+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 22

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Noviembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

APERTURA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (13:12 horas) Se ruega a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto.

Senadores en comisión oficial: Castellón Fonseca Francisco Javier, Núñez Jiménez Arturo, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Sotelo García Carlos.

Senadores con aviso de inasistencia: Cortés Mendoza Marko Antonio (inasistencia justificada), González Alcocer Alejandro (inasistencia justificada), Martínez Manríquez Irma (inasistencia justificada), Pérez Plazola Héctor (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Aguirre Rivero Angel, Jara Cruz Salomón, Rojo e Incháustegui María,.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes en este salón de sesiones un total de 117 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En consecuencia, por tanto, se abre la sesión. El orden de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día martes tres de noviembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Minuto de Silencio)

Se guardó un minuto de silencio en memoria del señor Margarito Montes Parra y su familia, a petición de los Senadores Heladio Ramírez López y Alberto Cárdenas Jiménez.

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el viernes treinta de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del C. Jaime Enrique Inocencio García Amaral, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2009; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, correspondiente al mes de septiembre de 2009; información sobre la recaudación federal participable correspondiente al mes de septiembre de 2008; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Heladio Ramírez López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Informe de actividades de esa comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se autoriza que la Cámara de Senadores remita al Ejecutivo Federal los proyectos de Decreto relativos al paquete fiscal 2010, en lo aprobado por ambas Cámaras.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibieron devueltas por la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 Constitucional, las siguientes minutas:

• Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

• Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

• Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

El Presidente informó de su recepción y turno inmediato a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, este mismo día por la mañana.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a abstenerse de cerrar nuestra representación diplomática en Luanda, Angola.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora María Elena Orantes, a nombre propio y de los Senadores López, Raúl Mejía González, Carlos Lozano de la Torre, Adolfo Toledo Infanzón, Mario López Valdez y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y de los Senadores Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

La Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra y Lázaro Mazón Alonso, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud y se adiciona una fracción XIV al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar una fracción adicional en la asignación presupuestal de la Comisión Nacional del Agua, en el Decreto de Presupuesto de Egresos para 2010.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se favorezcan preponderantemente las asignaciones a favor de la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Claudia Corichi García, Ramiro Hernández García y Ernesto Saro Boardman, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 no se reduzcan los recursos destinados al Fondo Metropolitano.- Se turnó ala Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 mayores recursos para el rubro de asistencia social, etiquetados a la Secretaría de Salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo sobre la siembra experimental del maíz.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo sobre la Minera San Javier, en San Luis Potosí.- Se turnó ala Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a aplicar de inmediato los recursos destinados al programa de infraestructura educativa.- Se turnó ala Comisión de Educación.

(Proposiciones)

El Senador Luis Alberto Villareal García, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se crea el Programa “Legislador al Cuidado del Paisano”, a fin de trabajar conjuntamente con las dependencias federales encargadas de la implementación del “Programa Paisano” para vigilar y proteger los derechos de los connacionales que entran y salen del territorio nacional.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que intervenga ante el Director General del issste a fin de que celebre un convenio con los profesores del país que están a punto de jubilarse y puedan pagar los días o meses de cotización que les faltan para cubrir los requisitos de ley para el acceso inmediato a esta prestación.- Considerado de urgente u obvia resolución. A discusión, intervinieron los Senadores Ricardo Torres Origel, Ricardo Monreal Ávila, Claudia Corichi García y Arturo Herviz Reyes. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Tomás Torres Mercado, José Isabel Trejo Reyes, Rosario Green Macías, María Rojo e Incháustegui y Alfonso Sánchez Anaya, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al pueblo y al gobierno de Zacatecas por la designación de esa ciudad como sede de una oficina del Patrimonio Mundial de la UNESCO.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar constancia de pláticas sobre violencia intrafamiliar, como requisito para contraer matrimonio.- Se turnó ala Comisión de Equidad y Género.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores David Jiménez Rumbo, Lázaro Mazón Alonso y Ángel Aguirre Rivero, proposición con punto de Acuerdo en relación a la investigación de la desaparición y ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores José Luis García Zalvidea, Salomón Jara Cruz y Rosario Ibarra de la Garza y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, proposición con punto de Acuerdo relativo a la detención en el país vasco del abogado Joseba Agudo Mancisidor.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Rojo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a incorporar al calendario cívico, el 4 de octubre como fecha de conmemoración del sacrificio del protomártir de la Independencia, Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

El Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos y de protección social de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por parte del imss.- Se turnó ala Comisión de Seguridad Social.

(Proposiciones)

El Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y de los Senadores Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad un informe detallado sobre la anunciada compra-venta de energía eléctrica entre México y Guatemala.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican y constituyen Comisiones del Senado.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos donde rechace todo tipo de prácticas y conductas que denigren a los inmigrantes, como fue la exposición y venta del disfraz “inmigrante ilegal”.- Se turnó ala Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo jueves cinco de noviembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si ésta es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea Asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite las respuestas a las preguntas que le formulara la Cámara de Senadores, en relación con el Tercer Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3293/09
México, D.F., a 3 de noviembre de 2009.

Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, remite las respuestas a las preguntas formuladas por ese Organo Legislativo, en relación con el Tercer Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del País.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario
Manuel Minjares Jiménez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones correspondientes.

Continúe la Secretaría.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 2009, a efecto de atender la invitación del Primer Ministro de Singapur, señor Lee Hsien Loong, para participar en la XVII Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Singapur, los días 14 y 15 del mes y año en curso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/SEL/311/1947/09
México D.F., a 3 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Camara de senadores
Del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que Betina Claudia Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 2009, a efecto de atender la invitación del Primer Ministro de Singapur, Sr. Lee Hsien Loong, para participar en la XVII Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Singapur, los días 14 y 15 del mes en curso.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

Atentamente

El titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“DIRECCION GENERAL DE COORDINACION POLITICA

Número: DEP-1707/09

Asunto: Viaje del Presidente a Singapur.

México, D. F., a 4 de noviembre de 2009.

C. P. MANUEL MINJARES JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
PRESENTE.

Estimado señor Subsecretario:

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el conducto para informar a la Mesa Directiva del Senado de la República que el Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional 12 al 16 de noviembre de 2009, a efecto de atender la invitación del Primer Ministro de Singapur, Sr. Lee Hsien Loong, para participar en la XVII Reunión de Líderes Económicos de! Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), que se realizará en Singapur, los días 14 y 15 de noviembre de 2009.

La Reunión representa una plataforma de acercamiento de México con la región Asia-Pacifico y ~ brinda una oportunidad idónea para que el Presidente de la República dialogue con sus homólogos Q de veinte de las economías más dinámicas de! mundo, entre las que se encuentran nuestros ~ principales socios comerciales y de donde proviene más de la mitad de la inversión extrajera directa que recibimos.

La participación del Presidente Calderón Hinojosa se sustenta en los siguientes motivos:

1. Cumplir con el compromiso de llevar adelante una política exterior responsable y activa que contribuya al crecimiento y desarrollo de nuestro país y al bienestar de los mexicanos.

2. Promover los vínculos políticos, económicos y de cooperación con una de las regiones de mayor dinamismo.

3. Contribuir junto con las otras 20 economías agrupadas en APEC en, la definición de iniciativas que faciliten la recuperación económica y promuevan la estabilidad, seguridad y prosperidad para la región.

4. Participar en la definición de acciones que sigan fortaleciendo las relaciones económicas intrarregionales y aseguren que los beneficios de la integración lleguen a todos los sectores de nuestra población, particularmente a los grupos más vulnerables.

5. Impulsar temas de interés para México tales como el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y la conclusión de la Ronda Doha, el cambio climático, la seguridad energética y la integración económica regional. En esta ocasión, el tema central del foro es: "Crecimiento sostenido: conectando a la región".

6. Reafirmar el apoyo de México a la promoción del comercio y las inversiones, el mejoramiento y la facilitación de negocios, la cooperación económica y técnica, los esquemas de integración regional y el mejoramiento de la conectividad logística y física de los países miembros de APEG.

7. Analizar junto con los líderes de las otras economías de Asia-Pacífico los avances que la región ha observado en materia de integración económica, competitividad y reformas estructurales.

8. Revisar junto con sus homólogos las acciones encaminadas a fortalecer a APEC como un foro líder para la integración y cooperación en la región Asia-Pacífico.

9. Atender la invitación para hacer una presentación sobre México y el tratado de libre comercio de América del Norte en la Cumbre CEO APEC 2009 en la que participarán líderes empresariales de alto nivel, académicos y otros Mandatarios.

10. Aprovechar la ocasión para sostener encuentros bilaterales con líderes de la región Asia Pacífico con objeto de promover el fortalecimiento de los vínculos económicos y diplomáticos en beneficio de nuestro país.

De acuerdo con las respectivas agendas, en el marco de esta reunión cumbre el Presidente de México sostendrá reuniones bilaterales con algunos de sus homólogos de la región, lo que permitirá abordar temas prioritarios para nuestro país en materia política y económica. Asimismo, el Presidente Calderón se reunirá con representantes de la empresa Temasek Holdings y sus subsidiarias, con el propósito de promover la inversión de estas empresas singapurenses en sectores estratégicos de nuestro país.

En los términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del Presidente de la República se enviará un informe a la Mesa Directiva del Senado de la República sobre los resultados de su participación en los foros citados, así como de las actividades y los encuentros que lleve a cabo durante esta gira de trabajo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Betina C. Chávez Soriano
Directora General”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea se da por enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico.

Continúe la Secretaría.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibieron 3 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar Condecoraciones que otorgan los Gobiernos de las Repúblicas Francesas y del Paraguay.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1926/09
México D.F., a 3 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12118, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Angel Córdova Villalobos, pueda aceptar y usar laCondecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El Titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1922/09
México D.F., a 3 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12119, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge Gerardo Sánchez Sosa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/SEL/311/1928/09
México D.F., a 3 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Camara de Senadores
Del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12120, el Emb. Jorge Castro-Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Ernesto Campos Tenorio, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República del Paraguay.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un oficio con el que remite copia de la Recomendación número 72/2009, dirigida al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública, relacionada con el expediente del caso del operativo realizado en el estado de Michoacán.

“PRESIDENCIA

Oficio No. 52139
México, D.F., a 30 de octubre de 2009.

Asunto: Recomendación

SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Distinguido señor Presidente:

Por medio del presente le comunico que el día 30 de octubre de 2009, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación No. 72/2009, dirigida al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Publica; relacionada con el expediente CNDH/1/2009/2502/Q, relativo al caso del operativo realizado en el estado de Michoacán.

Atento a lo anterior, anexo envío copia de la Recomendación citada.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea se impone de su contenido. Remítase copia a la Comisión de Derechos Humanos.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Sosa Govea: De la Cámara de Diputados se recibió un oficio con el que remite punto de Acuerdo del Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, por el que exhorta a las comisiones correspondientes del Senado, a emitir el dictamen relativo al proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-11-8-77

CC. Secretarios de la
Camara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, presento proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Mesa Directiva, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para que emitan el dictamen correspondiente, respecto de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, y suscrita por el Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F., a 29 de octubre de 20092:

Dip. Ma. Teresa R. Ochoa Mejía, Secretaria.- Dip. Gerardo Fernández Noroña, Secretario”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Continúe la Secretaría.

- La C. Secretaria Sosa Govea: También de la Cámara de Diputados se recibió un oficio con Acuerdo por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en Ottawa, Canadá del 13 al 17 de noviembre del año en curso.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-0269
Exp: 382

CC. Secretarios de la
Camara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo por el que se integra la Delegación de Diputados que participará en la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la Ciudad de Ottawa, Canadá, del 13 al 17 de noviembre de 2009.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 4 de noviembre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”.

“Junta de Coordinación Política

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, POR EL QUE SE INTEGRA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA XVI REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CANADA, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE OTTAWA, CANADA, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral I, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

CONSIDERANDO

I. Que en revisión histórica, las Reuniones Interparlamentarias entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Parlamento de Canadá, vienen realizándose desde 1975, enumerando XV encuentros bilaterales sostenidos de manera alternada entre los dos países;

II. Que en los últimos años, se han profundizado de manera considerable las relaciones entre el Parlamento canadiense y el Congreso mexicano, hasta llegar a constituir uno de los elementos más dinámicos de la relación bilateral;

III. Que de forma paralela a los excelentes lazos intergubernamentales, la fortaleza de los vínculos inter parlamentarios se ha incrementado de una manera que no tenía precedentes en los más de 60 años de relaciones diplomáticas formales entre Canadá y México;

IV. Que la estratégica relación bilateral que une a México y Canadá, más allá de los mecanismos de la diplomacia tradicional de los poderes Ejecutivos, exige reforzar los mecanismos de diplomacia parlamentaria para perfilar entendimientos, razonar soluciones a problemas conjuntos y encontrar convergencias mutuas;

V. Que la cooperación parlamentaria bilateral en los últimos años entre México y Canadá se ha ampliado considerablemente hasta incluir el intercambio de mejores prácticas y la ayuda proporcionada por parlamentarios y expertos canadienses a los legisladores mexicanos, en varios temas de políticas públicas, incluyendo federalismo, desarrollo regional, administración pública y acceso a la información pública;

VI. Qué en este mismo sentido, existe entre ambos países una amplia agenda temática de mutuo interés y conveniencia que incluyen temas tales como la participación de México y Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Programa de Trabajadores Mexicanos en Canadá, la búsqueda de mecanismos de cooperación en temáticas de la Nueva Agenda Global, la defensa al medio ambiente, la lucha contra la pobreza y desarrollo de nuevas tecnologías y el combate al narcotráfico, entre otros temas relevantes de interés bilateral;

VII. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta de

ACUERDO

Primero. Se designa a la delegación de diputados y diputadas que asistirán a la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá la cual se celebrará en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 13 al 17 de noviembre de 2009.

Segundo. La delegación de la Cámara de Diputados que participará en este encuentro internacional se integrará por seis Diputados, dos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo, quedando del siguiente modo:

Diputado

Grupo Parlamentario

Ildefonso Guajardo Villarreal

PRI

Jorge Alberto Juraidini Rumilla

PRI

Francisco Javier Salazar Sáenz

PAN

Martín García Avilés

PRD

Por designar por el Grupo Parlamentario

PVEM

Porfirio Muñoz Ledo

PT

Tercero.- Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará a lo establecido por los Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales de esta Cámara.

Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 4 de noviembre de 2009.

Dip. Francisco Rojas Gutiérrez, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Dip. Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Dip. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Coordinador del grupo partido de la Partido de la Revolución.- Dip. Juan José Guerra Abud, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Dip. Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza.- Dip. Pedro Jiménez León, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Dip. Pedro Vázquez González, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibieron dos comunicaciones suscritas por la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, por las que solicita el descargo de 2 puntos de Acuerdo por haber quedado sin materia.

“México, D.F., a 20 de octubre de 2009

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE
MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de noviembre del año 2008, el Senador Lázaro Mazón Alonso del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del Senado de la República una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que publique en el diario Oficial de la Federación la versión definitiva de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención, documento que fue turnado a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen correspondiente.

Al respecto, el 29 de noviembre de 2007, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en su carácter de Coordinador del Subcomité de Salud Reproductiva, órgano colegiado donde participaron representantes de los sectores público, social y privado, presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, el Anteproyecto de la presente Norma Oficial Mexicana.

Con fecha 3 de marzo de 2008, en cumplimiento del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.

Como resultado del análisis que realizó el Subcomité de Salud Reproductiva de los comentarios recibidos por los diferentes promoventes y de las respuestas autorizadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades durante su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de julio de 2008, la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2009 y la Segunda Sesión Extraordinaria realizada el 27 de febrero de 2009, se considero dar respuesta en sustérminos el día 6 de marzo de 2009 con la publicación respectiva.

En atención a los comentarios recibidos y respuestas aprobadas por el Comité de Normalización, la propuesta de Modificaciones al Proyecto de la Norma sería la siguiente:

Modificaciones al proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-190- SSA1-1999 que incorpora los comentarios y respuestas aprobados por el Comité de normalización el día 27 de febrero de 2009.

Por lo que considerando que con fecha 6 de marzo de 2009, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47 fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, el día 16 de abril de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación la siguiente:

NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION

En tal virtud solicito gire sus apreciables instrucciones, a fin de que la proposición de referencia sea descargada de los asuntos turnados a esta Comisión toda vez que ha quedado sin materia y comunique al Pleno lo correspondiente.

Agradeciendo de antemano las atenciones que le brinde a la presente, le reitero mis altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente”.

“México, D.F., a 20 de octubre de 2009

Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente
Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de abril del año 2008, la Senadora María Elena Orantes López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de esta Asamblea una proposición con punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, elabore una norma Oficial Mexicana para establecer los Criterios a observar en la atención de las Violaciones Laborales encontra de las Mujeres y consolidar la equidad e inclusión laboral, documento que fue turnado a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen correspondiente.

El día 16 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación salió publicado un aviso consulta pública del Proyecto de Norma PROY-R-025-SCFI-2008, en cuya síntesis mencionaba que la norma establece los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad, laborales entre mujeres y hombres.

Sobre el particular, el día 9 de abril del 2009 y después de cumplir todos los requisitos se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-025-SCFI-2009, cuyo título es que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

En la elaboración de la norma en comento participaron las siguientes organizaciones e instituciones:

• Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., AMMJE

Dirección de Comunicación Social

Dirección de Desarrollo Social

• Centro de Estudios de Formación Integral de la Mujer, S.C., CEFIM

Coordinación de Acción Política

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI

Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas

Dirección General de Enlace con la Administración Pública

• Comité Técnico de Normalización Nacional de Industria Diversas

Subcomité de Equidad de Género

• Congreso del Trabajo, CT

Comisión de Mujeres

• Consejo Coordinador Empresarial, CCE

Dirección de Administración

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED

Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y

Divulgación

• Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL

Dirección General Adjunta de Equidad y Género

• Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES

Dirección de Desarrollo Sustentable

Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM

Unidad de Planeación y Programación

• International Business Machines, IBM

Dirección de Recursos Humanos

• Red de Mujeres Sindicalistas, RMS

• Secretaría de Economía, SE.

Dirección General de Normas

• Secretaría de Salud, SS

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS

Dirección General para la Igualdad Laboral

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Universidad Iberoamericana, UIA

Programa de Derechos Humanos

• Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

Facultad de Economía

Facultad de Psicología

Esta norma mexicana incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga.

Asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres.

También coadyuva al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece como uno de los objetivos del Eje 3 Igualdad de Oportunidades: eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades, para que mujeres y hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Es de destacar que para la elaboración de esta norma mexicana se consideraron los modelos de gestión que promueve el Gobierno Federal y son instrumentados a la fecha:

Modelo de Equidad y Género (MEG: 2003) del Instituto Nacional de las Mujeres, los distintivos Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente Responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; así como las aportaciones realizadas por los factores de la producción, de personas expertas, de instituciones académicas, de organizaciones sociales y de instancias de la Administración Pública Federal.

El objetivo de la norma es establecer los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres.

En tal virtud solicito gire sus apreciables instrucciones, a fin de que la proposición de referencia sea descargada de los asuntos turnados a esta Comisión toda vez que ha quedado sin materia y comunique al Pleno lo correspondiente.

Agradeciendo de antemano las atenciones que le brinde a la presente, le reitero mis altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió también una comunicación suscrita por el Senador Melquiades Morales Flores, Presidente de la Comisión de Federalismo, con la que remite el Informe de Actividades de esa Comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea se impone de su contenido.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y la Secretaría General Iberoamericana relativo al establecimiento en México de una oficina de representación, firmado en la ciudad de México el 8 de julio de 2009.






ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN MEXICO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACION, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 8 DE JULIO DE 2009

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

H. ASAMBLEA:

En fecha 3 de septiembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN MEXICO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en las facultades conferidas a esta Soberanía por la Fracción I del Artículos 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

La Conferencia Iberoamericana surge en la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en julio de 1991 en Guadalajara, México. Está integrada por veintidós Estados de América y Europa, de lenguas española y portuguesa, cuya relación se rige por los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención, así como por el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones.

Uno de los documentos que integran la normativa de la Conferencia Iberoamericana, es la denominada “Declaración de Bariloche”, suscrita en San Carlos de Bariloche, Argentina, en octubre de 1995, la cual constituye el marco institucional que regula las relaciones de cooperación dentro de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, y tiene por objeto articular programas de cooperación para el desarrollo, a través de actividades que favorezcan la identidad iberoamericana, mediante acciones conjuntas en materia educativa, cultural, científica y tecnológica.

Para reforzar la institucionalización del proceso antes mencionado, en la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se decidió crear la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), mediante la suscripción del “Convenio de Santa Cruz de la Sierra”, como el órgano permanente de apoyo institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana, teniendo como objetivo primordial el fortalecer la labor en materia de cooperación, promoviendo los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos.

Es importante señalar que el Convenio de Santa Cruz de la Sierra, en su Artículo 1º, otorga a la SEGIB personalidad jurídica propia y la capacidad para celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines. De igual manera, el Convenio referido establece en su Artículo 8º la obligación de los Estados miembros de otorgar privilegios e inmunidades para la Secretaría General Iberoamericana y su personal, como parte integral de los Acuerdos de Sede que sean suscritos entre la SEGIB y el Estado anfitrión de una de sus oficinas de representación.

DESCRIPCION DEL ACUERDO

El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) relativo al establecimiento en México de una Oficina de Representación (Oficina Regional de Representación-Centro de Información), otorga a la SEGIB independencia y libertad de acción para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus objetivos.

De igual manera, concede a la SEGIB inmunidades tanto para sus bienes, en lo que se refiere a jurisdicción civil, penal y administrativa; como para sus funcionarios y empleados de la Oficina de Representación, en lo que concierne a las palabras, escritos y actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones oficiales. En ambos casos, las inmunidades y privilegios contenidos en el presente Acuerdo son otorgados en beneficio de la SEGIB y no en provecho de los propios individuos; por lo que la Secretaría puede renunciar a la inmunidad de cualquiera de sus funcionarios, cuando considere que ésta impide la acción de la justicia, cumpliendo de esta manera con el principio de buena fe, contemplado en el Artículo XV del Acuerdo en comento.

Por otro lado, el Acuerdo establece la inviolabilidad de los locales, archivos y documentos que pertenezcan a la Oficina de Representación; además de concederle facilidad de comunicación en lo que respecta a prioridades, contribuciones e impuestos en la materia.

Mención importante ameritan las exenciones fiscales concedidas a la Oficina de Representación, su director, funcionarios y empleados extranjeros, las cuales contemplan, entre otras cosas, la importación de bienes de consumo y equipo de transporte necesarios para su operación, libres del pago de impuestos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Es importante señalar que el Acuerdo de Sede entre nuestro país y la Secretaría General Iberoamericana sujeta al personal de nacionalidad mexicana o con el estatus de residente permanente, contratado por la Oficina de Representación para laborar en territorio mexicano, a lo dispuesto por la legislación nacional en materia de seguridad social, laboral y tributaria.

Finalmente, el texto del multicitado Acuerdo establece las posibilidades de su enmienda por consentimiento mutuo de las partes, y de su denuncia por cualquiera de ellas.

CONSIDERACIONES

En el Memorándum de Antecedentes que acompaña al instrumento cuya aprobación se propone, se detalla que México ratificó, en fecha 29 de marzo de 2005, el Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, mismo que entró en vigor a partir del 2 de septiembre de 2005. En razón de lo anterior, nuestro país reconoce plenamente la personalidad jurídica de la SEGIB y su capacidad para celebrar Acuerdos de Sede. En ese mismo tenor, nuestro país está comprometido a otorgar a la Secretaría General Iberoamericana y a su personal, privilegios e inmunidades para el desempeño de sus funciones.

Es importante mencionar que los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana concuerdan con los principios de la política exterior mexicana, plasmados en la Fracción X del artículo 89 constitucional, particularmente con el relativo a la cooperación internacional para el desarrollo, ya que dicha organización promueve de manera sustancial la cooperación multilateral y horizontal para fortalecer la identidad iberoamericana a través de acciones conjuntas en los ámbitos cultural, científico y educativo; además de contribuir al logro de los Objetivos del Milenio en la región. Lo anterior se refleja en los dieciocho programas iberoamericanos, cinco iniciativas y cinco proyectos adscritos en materia de cooperación con los que actualmente cuenta la SEGIB.

Es importante señalar que el Acuerdo puesto a la consideración de esta Soberanía, corresponde al “Acuerdo de Sede Modelo” establecido por el gobierno mexicano, cuyo contenido cuenta con la aprobación, desde el año 2002, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Banco de México; situación que contribuye a dar certeza jurídica en lo que corresponde a los privilegios, inmunidades y exenciones fiscales que contempla el texto del presente Convenio para la Oficina de Representación y su personal.

Cabe mencionar que al día de hoy, el formato del citado Acuerdo de Sede Modelo ha sido utilizado para la suscripción de seis Acuerdos para el establecimiento en México de Oficinas de Representación de diversos Organismos Internacionales, mismos que en su momento han contado con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Por otro lado, es pertinente resaltar la certeza jurídica que otorga el Acuerdo al personal de la Oficina de Representación que posea la nacionalidad mexicana o el estatus de residente permanente, al hacerlos partícipes de lo dispuesto por la legislación nacional en materia de seguridad social, laboral y tributaria.

Finalmente, como producto del análisis de los contenidos del Acuerdo en comento, se detectó un error tipográfico en su Artículo XIII, toda vez que el mismo alude a los incisos b), c) y d) del párrafo primero del Artículo XII, cuando debería hacer referencia al Artículo XI. En vista de lo anterior, y toda vez que el error mencionado no afecta en lo absoluto la sustancia y el contenido del Convenio, se considera pertinente que el Poder Ejecutivo Federal, una vez aprobado el Acuerdo de Sede por esta Soberanía, notifique a la Secretaría General Iberoamericana la errata del citado Artículo XIII, con efecto de incluir la corrección respectiva en el Decreto de Promulgación para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, someten a la consideración de los Senadores integrantes del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN MEXICO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACION, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

TRANSITORIOS

Primero.- El Poder Ejecutivo Federal deberá notificar a la Secretaría General Iberoamericana la errata del Artículo XIII del Acuerdo de Sede, consistente en la alusión que se hace a los incisos b), c) y d) del párrafo primero del Artículo XII, a efecto de incluir la corrección respectiva en el decreto de promulgación para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de noviembre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita la lectura del dictamen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura del dictamen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Es de primera lectura.

Continuamos ahora con la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio y dictamen, las siguientes iniciativas:

1. Lainiciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Inciso C del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Senadora María Elena Orantes López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. La iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la y los Senadores Ludivina Menchaca Castellanos, Francisco Agundis Arias, Manuel Velasco Coello, Arturo Escobar y Vega, Jorge Legorreta Ordorica yJavier Orozco Gómez, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

3. La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Artículo 20 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de las iniciativas presentando a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Las Comisiones se abocaron al examen de las iniciativas con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 6 de febrero de 2007, la Senadora María Elena Orantes, presentó ante el Pleno de esta H. Cámara una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción C del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procediendo la Mesa Directiva a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos.

2.- Con fecha 27 de febrero de 2007, el Senador Javier Orozco Gómez a nombre propio y de diversos senadores pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de esta H. Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Posteriormente en esa misma sesión, el Senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, turnado la Mesa Directiva ambas iniciativas a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos.

3.- Con fecha 22 de abril de 2009, los integrantes de las Comisiones aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

I.- Por lo que respecta a la iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Senadora Maria Elena Orantes el 6 de febrero, propone reformar la fracción C del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que actualmente prevé la facultad y obligación para que las autoridades que procuran la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, puedan, en aquellos casos donde se han visto vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes, y no exista posibilidad de conciliación entre las partes o cuando la citada vulneración sea en forma reiterada, tomar las medidas necesarias para prestar ayuda especializada a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en dicho supuesto, además de alejar del entorno familiar al victimario.

II.- En lo referente a la iniciativa presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, a nombre propio y del resto de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone una serie de reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre las cuales se encuentran la modificación al actual artículo 21 que prevé el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad, en su libertad, y en contra del maltrato y abuso sexual, adicionando una fracción que prevea igualmente la protección contra la explotación económicay contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Así mismo propone una modificación al artículo 28 de la Ley, para adicionar respecto del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales, y municipales se aseguren que todos los sectores de la sociedad, en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de salud y nutrición de los niños y niñas, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos, y sobre el mismo artículo, propone reformarla actual fracción H, para establecer sobre el derecho a la salud de los beneficiarios ya mencionados, que las autoridades indicadas en el presente párrafo desarrollarán la atención sanitaria preventiva, además de otorgar orientación y educación a los padres respecto al establecimiento de medidas para prevenir embarazos tempranos.

Sobre el mismo artículo 28 de la Ley relativa a los derechos de la niñez, la iniciativa propone la adición de una fracción K, para establecer que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales, y municipales deberán adoptar medidas eficaces y apropiadas para abolir prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de las niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa también plantea la reforma al artículo 32 en su fracción A que prescribe lo relativo al derecho a la educación, para establecer que las leyes promoverán que a niñas, niños y adolescentes se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez, y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo, proponiendo la reforma adicionar que lo anterior es a fin de contribuir a erradicar la ignorancia y analfabetismo.

Además de ello propone dentro del mismo artículo 32 la adición de las fracciones H, I y J.

En la fracción H pretende que las autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

En lo que corresponde a la fracción I, propone inculcar a la niña, niño y adolescente el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas a la suya.

Por su parte la fracción J que presentan los proponentes menciona que las leyes promoverán inculcar a la niña, niño y adolescente, los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental y desarrollo sustentable, así como la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

La iniciativa plantea la adición de una fracción G al artículo 46 para establecer que en los procedimientos en que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la Ley penal, se deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, adicionando a las actuales la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o habla el idioma utilizado.

Plantea, además, la adición de una fracción K al artículo 49 de la Ley relativa a los derechos de la niñez y adolescencia, para establecer que las instituciones previstas en el artículo 48 de la misma y que se refieren a aquellas encargadas de la procuración y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberán adoptar lasmedidas necesarias para promover la recuperación física y psicológica, además de la reintegración de toda niña, niño o adolescente víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados, llevándose a cabo la recuperación y reintegración en un ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo, y la dignidad de los menores.

Por otro lado, propone un transitorio único para establecer que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III.- Finalmente la iniciativa presentada por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas plantea la adición de un artículo 20 bis. a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito deestablecer que dentro de los juicios y controversias del orden familiar, el juez que conozca del asunto, tomará todas las medidas encaminadas a proteger la salud mental tratándose de niñas, niños y adolescentes, cuyo texto versa de la siguiente manera:

“Artículo 20 bis.- En las controversias del orden familiar en que se vean precisados a intervenir los niños, niñas y adolescentes, los jueces competentes deberán dictar aquellas medidas que estimen pertinentes para protegerlos de cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental”.

Adicionalmente la propuesta es acompañada de un transitorio único que establece que el respectivo decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CONSIDERACIONES

I.- Por lo que respecta a la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el apartado C del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Senadora María Elena Orantes se estima que:

1.- Dentro de su exposición de motivos la iniciativa alude que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base jurídica de la familia y de la igualdad entre géneros y bajo ese orden de ideas argumenta que el artículo 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de ellos a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonía en el ámbito físico, mental, material, espiritual, moral y social.

Menciona que la violencia intrafamiliar vulnera aquellas disposiciones previstas en el pacto federal y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sobre ese respecto, considera la exposición de motivos presentada por la Senadora que la inclusión de la violencia familiar como un tema trascendental en su atención y erradicación es un gran avance en el respeto de los derechos fundamentales, pues hasta hace unos pocos años este problema se había mantenido como algo privado, sin embargo gracias la inclusión aludida han sido posibles reformas legislativas como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que representan un adelanto en el cumplimiento de los tratados internacionales que en la materia nuestro país ha signado.

Aduce la Senadora que se deben continuar dando pasos encaminados a erradicar la violencia intrafamiliar, pues la misma es una cuestión impostergable que representa el fortalecimiento de la familia, que es parte medular e importante de nuestra sociedad.

Así mismo, la Senadora proponente expone la necesidad de cumplir aquellos compromisos que ha asumido México respecto del tema de los derechos humanos y en especial de aquellos grupos menos favorecidos o en situación de vulnerabilidad, en ese sentido se subrayan aquellos compromisos previstos en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre los más significativos, sin que eso signifique que sean los únicos.

En tal virtud se considera necesario combatir la violencia de género y la violencia al interior de las familias mediante una política de Estado de orden público e interés social, pues lo mencionado con anterioridad exige el establecimiento de políticas y mecanismos adecuados y eficaces para combatirla y erradicarla de la sociedad mexicana, para proteger a la familia y a la sociedad en su conjunto.

Para la Senadora proponente, atender a la familia ha sido y debe ser en todo momento una preocupación del Estado mexicano y de todos aquellos sectores sociales preocupados por una convivencia humana.

2.- Sin embargo, a pesar que se han dado múltiples avances en la materia aún falta mucho por hacer sobre la atención y erradicación de la violencia intrafamiliar, pues menciona la proponente que aún existen víctimas que ni siquiera expresan su sentir y no aceptan que son víctimas de los malos tratos, de tal manera que nunca denuncian el delito ante las autoridades, por lo que no existen estadísticas confiables.

En ese sentido menciona que la Organización Panamericana de la Salud, ha señalado que en uno de cada tres hogares existe violencia intrafamiliar, lo que nos indica que 8 millones de hogares en el país sufren este mal social.

Reflexiona la Senadora en el hecho de pensar que cada persona que presenta algún tipo de conducta antisocial, es altamente probable que el problema este relacionado con la violencia intrafamiliar.

Por lo anterior es que se considera necesario crear condiciones que impidan que niñas, niños y adolescentes, sufran algún tipo de violencia que los deje marcados y propicie que un futuro padezcan las consecuencias al presentar conductas antisociales o reprochables.

3.- Finalmente la proponente se pronuncia en la necesidad de lograr que los delitos de violencia familiar no sean de querella, esto por la condición particular que se da en ellos, es decir en el temor de la víctima hacia el victimario, y considera que en algunos casos el agresor tiene un comportamiento en su casa con su familia, y otro muy distinto con la demás gente, además de establecer que se debe llegar hasta el fondo de estos asuntos y no estar sujetos a que la víctima perdone al victimario y borrón y cuenta nueva, porque en venganza puede repetir su conducta con trágicos resultados.

Concluye finalmente que existen familias en las cuales prevalece violencia intrafamiliar a pesar de que esta fue denunciada ante las autoridades, ya que en vez de separar al agresor del entorno familiar, separan a la víctima.

4.- En principio, si bien los integrantes de las Dictaminadoras están conscientes de los motivos que impulsan a proponer mecanismos que cubran la necesidad de implementar medidas encaminadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es preponderante considerar su viabilidad y pertinencia a través de una valoración exhaustiva.

Bajo ese orden de ideas la propuesta plantea ampliar el actual texto de párrafo C del artículo 49 de la Ley de protección en la materia de derechos de la niñez, que actualmente versa de la siguiente manera:

“Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes”.

Para establecer su modificación en los siguientes términos:

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A.-B. (...)

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes; en caso de no existir posibilidad de conciliación entre las partes o de que la vulneración de los derechos y garantías se haya realizado en forma reiterada, tomar las medidas necesarias, para prestar ayuda especializada a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en dicho supuesto, asimismo, alejar del entorno familiar al victimario.

5.- Los integrantes de estas Dictaminadoras consideran inviable la propuesta en los términos planteados por los argumentos que a continuación se detallarán.

Según el artículo 1 de la Ley para la protección de los derechos de Niñas, Niños yAdolescentes establece que:

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

De lo anterior se desprende que la Ley en comento prescribe una serie de derechos de carácter general, con el fin que tanto la federación, los estados y municipios, tomen aquellas medidas (legislativas y administrativas) encaminadas a dar eficacia y cumplimiento a los derechos ya descritos, siendo en consecuencia el espíritu del ordenamiento el hecho de crear plantear e implementar dentro del resto de las normas vigentes aquellos mecanismos o medidas necesarias para lograr el cumplimiento y garantizar el respeto de los derechos consagrados en esta Ley, eso implica por ejemplo, dar cuenta en la Ley General de Educación y en aquellas normas relativas a dicho rubro sobre tales mecanismos en materia de educación, pues el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la propia Ley materia del presente dictamen, es entre otros, hacer del tema de los derechos la niñez una política de Estado transversal que sea prevista y garantizada a través de diversos ordenamientos relativos al tema en cuanto al derecho que se deba garantizar.

Ahora bien, versa la propuesta que las instituciones referidas en el artículo 48 de la Ley relativa a los derechos de la Niñez, (en la generalidad son los sistemas para el desarrollo integral de la familia) tendrán entre otras facultades las existentes en los conflictos donde sean vulnerados derechos y garantías de la niñez, mismas que deberán, además de conciliar, velar por que dentro de tales conflictos no exista posibilidad de llegar a tal supuesto, o cuando la vulneración a tales derechos se realice reiteradamente, tomen todas lasmedidas necesarias para prestar ayuda especializada a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en dicho supuesto, así como alejar del entorno familiar al victimario.

La propuesta resulta inviable en los términos previstos, pues en primer término debemos tomar en cuenta que la Ley prevé de forma enunciativa y no limitativa una serie de derechos de niñas, niños y adolescentes, como el derecho a estudiar, a no ser discriminado, a expresarse, a opinar, a vivir libre de violencia y adicciones, a vivir en familiar, etc.

Al respecto cabe destacar que dentro del núcleo familiar es posible encontrar en ocasiones hechos que significan una vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia, pero no siempre implican alguna figura delictiva en la que por fuerza se le pueda llamar a la persona causante de tal vulneración, victimario.

A mayor abundamiento de lo anterior y como ejemplo, podemos encontrar familias que se componen de niñas, niños o adolescentes que cuentan con algún tipo de discapacidad, en la cual los padres, progenitores, tutores o custodios, por ignorancia omiten velar por el derecho de ellos a recibir educación de alguna forma, tal como prescribe la propia ley en sus capítulos Noveno y Décimo, luego entonces existe una vulneración a los derechos y garantías prescritos en la leyes, más sin embargo no podemos hablar de una situación en la que pueda darse el calificativo de victimario al causante de tal vulneración, sin embargo es necesario que el Estado a través de tales instituciones, proponga soluciones y alternativas encaminadas a erradicar tal vulneración, por lo que no es posible que en un evento donde la norma prevé situaciones genéricas de una vulneración, se pretenda dar en todas ellas el calificativo de victimario al causante de tal hecho.

6.- Más aún cuando el texto previsto establece como una condicionante o supuesto el hecho que la vulneración de los derechos y garantías sea de forma reiterada, situación que no es deseable en razón de dar la percepción de permitir que se dé un supuesto de violencia familiar o una vulneración grave de derechos por más de una ocasión, a pesar de ser hechos que puedan constituir delito o delitos, por lo que puede ser peligroso que las personas causantes de tales hechos continúen cerca del entorno familiar aún cuando sean parte de ella, pues a pesar de estar sujetos a investigación o proceso, es posible que estos puedan llevarlo en libertad por permitirlo la Ley, aunado a que el adjetivo reiterado resulta un tanto oscuro y contrario a la necesidad de evitar que tales hecho sean repetitivos dentro del núcleo familiar.

7.- Bajo esa tesitura, si bien el espíritu de la propuesta tiene como afán el proteger durante todo momento a las niñas, niños y adolescentes, lo cierto es que la misma en la forma redactada es inviable en razón de particularizar sobre hechos que se puedan presentar de diversas formas y que no siempre encajarían con lo propuesto.

Sin embargo, no escapa para estas Dictaminadoras que su intención es por un lado establecer medidas de atención especializadas para el tratamiento de tal vulneración a favor de niñas, niños y adolescentes, y por el otro dejar en claro la obligación de las instituciones previstas por el artículo 48 de la Ley, en cuanto a establecer las medidas tendientes a brindar protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes; es el caso a vivir libre de cualquier tipo de violencia.

Es por ello que si bien el artículo 28 fracción J, establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud y bajo ese contexto las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales, y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinadas a efecto de establecer las medidas tendientes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia familiar, lo cierto es que como hemos mencionado, no todas las vulneraciones a derechos y garantías implican violencia familiar, pero si pueden tener la necesidad de ser tratados o canalizados a especialistas que ayuden a mantener incólume su desarrollo integral.

Derivado de lo anterior es que los integrantes de estas dictaminadoras estiman pertinente brindar aquellas facultades y atribuciones necesarias para que las autoridades encargadas de velar por los derechos previstos en los ordenamientos aludidos y relativos a la niñez y la adolescencia, cumplan con su objetivo, para ello proponen adicionar a la actual fracción C de la Ley relativa a los derechos de la niñez, el prestar ayuda especializada cuando niñas, niños y adolescente vean vulnerados sus derechos dentro del núcleo familiar, en el sentido que éstos de ser necesario, puedan recibir atención especializada tendiente a lograr su debida integración a la sociedad, tal que le permita tener un desarrollo integral en las mismas circunstancias que el resto de los beneficiarios de esta norma de acuerdo a lo descrito por el artículo 8 de la propia Ley.

Aunado a lo anterior y a pesar de existir en los Códigos de Procedimientos Penales respectivos la facultad del Ministerio Público para dictar todas aquellas medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, lo cierto es que dentro del propio núcleo familiar los hechos delictivos pueden ser tales que no siempre sea la víctima la niña, niño o adolescente, sino algún otro integrante, por lo que en cierto modo puede quedar al libre albedrío la toma de estas medidas a favor o no del infante o adolescente, por lo que en aras de proteger a los beneficiarios de la norma a vivir una vida libre de violencia, es que se plantea la necesidad de establecer que cuando la vulneración de derechos y garantías implique figuras delictivas (como violencia familiar por ejemplo) además de que la institución lo haga del conocimiento al Ministerio Público conforme a la fracción D del mismo artículo, le solicite asumir las medidas precautorias encaminadas a salvaguardar la integridad de los derechos previstos en la presente Ley, previendo de esa forma no sólo el alejamiento del entorno familiar del posible victimario o causante del conflicto que vulneró los derechos (vivir una vida libre de violencia) de niñas, niños y adolescentes, sino aquellos necesarios para salvaguardar sus derechos previstos en Ley, de esa forma los integrantes de las Dictaminadoras proponen el siguiente texto de modificación a la iniciativa:

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A.-B. (...)

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, procurando prestar ayuda especializada a las y los afectados por tal vulneración y, en su caso, deberán solicitar a la autoridad prevista en la siguiente fracción, tomar las medidas precautorias correspondientes.

Si bien el texto propuesto es genérico en cuanto a la cantidad de supuestos que pueden encontrarse, lo cierto es que no se ciñe únicamente una sola situación, pues deja en libertad a las autoridades para actuar y tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, dejando en claro a las autoridades tanto procuradoras del los derechos de la niñez como a órganos de procuración de justicia, sobre la imperiosa necesidad en tales casos de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, asumiendo las medidas que estimen pertinentes entre las cuales puede destacar aquellas que la proponente estableció en la iniciativa materia del presente dictamen.

8.- Ahora bien, estas Dictaminadoras advierten sobre un aspecto que resulta contradictorio para nuestro marco jurídico, es el caso del proceso conciliatorio que la propia Senadora proponente dispone dejar vigente y adicionarlo con una serie de elementos tendientes a lograr la debida protección de niñas, niños y adolescentes, en contra de lo dispuesto por la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues conforme a lo que dispone en su artículo 8 el cual menciona que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan los distintos órdenes de gobierno inmiscuidos, se debe tomar en consideración evitar los procedimientos de conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento con la víctima, situación que entonces resulta contradictoria con la propuesta materia del presente Dictamen, lo anterior en base a recordar que el alcance de la presente Ley y la mencionada encaminada a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues por un lado la primera tiene como beneficiarios a niñas, niños y adolescentes, y la segunda de ellas establece que por víctima debe entenderse la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia, entrando dentro de este rubro niñas y adolescentes, por lo anterior resulta contradictorio dejar intacto el hecho de los procedimientos de conciliación dentro de la reforma y que por el contrario la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia recomienda la eliminación de estos, pues con ello se crea un aspecto contradictorio a los modelos de protección, que conlleva incertidumbre no sólo de parte de los gobernados, sino de la aplicación de la propia ley por parte de autoridades.

