocurrieron por desbordamientos de los ríos Uxpanapa, en localidades de la zona Minatitlán y el Aguadulcita, en áreas de Agua Dulce y Tancochapa.

Por ello, es necesario prestar ayuda económica al estado para su pronta recuperación y auxilio a los damnificados a la brevedad posible.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República hace respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para que manera pronta y expedita se entreguen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y se apliquen recursos extraordinarios a los municipios de los estados de Tabasco y Veracruz, afectados por lluvias e inundaciones.

Segundo.- El Senado de la Repúblicasolicita al Secretario de Salud,Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, para que en coordinación con los gobiernos estatales de Tabasco y Veracruz, redoble los esfuerzos y recursos para combatir el dengue,la gripe “A" y otras enfermedades ocasionadas por el desastre natural.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. José Luis García Zalvidea.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Arturo Herviz Reyes.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. Tomás Torres Mercado”.

-El C. Presidente Núñez Jiménez: Muchas gracias, Senador Herviz Reyes. Como ha sido solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, seño Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Senador Juan Bueno Torio, por el grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: Muchas gracias, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos a favor de apoyar la urgente y obvia resolución de este punto de Acuerdo, porque recoge la inquietud de buena parte de los Senadores y además la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos de las zonas afectadas, tanto en el sur del estado de Veracruz, como en el estado de Tabasco, y además queremos también reconocer la decidida participación en los últimos días de la Presidenta Nacional del DIF, la señora Margarita Zavala; del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, así como del resto de los funcionarios públicos que se han vinculado a esta tragedia por ya más de 10 días.

Lo anterior, como todos ustedes saben, y lo hemos visto en los medios, compañeras y compañeros, se deriva del desbordamiento de todos los ríos del sur.

En este sentido, el año pasado presenté un punto de Acuerdo a esta Soberanía, para que de inmediato se inicien los estudios hidrológicos, con el propósito de que se defina la problemática en las cuencas del río Grijalva, del río Coatzacoalcos, de todos los ríos que están en el estado de Veracruz, ocasionalmente ahora estos que están afectando estas comunidades.

Desafortunadamente no se ha dictaminado este punto de Acuerdo, señor Presidente, y le pido que de ser posible, la Mesa Directiva envíe una excitativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que pronto se dictamine esta iniciativa y nos pongamos a trabajar todos conjuntamente con PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, con la misma Comisión Nacional del Agua, para darle suficiencia presupuestal conjuntamente con los Diputados, para crear los programas de desazolve de los propios ríos, para crear los programas de contención o las obras de infraestructura de contención de las aguas que llegan de las montañas y los bordos que tengan que construirse en los márgenes de los ríos para proteger desde luego las comunidades.

Hoy estamos padeciendo en el sur del estado de Veracruz esta inundación, particularmente en Aguadulce, en Las Choapas, en Nanchital, y en el norte, en algunas otras comunidades del municipio de Pánuco, de Cazones, cerca de Poza Rica, Coatzintla, todas estas zonas que tradicionalmente se inundan año con año, nuevamente enfrentamos esta desgracia.

Por eso, señor Presidente, el grupo parlamentario del PAN apoya este punto de Acuerdo decididamente, pero le ruega encarecidamente, le solicite a la Comisión de Recursos Hidráulicos que dictamine el punto de Acuerdo, para que aprovechemos la presencia del director de la Comisión Nacional del Agua, que comparecerá el próximo martes en esta Soberanía y discutamos este tipo de asuntos que tienen un efecto grave, muy grave en las familias.

En el estado de Veracruz, tenemos más de 10 mil familias damnificadas, tenemos gente que ha perdido nuevamente el poco patrimonio que tiene, independientemente del daño físico que sufren constantemente con esas inundaciones.

Muchas gracias, por su atención, compañeros.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Bueno Torio. Vamos a concluir el procedimiento, y en el apartado de excitativas atenderemos su solicitud.

Tiene la palabra el Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el punto de Acuerdo.

- El C. Senador Francisco Herrera León: Gracias, señor Presidente.

Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del PRI, por supuesto, porque vamos a respaldar el punto de Acuerdo que aquí hemos signado varios Senadores, particularmente de la región sureste del país.

Como es sabido de todos, el frente frío número 8 y 9 ha ocasionado una serie de daños importantes a la región de la Chontalpa en Tabasco y a la parte sur del vecino estado de Veracruz. No tan sólo nos hemos visto afectados por el desbordamiento de los ríos que en buen número circundan esta región de México, sino que ha venido alterando la vida económica y social de nuestros estados. Particularmente en esta zona en el 2007, en el 2008 y en el 2009, ahora, estamos padeciendo de nueva cuenta, de estos acontecimientos en los que nadie quisiera verse inmiscuido, acontecimientos de los que nadie quiere que sean recurrentes en ninguna región del país, ni del mundo.

Hoy la economía de esta región se siente afectada, se han devastado importantes áreas de cultivo, fundamentalmente de cítricos, de arroz y de caña, y se ha afectado sensiblemente el hato ganadero de la región, pero de igual manera la microeconomía, la pequeña y mediana empresa está viendo seriamente afectados sus ingresos, ya no digamos la economía familiar que hoy sólo con el respaldo de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del respaldo de la Federación y el auxilio del Ejército Mexicano y de la Marina están haciendo posible que la población poco a poco vaya superando esa emergencia.

Por eso es importante que respaldemos este punto de Acuerdo, y que con la urgencia que el caso requiere, no tan sólo revisemos que trabaje la Secretaría de Salud y estar muy alerta con la epidemia de la influenza, sino que se liberen con la mayor prontitud los recursos del FONDEN.

Y aquí bien vale la pena hacer otra reflexión que tiene que ver con las reglas de operación de programas como el FONDEN, que para este tipo de casos agarran a las finanzas públicas estatales en franca desventaja en tanto están cerrando el ejercicio fiscal y el FONDEN para aplicar se requiere de paripasos que difícilmente una entidad, en este tiempo, a estas alturas del ejercicio fiscal puede aportar.

Por eso es importante hacer de nueva cuenta un llamado a la Federación para que flexibilice las reglas de operación para poder acceder a estos recursos del FONDEN y a los recursos del… que tiene ver con el sector agropecuario, que hoy ha sido severamente dañado, como ya expliqué.

Pero también vale la pena hacer una reflexión en torno a que no podemos permitir que estos acontecimientos se vuelvan una normalidad para la población del sur-sureste del país, particularmente para Veracruz y para Tabasco.

Porque si bien es cierto, nuestra región se debió haber visto beneficiada por la presencia importante de hidrocarburos, de gas y de petróleo, no necesariamente se ha visto reflejado esto en el desarrollo de nuestras comunidades y en el nivel de vida de nuestra población.

Vaya, ni siquiera podemos contribuir como entidades en función del Producto Interno Bruto, porque lo manifiestan aquí en el Distrito Federal.

Y entonces los apoyos que toman en cuenta esta variable, no llegan a las entidades del sur-sureste del país donde se extrae la mayor parte de petróleo y de gas, por cierto, el petróleo más ligero, el más fino, el que sirve para hacer la mezcla mexicana y darle valor.

Pero ahora a nosotros nos parece que tenemos una gran oportunidad con el asunto del agua, con este recurso, que a diferencia del petróleo, éste es un recurso renovable.

Y si en Tabasco cursa el 33 por ciento del agua dulce del país, y en el sur-sureste más del 50 por ciento, creemos nosotros que a partir de aquí del Senado, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la agenda del Acuerdo Nacional por el Agua que firmamos hace varios meses aquí en el Patio Central del Senado, debemos de impulsar una política pública nacional en función del agua, pero de a de verás, que tenga una variable regional para que entonces hagamos del agua, no el tema del problema, no el tema de la adversidad, no el tema de la tragedia y de la inundación, sino el tema de la oportunidad, el tema de la virtud y poder encausar este gran recurso a favor del desarrollo de nuestra región y a favor de elevar el nivel de vida de la población que se encuentra asentada en esta parte del país.

Es una agenda pendiente que tenemos, y que creemos nosotros, y convocamos a que el Senado trabaje a fondo, y que la Federación ponga también su anuencia a efecto de poder redimensionar esta plataforma que hoy tenemos a partir del agua, y convertirla, no tan solo en el reto, sino en la gran oportunidad para el sur-sureste del país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Herrera León. Al no haber ningún otro orador, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo propuesto por los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gustavo Madero Muñoz, el de la voz, Francisco Agundis Arias, Ricardo Monreal Avila, Irma Martínez Manríquez y Luis Maldonado Venegas, relativo a los acontecimientos climatológicos que ha afectado severamente a El Salvador, Nicaragua y Honduras.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo)

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS ACONTECIMIENTOS CLIMATOLOGICOS QUE HAN AFECTADO SEVERAMENTE A EL SALVADOR, NICARAGUA Y HONDURAS

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador Jose Luis Maximo Garcia Zalvidea, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos días, las lluvias generadas por el paso del Huracán Ida por Centroamérica han derivado en una verdadera tragedia regional. Cientos de vidas, decenas de desaparecidos, miles de damnificados e incuantificables daños materiales, son sólo algunos de los saldos más lamentables que ha tenido este nuevo fenómeno meteorológico en una nación hermana como El Salvador.

Según informes del Sistema de Protección Civil de El Salvador, las torrenciales lluvias han dejado 144 muertos y más de trece mil personas damnificadas distribuidas en 119 albergues acondicionados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Cabañas y Usulután.

37 municipios salvadoreños quedaron aislados e incomunicados por los derrumbes. Los equipos de rescate aún remueven toneladas de escombros en busca de personas enterradas. Según las evaluaciones preliminares, 14 puentes colapsaron y otros diez presentan algún grado de afectación; asimismo, otras 167 obras viales, tales como túneles, pasos a desnivel e importantes tramos de carretera presentan severos daños.

De igual forma, más de dos mil viviendas quedaron dañadas y cientos de ellas fueron totalmente destruidas. Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, la reparación o reconstrucción de la infraestructura costará más de 80 millones de dólares.

Como es normal en este tipo de desgracias, las autoridades del Ministerio de Salud han comenzado a adoptar medidas para garantizar la salud pública y prevenir eventuales brotes epidemiológicos en los albergues improvisados en escuelas, casas comunales e iglesias.

En este desafortunado contexto, estimo oportuno que esta soberanía externe su más sincero pesar y haga patente su solidaridad con elpueblo y el gobierno de El Salvador.

El gobierno mexicano, en el marco del Grupo de Río, ha hecho ya un pronunciamiento expresando sus condolencias a las decenas de familias que han sufrido la pérdida de seres queridos en las comunidades afectadas; anunciando al mismo tiempo su disposición para coadyuvar en los esfuerzos del Gobierno del Presidente Mauricio Funes para hacer frente a los devastadores efectos de la naturaleza.

Por lo tanto, el que esta soberanía emita un pronunciamiento solidario hacia una nación hermana en una situación de desgracia como la que hoy atraviesa El Salvador, sin duda representaría una muestra invaluable e inconfundible de nuestro respeto y aprecio por nuestros hermanos centroamericanos.

