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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 18

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Cota Cota Josefina, Díaz Delgado Blanca Judith, Gómez Tueme Amira Griselda, Mazón Alonso Lázaro, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ruiz del Rincón Gabriela.

Senadores en comisión oficial: Alonso Díaz Caneja Angel, García Cervantes Ricardo.

Senadores con aviso de inasistencia: Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Menchaca Castellanos Ludivina (inasistencia autorizada), Pérez Plazola Héctor (inasistencia justificada), Rivera Pérez Adrián (inasistencia justificada), Ybarra de la Garza Rosario (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Jara Cruz Salomón.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se encuentran registrados 120 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUiZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinte minutos del día martes veinte de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria del jueves quince de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de nombramientos a favor de los Ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados)

Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, iniciativa de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comunicación por la que se objeta el nombramiento expedido a favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga, como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, en tanto que incumple con el requisito para ocupar dicho cargo establecido en la fracción IV del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.- Quedó de Primera Lectura.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un informe detallado sobre los criterios y razones que llevaron a la disminución de los montos de becas nacionales para programas de posgrado en desarrollo y nueva creación, en la convocatoria agosto-octubre 2009.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar la posibilidad de establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

El Presidente de la Mesa Directiva informó sobre la posible recepción de diversos proyectos de Decreto en materia fiscal, que en el transcurso del día o el de mañana, podría enviar la Cámara de Diputados, los cuales se turnarían de inmediato a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Los Senadores Antonio Mejía Haro, Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y se reforma el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador José González Morfín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Los Senadores María del Socorro García Quiroz, Fernando Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 102 y el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social y por el que se adiciona el artículo 170 bis a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Iniciativas)

El Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y derogan diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal, contenidas en el Decreto publicado el 21 de diciembre de 2007.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Deportistas de Alto Rendimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores María Elena Orantes López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción V al artículo 8, dos nuevos párrafos al artículo 9 y una nueva fracción VIII al artículo 19 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22, Apartado C de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- A discusión, intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, por las comisiones para fundamentar el dictamen. Se aprobó por 79 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, punto de Acuerdo relativo a la política exterior de México hacia el continente africano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

La Senadora Martha Leticia Sosa Govea, a nombre propio y de los Senadores J. Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se considere una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir con el Decreto que contiene el convenio que se celebró entre el Poder Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Colima.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, a nombre propio y de la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal, en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a publicar las reglas de carácter general para la terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación de productos financieros entre instituciones bancarias y público usuario.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Irma Martínez Manríquez, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se complementen las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

(Proposiciones)

El Senador Luis Alberto Villarreal García, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instaurar en Estados Unidos un número telefónico único y gratuito que permita facilitar el contacto de los connacionales que se encuentren en ese país con el consulado más cercano a su ubicación, con el fin de acercar a los migrantes mexicanos el acceso a la protección a la que tienen derecho.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que no se emite objeción al nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Elena Pérez-Jaén Zermeño, para ocupar el cargo de comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.- Sin discusión, se aprobó por 73 votos en pro, 3 en contra.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que no se emite objeción al nombramiento de la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.- A discusión, intervino el Senador Francisco Arroyo Vieyra. Se aprobó por 45 votos en pro, 8 en contra, 21 abstenciones.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se revise la situación jurídica de los indígenas presos en las cárceles federales y se valoren las posibilidades para su liberación.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

(Proposiciones)

La Senadora Lázara Nelly González Aguilar, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobernadores de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a garantizar un espacio en las instituciones educativas públicas para los estudiantes mexicanos que fueron expulsados de las escuelas de distrito del Estado de Texas y garantizar una educación de calidad.- Considerado de urgente u obvia resolución por 73 votos. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones de formación y capacitación de defensores indígenas a fin de garantizar el derecho constitucional que tiene todo indígena a ser asistido por defensores o traductores con conocimientos en lenguas indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo para que el Registro Agrario Nacional remita un informe integral sobre la situación jurídica actual en que se encuentra el ejido Tehuilotepec, en el Estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a los gastos de operación que se realizan en las embajadas y representaciones ante organismos internacionales en el exterior.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Proposiciones)

El Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo sobre la defensa de los derechos de las mujeres embarazadas.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Garibay García, a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a integrar a dicho cuerpo colegiado a un representante permanente del Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo relativo a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

El Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en la entidad veracruzana, firmado con la SAGARPA.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 371, 384, 385 y 994 de la Ley Federal del Trabajo.- La Presidencia formuló excitativa las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular.- La Presidencia formuló excitativa las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión solemne el próximo jueves veintidós de octubre, a las diez horas con treinta minutos”.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día jueves veintidós de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes noventa y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de lasesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión solemne del jueves veintidós de octubre de dos mil nueve.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la expedición de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.- Sin discusión se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se acuerda impulsar una iniciativa que dé cobertura al instrumento legal que norme el funcionamiento y la organización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.- Sin discusión se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se separa de la Comisión de Seguridad Social el Senador José Luis Lobato Campos y se integra a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.- Sin discusión se aprobó en votación económica.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

El presidente de la Mesa Directiva informó que el miércoles 21 de octubre se recibieron de la Cámara de Diputados, y se turnaron de manera directa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, las siguientes minutas:

Proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las Obligaciones que podrán Denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 Constitucional, para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Países Bajos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las doce horas con cincuenta minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo martes veintisiete de octubre, a las once horas”.

Las actas de las sesiones del martes 20 y jueves 22 de octubre se encuentran publicadas en la Gaceta de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las actas de las sesiones de los días 20 y 22 de octubre. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas las actas, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el 26 y 27 de octubre de 2009, a fin de realizar una Visita de Estado a la República de Guatemala.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3245/09
México, D.F., a 20 de octubre de 2009.