Por lo anterior, estas Comisiones estiman pertinente plantear la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de armonizar ambas legislaciones y salvaguardar de esa forma lo descrito en el artículo 49 fracción C de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues aunado al argumento de contradicción hecho valer, no debe perderse de vista que la situación de violencia que sufren las mujeres, refiriéndonos a aquellas que han alcanzado la mayoría de edad, nunca podrán tener las mismas soluciones y vértices que para las personas menores de edad, pues como un sólo elemento que robustece lo anterior debemos recordar el gran número de familias monoparentales que existen en nuestro país, donde en caso de alejar a la personas de alguien que pudo o no haber cometido algún acto, la personas afectada podría ser puesta bajo la custodia de autoridades, volviendo así al modelo tutelar que se ha tratado de erradicar a lo largo de años, significando lo anterior que sólo en circunstancias extraordinarias sería preciso evitar tales procedimientos conciliatorios y poner a disposición de la autoridad respectiva la custodia y en su caso patria potestad de una persona menor de dieciocho años, más aún cuando el artículo 49 fracción C de referencia nos habla de violaciones a sus derechos -de niñas, niños y adolescentes- las cuales no siempre son traducidas en violencia, pues las mismas pueden ser generadas por ignorancia u otro elemento, derivado de lo anterior es que se precisa llevar a cabo una excepción que directamente se encamine a niñas y mujeres adolescentes para las cuales deben operar posibilidades más amplias de concluir con los conflictos derivados de controversias en las que se pudieron haber vulnerado sus derechos, siendo en consecuencia necesario establecer una particularidad y excepción planteando la modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 8, fracción IV, en los siguientes términos:

ARTICULO 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. a III. …

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima, en los casos que se trate de niñas y adolescentes, se atenderá antes de tales medidas al principio del interés superior de la infancia.

II.-Referente a las Consideraciones sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se tiene las siguientes:

1.- Menciona la iniciativa dentro de su Exposición de Motivos, que muchos países en el mundo han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, contemplando como derechos algunos de los siguientes: el derecho a la vida, a no ser discriminado, a ser protegido en los conflictos armados, a ser protegido de torturas, castigos o tratamientos inhumanos o degradantes, a no ser privados arbitrariamente de la libertad, a un tratamiento especial en el sistema de justicia, y los derechos a la educación, atención sanitaria y adecuado nivel de vida, así como a la falta de explotación económica y otros abusos.

A pesar de ello, expone que en todo el mundo han sido violentados sus derechos –de niñas y niños- por varias causas en distintos ámbitos, muchos sirviendo en conflictos armados, algunos han sido refugiados, desplazados, han sufrido abuso físico en escuelas, no tienen acceso a la educación, otros trabajan en condiciones peligrosas,o se encuentran en orfanatos o centros de detención.

Señala al respecto la Exposición de Motivos, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 250 millones de niños de edades entre los 5 y 14 años trabajan en países subdesarrollados, al menos 120 millones en jornadas completas. El 61% de ellos se encuentran en Asia, el 32% en África y el 7% en Latinoamérica.

La Exposición de Motivos establece que el trabajo infantil incluye una serie de situaciones peligrosas y explotadoras, tales como la venta y tráfico de niños, la esclavitud por deuda, el trabajo impuesto obligado, el uso de niños para la prostitución o producción de la pornografía, o para actividades relacionadas con el tráfico de drogas entre otras.

La motivación de la propuesta menciona que para nadie es rara o ajena que en todo el mundo aún niños y niñas sufren de explotación y abuso sexual, y que al respecto México ratificó en 1990 la Convención ya mencionada en materia de derechosde la niñez, estableciendo su obligatoriedad y vinculación del resto de la leyes en razón de haber sido ratificado conforme lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No sólo existe la misma Convención, sino el artículo 4 y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prescriben una serie derechos relacionados entre sí y a favor de la niñez y la adolescencia.

Aduce el proponente que en nuestro país aún existen enormes resistencias por parte de los poderes públicos y la sociedad en general, sobre la idea de reconocer que la infancia es también sujeto de derechos y en algunos casos se les considera que ese cúmulo de derechos es limitado únicamente a la alimentación, la salud o la educación, basada tal actuación en que los adultos actúan por el bien de los niños.

La iniciativa menciona que lo anterior toma relevancia si se consideran los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el INEGI, mismos que indican que hacia el primer lustro del siglo XXI, viven en México 37 millones 887 mil 616 personas menores de dieciocho años de edad y el ejercicio demográfico apunta a un promedio anual de 2.15 millones de nacimientos.

Por cuanto a los derechos de los niños indígenas, el incumplimiento de los derechos de las niñas y los niños se ve reflejado en el nivel de logros educativos.

Establece la iniciativa que en este país la pobreza aún persiste, pues según cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2004, el 58% de los niños y adolescentes vivían en familias pobres, además en la misma encuesta se revela que el 10% más rico de la población concentraba el 35.6% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo disponía del 1.6% de los ingresos.

También aduce la exposición de motivos que existen aún diferencias profundas entre la población indígena y la no indígena, además que la situación que se vive en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la presencia del ejército federal es lo cotidiano, refleja grandes repercusiones que tiene que ver con la sociedad y en especial con niñas y niños, donde su convivencia o la posibilidad de ella puede afectar seriamente su desarrollo.

Por las consideraciones anteriores que expone la Iniciativa, es por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde proponen modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a los establecido en el capitulo denominado “Contenido de la Iniciativa”

2.- En esencia, la propuesta materia del presente dictamen pretende modificar algunas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual en su artículo 1 establece su naturaleza al mencionar que la misma se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, concluyendo con un segundo párrafo que establece que laFederación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley.

De lo anterior se desprende que la Ley en comento prescribe una serie de derechos de carácter general, con el fin que tanto la Federación, los estados y municipios, tomen aquellas medidas -legislativas y administrativas- encaminadas a dar eficacia y cumplimiento a los derechos ya descritos, siendo en consecuencia el espíritu del ordenamiento el hecho de crear, plantear e implementar dentro del resto de las normas vigentes, aquellos mecanismos o medidas necesarias para lograr el cumplimiento y garantizar el respeto de los derechos consagrados en esta Ley, eso implica por ejemplo, dar cuenta en la Ley General de Educación y aquellas normas relativas a dicho rubro sobre tales mecanismos en materia de educación, pues el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley materia del presente Dictamen, es entre otros hacer del tema de los derechos la niñez una política de Estado transversal que sea prevista y garantizada a través de diversos ordenamientos relativos al tema en cuanto al derecho que se deba garantizar como refiere el ejemplo al de educación.

3.- Bajo los términos planteados y a efecto de realizar un dictamen a conciencia, las dictaminadoras se abocaron al estudio de cada una de las modificaciones propuestas.

Al respecto, por lo que corresponde a la propuesta relativa a la adición de una fracción D al artículo 21 de la Ley relativa a los derechos de la niñez en lossiguientes términos:

ARTICULO 21. ...:

A. a C. ...

D. Explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Debe concluirse que la misma resulta innecesaria por cuanto refiere al término de explotación económica, pues está ya previsto el de explotación, siendo éste último más adecuado en razón de guardar cierta amplitud por cuanto permite interpretar que la obligación del Estado será la de proteger a niñas, niños y adolescentes contra cualquier tipo de explotación incluyendo la económica, según dispone el propio artículo 21 en su fracción B, que versa de la siguiente manera:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

Sobre el anterior texto, es preciso aclarar que es más amplio que el propuesto en la Iniciativa en lo referente a la explotación, pues al no hacer referencia a alguna especie de explotación, rige el principio de derecho “donde la Ley no distingue no es dable distinguir”; es decir, que la actual Ley ya prevé en una fracción distinta a la que los proponentes pretenden adicionar, pero contenida en el mismo artículo: que a niñas, niños y adolescentes se les protegerá cuando se vean afectados por la explotación, refiriéndose a cualquier tipo de explotación, sea sexual, laboral, económica o cualquier otra.

Sin embargo, en lo referente a la segunda parte de la fracción propuesta que menciona “y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”si bien este texto emana de lo previsto en el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño,el mismo resulta inviable por cuanto a referir al universo de niñas, niños y adolescentes, en razón que por un lado puede causar confusión al ser interpretado a contrario sensu, pues implicaría entonces que no sería necesario proteger y en cierto aspecto se les podría contratar laboralmente cuando el trabajo que desempeñen no sea peligroso, ni entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, aún tratándose de niñas, niños o adolescentes menores de catorce años, perdiendo de vista que sobre ellos recae una prohibición Constitucional para desempeñar trabajo alguno, y sobre los adolescentes, estos lo pueden realizar a partir de los catorce años, con las modalidades que la propia Ley Federal del Trabajo prevé.

No obstante lo anterior, éstas Dictaminadoras ven con agrado la intención de la propuesta sobre el presente artículo, que entre otras cosas es lograr la debida armonización de la Convención sobre los Derechos del Niño al resto de la legislación y dejar en claro la obligación del Estado por cuanto a que debe proteger a niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de explotación; sin embargo, consideran necesario dejar en claro que el texto que menciona que el Estado deberá proteger de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o ser nocivo para su salud o desarrollo sea dirigido únicamente a las personas mayores de catorce años, pues es precisamente a ellas a las únicas que se permite ser contratadas laboralmente, pues es preciso recordar que por cuanto a las personas de catorce años, es el Estado a través de la Constitución la que prohíbe expresamente su contratación, luego es preciso considerar que el texto de referencia y el similar previsto en el artículo 32 de la citada Convención, se refiere y fue diseñado para aquellas personas cuyo trabajo si puede emplearse legalmente, siendo en la especie aquellas personas mayores de catorce años, debiendo cumplir con las restricciones que la propia Ley Federal del Trabajo prevé, lo anterior adquiere mayor sentido al interpretarse en contrario sensu el texto propuesto, tal como han manifestado las dictaminadoras líneas atrás, siendo en conclusión propuesto por las dictaminadoras el siguiente texto a la iniciativa:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A…

B. El uso de drogas y enervantes, el secuestro, la trata, y todo tipo de explotación. En cuanto a los adolescentes mayores de catorce años serán protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o pueda entorpecer su educación, o sea nocivo para su salud y para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

C…

Aunado a lo anterior es preciso hacer hincapié que la ley que debe pormenorizar aquellas actividades que considere peligrosas, nocivas o que perjudican el desempeño educativo, debiendo verse reflejado el espíritu de la propuesta en la propia Ley Federal del Trabajo, pues esa es la legislación idónea para pormenorizar la protección de los derechos de los adolescentes en el ámbito laboral (reiterando que en lo referente a la niñez y personas adolescentes menores de catorce años, la prohibición para poder ser contratados laboralmente es expresa) pues la misma contiene un capitulo Quinto Bis, dentro del Título Cuarto, que establece a detalle las normas y modalidades deben observarse en la contratación de personas mayores de catorce años, y da certeza de cuales son aquellas labores consideradas peligrosaspor la propia Ley de la Materia.

4.- En lo correspondiente a la reforma propuesta al primer párrafo del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya modificación se propone para dejar el primer párrafo en los siguientes términos:

ARTICULO 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asegurarse que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos.

Al respecto la propuesta resulta innecesaria en razón dichas atribuciones se encuentran ya previstas, pues el artículo 7 de la Ley General de Salud establece que es atribución de la Coordinación del Sistema Nacional de Salud promover el establecimiento de un Sistema Nacional de información básica en materia de salud y además promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

En cuanto a lo anterior, la propia Ley General de Salud establece sendos capítulos relativos a la nutrición y la educación para la salud, además que establece el artículo 111 de la propia Ley, que la promoción de la salud relativa a los artículos citados en el párrafo anterior comprende laeducación para la salud, lanutrición, elcontrol de los efectos nocivos del ambiente en la salud, la salud ocupacional y el fomento sanitario.

Particularmente sobre el objeto de la educación para la salud, prevista en el artículo112 de la Ley General de Salud versa a través de sus fracciones que será:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

Por su parte el segundo párrafo del artículo 114 de la misma Ley en materia de salud establece respecto del ámbito nutricional que:

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Por cuanto a la lactancia materna que aducen los proponentes y su debida promoción, la misma ya se encuentra prevista en lo relativo a la atención materno-infantil descrita en el artículo 64 de la Ley General de Salud, en el cual se establece que la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna, y en su caso la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, así como la ayuda alimentaria directa, tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además que el artículo 65 establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil, de lo anterior se desprende que dentro de la atención materno infantil, se encuentra el rubro de la lactancia materna y que ya existen al respecto disposiciones que tienen el espíritu y guardan coincidencia con las propuestas, pero son previstas en la Ley de la materia en cuanto a la salud.

Relativo al ámbito de higiene que plantean los proponentes, establece la propia Ley General de Salud en el artículo 66 que en materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, además que las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

Así mismo en lo correspondiente al saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, existen mandamientos previstos de forma amplia en el capítulo IV del TítuloSéptimo, cuya denominación versa como Efectos del Ambiente en la Salud, así como el Capítulo IV del Titulo Octavo denominado “Accidentes”, el cual menciona entre sus líneas que la acción en materia de prevención y control de accidentes comprende el fomento dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación a la población para la prevención de accidentes.

Más aún, la propuesta debe ser considerada innecesaria en razón que ya se prevé de forma genérica en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las disposiciones que los proponentes pretenden implementar, pues es el propio artículo 28 que marca que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de asegurarles entre otras cosas servicios de asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación de su salud, promover la lactancia materna, combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada, y establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos.

Lo anterior no significa que tales derechos sean ambiguos u obscuros, pues corresponde precisamente a la Ley de la materia en salud, es decir La Ley General de Salud, el establecimiento pormenorizado y detallado de los mecanismos y alcances de tales derechos, asegurando de esa forma una verdadera eficacia y cumplimiento al ser derechos considerados “transversales” al estar contemplados en la Ley correspondiente, tal como argumentan estas Dictaminadoras.

Podemos concluir que tal reforma es innecesaria en virtud que el espíritu de la misma se encuentra contenido dentro de los aspectos de salubridad general previstos en la propia Ley General de Salud dentro del artículo 3º fracciones IV, XIII, XIV y en Título Séptimo y Octavo de dicho ordenamiento, amén que algunas fracciones del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevén lo propuesto en la iniciativa.

Aunado a lo anterior cabe hacer mención que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene el carácter de ser una Ley general, y bajo esos términos la propia Ley en sus diversos artículos ya prevé el impulso de medidas encaminadas a brindar información en materia de salud a niñas, niños y adolescentes, en consecuencia lo que hace a la Ley General de Salud tal como ha quedado asentado, es replicar tales mandatos pero de una forma más particular, ello en razón que precisamente es en dicha Ley donde debe verse reflejada de forma pormenorizada tal situación.

5.- En lo relativo a la reforma de la fracción H del propio artículo 28, propuesta para quedar en los siguientes términos

Asimismo, las autoridades (federales, del Distrito Federal, estatales y municipales) se mantendrán coordinados a fin de:

A a G…

H. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

Al respecto la propuesta se considera inviable e innecesaria, pues por un lado, en lo correspondiente a la atención sanitaria preventiva, la misma ya es contemplada en la propia Ley General de Salud como una materia de salubridad General, es decir donde concurren competencias entre autoridades federales y estatales de acuerdo al propio artículo 3 de ella.

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que la norma Federal relativa a los derechos de la Niñez, la cual es materia del presente dictamen, prescribe aquellos derechos que en su favor tienen niñas, niños y adolescentes, por lo que de estimar procedente la propuesta, se desnaturalizaría el espíritu de la propia Ley al plantear de la misma forma como beneficiarios a padres de ellos. Además cabe subrayar que la propuesta deja de lado también a personas que pueden tener a su cuidado a niñas, niños y adolescentes y no precisamente sean padres, como el caso de tutores y custodios en su caso.

Es preciso advertir que lo antepuesto no es resultado de la existencia de mandamientos relativos al tema de la planificación y la educación sobre esos rubros hacia los padres, pues por el contrario la planificación familiar es contemplada como materia de salubridad general dentro de la propia Ley General de Salud, y bajo ese contexto es considerado como servicio básico de salud al tenor del artículo 27 de dicha Ley, además que en el Capítulo VI del Título III del mismo ordenamiento, cuya denominación se refiere a los Servicios de Planificación Familiar, prevé que tales servicios tiene carácter prioritario y dentro de sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes, proviniendo por lo anteriores motivos el hecho de considerarla innecesaria por ya encontrarse previsto de forma pormenorizada en la Ley General de Salud, además que el artículo 7, fracción X, establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;

6.- En lo correspondiente a la adición de una fracción K a mencionado artículo 28 de prevé lo relativo al Derecho a la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual es planteada de la forma siguiente:

A. aJ....

K. Adoptar medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

Al respecto, la misma es innecesaria en razón el mismo se encuentra ya contenido de forma implícita en la fracción B del propio artículo 28 de la misma Ley, al mencionar que a niñas, niños y adolescentes se les debe asegurar asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la rehabilitación de su salud, pues al remitirnos a la propia Ley General de Salud, que define y pormenoriza las modalidades y alcances de tales derechos, se establece como atribuciones del Sistema Nacional de Salud, el coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección, además de establecer por el contrario que los servicios de salud tendrán como acciones la promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes, subrayando que tales servicios de salud son dirigidos a la población en general, incluidos niñas, niños y adolescentes.

7.- En lo correspondiente a la propuesta para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su fracción A, para dejarla en los siguiente términos:

ARTICULO 32. ...

A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo a fin de contribuir a erradicar la ignorancia y analfabetismo.

Sobre ese respecto, la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en los artículos 21 y 32 el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 3º Constitucional, mismo que a su vez establece en su fracción II que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Aunado a ello, el artículo 8 de Ley general de Educación establece que el criterio que orientará a la educación será la lucha contra la ignorancia, sus causas y efectos, por lo que la propuesta se considera innecesaria tomando en consideración que tal orientación de la educación contra la ignorancia, está prevista por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre ese respecto la Ley en materia de los derechos de la niñez se remite para establecer que “…además de los previsto por la Constitución…” -entre la que destaca la orientación de la educación a la lucha contra la ignorancia- las leyes promoverán una serie de medidas adicionales, por lo que se considera que dicho ordenamiento contempla ya la orientación de la educación para erradicar la ignorancia al remitirse a la Ley suprema y ésta contemplarlo en su artículo 3º.

8.- En lo referente a la propuesta para adicionar las fracciones G, H y J al artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de continuar con un estudio minucioso se procede a dividir el análisis de cada una fracciones propuestas de la siguiente forma:

A) En lo correspondiente a la propuesta de la Fracción G, la cual es planteada en los siguientes términos:

H. Las Autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

Sobre ese respecto el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. Constitucional, adicionando a lo anterior sobre ese respecto que las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas.

En concordancia con lo anterior, la Ley General de Educación establece en su Capítulo III previsto en el Título relativo a la Equidad de la Educación, en particular el artículo 33, que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, mientras que el artículo 34 enumera una serie de acciones tendientes a lograr la permanencia del individuo en el sistema educativo, derivado de lo anterior, podemos concluir que la propuesta es prevista dentro de la propia Ley al ser contemplada la deserción referida como la ausencia u omisión del derecho a la educación, refiriendo que bajo esa tesitura las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas, remitiéndose así a la Ley General de Educación aludida, la cual prevé cuales son las acciones encaminadas a evitar la deserción.

Bajo esa tesitura estas dictaminadoras consideran innecesaria la propuesta en razón que precisamente la Ley relativa a los derechos de la niñez establece el derecho a la educación y la obligación de autoridades para restituir a los beneficiaros de dicha norma en el caso que se encuentren privados de goce de ese derecho, correspondiendo a la Ley de la materia, es decir a la Ley General de Educación, brindar aquellos lineamientos y mecanismos por los cuales se hará efectivo el derecho a la educación, así como las medidas precisas para lograr el cumplimiento pleno del mismo, entre las que destaca el combate a la deserción escolar del cual se habló anteriormente.

9.- En referencia a la propuesta para adicionar una fracción I al artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los siguientes términos:

I. Inculcar a la niña, niño y adolescente el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.

Al respecto, el artículo 7, fracciones III y VIII de la Ley General Educación establecen que:

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

Derivado de lo anterior, podemos describir que en efecto el espíritu de la propuesta que expone el proponente se encuentra prevista por cuanto a inculcar a niñas, niños y adolescentes, respecto del derecho a la educación, la exaltación de los valores nacionales y de los países en los que pudo haber vivido o ser originario en razón de estar dicho rubro dentro de los valores de la cultura universal y en especial de aquellos que forman parte de la Nación, por lo que la propuesta materia del presente apartado se considera innecesaria por parte de estas dictaminadoras.

Aunado a lo anterior y a mayor abundamiento, lo propuesto se encuentra contemplado como el derecho a la identidad, previsto en el artículo 22, fracción D en su primer párrafo, el cual versa:

El derecho a la identidad está compuesto por:

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.

10.- En referencia a la propuesta para adicionar una fracción J al artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue planteada de la siguiente manera:

J. Inculcar a la niña, el niño y el adolescente los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental y el desarrollo sustentable, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

Al respecto, el artículo 7 de la Ley General de Ecuación, establece que:

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

Derivado de lo anterior es que la propuesta de adición a la fracción J debe ser considerada innecesaria en razón que ya existe la misma en la propia Ley marco de la materia, lo anterior tomando en consideración que como hemos dicho, que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, enumera una serie de derechos, previendo que o cuales son las cosas que la Ley debe promover, siendo inconcuso el hecho que de ser aprobado la propuesta, no existiría cosa que promover en razón que dicho mandamiento esta vigente ya en la Ley marco en materia de educación, luego entonces debe considerar innecesario en razón que lo que se pretende mandatar legalmente ya existe en la Ley de educación, por lo que la misma es innecesaria al quedar sin materia, ello al existir una norma más amplia (se dirige a la educación en general en todos sus niveles y no sólo a aquella dirigida a niñas, niños y adolescentes) prevista en los mismo términos que lo planteado y dentro de la materia idónea.

Además de lo anterior y en aras de robustecer el argumento de estas dictaminadoras, se advierte respecto de aquellas propuestas que el dictamen ha establecido que son innecesarias por estar previstas en las leyes, esel hecho que tanto la Ley General de Educación, como la Ley General de Salud, son normas de carácter general, reglamentarias de la propia Constitución, y por tanto las mismas deben ser observadas en los casos previstos por las autoridades de la Federación, del Distrito Federal, estatales y municipales, sus organismos descentralizados, y en su caso los particulares, hecho que garantiza plenamente la realización de los propuesto en la iniciativa materia del presente dictamen.

11.- En lo referente a la propuesta prevista en la iniciativa al artículo 46 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que versa de la siguiente manera:

Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:

A. a F ....

G. Asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado.

Sobre ese respecto, los integrantes de la Comisión de las Dictaminadoras, encuentran no sólo viable sino necesaria la presente propuestapor las siguientes razones:

Dentro de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no existe mandamiento alguno que actualmente consagre el derecho de los adolescentes que se encuentren en conflicto con la Ley penal para que en caso de no hablar el idioma español se le facilite un interprete gratuitamente, con el propósito que cuente con una defensa adecuada.

Por su parte la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal únicamente contempla el beneficio del derecho contar con un interprete cuando el adolescente sometido a procedimiento sea indígena, caso en el que contará con un interprete con conocimiento de su lengua y cultura, siendo omiso en lo referente a que el adolescente hable algún otro idioma del que sea utilizado y no sea indígena, situación en la cual deberá contar con un traductor para poder desarrollar una defensa adecuada.

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de los preceptos establece dicho derecho que los proponentes pretenden establecer en la ley relativa a los derechos de la niñez y la adolescencia.

Si bien por un lado el artículo 44 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las normas protegerán a niñas, niños y adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus garantías Constitucionales o a los derechos reconocidos en esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro país, en los términos del artículo 133 Constitucional.

En ese mismo sentido el artículo 6 de la misma Ley, establece que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia Ley de referencia o en los Tratados Internacionales en los términos del artículo 133 de la Constitución, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho.

Si bien es cierto que las anteriores disposiciones permiten hacer la remisión a la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea en su artículo 40, a través de su fracción VI, que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado.

Lo cierto es que tal beneficio se encuentra limitado en su aplicación únicamente a aquellos individuos que la Ley prevé como niños, siendo bajo la luz del artículo segundo de la Ley relativa a los derechos de la niñez aquellas personas de hasta 12 años incompletos, y previéndose como adolescentes aquellos que tiene entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Robustece lo anterior el propio artículo 1 de la propia Convención sobre los Derechos del Niño que señala:

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Lo anterior es así, en razón que la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece de entrada la diferencia entre niñas, niños y adolescentes, otorgando a los primeros los derechos que la Convención sobre los Derechos del Niño establece, siendo automático su goce en virtud de la armonización prevista en la Ley, sin embargo en lo tocante a los adolescentes, aunque la Ley ya no los considera como los niños a los que se refiere la Convención, es la propia Ley la que hace extensivo el goce de los derechos previstos por ella en armonía con la Convención al ser trasladados éstos -los adolescentes- como beneficiarios dentro de la norma federal, bajo ese orden de ideas, al no estar dentro de ella -LPDNNA- el derecho a tener un traductor o interprete en caso de que no conozca el idioma utilizado, puede decirse que el goce de ese derecho no esta previsto expresamente a favor de los adolescentes, y por el contrario si esta expreso en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, interpretándose únicamente su beneficio en cuanto a las personas consideradas como niña o niño.

Si bien es cierto que sobre que ese derecho puede decirse que se prevé en beneficio de los adolescentes el hecho que a falta de disposición expresa se pueden utilizar hasta los principios generales del derecho, contemplando dentro de tales principios brindar aquellas garantías mínimas en el procedimiento, lo cierto es que estas dictaminadoras consideran que no es factible dejar al libre albedrío el goce de un derecho elemental para la defensa adecuada de una adolescente en conflicto con la Ley penal.

Más aún, cuando de las anteriores líneas podemos concluir que el derecho a tener un traductor cuando la persona a la que se le atribuya un acto sancionado por la Ley penal no habla español, opera expresamente para niñas y niños, además de las personas consideradas como imputables de acuerdo al artículo 124 bis del Código de Procedimientos Penales, y hasta para adolescentes que sean indígenas, pero no para adolescentes que no hablen o comprendan el idioma español.

No escapa a los anteriores razonamientos el hecho que actualmente, en razón de las modificaciones Constitucionales al artículo 18 publicadas en diciembre de 2005, se prevé la implantación de un régimen especializado en justicia penal para adolescentes a través de órganos judiciales, y para lo cual existen actualmente una serie de proyectos y minutas en la colegisladora, las cuales prevén el beneficio del derecho propuesto por los proponentes, pues sin embargo, lo cierto es que no se encuentra vigente disposición alguna en ese sentido, y bajo ese orden de ideas, es deber de estas Dictaminadoras continuar con el trámite a su favor, sin perder de vista la posibilidad que en algún momento la presente propuesta quede sin materia en razón de ser aprobada la referida Ley en materia de justicia para adolescentes.

Bajo ese orden ideas, las Dictaminadoras encuentran viable la propuesta modificándose la misma para una mejor redacción y alcance y quedando en los términos siguientes:

Artículo 46. Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:

A. a F ....

G. Contar gratuitamente, en caso de requerirlo, con un intérprete, traductor y abogado defensor que conozca su lengua o idioma y el sistema normativo de su lugar de origen y a que las actuaciones se lleven a cabo tanto en idioma español, como en el propio.

12.- En lo correspondiente a la de reforma al artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, planteada en la forma siguiente:

ARTICULO 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A. a J....

K. Adoptarán las medidas necesarias para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración de toda niña, niño o adolescente víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad de los menores.

Sobre ese respecto la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 8 que a efecto de procurar a favor para niñas, niños y adolescentes el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá al aplicarse esta Ley, a las diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos, estableciendo el segundo párrafo del mismo artículo lo siguiente:

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias.

Finalmente concluye el tercer párrafo del mismo artículo octavo que:

Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior (de procuración, las cuales son previstas en el artículo 48 y gozan de las facultades previstas en el 49), deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se hace referencia.

En razón de lo anterior, estas Dictaminadoras consideran innecesaria la propuesta de adición a la fracción K, pues en esencia las facultades y atribuciones que pretenden otorgarle los proponentes a través de la adición de esa fracción, ya le han sido conferidas a tales instituciones a través del artículo 8 de la propia Ley en materia de derechos de la niñez.

III.- Finalmente, por lo que respecta a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 20 bis. a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, propuesta por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, se hacen las consideraciones siguientes:

1.-La Iniciativa contempla en su exposición de motivos algunas consideraciones, entre las que se destaca la alusión al artículo 4 Constitucional que en su parte conducente menciona:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. ...”

2.- Asimismo señala las consideraciones que en el precepto Constitucional, se encuentra establecido como una garantía individual el derecho a la salud (tanto física como mental) de los menores, garantía que esobligación del Estadopropiciarla, no sólo en sus leyes, sino en todos los actos que realice.

3.- Se hace mención también de los artículos 3°, 4°, 19° y 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño; en donde se manifiestan las medidas legislativas sociales y educativas para proteger a los niños en todas sus formas de abuso, descuido o trato negligente. Para proteger la calidad y dignidad humana de los menores.

4.- Con lo expuesto en tales artículos, puede concluirse que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho de los menores de edad a la salud mental. En este aspecto, ese derecho constituye una garantía individual, un derecho de los niños protegido por el Estado consistente en que éste debe velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los actos que realiza en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

5.- Así mismo, en su Exposición de Motivos, la iniciativa alude a los razonamientos hechos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 130/2005-ps, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Quinto en Materia Civil del Tercer Circuito, a través de la cual se estableció que la admisión y desahogo de una prueba testimonial a cargo de un menor que verse sobre hechos de sus padres en un juicio de divorcio puede traer consecuencias que afecten su salud psicológica y, por tanto, se considera como un acto de imposible reparación, lo anterior para efectos de la procedencia del juicio de Amparo, sosteniendo la Corte que “desde que se presenta en el seno familiar un proceso de divorcio, los hijos de los divorciantes pueden presentar una serie de problemas psicológicos que influyen negativamente en su sano desarrollo físico y mental, pudiendo producirse situaciones traumáticas que pueden generar depresiones, inadaptabilidad social, trastornos de identidad e imagen, ansiedad, tensión, desesperación, sentimiento de culpabilidad, aislamiento, hostilidad e incluso enfermedades psicosomáticas, entre otros”.

Es por ello que el proponente menciona que en los casos de divorcio, cuando se ejecuta en los hijos la prueba testimonial y las preguntas pudieran tener un contenido dañino -como si hubo o no violencia entre los cónyuges, si existió el consumo de estupefacientes o bebidas embriagantes u otra pregunta que vaya encaminada a afectar la salud psicológica del menor-. Incluso cuando en las causales de divorcio necesario se tiene que en los hechos se ventilan temas como: adulterio, bigamia, conductas deshonrosas, amenazas, injurias, corrupción de los hijos entre otras.

Bajo ese orden de ideas el Senador comparte los razonamientos esgrimidos por la Corte en el sentido que el Estado debe velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, aquellos que realiza en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, razón por la cual debe considerarse como una prioridad legislativa el mejorar permanentemente nuestro sistema legal, a fin de hacer efectivos estos derechos fundamentales.

6.- Si bien reconoce el Senador que con la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio un paso importante para el cumplimiento y respeto de los derechos de la niñez, al consagrar esta Ley una serie de derechos emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño, considera que aún es preciso puntualizar y dar mayor claridad a tales derechos, más aun cuando se trata de protegerlos mediante actos emanados de la propia autoridad y que pueden alterar su normal desarrollo psicológico, por lo que su falta de cumplimiento y observación adquiere mayor gravedad.

Bajo esa perspectiva el Senador propone a través de la iniciativa adicionar un artículo 20 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como propósito que los jueces del orden familiar, en aquellas controversias en que se vean precisados a intervenir los niños, niñas y adolescentes, dicten aquellas medidas que estimen pertinentes para protegerlos de cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental, como podrían ser aquellos que han sido referidos con amplitud a través de esta proposición.

7.- En efecto, tal como menciona el proponente, la resolución de la contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, se inclinó dentro del juicio de contradicción de tesis 130/2005-ps, por dar pie a un sistema garantista a favor de las personas menores de edad, pues al respecto y a mayor abundamiento, esta tesis establece que la sola admisión de las personas menores de edad como prueba testimonial en materia del divorcio necesario de sus padres puede causar daños a la salud psicológica de aquéllos, pues tendrán que declarar sobre cuestiones como violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas, etcétera, debe considerarse como un acto de imposible reparación y por ende susceptible de ser atacada la resolución respectiva a través del juicio de Amparo Indirecto, al contrario de la tesis que se declaró insubsistente, la cual establece que el amparo era improcedente en razón que las violaciones que pudiesen surgir por la admisión de la prueba testimonial a cargo de las personas menores de edad, no se consideraba acto de imposible reparación, pues podría ser subsanado en la sentencia definitiva, sin tomar en cuenta la misma -motivo por la cual fue rechazada- que la imposible reparación emanaba de la simple posibilidad que con su desahogo se causaría un daño psicológico al menor de edad al declarar de forma directa y ser sometido a algún cuestionario “hostil”, cabe destacar a lo anterior que de acuerdo a los criterios emanados del nuestro Máximo Tribunal, los actos de imposible reparación son aquellos que afectan los derechos sustantivos previstos en la propia Constitución, no así los adjetivos o procesales que pueden ser reparados en sentencia definitiva.

Dentro de esa tesitura, cabe hacer mención que la propia Corte ha dado pie y apertura a un sistema garantista a favor del cumplimiento y respeto de los derechos de la niñez, siendo protegidos en el presente caso, por encima de cualquier pretensión particular de alguno de los padres.

8.- En base a ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte conducente, dentro del artículo 4 establece que:

“…Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.

Así mismo, la Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su Artículo 3, apartado 1 que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”.

Por su parte la Ley para la Protección de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes prevé en su artículo 3 que:

“La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia”.

Bajo ese mismo orden de ideas, el desglose del principio rector del interés superior de la infancia previsto en el artículo 4 de la misma Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enuncia que:

“De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Finalmente el artículo 7 de la misma Ley en materia de protección de derechos de la niñez y adolescencia es previsto en los siguientes términos:

Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos”.

Al respecto, es importante subrayar que los anteriores artículos fueron precisamente los que sirvieron de base para que la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal emitiera su fallo en los términos que hemos comentado con antelación, por lo que el punto que dilucidó la tesis mencionada, fue en el sentido de manifestar la procedencia del amparo indirecto en contra del auto que admite en juicio de divorcio necesario la prueba testimonial a cargo de los menores de edad hijos de los divorciantes, por considerar que la simple posibilidad de ser sometidos a algún cuestionario “hostil” por alguna de las partes es considerado como un acto de imposible reparación ante el riesgo que, de ser consumado ese acto pueda afectar psicológicamente a los menores de edad y en consecuencia permitir la conculcación de los derechos consagrados en la Carta Magna, la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tal como la propia tesis planteó.

9.- En base a lo anterior, estas Dictaminadoras manifiestan su coincidencia con el espíritu de la propuesta, sin embargo advierten sus limitaciones en su alcance en los términos planteados, en razón que la misma se constriñe únicamente la materia del ámbito familiar, a pesar que igualmente existen algunas otras situaciones que pueden tener lugar y ser susceptibles de afectar la salud mental y física -o como lo llama la corte causar daños psicológicos- que emanan de algún otro tipo de proceso o procedimiento jurisdiccional, y que no precisamente se traten de actos vertidos en la vía de controversia de orden familiar, pudiendo ser el caso de fungir como testigos en otras materias como la penal, la civil o hasta la mercantil, o más aún intervenir durante algún procedimiento de índole administrativo, en los cuales sea necesario la intervención del órgano ante el cual se ventile el asunto a efecto de salvaguardar de alguna forma su salud física y mental, y en su caso dicho órgano pueda recibir su testimonio o intervención tomando previamente las medidas que salvaguarden no sólo tales aspectos, sino el cúmulo de derechos que gozan por el simple hecho de ser personas menores de dieciocho años y que se encuentran consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En razón de lo anterior, estas Comisiones estiman que el texto de la propuesta deja fuera de su amparo a otra serie de situaciones y aspectos que se pueden dar, es el caso de procedimientos en los que pueden intervenir personas menores de dieciocho años y que no necesariamente son a los que se refiere el proponente, situaciones en la que sin embargo, igualmente se debe velar por los derechos de la niñez y la adolescencia previstos en los ordenamientos ya citados.

10.- Aunado a lo anterior, como ha quedado asentado, fue precisamente un órgano jurisdiccional - que aludió los artículos citados-, el que realizó la interpretación y decisión de fallar sobre un caso particular suscitado en uso y ejercicio de su función, es el caso de interpretar y dirimir las controversias planteadas entre las que destaca la contradicción de tesis sustentadas entre tribunales colegiados.

Bajo esa razón, es necesario plantear que, de la misma forma en la que se dio esta situación, las autoridades que desahoguen un procedimiento administrativo o judicial, igualmente deben observar las disposiciones aludidas en el considerando 8, y aplicarlas en todo lo conducente y en beneficio de las personas que mencionan tales normas, tal como lo realizó en su momento la propia Primera Sala de la Corte, pues no se debe perder de vista que la interpretación que realiza la corte es únicamente a un caso en particular de un divorcio necesario, sin que tal situación sea por necesidad aplicada a todos los rubros, más sin embargo las autoridades en casos similares están obligadas a actuar en forma similar a como lo realizo la Corte, es decir hacer una interpretación armónica y garantista de la Ley, su obligación y responsabilidad para proteger los derechos de la niñez.

Otro aspecto relevante sobre la propuesta, es el hecho de referirse que “…los jueces deberán de dictar las medidas pertinentes encaminadas a proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes cuando se vean en la necesidad de intervenir en las controversias del orden familiar que se ventilen ante ellos…”, texto que se advierte es limitativo en razón que por ejemplo, de acuerdo a la legislación adjetiva en materia civil en el Distrito Federal, la vía en la que se sigue el divorcio necesario -juicio al que alude la tesis mencionada- es la ordinaria civil y no la de controversias del orden familiar, por lo que del propio texto de la misma se desprende un alcance limitado, aunado que a pesar de ello las autoridades están facultadas para aplicar -tal como lo hizo la primera Sala de la Corte- los artículos y ordenamientos aludidos en el considerando 8, y de esa forma actuar bajo los mismo términos no sólo en cuanto al juicio de divorcio que se refiere la tesis, sino a cualquier otro en la que tengan que intervenir niñas, niños y adolescentes.

11.- Sin embargo, estas Comisiones estiman necesario retomar el espíritu de la iniciativa del Senador, a efecto de dar una mayor claridad a las facultades aludidas y tendientes a proteger y hacer respetar los derechos de la niñez, lo anterior con el propósito de brindar expresamente a las autoridades la facultad y obligación expresa de salvaguardar tales derechos tomando previamente las medidas respectivas, pero proponiendo un texto más amplio que el original, ello con la finalidad que esa protección que deben brindar las autoridades ante las cuales se dirima alguna controversia de tipo administrativa o judicial, dicten aquellas medidas que estimen convenientes y que se encuentren dentro de sus facultades, siempre velando por la protección y salvaguarda de la integridad física y el respeto de los derechos consagrados en Convenios internacionales, leyes federales y en la propia Carta Magna a favor de niñas, niños y adolescentes.

Además de lo anterior, no se considera viable la necesidad de crear un artículo 20 bis. pues si de lo que se trata es que la niña, niño o adolescente sea protegido en su integridad junto con el cúmulo de derechos que posee, es más viable que dicho supuesto sea integrado como un apartado más del artículo 21 de la propia ley en cuestión que menciona precisamente el derecho a ser protegidos contra actos que puedan afectar su salud física o mental o su normal desarrollo, y donde enunciativamente deberán ser protegidos de acuerdo a la propuesta de estas Dictaminadoras cuando se vean precisados a intervenir en procedimientos o procesos ante órganos jurisdiccionales (jueces en su mayoría) o administrativos (etapa de averiguación previa, procedimientos ante órganos administrativos como juntas de conciliación, entre otros), casos en los cuales dichas autoridades deberán emitir todas aquellas medidas tendientes a que se les proteja íntegramente, sin que esto signifique que no puedan asistir o comparecer en ellas, salvo que la propia autoridad determine que su comparecencia puede ser perjudicial para sin integridad o sus derechos, caso en el cual, -como aconteció en la especie materia de la tesis mencionada- la autoridad determinaría con fundamento en el principio del interés superior de la infancia que la comparecencia es perjudicial para la niña, niño o adolescente, más aún, pues cuando se trate por ejemplo de asuntos referentes a la justicia penal para adolescentes, dicho mandamiento propuesto no significa que no pueda intervenir, sino que dentro de ese proceso (próximamente con la Ley Federal de Justicia para Adolescentes) se deberá proteger su integridad -física y derechos- con el objeto que la sanción que reciba sea justa y no sea objeto de situaciones o actuaciones arbitrarías en su persona, sino apegadas a derecho.

Derivado de lo anterior, estas Dictaminadoras proponen un texto que sea lo suficientemente amplio y que permita un margen de maniobra a las autoridades para poder dictar las medidas que consideren adecuadas para salvaguardar aquel cúmulo de derechos inherentes a niños niñas y adolescentes, el cual quedaría en los siguientes términos:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A a C…

D.- La necesidad de intervenir en procedimientos o procesos ante órganos jurisdiccionales o administrativos, caso en el cual tales órganos deberán dictar aquellas medidas que estimen pertinentes para protegerlos de cualquier acto que pudiera afectar su salud física y mental o alguno de los derechos consagrados en la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de acuerdo a las Consideraciones previstas en el capítulo respectivo en los apartados I, II y III, estas Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, proponen a consideración de esta Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Son de aprobarse con modificaciones las iniciativas materia del presente dictamen, con los motivos expuestos y planteados, cuyo decreto de las mismas quedaría de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y REFORMA EL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo Primero.-Se reforman la fracción “B” del artículo 21 y la fracción “C” del artículo 49 y se adicionan una fracción “D” al artículo 21 y una fracción “G” al artículo 46, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A…

B. El uso de drogas y enervantes, el secuestro, la trata, y todo tipo de explotación. En cuanto a los adolescentes mayores de catorce años serán protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o pueda entorpecer su educación, o sea nocivo para su salud y para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

C…

D.- La necesidad de intervenir en procedimientos o procesos ante órganos jurisdiccionales o administrativos, caso en el cual tales órganos deberán dictar aquellas medidas que estimen pertinentes para protegerlos de cualquier acto que pudiera afectar su salud física y mental o alguno de los derechos consagrados en la presente Ley.

Artículo 46. Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:

A. aF. ...

G. Contar gratuitamente, en caso de requerirlo, con un intérprete, traductor y abogado defensor que conozca su lengua o idioma y el sistema normativo de su lugar de origen y a que las actuaciones se lleven a cabo tanto en idioma español, como en el propio.

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A. yB. …

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, procurando prestar ayuda especializada a las y los afectados por tal vulneración y, en su caso, deberán solicitar a la autoridad prevista en la siguiente fracción tomar las medidas precautorias correspondientes.

D aJ. …

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 8 fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

ARTICULO 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. a III. …

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima, en los casos que se trate de niñas y adolescentes, se atenderá antes de tales medidas al principio del interés superior de la infancia;

V y VI. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos del Artículo 72 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de noviembre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 16 constitucional.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS, RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA

A las comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta proyecto de Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda; realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta y expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el día 18 de abril de 2007 se aprobó el dictamen en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 20 de septiembre de 2007 se aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con dos modificaciones al texto enviado en su momento por la Cámara de Senadores

3. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el día 25 de septiembre del mismo año, la Mesa Directiva turnó la minuta referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, respecto de las modificaciones propuestas por la Colegisladora

MATERIA DE LA MINUTA

La minuta con proyecto de Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 constitucional, reconoce al máximo nivel de nuestra normatividad, la existencia del derecho a la protección de datos personales

Esta reforma establece una nueva garantía constitucional: la protección de los datos personales de cualquier persona, y su derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los mismos. Con ello se asegura el derecho a la protección de datos personales a nivel nacional, extendiendo su aplicación a todos los niveles y sectores en dos ámbitos fundamentales:

• Los datos personales en posesión de los entes públicos.

• Los datos personales en poder del sector privado

La misma reforma establece los supuestos de excepción a esta nueva garantía, mismos que deberán establecerse en una ley y estar sustentados en razones de seguridad nacional, de orden, seguridad y salud públicos o para proteger los derechos de tercero.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara Revisora, presenta dos modificaciones en relación con el texto aprobado en su momento por esta Cámara de Origen. En el primer párrafo, se suprimen las palabras “o destrucción” y se agrega la expresión “y manifestar su oposición”. Por otra parte, en el segundo párrafo, se cambió de posición del término “público” con el fin de calificar no sólo a la palabra “orden”, sino también a las voces “seguridad” y “salud”.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones dictaminadoras consideran importante señalar el origen de la minuta en estudio:

• El 5 de abril de 2006, el entonces Senador Antonio García Torres (PRI) presentó iniciativa de adición al artículo 16 constitucional, la cual fue dictaminada y aprobada en el Senado el 18 de abril del mismo año.