No debemos olvidar que es en la adversidad en donde los hombres y los pueblos conocen realmente a sus amigos. Ojalá que esta tragedia nos invite nuevamente a reflexionar sobre la importancia de redefinir nuestra interacción con el medio ambiente y nos impulse a avanzar en la construcción y consolidación de esquemas regionales de prevención y atención de desastres naturales.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República externa sus condolencias y su más profunda solidaridad al Pueblo y al Gobierno de El Salvador ante las sensibles pérdidas y los cuantiosos daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en los últimos días a consecuencia del Huracán Ida.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

Eso es todo.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Solicito a la Secretaría, con fundamento en la solicitud presentada por los promotores, y de acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior, en votación económica, la Asamblea se pronuncie si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores que hagan uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Por supuesto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Ahora en relación con puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a la Cámara de Diputados y a distintas comisiones del Senado, solicito a la Secretaría dé cuenta de las mismas.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Asamblea que las siguientes proposiciones se turnarán a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario de PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el Estado de México.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPTUADOS PARA QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010, SE OTORGUEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTADO DE MEXICO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Adriana Gonzalez Carrillo, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2010, SE OTORGUEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTADO DE MEXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las obras públicas, generan desarrollo y reportan importantes beneficios a la comunidad donde se construyen. Las exigencias ciudadanas nos compelen para que en coordinación con los diversos niveles y esferas de gobierno trabajemos en conjunto en la planeación, programación y eventual ejecución de aquellas obras y proyectos de infraestructura que impliquen un importante impulso al desarrollo integral del Estado.

En el caso del estado de México, obras públicas de trascendental magnitud son indispensables conforme han dejado de manifiesto los más recientes fenómenos meteorológicos, donde en dos ocasiones, un considerable número de familias mexiquenses han perdido su patrimonio por las intensas lluvias e inundaciones.

Nuevos emisores pluviales, que permitan desahogar la considerable cantidad de lluvia con las que arremeten las trombas que han azotado al estado de México, representa hoy una necesidad imperiosa y urgente.

Las recientes catástrofes padecidas por los mexiquenses, hablan de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.

Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de nuevos túneles emisores para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial.

Con ello, además, se salvaguarda la integridad física de los ciudadanos del estado de México y se evita que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.

La construcción y/o mantenimiento de los túneles emisores poniente y oriente, permitirán que las aguas pluviales que se acumulen en el área metropolitana se les de el debido aprovechamiento a la par de que evitarán futuros desastres.

Por otro lado, la necesidad de contar con servicios públicos de salud, nos lleva inexorablemente a requerir de la edificación de hospitales en el municipio de Chimalhuacán. Ello, a fin de que los mexiquenses que ahí residen cuenten con acceso a la salud pública de calidad.

Asimismo, en virtud de que el transporte público en el estado de México cada vez requiere de más destinos y de mejores unidades donde se puedan transportar a sus lugares de trabajo y hogares miles de mexiquenses día a día, se requieren de mayores recursos para crear nuevas rutas, como en lo que se refiere al tren suburbano.

Para la ruta 1 que atiende a los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, del Distrito Federal y que tiene como tramo actualmente habilitado el que va de Lechería a Buenavista, consideramos de suma importancia que llegue también la línea en cuestión hasta el municipio de Huehuetoca.

En el mismo tenor, proponemos que la ruta 2 que actualmente está en construcción y que se espera que esté en funcionamiento para el año 2010, beneficiándose así a los habitantes de los municipios de Chalco, Ixtapaluca y La Paz, creemos que también debe de adicionársele a tal ruta como destino el municipio de Amecameca.

En lo que toca a la ruta 3 que estará funcionando, según proyecciones, a partir del año 2011 y beneficiará a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, y en el Distrito Federal a Aragón y la Delegación Gustavo A. Madero, estimamos también relevante que se proyecte al municipio de Tecamac dentro de los destinos de dicha ruta.

Ahora bien, adicionalmente a la proyección y eventual creación de nuevos destinos en las tres rutas que arriba se proponen, discurrimos de vital importancia crear una nueva ruta que vaya del municipio de Naucalpan y Toluca, viéndose así beneficiados miles de usuarios mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el estado de México, tales como la construcción y mantenimiento de nuevos emisores pluviales; la edificación de hospitales y servicios de salud pública en el municipio de Chimalhuacán; para la proyección y eventual creación de nuevas rutas para el tren suburbano, a saber, para la ruta 1 el municipio de Huehuetoca, para la ruta 2 el municipio de Amecameca, para la ruta 3 el municipio de Tecamac; ycomo nueva línea se contemple la creación de la ruta Naucalpan – Toluca.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de Noviembre de 2009.

Sen Adriana González Carrillo”.

De los Senadores Alfonso Sánchez Anaya, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se evite la reducción del recurso asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010 SE EVITE LA REDUCCION DEL RECURSO ASIGNADO A LA UNAM

“Los suscritos, SenadoresAlfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, Máximo García Zalvidea y Senadora Rosalinda López Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los próximos días, a más tardar el 15 de noviembre, la colegisladora tendrá que aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que constituye el acto de la política fiscal de gasto más importante del Estado Mexicano. Este acto legislativo, cuya potestad exclusiva le compete a la Cámara de Diputados, se encuentra enmarcado en un contexto en el que la crisis económico-financiera nacional no ha sido superada y en el que las divergencias, tanto de los representantes populares como de la sociedad, respecto al denominado paquete fiscal para el año 2010, si bien han intentado superarse mediante un ejercicio democrático, lo cierto es que se mantienen latentes.

Estamos en presencia de un acto legislativo, que necesita de toda la responsabilidad social que conlleva ser representante popular en nuestra democracia, pues por un lado, tenemos que ser consecuentes con las medidas de racionalidad de los recursos públicos, pero por otro lado, tenemos que seguir impulsando áreas prioritarias como la educación, tal y como la ha venido sugiriendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Sin embargo, hemos podido observar que el Ejecutivo Federal, parece no tener la misma visión, pues apenas en el pasado mes de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el recorte presupuestal de ochocientos millones de pesos en lo que resta del año a las Universidades, que representa aproximadamente el 1% del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2009.

Por el contrario, el Ejecutivo Federal ha enfocado su atención presupuestaria en el tema de seguridad, que si bien es loable atender por las circunstancias y magnitudes alcanzadas por la delincuencia organizada en nuestro país, también es cierto que su perspectiva de seguridad, se encuentra encuadrada en una visión bastante estrecha y reduccionista. El tema de seguridad no debe ser abordado solamente desde la óptica del combate a la delincuencia organizada, sino que debe atenderse desde una visión más amplia que eleve los estándares de vida, tal y como lo ha venido sugiriendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordando áreas de interés para la humanidad, como lo es, en particular, la SEGURIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Por otra parte, no resulta congruente que el ejecutivo federal anuncie medidas de recorte presupuestario y austeridad para el ejercicio fiscal 2010, cuando en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, tal y como lo muestra un estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinarios (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las prestaciones a los altos funcionarios federales se elevan de $694,548 (seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos) promedio, a $715,755 (setecientos quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos).

El impulso a la educación superior debe ser una de las improntas que caractericen el próximo gasto público que será aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en particular, con la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resulta incuestionable la calidad y el nivel educativo que se imparte en las aulas, laboratorios, talleres y auditorios de la UNAM, lo que se confirma con el lugar que ocupa, de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades, que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que para el año 2009 la sitúa en el lugar 44 a nivel mundial y en 2° lugar de Latinoamérica. Siendo de especial relevancia destacar, que todavía para el año 2007, se encontraba en la posición 81 a nivel mundial, lo que significa que en menos de dos años, ha logrado escalar 37 escaños ante las mejores universidades del mundo.

Ante tan loable esfuerzo realizado por sus investigadores, profesores, estudiantes, trabajadores y directivos, el pasado 10 de junio, la Fundación Príncipe de Asturias, cuyos objetivos son favorecer el bienestar social y cultural de la sociedad, galardonó a la UNAM con el premio “Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009”, por ser a lo largo de sus casi cien años, el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países, y nutrir el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos.

El reconocimiento internacional a nuestra máxima casa de estudios, la ha llevado también a ser reconocida por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuya inscripción en el patrimonio mundial fue realizado con fecha 2 de julio de 2007.

No impulsar el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos para el año 2010, resultaría ir en contra del propio desarrollo sostenible de nuestro país; pero disminuir su presupuesto en el gasto público, resultaría un retroceso histórico en el meritorio curso, que durante casi cien años ha realizada la máxima casa de estudios, y en general para el desarrollo educativo y cultural que tanto requiere nuestra sociedad.

Siguiendo la clasificación administrativa del gasto público, en el Ramo Administrativo 11 de “educación pública”, organismos públicos descentralizados, entidades de control indirecto, del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, encontramos la propuesta presupuestaria del Ejecutivo Federal para la UNAM, que asciende aproximadamente a 24 mil 600 millones de pesos, lo que aparentemente significa un aumento, también aproximado, de 2 mil 500 millones de pesos, respecto de la propuesta presupuestaria para el año 2009, misma que es importante destacar, tuvo que ser aumentada en su momento, con 700 millones de pesos por la Cámara de Diputados; sin embargo, de acuerdo con el mencionado estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, el presupuesto de la UNAM se reduce en términos reales en un 9%, mientras que las prestaciones de los altos funcionarios públicos federales aumentan en un 12%. Esto nos permite inferir, que el proyecto económico de la administración federal supone más funcionarios de alto nivel, a cambio de menos presupuesto para la educación superior.

Estamos entonces ante un doble discurso de moral pública por parte del Ejecutivo Federal, tal y como lo hizo comparando injustificadamente, el gasto que representa la UNAM con el gasto que representaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, argumentando una supuesta reducción del gasto público y austeridad, que en los hechos nos demuestra que sólo utilizó para golpear al sindicalismo mexicano, sin tener ninguna acción programática presupuestaria para impulsar la educación superior, que tanta falta requiere en nuestro país.

No resulta ocioso reiterar que por mandato constitucional, la educación es una responsabilidad del Estado mexicano, que debe promover y atender la educación superior mediante el impulso presupuestario, que contribuya al desarrollo educativo y cultural de la sociedad. Por eso, se vuelve indispensable exhortar a la Cámara de Diputados, para que en pleno uso de sus facultades exclusivas, evite la reducción presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de México; corrija las deficiencias del Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal, para dar mayor impulso a la educación superior; y atienda la solicitud presentada por la UNAM de ampliación presupuestaria de 715 millones de pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea del Senado de la República el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-. El Senado de la República, respetuosamente exhorta a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, evite cualquier reducción a los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, e incremente dicho presupuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Alfonso Sánchez Anaya.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Javier Castellón Fonseca.- Sen. Máximo García Zalvidea”.

De los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se consideren los recursos necesarios para la Universidad Autónoma Metropolitana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL 2010, SE CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

“Los suscritos, Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, legisladores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren los recursos necesarios para la que Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pueda continuar con los proyectos de construcción de sus Unidades Académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y Lerma de Villada, estado de México, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con un análisis comparativo de la cobertura en educación superior a nivel internacional, presentado por la Subsecretaría de Educación Superior (SES), México alcanzó para el año 2006 una cobertura del 25.8% que lo ubica por abajo de países con un Producto Interno Bruto (PIB) similar como son, España, Argentina, Chile, Tailandia, Bolivia, Perú, Colombia o Brasil.

Según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México, el 77% de la población en edad de trabajar, cuenta con el nivel educativo básico y tan sólo el 23% tiene estudios superiores, lo que contrasta significativamente con la media de este organismo internacional que, inversamente al resultado nacional, presenta un 30% de la población con estudios básicos y un 67% con estudios superiores.

