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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 20

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
]
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (14:00)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Senadores con aviso de inasistencia: Aceves del Olmo Carlos (inasistencia justificada), Berganza Escorza Francisco (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Jiménez Rumbo David (inasistencia justificada), Lobato Campos José Luis (inasistencia justificada), Ybarra de la Garza Rosario (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Alonso Díaz Caneja Angel, Green Macías Rosario.

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se encuentran presentes 120 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con treinta y cinco minutos del día jueves veintinueve de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento veintitrés ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio con el que remite ejemplares del Diario Oficial de la Federación que contienen la resolución emitida en el procedimiento de investigación por violaciones graves a las garantías individuales 3/2006, relativo al “Caso Atenco”, concluido el 12 de febrero de 2009.- Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Justicia.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, a realizarse el sábado 7 de noviembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Héctor Miguel Bautista López.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, Informe y el Acta de la reunión de la Junta Directiva de dicho Parlamento, celebrada el 4 y 5 de septiembre del año en curso, en Panamá.- Quedó de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Colima y de Jalisco para que tomen las medidas pertinentes para preservar el orden público y la paz social en las zonas limítrofes de esos estados.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NÚÑEZ JIMENEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a rendir un informe sobre las acciones que realizan en relación a la escasez de agua y los recortes al suministro del vital líquido en el Distrito Federal y el Estado de México.- A discusión, intervino el Senador Rubén Fernando Velázquez López. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe en relación a la situación actual que guardan las presas en nuestro país en cuanto a capacidad útil, grados de azolve, zona de riego, presurización, entre otras.- A discusión, intervino el Senador Antonio Mejía Haro, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para fundamentar el dictamen. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los proyectos de las presas “El Zapotillo” y “Arcediano” que se pretenden construir en el Estado de Jalisco.- A discusión, intervinieron los Senadores Claudia Corichi García, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue desechada; Eduardo Nava Bolaños; Ángel Aguirre Rivero y Carmen Guadalupe Fonz Saenz, quienes presentaron propuesta de adición, la cual se admitió a discusión por 53 votos en pro, 44 en contra; Antonio Mejía Haro; Blanca Judith Díaz Delgado; María Serrano Serrano; Felipe González González; y Jesús Garibay García. Se aprobó el Acuerdo adicionado en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo por el que queda sin materia el punto de Acuerdo para realizar y coordinar en México una Conferencia Internacional con el tema de la preservación del agua.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con punto de Acuerdo en torno a la autorización de construcción en la Reserva de la Biosfera Celestún.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa conproyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o-B de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de los Senadores Tomás Torres Mercado y Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar una fracción adicional en la asignación presupuestal de la Universidad Autónoma Chapingo, específicamente al Centro para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Chapingo, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2010.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Carlos Jiménez Macías y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita una mayor asignación presupuestal para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, para el ejercicio fiscal 2010.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Mario López Valdez y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2010 no exista una disminución de los recursos financieros para Programa de Subsidios a la Prima del Seguro Agropecuario.- Se turnó ala Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, recursos suficientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, que le asegure viabilidad financiera y garantice sus funciones sustantivas.- Se turnó ala Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez, Jesús Garibay García, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Claudia Corichi García y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo para inscribir en el recinto del Senado de la República la frase “Por mi raza hablará el espíritu” como un homenaje permanente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de México.- Se turnó ala Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a responder a los señalamientos respecto al uso de recursos públicos y a los legisladores federales a aclarar su participación en dichos actos.- Se turnó ala Comisión de Federalismo.

(Excitativas)

Se recibió de la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 81 y 271 de la Ley General de Salud.- La Presidencia emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión ordinaria el próximo viernes treinta de octubre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, han hecho llegar a esta Mesa Directiva un dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de La Federación el 1 de abril de 1995.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de octubre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 20 de octubre del 2009, la Colegisladora aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

2. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANALISIS DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa corresponde a la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, el día 8 de septiembre de 2009. Ahora bien, resulta importante comentar que dicha Minuta presenta modificación a cinco ordenamientos, en los cuales se plantean diversas propuestas de reforma tendientes a hacer frente al complejo entorno económico que se vive en nuestro país.

A efecto de que el análisis de la Minuta de referencia resulte de fácil comprensión, se desglosan a continuación, por materia, las principales medidas aprobadas por la Colegisladora.

A. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Entre los principales temas que se plantean dentro de este apartado, se encuentran los siguientes:

1. Ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales

La Minuta en análisis prevé ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 las tasas marginales de los últimos cinco tramos de la tarifa del impuesto sobre la renta (ISR) para las personas físicas, a fin de ubicar la tasa marginal máxima en 30 por ciento, por lo que tal ajuste no impactará la carga fiscal de las personas físicas que obtienen ingresos hasta por 6,663 pesos mensuales, equivalentes a 4 salarios mínimos; y tendrá un impacto moderado en la carga fiscal de las personas físicas con mayores ingresos, para quienes su ingreso disponible se reduce sólo entre 0.16 y 2.67 por ciento.

Asimismo, prevé para el ejercicio fiscal de 2013 que las tasas marginales que se incrementen se disminuyan proporcionalmente en 3.33 por ciento respecto a las vigentes en 2012, quedando la tasa máxima en 29 por ciento y que a partir del ejercicio fiscal de 2014, las tasas marginales regresen a su nivel actual, ubicando la marginal máxima en 28 por ciento.

De igual forma, el documento que se dictamina incrementa la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y la aplicación de la tasa del 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar al 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014.

En adición a lo anterior, la Minuta enviada por la Colegisladora ajusta durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de reducción de la tasa de este impuesto aplicable a los contribuyentes del sector primario, a fin de que la tasa para ese sector aumente de 19 a 21 por ciento y dicho nivel de gravamen se mantenga a partir de 2014, con lo cual se permitirá que este grupo de contribuyentes continúe beneficiándose de un subsidio de 25 por ciento en la tasa del ISR, dado que la tasa general será de 28 por ciento.

2. Nuevo esquema de intereses

Sobre este tema la Colegisladora coincide con los argumentos expuestos por el Ejecutivo Federal respecto a la necesidad de reformar el actual esquema de intereses, pero estima conveniente modificar el referido esquema bajo las consideraciones siguientes:

• En relación con el régimen fiscal aplicable a las sociedades de inversión de capitales, la Minuta establece que el momento de acumulación de la ganancia por la enajenación de acciones, de los intereses y del ajuste anual por inflación, es aquél en el que las sociedades antes señaladas distribuyan dividendos a sus accionistas.

• Asimismo, considerando la forma de operar de las instituciones del sistema financiero, la Colegisladora ajustó la propuesta contenida en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que la retención se lleve a cabo al día siguiente del último día del mes de calendario en el que se efectuó el cálculo del impuesto a retener, enterando dicho impuesto a los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se realiza la retención.

• De manera adicional, la Minuta prevé que cuando se realice el traspaso de activos financieros, la institución integrante del sistema financiero que efectúe este traspaso deba informar el impuesto pendiente de retención del contribuyente a la institución receptora de dichos activos. Lo anterior, ya que se podrá realizar un traspaso de activos financieros, pese a que el contribuyente tenga un impuesto pendiente de retención, siempre que exista la responsabilidad solidaria tanto de la institución que realiza el traspaso como de aquella institución receptora de los activos financieros.

• Por otra parte, mediante la Minuta se modifica el esquema de intereses por considerarse que se debe garantizar el pago del impuesto en el caso de que el contribuyente efectúe retiros durante el mes que impidan la retención del mismo, por lo que se plantea que dicha retención se debe realizar de manera inmediata antes de que no existan fondos suficientes para cubrirla.

• En adición a lo anterior, la Minuta en estudio incorpora algunos conceptos en la definición de cuentas y activos financieros, con el propósito de hacer explícito que, entre otros, la subcuenta de aportaciones voluntarias forma parte de la definición de cuenta a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como considerar que los planes personales de retiro son activos financieros para efectos fiscales.

• Respecto a la mecánica para el cálculo de los intereses reales devengados a favor de los contribuyentes a través de las instituciones que componen el sistema financiero, la Colegisladora estimó necesario precisar que en los saldos de las cuentas y de los activos financieros ya se encuentran incluidos los intereses devengados no cobrados por el contribuyente.

• Asimismo, la Minuta sujeta a dictamen precisa que en el caso de nuevas inversiones se entenderá como saldo inicial el monto del primer depósito en la cuenta o activo financiero, en lugar de tomar como saldo inicial el saldo final del mes inmediato anterior, toda vez que este último no existe.

• Por otra parte, la Colegisladora consideró conveniente que sólo se deban disminuir del saldo final aquellas comisiones provenientes de cuentas o activos financieros que generen intereses gravados para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• La Minuta en análisis precisa que el tipo de cambio que se debe utilizar en el caso de operaciones realizadas con moneda extranjera, es aquél que se emplea para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Además, establece que si no se publica dicho tipo de cambio, se deberá utilizar el último tipo de cambio publicado con anterioridad al segundo día hábil a aquél en el que se calculen los saldos inicial y final, o bien, se efectúen depósitos, retiros o se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o activos financieros, según sea el caso.

• Asimismo, en relación a la metodología de actualización del ISR pendiente de retención, la Colegisladora consideró que en el caso del cálculo de la tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios se deben excluir aquellas operaciones realizadas entre instituciones de un mismo grupo financiero y las realizadas con la clientela, tal y como lo establece el Banco de México.

• La Minuta enviada por la Colegisladora establece como obligación para las instituciones que componen el sistema financiero de presentar al Servicio de Administración Tributaria la información relativa al monto de los intereses devengados, el impuesto pendiente de retención o, en su caso, el monto del crédito fiscal que se hubiese generado, así como el impuesto retenido, en las cuentas o activos financieros de los contribuyentes.

En este mismo sentido, el documento en revisión establece como obligación para las autoridades fiscales la de proveer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información presentada.

• Por otra parte, la Colegisladora consideró conveniente precisar que las personas que llevan a cabo la distribución de las acciones de sociedades de inversión de renta variable son las que deberán informar a los accionistas personas físicas, sobre el monto de los dividendos brutos acumulables y el ISR acreditable por dichos dividendos, en lugar de que la citada información sea proporcionada por las mencionadas sociedades de inversión, ya que tales sociedades no conocen a sus accionistas, sino que la identificación de éstos se da por las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de dichas sociedades.

• En relación a la mecánica propuesta por el Ejecutivo Federal respecto a la retención que se realiza a los ingresos por intereses provenientes de sociedades de inversión, la Colegisladora no coincidió con la misma y estimó necesario que dicho procedimiento se establezca a partir de la mecánica general que se señala en la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar el monto de los intereses reales devengados y que sean las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión las que determinen el impuesto o crédito fiscal de manera diaria por acción.

• Asimismo, la Minuta en estudio excluye del cálculo para determinar el monto de los intereses reales provenientes de sociedades de inversión a los residentes en el extranjero, estableciendo para estos últimos un procedimiento específico por los ingresos por intereses que perciban a través de sociedades de inversión, puesto que los intereses para los residentes en el extranjero deben gravarse cuando se perciban y en términos nominales.

• La Minuta sujeta a dictamen incluye a las personas morales con fines no lucrativos en el procedimiento establecido en materia de la determinación de la ganancia por enajenación de acciones y por la variación en la valuación de dichas acciones, a través de sociedades de inversión.

• De manera adicional, el documento enviado por la Colegisladora elimina la obligación de las sociedades de inversión de informar a sus accionistas el monto de los ingresos que les correspondan por la ganancia obtenida en la enajenación de acciones, así como por la variación en la valuación de las mismas, estableciendo que la obligación de presentar la información será para las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión.

• Asimismo, la Colegisladora estableció en la Minuta que se dictamina que las personas que llevan a cabo la distribución de las acciones de las sociedades de inversión, estarán obligadas a informar anualmente, tanto a los accionistas de dichas sociedades como al Servicio de Administración Tributaria, las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones, la variación en la valuación de la cartera accionaria de las sociedades, el monto de los dividendos brutos acumulables y el ISR acreditable, así como cualquier otro tipo de ingreso proveniente de las citadas sociedades.

• En la Minuta en estudio se establece que no se deben considerar como retiros, los recursos de la subcuenta de aportaciones voluntarias, así como de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando éstos sirvan en su totalidad para pagar el ISR por los intereses reales positivos devengados a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Adicionalmente, mediante el documento sujeto a dictamen se aclara que los ingresos por intereses para las personas físicas son aquellos intereses reales positivos devengados a su favor a través de las instituciones que componen el sistema financiero, debiendo tales instituciones por dichos ingresos realizar una retención que tiene el carácter de pago definitivo del impuesto.

• Por otra parte, la Colegisladora estimó que el crédito fiscal que obtengan los contribuyentes derivados de los intereses reales negativos devengados debe poder aplicarse no sólo contra las retenciones futuras del ISR por los intereses que perciban a través de la institución integrante del sistema financiero en la que se haya originado el citado crédito, sino que éste debe poder acreditarse con cualquier otra institución integrante del sistema financiero, en el caso de que el contribuyente cancele, enajene totalmente o traspase totalmente sus cuentas o activos financieros.

Lo anterior, siempre y cuando la institución que determine el crédito fiscal entregue constancia del monto del crédito pendiente de aplicar a la institución receptora de dicho crédito.

• En relación al procedimiento relativo a la retención que deben realizar las sociedades que no forman parte del sistema financiero cuando los contribuyentes personas físicas obtienen intereses reales positivos devengados a través de dichas sociedades, la Colegisladora consideró adecuado el que el contribuyente, persona física, realice su declaración mensual por los ingresos por intereses reales positivos devengados a través de este tipo de sociedades o de títulos que no se coloquen en bolsa de valores reconocida.

• Considerando que los contribuyentes no tienen certeza de que podrán efectivamente cobrar los intereses provenientes de créditos o títulos valor, mediante la Minuta sujeta a dictamen se establece que en el caso de que se presente este supuesto, el contribuyente podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o títulos. Para tales efectos, la Colegisladora previó el considerar como incobrables los créditos que se ubiquen en los casos establecidos como tales en el artículo 31, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• En relación a los intereses a favor de los contribuyentes personas físicas que se consideren otros ingresos, la Colegisladora homologó la mecánica para el cálculo de los intereses, independientemente de dónde provengan éstos o de quién los pague.

En ese sentido, en el caso de intereses considerados como otros ingresos, la Minuta que se dictamina prevé que se debe aplicar la mecánica que establece el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar el monto de los intereses reales devengados, los cuales se consideran ingresos en el caso de que sean positivos, por lo que deberán ser declarados mensualmente por parte del contribuyente, pagando el impuesto correspondiente. Asimismo, se establece que el impuesto a cargo tendrá el carácter de pago definitivo.

Conforme con la mecánica antes señalada, la Minuta establece que contra el impuesto mensual por los ingresos por intereses reales positivos devengados considerados como otros ingresos, los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal en sus declaraciones futuras. Este crédito fiscal es el que se deriva de los intereses reales negativos devengados considerados como otros ingresos.

• Ahora bien, tomando en consideración que los contribuyentes no tienen certeza de que efectivamente podrán cobrar los intereses provenientes de créditos o préstamos, en la Minuta se establece que de presentarse tal supuesto, el contribuyente podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o préstamos. Para tales efectos, la Colegisladora estimó conveniente que se consideren como incobrables aquellos casos establecidos como tales en el artículo 31, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Por otra parte, la Colegisladora adicionó un artículo 195-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer el procedimiento para determinar la ganancia de los residentes en el extranjero por la enajenación de acciones provenientes de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, previendo, para tal efecto, que la ganancia antes señalada será el resultado de la diferencia entre el precio de venta de las acciones y su costo promedio ponderado, en la parte que corresponde a instrumentos gravados para los residentes en el extranjero.

Adicionalmente, la Minuta en estudio establece que la ganancia por la enajenación de acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de sociedades de inversión de renta variable se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 195-A adicionado a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

• La Minuta prevé que la declaración informativa, prevista en el artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, sea presentada al Servicio de Administración Tributaria por las instituciones que componen el sistema financiero de manera anual y no semestral.

De igual manera, la Colegisladora estimó pertinente aclarar que la declaración informativa que se contiene en el artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2011 deberá presentarse a más tardar el 15 de febrero de 2012.

3. Régimen de consolidación fiscal

La Colegisladora consideró que con el régimen de consolidación fiscal establecido en la Minuta en estudio se busca acabar con el diferimiento excesivo del impuesto a pagar, determinando tiempos concretos de pago, sin generar cargas administrativas adicionales a los contribuyentes.

Adicionalmente, la Colegisladora consideró que los cambios sustanciales al régimen de referencia no vulneran la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los contribuyentes que hubieren obtenido autorización para tributar de manera consolidada con anterioridad a que las modificaciones legales propuestas entrarán en vigor, en atención a lo siguiente:

• En ningún momento se vulneran derechos adquiridos por parte de los contribuyentes sujetos al régimen de consolidación fiscal, ya que por el contrario con la reforma se confirma la naturaleza del régimen de consolidación como un régimen de diferimiento del ISR. Esto es así, puesto que con la reforma propuesta no se modifican situaciones acontecidas con anterioridad a ésta, sino que, únicamente se establecen fechas y límites concretos para su pago.

• La reforma va dirigida a hacer exigible el pago de un impuesto, que de ninguna forma se puede pensar que modifica algún derecho adquirido de los contribuyentes al respecto.

• Asimismo, coincide con lo expresado en la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, en el sentido de que los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos sobre la forma de tributar año con año, pues ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el legislador tiene, reconocida constitucionalmente, la facultad de modificar la forma de tributar, tal y como se indica en el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 68/2004, que se cita en la Iniciativa de referencia.

• Al ser voluntaria la permanencia en el régimen, una vez transcurrido el periodo obligatorio en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos respecto de las condiciones y requisitos para consolidar sus resultados fiscales, puesto que son ellos mismos quienes deciden permanecer en un régimen sobre el cual el legislador puede realizar modificaciones, contando con la total libertad de dejar de tributar de esta manera y hacerlo conforme al régimen general. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 95/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001.

Así, se establece que con la reforma de referencia, no podrían verse afectados los supuestos derechos adquiridos de las empresas que se encontraran tributando con anterioridad bajo el régimen de consolidación fiscal, en virtud de que la permanencia de dichas empresas en el régimen de consolidación fiscal es voluntaria y, por tanto, una vez superado el periodo obligatorio de cinco años, las personas morales pueden dejar de consolidar sus resultados fiscales cuando así lo deseen.

Como consideración adicional, la Colegisladora coincidió con lo señalado en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el sentido de que las empresas que optaron por el régimen de consolidación fiscal debían informar como parte de los anexos del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, las cantidades que por concepto del ISR diferido está pendiente de pago, obligación que surgió a partir del año 2004 y cuya constitucionalidad fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1257/2005.

Por otra parte, la Colegisladora estimó conveniente modificar la propuesta contenida en Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, conforme a lo siguiente:

• En relación al esquema de pago fraccionado propuesto, la Minuta prevé que el pago inicial del impuesto diferido sea más accesible para las empresas y éstas cuenten con un horizonte de pagos que preserve el periodo para el pago del impuesto diferido de diez años. De esta manera, el esquema de pagos fraccionados que propone la Colegisladora quedó, ejemplificadamente, de la forma siguiente:

Esquema de pago del impuesto diferido

Ejercicio fiscal al que corresponde el impuesto diferido:

Fracción del pago

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2004 y anteriores

40%

15%

15%

15%

15%

     

2005

0

40%

15%

15%

15%

15%

   

2006

0

0

40%

15%

15%

15%

15%

 

2007

0

0

0

40%

15%

15%

15%

15%

Dicha mecánica conforme lo señaló la Colegisladora no implica cancelar la consolidación fiscal y sus efectos positivos en la inversión y la generación de empleos, ya que aquellas empresas que conforman un grupo consolidado fiscalmente y recuperan sus pérdidas y reinvierten sus utilidades dentro de un periodo razonable, y sobre todo durante los primeros años de su operación, no se verán afectadas por este esquema de pago fraccionado.

• En relación a la obligación de la sociedad controladora de presentar el aviso para desconsolidar ante el Servicio de Administración Tributaria, la Colegisladora estimó que dicha presentación no debe quedar sujeta a reglas de carácter general que emita el referido órgano desconcentrado y que quede claro el carácter opcional del régimen de consolidación fiscal.

Así, debido a que la autoridad administrativa requiere contar con la información actualizada de los contribuyentes que decidan abandonar el régimen, en la Minuta sujeta a dictamen se establece la obligatoriedad de presentar un aviso y que en la Ley quede claramente señalada la información que deberán presentar los contribuyentes conjuntamente con el mismo, eliminando cualquier posibilidad de que la salida del régimen sea discrecional de la autoridad administrativa.

• Por otra parte, la Colegisladora incorporó a la Minuta en estudio la mecánica para el pago del ISR diferido el procedimiento que deberá seguirse para el caso de que se dé una reversión de las pérdidas de una sociedad controladora, con el fin de que los contribuyentes tengan la certeza jurídica de no duplicar el pago del impuesto diferido por este concepto.

• Con la finalidad de evitar una duplicidad en el desarrollo de la mecánica para el reconocimiento en la reversión de las pérdidas, a través de la Minuta en estudio la Colegisladora eliminó el tercer párrafo de la fracción II del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, propuesto por el Ejecutivo Federal.

Por lo que se refiere a la sanción a que deberá hacerse acreedora la sociedad controladora en caso de que no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Colegisladora no consideró procedente la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal por estimar que haría nugatorio el carácter opcional y de beneficio del régimen, pues de manera involuntaria los contribuyentes sujetos a dicho régimen dejarían de serlo debido al incumplimiento en el pago del impuesto diferido.

En ese sentido, la Minuta establece que las sociedades controladoras se harán acreedoras al pago de recargos y a las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación en materia de omisión de contribuciones, y el Servicio de Administración Tributaria determinará el impuesto omitido que deberá pagar el contribuyente.

• Para dar transparencia al pago del ISR diferido, la Minuta en estudio precisa que su determinación se hará en forma separada y autónoma de cualquier resultado o pérdida fiscal consolidada de la controladora.

• De manera adicional, respecto a la mecánica para el cálculo del ISR diferido, a fin de evitar interpretaciones incorrectas, la Colegisladora estimó necesario precisar los alcances de la fracción VII del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, a fin de señalar que el procedimiento descrito por dicha fracción únicamente resulta aplicable a aquellas sociedades controladoras que hubieran optado por aplicar el procedimiento previsto por la fracción VIII del mismo artículo.

• Adicionalmente, la Minuta sujeta a dictamen prevé que dentro del ISR diferido se contemple a los dividendos contables, ya que si bien se beneficiaban los flujos de efectivo por el pago o la distribución de dividendos o utilidades contables, también en virtud de ello se originaba un ISR pendiente de pago que se difería hasta que ocurriera la enajenación de la totalidad o parte de las acciones de las sociedad controlada que los pagó, disminuya la participación accionaria de la misma o la desincorporación de la sociedad controlada que los pagó o se desconsolidara el grupo.

• La Colegisladora observó que las expectativas de recaudación que tiene contemplado el Ejecutivo Federal para el 2010 y ejercicios posteriores no rebasan los 30 mil millones de pesos, por lo que incluir el ISR diferido de los citados dividendos reflejaría una recaudación muy superior a dicha estimación.

De esta forma, la Minuta enviada por la Colegisladora concede el beneficio de no pagar el ISR diferido de los dividendos o utilidades en efectivo o en bienes, pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999, que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, sino hasta que el grupo se desconsolide.

• A fin de evitar interpretaciones inadecuadas la Minuta prevé en las disposiciones transitorias que para la reversión de pérdidas a que se refiere el numeral 1, fracción VIII del artículo cuarto del Decreto cuya emisión se plantea, relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de la fracción I del artículo 71-A de la referida Ley, se establezca que no se incorporaran las pérdidas ocurridas con anterioridad al 1 de enero de 1999.

• Asimismo, la Colegisladora consideró necesario corregir la inconsistencia que se deriva del cálculo de la utilidad por la comparación de las cuentas de utilidad fiscal neta de las controladas y de la controladora contra la consolidada, ya que de conformidad con dicho cálculo, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada deberá llevarse a cero. Por lo anterior, la Minuta en análisis prevé llevar a cero la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, no la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.

Registros contables

En relación con este tema, la Minuta que se dictamina establece como obligación para la sociedad controladora llevar, por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad, determinados registros; así como establecer como una medida de control la incorporación de la obligación de que en el dictamen fiscal de estados financieros correspondiente el contador público registrado revise y emita opinión respecto de la determinación del impuesto diferido; precisando que dicha revisión y emisión realizada por el contador público se deberá realizar de acuerdo con las pruebas selectivas que lleve a cabo en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, con lo cual se brinda mayor seguridad jurídica al contribuyente.

Dividendos o utilidades contables

Respecto a este rubro, la Colegisladora coincidió con la reforma planteada por el Ejecutivo Federal en su Iniciativa, pero estimó conveniente que los dividendos o utilidades contables respecto de los cuales se haya pagado el ISR en el sexto ejercicio fiscal deben sumarse en la determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se determine de conformidad con los artículos 69 y 88 de la Ley de referencia, y no quede limitado al registro correspondiente, lo que dará como resultado natural que se integre al citado registro, debido a la mecánica establecida en dicha Ley.

4. Donatarias autorizadas

La Colegisladora consideró conveniente el homogeneizar el marco tributario actual en cuanto a las obligaciones que deben cumplir las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR.

En tal sentido, la Minuta que se dictamina establece que lo dispuesto en los artículos 93, 95, 97 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resultará aplicable a aquellos fideicomisos autorizados para recibir donativos del ISR.

Por otro lado, la Colegisladora precisó en la Minuta en análisis que en lugar de señalar como ingresos que no se consideran derivados de actividades distintas a los fines para los que las personas morales y fideicomisos con fines no lucrativos no fueron autorizados, a los obtenidos por arrendamiento, se refiera a ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Ello, en virtud de que este término es más preciso y la legislación fiscal en esta materia se refiere al uso o goce temporal de bienes inmuebles.

Asimismo, la Minuta sujeta a dictamen establece que las modificaciones al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta entren en vigor el 1 de mayo de 2010, con la finalidad de que las donatarias tengan oportunidad de planear adecuadamente las actividades por las que reciben ingresos a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en dicho precepto y no afectar su operación.

Por otra parte, respecto a la propuesta del párrafo segundo del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que incorpora a las personas morales autorizadas para recibir donativos para la determinación del remanente distribuible ficto; la Colegisladora puntualizó que si bien todas las personas morales referidas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deben ser consideradas como personas morales con fines no lucrativos, también resulta necesario tomar en cuenta que ello no es óbice para que, partiendo de un análisis a los fines, objetivos y actividades de las mismas, concluya la necesidad de efectuar categorías de contribuyentes, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. Enajenación de casa habitación

La Minuta sujeta a dictamen establece que la exención por la enajenación de casa habitación será aplicable siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera obtenido la exención referida y hasta por el límite que actualmente establece la Ley de una cantidad que no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Asimismo, la Minuta enviada por la Colegisladora prevé como obligación de los fedatarios públicos el informar al Servicio de Administración Tributaria de las enajenaciones de casa habitación que se protocolicen ante ellos, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido, así como que el enajenante deba manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha enajenado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación un inmueble que sea su casa habitación por la que hubiera gozado de la exención y que, además, el fedatario público ante quien se formalice la operación deba consultar al Servicio de Administración Tributaria, a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado, si el contribuyente no ha obtenido el beneficio fiscal en el mencionado periodo.

6. Exención de retiros efectuados por situación de desempleo

Sobre este punto, la Minuta enviada por la Colegisladora considera como ingreso exento del ISR a los retiros que se realicen por concepto de desempleo que provengan de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez depositados en la cuenta individual abierta en términos de la Ley del Seguro Social, con lo se permitirá que el beneficio obtenido por los retiros efectuados de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, por situación de desempleo se destine de manera total a favor de la economía familiar.

7. Planes provisionales de retiro y aportaciones complementarias de retiro

La Colegisladora estableció que los ingresos obtenidos de planes personales de retiro, así como de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, se consideren ingresos acumulables para el contribuyente cuando éste hubiese deducido las aportaciones a dichos vehículos de ahorro. En este caso, el ingreso acumulable corresponderá a las aportaciones actualizadas que se hubiesen efectuado.

Adicionalmente, la Minuta sujeta a dictamen determina que no existen retiros en los planes personales de retiro o en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, cuando se realicen traspasos totales de dichos planes o subcuentas a otra institución financiera autorizada para la administración de estos vehículos de ahorro, así como establecer que la institución cedente deberá proporcionar constancia a la receptora, respecto del ISR, con el fin de evitar omisiones o información errónea por parte de la institución cedente.

Asimismo, el documento en análisis establece que no se perciben ingresos de los vehículos de ahorro de referencia, cuando se efectúen retiros para cubrir la totalidad del ISR por intereses reales positivos devengados.

Por otro lado, la Colegisladora consideró adecuado eliminar la deducción que las personas físicas realizan por sus aportaciones a la subcuenta de aportaciones voluntarias.

Para facilitar la deducción y operatividad de los vehículos de ahorro para el retiro, la Minuta en estudio establece únicamente como monto de referencia máximo deducible el equivalente a cinco salarios mínimos generales elevados al año, eliminando la referencia al porcentaje de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio.

Adicionalmente, la Minuta enviada por esa Colegisladora establece que no será deducible la proporción de las aportaciones mensuales a los planes personales de retiro o a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando dichos vehículos de ahorro inviertan en instrumentos financieros que se encuentren exentos para las personas físicas. En virtud de que no se puede otorgar una deducción a un ingreso exento, ya que se estaría dando una doble ventaja, puesto que por una parte se deducirían las aportaciones y, por la otra, los ingresos que se obtengan no se considerarían acumulables para el contribuyente.

Finalmente, la Minuta que se analiza prevé que toda vez que las aportaciones voluntarias gozan de un beneficio fiscal, como es la deducción de impuestos, hasta el 31 de diciembre de 2009, entonces las aportaciones que se hubieren deducido deberán acumularse en el momento en el que se perciban, con el objeto de mantener la simetría fiscal.

B. LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

Los principales rubros sobre los que versan las modificaciones que, para la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se plantean en la Minuta enviada por la Colegisladora se encuentran:

1. Tasa y monto de los depósitos exentos

La Minuta en análisis propone reducir el umbral de 25 mil pesos a 15 mil pesos mensuales, por el cual estarán exentas del pago del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas; así como de incrementar del 2 al 3 por ciento la tasa de dicho impuesto.

2. Exención para depósitos para pagar adeudos

La Minuta que se dictamina prevé la exención por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones. Cabe precisar, que esta exención no aplica tratándose de las personas morales ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, en virtud de que se trata de contribuyentes que no se verán afectados porque de conformidad con las diversas leyes fiscales se encuentran obligados a presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de impuestos contra los cuales pueden acreditar o compensar el IDE de manera inmediata.

El documento sujeto a dictamen establece que esta medida entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010, a fin de permitir que tanto los contribuyentes como las instituciones del sistema financiero puedan aplicarla adecuadamente.

3. Procedimiento para el cobro del IDE pendiente de recaudar

En la Minuta en análisis se establece que cuando exista un saldo de IDE pendiente de recaudar las autoridades fiscales primero notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Asimismo, la Minuta enviada por la Colegisladora prevé que si el plazo antes mencionado transcurre sin que el contribuyente logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo o no haya ejercido el referido derecho, las autoridades procederán a la determinación del crédito fiscal correspondiente, así como al posterior requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos correspondientes desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

4. Conceptos de persona moral y sistema financiero

La Minuta enviada por la Colegisladora propone adecuar los conceptos de “persona moral” y “sistema financiero” contenidos en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, toda vez que con las reformas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y otras entidades de ahorro y crédito popular, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, resulta innecesario aludir en forma particular a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, siendo suficiente referir al ordenamiento legal que las contempla.

Asimismo, la citada Minuta propone incluir a las Sociedades Financieras Comunitarias y a los Organismos de Integración Financiera Rural, como sujetos recaudadores del IDE, a fin de dar un trato equitativo entre éstas y las Sociedades Financieras Populares, habida cuenta de que todas ellas están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y pueden realizar básicamente las mismas operaciones.

De igual forma, por cuestiones de equidad para efectos del IDE, la Colegisladora propuso en la Minuta sujeta a dictamen regular, mediante disposición transitoria, a las sociedades en proceso de obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

C. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Minuta enviada por la Colegisladora, contiene diversas modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que a continuación se mencionan:

1. Intereses

En la Minuta enviada por la Colegisladora se especifica que no será aplicable la exención por la prestación de los servicios por los que deriven los intereses a que se refiere el artículo 15, fracción X, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tratándose de créditos otorgados a contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes que hubieran optado por pagar el impuesto mediante la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de dicho ordenamiento, y que sólo podrán aplicar la exención de mérito las personas que se ubiquen en los supuestos señalados en el citado precepto, que se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Se propone establecer que esta medida entre en vigor el 1 de julio de 2010.

Asimismo, la Minuta prevé que para los efectos del precepto de referencia las personas físicas a que el mismo se refiere deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en el registro de mérito y que no son contribuyentes que optaron por pagar el impuesto al valor agregado (IVA) en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

2. Comprobantes Fiscales

Acorde con el nuevo esquema de comprobación fiscal que se plantea en el apartado de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, en la Minuta de la Colegisladora se elimina la obligación de que los comprobantes fiscales se impriman en establecimientos autorizados, para tal efecto, por el Servicio de Administración Tributaria. En este caso se propone establecer que esta medida entre en vigor el 1 de enero de 2011, al igual que el referido nuevo esquema de comprobantes fiscales.

3. Otras Medidas

En la Minuta enviada por la Colegisladora, se incrementa en un punto porcentual la tasa general del IVA; de esta forma, la tasa general pasaría del 15 al 16 por ciento y la tasa que se aplica en la región fronteriza se ubicaría en 11 por ciento en lugar del 10 por ciento vigente.

Con motivo de lo anterior, en la Minuta se realizan ajustes a diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objeto de modificar las tasas mencionadas y adecuar las referencias a las mismas y a los factores que deben aplicarse para identificar el impuesto cuando se recupera el adeudo de documentos pendientes de cobro.

En virtud de que las operaciones celebradas en 2009, que se paguen en 2010 quedarían afectas a una nueva tasa, en la Minuta se prevé que tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios se podrá calcular el IVA aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad al 1 de enero de 2010, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de dicha fecha y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a la misma, especificándose que esto no aplicará en operaciones entre partes relacionadas, sean o no residentes en México, y que en el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, el referido beneficio se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del IVA conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes del 1 de enero de 2010 y las contraprestaciones se paguen dentro de los diez días señalados.

D. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Los principales rubros sobre los que versan las modificaciones que para el Código Fiscal de la Federación se plantean en la Minuta sujeta a dictamen se encuentran:

1. Ejercicio de las facultades de comprobación

La Minuta sujeta a dictamen prevé dejar sin efectos las declaraciones complementarias presentadas por los contribuyentes, una vez iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se está revisando.

2. Comprobantes fiscales

En la Minuta enviada por la Colegisladora se modifican diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el fin de fortalecer y eficientar los esquemas de comprobación fiscal actuales y disminuir la evasión fiscal al evitar la falsificación y comercialización indebida de comprobantes fiscales en papel.

La Colegisladora estimó que con el nuevo esquema de comprobantes fiscales que se propone, se van a poder utilizar de forma simultánea tres esquemas de comprobación: (i) los comprobantes fiscales digitales a través de Internet; (ii) los comprobantes en papel que tengan adherido un dispositivo de seguridad, y (iii) los estados de cuenta como tercer medio de comprobación sin documentos adicionales para su validez, ampliando la utilización de este último para las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y/o por las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos.

Por otro lado, la Colegisladora estimó adecuado establecer que el Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, asignación de folios, e incorporación del sello digital, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de carácter general que para ese efecto emita dicho órgano desconcentrado.

Asimismo, la Minuta en estudio contempla el que el Servicio de Administración Tributaria pueda proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados para que efectúen la validación, asignación de folios, e incorporación del sello digital.

De la misma forma, en la Minuta enviada por la Colegisladora se establece como infracción el no enviar el comprobante fiscal digital para su validación, con lo cual se logrará asegurar el cumplimiento de dicha obligación y, en ese sentido, cumplir el fin de tener los datos de las operaciones realizadas por los contribuyentes.

Por otra parte, la Minuta en revisión prevé que los comprobantes fiscales en papel se utilicen en operaciones de hasta por un importe de dos mil pesos y sean de libre impresión con la adición de un dispositivo de seguridad para otorgarle autenticidad y validez, dispositivo de seguridad que emitirá un proveedor autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, mismo que debe cumplir con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general, y también señala que si los dispositivos de seguridad no se utilizan en un plazo de dos años se deberán destruir e informar de dicha situación al Servicio de Administración Tributaria.

De igual manera, el documento enviado por la Colegisladora establece como infracción, con su sanción correspondiente, la omisión de proporcionar a la autoridad fiscal la información que corresponda a los comprobantes emitidos con dispositivo de seguridad, el que el proveedor de los dispositivos de seguridad no proporcione a la autoridad fiscal la información referente a los dispositivos de seguridad emitidos y el que el contribuyente no destruya o avise sobre la destrucción de dichos dispositivos.

Asimismo, la Minuta en análisis incluye la modificación de varios preceptos del Código Fiscal de la Federación en materia de infracciones relacionadas con el esquema de comprobación establecido en la misma.

La Minuta prevé, como parte del nuevo esquema de comprobación fiscal, la obligación para los contribuyentes que deduzcan o acrediten un comprobante fiscal de verificar su autenticidad en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y de que no opere el secreto fiscal en estos casos.

Por otro lado, la Colegisladora estimó conveniente adecuar el tipo penal para quienes falsifiquen, tengan en su poder, reproduzcan, etc. dispositivos de seguridad, o bien, para quienes falsifiquen, ostenten como propia, guarden o almacenen información de los contribuyentes contenida en los comprobantes fiscales digitales.

La Minuta que se dictamina establece que las disposiciones del nuevo esquema de comprobantes fiscales digitales previsto en la misma, entren en vigor el 1 de enero de 2011.

Asimismo, la Minuta establece que los comprobantes fiscales impresos por terceros autorizados vigentes, y que reúnan los requisitos del Código de Fiscal de la Federación, puedan seguir siendo utilizados hasta agotar su vigencia.

Por otra parte, a efecto de dar seguridad jurídica a los contribuyentes respecto de la forma en la cual van a comprobar sus erogaciones, se señala que a través de reglas de carácter general, las autoridades fiscales podrán establecer facilidades administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los contribuyentes se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos de las disposiciones fiscales aplicables.

3. Medidas en materia del procedimiento administrativo de ejecución

La Minuta propone adicionar un precepto al Código Fiscal de la Federación, a fin de señalar lo que debe entenderse como entidad financiera, para actualizar y hacer extensiva la referencia que se hace en dicho ordenamiento a las instituciones de crédito, así como contemplar a las instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Asimismo, se propone establecer que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras anteriormente citadas conforme a la naturaleza de su objeto.

Por otra parte, la Minuta prevé que las autoridades fiscales puedan obtener información relacionada con los contribuyentes no sólo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino también de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según corresponda. Asimismo, tratándose de actos de fiscalización, la Minuta contempla establecer la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar directamente a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información contenida en el estado de cuenta del contribuyente para efectos de comprobación.

Otro aspecto que se propone en la Minuta en análisis, es el establecer que en los casos en los que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e imposibiliten con ello que estas últimas puedan decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.

En la Minuta también se propone especificar el alcance del uso de la fuerza pública como medida de apremio, estableciendo que la misma consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades ingresen al domicilio fiscal o al lugar que utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes y de esta manera estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuarlo; así como brindar la seguridad necesaria a los visitadores durante esta diligencia.

Por otra parte, la Colegisladora propone un procedimiento mediante el cual, a partir del tercer requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumpla, las autoridades fiscales estén en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida, precisándose que deberá otorgarse al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento.

Asimismo, la Minuta de referencia señala que el procedimiento mencionado anteriormente sea aplicable también en el caso de incumplimiento en la presentación de declaraciones relacionadas con el entero de contribuciones que tengan el carácter de pago definitivo, como es el caso del IVA, eliminando las referencias que se hacen en el procedimiento legal vigente a los pagos provisionales o del ejercicio, a fin de no limitarlo sólo a cierto tipo de declaraciones.

Adicionalmente, la Minuta precisa que la cantidad determinada por las autoridades fiscales derivada del incumplimiento reiterado de los contribuyentes o responsables solidarios requeridos, tendrá el carácter de crédito fiscal que será susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que se haya notificado el adeudo correspondiente, eliminando el supuesto de la falta de presentación de declaraciones de los casos en los que se otorga al deudor del crédito fiscal la posibilidad de realizar el pago y quedar liberado de la sanción correspondiente, toda vez que ahora se tratará de una obligación derivada de un crédito fiscal determinado a partir del reiterado incumplimiento, por parte del contribuyente, de sus obligaciones fiscales.

La Minuta que se dictamina prevé que los contribuyentes incumplidos que presenten las declaraciones de pago de sus contribuciones no queden liberados del pago del crédito fiscal determinado por el incumplimiento en la presentación de declaraciones, a menos de que presente su declaración antes de que dicho crédito sea notificado, ya que en caso contrario la autoridad podrá hacer efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquél en el que se haya notificado el adeudo.

Por otro lado, con el fin de que los contribuyentes no sufran un impacto o perjuicio económico, la Colegisladora consideró conveniente prever que en el supuesto de que el importe que se deba pagar con la declaración que se omitió presentar sea menor al determinado por las autoridades fiscales, se permita recuperar la cantidad pagada mediante su compensación en declaraciones subsecuentes.

Adicionalmente, la Minuta prevé el incorporar los casos en que el crédito fiscal derive del incumplimiento en la presentación de declaraciones, como supuesto de excepción para cumplir con la obligación de efectuar el pago o garantizar el crédito fiscal hasta en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de aquél en que surta efectos la notificación del crédito.

La Minuta enviada por la Colegisladora propone establecer que el aseguramiento precautorio podrá practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales presuntos haya determinado la autoridad, con lo que no necesariamente será asegurada la totalidad de los bienes del contribuyente, y establecer mecanismos para que en el caso de que el contribuyente considere que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía.

Asimismo, la Colegisladora propone realizar precisiones en materia de embargo precautorio para que éste no se efectúe ni los bienes se inmovilicen sin que antes haya una determinación presuntiva, y sin que se impida u obstaculice la operación del contribuyente, por lo que se plantea precisar que los bienes que sean asegurados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación pueden quedar en poder del propio contribuyente, quien fungirá como depositario de los mismos conforme a la regulación que al respecto prevé el Código Fiscal de la Federación.

En la Minuta que se dictamina se incorporan como bienes susceptibles de ser embargados los seguros de vida con componente de ahorro o inversión o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera, dentro e los cuales no se incluirán los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley que la rige.

Adicionalmente, la Colegisladora estimó adecuado incorporar la obligación de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de inmovilizar no sólo los depósitos bancarios, sino también otras cuentas de inversiones y valores que tuviera el contribuyente y, congruente con ello, la obligación de la autoridad fiscal de notificar al contribuyente sobre dicha inmovilización en los casos en que el crédito no esté firme.

De igual manera, a fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes, la Minuta en dictamen propone precisar el momento en el que los fondos de las cuentas aseguradas podrán ser transferidos al Fisco Federal, para lo cual se plantea establecer que las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán con un plazo de tres días para informar a la autoridad fiscal sobre la transferencia efectuada una vez que los créditos fiscales hayan quedado firmes y se notifique la orden correspondiente a la entidad o sociedad que corresponda.

Finalmente, en este rubro la Minuta precisa los supuestos en que es factible la inmovilización de los fondos, puntualizando que la misma sólo procederá en la medida en que la garantía que hubiera ofrecido el contribuyente no sea suficiente para cubrir la totalidad del crédito.

Asimismo, la Colegisladora especificó el conducto a partir del cual procederá a notificarse el oficio en que se instruya a las entidades financieras y demás obligados que tengan a su cargo el depósito de tales recursos, la inmovilización de los mismos y de que, en caso de que no existan recursos suficientes para hacer frente a la garantía del crédito fiscal, se efectúe la búsqueda de fondos en otras cuentas de la entidad depositaria, a fin de que se inmovilicen los que tuviera el contribuyente hasta lograrse alcanzar garantizar el monto del crédito fiscal.

Por otra parte, la Minuta sujeta a dictamen propone establecer que una ulterior transferencia de recursos derivada de la inmovilización a que se ha hecho mención, sólo proceda en tratándose de créditos fiscales firmes y hasta por el importe necesario para cubrir el crédito y sus accesorios, con lo que, en tanto esto no suceda, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de entre las dispuestas para esos efectos en el artículo 141 del Código Tributario, misma que deberá proponer a la autoridad a fin de que esta dictamine su procedencia.

Igualmente, la Colegisladora establece en la Minuta el procedimiento mediante el cual, tratándose de créditos fiscales firmes, los fondos inmovilizados podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones coinciden con lo planteado por la Colegisladora, en el sentido de que resulta imperante la necesidad de que nuestro país cuente con un sistema tributario más equitativo y simple, que evite la evasión y elusión fiscales, permita incrementar la recaudación mediante instrumentos tributarios flexibles y, además, mejore mediante más y mejores recursos, la distribución del gasto público en áreas prioritarias.

TERCERA. En cuanto a las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en la Minuta, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con las consideraciones en que se basó la Colegisladora para aprobar las modificaciones contenidas en la Minuta en análisis y al respecto se destaca lo siguiente:

1. Ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales

Se considera acertado el ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales en los términos previstos en la Minuta que se dictamina, en virtud que ello permitirá al Gobierno Federal contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica, sin afectar a aquellos contribuyentes que perciben menores ingresos.

2. Nuevo esquema de intereses

Estas Comisiones coinciden con la propuesta de la Colegisladora respecto al esquema de intereses contenido en la Minuta en análisis, toda vez que ello permitirá simplificar la mecánica de la determinación de los intereses acumulables, evitando errores en el cálculo de los ingresos acumulables por intereses, y aminorando cargas administrativas para las instituciones que componen el sistema financiero, para los contribuyentes y para la autoridad en virtud de los trámites que se deben realizar para solicitar la devolución de la retención en exceso.

3. Régimen de consolidación fiscal

Por lo que respecta a las reformas al régimen fiscal de consolidación, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con las mismas, ya que atienden a la naturaleza y mecanismo de dicho régimen como instrumento para diferir el pago del ISR, limitándolo a un periodo máximo de cinco años, tiempo que se estima razonable para que las empresas recuperen sus pérdidas de operación y utilicen sus flujos de efectivo a través de la distribución de dividendos, sin que en ambos casos exista un gravamen que disminuya su capacidad de operación.

Esta Colegisladora es consciente de que en los regímenes especiales o particulares que difieran el pago del ISR deben establecerse límites, por lo que el régimen de consolidación fiscal debe adecuarse en los términos propuestos en la Minuta que se estudia, ya que se señalan y precisan límites al diferimiento del ISR en este régimen.

Estas Dictaminadoras son sensibles a los planteamientos que se han formulado a través de los diversos foros públicos por parte de los grupos que consolidan y los sectores académicos en relación al principio de irrectroactividad que toda ley debe respetar; sin embargo, estiman que la Minuta en análisis cumple con dicho principio.

En efecto, tal y como lo señaló la Colegisladora, para estas Comisiones es claro que las personas morales se encuentran en libertad de tributar, para efectos del ISR, conforme al régimen general previsto en la Ley, o bien, optar por tributar conforme al régimen de consolidación fiscal.

La garantía prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela la irretroactividad de los efectos de una ley en perjuicio de los gobernados. Esta garantía se ha entendido en el sentido de que una ley no puede establecer normas retroactivas, ni aplicarse a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, o bien, afectar derechos adquiridos.

Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 123/2001, ha señalado que para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, en este caso, ninguna ley posterior puede válidamente modificar dicho supuesto o consecuencia. El criterio citado es el siguiente:

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se hayan realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Del criterio transcrito se desprende que para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica (supuesto y consecuencia).

Así, las que dictaminan consideran que las condiciones en que los contribuyentes sujetos al régimen de consolidación fiscal adquieren material y legalmente el derecho a consolidar se establecen ejercicio tras ejercicio, siempre que no se encuentren en el periodo obligatorio de cinco ejercicios, lo que significa que para estos contribuyentes en cada ejercicio se generan supuestos y consecuencias jurídicas independientes que válidamente pueden ser reguladas por las disposiciones fiscales vigentes para cada ejercicio.

Lo anterior, atinadamente fue considerado por la Colegisladora al no establecerse la obligación de pago del ISR diferido para aquellos contribuyentes que se encuentran en los cinco años obligatorios para consolidar sus resultados fiscales, lo que no puede traducirse en que después de dicho periodo los contribuyentes que consolidan pretendan que el régimen de consolidación quede permanentemente inalterado.

Por otra parte, el sector académico y los grupos que consolidan fiscalmente manifestaron que las tesis citadas en el dictamen aprobado por la Colegisladora han sido superadas por los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del fallo relativo al impuesto al activo, sosteniendo que no obstante que se trata de una opción no pueden alterarse las condiciones bajo las cuales se ejerció la misma.

Para estas Dictaminadoras es importante precisar que el argumento anterior no es aplicable al caso, ya que la Ley del Impuesto al Activo obligaba a continuar aplicando la opción elegida, es decir, los contribuyentes no tenían posibilidad de abandonar la opción, caso contrario al sistema opcional del régimen de consolidación fiscal que sí permite que los contribuyentes abandonen el régimen cuando ellos lo decidan, consecuentemente no es razonable, ni jurídicamente aceptable que se sostenga que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocados por la Colegisladora han sido superados, por tratarse de situaciones legalmente diferentes.

Lo anterior se constata de la versión estenográfica de la sesión del 11 de junio del 2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, estas Dictaminadoras coinciden en que la reforma al régimen fiscal de consolidación se ajusta a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad con base en las consideraciones emitidas por la Colegisladora.

Por otra parte, las que dictaminan están de acuerdo con el texto propuesto por la Colegisladora para el artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y con la fracción VIII del artículo cuarto del proyecto de Decreto contenido en la Minuta que se analiza, relativo a las disposiciones transitorias de la referida Ley, ya que de esta forma se confirma que las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de la sociedad controladora serán aquéllas que no hayan podido disminuirse de forma individual.

4. Donatarias autorizadas

Las que dictaminan coinciden en la necesidad de homogeneizar el marco tributario actual en cuanto a las obligaciones que deben cumplir las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR, ya que con ello se impulsará un mejor control y una mayor transparencia en el sector.