• El 19 de abril de 2006 la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados y el dictamen respectivo fue aprobado por el Pleno el 20 de septiembre de 2007, mismo que presentó dos modificaciones, por lo que fue devuelta al Senado de la República.

• El 25 de septiembre de 2007 la minuta fue turnada a las comisiones respectivas en la Cámara de Senadores.

TEXTO MINUTA

SENADO DE LA REPUBLICA

(CAMARA DE ORIGEN)

19 abril 2006

TEXTO MINUTA

CAMARA DE DIPUTADOS

20 septiembre 2007

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al derecho de acceder a los mismos y, en su caso, obtener su rectificación, cancelación o destrucción en los términos que fijen las leyes.

La ley puede establecer supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, de orden público, seguridad, salud o para proteger los derechos de tercero.

No podrá librarse (…)

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al derecho de acceder a los mismos, y en su caso, obtener su rectificación, cancelación y manifestar su oposición en los términos que fijen las leyes.

La Ley puede establecer supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, de orden, seguridad y salud públicos o para proteger los derechos de tercero.

No podrá librarse (…)

Sobre el particular, es importante señalar que el 12 de noviembre de 2008 se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, en la que al analizar la minuta en comento, en términos generales se estuvo de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Colegisladora, mismas que se circunscriben a dos cuestiones:

• En el primer párrafo, se suprimen las palabras “o destrucción” y se agrega la expresión “y manifestar su oposición”.

• En el segundo párrafo, se cambió la posición del término “público” con el fin de calificar no sólo a la palabra “orden”, sino también a las voces “seguridad” y “salud”.

No obstante lo anterior, en una lectura y análisis detallado de la nueva disposición constitucional contenida en la minuta analizada, se encontró que existían algunos problemas de redacción y sintaxis que podrían ser superados con una nueva redacción de la reforma propuesta, que inclusive podría expresarse de manera más clara y sencilla en un solo párrafo.

Por lo anterior, y toda vez que el inciso e) del artículo 72 constitucional limita la capacidad de revisión por parte de la Cámara de Origen a una diversa modificación o reforma realizada por la Cámara Revisora a la minuta originalmente enviada, en aras de lograr la mejor expresión respecto de este nuevo derecho de toda persona a proteger sus datos personales, es que el 25 de noviembre de 2008 los Senadores Santiago Creel Miranda (PAN), Pedro Joaquín Coldwell (PRI), Pablo Gómez Álvarez (PRD) y Alejandro González Alcocer (PAN) presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 constitucional. El 4 de diciembre de 2008 se aprobó el dictamen por 97 votos y 1 abstención; se turnó a la Cámara de Diputados, donde el 11 de diciembre de2008 se aprobó con 340 votos en pro y 2 abstenciones, posteriormente se turnó a las Legislaturas de los Estados.

El 21 de abril de 2009 se declaró la aprobación del decreto al contar con la aprobación de 18 Congresos de los Estados (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

Finalmente, esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 2009.

Es importante mencionar que los autores de la iniciativa referida, en su exposición de motivos coinciden en lo esencial con el texto modificado de la minuta en estudio, al reconocer la necesidad que existe de incluir entre los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, el de la protección de datos personales, a efecto de dotar al gobernado de un poder de disposición y control sobre los datos personales que le conciernan.

Por lo que dicha iniciativa estuvo fundamentada en la propuesta de la minuta materia del presente dictamen, sin embargo, como consecuencia de una revisión constitucional, sistémica, lingüística y de técnica legislativa, y con el ánimo de enriquecer la reforma en materia de protección de datos personales, es que se propuso otra redacción, misma que se consideró más concisa y ordenada. La cual, respeta el espíritu de la reforma contenida en la minuta.

Esa nueva redacción de la iniciativa señalada, incluye de un modo explícito y preciso el derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley. Asimismo, contempla que dicha legislación establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, los cuales, como ya se ha mencionado, serán por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros.

Una vez hechas las precisiones anteriores, cabe señalar que el objetivo, tanto de la minuta en estudio, como de la iniciativa referida, coinciden en consolidar el derecho de protección a la persona en relación con el uso que se dé a su información personal, tanto por entes públicos como privados, es decir, desarrollando su ámbito de aplicación a todos los niveles y sectores.

Es por ello que estas comisiones unidas consideran que el objetivo de la minuta en estudio ha sido cabalmente atendido con la reforma publicada el 1° de junio de 2009 en Diario Oficial de la Federación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, estas comisiones unidas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la aprobación de la Honorable Asamblea la siguiente:

RESOLUCION

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Archívese el proyecto de Decreto mencionado en el presente dictamen como concluido y notifíquese a la Cámara de Diputados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de noviembre de 2009.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de omitirse su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantara la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar, antes Birmania.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACIFICO

H. ASAMBLEA:

En fecha 13 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos nació el día nueve de septiembre de 1947 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú; además de tener un curso en Política Exterior por la Universidad Sophia de Tokio, Japón, y haber acreditado el programa “The Practice of TradePolicy: Economics, Negotiations and Rules”, de la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard.

El ciudadano designado ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1972, ascendiendo al rango de Embajador en 1986. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Consejero en la Embajada de México en Tokio, Japón (1972- 1980);

• Ministro en la Embajada de México en París, Francia (1980- 1983);

• Director General para África, Asia y Oceanía en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1983-1986);

• Director General para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1986-1990);

• Representante Permanente Alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas (1991-1993);

• Embajador de México ante el Reino de Noruega (1993-1996);

• Cónsul General de México en Osaka, Japón (1996-1999);

• Embajador de México ante el Gobierno de la República de El Salvador (1999-2001);

• Embajador de México ante la República de Paraguay (2001- 2005); y

• Embajador de México ante el Gobierno de la República del Perú (2005- a la fecha).

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en Singapur en los ámbitos:

• Político:

• Propiciar un diálogo bilateral fluido sobre asuntos internacionales y dar seguimiento al desarrollo de la posición de Singapur en temas de interés para nuestro país, a fin de fortalecer posiciones comunes, por ejemplo, en el tema de reforma integral de la ONU;

• Insistir ante el gobierno singapurense sobre la posibilidad de abrir una Embajada residente en México;

• Fomentar un entorno favorable para la diplomacia parlamentaria y apoyar al Poder Legislativo en el desarrollo de sus contactos interparlamentarios;

• Económico:

• Promover, con el apoyo de ProMéxico, la realización en México y en Singapur de seminarios sobre promoción de negocios, intercambio de visitas de personas de negocios y reuniones sistemáticas;

• Colaborar con la Oficina para el Desarrollo Internacional Empresarial del Gobierno de Singapur y con la Representación de ProMéxico en Singapur en la difusión de las oportunidades que ofrece el país sede de la Embajada como plataforma para diversificar e ingresar a los mercados del Sudeste asiático;

• Continuar impulsando el crecimiento y diversificación del comercio bilateral de productos mexicanos ya identificados por Bancomext como potenciales para la exportación; y

• Promover la cooperación en materia de puertos marítimos, parques industriales y aeropuertos, considerando la experiencia singapurense.

• Cooperación técnica y científica:

• Identificar nuevas áreas de cooperación, especialmente en la formación de recursos humanos, una de las áreas de mayor experiencia en Singapur; y

• Promover la suscripción de un convenio en materia de cooperación técnica y científica.

• Promoción Cultural y educativa:

• Promover el intercambio académico y de becas entre universidades mexicanas y singapurenses;

• Promover la participación de jóvenes creadores mexicanos en los eventos culturales que se realizan en Singapur; y

• Promover ciclos de conferencias sobre México.

• Promoción de la imagen de México:

• Estrechar contactos y propiciar la presencia de México en los medios de comunicación, las instituciones de enseñanza superior y los distintos actores de la sociedad interesados en la actualidad mexicana.

• Asuntos consulares, protección y atención a la comunidad mexicana:

• Difundir entre la población mexicana residente en Singapur las acciones de protección encomendadas por la Cancillería a las Representaciones de México en el exterior.

• Turismo:

• Continuar impulsando la inversión singapurense en proyectos turísticos en México; y

• Mantener una estrecha relación con operadores turísticos singapurenses para promover viajes y paquetes a nuestro país

De igual manera, el C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos presentó un programa de trabajo para los dos Estados en donde la Embajada mexicana tiene concurrencia, estableciendo como objetivos principales:

• Mantener comunicación constante con las autoridades de Brunei para identificar áreas de cooperación y oportunidades de negocios;

• Mantener contacto directo con el Consulado Honorario de México en Brunei para organizar posibles misiones de negocios y actividades artísticas que promuevan el conocimiento de México en el Sultanato; y

• Dar seguimiento a la política interna y exterior de la Unión de Myanmar, con miras a orientar la política mexicana a seguir, tanto a nivel bilateral como en los organismos internacionales.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos a comparecer ante ellas el día 3 de noviembre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la circunscripción que comprende la Embajada en Singapur. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II, del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano ANTONIO GUILLERMO VILLEGAS VILLALOBOS, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de noviembre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACIFICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recabar votación.

Para recabar el sentido de la voluntad de la Asamblea, para hablar con propiedad.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

Sí”

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, le informo que se emitieron 82 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el Ejecutivo del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar, antes Birmania. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, por lo que solicito a nuestra compañera y embajadora emérita, Senadora Rosario Green Macías, al Senador Javier Castelo Parada, al Senador Jesús Garibay García, a la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, al Senador Eugenio Govea Arcos, al Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, al Senador Mario López Valdez y al Senador Carlos Jiménez Macías, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el solemne acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Solicitoa las Senadoras y Senadores ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

¡Felicidades!, señor Embajador.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseamos, todos, éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Embajador cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación al que le solicito con toda atención a la Secretaría dé lectura.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a un oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, Unidad de Enlace Legislativo.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1950/09
México, D.F., a 5 de noviembre de 2009.

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en Londres.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Atentamente

El Titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa para los efectos correspondientes.

Honorable Asamblea, se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera el dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.






DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 3 de noviembre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I.ANTECEDENTES

1. En fecha 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

2. En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó el dictamen correspondiente y remitió al Senado de la República la Minuta respectiva.

3. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. En sesión de fecha 30 de octubre de 2009, el Pleno de esta H. Cámara de Senadores aprobó modificar la minuta de referencia, devolviéndola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión de igual fecha, la H. Cámara de Diputados, modificó la Minuta enviada por esta Cámara de Senadores, remitiéndola nuevamente a esta última para sus efectos constitucionales.

6. En fecha 3 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

7. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LA MINUTA

En relación con la Minuta que nos ocupa, la Colegisladora propone restablecer el Transitorio Cuarto de la Minuta aprobada por la misma en fecha 20 de octubre de 2009 y rechazado por esta H. Cámara de Senadores en la sesión de fecha 30 de octubre del presente, a fin de que se reincorpore la gradualidad de la cuota aplicable a tabacos labrados.

En ese sentido, se incorpora la opción de que durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota prevista en el segundo y tercer párrafos del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se apliquen las cuotas de $0.04, $0.06 y $0.08, respectivamente.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras se adhieren a la modificación planteada por la Colegisladora en la Minuta en estudio, en cuanto a que la aplicación de la cuota específica para tabacos labrados, se realice de manera gradual durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, con el fin de tratar de evitar posibles distorsiones de mercado.

Esto es, si bien es cierto que se requieren mayores recursos para hacer frente a los compromisos de gasto público que tiene el Estado, analizando nuevamente las consideraciones de la Colegisladora, se estima que en efecto, aplicar al cien por ciento la nueva cuota desde el primer año en que entre en vigor podría distorsionar el mercado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 2o., en su primer párrafo y fracción II, inciso B); 4o., cuarto párrafo; 5o., segundo párrafo; 10; 11, cuarto párrafo; 14, segundo párrafo, y 19, fracciones I y IX, y se ADICIONAN los artículos 2o., fracciones I, inciso C) con los párrafos segundo y tercero, y II, con un inciso C); 3o., con las fracciones XIV, XV y XVI; 5o.-C; 8o., con una fracción IV; 18-A; 19, fracciones II, con un quinto párrafo y XXII, y 20, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ……………………………………...………………...………………….………………..…….

C) ……….………………….………...……………….………………………………………..…

Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de $0.10 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados.

………………………....………………………………..…………………………………………

II. …………...…………...……………………..……………...………………………………….

B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. ………………...….. 30%

C)Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones. …………………………………………………………………..………….…. 3%

Artículo 3o.- ………………………………………..…………………………………………….

XIV. Red pública de telecomunicaciones, la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal.

XV. Red de telecomunicaciones, el sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario.

XVI. Equipo terminal de telecomunicaciones, comprende todo el equipo de telecomunicaciones de los usuarios que se conecte más allá del punto de conexión terminal de una red pública con el propósito de tener acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones.

Artículo 4o.- …….…………………………….…………………………………………………

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, inciso A) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 5o.- ………………………………..……………...……………………………………..

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley.

………………………………………………………………………..……………………………

Artículo 5o.-C.- Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 8o.- ………………………………..…………………………………………………….

IV. Por los servicios de telecomunicaciones siguientes:

a) De telefonía fija rural, consistente en el servicio de telefonía fija que se presta en poblaciones de hasta 5,000 habitantes, conforme a los últimos resultados definitivos, referidos específicamente a población, provenientes del censo general de población y vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de que se levante un conteo de población y vivienda o un instrumento de naturaleza similar de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en forma previa al siguiente censo general de población y vivienda, dicho conteo o instrumento se aplicará para los efectos del párrafo anterior.

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página electrónica el listado de las poblaciones a que se refiere este inciso.

b) De telefonía pública, consistente en el acceso a los servicios proporcionados a través de redes públicas de telecomunicaciones, y que deberá prestarse al público en general, por medio de la instalación, operación y explotación de aparatos telefónicos de uso público.

c) De interconexión, consistente en la conexión física o virtual, lógica y funcional, entre redes públicas de telecomunicaciones, que permite la conducción de tráfico entre dichas redes y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas, de manera que los usuarios de una de las redes públicas de telecomunicaciones puedan conectarse e intercambiar tráfico con los usuarios de la otra red pública de telecomunicaciones y viceversa, o bien, permite a una red pública de telecomunicaciones y/o a sus usuarios la utilización de servicios de telecomunicaciones y/o capacidad y funciones provistos por o a través de otra red pública de telecomunicaciones. Quedan comprendidos en los servicios de interconexión, los que se lleven a cabo entre residentes en México, así como los que se lleven a cabo por residentes en México con residentes en el extranjero.

d) De acceso a Internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través de una red de telecomunicaciones.

Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención a que se refiere esteinciso será procedente siempre que en el comprobante respectivo se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública y que dicha contraprestación se determine de acuerdo con los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta Ley. En este caso los servicios de Internet exentos no podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones antes referidas que se facturen en forma conjunta.

Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados.

Artículo 11.- ……………………………..……………………………………………………….

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados.

Artículo 14.- ………………………………………...…..………………………………………..

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos importados.

Artículo 18-A.- Para los efectos de esta ley, se considera que se prestan los servicios en territorio nacional, a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso C), de esta Ley, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

Artículo 19.- ………………………………………………..…………………………………….

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley.

II. ……………...……………………...………………………..…………………………………

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes que se expidan se deberá especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

………….……………………...………………………………..…………………………………

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribuyente.

………….………………………………………………………….………………………………

XXII.Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, el código de seguridad que reúna las características que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas se podrán establecer los mecanismos o sistemas que se utilizarán para imprimir en cada cajetilla de cigarros el código de seguridad correspondiente.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que se establezcan en las reglas de carácter general, que permitan constatar que la impresión del código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros producidos o importados, se está llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto por las propias reglas de carácter general.

Artículo 20.- Los contribuyentes que en forma habitual realicen los juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley en establecimientos fijos están obligados a:

I. Llevar los sistemas de cómputo siguientes:

a) Sistema central de apuestas en el que se registren y totalicen las transacciones efectuadas con motivo de los juegos con apuestas y sorteos que realicen.

b) Sistema de caja y control de efectivo en el que se registren cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por las actividades a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley.

II. Llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro mencionados en la fracción I de este artículo. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema a que se refiere la presente fracción.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado con la clausura de uno a dos meses del establecimiento o establecimientos que tenga el contribuyente en donde realice las actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere el presente artículo.

No procederá la aplicación de la sanción establecida en el párrafo anterior cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo cuyas causas no sean imputables a los contribuyentes y siempre que éstos presenten un aviso al Servicio de Administración Tributaria en el plazo y los términos que a través de reglas de carácter general emita dicho órgano desconcentrado.

Las obligaciones establecidas en este artículo no son exigibles a las personas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o., fracción III de esta Ley están exentas del pago del impuesto por las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo, ni a los contribuyentes a que se refiere el artículo 29 de esta Ley.”

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo.- Tratándose de las enajenaciones de cerveza que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dicho producto se haya entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

Tercero.- Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos A), numeral 3 y C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando únicamente la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México

Cuarto.- Para los efectos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota prevista en dichos párrafos, se estará a lo siguiente:

Ejercicio Fiscal

Cuota

$

2010

0.04

2011

0.06

2012

0.08

Quinto.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los servicios a que se refiere dicho inciso que se hayan proporcionado con anterioridad al 1 de enero de 2010, no estarán afectos al pago del impuesto establecido en dicha disposición, aun cuando el pago de los mismos se realice en la fecha mencionada o con posterioridad.

Sexto.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 8o. de esta Ley, el beneficio previsto en dicha disposición se determinará tomando en cuenta los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, levantado de conformidad con lo dispuesto en el “Decreto por el que se declara de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, integración, generación de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Población y Vivienda 2005”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2005.

Séptimo.- La adición de la fracción XXII del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor el 1 de julio de 2010.

Octavo.- El Servicio de Administración Tributaria publicará las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Las obligaciones a que se refiere el mencionado artículo, serán exigibles a los contribuyentes a partir del 1 de julio de 2010.

Noveno.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tratándose de cerveza, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 26.5%, y durante 2013, la tasa de 26%.

Décimo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción l, inciso A), numeral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 53%, y durante 2013, la tasa de 52%.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: Sen. José Isabel Trejo Reyes, Presidente.- Sen. Amira Gómez Tueme, Secretaría.- Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria.- Sen. Federico Döring Casar, integrante.- Sen. Javier Castelo Parada, integrante.- Sen. Gabriela Ruiz del Rincón, integrante.- Sen. Marco Humberto Aguilar Coronado, integrante.- Sen. Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas, integrante.- Sen. Carlos Lozano de la Torre, integrante.- Sen. Jorge Mendoza Garza, integrante.- Sen. Tomás Torres Mercado, integrante.- Sen. Rosalinda López Hernández, integrante.- Sen. Francisco Agundis Arias, integrante.- Sen. José Luis Lobato Campos, integrante.- Sen. Fernando Elizondo Barragán, integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente.- Sen. Adriana González Carrillo, Secretaria.- Sen. José Guadarrama Márquez, Secretario.- Sen. Ángel Alonso Díaz Caneja,integrante.- Sen. Manuel Velasco Coello,integrante.- Sen. Dante Delgado, integrante”.

Debido a que el dictamen se ha distribuido entre la Asamblea, consulte la Secretaría, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Quienes estén porque se omita la lectura del dictamen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Quienes estén porque se omita la segunda lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa a la Asamblea, que la discusión sólo puede referirse a la parte faltante de aprobación por ambas Cámaras. En este caso, está pendiente de aprobación el Artículo Cuarto Transitorio del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Está a discusión.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En contra, tiene usted el uso de la voz.

Ricardo Monreal en contra, tendrá usted el uso de la voz.

Pido a la Asamblea la debida atención para escuchar al Senador Pablo Gómez Alvarez.

Se ruega al señor Senador empezar su disertación para así concitar el interés de las y los Senadores, que seguramente lo tendrá por su experiencia parlamentaria.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores:

En los últimos meses las dos compañías tabacaleras del país han venido aumentando el precio de sus productos, se anticiparon al incremento de la carga impositiva.

Este incremento fue gradual, al final han incrementado en más de dos pesos por cajetilla el precio de los cigarrillos y ahora el Estado a través del Poder Legislativo, por iniciativa del Ejecutivo, pretende imponer un impuesto de dos pesos por cajetilla adicionales al 160 por ciento al valor que paga el tabaco.

Creo que técnicamente está mal este impuesto, que no debería ser parejo, que no es progresivo, regresivo y no es proporcional ni excitativo, pero eso ya fue aprobado por el Congreso en sus dos Cámaras y lo que está a discusión, porque hay una divergencia hasta ahora entre ambas Cámaras, es si se les permite que el incremento de la sobretasa sea al contado o en abonos.

Aquí no estamos frente a una exención, como más adelante vamos a ver otro caso en la Ley Federal de Derechos, sino una gradualidad.

En lugar de que sean 10 centavos de un solo golpe, proponen que sean 4 el primer año, 6 en el segundo y 8 en el tercero. Pero las compañías ya cobraron más de dos pesos.

En México el precio del tabaco lo pueden determinar dos personas, nada más; pero para determinar el precio tienen que tomar en cuenta el contrabando, o sea su competidor externo norteamericano, que es el socio de la propia compañía mexicana; o sea de las dos, del duopolio de los tabacos cada uno tiene un socio distinto en Estados Unidos, y van a mitades en la empresa.

Entonces al llegar el tabaco norteamericano que no paga, que está producido para la exportación y que no paga el impuesto doméstico puede ser más barato si las compañías tabacaleras mexicanas suben demasiado, es el único parámetro que ellos tienen para establecer el precio, no tienen otro porque el mercado está completamente monopolizado. México es el país más monopolizado de América Latina, sin duda.

Pero como ellos ya le aumentaron más de dos pesos al tabaco, y el soberano Estado mexicano, soberano entre comillas, les va a poner los dos pesos, pero se los va a cobrar en tres años, todas las diferencias van a ser puras ganancias para ellos, la industria tabacalera va a empezar a tener mayores ganancias, porque ha subido el precio, pero no han subido en igual forma los costos.

Entonces esto pues es una tomadera de pelo. En primer lugar a los consumidores de tabaco, pero al mismo tiempo al Congreso, a todo mundo le toman el pelo y se salen con la suya.

Cuando discutamos la Ley Federal de Derechos voy a tratar de plantear un problema de fondo, un problema de la estructura del poder que está detrás de estas decisiones, y uno de los grandes problemas de México en el que se supera un sistema político, pero no para desarrollar y profundizar la soberanía, sino para crear otro esquema de decisiones a espaldas del pueblo y de su representación.

Por lo pronto, hay que rechazar este transitorio a efecto de que se cobre el impuesto a partir del año próximo, en la inteligencia de que el equivalente de este impuesto, ya en este momento está en el precio, todo, del cien por ciento del impuesto; no tiene ningún sentido darles prórrogas o escalonar el pago de esta tasa adicional, que repito, aunque técnicamente, fiscalmente no es, tan no está bien planteada, pues esa ya fue aprobada por la mayoría de ambas cámaras, y lo que está a discusión es simplemente la temporalidad de su aplicación.

Por su atención muchas gracias.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Pablo Gómez. Senador Ricardo Monreal tiene usted el uso de la voz. El Senador Tamborrel a favor.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Hace unos días, ciudadanos Senadores, aprobamos en este Pleno del Senado una modificación importante al Cuarto Transitorio de la minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a esta Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La medida aprobada, en esta ocasión, iba encaminada a aprobar un incremento de dos pesos al valor de la cajetilla de cigarros, sin embargo, la Colegisladora modificó el artículo para que el incremento sea de manera gradual, diferida por cuatro años y no a partir del año 2010.

En efecto, México es un país de alto consumo en cigarros, una de cada cuatro personas de entre 12 y 65 años fuman, y varias proyecciones y estudios aseguran que uno de cada dos fumadores morirá por alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo.

Esta modificación fue impulsada por Senadores de todos los grupos parlamentarios, y por fortuna se logró, desde mi punto de vista, fue correcta la decisión del Senado.

Me atrevo a asegurar que el cabildeo de las cigarreras fue terrible, conmigo fueron, por supuesto me negué, y el Senado me parece que actuó con dignidad en este tema de salud pública.

Sin embargo, en Cámara de Diputados tuvieron eco, y los mismos grupos parlamentarios que aquí apoyaron, allá se dividieron.

Es un tema que tenemos que regular en la ley, la presencia de lobbys, de cabilderos, de representantes de empresas que en esta época de aprobación de leyes fiscales y del presupuesto se reproduce por cientos con ofertas y con algunas promociones o propuestas de promoción.

Yo le solicito a la Asamblea que sostenga su voto, sé las consecuencias jurídicas, las consecuencias jurídicas de no aprobarse la modificación que la Colegisladora hizo en esta Cámara de Diputados, sería que ni siquiera el impuesto diferido se pagará, lo sé, porque esta modificación si se rechaza por el Senado no podrá volverse a presentar, sino hasta el próximo periodo de sesiones, lo entiendo, entiendo muy bien el problema en el que nos encontramos inmersos, casi es la opción de preferir o en un solo pago los dos pesos como habíamos planteado y aprobado en el Senado, o que se paguen los mismos durante cuatro años, es el tema de fondo.

Sin embargo, creo que la Cámara de Diputados actuó en este caso con imprecisiones, no vamos a criticar el trabajo de los Diputados, nosotros actuamos como Cámara Revisora en ese momento y me parece fundamentada la aprobación y la modificación que hicimos del transitorio en aquella Cámara.

Al ver la versión estenográfica vi la votación también. A favor de la minuta fueron 135 y en contra 280; es decir, no fue consecuente el grupo parlamentario que aquí apoyó en la Cámara de Diputados, pero es una situación que tendrá que revisarse. Desde mi punto de vista debemos de rechazar y votar en contra de esta modificación que nos ha enviado y nos ha remitido la Colegisladora.

Nosotros en el grupo parlamentario del PT, por congruencia, vamos a seguir sosteniendo nuestro voto en contra.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Guillermo Tamborrel Suárez, tiene usted el uso de la voz.

- El C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

Mi posición ya la conocen, no voy abundar en ella, ya hablamos y ya se han referido a la tomada de pelo, simplemente recordarles que en el 2003 pagaban un peso al Fondo Catastrófico de Salud y hoy, siete años después, sólo pretenden aportar ochenta centavos. Pero subo a la tribuna el día de hoy para invitar a las y los Senadores y, sobre todo, a emplazar a la industria, como lo hice hace siete años, a que juntos encontremos una salida a este gravísimo problema.

Emplazo a la industria a que combatamos juntos el contrabando, no tengo duda que la industria sabe en dónde se venden los cigarros de contrabando, conocen su mercado y es importante que esos datos los aporten, el no hacerlo nos puede permitir llegar a pensar mal. Y es importante que combatamos juntos al contrabando, primero, porque la salud de los mexicanos está en doble riesgo, el tabaco por sí mismo lo implica, pero cuando a los cigarrillos les añaden una serie de productos y de porquerías con que los están fabricando, bueno, pues esto potencializa el daño que hacen a la salud.

Segundo, porque obviamente no pagan los impuestos que les corresponden, y también porque el contrabando le está restando posibilidades a los productores nacionales. Por ello también emplazo a la industria a que juntos encontremos una manera de apoyar a los productores nacionales.

Me parece muy lamentable y muy reprobable que al día de hoy cuando menos el 705 de los cigarrillos que se hacen en el país se hagan con tabaco importado y que además con ello no estén dando salida, no estén consumiendo lo que los productores nacionales están cultivando.

Dejo, pues, este emplazamiento, quiero confiar en que habremos de trabajar juntos, quiero confiar en que todos, Senadores, Diputados y la industria, habremos de sentarnos a buscar cómo proteger a nuestros menores. Coincido con el código de ética de la industria que habla de que los fumadores serán mayores de edad y que estarán informados de lo que están haciendo.

Lamentablemente no vemos eso en la calle, lamentablemente sus productos están llegando, cada vez, a niñas y a niños cada vez más pequeños. Los invito, pues, a que asumamos el compromiso por la salud de los mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Lobato Campos, a favor y con esto, si ustedes me lo permiten, cerramos la lista de oradores en virtud del trámite reglamentario. Y si me permiten la disgregación personal, esta Presidencia felicita con todo afecto al Senador Carlos Aceves del Olmo, que el día de hoy celebra su cumpleaños.

(Aplausos)

- El C. Senador José Luis Lobato Campos: Ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores:

Me impulsa a subir a esta tribuna en defensa de lo que hizo nuestra Colegisladora por una simple razón, creo que no es momento propicio para seguir atacando a los fumadores de este país. Yo en lo personal quiero decirles a ustedes que dejé de fumar para tener la posibilidad de defender a los fumadores.

No es posible, señores, seguir dividiendo a este país, son 25 millones de personas que fuman, habrá que tratar de otra forma, pero no seguirlas castigando ya con que no puedan entrar a restaurantes, con que no puedan ir a lugares, ahora aumentarles los precios. Señores, ¿de qué se trata? No podemos seguir lesionando a una gente porque pueda tener un vicio que en cierta forma es inocuo para muchas gentes, según están estadísticas señaladas incluso por el gobierno chino; hizo una estadística a resultas de que nosotros sacamos nuestra famosísima ley hace un año en el sentido de que si yo fumara cuatro cajetillas diarias, mi esposa estuviera junto a mí todo el tiempo que yo fumara las cuatro cajetillas diarias, en treinta años a lo mejor tenía un 10% más de probabilidades de tener alguna enfermedad.

Pero eso está muy a discusión, esto es como cualquier persona que le hace daño ir al campo porque el polen le afecta, pues ese no debe ir al campo; una persona que se emborracha con una cerveza, pues ese no debe tomar; una persona que con un cigarro le hace daño, ese no debe fumar, ¿pero hasta dónde llegan las facultades del Estado para imponer en la vida privada de las personas algo?

Señores, por ahí leí en aquella época, hasta una Secretaría de Salud de un estado de la República ya quería hasta prohibir que se fumara en las casas particulares de los mexicanos. Señores, eso es ridículo, estamos llegando a extremos y no coincido con que pretendamos seguir apoyando un divisionismo entre el pueblo mexicano.

Y quiero dejar claro ¡eh! a mí ni me llamaron, ni me cabildearon, qué lástima que no me ofertaron nada las compañías cigarreras, con ninguna he platicado, ni he recibido ninguna oferta de nadie.

Simplemente, señores, creo que 25 millones de mexicanos deben ser defendibles.

Señores, hay estados de nuestra República que viven de la producción del tabaco.

¿Vamos a seguir lesionando al estado de Nayarit, al estado de Veracruz, a los estados productores de tabaco? Y ahora nos quejamos de que las medidas tabacaleras importan 70 por ciento.

Bueno, si estamos tratando de lesionar la economía de nuestro país con estas leyes que no tienen ni razón de ser, ni fundamentación. Y yo emplazo y reto a quien quiera para que nos enfrasquemos en un estudio profundo a este respecto. Creo, señores, que debemos defender a los mexicanos.

¿Ustedes creen que esos 25 millones de mexicanos que fuman tienen dinero de sobra para estar pagando cada vez más caro un cigarrillo? Con eso no los van a inhibir de que fumen, pero van a quitarle un poco más del pan a sus casas, porque muchos de ellos, con apuros se compran sus cigarros, y a veces prefieren comprarse un cigarro que comprarse unas tortillas o un pan.

No sigamos dividiendo a los mexicanos. No sigamos lesionado -compañeros Senadores- a los mexicanos entre fumadores y no fumadores. Son 25 millones de mexicanos, señores, no lo olviden, y creo que 25 millones de mexicanos vale la pena defenderlos.

Por lo tanto, yo anticipo a ustedes que nuestro voto será a favor de esta modificación que hizo nuestra Colegisladora.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) SeñorPresidente, pido la palabra, para hechos.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Para rectificación hechos, en términos del artículo 102, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, el Senador Pablo Gómez Alvarez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Senadoras y Senadores:

Votar en contra, quiere decir que el impuesto se aplicará íntegramente a partir del 1º de enero de 2010, votar en contra, porque este es un transitorio. Si no tiene la aprobación de las dos Cámaras, entonces no queda, no queda nada. Pero como el impuesto ya fue aprobado, está en el texto del IEPS.

Al votar en contra del transitorio, que ya lo habíamos votado en contra, no queda el transitorio, y se aplica el impuesto, que no es más que ir por el dinero que las tabacaleras ya les cobraron a los fumadores, porque ya subió el precio. Ellos se adelantan porque ya sabían lo que iba a pasar, y ahora el Congreso les va a dar un descuento, les va cobrar poco a poco durante 3 años, pues es un negociaso bruto esto.

Yo lamento mucho que en la bancada del gobierno haya varios rajones que habiendo votado este asunto la madrugada del sábado pasado, vengan ahora arrepentidos, quién sabe con quién hablaron y qué les dijeron. A la mejor les dijeron un cuento chino: “de que nos vamos a inundar de tabaco extranjero”. Mentira, este impuesto ya se está cobrando, ya, y no pasó nada. O les están diciendo: “Que en Nayarit no van a tener trabajo los campesinos, lo cual es otra falsedad, porque la cuota de producción nacional de tabaco la imponen dos monopolios internacionales que compran el tabaco donde les da la gana, y lo mandan a cultivar por contrato, y donde es más barato ahí lo compran.

Y el gobierno mexicano no ha podido defender, a través de la política arancelaría y otros instrumentos a los productores de tabaco mexicano, es otro tema.

El precio de la producción nacional son temas distintos. Hay un precio de monopolio con un competidor extranjero que produce en México y en Estados Unidos, y que tiene cajetillas libres de impuesto doméstico en los Estados Unidos para la venta en el exterior.

Bueno, como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un dúopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño)Pido la palabra señor Presidente, para alusiones y hechos.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Para alusiones y hechos?

- El C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz, pues para hechos. No se autoaluda, para hechos.

- El C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño)Para hechos y alusiones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, señor Senador.

- El C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Subo a esta tribuna como Senador de la República y con mi libertad de voto, para pedirle al Senador que me antecedió en el uso de la palabra que retire los adjetivos expresados en esta tribuna.

Recordarle que aquí podemos diferir y votar por una u otra situación. Pero que como compañeros y como compañeras nos debemos respeto.

Y el adjetivo de rajones, creo que no es propio de esta tribuna, y no es propio porque, además estamos hablando que el que subió a hacer uso de la tribuna, pues es un empedernido fumador, y parece que le duele mucho esto.

Yo lo respeto como fumador, he visto que muchas veces fuma en el Pleno, yo lo vi en la Cámara de Diputados, y nadie le reclamó. Entonces, hemos sido respetuosos en el Partido Acción Nacional con todos.

Podemos diferir lo que quiera, podemos estar a favor o en contra, a favor de sus posiciones, como hemos estado muchas veces. Podemos estar en contra, pero si perdemos el respeto con que nos debemos de tratar como compañeros de trabajo y como seres humanos, creo que entonces vamos encaminados a no tener en esta tribuna un debate serio, respetuoso, ordenado.

De la manera más atenta le pido, Senador Pablo Gómez, que retire los adjetivos que mencionó y, yo, ni siquiera es por alguna cuestión personal, sino porque se refirió a un grupo de compañeros, dijo: “A toda la bancada del Partido Acción Nacional”, en donde están incluidas respetables damas. Por mí no hay problema, me lo puede decir en lo personal, pero por el grupo, le pido que se retracte.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Pablo Gómez, impone, impone la cordura, de tal suerte de preguntar a la Asamblea, si el asunto está suficientemente discutido.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) El me pide que lo retire. Yo no lo retiro.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Lo retira o no lo retira, Senador Pablo Gómez?

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) El Senador Díaz Caneja me pide que retire un calificativo de rajones dirigido a quienes se van a rajar.

Le aclaro que no soy empedernido y que no he subido a la tribuna a defender a fumadores, ni mucho menos a monopolios del tabaco, sino al contrario, a fustigar la industria tabacalera de este país y de todos los países.

Tercero, no retiro nada. Me parece propio el calificativo, exacto, preciso, se conoce en el castellano de México cuándo alguien es un rajón, y lo vamos a ver a la hora de votar.

Gracias.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Abrase el sistema electrónico por 3 minutos a efecto de recabar votación nominal, en la inteligencia de que el voto por el sí, es por la aprobación en los términos del dictamen recibido de Cámara de Diputados. La postura por el no es la insistencia en la postura original del Senado de la República en este tema.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

No

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

No

ARCE RENE

PRD

No

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

No

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

No

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

No

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

No

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

No

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

No

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

No

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

No

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

No

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

No

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

No

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

No

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

SI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

SI

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

SI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

SI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

SI”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 76 votos por el sí, 35 votos por el no y 1 abstención.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el Artículo Cuarto Transitorio del proyecto de reformas a la Ley del IEPS.

Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.

Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera el dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.






DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 3 de noviembre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, laMinuta con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En fecha 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

2. En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó el dictamen correspondiente y remitió al Senado de la República la Minuta respectiva.

3. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. En sesión de fecha 30 de octubre de 2009, el Pleno de esta H. Cámara de Senadores aprobó modificar la minuta de referencia, devolviéndola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión de igual fecha, la H. Cámara de Diputados, modificó la Minuta enviada por esta Cámara de Senadores, remitiéndola nuevamente a esta última para sus efectos constitucionales.

6. En fecha 3 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

7. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LA MINUTA

La Minuta en análisis tiene su origen en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de 2009, así como en la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados, el 20 de octubre de 2009, y en la Minuta aprobada por el Senado de la República, el día 30 del mismo mes y año.

Ahora bien, en la Minuta que nos ocupa, la Colegisladora propone reincorporar una vacatio legis para el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para las bandas de frecuencias de 1710 a 1770 MHz y de 2110 a 2170 MHz, a efecto de que entre en vigor el 1 de enero de 2012, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a más tardar el 30 de noviembre de 2010, y el 1 de enero de 2013, cuando dichas concesiones se otorguen después del 1 de diciembre de 2010.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, analizando nuevamente las consideraciones de la Colegisladora, coinciden con lo planteado en la Minuta en estudio, en razón de que las redes que actualmente operan en las bandas de frecuencias distintas a las que se han estimado procedente incorporar a la Ley Federal de Derechos, cuentan con una infraestructura ya desarrollada, mientras que para las bandas de frecuencias de 1710 MHz a 1770 MHz y de 2110 MHz a 2170 MHz, no existe dicha infraestructura, por lo que resultará más costosa su operación en los primeros años, ya que se estará partiendo de cero en el desarrollo y puesta en funcionamiento de las bandas de frecuencias referidas.

Es por ello, que estas Comisiones Unidas están convencidas de que la vacatio legis planteada en la Minuta remitida por la Colegisladora, constituirá un incentivo en la obtención de las concesiones relativas a las bandas de frecuencias de 1710 MHz a 1770 MHz y de 2110 MHz a 2170 MHz, además de que se impulsará la inversión en dicho rubro, lo que redundará en un uso eficaz del bien concesionado, permitiendo así la modernización de las telecomunicaciones en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la

Ley Federal de Derechos.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1o., cuarto y sexto párrafos; 3o., segundo párrafo; 6o., primer párrafo; 7o., primer párrafo; 25, fracciones I, II y V; 29-E, fracciones II, III, IV, V y XII; 29-H, primer párrafo; 56, fracción II; 57, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, incisos a), b), c), d) y e) y III; 58, fracciones I y II; 86-G; 88, fracción III; 184, fracción XII; 194-U, fracción VIII; 195-X, fracción I, incisos a), b), c), d) y e); 200; 200-A; 201, y 233, fracciones VII y IX, y 267, primer párrafo; así como la denominación de la Sección Única del Capítulo V del Título I; se ADICIONAN los artículos 14-A, fracción I, con un inciso b); 49, fracción VII, con un inciso e); 57, fracción II con un inciso f); 58-A; 58-B; 61-E; 86-D-1; 90, con las fracciones V y VI; 90-A; 90-B; 90-F; 151, con un último párrafo; 192, con un último párrafo; 192-A, con un último párrafo; 194-I; 195, fracción III, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 233, con una fracción XI, y 244-E; así como las Secciones Cuarta, denominada “Sanidad Acuícola” al Capítulo VII del Título I, comprendiendo los artículos 90-A y 90-B, y Quinta, denominada “De los Organismos Genéticamente Modificados” al Capítulo VII del Título I, comprendiendo el artículo 90-F, y se DEROGAN los artículos 8o., fracción V; 14, fracción I; 14-B; 25, fracción IX; 191-A, fracciones VIII, IX y X; 195-X, fracción I, inciso f), y 223, Apartado C, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 1o. ..................................................................................................................................

Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Esta actualización entrará en vigor a partir del primero de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

..........................................................................................................................................................

Para los efectos de los párrafos anteriores, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, o bien, el del mes anterior a aquél en que entró en vigor la adición o modificación a que se refiere el párrafo anterior.

..........................................................................................................................................................

Artículo 3o. ....................................................................................................................................

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.

..........................................................................................................................................................

Artículo 6o. Para determinar las cuotas de los derechos establecidos en esta Ley se considerarán, inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las que contengan cantidades mayores de 50 y hasta 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.

..........................................................................................................................................................

Artículo 7o. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes de marzo del ejercicio correspondiente, los montos de los ingresos por concepto de derechos que hayan enterado a la Tesorería de la Federación, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

..........................................................................................................................................................

Artículo 8o. ....................................................................................................................................

V. (Se deroga).

..........................................................................................................................................................

Artículo 14. ....................................................................................................................................

I. (Se deroga).

..........................................................................................................................................................

Artículo 14-A. …………….………………………..………...……….……………………….…

I. ……………………..……………………………………...………..…………………………...

b). Por cada revisión de la documentación de la tripulación de las embarcaciones turísticas comerciales, al desembarque y despacho, respectivamente, de acuerdo al número de personas a bordo:

1.De 1 a 500 personas …….…………..……………….. $2,899.06

2.De 501 a 1000 personas ………………….………….. $3,764.32

3.De 1001 a 1500 personas ..…..……..….…..………… $4,482.43

4.De 1501 personas, en adelante ...…..…………….…... $5,097.91

………………………………………………….………………………………………………….

Artículo 14-B. (Se deroga).

Artículo 25. ....................................................................................................................................

I. Por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones ............................................................................. $965.00

II. Por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de permiso de cambio de denominación o razón social .................................................................................................. $885.00

..........................................................................................................................................................

V. Por la expedición de permisos para la constitución de fideicomisos:

a). Por los permisos para constituir fideicomisos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Inversión Extranjera ........................................................................................................... $10,454.26

b). Para la modificación de los permisos para la constitución de los fideicomisos a que se refiere el inciso anterior .................................................................................................................. $4,703.61

c). Por la solicitud extemporánea del permiso para la ampliación de la vigencia de los contratos de fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera ......... $5,125.41

d). Para los demás casos no señalados en los incisos anteriores …………...…………….$345.41

..........................................................................................................................................................

IX. (Se deroga).

..........................................................................................................................................................

Artículo 29-E. ................................................................................................................................

II. Bolsas de Futuros y Opciones:

Cada entidad que pertenezca al sector de Bolsas de Futuros y Opciones, entendiéndose para tales efectos a las entidades que cuenten con autorización para constituirse y operar como tales en términos de las disposiciones aplicables, pagará la cuota …………………….............$3,000,000.00

III. Bolsas de Valores:

Cada entidad que pertenezca al sector de Bolsas de Valores, entendiéndose para tales efectos a las entidades que cuenten con la concesión para constituirse y operar como tales en términos de la legislación aplicable, pagará la cuota de …....................................................................$7,500,000.00

IV. Cámaras de Compensación:

Cada entidad que pertenezca al sector de Cámaras de Compensación, entendiéndose para tales efectos a las sociedades que cuenten con la autorización correspondiente en términos de la legislación aplicable, pagará la cuota de ....................................................................... $2,500,000.00

V. Contrapartes Centrales:

Cada entidad que pertenezca al sector de Contrapartes Centrales, entendiéndose para tales efectos a las sociedades que cuenten con la concesión correspondiente en términos de la legislación aplicable, pagará la cuota de ......................................................................................... $2,500,000.00

..........................................................................................................................................................

XII. Instituciones para el Depósito de Valores:

Cada entidad que pertenezca al sector de Instituciones para el Depósito de Valores, entendiéndose para tales efectos a las sociedades que cuenten con la concesión correspondiente en términos de la legislación aplicable, pagará la cuota de …………………………… $4,500,000.00

..........................................................................................................................................................