Lo anterior no sólo ha incidido en que México haya disminuido sus índices de competitividad, pasando del lugar número 53 en el 2006, al lugar 60 en el 2008; sino que además mantiene al país en los niveles más reducidos de inversión en educación superior, donde el gasto por alumno es de los cuatro más bajos de los países miembros de la OCDE.

En promedio, en nuestro país se destina el 99.6% de los recursos educativos a gasto corriente, mientras que el presupuesto destinado a infraestructura educativa sólo alcanza el 0.4%, lo cual difiere con los promedios internacionales, los cuales se sitúan en un 91.8% para gasto corriente y un 8.2% para inversión en investigación, infraestructura y equipamiento.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se considera una inversión en el ramo educativo de poco más de 485 miles de millones de pesos, -equivalentes a 3.8% del PIB-, de los cuales se destinan para educación superior 71.9 miles de millones de pesos, los que resultan insuficientes en comparación con las necesidades de cambio cualitativo que requiere el sistema educativo en su conjunto.

Se debe destacar que en los últimos 50 años la población en México ha crecido cuatro veces (tan sólo en los últimos 5 años se incrementó en 5.8 millones más). Además, el estado de México ocupa el primer lugar de las entidades con mayor número de habitantes, seguido del Distrito Federal.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la pirámide poblacional se ensanchará en su base para el 2013 con respecto al 2007, lo que significará un incremento en los grupos de edad que van de los 0 a los 19 años, apuntando una presión ascendente en la demanda de acceso a la educación media superior y superior para los próximos 25 años.

Si bien el país ha incrementado su matrícula en el nivel licenciatura durante los últimos cinco ciclos escolares, aún son muchos los jóvenes de entre 19 y 23 años de edad que quedan fuera del sistema educativo nacional. Tan sólo en el ciclo escolar 2006-2007, el 74.2% de los más de 9 millones 800 mil jóvenes en edad de estudiar no accedieron a la matrícula, a pesar de la reducción de 6% de jóvenes no matriculados alcanzada en los últimos diez años.

Panorama presupuestal 2010

De acuerdo al análisis del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFP), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 muestra un incremento en el gasto corriente de 2.7%, lo que contrasta con la reducción de 13.5% en el gasto de inversión, donde la función de desarrollo social presenta una caída de 0.8% en el presupuesto destinado a la subfunción educativa. A su vez, el presupuesto destinado a Educación Superior y Posgrado muestra una disminución real del 6.9% que se acompaña de una reducción del 7.5% para ciencia y tecnología, así como de recortes del 28.7% para la cultura y de 16.8% para el deporte.

Lo anterior no sólo contrasta con el crecimiento real de 4.3% que muestra la educación media superior, sino que limita los esfuerzos para incrementar nuestro nivel educativo. Así, la inversión federal en educación superior y posgrado en proporción al PIB retrocede 0.06% con respecto a 2009, mientras que el gasto federal por alumno cae aproximadamente en un 10%.

Según los escenarios elaborados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), es posible apreciar cómo el Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto para el año 2010 fractura la tendencia de inversión generada a partir de 2004, que teníael propósito de alcanzar una inversión equivalente al 1% del PIB para el 2012, lo que significa un retroceso de dos años y ubicará el monto propuesto para 2010 en niveles similares a lo invertido en 2008 (0.60% del PIB).

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 considera una reducción del 9.5%, lo que equivale a 228.4 millones menos a lo aprobado en 2009, impactando negativamente a los proyectos de inversión de esta casa de estudios, particularmente aquellos vinculados a la construcción de las Unidades Académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y en Lerma de Villada, Estado de México.



Las Unidades Cuajimalpa y Lerma de la UAM no sólo permitirán acrecentar la oferta de esta casa de estudios en alrededor de 30 mil nuevos lugares -que se suman a los más de 45 mil ya existentes-, sino que también generarán una derrama económica que impactará tanto en la creación de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes, como en la adquisición de materiales para la construcción y el equipamiento tan necesarios para impulsar a México a través de proyectos de inversión que estimulan la economía y resultan antirecesivos.

Es pertinente recordar que de forma similar a 1973, cuando el Senado de la República discutió el proyecto de creación de la UAM para atender la demanda de acceso a educación pública superior, hoy en día el país requiere de la apertura de más y mejores espacios para que los jóvenes puedan hacer uso de su derecho a una educación de calidad, pública y gratuita.

Ello requiere aumentar los recursos destinados a la educación pública superior como la mejor inversión para enfrentar los retos del futuro, mediante la generación de nuevos conocimientos que den solución a problemas cada vez más complejos, aun más en un escenario de crisis como el que atraviesa México y el mundo. Es por ello que los Senadores que suscribimos esta Proposición con Punto de Acuerdo decidimos apoyar a instituciones como la UAM, que están en franca consolidación y crecimiento de su proyecto académico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, incremente el presupuesto para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 695 millones adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, no sólo para subsanar la reducción del 9.5% considerada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino también para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de la Casa Abierta al Tiempo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 12 de noviembre de 2009.

Suscriben

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Guadarrama Márquez.- Sen. Carlos Sotelo García”.

Del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente en la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE TABASCO, PARTICULARMENTE EN LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO VIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA

“El suscrito Francisco Herrera LeOn, Senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por su posición geográfica estratégica, el Estado de Tabasco seconstituye como la principal puerta terrestre de entrada al Sureste, siendo paso obligado por tierra para unir a éste con el centro y el norte del país. Sus carreteras permiten el tránsito ágil y rápido de personas y mercancías por su territorio.

Sin embargo, a más de dos años de las inundaciones que tuvieron como consecuencia graves daños a la red carretera en el estado, como la saturación del suelo, derrumbes y deslizamientos de tierras, así como escurrimientos muy significativos que causaron el desborde de muchos ríos, de nueva cuenta la red carretera vuelve a sufrir serios estragos en su infraestructura.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tabasco declaró recientemente, que si bien no hubo una destrucción total de la red carretera en el estado, la superficie de rodamiento si necesitó de una rehabilitación urgente en la que se invirtieron 380 millones de pesos, ya que se presentaban desprendimientos, baches y algunos tramos carreteros habían desaparecidos parcialmente.

Es de mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, quedaron contemplados la construcción de los tramos: Villahermosa-Escárcega, Tr: Macuspana-Lím. Estado de Tabasco y Campeche; Villahermosa-Cd del Carmen, Tr: Villahermosa-Macultepec; Cárdenas-Huimanguillo, Carretera: Malpaso-El Bellote; Libramiento de Villahermosa; Villahermosa-Coatzacoalcos, Ter: Entr. Reforma-Villahermosa; Raudales de Malpaso-El Bellote, Tr: Comalcalco-El Bellote,; Villahermosa-Escárcega, Tr: Villahermosa-Lim. Estados Tabasco/Campeche, Entr. Tabasco; y Villahermosa-Escárcega Entr. Emiliano Zapata-Tenosique, C.F. No. 203.

Ahora bien, para estas obras se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en su conjunto, la cantidad de 835 millones de pesos, recursos que han sido insuficientes para la reparación de los daños que se habían presentado en los últimos dos años, toda vez que con las recientes lluvias provocadas por el frente frío número 9, y la entrada de la noche del lunes 9 de noviembre del frente frío número 10, este avance que se llevaba se ha visto nuevamente afectado, ya que las lluvias han alcanzado un nivel hasta 1.5 metros de altura, por lo que las carreteras una vez más se encuentran inundadas y en malas condiciones.

Si bien la Secretaría de Gobernación, mediante los boletines números 240 de fecha 9 de noviembre y 242 del 11 de noviembre del año en curso, declaró como zonas de desastre a los municipios de Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Cárdenas y Huimanguillo, aun no se especifican los recursos que serán destinados para la reparación de las carreteras dañadas, por lo que es de urgente resolución que se incluyan recursos adicionales en la nueva figura de “Apoyos Parciales Inmediatos” de las Reglas de Operación del FONDEN, a fin de poder atender los aspectos prioritarios y urgentes en la infraestructura carretera del Estado.

Compañeras y compañeros legisladores

Como vemos hay tramos carreteros importantes y necesarios para reconstruir en el estado de Tabasco, sin embargo, para poder lograrlo es importante reconsiderar mayores recursos a los asignados en el Presupuesto de 2009, toda vez que las emergencias derivadas de la presente temporada de lluvias en la región han causado nuevamente serios estragos a la red carretera en el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reforzar los proyectos de infraestructura carretero en el Estado de Tabasco, particularmente a la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.

SEGUNDO.- Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones y de Infraestructura y Transportes de la H. Cámara de Diputados, para que se consideren recursos suficientes para el ejercicio presupuestal 2010, para dar continuidad a los proyectos de la infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente para la construcción del libramiento vial de la ciudad de Villahermosa.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Herrera León”.

De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se consideren recursos para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ, EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA y ALFREDO RODRIGUEZ Y PACHECO, Senadora integrante de la Comisión de Salud, Senador Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Senador integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, respectivamente, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta Honorable Asambleala PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE EL SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSIDERACIONES

1.- México fue promotor ante Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional que establece las directrices que deben contener las políticas públicas para la atención de las personas con discapacidad.

Con este Convenio tan importante, los Estados Parte se comprometen a realizar acciones diversas en beneficio de las personas con discapacidad, entre otras, en las materias de educación, trabajo, derecho a la justicia, salud, accesibilidad, etc.

La Convención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2008, expone las directrices que México debe seguir para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad estableciendo los siguientes principios:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

2.- A su vez, la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada el 9 de junio de 2005, tiene como objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

El Artículo 4 señala claramente que los derechos que establece dicha Ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad.

Establece, como también lo hace la Convención, una serie de principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, los cuales son:

a) La equidad;

b) La justicia social;

c) La equiparación de oportunidades;

d) El reconocimiento de las diferencias;

e) La dignidad;

f) La integración;

g) El respeto, y

h) La accesibilidad.

En lo que concierne al soporte institucional para dar cumplimiento a esta Ley, el Artículo 29 dicta que “El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.”

Como sus atribuciones, el Artículo 30, enlista las siguientes:

I. Elaborar y coordinar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y concertando acuerdos o convenios con las dependencias de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, los municipios, los sectores social o privado, o las organizaciones, evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

II. Promover acciones que fomenten la igualdad de las personas con discapacidad;

III. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Establecer la política general de desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante la coordinación de los programas interinstitucionales;

V. Proponer al Ejecutivo Federal la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de partidas para la aplicación y ejecución de los programas dirigidos a las personas con discapacidad;

VI. Promover medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad;

VII. Realizar estudios de investigación que apoyen al desarrollo integral de las personas con discapacidad;

VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

IX. Solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública en sus tres niveles de gobierno;

X. Participar en el diseño de las reglas para la operación de los programas en la materia;

XI. Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad;

XII. Promover la firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales y regionales, relacionados con la materia;

XIII. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

XIV. Establecer relaciones con las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública de la Federación y de las Entidades Federativas para proponer medidas en esta materia;

XV. Concertar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XVI. Difundir, promover y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;

XVII. Promover a través del Secretario Ejecutivo la suscripción de convenios para que las organizaciones y empresas otorguen descuentos a personas con discapacidad en centros comerciales, transporte de pasajeros, farmacias y otros establecimientos, y

XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas con discapacidad.