5. Enajenación de casa habitación

En lo que respecta a la limitación de la exención de la enajenación de casa habitación, estas Comisiones Dictaminadoras estiman acertada la previsión relativa a que la exención por la enajenación de casa habitación sea aplicable siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, el contribuyente no hubiera obtenido la exención referida y hasta por el límite que actualmente establece la Ley de una cantidad que no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión, toda vez que con ello el beneficio fiscal únicamente será aprovechado por aquellas personas que efectivamente enajenan su casa habitación, sin el ánimo de realizar continúas enajenaciones como parte de un negocio inmobiliario.

Por otra parte, se coincide con la imposición de la obligación para los fedatarios públicos de informar al Servicio de Administración Tributaria de las enajenaciones de casa habitación que se protocolicen ante ellos, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido, así como que el enajenante deba manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha enajenado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación un inmueble que sea su casa habitación por la que hubiera gozado de la exención y que, además, el fedatario público ante quien se formalice la operación deba consultar al Servicio de Administración Tributaria, a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado, si el contribuyente no ha obtenido el beneficio fiscal en el mencionado periodo. Lo anterior, en virtud de que con dicha medida se garantiza la aplicación efectiva del beneficio referido.

6. Exención de retiros efectuados por situación de desempleo

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en que ante la crisis mundial actual que ha afectado a cientos de empresas en nuestro país, las cuales se han visto obligadas a efectuar una disminución de su planta laboral, por lo que resulta necesario implementar medidas a fin de apoyar a las personas que se encuentran en situación de desempleo. En ese sentido, las que dictaminan estiman conveniente que sean considerados como ingresos exentos del ISR los retiros que se realicen por concepto de desempleo que provengan de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez depositados en la cuenta individual abierta en términos de la Ley del Seguro Social.

7. Planes provisionales de retiro y aportaciones complementarias de retiro

Estas Comisiones comparten la propuesta de establecer que los ingresos que se obtengan de planes personales de retiro, así como de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, se consideren ingresos acumulables para el contribuyente, cuando éste hubiese deducido las aportaciones a dichos vehículos de ahorro, así como con el establecimiento de que no será deducible la proporción de las aportaciones mensuales a los planes personales de retiro o a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando dichos vehículos de ahorro inviertan en instrumentos financieros que se encuentren exentos para las personas físicas.

CUARTA. En cuanto a las modificaciones a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo contenidas en la Minuta, se señala lo siguiente:

1. Tasa y monto de los depósitos exentos

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado reducir a 15 mil pesos mensuales el umbral por el cual estarán exentas del pago del IDE las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas; así como de incrementar al 3 por ciento la tasa de dicho impuesto, con lo cual no sólo se incrementará la recaudación, sino que se avanzará en el combate a la informalidad.

Esto es, al ser el pago del IDE un anticipo a cuenta de otros impuestos que efectúan las personas que realizan actividades económicas en el momento en el que tienen disponibilidad de recursos, ello no impacta a los contribuyentes regulares, de forma adicional a las cargas tributarias que ya tienen, toda vez que, conforme a las disposiciones fiscales, estos contribuyentes al estar en una situación regular tienen la posibilidad de recuperar el impuesto pagado por medio del acreditamiento, de la compensación o de la devolución.

Asimismo, la propuesta de reducir el umbral de los depósitos en efectivo que estarían exentos del IDE, es una medida que fortalece la capacidad de control del impuesto, pues con ella se disminuyen las maniobras de elusión del pago del impuesto a través de diversificar los depósitos en efectivo mediante la apertura de cuentas en distintas instituciones de crédito para evitar exceder el límite de 25 mil pesos exentos en cada cuenta.

Finalmente, se comparte que si bien los contribuyentes cumplidos podrían ver afectado en el corto plazo su flujo de efectivo, las medidas propuestas les permitirán competir en condiciones más equitativas con las personas que continúen operando en el sector informal, para quienes este gravamen sí es un impuesto definitivo.

2. Exención para depósitos para pagar adeudos

Estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo en que la exención por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones, no aplique tratándose de las personas morales ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, ya que dichas personas no se verán afectados en virtud de que podrán realizar el acreditamiento inmediato del IDE en las declaraciones provisionales o definitivas mensuales que están obligadas a realizar.

Con lo anterior, se evita el riesgo de que algunas instituciones de crédito abran líneas de crédito revolvente para que las empresas las utilicen en el manejo de su caja, de forma tal que los ingresos en efectivo que perciben en forma semanal por su actividad empresarial, se destinen a saldar esas cuentas, con lo que se eludiría el pago de este impuesto y, además, operarían con efectivo, sin hacer visible su actividad para efectos del ISR y del impuesto empresarial a tasa única.

También se considera apropiado establecer que esta adecuación entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010, para otorgar un tiempo razonable para que tanto los contribuyentes como las instituciones del sistema financiero puedan aplicarla adecuadamente.

3. Procedimiento para el cobro del IDE pendiente de recaudar

Por otra parte, estas Comisiones consideran acertada la propuesta contenida en la Minuta para modificar el procedimiento que deben seguir las autoridades fiscales cuando derivado de la información anual que proporcionen las instituciones del sistema financiero respecto del impuesto recaudado y del pendiente de recaudar, se comprueba que existe un saldo a pagar por el contribuyente por concepto del IDE, por coincidir en que con ello se otorga mayor seguridad jurídica y se respeta la garantía de audiencia de los contribuyentes, al tiempo que se evitan impugnaciones y agilizan e incrementan la recaudación por este concepto.

Asimismo, estas Comisiones Unidas consideran acertadas las adecuaciones planteadas por la Colegisladora en esta materia, ya que son consistentes con lo que hoy día establece el Código Fiscal de la Federación en procedimientos similares que dan como resultado la determinación de créditos fiscales.

4. Conceptos de persona moral y sistema financiero

Las Comisiones que dictaminan consideran conveniente adecuar los conceptos de “persona moral” y “sistema financiero” contenidos en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para hacerlos acordes con las reformas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y otras entidades de ahorro y crédito popular, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

Asimismo, las que Dictaminan coinciden con la Colegisladora en lo referente a la propuesta de incluir a las Sociedades Financieras Comunitarias y a los Organismos de Integración Financiera Rural, como sujetos recaudadores del IDE, a fin de dar un trato equitativo entre éstas y las Sociedades Financieras Populares, ya que todas ellas están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y pueden realizar básicamente las mismas operaciones.

De igual forma, estas Comisiones están de acuerdo que por cuestiones de equidad para efectos del IDE, se debe regular, mediante disposición transitoria, a las sociedades en proceso de obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

QUINTA. En relación con las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado contenidas en la Minuta, se manifiesta lo siguiente:

1. Intereses

Las Comisiones consideran adecuado especificar que la exención del IVA a los servicios por los que deriven intereses por créditos otorgados a personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios personales independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y sean para la adquisición de bienes de inversión para el desarrollo de dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, aplicará siempre que se encuentren registradas para efectos fiscales, por lo que se está de acuerdo en establecer como requisito adicional que estén inscritas ante el Registro Federal de Contribuyentes.

Asimismo, las que dictaminan coinciden en que es necesario establecer que no es aplicable dicha exención tratándose de quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes, toda vez que aun cuando éstos realizan actividades empresariales cubren el impuesto a su cargo mediante una cuota fija.

Con relación a la vigencia de la medida antes citada, estas Comisiones estiman acertado que la misma entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010, ya que las personas físicas deberán proporcionar a las instituciones del sistema financiero, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que se encuentran inscritas en el citado registro y que no son contribuyentes que optaron por pagar el IVA en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

2. Comprobantes Fiscales

En materia de comprobantes fiscales, estas Comisiones están de acuerdo con la Colegisladora, toda vez dicha propuesta es acorde con las reformas al Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales, que se prevén en la Minuta que se dictamina.

3. Otras Medidas

Estas Comisiones están de acuerdo con las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para incrementar la tasa general del 15 al 16 por ciento y la tasa aplicable en la región fronteriza del 10 al 11 por ciento. Lo anterior, considerando que fue desechada la Iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza y reconociendo la necesidad que tiene México de contar con mayores recursos públicos, ya que para alcanzar un crecimiento económico sostenido que se traduzca en mayores beneficios para la sociedad se requiere mantener la solidez de las finanzas públicas y conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.

Bajo ese contexto, las que dictaminan estiman necesaria la reforma planteada tomando en cuenta que de los resultados de recaudación que se obtuvieron durante 2008, se desprende que el IVA constituye la segunda fuente más importante en la generación de recursos de origen tributario, después del ISR, y que durante los primeros ocho meses de 2009 la recaudación de este gravamen presentó una disminución sensible, debido, entre otras cosas, a algunos factores coyunturales como son la menor actividad económica registrada en el país a consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional que se propagó al resto de la economía y las medidas adoptadas para atender la contingencia sanitaria ocurrida a finales de abril de 2009.

En ese mismo sentido, estas Comisiones Unidas estiman conveniente resaltar que ante la disminución de los ingresos provenientes del petróleo debido a la reducción en la plataforma de extracción y exportación del mismo, así como a la volatilidad de su precio internacional, situación que generará fuertes presiones sobre los ingresos públicos, se deben tomar medidas que permitan mantener, e incluso incrementar, los niveles de gasto público, por lo que se coincide en la necesidad de ajustar las tasas del IVA, con el fin de ampliar el potencial recaudatorio de esta base tributaria y lograr la solidez de las finanzas públicas, de forma tal que se garantice el financiamiento de los requerimientos de gasto social y de infraestructura para el desarrollo nacional.

Adicionalmente, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuada la propuesta de establecer una tasa general del IVA del 16 por ciento, ya que si se le compara con el nivel que prevalece en el contexto internacional, resulta revelador que todos los países que tienen este tipo de impuesto aplican actualmente una tasa general superior al 15 por ciento, e inclusive los países de América Latina con un desarrollo económico comparable al de México, aplican tasas mayores a este porcentaje, tales como Uruguay (23 por ciento), Argentina (21 por ciento), Brasil (20.5 por ciento), Chile (19 por ciento), Perú (17 por ciento) y Colombia (16 por ciento).

Por último, se considera apropiada la medida transitoria que se propone en la Minuta relativa a la regulación de las operaciones celebradas en 2009 que se paguen en el 2010 y que estarían afectas a la nueva tasa del impuesto.

SEXTA. En cuanto a las modificaciones al Código Fiscal de la Federación contenidas en la Minuta, se señala lo siguiente:

1. Ejercicio de las facultades de comprobación

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran acertada la propuesta enviada por la Colegisladora relativa a dejar sin efectos las declaraciones complementarias una vez iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se está revisando, ya que si bien en la actualidad los contribuyentes tienen derecho a presentar hasta tres modificaciones a las declaraciones normales, no se señala si las mismas se refieren a la presentación de declaraciones complementarias de ejercicios anteriores al revisado, o bien, del ejercicio sujeto a revisión ni el efecto que tales declaraciones tengan en el ejercicio revisado, por lo que la aprueban en sus términos.

2. Comprobantes fiscales

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden en que se puedan utilizar de forma simultánea los tres esquemas de comprobación: (i) los comprobantes fiscales digitales a través de Internet; (ii) los comprobantes en papel que tengan adherido un dispositivo de seguridad, y (iii) los estados de cuenta como tercer medio de comprobación sin documentos adicionales para su validez, ampliando la utilización de este último para las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y/o por las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos.

Lo anterior, toda vez que con el nuevo esquema de comprobación fiscal se beneficiarán a los contribuyentes con una disminución en sus costos administrativos, al reducir espacios de archivo y con la facilidad de salvaguardar la información y documentación electrónica ante cualquier contingencia; además de que se impactará favorablemente en la conservación del medio ambiente, en virtud de la disminución en el uso de papel.

Por otro lado, existe plena coincidencia con la figura de los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales, autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, para que efectúen la validación, asignación de folios, e incorporación del sello digital, tal como se establece en la Minuta que se dictamina, ya que esta propuesta permitirá que el contribuyente cuente con opciones seguras para realizar tal certificación.

En el mismo sentido, se considera acertada la previsión de que para la obtención de la autorización de proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por parte del Servicio de Administración Tributaria, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de carácter general que para ese efecto emita dicho órgano desconcentrado.

De la misma manera, esta Comisiones coinciden con la Colegisladora en que el Servicio de Administración Tributaria pueda proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados para que efectúen la validación, asignación de folios, e incorporación del sello digital.

También, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que es necesario establecer que el comprobante que se envíe a validación sea a través de los mecanismos digitales que para tal efecto se determinen mediante reglas de carácter general, lo que permitirá garantizar la seguridad de la información remitida.

Por otra parte, se coincide en que el esquema de comprobación fiscal en papel con dispositivo de seguridad sea de libre impresión con la adición de dicho dispositivo para otorgarle autenticidad y validez, el cual emitirá un proveedor autorizado por el Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, estas Comisiones consideran atinada la propuesta de que el referido esquema de comprobación en papel pueda ser utilizado en operaciones de hasta por un importe de dos mil pesos, lo cual garantizará que con un comprobante en papel no se realicen deducciones o acreditamientos indebidos y, en consecuencia, habrá menos devoluciones improcedentes por supuestos saldos a favor, originadas con la reproducción de comprobantes fiscales emitidos en papel, toda vez que la autoridad fiscal podrá rastrear con mayor facilidad los folios asignados y el dispositivo de seguridad que le hubiera proporcionado un proveedor autorizado.

En ese sentido, las que Dictaminan coinciden con el requisito de que los comprobantes en papel deben tener adherido un dispositivo de seguridad que tendrá que ser adquirido con un proveedor autorizado, mismo que debe cumplir con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general, y en el que, como una medida de control, se establezca que si los dispositivos de seguridad no se utilizan en un plazo de dos años, se deberán destruir e informar de dicha situación al Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras estiman adecuado el que tanto los contribuyentes como los proveedores de dispositivos de seguridad, tengan la obligación de informar a la autoridad fiscal el detalle de la utilización de los folios autorizados, de acuerdo con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, lo que se estima permitirá tener un adecuado control sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes.

De igual forma, estas Comisiones están de acuerdo con la obligación para los contribuyentes que deduzcan o acrediten un comprobante fiscal de verificar su autenticidad en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y de que no opere el secreto fiscal en estos casos, en virtud de que con ello se dará seguridad jurídica.

Por otro lado, se coincide con la adecuación al tipo penal para quienes falsifiquen, tengan en su poder, reproduzcan, etc. dispositivos de seguridad, o bien, para quienes falsifiquen, ostenten como propia, guarden o almacenen información de los contribuyentes contenida en los comprobantes fiscales digitales.

Adicionalmente, se consideran adecuadas las disposiciones transitorias planteadas por la Colegisladora respecto del nuevo esquema de comprobación fiscal.

3. Medidas en materia del procedimiento administrativo de ejecución

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Minuta enviada por la H. Cámara de Diputados, por lo que respecta a la adición de un artículo con el objeto de señalar lo que debe entenderse como entidad financiera, ya que ello representa una medida que garantiza la seguridad jurídica de quienes aplican la disposición legal.

De igual forma, se comparte el planteamiento de la Colegisladora en el sentido de que para que la autoridad dentro de sus facultades de comprobación obtenga información no sólo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino también de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según corresponda.

Asimismo, es importante mencionar que, a través de esta reforma, únicamente se establecen obligaciones de carácter formal a que deberá estarse el depositario de la información del contribuyente, toda vez que no trascienden al núcleo de la obligación de pago del depositario de la información ni del contribuyente y coadyuvan a que el fisco pueda convalidar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por tales consideraciones, se coincide con la propuesta aprobada por la Colegisladora en el sentido de que la información que deben proporcionar las entidades financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo puede ser solicitada directamente por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, se coincide con la Colegisladora en lo concerniente a facilitar la determinación y cobro de los créditos fiscales en los casos en los que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por otro lado, se considera acertado el especificar el alcance del uso de la fuerza pública como medida de apremio, estableciendo que la misma consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades ingresen al domicilio fiscal o al lugar que utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes y de esta manera estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuarlo; así como brindar la seguridad necesaria a los visitadores durante esta diligencia.

Además, se coincide en establecer la forma en que las autoridades fiscales podrán hacer uso de las medidas de apremio con el propósito de que los contribuyentes tengan conocimiento adecuado de dichas medidas.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden con los mecanismos de control y vigilancia para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones, así como del procedimiento para desincentivar el incumplimiento reiterado por parte de los contribuyentes en lo relativo a la falta de presentación de sus declaraciones, propuestas en la Minuta en estudio, así como que los mismos sean aplicables también en el caso de incumplimiento en la presentación de declaraciones relacionadas con el entero de contribuciones que tengan el carácter de pago definitivo, como es el caso del IVA, eliminando las referencias que se hacen en el procedimiento legal vigente a los pagos provisionales o del ejercicio, a fin de que aplique para todo tipo de declaraciones.

Adicionalmente, se coincide con la Colegisladora en la medida consistente en que los contribuyentes incumplidos que presenten las declaraciones de pago de sus contribuciones no queden liberados del pago del crédito fiscal determinado por el incumplimiento en la presentación de declaraciones, a menos de que presenten su declaración antes de que dicho crédito sea notificado, ya que en caso contrario la autoridad podrá hacer efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquél en el que se haya notificado el adeudo.

Por otro lado, estas Comisiones estiman acertado que en el supuesto de que el importe que se deba pagar con la declaración que se omitió presentar sea menor al determinado por las autoridades fiscales se permita recuperar la cantidad pagada mediante su compensación en declaraciones subsecuentes, con el fin de que los contribuyentes no sufran un impacto o perjuicio económico.

También se coincide con el contenido de la Minuta respecto de incorporar los casos en que el crédito fiscal derive del incumplimiento en la presentación de declaraciones, como supuesto de excepción para cumplir con la obligación de efectuar el pago o garantía del crédito fiscal hasta en un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del crédito.

Asimismo, las que dictaminan coinciden con la Minuta de referencia, en relación a que el aseguramiento precautorio pueda practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales presuntos haya determinado la autoridad, previo establecimiento de mecanismos para que en los casos en que el contribuyente considere que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía, considerando que en el caso de que los bienes que sean asegurados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación puedan quedar en poder del propio contribuyente, quien fungirá como depositario de los mismos.

Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras comparten la propuesta en materia de aseguramiento precautorio, en el sentido de que si bien el mismo funcione como una medida que permita a las autoridades fiscales realizar las acciones pertinentes para el cobro de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, éste no se efectúe ni los bienes se inmovilicen sin que antes haya una determinación presuntiva, y sin que se impida u obstaculice la operación del contribuyente, por lo que la aprueban en sus términos.

Se está de acuerdo con la propuesta aprobada por la Colegisladora, en el sentido de que el aseguramiento precautorio pueda practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales haya determinado la autoridad, con lo que no necesariamente será asegurada la totalidad de los bienes del contribuyente.

Por otro lado, la Colegisladora también consideró adecuado que en aquellos casos en que el contribuyente estime que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía, lo cual se estima acertado.

Adicionalmente, estas Comisiones Unidas coinciden con la incorporación de los seguros de vida con componente de ahorro o inversión o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera, como bienes susceptibles de ser embargados, cuando se encuentran a nombre del contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y que forman parte de su patrimonio, quedando excluidos de embargo los depósitos en la cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley que la rige.

Las que dictaminan están de acuerdo en la necesidad de incorporar la obligación de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de inmovilizar no sólo los depósitos bancarios, sino también otras cuentas de inversiones y valores que tuviera el contribuyente, así como la obligación de la autoridad fiscal de notificar al contribuyente sobre dicha inmovilización en los casos en que el crédito fiscal no esté firme y establecer que dichas entidades financieras cuentan con un plazo de tres días para informar a la autoridad fiscal sobre la transferencia efectuada una vez que los créditos fiscales hayan quedado firmes.

De igual manera, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en precisar los supuestos en que procede la inmovilización de los fondos para garantizar el pago de los créditos determinados, procediendo dicha inmovilización en la medida en que la garantía que hubiera ofrecido el contribuyente no sea suficiente para cubrir la totalidad del crédito, así como el procedimiento que tendrán que llevar a cabo las entidades financieras y demás obligados que tengan a su cargo el depósito de tales recursos y la inmovilización de los mismos, detallando el procedimiento mediante el cual, tratándose de créditos fiscales firmes, los fondos inmovilizados podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden en establecer que una ulterior transferencia de recursos derivada de la inmovilización a que se ha hecho mención, sólo proceda en tratándose de créditos fiscales firmes y hasta por el importe necesario para cubrir dicho crédito y sus accesorios, considerando entonces que, en tanto esto no suceda, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de entre las previstas en el Código Fiscal de la Federación, misma que deberá proponer a la autoridad a fin de que esta dictamine su procedencia.

Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras estiman adecuado el procedimiento que establece la Minuta mediante el cual, tratándose de créditos fiscales firmes, los fondos inmovilizados podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación, por lo que la prueban en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRÁN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE ABRIL DE 1995.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 8o., tercer párrafo; 11, segundo párrafo; 31, fracciones I, inciso a) y III, sexto párrafo; 50, primer y actual segundo párrafos; 58, primer y el encabezado del actual segundo párrafos y fracción VI; 59; 64, tercer y actual sexto párrafos; 65, fracción I, cuarto párrafo; 81, octavo párrafo; 86, fracción VIII, primer párrafo; 93, sexto párrafo; 95, segundo párrafo; 96, segundo párrafo; 97, fracción III y tercer y quinto párrafos; 100; 101, tercer párrafo; 103; 104; 105; 109, fracciones XV, inciso a) y XXIII; 113, en su tarifa; 151, quinto párrafo; 154, tercer y cuarto párrafos; 158; 159; 160; 161; 167, fracción XVIII; 168, encabezado del primer párrafo y fracciones III y IV, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; 171, segundo, tercer y sexto párrafos; 172, fracción IV, quinto párrafo; 175, primer párrafo; 176, fracciones III, inciso a), IV y V; 177, en su tarifa; 195, segundo, tercer y cuarto párrafos; 199, quinto párrafo; 218, encabezado del primer párrafo y fracción II; se ADICIONAN los artículos 50, con un segundo, tercer y cuarto párrafos pasando los actuales segundo, tercer y cuarto párrafos a ser quinto, sexto y séptimo párrafos; 58, con un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo párrafos, pasando el actual segundo párrafo a ser octavo párrafo; 58-A; 58-B; 64 con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser quinto a noveno párrafos; 65, fracción II, con un segundo párrafo; 68, con un cuarto y quinto párrafos, pasando el actual cuarto párrafo a ser sexto párrafo; 70-A; 71-A; 72, fracciones I, con los incisos f), g), h), i), j) y k), con un segundo y tercer párrafos de la fracción, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser cuarto y quinto párrafos y VI; 75, con un séptimo párrafo; 78, con un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo; 86, fracción VI, con un segundo párrafo; 93, con un séptimo párrafo; 96, con una fracción III; 103-A; 133, fracción VII, con un segundo párrafo; 168, con un séptimo párrafo; 190, con un vigésimo quinto párrafo; 195-A, y se DEROGAN los artículos 101, quinto y sexto párrafos; 169; 175, segundo párrafo, y 219, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 8o. …………………………..………………………………………………………….

El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero. Asimismo, se considerarán integrantes del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el setenta por ciento de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el setenta por ciento de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del porcentaje del setenta por ciento, no se considerarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito o financiamientos otorgados por terceros.

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Artículo 11. …………………………….………………………………………………...……....

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de 1.2658 y considerar la tasa a que se refiere dicho párrafo con la reducción del 25.00% señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 31. …………………………………………….…….………………………………..…

I. ……………………………………............……………......………………………….……..….

a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

………………………………………………………………………………………………….….

III. ………………………………………………..…………………………………….……..…..

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago mediante cheques; traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa; tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o monedero electrónico, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

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Artículo 50. Las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular las ganancias por enajenación de acciones, los intereses y el ajuste anual por inflación, hasta el ejercicio en el que distribuyan dividendos a sus accionistas.

Las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular los conceptos señalados en el párrafo anterior, hasta el ejercicio en el que distribuyan dividendos a sus accionistas, siempre que en el ejercicio de inicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 20% de sus activos en acciones de empresas promovidas, que en el segundo ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 60% de sus activos en las acciones señaladas, que en el tercer ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 70% de los activos en las acciones referidas y que a partir del cuarto ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 80% de los citados activos en acciones de las empresas señaladas. Las sociedades de inversión de capitales deberán actualizar las ganancias por enajenación de acciones y los intereses, desde el mes en el que los obtengan y hasta el mes en el que distribuyan dividendos a sus accionistas.

Las sociedades que ejerzan la opción mencionada en el primer párrafo de este artículo, deducirán el ajuste anual por inflación deducible, los intereses actualizados, así como las pérdidas actualizadas por enajenación de acciones, en el ejercicio en el que distribuyan dividendos. Los intereses deducibles y la pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que los intereses se hubieren devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el último mes del ejercicio en el que se deduzcan.

El promedio invertido a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en cada uno de los dos primeros ejercicios de operaciones, se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas del ejercicio, entre el número de días del ejercicio. A partir del tercer ejercicio de operaciones el promedio invertido se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas en el ejercicio de que se trate y las que correspondan al ejercicio inmediato anterior, entre el total de días que comprendan ambos ejercicios. La proporción diaria invertida se determinará dividiendo el saldo de la inversión en acciones de empresas promovidas en el día de que se trate, entre el saldo total de sus activos del mismo día.

Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan optado por acumular el ingreso en los términos señalados en el primer párrafo de este artículo distribuyan dividendos, en lugar de pagar el impuesto a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, efectuarán un pago provisional que se calculará aplicando la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley sobre el monto total de la ganancia por enajenación de acciones, intereses y por el ajuste anual por inflación acumulable, sin deducción alguna. Dicho impuesto se enterará conjuntamente con el pago provisional correspondiente al mes en el que se distribuyan los dividendos señalados.

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Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán calcular el impuesto sobre la renta el último día del mes de calendario de que se trate aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar el día siguiente a aquél en el que dicho impuesto se haya calculado. Esta retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán considerar la citada retención como pago provisional del impuesto sobre la renta, en tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente Ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

La retención a que se refiere este artículo, se efectuará sobre los fondos líquidos disponibles que existan en las cuentas o activos financieros del contribuyente de que se trate en el mes por el que se calcula el impuesto. Cuando no existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros o estos fondos no sean suficientes para efectuar la retención del impuesto sobre la renta, las instituciones integrantes del sistema financiero efectuarán la retención total o parcial del impuesto pendiente de retención que corresponda de manera inmediata, en el momento en el que por cualquier motivo existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros del contribuyente.

El impuesto pendiente de retención se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 58-B de esta Ley, hasta el día en el que se lleve a cabo su pago.

Cuando se realice la cancelación, enajenación o traspaso de cuentas o activos financieros, las instituciones integrantes del sistema financiero deberán efectuar la retención del impuesto sobre la renta en el momento en el que se efectúe dicha cancelación, enajenación o traspaso, por los intereses reales positivos devengados derivados de la cantidad cancelada, enajenada o traspasada. Los títulos de crédito o valores que se traspasen se deberán valuar para efectos fiscales por la institución integrante del sistema financiero, sociedad, entidad o persona receptora de los mismos, al valor de mercado que la institución, sociedad, entidad o persona que efectuó el traspaso, valuó los citados títulos o valores.

Previamente a la cancelación o enajenación total de las cuentas o activos financieros del contribuyente, deberá pagarse en su totalidad el impuesto a que se refiere este artículo por dichas cuentas o activos financieros. Tratándose del traspaso total de activos financieros a otra institución, sociedad, entidad o persona; la institución integrante del sistema financiero que efectúa el traspaso deberá informar el monto del impuesto pendiente de retención del contribuyente a la fecha del traspaso a la institución, sociedad, entidad o persona receptora de los activos financieros de que se trate.

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso del traspaso de activos financieros, la institución, sociedad, entidad o persona receptora de los activos financieros, será responsable solidaria por las omisiones en el pago del impuesto sobre la renta en el que pudiera incurrir el contribuyente por los activos traspasados. Cuando la información emitida por la institución integrante del sistema financiero que hubiese realizado el traspaso de los activos financieros sea incorrecta o incompleta, dicha institución será responsable solidaria por el monto del impuesto pendiente de retención que efectivamente se hubiese generado a la fecha del traspaso.

Las instituciones que componen el sistema financiero deberán efectuar la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, si durante el mes de que se trate, el contribuyente pretende efectuar un retiro que disminuya el saldo de sus cuentas o activos financieros a una cantidad inferior al impuesto sobre la renta que se hubiese generado en ese momento.

No se efectuará la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tratándose de:

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VI. Intereses que se paguen a las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta Ley.

Para los efectos de este Capítulo, del Capítulo VI del Título IV y del artículo 103-A de esta Ley, se consideran cuentas, entre otras, aquéllas que deriven de depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos retirables en días preestablecidos, y depósitos a plazo o con previo aviso, así como la subcuenta de aportaciones voluntarias y la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y se consideran activos financieros, entre otros, los títulos de crédito, valores, operaciones de reporto y préstamos de valores, así como las operaciones financieras derivadas de deuda, las sociedades de inversión cuyos rendimientos de la cartera total de inversión se consideren gravados para efectos de esta Ley, los planes personales de retiro, así como el componente de ahorro de las primas de los seguros de vida y de los seguros de pensiones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

El impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá disminuir con el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta Ley.

Artículo 58-A. Para los efectos del artículo 58 de la presente Ley, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán calcular el monto de los intereses reales que se devenguen a favor de los contribuyentes a través de éstas, durante el mes de calendario que corresponda, conforme a lo siguiente:

I. Determinarán el saldo inicial de las cuentas o de los activos financieros que generen intereses a favor de los contribuyentes que se consideren gravados para efectos de esta Ley, debiendo incluir en los saldos de las cuentas y de los activos financieros los intereses devengados no cobrados por el contribuyente. El saldo inicial será el saldo del último día del mes inmediato anterior a aquél por el que se realiza la retención en los términos del artículo 58 de esta Ley o el monto del primer depósito en la cuenta o activo financiero, el que sea más reciente. El saldo inicial en unidades de inversión se calculará dividiendo el monto de dicho saldo inicial entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éste se hubiese determinado.

II. Al saldo inicial en unidades de inversión, obtenido conforme a la fracción anterior, se le sumará el importe total en unidades de inversión de los depósitos realizados en las cuentas o activos financieros de que se trate, durante el mes que corresponda.

El importe total en unidades de inversión de los depósitos realizados en las cuentas o activos financieros de que se trate, durante el mes que corresponda, se calculará sumando el monto de los depósitos realizados en el mes, dividiendo el monto de cada depósito, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que el depósito se hubiese efectuado.

III. Determinarán el saldo final en unidades de inversión de las cuentas o de los activos financieros que generen intereses que se consideren gravados para efectos de esta Ley, el último día del mes de que se trate o, en su caso, en el momento de su cancelación, enajenación o traspaso, debiendo incluir en el saldo de las cuentas y de los activos financieros, los intereses devengados no cobrados por el contribuyente.

El saldo final en unidades de inversión de las cuentas o de los activos financieros se obtendrá dividiendo el monto del saldo final de las cuentas o activos financieros, entre el valor de la unidad de inversión del último día del mes que corresponda o del día de la cancelación, enajenación o traspaso de las cuentas o de los activos financieros, según se trate.

Para determinar el saldo final de los títulos de crédito y valores, colocados entre el gran público inversionista, éstos deberán valuarse a precios de mercado en los casos en los que para los mismos exista un mercado secundario reconocido o a su valor de adquisición cuando no exista dicho mercado. En todos los casos se deberá incluir el monto de los intereses devengados no cobrados al último día del mes por el que se efectúa el cálculo de los intereses a que se refiere este artículo o a la fecha de la cancelación, enajenación o traspaso de la cuenta o del activo financiero que corresponda.

IV. Al saldo final en unidades de inversión obtenido conforme a la fracción anterior, se deberá adicionar el importe total en unidades de inversión de los retiros realizados en la cuenta o activo financiero de que se trate, durante el mes que corresponda.

El importe total en unidades de inversión de los retiros realizados en la cuenta o activo financiero de que se trate, durante el mes que corresponda, se obtendrá de la suma de los retiros realizados durante el mes de que se trate, dividiendo el monto de cada retiro, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éste se hubiese realizado.

V. Para calcular el monto de los intereses reales devengados a favor del contribuyente en el mes que corresponda, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán restar al resultado obtenido conforme al primer párrafo de la fracción anterior, el resultado obtenido de acuerdo al primer párrafo de la fracción II de este artículo. El resultado que se obtenga deberá multiplicarse por el valor de la unidad de inversión del último día del mes de que se trate o, en su caso, del día de la cancelación, enajenación o traspaso de la cuenta o activo financiero que corresponda.

Para los efectos de este artículo se entenderá como depósito cualquier entrega en dinero o en bienes que realice el contribuyente a la cuenta o activo financiero de que se trate y se considerará como retiro la entrega que en dinero o en bienes realice la institución integrante del sistema financiero al contribuyente proveniente de la cuenta o activo financiero que corresponda.

También se consideran depósitos los recursos obtenidos por la enajenación de títulos de crédito o valores que esta Ley considera exentos, así como los intereses cobrados provenientes de títulos o valores exentos en los términos de la misma Ley y el monto de los dividendos efectivamente percibidos por el contribuyente.

Se consideran retiros el monto de los recursos destinados a la compra de títulos de crédito o valores cuya enajenación se considere como ingreso exento para el contribuyente.

No se consideran retiros las comisiones que cobren las instituciones que componen el sistema financiero a los contribuyentes por las cuentas o activos financieros que generen intereses gravados para efectos de esta Ley. Estas comisiones se deberándisminuir del saldo final de la cuenta o activo financiero que las hubiese generado. Para estos efectos, se consideran comisiones las que define como tales el artículo 3, fracción IV de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

En el caso de las sociedades de inversión a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión se entenderán como saldos inicial y final, el valor de las acciones de la sociedad de inversión propiedad del contribuyente, al inicio y al final del periodo por el que se calcula el monto de los intereses reales devengados determinados conforme a la fracción V de este artículo. Asimismo, se entenderán como depósitos o retiros el valor de las compras o ventas, respectivamente, de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate que realice el contribuyente en la fecha en la que efectivamente éstas sean liquidadas.

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá emitir un procedimiento de cálculo simplificado para que las sociedades de inversión determinen el monto de los intereses reales devengados, conforme a lo dispuesto en este artículo.

Tratándose de cuentas denominadas en moneda extranjera, la conversión de los saldos, de los depósitos y de los retiros,se efectuará considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el Banco de México, correspondiente al segundo día hábil anterior aldía en el que se calculen los saldos inicial o final, se efectúen los depósitos o los retiros, se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o activos financieros, según se trate. Los días en los que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se deberá utilizar el último tipo de cambio publicado con anterioridad al segundo día hábil a aquél en el que se calculen los saldos antes referidos o se efectúen los depósitos, retiros o se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o los activos financieros.

Artículo 58-B. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 58 de esta Ley, cuando exista impuesto sobre la renta pendiente de retención, las instituciones que componen el sistema financiero deberán actualizar el monto del referido impuesto que tenga cada uno de sus clientes con dicha institución, al día en el que se lleve a cabo el pago de éste.

El monto del impuesto sobre la renta pendiente de retención se actualizará multiplicando dicho monto por el factor de actualización. El factor de actualización será la multiplicación de los factores diarios de la tasa de interés, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta se realice.

El factor diario de la tasa de interés se calculará sumando a la unidad el cociente que resulte de dividir entre trescientos sesenta, la tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios que para el día de que se trate publique el Banco de México a través de su página de Internet, multiplicada por el número de días que existan desde el día al que corresponda la tasa y hasta el siguiente día en el que se publique nuevamente dicha tasa. Cuando la tasa de interés a la que se refiere este párrafo no se publique por el Banco de México, se tomará la última tasa publicada durante los días naturales que transcurran hasta que se publique nuevamente dicha tasa de interés.

La tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios a que se refiere el presente artículo, es aquélla que se obtiene de sumar el producto resultante de multiplicar el monto de las operaciones con pagarés bancarios, con aceptaciones bancarias y con certificados de depósito, ya sea en directo o en operaciones de reporto, con plazo a vencimiento de un día hábil, realizadas entre instituciones que componen el sistema financiero el día por el cual se calcula la referida tasa, por la tasa de interés de cada una de dichas operaciones. El resultado obtenido, se divide entre la suma del monto total de las referidas operaciones que se hubiesen realizado ese mismo día.

Se excluyen del cálculo descrito en el párrafo anterior, aquellas operaciones realizadas entre instituciones que pertenecen a un mismo grupo financiero y aquéllas que se lleven a cabo con la clientela de dichas instituciones.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general que simplifiquen la determinación del factor de actualización a que se refiere el presente artículo con base en los índices sobre la tasa de interés ponderada de títulos bancarios publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

Por el monto pendiente de retención por concepto de impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo no se pagará la actualización ni los recargos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta efectivamente se realice.

Si las instituciones integrantes del sistema financiero realizan la retención del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, pero no efectúan el entero de dicho impuesto, la institución de que se trate, será responsable por el pago del impuesto, debiendo pagar las actualizaciones y recargos correspondientes conforme al Código Fiscal de la Federación.

Artículo 59. Las instituciones que componen el sistema financiero, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate, el impuesto pendiente de retención a que se refiere el artículo 58 de esta Ley o, en su caso, el monto del crédito fiscal del artículo 159 de la misma Ley, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, así como el impuesto que se hubiese retenido conforme al artículo 58 de la presente Ley y el monto de los intereses reales devengados a que se refiere el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes al ejercicio inmediato anterior; todo esto con independencia de lo establecido en los artículos 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 55 de la Ley de Sociedades de Inversión, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información deberá presentarse encriptada en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las instituciones integrantes del sistema financiero y el Servicio de Administración Tributaria.

II. Informar mensualmente a las personas a quienes les administran sus cuentas o activos financieros, a través de sus estados de cuenta, el importe de los intereses reales devengados a su favor a través de dichas instituciones, calculados conforme al artículo 58-A de esta Ley, aun cuando éstos sean negativos y, en su caso, el monto de las retenciones efectuadas, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de este ordenamiento, así como el monto pendiente de retención por concepto del impuesto sobre la renta.

III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la información relacionada con las constancias y los estados de cuenta, a que se refiere este artículo.

Artículo 64. …………………………………..………………………………………………..…

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto no presente ante el Servicio de Administración Tributaria aviso para dejar de consolidar, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en los términos de los artículos 70, cuarto párrafo, o 71, octavo, décimo quinto y décimo sexto párrafos, de esta Ley. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

Para que surta efectos el aviso para dejar de consolidar, éste deberá presentarse ante el Servicio de Administración Tributaria, acompañado de la documentación siguiente:

I. Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales de las sociedades controladora y controladas, del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se pretende dejar de determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada.

Cuando los estados financieros dictaminados a que se refiere el párrafo anterior, no se hayan presentado por encontrarse dentro del plazo establecido en la Ley para su presentación, deberán presentarse ante la autoridad fiscal correspondiente dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad controladora deba presentar ante la autoridad fiscal competente, dichos estados financieros dictaminados.

II. Cálculo del impuesto derivado de la desconsolidación que con motivo de la determinación del resultado fiscal consolidado determine a su cargo o de las cantidades que resulten a su favor. Este cálculo deberá ser dictaminado por contador público registrado en los términos del Código Fiscal de la Federación.

III. Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales con todos los anexos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, correspondientes al ejercicio en el que deje de consolidar, la sociedad controladora y cada una de sus sociedades controladas. Dicha información se deberá presentar dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que la sociedad controladora deba presentar dichos estados financieros dictaminados.

……………………………………………………………………………………………….…….

El impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de este Capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 65. ……….……………………………………………………………………….….….

I. ……………………….………………………………………………………………………….

La autorización a que se refiere esta fracción será personal del contribuyente y no podrá ser transmitida a otra persona, salvo que se cuente con autorización del Servicio de Administración Tributaria y se cumpla con los requisitos que mediante reglas de carácter general dicte el mismo. La trasmisión de la autorización señalada en este párrafo no implica el reinicio del cómputo del plazo que establece el tercer párrafo del artículo 64 de esta Ley. Para los efectos de la determinación del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la presente Ley, la sociedad controladora que reciba la autorización deberá considerar los ejercicios fiscales por los que consolidó la sociedad controladora que le trasmitió la autorización.

II. …………………………...…………………………………………………………………….

En el dictamen de estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, el contador público de acuerdo con las pruebas selectivas que lleve a cabo en los términos del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, deberá revisar y emitir opinión sobre los conceptos establecidos en el artículo 72, fracciones I, incisos c), f), g), h), i), j) y k) y VI de esta Ley.

Artículo 68. ………………………………………………………………………………………

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no procederá respecto de las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones que se hayan considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley.

También podrán restarse contra la utilidad fiscal consolidada o sumarse a la pérdida fiscal consolidada, según se trate, las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por las sociedades controladas y controladora, en el ejercicio fiscal en el que sean disminuidas de su utilidad fiscal por dichas sociedades a nivel individual o de las ganancias que por enajenación de acciones obtenga, según corresponda y hasta por el monto de la misma, siempre que las citadas pérdidas se hubieran considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley en algún ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se disminuyan a nivel individual dichas pérdidas.

……..…………………………………………………………………………………………........

Artículo 70-A. Las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el entero y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades controladoras aplicarán el procedimiento previsto por el artículo 71 de esta Ley o podrán optar por lo establecido en el artículo 71-A de la propia Ley. El procedimiento que se elija conforme a este párrafo deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales contados a partir de aquél en el que se empiece a ejercer la opción citada.

El impuesto sobre la renta diferido a pagar será la suma del impuesto determinado conforme a los artículos 71 ó 71-A y 78, párrafos segundo o tercero, de esta Ley.

El impuesto diferido que resulte conforme a lo previsto en este artículo, deberá enterarse en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se deba pagar el impuesto diferido y se actualizará desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber consolidado, correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y hasta la fecha de presentación de la declaración antes señalada.

Cuando la sociedad controladora haya optado por aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78 de esta Ley para calcular el impuesto a que se refiere el segundo párrafo del mencionado artículo, dicho impuesto no se incluirá para la actualización prevista en el párrafo anterior.

El impuesto diferido que se determine conforme a los procedimientos señalados en el segundo párrafo de este artículo se deberá enterar conforme a lo siguiente:

I. El 40% en el ejercicio fiscal en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido.

II. El 60% restante se enterará en cuatro partes iguales en los cuatro ejercicios fiscales inmediatos posteriores al señalado en la fracción anterior.

Los enteros a que se refiere el párrafo anterior, se actualizarán con el factor de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó el pago a que se refiere la fracción I de este artículo y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el entero de la parcialidad de que se trate.

Cuando la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido a que se refiere este artículo en los plazos previstos, el Servicio de Administración Tributaria determinará el impuesto omitido y sus accesorios conforme a lo siguiente:

a) Si la omisión corresponde al entero de la fracción I de este artículo, se deberá pagar la totalidad del impuesto diferido sin poder aplicar el beneficio que se establece en la fracción II, considerando los recargos sobre el monto actualizado por el periodo comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta el mes en que el mismo se efectúe.

b) Si la omisión corresponde al entero de la fracción II de este artículo, se deberá pagar la totalidad del remanente del impuesto diferido actualizado pendiente de pago y los recargos, correspondientes al periodo comprendido desde la fecha en que se debió realizar el pago de la fracción I y hasta el mes en que efectivamente se efectúe el mismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable con independencia de las sanciones que correspondan de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

Los efectos que resulten de la desincorporación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley, no se considerarán si los mismos ya fueron reconocidos en la determinación y pago del impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo.

Artículo 71-A. La sociedad controladora que haya optado por el procedimiento previsto por este artículo para determinar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley, estará a lo siguiente:

I. Considerará el monto de las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de la sociedad controladora, así como las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones a que se refiere el primer párrafo del inciso e), fracción I, del artículo 68 de esta Ley, que hubieran sido generadas y disminuidas en la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y que la sociedad o sociedades que la generaron no hubieran podido disminuir al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse el pago del impuesto diferido.

Las pérdidas a que se refiere esta fracción se considerarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba realizar el entero del impuesto diferido.

II. La sociedad controladora comparará los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada del sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, y de la sociedad controladora y de las controladas, para lo cual estará a lo siguiente:

a) Comparará el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, a la misma fecha.

El saldo del registro de la cuenta fiscal neta consolidada se podrá incrementar con la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas señaladas en la fracción anterior, el impuesto sobre la renta que se haya determinado y que se pague en los términos del último párrafo de este artículo, siempre y cuando correspondan a aquellas pérdidas que se disminuyeron de conformidad con el artículo 68, quinto párrafo de esta Ley.

b) En caso de que el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea superior al de las sociedades controladas y de la controladora, sólo se disminuirá del primero el saldo del segundo registro.

c) Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3889.

d) El saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se disminuirá con el saldo del registro de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y a la controladora, hasta llevarla a cero.

A la cantidad que se obtenga conforme al inciso c) se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10, para determinar el impuesto diferido determinado y que se pague en cada sexto ejercicio fiscal, mismo que podrá acreditarse contra aquél que se determine por las comparaciones de los saldos de los registros de las cuentas de utilidad fiscal neta en los ejercicios siguientes a aquél en que se haya determinado su pago, hasta por el monto del impuesto determinado en el ejercicio que corresponda, en la medida en que la base sobre la que se calcula el impuesto diferido incluya aquélla sobre la que se haya pagado el impuesto en el ejercicio o ejercicios anteriores.

Se determinará el impuesto aplicando la tasa prevista en el artículo 10 de esta Ley al monto obtenido en la fracción I anterior, al resultado se le sumará el impuesto determinado de conformidad con el párrafo segundo de la fracción II anterior, así como el impuesto que resulte en los términos del artículo 78 de esta Ley. La cantidad que resulte será el impuesto sobre la renta diferido y se estará a lo dispuesto en el artículo 70-A de esta Ley.

Artículo 72. ……………………………..………………………………………………………..

I. ……………………………………….………………………………………………………….

f) Del monto total del impuesto sobre la renta diferido por cada ejercicio fiscal, que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal.

g) Del monto del impuesto sobre la renta diferido enterado en cada ejercicio fiscal, señalando el ejercicio en que éste se generó.

h) Del saldo del impuesto sobre la renta diferido pendiente de enterar, por cada ejercicio fiscal.

i) De la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

j) De la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora correspondiente al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

k) De las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora, correspondientes al impuesto diferido, por cada ejercicio fiscal.

Los registros a que se refieren los incisos f), g), h), i), j) y k) de esta fracción se deberán llevar por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad. Los montos a que se refieren los mencionados incisos f) y h), deberán actualizarse desde el ejercicio en que se debió haber pagado el impuesto correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior de no haber consolidado y hasta el último mes del ejercicio de que se trate.

Las cuentas de utilidad fiscal neta consolidada y de las sociedades controladas y de la controladora, que se incorporen a los registros a que se refieren los incisos i) y j) de esta fracción se determinarán conforme a la mecánica establecida en los artículos 69 y 88 de esta Ley.

…….……………………………………………………………………………………………….

VI. En el dictamen fiscal las sociedades controladoras deberán revelar la siguiente información respecto del cálculo del impuesto diferido que les corresponda enterar conforme al artículo 70-A de esta Ley:

a) La determinación del impuesto sobre la renta diferido que deban enterar.

b) El importe de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, por cada sociedad controlada y por la controladora al 31 de diciembre del ejercicio por el que calcula el impuesto diferido.

c) El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora, así como los que correspondan a la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada.

d) Por cada empresa del grupo, el importe de los dividendos distribuidos a sociedades del mismo grupo que no provengan de cuenta de utilidad fiscal neta por los que se calcule el impuesto diferido.

e) El porcentaje de participación accionaria y/o consolidable, según corresponda, de la sociedad controladora respecto de cada una de las sociedades controladas por las que calcule el impuesto diferido.

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere esta fracción deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas en los términos del artículo 71 de esta Ley y enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido, incluso aquél que corresponda a la sociedad controladora, pendiente de pago por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este Capítulo y hasta que el mismo se realice.

Artículo 75. …………………………..………………………………………………..…..

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las modificaciones a las utilidades o las pérdidas fiscales de las controladas de ejercicios anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta Ley y a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de la misma Ley, siempre que en ejercicios anteriores a aquel en el que se haya dado la variación en la participación accionaria de la sociedad controladora en el capital social de alguna de sus sociedades controladas, los conceptos antes citados se hayan considerado para la determinación y pago del impuesto diferido previsto por el artículo 70-A de esta Ley.

Artículo 78. …………………………………………………………………………………

El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago, y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley, se calculará aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que dichos dividendos fueron pagados o dichas utilidades fueron distribuidas conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley.

La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta diferido por los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido, conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley. Para tal efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en que se pagaron o distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley.

La opción que se elija conforme a los dos párrafos anteriores deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales, contados a partir de aquél en que se empiece a ejercer la citada opción.

Una vez pagado el impuesto diferido a que se refiere este artículo, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada a que se refiere la fracción II del artículo 71-A de esta Ley, se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate.

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Artículo 81. …………………………………….………………………………………………...

Los contribuyentes de este Capítulo que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 25.00%.

……………………………………………………….…………………………………………….

Artículo 86. ………………………………………….………………………………………..….

VI. …..…………………...…………………………………………………………...…………...

Tratándose de contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, se entenderá presentada la declaración a que se refiere el párrafo anterior cuando presenten el dictamen respectivo en los plazos establecidos por el citado Código.

……………………………….…………………………………………………………….............

VIII. Presentarán a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con clientes y proveedores mediante la forma oficial que para tal fin expidan las autoridades fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes no se encuentran obligados a proporcionar la información de clientes y proveedores con los que en el ejercicio de que se trate hubiesen realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00 ni cuando emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 93. .…………………….………………………………………………………………..

En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 95. ………………………………………………………………………………………

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 172 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 96. ………………………………………………………………………………………

III. Los establecidos en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo.

Los requisitos a los que se refieren las fracciones I y II de este artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

Artículo 97. …………….……………………………………………………………………..….

III. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

………………………………………………………………………………………………….….

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

………………………………………………………………………….………….….…….……..

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se refieren los artículos 95, fracciones VI y XII, 96 y 99 de esta Ley, salvo las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no se les renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el límite establecido por el artículo 31, fracción I, último párrafo de esta Ley durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la autorización.

Artículo 100. Para los efectos de los artículos 93 y 103 de esta Ley, las sociedades de inversión de renta variable que distribuyan dividendos deberán llevar una cuenta de dividendos netos.