Artículo 29-H. En el caso de fusión de entidades financieras o de filiales de entidades financieras del exterior, el importe de los derechos por inspección y vigilancia a pagar por la entidad fusionante o la de nueva creación durante el resto del ejercicio en que se produzca este evento, será la suma de las cuotas que correspondan a las entidades participantes en la fusión, sin que en ningún caso el resultado de dicha suma exceda de la cuota máxima o fija que corresponda conforme a los artículos 29-D o 29-E de esta Ley, según sea el caso. Dichos derechos deberán ser pagados al momento de recibir la autorización correspondiente o, en su caso, a partir de que surta efectos la fusión cuando no se requiera autorización en términos de las disposiciones aplicables.

..........................................................................................................................................................

Artículo 49. ....................................................................................................................................

VII. ..................................................................................................................................................

e). Por cada rectificación de pedimento ............................................................................ $222.90

..........................................................................................................................................................

SECCIÓN ÚNICA

Actividades Reguladas en Materia Energética

Artículo 56. ....................................................................................................................................

II. Por la supervisión de los permisos de energía eléctrica, se pagará anualmente el derecho de supervisión, conforme a las siguientes cuotas:

a). Hasta 3 MW..…...........................................................................………………… $14,000.00

b). Mayor a 3 y hasta 10 MW .…………………………......................……………... $76,740.00

c). Mayor a 10 y hasta 50 MW ...............................................………...………..…... $189,276.00

d). Mayor a 50 y hasta 200 MW .....…………………………………..……….…… $312,772.00

e). Mayor a 200 MW ..……….................................................................................... $951,265.00

..........................................................................................................................................................

Artículo 57. ....................................................................................................................................

I. ......................................................................................................................................................

a). Permisos de distribución de gas natural ................................................................ $512,348.00

b). Permisos de transporte de gas natural para usos propios en su modalidad de sociedades de autoabastecimiento .......................................................................................................... $311,459.00

c). Permisos de transporte de gas natural de acceso abierto ...................................... $512,348.00

d). Permisos de transporte de gas natural para usos propios ...................................... $253,868.00

..........................................................................................................................................................

II. .....................................................................................................................................................

a). Permisos de distribución de gas natural ................................................................ $405,277.00

b). Permisos de transporte de gas natural de acceso abierto …………….……........ $367,708.00

c). Permisos de almacenamiento de gas natural ......................................................... $493,183.00

d). Permisos de transporte de gas natural para usos propios ...................................... $144,471.00

e). Permisos de almacenamiento de gas natural para usos propios .............................. $93,863.00

f). Permisos de transporte de gas natural para usos propios en su modalidad de sociedades de autoabastecimiento .......................................................................................................... $187,032.00

III. Por la modificación del permiso de distribución, transporte o almacenamiento de gas natural que por concepto de la revisión periódica al término de cada periodo de cinco años realice la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad a las disposiciones legalesaplicables ………………………………………………………………………………. $343,411.00

..........................................................................................................................................................

Artículo 58. ....................................................................................................................................

I. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del permiso para la distribución, el almacenamiento y el transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos, conforme a las siguientes cuotas:

a). Permisos para la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos .... $503,844.00

b). Permisos para el transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos ....... $503,844.00

c). Permisos para el transporte de gas licuado de petróleo por ductos para autoconsumo .................................................................................................................... $190,402.00

d). Permisos para el almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro o depósito ............................................................................................................................ $503,844.00

II. Por la supervisión de los permisos en materia de gas licuado de petróleo, se pagará anualmente el derecho de supervisión conforme a las siguientes cuotas:

a). Permisos para la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos .... $405,277.00

b). Permisos para el transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos ....... $367,708.00

c). Permisos para el transporte de gas licuado de petróleo por ductos para autoconsumo .................................................................................................................... $144,471.00

d). Permisos para el almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro o depósito ............................................................................................................................ $493,166.00

..........................................................................................................................................................

Artículo 58-A. Por la supervisión de la operación y el mantenimiento de las actividades de transporte y distribución por medio de ductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, así como de los sistemas de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a éstos, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán anualmente derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Por las terminales de almacenamiento y recepción ................................................ $493,166.00

II. Por los ductos interconectados a las terminales de almacenamiento y recepción .......................................................................................................................... $397,708.00

III. Por otros sistemas de transporte por medio de ductos ......................................... $144,471.00

Artículo 58-B. Por el análisis y, en su caso, la expedición de la resolución sobre las propuestas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, dichos organismos pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de los petroquímicos básicos ................................................................... $495,275.00

II. Respecto de los términos y condiciones del transporte y distribución por medio deductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos; así como los sistemas de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a éstos, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dichos productos …...................................................................................................................... $504,464.00

Artículo 61-E. Por la recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, por la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de bioenergéticos, se pagarán derechos, por cada uno, conforme a la cuota de .................................................. $10,848.00

Tratándose de solicitudes para la autorización de prórroga, transferencia y modificación de los términos y condiciones originales de los permisos señalados en el párrafo anterior se pagarán derechos, por cada una, conforme a la cuota a que se refiere el citado párrafo.

Artículo 86-D-1. Por el estudio y análisis de la solicitud y, en su caso, la autorización para funcionar como laboratorio zoosanitario para diagnóstico o laboratorio zoosanitario de constatación, se pagarán derechos conforme a la cuota de …….......................................... $4,990.00

Artículo 86-G. Por cada visita de inspección veterinaria oficial realizada a establecimientos Tipo Inspección Federal para obtener la autorización de exportación de carne y productos cárnicos, se pagará el derecho por inspección veterinaria oficial, conforme a la cuota de .................... $983.53

Artículo 88. …................................................................................................................................

III. Por el registro de la transmisión total o parcial del derecho ……………..…….....… $585.00

..........................................................................................................................................................

Artículo 90. ....................................................................................................................................

V. Por la expedición del certificado internacional de calidad de semilla, por etiqueta ........ $3.00

VI. Por la expedición de certificado internacional de calidad, para semilla finalmente no certificada …........................................................................................................................... $300.00

SECCIÓN CUARTA

Sanidad Acuícola

Artículo 90-A. Por la expedición de cada certificado de sanidad acuícola, se pagará el derecho de certificación de sanidad acuícola, conforme a las siguientes cuotas:

I. Para importación de especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como deproductos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies ................................................................................................................................ $1,700.00

II. Para exportación de especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies.................................................................................................................................... $500.00

III. Para tránsito internacional de especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies ................................................................................................................................... $415.00

IV. Para movilización de especies acuícolas vivas, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies …………………..…………………………………………………………………. $400.00

V. Para establecimientos en operación en los que se produzcan, procesen, comercialicen, transporten y almacenen, productos y subproductos acuícolas, así como productos químicos, biológicos, farmacéuticos y alimenticios para el uso o consumo de dichas especies .......... $2,200.00

VI. Para uso y aplicación de antibióticos, medicamentos veterinarios, aditivos y demás sustancias químicas a los organismos de cultivo …………...………………………………. $970.00

VII. Para introducción de especies acuícolas vivas a un cuerpo de agua de jurisdicción federal…………………………………………………………………………...................... $400.00

VIII. Para instalaciones en las que se realicen actividades acuícolas ……..………….. $2,200.00

IX. Para especies acuáticas vivas capturadas de poblaciones naturales que se destinen a la acuacultura …………….......................................................................................................... $400.00

X. Para unidades de cuarentena ……………………………………............................. $2,200.00

Artículo 90-B.Por el estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del certificado de libre venta o de origen o de regulación vigente para empresas y productos regulados, para especies acuáticas, sus productos y subproductos, productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies, se pagarán derechos, por cada uno, conforme a la cuota de …………………………………………………………………………………... $400.00

SECCIÓN QUINTA

De los Organismos Genéticamente Modificados

Artículo 90-F.Por los servicios de recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, la expedición de permisos en materia de organismos genéticamente modificados, se pagará el derecho por actividades relacionadas con la liberación al ambiente, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por el permiso de liberación experimental al ambiente de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación .……………………………………………..… $41,681.00

II. Por el permiso de liberación al ambiente en programa piloto de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación ………………...……………………………… $41,681.00

III. Por el permiso de liberación comercial al ambiente de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación ……………………………………………....... $41,681.00

Tratándose de la solicitud de reconsideración de resolución negativa de cada permiso a que se refiere este artículo, se pagará la cuota de ......................................................................... $12,990.00

Artículo 151. …..............................................................................................................................

No se pagará el derecho señalado en el Apartado F de este artículo, siempre y cuando la capacitación se proporcione para la formación teórica y práctica de personal del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional y defensa nacional.

Artículo 184. ……..........................................................................................................................

XII. Por la recepción y estudio del escrito de queja dentro del procedimiento de avenencia y, en su caso, por la realización de la primera audiencia en el procedimiento de avenencia .......... $324.00

Tratándose de las subsecuentes audiencias, por la celebración de cada una se pagará el 50% de la cuota establecida en esta fracción.

..........................................................................................................................................................

Artículo 191-A. …………………...………………………...........................................................

VIII. (Se deroga).

IX. (Se deroga).

X. (Se deroga).

Artículo 192....................................................................................................................................

Tratándose de los casos previstos en las fracciones IV y V de este artículo, los interesados pagarán además el derecho de la inscripción correspondiente en el Registro Público de Derechos de Agua en términos del artículo 192-C de esta Ley.

Artículo 192-A...............................................................................................................................

Tratándose del caso previsto en la fracción V de este artículo, los interesados pagarán además el derecho de la inscripción correspondiente en el Registro Público de Derechos de Agua en términos del artículo 192-C de esta Ley.

Artículo 194-I. Por los servicios de recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, la expedición de permisos en materia de organismos genéticamente modificados, se pagará el derecho por actividades relacionadas con la liberación al ambiente, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por el permiso de liberación experimental al ambiente de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación ……………………………………………...… $20,610.00

II. Por el permiso de liberación al ambiente en programa piloto de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación ………………………………………………... $20,610.00

III. Por el permiso de liberación comercial al ambiente de organismos genéticamente modificados, incluyendo su importación ……………………………………………..…. $20,610.00

Tratándose de la solicitud de reconsideración de resolución negativa de cada permiso a que se refiere este artículo, se pagará la cuota ...........................................................................…$17,775.00

Artículo 194-U. …………………………......................................................................................

VIII. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, la expedición de la aprobación como Organismo de Certificación de Producto, Laboratorio de Ensayo o Prueba y Unidad de Verificación, para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pagarán derechos por cada solicitud, independientemente del número de aprobaciones emitidas …………............................... $11,968.77

Las unidades de verificación que soliciten la aprobación para ser consideradas auditores ambientales dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, no pagarán los derechos a que se refiere esta fracción. Dichas unidades de verificación deberán pagar el referido derecho cuando pretendan obtener la aprobación para evaluar la conformidad de una norma oficial mexicana expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

..........................................................................................................................................................

Artículo 195. ..................................................................................................................................

III. ....................................................................................................................................................

Tratándose de la licencia sanitaria de establecimientos que realicen actividades de producción, fabricación o importación de productos del tabaco, se pagarán los derechos al doble de las cuotas señaladas en los incisos a) o b) de esta fracción, según corresponda.

..........................................................................................................................................................

Artículo 195-X. ………………………………………..................................................................

I. ......................................................................................................................................................

a). Para prestar servicios de seguridad privada en los bienes ……………………….. $12,530.14

b). Para prestar los servicios de seguridad privada en el traslado de bienes o valores …............................................................................................................................ $12,325.43

c). Para prestar los servicios de seguridad privada a personas ………...…………….. $12,530.14

d). Para prestar los servicios de sistemas de prevención y responsabilidades ………. $11,673.30

e). Para prestar los servicios de seguridad de la información y por cualquier actividad vinculada con los servicios de seguridad privada ………………………………………………….. $11,673.30

f). (Se deroga).

..........................................................................................................................................................

Artículo 200. Las personas físicas y morales que usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de altura que entre a los mismos, el derecho de puerto de altura conforme a la cuota de $4.98, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de embarcaciones que realicen tráfico mixto, se pagará el 90% de la cuota correspondiente al derecho de puerto de altura, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 200-A. Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones entren a los puertos nacionales o a las terminales de uso público fuera de puerto habilitado pagarán, por cada embarcación de altura dedicada exclusivamente a actividades turísticas, el derecho de puerto de altura, conforme a la cuota de $2.20, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de las embarcaciones que realicen exclusivamente actividades turísticas y que en un viaje entren a diversos puertos nacionales, se pagará el 90% de la cuota a que se refiere el párrafo anterior, por cada uno de los puertos o terminales de uso público fuera de puerto habilitado, siguientes al primero.

Artículo 201.Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de cabotaje que entre a los mismos, el derecho de puerto de cabotaje conforme a la cuota de $1.58, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Las embarcaciones dedicadas exclusivamente a actividades turísticas pagarán el 75% de la cuota del derecho de puerto de cabotaje, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 223. ..................................................................................................................................

C. …………………………………………………………………………………………….…....

(Se deroga penúltimo párrafo).

..........................................................................................................................................................

Artículo 233. ..................................................................................................................................

VII. No se pagarán los derechos a que se refiere este artículo cuando los inmuebles de dominio público de la Federación estén destinados a labores propias de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

..........................................................................................................................................................

IX. No se pagarán los derechos a que se refiere este artículo cuando la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar ocualquier otro depósito de aguas marítimas, la zona federal marítima o las aguas interiores, estén destinados al servicio de las Secretarías de Estado y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal que cumplan con los fines públicos para los que fueron creados.

..........................................................................................................................................................

XI. No se pagará el derecho a que se refiere el artículo 232 de esta Ley, tratándose de obras de protección contra fenómenos naturales en los puertos.

Artículo 244-E. Los concesionarios y permisionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los rangos de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que operen y por cada kilohertz concesionado o permisionado, de conformidad con la tabla B, como sigue:

Tabla A

Rango de frecuencias en Megahertz

De 1710 MHz

a 1770 MHz

De 2110 MHz

a 2170 MHz

Tabla B

Cobertura

Cuota por cada kilohertz concesionado permisionado

1MHz=1000 KHz

Todos los municipios de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado del estado de Sonora.

$2,807.13

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de Sonora, excepto el municipio de San Luis Río Colorado.

$416.13

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y Durango y los municipios Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado de Coahuila.

$1,767.46

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y Viesca.

$8,791.07

Todos los municipios de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo.

$3,414.25

Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo del estado de Jalisco.

$1,424.45

Todos los municipios de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

$243.34

Todos los municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

$164.48

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, Morelos y Estado de México, y todas las delegaciones del Distrito Federal.

$12,786.32

Para las concesiones y permisos cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de conformidad con la tabla señalada corresponda a la región en la que se ubique la concesión o permiso, por la proporción que represente la población total del área concesionada o permisionada entre la población total del área en la que se ubique según la tabla mencionada. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o en su defecto provenientes del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto.

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión o permiso cubra más de una región de las que se señalan en la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, se realizará sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 267. Están obligados a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, los concesionarios mineros que conforme a la Ley Minera recuperen y aprovechen el gas, ya sea para autoconsumo o entrega a Petróleos Mexicanos, aplicando la tasa de 40% a la diferencia que resulte entre el valor anual del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral extraído en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.

………………………………………………………………...………………….………………”

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, salvo la adición del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, que entrará en vigor conforme a lo siguiente:

I. El 1 de enero de 2012, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a más tardar el 30 de noviembre de 2010.

II. El 1 de enero de 2013, cuando las concesiones correspondientes se otorguen después del 1 de diciembre de 2010.

Segundo. Durante el año de 2010, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

I. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales que se extraigan y utilicen en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 7 a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.

II. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán y Hueyapan de Ocampo del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 9 a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.

III. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 232, fracción IV de la Ley Federal de Derechos, las personas físicas y morales que usen o aprovechen los bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales, que realicen actividades agrícolas o pecuarias pagarán el 30% de la cuota establecida en dicha fracción.

IV. No pagarán el derecho a que se refiere el artículo 8o., fracción I de la Ley Federal de Derechos, los turistas que visiten el país por vía terrestre, cuya estancia no exceda de siete días en el territorio nacional. Para el caso que se exceda dicho periodo, el derecho se pagará al momento de la salida del territorio nacional.

V. En relación al registro de título de técnico o profesional técnico, técnico superior universitario o profesional asociado, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

a). Por el registro de título de técnico o profesional técnico, expedidos por Instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación del tipo medio superior, así como la expedición de la respectiva cédula profesional, se pagará el 30% del monto a que se refieren las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos.

b). Por el registro de título de técnico superior universitario o profesional asociado, expedidos por Instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación de tipo superior, así como por la expedición de la respectiva cédula, se pagará el 50% del monto a que se refieren las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos.

VI. Para los efectos de los derechos por los servicios que presta la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de conformidad con las fracciones XII y XIV del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos, se pagará el 50% del monto establecido en dichas fracciones.

VII. No se pagará el derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado B de la Ley Federal de Derechos, cuando el concesionario entregue agua para uso público urbano a municipios o a organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En este caso, el concesionario podrá descontar del pago del derecho que le corresponda por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado A de la referida Ley, el costo comprobado de instalación y operación de la infraestructura utilizada para la entrega de agua de uso público urbano que el contribuyente hubiera hecho en el ejercicio fiscal de 2010, sin que en ningún caso exceda del monto del derecho a pagar. Lo anterior, previa aprobación del programa que al efecto deberá ser presentado a la Comisión Nacional del Agua.

VIII. En el caso de que los derechos que deban cubrir las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refieren las fracciones III, IV, V y XI del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos vigentes para el ejercicio fiscal de 2010, excedan en más de un 10% las cuotas determinadas para el ejercicio fiscal de 2008, los contribuyentes podrán optar por pagar los derechos de inspección y vigilancia a que se refieren dichas fracciones por el monto que resulte mayor entre la suma de la cuota determinada para el ejercicio fiscal de 2008 más el 10% de dicha cuota, o bien, la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2010 conforme a las fracciones III, IV, V y XI del artículo 29-D de la citada Ley, según sea el caso.

Tratándose de entidades financieras a que se refieren las fracciones III, IV, V y XI del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, que se hayan constituido en los ejercicios fiscales de 2008 ó 2009, los contribuyentes podrán optar por pagar el derecho de inspección y vigilancia a que se refieren dichas fracciones por el monto que resulte mayor de entre la suma de la cuota que hubiere sido aplicable en el ejercicio fiscal de 2008 para entidades de nueva creación más el 10% de dicha cuota o, en su defecto, la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2010 conforme a las fracciones III, IV, V y XI del artículo 29-D de la citada Ley, según sea el caso.

Para los efectos de la opción a que se refieren los párrafos anteriores, tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima correspondiente a 2010 se considerará como capital mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en moneda nacional a tres millones de unidades de inversión.

Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos en los términos previstos en esta fracción y realicen el pago anual durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2010, no les será aplicable el descuento del 5% establecido en la fracción I del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos.

Tercero. No pagarán los derechos por la expedición de autorización en la que se otorgue la calidad migratoria de inmigrante bajo las características previstas en el artículo 9o., fracción I de la Ley Federal de Derechos, los extranjeros sujetos a los beneficios del “Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales, los extranjeros de cualquier nacionalidad que se encuentren de manera irregular en territorio nacional y manifiesten su interés de residir en el mismo, puedan promover la obtención de su documentación migratoria en la calidad de inmigrante con las características de profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiares, artistas o deportistas o bien, en la característica de asimilado en los casos que de manera excepcional se establecen en el presente”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2008.

Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, durante el ejercicio fiscal de 2010, el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales utilizadas en los municipios del territorio mexicano que a continuación se señalan, se efectuará de conformidad con las zonas de disponibilidad de agua como a continuación se indica:

ZONA 6.

Estado de Oaxaca: Excepto los municipios comprendidos en las zonas 4, 5, 7, 8 y 9.

ZONA 7.

Estado de Oaxaca: Abejones, Concepción Pápalo, Guelatao de Juárez, Natividad, Nuevo Zoquiapam, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan Atepec, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan del Estado, San Juan Evangelista Analco, San Juan Chicomezúchil, San Juan Quiotepec, San Juan Tepeuxila, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel del Río, San Miguel Huautla, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, Santa Ana Yareni, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa María Apazco, Santa María Ixcatlán, Santa María Jaltianguis, Santa María Pápalo, Santa María Texcatitlán, Santa María Yavesía, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, Santiago Nacaltepec, Santiago Tenango, Santiago Xiacuí, Santos Reyes Pápalo, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán del Valle y Valerio Trujano.

ZONA 8.

Estado de Oaxaca: Loma Bonita.

Estado de Puebla: Chalchicomula de Sesma y Esperanza.

Estado de Tabasco: Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso.

ZONA 9.

Todos los municipios del Estado de Chiapas.

Estado de Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, Asunción Cacalotepec, Ayotzintepec, Capulálpam de Méndez, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cosolopa, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Eloxochitlán de Flores Magón, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlán de Juárez, Mazatlán Villa de Flores, Mixistlán de la Reforma, San Andrés Solaga, San Andrés Teotilalpam, San Andrés Yaá, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachirioag, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Cajonos, San Francisco Chapulapa, San Francisco Huehuetlán, San Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Tecóatl, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Tabaá, San Juan Yae, San Juan Yatzona, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlán, San Lucas Zoquiápam, San Mateo Cajonos, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Miguel Yotao, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Cruz Acatepec, Santa María Alotepec, Santa María Chilchotla, Santa María Jacatepec, Santa María la Asunción, Santa María Temaxcalapa, Santa María Teopoxco, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Yalina, Santiago Atitlán, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Comaltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Laxopa, Santiago Texcalcingo, Santiago Yaveo, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Xagacía, Tamazulapam del Espíritu Santo, Tanetze de Zaragoza, Totontepec Villa de Morelos, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo y Villa Talea de Castro.

Estado de Puebla: Coyomeapan, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, Zoquitlán.

Estado de Tabasco: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán,Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

Estado de Veracruz: Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, José Azueta, Lerdo de Tejada, Omealca, Saltabarranca, Tatahuicapan de Juárez, Tierra Blanca y Tlalixcoyan y los municipios que no estén comprendidos en las zonas 6, 7 y 8.

Quinto. A partir del 1 de enero de 2010, y para efectos de los derechos señalados en los artículos 198, fracción I y 198-A, fracción I de la Ley Federal de Derechos, la cuota a pagar será de $50.00. Para el caso de los derechos señalados en los artículos 198, fracción II, 198-A, fracción II y 238-C, fracción I de la Ley Federal de Derechos, será de $25.00 y, para los derechos establecidos en los artículos 198, fracción III, 198-A, fracción III y 238-C, fracción II, la cuota del derecho a pagar para todas las áreas naturales protegidas será de $260.00.

Sexto. Las cuotas establecidas en el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos se encuentran actualizadas al 1 de enero de 2009.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: Sen. José Isabel Trejo Reyes, Presidente.- Sen. Amira Gómez Tueme, Secretaría.- Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria.- Sen. Federico Döring Casar, integrante.- Sen. Javier Castelo Parada, integrante.- Sen. Gabriela Ruiz del Rincón, integrante.- Sen. Marco Humberto Aguilar Coronado, integrante.- Sen. Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas, integrante.- Sen. Carlos Lozano de la Torre, integrante.- Sen. Jorge Mendoza Garza, integrante.- Sen. Tomás Torres Mercado, integrante.- Sen. Rosalinda López Hernández, integrante.- Sen. Francisco Agundis Arias, integrante.- Sen. José Luis Lobato Campos, integrante.- Sen. Fernando Elizondo Barragán, integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente.- Sen. Adriana González Carrillo, Secretaria.- Sen. José Guadarrama Márquez, Secretario.- Sen. Ángel Alonso Díaz Caneja, integrante.- Sen. Manuel Velasco Coello, integrante.- Sen. Dante Delgado, integrante”.

Debido a que el dictamen se ha distribuido entre la Asamblea, consulte la Secretaría, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Quienes estén porque se omita la lectura del dictamen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente).

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Es de primera lectura. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita la segunda lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene la obligación de recordar a la Asamblea que está pendiente únicamente el Artículo Primero Transitorio del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Está a la consideración.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En contra, Senador Pablo Gómez Alvarez.

Tiene usted el uso de la voz.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores: Veo que hay Legisladores y visitantes que por igual conversan animadamente en los pasillos.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia les pide a los Senadores y a los visitantes que pongamos atención a la disertación del Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Eso va a ser. Bajo el régimen del Presidencialismo despótico, utilizo aquí el concepto despotismo no en términos personales, sino en términos sociológicos.

Los Presidentes ejercían todo el poder y fueron, poco a poco, a partir de la Presidencia de Miguel Alemán, realizando una serie de concesiones y generando una gran burguesía que se tornó monopólica en varias ramas de la economía. Inmensas fortunas se amasaron a la sombra del poder, y algunas otras que no fueron originalmente amasadas a la sombra del poder, sucumbían frente al despotismo Presidencial. Y recibían en tal virtud concesiones y concesiones.

Cuando vino el proceso de privatizaciones, los viejos grupos recibieron nuevos privilegios y se crearon otros que rápidamente y a partir de los anteriores bienes nacionales pudieron constituir poderosos grupos financieros, es decir, capital que opera por igual en la banca, en la industria y en el comercio.

Cuando vino la caída del sistema de presidencialismo despótico, hoy trasladado caricaturescamente a varios estados, teníamos ya una estructura diferente, teníamos sentadas las bases del Estado oligárquico; ninguna decisión trascendental se toma en México sin consulta, negociación o de plano a instancias de ese poder oligárquico. Y éste se entreverá incluso físicamente con los órganos del Estado.

La soberanía popular que se ejerce a través de los poderes públicos se ejerce cada vez más y de manera más directa por el poder oligárquico. Esta es la historia del artículo que está a discusión.

El Estado va a dar una concesión para el uso de frecuencias nuevas en el espectro radioeléctrico.

Son las concesiones mal lucrativas que se pueden dar en este momento en cualquier parte del mundo. Es una banda de ocho gigas; por lo tanto la más veloz, la que va a tener la tasa de retorno más rápida y, además, donde prácticamente no va a haber competencia.

Dice Madero, el señor Madero, que ya el Presidente de la Comisión de Competencia dijo que no hay problema en no cobrarle impuestos, derechos a los próximos concesionarios.

Qué mal está el señor Mota. Si en esa banda no va a haber ni competencia. No la habrá en la concesión y no la habrá en la operación.

Es el mundo perfecto de los oligarcas, de la estructura del capital monopolista, con todo el apoyo del Estado.

Piden no sólo la concesión, que ya la tienen en la bolsa porque el Ejecutivo ya resolvió dárselas. No se reservó el gobierno un solo megahertz para uso público de esta nueva banda de frecuencia, uno sólo. Todo lo va a entregar como si no hubiera necesidades sociales, sino sólo privadas.

Aún así, dos bloques de 30, 3 bloques, 4 bloques de diez megahertz.

Piden que durante los dos primeros años no se les cobre derechos, porque dicen, vamos a empezar apenas a usar esas frecuencias. Espérense a que ganemos dinero para poder pagar derechos.

No funciona así el mundo real. Cuando se obtiene una concesión se empiezan a pagar los derechos a partir de entonces.

Si los inversionistas se van a tardar un tiempo, primero no sabemos cuánto y, segundo, empezarán a usarlo poco a poco, no de un solo golpe todo.

Pero se les da dos años de no pago. Dicen algunos que se oponen a esto que es una gracia. No, no es gracia. Gracia es dar más plazo para pagar el principal, pero pagarlo. Aquí no hubo gracia, aquí hay exención.

En la República Mexicana no habrá exención de impuestos, dice la Constitución. Se entiende también de derechos, no habrá exención.

¿Qué dice la Cámara de Diputados? “Sí habrá exención”.

¿De qué manera se viola la Constitución?

Dice la Corte: “No puede haber utilización de bienes públicos sin el debido pago de la contraprestación por la vía de derechos”.

¿Qué dice la Cámara de Diputados? Sí puede haber.

El poder oligárquico el que impone sus intereses económicos más mezquinos, más antinacionales en el momento en que están aumentando los impuestos al gasto del pueblo, los impuestos de los trabajadores de un ingreso mayor de 10 mil 300 pesos.

En el momento en que están aumentando otros impuestos indirectos que paga también el pueblo, en ese momento surge sin venir si quiera en la iniciativa del Ejecutivo, y lo digo por los próximos rajones de Acción Nacional que votaron en contra en el Senado y hoy se aprestan a votar a favor en la revisión segunda que se está haciendo en este momento en esta Cámara.

Es el camino de las concesiones ilegales, inconstitucionales, impopulares, con los bienes del dominio público, el camino que hemos recorrido y que nos está llevando y ya nos ha llevado al estado oligárquico en sustitución del viejo presidencialismo despótico.

No hemos luchado desde la democracia durante tantas décadas con tanto sacrificio para remontar el presidencialismo despótico, autoritario y venir a caer en el estado de policía y en el estado oligárquico, como la plantean hoy los principales y más votados partidos de este país.

No es aceptable, aquí no se trata sólo de rajones en la bancada del PAN, de entreguistas, de prooligárquicos. En tal virtud, de su clara posición en favor de lo que se denominan los poderes fácticos, que no son otra cosa que una oligarquía, se va hoy a votar algo que sólo vale 5 mil millones, es poco. Vale más la pérdida de soberanía del Estado. Mucho más. Es incuantificable.

Nada son los 5 mil millones que no van a pagar, sino la capitulación de los poderes formales frente a una voraz oligarquía que ha tomado el poder y dicta sus intereses por encima del Estado y de la representación popular.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos a efecto de recabar votación nominal en la inteligencia de que la votación por el sí es por el dictamen en sus términos.

Perdone, Senador Ocejo Moreno, tiene usted el uso de la voz. A ver, sonido en el escaño del Senador Ocejo. Y le ruego disculpe mi mala vista y peor oído.

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Yo quisiera instruyera usted a la Secretaría para que nos lea el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Para obsequiar la petición del señor Senador, le ruego por favor a la Secretaría, dé lectura al artículo reglamentario aludido.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al artículo.

“Artículo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que la retire o satisfaga al ofendido. Si aquel no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, el asunto es que a pesar de que ya pasó el Senador Angel Alonso, el término de rajones es un término injurioso en nuestra realidad en México, es un término injurioso a las personas y lo ha vuelto a repetir el Senador Pablo Gómez, y lo único que pido es que se dé cumplimiento estricto a lo que marca este artículo 107 que ha sido leído.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ya lo hemos hecho, señor Senador, ya le preguntamos al Senador Pablo Gómez, en virtud de que el Senador Angel Alonso Díaz Caneja es que se refiere a lo anterior y ya dijo que no retira lo que el Senador considera ofensa, luego entonces, si usted considera pertinente, podríamos dejarlo en acta por separado, aunque debo de advertirle, señor Senador, que la Corte ha dicho que la libertad de opinión del legislador llega hasta ese grado.

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente, el Reglamento llega al grado de decir que lo que son injurias deberá usted de conminarlos si el señor no las retira, hacerlo en acta por separado es lo único que pido.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: El asunto aquí, ¿usted considera la palabra “rajón”?.

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: (Desde su escaño) La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria diciéndole: “oye no cumpliste”, sino se le dice: “rajón”. Y eso es una injuria. Yo lo considero así, no sé si tendremos que ir hasta la Corte, pero por lo pronto pido que se dé cumplimiento al artículo 107.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Pablo Gómez, en virtud de que el Senador Ocejo Moreno considera como injurioso el término de rajones, es que yo le pregunto si retira o no el término.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente, así como el señor Senador Ocejo fue obsequiado por usted en su solicitud de lectura del artículo 107 del Reglamento, yo le solicito atentamente y de la manera más encarecida, le pida usted al señor Secretario que dé lectura del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos, luego de lo cual responderé a la solicitud del señor Senador Ocejo.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Señor Secretario Cleominio Zoreda, tiene usted la bondad de dar lectura, para obsequiar al Senador Pablo Gómez, del artículo 61 de la Constitución.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Con mucho gusto, señor Presidente.

Doy lectura al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 61.- Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Así las cosas…

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?, Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez, (Desde su escaño) Voy a contestar, contesto con un no y me solidarizo de paso, porque nadie lo ha hecho, con la Senadora Beatriz Zavala.

Es cuanto.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ordenó la apertura del sistema electrónico de votación, ¿quiere usted participar? Si quiere participar el Senador Ricardo García Cervantes, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos en contra.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Yo creo que cuando se tienen argumentos, cuando se tienen razones, pues también las palabras necias no deben hacer mella en el estado de ánimo de nadie, cada quien tendrá por supuesto sus razones, sus argumentos, la motivación y su sentido de responsabilidad para respaldar el sentido de su voto en ésta y en todas las demás ocasiones.

De forma tal que, a nombre propio y de todos los miembros de este Senado que se hayan, de alguna manera, no quiero decir ofendido, pero incomodado por el uso de un lenguaje necio, simple y sencillamente hay que entrar en el fondo del tema.

Yo personalmente vengo a esta tribuna a decir que lo que no es posible que el Senado no diga o cuando menos los que lo creemos no digamos es que la Colegisladora ha considerado una vacatio legis donde no hay, donde hay una norma para generar una exención; una exención de una contribución debida y señalada por la ley, contraria al espíritu y a la letra del artículo 28 constitucional que establece que en nuestro país quedan prohibidas las exenciones de impuestos, y no se puede confundir una figura jurídica de vacatio legis que tiene que ver con el periodo que se otorga en forma razonable para que el contenido de una norma se conozca y por su conocimiento se pueda cumplir, en este caso el contenido de la norma se cae en el 244, inciso e) es un contenido conocido y de cumplimiento desde el momento mismo en que se concreta objetivamente la materia del mismo, que es el otorgamiento de una concesión, úsese o no se use causa un derecho que está en la ley y no puede exentarse sin violentar a la Constitución.

Entre otras razones, pero sólo me refiero a ésta, porque es de un trato entre dos órganos del mismo poder, entre las dos Cámaras que siento la obligación de que haya una voz en el Senado y rectifique la consideración jurídica que hicieron los Diputados de considerar en un transitorio una vacatio legis que no es más que una exención de impuestos de derechos establecidos en la ley que la doctrina calificaría como objetiva en términos de que señala el objeto mediante el cual se crea el derecho que es la concesión temporal porque se refiere a un lapso de tiempo determinado, dos años, y económica no sólo por su contenido económico, sino como la doctrina establece, porque se refiere a una industria para generar y para cumplir con los fines del Estado.

La promoción de esta industria es una responsabilidad del Estado, y sé que muchas compañeras y compañeros Senadores han hecho un aprecio especial por esta consideración.

Estas concesiones, esta licitación y este artículo lo están apreciando desde la perspectiva de que México como Estado tenga una evolución y un desarrollo en las telecomunicaciones, respeto el punto de vista y simplemente señalo una consideración estrictamente jurídica. Si esa exención de impuestos es inconstitucional, y si es inconstitucional ya sea por la vía de la acción de inconstitucionalidad o desgraciadamente por la vía del amparo, habrá que conocer del tema la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que cuando menos en el Diario de los Debates del Senado de la República haya una consideración jurídica que pueda, en su caso, orientar esa resolución de la Corte.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: A usted. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos a efecto de recabar votación nominal, respecto del Artículo Primero Transitorio del proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El Sí, es por los términos del dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) No hubo oradores en pro.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

No

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

No

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

No

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

No

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

No

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

No

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

No

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

No

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

No

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

No

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

No

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

No

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

No

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

No

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

No

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

No

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

No

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

No

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

No

ARCE RENE

PRD

Abstención

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

Abstención

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

SI

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

SI

MURILLO KARAM JESUS

PRI

SI

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

SI”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 66 votos en pro, 38 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado el Artículo Primero Transitorio del proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de Acuerdo por el que se integra la terna de candidatos a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Presidencia desea expresar una felicitación a la Comisión de Derechos Humanos por el esfuerzo realizado, ha sido un trabajo intenso de amplia participación en la Comisión de Derechos Humanos, de escuchar todas las voces y todas las organizaciones que quisieron expresarse, y de haber recibido propuestas de destacados mexicanos y destacadas mexicanas que fueron evaluados en tiempo y forma por los integrantes de estas comisiones.

Por lo tanto, informo a la Asamblea que después de aprobado este dictamen que se pondrá a consideración del Pleno, se realizará la votación por cédula para la elección correspondiente.

Las disposiciones constitucionales exigen que la elección reúna las dos terceras partes de los Senadores presentes.

Si no se reúne, si no se reuniera en la primera votación la mayoría de las dos terceras partes, habrá una segunda votación para esta elección, tomando como base la misma terna presentada por la Comisión.

Si tampoco se lograse reunir las dos terceras partes, habrá una tercera votación con el mismo propósito, es decir, tendremos hasta tres posibles votaciones para determinar quién pueda obtener los dos tercios de los Senadores presentes.

Si en un caso hipotético en esa tercera votación tampoco se reuniera la mayoría requerida, el dictamen será devuelto a la Comisión de Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen, y solicito a los señores Senadores y Senadoras su atención a la lectura del dictamen, y después al procedimiento de votación con cédula.






DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“COMISION DE DERECHOS HUMANOS

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su análisis y elaboración del acuerdo donde se proponga la terna respectiva, diversas propuestas de candidaturas realizadas en los términos de la Convocatoria aprobada para tal efecto por el Pleno del Senado de la República, opiniones sobre candidatos propuestos y el contenido de las comparecencias de estos últimos realizadas ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera; lo anterior para el efecto de nombrar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, 86, 90 fracción VIII, 94, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 83, 87, 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente Acuerdo, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

La Comisión encargada del análisis y dictamen para la formulación de la terna a partir de la cual el Pleno del Senado de la República designará al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio y desarrollo del proceso legislativo para la elaboración del acuerdo donde se formulará la terna a partir de la cual el Pleno del Senado de la República designará al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014.

II. En el capítulo de “Contenido”, se expone la lista total de propuestas de candidaturas recibidas y el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, donde se determinó las propuestas que cumplieran con requisitos señalados en la ley y en la Convocatoria correspondiente; en este último Acuerdo se señala también la fecha y de comparecencias de los candidatos respectivos.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de esta Comisión expresan los motivos que sustentan la formulación de la terna respectiva al Pleno del Senado de la República, en los términos de lo señalado por el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido, en este apartado de consideraciones se transcribe el Acuerdo aprobado por esta Comisión legislativa donde se fijan las reglas bajo las cuales se conformará la terna de candidatos respectiva así como el resultado de la votación correspondiente.

ANTECEDENTES

1.- En Reunión de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos celebrada el 9 de septiembre de 2009, se sometió a votación un proyecto de convocatoria para iniciar el proceso de selección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el Periodo que comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014.

En esta reunión se aprobó que no se iniciará el proceso de selección de referencia hasta en tanto la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Senado de la República aprobarán la Convocatoria respectiva.

2.- Así, el Pleno de esta Cámara Alta aprobó el pasado 24 de septiembre la Convocatoria Pública Abierta para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo texto es el que se transcribe a continuación:

“CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA

La Cámara de Senadores de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de sus Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, párrafos primero, quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 10 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 85, numeral 2, inciso a y 86, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

CONVOCA

A las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos a que manifiesten sus opiniones y propuestas de la persona que a su juicio deba ser designada como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014; bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la persona propuesta para ocupar el cargo de Presidente deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y,

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República evaluarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas propuestas.

SEGUNDA.- Las propuestas de candidaturas al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán presentarse dentro del plazo comprendido entre la publicación de la presente convocatoria y el 9 de octubre del año en curso, en la oficialía de partes del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl número 9, planta baja, Centro Histórico, Código Postal 06010, Distrito Federal, de lunes a viernes, en horario de las 9:00 a 20:00 horas.

TERCERA.- Al presentar la propuesta de candidatura al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deberán adjuntar los siguientes documentos, tanto por escrito como en formato electrónico:

a) Currículum Vitae actualizado del candidato propuesto, con copias simples de documentos que acrediten lo que se exprese en el mismo;

b) Copias certificadas de acta de nacimiento y credencial de elector del candidato propuesto;

c) Tratándose de propuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de interés público, deberán adjuntar copia del Acta Constitutiva o Estatutos respectivos;

d) Proyecto de trabajo del candidato propuesto, que considere los principales aspectos de la función que ejercerá durante los cinco años del encargo, en caso de ser designado como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

e) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; y,

f) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente convocatoria, dará lugar a la desestimación de la propuesta de candidatura dentro del procedimiento relativo.

CUARTA.- Transcurrido el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, procederán a determinar en Reunión de Trabajo el 12 de octubre, las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y satisfagan los requisitos impuestos en la Base TERCERA de esta convocatoria.

QUINTA.- Una vez determinada la lista de los candidatos que sean elegibles, se publicará, exclusivamente para efectos informativos y de transparencia, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Senado de la República, así como las fechas y orden de comparecencias de los propios candidatos ante las Comisiones Unidas.

SEXTA.- Con el objeto de cumplir con el principio de apertura que rige este procedimiento de elección, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos podrán formular opiniones relacionadas a las propuestas, que aporten mayores elementos de juicio para analizar a los candidatos. Estas opiniones, para ser consideradas, deberán cumplir con el requisito establecido en el inciso c) de la Base TERCERA, y presentarse los días 13 a 15 de octubre en el domicilio, días y horario señalados en la base SEGUNDA de esta Convocatoria.

SEPTIMA.- Fijadas las fechas de comparecencia de los candidatos al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su desarrollo se llevará a cabo en Sesión pública ante los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, y serán trasmitidas por el canal del Congreso bajo el siguiente formato:

a. Cada aspirante tendrá derecho a exponer sus ideas y argumentos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, hasta por un máximo de 10 minutos.

b. Expondrán los principales aspectos de la función que ejercerán durante los cinco años del encargo, en caso de ser designados en el cargo.

c. Una vez concluida la presentación de sus ideas y argumentos, se abrirá un espacio de preguntas por parte de los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, en el orden y tiempo que acuerden sus Directivas.

d. El candidato deberá de contestar en un tiempo no mayor de 3 minutos cada pregunta que se le formule.

e. Los Senadores tendrán derecho de réplica.

OCTAVA.- Para los efectos de la designación de la terna de candidatos de la cual el Pleno de la Cámara de Senadores elegirá a quien ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a más tardar, el 26 de octubre del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República se reunirá en sesión de trabajo para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen respectivo.

La elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizará por el Pleno del Senado de la República a más tardar el 29 de octubre de 2009, en tanto que la toma de protesta constitucional se realizará ante el propio Pleno del Senado el 16 de noviembre.

NOVENA.- Una vez concluido el procedimiento para la designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se notificará por escrito el resultado del mismo a todos y cada uno de los candidatos.

DECIMA.- Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por mayoría simple de los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Dado en el Recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil nueve.”

3.- Publicada dicha convocatoria el 29 de septiembre de 2009 tanto en los diarios “La Jornada, “El Universal” y “Reforma” y la página web del Senado de la República, la recepción de propuestas de candidatura se realizó a partir de esta última fecha y hasta el 9 de octubre pasado, lapso durante el cual se registraron las propuestas que se refieren en el apartado siguiente.

CONTENIDO

1.- Durante el plazo establecido para tal efecto, el cual transcurrió del 29 de septiembre al 9 de octubre de 2009, se recibieron las siguientes propuestas de candidaturas:

1. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA.

2. SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE.

3. JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ.

4. LUCRECIA ORTEGA SANCHEZ.

5. MARIA GUADALUPE MORFIN OTERO.

6. GUILLERMO HERBERT PEREZ.

7. GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDON.

8. PATRICIA OLAMENDI TORRES.

9. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA.

10. JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ.

11. HUGO JIMENEZ PADILLA.

12. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGAN.

13. RICARDO SEPULVEDA IGUINIZ.

14. DANIEL BALBOA VERDUZCO.

15. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ.

16. MAURICIO FARAH GEBARA.

17. LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA.

18. ALEJANDRO FERMIN ORTIZ PEÑA.

19. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDEZ.

20. ESTEBAN PEDRAZA PALACIOS.

21. MIGUEL NAVA ALVARADO.

22. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA.