3.- El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad fue creado con el fundamento establecido en el Artículo 31, último párrafo, que establece:

“El Consejo será presidido por el Secretario de Salud y contará con un Secretario Ejecutivo que será el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Tendrá su sede en la Ciudad de México y contará con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.”

Una de esas unidades administrativas a las que refiere el párrafo anterior es el Secretariado Técnico.

Cabe precisar que debido a la conformación del Consejo —con carácter interinstitucional y cuya tarea primordial es la coordinación entre las instituciones que lo conforman—, carece de la figura tradicional de Director General como es usual en los organismos u órganos de la administración pública, recayendo las tareas ejecutivas y funciones administrativas en ese Secretariado Técnico.

Las atribuciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se encuentran en el Artículo 35 Bis 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

4.- Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones sobre la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que actualmente 10% de la población del mundo, esto es, aproximadamente 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial.

Por su parte, el Banco Mundial estima que aproximadamente entre el 10% y el 12% de la población mundial tiene discapacidad y que en el 25% de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad.

En México, se han realizado diversos esfuerzos para medir la prevalencia de la discapacidad desde hace varias décadas. Sin embargo, actualmente se desconoce la verdadera dimensión y comportamiento histórico de este indicador, ya que se han utilizado diferentes conceptos, clasificaciones y fuentes de información.

El XII Censo General de Población y Vivienda, realizado en el año 2000, incluyó el tema de discapacidad atendiendo las recomendaciones en ese momento de la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual utilizó como marco conceptual que definió a una persona con discapacidad como aquella con alguna discapacidad física o mental de manera permanente o por más de seis meses que le impedía desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

De acuerdo con este instrumento, la prevalencia de discapacidad en el país ascendió en el año 2000 a 1.84% de la población total del país.

La encuesta censal realizada en ese mismo año, en la que se aplicó un cuestionario ampliado a una muestra de la población para conocer la causa de la discapacidad, arrojó una estimación de 2.31% de prevalencia de discapacidad en el país, cifra semejante a la obtenida mediante la Encuesta Nacional de Salud 2000, que utilizó el mismo marco conceptual.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED), efectuada en el 2003 por la Secretaría de Salud, se aprovechó para realizar un primer ejercicio para estimar la prevalencia de discapacidad en la población del país, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Esta medición se basó en el grado de dificultad en los dominios de salud: movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales, dolor y función social. Esta Encuesta reportó la presencia de discapacidad en el 9% de la población mexicana, por lo cual representa un mejor acercamiento a la magnitud de la prevalencia de la discapacidad en nuestro país.

5.- Como se puede apreciar, la amplia gama de obligaciones del Consejo, que como ya se dijo recaen en su Secretariado Técnico; así como la dimensión de la condición de discapacidad en el país requieren, para su mejor atención, de un soporte presupuestal acorde con estas obligaciones y la incidencia de la discapacidad en México.

En ese sentido, se estima procedente no solo la petición que contiene este punto de Acuerdo, sino el correspondiente respaldo siempre generoso de la Colegisladora para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad avance en el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En particular se solicita, entendiendo que las condiciones económicas del país son sumamente difíciles, que si estos recursos no pudiesen incrementarse en un monto deseable y acorde con los grandes retos que enfrenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que éstos no disminuyan.

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que, con fundamento en la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la H. Cámara de Diputados, no se realicen reducciones en el presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 asignado a la unidad 314 denominada Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

SEGUNDO. Se solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la H. Cámara de Diputados, realicen los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, 388 millones de pesos para atención de las personas con discapacidad, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Guillermo Tamborrel Suárez.- Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola.- Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco”.

Del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y autorizar, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, mayores recursos para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR Y AUTORIZAR, EN EL MARCO DEL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010, MAYORES RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

“El suscrito, Francisco Herrera Leon, Senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los estudios superiores en el estado de Tabasco, tiene su origen en el año de 1861, gestión realizada por el entonces gobernador del estado, don Victorio Victorino Dueñas, ante el Presidente de la República el Lic. Benito Juárez García, para crear un Centro de Enseñanza Profesional en el Estado.

Esta creación se realizó a través de bienes nacionalizados, autorizados por el Presidente Juárez. Fue en 1879 cuando fueron inaugurados los primeros cursos en el entonces Instituto Juárez, siendo nombrado como director del Instituto el Lic. Manuel Sánchez Mármol.

Las carreras que se impartían durante las últimas décadas del siglo XIX eran, Agricultura, Veterinaria, Agrimensura, Notariado, Abogacía, Comercio, Pedagogía, Jurisprudencia y Farmacia, y, su matrícula no excedía de 100 alumnos, antecedentes que constan en la memoria gubernamental del general Abraham Bandala.

En 1895, se expidieron las reformas al Reglamento Interior y al Plan de Estudios, año en que por la demanda de alumnos se amplía la duración de estudios de las carreras impartidas por el Instituto. Sin embargo, en el año de 1947, por gestiones del gobernador en turnoFrancisco J. Santamaría, el Instituto pasó a formar parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en abril de 1950, el licenciado Miguel Alemán Valdés, solicitó la fundación de la Universidad de Tabasco, lo que da origen al Comité Pro Universidad de Tabasco, publicando en 1954 la Ley Orgánica del Instituto Juárez.

Es de resaltar que el H. Congreso del Estado en el año de 1958, expide la Ley que crea la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero fue hasta en 1966 cuando se le otorga ésta autonomía, para entonces ya se había construido la Ciudad Universitaria de la misma institución.

Sin embargo, en 1976 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la modificación a la Ley Orgánica Universitaria, dando origen a la organización de escuelas e institutos e iniciando el proceso de descentralización universitaria.

Debido a este proceso, años después fueron inauguradas nuevas instalaciones en el municipio de Cunduacán, y, en el año de 1985, se instruyó el Proyecto de Excelencia y Superación Académica, el que consideró el primer Plan Institucional de Desarrollo con el que diseño un nuevo modelo universitario. Surgiendo así las Divisiones Académicas que actualmente aglutinan programas educativos en todas las áreas del conocimiento.

Al inicio del año 2000, la Universidad enfrenta al nuevo milenio ofreciendo alrededor de 33 licenciaturas, 17 especialidades, 10 maestrías y la carrera de Enfermería en el nivel técnico superior. En la actualidad cuenta con 45 licenciaturas, entre ellas 4 son impartidas a distancia, por lo que el número de alumnos matriculados es aproximadamente de 30,000, que acuden a las diversas Divisiones y a los Centros de Extensión Universitaria. Cuenta con tres campus: Cunduacán, Teapa y el de los Ríos, que opera en Tenosique.

Cabe mencionar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha logrado rebasar ya el medio siglo, gozando con plena autoridad no lo solo académica, sino como espacio garante de la libertad de cátedra y libertad ideológica y posicionarse en el año de 2007, como una de las mejores Universidades de México, además, de que había alcanzado los estándares requeridos de una institución universitaria a nivel Nacional e Internacional.

Compañeras y compañeros legisladores

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha participado vigorosamente en la transformación del futuro que anhelan los jóvenes y habitantes tabasqueños. Por lo que el interés de la Universidad es de formar a profesionistas, especialistas e investigadores, capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que se traduzcan en beneficio colectivo, bajo un sistema educativo que proporcione conocimientos, habilidades y valores a toda la población, de gran calidad para el trabajo y para la vida.

Toda esta transformación ha sido posible a la constante formación y preparación por parte del personal docente y académico, lo que la lleva a que constantemente sea visitada por organismos evaluadores a fin de constar el nivel educativo de la máxima casa de estudios.

Es de mencionar que dentro de sus programas cuentan con visitas frecuentes a sus campus, por lo que su preparación debe ser continua y no por espacios.

De acuerdo con las declaraciones vertidas por la Rectora de la UJAT, actualmente ejerce un presupuesto que le fue autorizado por 40 millones 500 mil pesos, que representa medio millón más que el año de 2008.

Sin embargo, declaraciones de las autoridades escolares de la propia Universidad refieren un incremento de 3,000 alumnos en los últimos años, por lo que se infiere que la demanda supera fácilmente a los recursos que le han sido asignados.

Finalmente, hay que resaltar que en este mes la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recibió por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la SEP a las Instituciones de Educación Superior por la Calidad de sus Programas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación y Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados, para que se consideren recursos suficientes para el ejercicio presupuestal 2010, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el fin de que esta Institución pueda cumplir con sus objetivos, que es el de dar seguimiento constante a sus programas académicos y a la preparación de más y mejores profesionistas tabasqueños.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre, 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Herrera León”.

Asimismo, se turnan a comisiones del Senado las siguientes proposiciones:

De la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la extracción de arena del Banco Norte de la Isla de Cozumel, se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA EXTRACCION DE ARENA DEL BANCO NORTE DE LA ISLA DE COZUMEL

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 22 de Julio del presente año, en Sesión Permanente, nuestro Partido presentó un Punto de Acuerdo solicitando al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Subsecretario de Gestión Ambiental de dicha Secretaría, se reconsideraran las decisiones que se han tomado en cuanto a la explotación del banco de arena y barrera de protección del norte de Cozumel para la recuperación de playas, y se tomen en consideración las opciones propuestas por la comunidad de Cozumel, con el fin de lograr un desarrollo turístico basado en la sustentabilidad ambiental, económica y social.

Recientemente se organizó una reunión pública de información dentro del marco de la consulta pública para el proyecto de recuperación de playas de Cancún. En ella, los cozumeleños rechazaron el proyecto de extraer la arena del banco norte de la isla de Cozumel. A esto se suman las marchas que se han realizado y las más de 1,400 firmas que expresan dicha oposición.  Cabe mencionar que donde se pretende extraer la arena es un sitio que la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas incluye dentro del polígono de un nuevo decreto como Área de Protección de Flora y Fauna para el cual incluso se han publicado los edictos correspondientes.

Existen elementos técnicos de gran relevancia como el Programa de Ordenamiento Ecológico de Benito Juárez-Cancún, en el cual se establece un criterio en virtud del cual se prohíbe modificar las dunas de las playas por la afectación que esto puede tener en la anidación de tortugas marinas.

Existen elementos fundamentados que ponen en duda la viabilidad del proyecto, sin embargo las autoridades involucradas autorizaron el proyecto sin escuchar las manifestaciones cívicas de rechazo al mismo.

La autorización de la extracción de arena del banco norte de la isla de Cozumel para la recuperación de playas de Cancún, deja claro que no se tomó en cuenta que existen otras y mejores alternativas, como utilizar la misma arena que pertenecía a las playas de Cancún, ya que se sabe en donde está ésta y existe la tecnología para recuperarla con menos costos y riesgos para los habitantes y ecosistemas de esta zona costera.

El pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Secretario de Hacienda y Crédito Público recalcó que todo lo que se haga para mejorar el medio ambiente implica necesariamente costos, así como el dejar de actuar en esta materia tendrá costos económicos de gran magnitud en el mediano y largo plazos. Sin embargo, tal como lo demuestra esta resolución, la realidad es que el sector turístico no ha considerado las consecuencias del cambio climático. El aumento en el nivel medio del mar y el aumento en la frecuencia y potencia de los huracanes hacen a Quintana Roo un Estado muy vulnerable. En vez de que el sector adapte su planeación a este fenómeno de una manera responsable y estratégica, se proponen únicamente proyectos de corto plazo en los cuales, literalmente, se está haciendo un hoyo para tapar otro. El paso del reciente huracán “Ida” constituye prueba fehaciente de lo anteriormente expresado.