La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México y se disminuirá con el importe de los dividendos pagados a sus accionistas, provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluirán los dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este artículo se actualizará en los términos del artículo 88 de esta Ley.

Las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión que en el ejercicio fiscal perciban dividendos por su cartera accionaria, deberán calcular el monto de los dividendos que le corresponda a cada uno de sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a lo siguiente:

I. Calcularán los dividendos por acción, dividiendo los dividendos percibidos en el día de que se trate, entre el número de sus acciones en circulación al final de ese día.

II. Determinarán los dividendos por cada accionista, multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, por el número de acciones propiedad de cada accionista al final del día de que se trate.

III. Calcularán los dividendos totales en el ejercicio a favor de cada accionista, sumando los dividendos por accionista, calculados conforme a la fracción anterior, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones de la sociedad de que se trate.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión de renta variable deberán proporcionar la información correspondiente a los accionistas personas físicas de las sociedades de inversión que hubiesen percibido dividendos, determinando el monto de los dividendos brutos acumulables y el impuesto sobre la renta acreditable para cada accionista persona física, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 165 de esta Ley, en la proporción que corresponda a cada uno de sus accionistas personas físicas. Dicha información se consignará en la constancia a que se refiere el artículo 105 de esta Ley.

Artículo 101. ……………..………………………………………………………………………

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX del artículo 95 de esta Ley, así como las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

…………………………………………………………………………………………………......

Quinto párrafo. (Se deroga).

Sexto párrafo. (Se deroga).

Artículo 103. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus accionistas aplicarán a los rendimientos de estas sociedades el régimen que les corresponda de acuerdo a la presente Ley a sus componentes de intereses, dividendos y de ganancia por enajenación de acciones.

Las sociedades de inversión referidas en el párrafo anterior, calcularán el rendimiento de sus accionistas en el ejercicio fiscal de que se trate, a partir de una asignación diaria por accionista de los ingresos gravables devengados a favor de dichos accionistas.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán retener y enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a los accionistas de las sociedades de inversión de que se trate, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, observando para ello lo dispuesto en el artículo 103-A de este ordenamiento. Las personas que paguen intereses a las referidas sociedades quedarán relevadas de efectuar la retención a que se refiere el citado artículo 58.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán acreditar a favor de los accionistas personas físicas de las sociedades de inversión a que se refiere este artículo, el crédito fiscal que se determine conforme al artículo 159 de esta Ley, en los términos de dicha disposición.

Artículo 103-A. Para los efectos del artículo 103 de esta Ley, las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, determinarán el impuesto a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, por acción para cada tipo de contribuyente.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán calcular el monto de los intereses reales devengados de la sociedad de inversión de que se trate correspondiente a cada tipo de contribuyente persona física, persona moral y persona moral con fines no lucrativos, conforme se establece en el artículo 58-A de la presente Ley. Para tal efecto, se deberán considerar como saldos inicial y final, el valor total de las acciones en circulación para cada tipo de contribuyente al inicio y al final del día de que se trate, así como los depósitos o retiros que hubiese efectuado la sociedad de inversión de que se trate durante el día que corresponda, se entenderán como depósitos o retiros aquéllos considerados como tales en el artículo 58-A de esta Ley.

El impuesto diario por acción se calculará dividiendo el monto del impuesto que corresponda a cada tipo de accionista, entre el número de acciones en circulación para cada tipo de contribuyente correspondientes al día inmediato anterior.

Las personas que llevan a cabo la distribución de las acciones de las sociedades de inversión determinarán el impuesto correspondiente a cada accionista multiplicando el impuesto por acción, por el número de acciones de cada accionista correspondientes al día inmediato anterior. El impuesto mensual para cada accionista será la suma de los montos diarios del impuesto durante el mes de que se trate.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión deberán enterar el impuesto correspondiente en los términos del primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

En el caso de que los accionistas de las sociedades de inversión hubiesen obtenido intereses reales negativos, éstos tendrán derecho a aplicar el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de la presente Ley, debiendo calcularse un crédito fiscal por acción correspondiente a cada tipo de accionista. El crédito fiscal por accionista se determinará multiplicando el crédito fiscal por acción, por el número de acciones propiedad de cada accionista correspondiente al día inmediato anterior.

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá emitir un procedimiento de cálculo simplificado para que las sociedades de inversión determinen el monto de los intereses reales devengados por acción, conforme a lo dispuesto por este artículo.

Artículo 104. Las sociedades de inversión de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, además de calcular los intereses reales devengados diarios, conforme se establece en el artículo 103-A de esta Ley, determinarán la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, conforme a lo siguiente:

I. Determinarán diariamente, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero, la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada conforme lo establecido en la presente Ley y la variación en la valuación de dicha parte de la cartera, al final de cada día.

II. Dividirán el valor de la cartera accionaria gravada por tipo de contribuyente, entre el valor de la cartera total, ambos valuados al final de cada día.

III. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se multiplicará por el importe de los gastos administrativos deducibles diarios de la cartera total. Del resultado obtenido se deberán determinar los gastos administrativos deducibles para cada tipo de contribuyente de acuerdo a la participación que éstos tengan en la sociedad de inversión de que se trate.

IV. Para obtener la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, para los accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero, la sociedad de que se trate restará del resultado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, la parte de los gastos administrativos que le corresponda a su cartera accionaria gravada por tipo de contribuyente, calculados conforme a la fracción anterior.

V. La ganancia por la enajenación de la cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, por acción, se obtendrán de dividir el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, entre el número de acciones en circulación al final de cada día de la sociedad de inversión de que se trate, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, personas morales, personas morales con fines no lucrativos y residentes en el extranjero.

VI. La ganancia por la enajenación de la cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, correspondientes a cada accionista, se calcularán multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, por el número de acciones en poder de cada accionista al final de cada día.

Las personas físicas y los residentes en el extranjero, estarán exentos por los ingresos derivados de la ganancia por la enajenación de la cartera accionaria y la variación en la valuación de dicha cartera, de la sociedad de inversión de que se trate, siempre que las citadas acciones sean de aquéllas por cuya enajenación se encuentren exentos los contribuyentes antes citados, conforme a lo señalado por los artículos 109, fracción XXVI y 190, décimo tercer párrafo de esta Ley, respectivamente. En este caso no serán deducibles los gastos administrativos derivados de la enajenación o valuación de la cartera accionaria que se considere exenta para efectos de esta Ley.

Las personas físicas y morales, deberán considerar como ingresos acumulables el monto determinado conforme a la fracción VI de este artículo. Tratándose de residentes en el extranjero la sociedad de inversión de que se trate deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta conforme se señala en el artículo 190 de esta Ley.

La mecánica establecida en este artículo será aplicable para cualquier otro tipo de ingresos que obtengan las sociedades de inversión de deuda o las sociedades de inversión de renta variable, distintos a intereses, dividendos o ganancias por enajenación de acciones.

Artículo 105. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, a través de las personas que llevan a cabo la distribución de sus acciones, deberán proporcionar mensualmente a los accionistas de la sociedad de inversión de que se trate, el estado de cuenta con la información que se señala en la fracción II del artículo 59 de esta Ley.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión deberán proporcionar a los accionistas de las sociedades de inversión, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una constancia que contenga información del año inmediato anterior respecto a la ganancia o pérdida derivada de la enajenación de acciones de su cartera accionaria gravada y de la variación en la valuación de dicha cartera al último día de su inversión o del ejercicio, según corresponda. Asimismo, la citada constancia deberá contener el monto de los dividendos brutos acumulables y el impuesto sobre la renta acreditable para cada accionista, así como el monto de cualquier otro tipo de ingresos que pudiesen obtener los accionistas a través de la sociedad de inversión de que se trate.

Las sociedades operadoras de las sociedades de inversión y las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, serán responsables solidarias por las omisiones en el pago de impuestos en las que pudieran incurrir los accionistas de dichas sociedades, cuando la información contenida en los estados de cuenta o en la constancia a que se refiere este artículo sea incorrecta o incompleta o cuando la legislación fiscal así lo señale.

Las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de las sociedades de inversión, además de presentar ante el Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción I del artículo 59 de esta Ley, también deberán presentar ante el citado órgano, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, la información relativa a la constancia mencionada en el segundo párrafo de este artículo, incluyendo además el nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del contribuyente de que se trate. Lo anterior con independencia de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Inversión.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de este artículo. Dicha información deberá presentarse encriptada en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión y el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 109. ………………………….…………………………………………….…………....

XV. …………………………….………………………………………………….……….…..….

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo.

La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los cincos años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación.

El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita este último, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido.

…………………………………………………………………………………………….……….

XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

…………………………………………….…………………………………………………….....

Artículo 113. ……………..……….…………………………..…………….……………………

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

6,663.68

247.23

10.88

6,663.69

8,601.50

514.14

16.00

8,601.51

10,298.35

824.19

17.92

10,298.36

20,770.29

1,128.27

19.94

20,770.30

32,736.83

3,216.37

21.95

32,736.84

En adelante

5,843.02

28.00

………………………………………………….………………………………………………….

Artículo 133. ……………………………………………………….…………………….………

VII. ………………………………………………………………………..………………………

En el caso de que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, no tendrán obligación de presentar la información señalada en la fracción VIII del artículo 86 de esta Ley.

…………….………………………..………………………….…………………………………..

Artículo 151. ………………………………….………………….………………………………

Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto por dicho precepto.

Artículo 154. ……………………………………….………….…………………………………

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a aquél en que se obtenga el ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.

……………………………………………………………………….…………………………….

Artículo 158. Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos en el artículo 9o. de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés.

Se considerarán intereses, para los efectos de este Capítulo, a los rendimientos de las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán, para cada uno de sus inversionistas, el interés real devengado proveniente de la subcuenta de aportaciones voluntarias o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, según corresponda, conforme a los artículos 58-A ó 103-A de esta Ley. Las administradoras de fondos para el retiro deberán realizar la retención del impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a favor de los inversionistas, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de la presente Ley.

Los inversionistas antes señalados podrán realizar retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, sin que ello implique no cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siempre que dicho retiro se utilice para cubrir la totalidad del monto del impuesto sobre la renta a que se refiere el párrafo anterior y además se cumplan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 159. Son ingresos de este Capítulo, los intereses reales positivos devengados en el ejercicio a través de las instituciones que componen el sistema financiero, las cuales deberán efectuar la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley. Esta retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta conforme se señala en dicho artículo 58.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran intereses reales el monto determinado conforme a la fracción V del artículo 58-A de esta Ley.

Cuando el monto de los intereses reales sea negativo, éste podrá considerarse como pérdida. Esta pérdida multiplicada por la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley dará lugar a un crédito fiscal que las instituciones que componen el sistema financiero podrán acreditar contra las retenciones futuras que deban efectuarle al contribuyente de que se trate conforme al primer párrafo del artículo 58 de la misma Ley. La parte del crédito fiscal que no se hubiese acreditado en el ejercicio, se podrá aplicar, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo, actualizado conforme al artículo 58-B de esta Ley.

Cuando se cancelen, enajenen totalmente o traspasen totalmente las cuentas o los activos financieros que un contribuyente tenga en una institución integrante del sistema financiero, se podrá utilizar el monto del crédito fiscal pendiente de aplicar en las retenciones futuras que sobre los intereses reales positivos devengados le realice otra institución integrante del sistema financiero al contribuyente. Para ello, la institución que determinó el crédito fiscal deberá entregar constancia al contribuyente y a la institución que vaya a realizar la retención antes señalada, en la que se establezca el mes en el que se originó el crédito fiscal, así como el monto actualizado del crédito fiscal pendiente de aplicar hasta la fecha de la cancelación, enajenación total o traspaso total de las cuentas o de los activos financieros de que se trate.

Las instituciones que componen el sistema financiero serán responsables solidarias por las omisiones en el pago de impuestos en las que pudieran incurrir las personas físicas, cuando la información contenida en las constancias a que se refiere el párrafo anterior sea incorrecta o incompleta.

Artículo 160. Para los efectos de este Capítulo, se consideran ingresos los intereses reales positivos devengados a través de sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta Ley o los que se deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizada o en mercados de amplia bursatilidad. El monto de los intereses reales se determinará conforme al artículo 58-A de este ordenamiento, por dichos ingresos se pagará el impuesto sobre la renta de forma mensual aplicando la tasa señalada en el artículo 10 de esta Ley. Este impuesto tendrá el carácter de pago definitivo.

Cuando no se hubiese efectuado el pago del impuesto por los intereses reales positivos devengados a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto pendiente a declarar por dichos intereses deberá cubrirse con la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación, hasta la fecha en la que éstos sean pagados.

El impuesto sobre la renta por los ingresos por intereses a que se refiere este artículo, se podrá disminuir con un crédito fiscal que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 159 de esta Ley por los intereses reales negativos devengados generados a través de las sociedades o títulos antes señalados, siempre que el contribuyente de que se trate se encuentre al corriente con las obligaciones fiscales establecidas en el presente artículo.

Tratándose de créditos o títulos valor que se consideren incobrables y por los cuales se hubiese pagado el impuesto a que se refiere este artículo, el contribuyente de que se trate podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o títulos, debiéndose sumar al crédito fiscal determinado conforme al párrafo anterior. En el caso de que el contribuyente tenga un crédito fiscal pendiente de aplicar derivado de un crédito o título considerado como incobrable, no podrá aplicarse en el futuro dicho crédito contra el impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a su favor.

Se consideran créditos o títulos incobrables, cuando por éstos se consuma el plazo de prescripción que corresponda o cuando exista notoria imposibilidad práctica de cobro. Para estos efectos, se deberá considerar lo establecido en el artículo 31, fracción XVI de esta Ley.

Artículo 161. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la documentación relacionada con los ingresos, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta Ley, las retenciones y el pago del impuesto correspondiente a sus ingresos por intereses.

Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo, aun cuando no sean instituciones integrantes del sistema financiero, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción I del artículo 59 de esta Ley. Asimismo, respecto a las personas a quienes les paguen intereses, les deberán informar mensualmente el monto de los intereses reales devengados, aun cuando éstos sean negativos.

Artículo 167. ……………………….…..………………..……………………………………….

XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a los que se refiere la fracción V del artículo 176 de esta Ley. Para estos efectos se considerará como ingreso el monto total de las aportaciones que el contribuyente hubiese realizado a dicho plan o subcuenta y que hubiera deducido conforme a la fracción V del citado artículo 176, siempre que previamente no se hubiese considerado como ingreso. Estas aportaciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que el contribuyente las hubiese efectuado y hasta el mes en el que perciba el ingreso proveniente del plan personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, según se trate.

No se considerará que se perciben ingresos de un plan personal de retiro, cuando la totalidad de los recursos invertidos en dicho plan, así como sus rendimientos, se traspasen a otro plan personal de retiro o a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Asimismo, no se considerará que se perciben ingresos de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro cuando el contribuyente traspase recursos entre dichas subcuentas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable siempre que la institución cedente proporcione a la receptora, la información necesaria para que ésta cumpla con las obligaciones fiscales respecto de los recursos y los rendimientos que recibió. En este caso, la institución cedente será responsable solidaria cuando le proporcione a la receptora, información incompleta o errónea hasta por el monto del impuesto omitido con motivo de la información suministrada.

Tampoco se considerará que se perciben ingresos de un plan personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando se efectúen retiros para cubrir la totalidad del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, provenientes del plan personal de retiro o subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, según se trate.

Artículo 168. Tratándose de los intereses a que se refiere este Capítulo, se estará a lo siguiente:

……………………………………………………………………………………………….…….

III. Serán ingresos por intereses los percibidos en efectivo, en bienes o en servicios que provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México.

IV. Serán ingresos por intereses los que provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero.

……………………………………………………………………………………………………..

El impuesto sobre la renta por los intereses percibidos en los términos de este artículo, se calculará mensualmente conforme éstos se devenguen. Para estos efectos, se consideran ingresos los intereses reales positivos devengados. El monto de los intereses reales devengados se determinará conforme al artículo 58-A de este ordenamiento, por dichos ingresos se pagará el impuesto sobre la renta de forma mensual aplicando la tasa señalada en el artículo 10 de esta Ley. Para los efectos del artículo 58-A de esta Ley, el contribuyente también considerará como retiro cualquier pago en servicios que realice el deudor del crédito o préstamo de que se trate. El impuesto a que se refiere este párrafo tendrá el carácter de pago definitivo.

Cuando no se hubiese efectuado el pago del impuesto de los intereses reales positivos devengados a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto pendiente a declarar por dichos intereses deberá cubrirse con la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación, hasta la fecha en la que éstos sean pagados.

El impuesto sobre la renta de los ingresos por intereses a que se refiere este artículo, se podrá disminuir con un crédito fiscal que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 159 de esta Ley por los intereses reales negativos devengados generados conforme a este artículo, siempre que el contribuyente se encuentre al corriente con las obligaciones fiscales establecidas en el presente artículo.

Tratándose de créditos o préstamos que se consideren incobrables y por los cuales se hubiese pagado el impuesto a que se refiere este artículo, el contribuyente de que se trate podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o préstamos, debiéndose sumar al crédito fiscal determinado conforme al párrafo anterior. En el caso de que el contribuyente tenga un crédito fiscal pendiente de aplicar derivado de un crédito o préstamo considerado como incobrable, no podrá aplicarse en el futuro dicho crédito contra el impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a su favor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será también aplicable para los acreedores a que se refiere la fracción II de este artículo, considerando para estos efectos el perdón total o parcial de la deuda, según corresponda.

Se consideran como créditos o préstamos incobrables, cuando por éstos se consuma el plazo de prescripción que corresponda o cuando exista notoria imposibilidad práctica de cobro. Para estos efectos, se deberá considerar lo establecido en el artículo 31, fracción XVI de esta Ley.

Artículo 169. (Se deroga).

Artículo 171. ……………………….……….…………………………………………….……...

Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación o, en su defecto, las personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo, deberán retener como pago provisional el monto que se obtenga de aplicar la tasa del 25% sobre la ganancia acumulable que resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas deducibles, en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona física con la misma institución o persona. Estas instituciones o personas deberán proporcionar al contribuyente constancia de la retención efectuada y enterarán el impuesto retenido mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se efectuó la retención, de conformidad con el artículo 113 de esta Ley. Tratándose de operaciones financieras derivadas de deuda la retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta Ley, pudiendo acreditarse, en su caso, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de la presente Ley.

Cuando existan pérdidas en las operaciones financieras derivadas de capital a las que se refiere el párrafo anterior, éstas podrán ser disminuidas de las ganancias en los meses siguientes que le queden al ejercicio, sin actualización, hasta agotarlas, siempre que no hayan sido disminuidas anteriormente.

……………………………………………..…………………………………………….………...

Las ganancias que obtenga el contribuyente en operaciones financieras derivadas de capital deberán acumularse en su declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable respecto de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, excepto tratándose de aquéllas operaciones financieras derivadas de deuda por las que se hubiese efectuado la retención conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

Artículo 172. ……………………………………….……………………….……………………

IV. …………………………………..……………………………………………….……………

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago mediante cheques, traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa, tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o monedero electrónico, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

…………………………………………………….……………………………………………….

Artículo 175. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. Tratándose de los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, la declaración a que se refiere este párrafo se entenderá presentada cuando presenten el dictamen correspondiente en los plazos establecidos por el citado Código.

Segundo párrafo (Se deroga).

………………………………………………….…………………………….……………………

Artículo 176. ..………….………………………………………………………….……………..

III. ………………………..……………………………………………………….………………

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

........…………………………………...……….…….…….………………………………………

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión. Para estos efectos, se determinarán los intereses reales conforme a lo siguiente:

a) El saldo inicial en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo insoluto del crédito hipotecario de que se trate al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se efectúa la deducción o del monto original del crédito hipotecario, según corresponda, entre el valor de la unidad de inversión del citado 31 de diciembre o del día en el que se otorgó el referido crédito, según se trate.

b) El saldo final en unidades de inversión se determinará dividiendo el saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio por el que se efectúa la deducción a la que se refiere esta fracción o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente el crédito hipotecario, el que sea más reciente, entre el valor de la unidad de inversión del referido 31 de diciembre o de la fecha en la que se hubiese amortizado totalmente dicho crédito, según se trate.

c) Al resultado obtenido conforme al inciso inmediato anterior se le sumarán los pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de inversión, efectuados en el ejercicio fiscal que corresponda.

Los pagos por amortización de capital, intereses y comisiones, en unidades de inversión, se obtendrán, dividiendo el monto de cada uno de dichos conceptos, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que éstos se pagaron.

d) Los intereses reales derivados de créditos hipotecarios se obtendrán de restar al resultado obtenido conforme al primer párrafo del inciso c) inmediato anterior, el resultado determinado conforme al inciso a) de esta fracción. El resultado que se obtenga deberá multiplicarse por el valor de la unidad de inversión del 31 de diciembre del ejercicio por el que se efectúe la deducción conforme a esta fracción o del día en el que se amortiza totalmente el crédito hipotecario, según corresponda.

V. Las aportaciones realizadas a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a la que se refiere el artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a los planes personales de retiro. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción no podrá exceder el equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro, sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, con autorización para operar en el país. Las personas que administren planes personales de retiro deberán presentar aviso ante el Servicio de Administración Tributaria, en los términos que dicho órgano establezca mediante reglas de carácter general.

En el caso de fallecimiento del titular de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o del plan personal de retiro, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 109, fracción XVIII de esta Ley y el beneficiario designado, heredero o legatario, estará obligado a acumular a sus demás ingresos del ejercicio los retiros provenientes de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o del plan personal de retiro, conforme se establece en el artículo 167, fracción XVIII de esta Ley.

Para los efectos de esta fracción, no se considerarán como aportaciones las que se realicen a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a un plan personal de retiro, cuando dichas aportaciones provengan de un traspaso de recursos provenientes de otra subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o plan personal de retiro.

No serán deducibles las aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a los planes personales de retiro, en la proporción en la que los recursos invertidos en dicha subcuenta o plan y sus rendimientos, se inviertan en acciones, títulos u operaciones a que se refiere el artículo 109, fracción XXVI de esta Ley, así como en las obligaciones o valores que emitan o garanticen los organismos internacionales cuyos convenios constitutivos establezcan que no se impondrán gravámenes ni tributos sobre dichas obligaciones o valores, cualquiera que fuere su tenedor.

La proporción a la que se refiere el párrafo anterior, se obtendrá de dividir la suma de las proporciones mensuales de inversión no deducible durante el ejercicio de que se trate, entre el número de meses del ejercicio en los que se hubiesen realizado aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o al plan personal de retiro, según corresponda.

La proporción mensual de inversión no deducible se obtendrá de dividir el monto de la inversión al último día del mes de que se trate, en los títulos a que se refiere el quinto párrafo de esta fracción, entre el monto total de la inversión que al citado día tenga la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o el plan personal de retiro, según corresponda.

…………………………..………………..………….………….…….……………………...

Artículo 177. ..……………………..…………….……………...….………….…….…….

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

79,964.16

2,966.76

10.88

79,964.17

103,218.00

6,169.68

16.00

103,218.01

123,580.20

9,890.28

17.92

123,580.21

249,243.48

13,539.24

19.94

249,243.49

392,841.96

38,596.44

21.95

392,841.97

En adelante

70,116.24

28.00

……………………………………………………………………………………..………………

Artículo 190. ………………………………………………………….…………………………

Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe ensu capital social el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, podrán pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enajenaciónde acciones o títulos valor a que se refiere este artículo, con base en la ganancia determinadaen los términos del sexto párrafo de este artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este precepto.

Artículo 195. …………………...….……….…………….……………….………….……….….

Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a losrendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, los premios pagados en el préstamo de valores, descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de apertura o garantía de créditos aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de los títulos colocados entre elgran público inversionista a que se refiere el artículo 9o. de esta Ley, así como la gananciaen la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda yde las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, de los ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a los que se refiere este artículo que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive de los ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión. Asimismo, se considera interés la ganancia derivada de la enajenación efectuada por un residente en el extranjero, de créditos a cargo de un residente en México o de un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando sean adquiridos por un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere el párrafo anterior, se calculará conforme se establece en el artículo 195-A de esta Ley.

Tratándose de ingresos que perciban los residentes en el extranjero distintos a intereses provenientes de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, estarán a lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley.

………………….…………………………………………….……….…………………….……..

Artículo 195-A. Para los efectos del artículo 195, tercer párrafo de esta Ley, las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión determinarán la ganancia que obtengan los residentes en el extranjero por la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de las sociedades de inversión de renta variable, conforme a lo siguiente:

I. Determinarán diariamente, al final de cada día, la proporción de la cartera de inversión de instrumentos de deuda que conforme a esta Ley estén gravados para los residentes en el extranjero, respecto de los instrumentos de deuda correspondientes a este tipo de accionistas.

II. Calcularán el costo promedio ponderado de adquisición de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate, conforme a lo siguiente:

a) El costo promedio ponderado de la primera compra de acciones será el precio de la primera compra de acciones realizada por el inversionista multiplicado por la proporción a que se refiere la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se efectuó la compra de dichas acciones.

b) El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará con cada adquisición de acciones posterior a la primera compra, conforme a lo siguiente:

1) Se multiplicará el número de acciones adquiridas, por su precio de compra y por la proporción a que se refiere la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se adquieran las acciones.

2) Se multiplicará el número de acciones propiedad del contribuyente, correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se realice una nueva adquisición de acciones, por el costo promedio ponderado de adquisición que se tenga a dicho día inmediato anterior.

3) Se sumarán los valores obtenidos conforme los incisos 1) y 2) anteriores.

4) El resultado obtenido de conformidad con el inciso 3) anterior, se dividirá entre el número total de acciones propiedad del contribuyente, al final del día en el que se hubiese realizado una nueva adquisición de acciones, obteniendo con esto el costo promedio ponderado de adquisición de las acciones de la sociedad de que se trate.

III. Para determinar la ganancia por intereses objeto de este impuesto, se deberá multiplicar el precio de venta de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate, por la proporción determinada conforme a la fracción I de este artículo correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la enajenación de las acciones.

IV. La ganancia por la enajenación de acciones se determinará multiplicando el número de acciones enajenadas por la diferencia entre el precio de venta calculado conforme a la fracción anterior y el costo promedio ponderado de adquisición calculado conforme a la fracción II de este artículo.

Al resultado obtenido conforme a la fracción IV de este artículo se le deberá aplicar la tasa de retención que corresponda conforme al artículo 195 de esta Ley. Dicha retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta.

Artículo 199. ……………………..………………..….…………………….……….……….…..

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la tasa que corresponda de acuerdo con el segundo párrafo de este artículo al beneficiario efectivo de la operación.

………………………….…………….………….…………………….……………….…….……

Artículo 218. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien, adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

…….………………………………………………………….….…….…….……….…………....

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones de las sociedades de inversión, a que se refiere este artículo, así como las reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones de las sociedades de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de las sociedades de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido.

Tratándose de intereses derivados de la cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones, la instituciónde que se trate deberá realizar la retención a la que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta Ley.

…………………………………………………………….………….…….…….….…………….

Artículo 219. (Se deroga).”

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicarán las disposiciones siguientes:

I. Para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 30%.

b) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.3889 se aplicará el factor de 1.4286.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 0.3889 se aplicará el factor de 0.4286.

d) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar la reducción del 25.00% se aplicará la reducción del 30.00%.

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

6,663.68

247.23

10.88

6,663.69

8,601.50

514.14

17.14

8,601.51

10,298.35

846.29

19.20

10,298.36

20,770.29

1,172.08

21.36

20,770.30

32,736.83

3,408.88

23.52

32,736.84

En adelante

6,223.41

30.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

79,964.16

2,966.76

10.88

79,964.17

103,218.00

6,169.68

17.14

103,218.01

123,580.20

10,155.48

19.20

123,580.21

249,243.48

14,064.96

21.36

249,243.49

392,841.96

40,906.56

23.52

392,841.97

En adelante

74,680.92

30.00

II. Para el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicará la tasa del 29%.

b) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 1.3889 se aplicará el factor de 1.4085.

c) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor de 0.3889 se aplicará el factor de 0.4085.

d) Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar la reducción del 25.00% se aplicará la reducción del 27.59%.

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

6,663.68

247.23

10.88

6,663.69

8,601.50

514.14

16.57

8,601.51

10,298.35

835.24

18.56

10,298.36

20,770.29

1,150.17

20.65

20,770.30

32,736.83

3,312.63

22.73

32,736.84

En adelante

6,032.62

29.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

79,964.16

2,966.76

10.88

79,964.17

103,218.00

6,169.68

16.57

103,218.01

123,580.20

10,022.88

18.56

123,580.21

249,243.48

13,802.04

20.65

249,243.49

392,841.96

39,751.56

22.73

392,841.97

En adelante

72,391.44

29.00

DISPOSICION DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010, los intereses a que hace referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan con los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO CUARTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las reformas y adiciones a los artículos 31, fracción III, sexto párrafo; 86, fracciones VI, segundo párrafo y VIII, primer párrafo; 133, fracción VII, segundo párrafo; 172, fracción IV, quinto párrafo, y 175, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

II. Las modificaciones a los artículos 50; 58; 58-A; 58-B; 59; 100; 103; 103-A; 104; 105; 151; 154, cuarto párrafo; 158; 159; 160; 161; 168; 169; 171; 175, actual segundo párrafo; 195, 195-A y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de intereses, entrarán en vigor el 1 de enero de 2011.

III. La reforma y adición al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrarán en vigor el 1 de mayo de 2010.

IV. Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses devengados antes del 1 de enero de 2011 se efectuará conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

Para los efectos del párrafo anterior, las instituciones que componen el sistema financiero deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de 2010 en la Ley de Ingresos de la Federación para dicho ejercicio fiscal, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, desde la fecha de inicio de la inversión o desde el día en el que el contribuyente hubiese cobrado por última vez intereses y hasta el 31 de diciembre de 2010. El entero se realizará de acuerdo al primer párrafo del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio de que se trate, conforme al artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los contribuyentes personas físicas acumularán los intereses devengados a su favor durante el ejercicio fiscal de 2010. En estos casos la retención se efectuará conforme al primer párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre del citado año.

Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2011, las instituciones que componen el sistema financiero, así como las sociedades que paguen intereses, deberán considerar como saldo inicial al 1 de enero de 2011, el saldo que hubiese tenido la cuenta o activo financiero de que se trate, al 31 de diciembre de 2010.

V. Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2011.

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2011, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2012.

VI. Durante el ejercicio fiscal de 2010 la sociedad controladora deberá enterar el impuesto sobre la renta diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores a 2005, y que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009. Para tal efecto, la sociedad controladora podrá aplicar el procedimiento previsto en el artículo 71 de la citada Ley, o podrá optar por lo dispuesto en la fracción VIII de esta disposición transitoria.

El entero del impuesto diferido a que se refiere el párrafo anterior, se deberá efectuar por la sociedad controladora conforme al esquema de pagos siguiente:

a) El 40%, mediante declaración que se presente en el mes de junio del ejercicio fiscal de 2010.

b) El 60% restante se enterará en cuatro partes iguales en los cuatro ejercicios fiscales inmediatos posteriores al señalado en el inciso anterior, en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se deba pagar el impuesto diferido.

VII. Las sociedades controladorasque hubieran optado por aplicar la fracción VIII de este artículo, deberán efectuar el entero del impuesto sobre la renta a que se refiere el artículo 78, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios anteriores a 2005, que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009, conforme a lo siguiente:

a) Se pagará el impuesto sobre la renta diferido por las sociedades controladas que pagaron los dividendos o distribuyeron las utilidades, aplicando la tasa del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la fecha en que se pagaron los dividendos o se distribuyeron las utilidades, conforme a la mecánica del primer párrafo del artículo 10-A u 11, de dicha Ley, según corresponda, actualizando el monto del impuesto desde el mes en que se pagaron los dividendos y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto diferido en los términos del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) La sociedad controladora podrá optar por calcular y pagar el impuesto sobre la renta diferido citado en el inciso anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2010 sobre el monto de los dividendos o utilidades actualizados desde el mes en que se pagaron o se distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido en términos del artículo 70-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El monto de los dividendos o utilidades respecto de los que se aplique la tasa del artículo 10 de dicho ordenamiento se determinará conforme a la mecánica del primer párrafo del artículo 11 de la mencionada Ley.

El saldo final del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre de 2004 a que se refiere el inciso b) de la fracción VIII de este artículo, se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate, siempre que se pague el impuesto sobre la renta que corresponda.

Para los efectos del mecanismo previsto en esta fraccióny en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se considerarán los dividendos o utilidades en efectivo o en bienes pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 que no provinieron de las cuentas de utilidad fiscal neta y de utilidad fiscal neta reinvertida, para el entero del impuesto sobre la renta diferido durante el ejercicio fiscal de 2010, sin embargo dicho mecanismo será aplicable cuando se desconsolide el grupo.

Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes, conforme al párrafo anterior, no incrementarán las referidas cuentas de las sociedades que los hayan recibido.

VIII. Para el pago del impuesto diferido, la sociedad controladora para el ejercicio de 2004 y anteriores, estará a lo siguiente:

a) Considerará los conceptos siguientes:

1. El monto de las pérdidas fiscales de las sociedades controladas y de la sociedad controladora de ejercicios anteriores, así como las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones a que se refería el inciso d) del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y primer párrafo del inciso e), fracción I, del artículo 68 de dicha Ley vigente a partir de 2002, disminuidas en la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada de ejercicios anteriores, y que la sociedad o sociedades que las generaron no hubieran podido disminuir al 31 de diciembre de 2009.

2. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a las sociedades controladas y a la controladora, a que se refiere el numeral anterior, se considerarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba realizar el pago del impuesto diferido.

3. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio de 2004. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de las sociedades controladas y de la controladora, se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio de 2004.

A la cantidad que se obtenga conforme lo anterior, se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) La sociedad controladora comparará los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre del ejercicio de 2004, y de la sociedad controladora y de las controladas, para lo cual estará a lo siguiente:

1. Comparará el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada a la misma fecha.

El saldo del registro de la cuenta fiscal neta consolidada se podrá incrementar con la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas señaladas en el inciso a) de esta fracción, el impuesto sobre la renta que se haya determinado y que se pague en los términos de este inciso, numeral 1, cuarto párrafo, siempre y cuando correspondan a aquellas pérdidas que se disminuyeron de conformidad con el artículo 68, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En caso de que el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea superior al de las sociedades controladas y de la controladora, sólo se disminuirá del primero de éstos el saldo del segundo registro.

Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad fiscal la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3889, sobre la cual la controladora determinará el impuesto que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se disminuirá con el saldo del registro de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y controladora, hasta llevarla a cero, considerando para estos efectos lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este inciso.

El registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora y del consolidado al 31 de diciembre de 2004 será el monto de la cuenta de utilidad fiscal neta que hayan determinado dichas sociedades. Asimismo, el monto del saldo inicial al 1 de enero de 2005 será de cero.

2. La sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora en la participación que corresponda al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago del impuesto diferido, con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida. En caso de que este último sea superior al primero, sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, el saldo de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y controladora. Cuando el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida sea inferior al de las sociedades controladas y controladora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3889, sobre la cual la controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, el saldo de la misma cuenta correspondiente a las sociedades controladas y de la controladora, hasta llevarla a cero, considerando para estos efectos lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este inciso.

3. En el caso de que en el numeral 1 de este inciso se determine utilidad por la que se deba pagar impuesto y en el numeral 2 anterior no se determine utilidad, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta de las controladas y de la controladora y de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, determinada en el citado numeral 1, se comparará con el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida después de la disminución a la que se refiere el numeral 2 anterior. Si este último es mayor, se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida con la diferencia antes señalada y la controladora no pagará el impuesto a que se refiere el numeral 1 de este inciso.

Cuando la diferencia señalada en el párrafo anterior sea mayor que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, en lugar de lo señalado en el numeral 1 de este inciso, se considerará utilidad la nueva diferencia entre ambos, multiplicada por el factor de 1.3889 y la sociedad controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida hasta llevarla a cero.

4. Cuando conforme al numeral 2 de este inciso se determine utilidad por la que se deba pagar impuesto y en el numeral 1 de este inciso no se determine utilidad, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora y de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, determinada en el numeral 2 de este inciso, se comparará con el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada después de la disminución a que se refiere el mismo numeral 1 de este inciso. Si este último es mayor, se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida con la diferencia antes señalada y la sociedad controladora no pagará el impuesto a que se refiere dicho numeral 2.

Cuando la diferencia señalada en el párrafo anterior sea mayor que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, en lugar de lo señalado en el numeral 2 de este inciso, se considerará utilidad la nueva diferencia entre ambos, multiplicada por el factor de 1.3889 y la controladora pagará el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se disminuirá el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada hasta llevarla a cero.

El impuesto a pagar será la suma del impuesto determinado conforme a los incisos a), último párrafo y b), numerales 1 ó 3 y 2 ó 4 de esta fracción.

Para la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el inciso a) numeral 1 de esta fracción y las fracciones I y II del artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será aplicable el segundo párrafo de la fracción XXXII de las Disposiciones Transitorias de dicha Ley, en vigor a partir del 1 de enero de 2002, respecto de las pérdidas fiscales ocurridas con anterioridad al 1 de enero de 1999.

Asimismo, al saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se tenga al 31 de diciembre del ejercicio inmediato a aquél en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido y que se haya considerado en las comparaciones previstas en el inciso b), numeral 1, de esta fracción y en la fracción II del artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le podrá incrementar las pérdidas fiscales a que hace referencia el párrafo anterior, siempre que se hayan incorporado en el cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se tenga al ejercicio inmediato anterior a aquél en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido.

Además estarán a lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio, fracciones X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

IX. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción VIII de este artículo transitorio, las sociedades controladoras que hayan ejercido la opción contenida en el segundo párrafo de la fracción XXXIII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, sumarán o restarán los conceptos especiales de consolidación, según corresponda que, en su caso, hubieran continuado determinando por las operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal de 2002. Dichos conceptos especiales de consolidación se considerarán como efectuados con terceros, desde la fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos especiales de consolidación, calculados en los términos del artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001. Al resultado que se obtenga de la suma o resta, se le aplicará la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que se incrementará el impuesto sobre la renta diferido que deba pagarse en el sexto ejercicio fiscal.

Para los efectos de esta fracción, los conceptos especiales de consolidación se sumarán o restarán, según corresponda, en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se deba realizar el entero del impuesto diferido.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los conceptos especiales de consolidación determinados por operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 1 de enero de 1999.

Los conceptos especiales de consolidación mencionados se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio fiscal en que se realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos, tratándose de las operaciones a que se referían los artículos 57-F, fracción I y 57-G, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y desde el último mes del periodo en que se efectuó la actualización en el caso de la deducción por la inversión de bienes objeto de las operaciones referidas y hasta el mes en que se presente la declaración en la que se deba pagar el impuesto diferido.

X. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sociedades controladoras que hubieran optado por continuar determinando los conceptos especiales de consolidación, por las operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2002, deberán revelar en el dictamen fiscal el importe de los conceptos especiales de consolidación que correspondan a la sociedad controladora y a cada una de las sociedades por los que se calcule el impuesto diferido.

Las sociedades controladoras, deberán revelar en el dictamen el saldo del impuesto al activo pendiente de recuperar de la sociedad controladora y de cada una de las empresas controladas al ejercicio por el que se calcule el impuesto diferido.

XI. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción VI, incisos c) y d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sociedades controladoras deberán revelar en el dictamen fiscal a que se refiere dicho precepto, la información respecto de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades controladas y de la controladora, así como los que correspondan a la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida.

En el dictamen a que se refiere el párrafo anterior, también se deberá revelar el importe de los dividendos distribuidos a sociedades del mismo grupo que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida por los que se calcule el impuesto diferido.

Las cuentas de utilidad fiscal neta reinvertida a que se refiere esta fracción son las que tengan las sociedades controladas y la controladora de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta hasta el 31 de diciembre de 2001.

En el dictamen de estados financieros a que se refiere el artículo 65, fracción II, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá revisar y emitir opinión del impuesto sobre la renta diferido que se determine y calcule en los términos de las fracciones VI a XI de este artículo.

XII. Para los efectos de los artículos 158 y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses devengados antes del 1 de enero de 2011 se efectuará conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2010.

XIII. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 176, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010, en lugar de determinar el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios conforme al procedimiento establecido en el citado precepto, dicho monto se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, por el periodo que corresponda.

XIV. Para los efectos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará será el mes de diciembre de 2009. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable para los efectos de las fracciones I, incisos e) y f) y II, incisos e) y f), del Artículo Segundo de este Decreto.

XV. Los contribuyentes que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se deroga conforme al Artículo Primero del presente Decreto, podrán aplicar el monto pendiente de acreditar del estímulo fiscal autorizado por ejercicios anteriores, hasta agotarlo, conforme a las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2009.

XVI. Para los efectos del artículo 167, fracción XVIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2010, las aportaciones voluntarias que se hubieran deducido conforme al artículo 176, fracción V de dicha Ley, vigente al 31 de diciembre de 2009, deberán considerarse como ingreso acumulable cuando se encuentren en los supuestos establecidos en el citado artículo 167, fracción XVIII, primer párrafo, aplicando para tal efecto el procedimiento establecido en la mencionada fracción XVIII.

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

ARTICULO QUINTO. Se REFORMAN los artículos 2, fracciones III, primer párrafo y VI; 3, primer párrafo; 4, fracción I, tercer y cuarto párrafos; 5; 12, fracción I, y 13, y se ADICIONA el artículo 12, con una fracción V, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar como sigue:

“Artículo 2. ………………………………………………………………………………..……..

III. Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los términos de esta Ley.

…….…………………………………...………………….…………….…..……….………….....

VI. Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.

Para los efectos del párrafo anterior, las personas físicas que tengan abiertas las cuentas a que se refiere dicho párrafo deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado, que dichas personas físicas no son contribuyentes que tributan en el Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa del 3% al importe total de los depósitos gravados por esta Ley.

………………………………………………………………………….…….….……….…….….

Artículo 4. ………………………….……………………….………….………….…….…….…

I. ……………………………………………...….……….…………….…..….……….…............

Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se realicen tales depósitos.

Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma institución del sistema financiero, cuyo monto acumulado exceda de $15,000.00en un mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente en ella. En el caso de que dicha persona no sea titular de otro tipo de cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento de cualquiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.

…….………………….……………….……………………….………….…….………………....

Artículo 5. Si de la información a que se refiere la fracción VII del artículo 4 de esta Ley, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los depósitos en efectivo por parte del contribuyente, las autoridades fiscales notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo por concepto de impuesto a los depósitos en efectivo o no haya ejercido el derecho a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente y realizará el requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos que correspondan desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Artículo 12. …………..………….……….…………….…………….……….…….……………

I. Persona moral, a la que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tal.

………….……………………….…….…………….………….………….……….……………...

V. Instituciones del sistema financiero:

a) A las que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tales.

b) A las que se consideren como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, conforme a las disposiciones aplicables.

c) A las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

d) A las sociedades financieras de objeto múltiple.

e) A las sociedades operadoras de sociedades de inversión.

f) A las sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Artículo 13. También se encontrarán obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas que tengan abiertas a su nombre en cualquier institución, independientemente de la razón o denominación social que adopte, que tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios o accionistas o captar fondos o recursos monetarios de sus socios o accionistas para su colocación entre éstos, las cuales deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refiere la presente Ley.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS

DEPOSITOS EN EFECTIVO

ARTICULO SEXTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las modificaciones al artículo 2, fracción VI, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, entrarán en vigor el 1 de julio de 2010.

Para los efectos del artículo 2, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas que al 31 de diciembre de 2009 tengan abiertas cuentas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas no son contribuyentes que tributan en el Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se considerarán como contribuyentes que tributan en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Para los efectos del artículo 12, fracción V de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, también se entenderá por instituciones del sistema financiero:

a) A las sociedades y asociaciones a que se refieren los Artículos Segundo y Tercero transitorios del artículo primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

b) A las sociedades y asociaciones a que se refieren los transitorios Primero y Segundo, segundo párrafo del artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO SEPTIMO. Se REFORMAN los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o.-A, fracción I, último párrafo; 5o., último párrafo; 15, fracción X, inciso b) segundo párrafo, y 32, fracción III, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- …………………………………...…………………………………………............

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 1o.-C.- ……………………….………………………………………………………….

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

………………………….………………………………………………………………………….

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 ó 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16% o 11%, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

…………..…………………………………………………………………………………….......

Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 2o.-A.- …………...………………………………………………………………...........

I.- ………………………………………………………………………………………….............

Se aplicará la tasa del 16% o del 11%, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

…………...………………………………………………………………………………………...

Artículo 5o.- ……………….……………………………………………………………………..

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa de 11%, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Artículo 15. ……….……………….……………………………………………………………..

X. ……………………...……………………….………….………………….…………………...

b) ….………………………..………………………………………………..……………………

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a contribuyentes que opten por pagar el impuesto en los términos del artículo 2o.-C de esta Ley, o a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas personas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

…………………………………………………….…..……….…..…….…………………….…..

Artículo 32. …………………………………………..……...…………………………………..

III. …………………….…………..……….………………....…………….…….…………….....

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, por el pago que de las mismas se haga con posterioridad a la fecha en la que se hubiera expedido el comprobante a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como anotar el importe de la parcialidad que ampare, la forma como se realizó el pago de la parcialidad, el monto del impuesto trasladado, el monto del impuesto retenido, en su caso, y el número y fecha del documento que se hubiera expedido en los términos del párrafo anterior amparando la enajenación de bienes, el otorgamiento de su uso o goce temporal o la prestación del servicio de que se trate.

………….…………………….……………………………………….……….…….….…….….”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO OCTAVO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. La reforma al artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y la reforma al artículo 32, fracción III, tercer párrafo del citado ordenamiento, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

II. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas a que se refiere dicho precepto deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en el citado registro y que no son contribuyentes que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se presumirá que no están inscritas en dicho registro o que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

III. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente:

a. Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

b. Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

ARTICULO NOVENO. Se REFORMAN los artículos 17-A, cuarto, sexto y actual séptimo párrafos; 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-A, fracción I, primer párrafo; 32-B, encabezado y fracciones IV y VII; 32-E; 40, encabezado del primer párrafo y fracción III; 41; 42, fracción V, primer párrafo; 49, fracción I; 63, primer párrafo; 65; 69, primer párrafo; 70, cuarto párrafo; 80, fracción II; 81, encabezado y fracción X; 82, encabezado y fracción X; 84, fracciones IV y VI; 84-A, encabezado y fracción VII; 84-B, encabezado y fracción VII; 84-G; 84-H; 113, encabezado y fracción III; 143 segundo párrafo; 145, séptimo párrafo; 151, cuarto párrafo; 155, fracción I, y 156-Bis; se ADICIONAN los artículos 15-C; 17-A con un séptimo y noveno párrafos, pasando los actuales séptimo y octavo párrafos a ser octavo y décimo párrafos; 20-Ter; 29-C con un tercer párrafo, pasando los actuales tercer y cuarto párrafos, a ser cuarto y quinto párrafos; 32, con un octavo párrafo; 40, con una fracción IV, y con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 84-A, con las fracciones VIII, IX y X; 84-B, con las fracciones VIII, IX y X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L; 109, primer párrafo con las fracciones VI, VII y VIII; 145-A, con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y con un quinto y sexto párrafos, y 156-Ter, y se DEROGA el artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 15-C. Para los efectos de este Código, se entenderá como entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Para ser consideradas como entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 17-A. .……………………..……………………………………….................................

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.

……………………………………………………….………….…………………………………

Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.

……………………………………………………………………………..…………...….............

Artículo 20-Ter. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor, en moneda nacional, de la unidad de inversión, para cada día del mes. A más tardar el día 10 de cada mes el Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes inmediato siguiente.

El valor de la unidad de inversión se calculará conforme a la siguiente fórmula:



Donde:

d = Día del que se desea conocer el valor de la UDI.

m = Mes del año a que corresponda d.

UDId,m = Unidad de Inversión correspondiente al día d del mes m.

UDId-1,m = Unidad de Inversión correspondiente al día inmediato anterior al día d del mes m.

* = Operador de multiplicación.



= Raíz enésima.

1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes m se utiliza:

n = 15

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.

INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.

2. Para obtener el valor de la UDI para los días del 26 de cada mes al 10 del mes inmediato siguiente, se utiliza la siguiente formulación:

2.1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 26 al último día del mes m se utiliza:

n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes m y hasta el día 10 del mes siguiente.

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes m.

INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m.

2.2. Para determinar el valor de la UDI para los días del 1 al 10 del mes m se utiliza:

n = Número de días naturales contados desde el 26 del mes inmediato anterior al mes m y hasta el día 10 del mes m.

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior al mes m.

INPCq-1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes antepasado al mes m.

Artículo 22. .…………………..………....……………………………………………………….

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este Código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

……………………………………………………………………………………………….…….

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Los comprobantes fiscales digitales deberán contener el sello digital del contribuyente que lo expida, el cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido órgano desconcentrado, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce, o usen servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir además con las obligaciones siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la emisión de los comprobantes mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales que emitan las personas físicas y morales. Los sellos digitales quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico, que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. Cubrir, para los comprobantes que emita, los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en la fracción VIII del citado precepto.

Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la operación sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A de este Código, así como los requisitos previstos en las demás fracciones contenidas en este artículo.

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, el comprobante respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general y antes de su expedición, para que ese órgano desconcentrado proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción III de este artículo.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo con los requisitos que al efecto se establezcan en las reglas de carácter general por dicho órgano desconcentrado.

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción en cualquier momento, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo o en las disposiciones de carácter general que les sean aplicables.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales.

V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que deberá reunir la impresión de los citados comprobantes.

Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes fiscales digitales que expidan.

Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros electrónicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 de este Código.

VI. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control de los pagos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades.

VII. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática, determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se encuentra registrado en dicho órgano desconcentrado y no ha sido cancelado.

Los contribuyentes que mediante reglas de carácter general determine el Servicio de Administración Tributaria podrán emitir sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores de servicios, cumpliendo con los requisitos que al efecto establezca ese órgano desconcentrado.

Tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de $2,000.00, los contribuyentes podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que se precisan en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en las fracciones II y IX del citado precepto.

Para emitir los comprobantes fiscales a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet, y cumplir con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes deberán proporcionar trimestralmente al Servicio de Administración Tributaria a través de medios electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los folios asignados conforme al párrafo anterior. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general establecerá las especificaciones para cumplir con lo previsto en este párrafo. De no proporcionar la información señalada en este párrafo, no se autorizarán nuevos folios.

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como comprobar la autenticidad del dispositivo de seguridad y la correspondencia con los datos del emisor del comprobante, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Los proveedores de los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del artículo 29-A de este Código deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a las operaciones con sus clientes en los términos que fije dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este Código, su Reglamento y en las reglas de carácter general que para esos efectos emita el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.