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que Betina Claudia Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el 26 y 27 de octubre de 2009, a fin de realizar una Visita de Estado a la República de Guatemala.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”

“SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION POLITICA

Número: DEP-1626/09

Asunto: Viaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la República de Guatemala.

D. F., a 20 de octubre de 2009.

C. P. MANUEL MINJARES JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
PRESENTE.

Estimado señor Subsecretario,

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el conducto para informar a la Mesa Directiva del Senado de la República que el Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el lunes 26 y martes 27 de octubre, a fin de realizar una Visita de Estado a la República de Guatemala.

En septiembre de 2008 el Presidente Álvaro Colom Caballeros extendió al Presidente Felipe Calderón Hinojosa una invitación para realizar una Visita de Estado a Guatemala, la cual fue entregada a la Secretaria Espinosa por el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Haroldo Rodas, durante su visita de trabajo a México.

La invitación posee especial relevancia porque daría lugar a la primera visita de carácter oficial a dicho país por parte del Presidente Felipe Calderón. Si bien el Primer Mandatario mexicano estuvo en Guatemala para asistir a la toma de posesión del Presidente Colom en enero de 2008, esa visita no incluyó una agenda bilateral. Con posterioridad a ese acto protocolario, ambos Presidentes se han encontrado en cinco ocasiones en el contexto de otras tantas reuniones de trabajo, en las que se han abordado diversos acuerdos y reactivado mecanismos de cooperación, por medio de los cuales se ha avanzado en los principales temas de la agenda bilateral.

Guatemala reviste una importancia política y económica particular para México. Ambos países comparten una frontera en la que la diversidad y complejidad de los retos comunes hace indispensable mantener un diálogo constante, consolidar un enfoque basado en la corresponsabilidad y desarrollar una colaboración permanente. Los esfuerzos tanto de México como de Guatemala se han encaminado, en especial, a favorecer las oportunidades de desarrollo para los habitantes de la zona fronteriza. La constante y plena participación de nuestro vecino del sur es esencial para dar continuidad a esta agenda y fortalecer las acciones de desarrollo que se han emprendido.

El Gobierno de México ha reconocido, asimismo, la importante labor que el Congreso de la Unión ha desplegado en apoyo al fortalecimiento de nuestra relación con Guatemala. En particular, destacan los esfuerzos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por llevar a cabo la V Reunión Interparlamentaria México-Guatemala. El Ejecutivo Federal tiene la firme convicción de que es a través de las acciones coordinadas entre los diferentes poderes del Estado, que podrá propiciarse que tanto México como Guatemala puedan avanzar hacia la consolidación de una agenda común que beneficie a sus sociedades.

Con esta visita México se propone los siguientes objetivos:

• Reafirmar el carácter prioritario y estratégico que tiene para México la relación bilateral con Guatemala.

• Mantener el excelente nivel de diálogo alcanzado entre los mandatarios de México y Guatemala.

• Fortalecer y ampliar todos los ámbitos de la relación bilateral, especialmente en materia fronteriza, migración, intercambio comercial, económico y financiero, cooperación, desarrollo e integración entre los dos países.

• Expresar la solidaridad del Gobierno de México frente a la crisis alimentaria que sufre el pueblo guatemalteco.

• Reforzar el ámbito económico para que Guatemala continúe siendo nuestro principal socio en Centroamérica.

• Hacer patente la cooperación de México, mediante la inauguración de obras realizadas en territorio guatemalteco, con apoyo mexicano. Específicamente, se trata de la carretera Lagunitas-EI Ceibo y de la Interconexión Eléctrica entre Guatemala y México, ambos parte del Proyecto Mesoamérica.

La relación económica y comercial bilateral, por su parte, se ha fortalecido a partir de la entrada en vigor en 2001 del TLC con el Triángulo del Norte. Desde ese año, el comercio de México con Guatemala ha crecido 184.4%, al pasar de 664.4 millones de dólares (md) en 2000 a 1,889.6 md en 2008 (834 md entre enero y julio de 2009).

Al cierre de 2008, Guatemala se ubicó como el primer socio comercial de México en el Istmo Centroamericano. El intercambio comercial con Guatemala representó el 28% del total del comercio de México con los países de esa región. El intercambio bilateral registró un superávit favorable a México de 887.1 md. El valor de las exportaciones e importaciones mexicanas se incrementaron en 20.5% y 9.6%, respectivamente, en relación con las cifras observadas en 2007.

Por otra parte, de 1999 a marzo de 2009 la inversión de nuestro país en Guatemala se ubica en 2,500 md, en tanto que la inversión acumulada de Guatemala en México ascendió a 24.8 md.

México y Guatemala han fortalecido la cooperación en temas de vital importancia para ambos países como lo es la seguridad regional. Destaca, en particular, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), un mecanismo bilateral a través del cual se coordinan e instrumentan actividades de cooperación en temas de seguridad comunes a ambos países. Otros mecanismos vigentes de cooperación son las reuniones de Puertos y Servicios Fronterizos y el Grupo de Asuntos Migratorios México-Guatemala. El pasado 5 y 6 de octubre se celebró la XIV reunión del primero de ellos y la XVI Reunión del segundo. En esa ocasión las delegaciones de ambos países dieron cuenta de los avances registrados en sus respectivas materias. Es a partir de los avances que se han registrado en estos espacios de interlocución que los mandatarios sostendrán conversaciones relativas al ordenamiento y consolidación de los cruces internacionales, con objeto de convertir a la frontera común en un espacio de oportunidades, desarrollo, seguridad y mayor cooperación.