Es sabido que los bancos de arena ofrecen protección a las zonas costeras y sus habitantes, quienes son los que sufren más directamente las consecuencias de alterar el medio ambiente en estas zonas, sólo por la falta de responsabilidad de las autoridades y su imperante objetivo de resolver a corto plazo lo que también sus propias e incorrectas decisiones han originado.

Por la falta de adecuadas políticas ambientales, se ha permitido que muchos hoteles del Estado se edificaran sobre una barrera geográfica natural de dunas y manglares. Por ello es que se prevé que la erosión de las playas se acentuará en los próximos años.

Es por todo lo anterior que consideramos que la legislación debe cambiar a fin de que las consultas públicas y la participación social sean obligatorias y sus resultados vinculantes. El arraigo histórico de una comunidad a su entorno debe tener valor en estos procesos y no ser desechado o menospreciado por falta de fundamento técnico. Además, el turismo debe planear su desarrollo considerando políticas de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.

No obstante lo anterior, al día de hoy, no hemos recibimos respuesta alguna ni del Secretario de Medio Ambiente como tampoco del Subsecretario de Gestión Ambiental de dicha Secretaría, a quienes se dirigió el punto de acuerdo citado.

Aunado a lo anterior, a escasos días de la autorización para la explotación del banco de arena y barrera de protección del norte de Cozumel para la recuperación de playas de Cancún, dichas playas se erosionaron debido al paso del huracán Ida.

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que en lo sucesivo se deben negar las autorizaciones de la explotación del banco de arena y barrera de protección del norte de Cozumel para la recuperación de playas, y se deben tomar en consideración las opciones propuestas por la comunidad de Cozumel, con el fin de lograr un desarrollo turístico basado en la sustentabilidad ambiental, económica y social.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO .-El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta de la manera más atenta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Subsecretario de Gestión Ambiental de dicha Secretaría, para que se reconsideren las decisiones que se han tomado en cuanto a la explotación del banco de arena y barrera de protección del norte de Cozumel para la recuperación de playas, y se tomen en consideración las opciones propuestas por la comunidad de Cozumel, con el fin de lograr un desarrollo turístico basado en la sustentabilidad ambiental, económica y social.

Recinto del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

De la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a realizar las aportaciones de recursos faltantes para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural, el cual se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A REALIZAR LAS APORTACIONES DE RECURSOS FALTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Lazara Nelly Gonzalez Aguilar, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las aportaciones de recursos faltantes para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural, para cumplir a los productores agropecuarios y pesqueros de ésta entidad para el ejercicio fiscal 2009,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 destinó 367, 381, 703.00 (trescientos sesenta y siete millones, trescientos ochenta y un mil setecientos tres pesos) de recursos federales para el sector agropecuario y pesquero del estado de Tamaulipas. En el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural suscrito entre el Gobierno del Tamaulipas y la SAGARPA, el 27 de enero de este año, el gobierno estatal se comprometió a aportar la cantidad de 197,820,917.00 (ciento noventa y siete millones, ochocientos veinte mil novecientos diecisiete pesos) equivalentes al 35% de Pari-Pasu exigido a los estados por el Presupuesto de Egresos de la Federación por las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA.

El propósito del programa es dotar de recursos suficientes al sector agrario y pesquero a fin de que los productores reciban en tiempo los recursos para el desarrollo de su actividad y de la producción de alimentos, y así hacer frente de manera más efectiva a la crisis en el sector.

El Gobierno Federal, atento a estas necesidades, de los campesinos y pescadores, desde el mes de febrero de este año, depositó la cantidad de 321,459,990 (trescientos veintiún millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa pesos). Este esfuerzo federal no ha sido correspondido por el Gobierno del Estado, pues al día de hoy solo ha depositado 120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos), es decir únicamente el 60 por ciento de lo que establece el monto comprometido en el convenio, con lo que se ha afectado la entrega de los recursos de co-ejercicio a los productores del Estado.

De acuerdo a las Reglas de Operación, la fecha límite para que el Estado, realizara las aportaciones fue, el 30 de octubre, no obstante, la SAGARPA hizo una extensión de el plazo hasta el 15 de noviembre, y de no radicarse los recursos correspondientes al Estado, éste tendrá que devolver a la Tesorería de la Federación la cantidad de 147,000,000.00 (ciento cuarenta y siete millones de pesos), de recursos que ya fueron aportados por la Federación, pero que el Estado, por mala planeación, por negligencia, o por falta de pericia en la aplicación de los recursos está causando un daño muy grave en los productores agropecuarios y pesqueros de mi entidad, además del daño a la producción de alimentos para nuestro país.

Por si esto fuera poco, del total de los recursos ya radicados, únicamente se han entregado a los productoresel 37.11 por ciento.

Los recursos de este convenio, son destinados a fortalecer la asistencia técnica, la adquisición de infraestructura, innovación y transferencia tecnológica, asistencia técnica, adquisición de equipos e insumos para el apoyo a la actividad agrícola y pesquera, así como la reconversión productiva, lo que demanda de tiempos precisos, para la sincronía de las actividades propias del campo.

El campo tamaulipeco, no puede darse el lujo de devolver recursos a la Federación, un campo poco productivo, inmerso en una dependencia alimentaria que a mediano y largo plazo, nos hace dependientes de otros rubros de la economía.

Estamos a menos de dos meses de que inicie el nuevo ciclo de siembra, y a éstas fechas, los productores ya tienen programadas sus siembras, y es momento en que sigue existiendo incertidumbre entre ellos, de saber si contarán o no con los recursos gubernamentales para hacer frente a sus siembras programadas.

Se trata de una situación que afecta alrededor de 20 mil productores de la entidad.

En virtud de lo expuesto, y con el ánimo de atender los compromisos, y de redoblar esfuerzos que beneficien a los productores de Tamaulipas, someto a la consideración de éste pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas a realizar las aportaciones de recursos faltantes correspondientes para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural, a fin de asegurar los apoyos a los campesinos y productores agropecuarios y pesqueros del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2009.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para que informe al Senado de la República los montos y los porcentajes de las aportaciones que hicieron cada una de las entidades federativas, para cumplir con los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2009.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009”.

Del Senador Rafael Moreno Valle Rosas, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país, a promover el uso de materiales didácticos en materia de seguridad y prevención de accidentes, a nivel de educación básica, mismo que se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A PROMOVER EL USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES, A NIVEL DE EDUCACION BASICA

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Rafael Moreno Valle, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta Soberanía, el siguientePUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RESPETUOSAMENTE, EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS, A FIN DE PROMOVER EL USO DE MATERIALES DIDACTICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES, A NIVEL DE EDUCACION BASICA.

Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Honorable Asamblea, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera como primordial dentro de la política laboral a la prevención de riesgostrabajo; en consecuencia y siguiendo los ejes temáticos, una de las principales políticas públicas es la Seguridad y Salud en el Trabajo, misma, que tiene en sus líneas estratégicas el desarrollo de una cultura nacional para la prevención de riesgos.

Por lo tanto, sería deseable que se impartan conocimientos en materia de prevención, siendo un sector importante la población escolar.

Lo anterior, debido a que los accidentes son la causa más frecuente por la que los padres tienen que acudir a consulta bajo el carácter de urgencia, principalmente cuando sus hijos se encuentran en las etapa de infancia y de adolescencia. Los riesgos a los cuales los menores se enfrentan se dan dentro del hogar y fuera del mismo. Los primeros pueden ser desde una caída, golpe o quemaduras de cualquier tipo incluyendo las eléctricas, también asfixia, ahogo o envenenamiento, hasta heridas provocadas por armas punzo cortantes; por lo que hace a los segundos, éstos se pueden presentar en un simple parque de juegos o en la escuela por mencionar algunos.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de atender las referidas consideraciones, constituyó un Grupo de Trabajo, desde el mes de abril de 2008, conformado por diversos representantes entre los que participó la Secretaría de Educación Pública; la Universidad Pedagógica Nacional; el Colegio de México; el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.

Bajo este tenor, como resultado de las mesas de trabajo de dicho Grupo, se formaron once lecciones sobre seguridad y prevención de accidentes, siguiendo como modelo rector de estas lecciones, el utilizado por la Secretaría de Educación Pública.

Estas lecciones tienen como propósito dotar de conocimientos en materia de prevención de riesgo a los niños y adolescentes, proporcionándoles herramientas que logren un completo desarrollo de capacidades para enfrentar problemas reales, que les permita en un momento de emergencia reaccionar de manera adecuada logrando con ello poner a salvo su vida.

En la información que la Secretaría brinda al público en general a través de la página web, es posible conocer en su totalidad las Propuestas Didácticas sobre Seguridad y Prevención de Accidentes para los Libros de Texto Gratuitos, el objetivo principal de éstas, como lo indica el nombre del documento, es incluirlos en los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública reparte cada año a los alumnos de educación básica, a fin de ser considerados dentro de sus programas educativos.

Las lecciones comprenden aspectos para que los menores logren identificar un escenario de riesgo potencial tanto dentro como fuera de su hogar; así mismo, se consideran las acciones elementales para evitarlos, el equipo de protección personal, así como las diferentes señales de seguridad, reconocer los agentes físicos, químicos y biológicos que pueden dañar la salud y la integridad física, entre muchos otros conocimientos necesarios para salvaguardar su vida de cualquier situación que pueda representar riesgos o en su caso identificar todos aquellos beneficios que los auxilien en estos casos.

En general, se considera que las propuestas realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con otras dependencias incluyendo a la Secretaría de Educación Pública, representan un gran avance en la atención a la política pública en materia de prevención, dotando de elementos esenciales que construyen una cultura nacional de prevención de riesgos desde la infancia.

Como vemos, es imperante la necesidad de emprender una serie de acciones que podríamos denominar básicas, respetando las normas esenciales que las autoridades en la materia emiten, ya que no podemos obviar la necesidad que existe de aumentar la atención y el cuidado de los menores y adolescentes, a fin de evitar en su más alto porcentaje que se encuentren en una situación de riesgo y peligro, dándoles los conocimientos necesarios para prevenir cualquiera de estos escenarios.

Existe una corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno de brindar las garantías de seguridad que nuestros niños mexicanos requieren, los hábitos de prevención deben de ser acciones tan constantes - como respirar o comer- acciones que evitarían tragedias, antes vividas de las cuales puedo citar miles de ejemplos que en este momento no tiene caso mencionar. Hablo de tener de una verdadera cultura de prevención, la cual, debe existir tanto dentro como fuera de nuestro hogar, que le permita a la sociedad mexicana disminuir al máximo una situación de riesgo.

El proyecto de incluir en los libros de texto gratuitos las propuestas didácticas sobre seguridad y prevención de accidentes, está en su fase de implementación y seguro estoy que muy pronto habrá de concretarse satisfactoriamente, mientras tanto propongo aprovechar el material disponible por lo que,someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país, a instrumentar las acciones necesarias para impulsar en el nivel de educación básica, las once lecciones sobre seguridad y prevención de accidentes que elaboró la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de su Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, en tanto éstas no sean incluidas en los libros de texto emitidos por la Secretaría de Educación Pública para instrucción básica.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Sen. Rafael Moreno Valle”.