Los comprobantes que se expidan conforme a este artículo deberán señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan, desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y, en su caso, VIII tratándose de comprobantes impresos o IX en el caso de comprobantes fiscales digitales, del artículo 29-A de este Código, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasas de impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate.

Cuando los comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en este artículo o en el artículo 29-A de este Código no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación.

Artículo 29-A.……………………..………………………….…………………………..............

II. Contener el número de folio asignado por el Servicio de Administración Tributaria o por el proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales y el sello digital a que se refiere la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código.

……………………...………………………………………......………………………………….

VIII. Tener adherido un dispositivo de seguridad en los casos que se ejerza la opción prevista en el quinto párrafo del artículo 29 de este Código que cumpla con los requisitos y características que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Los dispositivos de seguridad a que se refiere el párrafo anterior deberán ser adquiridos con los proveedores que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

IX. El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide.

Los dispositivos de seguridad referidos en la fracción VIII de este artículo que no hubieran sido utilizados por el contribuyente en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se hubieran adquirido, deberán destruirse y los contribuyentes deberán dar aviso de ello al Servicio de Administración Tributaria, en los términos que éste establezca mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria en reglas de carácter general que para estos efectos emita. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 29-C. En las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de servicio o mediante monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla lo siguiente:

…………………………..……….….………………………………………………….………….

El original del estado de cuenta que se expida en términos del primer párrafo de este artículo deberá contener la clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue su uso o goce, o preste el servicio. En caso de que el estado de cuenta señale los datos a que se refiere la fracción II de este artículo, no será necesario contar con el documento a que se refiere la citada fracción.

Se presumirá que el estado de cuenta es original cuando el mismo sea exhibido de forma impresa, o bien de manera electrónica.

………………………………………..……………………………………………………............

Quinto párrafo (Se deroga)

……………………………………………………………………………………………………..

Ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo, o bien, en el caso de que los datos contenidos en los estados de cuenta no correspondan con la información de los estados de cuenta proporcionados por las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos que emitan los citados estados de cuenta, los mismos no serán considerados como comprobantes fiscales para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales.

Artículo 32. ………………...…………………………………………..…………….…………..

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Artículo 32-A. …………..…………………………………………………………….………….

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

……………………………………………………………………………………….…………….

Artículo 32-B. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes:

…………………….…………………………...…………………………………………………..

IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la información mencionada en dicho párrafo cuando la petición que formule derive del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22 y 42 de este Código, en relación con el cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución.

…………………….………………………………………………...……………………………..

VII. Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código y en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

………………….……………………………………...…………………………………………..

Artículo 32-E. Las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, deberán expedir los estados de cuenta, en términos de las disposiciones aplicables, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código, y en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

En aquellos casos en los que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de un contribuyente, éstas podrán optar por solicitar directamente a las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, la información contenida en el estado de cuenta, siempre que dichas autoridades cuenten con la denominación de la institución o persona moral y especifique el número de cuenta y el nombre del cuentahabiente o usuario, para el efecto de verificar la información contenida en los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El envío de la información señalada en el párrafo anterior será a través de los medios que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

…………….……….………………………………………………………………………………

III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.

Para los efectos de esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III, Título V de este Código.

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

………………………………….………………………………………...………………………..

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a los visitadores.

…………………………………...………………………………………...………..……………..

Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Artículo 42. ……………..………………………………………………………………………..

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

……………………….……………….……………………………………………………………

Artículo 49. …………………..………………………………….……………………………….

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera.

…….…………………………………...…………………………………………….………......

Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

……………………………………..………………………………………………………………

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales, en los comprobantes fiscales en forma impresa con dispositivo de seguridad y en las bases de datos que lleven, o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su notificación, excepto tratándose de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción II de este Código en cuyo caso el pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que pretendan deducir o acreditar, expedidos a su nombre en términos del artículo 29 de este ordenamiento.

………………………………………………..………………………………….…………….......

Artículo 70. ………………………………………..…………………………….……………….

Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 80. ………………………………………………...…………….………………………

II. De $3,040.00 a $6,070.00, a la comprendida en la fracción III. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,010.00 a $2,030.00.

…………………………………………………………….………………………….……………

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias:

………………………………………………...………………………...……..….….……………

X. No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo establecido en la fracción IV del artículo 29 de este Código.

…………………………………………..……………………………………………...………….

XXXII. No proporcionar la información a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 29 de este Código.

XXXIII. No proporcionar la información a que se refiere el noveno párrafo del artículo 29 de este Código.

XXXIV. No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42-A de este Código.

XXXV. La omisión de destruir los dispositivos de seguridad no utilizados en términos del artículo 29-A de este Código; así como no presentar el aviso correspondiente al Servicio de Administración Tributaria una vez destruidos en términos de las disposiciones correspondientes.

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:

…………..……………………...……………………………………….…………………………

X. De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción X.

…………..……………………….……………………………………….………………………..

XXXII. De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción XXXII.

XXXIII. De $8,000.00 a $15,000.00, para la establecida en la fracción XXXIII.

XXXIV. De $15,000.00 a $25,000.00 por cada solicitud no atendida, para la señalada en la fracción XXXIV.

XXXV... De $8,000.00 a $15,000.000 por cada dispositivo de seguridad que no se hubiere destruido o respecto de cuya destrucción no se hubiera presentado el aviso al Servicio de Administración Tributaria, para la establecida en la fracción XXXV.

Artículo 84. ………………………..…………………………….……………………………….

IV. De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción VII. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,210.00 a $2,410.00. En el caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, además, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

……………………………………….…………………………………………………………….

VI. De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,210.00 a $2,410.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

.……….………………...…………………………………………………………………….........

Artículo 84-A. Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E y 156-Bis de este Código, las siguientes:

……………………………………….……………………………………………………….........

VII. No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la información conforme a lo previsto en el artículo 32-B de este Código.

VIII. No realizar la inmovilización de depósitos a que se refiere el artículo 156-Bis de este Código.

IX. No informar a la autoridad fiscal sobre la inmovilización de los depósitos a que se refiere el artículo 156-Bis de este Código en el plazo señalado por dicha autoridad.

X. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-E de este Código.

Artículo 84-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, se le impondrán las siguientes multas:

……………………………………………………………………………...……………………...

VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este Código, y de $10,000.00 a $15,000.00 por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.

VIII. De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción VIII.

IX. De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción IX.

X. De $50,000.00 a $60,000.00, a la establecida en la fracción X.

Artículo 84-G. Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.

Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de $3,700.00 a $7,410.00 por cada informe no proporcionado.

Artículo 84-I. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, en relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este Código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-C de este Código y en las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este Código, se les impondrá una multa de $70.00 a $140.00 por cada operación que no cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este Código, asentada en un estado de cuenta.

Artículo 84-K. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, el no proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información contenida en los estados de cuenta, a que se refiere el artículo 32-E de este Código.

Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de $50,000.00 a $60,000.00, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se haya requerido.

Artículo 109. ……………………...…..…………….……………………………………………

VI. Comercialice los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del artículo 29-A de este Código. Se entiende que se comercializan los citados dispositivos cuando la autoridad encuentre dispositivos que contengan datos de identificación que no correspondan al contribuyente para el que fueron autorizados.

VII. Darle efectos fiscales a los comprobantes cuyos dispositivos de seguridad no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.

…………………….……………………………………………………………………………….

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que:

……………………….…………………………………………………………………………….

III. Fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya, comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, introduzca a territorio nacional, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, manipule o posea dispositivos de seguridad, sin haberlos adquirido en términos del artículo 29-A, fracción VIII de este Código.

Artículo 143. …………………..………………………………………………….……..……….

Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la autoridad fiscal.

…………………….……………………………………………………………...………………..

Artículo 145. ……………..………………………………………………………..……………..

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

Artículo 145-A. …………...…………………………………….….…………………………….

El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para determinar provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código.

………………………...………………………………………………….……....………………..

Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto por este artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como depositario de los mismos en los términos establecidos en el artículo 153 de este Código, con excepción de lo dispuesto en su segundo párrafo. En el caso de depósitos en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo u otros bienes, éstos también podrán dejarse en posesión del contribuyente, como parte de la negociación.

El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Artículo 151. …………………...………………..……………………………………………….

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

Artículo 155. …………………………..………………….……………………………..……….

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, seguros de vida con componente de ahorro o inversión o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia.

……………………………………….…………………………….………………………............

Artículo 156-Bis. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipode cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia, sólo procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados.

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte del Servicio de Administración Tributaria o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, el Servicio de Administración Tributaria notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes.

En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo al Servicio de Administración Tributaria, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al Fisco Federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 de este Código, en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta.

Artículo 156-Ter. Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue:

I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación.

II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe al Servicio de Administración Tributaria haber transferido los recursos a la Tesorería de la Federación suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente.

III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 141 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía.

IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo.

En cualesquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe al Fisco Federal el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante el Servicio de Administración Tributaria con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la cantidad transferida en exceso en términos del artículo 22 de este Código en un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio del Servicio de Administración Tributaria, las pruebas no son suficientes, se lo notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION

ARTICULO DECIMO. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Noveno de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las reformas a los artículos 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-B, fracción VII; 32-E; 81, fracción X; 82, fracción X; 84-G, y 113, encabezado y fracción III; las adiciones de los artículos 29-C, tercer párrafo pasando los actuales tercero y cuarto párrafos a ser cuarto y quinto párrafos; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, con la fracción X; 84-B, con la fracción X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L, y 109, primer párrafo, con las fracciones VI, VII y VIII, y la derogación del artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

II. Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor de la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, tengan comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, podrán continuar utilizándolos hasta que se agote su vigencia, por lo que éstos podrán ser utilizados por el adquirente de los bienes o servicios que amparen, en la deducción o acreditamiento, a que tengan derecho conforme a las disposiciones fiscales. Transcurrido dicho plazo, sin que sean utilizados, los mismos deberán cancelarse de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del propio Código.

III. Para los efectos de la fracción I de este Artículo, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los contribuyentes se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos de las disposiciones fiscales cumpliendo con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

IV. Para los fines de lo establecido en el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación, a la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá proporcionar al Banco de México, los niveles del índice nacional de precios al consumidor de la primera quincena del mes el día 17 de ese mismo mes y la segunda quincena del mes el día 2 del mes inmediato siguiente.

Para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente. Lo anterior, en tanto se establezcan las instancias de la propia Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes”.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Se reforma el ARTICULO TERCERO del “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, para quedar como sigue:

ARTICULO TERCERO.- Las variaciones del valor de la Unidad de Inversión deberán corresponder a las del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación.

El Banco de México calculará el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado procedimiento. Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 20-Ter del Código Fiscal de la Federación.”

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2009.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que se ha distribuido entre la Asamblea, consulte la Secretaría, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

SÍ se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de octubre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 20 de octubre del 2009, la Colegisladora aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

2. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANALISIS DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa corresponde a la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, el día 8 de septiembre de 2009, la cual establece primordialmente, lo siguiente:

Se propone incrementar transitoriamente la tasa ad valorem actualmente vigente para bebidas alcohólicas con graduación alcohólica mayor a 20º G.L. en 3 puntos porcentuales durante los años de 2010, 2011 y 2012, para llevar la tasa de 50 a 53 por ciento y reducirla en 1 punto porcentual en 2013 para ubicarla en 52 por ciento y regresarla a su nivel actual de 50 por ciento, a partir del 2014.

Asimismo, en la Minuta que se analiza se propone una regla con el propósito de permitir que en las enajenaciones de las referidas bebidas alcohólicas que se hayan celebrado en 2009 y cuya entrega se haya efectuado en dicho año, pero el cobro se realice en los primeros 10 días de 2010, se aplique la tasa vigente en 2009, salvo cuando dichas operaciones las realice un contribuyente con una empresa que sea parte relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En la Minuta en estudio, la Colegisladora propone que se graven a los cigarros con una cuota de $0.10 por unidad, tomando en cuenta el promedio de tabaco que hoy en día contiene cada cigarro y que equivale a 0.75 gramos y por lo que respecta a los demás tabacos labrados, se tome en cuenta la totalidad de gramos enajenados, misma que se dividirá entre 0.75 y al resultado se le aplicará la cuota mencionada.

Asimismo, la Colegisladora propone que durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota citada en el párrafo que antecede, se apliquen las cuotas de 0.04, 0.06 y 0.08, respectivamente.

Como consecuencia del establecimiento de la cuota fija que se propone para tabacos labrados, la Minuta plantea modificaciones a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de tabacos labrados, para establecer la forma en que se determinará la base gravable, el momento de causación, así como el cálculo del impuesto respecto de los bienes mencionados.

De igual manera, en materia de obligaciones la Colegisladora propone adecuar diversas disposiciones aplicables a los tabacos labrados, así como establecer la obligación de incorporar un código de seguridad a este tipo de productos que permita verificar su autenticidad o su legal ingreso al territorio nacional.

Al igual que en bebidas alcohólicas, en la Minuta que se analiza se propone que la nueva cuota que para tabacos labrados se prevé entre en vigor a partir del 2010, mediante una disposición transitoria se establezca la regla para permitir que en las enajenaciones de tabacos labrados que se hayan celebrado en 2009, cuando la entrega se haya efectuado en dicho año y el cobro se realice en los primeros 10 días de 2010, se aplique la tasa vigente en 2009, salvo cuando las operaciones mencionadas anteriormente se realicen entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, en la Minuta en estudio se propone incrementar la tasa aplicable a los juegos con apuestas y sorteos en 10 puntos porcentuales, esto es, del 20 al 30 por ciento a partir de 2010.

Asimismo, la Colegisladora propone establecer la obligación a cargo de las personas que realizan estas actividades de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria información en línea y en tiempo real de sus operaciones y registros en sus sistemas centrales de juegos con apuestas y sorteos, así como de caja y control de efectivo.

Por otra parte, en la Minuta se propone establecer un impuesto del 3 por ciento a los servicios que se presten, en territorio nacional, a través de una red pública de telecomunicaciones, definiendo para ello los conceptos de red pública de telecomunicaciones, red de telecomunicaciones y equipo terminal de telecomunicaciones.

Cabe precisar, que la Colegisladora propone excluir del impuesto citado en el párrafo anterior, a los servicios de telefonía pública y telefonía fija rural, así como a los de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones.

En la Minuta que nos ocupa, también se propone adicionar una disposición para establecer que se entenderá que los servicios gravados se prestan en territorio nacional cuando se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

Finalmente la Colegisladora propone, mediante disposición transitoria, aclarar que los servicios que se hayan proporcionado antes de la entrada en vigor de este impuesto no están afectos al pago del mismo, aun cuando el pago de dichos servicios se realice en 2010, aclarando que lo previsto en esta disposición no es aplicable a los servicios que se proporcionen a partir del 1 de enero de 2010, aun cuando se hayan prepagado.

Por lo que corresponde a la enajenación e importación de cerveza, en la Minuta que se analiza se propone incrementar transitoriamente la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable, durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 con una tasa del 26.5 por ciento, reducirla en un punto porcentual en 2013 para ubicarla en 26 por ciento y regresarla a su nivel actual de 25 por ciento, a partir del 2014.

De igual manera, la Colegisladora propone que el incremento en la tasa entre en vigor a partir del 2010, y que mediante una disposición transitoria se establezca una regla, con el propósito de permitir que en las enajenaciones de cerveza que se hayan celebrado en 2009, cuando la entrega se haya efectuado en dicho año y el cobro se realice en los primeros 10 días de 2010, se aplique la tasa vigente en 2009, salvo cuando dichas operaciones se realicen entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo que se refiere al momento de causación del impuesto especial de producción y servicios aplicable a los diversos objetos previstos en la ley de la materia, la Colegisladora propone adicionar una disposición que establezca que para los efectos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo planteado por la Colegisladora en la Minuta en estudio, en virtud de que con las medidas en ella contenidas se generará un incremento en la recaudación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios, el cual constituye un elemento fundamental dentro de la presente reforma, a fin de hacer frente a las necesidades de ingresos destinados a satisfacer el gasto público, derivado de la situación económica imperante en nuestro país.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas consideran acertada la propuesta de incrementar de manera temporal la tasa del impuesto aplicable a la enajenación e importación de bebidas alcohólicas con una graduación mayor a 20º G.L., ello ante la necesidad de fuentes de financiamiento del gasto público y considerando que se trata de una fuente importante de recaudación, aunado a que dichas bebidas alcohólicas no constituyen bienes de primera necesidad. Además, se coincide que con la referida medida no se afectará a esta industria, en virtud de ser temporal.

CUARTA. Las que dictaminan coinciden plenamente con la Colegisladora en el sentido de gravar a los cigarros por unidad con una cuota de $0.10, tomando en cuenta el promedio de tabaco labrado que hoy en día contiene cada cigarro y que equivale a 0.75 gramos, con lo que se evita la manipulación del contenido de tabaco en los cigarros.

Por lo que respecta a los demás tabacos labrados, se está de acuerdo en que la cuota mencionada se aplique al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75, a fin de que no exista un trato inequitativo en la carga fiscal en función de la presentación de los tabacos.

De igual forma, estas Comisiones comparten las modificaciones que se proponen en relación con los elementos esenciales de este impuesto, como son la determinación de la base gravable, el momento de causación, el cálculo del impuesto y determinación del pago mensual, para la aplicación de la cuota, habida cuenta que los elementos mencionados hoy día se encuentran diseñados en función de la tasa ad valorem.

Asimismo, en materia de obligaciones, estas Comisiones coinciden con las modificaciones propuestas, considerando acertado dotar a las autoridades fiscales de herramientas que les permitan combatir el contrabando de cigarros y productos de tabaco, así como su producción apócrifa, que constituye un importante problema de salud pública e implica una pérdida de recaudación al no pagarse los impuestos a la importación correspondientes.

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo en que se incremente en 10 puntos porcentuales la tasa aplicable a la realización de juegos con apuestas y sorteos, pasando del actual 20 al 30 por ciento a partir del 2010, a efecto de acercar dicha tasa a la que en promedio se aplica en el ámbito internacional, por lo que se considera que este incremento no pone en riesgo el crecimiento y consolidación de esta industria.

Igualmente, estas Dictaminadoras están de acuerdo en que se establezca la obligación a los contribuyentes de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información de sus operaciones en línea y en tiempo real, ya que ello permitirá contar en forma inmediata con información veraz de los contribuyentes, lo que a su vez se traducirá en una mejor vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

SEXTA. Las que Dictaminan coinciden con la Colegisladora en que se establezca un impuesto especial del 3 por ciento a los servicios que se presten en territorio nacional a través de una red pública de telecomunicaciones, partiendo de que el impuesto que se propone no es novedoso en nuestro país, en virtud de que durante 2002 y 2003 el Congreso de la Unión aprobó el impuesto especial sobre producción y servicios a las telecomunicaciones y conexos, con una tasa del 10 por ciento al monto de las contraprestaciones por el servicio.

Asimismo, estas Comisiones estiman acertado que se establezca este gravamen considerando que es efectivo por su capacidad recaudatoria, pues grava servicios que presta un grupo reducido de empresas, dando lugar a un control y vigilancia muy estrechos y a una fuente segura de recursos fiscales.

Cabe precisar, que este gravamen recaería en mayor medida en los grupos de altos ingresos de la población, en tanto que tratándose de las actividades productivas su incidencia es sumamente reducida, toda vez que este gasto representa un porcentaje pequeño de los costos totales de las empresas, además de ser deducible para los efectos del impuesto sobre la renta.

De igual forma, estas Comisiones Unidas comparten la propuesta de la Colegisladora de excluir del impuesto a los servicios de telefonía pública y telefonía fija rural, así como a los de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, a fin de promover el acceso a los servicios mencionados tanto al público en general como a las comunidades con poblaciones reducidas, promover el desarrollo de dichas comunidades y facilitar su comunicación, a efecto de que se integren al país y obtengan mayores niveles de desarrollo.

Por otra parte, y toda vez que los servicios de telecomunicaciones que se gravarían son los que se proporcionen en territorio nacional, estas Comisiones Dictaminadoras estiman adecuada la adición de una disposición a fin de establecer que se entenderá que dichos servicios se prestan en territorio nacional, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

Ahora bien, toda vez que se propone que el impuesto a los servicios de telecomunicaciones entre en vigor en 2010, estas Comisiones Unidas comparten el que se aclare mediante una disposición transitoria que los servicios que se hayan proporcionado antes del establecimiento de este impuesto no están afectos al pago de este gravamen aun cuando el pago se realice en 2010, especificando que el referido impuesto si se causa en aquellos servicios que se proporcionen a partir del 1 de enero de 2010, aun cuando se hayan prepagado.

SEPTIMA. En materia de enajenación e importación de cerveza, las que dictaminan coinciden con la Colegisladora en el sentido de que se incremente transitoriamente la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 a una tasa del 26.5 por ciento, la cual se reduciría en medio punto porcentual en 2013 para ubicarla en 26 por ciento y regresarla a su nivel actual, de 25 por ciento, a partir del 2014, bajo las mismas consideraciones expresadas para el caso de las bebidas alcohólicas de más de 20° G.L.

OCTAVA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden plenamente con la Colegisladora en que es necesario prever en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el momento de causación cuando el pago se realiza mediante cheque u otros títulos de crédito, vales o tarjetas electrónicas por lo que se considera adecuado adicionar una disposición que establezca que para los efectos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado; esto con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica, al tiempo que se armonizan las leyes tributarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Unico. Se REFORMAN los artículos 2o., en su primer párrafo y fracción II, inciso B); 4o., cuarto párrafo; 5o., segundo párrafo; 10; 11, cuarto párrafo; 14, segundo párrafo, y 19, fracciones I y IX, y se ADICIONAN los artículos 2o., fracciones I, inciso C) con los párrafos segundo y tercero, y II, con un inciso C); 3o., con las fracciones XIV, XV y XVI; 5o.-C; 8o., con una fracción IV; 18-A; 19, fracciones II, con un quinto párrafo y XXII, y 20, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I.………………………………………………...………………………….………………..…….

C)…………………….……………………………..…………………………………………..…

Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de $0.10 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados.

……………………………..….……………………...……………………………………………

II.………………………………………………………………………………………………….

B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar……………………... 30%

C) Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones. …………………………………………………………..…………………. 3%

Artículo 3o.- ……………………………………………………………………..……………….

XIV. Red pública de telecomunicaciones, la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal.

XV. Red de telecomunicaciones, el sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario.

XVI. Equipo terminal de telecomunicaciones, comprende todo el equipo de telecomunicaciones de los usuarios que se conecte más allá del punto de conexión terminal de una red pública con el propósito de tener acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones.

Artículo 4o.- …….………………………………………………….…………………………….

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, inciso A) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

……………………………………………………………………………………………………..

Artículo 5o.- ………………………………………………………….…………………………..

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley.

……………………………………………………………..………………………………………

Artículo 5o.-C.- Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 8o.- ………………………………………………..…………………………………….

IV. Por los servicios de telecomunicaciones siguientes:

a) De telefonía fija rural, consistente en el servicio de telefonía fija que se presta en poblaciones de hasta 3,000 habitantes, conforme a los últimos resultados definitivos, referidos específicamente a población, provenientes del censo general de población y vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de que se levante un conteo de población y vivienda o un instrumento de naturaleza similar de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en forma previa al siguiente censo general de población y vivienda, dicho conteo o instrumento se aplicará para los efectos del párrafo anterior.

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página electrónica el listado de las poblaciones a que se refiere este inciso.

b) De telefonía pública, consistente en el acceso a los servicios proporcionados a través de redes públicas de telecomunicaciones, y que deberá prestarse al público en general, por medio de la instalación, operación y explotación de aparatos telefónicos de uso público.

c) De interconexión, consistente en la conexión física o virtual, lógica y funcional, entre redes públicas de telecomunicaciones, que permite la conducción de tráfico entre dichas redes y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas, de manera que los usuarios de una de las redes públicas de telecomunicaciones puedan conectarse e intercambiar tráfico con los usuarios de la otra red pública de telecomunicaciones y viceversa, o bien, permite a una red pública de telecomunicaciones y/o a sus usuarios la utilización de servicios de telecomunicaciones y/o capacidad y funciones provistos por o a través de otra red pública de telecomunicaciones. Quedan comprendidos en los servicios de interconexión, los que se lleven a cabo entre residentes en México, así como los que se lleven a cabo por residentes en México con residentes en el extranjero.

Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados.

Artículo 11.- ………………………..…………………………………………………………….

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados.

Artículo 14.- ………………………….…………………………………………………………..

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos importados.

Artículo 18-A.- Para los efectos de esta ley, se considera que se prestan los servicios en territorio nacional, a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso C), de esta Ley, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

Artículo 19.- …………………………………………………………………………………….

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley.

II.………………………………………….………………………………………………………

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes que se expidan se deberá especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

………….……………….…………………………………………………………………………

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribuyente.

………….…………………………….……………………………………………………………

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, el código de seguridad que reúna las características que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas se podrán establecer los mecanismos o sistemas que se utilizarán para imprimir en cada cajetilla de cigarros el código de seguridad correspondiente.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que se establezcan en las reglas de carácter general, que permitan constatar que la impresión del código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros producidos o importados, se está llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto por las propias reglas de carácter general.

Artículo 20.- Los contribuyentes que en forma habitual realicen los juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley en establecimientos fijos están obligados a:

I. Llevar los sistemas de cómputo siguientes:

a) Sistema central de apuestas en el que se registren y totalicen las transacciones efectuadas con motivo de los juegos con apuestas y sorteos que realicen.

b) Sistema de caja y control de efectivo en el que se registren cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por las actividades a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley.

II. Llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro mencionados en la fracción I de este artículo. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema a que se refiere la presente fracción.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado con la clausura de uno a dos meses del establecimiento o establecimientos que tenga el contribuyente en donde realice las actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere el presente artículo.

No procederá la aplicación de la sanción establecida en el párrafo anterior cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo cuyas causas no sean imputables a los contribuyentes y siempre que éstos presenten un aviso al Servicio de Administración Tributaria en el plazo y los términos que a través de reglas de carácter general emita dicho órgano desconcentrado.

Las obligaciones establecidas en este artículo no son exigibles a las personas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o., fracción III de esta Ley están exentas del pago del impuesto por las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo, ni a los contribuyentes a que se refiere el artículo 29 de esta Ley.”

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo.- Tratándose de las enajenaciones de cerveza que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dicho producto se haya entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

Tercero.- Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos A), numeral 3 y C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando únicamente la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México

Cuarto.- Para los efectos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota prevista en dichos párrafos, se estará a lo siguiente:

Ejercicio Fiscal

Cuota
$

2010

0.04

2011

0.06

2012

0.08

Quinto.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los servicios a que se refiere dicho inciso que se hayan proporcionado con anterioridad al 1 de enero de 2010, no estarán afectos al pago del impuesto establecido en dicha disposición, aun cuando el pago de los mismos se realice en la fecha mencionada o con posterioridad.

Sexto.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 8o. de esta Ley, el beneficio previsto en dicha disposición se determinará tomando en cuenta los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, levantado de conformidad con lo dispuesto en el “Decreto por el que se declara de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, integración, generación de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Población y Vivienda 2005”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2005.

Séptimo.- La adición de la fracción XXII del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor el 1 de julio de 2010.

Octavo.- El Servicio de Administración Tributaria publicará las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Las obligaciones a que se refiere el mencionado artículo, serán exigibles a los contribuyentes a partir del 1 de julio de 2010.

Noveno.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tratándose de cerveza, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 26.5%, y durante 2013, la tasa de 26%.

Décimo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 53%, y durante 2013, la tasa de 52%.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2009.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que se ha distribuido entre la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Sonido al escaño del Senador Tomás Torres, por favor.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para verificar si la Secretaría nos puede dar cuenta si los dictámenes enviados por las Comisiones Dictaminadoras de Estudios Legislativos, Primera y de Hacienda y Crédito Público acompañaron las reservas que los Legisladores y Legisladoras presentamos en la discusión en Comisiones.

Solamente para efectos de trámite, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, Senador Tomás Torres. Al término de las primeras lecturas de los dictámenes esta Presidencia instruyó a la Secretaría para que dé a conocer la lista de reservas que se han presentado en tiempo y forma. De tal manera que cada grupo parlamentario y cada Legislador y Legisladora tenga conocimiento de las reservas que se han presentado en los correspondientes dictámenes.

Sonido al escaño del Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, de la misma forma, le solicito dé cuenta a la Asamblea que en el transcurso de la comisión ordinaria se presentó un voto particular por la Senadora Minerva Hernández y un servidor. Como no era miembro de la Comisión algunos se opusieron a que lo presentara y lo suscribió en mi nombre la Senadora Minerva Hernández, pero no se ha dado cuenta con el voto particular en este sentido.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En el momento de la entrada a la discusión de los dictámenes correspondientes se procederá a tomar en cuenta el voto particular presentado en tiempo y forma en las Comisiones Unidas, Senador Ricardo Monreal.

Sonido al escaño del Senador Francisco Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, simplemente para que quede constancia de dos manifestaciones de este servidor de usted.

La primera, es comentar con el Senador Ricardo Monreal que tiene derecho a presentar su voto particular aún cuando no sea integrante de la Comisión y que en el momento procesal oportuno éste tendrá que ser conocido por el Pleno y votado si es que el dictamen no resultara con mayoría de votos.

Segundo, estoy viendo en el Orden del Día que en los dictámenes que en principio estaban para segunda lectura el día de hoy ocupan un espacio distinto al que la Ley y el Reglamento nos obliga.

Simplemente para que quede constancia.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda constancia de la observación del Senador Francisco Arroyo.

Continuamos con las primeras lecturas de los dictámenes enviados por las Comisiones Unidas a este Pleno.

Esta Mesa Directiva recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.






PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de octubre de 2009, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 20 de octubre del 2009, la Colegisladora aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

2. Con fecha 21 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa corresponde a la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, el día 8 de septiembre de 2009, la cual establece primordialmente, lo siguiente:

Se ajusta la estimación de ingresos contenida en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, derivado de las modificaciones aprobadas a diversas propuestas de las leyes tributarias por parte de la Colegisladora, mismas que integraban de igual forma el paquete económico para 2010.

En ese contexto, en la Minuta enviada por la Colegisladora se estimaron ingresos presupuestarios por un total de 3,176,332.0 millones de pesos, de los cuales, 1,994,495.8 millones de pesos corresponden a los Ingresos del Gobierno Federal; 802,466.3 millones de pesos a Ingresos de Organismos y Empresas y 379,369.9 millones de pesos a ingresos derivados de financiamientos.

Por lo que se refiere al precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación, la Minuta contempla la cantidad de 59.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Por otra parte, la Colegisladora consideró necesario modificar el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, respecto de la Iniciativa presidencial, a fin de eliminar la fracción II correspondiente a la estimación de la contribución para el combate a la pobreza y recorrer las fracciones siguientes, ello acorde con la propuesta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ese órgano legislativo de desechar la Iniciativa correspondiente.

Derivado del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, en la Minuta se elimina la estimación de los ingresos de Luz y Fuerza del Centro contenidos en el artículo 1o., apartado B, fracción I, numeral 1, inciso c de la Ley en análisis y, en consecuencia, se recorren los demás incisos en su orden y se ajusta la estimación de los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad previstos en el inciso b del citado numeral 1.

Asimismo, en la Minuta en análisis se prevé un nuevo monto de la recaudación federal participable por 1 billón 655 mil 461.7 millones de pesos, en beneficio de las Entidades Federativas y Municipios.

Adicionalmente, la Colegisladora considera procedente que se destine una parte de la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, a cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad, en adición a los recursos previstos en el presupuesto, y continuar como en años anteriores con la posibilidad de aplicar esos recursos para compensar los ingresos del Gobierno Federal y la disminución de los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos derivados de una disminución de la plataforma de extracción, así como a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; esto último, después de aplicar los recursos para cubrir los conceptos antes señalados.

Derivado de las modificaciones aprobadas por la Colegisladora y a efecto de estar en posibilidad de financiar los programas y proyectos de inversión que se tiene previsto aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en la Minuta se ajusta a 71 mil 666.6 millones de pesos el monto que del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos se destinará a dicho fin.

La Colegisladora consideró adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de establecer una disposición en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que señale que en caso de que para el ejercicio fiscal de 2011 se aprobara un déficit mayor a los 40 mil millones de pesos, el déficit observado en el 2010 deberá ajustarse a la baja por el monto en que el déficit de 2011 se encuentre por arriba de 40 mil millones de pesos, salvo que las circunstancias económicas se modifiquen de forma no anticipada.

La Colegisladora estuvo de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de que en 2010 los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere la fracción IV, párrafo primero, de dicho precepto y el artículo 21, fracción I, de la propia Ley, se destinen a mejorar el balance público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Por otra parte, también la Colegisladora coincidió con el planteamiento del Ejecutivo Federal referente a permitir que durante el ejercicio de 2010 los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas se utilicen para cubrir las obligaciones derivadas del esquema de potenciación de los recursos de dicho Fondo realizado por las Entidades Federativas para mitigar la caída en participaciones federales del 2009, es decir, las erogaciones que deban realizarse para cubrir el referido esquema.

En otro orden de ideas, la Colegisladora coincide con el Ejecutivo Federal en la necesidad de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares, por lo que en la Minuta se prevé continuar con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004 y, como consecuencia, que se restituyan los ingresos públicos destinados a resarcir a los ahorradores, por lo que los ingresos por la enajenación de bienes decomisados o abandonados en relación con las actuaciones de las propias cajas de ahorro no se repartirán entre el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, la Colegisladora consideró pertinente incluir una disposición que posibilita que Nacional Financiera, S.N.C., otorgue créditos a las empresas que se estima en el futuro podrán generar suficientes recursos para afrontar sus obligaciones con dicha Institución, pero que no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir el impuesto sobre la renta diferido que deberán enterar en 2010 con motivo de las reformas al régimen de consolidación fiscal.

Por otra parte, la Colegisladora estimó que las modificaciones propuestas al artículo 1o. de la Ley que se plantea emitir implican un incremento en el déficit público con el objeto de tener un balance más apropiado entre la necesidad de mantener el impulso fiscal en 2010, avanzar en la consolidación de las finanzas públicas y asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, por lo que se ajustó el techo de endeudamiento neto interno del Gobierno Federal a 380 mil millones de pesos, manteniendo la flexibilidad con que cuenta el Ejecutivo Federal en el manejo de la deuda pública, al permitirle contratar obligaciones externas, con organismos financieros internacionales, con otras instituciones financieras y con los mercados de valores, o una combinación de ellos; o internas, por encima de los techos autorizados para cada tipo, pero manteniendo el endeudamiento global.

Por otra parte, la Minuta establece que la recepción por parte del Gobierno Federal de acciones, cupones, títulos representativos de capital o partes sociales expropiados de conformidad con el “Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan”, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, no computará para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales, siempre que la intención no sea constituir en forma permanente alguna de ellas y aclara que el personal de las empresas referidas no se consideran servidores públicos.

Asimismo, la Colegisladora coincidió con la necesidad planteada por el Ejecutivo Federal de establecer que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación podrá ejercer los derechos corporativos respecto de las acciones expropiadas de los ingenios azucareros, a efecto de que exista certeza jurídica en los esquemas de solución en que intervenga.

De igual forma, la Colegisladora coincidió con la propuesta del Ejecutivo Federal de incorporar además de la autorización de un monto conjunto de déficit por intermediación financiera para la banca de desarrollo, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la precisión sobre cómo se integrará la intermediación financiera en los requerimientos financieros del sector público.

La Colegisladora estimó acertado mantener sin cambios los términos y condiciones en la contratación de deuda pública para el Distrito Federal; sin embargo, propuso ajustar el monto de endeudamiento neto de dicha entidad a 5 mil millones de pesos.

En cuanto a las disposiciones aplicables al régimen de Petróleos Mexicanos, la Colegisladora estimó procedente la modificación de los pagos diarios y semanales a cuenta del impuesto a los rendimientos petroleros, así como las cantidades referentes a la plataforma de extracción y de exportación, sin embargo, la Minuta modifica el monto de los pagos diarios y semanales que Pemex-Exploración y Producción debe efectuar a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, como consecuencia del ajuste efectuado al precio del barril de petróleo.

Por otra parte, la Colegisladora consideró necesario modificar los factores por los que se debe multiplicar el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel, a efecto de eliminar el impacto del aumento en las tasas general y de región fronteriza del impuesto al valor agregado, por lo que la Minuta precisa que para el cálculo de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolina o diesel en territorio nacional que se define en la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se debe considerar que los factores por los que debe multiplicarse el precio de venta al público, serán de 0.9009 cuando aplique la tasa de 11 por ciento del impuesto al valor agregado, o 0.8621 cuando aplique la tasa de 16 por ciento.

Adicionalmente, la Colegisladora consideró acertada la disposición propuesta por el Ejecutivo Federal, a través de la cual se convalidan los acreditamientos efectuados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios respecto del impuesto al valor agregado causado por la importación de bienes tangibles durante el periodo de 2003 a 2009, siempre que dichas entidades efectúen los pagos del impuesto al valor agregado en los términos propuestos.

En la Minuta se consideró acertada la propuesta del Ejecutivo Federal referente a eliminar la posibilidad de que Petróleos Mexicanos acredite contra el impuesto especial sobre producción y servicios el descuento que efectúa a las estaciones de servicio por concepto de mermas de gasolina, salvaguardando la posibilidad de que Petróleos Mexicanos continúe descontando de la facturación a dichas estaciones de servicio, hasta el 0.74 por ciento del valor total de las enajenaciones de gasolina.

La Minuta en estudio prevé que quienes se hubieran adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el ejercicio fiscal 2010, el 30 por ciento para el año 2011 y el 10 por ciento para el año 2012.

La Colegisladora coincidió con la propuesta de establecer la afectación de los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales al Fondo de Desincorporación de Entidades, a fin de hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, y que tratándose de los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales constituidas o en que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos que a éstas les correspondan ingresen a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Por otra parte, y acorde con lo señalado en el Código Federal de Procedimientos Penales, en la Minuta se planteó establecer que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos a que hace referencia la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con excepción del producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales que en términos del párrafo vigésimo del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, se utilizarán para restituir los recursos públicos destinados para el resarcimiento de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro.

Asimismo, la Colegisladora consideró adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de establecer que el crédito fiscal que se genera cuando en un ejercicio fiscal el monto de las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única sea mayor a los ingresos gravados por la misma, únicamente pueda acreditarse contra los pagos provisionales y de la declaración anual del propio impuesto empresarial a tasa única en los diez ejercicios siguientes hasta agotarse, sin que se pueda acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó, con el fin de reforzar el efecto de control y la naturaleza de impuesto mínimo que representa el impuesto empresarial a tasa única en el impuesto sobre la renta.

Por último, la Colegisladora coincidió con la propuesta del Ejecutivo Federal de adoptar medidas para hacer frente a la caída de ingresos y al escenario macroeconómico del presente ejercicio y el previsto para el siguiente año, consistentes en prever:

  • Que el gasto que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual sea registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

  • Que los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que anteriormente eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en términos del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hasta antes de la reforma publicada el 13 de noviembre de 2008 sean registrados como gasto de inversión.

  • Permitir el uso de recursos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos para cubrir gastos de operación de Petróleos Mexicanos conforme a su presupuesto autorizado.

  • Ampliar a 6 meses el derecho de los servidores públicos a recibir los beneficios del seguro de salud a que se refiere el Capítulo II denominado: Seguro de Salud del Título Segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; cuando la relación laboral se haya concluido en el marco de las medidas relativas a la reestructura de la Administración Pública Federal.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo planteado por la Colegisladora en la Minuta en análisis, ya que considerando en todo momento el entorno macroeconómico, así como las medidas para dotar a nuestra economía de los instrumentos que le permitan mantener el vigor, se estima acertado que se modifiquen algunos de los supuestos del marco macroeconómico de México para el próximo año, a fin de que nuestro país actúe con prudencia para hacer frente de manera oportuna a este nuevo entorno.

TERCERA. Por lo que se refiere al precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación, estas Comisiones Dictaminadoras estiman procedente y acertada la cantidad de 59.00 dólares de los Estados Unidos de América, toda vez que ello deriva de la actualización de las variables que intervienen en la determinación del precio de referencia de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del comportamiento observado en este rubro en los últimos días.

Asimismo, existe plena coincidencia en los ingresos estimados y de la recaudación federal participable contenidos en la Minuta, en virtud de que los mismos derivan de los ajustes antes señalados, así como de los realizados a las propuestas que en relación con diversas disposiciones fiscales planteó el Ejecutivo Federal.

CUARTA. Estas Comisiones Unidas coinciden en destinar 71 mil 666.6 millones de pesos del monto de los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que ello permitirá incrementar las inversiones productivas en beneficio del desarrollo sostenido.

Asimismo, estas Dictaminadoras coinciden con el contenido de la Minuta en relación a la propuesta del Ejecutivo Federal de establecer una disposición en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que señale que en caso de que para el ejercicio fiscal de 2011 se aprobara un déficit mayor a los 40 mil millones de pesos, el déficit observado en el 2010 deberá ajustarse a la baja por el monto en que el déficit de 2011 se encuentre por arriba de 40 mil millones de pesos, salvo que las circunstancias económicas se modifiquen de forma no anticipada, ya que con ello se contribuirá a contar con finanzas públicas sanas.

Por la misma razón, también se coincide con la Colegisladora en el sentido de que en 2010 los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere la fracción IV, párrafo primero, de dicho precepto y el artículo 21, fracción I, de la propia Ley, se destinen a mejorar el balance público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Por otra parte, las que dictaminan estiman prudente permitir que los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas se utilicen para cubrir las obligaciones derivadas del esquema de potenciación de los recursos de dicho Fondo realizado por las Entidades Federativas para mitigar la caída en participaciones federales del 2009, es decir, las erogaciones que deban realizarse para cubrir el referido esquema, en beneficio de las finanzas de las haciendas públicas locales.

En otro orden de ideas, se coincide en la necesidad de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares, para lo cual resulta necesario continuar con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004 y restituir los ingresos públicos destinados a resarcir a los ahorradores y que, por ende, los ingresos por la enajenación de bienes decomisados o abandonados en relación con las actuaciones de las propias cajas de ahorro no se distribuyan entre el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, estas Dictaminadoras consideran pertinente que Nacional Financiera, S.N.C., otorgue créditos a las empresas que se estima en el futuro podrán generar suficientes recursos para afrontar sus obligaciones con dicha Institución, pero que no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir el impuesto sobre la renta diferido que deberán enterar en 2010 con motivo de las reformas al régimen de consolidación fiscal, ya que con ello se les otorga una salida ante el problema de liquidez que hoy enfrentan lo que podría evitar que quiebren y, por consiguiente, evitar también la disminución en la actividad económica y pérdida de empleos, así como de la recaudación de impuestos.

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en el sentido de que las modificaciones propuestas al artículo 1o. de la Ley en estudio, implican un incremento en el déficit público, por lo que a fin de tener un balance más apropiado entre la necesidad de mantener el impulso fiscal en 2010, avanzar en la consolidación de las finanzas públicas y asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, comparten la propuesta de establecer un techo de endeudamiento neto interno del Gobierno Federal de 380 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, manteniendo la flexibilidad con que cuenta el Ejecutivo Federal en el manejo de la deuda pública, al permitirle contratar obligaciones externas, con organismos financieros internacionales, con otras instituciones financieras y con los mercados de valores, o una combinación de ellos; o internas, por encima de los techos autorizados para cada tipo, pero manteniendo el endeudamiento global.

Asimismo, existe coincidencia en que la recepción por parte del Gobierno Federal de acciones, cupones, títulos representativos de capital o partes sociales expropiados de conformidad con el “Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan”, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, no computan para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales, a menos que la intención sea constituir en forma permanente alguna de ellas, y en que como consecuencia de que no se trata de entidades paraestatales su personal no se considera como servidores públicos.

Adicionalmente, se considera acertado el monto de 62 mil 464 millones de pesos, como techo para el déficit por intermediación financiera de la banca de desarrollo y fondos de fomento establecidos en el artículo 2o. de la Ley sujeta a dictamen. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 y a los programas establecidos en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Asimismo, estas Comisiones Unidas estiman adecuado especificar que para la integración de los requerimientos financieros del sector público se considere como ganancia o pérdida por intermediación financiera a la diferencia en el capital contable entre el cierre del ejercicio anterior y el cierre del ejercicio fiscal de aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación, de las instituciones de banca de desarrollo y de los fondos de fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de dar precisión a dicho concepto.

Por otra parte, estas Dictaminadoras estiman acertado mantener sin cambios los términos y condiciones en la contratación de deuda pública para el Distrito Federal, así como el ajuste al monto de endeudamiento neto de dicha entidad a 5 mil millones de pesos.

SEXTA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con la propuesta de modificar el monto de los pagos diarios y semanales que Pemex-Exploración y Producción debe efectuar a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, ello en virtud del ajuste efectuado al precio del barril de petróleo crudo de exportación estimado para el ejercicio fiscal 2010.

De igual forma, estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora en la necesidad de modificar los factores por los que se debe multiplicar el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel, a efecto de eliminar el impacto del aumento en las tasas general y de región fronteriza del impuesto al valor agregado, para que sean de 0.9009 cuando aplique la tasa de 11 por ciento del impuesto al valor agregado, o 0.8621 cuando aplique la tasa de 16 por ciento.

A efecto de avanzar en el marco fiscal de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, se considera acertado convalidar los acreditamientos efectuados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios respecto del impuesto al valor agregado causado por la importación de bienes tangibles durante el periodo de 2003 a 2009, siempre que dichas entidades efectúen los pagos del impuesto al valor agregado en los términos propuestos, así como eliminar la posibilidad de que Petróleos Mexicanos acredite contra el impuesto especial sobre producción y servicios el descuento que efectúa a las estaciones de servicio por concepto de mermas de gasolina, salvaguardando la posibilidad de que Petróleos Mexicanos continúe descontando de la facturación a dichas estaciones de servicio, hasta el 0.74 por ciento del valor total de las enajenaciones de gasolina.

SÉPTIMA. Estas Dictaminadoras están de acuerdo en que quienes se hubieran adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, puedan aplicar los porcentajes previstos en la Minuta en lugar de los establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, ya que con ello se garantiza el logro del objetivo de dicho Decreto.

OCTAVA. Estas Comisiones Unidas consideran acertada la afectación de los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales al Fondo de Desincorporación de Entidades, a fin de hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, y que tratándose de los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales constituidas o en que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos que a éstas les correspondan ingresen a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Por otra parte, y acorde con lo señalado en el Código Federal de Procedimientos Penales, las Comisiones Dictaminadoras coinciden en lo vertido en la Minuta, en el sentido de establecer que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que hace referencia la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con la salvedad de aquellos recursos públicos destinados a resarcir a los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares, toda vez que se trata del producto de la enajenación de bienes decomisados o abandonados en relación con las actuaciones de las propias cajas de ahorro que deben ser destinados a resarcir los recursos erogados para apoyar a los referidos ahorradores .

NOVENA. Las Comisiones que dictaminan comparten lo planteado en la Minuta en análisis, en el sentido de establecer que el crédito fiscal que se genera cuando en un ejercicio fiscal el monto de las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única sea mayor a los ingresos gravados por la misma, únicamente pueda acreditarse contra los pagos provisionales y de la declaración anual del propio impuesto empresarial a tasa única en los diez ejercicios siguientes hasta agotarse, sin que se pueda acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó. Ello con el fin de reforzar el efecto de control y la naturaleza de impuesto mínimo que representa el impuesto empresarial a tasa única en el impuesto sobre la renta.

DÉCIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden plenamente con las medidas aprobadas por la Colegisladora que permiten hacer frente a la caída de ingresos y al escenario macroeconómico del presente ejercicio y el previsto para el siguiente año, dentro de las cuales destacan la posibilidad de que Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social hagan uso de los recursos acumulados en los fondos y reservas respectivos, así como la ampliación del periodo de conservación del servicio médico de 2 a 6 meses, para los servidores públicos que concluyan su relación laboral con la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2010, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

CONCEPTO

Millones
de pesos

   

A.  INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

1,994,495.8

I.     Impuestos:

1,310,661.5

1.    Impuesto sobre la renta.

641,884.4

2.    Impuesto empresarial a tasa única.

53,195.1

3.    Impuesto al valor agregado.

483,898.7

4.    Impuesto especial sobre producción y servicios:

50,704.5

a.    Gasolinas, diesel para combustión automotriz:

-12,214.9

i)     Artículo 2o.-A, fracción I.

-35,994.9

ii)    Artículo 2o.-A, fracción II.

23,780.0

b.    Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

26,499.4

i)     Bebidas alcohólicas.

6,240.9

ii)    Cervezas y bebidas refrescantes.

20,258.5

c.    Tabacos labrados.

23,449.9

d.    Juegos con apuestas y sorteos.

2,536.8

e.    Redes públicas de telecomunicaciones.

10,433.3

5.    Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

21,067.9

6.    Impuesto sobre automóviles nuevos.

4,027.1

7.    Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.

0.0

8.    Impuesto a los rendimientos petroleros.

2,424.5

9.    Impuestos al comercio exterior:

27,911.9

a.    A la importación.

27,911.9

b.    A la exportación.

0.0

10.  Impuesto a los depósitos en efectivo.

13,079.7

11.  Accesorios.

12,467.7

II.    Contribuciones de mejoras:

19.9

       Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.

19.9

III.   Derechos:

577,247.8

1.    Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:

3,318.3

a.    Secretaría de Gobernación.

35.5

b.    Secretaría de Relaciones Exteriores.

1,567.1

c.    Secretaría de la Defensa Nacional.

0.0

d.    Secretaría de Marina.

0.0

e.    Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

245.5

f.     Secretaría de la Función Pública.

3.1

g.    Secretaría de Energía.     

222.7

h.    Secretaría de Economía.

47.1

i.     Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

32.9

j.     Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

731.7

k.    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

43.8

l.     Secretaría de Educación Pública.

279.4

m.   Secretaría de Salud.

9.8

n.    Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

0.7

ñ.    Secretaría de la Reforma Agraria.

68.5

o.    Secretaría de Turismo.

0.5

p.    Secretaría de Seguridad Pública.

30.0

2.    Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público:

10,465.4

a.    Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

0.6

b.    Secretaría de la Función Pública.

0.0

c.    Secretaría de Economía.

1,881.1

d.    Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2,884.1

e.    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5,671.7

f.     Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

27.9

g.    Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

0.0

3.    Derechos a los hidrocarburos:

563,464.1

a.    Derecho ordinario sobre hidrocarburos.

475,045.3

b.    Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.

71,666.6

c.    Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo.

0.0

d.    Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía.

3,216.2

e.    Derecho para la fiscalización petrolera.