23. FELICITAS VELAZQUEZ SERRANO.

24. RAQUEL GUTIERREZ NAJERA.

25. ROSARIO MARTINEZ LOPEZ.

26. JESUS JAVIER CRUZ VELAZQUEZ.

27. LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO.

28. ROBERTO HOFFMAN ELIZALDE.

29. ARMEN THEREZA SILVA FAJARDO.

30. JOSE MIGUEL ARRIAGA BULLOLI.

31. OMAR OLVERA DE LA LUNA.

32. MARIO IGANACIO ALVAREZ LEDEZMA.

33. MARIA DEL CARMEN ACOSTA JIMENEZ.

34. JOSE ANTONIO VITAL GALICIA.

35. MARIA DE LOURDES CRUZ BUSTAMANTE.

36. ROSA MARIA GLINDELIA CASTILLO Y TORRES.

37. JOSE GUZMAN LAZO.

38. MARIA DE LA LUZ LIMA MALVIDO.

39. JOSE ALBERTO PEREGRINA SANCHEZ.

2.- Teniendo a la vista las propuestas de candidaturas y considerando lo establecido en la Convocatoria respectiva, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron en sesión de Trabajo el pasado 12 de octubre el siguiente Acuerdo Parlamentario:

“De conformidad con la Convocatoria aprobada por el Pleno de esta Cámara Alta el 24 de septiembre en la que las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos enviarían propuestas y opiniones de la persona que a su juicio debe ser designada como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los diversos numerales 85, 86, 90 fracciones VIII y XIX, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, emiten el presente ACUERDO y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la convocatoria pública abierta aprobada por el Pleno de esta Cámara para el procedimiento de selección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en Base Primera que En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la persona propuesta para ocupar el cargo de Presidente deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y,

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República evaluarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas propuestas.

SEGUNDO: Que la referida Convocatoria señala en su Base Tercera que al presentar la propuesta de candidatura al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deberán adjuntar los siguientes documentos, tanto por escrito como en formato electrónico:

a) Currículum Vitae actualizado del candidato propuesto, con copias simples de documentos que acrediten lo que se exprese en el mismo;

b) Copias certificadas de acta de nacimiento y credencial de elector del candidato propuesto;

c) Tratándose de propuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de interés público, deberán adjuntar copia del Acta Constitutiva o Estatutos respectivos;

d) Proyecto de trabajo del candidato propuesto, que considere los principales aspectos de la función que ejercerá durante los cinco años del encargo, en caso de ser designado como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

e) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; y,

f) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente convocatoria, dará lugar a la desestimación de la propuesta de candidatura dentro del procedimiento relativo.

TERCERO: Por otro lado, la Convocatoria mandata en su Base Cuarta que transcurrido el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, procederán a determinar en Reunión de Trabajo el 12 de octubre, las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y satisfagan los requisitos impuestos en la Base TERCERA de dicha convocatoria y cuyo cumplimiento es el objeto de este Acuerdo.

Asimismo y una vez determinada la lista de los candidatos que sean elegibles, se publicará, exclusivamente para efectos informativos y de transparencia, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Senado de la República, así como las fechas y orden de comparecencias de los propios candidatos ante las Comisiones Unidas.

CUARTO: Ahora bien, dentro del plazo establecido en la Convocatoria en comento, el cual feneció el pasado 09 de octubre a las 20:00 horas,se recibieron las siguientes propuestas de candidaturas para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

1. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA.

2. SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE.

3. JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ.

4. LUCRECIA ORTEGA SANCHEZ.

5. MARIA GUADALUPE MORFIN OTERO.

6. GUILLERMO HERBERT PEREZ.

7. GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDON.

8. PATRICIA OLAMENDI TORRES.

9. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA.

10. JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ.

11. HUGO JIMENEZ PADILLA.

12. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGAN.

13. RICARDO SEPULVEDA IGUINIZ.

14. DANIEL BALBOA VERDUZCO.

15. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ.

16. MAURICIO FARAH GEBARA.

17. LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA.

18. ALEJANDRO FERMIN ORTIZ PEÑA.

19. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDEZ.

20. ESTEBAN PEDRAZA PALACIOS.

21. MIGUEL NAVA ALVARADO.

22. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA.

23. FELICITAS VELAZQUEZ SERRANO.

24. RAQUEL GUTIERREZ NAJERA.

25. ROSARIO MARTINEZ LOPEZ.

26. JESUS JAVIER CRUZ VELAZQUEZ.

27. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO.

28. ROBERTO HOFFMAN ELIZALDE.

29. KARMEN THEREZA SILVA FAJARDO.

30. JOSE MIGUEL ARRIAGA BULLOLI.

31. OMAR OLVERA DE LA LUNA.

32. MARIO IGANACIO ALVAREZ LEDEZMA.

33. MARIA DEL CARMEN ACOSTA JIMENEZ.

34. JOSE ANTONIO VITAL GALICIA.

35. MARIA DE LOURDES CRUZ BUSTAMANTE.

36. ROSA MARIA GLINDELIA CASTILLO Y TORRES.

37. JOSE GUZMAN LAZO.

38. MARIA DE LA LUZ LIMA MALVIDO.

39. JOSE ALBERTO PEREGRINA SANCHEZ.

QUINTO: Después de analizar las propuestas referidas en el CONSIDERANDO anterior según lo mandatado en la Base TERCERA de la Convocatoria en comento y que se transcribió en el CONSIDERANDO SEGUNDO, se advirtió que aquellas que NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA BASE TERCERA SON LAS SIGUIENTES:

1. GUILLERMO HERBERT PEREZ.

2. HUGO JIMENEZ PADILLA.

3. ESTEBAN PEDRAZA PALACIOS.

4. MIGUEL NAVA ALVARADO.

5. FELICITAS VELAZQUEZ SERRANO.

6. ROSARIO MARTÍNEZ LOPEZ.

7. ROBERTO HOFFMAN ELIZALDE.

8. OMAR OLVERA DE LA LUNA.

9. MARIO IGNACIO ALVAREZ LEDEZMA.

10. MARIA DE LOURDES CRUZ BUSTAMENTE.

11. ROSA MARIA GLINDELIA CASTILLO Y TORREZ.

12. JOSE GUZMAN LAZO.

13. MARIA DE LUZ LIMA MALVIDO.

A efecto de salvaguardar el principio de certeza dentro de este procedimiento, se les notificará personalmente a estos últimos los motivos por los que sus candidaturas fueron desestimadas.

Por tanto, los suscritos Senadores

RESUELVEN

Que las candidaturas que presuntivamente cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que cumplen con los requisitos señalados en la Base TERCERA de la referida convocatoria SON LOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION Y DEBERAN COMPARECER EN EL SIGUIENTE ORDEN ALFABETICO :

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2009.

A PARTIR DE LAS 17:00 HRS.

1. MARIA DEL CARMEN ACOSTA JIMENEZ

2. MARIO I. ALVAREZ LEDEZMA.

3. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA.

4. JOSE MIGUEL ARRIAGA BULLOLI.

A PARTIR DE LAS 18:00 HRS.

5. DANIEL BALBOA VERDUZCO.

6. JESUS JAVIER CRUZ VELAZQUEZ.

7. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO.

A PARTIR DE LAS 19:00 HRS.

8. MAURICIO FARAH GEBARA.

9. JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ.

MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2009

A PARTIR DE LAS 17:00 HRS.

10. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ.

11. RAQUEL GUTIERREZ NÁJERA.

12. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDEZ.

A PARTIR DE LAS 18:00 HRS.

13. GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDON.

14. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGAN.

15. MARIA GUADALUPE MORFIN OTERO.

A PARTIR DE LAS 19:00 HRS.

16. PATRICIA OLAMENDI TORRES.

17. LUCRECIA ORTEGA SANCHEZ.

18. ALEJANDRO FERMIN ORTIZ PEÑA.

MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2009

A PARTIR DE LAS 10:00 HRS.

19. JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ.

20. SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE.

21. JOSE ALBERTO PEREGRINA SANCHEZ.

A PARTIR DE LAS 11:00 HRS.

22. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA.

23. LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA.

24. RICARDO SELPÚLVEDA IGUINIZ.

A PARTIR DE LAS 12:00 HRS.

25. KARMEN THERESA SILVA FAJARDO.

26. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA.

27. JOSE ANTONIO VITAL GALICIA.

Dichas sesiones públicas se realizarán según lo señalado en la Base SEPTIMA de la Convocatoria en comento y tendrán verificativo en el Salas 5 y 6 del 5º Piso de la Torre Caballito, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, Distrito Federal.

Como lo ordena la Base QUINTA de la Convocatoria aludida, publíquese esta lista, exclusivamente para efectos informativos y de transparencia, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Senado de la República.

Asimismo y con el objeto de cumplir con el principio de apertura que rige este procedimiento de elección, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos podrán formular opiniones relacionadas a las propuestas, que aporten mayores elementos de juicio para analizar a los candidatos, las cuales deberán presentarse exclusivamente en formato electrónico a la dirección mesadirectiva@senado.gob.mx o mesadirectivasenado@gmail.com. Estas opiniones deberán presentarse los días 13 al 15 de octubre, en el horario señalado en la base SEGUNDA de la multicitada Convocatoria.

Así lo resuelven y firman los suscritos Senadores a los doce días del mes de octubre de de 2009.”

CONSIDERACIONES

1.- El párrafo quinto del artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.

2.- El artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su segundo párrafo, prescribe:

“Artículo 10. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en su encargo cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez.”

3.- La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala en su artículo 9 los requisitos que deberá cubrir la persona que sea designada como Presidente de ese Organismo Constitucional Autónomo de Protección de los Derechos Humanos, el cual a letra dice:

“Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.”

3.-A continuación se transcribe el Acuerdo aprobado por esta Comisión legislativa donde se fijan las reglas bajo las cuales se conformará la terna de candidatos que se presentará al Pleno de la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales y legales pertinentes:

“LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 90 FRACCION VIII, 93 Y 94 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 10 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y POR APLICACION ANALOGICA, LOS DIVERSOS NUMERALES 153 Y 154 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, APROBO EN SU SESION DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009 EXPEDIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO QUE FIJA LAS REGLAS PARA DISCUTIR Y VOTAR LA CONFORMACION DE LA TERNA DE CANDIDATOS DE LA CUAL SE ELEGIRA AL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ARTICULO 1.- El presente acuerdo tiene por objeto regular la discusión y votación para conformar la terna de candidatos de la cual el Pleno del Senado de la República elegirá al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La terna se conformará considerando exclusivamente las candidaturas aceptadas y que cumplieron con los requerimientos señalados en la Convocatoria respectiva. Dichas candidaturas son las siguientes:

1. MARIA DEL CARMEN ACOSTA JIMENEZ

2. MARIO IGNACIO ALVAREZ LEDEZMA

3. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGOR.

4. JOSE MIGUEL ARRIAGA BULLOLI.

5. DANIEL BALBOA VERDUZCO.

6. JESUS JAVIER CRUZ VELAZQUEZ.

7. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO.

8. MAURICIO FARAH GEBARA.

9. JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ.

10. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ.

11. RAQUEL GUTIERREZ NAJERA.

12. FRANCISCO JAVIER JASSO MENDEZ.

13. GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDON.

14. JAVIER MOCTEZUMA BARRAGAN.

15. MARIA GUADALUPE MORFIN OTERO.

16. PATRICIA OLAMENDI TORRES.

17. LUCRECIA ORTEGA SANCHEZ.

18. ALEJANDRO FERMIN ORTIZ PEÑA.

19. JORGE EDUARDO PASCUAL LOPEZ.

20. SUSANA THALIA PEDROZA DE LA LLAVE.

21. JOSE ALBERTO PEREGRINA SANCHEZ.

22. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA.

23. LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA.

24. RICARDO SELPULVEDA IGUINIZ.

25. KARMEN THERESA SILVA FAJARDO.

26. ALFONSO TORRES LARRAÑAGA.

27. JOSE ANTONIO VITAL GALICIA.

ARTICULO 2.- Iniciada la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se procederá a una sola ronda de discusión sobre la situación general de los derechos humanos en el país, el papel que ha desempeñado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto y el perfil que debe cubrir el nuevo titular de este organismo público autónomo.

ARTICULO 3.- Concluida la discusión a que se refiere el artículo anterior, se procederá a realizar la votación por cédula, que cada Senador o Senadora depositará en una ánfora que al efecto se colocará en la mesa.

Cada Senador o Senadora votará por tres candidatos en la cédula que le corresponda. La cédula en la que no se vote por tres candidatos será nula.

ARTICULO 4.- Cumplida la votación, uno de los Secretarios sacará las cédulas, una después de otra, y las leerá en voz alta, para que otro Secretario anote los nombres de las personas que en ella aparecieren y el número de votos que a cada uno le tocaren. Leída la cédula se pasará a manos del Presidente para que conste el contenido de ella y se pueda reclamar cualquier equivocación que se advierta. Finalmente, se hará el cómputo de votos y se declarará el resultado.

ARTICULO 5.- Declarado el resultado, se asentarán en el dictamen los nombres de los tres candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

ARTICULO 6.- En caso de que exista empate entre dos o más candidatos que afecte la conformación de la terna, se realizará otra votación en los términos del artículo 4 de este Acuerdo, excluyendo de la misma al candidato o candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos y que por esta razón sean parte de la terna referida.

En caso de persistir el empate, se realizará otra ronda de votación.

ARTICULO 7.- Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo, será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Dado en la Sede del Senado de la República a los 29 días del mes de octubre de 2009.”

4.- En reunión de trabajo realizada el 4 de noviembre de 2009, esta Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República procedió al realizar, en los términos del Acuerdo transcrito en el aparatado anterior, la discusión y votación para conformar la terna de candidatos referida. De la votación y computo realizados, los tres candidatos con el mayor número de votos que integran la terna que se presentará al Pleno de esta Cámara Alta son los siguientes:

EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA.

LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ.

RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscribe el presente acuerdo, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea de la LXI Legislatura del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo sexto, Apartado B) del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos numerales 9, 10 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República formula la terna integrada por EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA, LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ y RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA, por las razones y fundamentos expresados en el apartado de “Consideraciones” de este acuerdo; dicha terna se propone al Pleno de esta Cámara Alta para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2009.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, está a discusión el presente dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra a favor o en contra del dictamen, sírvase expresarlo. ¿En qué sentido?, Senador René Arce, para razonar el voto, tiene la palabra hasta por 5 minutos, Senador René Arce, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador René Arce: Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna, no quiero hablar en contra de alguno de los aquí propuestos, porque me parece que no es el momento adecuado, esto seguramente en la comisión se estuvo procesando.

Sin embargo, sí quisiera venir a comentarles a ustedes que este tema, particularmente para el país, para la nación es de suma importancia, porque se trata de buscar a la persona que en principio tenga la capacidad, la solvencia personal para estar al frente de una Comisión que se encargará de vigilar ni más ni menos que el Estado mexicano en cualquiera de sus representaciones, no agravie la dignidad de los ciudadanos de este país, pero también de sus niños y de aquellos que aún no son ciudadanos, y me parece que hoy que tenemos un problema tan delicado en el país de violencia, de una violencia que cada vez conoce formas de expresión verdaderamente atroces, hoy más que nunca se requiere de una persona que tenga la voz, la fuerza, la solvencia de poder emitir recomendaciones que se transformen por su fuerza en hechos que puedan corregirse.

Y me parece que por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que decidir que al frente de esta Comisión pueda estar una persona que durante el transcurso de su vida pública haya demostrado que tiene esa voz y esa capacidad para hacerlo. Pero más aún, hoy independientemente del respeto que nos merecen quienes aquí puedan profesar alguna religión, alguna creencia, hoy más que nunca se requiere que el Estado laico en este país sea una realidad.

El Estado laico que no puede de ninguna manera tratar de imponerle a nadie una posición de carácter personal en relación a sus creencias. Necesitamos que esté al frente de esta Comisión quien no se deje vencer por sus cuestiones personales, por sus creencias personales para tomar decisiones que afectan a toda una comunidad.

Y me parece que este asunto no es menor, porque hoy más que nunca hay que defender al Estado laico, sobre todo cuando hay quienes tienen intenciones de vulnerar laicidad del estado, que pueden ser respetables en sus creencias, pero que no entienden que la mejor defensa que tienen para sus creencias es precisamente conservar al Estado laico.

Por eso, me parece que tenemos todos que pensar en ello, y también hay que defender a una institución que en este momento por incapacidad nuestra se encuentra en la calle, que es el Ejército Nacional. Y la mejor manera de defender al Ejército Nacional es que haya una voz que le señale cuándo está vulnerando los derechos humanos, cuánto está haciendo uso de la fuerza, de la violencia, lesionando derechos humanos.

Por eso, compañeros y compañeras Senadoras, yo los llamo a que votemos por quien en este momento puede representar mejor a este país, y sobre todo a los más vulnerables. Personalmente he dicho que no voy hablar en contra de alguno de los aquí propuestos, pero sí les quiero decir que desde mi punto de vista Emilio Alvarez Icaza, y todos ustedes lo saben, representa para este país, para esta sociedad, representa la defensa del Estado laico, representa la voz que puede tener fuerza para evitar que el Estado vulnere los derechos humanos.

Por eso, quisiera solicitarles a todos ustedes que en un acto de conciencia y de rescate y de defensa del Estado laico votemos por Emilio Alvarez Icaza.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador René Arce.

¿Algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra en algún sentido respecto al dictamen? Tiene la palabra la Senadora Claudia Corichi, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor Presidente.

Realmente no pensaba subir, pero es decepcionante la manera en que este Senado se ha venido conduciendo, y de verdad que creo que hoy puede ser un día en el que algo se salve de dignidad para este Senado o se pierda toda la dignidad. Las dos votaciones anteriores significaron un retroceso de lo que se había venido pugnando, y resulta que se dio un cambio en esta votación.

Y el día de hoy esta terna de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creo que es un tema de fondo para el país frente a la elección de un procurador, objetado por los grupos de mujeres, por las familias de las muertas de Juárez, hoy tenemos la opción de poner enfrente a alguien que tenga valor, que no se subordine al poder y que sea un Ombudsman en todo el sentido de la palabra o de poner a alguien simplemente por acuerdos políticos.

Y yo creo que frente a lo que este Senado aprobó, del Procurador General de la República, pese a las objeciones que los grupos de mujeres teníamos, hoy tenemos que poner un contrapeso con una persona que no se dedique a golpear, pero si a vigilar, a observar la defensa de los derechos humanos. Y me parece, y eso es algo que todos sabemos, que aunque muchos de nosotros creemos que Emilio Alvarez Icaza es una persona que cubre esos requisitos, que no se subordina al poder, un hombre de izquierda que en un gobierno de izquierda, como es el del Distrito Federal, vigiló de manera férrea el cumplimiento de los derechos humanos, a veces yendo en contra de un gobierno de izquierda, a pesar de ser él un hombre de izquierda.

Y me parece que ese es el perfil que requerimos hoy en México frente a todo lo que está sucediendo, frente a las circunstancias de nuestro país no podemos llevar esto a un retroceso y al oscurantismo, ni al continuismo; y me parecería que sería un grave error de este Senado de la República si no ponemos a alguien que garantice también una visión diferente.

Y yo diría: quizás algunas gentes han vetado a Emilio Alvarez Icaza porque tiene una posición con respecto a que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Lamento mucho que entonces pongamos un procurador que no vigiló y observó que se cumplieran y respetaran los derechos de las mujeres, de las muertas de Juárez, y vetemos o se vete a otra persona porque respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Y me parece que este es un tema grave, porque hay en este Senado un acuerdo, que se siente en el ambiente, de que no sea Emilio, de que sea otra gente, de que sea alguien a modo, de que sea alguien de acuerdo político, de que gane el continuismo, y me parecería un grave error político. Tenemos que dar un poco de dignidad a este Senado de la República, se requiere, no podemos hacer lo que se estaba haciendo, el viernes votamos una cosa, hoy votamos otra ¿Qué está pasando?

De verdad un poco de dignidad política para este Senado de la República, un poco de muestra de que podemos salir con la frente en alto frente a la gente, dando la cara por la gente, y, yo diría, también por las mujeres de México. Así que ojalá haya un voto de conciencia, no un voto preestablecido, no un voto que no piense, que no razone en quién y qué necesita México en este momento para observar que se cuiden los derechos humanos de la gente.

Ojalá no haya un retroceso, ojalá no haya continuismo, ojalá podamos ir por quien pueda observar la ley y también pueda observarnos a todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senadora Corichi García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal…perdón. No, vamos a proceder a votar el dictamen de la comisión, y al término de éste, abriremos la elección por cédula directa.

Procédase entonces a abrir el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal sobre el dictamen presentado.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

CUE MONTEAGUDO GABINO

CONV

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MONREAL AVILA RICARDO

PT

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

GOVEA ARCOS EUGENIO

CONV

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

Sí”

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 110 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo que contiene la terna de candidatos a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Presidencia registra el número de Senadores que han votado, 110, para efectos de los dos tercios de la votación que se abrirá.

Procederemos ahora a la elección por cédula del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Solicito al personal de apoyo parlamentario proceda a distribuir la cédula de votación entre los Senadores y las señoras Senadoras.

(El personal de apoyo parlamentario cumple)

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores y Senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que se ha puesto para tal propósito.

(Votación y escrutinio)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se va a dar cuenta del resultado de la votación.

Del ciudadano Emilio Alvarez Icaza Longoria, 32 votos.

Del ciudadano Luis Raúl González Pérez, 6 votos.

Del ciudadano Raúl Plascencia Villanueva, 75 votos.

No alcanza los dos tercios, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En virtud de haberse emitido 113 votos, y en virtud de que para alcanzar los dos tercios de los votos emitidos se requerirían 76 votos, y ninguno de los aspirantes lo ha logrado, instruyo a la Secretaría Parlamentaria a preparar en unos minutos la segunda ronda de votaciones.

En tanto, pasamos a la discusión de diversos dictámenes de comisiones que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“Comision de Equidad y Genero

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de acuerdo. Documento presentado por la Senadora Josefina Cota Cota del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Cámara el presente Dictamen.

ANTECEDENTES

I. En sesión pública celebrada por la Cámara de Senadores el día 1° de abril del 2009, la Senadora Josefina Cota Cota del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXLegislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las Entidades Federativas a través de sus dependencias, a vigilar e impedir la práctica discriminatoria de pedir conjuntamente con la solicitud de empleo el certificado de no gravidez.

II. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente, en la misma fecha se acordó dar a la propuesta legislativa de referencia el trámite de recibo y se ordeno su turno a la Comisión de Equidad y Género.

CONSIDERACIONES

El creciente ingreso de la mujer al ámbito laboral y sus múltiples roles que desempeñan en la sociedad han contribuido a que se visibilice la situación real de la mujer en el trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo contempla en su constitución el principio de igualdad, mismo principio que fue plasmado en un instrumento para el año de 1951, cuando se adopto el Convenio sobre Igualdad de remuneración Num. 100, sin embargo para 1958 se adopto el Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación Num. 111) que venía a complementar el anterior convenio.

El marco de los derechos de las personas trabajadoras se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 1°, la Carta Magna consagra las garantías de no discriminación, mientras que en el 4° establece la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. El artículo 5° por su parte señala el derecho de las personas a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que a cada quien le acomode, siempre y cuando éstos sean lícitos.

Partiendo de la existencia del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo eminentemente social que establece uno de los derechos consideradosmás importantes y que a continuación se expone textualmente: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…

De igual manera la Ley Federal de Trabajo establece en su Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. Por lo tanto no se puede impedir su ejercicio,

Otro artículo importante es el 133 de la citada ley y que establece: Queda prohibido a los patrones:

I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo;

Sin embargo, aun cuando existen dos artículos sumamente importantes como los mencionadosen el párrafo anterior, Uno de índole Constitucional, que viene a reforzar el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo donde establece que el trabajo es un derecho y el artículo 133 de la citadaley, que es una prohibición expresa a los patrones el negarse a aceptar trabajador por razón de sexo, prevalece la discriminación hacia la mujer.

En ese mismo orden de ideas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2003, cuyo objeto es prevenir y eliminar toda la forma de discriminación que se ejerza contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato; de igual manera en la citada ley establece que se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción por embarazo...

Esta Comisión coincide con la promovente al considerar que actualmente en la sociedad mexicana existen más mujeres que hombres, sin embargo prevalecen criterios machistas y discriminatorios que dejana miles de mujeres en evidente desventaja frente a los varones, pese a que hoy en día millones de familias tienen como único o principal ingreso el de las madres trabajadoras.

Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI revelan que el aumento en jefaturas del hogar ha sigo significativo en los últimos años, la tabla siguiente nos muestra el crecimiento por décadas:

Sexo del jefe Tipo de hogar Clase de hogar

1960

1970

1990a

2000a

2005 

Hogares con jefa b

926 426

1 705 234

2 805 488

4 597 235

5 717 659

La OIT en su VI informe respecto a la Igualdad de Género como un eje decente contempla que:

“Para las mujeres y hombres adultos, lograr un trabajo decente, mantener a los miembros de su familia, brindarles atención, y cumplir sus obligaciones con las empresas, comunidades y sociedades es una ardua labor. La mujeres tropiezan con obstáculos sistémicos de todo tipo en el mundo del trabajo, empezando por el hecho mismo de si tienen o no un trabajo remunerado (ya sea a tiempo completo o parcial); el tipo de trabajo que consiguen o del que quedan excluidas; su acceso a ayudas tales como servicios de guardería; la remuneración y prestaciones que perciben y las condiciones en que trabajan; su posibilidad de acceder a ocupaciones «masculinas» mejor remuneradas; la inseguridad de sus empleos o empresas; su falta de derecho a pensión o a prestaciones, y su falta del tiempo, de los recursos o de la información necesarios para hacer valer sus derechos”.

En un estudio del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género señala que desde su preámbulo, la CEDAW, adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatiza cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, al señalar que la discriminación que sufre la mujer dificulta su participación en la vida política, social, económica y cultural; y que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo.

En este último tema, la Convención señala que los Estados deben velar por que las mujeres tengan idéntico acceso y protección de su derecho al trabajo que los hombres, y que en la relación laboral que mantengan se les garanticen los siguientes derechos:

- Al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones que el empleo conlleve;

- a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje;

- a igual remuneración;

- a la igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

- a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar;

- a tener vacaciones pagadas;

- a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

Además, los miembros de la Convención se obligan a prohibir el despido por embarazo o por ejercer la licencia por maternidad, y a implementar en sus legislaciones la licencia por maternidad pagada, sin pérdida del empleo, la antigüedad o las prestaciones. Siguiendo con la maternidad, los Estados se comprometen a prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

El estudio continua citando que laConvención creó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (COCEDAW), que es el órgano encargado de evaluar el grado de cumplimiento de la Convención, y de interpretar sus disposiciones para emitir lineamientos aplicables de manera concreta, ahora bien al gobierno mexicano se le han hecho de manera específica las siguientes recomendaciones:

En 2002 se le recomendó, debido a la baja calidad en el empleo de las mujeres mexicanas, en lo referente a discriminación salarial, segregación vertical y horizontal y prestaciones sociales, adopte las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo, incluyendo la prohibición de discriminación contra las mujeres, para garantizar su participación en el mercado laboral en un plano de igualdad real con los hombres.

En 2006, el COCEDAW recomendó adecuar plenamente la legislación laboral a la CEDAW y acelerar la aprobación de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a fin de eliminar la prueba de embarazo

Ahora bien, el 21 de enero de 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federación el programa sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, en cuyo contenido especifica que contribuirá a lo señalado en la iniciativa Visión 2030, con las siguientes metas:

Eje Rector 3: Igualdad de Oportunidades, en el rubro de equidad de género. La STPS diseñará una política laboral para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de acciones afirmativas y prácticas laborales que fomenten la equidad en el ingreso, la movilidad y la permanencia en el empleo. (Metas de Prosperidad y Equidad de Género).

Entre los objetivos sectorialesel siguiente es que es de nuestro interés:

OBJETIVO 9: PROMOVER LA EQUIDAD Y LA INCLUSION LABORAL

Cito “se desarrollarán políticas para la no discriminación laboral, y se impulsará la igualdad de oportunidades, de acceso y de permanencia en el ámbito laboral a los grupos en situación de vulnerabilidad.

…En este sentido, y a efecto de que la mujer mexicana tenga un papel central en el proceso social del desarrollo humano sustentable y al reconocer el compromiso asumido por el Gobierno Federal, la STPS promoverá acciones para fomentar un trabajo digno sin violencia ni discriminación, en donde prevalezca una auténtica cultura de igualdad, mediante la participación, promoción y desarrollo de políticas laborales encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de la mujer.” …

Por ello, esta Comisión dictaminadora coincide que es inaceptable que siga existiendo ladiscriminación laboral hacia las mujeres y está de acuerdo en la creación de mecanismos que permitan garantizar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es un elemento clave para erradicar la discriminación por motivo de sexo y promover la igualdad de oportunidades entre los géneros.

Por las consideraciones antes mencionadas esta Dictaminadora con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente programas permanentes que vigilen e impidan la práctica discriminatoria de pedir conjuntamente con la solicitud de empleo el certificado de no gravidez.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que de acuerdo a su competencia y a través de sus dependencias especializadas en materia de Trabajo y Previsión Social implementen programas que vigilen e impidan la práctica discriminatoria de pedir conjuntamente con la solicitud de empleo el certificado de no gravidez.

Sala de comisiones unidas de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2009.

COMISION DE EQUIDAD Y GENERO”.






COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“Comision de Equidad y Genero

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y debido dictamen una proposición con punto de acuerdo. Documento presentado por la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del grupo parlamentario Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Cámara de Senadores el presente Dictamen.

ANTECEDENTES

I. En sesión pública celebrada por la Honorable Cámara de Senadores el día 21 de abril de 2009, la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del grupo parlamentario Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, con la finalidad de que expidan a la brevedad posible sus Reglamentos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de esta manera reafirmen su compromiso con la seguridad, la vida y la libertad de las mujeres de sus Estados.

II. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para su debido estudio y dictamen correspondiente, en la misma fecha se acordó dar a la propuesta legislativa de referencia el trámite de recibo y se ordenósu turno a la Comisión de Equidad y Género.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La publicación de laLey General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 1° de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, constituyó un gran esfuerzo legislativoa favor de los derechos de las mujeres.

El objetivo primordial de esta Ley es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como el de garantizar la democracia, y dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que México ha adoptado mismos que han sido ratificados por esta Honorable Asamblea, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su protocoló facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer denominada Convención de Belém do Para; la ConferenciaInternacional sobre la Población y Desarrollo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros.

Ante ello se creó un conjunto de legislaciones que garantizan los Derechos Humanos, Políticos y Sociales de las Mujeres, como es el caso de la ya comentada Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

SEGUNDA.- Es de considerar un gran avance a nivel nacional el aprobar las 32 Entidades Federativas su propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual es un instrumento elemental para evitar todo tipo de violencia, discriminación y desigualdad que se ha propiciado por razón de género.

Sin embargo, esta dictaminadora coincide con la promovente al señalar que para dar cabal cumplimiento a la Ley y esta se pueda ejecutar debe de contar con un reglamento que regule todas sus disposiciones.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contenía tal disposición en su artículo segundo transitorio, razón por lo que el titular del Ejecutivo Federal emitió el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el día 11 de marzo de 2008mediantepublicaciónen el Diario Oficial de la Federación, mismo que tiene como finalidad reglamentar todas las disposiciones de la citada Ley, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, necesarias para llevar a cabo su ejecución.

TERCERA.- En un estudioproporcionado por el Instituto Nacional de las Mujeres se observa que de 32 Entidades Federativas solo 9 han publicado su Reglamento de la citada ley, entre ellosAguascalientes, Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán, por lo que esta Dictaminadora coincide plenamente con los argumentos de la promovente y considera conveniente hacer un llamado a los titulares de los Gobiernos Estatales que todavía no cuentan con su Reglamento para que lo emitan a la brevedad posible y puedan dar cabal cumplimiento a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reafirmen su compromiso con la seguridad, la vida y la libertad de las mujeres de sus Estados.

Por las consideraciones antes mencionadas la Comisión de Equidad y Género con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de los Estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas con la finalidad de que expidan a la brevedad posible sus Reglamentos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de esta manera reafirmen su compromiso con la seguridad, la vida y la libertad de las mujeres de sus Estados.

Dado en el salón de sesiones, a 15 de septiembre de 2009.

COMISION DE EQUIDAD Y GENERO”.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre los avances del Programa de Preservación del Empleo, presentado por el Senador Ramiro Hernández García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido de la propuesta en comento, esta Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 30 de abril de 2009, el Senador Ramiro Hernández García, presentó la referida proposición con punto de Acuerdo. La Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

MATERIA

Solicitar a la Secretaría de Economía para que informe sobre los avances del Programa de Preservación del Empleo.

CONSIDERACIONES

De la proposición original se recogen y sintetizan las siguientes consideraciones.

El 7 de enero de 2009, el Gobierno Federal estableció el Programa de Preservación del Empleo, que tiene como propósito disminuir los costos que enfrentan las empresas a través de reducciones en las jornadas laborales o, mejor conocidos como, “paros técnicos”. Para este Programa, la Secretaría de Economía (SE) destinará 2,000 millones de pesos a fondo perdido.

Los requisitos para ingresar el programa son que una empresa esté enfrentando problemas en sus ventas y una reducción en su producción. Para iniciar un paro técnico, la empresa debe expresar a su personal la situación por la que atraviesa en estos tiempos de crisis y formular un convenio de trabajo; los trabajadores pueden o no aceptar los acuerdos y si se aprueban se debe de notificar a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El proceso para solicitar el apoyo se compone de dos fases: la solicitud ante la delegación de la SE, que incluye un formato con el calendario de paros estimado, y la presentación de un reporte en el que se presenta la información de la nómina y las ventas una vez realizado el paro técnico. Todo el proceso dura más de 60 días.

Al inicio de operaciones, los sectores productivos incluidos en dicho programa y que serán beneficiados son: el automotriz, la industria eléctrica, la electrónica, y de maquinaria y equipo pesado, que son los que tienen más contacto con el comercio exterior.

Ante el descontento expresado por trabajadores e industriales por la cantidad de requisitos y lo tardado del procedimiento de registro y aprobación para ser beneficiarios del Programa, el pasado 10 de abril, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las Reglas de Operación de dicho Programa. Anunció la puesta en marcha de reglas más flexibles para acceder al Programa de paros técnicos, con lo cual se podrá duplicar el número de empresas beneficiarias, y proteger hasta 500 mil empleos.

Se anunció que la flexibilización de reglas se modificará en cuatro aspectos: se hace retroactivo el periodo de apoyo a los meses de noviembre y diciembre de 2008, que inicialmente estaba considerado para enero del presente año; se extiende el programa para apoyar a empresas manufactureras de electrónicos, autopartes y de la construcción; se elimina el trámite de registro y aprobación previa de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y el programa no sólo se limitará a personas que ganen entre uno y 10 salarios mínimos, sino que podrá ser a elección de la empresa, ya sea de todos los trabajadores que ganen entre uno y 10 salarios mínimos o hasta 75% de la planta laboral con independencia del ingreso salarial correspondiente.

No obstante este anuncio, nuevas empresas han entrado en paro técnico, pero lo más preocupante, es que los 2 mil millones de pesos considerados para esta contingencia laboral aún no llegan a manos de los trabajadores. Esto de acuerdo con declaraciones de trabajadores de empresas que han aplicado paros técnicos como Volkswagen, Nissan y Ford. Manifiestan que no han recibido la parte correspondiente del apoyo anunciado por el gobierno federal, por lo que algunas de ellas ya hicieron un reclamo formal al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que se dé cumplimiento a dicho Programa.

Lo anterior ha sido reconocido por la misma Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, quien informó el pasado 8 de abril que “se han aplicado menos de 200 millones de pesos de los 2 mil millones autorizados por el gobierno federal para apoyar a las empresas y trabajadores en paro técnico”, apenas un 10 por ciento de los recursos totales aprobados, a pesar de que este programa arrancó hace más de ocho meses.

Por lo anterior, esta Comisión coincide con el promovente en la necesidad de que la Secretaría de Economía emita un informe sobre los avances del Programa de Preservación del Empleo con el objeto de conocer la situación actual sobre la aplicación del mismo, su pertinencia y alcances y determinar la necesidad de ajustarmedidas de este tipo en el futuro para la protección de las fuentes de empleo.

CONCLUSIONES

Con base en las anteriores consideraciones, la Comisión de Comercio y Fomento Industrialpone a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Economía se remita un informe completo a esta Soberanía, sobre la aplicación y el desarrollo del Programa de Preservación del Empleo.

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaria del Trabajo remita un informe completo a esta Soberanía, sobre la evolución del empleo formal en el periodo comprendido de enero a octubre del año 2009.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.






COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la LX Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo con relación a la emisión de disposiciones administrativas respecto de la certificación voluntaria de predios, presentada por los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO- El 30 de abril del 2009, los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de Acuerdo con relación a la emisión de disposiciones administrativas respecto de la certificación voluntaria de predios.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las problemáticas más graves que padece hoy en día el planeta tierra, es el deterioro y desaparición de los recursos naturales, por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece una serie de instrumentos de política ambiental encaminados a que el Estado aplique dichos mecanismos en beneficio de los ecosistemas y del medio ambiente. Dentro de estas políticas encontramos el ordenamiento ecológico, evaluación del impacto ambiental, auditorías ambientales y la determinación de Areas Naturales Protegidas (ANP).

Por disposiciones generales de la LGEEPA, las ANP son zonas objeto de una política de protección y en las que encontramos ambientes originarios y que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o de aquellas zonas que requieren ser preservadas y/o restauradas, tal y como lo define la fracción II del artículo 3 de la LGEEPA1.

Asimismo, la determinación de estas zonas atiende a 2 grandes criterios: el primero por su naturaleza jurídica que dan valor a los derechos que señalan los ambientes que serán objeto de la aplicación de una política de protección, preservación o restauración, y la segunda, las de gestión o programáticas que establecen las obligaciones a cumplir en estas áreas y que se sustentan en el programa de manejo o de ordenamiento ecológico2.

La Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), administra en este momento 171 ANP de carácter federal que se materializa en más de 23,877,976 hectáreas3.

Actualmente, las ANP enfrentan algunos problemas que impiden su desarrollo y consolidación plena, principalmente por los descontentos sociales que genera la imposición de modalidades a la propiedad, así como por los costos para su administración.

Estos aspectos generaron que las autoridades encargadas de ejercer las atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, diseñaran desde junio de 2002 nuevas políticas y mecanismos para conservar la biodiversidad de las zonas más importantes del territorio mexicano.

Es el caso de la certificación voluntaria de predios realizada por el particular, que tiene por objeto conservar el área de forma más práctica y sin llegar a crear un área natural protegida a través un decreto presidencial.

Bajo estas circunstancias se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el día 27 de noviembre del 20074, una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación de los predios, cuyo objetivo se constituía en fortalecer jurídicamente la certificación voluntaria de los predios como un medio complementario en la política en materia de ANP.

Con este proceso legislativo la Comisión se propuso como objetivo, emprender las reformas legislativas necesarias para fortalecer la certificación voluntaria de predios, la cual constituye un instrumento complementario a las áreas naturales protegidas establecidas mediante decreto, con los beneficios que representan como son la carga administrativa, financiera, material y humana para la autoridad.

En este contexto y atendiendo a los beneficios de la certificación voluntaria de predios, se reformó la LGEEPA y el 11 de diciembre del 20075, el Pleno del Senado aprobó dicha iniciativa, la cual posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008.

Dicho decreto reformó y adicionó diversas disposiciones en la LGEEPA, fortaleciendo así la certificación voluntaria de predios, ya se incluía contemplada en el párrafo segundo del artículo 59 de dicha ley, abriéndose la posibilidad para que particulares, organizaciones sociales y, en general, cualquier persona interesada pueda participar en la protección del ambiente al destinar voluntariamente los terrenos de su propiedad a acciones de conservación, recibiendo a cambio un certificado que acredita a dichos predios como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, bajo la categoría de “áreas destinadas voluntariamente a la conservación”.

Es importante destacar que la CONANP describe esta certificación como una herramienta que ayuda a los propietarios al establecimiento, administración y manejo de sus ANP privadas. Asimismo, describe que es un proceso unilateral por parte del proponente, donde la CONANP participa como fedatario de la voluntad de conservar sus predios6.

Bajo este proceso, la sociedad en general ha participado en la conservación de los bosques, selvas, manglares, desiertos y de la vida silvestre que habita en ellos.

Se han certificado 188 predios7, con un total de 245,194.11 hectáreas de los cuales:

• 5 son de carácter Empresarial, equivalente a una superficie 37,590.34 hectáreas;

• 48 con la Modalidad Particular, equivalente a una superficie 58,270.27 hectáreas;

• 68 como Comunidad, equivalente a una superficie 85,843 hectáreas; y

• 69 en Ejidos, equivalente a una superficie 63,490.5 hectáreas.

Como todo mecanismo jurídico, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación requieren de una adecuada instrumentación para el cumplimiento de sus objetivos. Así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha realizado diversas acciones a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales que entraron en vigor.

Dentro de dichas acciones, destaca la aparición de esta figura jurídica en el portal electrónico de la CONANP, en su calidad de órgano desconcentrado encargado de otorgar los certificados correspondientes, explicando el contenido y alcances de las reformas a la LGEEPA en materia de certificación voluntaria de predios.

En el Estado de Chiapas existen dos áreas certificadas8 por pequeños propietarios, las cuales suman aproximadamente 350 hectáreas; empero, el potencial para el uso de este instrumento es enorme y la riqueza natural del estado es evidente.

Sin embargo, en términos jurídicos resulta fundamental la expedición y/o modificación de la normatividad secundaria correspondiente, a fin de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones legales relativas a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Lo cual quedó asentado en el ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO del multicitado Decreto, que prevé la realización de las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas y que a la letra señala:

“ARTICULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de trescientos días, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que las disposiciones correspondientes sean acordes al presente Decreto”.

De tal forma que los Senadores promoventes del punto de Acuerdo objeto del presente dictamen manifestaron en su exposición de motivos la importancia de dar cabal cumplimiento a las reformas sobre el certificado de predios bajo la categoría de “áreas destinadas voluntariamente a la conservación”, exhortando al Ejecutivo Federal para realizar las modificaciones que debieron acompañar la reforma sobre el fortalecimiento de la certificación voluntaria de predios, como figura jurídica dentro de las categorías de ANP en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Áreas Naturales Protegidas, derivadas del ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO de dicha reforma.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, para que publique en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Areas NaturalesProtegidas de acuerdo a lo dispuesto por el ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 13 de octubre del 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA”.


1ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: (…) II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley.

2 CARMONA LARA, María del Carmen, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Comentarios y concordancias, PROFEPA, UNAM, México, 2003, pág. 216.

3 http://conanp.gob.mx/

4 Gaceta del Senado, No. 164, Año 2007, martes 27 de noviembre del 2007, 2° Año de ejercicio, Primer Periodo Ordinario, Disponible en http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/11/27/1&documento=24

5 Gaceta del Senado, No. 174, año 2007, martes 11 de diciembre del 2007, 2° Año de ejercicio Primer Periodo Ordinario. Disponible en http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/12/11/1&documento=74

6 http://www.conanp.gob.mx/areas_certi.html

7 Dirección General de Operación Regional, CONANP, última actualización 29 de junio del 2009, http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html,

8 Certificado en: El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, identificado como Reserva Montecielo, con un plazo de 10 años, expedido el 17 de octubre del 2007 con una superficie de 203.9684, y la otra en: El Municipio de Ciudad Hidalgo, identificada la zona como El Silencio, por un plazo de 15 años, expedido el 26 de noviembre del 2008, en una superficie de 140.00. Información disponible en: http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html






COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la LX Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una propuesta con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que niegue la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Punta Carey que se pretende desarrollar en Tulum, Quintana Roo, presentada por los Senadores Ludivina Menchaca Castellanos y Javier Orozco Gómez, y por el Diputado Carlos Puente Salas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO- El 26 de agosto del 2009, los Senadores Ludivina Menchaca Castellanos y Javier Orozco Gómez y, el Diputado Carlos Puente Salas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron durante la Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales niegue la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Punta Carey que se pretende desarrollar en Tulum, Quintana Roo.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Proyecto Punta Carey, fue presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante la Manifestación de Impacto Ambiental identificada con la clave 23QR2009T0025, donde se describe la construcción y operación de un desarrollo turístico conformado por 30 departamentos o villas, 29 cuartos equivalentes a 104 cuartos hoteleros, la construcción de un edificio de recepción-administración, una casa club, servicios de playa, caseta de control de acceso y, edificación de servicios generales. Esta descripción del proyecto turístico involucra un área de conservación total de 22.60 ha, correspondiente al 86.75% del predio y un área de aprovechamiento o conversión total de 3.45 ha equivalentes al 13.24% del total de la superficie.