De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado se pronuncia respecto a la violación de un menor en el hospital de pediatría del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, el cual se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CAMARA DE SENADORES SE PRONUNCIA RESPECTO A LA VIOLACION DE UNMENOR EN EL HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN GUADALAJARA, JALISCO

“H. ASAMBLEA:

La que suscribe, Senadora Maria del Socorro Garcia Quiroz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

El 22 de enero de 2009, un menor fue violado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, antes de que le practicaran una cirugía.

El titular de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del centro hospitalario mencionado, atendió a los padres del menor quienes le hicieron de su conocimiento el ilícito, omitiendo informar los hechos a sus superiores y al Órgano de Control Interno.

El trasgresor fue detenido cuatro días después, temiendo los padres que éste recupere su libertad, toda vez que las autoridades del IMSS en la entidad aseguran que no existen elementos suficientes para confirmar que los hechos ocurrieron de la manera en que fueron denunciados.

El coordinador de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales en agravio de menores de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJJ), Pedro Haro Ocampo, confirmó que los exámenes andrológicos resultaron positivos.

El 11 de febrero del mismo año, se hizo pública la denuncia a través de medios de comunicación, por lo que el titular de la UMAE informó lo sucedido al Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación de Jalisco.

Asimismo, los progenitores del menor declararon que personal del IMSS intentó persuadirlos para que no levantaran ninguna denuncia, mencionando que a cambio de guardar silencio reubicarían al camillero en una zona clínica donde no hubiera niños, lo cual no aceptaron.

La PGJJ, informó que el Juzgado 12 en materia penal, continúa el proceso judicial contra Adalberto Darío Espinosa González, acusado de violar al menor, sin embargo personal de esta Dependencia ha dicho que la denuncia no es consistente, toda vez que no existen pruebas sólidas que permitan consignar al presunto violador.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 58/2009, en la que señalan que el agresor fue reconocido y consignado ante la autoridad judicial, pero la instancia jurídica del IMSS, ocultó los hechos en un inicio.

En la citada recomendación se concluye que el menor padece afectaciones emocionales, cognitivas, fóbica y reacciones traumáticas, vulnerando los derechos del menor a un sano esparcimiento y desarrollo integral, respeto a su dignidad y a sus integridades psicoemocional.

También solicitó al director general del IMSS a reparar el daño al menor, a brindarle apoyo médico y psicológico hasta su total recuperación; a realizar una visita al Órgano de Control Interno del Instituto por la actuación irregular del personal médico; y a establecer lineamientos administrativos nacionales para evitar la repetición de este tipo de actos.

A pesar de que el IMSS se comprometió a proporcionar atención médica y hospitalaria al menor y su familia, esto no se cumplió por el rechazo y desconfianza de los padres del menor, sin que el IMSS ofreciera opciones o propuestas de servicios profesionales ajenos a la institución a los agraviados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a realizar a la mayor brevedad posible las gestiones pertinentes para que se le proporcione atención médica y psicológica al menor, que fue violado por el camillero Adalberto Darío Espinoza González, y a su familia; atención medica y psicológica que deberá ser proporcionadapor profesionales ajenos a dicho Instituto, debiendo ser proporcionada dicha atenciónhasta su total recuperación, así como a reparar el dañoal menor ocasionado de manera directa, sin que medie un juicio de por medio.

SEGUNDO.- Se solicita al IMSS, a través del Órgano de Control Interno, que fortalezca los procedimientos de selección y contratación de personal de nuevo ingreso, a través de la aplicación de exámenes psicométricos y de confianza; mismos que, les deberán ser aplicadosa la brevedad posible a todos y cada uno de los trabajadores que actualmente se encuentran prestando sus servicios para dichaInstitución.

TERCERO.- Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco continuar con el procedimiento judicial en contra de Adalberto Darío Espinoza González, hasta su total solución, velando por una impartición de justicia conforme a derecho, de manera pronta y expedita.

Salón de sesiones la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiroz”.

De los Senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer los programas institucionales de apoyo a los cultivos tropicales en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE APOYO A LOS CULTIVOS TROPICALES EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, PUEBLA, VERACRUZ, TABASCO, CAMPECHE, OAXACA, CHIAPAS, YUCATAN Y QUINTANA ROO

“El suscrito, Francisco Herrera Leon, Senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente la agricultura ha estado ligada a la evolución de la humanidad. En México, de manera particular, el cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile y frutas han constituido la dieta de los pueblos indígenas por múltiples generaciones.

Esto ha sido posible debido a la gran diversidad de suelos con que cuenta nuestro país, situación que ha permitido también la producción de una gran variedad de productos alimenticios, entre ellos los generados por los cultivos tropicales y que han tenido una gran demanda en el mundo.

Productos como el plátano, coco, arroz, caña de azúcar, aceite de palma, hule natural, vainilla, jatropha, soya, cítricos, cacao y café cereza, entre otros, han sido el puntal para que los productos tropicales constituyan una industria consolidada y reconocida en el ámbito nacional e internacional, por su origen, calidad y competitividad.

Asimismo es reconocida por su alta productividad en campo, por el aprovechamiento integral de sus productos en la industria, por su infraestructura comercial acorde a las exigencias del mercado y por el cuidado que se tiene del medio ambiente en toda la cadena productiva.

A pesar de los esfuerzos realizados por los agricultores y productores del campo, aun persiste un notorio abandono por parte de las autoridades federales. En el Boletín numero 268 emitido por la Universidad Autónoma Metropolitana el pasado 21 de septiembre, y derivado de un estudio realizado por esa misma casa de estudios, se señala que en la actualidad la producción del campo representa únicamente el 6.2% del Producto Interno Bruto del país, y mucho de lo que se genera está determinado por las necesidades de los socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En términos generales, la agricultura no tiene mucho peso en los últimos programas nacionales de desarrollo, y el despoblamiento del sector rural será una consecuencia promovida con el abandono del campo.

En ese sentido, si bien el gobierno federal implementó recientemente el Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste de México, denominado “Programa del Trópico Húmedo”, mediante el cual se canalizarían recursos del orden de los dos mil 500 millones de pesos en su primera etapa, este no ha impactado en beneficios para el campo, particularmente en el impulso a los cultivos tropicales.

A mayor abundancia, se refiere en este programa que estudios previos identificaron que a nivel nacional hay 300 municipios de alta marginación, de los cuales 210 están ubicados en la zona sur del territorio nacional, aunque 105 de estos últimos son de muy alta marginación y a los que se brindaría especial atención con apoyo de los tres niveles de Gobierno, instituciones de banca de desarrollo y del sector privado.

También establece como una de sus metas a corto y mediano plazo el pasar de 57 millones de toneladas de alimentos que actualmente se producen al año en los nueve estados del sureste mexicano, a 67 millones de toneladas.

Por otra parte, es cierto que el aumento de la producción en Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se basa en mayor productividad con asistencia técnica y esquemas de financiamiento que nunca ha habido en la región.

También es cierto que este programa contiene muchas bondades para los productores agrícolas del Sur Sureste mexicano, sin embargo, es de reiterar que no ha beneficiado en mucho a los agricultores de los estados del sureste, principalmente a aquellos que se dedican a los cultivos tropicales.

Compañeras y Compañeros legisladores,

En un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, denominado “El presente y el futuro de la Agricultura en México”, se señala que si el pasado de la agricultura en México se caracterizó por usar una tecnología empírica y poco productiva, la del presente se caracteriza por el uso de dos tecnologías: la de los pobres y la de los ricos. La primera es la misma del pasado, algo degenerada y empleada en las áreas de temporal. La segunda es una tecnología importada de Estados Unidos, cara, derrochadora de energía y desplazadora de mano de obra, ha empobrecido a muchos y no siempre ha enriquecido a sus usuarios, ya que son frecuentes los negocios que van a la quiebra.

Por ello es de gran importancia fortalecer las actividades agrícolas en nuestro país a través de proyectos y programas que incentiven con recursos financieros y tecnológicos una mayor producción del campo mexicano.

Es prioritario para los estados del sureste mexicano que el gobierno federal fortalezca las acciones y programas de apoyo a los cultivos tropicales, ya que estos constituyen uno de los motores económicos de la región.

Por todo lo anterior, me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que se fortalezcan los programas institucionales de apoyo a los cultivos tropicales en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Segundo.- Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura y Ganadería de la H. Cámara de Diputados, para que se consideren recursos suficientes en el ejercicio presupuestal 2010, con el fin de impulsar y fortalecer los programas institucionales de apoyo a los cultivos tropicales en los estados señalados en el resolutivo anterior.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Herrera León”.

Del Senador Angel Alonso Díaz Caneja, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo relativo a la Cumbre Mundial de Roma sobre Seguridad Alimentaria, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CUMBRE MUNDIAL DE ROMA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El Senador Angel Alonso Díaz-Caneja, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo lunes 16 de noviembre del año en curso dará inicio en Roma, Italia, la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, convocada por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf.

La crisis alimentaria, que afecta a uno de cada seis seres humanos, constituye no sólo una violación de los derechos humanos de las personas en estado de hambruna, sino una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Porello es urgente crear un amplio consenso entre todos los gobiernos del mundo y las instituciones internacionales, para erradicar de la manera más rápiday completa posible el hambre.

Los países más pobres requieren de instrumentos de desarrollo, económicos y de política para impulsar su producción y su productividad agrícolas.

Asimismo, es necesario incrementar las inversiones en la agricultura para que lamayoría de los países pobres puedan contar con un sector agrícola sólido. La actual crisis alimentaria es el resultado de una reducción en las inversiones en la agricultura y una reducción de los recursos proporcionados en el ámbito internacional para programas específicos para enfrentar el hambre: entre 1980 y 2000, la asistencia internacional a los programas de alimentación bajó del 17% al 4%. Las cifras que manejan los organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, muestran la gravedad de la situación.

Mientras en 1996 el número de personas en estado de hambruna era de 825 millones, en este 2009 la cifra se calcula en 1.02 mil millones, según la FAO. Es decir que en ese periodo el número de personas afectadas por el hambre se incrementó en 177 millones.

Por otra parte, y de cara a la cumbre de Roma, algunos expertos hablan de que existen los recursos y la capacidad técnica para incrementar la producción alimentaria en un 50% para 2030 y en un 70% para 2050. Esto, considerando que la población mundial crecerá en los próximos 40 años hasta alcanzar 9,200 millones de personas para 2050.

El optimismo de estas expectativas no concuerda con lo observado. Algunos especialistas de la FAO, como Kostas G. Stamoulis, han señalado que elincremento en la producción de alimentos, incluso en los países en desarrollo, no lleva invariablemente a la reducción del hambre. Para ellos es evidente la existencia de una paradoja: incremento en los volúmenes de alimentos e incremento en los niveles de hambre.

Hasta ahora los hechos indican que los esfuerzos realizados por los países y por los organismos internacionales han sido insuficientes porque no han sido capaces de dar una solución estructural al problema. Es decir, no se ha podido consolidar un sistema que asegure, de manera simultánea, la producción suficiente de alimentos y la capacidad económica de los sectores más pobres para adquirirlos.

Por cuanto una solución estructural del problema resulta aún lejana, de la Cumbre de Roma sólo podrá esperarse, de manera inmediata y realista, dos grandes compromisos de acción: a) Promover nuevas formas de obtención de recursos financieros suficientes para adquirir y proporcionarle alimentos a las poblaciones hambrientas; y b) Implementar un programa urgente de ajuste, modernización y eficientización de los organismos y las instituciones internacionales que se encargan de la gobernabilidad de la seguridad alimentaria mundial.