En el marco de la Visita de Estado a Guatemala de la cual se da aviso al H. Congreso de la Unión, el Presidente Calderón cumplirá con la siguiente agenda:

1. Sostendrá una reunión con su homólogo, el Presidente Álvaro Colom, en la que se abordarán los temas de la agenda regional y bilateral. Asimismo, se llevará a cabo una reunión en la que participarán las comitivas oficiales.

2. Asistirá al Congreso Nacional en donde tendrá lugar una sesión solemne en su honor.

3. Realizará una visita a la Corte Suprema de Justicia.

4. Sostendrá un encuentro con el señor Álvaro Arzú, Alcalde de la Ciudad de Guatemala y ex­-presidente de dicho país.

5. Participará en el acto inaugural de la estación eléctrica de Los Brillantes, pieza clave de la interconexión entre México-Guatemala y Centroamérica, que forma parte del Proyecto Mesoamérica.

6. Visitará Ixcán, en el Departamento del Quiche, donde el Gobierno de Guatemala condecorará a la Bandera de México con la Orden del Quetzal, como reconocimiento a nuestro país por haber recibido en calidad de refugiados a miles de guatemaltecos desplazados por el conflicto armado de 1983.*

7. Se trasladará al Departamento de El Petén, con el fin de inaugurar el Puerto Fronterizo y la carretera de El Ceibo.

• El acto reviste particular importancia por ser éste el primer cruce internacional de Guatemala con el Estado de Tabasco, lo que permitirá la apertura de una nueva ruta comercial y turística entre Palenque y Tikal.

• En el marco de ese acto se inaugurarán las instalaciones fronterizas mexicanas y se colocará la primera piedra de las guatemaltecas. Para hacer funcional este cruce, México apoyó la construcción de la carretera de 19.4 km "El Ceibo-Lagunitas".

La Visita de Estado a Guatemala refrenda el compromiso de la administración del Presidente Felipe Calderón de consolidar una relación privilegiada con Guatemala, congruente con un mayor desarrollo social y económico de Centroamérica, de la región fronteriza y del sureste mexicano.

En los términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del Presidente de la República se enviará un informe a la Mesa Directiva del Senado de la República sobre los resultados de su participación en los foros citados, así como de las actividades y los encuentros que lleve a cabo durante esta gira de trabajo.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

BETINA C. CHAVEZ SORIANO

DIRECTORA GENERAL”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a la Comisión de Relaciones Exteriores; y a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: De la Secretaría de Gobernación se recibió otro oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el 30 y 31 de octubre del año en curso, con el objeto de realizar una visita de trabajo a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3248/09
México, D.F., a 20 de octubre de 2009

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que Betina Claudia Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 30 al 31 de octubre de 2009, con el objeto de realizar una visita de trabajo a la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez

“DIRECCION GENERAL DE COORDINACION POLITICA

Número: DEP-1637/09

Asunto: Viaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a
Miami, Florida, Estados Unidos de América.

México, D. F., a 20 de octubre de 2009.

C.P. MANUEL MINJARES JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
PRESENTE

Estimado señor Subsecretario,

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el conducto para informar a la Mesa Directiva del Senado de la República que el Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del viernes 30 al sábado 31 de octubre de 2009, con el objeto de realizar una visita de trabajo a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.

A continuación destaco a su atención los aspectos relevantes de la visita:

El Presidente de la República viajará a la ciudad de Miami para recibir el Premio de Negocios BRAVO al Líder del Año que le ha otorgado la Revista Latín Trade. La entrega de este reconocimiento se realiza en el marco del “Simposio sobre comercio latino”, que tendrá lugar bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Américas Society/Council of the Americas. El encuentro es considerado como una de las reuniones más importantes en el ámbito de los negocios del sector hispano en Estados Unidos, en cuyo marco se realiza un rico intercambio de ideas entre destacadas personalidades de la comunidad latina y otros grupos relevantes del ámbito empresarial. El evento se orienta, asimismo, a reflexionar sobre los principales retos de la agenda internacional y las acciones que se emprendido en nuestro hemisferio para hacerles frente. En esta ocasión, el conjunto de reuniones que engloba el simposio está dedicado principalmente a reconocer y comentar las políticas que México ha desplegado para impulsar su desarrollo económico en el contexto de la crisis financiera actual.

El Primer Mandatario participará en un evento de gala organizado por Latin Trade el 30 de octubre por la noche. El Presidente Calderón ha sido distinguido como orador principal en esta ocasión y dirigirá un discurso a los numerosos empresarios, intelectuales, académicos y líderes de opinión que acudirán a la ceremonia. Entre los temas que abordará el Presidente están aspectos destacados de su gobierno y las acciones que realiza el Ejecutivo para impulsar el desarrollo de nuestro país.

Las actividades organizadas por la revista Latin Trade han adquirido una particular relevancia en el presente año. Durante 2009 se celebra el XV Aniversario de los Premios de Negocios BRAVO, en reconocimiento a la excelencia en los negocios y la administración pública en América Latina y el Caribe. Sus más de 300 ganadores en las ediciones previas, en diferentes ramas y actividades, son personas que, a través de sus acciones, impulsan a los países, empresas e instituciones hacia su modernización con un claro sentido de justicia social y desarrollo humano integral.

En el caso concreto del Presidente Calderón, su selección como Líder del Año responde a su destacado liderazgo durante uno de los periodos más complejos en la vida reciente del país, en el que ha debido enfrentar el brote del virus de la influenza A H1N1, los efectos de la crisis económica mundial y los retos que se asocian con la delincuencia organizada transnacional. Este premio reconoce, igualmente, la visión y labor del Gobierno de la República para articular un diálogo constructivo entre todos los actores de la sociedad y los poderes de la Unión: un diálogo que fortalece al Estado de Derecho, la convivencia democrática y las instituciones nacionales.