25.6

f.     Derecho único sobre hidrocarburos.

3,047.0

g.    Derecho sobre extracción de hidrocarburos.

3,058.8

h.    Derecho especial sobre hidrocarburos.

7,404.6

i.     Derecho adicional sobre hidrocarburos.

0.0

IV.   Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

55.0

V.    Productos:

5,982.2

1.    Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.

18.3

2.    Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público: 

5,963.9

a.    Explotación de tierras y aguas.   

0.0

b.    Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.

2.3

c.    Enajenación de bienes:

989.8

i)     Muebles.

884.9

ii)    Inmuebles.

104.9

d.    Intereses de valores, créditos y bonos.

4,521.1

e.    Utilidades:

450.7

i)     De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

0.0

ii)    De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

0.0

iii)   De Pronósticos para la Asistencia Pública.

449.6

iv)   Otras.

1.1

f.     Otros.

0.0

VI.   Aprovechamientos:

100,529.4

1.    Multas.

1,149.7

2.    Indemnizaciones.

785.1

3.    Reintegros:

61.1

a.    Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123.

0.1

b.    Servicio de Vigilancia Forestal.

0.1

c.    Otros.

60.9

4.    Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.

286.9

5.    Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.

0.0

6.    Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.

0.0

7.    Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.

0.0

8.    Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales prestados por la Federación.

0.0

9.    Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.

0.0

10.  5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.

0.0

11.  Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.

1,412.9

12.  Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

687.7

13.  Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras.

0.0

14.  Aportaciones de contratistas de obras públicas.

5.1

15.  Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:

1.0

a.    Aportaciones que efectúen los Gobiernos del Distrito Federal, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.

0.0

b.    De las reservas nacionales forestales.

0.0

c.    Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.

0.0

d.    Otros conceptos.

1.0

16.  Cuotas Compensatorias.

301.1

17.  Hospitales Militares.

0.0

18.  Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

0.0

19.  Recuperaciones de capital: 

18.7

a.    Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.

14.7

b.    Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.

4.0

c.    Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.

0.0

d.    Desincorporaciones.

0.0

e.    Otros.

0.0

20.  Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.

0.0

21.  Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.

0.0

22.  No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.

0.0

23.  Otros:

95,820.1

a.    Remanente de operación del Banco de México.

0.0

b.    Utilidades por Recompra de Deuda.

0.0

c.    Rendimiento mínimo garantizado.

0.0

d.    Otros.

95,820.1

   

B.  INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

802,466.3

I.     Ingresos de organismos y empresas:

647,075.9

1.    Ingresos propios de organismos y empresas:

647,075.9

a.    Petróleos Mexicanos.

359,892.3

b.    Comisión Federal de Electricidad.

237,831.1

c.    Instituto Mexicano del Seguro Social.

15,083.6

d.    Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

34,268.9

2.    Otros ingresos de empresas de participación estatal.

0.0

II.    Aportaciones de seguridad social:

155,390.4

1.    Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

0.0

2.    Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.

155,390.4

3.    Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.

0.0

4.    Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.

0.0

5.    Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.

0.0

   

C.  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

379,369.9

I.     Endeudamiento neto del Gobierno Federal:

360,903.7

1.    Interno.

360,903.7

2.    Externo.

0.0

II.    Otros financiamientos:

26,000.0

1.    Diferimiento de pagos.

26,000.0

2.    Otros.

0.0

III.   Déficit de organismos y empresas de control directo.

-7,533.8

   

TOTAL

3,176,332.0

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el 2010, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

Por razones de interés público y cuando se considere necesario evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final, el Ejecutivo Federal fijará los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin que se requiera trámite o requisito adicional alguno.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2010, se estima una recaudación federal participable por 1 billón 655 mil 461.7 millones de pesos.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 2010, en relación con las estimaciones que se señalan en este artículo.

Durante el ejercicio fiscal de 2010, de los recursos que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, 71 mil 666.6 millones de pesos se destinarán a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, en exceso del monto referido en el párrafo anterior antes de destinarlo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar parcial o totalmente los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2010, así como para cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

La compensación parcial o total de ingresos del Gobierno Federal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos derivados del apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados en el mismo debido a: una disminución de los ingresos por la recaudación total de los impuestos a que se refiere el apartado A, fracción I de este precepto, o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo.

Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo dispuesto en los párrafos octavo, noveno y décimo de este artículo, se destinarán a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se estima que el pago en especie, durante el ejercicio fiscal de 2010, en términos monetarios, del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, establecido en la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Salvo que las circunstancias económicas se modifiquen de forma no anticipada, el monto de ingresos derivados de financiamientos a que se refiere el apartado C de este artículo se reducirá en el monto en que la diferencia entre la cantidad que de dichos ingresos sea aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 y el monto que resulte de sumar los diferimientos de pagos previstos en ese ordenamiento y el gasto en inversión aprobado para Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 exceda a 40 mil millones de pesos ajustados por inflación de acuerdo con los deflactores del Producto Interno Bruto estimados para 2010 y 2011 en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Durante el ejercicio fiscal de 2010 los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el artículo 21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán en primer término, en un 75 por ciento a mejorar el balance público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario, sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y, en un 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez alcanzado el equilibrio presupuestario sin considerar el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo se destinarán conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dentro de los recursos que se destinen para mejorar el balance público durante el ejercicio fiscal de 2010, se considerará que también contribuyen a este fin las aportaciones que se realicen al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros hasta por un 20 por ciento de los ingresos excedentes referidos en el párrafo anterior.

Durante el ejercicio fiscal de 2010 no serán aplicables los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del área responsable de la banca y ahorro, instrumentará o fortalecerá las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales, referidos en el artículo segundo transitorio párrafo quinto, del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará para restituir los recursos públicos destinados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto, así como los gastos de administración en que se incurra para atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo citadas en dicho transitorio.

Nacional Financiera, S.N.C. podrá otorgar créditos a las sociedades controladoras que, conforme a las disposiciones aplicables, durante 2010 deban cubrir el impuesto sobre la renta diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a 2004 y ejercicios anteriores, a efecto de que sean utilizados exclusivamente para cubrir dicho impuesto diferido.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2010 se destinen al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2009, se hayan instrumentado para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, hayan recibido las entidades federativas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los recursos que, con cargo al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas y en términos de las disposiciones aplicables, corresponda recibir directamente a los municipios.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 380 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2010 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

El Ejecutivo Federal queda autorizado, en caso de que así se requiera, para emitir en el mercado nacional, en el ejercicio fiscal de 2010, valores u otros instrumentos indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 10 por ciento del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en dicho ejercicio y que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un plazo de vencimiento no menor a 365 días.

Las operaciones a las que se refieren el segundo y tercer párrafos de este artículo no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para 2010.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido. En el informe correspondiente se deberán especificar las características de las operaciones realizadas. En caso de que la fecha límite para informar al Congreso de la Unión sea un día inhábil la misma se recorrerá hasta el siguiente día hábil.

El Ejecutivo Federal también informará trimestralmente al Congreso de la Unión en lo referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2010, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que para tal efecto le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en liquidación, para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago y, en general, a mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas conforme a esta autorización estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo conforme a sus respectivas leyes orgánicas.

Con la finalidad de que el Gobierno Federal dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 3, segundo párrafo y segundo transitorio del "Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan", publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conforme a las disposiciones aplicables, establecerá el instrumento adecuado para tal efecto, el cual, sin perjuicio de los recursos que reciba para tal fin en términos de las disposiciones aplicables, se integrará por los que se enteren por parte del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero o de cualquier otro ente jurídico.

Las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales expropiados de las empresas enlistadas en el Decreto citado en el párrafo que antecede, que reciba el Gobierno Federal, por conducto de la Tesorería de la Federación, no computarán para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales, por lo que no estarán sujetas al régimen aplicable a las mismas, incluido su personal, siempre que el propósito no sea constituir en forma permanente una entidad paraestatal, lo cual será determinado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Corresponderá a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejercer los derechos corporativos que deriven de la titularidad de las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales expropiados a que se refiere el párrafo que antecede, designar representantes para tal efecto y resolver las situaciones de hecho o de derecho que se presenten respecto de las mismas, así como comunicarle a la Tesorería de la Federación el destino que se les dará a efecto de que ésta, sin más trámite, realice la transmisión correspondiente.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el crédito neto otorgado al sector privado y social más el déficit de operación de las instituciones de fomento, de 62 mil 464 millones de pesos, de acuerdo con lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 y a los programas establecidos en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno del banco o fondo de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada trimestre se deberá informar al Congreso de la Unión sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas.

Para la integración de los requerimientos financieros del sector público que señala el artículo 29 de esta Ley, podrá considerarse como pérdida o ganancia por intermediación financiera, la diferencia en el capital contable entre el cierre del ejercicio de 2009 y el cierre del ejercicio fiscal de 2010, de las instituciones de banca de desarrollo, de la Financiera Rural, delInstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y de los fondos de fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los montos establecidos en el artículo 1o., apartado C de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Artículo 3o. Se autoriza para el Distrito Federal la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública del Distrito Federal.

Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetarán a lo siguiente:

I. Los financiamientos deberán contratarse con apego a lo establecido en la Ley General de Deuda Pública, en este artículo y en las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán:

1. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos.

2. Contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010.

3. Apegarse a las disposiciones legales aplicables.

4. Previamente a la contratación del financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los términos y condiciones que la misma determine para ese efecto.

III. Las operaciones de financiamiento deberán contratarse en las mejores condiciones que el mercado crediticio ofrezca, que redunden en un beneficio para las finanzas del Distrito Federal y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás entidades federativas y municipios.

IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de financiamientos que integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente.

V. El Gobierno del Distrito Federal, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente al Congreso de la Unión informe sobre el estado de la deuda pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las operaciones realizadas.

VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará auditorías a los contratos y operaciones de financiamiento, a los actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

VII. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones de este artículo, así como de la Ley General de Deuda Pública y de las directrices de contratación que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales.

VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión conforme a la fracción V de este artículo, deberán contener un apartado específico de deuda pública, de acuerdo con lo siguiente:

1. Evolución de la deuda pública durante el periodo que se informe.

2. Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 siguientes ejercicios fiscales.

3. Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas.

4. Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado.

5. Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor.

6. Servicio de la deuda.

7. Costo financiero de la deuda.

8. Canje o refinanciamiento.

9. Evolución por línea de crédito.

10. Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal.

IX. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de 2010, el programa de colocación de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal de 2010.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2010, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 147,834.4 millones de pesos, de los cuales 67,405.5 millones de pesos corresponden a inversión directa y 80,428.9 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 8,778.1 millones de pesos correspondientes a proyectos de inversión directa.

Los proyectos de inversión financiada condicionada a que se hace referencia en el artículo 4o. de esta Ley, se ejercerán con apego a la estimación que realice la Secretaría de Energía sobre la evolución del margen operativo de reserva del Sistema Eléctrico Nacional. Dicho indicador en su magnitud y metodología deberá ser enviado para conocimiento del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Capítulo II
De las Obligaciones de Petróleos Mexicanos

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, estarán a lo siguiente:

I. Hidrocarburos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar los anticipos que se señalan en el siguiente párrafo.

A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por 498 millones 772 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 3 mil 500 millones 993 mil pesos.

II. Enajenación de gasolinas y diesel

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas y diesel, enterarán diariamente, incluyendo días inhábiles, por conducto de Pemex-Refinación, anticipos a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que las tasas aplicables a la enajenación de dichos productos, determinadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la citada fracción, resulten positivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar el monto de estos anticipos, los cuales se podrán acreditar contra el pago mensual señalado en el artículo 2o.-A, fracción I, antes mencionado, correspondiente al mes por el que se efectuaron los mismos.

En caso que las tasas aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel, referidas en el párrafo anterior, resulten negativas, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no efectuarán los anticipos diarios mencionados en dicho párrafo.

El pago mensual del impuesto especial sobre producción y servicios deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago. Estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.

Cuando en un lugar o región del país se establezcan sobreprecios a los precios de la gasolina o del diesel, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por dichos sobreprecios en la enajenación de estos combustibles. Los recursos obtenidos por los citados sobreprecios no se considerarán para el cálculo del impuesto a los rendimientos petroleros.

Cuando la determinación de la tasa aplicable, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulte negativa, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa del impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o del impuesto al valor agregado, si el primero no fuera suficiente. En caso de que el primero y el segundo no fueran suficientes el monto correspondiente se podrá acreditar contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos que establece el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos o contra los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 255 de esta última ley.

Para el cálculo de las tasas a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se considerará como parte del precio de venta al público las cuotas establecidas en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley citada.

Para el cálculo de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolina o diesel en territorio nacional, a que se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de los factores a que se refiere la fracción I inciso c) de dicho artículo, se aplicará el factor de 0.9009 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 11 por ciento y el factor de 0.8621 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 16 por ciento.

III. Pagos del impuesto al valor agregado

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos del impuesto al valor agregado en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago.

Las declaraciones informativas del impuesto al valor agregado deberán ser presentadas en formato electrónico ante el Servicio de Administración Tributaria con la misma periodicidad que las declaraciones de pago de dicho impuesto.

Se considerará que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reunieron los requisitos establecidos en las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de acreditamiento, respecto del impuesto al valor agregado causado por la importación de bienes tangibles que hubiesen enajenado con motivo de su actividad ordinaria, desde el 1 de enero de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2009, siempre que paguen, a más tardar el 26 de febrero de 2010, la cantidad que resulte de disminuir dicho impuesto al mismo impuesto actualizado por el periodo comprendido desde el mes en el que se importó el bien de que se trate y hasta el mes inmediato siguiente a dicho mes.

Lo señalado en el párrafo anterior, también se aplicará respecto del impuesto al valor agregado causado por la importación de bienes tangibles distintos de aquéllos que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubiesen enajenado con motivo de su actividad ordinaria durante el periodo indicado en el párrafo que antecede siempre que, a más tardar el 26 de febrero de 2010, paguen el citado impuesto actualizado por el periodo comprendido desde el mes en el que se importó el bien de que se trate y hasta el mes en el que se pague el impuesto correspondiente.

La aplicación de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no dará lugar a acreditamiento adicional ni a devolución o compensación alguna.

IV. Determinación y pago de los impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.

V. Impuesto a los rendimientos petroleros

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, a excepción de Pemex-Exploración y Producción, estarán a lo siguiente:

1. Cada organismo deberá calcular el impuesto a los rendimientos petroleros a que se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 30 por ciento. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo. En ningún caso la pérdida neta de ejercicios anteriores se podrá disminuir del rendimiento neto del ejercicio.

2. A cuenta del impuesto a los rendimientos petroleros a que se refiere esta fracción, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por un total de 3 millones 284 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberán efectuar un pago por un total de 23 millones 574 mil pesos.

El impuesto se pagará mediante declaración que se presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2011 y contra el impuesto que resulte se acreditarán los anticipos diarios y semanales a que se refiere el párrafo anterior.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales.

VI. Importación de mercancías

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, y deberán pagarlas ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.

VII. Otras obligaciones

Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones y aprovechamientos que correspondan a sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y cumplirán con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para modificar el monto de los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo y, en su caso, para determinar la suspensión de dichos pagos, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten, así como para expedir las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Petróleos Mexicanos presentará una declaración al Servicio de Administración Tributaria en los meses de abril, julio y octubre de 2010 y enero de 2011 en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior.

Petróleos Mexicanos presentará al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el último día hábil del mes de marzo del 2011, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos deberá presentar al Servicio de Administración Tributaria las declaraciones informativas a que se refieren los dos párrafos anteriores y las demás disposiciones fiscales, a través de los medios o formatos electrónicos que establezca dicho órgano desconcentrado, en los que se deberá incluir la información específica que en los mismos se indique respecto de las contribuciones, los productos y los aprovechamientos que esa entidad y sus organismos subsidiarios estén obligados a pagar.

Petróleos Mexicanos descontará de su facturación a las estaciones de servicio, por concepto de mermas hasta el 0.74 por ciento del valor total de las enajenaciones de gasolina que realice a dichas estaciones de servicio.

En caso de que, antes del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, Pemex-Exploración y Producción modifique las declaraciones de pago del derecho adicional a que se refiere el artículo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 y entere diferencias a cargo por concepto de ese derecho, en relación con dichas diferencias no se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, a excepción de lo relativo a la actualización.

El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que se establecen en el presente artículo de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución conforme a la Ley del Banco de México y los concentrará en la Tesorería de la Federación.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 257, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos se establece que la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2010 será por una estimación máxima de 2.5 y 1.1 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente.

Capítulo III

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.5 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del Fisco Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, que se hubieren adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2008, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el ejercicio fiscal 2010, el 30 por ciento para el año 2011 y el 10 por ciento para el año 2012.

Las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, que no hubieren celebrado el convenio a que se refiere el artículo tercero, fracción I del Decreto señalado en el párrafo anterior, tendrán hasta el 31 de marzo de 2010 para celebrarlo y cumplir con todos los requisitos contenidos en el mismo, a fin de acogerse al mismo, en cuyo caso podrán aplicar el porcentaje establecido en dicho Decreto para el ejercicio fiscal de 2009, así como los beneficios descritos en el párrafo anterior.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2010, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero, de los organismos públicos de que se trate, conforme a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2010, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2010. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2010, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un aprovechamiento con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, los recursos correspondientes se podrán destinar a la capitalización de los bancos de desarrollo o a fomentar acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el apartado A, fracción VI, numerales 11, 19, inciso d y 23, inciso d, del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2010, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2009, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

MES

FACTOR

Enero

1.0429

Febrero

1.0405

Marzo

1.0382

Abril

1.0323

Mayo

1.0287

Junio

1.0317

Julio

1.0298

Agosto

1.0270

Septiembre

1.0226

Octubre

1.0179

Noviembre

1.0148

Diciembre

1.0075

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2010 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2009, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2010.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, así como aquéllos a que se refiere la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y los accesorios de los aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para esos efectos se fijen, la dependencia prestadora del servicio o la que permita el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o., último párrafo, de la Ley Federal de Derechos.

Las dependencias de la Administración Pública Federal, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2010, los conceptos y montos de los ingresos que por aprovechamientos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe durante los primeros 15 días del mes de julio de 2010, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2010, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2010, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2010, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2010. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2010, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2009, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

MES

FACTOR

Enero

1.0429

Febrero

1.0405

Marzo

1.0382

Abril

1.0323

Mayo

1.0287

Junio

1.0317

Julio

1.0298

Agosto

1.0270

Septiembre

1.0226

Octubre

1.0179

Noviembre

1.0148

Diciembre

1.0075

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2010 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2009, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2010.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, serán depositados, hasta por la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo, en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2010, los conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante los primeros 15 días del mes de julio de 2010 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece esta Ley deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere el párrafo anterior, generará a las citadas dependencias o a sus órganos administrativos desconcentrados, sin exceder sus presupuestos autorizados, la obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización al Fisco Federal. La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de concentración. En el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la misma.

El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a que se refiere el párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente.

No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo cuando las dependencias acrediten ante la Tesorería de la Federación la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de la concentración, siempre que cuenten con la validación respectiva del órgano interno de control en la dependencia de que se trate.

Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos.

Las entidades de control indirecto, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece esta Ley y se reflejen dentro de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos y por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades de control directo que los generen, para la realización del proyecto respectivo.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos remanentes a la extinción de un fideicomiso que se hayan generado con cargo al presupuesto de una dependencia deberán ser concentrados a la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la dependencia o entidad que concuerden con los fines para los cuales se creó el fideicomiso, salvo aquéllos para los que en el contrato de fideicomiso esté previsto un destino distinto. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., apartado A, fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso d, de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos,negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el octavo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 5 por ciento, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

En los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o liquidación, cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Gobierno Federal, el liquidador designado o responsable del proceso respectivo podrá utilizar los recursos disponibles de los mandatos y demás figuras análogas encomendadas al mismo por el Gobierno Federal, para el pago de los gastos y pasivos de dichos procesos de desincorporación previa opinión favorable, en cada caso, de la coordinadora de sector, del mandante o de quien haya constituido la figura análoga y de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Para los efectos anteriores, se constituirán los instrumentos jurídicos correspondientes que aseguren la transparencia y control en el ejercicio de los recursos.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos deberán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanecerán afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Se autoriza al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a finiquitar las obligaciones derivadas en su origen de operaciones activas de financiamiento externo en apoyo a empresas para la construcción o adquisición de medios de transporte marítimo, cuya fuente de recuperación resulte insuficiente, cancelando el activo correspondiente con cargo a resultados y se autoriza a dicha sociedad nacional de crédito a asumir las obligaciones y contingencias jurídicas derivadas de las citadas operaciones.

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con excepción de lo dispuesto en el párrafo vigésimo del artículo 1o. de la presente Ley.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

II. Comisión Federal de Electricidad.

III. Instituto Mexicano del Seguro Social.

IV. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Se faculta a las autoridades fiscales para que lleven a cabo la cancelación de los créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar, en los casos en que exista incosteabilidad.

Para que un crédito se considere incosteable, la autoridad fiscal evaluará los siguientes conceptos: monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad de cobro del mismo.

La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria establecerá, con sujeción a los lineamientos establecidos en los párrafos primero, segundo y cuarto de este artículo, el tipo de casos o supuestos en que procederá la cancelación a que se refiere este artículo.

La cancelación de los créditos a que se refieren los párrafos anteriores no libera de su pago.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará un informe detallado a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, que deberá ser enviado a más tardar el 31 de octubre de 2010, de las personas físicas y morales que hayan sido sujetas a la aplicación de los párrafos anteriores de este artículo y de los lineamientos de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria para determinar los casos de incosteabilidad. Dicho informe deberá contener al menos lo siguiente: sector, actividad, tipo de contribuyente, porcentaje de cancelación y el reporte de las causas que originaron la incosteabilidad de cobro.

Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2010, una persona hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2010.

Durante el ejercicio fiscal de 2010, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos, con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, independientemente del ejercicio por el que corrija su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Para los efectos del párrafo que antecede, cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere dicho párrafo, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2010, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diesel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos y a los vehículos de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel en términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.

III. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2010 y enero de 2011.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la recuperación mediante devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El comprobante que se expida deberá reunir los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en que se adquiera el diesel, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del ejercicio en que se realicen los gastos, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. En el entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV y V de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. Tratándose de los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos fiscales y subsidios siguientes:

I. Los relacionados con comercio exterior:

1. A la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas.

2. A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas.

II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.

Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones fronterizas del país en los porcentajes o cantidades otorgados o pagadas en su caso, que se hubieran otorgado durante el ejercicio fiscal de 2009.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo escuchará, en su caso, la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en materia de estímulos fiscales y subsidios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el costo que representan para el erario federal, por concepto de menor recaudación, los diversos estímulos fiscales a que se refiere este artículo, así como los sectores objeto de este beneficio. Dicha información se remitirá a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Artículo 18. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 19. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades de control directo, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 20. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2010 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Artículo 21. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 22. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010 la tasa de retención anual será del 0.60 por ciento.

Para los efectos de los artículos 8 y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los contribuyentes deberán presentar a las autoridades fiscales, en el mismo plazo establecido para la presentación de los pagos provisionales y de la declaración del ejercicio, según se trate, la información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa única, en el formato que establezca para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. La información a que se refiere este párrafo se deberá presentar incluso cuando no resulte impuesto a pagar en las declaraciones de pagos provisionales o del ejercicio de que se trate.

Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito.

Capítulo IV

De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluirá en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a que se refiere el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información relativa a los requerimientos financieros y disponibilidades de la Administración Pública Centralizada, de órganos autónomos, del sector público federal y del sector público federal consolidado, incluyendo a las entidades paraestatales contempladas en los Tomos V y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, así como de las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica.

En los informes a que se refiere el párrafo anterior se deberá incluir la información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; así como la información relativa al balance de cada uno de los organismos de control directo a que se refiere el apartado B del artículo 1o. de esta Ley.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, en los informes a que se refiere el primer párrafo de este artículo se deberá incluir la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

I. Avance en el padrón de contribuyentes.

II. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.

III. Avances contra el contrabando.

IV. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales.

V. Plan de recaudación.

VI. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos.

VII. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios, conforme al artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas que consolidan fiscalmente, empresas con ingresos acumulables en el monto que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan.

Artículo 24. En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades, estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y endeudamiento que éstas requieran legalmente.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2010.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. Los datos generales que a continuación se citan, de las personas morales y de las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Servicio de Administración Tributaria, obtengan con motivo del ejercicio de sus atribuciones, podrán ser comunicados entre dichos entes con objeto de mantener sus bases de datos actualizadas:

I. Nombre, denominación o razón social.

II. Domicilio o domicilios donde se lleven a cabo actividades empresariales o profesionales.

III. Actividad preponderante y la clave que se utilice para su identificación.

La información obtenida conforme a este artículo no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establece el Código Fiscal de la Federación, pero será considerada confidencial para los efectos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La información estadística que se obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo podrá ser objeto de difusión pública.

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de 2010, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá al menos, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. Dicho presupuesto deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2011 desglosado por impuesto y por cada uno de los rubros de ingresos que la ley respectiva contemple.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 2010, a las instancias a que se refiere el primer párrafo de este artículo un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31, fracción II y 114 de su Reglamento. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en el dictamen fiscal simplificado a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, así como en la declaración informativa de las personas morales con fines no lucrativos a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29. Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de abril de 2010, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

Artículo 30. En el ejercicio fiscal de 2010, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años.

Artículo 31. Con la finalidad de transparentar el calendario mensual de ingresos que, en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe publicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación 15 días hábiles después de la publicación de esta Ley, dicha dependencia deberá entregar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo, la metodología y criterios adicionales que hubiese utilizado para dicha estimación, misma que deberá ser incluida en la citada publicación.

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 2009, a las que se refiere el informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo al Congreso de la Unión.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas, a partir de la entrada en vigor del presente artículo y hasta el 31 de diciembre de 2010 se aplicarán las siguientes medidas:

I. El gasto que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social con cargo a los recursos acumulados en las Reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, deberá ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

II. Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

III. Los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos podrán destinarse a cubrir gastos de operación de Petróleos Mexicanos conforme a su presupuesto autorizado.

IV. Los servidores públicos que concluyan su relación laboral en la Administración Pública Federal conservarán, por un periodo de 6 meses, contados a partir de la fecha de conclusión de la relación laboral, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del mismo derecho disfrutarán sus familiares derechohabientes, en términos de dicha ley.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de su artículo primero, que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. Se deroga el artículo transitorio Segundo del Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil nueve.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Debido a que se ha distribuido entre la Asamblea, consulte la Secretaría, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura.

Señoras Senadoras; señores Senadores, la Mesa Directiva hoy por la mañana al tener conocimiento del trabajo realizado por las Comisiones ayer hasta altas horas de la noche, acordó proponer, y ha sido votado en consecuencia hace unos minutos, el orden en el que entraremos en la discusión de este paquete de ingresos.

Todos los señores Senadores y señoras Senadoras saben que entraremos en materia en esta sesión únicamente de 5 dictámenes correspondientes al paquete de ingresos enviado por la Cámara de Diputados. No habrá ningún otro tema que tratemos el día de hoy, sino hasta el martes próximo, para dedicar la totalidad de la sesión a la presentación de los dictámenes, su debate y su votación.

Informo a ustedes para que tengan el panorama integral que el orden será el siguiente, tal como está establecido en el Orden del Día.

Entramos a tocar el dictamen de Miscelánea Fiscal con sus respectivas leyes: Del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de los Decretos sobre UDIS, Código Fiscal de la Federación y Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1995.

Procederemos a abrir de inmediato el debate con oradores a favor y en contra, y a votar en consecuencia al finalizar este debate.

Y consecuentemente procederemos después, en segundo momento, a discutir la Ley Federal de Derechos, después la Ley Federal de Derechos relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Posteriormente la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y finalmente la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Hemos hecho una consulta con grupos parlamentarios y entiende esta Presidencia que ha sido aceptada la sugerencia de la Mesa Directiva de que procederemos a establecer en términos reglamentarios el debate a favor y en contra, y que en lo particular haremos un esfuerzo de debate dictamen a dictamen, no reserva a reserva, sino en conjunto dictamen a dictamen.

De tal manera que podamos hacer mucho más útil el tiempo de esta sesión, más, claro, el posicionamiento político de los grupos parlamentarios. Y cada grupo parlamentario ha hecho llegar en tiempo y forma las reservas correspondientes de los cinco dictámenes.

Esta Presidencia será, por supuesto, colaboradora para que los tiempos de los oradores sean los suficientes para que expongan sus puntos de vista y sus razones. De tal manera que habrá flexibilidad de esta Mesa con los oradores que hagan uso de la palabra.

Lo informo para que se evite cualquier presión desde los escaños de las señoras y señores Senadores respecto al orador en turno.

Creo que esa es una mejor utilización del tiempo, no tener una discusión reserva a reserva, sino compactadamente en cada uno de los dictámenes en el conjunto de las reservas.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Sí, Senador Arroyo Vieyra.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: Le ruego disculpe mi insistencia, que espero no la tome a impertinencia. Esto es, teníamos dos dictámenes cantados en primera lectura que naturalmente vendrían a la sesión de hoy para su discusión. No está usted informando que la Mesa Directiva, por cierto con el voto de los Senadores Zoreda y Arroyo en contra, y Ludivina, si no me equivoco, ha cambiado el Orden del Día. Estamos en una materia de estricto “jure” y es por ello que me interesa que quede claro cuál fue la decisión de la Mesa. Que sería prudente que se consultara.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: A ver, hago la precisión. Por primera ocasión, por lo menos en esta Legislatura, la Mesa Directiva ha debido votar el Orden del Día y ha tomado una decisión por mayoría en la Mesa Directiva. Esta Mesa Directiva ha puesto a consideración el Orden del Día, pero en atención al planteamiento del Senador Arroyo Vieyra. Valdría la pena y esta Mesa Directiva no tiene ningún inconveniente en consultar a la Asamblea y poner a votación el Orden del Día con los dictámenes a discusión. Y preciso más para que haya claridad en la Asamblea.

El PRI formalizó una propuesta a la Mesa Directiva para que el orden de los dictámenes a discusión hoy empezara con la Ley Federal de Derechos y el segundo dictamen fuese la Miscelánea Fiscal donde viene el ISR, el IDE y el IVA.

La bancada del PAN formalizó en la Mesa Directiva una propuesta en sentido inverso, de que el primer dictamen a discusión fuese la Miscelánea Fiscal y en segundo lugar la Ley Federal de Derechos.

La representación del PRD y del Verde, emitieron su voto en la Mesa Directiva. Como el voto es ponderado en la Mesa Directiva, igual que en la Junta de Coordinación Política, las bancadas del PRD y del PAN votaron por la propuesta de que primero discutiéramos Miscelánea Fiscal.

La bancada del PRI y del Verde votaron porque primero fuera la Ley Federal de Derechos.

Y acordamos, y en eso tiene razón el Senador Arroyo Vieyra, que dado que el Pleno es quien decide el Orden del Día, ponerlo a consideración. Y si fuese necesario a debate, por supuesto que esta Mesa Directiva garantiza el derecho de todos.

En consecuencia, la propuesta de la Mesa Directiva, por mayoría, tomada hoy por la mañana, de que el orden sea el mencionado, va a ponerse a votación.

Y pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta el Orden del Día con los cinco dictámenes en los términos votados por la Mesa Directiva hoy por la mañana.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se considere el Orden del Día propuesto por la Mesa Directiva, como ya ha sido dada la lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Evidente mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se aprueba el Orden del Día. Y, en consecuencia, pasamos a la segunda lectura…

Adelante, Senador Pablo Gómez, dígame usted.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Hay un elemento que es necesario tomar en cuenta, según la forma en que la Mesa va a procesar las llamadas reservas. Las reservas son de dos naturalezas: una es para proponer una modificación, en cuyo caso hablan y para obviar tiempo, se va a presentar una tras otra.

Pero hay reservas en términos estrictamente reglamentarios que son para votar en lo particular, un precepto o un pedazo de un precepto. En cuyo caso debe abrirse la discusión a favor y en contra del dictamen, de lo que viene en el dictamen, inmediatamente que llegue el lugar del precepto reservado.

No es lo mismo que proponer una modificación a un precepto ya votado. Que aquí se vota antes la modificación que el precepto, pero eso es una violación reglamentaria que forma parte de los usos y costumbres del parlamento mexicano.

Pero yo propongo entonces que la Mesa tome en cuenta, y la Presidencia, la diversa naturaleza de cada cosa a efecto de no impedir la discusión en lo particular de preceptos impugnados que no formen parte del proyecto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Pablo Gómez, el señalamiento y la observación que usted hace fue valorado hoy por la mañana en Mesa Directiva, y en estricto sentido hay plena coincidencia. Así está contemplado y están tomadas las medidas preventivas necesarias.

Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen conproyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE ABRIL DE 1995

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

(Voto particular)

“Voto particular del Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sobre el dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito formular el siguiente voto particular sobre el dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Durante diversas sesiones de la presente Legislatura en la Cámara de Diputados, se presentaron propuestas e iniciativas para reformar distintos ordenamientos relacionados con el paquete fiscal 2010.

Segundo.- En su momento y en cumplimiento a sus funciones, se reunieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos, para dictaminar las iniciativas que sobre la materia les fueron presentadas.

Tercero.- Debido a que no compartimos el sentido general del los Dictámenes, presento voto particular, para efectos de que sea remitido al Pleno en conjunto con el referido dictamen, mismo que fundo y motivo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Tendón de Aquiles del Estado mexicano es el tema fiscal. No es un problema de ahora, sino desde el nacimiento del país como nación independiente.

El debate fiscal en México no es si se deben cobrar impuestos o no. Todas las corrientes políticas, sin excepción, sabemos que el Estado y el país son inviables sin las contribuciones.

El debate está en otros temas y siempre se ha centrado en dos cuestiones: ¿cuándo es el mejor momento de cobrar más o nuevos impuestos?, y ¿quién debe llevar la carga fiscal? A partir de la crisis económica de 1995, similar a la actual en sus niveles de desempleo, una tercera pregunta se ha sumado a esta cuestión histórica: ¿a cambio de qué el gobierno me va a cobrar más impuestos a mí, como ciudadano?

La Ley de Ingresos, tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, con su escalada de impuestos, alzas mensuales a los combustibles, incremento del déficit público y petrolización del ingreso público, hundiría más al país en la recesión, acrecentaría el paro laboral y aumentaría la inestabilidad social, en lugar de recuperar el crecimiento, la inversión y el empleo productivo. Hay suficientes razones para rechazar ese engendro fiscal.

1. ¿Subir impuestos en medio de una crisis sistémica?

Tal vez no exista consenso sobre cuál es el mejor momento para incrementar los impuestos, pero sí existe una postura económica y académica sólida para definir cuándo hay que evitar subirlos. Y ese momento es precisamente en medio de una crisis económica, con raíces estructurales, no únicamente coyunturales, como la que estamos viviendo en el país.

Subir impuestos en medio de una recesión, es el mejor camino para hondar en ella. Lo dicta el sentido común. Pero también lo sostienen cuatro premios nobel de economía que conocen el problema de México. Robert Engel, Premio Nobel 2003, afirma que es un error del gobierno mexicano pretender aumentar los impuestos a la población. “Yo no recomiendo en momentos recesivos aumentar los impuestos, esta es una solución equivocada” (22 de septiembre de 2009).

Edmund Phelps (Nobel 2006), advierte a México que no debe esperar a que se recupere la economía norteamericana para que, a su vez, crezca la economía mexicana, ya que la crisis económica mundial está lejos de hacer sido superada (23 de septiembre de 2009). Es decir, que el gobierno mexicano se concentre en diseñar y aplicar un verdadero programa anticíclico y no esté tan atado a factores externos como la recuperación de la economía norteamericana, las remesas de los migrantes y el precio del petróleo.

De la misma forma, Edward C. Prescott (Nobel 2004), señaló que lo último que debe hacerse en una recesión es “elevar los impuestos, ya que la sola posibilidad de que eso suceda deprimiría más la economía”. Explicó que elevar gravámenes produce distorsión en las economías, de manera que las empresas no crearán nuevos empleos ni podrán capacitar a sus trabajadores. Recordó que para incrementar la competitividad de México es necesario que el gobierno reduzca los niveles de corrupción, impulse las empresas, invierta en educación y establezca un sistema tributario descentralizado en el que estados y municipios participen más en la recaudación de recursos (24 de octubre de 2009).

¿Algo de esto contiene la Ley de Ingresos? Por supuesto que no. Su objetivo es tapar un boquete en las finanzas públicas, no hacer crecer la economía y el empleo. Mucho menos, redistribuir el ingreso nacional, para reactivar el mercado interno.

James J. Heckman, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2000 y catedrático de la Universidad de Chicago, quien destacó: “la economía mexicana es lenta, altamente regulada, mantiene un sorprendente nivel de desigualdad. México tiene una cultura política y económica de capitalismo de amigos, la cual ha protegido la creación de monopolios. La cultura política y económica, dijo, se ha ajustado a grupos de interés que reciben favores” (martes 20 de octubre).

Seguramente algunos de los favores a que se refiere el Nobel en Ciencias Económicas, tiene que ver con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta pública 2005, en la que se señala que:

“Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216.0% al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación, (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.

Cabe señalar que de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); se observa que en 2008, 29 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 2 billones 242 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 69 mil 187 millones de pesos, lo que representó en promedio sólo el 3.0% de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos alcanzaron 143 mil millones de pesos, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, este último les permitió “diferir” en promedio 2.07 pesos.

Un ejemplo de estos beneficios fue la devolución de 23 mil 562 millones de pesos en créditos fiscales a CEMEX, lo que le permitió reportar utilidades por 2 mil 323 millones de pesos.

A mayor abundamiento, a continuación se transcriben entre comillas algunas de las razones incluidas en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales 2010 que envió el Ejecutivo, y que confirman lo que hemos venido sustentando para que se derogue de una vez por todas el Régimen de Consolidación Fiscal que han usufructuado por más de tres décadas los más grandes empresarios en nuestro país, en detrimento del pueblo de México.

“3. Régimen de consolidación fiscal”

“Actualmente, este régimen previsto en el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite que un grupo de empresas con intereses societarios (tenencia accionaria superior al 50 por ciento) y económicos comunes, pueda tributar como si fuera una sola unidad económica, lo que posibilita el diferimiento del pago del ISR, derivado de la disminución inmediata de las pérdidas fiscales obtenidas por una o varias de las empresas que conforman el grupo contra las utilidades fiscales generadas por otras sociedades pertenecientes al mismo”.

“Cabe señalar que el régimen de referencia beneficia los flujos de efectivo dentro del grupo que consolida al no pagarse el ISR al momento del pago de dividendos o la distribución de utilidades contables entre las sociedades que conforman el mismo”.

“Las anteriores características han definido a la consolidación fiscal como un régimen de diferimiento del pago del ISR”.

En pocas palabras, se trata de un préstamo sin intereses que hace el gobierno mexicano a los grandes empresarios, y según lo dice la Secretaría de Hacienda, hoy en día ni siguiera tiene fecha de vencimiento, es decir, los grandes empresarios lo pueden seguir disfrutando indefinidamente.

“En su origen, el régimen de consolidación fiscal se concibió como un sistema de incentivo para coadyuvar con la capacidad operativa y financiera de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicará un simple diferimiento en el pago del ISR, condición que se estableció claramente en el Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973, que constituye el origen del régimen de consolidación fiscal”.

“No obstante los antecedentes favorables para la Hacienda Pública Federal emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que existen situaciones precisas en la Ley de la materia para el pago del impuesto diferido, el esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que representa un sacrificio fiscal para el erario público federal”.

Resulta muy evidente que en la actualidad la condición para mantener el régimen de Consolidación Fiscal no reúna la condicionante bajo la cual fue concebido y hoy en día este régimen especial sí representa un serio y grave sacrificio fiscal para las finanzas de nuestro país, razón por la cual, este régimen especial de Consolidación Fiscal debe ser derogado, para evitar que los grandes empresarios continúen, como lo dice la exposición de motivos de Hacienda, empleando “estrategias tales como la deducción inmediata, para generar pérdidas, las cuales serán disminuidas por la sociedad controladora contra las utilidades de empresas ganadoras integradas al mismo grupo o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el entero del impuesto diferido por largos periodos de tiempo”.

Los grandes empresarios han disfrutado durante más de tres décadas de estos beneficios, y es muy justo que comprendan que es tiempo de solidarizarse con el pueblo de México y aceptar sin regateos la derogación de este régimen especial.

“Actualmente existen 4,862 empresas que consolidan para efectos fiscales integradas en 422 grupos. Sin embargo, el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas el 1.78% del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007, y el diferencial se pagará hasta que se actualicen los supuestos de Ley y, en consecuencia, dichas empresas efectúen el entero del impuesto diferido. Por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimeinto del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos, situación que cambiaría de aprobarse la propuesta de reforma que nos ocupa.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta obvio, que la propuesta del Ejecutivo Federal, aún con las modificaciones de los Diputados es inviable en virtud de que por un lado, la pérdida de al menos 44% en el poder adquisitivo del salario al mes de junio del presente año, aunado al desempleo y subempleo hace imposible incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos.

El país se encuentra en la antesala de una crisis sistémica, una situación de emergencia en la que convergen inseguridad y violencia, desempleo e incremento de la pobreza, amenazas de salud pública y desastres naturales como la sequía, pérdida de competitividad económica y viabilidad educativa, así como polarización social y conflictividad política. Este fiasco fiscal que es la Ley de Ingresos puede ser el detonador de una crisis de ingobernabilidad y de un estallido social.

2.- ¿Quién pagará el costo fiscal? Pymes, clases medias y asalariados.

Tal como fue aprobada, la Ley de Ingresos es regresiva en términos fiscales, inflacionaria en términos económicos y generadora de mayor desempleo en términos sociales.

Incrementar de 28 al 30% la tasa del ISR e incorporar a los trabajadores asalariados de 4.4 salarios mínimos o más, introduce una inequidad mayúscula porque hará que paguen tasas similares los mexicanos con ingresos cercanos a la línea de pobreza extrema y un puñado de mexicanos con los más altos ingresos de América Latina y el mundo. Recordemos además que el 50% del ISR que actualmente se paga en el país recae en los asalariados, mientras que las personas morales aportan el 35%, las personas físicas el 3.5% y porcentaje restante es la retención a extranjeros y otros conceptos.

Una prueba de lo anterior, radica en el hecho de que en México mientras las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago del Impuesto sobre la Renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6% en promedio durante los últimos 7 años. En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan el 25% del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.20%, en ese mismo lapso. Esto es, aunque la contribución de las empresas debería se al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, esto no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales”.

Subir los impuestos indirectos, con el IVA y el IEPS a la cabeza, nos aleja de la tendencia internacional a que sean los impuestos directos al ingreso y no al consumo, lo que constituye la parte medular del ingreso fiscal. Mientras que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), al subir de 2 a 3% y al bajar el rango de los montos gravables de 25 a 15 mil pesos, incorpora al 90% de los ahorros personales y familiares de los mexicanos de clase media, así como a un 70% de las Pymes, convirtiendo al IDE en un impuesto netamente recaudatorio en lugar de un impuesto de control contra la economía informal.

Pero, sin lugar a dudas, el impuesto que más sube de todos los contemplados en el paquete fiscal es el de los combustibles. Los 11 centavos mensuales de aumento a las gasolinas a lo larga del 2010 rompe con cualquier meta de inflación baja, al impactar a la economía en su conjunto, si se llegara a incrementar aún más el precio por litro como pretenden algunos Senadores del PRI, esto elevaría forzosamente el precio de la gasolina y por lo tanto los niveles inflacionarios.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y diversas consultorías privadas han medido el impacto real, no propagandístico, de este paquete fiscal que hoy debemos revisar y corregir en el Senado.

El Producto Interno Bruto registrará una contracción del 1.8%. Esta caída provocará la pérdida adicional de 200 mil empleos permanentes, un disparo de la tasa de inflación de 6.1% y un decremento de la inversión privada nacional y extranjera del 10%. Es decir, es un paquete recesivo, inflacionario y generador de más desempleo. Es un paquete procíclico, no anticíclico. Por ello debe ser desechado.

3. De los ciudadanos al Estado: ¿A cambio de qué?

No hay proporción entre las obligaciones fiscales de los contribuyentes por un lado, y los derechos ciudadanos por el otro. La “carta” de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los mexicanos contenida en la Constitución (entre los que se incluyen el derecho al trabajo y a mejores servicios públicos como seguridad, justicia, educación y salud), no llega a 30 incisos. En cambio, el catálogo de impuestos directos e indirectos; federales, estatales y municipales; al que esta sujeto el ciudadano en calidad de contribuyente asciende a más 130 contribuciones.

Esta desproporción entre la condición de “contribuyente” y la de “ciudadano” es el origen de la tragedia fiscal mexicana, cimentada en la desconfianza, la evasión y la elusión mutua entre autoridades y contribuyentes.

Esta Ley de Ingresos refuerza el supuesto de que el contribuyente es un evasor consumado, mientras que los ciudadanos acentúan su percepción de que el gobierno es el principal terrorista y depredador de la economía familiar y personal. A ello hay que agregar la convicción arraigada en los ciudadanos de que, mientras las obligaciones fiscales en México son de primer mundo, las contraprestaciones o servicios públicos recibidos son de tercera calidad.

Uno de los mayores reclamos ciudadanos que se han escuchado en los últimos días es, ¿a cambio de qué el gobierno nos pide más impuestos? ¿Cuál es el compromiso de austeridad y manejo honesto de los recursos públicos? ¿Tendremos mejor seguridad pública? ¿Habrá una educación pública de calidad? ¿Mejorarán los servicios de salud en el IMSS o en el ISSSTE? ¿Habrá transparencia y mejor rendición de cuentas sobre el gasto público? ¿Por qué no existe un sistema de evaluación ciudadano del gasto gubernamental, que permita a cualquier contribuyente calificar el desempeño y la eficiencia del gasto público, más allá de las evaluaciones del Congreso?

Mientras las autoridades y los legisladores no demos respuestas a estas interrogantes de los ciudadanos, la brecha entre gobierno y sociedad civil se hará cada vez más amplia. Si el paquete fiscal no va acompañado de una carta de obligaciones del Estado en materia de transparencia, información, evaluación y verificación ciudadana del gasto público, la crisis de finanzas del gobierno devendrá pronto en una crisis de representación del Estado frente a la ciudadanía.

4.- Política económica en sentido inverso.

El paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados va en sentido inverso a lo que está haciendo la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo para salir de la crisis económica global. Los programas anticíclicos que se están aplicando en Alemania, Chile, Japón, Indonesia, Francia, Estados Unidos, Venezuela y Argentina, por nombrar algunos, giran en su mayor parte sobre una combinación de los siguientes criterios: 1) disminución de cargas fiscales a empresas y contribuyentes; 2) recortes sustanciales al gasto corriente gubernamental; 3) intervenciones o mayores controles sobre el sistema bancario y la intermediación financiera; 4) incrementos moderados del déficit público, no menores al 4% del PIB, con sus respectivos planes de disminución y compensación en el corto plazo; 5) expansión sustancial de la inversión pública y privada en obras de infraestructura (energía, carreteras, puertos, viviendas, salud, educación, ciencia y tecnología); 6) reconfiguración de su mercado interno, especialmente en las áreas industrial y agropecuaria; 7) subsidios económicos directos a los sectores de población más pobres; 8) diversificación del comercio exterior; 9) tipos de cambio competitivos, no especulativos; 10) impulso al llamado “crecimiento verde” o desarrollo sustentable.

¿Alguna de estas directrices y coordenadas para salir de la crisis están en el paquete económico recién aprobado? No, por supuesto. Lo único que tenemos es un parche fiscal para medio tapar un boquete financiero en el gobierno, con cargo a la sociedad y, dentro de ella, con cargo a los mismos de siempre, los contribuyentes cautivos: pequeñas y medianas empresas, ahorros exiguos de la clase media y el grueso de trabajadores asalariados.

El intento de combate a la elusión fiscal que significa el pago retroactivo de los impuestos de las empresas que operan bajo el régimen de consolidación fiscal (que les permite compensar pérdidas de una empresa con las ganancias de otra), positivo en su intención, se instrumentó tan mal que hasta un pasante de derecho sabe que fue transgredida la Constitución de manera flagrante.

Con el propósito de ampliar la base de este voto, es prudente incorporar un estudio comparativo de lo que en estos casos de emergencia financiera están realizando otros países.

ESTADOS UNIDOS

Jeffrey D. Sachs, profesor investigador de la Universidad de Columbia N. Y., hace un excelente diagnóstico de las condiciones que guarda la economía norteamericana, en el contexto de la crisis financiera mundial, y de las medidas que han sido adoptadas por el gobierno para hacer frente a los efectos de la misma. “Ahora hace casi un año desde que la economía mundial se tambaleó al borde de la catástrofe. En el lapso de tres días, del 15 al 17 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo que hacerse cargo de la enorme compañía de seguros AIG y del debilitado icono de Wall Street, Merril Lynch, fue absorbido por el Banco de América con un acuerdo intermediado y financiado por el Gobierno de los EU a continuación se produjo el pánico y el crédito dejó de circular. Las empresas no financieras no conseguían capital de explotación y mucho menos aún financiación para inversiones a largo plazo. Una depresión parecía posible.

Hoy la tormenta ha amainado. Meses de adopción de medidas de emergencia por los principales bancos centrales impidieron la quiebra de los mercados financieros. Cuando los bancos dejaron de facilitar liquidez a corto plazo a otros bancos y a empresas industriales, los bancos centrales colmaron esa laguna. A consecuencia de ello, las mayores economías se libraron de un colapso del crédito y de la producción. La sensación de pánico se disipó. Los bancos están prestándose de nuevo.

En los EU, por ejemplo, una tercera parte, aproximadamente, de los 800,000 millones de dólares del plan de estímulo de dos años comprende reducciones fiscales (para estimular el gasto en consumo): una tercera parte son gastos públicos en carreteras, escuelas, energía eléctrica y otras infraestructuras y otra tercera parte reviste la forma de transferencias federales a los gobiernos estatales y locales para la atención de salud, el seguro de desempleo, los salarios en las escuelas y demás.

ALEMANIA

En Alemania, el nuevo gobierno de coalición, “contempla poner en marcha una serie de medidas fiscales” a partir del próximo 1° de enero, “con rebajas a las familias y a la imposición a las empresas”, informa el diario El País.

Lo informaron en forma conjunta la canciller, Angela Merkel, de la Unión, y el futuro vicecanciller, Guido Westerwelle, jefe del Partido Liberal. Según El País, “en total, se proyecta una rebaja fiscal de 24 mil millones de euros que se realizará en varios pasos y que deberá cerrarse en 2013. El subsidio familiar deberá aumentarse de los 164 euros mensuales actuales a 200 euros y la cantidad desgravable por hijo deberá subir de los 6 mil 24 euros al año a 7 mil 4 euros. Se espera que el primer paso a esas rebajas se dé ya en 2010”.