A los serios problemas estructurales antes señalados se suma un factor más que deberá ser considerado con sumo cuidado y atención en la Conferencia de Roma: el impacto creciente del cambio climático enla agricultura, la silvicultura, la pesca y la disponibilidad de agua potable.

Aunque la Cumbre de Roma se plantea incorporan el aspecto ambiental al análisis del problema alimentario, esta integración sigue apareciendotangencial. El análisis del documento elaborado por la secretaría de la Conferencia para la identificación de los objetivos y las posibles decisiones de la Cumbre Mundial de Roma permite afirmar que el tema del cambio climático carece de una vinculaciónestructurada a fondo con el tema alimentario.

En este sentido se hace necesario convocar a una conferencia ad-hoc de alto nivel en la que se establezca como primer objetivo identificar, con precisión, la relación directa causa-efecto existente entre los efectos del cambio climático y los factores específicos que intervienen en la producción alimentaria, así como definir acciones específicas para hacer frente de manera puntual a dichos efectos.

A la lista de las regiones más afectadas actualmente por el hambre, como el África Sub-Sahariana, el Sur y Sureste de Asia y algunas regiones de América Latina, habría que agregar en un futuro no lejano aquellas regiones potencialmente más vulnerables a la falta de agua: Arabia Saudita, Asia Central y el norte de África.

Asimismo, a este panorama adverso tendrán también que sumarse las regiones densamente pobladas que pudieran ser afectadas por la elevación del nivel del mar: Egipto, Bangladesh, la costa occidental de África y el Sudeste asiático, entre otras.

Todo lo antes expuesto amenaza con hacer irrealizable el objetivo de….“erradicar completamente el hambre de la faz de la tierra para el año 2025, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 (que entró en vigor el 3 de enero de 1976)……”.

Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la conducción de las negociaciones que tendrán lugar en el marco de la Cumbre Mundial de Roma sobre la Seguridad Alimentaria, instruya a la representación de México para que proponga, como uno de los compromisos a asumir en ese alto foro, la reestructuración urgente del mercado mundial alimentario para asegurar el incremento efectivo de la producción alimenticia, así como su almacenamiento, transporte y distribución, dentro de costos que aseguren la integración efectiva de la población en condición de hambre al mercado regular de alimentos, de manera que se garantice una solución estructural del problema alimentario mundial.

SEGUNDO.- Asimismo, y en el mismo contexto de la Cumbre Mundial de Roma, el Senado de la República exhorta también al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la representación de México para que proponga, como uno de los compromisos a asumir en ese alto foro, la convocatoria a una conferencia mundial ad-hoc de alto nivel con objeto de identificar, con precisión, la relación directa existente entre los efectos del cambio climático y los factores específicos que intervienen en la producción alimentaria, así como definir acciones precisas para hacer frente de manera puntual a dichos efectos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2009.

Atentamente

Sen. Angel Alonso Díaz Caneja”.

Del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos 2010 para apoyar los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR UNA PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 PARA APOYAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS IMPULSADOS POR CENTROS COMUNITARIOS DE MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS

“El suscrito, TomAs Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos para asistir a un encuentro con federaciones y clubes de migrantes zacatecanos en el sur de California, al que también acudieron connacionales que radican en los estados de Texas e Illinois. El motivo, fue la celebración del XXXVII aniversario del día del Zacatecano en Los Ángeles.

En dicho lugar vi con orgullo que el deseo de progreso y superación de nuestros hermanos migrantes no se limita a la búsqueda de un trabajo, sino que muchos de ellos hacen un esfuerzo por concluir los estudios que dejaron sin terminar en México.

La realidad es que en un gran número de centros comunitarios de mexicanos en Estados Unidos se desarrollan proyectos educativos que dan la oportunidad a los migrantes adultos de concluir sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria.

Todo ello es posible gracias al apoyo de profesores que regalan horas de su trabajo a favor de la comunidad y de las propias comunidades de migrantes que donan libros, útiles y material didáctico para que aquellos que deseen avanzar en su educación puedan hacerlo.

Sin percibir remuneración por su trabajo y con pocos recursos, los profesores que colaboran en los centros comunitarios organizan grupos y establecen calendarios para abordar los planes y programas de estudio que corresponden a cada grado educativo. En los salones habilitados para tal efecto, se gestan muchas historias de esfuerzo y superación de migrantes originarios de todas las entidades federativas de México.

Al final, los estudios son validados gracias a la coordinación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y de los institutos de educación para adultos de los estados, con el apoyo de los consulados.

Iniciativas comunitarias como estas adquieren mayor relevancia si consideramos que nuestros migrantes constituyen el sector más afectado por los problemas que aquejan a la economía de nuestro vecino país del norte.

Por ello, consideramos que los proyectos educativos desarrollados en los centros comunitarios, con la colaboración de profesores voluntarios y de la comunidad en general, deben ser objeto del más amplio reconocimiento y apoyo.

A través del presente Acuerdo proponemos exhortar a la Cámara de Diputados federal a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, a fin de apoyar dichos proyectos. La idea fundamental es que los recursos sean destinados al pago de maestros y a la adquisición de materiales educativos y didácticos para la educación de los migrantes adultos.

En el año 2001 impulsamos la creación de una partida presupuestal para atender y apoyar a las comunidades mexicanas en el exterior. Ahora, debemos impulsar nuevas acciones en beneficio de nuestros hermanos migrantes y alentar sus iniciativas y proyectos de superación y progreso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputadosa destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, a fin de apoyar y fortalecer los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos que hacen posible que muchas de estas personas logren concluir sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el extranjero. Dichos recursos serán destinados al pago de maestros y a la adquisición de materiales educativos y didácticos para la educación de los migrantes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para solicitar un informe al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los programas de separación de basura, el cual se turna a la Comisión del Distrito Federal para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR UN INFORME DETALLADO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE SEPARACION DE BASURA Y LAS AREAS DESIGNADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, SU DISPOSICION FINAL Y SU RECICLAMIENTO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta y una Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 15 de julio del presente año, en Sesión Permanente, nuestro partido presentó un Punto de Acuerdo solicitando un informe detallado, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre las acciones que se han desarrollado en los programas de separación de basura, así mismo, se requirió se nos informara sobre las áreas designadas para el tratamiento de estos desechos sólidos, su disposición final y si es el caso su reciclamiento, de igual manera se solicitó se emprendiera una campaña de difusión sobre la Ley de Separación de Basura y por último, se le instó dotar con lainfraestructura necesaria, personal y equipo a los servicios de limpia ya que se requiere de vehículos adecuados para separar, transportar y recoger los desechos que se generan el la ciudad.

Lo anterior fue motivado por diferentes causas, de las cuales es destacable mencionar que el Bordo Poniente recibía 12 mil toneladas de basura al día, de estas, 10 mil toneladas y media eran producidas por la capital y una y media por el Estado de México. El peso de los desechos provoco hundimientos entre los 14 y los 21 metros. Este hundimiento corre el riesgo de provocar una ruptura de la geomembrana, lo cual puede penetrar la protección ambiental que se utiliza en los rellenos sanitarios, lo que generaría la contaminación de los mantos acuíferos del Distrito Federal con los líquidos que se filtran de la descomposición de los desechos orgánicos de la basura. Esta situación pone en riesgo la infraestructura hidráulica de la zona y la salud de la población.

En este sentido, en enero de 2004 entró en vigor la Ley de Residuos Sólidos en el Distrito Federal, la cuál obliga a separar la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. El residuo sólido son los materiales, productos o subproductos que, sin ser considerados como peligrosos, se descartan o desechan y que son susceptibles de ser aprovechados o requieren sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final.

En la Ley de Residuos Sólidos y en su reglamento, se obliga a separar la basura en residuos orgánicos (todo residuo sólido biodegradable) e inorgánicos (aquél que no sea biodegradable y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje).

Uno de los principales problemas para un adecuado manejo de los residuos sólidos, es la falta de camiones con las separaciones para la materia orgánica e inorgánica. En las calles del Distrito Federal se ven varios modelos de vehículos recolectores de basura, y lo mismo hay camionetas Pick Up de una tonelada, que camiones de volteo o los clásicos para basura, pero sin contenedores separados. Los menos son los que sí están adaptados.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó esta Ley cuyo objetivo es que se separe la basura y se decidió invertir 72 millones de pesos para ponerla en marcha. Y aunque esta Ley fue publicada en la Gaceta Oficial del DF el 23 de abril de 2003, entró en vigor hasta febrero de 2004.

En este orden de ideas, es importante destacar que cuando una gran cantidad de desechos se arrojan en un sitio, inician una serie de transformaciones físicas y químicas. La materia orgánica da arranque a un proceso de descomposición por obra de bacterias como la Streptomyces y la Actinomicetes, que viven en el aire y que al posarse en los desperdicios, se reproducen y alimentan hasta convertir las cáscaras y huesos en un compuesto de moléculas simples de carbono.

Con el tiempo, en las capas profundas de la basura, a oscuras y sin oxígeno, se empiezan a generar bacterias denominadas anaerobias, que se alimentan de basura y tienen la particularidad de no requerir oxígeno para existir, con ellas se acumulan gases como el metano y el óxido nitroso, que ascienden hacia la atmósfera y aumentan su capacidad para retener calor, agravando el proceso de calentamiento global.

Asimismo, cuando la basura queda expuesta, por ejemplo, al agua de lluvia, se mezcla con los líquidos de la fermentación, creando un compuesto llamado lixiviado, que está lleno de bacterias potencialmente infecciosas y compuestos tóxicos que terminarán por filtrarse hasta los mantos friáticos, envenenando poco a poco las reservas acuíferas del mundo.

El consumo responsable y moderado, y sobre todo la separación de basura, son los elementos más importantes con los que el ciudadano puede ayudar a resolver el problema. Separar los desperdicios no es sólo una forma de facilitarles el trabajo a los empleados de limpia, sino garantiza que esos desperdicios se conviertan en materiales de reúso.

En respuesta al Punto de Acuerdo ya citado, se recibió oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que se emitieron informes de 10Delegaciones entre las cuales están Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Conteras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco donde se nos comunica sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento, proporcionándonos datos estadísticos y avances porcentuales en dichas actividades, mismos que nos permiten tener conocimiento sobre la efectividad y cumplimientode la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos y su reglamento en el Distrito Federal así como de los programas implementados para la difusión y sensibilización tanto de el personal encargado de la limpieza de la Ciudad como de los citadinos, el aprendizaje del manejo de los residuos sólidos, la implementación de nuevas técnicas y metodologías para la optimización de recursos materiales e infraestructura, la calidad y cantidad de conferencias y platicas que se han dado tanto a estudiantes de nivel básico y nivel medio superior como a la generalidad de los habitantes de las diferentes demarcaciones, todo esto con el objeto de verificar que la totalidad de los esfuerzos y recursos estén realmente encaminados a obtener un cambio de actitud, echando raíces una nueva y responsable Cultura Ciudadana que culmina con el éxito de la organización de la basura del Distrito Federal.