La revista Latín Trade dedicará su número de septiembre-octubre a México e incluirá una entrevista al Presidente Calderón. Asimismo, en el Simposio se tiene prevista la realización de dos paneles cuyo tema central será México. En ellos participarán personalidades de nuestro país, quienes abordarán la evolución y las perspectivas de nuestra situación económica y política.

La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas en este evento acredita el prestigio de la Revista Latín Trade y del Premio de Negocios BRAVO. Ambas instituciones están dedicadas a apoyar el proceso de desarrollo económico y social hemisférico; la primera mediante el financiamiento multilateral en la región, a través de alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil; el segundo, mediante acciones que estimulen una mejor comprensión de temas de actualidad de América Latina, el Caribe y Canadá, así como el aprecio del patrimonio cultural del continente americano.

La presencia del Primer Mandatario en la ceremonia de referencia permitirá fortalecer la interlocución con actores influyentes en Estados Unidos, como es el caso de la Revista Latín Trade. El encuentro permitirá generar una mejor comprensión de los acontecimientos que ocurren en México y de la necesidad de seguir fortaleciendo las acciones de colaboración que binacional que enriquezcan nuestros lazos y beneficien a nuestras sociedades.

En los términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del Presidente de la República se enviará un informe a la Mesa Directiva del Senado de la República sobre los resultados de su participación en los foros citados, así como de las actividades y los encuentros que lleve a cabo durante esta gira de trabajo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Betina C. Chávez Soriano

Directora General”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está Asamblea se da por enterada. Remítase copia a la Comisión de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Así también, la Secretaría de Gobernación remitió oficios con solicitudes de permisos para que la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de los Países Bajos, y para que el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos pueda aceptar y usar la Condecoración que le otorga el Congreso de la República del Perú.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3253/09
México, D.F., a 22 de octubre de 2009

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 11711, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, copia de la comunicación oficial en la que se expresa el interés de conferir la Condecoración de referencia, en el marco de la Visita que realizará Su Majestad Beatrix, Reina de los Países Bajos, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2009.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1836/09
México, D.F., a 20 de octubre de 2009

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10919, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Antonio Guillermo Villegas Villalobos, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Honor del Congreso, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Congreso de la República del Perú.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente
El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con las propuestas ciudadanas de las Mesas de Trabajo del Foro Víctimas de Secuestro “Es Hora de Escuchar”.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3251/09
México, D.F., a 22 de octubre de 2009

Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante escrito signado por Eduardo Alvarez Ponce, Secretario Técnico de la Secretaría Particular del C. Presidente de la República, remite las Propuestas Ciudadanas de las Mesas de Trabajo del Foro Víctimas de Secuestro “Es Hora de Escuchar”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño copia del documento al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase la documentación a las Comisiones de Justicia; y de Gobernación.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Por último, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el “Informe del Intercambio de Adiestramiento México-Francia”, conforme a lo dispuesto al Artículo Segundo del Decreto que autorizó la salida de tropas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del año en curso.

“SECRETARIO

México, D.F., a 22 de octubre de 2009.

Oficio No. 100.- 257

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

En atención a lo dispuesto en el artículo Segundo del “Decreto por el que la Cámara de Senadores concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la salida de tropas del Ejército Mexicano del territorio nacional y permitir el paso de tropas del Ejército Francés por el territorio nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2009, con fundamento en los artículos 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5°, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y Segundo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, me permito remitirle el “Informe del Intercambio de Adiestramiento México-Francia”, el cual fue enviado por el General Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, con el fin de hacerlo llegar a esta Soberanía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.


[1]* En ese año ingresaron a nuestro país miles de refugiados guatemaltecos, quienes fueron distribuidos en unos 90 campamentos en seis zonas de Chiapas. Se estima que aproximadamente 200 mil personas llegaron a México, de las cuales 45 mil fueron reconocidas como refugiados por el (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo de la Diputada Laura Arizmendi Campos, por el que exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo Federal de suprimir la Secretaría de Turismo.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXI LEGISLATURA
OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-2-112.

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Laura Arizmendi Campos, del grupo parlamentario de Convergencia, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, reconsidere la propuesta del Ejecutivo Federal de Suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que afectará a una actividad generadora de divisas y empleos en el país.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase al Senado de la República”.

México, D.F., a 8 de octubre de 2009.

Dip. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria.- Dip. Ma. Teresa R. Ochoa Mejía, Secretaria”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

- La C. Secretaria Sosa Govea: También de la Cámara de Diputados se recibió oficio con punto de Acuerdo de la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, por el que solicita al Senado continuar con el proceso legislativo del dictamen del proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis del artículo 389 Bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 de la Ley General de Salud.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-4-108
EXPEDIENTE NUMERO: 1764 LX

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Senadores, continúe con el proceso legislativo del dictamen del proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis del artículo 389 Bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 de la Ley General de Salud.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F., a 20 de octubre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió oficio con solicitud del Diputado Carlos Flores Rico para que las comisiones correspondientes emitan el dictamen del proyecto de Decreto que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

LXI LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-3-114.

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud para que las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación, de la Cámara de Senadores, emitan el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el 8 de noviembre de 2007.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Senadores”.

México, D.F., a 20 de octubre de 2009.

Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Una del Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite el informe de actividades de esta Comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Una de los Senadores Eloy Cantú Segovia y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, con la que remiten el informe de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel organizado por la OCDE, “Más allá de la Crisis, Recuperación y Empleos Sostenibles”, que se llevó a cabo el 1 de octubre del año en curso en París, Francia.

Y una del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por la que informa de la realización de un Foro sobre el Derecho de la Niñez en el caso de Padres Divorciados, que se llevará a cabo el 28 del presente mes.

“Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 26 de octubre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Estimado Senador:

Por este medio solicito respetuosamente se publique en la Gaceta Parlamentaria correspondiente a los días martes 27 de octubre y miércoles 28 de octubre del presente año, en el apartado de Comunicaciones, la siguiente invitación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para asistir al Foro “El derecho de la niñez a ser protegida y escuchada en las decisiones que le afecten, principalmente en casos de separación de los padres, ya sea que esté presente o no el Síndrome de Alienación Parental”.

Dicho evento tendrá lugar el día 28 de octubre de 2009, a partir de las 10:45 hrs., en Donceles 14, sala Octavio Paz.

Agradeciendo como ya es costumbre su invaluable apoyo, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Sen. Guillermo Tamborrel Suárez

Presidente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada y valora el esfuerzo del Senador Angel Aguirre Rivero, de la Senadora Yeidckol Polevnsky, y del Senador Eloy Cantú y del Senador Guillermo Tamborrel, por presentar los informes correspondientes de sus actividades y las comisiones que les han sido encomendadas por el Senado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron 7 comunicaciones suscritas por la Directiva de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por las que informa del desahogo del mismo número de proposiciones con punto de Acuerdo turnados a esa Comisión.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 21 de octubre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 2 de diciembre de 2008, proposición con punto de Acuerdo en tomo a la entrada en vigor en Estados Unidos de la Ley de Etiquetado de País de Origen, referente a su efecto sobre la exportación de becerros mexicanos, presentado por el Senador Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el particular, le informo que el día 14 de octubre de 2009, esta Comisión remitió por escrito al Senador Heladio Ramírez López el oficio de la Secretaría de Economía 100.2009.DGE.1535, de fecha 13 de octubre de 2009, en el que informa las acciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado de País de Origen.

Por lo anterior, esta Comisión considera que el asunto ha sido debidamente desahogado y ha quedado sin materia actual. Por lo tanto, solicitamos atentamente se descargue el turno en comento de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 8 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 15 de abril de 2009, propuesta con punto de Acuerdo, presentado por el Senador Silvano Aureoles Conejo integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que se solicita:

a) Al titular del Poder Ejecutivo Federal que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2019 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, decrete la suspensión inmediata de los efectos en territorio nacional del Programa Piloto de Transporte Transfronterizo de Carga entre México y Estados Unidos, cuya vigencia había sido acordada bilateralmente hasta el 31 de agosto de 2010.

b) Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, a efecto de que durante la visita a nuestro país de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Hillary Rodham Clinton, demande una solución definitiva al tema del transporte transfronterizo de carga y exija el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; así como el respeto absoluto a los fallos de los paneles y mecanismo diseñados para solucionar y dirimir controversias.

Toda vez que la referida reunión ya se llevó a cabo y que como es del conocimiento público, el Gobierno de México tomó medidas de represalia de carácter arancelario respecto al referido programa y que ambos gobiernos se encuentran en negociaciones para resolver esta problemática, se solicita a la Mesa Directiva se haga del conocimiento del Pleno y se ordene su descargo de los pendientes de esta Comisión.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 9 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 9 de noviembre de 2006, proposición con punto de acuerdo con relación a la difícil situación económica del estado de Oaxaca, presentado por el Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario Convergencia.

Sobre la materia del mismo, el pasado 4 de diciembre de 2007, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un Acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Secretario de Economía, presente un programa de Políticas estratégicas de impulso de zonas de concentración de actividades tradicionales para el Estado de Oaxaca y para los estados y regiones con bajo potencial económico, obteniendo respuesta de la Secretaría de Economía mediante oficio STPCE/056/2008, de fecha 4 de marzo de 2008, que se anexa al presente.

Por lo anterior, se considera que la materia del acuerdo aprobado por el pleno del Senado incluye la propuesta del punto de Acuerdo que nos ocupa y se estima que el asunto ha sido desahogado, por lo tanto, solicitamos el descargo del turno en comento de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 21 de octubre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 28 de enero de 2009, punto de Acuerdo por el que se solicita la participación del Poder Ejecutivo Federal en el foro “México ante la Crisis ¿Que hacer para crecer?”, presentado por el Senador José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En tal virtud, se procedió a revisar su contenido y se determinó que el punto de Acuerdo es extemporáneo y quedó sin materia, toda vez que los trabajos del foro iniciaron el 27 de enero y concluyeron el pasado 16 de febrero de 2009. Contando con la participación del Ejecutivo Federal representado por los Secretarios de Economía, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, entre otros; al mismo.

Por la anterior, atentamente solicitamos el descargo del turno en comento de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 21 de octubre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 19 de marzo de 2009, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, además de los incrementos arancelarios a 89 productos estadounidenses, tome medidas “espejo” en el mismo sector que se afectó, suspendiendo a los Estados Unidos beneficios en el sector del autotransporte transfronterizo, presentado por el Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el particular es importante precisar que el Senado de la República se manifestó en su oportunidad con relación a este asunto, mediante diversos puntos de Acuerdo relativos a exhortar al Gobierno Mexicano para pronunciarse ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismos que han sido dictaminados y aprobados por el Pleno de esta Soberanía, por mencionar algunos los presentados por las Senadoras Eva Contreras Sandoval y Ludivina Menchaca Castellanos, aprobados en la Sesión del 30 de abril de 2009.

Por lo anterior, esta Comisión solicita atentamente el descargo del turno en referencia de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 21 de octubre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 30 de abril de 2009, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas que incentiven la recuperación de la industria automotriz, presentado por el Senador Luis David Ortiz Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el particular, le informo que en virtud de diversos puntos de Acuerdo en relación al rescate de la industria automotriz nacional aprobados en el último año de la pasada Legislatura por el Pleno, esta Comisión recibió el oficio de la Secretaria de Economía SEL/300/3028/09 de fecha 9 de julio de 2009, en el que informa las acciones realizadas para integrar un programa de rescate de la industria automotriz.