“A eso deberá agregarse la reforma fiscal que se concentrará en modificar lo que se ha llamado la progresión fría, que en ocasiones lleva a que las alzas salariales sean devoradas en buena parte por el cambio de tarifa fiscal y que deberá aprobase en 2011”.

El gobierno alemán plantea lo anterior a pesar de su difícil situación financiera. Con ello, la canciller espera que Alemania salga fortalecida de la crisis económica. Para Merkel rebajar las cargas fiscales es una medida que considera “importante y correcta” en tiempos de crisis.

CHILE

Dado que el plan de estímulo económico anunciado por el gobierno chileno beneficiará a las familias de clase media, las mismas se mantendrán, al menos en parte, a salvo de los efectos de la crisis. Es por este motivo, que se puede esperar que ello incremente el consumo de este segmento de la población y con ello las empresas vinculadas al sector se verán beneficiadas. Para que el incremento en el nivel de consumo tenga bases sólidas, se consideró de relevancia que retorne la confianza y la calma en la economía chilena. Por eso se consideró a su vez clave que se mantenga el crecimiento económico en niveles aceptables y se comience a observar un quiebre en la tendencia inflacionaria.

Las medidas que adoptó el país chileno para hacer frente a los retos que implica el clima financiero internacional, se dirigieron a tres grandes ejes:

Devolución de impuestos.

Más líneas de crédito a las PYMES.

Explosiva alza de subsidios habitacionales.

ARGENTINA

En el marco de la crisis, se considera por algunos expertos argentinos (Javier Ganem, Gabriel Suárez de la Comisión de Economía, Centro de Estudios Igualdad. Argentina) que el gobierno debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse de fondos fiscales. Proponer en materia de Política Fiscal:

-Exención del IVA y demás impuestos internos nacionales y provinciales que gravan los productos de la canasta familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos.

-Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.

En lo que se refiere a las medidas tomadas por los gobernadores de las provincias; en el Estado provincial de Entre Rios por ejemplo, se dispuso la reducción transitoria de la alícuota de la Ley 4035 y la industria y el campo no serán gravados con impuestos o ingresos brutos, comunicó el gobernador Sergio Urribarri, quien explicó que esta son algunas de las medidas definidas ante la crisis económica financiera internacional.

VENEZUELA

En octubre del presente año, el ministro de Finanzas Alí Rodríguez descartó el miércoles una devaluación del bolívar o algún incremento de impuestos dentro del paquete de medidas que se espera anuncie próximamente el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Rodríguez manifestó que la administración de Chávez tampoco contempla aumentar los tributos por lo que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantendrá en 12%.

BRASIL

En plena crisis financiera Internacional (finales de 2008 y principios de 2009), el Gobierno brasileño anunció una serie de reducciones tributarias con las que se proponía inyectar a la economía cerca de 3,900 millones de dólares, espolear el consumo y contener la amenaza que supone dicha crisis financiera global. Las medidas fueron anunciadas, tras una reunión del presidente Lula da Silva con una treintena de influyentes empresarios de los sectores más representativos de la economía nacional.

El titular de Hacienda dijo que se decidió atacar en tres frentes, a fin de fortalecer al sector financiero, alentar la compra de vehículos y aliviar el bolsillo de los brasileños a través de una revisión del impuesto sobre la renta.

De esa manera, anunció que el llamado Impuesto a las Operaciones Financieras, que tasa el crédito y los negocios de cambio, entre otras, será reducido del actual 3 por ciento a 1.5 por ciento.

También explicó que los tributos cobrados a quien compra un automóvil serán llevados a cero en el caso de los vehículos con motores de hasta 1.000 cilindradas, y caerán del 13 al 6.5 por ciento para el resto.

Asimismo, fueron revisadas hacia abajo las tablas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, medida que junto con las dos anteriores inyectará unos 9.000 millones de reales (cerca de 3.829 millones de dólares) a la economía real a lo largo de 2009.

Otra medida prevista por el Gobierno, que deberá ser aprobada por el Consejo Monetario Nacional, apunta a permitirle al Banco Central hacer uso de las reservas internacionales, situadas hoy alrededor de 206,000 millones de dólares, para respaldar a empresas brasileñas que tienen créditos contratados en el exterior.

ESPAÑA

Este es un país que ha adoptado medidas similares a las que se pretende incorporar en México. En el Congreso español, Joseph Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU, (federación de partidos políticos nacionalistas de centro derecha de Cataluña (España) integrada por Convergencia Democrática de Catalunya, de ideología liberal y centrista y Unión Democrática de Catalunya, de ideología demócrata cristiana o socialcristiana), critica severamente las políticas del gobierno español, y a manifestado que, “aumentar los impuestos en tiempos de crisis, empeorará la mala salud de la economía española”. El mismo, ha arremetido contra la “desorientación e improvisación” de la política económica del Gobierno y ha advertido de que subir impuestos en tiempos de crisis “es una opción pesimista y supone renunciar a la recuperación a corto o medio plazo”.

Apuesta por más austeridad en el gasto público es para el portavoz de CiU, uno de los objetivos del plan anticrisis, aunque “lo que ha vendido como austeridad hasta este momento parece una burla”, ha recriminado, porque el Gobierno “centrifuga su austeridad en forma de recorte de la financiación hacia otras administraciones” como las comunidades autónomas.

Eliminar ministerios superfluos, reducir altos cargos, racionalizar el “intrincado organigrama” de entes y empresas públicas o simplificar la administración periférica son algunas de las recetas de CiU para materializar la austeridad, porque “antes de subir impuestos es imprescindible recortar los gastos”.

Otro de los objetivos debe ser la creación de empleo porque las prestaciones y subsidios a los parados parecen dejar de ser medidas temporales y “se están convirtiendo en estructurales y permanentes, y esto no es sostenible”.

“Ustedes apuestan por una sociedad subsidiada y ésa no es nuestra opción”, le ha dicho Durán a Salgado, antes de recomendarle medidas como reducir temporalmente las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menos de diez trabajadores que mantengan o creen empleo en dos años, o financiar parcialmente la reducción de jornada para evitar despidos, algo más barato que pagar el desempleo.

Las empresas alemanas en España reclaman una reforma y flexibilización de la legislación laboral para abaratar el despido, luchar contra el absentismo laboral y reformar la ley de huelga, explicó Belil. Asimismo, piden rebajar los impuestos de sociedades del 30% actual a la media del 23.6% de los países de la Unión Europea.

Por su parte, el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Gerardo Díaz Ferrán, aseguró hay que la economía española registrará un crecimiento negativo del 0.5% en el año 2009 motivado por el ajuste de la construcción, la debilidad del gasto de las familias y la paralización de los proyectos empresariales, al tiempo que estimó que el paro podría repuntar hasta el 17% en 2010 por causa de la crisis económica.

Ante esta situación, el presidente de la patronal destacó la necesidad de llevar a cabo numerosas reformas “imprescindibles y valientes”, que “hay que aplicar” para devolver la confianza a empresas y familias y que la CEOE incluirá en un documento que presentará previsiblemente en la próxima asamblea de la patronal, que se celebrará el 11 de diciembre.

Entre las propuestas, Díaz Ferrán destacó la necesidad de crear un marco fiscal “adecuado” que permita el desarrollo de las empresas y la aparición de nuevos emprendedores, a través de diversas iniciativas que incluyen la supresión del Impuesto del Patrimonio, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Actividades Económicas, manteniendo en cualquier caso las deducciones a las empresas por la I+D. “Bajar impuestos no significa recaudar menos”, Indicó.

De manera coincidente, el consejo de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, instó al Gobierno central a impulsar las liberalizaciones y a reducir el Impuesto de Sociedades para hacer frente a la crisis económica.

Desde el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pretende adoptar medidas para estimular el empleo que el Ministerio de Trabajo presentó, el pasado jueves a los agentes sociales, precisando que su coste alcanzará unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500,000 personas en los dos próximos años.

El Presidente recordó que las iniciativas que ha diseñado el Ejecutivo para impulsar el empleo y favorecer la contratación laboral son cuatro. La primera consiste en la creación de una nueva modalidad de bonificación, por importe de 1,500 euros al año, para incentivar entre las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares.

El Presidente explicó que también se bonificarán las cotizaciones sociales de aquellos empleos que se creen en sectores y actividades estratégicas, como la I+D+i, y “especialmente” las energías renovables y del medioambiente.

Sin embardo, las empresas que quieran hacer uso de estas bonificaciones tendrán que cumplir un requisito básico: comprometerse a mantener el empleo.

La tercera medida consiste en ampliar del 40% al 60% el porcentaje de la prestación por desempleo que pueden capitalizar los parados para montar un negocio propio o convertirse en autónomos. Esta iniciativa, que ya estaba aprobada por el Congreso, incrementará “de forma significativa” el número de autónomos, según Zapatero.

En cuarto lugar, Zapatero recordó que se regulará la actividad de las empresas de recolocación para elevar la empleabilidad de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE’s) y hacer más efectiva su recolocación.

5.- Sí hay opciones.

La pérdida en el poder adquisitivo de la población aunado al desempleo hace imposible incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos. Por el lado de las empresas, el aumento en el IVA y de los IEPS significará dañar más su competitividad y posibilidades de recuperación. Por lo tanto, el paquete fiscal enviado al Senado debe ser revisado y desechado, promoviendo en su lugar un auténtico programa de crecimiento económico y recuperación del empleo.

El Partido del Trabajo propone considerar tres grandes líneas de acción:

a) En materia de ingresos:

• Derogar el Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU);

• Eliminar de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 3 regímenes fiscales especiales:

La Consolidación Fiscal,

La Depreciación Acelerada de Activos,

La Deducción del costo de adquisición de terrenos.

• Además, limitar las deducciones por donativos y campañas de redondeo,

• Así como gravar las operaciones en Bolsa y los dividendos.

Por estos conceptos, estimamos que podrían obtenerse recursos por 150 millones de pesos.

b) Utilizar los fondos y fideicomisos de Estabilización Presupuestaria y de Infraestructura, para implementar un agresivo programa de gasto público social y productivo.

Aquí se concentran 260 mmdp.

c) En materia de gasto:

• Un programa de austeridad que permita liberar recursos para ser aplicado en programas sociales.

• La revisión al IPAB, para “limpiar” su deuda y aplicar una moratoria al pago de la misma.

En estos rubros se podrían obtener 140 mmdp.

La combinación de esta medidas hacendarias, le generarían a las finanzas públicas un espacio presupuestario de al menos 550 mil millones de pesos, sin la necesidad de incrementar la carga tributaria de las personas y de las empresas y sin la necesidad de aumentar los precios de los servicios públicos.

Estos recursos serían aplicados en programas de inversión que generarían empleos y crecimiento económico y en programas sociales que restituirían el Estado de Bienestar a la población. Por ello, el complemento debe ser una efectiva política económica anticíclica, que deje de suministrar aspirinas a una enfermo que no padece un simple “catarrito”, sino una grave pulmonía terminal.

En este sentido, el grupo parlamentario del PT en el Senado propone el siguiente programa de medidas fiscales y presupuestales emergentes:

1) Derogación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), por su carácter recesivo e inequitativo. En su lugar, fortalecer el ISR como una forma de que paguen más los que más ingresos personales tienen.

2) Rechazar cualquier nuevo impuesto directo al consumo, como el IVA en alimentos y medicinas.

3) Establecer el seguro del desempleo y pensión universales, para todos los trabajadores, del sector formal e informal, en el campo y en la ciudad.

4) Reducción del gasto burocrático en 50 mil millones de pesos adicionales a los anunciados recientemente por la SHCP, para hacer una suma total de 100 mmdp o 20% del gasto burocrático actual.

Por ejemplo, eliminación de las secretarías de estado y delegaciones federales que duplican funciones, facultades y presupuestos en estados y municipios. Las delegaciones federales han servido para dar “chamba” a los políticos del partido en el gobierno, pero no para impulsar el desarrollo regional.

5) No incrementar el gasto en seguridad y cuerpos policiacos, hasta que mejore el rendimiento “gasto-beneficio” en este rubro y se presente un programa de seguridad pública integral.

6) Reducción de los precios de electricidad, gasolina y diesel. Esto sería financiado con la reducción del gasto burocrático y permitiría competir a los productores nacionales en condiciones de mayor equidad con productores del extranjero.

7) Reforzamiento de la Comisión Federal de Competencia, para limitar los abusos de los monopolios y oligopolios domésticos, que nos hacen tener los preciso más altos del mundo en todo tipo de productos, desdetelefonía hasta servicios bancarios y cemento. Esto ayudaría tanto a la economía popular como a la competitividad de las empresas nacionales.

8) Políticas de fomento agropecuario que permitan al productor nacional competir, en forma equitativa, con productores extranjeros.

9) Preferencias para las empresas nacionales en las licitaciones de empresas paraestatales; en particular para empresas pequeñas y medianas. Es una incongruencia que la poca obra pública que existe se adjudique mayoritariamente a empresas extranjeras, ocasionando la quiebra de las nacionales.

10) Mayor regulación a los cobros de la banca, así como esquemas que la conviertan en financiadora del desarrollo y no sólo cobradora de altísimas comisiones y tasas de interés.

11) Mayor gasto en infraestructura pública (carreteras, puertos, escuelas y hospitales) y en PYMES, no mayores recortes presupuestales en estos rubros.

Ante la grave descomposición social y económica que vive el país, el Senado tiene ahora la obligación histórica de rescatar no sólo las finanzas del gobierno, sino de salvar al país de un inminente desastre económico y de un previsible estallido social.

Atentamente

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, está a discusión el presente dictamen en lo general y pasamos a recibir las propuestas de los grupos parlamentarios de votación en la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen.

Senador Dante Delgado, ¿en qué sentido?

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Solicito a la Secretaría tome nota de los señores Senadores que están solicitando el uso de la palabra. En contra: Dante Delgado, Pablo Gómez, Ricardo Monreal. ¿A favor del dictamen? Se reciben propuestas para anotar oradores a favor del dictamen.

Iniciamos la discusión en lo general del presente dictamen y, en consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Dante Delgado, de la bancada del Partido Convergencia, en contra del dictamen a discusión.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy llegamos al punto de inflexión en el que, por una parte, los intereses de grupo, particulares, pretenden poner por encima de los intereses generales y de la mayoría de los mexicanos, y por la otra la partidocracia que busca imponer su interés sobre los intereses supremos del país.

Los grupos de interés particular y sus representantes han fracasado pública y notoriamente ante la visión y la opinión general del país, ante los obreros, ante los campesinos, ante los pequeños y medianos empresarios, ante las mismas cúpulas empresariales.

Desde esta tribuna, hace ya más de dos años, lo anunciamos, lo dijimos en los siguientes términos: “La política económica y la política fiscal no sólo afectará a los pobres, sino también a la planta productiva nacional”. Por desgracia el tiempo y la necia realidad nos han dado la razón.

El avasallamiento, hoy confabulado con desprecio a todas las otras voces públicas, de la iniciativa privada, las organizaciones sociales…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Dante Delgado, permítame usted si fuera tan amable.

Señoras y señores Senadores, esta Mesa hace un respetuoso llamado a todos los integrantes de la plenaria, pero sobre todo a nuestros auxiliares y equipo técnico a que nos ayuden a mantener la atención en los oradores que están haciendo uso de la palabra.

Observo demasiadas reuniones de auxiliares y Secretarios técnicos en el salón. Si este llamado no fuese atendido nos veríamos en la necesidad de pedir al equipo técnico de apoyo que abandone el salón de sesiones. Preferimos tenerlos aquí, pero que nos ayuden sin conversaciones, sin encuentros en el salón de plenos para que ayuden a los señores Senadores y Senadoras a poner atención en el debate que hoy inicia.

Continúe usted, por favor, señor Senador.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente. Sobre el particular le quiero decir que no me preocupa cómo se comporte el Pleno, sabemos que de alguna manera están tratando de intercambiar puntos de vista para justificar su votación en contra de los intereses de la sociedad.

En razón de ello estoy hablando para el Canal del Congreso, porque aquí no va haber ningún cambio que no sea el acordado cupularmente, eso lo sabemos todas las compañeras y todos los compañeros legisladores. Le agradezco mucho su atención.

El avasallamiento, hoy confabulado con desprecio a todas las otras voces públicas, de la iniciativa privada, las organizaciones sociales, los académicos, los expertos, se hace en una hora difícil para todos los mexicanos; en una circunstancia en la que como ha dicho claramente el Rector Narro “México esta cerca de la crisis social”

La iniciativa recaudatoria, y nada más que recaudatoria, no es más que una política pro-cíclica; más pobreza, más miseria; es la manifestación de una economía política inscrita en cinco lustros de adversidades para la mayoría de los mexicanos.

La iniciativa de Ley de Ingresos afecta, de manera inconstitucional, a las empresas, a las familias, a los consumidores, a todos los sectores, menos a esta élite burocrática, a las grandes fortunas, a los monopolios y a los grades corporativos.

La responsabilidad legislativa habrá de ser avasallada en esta Cámara, pero esa misma responsabilidad habrá de destruir, a la postre, los mitos de los posibles acuerdos políticos de espaldas a los electores, de espaldas al pueblo.

Hoy las fuerzas políticas dominantes van a acordar aumentar los impuestos, las recaudaciones, sacrificar a los asalariados, a los obreros, a los campesinos, a las pequeñas y medianas empresas, a los más necesitados.

Hoy como siempre, olvidan las promesas fallidas de campaña, los ofrecimientos nunca cumplidos. Pero, como dijeron ante esta legislatura los llamados twitteros: El pueblo recordará a quienes le han mentido y engañado.

La aprobación del paquete de ingresos, además de inconstitucional, es pro-cíclico; reduce la capacidad de consumo, de gasto de inversión, va a agudizar el ciclo económico recesivo de la economía mexicana: menos producción, menos empleo y menos ingresos potenciales al fisco.

Hoy el PAN y el PRI mutuamente se culpan de lo que habrá de pasar. De lo fallido, de las ofertas estridentes hechas en el pasado, tal como fueron las promesas no cumplidas de Fox, son hoy las promesas no cumplidas de Calderón y de los gobernantes del PRI.

El proyecto fiscal, aún ya ajustado, reducirá la capacidad de gasto de las familias y de las empresas, será adverso sobre los mismos ingresos fiscales.

Un aumento del impuesto general a las ventas del 1% es técnicamente regresivo, afectará a la población de más bajos ingresos; población que en México alcanza más de 50 millones abajo de los estándares de la línea de la pobreza, por que se repercutirá sobre los precios. No asumirlo es una necedad.

En el mismo tenor, la cancelación del nuevo impuesto a los servicios de telecomunicación, aprobada en la Cámara de Diputados por el PAN y el PRI, como son telefonía celular, telefonía fija, televisión restringida e internet (excentando telefonía pública y rural y el servicio de interconexión), ayudaría al desarrollo moderno de la economía del siglo XXI en México. Espero sensibilidad social y espero respaldo a la innovación tecnológica por parte del Senado.

En el caso de Impuesto de Depósitos en Efectivo (IDE) subir la tasa de 2% en depósitos de 15 mil pesos o más y no de 25 mil en adelante, como sucede actualmente, fomentará la desbancarización de la economía, que tanto ha subsidiado el gobierno, fuera de que es un impuesto sobre la circulación de la moneda.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alentará la inflación, porque va directo al precio, no asumirlo es una ingenuidad.

Para los precios de bienes y servicios públicos como los de las gasolinas, con su desliz nuevamente a partir de enero, incluyendo desde luego al diesel, que era una medida totalmente inflacionaria que afectará la competitividad del país y la economía de las clases de los medios y bajos ingresos, la experiencia inmediata de aumentos de precios nos dice lo que pasará. El aumento a los precios de la gasolina, la luz y el diesel, es gasolina al fuego.

El aumento del Impuesto sobre la Renta implicará un incremento igual para las tasas máximas que pagan las personas físicas, lo que la iniciativa obvia es que el Impuesto sobre la Renta descansa actualmente en alrededor del 50% en los impuestos de los asalariados que verán elevar las tasas impositivas correspondientes, serán las clases medias las que más absorberán la aprobación que ustedes van a aplicar.

Se pretende una retroactividad en materia de consolidación fiscal, pero ello se hace a sabiendas de que es anticonstitucional, se hace para que se anule, esa es la trampa, ese es el oscuro detalle.

Compañeras y compañeros:

Es posible recaudar más y mejor quitando privilegios y cancelando componendas con los poderes fácticos. Las medidas asumidas con la reforma fiscal son claramente adversas para la población de menos ingresos y para las clases medias del país, son totalmente ventajosas para los grandes evasores y elusores fiscales.

Nuestra fracción y otras fracciones políticas propusimos desde hace casi tres años un ajuste de 200 mil millones de pesos al gasto corriente de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como otras alternativas para no aumentar el ISR ni el IVA, así como otras alternativas para gravar la riqueza, la especulación, para alentar la inversión y la producción que hasta hoy ha sido una batalla perdida, pero los contrarios perderán la guerra moral y política, que no les quepa ninguna duda.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Dante Delgado, ruego que pueda concluir su intervención.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Perdón.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Ruego a usted pueda iniciar la conclusión de su intervención.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Yo le quiero decir, señor Presidente, y lo digo con todo respeto, que llevo 48 horas, el primer día esperé a los señores a que se pusieran de acuerdo más de 6 horas y ayer estuve puntualmente a las cinco y media de la tarde, y las comisiones empezaron a trabajar casi seis horas después, así que yo ruego al señor Presidente que en atención al agravio de que fui objeto por los compañeros integrantes de las fracciones parlamentarias que no estuvieron presentes, permitan al orador, con la venia de la Presidencia, concluir su mensaje.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, concluya su intervención.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Muchas gracias, señor Presidente.

La propuesta fiscal niega lo evidente, se cierra ante los más elementales principios de las ideas económicas, alienta la inflación por costos y las de los productos básicos y su efecto negativo es sobre los ingresos de los asalariados y no salariados.

En síntesis, empobrecerá más a México. Por ello y sólo por ello, el grupo parlamentario de Convergencia votará en contra del paquete fiscal propuesto en lo general y en lo particular. Es obligación que refrendemos ante el pueblo de México hoy y siempre, votaremos en contra de cualquier ley que en estos momentos de recesión incremente impuestos a los mexicanos, no al aumento del Impuesto sobre la Renta del 28 al 30%, porque afectará los ingresos de los asalariados y de las pequeñas y medianas empresas, y deprimirá a la inversión del sector comercial e industrial.

No al aumento del Impuesto al Valor Agregado de 15 a 16%, porque producirá más inflación y agravará principalmente la capacidad de consumo de la población de menores ingresos.

No al aumento del Impuesto a los Depósitos Bancarios de 3% a partir de 15 mil pesos, porque promoverá más la informalidad.

No a la contribución del 3% a las telecomunicaciones, porque junto con el IVA significará el 19% e impedirá la modernización y competitividad del país.

No a las reformas del Código Fiscal de la Federación, porque agudiza el terrorismo fiscal, atenta contra los ahorros y depósitos de los mexicanos y amplía las excepciones fiscales para los grandes inversores y las grandes empresas.

No al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el aumento de los impuestos retrasará la recuperación de la economía nacional, agudizará el desempleo y empobrecerá aún más a la población.

El tiempo lamentablemente nos dará la razón, ruego, señor Presidente que permita, se incluya en el Diario de lo Debates mi intervención completa.

(Intervención del Senador Dante Delgado Rannauro)

“Senador Presidente de la Mesa Directiva

Compañeras y compañeros Senadores

Hoy llegamos al punto de inflexión en el que, por una parte, los intereses de grupo, particulares, pretenden ponerse por encima de los intereses generales y de la mayoría de los mexicanos y, por la otra, la partidocracia busca imponer su interés sobre los intereses supremos del país.

Los grupos de interés particular y sus representantes han fracasado pública y notoriamente ante la visión y la opinión general del país; ante los obreros, ante los campesinos, ante los pequeños y medianos empresarios, ante las mismas cúpulas empresariales.

Ello es un hecho, es innegable, aunque se pretenda ignorarlo. Nada ocurre en el vacío, no hay generación espontánea.

Desde esta tribuna, hace más de dos años, lo anunciamos, lo dijimos: la política económica y la política fiscal no sólo afectaría a los pobres, sino también a la planta productiva nacional. Por desgracia, el tiempo y la necia realidad nos han dado la razón.

El avasallamiento, hoy confabulado con desprecio a todas las otras voces públicas, de la iniciativa privada, las organizaciones sociales, los académicos, los expertos, se hace en una hora difícil para todos los mexicanos; en una circunstancia en la que como ha dicho claramente el Rector Narro “México esta cerca de la crisis social”.

La iniciativa recaudatoria, y nada más que recaudatoria, no es más que una política pro-cíclica; más pobreza, más miseria; es la manifestación de una economía política inscrita en cinco lustros de adversidades para la mayoría de los mexicanos.

La élite trans-sexenal, la que realmente gobierna, la que hace de Los Pinos y Palacio Nacional sus acompañantes, agudiza el círculo vicioso y perverso de la economía: menos demanda efectiva agregada que llevará a una profundización del estancamiento económico en la producción y el empleo.

Esa es la misma élite que ha engañado a la Nación con unas supuestas y falsas finanzas públicas sanas, presumidas estridentemente desde 2000, que hoy evidencian su fragilidad.

La pesadilla de hoy comenzó hace tiempo, los que la crearon hoy pretenden una vez más su pronta y única solución.

La iniciativa de Ley de Ingresos afecta, de manera inconstitucional, a las empresas, a las familias, a los consumidores, a todos los sectores, menos a esta élite burocrática, a las grandes fortunas, a los monopolios y a los grades corporativos.

La responsabilidad legislativa habrá de ser avasallada en esta Cámara, pero esa misma responsabilidad habrá de destruir, a la postre, los mitos de los posibles acuerdos políticos de espaldas a los electores, de espaldas al pueblo.

El gobierno federal y sus ciegos aliados basan sus propuestas de ingresos en las proyecciones sobre el cierre de 2009 que indican que las finanzas públicas tendrán un déficit en el Balance Económico del orden de los 263 mil 307.9 millones de pesos.

Hoy las fuerzas políticas dominantes van a acordar aumentar los impuestos, las recaudaciones, sacrificar a los asalariados, a los obreros, a los campesinos, a las pequeñas y medianas empresas, a los más necesitados.

Hoy como siempre, olvidan las promesas fallidas de campaña, los ofrecimientos nunca cumplidos. Pero, como dijeron ante esta legislatura los llamados twitteros: El pueblo recordará a quienes le han mentido y engañado.

La aprobación del paquete de ingresos, además de inconstitucional, es pro-cíclico; reduce la capacidad de consumo, de gasto de inversión, va a agudizar el ciclo económico recesivo de la economía mexicana: menos producción, menos empleo y menos ingresos potenciales.

Hoy el PAN y el PRI mutuamente se culpan de lo que habrá de pasar. De lo fallido, de las ofertas estridentes hechas en el pasado, tal como fueron las promesas no cumplidas de Fox, son hoy las promesas no cumplidas de Calderón y del PRI.

El proyecto fiscal, aún ya ajustado, reducirá la capacidad de gasto de las familias y de las empresas, será adverso sobre los mismos ingresos fiscales.

La política recaudatoria, como tal reconocida el pasado 28 de este mes ante comisiones de esta Cámara por el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público, no ayudará a que el país crezca económicamente y genere más empleo, de acuerdo a su potencial real. Las perversiones económicas afectan cualquier realidad.

Ante tales hechos, se insistía originalmente que todo era en beneficio de los pobres, frente al hecho de ese tipo de política paliativa de corto plazo perpetua la miseria y la pobreza en el mediano y largo plazos.

La política impositiva debe verse con un sentido de mediano y largo plazos, más allá de los afanes recaudatorios, aunque asumamos ingenuamente, como se dijo públicamente que todos están equivocados, incluidos los Premios Nobel en Economía, menos el gobierno. Que necedad, que miopía, que arrogancia.

La política económica no ha atendido la problemática estructural y social y lo que se propone agudizarála carestía de la canasta básica: el aumento en 10 millones del número de mexicanos que han engrosado desde 2006 a la fecha las filas de la población abajo de la línea de la pobreza, de los cuáles 4 millones se encuentran en miseria extrema, son producto de ello. El gobierno ha creado y pretende perpetuar una fábrica para generar pobreza y miseria:

• Un aumento del impuesto general a las ventas del 1% es técnicamente regresivo, afectará a la población de más bajos ingresos; población que en México alcanza más de 50 millones abajo de los estándares de la línea de la pobreza, por que se repercutirá sobre los precios. No asumirlo es una necedad.

• En el mismo tenor, la cancelación del nuevo impuesto a los servicios de telecomunicación, aprobada en la Cámara de Diputados por el PAN y el PRI, como son telefonía celular, telefonía fija, televisión restringida e internet (excentando telefonía pública y rural y el servicio de interconexión), ayudaría al desarrollo moderno de la economía del siglo XXI en México.

• En el caso de Impuesto de Depósitos en Efectivo (IDE) subir la tasa de 2% en depósitos de 15 mil pesos o más y no de 25 mil en adelante, como sucede actualmente, fomentará la desbancarización de la economía, que tanto ha subsidiado el gobierno, fuera de que es un impuesto sobre la circulación de la moneda.

• El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alentará la inflación, porque va directo al precio, no asumirlo es una ingenuidad.

• Para los precios de bienes y servicios públicos, como los de las gasolinas con su desliz nuevamente a partir de enero, será una medida totalmente inflacionaria, que afectará la competitividad del país y la economía de las clases de medios y bajos ingresos. La experiencia inmediata de aumentaos de precios nos dice lo que pasará. El aumento del precio de la gasolina, es gasolina al fuego.

• El aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) implicará un incremento igual para las tasas máximas que pagan las personas físicas.

Los siniestros afanes recaudatorios del gobierno federal, sin licencia, y sin transparencia, evidencian que en 2010 se espera una reducción de ingresos presupuestarios del orden de los 103 mil 214.9 millones de pesos respecto al monto aprobado en 2009.

Contradictoriamente, al cierre de 2009 los ingresos se estiman superiores en 37 mil 797 millones de pesos, por lo que para el ejercicio fiscal 2010 se propone un déficit de 60 mil 062 millones de pesos, que en conjunto equivalen al 2.5% del PIB, mandando malas señales a los mercados financieros.

Pero no se debe mentir, el problema de la calificación de la deuda soberana de México no comenzará mañana, comenzó desde el año 2000.

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) presupone una disminución del gasto público programable de 218 mil millones de pesos, respecto al aprobado en 2009. Tal supuesto ajuste es insuficiente, es de sólo el 5% y proporcionalmente es mayor para los asalariados, para las empresas.

Lo que la iniciativa obvia es que el ISR descansa actualmente, en alrededor del 50%, en los impuestos de los asalariados que verán elevar las tasas impositivas correspondientes.

Esta situación se agudizaría ante la falta de una auténtica progresividad fiscal y equidad. Basta saber que el ingreso nacional no se distribuye en 50% para los asalariados; el factor del trabajo apenas logran un poco más del 25% de ingreso nacional.

Se pretende una retroactividad en materia de consolidación fiscal. Pero ello se hace a sabiendas que es anticonstitucional. Se hace para que se anule.

Esa es la trampa, ese es el oscuro detalle. Como resultado de ello y de acuerdo a las proyecciones para 2010 de la propia Secretaría de Hacienda, el Presupuesto de Gastos Fiscales el próximo año alcanzaría una cifra del orden de medio billón de pesos, 500 mil millones no recaudados.

Tal aumento refleja claramente los resultados perniciosos de todo el andamiaje fiscal que está vigente y que se mantendría intocado.

En el mismo tenor, se sube el IVA y no se transparenta que hay exenciones del IVA por actividades o servicios que no corresponden a alimentos y medicinas, como es el caso de las convenciones.

Es posible recaudar más y mejor, quitando privilegios y cancelando componendas con los poderes fácticos. Las medidas asumidas con la reforma fiscal son claramente adversas para la población de menos ingresos y para las clases medias del país, son totalmente ventajosas para los grandes evasores y elusiones fiscales.

Nuestra fracción y otras fracciones políticas propusimos un ajuste de 200 mil millones al gasto corriente de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como otras alternativas para no aumentar ni el ISR ni el IVA, para gravar la riqueza, la especulación, para alentar la inversión y la producción; hasta hoy ha sido una batalla perdida, pero los contrarios perderán la guerra moral y política.

La propuesta fiscal niega lo evidente, se cierra ante lo más elemental de las ideas económicas, alienta la inflación por costos y la de los productos básicos y su efecto negativo es sobre los ingresos de los asalariados y no asalariados, en síntesis empobrecerá más a México.

Por ello, y sólo por ello, el grupo parlamentario de Convergencia, votará en contra del paquete fiscal propuesto en lo general y en lo particular.

Es obligación que refrendamos ante el pueblo de México, hoy y siempre.

VOTAREMOS EN CONTRA DE CUALQUIER LEY QUE INCREMENTE IMPUESTOS A LOS MEXICANOS:

• No al aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 28% a 30%, porque afectará los ingresos de los asalariados y de las pequeñas y medianas empresas y deprimirá la inversión del sector industrial.

• No al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15% a 16%, porque producirá más inflación y gravará principalmente la capacidad de consumo de la población de menores ingresos.

• No al aumento del Impuesto a los Depósitos Bancarios de 3% a partir de 15 mil pesos, porque promoverá más la informalidad.

• No a la contribución del 3% a las telecomunicaciones, porque junto con el IVA significará un 19% e impedirá la modernización y competitividad del país.

• No a las reformas al Código Fiscal de la Federación, porque agudiza el terrorismo fiscal, atenta contra los ahorros y depósitos de los mexicanos y amplía las excepciones fiscales para los grandes inversores y las grandes empresas.

• No al aumento en los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS).

El aumento de los impuestos retrasará la recuperación de la economía nacional, agudizará el desempleo y empobrecerá aún más a la población, el tiempo… el tiempo lamentablemente nos dará la razón”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, Senador Dante Delgado, con todo gusto.

Tiene el uso de la palabra a favor del dictamen que está a discusión el Senador José Isabel Trejo Reyes, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores: Los dictámenes que hoy presentamos al Pleno son resultado de una negociación muy compleja, en la que hemos buscado preservar lo esencial, la estabilidad económica y financiera en el país a partir de la solvencia de las finanzas públicas, siendo éste el primer requisito indispensable para el crecimiento de nuestra perspectiva.

En un entorno mundial de escasez de recursos para la inversión y para el financiamiento, y en el que las economías emergentes seremos rigurosamente evaluadas por la solidez del balance fiscal de cada país, hemos logrado conciliar una propuesta que no pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, ya que implica un incremento estrictamente temporal del déficit público, por ejemplo, a la vez los acuerdos alcanzados satisfacen las demandas de recursos para enfrentar las inmensas necesidades del país, incluidas las necesidades de las entidades federativas y de los municipios que atraviesan por una situación financiera precaria y también hay que reconocerlo y asentarlo.

Las negociaciones han sido arduas y difíciles, y aún no están concluidas. Todos los que hemos participado, estoy cierto, hemos aplicado no sólo esfuerzo y muchas horas de trabajo, sino sobre todo la voluntad de superar visiones que por momentos se han criticado como mezquinas y estrechas.

Sabemos que es un paquete de medidas que en lo inmediato ha concitado y concitará rechazos por parte de los sectores afectados en sus legítimos intereses e incluso en su patrimonio, que sin ser algunos numerosos tienen gran capacidad para entrar a negociar en el mismo Congreso.

Aceptamos el costo de estas medidas, hemos actuado con responsabilidad, lo que ha significado evitar tanto la búsqueda del aplauso fácil como la actitud arrogante de quien adopta posiciones irreductibles y se resiste a ceder o escuchar voces discrepantes y visiones que a la postre terminan por enriquecer las posiciones originales.

La mayoría nos hemos encontrado al fin con negociaciones mínimas a mitad del camino respecto de nuestras posiciones originales. Todos sabemos y así lo pudimos constatar en las comisiones, porque se explica claramente en los criterios generales de política económica que a los efectos nocivos de la severa recesión global y crisis financiera mundial se suman para México los efectos ineludibles, contundentes de la caída acelerada de nuestra producción petrolera.

Sabemos que este hecho afecta gravemente la debilidad de nuestras finanzas públicas y sabemos que este hecho objetivo, duro como una piedra, la disminución de casi 800 mil barriles diarios de 2005 a la fecha. No se resuelve con declaraciones ni con reclamos esta disminución de 600 mil barriles diarios a la baja.

Todos sabemos, lo hemos sabido por años, que nuestra estructura tributaria es extremadamente débil por otro lado, y que la recaudación de impuestos en México es de las más bajas del mundo para una economía del tamaño de la nuestra.

Por eso en materia fiscal enfrentamos hoy el doble desafío de, primero, reducir la elevada dependencia de las finanzas públicas respecto del petróleo y segundo, fortalecer nuestra estructura tributaria, sólo así podremos combatir con eficacia la gran volatilidad que amenaza nuestros ingresos públicos.

El faltante de ingresos públicos, estimado para 2010 es de 374 mil millones de pesos, equivale a casi el 3% del Producto Interno Bruto y las caídas en la plataforma de producción y en el precio del petróleo, supondrán, según las estimaciones de los criterios generales de política económica, un faltante permanente de ingresos de 219 mil millones de pesos, mientras que el faltante temporal de ingresos atribuible a las vicisitudes del ciclo económico serán de unos 155 millones de pesos, que es lo que pretendemos solventar con este proceso de consolidación fiscal en el país.

Nuestros ingresos tributarios no petroleros, hoy en día, representan apenas el 10% del Producto Interno Bruto, lo que se compara muy desfavorablemente con países como el mismo Perú, donde representan el 16% de su Producto Interno Bruto, o Chile, donde los ingresos tributarios equivalen al 20%, o como Brasil, país en que los ingresos tributarios representan el 25%.

Además, si no logramos elevar la recaudación en México, las finanzas públicas serán sumamente vulnerables y pondremos en peligro, no sólo los programas esenciales del gasto público para seguridad, para combatir la pobreza, para la infraestructura, la educación y salud, que son los grandes motores de la movilidad social y del progreso de las personas, sino que también pondremos en serio riesgo la estabilidad macroeconómica del país y nuestras perspectivas de crecimiento.

No podemos olvidar nuestra propia historia de crisis recurrentes que data de apenas hace unas décadas. La inestabilidad macroeconómica destroza cualquier opción de crecimiento sostenido, dispara la inflación, eleva las tasas de interés, ahuyenta a las inversiones y cancela los empleos.

Pero, sobre todo, la inestabilidad macroeconómica nos empobrece a todos. A las clases medias las arroja a la pobreza y a los pobres los condena a la miseria.

Algunos han señalado que México tiene una relación de deuda pública respecto de su Producto Interno Bruto relativamente baja y que eso nos permitiría endeudarnos.

Pero lo que no podemos olvidar es que nuestra recaudación tributaria es tan exigua, que la deuda pública es 4 veces nuestros ingresos tributarios no petroleros de un año. De ahí que la calificación crediticia de nuestro país esté en riesgo, lo que significa dos cosas en un entorno mundial caracterizado por la estreches del financiamiento:

1.- Que no podemos recurrir más que de una manera cautelosa y sumamente acotada a un mayor endeudamiento. Por eso en el Senado ratificamos el endeudamiento y el déficit que nos envío la Cámara de Diputados.

2.- Que sin una base tributaria fortalecida a nuestra capacidad de hacer frente a la crisis mundial con programas contracíclicos y con estímulos a la producción, al consumo y al empleo, será sumamente limitada, si es que no, en un plazo relativamente corto inexistente.

De hecho, esto desmiente la impresión, más o menos generalizada, de que el Estado mexicano gasta mucho más que otros estados en el mundo. No es así, solamente son algunas referencias.

En países desarrollados como Francia o el Reino Unido, el gasto del gobierno federal es superior al 40% del Producto Interno Bruto.

En países en desarrollo como Polonia o Irlanda, el gasto rebasa el 32%.

En países como España, Brasil o Rusia, el gasto del gobierno federal representa más del 25%.

En países de América Latina como Panamá, Bolivia y Honduras, el gasto del gobierno federal es entre 24 y 25% del Producto Interno Bruto.

En Estados Unidos, el gasto del gobierno federal equivale al 22% del Producto Interno Bruto.

Chile, Argentina y Perú, su gasto es de más del 18%.

Y en México, el gasto sólo representa el 16%.

Y esto hay que decirlo, de ninguna manera debe ser una invitación a que gastemos irresponsablemente; por el contrario, es un argumento más a favor de un gasto público cada día más escrupuloso, cada vez más vigilado, cada año más transparente y en cada ejercicio mejor asignado, destinado ahí donde de verás contribuya al crecimiento del país y el bienestar de las personas.

Pero también este hecho nos abre los ojos respecto de no poder hacer sobrerreducciones de la del gasto público donde debemos recargar la mayor parte del ajuste fiscal que México requiere.

Es a partir de estos hechos como debemos evaluar la propuesta fiscal que el Ejecutivo envío a consideración de esta Soberanía y que nos envía la Cámara de Diputados con la minuta que estamos en discusión.

Y es a partir de estos hechos como debemos plantear los dictámenes que hoy estamos planteando y que se someten a consideración de las señoras y señores Senadores.

Tanto el programa económico original enviado por el Ejecutivo como en el conjunto de los dictámenes surgidos de los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados y aquí en este Senado, se hace uso de todos los márgenes de acción disponibles, dosificados cuidadosamente, hasta el escrúpulo me atrevería a decir, de forma que demos una respuesta inteligente a un gran desafío que hoy tienen nuestras finanzas públicas.

Así, y en la misma línea del programa económico, estos dictámenes reflejan dos características básicas de prudencia financiera:

1.- Se está proponiendo que el faltante transitorio de ingresos se financie mediante un déficit moderado e ingresos no recurrentes.

2.- Un tercio del faltante permanente se atiende mediante un ajuste al gasto y los dos tercios restantes se enfrentan con medidas tributarias para elevar los ingresos permanentes.

En el diseño de estas medidas tributarias sometidas a ustedes mediante los dictámenes, a su vez, se ha cuidado recurrir sólo de forma temporal y estrictamente acotada a un incremento en el Impuesto sobre la Renta, aplicable sólo en el rango de los ingresos más elevados.

En el corto plazo se regresará a la tasa máxima del actual 28%, que es notablemente competitiva en el contexto mundial y debe advertirse que este ajuste temporal no afectará a la gran mayoría de los asalariados del país; las otras medidas tributarias son de carácter permanente y están orientadas a reforzar la estructura de nuestro sistema tributario aprovechando los espacios de oportunidad identificados en la propuesta del Ejecutivo y de los Diputados, cuidando en todo momento que el producto resultante mantuviera en esencia de lo que se proponía, en particular su progresividad, es decir, que al final del día aporten más aquellos con mayores posibilidades.

En síntesis, los dictamen que estaremos votando, después de un muy complejo proceso que hoy continúa en este Pleno, de análisis y de liberación, permitirán hacer frente a los importantes retos, que de manera muy particular, han afectado a nuestro país dada la gran dependencia a nuestros ingresos petroleros, lo que nos hizo aún hoy más vulnerables a un escenario de crisis internacional como el que enfrentamos.

Estamos ciertos que esta decisión que estamos tomando las comisiones y que tomará el Pleno de la Cámara de Senadores, es una decisión responsable y creemos que la correcta en función de los grandes acuerdos que ya traemos, y nos permitirá evitar situaciones o episodios de crisis como los que no hace tanto tiempo le hicieron un gran daño a la población, sobre todo a aquella de menores ingresos.

Compañeras y compañeros Senadores, creemos que el esfuerzo será siempre en beneficio de nuestro país, de este México.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Trejo Reyes.

Tiene el uso de la palabra, en contra del dictamen que se ha presentado, el Senador Pablo Gómez Alvarez, de la bancada del PRD.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

La Cámara de Diputados nos ha enviado un conjunto de proyectos que en resumen conforman el paquete fiscal mas equivocado, agresivo, contrario a la más elemental lógica económica, elaborado por financistas, no por economistas, y aprobado por políticos carentes de la más mínima responsabilidad frente a la nación en momentos de crisis.

México sufre una de las recesiones más profundas en el mundo actual, el catarro pronosticado por el actual Secretario de Hacienda devino en una economía mayormente dañada respecto del resto de las economías. Es mayor la profundidad de la recesión, y el Secretario de Hacienda se presenta ante la Comisión del ramo en el Senado para decir que el aumento de impuestos es lo recomendable, aunque todavía unos cuantos países se han atrevido a plantear semejante cosa.

Alemania va a disminuir los impuestos en algo así como 25 mil o 28 mil millones, pero de euros.

¿Por qué esta política? El problema fiscal de México es muy sencillo, acabar con los privilegios fiscales. ¿Y qué es lo que ha propuesto Calderón? Cobrar más a quienes ya están pagando los impuestos, es una visión meramente recaudatoria hecha por financistas que tratan de cerrar una brecha en el ingreso público apoyándose en quienes ya están pagando sus impuestos, impuestos indirectos nuevos y un aumento en el Impuesto sobre la Renta.

Vean ustedes, si es que se alcanza a ver, esta tabla, la línea de abajo es el nivel actual en la que se está pagando impuesto sobre la renta, según ingresos, con ese proyecto, dentro de los contribuyentes efectivos que menos pagan, el aumento en puntos porcentuales respecto de su contribución actual, llegará en unos casos a 18 y en otros casos a 20 puntos porcentuales, para bajar después en el nivel de 7 mil y pico de pesos mensuales a un 7% de aumento en la cantidad que deben pagar.

Como nuestra tasa del Impuesto sobre la Renta no es progresiva, porque se queda en los 30 y tantos mil pesos mensuales, 30 y tantos mil pesos mensuales, como si una persona que recibiera 30 y tantos mil pesos mensuales fuera una persona rica, es un buen ingreso, sobre todo frente a quienes viven con 20 pesos diarios, pero no son los ricos los que están ahí, hasta ahí llega la progresividad.

El que gana 30 mil pesos mensuales paga lo mismo que Carlos Slim, el mismo porcentaje, nada más que aquél no paga, porque está el régimen de consolidación fiscal y porque tiene contadores para resolver sus problemas fiscales y no paga. Pagan el 1.7% sus ingresos, según dice Calderón, ya lo había dicho Hacienda.

El Congreso recibe esto, junto con contribuciones nuevas del Impuesto sobre la Renta, contribuciones nuevas de impuestos indirectos a las telecomunicaciones por parte de los usuarios, al 1% del IVA que parece aquí una “papa caliente” en la que el PAN ya no sabía que hacer con ella, y el PRI, creo que la va a ignorar por completo como si no existiera, así no se actúa en la lucha política.

Hay que decir con claridad cuál es la alternativa, hemos presentado un conjunto de Iniciativas en la Cámara de Diputados, algunas procedentes de este mismo Senado, ninguna fue dictaminada. El PRI envió aquí una que yo mismo firmé para los derechos de la minería, que tampoco fue dictaminada. Y yo les pregunto, ¿hasta cuándo el Senado de la República va a aceptar proyectos procedentes de la Cámara de Diputados en donde solamente se han dictaminado las iniciativas del Ejecutivo?, y ninguna, ni por equivocación de algún legislador. Y lo que aceptaron de un legislador que llegó como querubín, solamente fue un transitorio a la Ley de Derechos para tratar de que nuevos concesionarios se ahorren la friolera de 5 mil millones en 2 años, nada más, y no fue iniciada, no fue iniciativa, fue hecha sobre las rodillas y ahí mismo.

Y quiero decirles, el 1% del IVA que se pretende aumentar es producto de la Mesa, pero no de ninguna iniciativa, nadie propuso modificar la tasa general del IVA. No hay iniciativa. Por lo tanto, no cumplió con el procedimiento constitucional de la formación de las leyes, y al cambiar del 15 al 16 y del 10 al 11 en la frontera, no solamente la diferencia quedará en situación inconstitucional, sino todo el impuesto, todo

el impuesto. Y no se quejen después de que los grandes que van a los amparos, los grandes empresarios que van al amparo y los ganan, reciben las devoluciones de un impuesto que ellos no han pagado, sino que han pagado los consumidores.

Eso es lo que puede pasar con estas actitudes irresponsables de andar legislando en materia fiscal sobre las rodillas y con la idea de tapar baches en el ingreso público, en lugar de preocuparse por impulsar la economía, el empleo, por desarrollar al país, más aún en condiciones de recesión.

El Impuesto sobre la Renta que está ahora en consulta en este momento en el Senado, tiene la misma característica: fiscalistas que le suben el impuesto a los trabajadores, que les quieren aumentar el IVA y otros impuestos indirectos. Lo que hay que fortalecer es el reducido consumo interno.

La economía nacional tiene que basarse en su desarrollo en el crecimiento del mercado interno. Viven los monopolistas de nichos de mercado de altos ingresos y de las exportaciones.

Esos 400 consorcios viven así, operan en esos ámbitos económicos. Porque la estructura de la distribución del ingreso es una de las peores del mundo en este país y porque los grandes ingresos no pagan impuestos convirtiendo este país en un paraíso fiscal, no tienen que irse a las Islas Caimán, aquí los tratan mejor y todavía les regresan los impuestos porque ganan todos los amparos.

Vean simplemente esta gráfica, qué país en recesión aguanta este disparate y, además, este segmento de los trabajadores peor pagados, de los que pagan impuestos. Ya no regresa dentro de tres años al nivel actual, se queda aquí, la tasa máxima vuelve a 28, pero estos se quedan aquí donde los están poniendo. Eso es una canallada sencillamente.

Y la gente lo va a notar en la primera semana de enero y en la primera quincena, los que cobran por quincena, los que le van a aumentar. Todo porque México tiene que seguir siendo un paraíso fiscal y porque México tiene que estar a merced de los grupos monopolistas de una gran burguesía que ningún compromiso tiene con este país, más que el apoyo de la mayoría de una clase política irresponsable.

Pido al Senado que se rechace. Pido al Senado que se haga una reforma para ser progresivo el Impuesto sobre la Renta. Pido al Senado que se acaben los regímenes de privilegio. Pido al Senado que se acaben todas las ventajas, las dispensas, una industria minera que paga 200 pesos por hectárea. La que paga menos por derechos en cualquier país del mundo por extraer del subsuelo los bienes que son propiedad de la nación.

Aquí a los grandes ricos hay que darles estímulos, hay que pagarles, hay que rogarles. El poder político se arrastra frente a ellos en lugar de apelar al pueblo para poder hacer un sistema fiscal sencillamente normal, como el que hay en cualquier otra parte, puesto que no se está pidiendo más.