No obstante cabe señalar, que a la fecha no se han recibido los informes correspondientes de las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Por todo lo anterior y en virtud que es menester de este grupo parlamentario el contar con la totalidad de los informes de las Delegaciones que conforman esta Ciudad, para así efectuar la correcta toma de decisiones respecto a la creación de Políticas Publicas que coadyuven al logro de los objetivos y metas de la Ley de Residuos Sólidos y su reglamento y los programas estratégicos implementados, es prioridad el conocer a la brevedad los avances obtenidos en todas las demarcaciones territoriales en cuanto a los temas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y si es el caso, su reciclamiento, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la Republica solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emita un informe completo y detallado de las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, sobre las acciones que se han desarrollado en los programas de separación de basura, así mismo, sobre las áreas designadas para el tratamiento de estos desechos sólidos, su disposición final y si es el caso su reciclamiento, dotándonos de estadísticas y tablas de comparación en base a los resultados obtenidos año con año.

Segundo.- El Senado de la Republica, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emprender una campaña de difusión sobre la Ley de Separación de Basura.

Tercero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal nos informe sobre la infraestructura y personal de limpieza con que cuentan las 16 Delegaciones de esta Ciudad.

Recinto del Senado de la República,a 12 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo sobre los asesinatos cometidos en contra de los periodistas y comunicadores de México, el cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS ASESINATOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE MEXICO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia ala alza. Este tipo de actos contra la libertad de expresión amenazan con convertir a nuestro país en un pueblo desinformado y sin voces críticas.

México encabezó el año pasado la lista de periodistas asesinados o fallecidos por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión, crímenes que regularmente son ejecutados por bandas relacionadas al narcotráfico.

De 1983 al año 2000, fueron asesinados 35 periodistas, al día de hoy suman 97 los homicidios perpetrados en contra de este gremio, condenamos enérgicamente esta situación.

La organización no gubernamental, Reporteros sin fronteras “RSF” destacó los casos de México, Colombia y Cuba como los países más peligrosos para el ejercicio de la profesión, atribuyendo esta responsabilidad principalmente al narcotráfico.

La plaga del narcotráfico pesa gravemente sobre la libertad de movimientos y de expresión de los periodistas en México; el crimen organizado, es responsable del deterioro de la situación de la libertad de prensa en México. Traumatizados por los asesinatos de sus colegas, muchos periodistas prefieren autocensurarse para no arriesgarse a represalias.

A nivel mundial, el año del 2005 fue diagnosticado como “el más asesino”, para los periodistas; 63 informadores fueron asesinados, al menos 807 fueron detenidos, más de mil 300 agredidos o amenazados, y 1006 medios de comunicación censurados. Cerca de un tercio de la población mundial vive en países en los que no existe libertad de prensa.

Al menos diez periodistas mexicanos han sido asesinados, tres de ellos, como mínimo, en represalia directa por sus escritos, según grupos como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF). Un incremento general en la violencia relacionada con el narcotráfico en lo que va de este año.

Las muertes de los periodistas están teniendo un efecto intimidatorio; muchos medios publican cada vez menos notas sobre las bandas de narcotraficantes.

En la Ciudad de Tijuana, Baja California, el periodista Francisco Ortiz Franco, editor del Semanario Zeta, fue asesinado a balazos a sólo dos cuadras del cuartel central de la policía estatal. Asimismo, el reportero Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial, un prestigioso diario de Hermosillo, Sonora, fue “levantado” y asesinado, y algunas fuentes manifiestan que la investigación federal se centra en un oficial de la policía estatal quien fue la última persona en verlo con vida.

Tan solo en el año 2009, la suma de periodistas victimados es de 12, tal cual se detalla en la siguiente lista:

PERIODISTA

MEDIO

LUGAR

FECHA

Jean Paul Ibarra Ramírez

Diario 21

Iguala, Guerrero.

13 de febrero de 2009

Luis Daniel Méndez Hernández

La Poderosa

Huayacocotla, Veracruz.

23 de febrero de 2009

Carlos Ortega Samper

Diario Tiempo de Durango

Durango, Santa María del Oro

3 de mayo de 2009

Eliseo Barrón Laguna

La Opinión Milenio de Torreón.

Eureka, Gómez Palacio Durango.

26 de mayo de 2009

Martín Javier Miranda

Periódico Panorama y Agencia Quadratín en Michoacán

Zitácuaro, Michoacán

12 de julio de 2009

Ernesto Montañés Valdivia

Revista Enfoque de El Sol de Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua

14 de julio de 2009

Daniel Martínez Gil

Radiorama Acapulco

Acapulco, Guerrero

27 de julio de 2009

Omar Gándara San Martín

Fotógrafo, Eventos Sociales

Chihuahua

21 de septiembre de 2009

Norberto Miranda Madrid

Radio Visión

Nuevo Casas Grandes, Ciudad Juárez.

23 de septiembre de 2009

Gerardo Esparza Mata

Comunicación Social, Dirección Municipal de Seguridad Pública

Durango.

10 de octubre de 2009

Fabián Ramírez López

La Magia 97.1

Mazatlán, Sinaloa

11 de Octubre de 2009

Vladimir Antuna

Tiempo de Durango

Durango

02 de noviembre de 2009

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró de 2000 a 2009, 50 homicidios de periodistas y de 2005 a 2009 ha documentado la desaparición de siete comunicadores.

A través de un comunicado, la CNDH destacó que de 1991 a mayo del 2009, radicó 718 expedientes relacionados con violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y comunicadores.

En el año 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74: en 2007, 84; durante 2008 la cifra llegó a 80 y en los primeros cuatro meses de este año la cifra es de 24.

Por ello, señaló que el periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo, sobre todo al considerar que estos datos sólo revelan la existencia de casos que toma registro la CNDH, por lo que la cifra real de agravios es mucho mayor si se cuentan los casos que competen a las comisiones estatales o los que no se denuncian.

La falta de resultados satisfactorios en las investigaciones para identificar y aprehender a los responsables de los homicidios de informadores y de los causantes de atentados contra instalaciones de medios de comunicación, son la base para la creación del presente punto de acuerdo.

Hoy la sociedad y el gremio periodístico nos demandan garantías para la práctica de la libertad de expresión, terminar con la impunidad que alienta la comisión de los delitos contra este gremio, y asimismo incitar a las autoridades para que de manera rápida y eficaz sean debidamente sancionados los responsables de la comisión de estos crímenes.

Por último es necesario recordar que los pueblos que han respetado y consolidado la libertad de expresión, hoy figuran en los primeros lugares de desarrollo humano según Naciones Unidas, mientras los pueblos más violentos son aquellos donde la libertad de expresión ha tenido una muy escasa adhesión, conocimiento y respeto por este derecho universal.

Es por todo anterior, que en el Partido Verde nos preocupamos y ocupamos en la defensa de los derechos de todos, en caso concreto la libertad de expresión, es por ello que sometemos a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones y funciones gire instrucciones al titular de la Secretaría de Gobernación, para que remita un informe detallado sobre las acciones y medidas aplicadas relativas a los homicidios y las desapariciones perpetrados en contra de periodistas y gente de los medios de comunicación en nuestro país.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Procurador General de la República, para que remita un informe detallado sobre las investigaciones relativas a los homicidios y las desapariciones ysobre las medidas de protección implementadas en favor de periodistas y gente de los medios de comunicación en México.

Recinto del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.






EXCITATIVAS

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que crea la Ley de Precios Competitivos.

“El que suscribe, Ricardo Monreal Avila, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 66, numeral 1 inciso c) y 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente formule excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 5 de diciembre de 2006, los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Precios Competitivos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

La iniciativa en comento pretende hacer valer las disposiciones contenidas en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la prohibición de los monopolios y de las prácticas de empresas tendientes a establecer precios exagerados de los bienes y servicios que producen.

Si bien nuestro máximo ordenamiento es muy claro en advertir los efectos negativos de las prácticas monopólicas en la economía de los consumidores, las acciones emprendidas al día de hoy por el Estado mexicano no han demostrado eficacia al momento de combatir las prácticas comerciales de una minoría de grandes empresas que imponen estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo nacional.

Con la finalidad de evitar esta situación que día a día menoscaba la capacidad económica de las familias mexicanas, fue planteada la aprobación de una Ley de Precios Competitivos que tendría por objeto establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en al determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicio, a fin de contribuir a la condiciones competitivas del mercado nacional. El principal objetivo sería impedir el establecimiento de precios “exagerados” en bienes y servicios, a través de mecanismos que son consistentes con las reglas de una economía de mercado eficiente.

Cabe señalar que ésta es la segunda excitativa que se presenta para solicitar que se dictamine la iniciativa referida. Ya en octubre de 2007 los Senadores José Luis García Zalvidea y Alejandro González Yáñez hicieron lo propio, porque consideramos que se trata de un asunto que no debe postergarse más en razón de que es interés público lo que se intenta proteger.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- Que en un uso de la facultad que le confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva formular excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, a efecto de que presenten a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto quecrea Ley de Precios Competitivos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2009”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En atención a la solicitud del Senador Juan Bueno Torio, esta Presidencia emite excitativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que presente el dictamen a la propuesta con punto de Acuerdo presentada el 30 de octubre de 2008, para que la Comisión Nacional del Agua realice un estudio hidrológico que comprenda diversas cuencas del estado de Veracruz, para definir y establecer obras de infraestructura que eviten y prevengan accidentes e inundaciones ocasionadas por el cambio climático.

Solicito a la Secretaría pasemos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se cita a la siguiente sesión el martes 17 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:21 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO

























PROPUESTAS

- Del C. Senador Arturo Herviz Reyes, a nombre propio y de los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López y Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación a las inundaciones en los estados de Tabasco y Veracruz. Intervienen al respecto los CC. Senadores Juan Bueno Torio y Francisco Herrera León. Se aprueba.



- De los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gustavo Madero Muñoz, Arturo Núñez Jiménez, Francisco Agundis Arias, Ricardo Monreal Avila, Irma Martínez Manríquez y Luis Maldonado Venegas, que contiene punto de Acuerdo relativo a los acontecimientos climatológicos que han afectado severamente a El Salvador, Nicaragua y Honduras. Se aprueba.



- De la C. Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el Estado de México.



- De los CC. Senadores Alfonso Sánchez Anaya, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se evite la reducción del recurso asignado a la UNAM.



- De los CC. Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se consideren los recursos necesarios para la Universidad Autónoma Metropolitana.



- Del C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente en la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.



- De los CC. Senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se consideren recursos para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.



- Del C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y autorizar, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mayores recursos para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.



- De la C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo relativo a la extracción de arena del Banco Norte de la Isla de Cozumel.



- De la C. Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a realizar las aportaciones de recursos faltantes para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural.



- Del C. Senador Rafael Moreno Valle Rosas, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país a promover el uso de materiales didácticos en materia de seguridad y prevención de accidentes, a nivel de educación básica.



- De la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a la violación de un menor en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guadalajara, Jalisco.



- De los CC. Senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer los programas institucionales de apoyo a los cultivos tropicales en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.



- Del C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene punto de Acuerdo relativo a la Cumbre Mundial de Roma sobre Seguridad Alimentaria.



- Del C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos 2010 para apoyar los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos.



- Del C. Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo para solicitar un informe detallado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los programas de separación de basura y las áreas designadas para el tratamiento de los desechos sólidos, su disposición final y su reciclamiento.



- Del C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo sobre los asesinatos cometidos en contra de los periodistas y comunicadores de México.



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