Por lo anterior y, toda vez que el Senador que presentó el punto de Acuerdo en cuestión es suplente del Senador Fernando Elizondo Barragán, mismo que se reintegró a los trabajos Legislativos de esta Soberanía, esta Comisión considera que el asunto ha sido debidamente desahogado.

Por lo tanto, solicitamos atentamente se descargue el turno en comento de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F. a 9 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
Presente.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió de la Mesa Directiva, en fecha 22 de noviembre de 2007, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a garantizar la competencia y la libre concurrencia en la comercialización de bienes y servicios de las tiendas denominadas genéricamente como supermercados, especialmente el Valle de México.

Sobre la materia del mismo, durante el proceso de negociación de la concentración de Grupo Gigante, la Comisión Federal de Competencia emitió un resolutivo, mediante oficio número SE-10-096-2007-900, por medio del cual autorizó la concentración con Tiendas Soriana, toda vez que no consideró que esta afecte negativamente la competencia y libre concurrencia en ese sector.

Por lo anterior y toda vez que dicha concentración se realizó en base a la autorización otorgada en su momento por la Comisión Federal de Competencia, esta Comisión considera que el asunto fue resuelto en los términos que proponía el punto de Acuerdo, en consecuencia, ha sido debidamente desahogado y ha quedado sin materia actual. Por lo tanto, solicitamos el descargo del turno en comento de entre los asuntos asignados a esta Comisión que se encuentran pendientes de resolver.

Atentamente

Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Rosario Ybarra de la Garza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por la que solicita ampliación del plazo señalado en la Base Octava de la Convocatoria Pública Abierta para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por este conducto quiero informarle que en sesión celebrada el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos aprobó solicitar al Pleno de esta Cámara Alta la ampliación del plazo señalado en la Base Octava de la Convocatoria Pública Abierta para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por tanto, se solicita que el referido plazo se amplíe del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2009.

México, D. F. a 26 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Rosario Ybarra”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señores Senadores: Esta comunicación suscrita por la Senadora Rosario Ybarra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, viene respaldada por unanimidad por los integrantes de dicha Comisión.

Por ello, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

“UNICO.- La Cámara de Senadores autoriza ampliar el plazo dispuesto en la Base Octava de la Convocatoria aprobada el pasado 24 de septiembre, para que la designación de la terna de candidatos y la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ahí se dispone, se realice a más tardar el 6 de noviembre de 2009”.

Está a discusión el Acuerdo al que se acaba de dar lectura para ver si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra.

En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Comisión de Derechos Humanos de esta Honorable Cámara de Senadores. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo por el que se amplía el plazo para la designación de la terna de candidatos y la elección de quien ocupe la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese en la Gaceta del Senado y comuníquese a las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.






MEMORIAL DE PARTICULARES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió memorial de particulares, suscrito por diversos ciudadanos que apoyan el Acuerdo de la Comisión Permanente del 29 de julio de 2009, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de fumigación por calendarización con plaguicidas en las guarderías del país, asilos y hospitales.

“Lic. Horacio Duarte Olivares
Secretario Tecnico de la Mesa Directiva
Presente.

El pasado 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2009, se llevó a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el “Simposio de los Plaguicidas en México Impactos y Perspectivas”. Un grupo de investigadores que han trabajado conmigo el tema de los derechos de los niños y niñas, hicieron del conocimiento de los demás investigadores presentes, el punto de Acuerdo sobre el uso indiscriminado de plaguicidas en las estancias infantiles del país que presenté el 31 de julio de este año.

Decidieron hacer un reconocimiento al trabajo legislativo que se llevó a cabo y hacer un llamado a que se dé cumplimiento del mismo en beneficio de la niñez mexicana.

Por tal motivo, pido se registre el presente documento como memorial de particulares.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Sen. Graco Ramírez Garrido”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Señores Senadores, señoras Senadoras, informo al Pleno que hay diversas comisiones dictaminadoras convocadas para sesionar, particularmente las Comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos se encuentran convocadas para sesionar con sus integrantes.

El grupo de trabajo creado a propuesta de la Junta de Coordinación Política para dar seguimiento al tema de los detenidos en Michoacán y en Zacatecas, tiene también un encuentro extramuros del Senado de la República.

¿Nada más Michoacán, Zacatecas no?

Bueno.

Y otras comisiones más se encuentran trabajando y en consultas respectivas. Por ello, vamos a continuar con el Orden del Día con la comprensión necesaria de la presencia de distinguidos Senadores y Senadoras en sus comisiones de trabajo.

Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 15, de fecha 20 de octubre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pregunto si hay oradores al respecto de este tema. En virtud de que no hay oradores ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO

PAN

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORANTES LOPEZ MA. ELENA

PRI

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: (Leyendo)

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con puntode Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el programa denominado “Facilitación Comercial: Una Reforma Estructural”, se tomen en consideración las medidas necesarias para evitar afectaciones al marco interno de la industria acerera, presentado por el Senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido de la propuesta en comento, esta Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 2 de diciembre de 2008, el Senador Silvano Aureoles Conejo, presentó la referida proposición con punto de Acuerdo. La Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

MATERIA

Solicitar a la Secretaría de Economía remita un informe pormenorizado sobre la afectación de la industria acerera por las medidas tomadas en el programa denominado “Facilitación Comercial: Una Reforma Estructural”.

CONSIDERACIONES

De la proposición original se recogen y sintetizan las siguientes consideraciones.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Economía y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integraron un programa “Facilitación Comercial: Una Reforma Estructural” en el que se propone que el promedio arancelario industrial sea reducido del 10% al 5% en el 2008.