Pero la historia de los privilegios que ha llevado a más privilegios, hoy bajo Calderón nos presentan un aumento en el Impuesto sobre la Renta a los trabajadores. ¿Qué es esto? Todavía peor, no solamente se privilegian a unos cuantos, sino que se agrede a la inmensa mayoría. Cobrarle más impuestos a los que ya pagan, es una leperada, cuando hay grandes ricos que no pagan.

El mismo Calderón lo ha reconocido en un momento en el cual no le quedó más remedio que tomar el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

¿Y qué ha hecho Calderón? Nada.

Pide 27 mil millones a los monopolistas y chillan como marranos atorados y les clava el diente al mismo tiempo a los trabajadores de México.

Hay que decir no. La ruta no puede ser esa.

Y Calderón ha unido al país, ha hecho lo que nadie pensó alguna vez que se podía hacer, ha unido al país en su contra.

Sólo por esa mochada, ese pellizco de 27 mil millones a los monopolistas que no quieren dar ni eso. Y les recuerdo que en ’99 les condonaron todo lo que tenían acumulado en el régimen de consolidación, decenas de miles de pesos que les regalaron, ese fue el PRI, que les regalaron a los monopolistas.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Solicito al orador vaya concluyendo su intervención.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores, hay que hacer otro paquete fiscal para 2010, y está al alcance de la mano. Quitemos todos los regímenes especiales, todos los sistemas de privilegio. Metamos al Presupuesto por lo menos 400 mil millones de pesos.

Lancemos de esos 400 mil por lo menos 200 mil para la actividad productiva, para la inversión pública productiva.

Salvemos a este país, saquémoslo de la recesión haciendo que el Estado encabece una acción económica para promover la producción y el empleo, para generar sobre esas bases un nuevo patrón de distribución del ingreso, para utilizar los recursos de la nación y el producto del trabajo de los obreros y de los campesinos en beneficio del pueblo de México y no de unos cuantos multimillonarios monopolistas que han medrado a la sombra del poder durante muchos años en este país. Que así fuera sería un extraordinario cambio en el rumbo de la nación.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Gómez Alvarez. Tiene el uso de la palabra, en contra del dictamen, el Senador Ricardo Monreal Avila, de la bancada del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Quisiera llamar la atención de la Presidencia y de la Directiva, porque no se dio el turno formal, correcto, de nuestro voto particular, ni aún siquiera se mencionó, mucho menos la Comisión dio cuenta ni emitió un dictamen o una opinión como la Ley y el Reglamento obligan.

Por eso, al menos, señor Presidente, le solicito incorpore al Diario de los Debates el texto íntegro de mi voto particular.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, señor Senador, se acepta la propuesta.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: El país, ciudadanas y ciudadanos Senadores, se encuentra en la antesala de una crisis sistémica, una situación de emergencia en la que convergen inseguridad, violencia, desempleo, incremento de la pobreza, amenaza de la salud pública y desastres distintos, provocando una polarización social y una conflictividad política nunca antes vista.

Este fisco fiscal que los Senadores y las Senadoras de algunos partidos pretenden aprobar será un detonador de una crisis de ingobernabilidad y de un estallido social. Aún cuando estoy en desacuerdo de esta mecánica, porque se viola totalmente la Ley Orgánica y el Reglamento, en un solo acto aprobamos cinco ordenamientos jurídicos; pero no sólo los cinco ordenamientos jurídicos estamos discutiéndolos en una sola intervención, sino veintitantos artículos de esos cinco ordenamientos jurídicos, lo que resulta inconveniente, pero finalmente así se acordó por la mayoría del Senado de la República.

Pero estamos discutiendo, Senadoras y Senadores, un paquete fiscal, una Miscelánea Fiscal que contiene modificaciones a la Ley del IVA, al Código Fiscal de la Federación, al Impuesto de Depósitos en Efectivo y obviamente al Impuesto sobre la Renta. Nosotros nos estamos reservando 21 artículos y estamos haciendo propuestas alternativas de redacción a lo que contiene la minuta proyecto de Decreto enviada por la Colegisladora.

El dictamen de la minuta presentada a esta Soberanía deja intactos los privilegios fiscales y los regímenes preferenciales para las grandes empresas, el régimen de consolidación fiscal, la depreciación de activos fijos y el costo de adquisición de los terrenos, por lo que el pago del Impuesto sobre la Renta resulta ofensivo y resulta para los mexicanos una vergüenza.

Nosotros no estamos contra los empresarios, sí estamos contra estos 422 varones del dinero, contra ellos sí estamos. Y en efecto, en la réplica que ayer daban los miembros del Consejo Coordinador Empresarial al Ejecutivo, al señor Calderón, tienen razón. Ellos dicen: “Nosotros cumplimos con la ley”. Sí, porque en las cámaras siempre han tenido a sus personeros. Y por eso no los acusamos de que no cumplan con la ley, sino que están violando la Constitución en el artículo 31 Constitucional, que establece, como una de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos, contribuir con el gasto público de manera proporcional, proporcional y equitativa.

Les van a sorprender algunas cifras. ¿Ustedes creen que es proporcional que América Móvil el año pasado obtuvo un ingreso de 345 mil millones 654 pesos con 80 centavos haya contribuido con 1.70? ¿A ustedes les parece equitativo y proporcional que Wal Mart de México haya obtenido 244 mil millones 917 pesos? ¿A ustedes les parece justo que el Grupo Financiero Banamex haya obtenido precisamente 116 mil millones de pesos y hayan pagado apenas el 1.7%?

¿A ustedes les parece justo que el Grupo Bimbo, Modelo, Financiera Santander, Grupo México, FEMSA, Maseca, Banorte, Nestlé, Coppel, Vitro y otras 420 empresas no paguen más que el 1.70? ¿Eso les parece que sea moral y constitucional? No, porque la Constitución dice con toda claridad: “que debe de ser la aportación proporcional y equitativa”.

Nosotros sí estamos en contra de que no paguen los impuestos estos señores, 470 empresas, 422 para ser exactas que acuden al régimen de consolidación y que el año pasado, por cierto, obtuvieron, fíjense bien, un ingreso de cinco, casi cinco billones de pesos; para ser exactos también, obtuvieron una cifra de 4.98 billones, billones de pesos, y ¿saben cuánto pagaron, de cinco billones?, 85 mil, nada más, 85 mil que representa el 1.7; y, ¿saben quién nos dio esta información? El SAT, el Sistema de Administración Tributaria.

Y fíjense lo que dice el SAT, dice el SAT: “Si estos grandes grupos pagan lo que les corresponde de acuerdo con lo que hace cualquier otra empresa, el año pasado, en el 2008 se hubieran recaudado 850 mil millones de pesos. Ellos pagaron 85 mil, y debieron haber pagado 850 mil millones de pesos. ¿Por qué, pues, cargarle a la gente, a 100 millones de ciudadanos, lo que otros no pagan?

No era necesario aumentar impuestos salvo exigir que pagaran impuestos estos 422 potentados.

Más aún, hice una investigación profunda de cada una de las empresas y de lo que obtuvo, de las auditadas y de las que están en proceso de audición, de auditoría, ¿saben cuántas empresas hay en el país? 712 mil, 712 mil empresas que actúan con honestidad, que contribuyen con el fisco y que están sometidas a un proceso de vigilancia, por no decir terrorismo fiscal contra de estas 712 mil empresas.

¿Saben dónde están asentados los 422 varones?, en tres estados, Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, y menos Jalisco y Guanajuato.

Es decir, la mayoría de los ciudadanos empresarios cumplen con su responsabilidad fiscal, y cumplen porque el fisco actúa con un terrorismo impresionante. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que vayan a auditar a Slim o a Roberto Hernández o a Roberto González o a Zambrano? ¿Ustedes creen que los vayan a auditar?, a Bailleres, ¿ustedes creen que necesitan defensores aquí en el Senado? Tienen los mejores despachos de traficantes, digo, de abogados, son los que ponen los ministros de la Corte, los magistrados, no los necesitan, señores Senadores.

Si ustedes alegan que hay irretroactividad de la ley, pues dejen que la Corte decida, aunque, de todos modos nos van a ganar; nos van a ganar por estos despachos de traficantes de influencias, ¿por qué defenderlos, a cambio de qué?

No, me parece sí en efecto una grosería que todavía se insista en este Senado en disminuir la consolidación fiscal.

El Ejecutivo envía que se disminuya un 60% la consolidación fiscal, es decir, que al menos paguen el 60% del 100 que deberían pagar, y la Cámara de Diputados en una actitud condescendiente, dice, pobrecitos de estos 422, no, no pueden pagar tanto; que paguen 40%, y aquí en el Senado pretenden bajarlo al 25%. No necesitan ellos defensores, se los repito, allá afuera hay como 500 cabilderos ofreciendo viajes, futuro político, financiamiento para las campañas futuras, no tendrás problemas, allá afuera, en los corrillos, en los pasillos, en los despachos.

Por cierto, ahí anda lo del cigarro, que más tarde vamos a tocar, que es una trampa, aumentan el 10 y por un transitorio disminuyen, pero eso lo vamos a discutir más tarde.

Por esa razón, yo les voy a dejar, ciudadanos Senadores, la copia del comunicado del SAT, donde establece con precisión y con claridad esta situación.

Pero hay otras, y yo le quisiera pedir, señor Presidente, que también plasme íntegro mis reservas, porque es una barbaridad que intenten incrementar el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo y que bajen el umbral de 25 a 15 mil pesos.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de que se apruebe, los ciudadanos que tienen ahorros y que depositan por mes 15 mil pesos, por encima de ellos, van a cobrarles el 3% de impuestos. Sin darse cuenta que este recurso que depositan en los bancos no es un recurso que pueda considerarse utilidad o ganancia, pequeñas tiendas, médicos, ingenieros, profesionistas libres que tienen que verse en la necesidad de depositar más de 15 mil pesos para poder abastecerse de mercancía y de materia prima para que su negocio pueda seguir funcionando, van a cobrarles el 3%.

¿No les parece una verdadera grosería proteger a los que ganan 370 mil millones de pesos, estarlos protegiendo aquí, y a estas personas abandonarlas porque no tienen voz?

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Senador Ricardo Monreal, si pudiera ir concluyendo.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila:Y por último, atendiendo al señor Presidente, aunque repito, es un procedimiento absurdo, deberíamos de discutir artículo por artículo, eso es lo que dice la Ley Orgánica y el Reglamento. Pero miren, hay que tener memoria, 9 de julio, El Universal, unos Senadores señalaron: “Vamos a eliminar el IETU y vamos a revisar otros impuestos, será un objetivo de la próxima legislatura”. 14 de junio, antes de la elección: “No permitiremos ningún impuesto, ese es el compromiso de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional”. La Jornada, 12 de junio, tenemos un compromiso inicial: “No vamos a permitir que sigan los dos impuestos IETU, Impuesto sobre la Renta, tienen que preferir uno de los dos. Ese es nuestro compromiso con la gente que cree en nosotros”. 29 de junio, “Vamos a impulsar una política recaudatoria seria y vamos a disminuir impuestos, porque este gobierno lo único que ha hecho es aumentarlos”. El siglo de Torreón y Vanguardia, 24 de junio, “Nos pronunciamos por disminuir impuestos, incluyendo el impuesto de la tenencia de autos que ya se comprometió nuestro Presidente, candidato a Gobernador. Jorge Romero del VII Distrito Electoral de Hidalgo, “Los representantes populares priístas vamos a reventar la política económica, porque el gobierno federal panista ha demostrado la total incapacidad para ejercer el gasto público, vamos por menos impuestos”. Miguel González Salum, Coordinador del grupo parlamentario del PRI de Tamaulipas, Miguel González Salum, dijo que no aceptará que el gobierno federal imponga nuevos impuestos en el 2010 y mucho menos el IVA en ninguna parte, no obstante precisó que los Senadores y Diputados del PRI por ningún motivo aceptaremos nuevos impuestos para el año próximo”. Hoy Tamaulipas, periódico electrónico.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador, le vuelvo a solicitar atentamente si concluye su intervención por el tiempo.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Les duele, y hay 150 declaraciones de candidatos y de Senadores de los que pude investigar hoy en la mañana, debe de haber muchos más, y no digo nombres porque aquí hay algunos.

Pero sáquelas, cuando haya dicho sáquelas, pero no me interrumpa, porque yo siempre he sido respetuoso de usted, si no le gusta mi debate, replíquelo, no importa el tiempo.

El tiempo, les parece mucho tiempo 20 minutos con lo que le están haciendo al pueblo de México, les parece mucho tiempo, están acabando una generación de mexicanos con este adefesio fiscal, les parece mucho lo que están haciendo con el pueblo de México al hablar sólo 20 minutos, y luego ayer el señor Carstens, antier viene y asume toda la posición y dice: “Yo fui el responsable, yo y el gobierno y el partido que represento, todos los demás son inocentes”. Sí, nada más que aquí hay votos en contra y hay votos a favor, y la palabra se honra.

Yo tengo respeto por muchos Senadores, por muchos, no me he metido con nadie en lo personal en este debate, no lo voy a hacer, no es un asunto personal y sé que cada uno va a tener su posición frente a la historia, pero nosotros votaremos en contra, en contra de este monstruo que va a acabar con las futuras generaciones de nuestro país, ya veremos, así lo dijimos con el arraiga y ahora quieren eliminarlo, así lo dijimos el año pasado con el gasolinazo y ahora lo quieren eliminar, o he tocado los otros temas y por esa razón, ciudadanos Senadores, la gente no olvida y ahí están las crónicas de lo que uno dice y hace, eso se llama congruencia.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Ahora tiene el uso de la palabra en contra del dictamen, la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente; apreciables, compañeros Senadores:

Nuestro país está viviendo una severa crisis económica, la mayor y más profunda desde hace siete décadas, la producción, el empleo, el bienestar de la población han sufrido un considerable deterioro; los efectos sociales son aún difíciles de evaluar, pero es evidente que los niveles de pobreza se están agudizando y alcanzan indicadores históricos.

Las crisis de una reforma fiscal planteadas al inicio de este siglo han sido muy limitadas y han presentado la misma receta una y otra vez: imponer mayores cargas tributarias a los contribuyentes cautivos de siempre sin tocar a las selectas clientelas que se mantienen en regímenes privilegiados sin pagar impuestos.

Lamentablemente, lejos de transitar hacia una nueva etapa de cambios fiscales profundos que doten al Estado mexicano de mayores recursos para impulsar el desarrollo económico del país, el gobierno federal opta por establecer medidas de carácter coyuntural que, en el mejor de los casos, sólo permitirán compensar la reducción de los ingresos fiscales.

En el grupo parlamentario del PRD hemos sido consistentes y en reiteradas ocasiones hemos advertido en esta tribuna sobre los impactos que tendría la crisis económica, también, sobre la crispación social que ya se dejaba sentir hace algunos meses. Desafortunadamente esas estimaciones hoy son una realidad.

Planteamos propuestas sólidas que fueron desatendidas y despreciadas en reiteradas ocasiones bajo el esquema numérico denominado mayoriteo parlamentario. Las últimas recientes reformas, lejos de impulsar un programa que reactive la economía, el empleo, el campo y el desarrollo en infraestructura productiva, parecen haberse diseñado para todo lo contrario en perjuicio del patrimonio de las familias mexicanas, pues al incrementar los precios de las gasolinas, del diesel, del gas, de la energía eléctrica y seguir manteniendo privilegios fiscales para los grandes contribuyentes se ha limitado la generación de fuentes de empleo y se agudizará lamentablemente la recesión.

La búsqueda de una solución a la actual crisis se ha convertido en un desafío para muchos de los gobiernos que con imaginación han podido delinear y trazar estrategias futuras para reconocer los aciertos y errores en la implementación de su modelo.

Tristemente en nuestro país eso no ocurre, porque por desgracia, hay quienes insisten en que este problema se resuelve implementando mayores cargas tributarias a los contribuyentes o imponiendo un criterio que clasifica como lujo el uso de algunos servicios como la telefonía cuando son en realidad servicios públicos que atienden una necesidad básica para la actividad cotidiana de millones de familias y empresas.

Más viable y menos costoso para la población sería que el Estado asumiera con responsabilidad su facultad de ser el rector de la economía, implementando propuestas para hacer que esta fuera más dinámica, más moderna, con una mejor distribución del ingreso, con gobiernos austeros en todos los órdenes y en todos los niveles.

México y su población enfrentamos una severa vulnerabilidad económica que hace peligrar buena parte del acervo familiar construido con trabajo y esfuerzo, el patrimonio material de las familias mexicanas, pero sobre todo, la integridad física y emocional están en franco riesgo.

El hecho de que en los últimos años se hayan incrementado dramáticamente los asesinatos por la actividad del crimen organizado, delitos como el robo a transeúntes, asaltos a casas particulares y el secuestro de personas, que con frecuencia terminan en el asesinato de las víctimas, expresan que la ilegalidad y la violencia son una constante en la vida cotidiana de nuestro país.

Lo anterior significa que está en peligro buena parte de la población, sin importar su nivel de ingresos, su lugar de residencia o el tipo de actividad a que se dedican.

La desesperación económica y la fragilidad de la supervivencia diaria en la que se hayan los mexicanos, pero a la que se están sumando a ritmo acelerado millones de familias a raíz de la crisis económica, se ha convertido en un reto para quienes tenemos la responsabilidad de proponer y dotar a las instituciones públicas de elementos suficientes para poder enfrentarla.

La economía mexicana necesita cambios estructurales que impulsen el crecimiento del mercado interno.

Tenemos que empezar por construir las condiciones que hagan posible que nuestra economía crezca y sea competitiva.

Impulsemos una verdadera reforma hacendaria que fortalezca a los dos grandes pilares de nuestro aparato tributario, me refiero también al gasto, a la deuda y al patrimonio de la nación.

Dejémonos de estar año con año haciéndole pegotes mal hechos a nuestra legislación.

En este contexto, quiero reconocer el pronunciamiento que hizo recientemente el Presidente de la República, en el sentido de que los que no han pagado, ahora sí ya paguen, de eso se trata.

Qué bueno que lo estemos abordando, ojalá el tema se discuta a partir de hoy con seriedad, qué bueno que el Presidente ya lo acabó de entender.

Por ello, el grupo parlamentario del PRD, con el ánimo de hacer una reorientación y alineación progresiva de las finanzas públicas de manera responsable, ha estado abierto a debatir todas las ideas, a proponer y compartir nuestra fórmula para salir adelante, a escuchar con respeto y atención todas posiciones, porque estamos concientes que estamos en el momento para generar acuerdos y dejar de lado voluntades particulares que obstaculizan el crecimiento de México.

Sin embargo, me veo obligada a denunciar que ninguna propuesta del PRD, absolutamente ninguna, fue siquiera puesta en el debate y mucho menos considerada en el paquete económico.

En el PRD hemos planteando alternativas para recaudar sin aumentar los impuestos, entre las que se encuentran la incorporación al régimen de tributación a todas aquellas empresas que se han aprovechado de los vacíos legales para no pagar.

Nosotros planteamos, de plano, la eliminación de la consolidación fiscal, desaparecer los regímenes especiales, ampliar el número de contribuyentes y desde luego, todo esto acompañado de una completa reingeniería del gasto.

Desde el momento que el Ejecutivo propuso al Congreso impulsar nuevos impuestos al consumo, especialmente en alimentos y medicinas, el PRD rechazó sin titubeo alguno la propuesta, toda vez que en momentos de crisis resultaría regresivo y afectaría sin piedad a los sectores populares y a los sectores productivos.

Por otro lado, vemos con preocupación que se pretenda disfrazar la utilización de las reservas del Seguro Social para sufragar el gasto corriente, lo que a todas luces parece un atentado contra el patrimonio de millones de trabajadores que podría también en riesgo el pago del régimen de jubilaciones y de pensiones.

Tampoco aceptamos que se intente lesionar los ya de por sí condicionados recursos económicos de las entidades federativas que se derivan de los fondos petroleros, con la consecuente afectación en la infraestructura pública sólo en aras de proteger un balance presupuestal.

Consideramos, pues, oportuno que el paquete económico se reoriente primero la recuperación económica y a la generación del empleo, para después asegurar su sostenibilidad.

Los legisladores tenemos la posibilidad de reorientar este paquete y el destino de millones de familias y empresas de todos tamaños en aras de incrementar los niveles de inversión pública en la infraestructura, especialmente en materia de agua, carreteras, transporte, hospitales y centros educativos con el fin de fortalecer una visión contracíclica.

Por éstas, entre otras razones, votaremos en contra de la propuesta de gravar con más y nuevos impuestos a la población, con la conciencia de que existen diversas alternativas que nos permitirán sacar adelante al país sin seguir lacerando los bolsillos de las familias mexicanas.

Rechazamos, es más, repudiamos el incremento inercial a través de un paquete fiscal que se traduce en una Ley de Ingresos que atenta contra el bolsillo de la mayoría de los mexicanos en vías de obtener una mayor recaudación del Impuesto sobre la Renta, del IVA y también del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

El Ejecutivo Federal y algunos actores políticos deben entender que antes de cuidar su imagen y popularidad, está primero su compromiso con millones de electores quienes les depositaron con entera confianza para representarlos.

Todas las fuerzas políticas estamos obligadas a contribuir a que la circunstancia adversa que hoy se nos presenta en la situación económica, sea traducida, con la unidad de propósitos y la convergencia de voluntades, en un gran salto cualitativo hacia la nación plena que todos los mexicanos queremos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Minerva Hernández.

No habiendo más oradores inscritos…

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador Francisco Labastida quiere hacer uso de la palabra.

¿Con qué objeto, a favor o en contra?

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: (Desde su escaño)Para razonar el voto de los Senadores de mi partido.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Tiene la palabra el Senador Francisco Labastida Ochoa, para razonar el voto del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

Subo a esta tribuna para fundamentar y razonar el voto de los Senadores de mi partido.

Nosotros queremos plantear, con toda claridad, que la política económica del país necesita un cambio de fondo.

Sostenemos firmemente esto, y sostenemos que es indispensable por las graves circunstancias y problemas que vive el país y que nos dejan a todos insatisfechos.

Lo queremos porque sólo 3 de cada 10 empleos son empleos formales, con beneficios para acceder al Seguro Social, al ISSSTE, al INFONAVIT, con derechos a la salud, a los créditos para la vivienda, a una jubilación digna.

Lo queremos porque uno de cada 5 mexicanos tiene un ingreso diario que apenas le alcanza para comer o mal comer.

Lo queremos porque tenemos una de las peores distribuciones del ingreso de América Latina y del mundo.

Lo queremos porque el país tiene muy bajo crecimiento económico, menos del 1% en esta década.

Lo queremos porque tenemos un alto desempleo, el más alto en 15 años.

Lo queremos porque hay grandes privilegios para grupos económicos vía ganancias monopólicas, entre otros mecanismos.

Lo queremos también porque la carga fiscal, quitando los ingresos del petróleo, solo es del 11% del PIB.

Y lo queremos también porque de los 107 millones de mexicanos sólo 9 millones escasamente soporta la carga tributaria y un poco más de 700 mil empresas pagan impuestos.

Por todo eso creemos que se requiere una revisión de fondo de la política económica encaminada a corregir estos problemas.

Estos arreglos no se pueden hacer en 10 días, que fue el tiempo que tuvimos para examinar la iniciativa, la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados. Y tampoco lo pudieron hacer los Diputados en los escasos días que tuvieron para examinar la iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo.

Creemos, además, que no solo hay que erradicar la materia fiscal, también la presupuestal; que tenemos gastos improductivos de gran magnitud; que hay que revisar la política salarial para lograr que los salarios crezcan más rápido que la inflación; que tenemos que revisar de fondo la política arancelaria, porque hoy el 60% de las importaciones que entran al país están entrando con arancel cero, dejando desprotegidas a nuestras industrias y dando ventajas a países que no cumplen con las normas establecidas en la Organización Mundial de Comercio.

Creemos también que hay que reconstruir los instrumentos para elevar el ahorro y la inversión en el país que nos permitan elevar el crecimiento económico y la generación de empleos. Estamos convencidos que la banca requiere, sin lugar a dudas, una regulación bancaria más estricta destinada a proteger los intereses de quienes depositan en ella y destinada a fortalecer, a favorecer el otorgamiento de créditos, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa.

Y creemos también que hay que fortalecer la calidad de la educación y la investigación en el país.

Lo que se necesita en el país, en pocas palabras, es un nuevo pacto político que abarque lo económico y lo social, que nos identifique, que nos una, y como diría Mariano Otero: un acuerdo fundamental para todos los mexicanos.

Estamos firmemente convencidos que el paquete fiscal no soluciona estos problemas, que solo tapa los hoyos fiscales derivados de la crisis fiscal que está viviendo el país y, ante ello el partido, actuando con responsabilidad, para evitar una crisis económica que se traduzca en inflación, devaluación y más desempleo, hemos trabajado para quitarle las cosas más lesivas, los aspectos más lesivos del paquete que nos fue enviado.

Los acuerdos que se han logrado hasta el momento es que sigan igual los salarios mínimos, hasta 6 salarios mínimos, equivalente al orden de 10 mil 300 pesos, y que no se eleve la carga fiscal en ellos.

Hemos acordado que no se cobre IEPS al internet; hemos acordado cambiar la Ley de Ingresos para que los recursos excedentes del petróleo no se manejen libremente por el gobierno federal, sino se depositen en los fondos establecidos para este concepto.

Estamos todavía negociando los pagos que harán las empresas por concepto de la consolidación fiscal para evitar cierres de ellas y pérdidas de empleos.

Por todo ello, queremos razonar que actuando con responsabilidad vamos a votar a favor algunas de las iniciativas, y nos abstendremos fundamentalmente en una. Lo haremos para coadyuvar a que no se complique la emergencia económica que vivimos, con el compromiso, con el planteamiento de iniciar en este mismo año un análisis de fondo para corregir los graves problemas que el país tiene y revisar, de fondo, el herramental económico que nos conduzca a un crecimiento alto, sostenido, y un crecimiento más equitativo.

Creemos que debe hacerse escuchando a todos los sectores, a las empresas, al sector social y a los expertos. Ese no es un cambio que pueda hacer un grupo de iluminados.

Creo que debemos analizar lo que ocurre en otros países y ver qué se puede adaptar en México. Perderle el temor de aprender de otros.

Y las soluciones que hoy vamos a ver, a debatir, a votar, no nos satisfacen a nuestro grupo, lo decimos con claridad, lo vemos solo como el mal menor. Pero creo que actuando con responsabilidad tenemos que evitar los males mayores.

Pero no podemos vivir eternamente solamente con males menores, no podemos vivir eternamente con soluciones de emergencia que evitar una catástrofe o una crisis.

Por eso hoy invitamos cordialmente a las fuerzas políticas, al gobierno, a los sectores, a los gobernadores para que iniciemos este mismo año una reunión que nos permita llegar a una convención nacional fiscal, para que el país encuentre el próximo año las transformaciones de fondo que nos satisfagan a todos, pensando siempre en el país, en primer lugar, pero animándonos a pensar en grande y a solucionar en grande los problemas del país.

No podemos vivir teniéndole más miedo a las soluciones que a los problemas.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Tiene el uso de la palabra el Senador Eloy Cantú Segovia, de la bancada del PRI.

- El C. Senador Eloy Cantú Segovia: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Para complementar la extraordinaria participación de mi compañero Senador Francisco Labastida.

No tenemos la menor duda de que el paquete que presentó el Ejecutivo Federal a la consideración del Congreso de la Unión, es un paquete que tiene una característica que lo distingue: propone todas las medidas contrarias a lo que este país necesita.

Si nosotros analizamos lo que nos han recomendado aquí en México, en los foros que hicimos “México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?” En el foro que hicimos en agosto sobre la evolución de la crisis nos dijeron académicos, dirigentes sociales, dirigentes empresariales, dirigentes del gobierno, el común denominador, junto con las consultas internacionales que hicimos en la OCDE, por ejemplo, cuando asistimos a ver primero qué hacer para enfrentar la crisis, qué hacer para salir de la crisis y qué vendría después de la crisis, lo primero que nos recomendaron todos es: no suban las tasas impositivas. Número uno.

Número dos. No se les ocurra crear nuevos impuestos. No compliquen más, no hagan la carga tributaria más pesada.

Número tres. Si hay impuestos disfuncionales, si hay impuestos que no están ayudando a impulsar la economía, a generar empleos, deróguenlos, quiten esos impuestos.

Cuatro. Simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones fiscales, háganlas más transparentes, más sencillas, menos onerosas en su cumplimiento.

Quinto. Busquen crear incentivos fiscales, particularmente en aquellos sectores industriales de sus países de los que van a vivir ustedes mañana, cómo se entienden los mexicanos a futuro y luego por región, en qué región van a impulsar qué tipo de industria. Creen los incentivos fiscales.

Sexto. Impulsen los fondos presupuestales para alentar la economía en aquellos sectores estratégicos.

Y finalmente, fortalezcan la certidumbre jurídica, den más seguridad jurídica a los empresarios y a las inversiones.

Estimadas amigas y amigos Senadores, estoy seguro que ustedes que están siguiendo mi participación punto por punto, pudieron ver que estamos haciendo lo contrario.

Primero, estamos subiendo tasas impositivas.

Segundo, la propuesta era crear más impuestos.

Tercero, estamos complicando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Cuarto, estamos haciendo cada vez más difícil en este país contar con fondos para impulsar proyectos estratégicos.

Vean simplemente en la propuesta del Ejecutivo, se deroga en la Ley del Impuesto sobre la Renta el artículo que permite que pueda haber créditos fiscales en el Impuesto sobre la Renta para la innovación tecnológica. Se quita.

Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que partimos de una iniciativa extraordinariamente contraria a lo que este país necesita.

Se ha corregido en parte, pero hay una gran tarea por hacer. La tarea que el grupo parlamentario plantea, es llegar a tener un modelo tributario que sea competitivo a nivel internacional, que nos permita retener las inversiones que hay en México para no perder más empleos y que nos permita, sobre todo, atraer más inversiones nacionales y extranjeras para generar los empleos que hacen falta.

El enfoque que le dan, el concepto que le da la iniciativa del Ejecutivo al paquete fiscal, es tapar hoyos en las finanzas públicas. Tapar hoyos en las finanzas públicas, queridas amigas y amigos Senadores, no puede ser el fin de un paquete fiscal.

¿Las finanzas públicas es el fin de un paquete fiscal? Tampoco. Las finanzas públicas son medio, no son fin. El fin del paquete fiscal que queremos es el fin que genere los empleos y el crecimiento que requiere México, no tapar hoyos.

¿Es un problema de ingresos? No ha sido un problema de ingresos. En la anterior administración y el principio de la actual se han tenido los ingresos más altos de la historia del país y no crecimos. El asunto va por otro lado.

Así es que, compañeras y compañeros, como se ha planteado previamente en la tribuna por quien me precedió en el uso de la palabra, tenemos que ir lidereando, como Congreso de la Unión y como Senado de la República, una propuesta que dé esperanza a México de que en el futuro el paquete fiscal no se va a presentar para satisfacer el apetito de las finanzas del Estado, sino para generar el empleo que necesitan los mexicanos.

(Aplausos)

Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Tiene el uso de la palabra la Senadora Rosalinda López Hernández, de la bancada del PRD.

- La C. Senadora Rosalinda López Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Medité muchas veces, en el transcurso de que estaban hablando nuestros compañeros Senadores, si había la necesidad de venir a hablar. Acabe de oír al Senador Eloy Cantú, y me animé a participar por dos razones fundamentales.

Primero, porque he escuchado el debate desde hace muchos años sobre la famosa reforma tributaria que nuestro país necesita.

Segundo, porque escuché hace algunos años lo de la Convención Nacional Hacendaria.

Pero, además, porque me puse a estudiar, a leer qué era lo que decían los debates de esta Cámara y de la Cámara de Diputados en decisiones importantes de la vida del país. Y leí con mucha atención el debate del PRI cuando se aprueba el aumento del IVA.

Leí con mucha atención el debate del PRI en marzo de 1995. Y lo leí y escucho las mismas razones y está en el Diario de los Debates.

Y me voy a citar o me voy a permitir, mejor dicho, citar algunas reflexiones que hicieron en su momento el PRI, el PAN y el PRD.

¿Qué decía el PRI?

Fijó la posición el Diputado Francisco Suárez Dávila y decía el PRI que la situación del país ameritaba que si no había un aumento de impuestos, pues básicamente la inflación se dispararía, no se generarían los empleos y la inversión productiva disminuiría. Decía el Diputado Suárez Dávila, en 1995.

Ahora bien, el pueblo ha demandado que los sacrificios deben ser parejos para todos. Por ello se ha exigido dos condiciones.

La primera, que el gobierno se sacrifique, que reduzca su gasto y que se supervise que el dinero no se dilapide, que los recursos no se desvíen para funcionarios corruptos.

En este sentido, el gobierno federal ha decidido reducir su gasto en un 10% y va a reducir y a suprimir cuatro Secretarías de Estado: Reforma Agraria, Energía, Turismo y Contraloría. Parece que lo hemos escuchado hace aproximadamente dos meses o un mes este discurso, pero repetido en la imagen de quien hoy detenta el Poder Ejecutivo.

¿Qué decía el PAN en aquel momento? En voz del Diputado Manuel Beristáin Gómez decía: “Estamos en contra de los aumentos temporales, ¿cómo le vamos a creer al PRI que va a ser temporal el aumento del IVA? ¿Cómo le vamos a creer que va a ser temporal el aumento del Impuesto sobre la Renta? ¿Ya se les olvidó que la tenencia llevaba 32 años en aquel momento? ¿Ya se les olvidó que en el ’85 también dijeron que el IVA iba a ser temporal? Y aquí lo estamos volviendo a subir. Ese era el argumento del PAN en 1995.

¿Y qué decía el PRD? En voz del Diputado Raúl Alejandro Livas Vera, decía: “No estamos en contra de todo, estamos únicamente en contra de aquello que representa un atentado a la lógica y al razonamiento económico más simple, estamos en contra de seguir con los privilegios fiscales”. Las palabras son las mismas y la situación del país pues cada vez está peor.

En ocho años se han hecho tres reformas hacendarias, de esas tres reformas ninguna ha dado resultado, y no quiero repetir los argumentos de los Senadores hace dos años debatiendo la nueva reforma para los que menos tienen. Quisiera nada más reflexionar con ustedes. No podemos ir a favor de que se suba el IEPS y que sólo dure un tiempo, en los transitorios, porque nadie nos dice que ya el aumento en los precios de los productos, aunque digas que vas a regresar el IEPS se va a hacer y se van a regresar al precio original que están al día de hoy.

Porque nadie les dijo a los ciudadanos, y está votado en la Ley del IEPS transitorio que el famoso deslizamiento por el IEPS en gasolinas y diesel iba a ser temporal, y así lo dice la Ley del IEPS en sus Transitorios, Octavo; pero además nadie le contesta al ciudadano que no se respetó ese artículo transitorio porque los aumentos de combustibles cada vez son mayores.

Nadie tampoco le explicó al ciudadano en el 2007 que con el Impuesto a los Depósitos en Efectivo lo íbamos a utilizar no como una medida de control, porque así viene la naturaleza de la ley, sino recaudatorio, y que el día de hoy muchos pequeños comerciantes y agricultores, pues, tienen que ver cómo les pagan los grandes coyotes para que no les retengan esa tasa que debería de haber sido de control del 3%.

¿Dónde quedó el fomento de ahorro que decíamos que íbamos a conseguir hace dos años? Pero más importante también, ¿por qué seguimos pasando hasta comerciales mentirosos de las decisiones que se toman aquí en el Senado? Todos los días repiten que por primera vez en la historia el Senado de la República bajó las tasas de interés; pero lo que no dice el comercial es que esta minuta está congelada en Diputados porque los Senadores no hemos sido capaz de convencer a nuestros grupos parlamentarios de esa medida correcta que tomamos.

Esa es la situación en estos momentos. Tomamos decisiones sin ni siquiera reflexionar largamente o con la excusa de la urgencia en el implicamiento que tiene en el ciudadano de pie. Y quiero concluir citando, si me permiten, la historia de Sísifo: “Sísifo cargaba una piedra y siempre que llegaba a la cima de una cumbre se regresaba al punto original”. Eso sucede con nuestro país, siempre decimos que esta es la panacea de todas las decisiones, que esto va a resolver el problema.

La verdad es que no hay alternativa buena y no hay alternativa mala, simple y sencillamente hay decisiones justas, ya la preservación de privilegios, ya creados por sistemas políticos anteriores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias, Senadora López Hernández.

Tiene el uso de la palabra a favor del dictamen el Senador Gustavo Madero Muñoz.

- El C. Senador Gustavo Madero Muñoz: Con el permiso de la Presidencia.

No conozco un país en el mundo que sin recaudación fiscal pueda atender responsablemente las necesidades de inversión, de crecimiento, de gasto social, de gasto en educación, en salud, en seguridad. Muchas veces hemos oído que México es uno de los países que menos recauda de todo el mundo.

Desgraciadamente esta no es una situación nueva reciente, es histórica. Yo digo que es una anorexia tributaria, es la incapacidad sistémica para obtener ingresos suficientes para atender la pobreza y el crecimiento. Y digo que no es un tema reciente porque llevamos 30 años recaudando menos del 10% del PIB en impuestos, esto nos coloca entre los países más vulnerables, no hay forma de ofrecerle a los 45 millones de mexicanos que tienen alguna condición de pobreza apoyo para salir adelante si no obtenemos recursos suficientes.

Este año vivimos la peor crisis económica de los últimos 70 años, esa la vivió el mundo, pero nosotros vivimos una crisis adicional, la caída estrepitosa de las reservas petroleras. Yo quiero darles algunos datos, amigos compañeros Senadores, Senadoras, para que dimensionemos 1995-2009, y evidenciar tres cosas: tenemos una crisis mucho, mucho más grave, hemos podido atenuar los efectos de manera sensiblemente mayor, y las medidas para salir adelante son enormemente menores.

Tres datos: los ingresos fiscales que cayeron en 1995 fueron de 158 mil millones de pesos menos, hoy fueron 170 mil millones de pesos menos de un año a otro, es un 7% menos de ingreso tributario, es el producto de la recesión; pero producto de la disminución de la producción petrolera van a ser 320 mil millones de pesos menos. En 1995 el petróleo fue un elemento a favor, ayudó a atenuar la caída en los ingresos tributarios, aquí la triplicó, de hecho hoy tenemos tres veces más déficit que el que se tuvo en 1995, y en aquél entonces el desempleo creció diez veces más que en este año, la disminución de los ingresos de las familias creció cinco veces más, y aquí para poder salir adelante, en aquél entonces, 1995 se aprobó un incremento, ¿saben de cuánto? Aumentó el IVA 50% de un año a otro, del 10 al 15%.

En esta propuesta el Presidente Felipe Calderón propuso aumentar 2%, un impuesto contra la pobreza que no se aprobó, y se aprobó en la Cámara de Diputados un 1% al IVA.

Si este impuesto logra ser aprobado, tendrá precisamente un incremento menor al 10% de crecimiento en el IVA, compárenlo contra un incremento del 50% de crecimiento del IVA en 1995.

La gasolina aumentó en 1995, si fueran pesos de hoy, de un año a otro, en dos pesos, pero en porcentaje fue un 70% de un año a otro.

Esas fueron las medidas que se tomaron en aquél entonces para hacerle frente.

Aquí la propuesta del Presidente Calderón es una propuesta que distribuye de una mejor manera los costos para sacar adelante estos recursos que necesitan nuestros gobiernos municipales, estatales y federales para atender la pobreza, para atender las necesidades de inversión, para atender el crecimiento económico y la competitividad en inclusión.

Por eso, el grupo parlamentario del PAN respaldará la propuesta, respaldará la propuesta que viene de la Cámara de Diputados para obtener los recursos suficientes, en estos recursos poderlos asignar de manera responsable a los programas sociales, a los programas de infraestructura.

Yo quiero felicitar al partido, al grupo parlamentario del PAN, porque ha tenido un proceso ejemplar de deliberación, un proceso ejemplar de unidad, de institucionalidad y que nos permite hoy salir unidos, como un solo hombre hacia adelante a apoyar a nuestro gobierno, a nuestro Presidente Felipe Calderón para apoyar a México, para apoyar a todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Madero Muñoz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Navarrete Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: Estimadas compañeras Senadoras, estimados compañeros Senadores:

He escuchado con detenimiento las razones de los oradores, y particularmente del Coordinador de la bancada del PAN. Y es importante que precisemos cuáles son los términos del debate y qué es lo que estamos discutiendo, para no perdernos en un conjunto de argumentos que pueden perdernos del asunto principal.

Empiezo por precisar una cosa, nadie, nadie en este Senado de la República está planteando debilitar las finanzas públicas del Estado mexicano. Nadie se está oponiendo a que haya recaudación, porque no tendría sentido derrumbar el ingreso, y en 15 días estar en la Cámara de Diputados pidiendo más dinero para gastar en el presupuesto.

Por supuesto que nadie plantea eliminar impuestos, eliminar recaudación, hacer que entre en crisis las finanzas nacionales. No, ese no es el tema.

Lo que estamos discutiendo es que si el Estado mexicano necesita recursos para gastar en todo lo que requiere en el 2010, ¿de dónde vamos a tomar los recursos?, ese es el tema de fondo; ¿quién le pone a las finanzas nacionales para que el 2010 haya inversión, haya política social, haya atención a la pobreza, a los programas sociales, se gaste en el campo, en la educación, en todo lo que el gobierno de México tiene que gastar, y lamentablemente el gobierno federal con el Presidente Calderón al frente, diseñó una mala respuesta, digo más, creo que el Presidente Calderón quedó atrapado en la propuesta tecnocrática del equipo hacendario que logró convencer al gabinete y al Presidente de que la única posibilidad de financiar la falta de recursos para 2010, era ir a incrementar el IVA al 16%, a incrementar el impuesto sobre renta al 30%, a incrementar el depósito en bancos en efectivo al 3%, a ponerle a las telecomunicaciones un impuesto del 3%, es decir, resolvieron ir a afectar a consumidores, a asalariados, a empresas cumplidas, a jóvenes que tienen acceso al Internet, es decir, a apretarle el bolsillo a los que han sufrido el mayor estrago de la crisis en este año; exprimir a los que ya pagamos impuestos, bolsear a los que estamos cumpliendo siendo asalariados o empresas o consumidores para exprimirles un poco más, un 1% más en IVA, un 2% más en ISR, 3% en la telefonía y el Internet, y eso es lo que nosotros no compartimos.

Claro que queremos que haya más dinero del gobierno mexicano, pero hay otras fuentes donde lograrlo. Y no voy a dar argumentos propios, que tenemos muchos en la bancada del PRD, no voy a dar argumentos históricos, que los hemos presentado en las dos Cámaras, voy a dar un solo argumento, uno solo, que es lo que determina el fondo del tema.

El Presidente Calderón ayer por la noche, antier por la noche y ayer por la mañana puso el dedo en la yaga, públicamente, y dijo: El problema que tenemos es que quienes debieran cumplir con su obligación de pagar sus impuestos no los están pagando, y son muy buenos para venir a pedirle al gobierno, dijo Calderón, son muy buenos para venir a pedirle al gobierno que suspendamos gasto social y que recortemos gasto del gobierno, pero son muy malos para pagar sus impuestos sobre la renta, porque aquí están las cifras, y el presidente Calderón sacó las cifras del SAT, ¿cuánto aportan 400 grandes empresas en México en los últimos años?, y ¡oh, sorpresa!, hoy no es una versión de la oposición de izquierda, hoy no es una versión periodística, hoy no son datos de especialistas de la UNAM o de otros institutos, no, hoy son datos del SAT en boca del Jefe del Ejecutivo Federal, y dijo: señores, basta y paguen sus impuestos, porque si ustedes pagan sus impuestos se recompone el problema de la recaudación en México, ahí está el tema.

Si el propio Presidente de la República reconoce eso, ¿qué sentido tiene mantener la propuesta de ir a bolsear a consumidores, a jóvenes que consumen internet y a otros consumidores, y asalariados y a empresas?, ¿qué sentido tiene?

En consecuencia, con el discurso del Presidente Calderón, lo que debiéramos hacer es lo que Eloy Cantú acaba de venir a proponer aquí, y que yo saludo a la propuesta públicamente. Lo que tenemos que hacer es recomponer el sistema fiscal mexicano completo, para que la mayor carga impositiva no recaiga en los de siempre, para que paguen no porque tienen que pagar, los que dicen que no aceptan retroactividades, porque lo caído, caído y eso ya no se cobra, de aquí para adelante lo que quieran, pero para atrás nada, y hasta dicen, así se hace en todo el mundo, las empresas que financian, no pagan impuestos sobre la renta. Eso no es cierto, eso no es cierto.

Por eso el tema cruza a los grupos parlamentarios, para nadie es un secreto, no sé si en la historia del Congreso, pero por lo menos de las LX y LXI Legislatura sí, llegamos al límite de esta sesión sin certidumbre de qué es lo que se puede aprobar y qué es lo que no se puede aprobar. Sí, es verdad, porque hay diferencias de opinión al interior de las bancadas, ¿y saben qué? Qué bueno que así sea, no porque me alegre que las bancadas no tengan unidad, no, me alegro que así sea porque los mexicanos pueden tener seguridad entonces de que hay Senadores y Senadoras de la República de diversos partidos, aquí en este recinto, que están dispuestos a escuchar la voz de los electores y la voz de los que nos trajeron al Senado, que están dispuestos a respetar lo que sus partidos dijeron en julio pasado en la elección constitucional, que quieren honrar la palabra de quienes salieron en la campaña diciéndoles a los mexicanos: “No vamos a permitir que se incrementen los impuestos, no vamos a permitir el incremento al IVA ni al Impuesto sobre la Renta”. Y cuatro meses después, líderes nacionales de sus respectivas fuerzas políticas les están pidiendo que ignoren el compromiso de julio y que voten en sentido contrario.

Y tengo que decirlo, porque lo he dicho públicamente y lo debo de reiterar aquí en la tribuna del Senado. Este Senado ha sido objeto de presiones políticas de gobernadores que no les importa de dónde venga el dinero, lo que les importa es a dónde va el gasto en 2010, que no les importa qué pase con los consumidores y con los asalariados y con las empresas cumplidas, lo que quieren son más fondos para sus gastos en 2010, y son capaces de decir una cosa hace cuatro meses y plantear otra cosa ahora; y yo quiero reconocer a los Senadores y Senadoras que han sabido resistir la presión de los gobernadores, porque hay dignidad y entereza en esos Senadores y Senadoras. Sé que la presión es mucha, no es fácil enmendar en la plana a los Diputados federales allá en la Cámara Baja, donde hay, incluso, líderes nacionales que son Diputados, no es fácil, pero hoy como nunca, la conciencia de cada Senador y cada Senadora va a marcar el futuro político del Congreso, del Senado de la República y de cada uno de nosotros, no hay forma de que evadamos nuestra responsabilidad, compañeras y compañeros.

Todos los que somos hombres públicos, hombres y mujeres que actuamos en la política, tenemos que enfrentar la responsabilidad de darles cuentas a nuestros electores, o mañana cuando regresemos a los estados a platicar con la gente de nuestras entidades, ¿qué les vamos a decir?, ¿cómo votamos? Y eso tenemos que reflexionarlo, nadie quiere desbarrancar al gobierno mexicano, pero no se puede dar un cheque en blanco a una política económica claramente equivocada en materia de ingresos, y sí, vamos poniendo un alto para hacer una verdadera reforma fiscal. Y sí, vamos haciendo más justo el sistema impositivo mexicano; y sí, vamos dándole más recursos al gobierno para que gaste, pero no de estos orígenes, porque esta es una equivocación, es un saqueo al bolsillo de los mexicanos más cumplidos. Y si el Presidente Calderón ya se decidió, ya se decidió a hablar con claridad, lo que sigue es que actúe en consecuencia, que no se quede en un discurso de denuncia, porque él no es cualquier gente, es el jefe del Ejecutivo Federal y en lo que dijo ahora tiene que ir sobre los 400 y tiene que instruir al SAT a que apriete la recaudación donde tiene que apretar, digan lo que digan, que se vayan a la Corte, que se vayan a la Corte, darán sus razones y se defenderán, tienen derecho a ello, pero lo que este Senado no puede hacer es convalidar una propuesta claramente equivocada que afecta a la mayor parte de la población y en cuya cúspide está el IVA; el IVA es emblemático, el IVA es lo que engloba al conjunto de los impuestos que se están tratando de aprobar aquí para el 2010, el IVA es lo que determina si somos consecuentes con los mexicanos que nos dieron su voto para llegar aquí o no lo somos.

Por eso yo llamo a las Senadoras y Senadores de todas las bancadas parlamentarias, sin distingo, a actuar en consecuencia con su conciencia, con su responsabilidad, los llamo a votar con absoluta libertad en lo que están creyendo y que le entreguemos al gobierno de México una lección muy importante, que el Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de dignificar el papel del Congreso, nos toca a nosotros, hoy tendremos que decidir con nuestro voto si lo hacemos o fallamos a la confianza de la gente.

Les pido, por lo tanto, un voto en contra del dictamen que estamos discutiendo en lo general. Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A usted, Senador Navarrete Ruiz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manlio Fabio Beltrones, del grupo parlamentario del PRI, para fijar posición sobre el dictamen sujeto a discusión.

- El C. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera: Amigas Senadoras y amigos Senadores:

Si hay un grupo parlamentario que sabe y reconoce lo difícil que es votar nuevos ingresos para un gobierno, lo difícil que es pensar en cuestiones fiscales para mantener el gasto de un gobierno, lo que hace imposible que resulta el proponer nuevas medidas fiscales, es el grupo parlamentario al que yo pertenezco, es el PRI. Y sucede porque esa experiencia, buena o mala, según la juzguen, es una experiencia de gobierno.

Bien lo dijo hace un momento el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, nos lo solicitó, pedimos el apoyo para el gobierno del Presidente Felipe Calderón, quien lo mencionó con justicia, tanto el coordinador del grupo parlamentario del PT, del PRD, el Partido de Convergencia, no es un paquete fiscal que aspire o que proponga lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos; porque es una realidad, tenemos una idea distinta de lo que puede ser el país, no obstante estoy seguro que lo que sí pensamos juntos es que lo que no debemos de hacer es destruirlo, destruir el país, y debemos de propiciar de qué manera mediante el diálogo, la negociación, los acuerdos, podemos mejorar muchas de las propuestas que vengan del gobierno por más malas que éstas sean.

Y eso es lo que ha sucedido en Cámara de Diputados, y lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores.

El paquete, o el llamado paquete fiscal que envió el Ejecutivo Federal, fue objeto de una gran discusión en Cámara de Diputados. Esa discusión los sentó a hacer una negociación; esa negociación los llevó a hacer acuerdos para perfeccionarlo.

Lo que aquí tenemos no es lo mismo que llegó del Ejecutivo, y qué bueno que así es. Y de lo que aquí salga, no será lo mismo que mandó la Cámara de Diputados, y qué bueno que así sea.