Las playas de las bahías de X´Cacel-X´Cacelito, se ubican sobe la costa oriental del Estado de Quintana Roo, dentro del corredor Turístico Cancún-Tulum, en el Municipio de Solidaridad a 14 km al Sur de Tulum. El predio tiene forma de rectángulo, ya que uno de sus lados es muy irregular, pues, corresponde a la línea de costa donde se ubican las dos bahías, con una longitud de 1.8 km para la bahía de X´Cacel y 1.9 km para la bahía de X´Cacelito, en total el predio tiene una superficie de 165.4 ha, de las cuales 145.2 has corresponden a la zona terrestre decretada por el Gobierno del Estado como “Santuario de la Tortuga Marina”1.

De acuerdo a los legisladores promoventes, en estas importantes playas se pretende, por tercera vez, realizar un desarrollo turístico. El primer intento fue en marzo del 2000, con el nombre de Proyecto Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito, e identificado por la SEMARNAT con la clave 23QR2000T00152; el segundo intento fue en enero del 2006, con el nombre de Proyecto Bahía Secreta, identificado con la clave 23QR2006T00033, y este último intento fue en mayo del 2009, con el nombre Proyecto Punta Carey, identificado con la clave 23QR2009T00254.

La zona de X´Cacel-X´Cacelito es considerada como una de las áreas de mayor importancia ambiental litoral quintanarroense, ya que las “tortugas caguama” (C. caretta) y “tortuga blanca” (Ch. mydas) presentan la mayor cantidad de anidación en la zona5.

La “tortuga caguama” se encuentra ampliamente distribuida en los mares templados, subtropicales y tropicales de los acéanos Atlántico, Pacifico e Índico, esta especie se encuentra incluida en el Anexo II del Protocolo de SPAW de la Convención de Cartagena y la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) la clasifica como especie en peligro, asimismo, está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)6 y México la cataloga en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, “Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo7, en la categoría de peligro de extinción identificándola como una especie no endémica.

Por su parte, la “tortuga blanca” (Ch. mydas), es una especie migratoria estacional entre los sitios de alimentación y de reproducción, de tal forma que los animales de una población pueden llegar a atravesar una cuenca oceánica entera, haciendo de ellas un recurso verdaderamente internacional. La UICN cataloga a esta especie con status de en peligro y son protegidas por diversos convenios internacionales, en México la NOM-059-ECOL-2001 la clasifica en status de peligro de extinción8.

Con el fin de proteger estas especies, el 21 de febrero de 1998, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el “Decreto por el que se declara Área Natural Protegida la región denominada Xcacel Xcacelito, con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina, ubicada en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo9, en dicho decreto se específica “que las playas de Xcacel Xcacelito son consideradas los sitios de mayor densidad de anidación a nivel nacional de las especies de tortuga marina caguama(Caretta caretta) y blanca(Chelonia mydas),” es por ello que por más de una década se han realizado en dichas áreas diversos estudios científicos, con el fin de conservar los ecosistemas de las poblaciones de tortugas marinas.

Por la riqueza Biótica que presenta la zona terrestre de X´Cacel-X´Cacelito, el gobierno de Quintana Roo después de llevar a cabo reuniones de trabajo con la ciudadanía, y de analizar las propuestas, los comentarios y sugerencias, publicó el Decreto por el que se establece el Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Santuario de la Tortuga Mariana X´Cacel-X´Cacelito”10.

X´Cacel cuenta con una vegetación y fauna propias de los ecosistemas:

• Duna costera donde las especies dominantes son la riñonina (Ipomoea prescaprae), la margarita de mar (Ambrosia hispida), el pantzil (Suriana maritima), la uva de playa (Coccoloba uvifera), sikimay (Tournefortia gnaphalodes) y el lirio de playa (Crinum americanum).

• Matorral costero, entre las especies que domina se encuentran: la palma ch´it (Thinanax radaata), el kanisté (Pouteria campechiana) y la uva de playa (Coccoloba uvifera); en arbustivo domina el Hoo´loop (Bravaisia tubiflora).

• Manglar, presenta una comunidad muy densa con la altura de 7 u 8 m, en donde domina el mangle rojo (Rhizophora mangle) y el mangle negro (Avicennia germinans), dependiendo de las condiciones particulares de cada sitio, también se presentan aunque con menos abundancia el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle botoncillo (Conocarpus erecta).

• Fauna, en el Santuario de X´Cacel-X'Cacelito se encuentran algunas de estas especies amenazadas o en peligro de extinción, como son las tortugas marinas: caguama (Caretta caretta) y blanca (Chelonia mydas), que tienen en este lugar el sitio más importante de anidación en todo el Estado, el zorrillo (Conepatus semistriatus), la serpiente de cascabel (Crotalus duriissus) la aguililla negra (Buteogallus anthracinus) entre otros.11

Las playas del Santuario aún se encuentran en buen estado de conservación, desde 1982 se han realizado trabajos de protección y conservación de las tortugas e investigaciones científicas sobre el comportamiento y genética de las poblaciones de tortugas que anidan en el área, estas playas tienen dunas bien formadas en gran parte de la línea costera, las arenosas están ocupadas por vegetación de duna (herbáceas) y matorral costero (leñosas) y las rocosas dominadas por una palmera local conocida como chit (Thrinax radiata)12.

Otra característica muy particular de X´Cacel es el afloramiento de agua subterránea en la orilla del mar, este fenómeno natural establece una estrecha relación entre el ambiente marino y el terrestre, proporcionando condiciones muy particulares para el crecimiento de la vegetación acuática, también es común encontrar especies de peces propias del arrecife y se han avistado “tortugas carey” (Eretmochelys imbricada) en la zona13.

No podemos dejar de mencionar y describir que los Cenotes son geoformas importantes en el área de X´Cacel, aquí se encuentran cuatro cenotes que guardan una alineación entre sí, también hay numerosas grietas en el suelo rocoso, de los predios aledaños al Santuario, mismos que permiten deducir que existe una serie de comunicaciones subterráneas que corren en dirección noroeste-sureste y que afloran principalmente en la punta llamada X´Cacel que divide las ensenadas de X´Cacel con X´Cacelito14.

Es importante destacar que el Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Santuario de la Tortuga Mariana X´cacel-X´cacelito”, clasificó la siguiente zonificación:

I.- Zonificación del ambiente terrestre.

a) Area de playa tortuguera.

b) Area de dunas.

c) Area cubierta por vegetación de selva, mangle, vegetación secundaria y coco.

II.- Zonificación del ambiente marino.

Asimismo, es importante destacar más características biológicas que se describen en el Programa de Manejo:

• El área marina del Santuario está considerada como una importante zona de crianza, protección y alimentación de un total de 102 especies de peces arrecífales pertenecientes a 53 géneros y 33 familias, con predominancia de organismos juveniles, principalmente de las familias Pomacentridae, Labridae y Acanthuridae, así mismo, se han identificado tres especies de peces de la familia Chaetodontidae: Chaetodon capistratus, Chaetodon ocellatus y Chaetodon striatus, los cuales son importantes como indicadores de la buena condición de un sistema arrecifal.

• De acuerdo a los análisis taxonómicos bentónicos del área natural protegida, se determinó un total de 14 grupos. El más abundante fue el de los Poliquetos que constituyó el 46.3% de la abundancia total; el segundo grupo más abundante fue el de los Sipunculidos, los cuales representaron el 14.5% del total; los Gasterópodos ocuparon el tercer grupo de mayor abundancia con 13.6%; los Branchyura e Isópodos ocuparon el cuarto y quinto lugar en abundancia, representando el 9.4 y el 4.8% respectivamente del total del bentos de X'Cacel y X'Cacelito. Otros grupos presentes, pero de menor frecuencia, son los Anomura, Ophiuroidea, Stomatopoda y Anfípodos.

• Se ha registrado una alta riqueza de las poblaciones de bentos en el área marina, identificándose 14 grupos taxonómicos, siendo los más abundantes y los de mayor diversidad de especies en la zona arrecifal de Xcacel y Xcacelito: los Poliquetos, Sipunculida, Gasterópodos, Branchyura e Isópodos.

Después del análisis técnico jurídico realizado por esta Comisión Legislativa, sobre toda documentación del caso incluyendo la Manifestación de Impacto Ambiental, se deducen las siguientes anomalías:

El proyecto mencionado propone irregularidades en su desarrollo, tales como excederse en la densidad permitida dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)15 del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorial de la Región denominada corredor Cancún- Tulum (POET Corredor Cancún Tulum)16. El promovente de dicho proyecto ha hecho los cálculos de la densidad con base en información equivocada ya que los datos presentados en la manifestación de impacto ambiental son incongruentes con los descritos en el POET Corredor Cancún Tulum.

Como se mencionó al inicio del dictamen, este proyecto ha sido presentado anteriormente, esta vez como proyecto Punta Carey. A pesar de tratarse del mismo terreno, en esta ocasión los desarrolladores del proyecto Punta Carey modifican las coordenadas del predio ubicándolo algunos metros al sur.

En el caso del Proyecto anterior denominado Bahía Secreta el predio se ubicaba en el Km. 247+291 de la carretera federal 307. Actualmente el proyecto Punta Carey presenta la ubicación en el Km. 236 de la carretera federal 307, pero se trata del mismo predio.

Lo que se puede observar en la Manifestación de Impacto Ambiental identificada con la clave 23QR2009T0025, son imprecisiones en la información proporcionada por los promoventes, por ejemplo:

• En la Manifestación de Impacto Ambiental el promovente presenta unos mapas refiriéndose al “AREA DE RESTRICCION LEGAL PARA LA HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE EL PPC17”.

En esta citada figura 2.10 se puede observar que el predio colinda en su totalidad con el Santuario X´Cacel-X´Cacelito. Por lo que se tendría que aplicar el criterio de Manejo de Ecosistemas (MAE) 59 del POET Corredor Cancún Tulum, ya que el predio del Proyecto Punta Carey, según como se describe en la Manifestación de Impacto Ambiental, estaría colindando al este con el Santuario.

Por otro lado, el promovente hace mención de una transferencia de despalme correspondiente al manglar y al Santuario X´Cacel-X´Cacelito hacia el área de la selva. Sobre esto, es importante destacar que el POET Cancún Tulum NO contempla en ninguno de sus criterios, la transferencia de densidades ni de despalme, por lo tanto, autorizarlo de esa manera resultaría ilegal. En efecto, la planeación que hace el promovente sobre el MAE 59 es incorrecta, ya que para el Santuario no se prevé despalme ni densidad.

Asimismo, el promovente manifiesta lo siguiente: “Considerando la aplicación del criterio MAE 45 el despalme permisible en áreas de manglar es del 10% y aplicando el criterio MAE 21 en el resto del predio, el despalme permisible es de 3.48 ha. Tomando como base a lo anterior, el proyecto planea una área de afectación en la UGA 7 equivalente al 13.36% de la vegetación existente en dicha UGA, para una superficie total de afectación de 3.45ha.”

En relación a lo anterior se concluye que el promovente pretende, aplicar el 10% de despalme del criterio MAE 45 al área de manglar. Al respecto sería violatorio a lo establecido por el Articulo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que manifiesta lo siguiente:

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.

De igual forma se detecta que el promovente manifiesta lo siguiente: “El proyecto no considera ningún aprovechamiento, tala o relleno del manglar presente del predio”.

Por consiguiente e independientemente de que el promovente del Proyecto Punta Carey menciona que no se va afectar de ningún modo la zona de manglar ni la de X´Cacel, no está permitido hacer uso de la densidad ni del desmonte que se considera para el área en cuestión ya que si el POET para el corredor Cancún-Tulum, considera el criterio MAE 45 un 10% de afectación sobre el manglar, el promovente no puede invocar el Criterio MAE 45 del POET en virtud de que el mismo ha quedo sin efecto, al haberse promulgado y publicado el Articulo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre.

MAE 45 El aprovechamiento, tala y relleno del manglar en ningún caso deberá de exceder el 10% de la cobertura incluida en el predio y deberá realizarse de tal forma que no se afecte la continuidad y calidad de los procesos hidrodinámicos y dinámica poblacional de las especies de manglar, así mismo deberá garantizarse la permanencia del 90% de manglar restante. La porción a desmontar no deberá rebasar el porcentaje de despalme permitido para el predio.

Si existiera una diferencia en la ubicación del predio, el tamaño del manglar tendría presuntamente un área mayor a la declarada por el promovente así como también el tamaño de el Santuario X´Cacel-X´Cacelito y con ello se debería aplicar el supuesto establecido en el inciso c) de la fracción III del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para negar la autorización:

Artículo 35. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental,…

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Asimismo, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en su artículo 36 establece:

Artículo 36. Quienes elaboren los estudios deberán observar lo establecido en la Ley, este Reglamento, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. Así mismo, declararán, bajo protesta de decir verdad que los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de prevención y mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales.

Otras irregularidades de la Manifestación de Impacto Ambiental, se detectaron en el tema de canales y afectación al humedal. La creación de los canales contraviene lo indicado en el Decreto del Área Natural Protegida X´Cacel-X´Cacelito.

En diferentes lugares de la Manifestación de Impacto Ambiental, detalladamente en uno de los anexos, el promovente manifiesta la intención de construir canales, también llamado “Laguna Artificial”

Sin embargo, en el Artículo Décimo del Decreto por el que se declara Area Natural Protegida la región denominada X´Cacel-X´Cacelito, se menciona que este tipo de obra no está permitida:

Respecto a la Zona de Influencia, el Programa de Manejo de X’Cacel-X’Cacelito menciona lo siguiente:

Algunas estrategias de necesaria implementación en la Zona de Influencia son:

Hábitat de tránsito que permitan mantener las rutas de dispersión de las especies.

Para garantizar la libre circulación de la fauna se deben mantener los conectores con la vegetación original.

Mantenimiento de los ecotonos y continuidad de los ecosistemas.

El resguardo y preservación de los acuíferos subterráneos y superficiales de la zona hasta donde su conexión con el ANP pueda ser verificada.

Mantenimiento del patrón de circulación natural del agua como conector natural de las diferentes comunidades dentro y fuera del ANP.

La creación de los canales va en contra de la mayoría de las estrategias de conservación consideradas en el Programa de Manejo de X’Cacel-X’Cacelito.

Por tanto, una de las principales consecuencias de la implementación del proyecto serán la fragmentación y el efecto de borde, con impactos impredecibles.

La fragmentación se define de la siguiente manera:

Fragmentación es el “…proceso de división de un hábitat continuo en secciones.

La principal consecuencia de la fragmentación es el aislamiento de las poblaciones...

Las poblaciones en los fragmentos aislados tienen mayor riesgo de desaparecer, ya que son de menor tamaño y más vulnerables a perturbaciones naturales…”18

Esta fragmentación evitaría la conectividad entre la selva y el manglar. Esto es de vital importancia por tratarse de un humedal considerado como Sitio Ramsar19 y a la gran cantidad de especies de aves migratorias que se encuentran en la zona.

Por otro lado, la Metodología utilizada por el promovente es inadecuada, ya que se realizan interpretaciones erróneas, toda vez que la información generada resulta insuficiente para asumir muchos de los resultados presentados en el anexo 4.1. Lo anterior se demuestra en los siguientes incisos:

a) En el estudio no se menciona ni el ancho o la profundidad de los canales que se pretenden realizar, lo cual es fundamental para determinar el impacto que tendrán en el acuífero y zona de influencia, por lo tanto, la información proporcionada por el promovente resulta insuficiente para determinar los impactos ambientales que generara el proyecto. La apertura de canales que se pretenden realizar con la obra cambiará el flujo y régimen térmico del acuífero lo cual impactará a la anidación y crías del Santuario.

b) Las mediciones de la figura 54 son insuficientes, se realiza una interpretación inadecuada y resulta contradictorias con la figura 4.3 de la Manifestación de Impacto Ambiental.

Por lo tanto, los datos que presenta el promovente no son precisos en cuanto a la homogeneidad del flujo, esto es relevante debido a que dependiendo del flujo del agua puede haber modificaciones de aportes a los “ojos de agua dulce” que son característicos del área denominada “Santuario de la Tortuga X´Cacel-X´Cacelito, lo anterior ha sido concluido a partir de estudios que establecen la importancia de la humedad y temperatura como condiciones primordiales a la animación de la tortuga marina.

La importancia de conservar las tortugas marinas es un tema considerado a nivel internacional, por lo que México firmó su adhesión a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas en 1996, ratificando en 1998 este instrumento internacional en cuyos objetivos se encuentra el de la implementación de legislación internacional para la protección de los hábitats donde ocurran estas especies.

Asimismo, México es miembro de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, del Convenio de Ramsar, toda vez, que las playas de X´Cacel-X´Cacelito fueron promulgadas como Sitio Ramsar el 2 de febrero del 2004.

A nivel Nacional encontramos la siguiente legislación:

Los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), establecen que las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables”;por lo que el establecimiento de áreas naturales protegidas tienen por objeto, entre otros: “Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas…”, “Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial”.

Esta importancia jurídica que describe la LGEEPA, debe ser asumida por todos, principalmente el contenido del artículo 55 que establece que los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas” y que en dichas áreassólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área”.

Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Carta Magna, y sus disposiciones son de orden público e interés social, por ello NO son letra muerta y son la base jurídica del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.

Asimismo, los ordenamientos locales aplicables en la zona en que se pretende construir el Proyecto Punta Carey son puntuales en la preservación y protección del medio ambiente.

En primera instancia, el Decreto de Area Natural Protegida de la Región denominada X´Cacel-X´Cacelito, enumera importantes circunstancias, a continuación se destacan tres artículos, cuyo objetivo es proteger la región:

ARTICULO PRIMERO.- Por ser de interés público y del Estado, se declara como Área Natural Protegida, con la categoría de zona Sujeta a conservación Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina, la región denominada Xcacel-Xcacelito, comprendida entre el límite Norte del Parque Xel-Ha y el límite Sur del desarrollo Chetmuyil, en una franja que va desde la isobata de los 60 metros hasta 100 metros tierra adentro, localizada en el municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo.

ARTICULO OCTAVO. En la Zona Sujeta a Conservación Ecológica sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, la investigación, recreación, educación ecológica y centros de interpretación, de conformidad con lo establecido por los lineamientos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del estado de Quintana Roo, el presente Decreto, el Programa de Manejo y demás disposiciones normativas en la materia.

Partiendo de esta normatividad, y del artículo noveno del citado Decreto, se especifica que cualquier obra a realizarse debe ser aprobada por las autoridades y en congruencia con el decreto, por lo que un desarrollo turístico no se asocia con los términos educativos o científicos que pudieran ser aprobados por el artículo octavo del decreto de declaratoria de área natural protegida.

Otro precepto legal importante en la conservación de la zona lo contiene el artículo décimo:

ARTICULO DECIMO.- En el área de influencia de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica queda prohibido:

a) Modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, manantiales, cenotes y demás cuerpos de agua.

b) Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier otro tipo de material que pueda ocasionar daños al ambiente.

c) El desarrollo de actividades contaminantes.

Las disposiciones que enumera el artículo décimo son la base para evitar el deterioro de la zona por autorizaciones de centros turísticos.

Del Decreto por el que se establece el Programa de Manejo del “Santuario de la Tortuga Marina X´Cacel-X´Cacelito”, enumera las reglas de manejo en la zona, todas son de suma importancia, pero a la luz de este dictamen legislativo sólo se enumeran las que se consideran relevantes, las cuales deben ser acatadas en la Evaluación del Impacto Ambiental por la SEMARNAT, con el fin de NO autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental.

Regla 4. Las actividades recreativas sólo podrán realizarse en los sitios establecidos de acuerdo con la zonificación a que se refiere el capítulo respectivo del presente Programa de Manejo.

Regla 5. La carga turística podrá ser modificada por SIMAP20 siempre y cuando exista un riesgo inminente de desequilibrio ecológico fundado en un estudio científico, consensado con el Comité Técnico Asesor que así lo demuestre.

Regla 7. Las actividades recreativas especializadas que se realicen deberán ser supervisadas por guías certificados o avalados por un Organismo o autoridad competente.

Regla 12. Dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica se permite la realización de actividades de educación ambiental, previa coordinación entre el Director del área como ejecutor del Programa Operativo Anual, la autoridad competente y los directamente interesados, tomando en cuenta la zonificación del área natural protegida.

Regla 16. No se permite la extracción de flora y fauna acuática en el cenote, excepto para fines de investigación autorizados por SEMARNAP.

Regla 20. No deberán encenderse fogatas dentro del Area Sujeta a Conservación Ecológica.

Regla 22. Las construcciones permisibles dentro del Area Sujeta a Conservación Ecológica serán las estrictamente necesarias para su funcionamiento, finalidad y objetivo, contempladas en el Programa de Manejo, previa autorización de la autoridad competente.

Regla 36. Durante la época de anidación de las tortugas marinas, que va del 1 de mayo al 30 de octubre del año vigente, se tomarán las siguientes medidas:

a) Restringir el acceso a las playas.

b) Evitar la iluminación directa hacia la playa. Se recomienda el uso de alumbrado color ámbar y rojo de baja intensidad, así como cortinas que bloqueen el resplandor.

c) Evitar que el resplandor de las luces de las instalaciones cercanas a la playa afecten a las tortugas marinas.

d) Restringir el tránsito durante la noche en el camino costero, por razones de protección de especies.

Regla 55. No se permiten obras o acciones que modifiquen la estructura arrecifal o el contorno del litoral.

Regla 62. El horario para uso recreativo de la playa, del 1 de mayo al 30 de octubre, época de anidación de tortugas, será de las 9:00 a las 18:00. El horario para el resto del año será de las 6:00 a las 22:00 hrs.

Regla 64. En el cenote e inmediaciones, aproximadamente 30 m, sólo se permiten actividades de mantenimiento, limpieza, control de la erosión y sanidad.

Regla 65. El manejo del manglar dentro del Area Sujeta a Conservación Ecológica, será solo para la investigación y educación ambiental De las prohibiciones:

Regla 67. No se permite la práctica de deportes acuáticos motorizados por razones de conservación y protección al hábitat marino.

Regla 68. No se permite la remoción de arena dentro del ANP.

Regla 71. Durante la realización de actividades dentro del ANP queda expresamente prohibido:

I. Permanecer en el Área Sujeta a Conservación Ecológica, fuera del horario de visita, sin la autorización correspondiente.

II. Realizar en el ANP las actividades descritas en la Regla 11 del presente ordenamiento, sin las autorizaciones correspondientes.

III. Realizar actividades que impliquen riesgo para el usuario o pongan en peligro su propia seguridad.

IV. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de contaminante, desechos sólidos, líquidos o de cualquier otro tipo; usar explosivos o cualquier otra sustancia que pueda ocasionar alguna alteración a los ecosistemas.

V. Tirar o abandonar desperdicios.

VI. Deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales y manglares.

VII. Modificar la línea de costa, remover o modificar de alguna forma playas arenosas y/o rocosas y dunas costeras.

VIII. Realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas.

IX. Ingresar, sustituir y/o utilizar embarcaciones con características diferentes a las autorizadas.

X. Instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole.

XIV. Colectar o capturar para sí o para su venta organismos marinos o terrestres, vivos o muertos, así como sus restos.

XV. Alimentar, perseguir, acosar, molestar o remover de cualquier forma a los organismos marinos y terrestres.

XVI. Tocar, pararse, pisar, sujetarse, arrastrar equipo, remover el fondo marino o provocar sedimentación sobre las formaciones arrecifes, incluyendo las áreas someras.

XVIII. Construir cualquier obra pública o privada dentro del ANP o en los terrenos ganados al mar aledaños, sin la autorización correspondiente por parte de la autoridad que indique los términos de la legislación aplicable.

XX. Realizar dentro del ANP cualquier actividad de mantenimiento, limpieza, reparación de embarcaciones, abastecimiento de combustible, así como cualquier actividad que pueda alterar el equilibrio ecológico del área. El achicamiento de las sentinas no podrá realizarse dentro del Área Sujeta a conservación.

XXI. Anclar embarcaciones dentro del ANP, ajenas al mismo o sin autorización correspondiente.

XXIII. Realizar actividades de paracaidismo, esquí acuático, tabla vela, motos acuáticas, y similares.

XXIV. Llevar un número de visitantes mayor a los permitidos por guía.

XXVI. Dañar o robar el sistema de boyeo, balizamiento y señalamiento del ANP.

XXVII. Construir muelles, embarcaderos, atracaderos o cualquier infraestructura portuaria o de otra índole en el área costera y marina.

XXVIII. Amarrarse a las boyas de señalización.

XXIX. El uso de reflectores.

XXX. No se permite la remoción de pastos marinos.

XXXI. Se prohíbe pararse, sentarse, tocar y cortar estructuras arrecífales.

En este contexto,la Carta Nacional Pesquera21 define claramente en su apartado sobre especies marinas prioritarias sujetas a protección y conservación, como es el caso de la “tortuga caguama” (Caretta caretta), que la disminución de individuos de esta especie se ha debido a la reducción del área de anidación por desarrollos turísticos y urbanos, así como a la captura incidental, la matanza de hembras y el saqueo de huevos, cuestión que en nuestro país no se ha terminado. Asimismo, dentro de las recomendaciones de dicha Carta se sugiere adoptar medidas adicionales para la protección de las playas de anidación, para prevenir los impactos causados por desarrollos turísticos y urbanos. Ya que la gráfica de anidación en Quintana Roo en los últimos 15 años para la tortuga caguama demuestra un ligero descenso de 1993 a 1999 que es el último año registrado, por lo que resulta conveniente reforzar las medidas de protección de esta especie.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, atendiendo a las disposiciones jurídicas ambientales y considerando los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, niegue la autorización de Impacto Ambiental del Proyecto denominado Punta Carey que se pretende construir en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 13 de octubre del 2009.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Pregunto a algún miembro de la Asamblea si quiere reservar alguno de los dictámenes leídos para su discusión en particular.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra….

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Que me den oportunidad…

- El C. Presidente García Cervantes: A ver, ¿para referirse a cuál de los dictámenes, Senador Tomás Torres?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Primero que le dé lectura nuevamente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muy bien. Tiene el uso de la palabra el Senador Tomás Torres.

Podemos hacer un receso, Senador Tomás Torres. No se trata simplemente de usar la tribuna para hacer tiempo, ¿eh? Se puede solicitar un receso.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Señor Presidente, estoy seguro que no acudiría el que le habla a una práctica dilatoria.

- El C. Presidente García Cervantes: Tiene usted el uso de la palabra.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Y en todo caso los coordinadores tendrán, parece que hay un planteamiento de rectificación de proceso, pero eso no me toca a mí.

- El C. Presidente García Cervantes: Solicito a la Asamblea que coopere con esta Mesa Directiva. Hay un compañero que ha solicitado el uso de la tribuna; hay una verificación matemática de los resultados y hay interés de algunos de escuchar lo que tiene que decir el orador.

Si ustedes me permiten, vamos a desahogar el turno que se ha concedido al orador e inmediatamente después esta Presidencia, prudencialmente, tomará la medida que corresponda.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Arroyo Vieyra.

Discúlpeme, Senador Tomás Torres, sé que usted está en uso de la tribuna.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Con gusto, señor Presidente.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Le ruego una disculpa comedida, señor Presidente. Nada más para rogarle sea tan bondadoso, en previsión de lo que pueda pasar en los próximos minutos, de pedir a la asesoría que tenga las cuentas exactas para que nuestro lenguaje con el de Pitágoras sea corresponsable.

De tal suerte de que la Presidencia en su momento haga las correcciones debidas.

- El C. Presidente García Cervantes: Sí, con mucho gusto. Es evidente que el Presidente de la Mesa Directiva está en este momento atendiendo la posible divergencia entre el lenguaje y Pitágoras.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Tomás Torres.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente. No me toca el debate con relación al conteo bien o mal realizado, pero sí haría la precisión que sea, señor Presidente, por los conductos y las formas debidas.

En este momento se está en discusión dictámenes de puntos de Acuerdo, y en particular yo no sé si las cuentas no le resultaron para elegir al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me parece que es un acto consumado, procesalmente hablando, ¿eh?

Solo le digo tal Presidente, porque no se me ha dado oportunidad de hacer mis manifestaciones con relación al dictamen. Me refiero a esto, compañeros:

Hay una proposición con punto de Acuerdo que ha presentado nuestra colega la Senadora Cota Cota, y que ha sido dictaminado por la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República.

Un Punto Resolutivo concreto establece exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implemente programas permanentes que vigilen o impidan la práctica discriminatoria de pedir conjuntamente con la solicitud de empleo el certificado de no gravidez.

No podemos sino estar de acuerdo con el Punto Resolutivo. Coincidimos.

Sin embargo yo quiero sugerirle, y lo hago del modo más respetuoso, a quien preside la Comisión de Equidad y Género, que en coordinación con la Comisión de Seguridad Social se entrara al estudio de iniciativas que tienen que ver con la reforma a la Ley del ISSSTE y a las reformas a la Ley del IMSS, porque está ocurriendo, porque la ley así lo manda, de que para otorgar el subsidio derivado de las incapacidades de maternidad, debe haberse constituido una reserva, porque la incapacidad obliga al pago de los organismos de seguridad social de un subsidio, es decir, de dinero. Y si no ha sido cubierto el número de semanas, ¿quién va a soportar financieramente, financieramente la reserva para cubrir el subsidio?

Yo se los digo porque el punto de Acuerdo no tiene mayor relevancia, si no está vinculado precisamente con la modificación del número de semanas cotizadas y la constitución de la reserva para el subsidio.

De manera que si se entiende el planteamiento me parece pudiera lograrse una reforma a las leyes del IMSS y del ISSTE para que esto sea posible. De otra suerte vamos a seguir sólo con llamadas y con exhortativas no vinculatorias.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Tomás Torres.

Toda vez que fue el único dictamen que fue reservado para su discusión en lo particular, también voy a solicitar a la Secretaría que se vote desagregado del conjunto de los dictámenes que fueron leídos.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes cuyos puntos resolutivos fueron leídos a excepción del primero que será votado acto seguido.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes a los que se les acaba de dar lectura, con excepción del primero que se reservó el Senador Tomás Torres y que tendrá que votarse posteriormente. Quienes estén porque se aprueben los no reservados, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobados. Comuníquense.

Ahora ruego a la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si el punto de Acuerdo al que se refirió el Senador Torres Mercado es de aprobarse o de rechazarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el punto de Acuerdo que se reservó el Senador Tomás Torres es de aprobarse en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Evidentemente desde aquí ha quedado aprobado. Comuníquese.

Señoras Senadoras, señores Senadores, vamos a proceder a realizar la segunda votación para la elección de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habida cuenta que todos los Senadores tenemos ya en nuestro poder la cédula distribuida… Aún no. Se instruye a Servicios Parlamentarios que proceda a distribuir la segunda cédula de la votación correspondiente. Y pido a Servicios Parlamentarios que proceda a hacer un llamado urgente a los Senadores que no se encuentren en el recinto para que se trasladen de inmediato a este y procedamos a iniciar la segunda votación.

(Se realiza el escrutinio)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: El resultado del escrutinio es el siguiente:

Por el ciudadano Emilio Alvarez Icaza Longoria, 32 votos.

Por el ciudadano Luis Raúl González Pérez, 2 votos.

Y por el ciudadano Raúl Plascencia Villanueva, 78 votos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Conforme al resultado de la votación, resultó elegido el ciudadano Raúl Plascencia Villanueva, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en virtud de haber obtenido 78 votos de 112 emitidos, más de los dos tercios que la ley señala. Comuníquese.

La protesta de ley del ciudadano Raúl Plascencia Villanueva se realizará el próximo martes 10 de noviembre.

Pasamos a otros asuntos.

- El C. Presidente García Cervantes: Honorable Asamblea, se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.


1 SEMARNAT, Caso 2 Desarrollo Sustentable X´cacel-X´cacelito en el Estado de Quintana Roo, septiembre 2006, p. 13.

2 Información disponible en:

http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_idBitacora=23QR2000T0015&_origen=Busqueda_directa_1

3 Información disponible en:

http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_idBitacora=23QR2006T0003&_origen=Busqueda_directa_1

4 Información disponible en:

http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_idBitacora=23QR2009T0025&_origen=Busqueda_directa_1

5Op. Cit., SEMARNAT, Caso 2, p. 16.

6Ibídem, p. 17.

7Diario Oficial de la Federación, Marzo 6 2002, México D. F., Sección Segunda.

8Ob. Cit., SEMARNAT, Caso 2, p. 17.

9Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, Febrero 21 1998, Quintana Roo México. P. 2.

10Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, Abril 28 2000, Quintana Roo México. P. 2.

11 Inciso a), b) y c) de la fracción III, del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

12Ibidem, p. 4

13Ibidem, p. 4

14Ibidem, p. 5

15 Unidad de Gestión Ambiental (UGA): Las áreas en las que están zonificados polígonos del área sujeta a Ordenamiento, definidas por rasgos geomorfológicos y ecológicos específicos, georreferenciados, en condiciones de homogeneidad.

16Periódico Oficial del Estado de de Quintana Roo, Noviembre 16 2001, Quintana Roo México.

17 Proyecto Punta Carey (PPC)

18 CONABIO, BUSTAMANTE, R. GREZ A, Consecuencias Ecológicas de la Fragmentación de los bosques nativos, “Ambiente y Desarrollo.

19 Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, información disponible en: http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm México lo ratifico el 4 de noviembre de 1986, información disponible en: http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-36-123^23808_4000_2__ Nombre del sitio Ramsar: Playa Tortuguera X´Cacel-X´Cacelito, Ubicación: Se localiza en la costa central de Quinta Roo, México, en el municipio de Solidaridad, a la altura del Km 112 de la carretera de Xel Ha, al este con el Mar Caribe y al oeste con la carretera federal 307.

20 Entonces Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca.

21 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del año 2000 por el Instituto Nacional de la Pesca, dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.






DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 3 de noviembre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1.En fecha 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

2. En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó el dictamen correspondiente y remitió al Senado de la República la Minuta respectiva.

3. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. En sesión de fecha 30 de octubre de 2009, el Pleno de esta H. Cámara de Senadores aprobó modificar la Minuta de referencia, devolviéndola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión del 30 de octubre de 2009, la H. Cámara de Diputados, modificó la Minuta enviada por esta Cámara de Senadores, remitiéndola nuevamente a esta última para sus efectos constitucionales.

6. En fecha 3 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

7. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LA MINUTA

LaMinuta que nos ocupa tiene su origen en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de 2009, en la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2009 y en la Minuta aprobada por el Senado de la República el día 30 del mismo mes y año.

En la referida Minuta remitida por la Colegisladora, se elimina la propuesta de reforma al segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, aprobada por esta Cámara de Senadores, relativa a que no aplique el secreto fiscal tratándose de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de las mismas.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Analizadas que fueron nuevamente las consideraciones de la Colegisladora, estas Comisiones Dictaminadoras comparten la modificación planteada en la Minuta en estudio, respecto de eliminar la reforma al segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, aprobado por esta Cámara de Senadores, relativa a que no aplique el secreto fiscal tratándose de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de las mismas.

Lo anterior, en virtud que el artículo décimo, segundo párrafo, del proyecto de Decreto contenido en la Minuta que se dictamina, relativo a las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, dispone que para los efectos del artículo 69 de dicho ordenamiento las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 8, tercer párrafo; 11, segundo párrafo; 31, fracciones I, inciso a) y III, sexto párrafo; 50, primer y actual segundo párrafos; 58, primer y el encabezado del actual segundo párrafos y fracción VI; 59; 64, tercer y actual sexto párrafos; 65, fracción I, cuarto párrafo; 81, octavo párrafo; 86, fracción VIII, primer párrafo; 93, sexto párrafo; 95, segundo párrafo; 96, segundo párrafo; 97, fracción III y tercer y quinto párrafos; 100; 101, tercer párrafo; 103; 104; 105; 109, fracciones XV, inciso a) y XXIII; 113, en su tarifa; 151, quinto párrafo; 154, tercer y cuarto párrafos; 158; 159; 160; 161;168, encabezado del primer párrafo y fracciones III y IV, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; 171, segundo, tercer y sexto párrafos; 172, fracción IV, quinto párrafo; 175, primer párrafo; 176, fracciones III, inciso a) y IV; 177, en su tarifa; 195, segundo, tercer y cuarto párrafos; 199, quinto párrafo; 218, encabezado del primer párrafo y fracción II; y 226; se ADICIONAN los artículos 50, con un segundo, tercer y cuarto párrafos pasando los actuales segundo, tercer y cuarto párrafos a ser quinto, sexto y séptimo párrafos; 58, con un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo párrafos, pasando el actual segundo párrafo a ser octavo párrafo; 58-A; 58-B; 64 con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser quinto a noveno párrafos; 65, fracción II, con un segundo párrafo; 68, con un cuarto y quinto párrafos, pasando el actual cuarto párrafo a ser sexto párrafo; 70-A; 71-A; 72, fracciones I, con los incisos f), g), h), i), j) y k), con un segundo y tercer párrafos de la fracción, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser cuarto y quinto párrafos y VI; 75, con un séptimo párrafo; 78, con un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo; 86, fracción VI, con un segundo párrafo; 93, con un séptimo párrafo; 96, con una fracción III; 103-A; 133, fracción VII, con un segundo párrafo; 168, con un séptimo párrafo; 190, con un vigésimo quinto párrafo, y 195-A, y se DEROGAN los artículos 101, quinto y sexto párrafos; 169; 175, segundo párrafo, y 219, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 8. ……………….……………………………………………………………………….

El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero. Asimismo, se considerarán integrantes del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el setenta por ciento de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el setenta por ciento de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del porcentaje del setenta por ciento, no se considerarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito o financiamientos otorgados por terceros.

…………………………….………………...……………………………………………………..

Artículo 11. ……………………………………...……..……………………………………...…

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de 1.2658 y considerar la tasa a que se refiere dicho párrafo con la reducción del 25.00% señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley.

……………………………………..………………………………………………………………

Artículo 31. ……………….………….………………………………………………………..…

I. ….……………………………………..…...……………………………………………………

a)A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

………………..……………………………………………………………………………………

III. ………………….……………………………………………….…………………………….

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago mediante cheques; traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa; tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o monedero electrónico, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

……..………………………………………………………………………………………………

Artículo 50. Las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular las ganancias por enajenación de acciones, los intereses y el ajuste anual por inflación, hasta el ejercicio en el que distribuyan dividendos a sus accionistas.

Las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular los conceptos señalados en el párrafo anterior, hasta el ejercicio en el que distribuyan dividendos a sus accionistas, siempre que en el ejercicio de inicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 20% de sus activos en acciones de empresas promovidas, que en el segundo ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 60% de sus activos en las acciones señaladas, que en el tercer ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 70% de los activos en las acciones referidas y que a partir del cuarto ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 80% de los citados activos en acciones de las empresas señaladas. Las sociedades de inversión de capitales deberán actualizar las ganancias por enajenación de acciones y los intereses, desde el mes en el que los obtengan y hasta el mes en el que distribuyan dividendos a sus accionistas.

Las sociedades que ejerzan la opción mencionada en el primer párrafo de este artículo, deducirán el ajuste anual por inflación deducible, los intereses actualizados, así como las pérdidas actualizadas por enajenación de acciones, en el ejercicio en el que distribuyan dividendos. Los intereses deducibles y la pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que los intereses se hubieren devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el último mes del ejercicio en el que se deduzcan.

El promedio invertido a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en cada uno de los dos primeros ejercicios de operaciones, se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas del ejercicio, entre el número de días del ejercicio. A partir del tercer ejercicio de operaciones el promedio invertido se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas en el ejercicio de que se trate y las que correspondan al ejercicio inmediato anterior, entre el total de días que comprendan ambos ejercicios. La proporción diaria invertida se determinará dividiendo el saldo de la inversión en acciones de empresas promovidas en el día de que se trate, entre el saldo total de sus activos del mismo día.

Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan optado por acumular el ingreso en los términos señalados en el primer párrafo de este artículo distribuyan dividendos, en lugar de pagar el impuesto a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, efectuarán un pago provisional que se calculará aplicando la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley sobre el monto total de la ganancia por enajenación de acciones, intereses y por el ajuste anual por inflación acumulable, sin deducción alguna. Dicho impuesto se enterará conjuntamente con el pago provisional correspondiente al mes en el que se distribuyan los dividendos señalados.

……………………………..………………………………………………………………………

Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán calcular el impuesto sobre la renta el último día del mes de calendario de que se trate aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar el día siguiente a aquél en el que dicho impuesto se haya calculado. Esta retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán considerar la citada retención como pago provisional del impuesto sobre la renta, en tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente Ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

La retención a que se refiere este artículo, se efectuará sobre los fondos líquidos disponibles que existan en las cuentas o activos financieros del contribuyente de que se trate en el mes por el que se calcula el impuesto. Cuando no existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros o estos fondos no sean suficientes para efectuar la retención del impuesto sobre la renta, las instituciones integrantes del sistema financiero efectuarán la retención total o parcial del impuesto pendiente de retención que corresponda de manera inmediata, en el momento en el que por cualquier motivo existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros del contribuyente.

El impuesto pendiente de retención se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 58-B de esta Ley, hasta el día en el que se lleve a cabo su pago.

Cuando se realice la cancelación, enajenación o traspaso de cuentas o activos financieros, las instituciones integrantes del sistema financiero deberán efectuar la retención del impuesto sobre la renta en el momento en el que se efectúe dicha cancelación, enajenación o traspaso, por los intereses reales positivos devengados derivados de la cantidad cancelada, enajenada o traspasada. Los títulos de crédito o valores que se traspasen se deberán valuar para efectos fiscales por la institución integrante del sistema financiero, sociedad, entidad o persona receptora de los mismos, al valor de mercado que la institución, sociedad, entidad o persona que efectuó el traspaso, valuó los citados títulos o valores.

Previamente a la cancelación o enajenación total de las cuentas o activos financieros del contribuyente, deberá pagarse en su totalidad el impuesto a que se refiere este artículo por dichas cuentas o activos financieros. Tratándose del traspaso total de activos financieros a otra institución, sociedad, entidad o persona; la institución integrante del sistema financiero que efectúa el traspaso deberá informar el monto del impuesto pendiente de retención del contribuyente a la fecha del traspaso a la institución, sociedad, entidad o persona receptora de los activos financieros de que se trate.

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso del traspaso de activos financieros, la institución, sociedad, entidad o persona receptora de los activos financieros, será responsable solidaria por las omisiones en el pago del impuesto sobre la renta en el que pudiera incurrir el contribuyente por los activos traspasados. Cuando la información emitida por la institución integrante del sistema financiero que hubiese realizado el traspaso de los activos financieros sea incorrecta o incompleta, dicha institución será responsable solidaria por el monto del impuesto pendiente de retención que efectivamente se hubiese generado a la fecha del traspaso.

Las instituciones que componen el sistema financiero deberán efectuar la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, si durante el mes de que se trate, el contribuyente pretende efectuar un retiro que disminuya el saldo de sus cuentas o activos financieros a una cantidad inferior al impuesto sobre la renta que se hubiese generado en ese momento.

No se efectuará la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tratándose de:

……………………………………………………………………………………………………..

VI. Intereses que se paguen a las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta Ley.

Para los efectos de este Capítulo, del Capítulo VI del Título IV y del artículo 103-A de esta Ley, se consideran cuentas, entre otras, aquéllas que deriven de depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos retirables en días preestablecidos, y depósitos a plazo o con previo aviso, así como la subcuenta de aportaciones voluntarias y la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y se consideran activos financieros, entre otros, los títulos de crédito, valores, operaciones de reporto y préstamos de valores, así como las operaciones financieras derivadas de deuda, las sociedades de inversión cuyos rendimientos de la cartera total de inversión se consideren gravados para efectos de esta Ley, los planes personales de retiro, así como el componente de ahorro de las primas de los seguros de vida y de los seguros de pensiones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

El impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá disminuir con el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta Ley.

Artículo 58-A. Para los efectos del artículo 58 de la presente Ley, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán calcular el monto de los intereses reales que se devenguen a favor de los contribuyentes a través de éstas, durante el mes de calendario que corresponda, conforme a lo siguiente:

I.Determinarán el saldo inicial de las cuentas o de los activos financieros que generen intereses a favor de los contribuyentes que se consideren gravados para efectos de esta Ley, debiendo incluir en los saldos de las cuentas y de los activos financieros los intereses devengados no cobrados por el contribuyente. El saldo inicial será el saldo del último día del mes inmediato anterior a aquél por el que se realiza la retención en los términos del artículo 58 de esta Ley o el monto del primer depósito en la cuenta o activo financiero, el que sea más reciente. El saldo inicial en unidades de inversión se calculará dividiendo el monto de dicho saldo inicial entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éste se hubiese determinado.