Dicha política pública traerá como consecuencia la afectación del mercado interno de la industria siderúrgica de la cual depende la economía de miles de familias mexicanas.

El estado de Michoacán ocupa el primer lugar nacional en producción de acero, pero la tendencia de esta actividad está a la baja, así como su demanda mundial, lo cual representa un panorama sombrío para la industria siderúrgica michoacana, por lo que se advierte que la disminución arancelaria causaría estragos a nivel nacional.

Por otra parte, este proyecto pretende disminuir aranceles para productos procedentes de países con los que no se tiene Tratado de Libre Comercio. Una desgravación implica un crecimiento acelerado de importaciones que causarán un daño a la producción de las empresas nacionales, así como, daños en la generación de empleos, retraso en la inversión y cierre de empresas.

En este momento de crisis económica, no es conveniente abrir el mercado con países que evidencian casos de dumping, ya que, por ejemplo, según cifras de organismos norteamericanos como el Instituto Americano del Hierro y el Acero, el gobierno chino subsidia con 52 mil millones de dólares anuales a su industria acerera, la cual es mayoritariamente paraestatal.

En este sentido, el sector siderúrgico no sería el único afectado, el Gobierno Federal pretende aplicar esta baja de aranceles a otras ramas como textiles, vestido, madera, papel, químico, de muebles y equipos eléctricos, por citar algunos, y dentro de las cuales que destaca la de los aceites, grasas y proteínas, la cual genera 10 mil empleos directos y 30 mil indirectos, con una producción de 2.5 millones de toneladas de aceites y grasas, y 5.3 millones de pastas, que tienen un valor cercano a los 60 mil millones de pesos, que representan el 1.5 por ciento en el PIB de la industria manufacturera y el 3 por ciento en el PIB de la industria de alimentos y bebidas.

Al respecto, esta Comisión tiene a la vista la expedición en diciembre de 2008 de diversas medidas de simplificación de las actividades del comercio Exterior, por medio del cual efectivamente se determinó la disminución o eliminación unilateral de una serie de aranceles, entre ellos varios relacionados con la industria acerera y la de aceites oleaginosos.

Así se determina en el informe sobre el uso de las facultades que en materia arancelaria ha ejercido el Ejecutivo Federal durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2008 y agosto de 2009, que fuera remitido a la Cámara de Diputados a principios del mes de septiembre de 2009 y que en su parte conducente determina la expedición de lo siguiente:

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2008:

A fin de contrarrestar la situación deficitaria en la producción nacional de semillas oleaginosas y dada la necesidad de importar semillas y aceites oleaginosos, cuyos aranceles propician mayores precios al consumidor en deterioro del bienestar común y en detrimento de la competitividad de las empresas nacionales que también utilizan dichos bienes en la elaboración de biodiesel, se redujeron los aranceles a los aceites oleaginosos clasificados en 24 fracciones arancelarias, con lo que se contribuyó a promover el abasto a las empresas en condiciones competitivas, responder a las tendencias del mercado y preservar la planta productiva y el empleo.

c) Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

1)…

2) Para contrarrestar el difícil entorno en materia de comercio exterior caracterizado por múltiples tasas arancelarias para una misma mercancía en función del país de origen, derivado de los diversos tratados de libre comercio suscritos por México, o de su destino comercial como es el caso de los Programas de Promoción Sectorial y la región fronteriza, así como por un gran número de trámites y controles que ocasionan mayor carga administrativa para las empresas y el Estado e incertidumbre jurídica, en detrimento de las condiciones de competencia y libre concurrencia, principalmente para la mediana y pequeña empresa, se decidió continuar y mantener el proceso de apertura comercial, para lo cual se crearon 8 fracciones arancelarias, se eliminaron 3 fracciones arancelarias, se redujeron los aranceles en 9,624 fracciones arancelarias y se modificó la descripción de 11 fracciones arancelarias”.

Por lo anterior,toda vez que el referido informe es insuficiente respecto a los efectos específicos de las diversas medidas tomadas en este ámbito, esta Comisión considera procedente el punto de acuerdo del senador promovente, a efecto de conocer los efectos que estas medidas han tenido en lo referente a las industrias nacionales acerera y de aceites oleaginosos, conforme a los decretos antes referidos.

En el caso de la industria de aceites oleaginosos, también conviene referir que el Senado ha aprobado previamente, en noviembre de 2008 y febrero de 2009, exhortos a la Secretaría de Economía a fin de qué se analizaran y evaluaran los efectos de la medida arancelaria previamente referida. Por esta razón, la Comisión estima procedente incluir en el presente punto de acuerdo lo relativo a este sector industrial.

CONCLUSIONES

Con base en las anteriores consideraciones, la Comisión de Comercio y Fomento Industrialpone a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía remita un informe específico sobre los efectos en el mercado interno y en las industrias nacionales acerera y de aceites oleaginosos, derivados de las correspondientes medidas tomadas en materia arancelaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 16 y 24 de diciembre de 2008, contenidos en el Informe que el Ejecutivo Federal hiciera llegar al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las facultades respectivas a que se refiere el artículo 131 constitucional en el período comprendido entre los meses de septiembre de 2008 y agosto de 2009.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo de la Federación la regulación estricta del ingreso de leche y productos lácteos importados, la fijación de un precio justo a la leche de vaca y la elaboración y publicación de normas oficiales mexicanas que regulen la producción y venta de yogures, quesos y demás productos lácteos, presentado por el Senador Heladio Ramírez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido de la propuesta en comento, esta Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta H. Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES

En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 23 de abril de 2009, el Senador Heladio Ramírez López, presentó la referida proposición con punto de Acuerdo. La Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para su dictaminación.