Por eso, en el espíritu de legislador, existen dos Cámaras, y una de ellas es revisora. Nadie está proponiendo aquí un nuevo paquete.

De ahí que el Senador Francisco Labastida haya mencionado que ojalá este acuerdo, por insatisfactorio que parezca a unos o a otros, porque no es lo que pensamos, nos invite, inmediatamente después de salir de la coyuntura, a sentarnos a producir, ahora sí, un verdadero acuerdo, un acuerdo que nos satisfaga a nosotros, a todos en lo que debe de ser la propuesta de ingresos y de egresos.

¿Qué sucede hoy en día? Todos estamos cumpliendo con nuestra obligación legal, todos absolutamente. Primero se ve Ley de Ingresos, o los ingresos de este país y posteriormente, según lo que resulte de los ingresos, se ve cómo se distribuyen los mismos en un presupuesto.

Pero como no estamos de acuerdo, que ese es el punto, muchos de nosotros, ¿a dónde se destinan esos dineros? Es por eso que cada vez que proponen nuevos ingresos y nuevos impuestos, existen rechazos.

Si hubiese un acuerdo entre todos nosotros, que es lo que necesita este país, ¿a dónde debe de ir el gasto? Estoy seguro que nunca regatearíamos de donde conseguir los ingresos, porque entonces estaríamos satisfechos de que así sea. Eso acontece en otros lugares del mundo.

Pero nosotros, debido a que no pensamos antes eso, todos los años, todos los años, absolutamente, estoy seguro que alguno de ustedes lo espera con ansias, discutimos los ingresos, los nuevos ingresos, el cambio de tarifa. Pero le sucede a cualquier gobierno; le sucede a los gobiernos priístas que se encuentran en el país cuando hacen su propuesta también en sus congresos locales; le sucede a los gobiernos panistas, cuando hacen también su propuesta de ingresos y presupuesto en los congresos locales, y le sucede a los gobiernos perredistas también, cuando hacen sus propuestas de ingresos y de presupuesto. Así ha acontecido en esta ciudad, sobre todo.

Claro, a lo mejor en algunos congresos hay grupos parlamentarios holgados que permiten que esas propuestas de los gobernantes pasen sin tanta discusión, a lo mejor eso no resulta muy bueno, pero así pasa.

El grupo parlamentario del PRI ha estado discutiendo todas las minutas, las ha visto con atención.

Hemos buscado de qué manera satisfacemos a todos estos cibernautas, a quienes hacen uso de este nuevo mecanismo de twitter de comunicación, que protestan porque se suban los impuestos al Internet, y estamos logrando un buen acuerdo. En el paquete que no nos gusta, estamos logrando un buen acuerdo, que no vayan ellos, que se exente de su pago.

Hemos buscado también, porqué no, que hasta el 70%, una franja de hasta el 70% de los que tienen que cumplir con el Impuesto sobre la Renta y que son los que menos ganan, aquellos que tienen sueldos de hasta 10 mil 200 pesos, queden tal cual, no se les aumenten los impuestos.

Hemos casi extirpado todo el terrorismo fiscal que venía en el Código, en el Código Fiscal.

Hemos buscado de qué manera se respeta la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los recursos excedentes del petróleo, si se calcularon en 59, pero nosotros sabemos que van a ser mayores, se distribuyan conforme a los fondos de una ley, que por cierto muchos de nosotros votamos en otra legislatura, pero que en ésta, en este paquete se proponía que 3 de estos fondos desapareciesen, y que esos recursos quedaran a discrecionalidad del gobierno. Podemos modificar el tema de la consolidación, porqué no.

Aquí lo han dicho ya mis compañeros, y yo lo repito, nos preocupa enormemente que podamos ir en contra de lo preceptuado por la Constitución.

Hay distintas corrientes: las que piensan que no es retroactivo lo que está proponiendo el Ejecutivo Federal; y hay otros que pensamos que puede ser una aplicación retroactiva.

Pero estamos seguros y tranquilos de saber que existe otro Poder, no nada más el Ejecutivo y el Legislativo, sino el Poder Judicial que podrá dirimir esto, y lo podrá dirimir para bien, que para eso son los controles entre poderes.

Buscaremos, eso sí, buscaremos que la propuesta original, que ya la cambió la Cámara de Diputados, y que ahora la podemos cambiar aquí, pueda generar todavía, además de esa certidumbre jurídica que estará salvaguardada por la Corte, alguna certidumbre económica también para muchos a los que se les está cambiando las reglas del juego. Así podríamos seguir.

No todo resulta tan malo, aún cuando no estemos de acuerdo con el paquete en general, que para eso pensamos en países distintos, cada quien habrá, en su momento, que proponer qué quiere.

Hoy, el grupo parlamentario del PRI va a cumplir con su deber. No ha sido de otro, más que buscar que la concordia en base al diálogo y la estabilidad, en base a los acuerdos, cumpla su objetivo hoy y siempre.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Beltrones Rivera.

No habiendo otros oradores, procederemos ahora a recoger las reservas.

Antes de solicitarle a la Secretaría que dé cuenta de las reservas sobre los distintos artículos del dictamen y de cada uno de los ordenamientos jurídicos que contiene, le vamos a dar el uso de la palabra al Senador Pedro Joaquín Coldwell, porque presenta algunas reservas sobre los considerandos del dictamen, que son de orden general.

Entonces, Senador Pedro Joaquín Coldwell, tiene usted el uso de la palabra para presentar sus reservas sobre los considerandos del dictamen.

A ver, el Senador Arroyo, por favor. Sonido en el escaño del Senador Francisco Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Yo creo que lo que procede es cantar todas las reservas. Vamos a dar cuenta con todas las reservas y si notamos que no estamos satisfechos porque alguna quede excluida, entonces se lo haremos saber, señor Presidente.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) ¿Por qué no lo vamos viendo por ordenamiento?

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Solicito a la Secretaría dé cuenta de cada una de las reservas presentadas en relación con los artículos del dictamen y con los artículos específicos de cada uno de los ordenamientos a que se refiere el dictamen.

- LaC. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Asamblea los artículos reservados:

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Senador Pedro Joaquín Coldwell, modificar considerandos del dictamen.

Senador Fernando Elizondo, artículos 64, 65, 68, 70-A, 71-A, 72, 75, 78 y fracciones VI a la XI del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame la Secretaría.

Senador Torres Mercado, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Con el objeto, señor Presidente, de reclamarle la prelación con relación a la presentación de las reservas.

Hago una doble aclaración, el PRD, el grupo parlamentario del PRD, desde la discusión, y este fue el acuerdo, al seno de las Comisiones Dictaminadoras de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, por escrito presentó sus reservas. Lo propio hizo al inicio de esta sesión. De suerte que salvo la relativa a la parte considerativa del Senador Pedro Joaquín Coldwell, le pido dé lectura a las del PRD.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Las reservas de las que está dando cuenta la Secretaría son las que aportaron las Comisiones. Y están detalladas por cada uno de los Senadores en relación con cada uno de los artículos primero del dictamen, y en relación con ello con los artículos de los ordenamientos a que se refieren: Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo, Código Fiscal de la Federación. Están incluidos en el momento del artículo del dictamen al que se refiere y del ordenamiento específico al que se refieren.

Conforme la había solicitado el Senador Arroyo Vieyra, si hubiera alguna omisión después de darle lectura a la totalidad que tenemos registrada de reservas, con mucho gusto incorporaremos las que hicieran falta.

O también se aceptan declinaciones.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Continuamos.

Artículo Primero, Ley del Impuesto sobre la Renta.

Senadores Eloy Cantú Segovia y Amira Gómez Tueme, artículo 70-A, primero y cuarto párrafos; artículo 71-A, 113 y 177. Artículo Segundo, Disposiciones….

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame la Secretaría.

Sí, Senador Torres Mercado.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Yo solamente, mi apreciado señor Presidente, de que comprendo el orden de las reservas con relación a los numerales de los dictámenes, le reitero. Reclama el que le está hablando el orden de presentación de las reservas. El PRD tiene el Artículo Primero.

Le ruego que, aún concluyendo, establezca la prelación de los grupos parlamentarios para presentar ante el Pleno las reservas correspondientes y que no nos mande a otro orden.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A ver, Senador Arroyo Vieyra. Sonido en el escaño del Senador Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Muchas gracias. A ver si podemos encontrar una solución, Senador Torres Mercado, que satisfaga a la Asamblea.

Entendemos que la Comisión presenta un listado que efectivamente no viene por numerales, luego entonces, porqué no damos cuenta de todas y le pedimos, por favor, a los auxiliares que nos hagan la presentación luego por numerales, de tal suerte de que, o cada grupo parlamentario las presente en bloque, o bien que puedan hacerlo por número ascendente.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Fue más o menos lo mismo, señor Senador.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Vamos a concluir la lectura de las reservas y reitero, recogemos las que eventualmente pudieran estar omitidas.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Continuamos. Disposiciones de Vigencia Temporal; Disposiciones Transitorias, fracción VI, primer párrafo; fracción VIII, inciso b) numeral 1; fracción VIII, inciso b) numeral uno.

Senadora Rosalinda López Hernández, artículo 113, 177 y 109.

Senadores Rosalinda López Hernández, Minerva Hernández Ramos, María Rojo e Incháustegui y Tomás Torres Mercado, Artículos Transitorios de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Senador Rogelio Rueda Sánchez, Artículos Transitorios.- Disposiciones Transitorias, Artículo Cuarto, fracción VIII, numeral 4.

Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, artículo 167, fracción XVIII, artículo 176, fracción V.

Senador Eloy Cantú Segovia, artículos 113 y 177, así como el 219 y el Cuarto Transitorio.

Senador Felipe González González, artículo 109, fracción XV.

Senador Francisco Agundis Arias, artículo 70-A.

Senador Ricardo Monreal Avila, artículos 11, 31, 64, 65, 72, 75, 78, 86, 109 y 176.

Senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Minerva Hernández Ramos, artículos 113 y 177.

Senador Tomás Torres Mercado, artículo 109, fracción XV, inciso a).

Ahora es Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Artículo Quinto.

Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, artículo 2, fracción III y artículo 3.

Continuamos. Senador Tomás Torres Mercado, Senadora Rosalinda López Hernández y Senadora Minerva Hernández Ramos, artículos 2, 3 y 4.

Continuamos con la misma ley.

Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, artículos 2 y 3.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Artículo Quinto de la Ley de Impuestos a los Depósitos en Efectivo.

El Senador Ricardo Monreal Avila, artículos 2, 3 y 4.

De la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Artículo Séptimo.- Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Senador Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Minerva Hernández Ramos, artículos 1, 1-C, 2, 2-A, 5, 15 y 32.

Senador Lázaro Mazón Alonso, artículos 1, segundo párrafo; 1-C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI primer párrafo; 2, tercer párrafo; 2-A, fracción I, último párrafo; 5, último párrafo y Noveno Transitorio.

Independientemente de los Senadores Tomás Torres y Minerva Hernández Ramos, solicitaron el uso de la palabra en contra, Artículo Séptimo, Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Senador José Luis Lobato Campos, artículo 1.

Artículo Séptimo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Senador Ricardo Monreal Avila, artículo 1, 1-C, 2, 2-A, 5.

Del Código Fiscal de la Federación, Artículo Noveno.

Senador Eloy Cantú Segovia, artículo 155.

Artículo Noveno, Código Fiscal de la Federación.

Senadora Rosalinda López Hernández, artículos 32-B, 40, 145-A, 155, 156 Bis.

Artículo Noveno del Código Fiscal de la Federación.

Senador Ricardo Monreal Ávila, con los artículos 32-A, 69.

Artículo Noveno.

Senador Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Minerva Hernández Ramos, artículos 32-B; 40, 145-A, 155 y 156.

Es cuanto, señor Presidente.

A ver, Senador Dante Delgado. El Senador Dante Delgado, perdón, falta uno. El Senador Dante Delgado, artículo 244-E y transitorios de la Ley de Derechos; el 3% de Internet y celulares; y el régimen en conciliación fiscal sin retroactividad. Estos son los tres de Dante Delgado; y el número uno de la Ley del IVA.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Con excepción del de la Ley de Derechos que está en otro dictamen, recogemos las reservas que se refieren a este primer dictamen sobre Renta, Valor Agregado, Depósitos en Efectivo y Código Fiscal de la Federación.

Con el Apoyo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, consulto a la Asamblea si hay alguna reserva que no haya sido mencionada al dar cuenta la Secretaría.

El Senador Arroyo Vieyra.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) A ver, de parte del PRI, declinar la reserva que presentó en nuestro nombre el Senador Pedro Joaquín Coldwell y rogarle que en consideración a los criterios que la Suprema Corte de Justicia ha establecido al respecto, podamos abordar el tema del artículo 226 del Impuesto Sobre la Renta, aún cuando no viene considerado en la minuta.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: La primera petición del retiro por parte del grupo parlamentario del PRI de la reserva sobre las consideraciones, que tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios si se retira de las reservas.

El segundo punto, bueno, tenemos la restricción constitucional de que sólo podemos revisar lo que nos ha mandado la Cámara de origen, entiendo que en la materia impositiva.

Entiendo que el tema que menciona el Senador Arroyo Vieyra, ¿no viene en la minuta original de la Cámara de Diputados? Pregunto.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Entiende bien y no se trata de imponer un nuevo tributo, sino de aclarar los términos del artículo 226. Y esto lo hacemos en solidaridad con varios de nuestros compañeros, pero fundamentalmente con la Senadora María Rojo.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Correcto, es el tema de la cinematografía. Sí, Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) No se trata de una reserva, se trata de un añadido al dictamen, no debe considerarse como reserva porque se reserva lo que viene en el dictamen. Un añadido es una proposición que se hace si se aprueba, se añade al proyecto que viene, no debe darse el mismo trato.

Segundo lugar, no es un impuesto, el asunto está fiscalmente resuelto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora María Rojo.

- La C. Senadora María Rojo e Incháustegui: (Desde su escaño) Bueno, es que nada más se trata de establecer que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable. Es casi, diría yo, una redacción equivocada la que ha tenido estos dos años. Se trata de exclusivamente de la redacción del artículo, no se trata de otra cosa.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Ricardo García Cervantes.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: (Desde su escaño) Señor Presidente, empezando por decir que estoy absolutamente de acuerdo y me comprometo a apoyar que en el momento pertinente este Senado haga la expresión que corresponda a su interpretación y sentido de una disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular al artículo 226. Pero en este momento estamos haciendo las reservas de los artículos que quedarán excluidos de una votación en lo general.

Al terminar de procesar la votación en lo particular de los artículos reservados, puede hacerse la solicitud para hacer las referencias interpretativas y consideraciones a algún artículo del ordenamiento que se esté tratando. Pero eso es al final de la votación en lo particular de los artículos reservados.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Arroyo Vieyra.

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente, para los efectos también dichos por García Cervantes y Pablo Gómez, anote la intención de nuestro grupo parlamentario de añadir.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Tomás Torres Mercado.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Registre una serie de intenciones de su servidor sobre todos los temas.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Quedan registradas.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) A ver, no he concluido, espérame. Le ruego por favor respete el derecho fundamental de la voz. Lo que quiero decirle es que la intención no es registrable, lo que le quiero mencionar es que el añadido está presentado por la Senadora Minerva Hernández, Rosalinda López y Tomás Torres, el texto del añadido está relacionado ya.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Correcto. Conforme a la propuesta que se ha hecho por parte del Senador García Cervantes, al concluir la aprobación en lo particular de los artículos que están sujetos a reserva, se hará la referencia a este artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Siendo así, una vez definidos los artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

No

ARCE RENE

PRD

No

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

No

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

No

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DELGADO DANTE

CONV

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

CONV

No

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

No

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

No

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JARA CRUZ SALOMON

PRD

No

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

No

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

No

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

No

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

No

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

No

ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA

PRD

No

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

No

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

No

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

No

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

GONZALEZ AGUILAR LAZARA NELLY

PAN

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

No

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

No”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se encuentran emitidos 75 votos a favor, 41 en contra y ninguna abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y con los artículos no reservados el proyecto de Decreto.

Procedemos ahora a abordar los artículos reservados. Estamos en el Artículo Primero del dictamen, relativo a la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Senador Arroyo Vieyra, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Para hacer la amable sugerencia a los grupos parlamentarios, de tal suerte de que si lo consideran pertinente poder presentar las reservas o los añadidos en bloque.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Correcto. En este caso concedemos el uso de la palabra al Senador Tomás Torres Mercado a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar su reserva sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Si para algún grupo parlamentario no le es posible presentar todas las reservas en una sola intervención nos lo dice para que lo programemos con el número de oradores que se requieran.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Está bien, señor Presidente, y para influir en la economía de la sesión, señor Presidente, anticiparle a usted mi solicitud con la finalidad de que el texto de los añadidos o de las reservas sean, señor Presidente, presentados a la Asamblea en términos de lo que los documentos que hemos hecho llegar contienen.

Pero antes solamente…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Permítame, Senador Torres, nada más para instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que tengamos los documentos que se presentaron por escrito ante las comisiones relativas.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Bueno. Parece que ya ha sido dicho todo. Ha habido una enorme vehemencia en la parte que introduce en las posiciones de los grupos parlamentarios con relación al contenido del paquete económico.

Viene ahora la fase en donde cada legislador, cada legisladora y cada grupo parlamentario dará muestras de su congruencia y de su consecuencia con lo que aquí se ha señalado. Traemos a la consideración de esta Asamblea, solicitándoles su voto favorable al modificar disposiciones relativas en principio al Impuesto sobre la Renta relacionado con personas físicas.

No hemos coincidido en el fondo de que sean los que pagan Impuestos sobre la Renta a los que les estemos cargando más Impuestos sobre la Renta, que paguen más los que están pagando y están cumpliendo, y que no se diga nada de los que no están pagando nada.

Le pido, señor Presidente, en auxilio de la Secretaría se presente la tabla para modificar los rangos de los salarios que en algo pueden ayudar, que en algo pueden modificar, que en algo pueden remediar la tasa para los asalariados que significa más del 50% del padrón de los contribuyentes en este país. Quienes tienen un salario superior a los 10 mil pesos no son ricos, ni tampoco están en capacidad de soportar un gasto decoroso para su familia.

Las políticas públicas tendrían que ser, y este Congreso forma parte, de procurar sacar de la pobreza a más del 50% de la población nacional, sacar de la miseria extrema a más del 20% de la población. ¿Qué políticas públicas? ¿Qué adjetivo podemos darle a políticas públicas que no procuren mantener a quienes tengan calidad de vida o estén en proceso de tener un mejor bienestar, de gravarles su percepción? Esa es una de las reservas.

La otra, compañeras y compañeros, tiene que ver con una exención para quienes realizan operaciones traslativas de dominio, es decir, operaciones de compraventa de casas habitación. Creo que podemos coincidir, me parece que Acción Nacional, el Senador Felipe González, ha presentado una reserva también vinculada con este tema que tiene que ver con que la exención de Impuestos sobre la Renta opere con motivo de la compraventa de casas habitación y no se cobre al vendedor el Impuesto sobre la Renta.

Más todavía, fíjense compañeros Senadores y Senadoras, hay migrantes mexicanos, migrantes mexicanos que tienen la calidad de ilegales en los Estados Unidos y para realizar operaciones de compraventa acuden ante un notario público y otorgan poder especial para ese tipo de operación, y se convierte el poder otorgado ante un Cónsul en el extranjero en el documento que acredita fehacientemente que no habita, valga repetirlo, no habita la casa, materia de la operación, y por ese solo hecho se le carga el Impuesto sobre la Renta a nuestros hermanos migrantes, primero con el castigo de estar allá sin poder regresar siendo ilegales y, segundo, con la carga del impuesto porque no se acredita que tengan su domicilio en el territorio nacional.

Le ruego, señor Presidente, dé trámite a las reservas que relacionamos, y por su consideración muchas gracias.

(Propuestas de modificación)

Artículo 109. …

XV. …

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientos mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo.

La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación.

El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación, en los términos del Reglamento de esta Ley”.

“Artículo 113. …

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

4,932.00

0.00

1.92

4,932.01

5,991.67

94.69

6.40

5,991.68

7,317.00

162.51

10.88

7,317.01

9,002.67

306.71

16.00

9,002.68

11,242.67

576.41

17.92

11,242.68

20,770.29

977.82

19.94

20,770.30

32,736.83

2,877.62

21.95

32,736.84

55,000.00

5,504.28

28.00

55,000.01

70,000.00

11,737.96

29.00

70,000.01

En adelante

16,087.96

30.00

Artículo 177. ...

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

59,184.00

0.00

1.92

59,184.01

71,900.04

1,136.33

6.40

71,900.05

87,804.00

1,950.15

10.88

87,804.01

108,032.04

3,680.49

16.00

108,032.05

134,912.04

6,916.95

17.92

134,912.05

249,243.48

11,733.83

19.94

249,243.49

392,841.96

34,531.49

21.95

392,841.97

660,000.00

66,051.33

28.00

660,000.01

840,000.00

140,855.55

29.00

840,000.01

En adelante

193,055.52

30.00”

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Torres Mercado.

¿Por el grupo parlamentario del PRD, alguien más quisiera adicionar sobre las reservas, que ya las tenemos aquí acumuladas por los distintos artículos presentados por el PRD? De no ser el caso, entonces le solicitaríamos presente las reservas por el PVEM, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Senador Francisco Agundis. La retira el PVEM.

Solicitaría, entonces, al coordinador del grupo parlamentario del PT, al Senador Ricardo Monreal Avila, si usa la tribuna para dar cuenta de las reservas presentadas por su grupo parlamentario.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En efecto, el grupo parlamentario que me honro en representar aquí en el Senado, el PT, ha reservado para proponer modificaciones a los artículos 11, 31, 64, 65, 72, 75, 78, 86, 109 y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Y es que nosotros consideramos que el dictamen de la minuta presentada a este Pleno por conducto de su comisión legislativa, como lo hemos expresado, deja intactos los privilegios fiscales y los regímenes preferenciales. Y aquí estos artículos contienen concretamente el régimen de consolidación fiscal al que nos hemos referido, pero además también contiene la depreciación de activos fijos, y del costo de adquisición de los terrenos por lo que el pago del Impuesto sobre la Renta no necesariamente se incrementará por efecto de una mayor tasa impositiva.

El documento establece en todos los artículos que he referido un régimen de privilegios y lo más grave, señoras y señores Senadores, es que este régimen de privilegios existe en nuestro país desde 1973, con Luis Echeverría se estableció este régimen de consolidación fiscal.

En los gobiernos que emanaron del PRI se mantuvo intacto, tiene 36 años sin modificación, y obviamente es una inequidad enorme; quizá en nuestro país no les interese mucho a algunos medios de comunicación porque estas 422 empresas son sus principales clientes, pagan publicidad en televisión comercial, y me parece que por eso el debate no ha sido socialmente amplio, porque en efecto, lo que estamos planteando nosotros después de 36 años de privilegios fiscales es la derogación del régimen de consolidación fiscal.

¿Qué provocaría esto?, si se aceptaran las modificaciones que les proponemos en estos artículos, estas 422 empresas iniciarían en el año 2010 a pagar el 100% de sus impuestos que a decir del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería un monto aproximado de 850 mil millones de pesos, con los que se cubriría el hoyo fiscal de 400 mil millones, y quedaría suficiente recurso para invertirlo en infraestructura y en incentivos a la pequeña y la mediana empresa.

Son, repito, 422 grupos, y lo que estoy planteando concretamente es la derogación, la derogación de este régimen de consolidación fiscal que desde 1973 está en la legislación, es la primera vez, en 36 años, es la primera ocasión que se discute públicamente el régimen de privilegios, y por eso, con mucha razón, yo decía en la anterior intervención, con mucha razón algunos empresarios han dicho, como réplica al señor Calderón, nosotros estamos pagando impuestos conforme a la ley, y en efecto, tienen razón, porque la ley protege este sistema de consolidación sólo que, precisamente por esta ley, que estoy pidiendo se derogue, es por lo que pagan 1.73 ó 1.78, es decir, desde hace 36 años el Congreso Mexicano les autorizó a las empresas que se consolidaran, no es culpa de ellos, es culpa del legislativo que los sitúa en un régimen de privilegios, por eso ellos con mucha razón dicen, a mí no me culpes, esa es la ley que crearon los legisladores y que están manteniendo año con año, y mi propuesta concreta es: derogar todo el régimen de consolidación fiscal con una redacción distinta.

Esto venía en dos iniciativas de ley que presentamos el Movimiento Ciudadano de Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presentó por conducto de un grupo de Senadores dos iniciativas, una de ellas es concretamente ésta, que se llama “Ley para la Abolición de Privilegios Fiscales”, y por eso sí tenemos propuesta, no somos rebeldes sin causa, tenemos una propuesta concreta para que el país pueda aspirar a un desarrollo económico distinto, y por esa razón, señor Presidente, estos artículos que estamos planteando se deroguen algunos y se modifiquen otros, está en el documento contenido en todas las reservas que el PT ha presentado y que en su momento se van a leer, y se van a votar en este Pleno, ojalá y seamos consecuentes, lejos de estar pensando en quitarle la retroactividad o de disminuirle su obligación de 40-25, deroguémoslo, ¿por qué le exigimos al médico, al dueño de la tortillería, al dueño de la tienda, de la miscelánea, al cirujano dentista, a la enfermera?, ¿por qué a ellos sí les exigimos que paguen del 28 al 30%?, y ¿por qué mantenemos los privilegios de estos grandes empresarios, 422 para que sigan pagando 1.78 de lo que perciben?

Tengo la lista de los 422, y sé lo que paga cada uno de ellos, y me parece muy lógico que los Senadores pudiésemos lograr que el régimen de consolidación fiscal fuera eliminado, si se hiciera esto, terminaríamos el problema de la búsqueda de recursos para tapar el hoyo fiscal, por esa razón hace una confesión el señor Calderón, el día de ayer, que es la primera vez que yo coincido con él, donde dice: curiosamente quienes me presionan para gravar el consumo son estos 422 grandes empresarios; este grupo es el que lo presiona al señor Calderón a que grave el IVA y aumente el impuesto al consumo. Fue una decisión, que me parece, sería congruente para el PAN, fundamentalmente para apoyar esta propuesta, porque yo sostengo que ya cambiaron de aliados, señores del PAN, a ustedes los ayudaron en el 2006, estos señores Coppel, Bimbo, Roberto Hernández, a robarse la Presidencia, ahora se están robando las ideas de Andrés Manuel, pero bueno, no hay problema, pero sería muy consecuente que ustedes respaldaran la derogación completa del régimen de consolidación fiscal, porque yo creo, sinceramente que la exposición de motivos en el documento que contiene el paquete fiscal, Hacienda ventaneó a estos 422, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta; Andrés Manuel ha venido sosteniendo desde hace cinco años este régimen de privilegios y hubo analistas, columnistas, empresarios, políticos que lo calificaron de estar mal de la cabeza, de estar eso, y ahora dicen sí tenía razón Andrés Manuel López Obrador, estos no pagan y van dos días consecutivos que el señor Calderón dice: estos señores deben de pagar.

Por eso yo digo que ya no los van a apoyar a ustedes los del PAN, ellos ya renovaron su alianza con los del PRI, y por esa razón, pues simplemente que paguen sus impuestos. Yo no pido otra cosa, porque ellos dicen: oye, bájame de 28 mil que estaba calculando a 18 mil al 40 y ahora nada más cobran 8 mil y te los doy por la vía tras bambalinas para las campañas.

Yo digo que no es conveniente, porque ellos creen que basta con un desayuno ahí en su casa y resuelven todo. No, hay que pedirle que paguen los impuestos, moralmente están obligados, en todo el mundo pagan impuestos igual que todos los ciudadanos de este país, este es el único país con privilegios para los grandes.

Sería un escándalo si se supiera, en la Comunidad Económica Europea, en Alemania, en Francia, en España o en América Latina, si se supiera lo que está pasando en México, 36 años de un régimen de privilegios para 400 potentados, que por supuesto, son los más ricos del mundo, ahorita uno de ellos es el tercero en el mundo, este año será el primero, y a lo mejor ganamos en el rating los primeros tres lugares, pues cómo no vamos a ganarlos si no pagan impuestos, ni tampoco pagan buenos salarios, vean Wal Mart, tampoco pagan buenos salarios y sus trabajadores no están a la altura de otros lugares donde están instalados. Por esa razón yo les digo, ustedes creen justo que 72 mil empresas instaladas en el país sí cumplan puntualmente con el Seguro Social, con el INFONAVIT, con el fisco y 400 no lo hagan, ¿les parece eso justo? Que 72 mil empresas instaladas a lo largo del territorio, todas cumplan con sus obligaciones, de estos 400, sigamos manteniéndolos en los privilegios fiscales.

Por eso solicito, señor Presidente, en su momento, someter a su consideración y a la votación estos artículos que establecen concretamente la derogación completa del régimen de consolidación fiscal de los grupos empresariales.

(Propuesta de modificación)

“Artículo 11.

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en este párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, deberán considerar la tasa del 35 por ciento con la reducción del 32.14 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley.

Los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de de utilidad fiscal neta que establece esta Ley, pagarán el 7 por ciento, el cual tendrá el carácter de definitivo.

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, no podrán acreditar dicho impuesto.

I. (Se deroga)

II. (Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 31.

Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, en cuyo caso serán deducibles en un 30 por ciento y que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a f) …

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, serán deducibles en un 30 por ciento siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley, se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

II. a XXII. …

Artículo 64. Se deroga.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 72. Se deroga.

Artículo 75. Se deroga.

Artículo 78. Se deroga.

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

I. al XX. …

XXI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales, la información correspondiente de los importes en dinero obtenidos y pagados a terceros, por concepto de redondeos en ventas al público en general.

XXII. Expedir, entregar y conservar copia de la documentación comprobatoria por la obtención de los importes en dinero cobrados y pagados a terceros por concepto de redondeos en ventas al público en general.

XXIII. Registrar en contabilidad las retenciones de efectivo por cuenta de terceros derivadas de los cobros en dinero por redondeos en ventas al público en general, como una cuenta por pagar.

Artículo 109. […]

XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, sólo cuando se trate de ofertas públicas de compra de acciones y se cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Los ingresos sean efectivamente obtenidos por quien al momento de la inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores era accionista de la emisora de que se trate.

b) Se encuentra colocada entre el gran público inversionista a través de dichas bolsas, cuando menos el 35% del total de las acciones pagadas de la emisora.

c) Hayan transcurrido cinco años ininterrumpidos desde la primera colocación de las acciones en las bolsas de valores señaladas. Este plazo es aplicable a cada acción en lo particular y se computa a partir de la fecha de la respectiva colocación y hasta el día en que se efectúa la oferta pública de compra que corresponda.

d) Las acciones sean catalogadas de amplia bursatilidad para efectos de la Ley del Mercado de Valores, de las disposiciones reglamentarias y demás normatividad aplicable en la materia, al momento de efectuarse la oferta pública de compra. Cuando por cualquier circunstancia las acciones no pueden catalogarse de amplia bursatilidad, los contribuyentes no tendrán derecho a esta exención.

e) La oferta comprende todas las series accionarias del capital y se realiza al mismo precio para todos los accionistas.

f) Los accionistas tengan la posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin penalidad, de las que hubiesen recibido antes y durante el periodo de oferta.

En ningún caso los accionistas podrán beneficiarse con esta exención, respecto de acciones que no hubiesen estado colocadas entre el gran público inversionista a través de las bolsas de valores señaladas durante el plazo indicado en el inciso c) anterior, o cuando no sean catalogadas de amplia bursatilidad para efectos de la Ley del Mercado de Valores, de las disposiciones reglamentarias y demás normatividad aplicable en la materia, al momento de efectuarse la oferta pública de compra.

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más competitivas de las que se reciben con anterioridad o durante dicho periodo, y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

Artículo 176.

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a II. …

III. Un 30 por ciento de los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a f)

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles en un 30 por ciento siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en las términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

…”

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ricardo Monreal.

Ahora por el grupo parlamentario del PRI, para presentar las reservas sobre los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene la palabra la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme.

- La C. Senadora Amira Griselda Gómez Tueme: Gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI siempre hemos sido responsables ante los eventos de emergencia por los que ha atravesado nuestro país, pero también estamos convencidos de que una emergencia económica como esta, la distribución de la carga fiscal no debe alterarse en contra de quienes han sido los más golpeados por la crisis, y me refiero, por supuesto, a los trabajadores de menos ingresos.

En los artículos 113 y 177 del dictamen de Ley del ISR que hoy se presenta ante este Pleno, se ha modificado tanto la base de los ingresos como la tasa que se aplica para el cobro de este impuesto.

Enfocándose principalmente a quienes obtienen ingresos de entre 6 mil 663 pesos y 10 mil 298 pesos, lo que altera, por supuesto, ya lo han dicho aquí mis compañeros de bancada, el principio de progresividad, porque la mayoría de los trabajadores se ubican en ese rango. Por eso nos pronunciamos en contra de este incremento de las tasas del ISR a los trabajadores que ganen menos de seis salarios mínimos.

Proponemos no incrementar las tasas aplicables con ingresos de hasta seis salarios mínimos vigentes. Es decir, hasta para quienes obtienen ingresos por salarios de 10 mil 298.35 pesos mensuales. Esto representa, señores Senadores y señoras Senadoras, el 69% de los asalariados de nuestro país.

Con esta adecuación, el 97% de la recaudación lo aportaría el 18% de los trabajadores con ingresos de 10 salarios mínimos vigentes.

Esta propuesta sería de carácter temporal para el ejercicio 2013, el incremento que registra en las últimas tres tasas marginales se reducirían en 3.33% respecto a las aplicables en 2012.

Por lo anteriormente expuesto nos hemos reservado los artículos, como bien se ha dicho aquí, 113 y 177, así como el Artículo Segundo en su fracción I, inciso e) y f) y fracción II, inciso e) y f) del proyecto de Decreto correspondiente a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para lo cual dejo el presente documento ante esta Mesa Directiva.

Y les solicito a los Senadores y a las Senadoras nos apoyen con su voto en esta reserva.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

(Propuesta de modificación)

“DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicarán las disposiciones siguientes:

I. Para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, se estará a los siguientes:

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposicionescontenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

7,399.42

247.23

10.88

7,399.43

8,601.50

594.24

16.00

8,601.51

10,298.35

786.55

17.92

10,298.36

20,770.29

1,090.62

21.36

20,770.30

32,736.83

3,327.42

23.52

32,736.84

En adelante

6,141.95

30.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

88,793.04

2,966.76

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.88

16.00

103,218.01

123,580.20

9,438.60

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.04

21.36

249,243.49

392,841.96

39,929.04

23.52

392,841.97

En adelante

73,703.40

30.00

II. Para el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente.

e) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

496.07

0.00

1.92

496.08

4,210.41

9.52

6.40

4,210.42

7,399.42

247.23

10.88

7,399.43

8,601.50

594.24

16.00

8,601.51

10,298.35

786.55

17.92

10,298.36

20,770.29

1,090.62

20.65

20,770.30

32,736.83

3,253.07

22.73

32,736.84

En adelante

5,973.06

29.00

f) Para los efectos del artículo 177 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Tarifa

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0.00

1.92

5,952.85

50,524.92

114.24

6.40

50,524.93

88,793.04

2,966.76

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.88

16.00

103,218.01

123,580.20

9,438.60

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.44

20.65

249,243.49

392,841.96

39,036.84

22.73

392,841.97

En adelante

71,676.72

29.00

…”

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez Tueme.

Ahora, por el mismo grupo parlamentario del PRI, la Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, presenta la reserva sobre los artículos 167, fracción XVIII y 176, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

- La C. Senadora María de los Angeles Moreno Uriegas: Gracias, señor Presidente, con su permiso y el de mis compañeros.

Vengo a hacer unas reservas sobre el artículo 167, fracción XVIII y del artículo 176, fracción V, así como el Artículo Cuarto Transitorio, fracción XVI que se vincula con estos dos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Estaríamos discutiendo dos modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta en este paquete del año 2010 que no venían incluidas en la propuesta original del Ejecutivo Federal, que fue enviado a la Cámara, y por lo tanto no fueron discutidas abiertamente.

Las modificaciones adicionadas desestimulan el ahorro voluntario para las pensiones y eliminan el beneficio fiscal que tenían. Esta condición contrasta abismalmente con lo que ocurre en países más avanzados, en los cuales el ahorro voluntario ha demostrado ser un elemento de suma importancia en relación con las condiciones favorables para el retiro de los trabajadores.

El ahorro voluntario representa para los trabajadores un mecanismo ideal que les permite ampliar el fondo de sus pensiones y, por lo tanto, la posibilidad de tener a futuro una mejor condición al momento de su retiro.

Cabe señalar que a septiembre de 2009, el saldo acumulado en la subcuenta de ahorro voluntario ascendía a 2 mil 448 millones de pesos, y el saldo máximo histórico del ahorro voluntario ascendió a 2 mil 878 millones de pesos en el 2008. Este dato demuestra que el efecto que ha tenido la crisis sobre el ahorro voluntario, es una disminución de casi 500 millones de pesos.

Pero además, ahora se pretendería matar las aportaciones voluntarias por completo, cuando lo que resulta necesario es impulsar la cultura provisional entre los afiliados a las AFORES a fin de que incrementen su ahorro pensionario.

Las modificaciones realizadas van en un sentido contrario a la decisión de estimular el ahorro.

Por un lado, el texto del artículo 176, fracción V de la minuta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, enviada por la Colegisladora, elimina el beneficio fiscal del ahorro voluntario.

De ser aprobado en sus términos, la ley afectaría gravemente el crecimiento de este ahorro voluntario, restringiendo al afiliado al Sistema de Ahorro para el Retiro a efectuar aportaciones solamente a través de la figura del ahorro complementario. Esta medida desestimularía al trabajador para realizar tal ahorro para el retiro, lo cual, sin duda, tendrá un impacto negativo en el monto de la pensión al momento efectivo del retiro, además de limitarlo para poder hacer uso de estos recursos en caso de tener una emergencia.

Adicionalmente, esta modificación propuesta pretende eliminar el beneficio fiscal de la deducibilidad para la figura de planes personales de retiro, los cuales son administrados por intermediarios financieros diferentes a las AFORES.

En este sentido, es importante señalar que los PPR´s, contemplan la flexibilidad de realizar retiros antes de cumplir los 65 años de edad, lo que implica que estos efectúan la retención de impuestos en términos del artículo 167, fracción XVIII.

Adicionalmente, la reforma planteada al artículo 167, resulta aún más grave, pues se pretende hacer una modificación en la fracción XVIII de este artículo, que además de eliminar los ahorros voluntarios, pretende eliminar dos supuestos que prevé la ley vigente para no considerar ingresos a los ahorros voluntarios de los trabajadores cuando los mismos se encuentran en estado de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo remunerado.

Es decir, se pretende gravar a las personas que se encuentran en estos supuestos, que deben ser un compromiso de todos por aportar a su solución o atenuamiento.

¿Cuál es la problemática fiscal que se quiere atender con esta reforma? Si el promedio de ahorro de las 130 mil cuentas que hoy en día existen y que suman la cantidad antes mencionada de 2 mil 448 millones de pesos, es de 18 mil pesos, 18 mil pesos por trabajador, lo cual significa que difícilmente puede haber ahí alguna triquiñuela fiscal.

¿Cuál sería, entonces, la intención de la reforma? Pues eliminar el supuesto abuso de personas que utilizan este estímulo para hacer aportaciones voluntarias a sus cuentas de retiro y ganar con el interés más el estímulo, que significa un “No pago”.

Yo me pregunto, ¿qué abuso genera un trabajador que tiene un ahorro adicional a su cuenta de retiro por 18 mil pesos en promedio?

Pero además debe señalarse que de acuerdo con la ley vigente, la aportación voluntaria se encuentra topada, es decir, tiene un tope de máximo el 10% del ingreso mensual del trabajador.

Me parece que la reforma no se sostiene. Y les invito, compañeras y compañeros Senadores, a que rechacemos la reforma contenida en la minuta y volvamos al texto vigente.

En el contexto de rescisión económica que estamos viviendo, proteger el ahorro vinculado con las pensiones parece un asunto de primordial importancia.

Por tanto, reservamos los artículos 167, fracción XVIII y 176, fracción V, así como el Artículo Cuarto Transitorio, fracción XVI, todos del dictamen de la minuta que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 167, fracción XVIII.- Se desecha la modificación envida en la minuta de la Cámara de Diputados para que permanezca la redacción de la ley vigente, y en el formato anexo tal redacción.

Artículo 176, fracción V.- Igualmente se desecha la modificación que llegó en la minuta, y permanece la redacción de la ley vigente.

El Artículo Cuarto Transitorio se elimina, en consecuencia, pues no existiendo estas dos fracciones de los artículos mencionados, no tendría sentido ese Cuarto Transitorio.

Dejo, señor Presidente, la propuesta correspondiente en los dos artículos de referencia.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Muchas gracias, Senadora María de los Angeles Moreno.

Se concede el uso de la palabra, para presentar la reserva y, en su caso, proposición en relación al artículo 219 y el Artículo Cuarto Transitorio, al Senador Eloy Cantú Segovia, del PRI.

- El C. Senador Eloy Cantú Segovia: Gracias, señor Presidente.

El primer tema, el artículo 219, es una reserva que formulamos y firmamos de manera compartida, además de un servidor, el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, la Senadora Minerva Hernández Ramos y la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

¿Qué dice el artículo 219? El artículo 219 es el artículo según el cual se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio, ¿en qué? En investigación o desarrollo de tecnología contra el Impuesto sobre la Renta causado en el ejercicio que termine dicho crédito”.

¿Qué estamos planteado? El Ejecutivo Federal en su iniciativa dice “El Ejecutivo Federal a mi cargo propone a ese Congreso de la Unión la derogación del artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, lo que se está proponiendo es que una fuente de recursos, de crédito fiscal para que las empresas mexicanas puedan ser más competitivas, a efecto de que defiendan el mercado nacional y puedan conquistar mercados de otros países, se quite.

Exactamente en contra de los que están haciendo los países exitosos, que están invirtiendo en innovación tecnológica, ¿para qué? Para conquistar nuestro mercado y otros mercados.

Así, en ese contexto la petición que formulo a ustedes es que no votemos la derogación de este artículo, que lo mantengamos. Quiero decirles que desde el 2001 que se creó este artículo las empresas que han participado han entrado en un círculo virtuoso, en un círculo virtuoso que consiste, ¿en qué? Consiste en que a mayores utilidades pagan más impuestos; y pagando más impuestos las finanzas públicas se benefician, en lugar del círculo vicioso de ir cada vez haciéndose más chicos.

Ahora, la pregunta es, esto se vincula con la Ley de Ingresos, artículo 16 que propondremos en su momento, ¿le va a costar esto el año que entra al país? No, sería hasta el 2011 que se van a aplicar los créditos fiscales de las empresas que en el 2010 hayan logrado proyectos que se premien por el Comité que decide. ¿Quién decide en este Comité? Decide la Secretaría de Hacienda que es quien preside el Comité y al mismo tiempo está la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso en el primer punto, artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Segundo punto, Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí este es un tema verdaderamente de gran importancia para el país.

No hay un solo país que haya retirado el régimen de consolidación fiscal. Los que lo tienen lo mantienen, pero ninguno, inclusive, menos aún, han puesto una norma para aplicar retroactivamente los beneficios de la consolidación. Si lo primero no ha sucedido lo segundo es inconcebible.

Si me permiten, brevemente, en cinco puntos desarrollo el tema: Primero, voy a dar una definición de qué significa la no retroactividad.Segundo, ¿cuál es la situación actual?, ¿cuál es la situación vigente? Tercero, ¿qué dice la iniciativa del Ejecutivo? Cuarto, ¿qué efectos tendría? Y quinto, una propuesta.

Primero. En términos de qué es la no retroactividad es una palabra medio larga, pero dice “la irretroactividad de la ley es el principio de derecho, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de que estas normas jurídicas entraran en vigor”.

Seria absurdo que situaciones jurídicas válidamente creadas, que se hicieron correctamente conforme a la ley, pudiesen ser anuladas por normas posteriores.

¿De dónde nace este principio de irretroactividad? Nace en un artículo constitucional, el artículo 14 constitucional, que a la letra dice, literalmente, “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Ahora bien, ¿cuál es la situación actual en materia de consolidación? La situación actual es que hay 10 años para que las empresas que se acogieron a este régimen de consolidación puedan diferir el pago de sus impuestos. Es decir, las del 2004 las pagarían en el 2014. ¿Qué sucede si ahora votamos una ley que dijera que el año que entra, en el 2010, empiezan a pagar los impuestos diferidos las empresas del 2004? Pues evidentemente estaríamos en contra justamente de una norma que está afectando situaciones pasadas.

¿Qué dice la iniciativa del Ejecutivo? Dice: “Durante el ejercicio fiscal de 2010 la sociedad controladora deberá enterar el Impuesto sobre la Renta diferido correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores a 2005”. Es decir, a partir de 2004.

Entonces es flagrante el carácter retroactivo de esta disposición.

Más adelante dice: “las sociedades controladoras que hubieran optado por aplicar la fracción VIII de este artículo deberán efectuar el entero del Impuesto Sobre la Renta”.

¿Y qué dice la fracción VIII? Dice: “Para el pago del impuesto diferido, la sociedad controladora para el ejercicio del 2004”, justamente.

Entonces, ya vimos qué es irretroactividad, ya vimos de donde nace, de la Constitución, y ya les he demostrado que en la iniciativa del Ejecutivo sí se está aplicando retroactivamente.

¿Qué efectos tendría esto? El más obvio y primero de todos es que estamos violando la Constitución en el artículo 14.

Un segundo efecto es la incertidumbre jurídica que esto genera. Vivimos en un país donde está muy cuestionado el estado de derecho y la seguridad. Es mi opinión que no debemos de darle más elementos a la inseguridad y que ahora también haya inseguridad jurídica.

Estamos en presencia de que muchas empresas mexicanas que están en la bolsa, con este tipo de medidas se pueden colapsar el valor de sus acciones. Y con el colapso del valor de sus acciones, ¿qué sucede? Miles, decenas de miles de mexicanos pierden también sus ahorros. ¿Qué significa? Que podría suceder que empresas mexicanas con esto no sean viables y se tengan que vender y se malvendan. Y lo más probable o posible es que lo compren empresas extranjeras y que continuemos en nuestro país ya con una extranjerización creciente de la planta productiva.

En fin, yo creo que esto generaría una crisis fiscal mayor y el propósito recaudatorio que se ve a todas luces que esto es, el propósito no se va a cumplir.

¿Qué proponemos? Proponemos dos cosas.

Primero, eliminar la retroactividad. Para eliminar la retroactividad, señor Presidente, le voy a dejar aquí un texto en donde se contiene a detalle la propuesta. Pero la expreso en tres párrafos: eliminar la retroactividad que trae la iniciativa de ley, se deberá suprimir de la propuesta de las fracción VI a XI del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias.

Además, se deberán adicionar tres nuevas fracciones VI, VII y VIII, con lo que las actuales fracciones XII a XVI pasan a ser IX a XIII.

Aclaramos que lo que estamos haciendo con la fracción VI y VII, es dejar el procedimiento opcional establecido en las fracciones VII y VIII del dictamen aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la finalidad de aportar mayor seguridad jurídica a las controladoras.

Segunda propuesta. No estamos de acuerdo con que haya una consolidación de diez años del 100% como se planteó en el 2004. Como Congreso tenemos el derecho a cambiarla si no estamos de acuerdo, pero hacia delante.

Podemos decir a partir de 2010 no vamos a dar diez años, demos cinco, como ahí está la propuesta también. Ya no vamos a permitir que se pueda consolidar el 100%. Definamos un porcentaje razonable, pero para atrás, compañeros, aplicar las leyes en perjuicio de esa es una falta de la Constitución.

Ciertamente nos pueden corregir en la Suprema Corte de Justicia, no lo dudo, pero yo preferiría que no le demos oportunidad a la Corte de corregir lo que como Cámara revisora podemos y debemos corregir.

Créanmelo, tengo la convicción de que estas empresas actuaron dentro de la ley, no anduvieron evadiendo y eludiendo sus compromisos fiscales, se acogieron a una ley. No estamos de acuerdo con sus beneficios, cambiémoslos. Pero no cambiemos las reglas de juego, el prestigio de nuestro país a nivel internacional, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros se podría ver sensiblemente disminuida en México si hacemos cambios de reglas y las aplicamos retroactivamente.

México necesita muchas más inversiones, nacionales y extranjeras, démosle certidumbre jurídica, hagámosle ver que aquí el estado de derecho, en esta Cámara revisora, es una prioridad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias al Senador Eloy Cantú. Como no lo ha ofrecido, le solicito que deje en la Secretaría Parlamentaria los textos de sus proposiciones.

Se ofrece el uso de la palabra, para presentar las reservas y proposiciones a nombre del grupo parlamentario del Partido Convergencia, al Senador Dante Delgado, con la súplica de que al inicio de su intervención detalle o señale puntualmente los artículos a los cuales habrá de referirse.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente.

Desde luego no al aumento del Impuesto Sobre la Renta del 28 al 30%, porque afectará los ingresos de los asalariados y de las pequeñas y medianas impresas, y deprimirá la inversión del sector comercial e industrial.

Vamos a referirnos a la consolidación fiscal sin retroactividad y a decisiones que tienen que ver con los artículos 11, 31, 64, 65, 72, 75 y 78.

El que tres años después de haber asumido el poder, Calderón reconozca la elusión fiscal de los grandes corporativos del país que pagan en promedio 1.7 del Impuesto Sobre la Renta, cuando el 98.5% de comerciantes y pequeñas y medianos empresarios pagan el 28%, y a partir de hoy si se aprueba por las fuerzas hegemónicas del Senado pagarán el 30%, pues hoy nos debe llevar a recordar hechos. Y debemos recordar que nuestro movimiento denunció desde la campaña de 2006 lo que hoy Calderón no estaba preparado y desconocía esta información. Y sin falta de respeto alguno, pudiéramos pensar que era eso o su tapadera.

Eso nos recuerda el chiste de aquel borrachito que en la cantina lanzaba improperios contra los conquistadores españoles y su descendencia.

Un cliente le pregunta que cuál es el motivo de las altisonantes palabras.

Y le responde: Es que Hernán Cortés le quemó los pies a Cuauhtémoc.

Oiga, le responde el parroquiano, pero si eso fue hace casi 500 años.

Sí, pero yo me enteré apenas ayer y eso no es justo.

Es lamentable que el Presidente de la República se enterara apenas anteayer del enorme boquete fiscal generado por quienes prácticamente no pagan impuestos al amparo de su capacidad de elusión fiscal.

Recordemos que con el apoyo de los mismos que ahora le preocupan, durante los últimos tres