II. Al saldo inicial en unidades de inversión, obtenido conforme a la fracción anterior, se le sumará el importe total en unidades de inversión de los depósitos realizados en las cuentas o activos financieros de que se trate, durante el mes que corresponda.

El importe total en unidades de inversión de los depósitos realizados en las cuentas o activos financieros de que se trate, durante el mes que corresponda, se calculará sumando el monto de los depósitos realizados en el mes, dividiendo el monto de cada depósito, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que el depósito se hubiese efectuado.

III. Determinarán el saldo final en unidades de inversión de las cuentas o de los activos financieros que generen intereses que se consideren gravados para efectos de esta Ley, el último día del mes de que se trate o, en su caso, en el momento de su cancelación, enajenación o traspaso, debiendo incluir en el saldo de las cuentas y de los activos financieros, los intereses devengados no cobrados por el contribuyente.

El saldo final en unidades de inversión de las cuentas o de los activos financieros se obtendrá dividiendo el monto del saldo final de las cuentas o activos financieros, entre el valor de la unidad de inversión del último día del mes que corresponda o del día de la cancelación, enajenación o traspaso de las cuentas o de los activos financieros, según se trate.

Para determinar el saldo final de los títulos de crédito y valores, colocados entre el gran público inversionista, éstos deberán valuarse a precios de mercado en los casos en los que para los mismos exista un mercado secundario reconocido o a su valor de adquisición cuando no exista dicho mercado. En todos los casos se deberá incluir el monto de los intereses devengados no cobrados al último día del mes por el que se efectúa el cálculo de los intereses a que se refiere este artículo o a la fecha de la cancelación, enajenación o traspaso de la cuenta o del activo financiero que corresponda.

IV. Al saldo final en unidades de inversión obtenido conforme a la fracción anterior, se deberá adicionar el importe total en unidades de inversión de los retiros realizados en la cuenta o activo financiero de que se trate, durante el mes que corresponda.

El importe total en unidades de inversión de los retiros realizados en la cuenta o activo financiero de que se trate, durante el mes que corresponda, se obtendrá de la suma de los retiros realizados durante el mes de que se trate, dividiendo el monto de cada retiro, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éste se hubiese realizado.

V. Para calcular el monto de los intereses reales devengados a favor del contribuyente en el mes que corresponda, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán restar al resultado obtenido conforme al primer párrafo de la fracción anterior, el resultado obtenido de acuerdo al primer párrafo de la fracción II de este artículo. El resultado que se obtenga deberá multiplicarse por el valor de la unidad de inversión del último día del mes de que se trate o, en su caso, del día de la cancelación, enajenación o traspaso de la cuenta o activo financiero que corresponda.

Para los efectos de este artículo se entenderá como depósito cualquier entrega en dinero o en bienes que realice el contribuyente a la cuenta o activo financiero de que se trate y se considerará como retiro la entrega que en dinero o en bienes realice la institución integrante del sistema financiero al contribuyente proveniente de la cuenta o activo financiero que corresponda.

También se consideran depósitos los recursos obtenidos por la enajenación de títulos de crédito o valores que esta Ley considera exentos, así como los intereses cobrados provenientes de títulos o valores exentos en los términos de la misma Ley y el monto de los dividendos efectivamente percibidos por el contribuyente.

Se consideran retiros el monto de los recursos destinados a la compra de títulos de crédito o valores cuya enajenación se considere como ingreso exento para el contribuyente.

No se consideran retiros las comisiones que cobren las instituciones que componen el sistema financiero a los contribuyentes por las cuentas o activos financieros que generen intereses gravados para efectos de esta Ley. Estas comisiones se deberándisminuir del saldo final de la cuenta o activo financiero que las hubiese generado. Para estos efectos, se consideran comisiones las que define como tales el artículo 3, fracción IV de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

En el caso de las sociedades de inversión a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión se entenderán como saldos inicial y final, el valor de las acciones de la sociedad de inversión propiedad del contribuyente, al inicio y al final del periodo por el que se calcula el monto de los intereses reales devengados determinados conforme a la fracción V de este artículo. Asimismo, se entenderán como depósitos o retiros el valor de las compras o ventas, respectivamente, de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate que realice el contribuyente en la fecha en la que efectivamente éstas sean liquidadas.

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá emitir un procedimiento de cálculo simplificado para que las sociedades de inversión determinen el monto de los intereses reales devengados, conforme a lo dispuesto en este artículo.

Tratándose de cuentas denominadas en moneda extranjera, la conversión de los saldos, de los depósitos y de los retiros,se efectuará considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el Banco de México, correspondiente al segundo día hábil anterior aldía en el que se calculen los saldos inicial o final, se efectúen los depósitos o los retiros, se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o activos financieros, según se trate. Los días en los que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se deberá utilizar el último tipo de cambio publicado con anterioridad al segundo día hábil a aquél en el que se calculen los saldos antes referidos o se efectúen los depósitos, retiros o se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o los activos financieros.

Artículo 58-B. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 58 de esta Ley, cuando exista impuesto sobre la renta pendiente de retención, las instituciones que componen el sistema financiero deberán actualizar el monto del referido impuesto que tenga cada uno de sus clientes con dicha institución, al día en el que se lleve a cabo el pago de éste.

El monto del impuesto sobre la renta pendiente de retención se actualizará multiplicando dicho monto por el factor de actualización. El factor de actualización será la multiplicación de los factores diarios de la tasa de interés, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta se realice.

El factor diario de la tasa de interés se calculará sumando a la unidad el cociente que resulte de dividir entre trescientos sesenta, la tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios que para el día de que se trate publique el Banco de México a través de su página de Internet, multiplicada por el número de días que existan desde el día al que corresponda la tasa y hasta el siguiente día en el que se publique nuevamente dicha tasa. Cuando la tasa de interés a la que se refiere este párrafo no se publique por el Banco de México, se tomará la última tasa publicada durante los días naturales que transcurran hasta que se publique nuevamente dicha tasa de interés.

La tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios a que se refiere el presente artículo, es aquélla que se obtiene de sumar el producto resultante de multiplicar el monto de las operaciones con pagarés bancarios, con aceptaciones bancarias y con certificados de depósito, ya sea en directo o en operaciones de reporto, con plazo a vencimiento de un día hábil, realizadas entre instituciones que componen el sistema financiero el día por el cual se calcula la referida tasa, por la tasa de interés de cada una de dichas operaciones. El resultado obtenido, se divide entre la suma del monto total de las referidas operaciones que se hubiesen realizado ese mismo día.

Se excluyen del cálculo descrito en el párrafo anterior, aquellas operaciones realizadas entre instituciones que pertenecen a un mismo grupo financiero y aquéllas que se lleven a cabo con la clientela de dichas instituciones.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general que simplifiquen la determinación del factor de actualización a que se refiere el presente artículo con base en los índices sobre la tasa de interés ponderada de títulos bancarios publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

Por el monto pendiente de retención por concepto de impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo no se pagará la actualización ni los recargos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta efectivamente se realice.

Si las instituciones integrantes del sistema financiero realizan la retención del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, pero no efectúan el entero de dicho impuesto, la institución de que se trate, será responsable por el pago del impuesto, debiendo pagar las actualizaciones y recargos correspondientes conforme al Código Fiscal de la Federación.

Artículo 59. Las instituciones que componen el sistema financiero, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

I.Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate, el impuesto pendiente de retención a que se refiere el artículo 58 de esta Ley o, en su caso, el monto del crédito fiscal del artículo 159 de la misma Ley, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, así como el impuesto que se hubiese retenido conforme al artículo 58 de la presente Ley y el monto de los intereses reales devengados a que se refiere el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes al ejercicio inmediato anterior; todo esto con independencia de lo establecido en los artículos 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información deberá presentarse encriptada en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las instituciones integrantes del sistema financiero y el Servicio de Administración Tributaria.

II. Informar mensualmente a las personas a quienes les administran sus cuentas o activos financieros, a través de sus estados de cuenta, el importe de los intereses reales devengados a su favor a través de dichas instituciones, calculados conforme al artículo 58-A de esta Ley, aun cuando éstos sean negativos y, en su caso, el monto de las retenciones efectuadas, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de este ordenamiento, así como el monto pendiente de retención por concepto del impuesto sobre la renta.

III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la información relacionada con las constancias y los estados de cuenta, a que se refiere este artículo.

Artículo 64. …………………….………………………………………………….……………..

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto no presente ante el Servicio de Administración Tributaria aviso para dejar de consolidar, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos de los artículos 70, cuarto párrafo, o 71, octavo, décimo quinto y décimo sexto párrafos, de esta Ley. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

Para que surta efectos el aviso para dejar de consolidar, éste deberá presentarse ante el Servicio de Administración Tributaria, acompañado de la documentación siguiente:

I. Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales de las sociedades controladora y controladas, del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se pretende dejar de determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada.

Cuando los estados financieros dictaminados a que se refiere el párrafo anterior, no se hayan presentado por encontrarse dentro del plazo establecido en la Ley para su presentación, deberán presentarse ante la autoridad fiscal correspondiente dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad controladora deba presentar ante la autoridad fiscal competente, dichos estados financieros dictaminados.

II. Cálculo del impuesto derivado de la desconsolidación que con motivo de la determinación del resultado fiscal consolidado determine a su cargo o de las cantidades que resulten a su favor. Este cálculo deberá ser dictaminado por contador público registrado en los términos del Código Fiscal de la Federación.

III.Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales con todos los anexos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, correspondientes al ejercicio en el que deje de consolidar, la sociedad controladora y cada una de sus sociedades controladas. Dicha información se deberá presentar dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad controladora deba presentar dichos estados financieros dictaminados.

………………………………………………………………………………………………..……

El impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de este Capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 65. ………….…………………………………………………………………………...

I. ……………...……………...…………………………………………………..………………..

La autorización a que se refiere esta fracción será personal del contribuyente y no podrá ser transmitida a otra persona, salvo que se cuente con autorización del Servicio de Administración Tributaria y se cumpla con los requisitos que mediante reglas de carácter general dicte el mismo. La trasmisión de la autorización señalada en este párrafo no implica el reinicio del cómputo del plazo que establece el tercer párrafo del artículo 64 de esta Ley. Para los efectos de la determinación del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la presente Ley, la sociedad controladora que reciba la autorización deberá considerar los ejercicios fiscales por los que consolidó la sociedad controladora que le trasmitió la autorización.

II. …………….……………………………………………………………………..…………….

En el dictamen de estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, el contador público de acuerdo con las pruebas selectivas que lleve a cabo en los términos del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, deberá revisar y emitir opinión sobre los conceptos establecidos en el artículo 72, fracciones I, incisos c), f), g), h), i), j) y k) y VI de esta Ley.

Artículo 68. …………………….………………………………………………………...………

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no procederá respecto de las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones que se hayan considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley.

También podrán restarse contra la utilidad fiscal consolidada o sumarse a la pérdida fiscal consolidada, según se trate, las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por las sociedades controladas y controladora, en el ejercicio fiscal en el que sean disminuidas de su utilidad fiscal por dichas sociedades a nivel individual o de las ganancias que por enajenación de acciones obtenga, según corresponda y hasta por el monto de la misma, siempre que las citadas pérdidas se hubieran considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley en algún ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se disminuyan a nivel individual dichas pérdidas.

……..……………..………………………………………………………..…………………........

Artículo 70-A. Las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el entero y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades controladoras aplicarán el procedimiento previsto por el artículo 71 de esta Ley o podrán optar por lo establecido en el artículo 71-A de la propia Ley. El procedimiento que se elija conforme a este párrafo deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales contados a partir de aquél en el que se empiece a ejercer la opción citada.

El impuesto sobre la renta diferido a pagar será la suma del impuesto determinado conforme a los artículos 71 ó 71-A y 78, párrafos segundo o tercero, de esta Ley.

El impuesto diferido que resulte conforme a lo previsto en este artículo, deberá enterarse en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se deba pagar el impuesto diferido y se actualizará desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber consolidado, correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y hasta la fecha de presentación de la declaración antes señalada.

Cuando la sociedad controladora haya optado por aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78 de esta Ley para calcular el impuesto a que se refiere el segundo párrafo del mencionado artículo, dicho impuesto no se incluirá para la actualización prevista en el párrafo anterior.

El impuesto diferido que se determine conforme al tercer párrafo de este artículo se deberá enterar en cinco ejercicios fiscales conforme a lo siguiente:

I.25% en el ejercicio fiscal en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido.

II. 25% en el segundo ejercicio fiscal.

III. 20% en el tercer ejercicio fiscal.

IV.15% en el cuarto ejercicio fiscal.

V. 15% en el quinto ejercicio fiscal.

Los enteros a que se refieren las fracciones II a V de este artículo, se actualizarán con el factor de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó el pago a que se refiere la fracción I de este artículo y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el entero de la parcialidad de que se trate.

Cuando la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido a que se refiere este artículo en los plazos previstos, el Servicio de Administración Tributaria determinará el impuesto omitido y sus accesorios conforme a lo siguiente:

a)Si la omisión corresponde al entero de la fracción I de este artículo, se deberá pagar la totalidad del impuesto diferido sin poder aplicar el beneficio que se establece en la fracción II, considerando los recargos sobre el monto actualizado por el periodo comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta el mes en que el mismo se efectúe.

b) Si la omisión corresponde al entero de las fracciones II, III, IV o V de este artículo, se deberá pagar la totalidad del remanente del impuesto diferido actualizado pendiente de pago y los recargos, correspondientes al periodo comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago de la fracción I y hasta el mes en que efectivamente se efectúe el mismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable con independencia de las sanciones que correspondan de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

Los efectos que resulten de la desincorporación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley, no se considerarán si los mismos ya fueron reconocidos en la determinación y pago del impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo.

Artículo 71-A. La sociedad controladora que haya optado por el procedimiento previsto por este artículo para determinar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley, estará a lo siguiente:

I. Considerará el monto de las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de la sociedad controladora, así como las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones a que se refiere el primer párrafo del inciso e), fracción I, del artículo 68 de esta Ley, que hubieran sido generadas y disminuidas en la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y que la sociedad o sociedades que la generaron no hubieran podido disminuir al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse el pago del impuesto diferido.

Las pérdidas a que se refiere esta fracción se considerarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba realizar el entero del impuesto diferido.

II. La sociedad controladora comparará los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada del sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y de la sociedad controladora y de las controladas, para lo cual estará a lo siguiente:

a)Comparará el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, a la misma fecha.

El saldo del registro de la cuenta fiscal neta consolidada se podrá incrementar con la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas señaladas en la fracción anterior, el impuesto sobre la renta que se haya determinado y que se pague en los términos del último párrafo de este artículo, siempre y cuando correspondan a aquellas pérdidas que se disminuyeron de conformidad con el artículo 68, quinto párrafo de esta Ley.

b)En caso de que el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea superior al de las sociedades controladas y de la controladora, sólo se disminuirá del primero el saldo del segundo registro.

c) Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3889.

d)El saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se disminuirá con el saldo del registro de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y a la controladora, hasta llevarla a cero.

A la cantidad que se obtenga conforme al inciso c) se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10, para determinar el impuesto diferido determinado y que se pague en cada sexto ejercicio fiscal, mismo que podrá acreditarse contra aquél que se determine por las comparaciones de los saldos de los registros de las cuentas de utilidad fiscal neta en los ejercicios siguientes a aquél en que se haya determinado su pago, hasta por el monto del impuesto determinado en el ejercicio que corresponda, en la medida en que la base sobre la que se calcula el impuesto diferido incluya aquélla sobre la que se haya pagado el impuesto en el ejercicio o ejercicios anteriores.

Se determinará el impuesto aplicando la tasa prevista en el artículo 10 de esta Ley al monto obtenido en la fracción I anterior, al resultado se le sumará el impuesto determinado de conformidad con el párrafo segundo de la fracción II anterior, así como el impuesto que resulte en los términos del artículo 78 de esta Ley. La cantidad que resulte será el impuesto sobre la renta diferido y se estará a lo dispuesto en el artículo 70-A de esta Ley.

Artículo 72. ……………………….………………………………………….…………………..

I.………………………………………...………………………………………...……………….

f) Del monto total del impuesto sobre la renta diferido por cada ejercicio fiscal, que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal.

g)Del monto del impuesto sobre la renta diferido enterado en cada ejercicio fiscal, señalando el ejercicio en que éste se generó.

h)Del saldo del impuesto sobre la renta diferido pendiente de enterar, por cada ejercicio fiscal.

i) De la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

j) De la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

k) De las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora, correspondientes al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

Los registros a que se refieren los incisos f), g), h), i), j) y k) de esta fracción se deberán llevar por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad. Los montos a que se refieren los mencionados incisos f) y h), deberán actualizarse desde el ejercicio en que se debió haber pagado el impuesto correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior de no haber consolidado y hasta el último mes del ejercicio de que se trate.

Las cuentas de utilidad fiscal neta consolidada y de las sociedades controladas y de la controladora, que se incorporen a los registros a que se refieren los incisos i) y j) de esta fracción se determinarán conforme a la mecánica establecida en los artículos 69 y 88 de esta Ley.

…….…….………………………………………..…………..……………………………………

VI. En el dictamen fiscal las sociedades controladoras deberán revelar la siguiente información respecto del cálculo del impuesto diferido que les corresponda enterar conforme al artículo 70-A de esta Ley:

a) La determinación del impuesto sobre la renta diferido que deban enterar.

b) El importe de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, por cada sociedad controlada y por la controladora al 31 de diciembre del ejercicio por el que calcula el impuesto diferido.

c) El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora, así como los que correspondan a la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.

d) Por cada empresa del grupo, el importe de los dividendos distribuidos a sociedades del mismo grupo que no provengan de cuenta de utilidad fiscal neta por los que se calcule el impuesto diferido.

e) El porcentaje de participación accionaria y/o consolidable, según corresponda, de la sociedad controladora respecto de cada una de las sociedades controladas por las que calcule el impuesto diferido.

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere esta fracción deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas en los términos del artículo 71 de esta Ley y enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido, incluso aquél que corresponda a la sociedad controladora, pendiente de pago por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice.

Artículo 75. ………….……………………….…………………………………………..…..…..

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las modificaciones a las utilidades o las pérdidas fiscales de las controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de la misma Ley, siempre que en ejercicios anteriores a aquel en el que se haya dado la variación en la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de alguna de sus sociedades controladas, los conceptos antes citados se hayan considerado para la determinación y pago del impuesto diferido previsto por el artículo 70-A de esta Ley.

Artículo 78. ……………………………………………………………………………………

El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago, y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley, se calculará aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que dichos dividendos fueron pagados o dichas utilidades fueron distribuidas conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley.

La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta diferido por los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido, conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley. Para tal efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en que se pagaron o distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley.

La opción que se elija conforme a los dos párrafos anteriores deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales, contados a partir de aquél en que se empiece a ejercer la citada opción.

Una vez pagado el impuesto diferido a que se refiere este artículo, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada a que se refiere la fracción II del artículo 71-A de esta Ley, se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate.

………………..………………………………………………..…..………………………………

Artículo 81. ………………………..……………………..…………….………………………...

Los contribuyentes de este Capítulo que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 25.00%.

……………………..….………………………….…………………..……………………………

Artículo 86. ………….………………………………………………………………………..….

VI. .....………………………………………………………..………………………………...….

Tratándose de contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, se entenderá presentada la declaración a que se refiere el párrafo anterior cuando presenten el dictamen respectivo en los plazos establecidos por el citado Código.

……………………………………………………………………………………………………..

VIII.Presentarán a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con clientes y proveedores mediante la forma oficial que para tal fin expidan las autoridades fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes no se encuentran obligados a proporcionar la información de clientes y proveedores con los que en el ejercicio de que se trate hubiesen realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00 ni cuando emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

………………………………………………………………………..……………………………

Artículo 93. .…………….………………………………………………………………………..

En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 95. ……………………………..…………………………………..……………………

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 172 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

………………………………………..……………………………………………………………

Artículo 96. ……………..………………………………………………..………………………

III. Los establecidos en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo.

Los requisitos a los que se refieren las fracciones I y II de este artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

Artículo 97. ……………………………….…………………………………………………..….

III. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

………………………………………………………………………………………..……………

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

………………………………………………………….………….………………….…….….….

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se refieren los artículos 95, fracciones VI y XII, 96 y 99 de esta Ley, salvo las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no se les renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el límite establecido por el artículo 31, fracción I, último párrafo de esta Ley durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la autorización.

Artículo 100. Para los efectos de los artículos 93 y 103 de esta Ley, las sociedades de inversión de renta variable que distribuyan dividendos deberán llevar una cuenta de dividendos netos.

La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México y se disminuirá con el importe de los dividendos pagados a sus accionistas, provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluirán los dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este artículo se actualizará en los términos del artículo 88 de esta Ley.

Las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión que en el ejercicio fiscal perciban dividendos por su cartera accionaria, deberán calcular el monto de los dividendos que le corresponda a cada uno de sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a lo siguiente:

I.Calcularán los dividendos por acción, dividiendo los dividendos percibidos en el día de que se trate, entre el número de sus acciones en circulación al final de ese día.

II. Determinarán los dividendos por cada accionista, multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, por el número de acciones propiedad de cada accionista al final del día de que se trate.

III. Calcularán los dividendos totales en el ejercicio a favor de cada accionista, sumando los dividendos por accionista, calculados conforme a la fracción anterior, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones de la sociedad de que se trate.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión de renta variable deberán proporcionar la información correspondiente a los accionistas personas físicas de las sociedades de inversión que hubiesen percibido dividendos, determinando el monto de los dividendos brutos acumulables y el impuesto sobre la renta acreditable para cada accionista persona física, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 165 de esta Ley, en la proporción que corresponda a cada uno de sus accionistas personas físicas. Dicha información se consignará en la constancia a que se refiere el artículo 105 de esta Ley.

Artículo 101. …………….…………………………………………….…………………………

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX del artículo 95 de esta Ley, así como las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

………………………….………………………………………………………….………………

Quinto párrafo. (Se deroga).

Sexto párrafo. (Se deroga).

Artículo 103. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus accionistas aplicarán a los rendimientos de estas sociedades el régimen que les corresponda de acuerdo a la presente Ley a sus componentes de intereses, dividendos y de ganancia por enajenación de acciones.

Las sociedades de inversión referidas en el párrafo anterior, calcularán el rendimiento de sus accionistas en el ejercicio fiscal de que se trate, a partir de una asignación diaria por accionista de los ingresos gravables devengados a favor de dichos accionistas.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán retener y enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a los accionistas de las sociedades de inversión de que se trate, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, observando para ello lo dispuesto en el artículo 103-A de este ordenamiento. Las personas que paguen intereses a las referidas sociedades quedarán relevadas de efectuar la retención a que se refiere el citado artículo 58.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán acreditar a favor de los accionistas personas físicas de las sociedades de inversión a que se refiere este artículo, el crédito fiscal que se determine conforme al artículo 159 de esta Ley, en los términos de dicha disposición.

Artículo 103-A. Para los efectos del artículo 103 de esta Ley, las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, determinarán el impuesto a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, por acción para cada tipo de contribuyente.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán calcular el monto de los intereses reales devengados de la sociedad de inversión de que se trate correspondiente a cada tipo de contribuyente persona física, persona moral y persona moral con fines no lucrativos, conforme se establece en el artículo 58-A de la presente Ley. Para tal efecto, se deberán considerar como saldos inicial y final, el valor total de las acciones en circulación para cada tipo de contribuyente al inicio y al final del día de que se trate, así como los depósitos o retiros que hubiese efectuado la sociedad de inversión de que se trate durante el día que corresponda, se entenderán como depósitos o retiros aquéllos considerados como tales en el artículo 58-A de esta Ley.

El impuesto diario por acción se calculará dividiendo el monto del impuesto que corresponda a cada tipo de accionista, entre el número de acciones en circulación para cada tipo de contribuyente correspondientes al día inmediato anterior.

Las personas que llevan a cabo la distribución de las acciones de las sociedades de inversión determinarán el impuesto correspondiente a cada accionista multiplicando el impuesto por acción, por el número de acciones de cada accionista correspondientes al día inmediato anterior. El impuesto mensual para cada accionista será la suma de los montos diarios del impuesto durante el mes de que se trate.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán enterar el impuesto correspondiente en los términos del primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

En el caso de que los accionistas de las sociedades de inversión hubiesen obtenido intereses reales negativos, éstos tendrán derecho a aplicar el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de la presente Ley, debiendo calcularse un crédito fiscal por acción correspondiente a cada tipo de accionista. El crédito fiscal por accionista se determinará multiplicando el crédito fiscal por acción, por el número de acciones propiedad de cada accionista correspondiente al día inmediato anterior.

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá emitir un procedimiento de cálculo simplificado para que las sociedades de inversión determinen el monto de los intereses reales devengados por acción, conforme a lo dispuesto por este artículo.

Artículo 104. Las sociedades de inversión de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, además de calcular los intereses reales devengados diarios, conforme se establece en el artículo 103-A de esta Ley, determinarán la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, conforme a lo siguiente:

I. Determinarán diariamente, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero, la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada conforme lo establecido en la presente Ley y la variación en la valuación de dicha parte de la cartera, al final de cada día.

II. Dividirán el valor de la cartera accionaria gravada por tipo de contribuyente, entre el valor de la cartera total, ambos valuados al final de cada día.

III. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se multiplicará por el importe de los gastos administrativos deducibles diarios de la cartera total. Del resultado obtenido se deberán determinar los gastos administrativos deducibles para cada tipo de contribuyente de acuerdo a la participación que éstos tengan en la sociedad de inversión de que se trate.

IV. Para obtener la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, para los accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero, la sociedad de que se trate restará del resultado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, la parte de los gastos administrativos que le corresponda a su cartera accionaria gravada por tipo de contribuyente, calculados conforme a la fracción anterior.

V. La ganancia por la enajenación de la cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, por acción, se obtendrán de dividir el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, entre el número de acciones en circulación al final de cada día de la sociedad de inversión de que se trate, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero.

VI. La ganancia por la enajenación de la cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, correspondientes a cada accionista, se calcularán multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, por el número de acciones en poder de cada accionista al final de cada día.

Las personas físicas y los residentes en el extranjero, estarán exentos por los ingresos derivados de la ganancia por la enajenación de la cartera accionaria y la variación en la valuación de dicha cartera, de la sociedad de inversión de que se trate, siempre que las citadas acciones sean de aquéllas por cuya enajenación se encuentren exentos los contribuyentes antes citados, conforme a lo señalado por los artículos 109, fracción XXVI y 190, décimo tercer párrafo de esta Ley, respectivamente. En este caso no serán deducibles los gastos administrativos derivados de la enajenación o valuación de la cartera accionaria que se considere exenta para efectos de esta Ley.

Las personas físicas y morales, deberán considerar como ingresos acumulables el monto determinado conforme a la fracción VI de este artículo. Tratándose de residentes en el extranjero la sociedad de inversión de que se trate deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta conforme se señala en el artículo 190 de esta Ley.

La mecánica establecida en este artículo será aplicable para cualquier otro tipo de ingresos que obtengan las sociedades de inversión de deuda o las sociedades de inversión de renta variable, distintos a intereses, dividendos o ganancias por enajenación de acciones.

Artículo 105. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, a través de las personas que llevan a cabo la distribución de sus acciones, deberán proporcionar mensualmente a los accionistas de la sociedad de inversión de que se trate, el estado de cuenta con la información que se señala en la fracción II del artículo 59 de esta Ley.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión deberán proporcionar a los accionistas de las sociedades de inversión, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una constancia que contenga información del año inmediato anterior respecto a la ganancia o pérdida derivada de la enajenación de acciones de su cartera accionaria gravada y de la variación en la valuación de dicha cartera al último día de su inversión o del ejercicio, según corresponda. Asimismo, la citada constancia deberá contener el monto de los dividendos brutos acumulables y el impuesto sobre la renta acreditable para cada accionista, así como el monto de cualquier otro tipo de ingresos que pudiesen obtener los accionistas a través de la sociedad de inversión de que se trate.

Las sociedades operadoras de las sociedades de inversión y las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, serán responsables solidarias por las omisiones en el pago de impuestos en las que pudieran incurrir los accionistas de dichas sociedades, cuando la información contenida en los estados de cuenta o en la constancia a que se refiere este artículo sea incorrecta o incompleta o cuando la legislación fiscal así lo señale.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión, además de presentar ante el Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción I del artículo 59 de esta Ley, también deberán presentar ante el citado órgano, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, la información relativa a la constancia mencionada en el segundo párrafo de este artículo, incluyendo además el nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del contribuyente de que se trate. Lo anterior con independencia de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Inversión.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de este artículo. Dicha información deberá presentarse encriptada en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión y el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 109. …..……………………………..………………………….………….…………....

XV.………………...…………………………..…………….……………………………….……

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo.

La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los cincos años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación.

El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación, en los términos del Reglamento de esta Ley.

El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita este último, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido.

………………………………………………………………………..……………………………

XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

……………………………………………..………………………………………………………

Artículo 113. ……………..……………...…………………..……..…………….………………

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

7,399.42

247.23

10.88

7,399.43

8,601.50

594.24

16.00

8,601.51

10,298.35

786.55

17.92

10,298.36

20,770.29

1,090.62

19.94

20,770.30

32,736.83

3,178.30

21.95

32,736.84

En adelante

5,805.20

28.00

…………………..……………………………….………………………………..….……………

Artículo 133. ………………………….…………………………………………….……………

VII. ….………………………………….…………………………………………………………

En el caso de que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, no tendrán obligación de presentar la información señalada en la fracción VIII del artículo 86 de esta Ley.

…………….…………………..…………………………….……….……….……………………

Artículo 151. ………………………………………………….….………………………………

Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto por dicho precepto.

Artículo 154. ………………………………………….…………….……………………………

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a aquél en que se obtenga el ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.

…………….…………………………………………………………………….…………………

Artículo 158. Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos en el artículo 9o. de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés.

Se considerarán intereses, para los efectos de este Capítulo, a los rendimientos de las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán, para cada uno de sus inversionistas, el interés real devengado proveniente de la subcuenta de aportaciones voluntarias o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, según corresponda, conforme a los artículos 58-A ó 103-A de esta Ley. Las administradoras de fondos para el retiro deberán realizar la retención del impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a favor de los inversionistas, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de la presente Ley.

Los inversionistas antes señalados podrán realizar retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, sin que ello implique no cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siempre que dicho retiro se utilice para cubrir la totalidad del monto del impuesto sobre la renta a que se refiere el párrafo anterior y además se cumplan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 159. Son ingresos de este Capítulo, los intereses reales positivos devengados en el ejercicio a través de las instituciones que componen el sistema financiero, las cuales deberán efectuar la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley. Esta retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta conforme se señala en dicho artículo 58.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran intereses reales el monto determinado conforme a la fracción V del artículo 58-A de esta Ley.

Cuando el monto de los intereses reales sea negativo, éste podrá considerarse como pérdida. Esta pérdida multiplicada por la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley dará lugar a un crédito fiscal que las instituciones que componen el sistema financiero podrán acreditar contra las retenciones futuras que deban efectuarle al contribuyente de que se trate conforme al primer párrafo del artículo 58 de la misma Ley. La parte del crédito fiscal que no se hubiese acreditado en el ejercicio, se podrá aplicar, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo, actualizado conforme al artículo 58-B de esta Ley.

Cuando se cancelen, enajenen totalmente o traspasen totalmente las cuentas o los activos financieros que un contribuyente tenga en una institución integrante del sistema financiero, se podrá utilizar el monto del crédito fiscal pendiente de aplicar en las retenciones futuras que sobre los intereses reales positivos devengados le realice otra institución integrante del sistema financiero al contribuyente. Para ello, la institución que determinó el crédito fiscal deberá entregar constancia al contribuyente y a la institución que vaya a realizar la retención antes señalada, en la que se establezca el mes en el que se originó el crédito fiscal, así como el monto actualizado del crédito fiscal pendiente de aplicar hasta la fecha de la cancelación, enajenación total o traspaso total de las cuentas o de los activos financieros de que se trate.

Las instituciones que componen el sistema financiero serán responsables solidarias por las omisiones en el pago de impuestos en las que pudieran incurrir las personas físicas, cuando la información contenida en las constancias a que se refiere el párrafo anterior sea incorrecta o incompleta.

Artículo 160. Para los efectos de este Capítulo, se consideran ingresos los intereses reales positivos devengados a través de sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta Ley o los que se deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizada o en mercados de amplia bursatilidad. El monto de los intereses reales se determinará conforme al artículo 58-A de este ordenamiento, por dichos ingresos se pagará el impuesto sobre la renta de forma mensual aplicando la tasa señalada en el artículo 10 de esta Ley. Este impuesto tendrá el carácter de pago definitivo.

Cuando no se hubiese efectuado el pago del impuesto por los intereses reales positivos devengados a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto pendiente a declarar por dichos intereses deberá cubrirse con la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación, hasta la fecha en la que éstos sean pagados.

El impuesto sobre la renta por los ingresos por intereses a que se refiere este artículo, se podrá disminuir con un crédito fiscal que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 159 de esta Ley por los intereses reales negativos devengados generados a través de las sociedades o títulos antes señalados, siempre que el contribuyente de que se trate se encuentre al corriente con las obligaciones fiscales establecidas en el presente artículo.

Tratándose de créditos o títulos valor que se consideren incobrables y por los cuales se hubiese pagado el impuesto a que se refiere este artículo, el contribuyente de que se trate podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o títulos, debiéndose sumar al crédito fiscal determinado conforme al párrafo anterior. En el caso de que el contribuyente tenga un crédito fiscal pendiente de aplicar derivado de un crédito o título considerado como incobrable, no podrá aplicarse en el futuro dicho crédito contra el impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a su favor.

Se consideran créditos o títulos incobrables, cuando por éstos se consuma el plazo de prescripción que corresponda o cuando exista notoria imposibilidad práctica de cobro. Para estos efectos, se deberá considerar lo establecido en el artículo 31, fracción XVI de esta Ley.

Artículo 161. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la documentación relacionada con los ingresos, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta Ley, las retenciones y el pago del impuesto correspondiente a sus ingresos por intereses.

Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo, aun cuando no sean instituciones integrantes del sistema financiero, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción I del artículo 59 de esta Ley. Asimismo, respecto a las personas a quienes les paguen intereses, les deberán informar mensualmente el monto de los intereses reales devengados, aun cuando éstos sean negativos.

Artículo 168. Tratándose de los intereses a que se refiere este Capítulo, se estará a lo siguiente:

…………………………………………………………………….………………………………

III. Serán ingresos por intereses los percibidos en efectivo, en bienes o en servicios que provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México.

IV. Serán ingresos por intereses los que provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero.

………………….…………………………………………………………………………………

El impuesto sobre la renta por los intereses percibidos en los términos de este artículo, se calculará mensualmente conforme éstos se devenguen. Para estos efectos, se consideran ingresos los intereses reales positivos devengados. El monto de los intereses reales devengados se determinará conforme al artículo 58-A de este ordenamiento, por dichos ingresos se pagará el impuesto sobre la renta de forma mensual aplicando la tasa señalada en el artículo 10 de esta Ley. Para los efectos del artículo 58-A de esta Ley, el contribuyente también considerará como retiro cualquier pago en servicios que realice el deudor del crédito o préstamo de que se trate. El impuesto a que se refiere este párrafo tendrá el carácter de pago definitivo.

Cuando no se hubiese efectuado el pago del impuesto de los intereses reales positivos devengados a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto pendiente a declarar por dichos intereses deberá cubrirse con la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación, hasta la fecha en la que éstos sean pagados.

El impuesto sobre la renta de los ingresos por intereses a que se refiere este artículo, se podrá disminuir con un crédito fiscal que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 159 de esta Ley por los intereses reales negativos devengados generados conforme a este artículo, siempre que el contribuyente se encuentre al corriente con las obligaciones fiscales establecidas en el presente artículo.

Tratándose de créditos o préstamos que se consideren incobrables y por los cuales se hubiese pagado el impuesto a que se refiere este artículo, el contribuyente de que se trate podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o préstamos, debiéndose sumar al crédito fiscal determinado conforme al párrafo anterior. En el caso de que el contribuyente tenga un crédito fiscal pendiente de aplicar derivado de un crédito o préstamo considerado como incobrable, no podrá aplicarse en el futuro dicho crédito contra el impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a su favor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será también aplicable para los acreedores a que se refiere la fracción II de este artículo, considerando para estos efectos el perdón total o parcial de la deuda, según corresponda.

Se consideran como créditos o préstamos incobrables, cuando por éstos se consuma el plazo de prescripción que corresponda o cuando exista notoria imposibilidad práctica de cobro. Para estos efectos, se deberá considerar lo establecido en el artículo 31, fracción XVI de esta Ley.

Artículo 169. (Se deroga).

Artículo 171. …………………...……….……………..………………………………….……...

Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación o, en su defecto, las personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo, deberán retener como pago provisional el monto que se obtenga de aplicar la tasa del 25% sobre la ganancia acumulable que resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas deducibles, en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona física con la misma institución o persona. Estas instituciones o personas deberán proporcionar al contribuyente constancia de la retención efectuada y enterarán el impuesto retenido mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se efectuó la retención, de conformidad con el artículo 113 de esta Ley. Tratándose de operaciones financieras derivadas de deuda la retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, pudiendo acreditarse, en su caso, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de la presente Ley.

Cuando existan pérdidas en las operaciones financieras derivadas de capital a las que se refiere el párrafo anterior, éstas podrán ser disminuidas de las ganancias en los meses siguientes que le queden al ejercicio, sin actualización, hasta agotarlas, siempre que no hayan sido disminuidas anteriormente.

…………….……………..…………………..…………………………………………………….

Las ganancias que obtenga el contribuyente en operaciones financieras derivadas de capital deberán acumularse en su declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable respecto de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, excepto tratándose de aquéllas operaciones financieras derivadas de deuda por las que se hubiese efectuado la retención conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

Artículo 172. ………………………………….…………………………….……………………

IV. ………………...…….……………………………………………………..………………….

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago mediante cheques, traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa, tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o monedero electrónico, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

………………….…………………………….……………………………………………………

Artículo 175. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. Tratándose de los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, la declaración a que se refiere este párrafo se entenderá presentada cuando presenten el dictamen correspondiente en los plazos establecidos por el citado Código.

Segundo párrafo (Se deroga).

…………………………………………….…………………………………………….…………

Artículo 176. ..…………………………...………….…………….……………….……………..

III. ……………...……………………...……………………………………………………….…

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

........….………………………………...………...…….………………..…………………………

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión. Para estos efectos, se determinarán los intereses reales conforme a lo siguiente:

a)El saldo inicial en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo insoluto del crédito hipotecario de que se trate al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se efectúa la deducción o del monto original del crédito hipotecario, según corresponda, entre el valor de la unidad de inversión del citado 31 de diciembre o del día en el que se otorgó el referido crédito, según se trate.

b) El saldo final en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio por el que se efectúa la deducción a la que se refiere esta fracción o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente el crédito hipotecario, el que sea más reciente, entre el valor de la unidad de inversión del referido 31 de diciembre o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente dicho crédito, según se trate.

c) Al resultado obtenido conforme al inciso inmediato anterior se le sumarán los pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de inversión, efectuados en el ejercicio fiscal que corresponda.

Los pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de inversión, se obtendrán, dividiendo el monto de cada uno de dichos conceptos, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éstos se pagaron.

d)Los intereses reales derivados de créditos hipotecarios se obtendrán de restar al resultado obtenido conforme al primer párrafo del inciso c) inmediato anterior, el resultado determinado conforme al inciso a) de esta fracción. El resultado que se obtenga deberá multiplicarse por el valor de la unidad de inversión del 31 de diciembre del ejercicio por el que se efectúe la deducción conforme a esta fracción o del día en el que se amortiza totalmente el crédito hipotecario, según corresponda.

……………………….…..………………..……………………….………….……...……………

Artículo 177. ..…………………...…..…………..……….……………....…….…….…….…….

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

88,793.04

2,966.76

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.88

16.00

103,218.01

123,580.20

9,438.60

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.44

19.94

249,243.49

392,841.96

38,139.60

21.95

392,841.97

En adelante

69,662.40

28.00

………………………………………………………………………………………………..……

Artículo 190. ……………………………….………………………….…………………………

Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, podrán pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enajenación de acciones o títulos valor a que se refiere este artículo, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de este artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este precepto.

Artículo 195. …………..………...……………………….……………….………….……….….

Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, los premios pagados en el préstamo de valores, descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de apertura o garantía de créditos aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de los títulos colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 9o. de esta Ley, así como la ganancia en la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, de los ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a los que se refiere este artículo que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive de los ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión. Asimismo, se considera interés la ganancia derivada de la enajenación efectuada por un residente en el extranjero, de créditos a cargo de un residente en México o de un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando sean adquiridos por un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere el párrafo anterior, se calculará conforme se establece en el artículo 195-A de esta Ley.

Tratándose de ingresos que perciban los residentes en el extranjero distintos a intereses provenientes de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, estarán a lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley.

………………….…………………...………………………………….……….…………………

Artículo 195-A. Para los efectos del artículo 195, tercer párrafo de esta Ley, las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión determinarán la ganancia que obtengan los residentes en el extranjero por la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, conforme a lo siguiente:

I.Determinarán diariamente, al final de cada día, la proporción de la cartera de inversión de instrumentos de deuda que conforme a esta Ley estén gravados para los residentes en el extranjero, respecto de los instrumentos de deuda correspondientes a este tipo de accionistas.

II. Calcularán el costo promedio ponderado de adquisición de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate, conforme a lo siguiente:

a) El costo promedio ponderado de la primera compra de acciones será el precio de la primera compra de acciones realizada por el inversionista multiplicado por la proporción a que se refiere la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se efectuó la compra de dichas acciones.

b) El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará con cada adquisición de acciones posterior a la primera compra, conforme a lo siguiente:

1)Se multiplicará el número de acciones adquiridas, por su precio de compra y por la proporción a que se refiere la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se adquieran las acciones.

2)Se multiplicará el número de acciones propiedad del contribuyente, correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se realice una nueva adquisición de acciones, por el costo promedio ponderado de adquisición que se tenga a dicho día inmediato anterior.

3)Se sumarán los valores obtenidos conforme los incisos 1) y 2) anteriores.

4)El resultado obtenido de conformidad con el inciso 3) anterior, se dividirá entre el número total de acciones propiedad del contribuyente, al final del día en el que se hubiese realizado una nueva adquisición de acciones, obteniendo con esto el costo promedio ponderado de adquisición de las acciones de la sociedad de que se trate.

III. Para determinar la ganancia por intereses objeto de este impuesto, se deberá multiplicar el precio de venta de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate, por la proporción determinada conforme a la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la enajenación de las acciones.

IV. La ganancia por la enajenación de acciones se determinará multiplicando el número de acciones enajenadas por la diferencia entre el precio de venta calculado conforme a la fracción anterior y el costo promedio ponderado de adquisición calculado conforme a la fracción II de este artículo.

Al resultado obtenido conforme a la fracción IV de este artículo se le deberá aplicar la tasa de retención que corresponda conforme al artículo 195 de esta Ley. Dicha retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta.

Artículo 199. …………………………..….………….……….………….……….……….…..

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la tasa que corresponda de acuerdo con el segundo párrafo de este artículo al beneficiario efectivo de la operación.

………………….….…………….………….………………………………….……………….…

Artículo 218. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien, adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

…….…………………..………………..………………….….………………….…….……….…

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones de las sociedades de inversión, a que se refiere este artículo, así como las reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones de las sociedades de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de las sociedades de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido.

Tratándose de intereses derivados de la cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones, la institución de que se trate deberá realizar la retención a la que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

…………….………………………………………….……………………….…….…….….……

Artículo 219. (Se deroga).

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuestosobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional.

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.”

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicarán las disposiciones siguientes:

I.Para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, se estará a lo siguiente:

a)Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 30%.

b)Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.3889 se aplicará el factor de 1.4286.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 0.3889 se aplicará el factor de 0.4286.

d)Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar la reducción del 25.00% se aplicará la reducción del 30.00%.

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

7,399.42

247.23

10.88

7,399.43

8,601.50

594.24

16.00

8,601.51

10,298.35

786.55

17.92

10,298.36

20,770.29

1,090.62

21.36

20,770.30

32,736.83

3,327.42

23.52

32,736.84

En adelante

6,141.95

30.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

88,793.04

2,966.76

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.88

16.00

103,218.01

123,580.20

9,438.60

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.44

21.36

249,243.49

392,841.96

39,929.04

23.52

392,841.97

En adelante

73,703.40

30.00

II. Para el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 29%.

b)Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.3889 se aplicará el factor de 1.4085.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 0.3889 se aplicará el factor de 0.4085.

d)Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar la reducción del 25.00% se aplicará la reducción del 27.59%.

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

7,399.42

247.23

10.88

7,399.43

8,601.50

594.24

16.00

8,601.51

10,298.35

786.55

17.92

10,298.36

20,770.29

1,090.62

20.65

20,770.30

32,736.83

3,253.07

22.73

32,736.84

En adelante

5,973.06

29.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

88,793.04

2,966.76

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.88

16.00

103,218.01

123,580.20

9,438.60

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.44

20.65

249,243.49

392,841.96

39,036.84

22.73

392,841.97

En adelante

71,676.72

29.00

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010, los intereses a que hace referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan con los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO CUARTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las reformas y adiciones a los artículos 31, fracción III, sexto párrafo; 86, fracciones VI, segundo párrafo y VIII, primer párrafo; 133, fracción VII, segundo párrafo; 172, fracción IV, quinto párrafo, y 175, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

II. Las modificaciones a los artículos 50; 58; 58-A; 58-B; 59; 100; 103; 103-A; 104; 105; 151; 154, cuarto párrafo; 158; 159; 160; 161; 168; 169; 171; 175, actual segundo párrafo; 195, 195-A y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de intereses, entrarán en vigor el 1 de enero de 2011.

III. La reforma y adición al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrarán en vigor el 1 de mayo de 2010.

IV. Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses devengados antes del 1 de enero de 2011 se efectuará conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

Para los efectos del párrafo anterior, las instituciones que componen el sistema financiero deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de 2010 en la Ley de Ingresos de la Federación para dicho ejercicio fiscal, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, desde la fecha de inicio de la inversión o desde el día en el que el contribuyente hubiese cobrado por última vez intereses y hasta el 31 de diciembre de 2010. El entero se realizará de acuerdo al primer párrafo del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio de que se trate, conforme al artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los contribuyentes personas físicas acumularán los intereses devengados a su favor durante el ejercicio fiscal de 2010. En estos casos la retención se efectuará conforme al primer párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre del citado año.

Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2011, las instituciones que componen el sistema financiero, así como las sociedades que paguen intereses, deberán considerar como saldo inicial al 1 de enero de 2011, el saldo que hubiese tenido la cuenta o activo financiero de que se trate, al 31 de diciembre de 2010.

V. Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2011.

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2011, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2012.

VI. Durante el ejercicio fiscal de 2010 la sociedad controladora deberá enterar el impuesto sobre la renta diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores a 2005, y que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009. Para tal efecto, la sociedad controladora aplicará el procedimiento previsto en el artículo 71 de la citada Ley, o podrá optar por lo dispuesto en la fracción VIII de esta disposición transitoria.

El entero del impuesto diferido a que se refiere el párrafo anterior, se deberá efectuar en cinco ejercicios fiscales por la sociedadcontroladora conforme al esquema de pagos siguiente:

a) 25%, mediante declaración que se presente en el mes de junio del ejercicio fiscal de 2010.

b). 25%, en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 2011.

c) 20%, en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 2012.

d) 15%, en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 2013.

e) 15%, en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación el ejercicio fiscal de 2014.

VII. Las sociedades controladorasque hubieran optado por aplicar la fracción VIII de este artículo, deberán efectuar el entero del impuesto sobre la renta a que se refiere el artículo 78, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios anteriores a 2005, que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009, conforme a lo siguiente:

a) Se pagará el impuesto sobre la renta diferido por las sociedades controladas que pagaron los dividendos o distribuyeron las utilidades, aplicando la tasa del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la fecha en que se pagaron los dividendos o se distribuyeron las utilidades, conforme a la mecánica del primer párrafo del artículo 10-A u 11, de dicha Ley, según corresponda, actualizando el monto del impuesto desde el mes en que se pagaron los dividendos y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto diferido en los términos del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) La sociedad controladora podrá optar por calcular y pagar el impuesto sobre la renta diferido citado en el inciso anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2010 sobre el monto de los dividendos o utilidades actualizados desde el mes en que se pagaron o se distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido en términos del artículo 70-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El monto de los dividendos o utilidades respecto de los que se aplique la tasa del artículo 10 de dicho ordenamiento se determinará conforme a la mecánica del primer párrafo del artículo 11 de la mencionada Ley.

El saldo final del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre de 2004 a que se refiere el inciso b) de la fracción VIII de este artículo, se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate, siempre que se pague el impuesto sobre la renta que corresponda.

Para los efectos del mecanismo previsto en esta fraccióny en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se considerarán los dividendos o utilidades en efectivo o en bienes pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 que no provinieron de las cuentas de utilidad fiscal neta y de utilidad fiscal neta reinvertida, para el entero del impuesto sobre la renta diferido durante el ejercicio fiscal de 2010, sin embargo dicho mecanismo será aplicable cuando se desconsolide el grupo.

Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes, conforme al párrafo anterior, no incrementarán las referidas cuentas de las sociedades que los hayan recibido.

VIII. Para el pago del impuesto diferido, la sociedad controladora para el ejercicio de 2004 y anteriores, estará a lo siguiente:

a)Considerará los conceptos siguientes:

1.El monto de las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de la sociedad controladora de ejercicios anteriores, así como las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones a que se refería el inciso d) del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y primer párrafo del inciso e), fracción I, del artículo 68 de dicha Ley vigente a partir de 2002, disminuidas en la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada de ejercicios anteriores, y que la sociedad o sociedades que las generaron no hubieran podido disminuir al 31 de diciembre de 2009.

2.Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a las sociedades controladas y a la controladora, a que se refiere el numeral anterior, se considerarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba realizar el pago del impuesto diferido.

3.Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio de 2004. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas y de la controladora, se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio de 2004.

A la cantidad que se obtenga conforme lo anterior, se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b)La sociedad controladora comparará los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre del ejercicio de 2004, y de la sociedad controladora y de las controladas, para lo cual estará a lo siguiente:

1.Comparará el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada a la misma fecha.

El saldo del registro de la cuenta fiscal neta consolidada se podrá incrementar con la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas señaladas en el inciso a) de esta fracción, el impuesto sobre la renta que se haya determinado y que se pague en los términos de este inciso, numeral 1, cuarto párrafo, siempre y cuando correspondan a aquellas pérdidas que se disminuyeron de conformidad con el artículo 68, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En caso de que el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea superior al de las sociedades controladas y de la controladora, sólo se disminuirá del primero de éstos el saldo del segundo registro.

Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad fiscal la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3889, sobre la cual la controladora determinará el impuesto que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se disminuirá con el saldo del registro de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y controladora, hasta llevarla a cero, considerando para estos efectos lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este inciso.

El registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora y del consolidado al 31 de diciembre de 2004 será el monto de la cuenta de utilidad fiscal neta que hayan determinado dichas sociedades. Asimismo, el monto del saldo inicial al 1 de enero de 2005 será de cero.

2.La sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida. En caso de que este último sea superior al primero, sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, el saldo de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y controladora. Cuando el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida sea inferior al de las sociedades controladas y controladora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889, sobre la cual la controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, el saldo de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y de la controladora, hasta llevarla a cero, considerando para estos efectos lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este inciso.

3.En el caso de que en el numeral 1 de este inciso se determine utilidad por la que se deba pagar impuesto y en el numeral 2 anterior no se determine utilidad, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta de las controladas y de la controladora y de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, determinada en el citado numeral 1, se comparará con el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida después de la disminución a la que se refiere el numeral 2 anterior. Si este último es mayor, se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida con la diferencia antes señalada y la controladora no pagará el impuesto a que se refiere el numeral 1 de este inciso.

Cuando la diferencia señalada en el párrafo anterior sea mayor que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, en lugar de lo señalado en el numeral 1 de este inciso, se considerará utilidad la nueva diferencia entre ambos, multiplicada por el factor de 1.3889 y la sociedad controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida hasta llevarla a cero.

4. Cuando conforme al numeral 2 de este inciso se determine utilidad por la que se deba pagar impuesto y en el numeral 1 de este inciso no se determine utilidad, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora y de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, determinada en el numeral 2 de este inciso, se comparará con el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada después de la disminución a que se refiere el mismo numeral 1 de este inciso. Si este último es mayor, se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida con la diferencia antes señalada y la sociedad controladora no pagará el impuesto a que se refiere dicho numeral 2.

Cuando la diferencia señalada en el párrafo anterior sea mayor que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, en lugar de lo señalado en el numeral 2 de este inciso, se considerará utilidad la nueva diferencia entre ambos, multiplicada por el factor de 1.3889 y la controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada hasta llevarla a cero.

El impuesto a pagar será la suma del impuesto determinado conforme a los incisos a), último párrafo y b), numerales 1 ó 3 y 2 ó 4 de esta fracción.

Para la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el inciso a) numeral 1 de esta fracción y las fracciones I y II del artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será aplicable el segundo párrafo de la fracción XXXII de las Disposiciones Transitorias de dicha Ley, en vigor a partir del 1 de enero de 2002, respecto de las pérdidas fiscales ocurridas con anterioridad al 1 de enero de 1999.

Asimismo, al saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se tenga al 31 de diciembre del ejercicio inmediato a aquél en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido y que se haya considerado en las comparaciones previstas en el inciso b), numeral 1, de esta fracción y en la fracción II del artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le podrá incrementar las pérdidas fiscales a que hace referencia el párrafo anterior, siempre que se hayan incorporado en el cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se tenga al ejercicio inmediato anterior a aquél en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido.

Además estarán a lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio, fracciones X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

IX. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción VIII de este artículo transitorio, las sociedades controladoras que hayan ejercido la opción contenida en el segundo párrafo de la fracción XXXIII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, sumarán o restarán los conceptos especiales de consolidación, según corresponda que, en su caso, hubieran continuado determinando por las operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal de 2002. Dichos conceptos especiales de consolidación se considerarán como efectuados con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, calculados en los términos del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001. Al resultado que se obtenga de la suma o resta, se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que se incrementará el impuesto sobre la renta diferido que deba pagarse en el sexto ejercicio fiscal.

Para los efectos de esta fracción, los conceptos especiales de consolidación se sumarán o restarán, según corresponda, en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se deba realizar el entero del impuesto diferido.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los conceptos especiales de consolidación determinados por operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 1 de enero de 1999.

Los conceptos especiales de consolidación mencionados se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio fiscal en que se realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos, tratándose de las operaciones a que se referían los artículos 57-F, fracción I y 57-G, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y desde el último mes del periodo en que se efectuó la actualización en el caso de la deducción por la inversión de bienes objeto de las operaciones referidas y hasta el mes en que se presente la declaración en la que se deba pagar el impuesto diferido.

X. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sociedades controladoras que hubieran optado por continuar determinando los conceptos especiales de consolidación, por las operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2002, deberán revelar en el dictamen fiscal el importe de los conceptos especiales de consolidación que correspondan a la sociedad controladora y a cada una de las sociedades por los que se calcule el impuesto diferido.

Las sociedades controladoras, deberán revelar en el dictamen el saldo del impuesto al activo pendiente de recuperar de la sociedad controladora y de cada una de las empresas controladas al ejercicio por el que se calcule el impuesto diferido.

XI. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción VI, incisos c) y d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sociedades controladoras deberán revelar en el dictamen fiscal a que se refiere dicho precepto, la información respecto de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora, así como los que correspondan a la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida.

En el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, también se deberá revelar el importe de los dividendos distribuidos a sociedades del mismo grupo que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida por los que se calcule el impuesto diferido.

Las cuentas de utilidad fiscal neta reinvertida a que se refiere esta fracción son las que tengan las sociedades controladas y la controladora de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta hasta el 31 de diciembre de 2001.

En el dictamen de estados financieros a que se refiere el artículo 65, fracción II, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá revisar y emitir opinión del impuesto sobre la renta diferido que se determine y calcule en los términos de las fracciones VI a XI de este artículo.

XII.Para los efectos de los artículos 158 y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses devengados antes del 1 de enero de 2011 se efectuará conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

XIII. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 176, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010, en lugar de determinar el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios conforme al procedimiento establecido en el citado precepto, dicho monto se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, por el periodo que corresponda.

XIV.Para los efectos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará será el mes de diciembre de 2009. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable para los efectos de las fracciones I, incisos e) y f) y II, incisos e) y f), del Artículo Segundo de este Decreto.

XV. Los contribuyentes que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se deroga conforme al Artículo Primero del presente Decreto, podrán aplicar el monto pendiente de acreditar del estímulo fiscal autorizado por ejercicios anteriores, hasta agotarlo, conforme a las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2009.

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO

ARTÍCULO QUINTO. Se REFORMAN los artículos 2, fracciones III, primer párrafo y VI; 3, primer párrafo; 4, fracción I, tercer y cuarto párrafos; 5; 12, fracción I, y 13, y se ADICIONA el artículo 12, con una fracción V, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar como sigue:

“Artículo 2. …………………...………………………………………….………………..……..

III. Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los términos de esta Ley.

…….…………………...…………………………….…….…………………….…..……….……

VI. Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.

Para los efectos del párrafo anterior, las personas físicas que tengan abiertas las cuentas a que se refiere dicho párrafo deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado, que dichas personas físicas no son contribuyentes que tributan en el Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa del 3% al importe total de los depósitos gravados por esta Ley.

……………………….….……………………………………………………….…….….……….

Artículo 4. ………………………………….……………….………….………….…….…….…

I.………………...…………………………….……….……………………….…..….……….….

Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se realicen tales depósitos.

Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma institución del sistema financiero, cuyo monto acumulado exceda de $15,000.00en un mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente en ella. En el caso de que dicha persona no sea titular de otro tipo de cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento de cualquiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.

…….…………………….………….……………………….……………………….…….………

Artículo 5. Si de la información a que se refiere la fracción VII del artículo 4 de esta Ley, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los depósitos en efectivo por parte del contribuyente, las autoridades fiscales notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo por concepto de impuesto a los depósitos en efectivo o no haya ejercido el derecho a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente y realizará el requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos que correspondan desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Artículo 12. …………….……….……..……….…………………….……….…….……………

I. Persona moral, a la que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tal.

………….………………….…………………….………….……………………….……….……

V. Instituciones del sistema financiero:

a) A las que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tales.

b) A las que se consideren como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, conforme a las disposiciones aplicables.

c) A las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

d) A las sociedades financieras de objeto múltiple.

e) A las sociedades operadoras de sociedades de inversión.

f) A las sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Artículo 13. También se encontrarán obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas que tengan abiertas a su nombre en cualquier institución, independientemente de la razón o denominación social que adopte, que tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios o accionistas o captar fondos o recursos monetarios de sus socios o accionistas para su colocación entre éstos, las cuales deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refiere la presente Ley.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO

ARTÍCULO SEXTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las modificaciones al artículo 2, fracción VI, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, entrarán en vigor el 1 de julio de 2010.

Para los efectos del artículo 2, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas que al 31 de diciembre de 2009 tengan abiertas cuentas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas no son contribuyentes que tributan en el Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se considerarán como contribuyentes que tributan en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Para los efectos del artículo 12, fracción V de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, también se entenderá por instituciones del sistema financiero:

a) A las sociedades y asociaciones a que se refieren los Artículos Segundo y Tercero transitorios del artículo primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

b) A las sociedades y asociaciones a que se refieren los transitorios Primero y Segundo, segundo párrafo del artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se REFORMAN los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o.-A, fracción I, último párrafo; 5o., último párrafo; 15, fracción X, inciso b) segundo párrafo, y 32, fracción III, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- …………………………………………………………….………………............

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

…………………………..…………………………………………………………………………

Artículo 1o.-C.- ………………………………...…………..…………………………………….

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

…………………………………..…………………………………………………………………

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

…………..…………………………………………………………………………………………

Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%.

……………………………………………………………..………………………………………

Artículo 2.-A.- ………………………....….………………………………………………...........

I.-……………………………………………………..…………………………………………...

Se aplicará la tasa del 16% o del 11%, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

…………...……….………………………….…………………………….………………………

Artículo 5.- ………...……………………………………………..…………..…………………..

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa de 11%, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Artículo 15. ……….……………….………………..…………………..………………………..

X.…………………………………….………..…………………….……….………….…………

b)….………………………………………………..………….……………………..……………

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a contribuyentes que opten por pagar el impuesto en los términos del artículo 2o.-C de esta Ley, o a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas personas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

…………………….………………………….………………………….…..…….………………

Artículo 32. …………………….………………………….……………………………………..

III. ...……………...…….…………………………………………......…………….…….………

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, por el pago que de las mismas se haga con posterioridad a la fecha en la que se hubiera expedido el comprobante a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como anotar el importe de la parcialidad que ampare, la forma como se realizó el pago de la parcialidad, el monto del impuesto trasladado, el monto del impuesto retenido, en su caso, y el número y fecha del documento que se hubiera expedido en los términos del párrafo anterior amparando la enajenación de bienes, el otorgamiento de su uso o goce temporal o la prestación del servicio de que se trate.

………….……………………………………………………………..……….……….…….…..”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO OCTAVO.En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. La reforma al artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y la reforma al artículo 32, fracción III, tercer párrafo del citado ordenamiento, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

II. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas a que se refiere dicho precepto deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en el citado registro y que no son contribuyentes que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se presumirá que no están inscritas en dicho registro o que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

III. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente:

a. Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

b.Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO NOVENO. Se REFORMAN los artículos 17-A, cuarto, sexto y actual séptimo párrafos; 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-A, fracciones I, primer párrafo, y II; 32-B, encabezado y fracciones IV y VII; 32-E; 40, encabezado del primer párrafo y fracción III; 41; 42, fracción V, primer párrafo; 49, fracción I; 63, primer párrafo; 65; 69, primero párrafo; 70, cuarto párrafo; 80, fracción II; 81, encabezado y fracción X; 82, encabezado y fracción X; 84, fracciones IV y VI; 84-A, encabezado y fracción VII; 84-B, encabezado y fracción VII; 84-G; 84-H; 113, encabezado y fracción III; 143 segundo párrafo; 145, séptimo párrafo; 151, cuarto párrafo; 155, fracción I, y 156-Bis; se ADICIONAN los artículos 15-C; 17-A con un séptimo y noveno párrafos, pasando los actuales séptimo y octavo párrafos a ser octavo y décimo párrafos; 20-Ter; 29-C con un tercer párrafo, pasando los actuales tercer y cuarto párrafos, a ser cuarto y quinto párrafos; 32, con un octavo párrafo; 40, con una fracción IV, y con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 84-A, con las fracciones VIII, IX y X; 84-B, con las fracciones VIII, IX y X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L; 109, primer párrafo con las fracciones VI, VII y VIII; 145-A, con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y con un quinto y sexto párrafos, y 156-Ter, y se DEROGA el artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 15-C. Para los efectos de este Código, se entenderá como entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Para ser consideradas como entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 17-A. .……………………..……………………………………….................................

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.

………………………………………………………………….………….………………………

Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.

……………………….…………………………………….……………………………..………..

Artículo 20-Ter. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor, en moneda nacional, de la unidad de inversión, para cada día del mes. A más tardar el día 10 de cada mes el Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes inmediato siguiente.

El valor de la unidad de inversión se calculará conforme a la siguiente fórmula:



Donde:

d=Día del que se desea conocer el valor de la UDI.

m=Mes del año a que corresponda d.

UDId,m=Unidad de Inversión correspondiente al día d del mes m.

UDId-1,m = Unidad de Inversión correspondiente al día inmediato anterior al día d delmes m.

* =Operador de multiplicación.



=Raíz enésima.

1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes m se utiliza:

n=15

INPCq=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.

INPCq-1=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.

2. Para obtener el valor de la UDI para los días del 26 de cada mes al 10 del mes inmediato siguiente, se utiliza la siguiente formulación:

2.1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 26 al último día del mes m se utiliza:

n=Númerodedías naturales contados desde el 26 del mesm y hasta el día 10 del mes siguiente.

INPCq=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primeraquincena del mes m.

INPCq-1=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.

2.2. Para determinar el valor de la UDI para los días del 1 al 10 del mes m se utiliza:

n= Númerodedíasnaturales contados desde el 26 del mes inmediato anterior al mes m y hasta el día 10 del mes m.

INPCq=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.

INPCq-1=Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes antepasado al mes m.

Artículo 22. .………………..……....…………………………………………………………….

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este Código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

……………………….……………….……………………………………………………………

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Los comprobantes fiscales digitales deberán contener el sello digital del contribuyente que lo expida, el cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido órgano desconcentrado, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce, o usen servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir además con las obligaciones siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la emisión de los comprobantes mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales que emitan las personas físicas y morales. Los sellos digitales quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico, que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. Cubrir, para los comprobantes que emita, los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en la fracción VIII del citado precepto.

Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la operación sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A de este Código, así como los requisitos previstos en las demás fracciones contenidas en este artículo.

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, el comprobante respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general y antes de su expedición, para que ese órgano desconcentrado proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción III de este artículo.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo con los requisitos que al efecto se establezcan en las reglas de carácter general por dicho órgano desconcentrado.

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción en cualquier momento, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo o en las disposiciones de carácter general que les sean aplicables.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales.

V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que deberá reunir la impresión de los citados comprobantes.

Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes fiscales digitales que expidan.

Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros electrónicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 de este Código.

VI. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control de los pagos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades.

VII.Cumplir con las especificaciones que en materia de informática, determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se encuentra registrado en dicho órgano desconcentrado y no ha sido cancelado.

Los contribuyentes que mediante reglas de carácter general determine el Servicio de Administración Tributaria podrán emitir sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores de servicios, cumpliendo con los requisitos que al efecto establezca ese órgano desconcentrado.

Tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de $2,000.00, los contribuyentes podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que se precisan en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en las fracciones II y IX del citado precepto.

Para emitir los comprobantes fiscales a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet, y cumplir con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes deberán proporcionar trimestralmente al Servicio de Administración Tributaria a través de medios electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los folios asignados conforme al párrafo anterior. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general establecerá las especificaciones para cumplir con lo previsto en este párrafo. De no proporcionar la información señalada en este párrafo, no se autorizarán nuevos folios.

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como comprobar la autenticidad del dispositivo de seguridad y la correspondencia con los datos del emisor del comprobante, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Los proveedores de los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del artículo 29-A de este Código deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a las operaciones con sus clientes en los términos que fije dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este Código, su Reglamento y en las reglas de carácter general que para esos efectos emita el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.

Los comprobantes que se expidan conforme a este artículo deberán señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan, desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y, en su caso, VIII tratándose de comprobantes impresos o IX en el caso de comprobantes fiscales digitales, del artículo 29-A de este Código, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasas de impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate.

Cuando los comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en este artículo o en el artículo 29-A de este Código no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación.

Artículo 29-A. ……...………..…………...………………….….………………………..............

II. Contener el número de folio asignado por el Servicio de Administración Tributaria o por el proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales y el sello digital a que se refiere la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código.

…………………………………....……………………………………......………………………

VIII.Tener adherido un dispositivo de seguridad en los casos que se ejerza la opción prevista en el quinto párrafo del artículo 29 de este Código que cumpla con los requisitos y características que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Los dispositivos de seguridad a que se refiere el párrafo anterior deberán ser adquiridos con los proveedores que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

IX.El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide.

Los dispositivos de seguridad referidos en la fracción VIII de este artículo que no hubieran sido utilizados por el contribuyente en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se hubieran adquirido, deberán destruirse y los contribuyentes deberán dar aviso de ello al Servicio de Administración Tributaria, en los términos que éste establezca mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria en reglas de carácter general que para estos efectos emita. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 29-C.En las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de servicio o mediante monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla lo siguiente:

…………………….……...…….………………………………………………………………….

El original del estado de cuenta que se expida en términos del primer párrafo de este artículo deberá contener la clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue su uso o goce, o preste el servicio. En caso de que el estado de cuenta señale los datos a que se refiere la fracción II de este artículo, no será necesario contar con el documento a que se refiere la citada fracción.

Se presumirá que el estado de cuenta es original cuando el mismo sea exhibido de forma impresa, o bien de manera electrónica.

……………………….………..…………………………………………….……………………..

Quinto párrafo (Se deroga)

……………………………………………………………………….……….……………………

Ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo, o bien, en el caso de que los datos contenidos en los estados de cuenta no correspondan con la información de los estados de cuenta proporcionados por las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos que emitan los citados estados de cuenta, los mismos no serán considerados como comprobantes fiscales para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales.

Artículo 32.……………..………………….…………………………..…………….…………..

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Artículo 32-A. …………………..…………………………………………………….………….

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

……………………………………….………………………………………………….…………

II. Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, el dictamen se realizará en forma simplificada de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como las que lleven al cabo programas de redondeo en ventas al público en general con la finalidad de utilizar u otorgar fondos, para si o con terceros.

…………….…………………………………………………………………………….…………

Artículo 32-B. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes:

………………………………...…………...………………………………………………………

IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar directamente a lasentidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la información mencionada en dicho párrafo cuando la petición que formule derive del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22 y 42 de este Código, en relación con el cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución.

……………………………...…………………………………………………...…………………

VII.Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código y en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

………………………………...…………………...………………………………………………

Artículo 32-E. Las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, deberán expedir los estados de cuenta, en términos de las disposiciones aplicables, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código, y en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

En aquellos casos en los que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de un contribuyente, éstas podrán optar por solicitar directamente a las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, la información contenida en el estado de cuenta, siempre que dichas autoridades cuenten con la denominación de la institución o persona moral y especifique el número de cuenta y el nombre del cuentahabiente o usuario, para el efecto de verificar la información contenida en los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El envío de la información señalada en el párrafo anterior será a través de los medios que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 40.Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

……………….………………………….…………………………………………………………

III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.

Para los efectos de esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III, Título V de este Código.

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

……………………………………………………………………………………...……………..

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a los visitadores.

………………………….…………………………………………………………...………..……

Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Artículo 42. ….……….…………………………………………………………………………..

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia;verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

………………………………….……………….…………………………………………………

Artículo 49.………………….………………….……………….……………………………….

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera.

…….………………………………………………………………………………………….……

Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

……………….…….………………………………………………………………………………

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales, en los comprobantes fiscales en forma impresa con dispositivo de seguridad y en las bases de datos que lleven, o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Artículo 65.Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su notificación, excepto tratándose de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción II de este Código en cuyo caso el pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que pretendan deducir o acreditar, expedidos a su nombre en términos del artículo 29 de este ordenamiento.

………………………………….………………………………………………………….………

Artículo 70. ……………….…………………………………….……………….……………….

Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.

………………………………………………………………..……………………………………

Artículo 80. ………..……………………………...…..………………….………………………

II. De $3,040.00 a $6,070.00, a la comprendida en la fracción III. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,010.00 a $2,030.00.

……………..…………..…………………………………………….………………………….…

Artículo 81.Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias:

……………………………………………………….…………………………...……..….….…

X. No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo establecido en la fracción IV del artículo 29 de este Código.

……………..…………….………………………………………………………………………...

XXXII. No proporcionar la información a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 29 de este Código.

XXXIII. No proporcionar la información a que se refiere el noveno párrafo del artículo 29 de este Código.

XXXIV.No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42-A de este Código.

XXXV. La omisión de destruir los dispositivos de seguridad no utilizados en términos del artículo 29-A de este Código; así como no presentar el aviso correspondiente al Servicio de Administración Tributaria una vez destruidos en términos de las disposiciones correspondientes.

Artículo 82.A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:

…………...………………………………………………………………..…….…………………

X. De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción X.

……….…..…………..…………………………………………………………….………………

XXXII. De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción XXXII.

XXXIII.De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción XXXIII.

XXXIV.De $15,000.00 a $25,000.00 por cada solicitud no atendida, para la señalada en la fracción XXXIV.

XXXV. De $8,000.00 a $15,000.000 por cada dispositivo de seguridad que no se hubiere destruido o respecto de cuya destrucción no se hubiera presentado el aviso al Servicio de Administración Tributaria, para la establecida en la fracción XXXV.

Artículo 84. …………………….……………………………….………………….…………….

IV. De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción VII. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,210.00 a $2,410.00. En el caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, además, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

……………..………………………………………………………………………………………

VI. De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,210.00 a $2,410.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

.……….……………………………………………………………………………………………

Artículo 84-A.Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E y 156-Bis de este Código, las siguientes:

………………....………………………………………………………………………………..…

VII.No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la información conforme a lo previsto en el artículo 32-B de este Código.

VIII.No realizar la inmovilización de depósitos a que se refiere el artículo 156-Bis de este Código.

IX. No informar a la autoridad fiscal sobre la inmovilización de los depósitos a que se refiere el artículo 156-Bis de este Código en el plazo señalado por dicha autoridad.

X. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-E de este Código.

Artículo 84-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, se le impondrán las siguientes multas:

………………………………...……………………………………………………...……………

VII.De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este Código, y de $10,000.00 a $15,000.00 por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.

VIII.De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción VIII.

IX. De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción IX.

X. De $50,000.00 a $60,000.00, a la establecida en la fracción X.

Artículo 84-G.Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.

Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de $3,700.00 a $7,410.00 por cada informe no proporcionado.

Artículo 84-I. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, en relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este Código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código y en las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este Código, se les impondrá una multa de $70.00 a $140.00 por cada operación que no cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este Código, asentada en un estado de cuenta.

Artículo 84-K. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, el no proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información contenida en los estados de cuenta, a que se refiere el artículo 32-E de este Código.

Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de $50,000.00 a $60,000.00, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se haya requerido.

Artículo 109.……..…………...…..…………………...…………………………………………

VI. Comercialice los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del artículo 29-A de este Código. Se entiende que se comercializan los citados dispositivos cuando la autoridad encuentre dispositivos que contengan datos de identificación que no correspondan al contribuyente para el que fueron autorizados.

VII.Darle efectos fiscales a los comprobantes cuyos dispositivos de seguridad no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.

VIII.Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.

…………………….…..…………………………………………………………...………………

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que:

…………………………………….………………………………………………….……………

III. Fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya, comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, introduzca a territorio nacional, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, manipule o posea dispositivos de seguridad, sin haberlos adquirido en términos del artículo 29-A, fracción VIII de este Código.

Artículo 143. ……………..……………………………………………………….……..……….

Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la autoridad fiscal.

………………….……………………………………………………..……………………...……

Artículo 145.…………..…………………………………………………………..……………..

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

Artículo 145-A. ………………………………...…….…………...…………………..………….

El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para determinar provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código.

………………………………….………………………………….……………………....………

Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto por este artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como depositario de los mismos en los términos establecidos en el artículo 153 de este Código, con excepción de lo dispuesto en su segundo párrafo. En el caso de depósitos en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamou otros bienes, éstos también podrán dejarse en posesión del contribuyente, como parte de la negociación.

El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Artículo 151. ……..…………………..……………………….………………………………….

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

Artículo 155.…………………………..……….………………………………………..……….

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, ocualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

…………………………………………………………………………….……………………….

Artículo 156-Bis. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipode cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la Ley de la materia, sólo se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados.

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte del Servicio de Administración Tributaria o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, el Servicio de Administración Tributaria notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes.

En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo al Servicio de Administración Tributaria, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al Fisco Federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 de este Código, en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta.

Artículo 156-Ter. Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue:

I.Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación.

II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe al Servicio de Administración Tributaria haber transferido los recursos a la Tesorería de la Federación suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente.

III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía.

IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo.

En cualesquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe al Fisco Federal el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante el Servicio de Administración Tributaria con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la cantidad transferida en exceso en términos del artículo 22 de este Código en un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio del Servicio de Administración Tributaria, las pruebas no son suficientes, se lo notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Noveno de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I.Las reformas a los artículos 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-B, fracción VII; 32-E; 81, fracción X; 82, fracción X; 84-G, y 113, encabezado y fracción III; las adiciones de los artículos 29-C, tercer párrafo pasando los actuales tercero y cuarto párrafos a ser cuarto y quinto párrafos; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, con la fracción X; 84-B, con la fracción X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L, y 109, primer párrafo, con las fracciones VI, VII y VIII, y la derogación del artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

II. Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor de la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, tengan comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, podrán continuar utilizándolos hasta que se agote su vigencia, por lo que éstos podrán ser utilizados por el adquirente de los bienes o servicios que amparen, en la deducción o acreditamiento, a que tengan derecho conforme a las disposiciones fiscales. Transcurrido dicho plazo, sin que sean utilizados, los mismos deberán cancelarse de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del propio Código.

III. Para los efectos de la fracción I de este Artículo, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los contribuyentes se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos de las disposiciones fiscales cumpliendo con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

IV. Para los fines de lo establecido en el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación, a la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá proporcionar al Banco de México, los niveles del índice nacional de precios al consumidor de la primera quincena del mes el día 17 de ese mismo mes y la segunda quincena del mes el día 2 del mes inmediato siguiente.

Para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente. Lo anterior, en tanto se establezcan las instancias de la propia Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes.”

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRÁN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el ARTÍCULO TERCERO del “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, para quedar como sigue:

ARTÍCULO TERCERO.- Las variaciones del valor de la Unidad de Inversión deberán corresponder a las del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación.

El Banco de México calculará el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado procedimiento. Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación.”

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: Sen. José Isabel Trejo Reyes, Presidente.- Sen. Amira Gómez Tueme, Secretaría.- Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria.- Sen. Federico Döring Casar, integrante.- Sen. Javier Castelo Parada, integrante.- Sen. Gabriela Ruiz del Rincón, integrante.- Sen. Marco Humberto Aguilar Coronado, integrante.- Sen. Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas, integrante.- Sen. Carlos Lozano de la Torre, integrante.- Sen. Jorge Mendoza Garza, integrante.- Sen. Tomás Torres Mercado, integrante.- Sen. Rosalinda López Hernández, integrante.- Sen. Francisco Agundis Arias, integrante.- Sen. José Luis Lobato Campos, integrante.- Sen. Fernando Elizondo Barragán, integrante.

Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente.- Sen. Adriana González Carrillo, Secretaria.- Sen. José Guadarrama Márquez, Secretario.- Sen. Ángel Alonso Díaz Caneja,integrante.- Sen. Manuel Velasco Coello, integrante.- Sen. Dante Delgado, integrante”.

Debido a que se ha distribuido entre la Asamblea, ruego a la Secretaría consulte, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura el dictamen. Quienes estén porque se omita la lectura, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Es de primera lectura. Y le ruego a la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. Los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. En ese caso, está pendiente la aprobación por esta Cámara del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, del proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que está contenido en el dictamen.

En consecuencia, está a discusión.

Se inscriben en la lista de oradores el Senador Ricardo Monreal.

Siendo el único Senador que se inscribe, se le ofrece el uso de la palabra; inmediatamente después preguntaré si se encuentra suficientemente discutido y pasaremos a su votación nominal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores.

En un solo turno argumentaré mi voto en contra de los dos artículos, tanto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, como del 17 de la Ley de Ingresos. Por lo que ruego su atención.

Lo que sucedió y lo que ha sucedido es verdaderamente reprobable. Por eso he solicitado el uso de la palabra, para pedirle a la Asamblea su voto en contra de estos dos artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y el 17 de la Ley de Ingresos. Estos dos artículos fueron aprobados la madrugada del día 30 del mes pasado, y eran de los pocos avances que pudo haber tenido la legislación en materia fiscal.

¿A qué se refieren? El artículo 69 se refiere a que la Cámara de Diputados o Senadores o el Congreso de la Unión no tenga restricciones en materia de información de la Secretaría de Hacienda y para que la Cámara de Diputados a través de sus Comisiones de Vigilancia y Cuenta Pública y Presupuesto y la de Hacienda, pueda solicitar información a Hacienda sobre determinados asuntos fiscales, lo que comúnmente se le llama el secreto fiscal.

Había sido un avance, esa noche ya en la madrugada habíamos discutido dos artículos del Código Fiscal de la Federación, el relativo al redondeo que por fortuna se mantuvo y este otro que contiene el artículo 69.

Por supuesto que el haberlo rechazado con los argumentos que la Colegisladora hizo, son argumentos totalmente endebles, el proteger el secreto fiscal para el Poder Legislativo me parece francamente una situación incorrecta.

¿Por qué lo afirmo? Porque actualmente el secreto fiscal, el secreto bancario ya no existe en materia electoral, ustedes recordarán que hace unos dos años modificamos la legislación electoral y ahora puede la autoridad electoral investigar, fiscal y bancariamente a cualquier institución o cualquier instituto político y sus candidatos, porqué mantener en un privilegio a estas empresas que no pagan impuestos y que sólo conocemos la referencia de Hacienda y posteriormente del señor Calderón de que estas 422 empresas no pagan impuestos.

Pero además, las sociedades de información crediticia tienen esa facultad de conocer fiscalmente alguna información, es decir, las sociedades de información crediticia son más poderosas que el Congreso de la Unión, a ellas sí les autorizan conocer la información y a quienes legislan en materia fiscal les está vetado, no les concede esa facultad el Poder Legislativo, es una autolimitación del Congreso mexicano de conocer información fiscal a través de las comisiones.

Por eso me pareció muy grave, solamente en esa noche dos Senadores que comenté posteriormente, se dieron cuenta de la magnitud y de la importancia de esta reforma, dos Senadores, el Senador Ricardo García Cervantes y el Senador Castro Trenti, y los dos dijeron: “Es un hecho inédito, pero estamos de acuerdo en la modificación”. Lo más congruente sería que la mantuviésemos, que votáramos en contra de lo que la Colegisladora modificó en nuestro perjuicio y en nuestro detrimento; y la otra es la contenida en el artículo 17 de la Ley de Ingresos, ¿a qué se refiere esta modificación? Nosotros aprobamos en el Senado que regresara al Congreso la facultad originaria de la política arancelaria y no quedara en manos del Ejecutivo Federal, esa era la modificación en un intento digno de rescatar las facultades del Congreso mexicano, en el Senado se votó por esa modificación, pero en la Colegisladora no se aceptó y en consecuencia se nos regresó modificada y entregándole todas las facultades al Ejecutivo en materia arancelaria que originalmente corresponden al Congreso mexicano, es otra autolimitación, las dos modificaciones hechas en el Senado habían constituido un avance importante, uno en materia de información y otras en el rescate de las facultades originales del Congreso mexicano.

No se quiso hacer así y ahora estamos en esa discusión, por eso yo solicito de la Asamblea su voto en contra.

Hemos hecho lo peor, un engendro fiscal, se ha aumentado el IVA en la frontera y en el resto del territorio, se ha aumentado el Impuesto a Depósitos en Efectivo, se aumentó el Impuesto Sobre la Renta, se incorporaron nuevos impuestos, se incorporó el IEPS, nuevos impuestos y más cargas tributarias, es decir, se hizo un engendro fiscal, al menos estas facultades deberíamos dejarlas, una para transparencia de información y otras para que el Congreso mexicano determine la política arancelaria.

Lo que sí les recomendaría a los legisladores que aprobaron este engendro fiscal es que ya no engañen a la gente, primero era el mal necesario, luego no había de otra en su justificación frente a la sociedad, y ahora leía yo una declaración que es insólita, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados -concluyo, señor Presidente- en la Cámara de Diputados ayer declararon: será favorable para los mexicanos la Ley de Ingresos y el Paquete Fiscal, si ya le dieron este golpe mortal a la sociedad no se burlen de la sociedad, es kafkiano y ofensivo el que hayan pasado de la necesidad y de ser patriotas por autorizar más impuestos a decir que va a ser favorable para los mexicanos. Es una ofensa, y es verdaderamente grotesco que digan esto, ojalá y al menos digan la verdad frente a los ciudadanos, que seguramente no se les olvidará quiénes son los autores de esta carga onerosa y grotesca en contra de los ciudadanos; más impuestos, y eso es lo que aprobaron el PRI, el PAN y el PVEM.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Ricardo Monreal. No habiendo más oradores inscritos, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera suficientemente discutido. Quienes estén porque así se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Procedemos entonces a recoger el sentido de la votación de las señoras y señores Senadores, y ruego se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Esta Presidencia se permite señalar que el voto por el sí, representa aceptar los términos propuestos y aprobados por la Cámara de Diputados; el voto por el no, representa la insistencia de lo votado por la Cámara de Senadores, en los términos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

No

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

SI

CASTRO TRENTI FERNANADO

PRI

SI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

SI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

SI”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 65 votos por el sí, 15 por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente García Cervantes: En consecuencia, queda aprobado el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se Establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.






LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 3 de noviembre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En fecha 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa por la que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

2. En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó el dictamen correspondiente y remitió al Senado de la República la Minuta respectiva.

3. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. En sesión de fecha 30 de octubre de 2009, el Pleno de esta H. Cámara de Senadores aprobó modificar la minuta de referencia, devolviéndola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión de igual fecha, la H. Cámara de Diputados, modificó la Minuta enviada por esta Cámara de Senadores, remitiéndola nuevamente a esta última para sus efectos constitucionales.

6. En fecha 3 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

7. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LA MINUTA

En relación con la Minuta que nos ocupa, la Colegisladora propone restablecer en los términos aprobados por la misma en fecha 20 de octubre del presente año, los artículos 7o. y 17, así como el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Esto es, reincorporar la fracción IV al citado artículo 7o., eliminar el párrafo que fue agregado por esta Cámara de Senadores al referido artículo 17, restableciendo en sus términos el original primer párrafo con sus respectivas fracciones del propio artículo 17 y, suprimir las modificaciones al Artículo Segundo Transitorio de la Ley mencionada.

Ahora bien, las propuestas referidas en el párrafo anterior, sustancialmente versan en lo siguiente:

  • 7o., fracción IV. Se reincorpora la disposición relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, en la que se hace referencia al periodo de pago de los impuestosa la exportación, que en su caso el Ejecutivo Federal llegara a establecer en ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 131 Constitucional, respecto de la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados.

  • 17, primero y segundo párrafo. Se elimina el primer párrafo del artículo 17 que pretendía suspender la vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo 4, fracción I de la Ley de Comercio Exterior, con el propósito de suprimir durante 2010 la facultad del Ejecutivo Federal de crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles de conformidad con la facultad que prevé el artículo 131 Constitucional y se reestablece la facultad de la Secretaría de Hacienda Y crédito Público para otorgar estímulos fiscales relacionados con el comercio exterior.

  • Segundo transitorio. Se restituye en sus términos la redacción del precepto, con el propósito de determinar la aprobación de las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación que hubiera efectuado el Ejecutivo Federal durante el año 2009, en cumplimiento a la facultad otorgada por el artículo 131 Constitucional.

Cabe comentar, que derivado de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a las minutas que integran el paquete económico, en la Minuta en análisis se propone reforma el artículo 1o., párrafos primero y sexto, a fin de ajustar las estimaciones de la carátula y de la Recaudación Federal Participable referida en elsexto párrafo.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, analizando nuevamente las consideraciones de la Colegisladora, estiman que en efecto privar al Ejecutivo de la facultad de aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso de la Unión, así como de crear otras, y además restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, hace vulnerable a la economía nacional y a la estabilidad de la producción nacional ante competidores que utilicen prácticas desleales de competencia económica o ante situaciones de escasez frente a las cuales no habría la posibilidad de adoptar una respuesta inmediata y urgente para enfrentar tales riesgos.

Asimismo, cabe destacar que si bien el Congreso pudiera legislar en la materia en caso de ser necesario, lo cierto es que dado los tiempos que requiere el proceso legislativo, es posible que cuando se llegaran a adoptar las medidas que se estimaran convenientes podrían ya haberse presentado daños a la economía nacional con efectos irreversibles, por lo que se coincide con lo planteado por la Colegisladora en la Minuta en estudio.

TERCERA. Analizadas que fueron las consideraciones de la Colegisladora, estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo que resulta inconveniente no aprobar las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que hubiere efectuado el Poder Ejecutivo durante el año 2009, en cumplimiento del artículo 131 constitucional, toda vez que al no aprobarse las tarifas emitidas durante el periodo comprendido del 16 al 31 de diciembre de 2008 y durante el año de 2009, en el ejercicio fiscal de 2010 sólo serían aplicables las tarifas vigentes hasta el día 15 de noviembre de 2008, y en tal virtud dichas tarifas no obedecerían a las circunstancias del mercado nacional actuales, ya que fueron determinadas considerando un escenario económico y comercial distinto, por lo que se acepta la propuesta planteada en la Minuta en análisis.

CUARTA. Derivado de las modificaciones planteadas en la Minuta con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios remitida por la Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas coinciden con la pertinencia de ajustar la estimación de ingresos del Gobierno Federal por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios, en materia de tabacos labrados, así como del monto de la recaudación federal participable para