MATERIA

Solicitar a la Secretaría de Economía, a LICONSA y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la regulación del ingreso de leche y productos lácteos importados.

Asimismo, solicitar la fijación de un precio justo a la leche de vaca que responda a los costos reales de producción y la elaboración y publicación de Normas OficialesMexicanas que regulen la producción y venta de yogures, quesos y demás productos lácteos.

CONSIDERACIONES

De la proposición original se recogen y sintetizan las siguientes consideraciones.

Hoy en día los productores nacionales de leche viven la peor de sus crisis. La leche está entre los productos cuya comercialización y precios se rigen por los movimientos especulativos de los precios internacionales más que por las condiciones reales de la producción nacional.

Sin embargo, a partir del último trimestre del 2007 los precios internacionales se redujeron en más del 50% al haberse incrementado la producción para atender el crecimiento de la demanda internacional, especialmente de los mercados emergentes como los de China e India.

Ante esta caída de los precios internacionales, los países que son grandes productores de leche, como los Estados Unidos y los países de Europa, han desarrollado políticas de apoyo a sus productores que permiten a éstos mejorar los precios a los que exportan sus excedentes que, además, son leches de menor calidad que la que se destina al consumo local. De esta manera han inundado el mercado internacional con leche en polvo de bajo precio y cuya calidad, sanidad e inocuidad pueden ser dudosas.

Entre tanto, los productores nacionales, especialmente los pequeños y medianos, sólo tienen dos compradores posibles para su creciente capacidad productiva: el Estado, representado por LICONSA, y los grandes industriales que captan su producción, la comercializan a gran escala y la transforman en yogures y los numerosos derivados lácteos que existen en nuestro mercado interno.

Por otro lado, dada la escala de la producción y con muy escasas excepciones, los pequeños y medianos productores sólo pueden vender a esos compradores leche fluida y fresca, con escasa o nula transformación y ningún valor agregado.

Esto facilita que los productos de la industria nacional se vean desplazados por el abastecimiento masivo de productos lácteos cuya calidad y sanidad no son supervisadas adecuadamente o garantizadas por ninguna norma o entidad del Estado mexicano.

En virtud de las consideraciones apuntadas por el promovente, la Comisión considera procedente emitir un punto de acuerdo que promueva que las dependencias y entidades que se citan, tomen medidas para estimular y proteger la producción nacional de leche de vaca, evitando practicas desleales en el comercio internacional y garantizando la calidad y sanidad de los productos lácteos que se importan al país.

CONCLUSIONES

Con base en las anteriores consideraciones, la Comisión de Comercio y Fomento Industrialpone a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República solicita a las siguientes dependencias y entidades realizar, dentro del ámbito de sus correspondientes atribuciones, las medidas necesarias para:

A la Secretaría de Economía, a LICONSA y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:

a. Realizar una mejor regulación y vigilancia del ingreso de leche y productos lácteos importados, con estricto apego a las disposiciones contenidas en los Tratados de Libre Comercio que México tiene signados y los compromisos asumidos en la Organización Mundial de Comercio.

b. Vigilar el comportamiento del precio de la leche de vaca en el territorio nacional y tomar las medidas para evitar que las prácticas desleales en el comercio internacional deterioren la situación de la industria nacional de transformación de leche y sus derivados; y

A la Secretaría de Economía:

a. Rendir un informe detallado a esta Soberanía sobre la evolución en los últimos dos años de la importación de productos lácteos al País, sobre las expectativas de evolución de la misma y la situación general de este sector industrial nacional.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se encuentra a discusión lo presentado por la Secretaría. Consulto a los señores Senadores y señoras Senadoras, si hay reservas para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos a los que se acaba de dar lectura. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Señoras Senadoras y señores Senadores, informo a la Asamblea que a invitación del Senador Tomás Torres Mercado nos visita un grupo de alumnos y alumnas del quinto semestre del Colegio Margil del Estado de Zacatecas, encabezado por las profesoras Elsa Grajales y Gabriela Ybarra. Este Pleno les da la bienvenida a esta delegación de estudiantes zacatecanos, bienvenidos.

Pasamos ahora a la discusión de dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados, a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los Poderes Judiciales locales, para que en las reformas legislativas, políticas públicas y resoluciones en las que se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, se tome en cuenta como principio rector para la elaboración de tales medidas y decisiones, el “Interés Superior de la Infancia”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se dedicó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión de fecha 11 de marzo de 2009, losSenadores Guillermo Tamborrel Suárez, Lázaro Mazón Alonso y Alfredo Rodríguez y Pacheco presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados, a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los Poderes Judiciales locales, para que en las reformas legislativas, políticas públicas y resoluciones en las que se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, se tome en cuenta como principio rector para la elaboración de tales medidas y decisiones, el “Interés Superior de la Infancia”.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- La Comisión instruyó a su Secretario Técnico para realizar el proyecto de Dictamen, mismo que fue distribuido con fecha 21 de mayo de 2009.

4.- Con fecha 1° de junio de 2009, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Laproposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen tiene como finalidad exhortar respetuosamente a las Legislaturas de los Estados, a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los Poderes Judiciales locales, para que dentro las reformas legislativas, políticas públicas y resoluciones en las que se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, se tome en cuenta como principio rector el “Interés Superior de la Infancia”, atendiendo los compromisos que México ha adquirido con la firma de instrumentos internacionales y la especial obligación que tiene de brindar y salvaguardar sus derechos.

CONSIDERACIONES

1.- Los Senadores proponentes comienzan su Exposición de Motivos señalando que niñas, niños y adolescentes constituyen el grupo más vulnerable de cualquier sociedad, por lo que cualquier reforma legislativa o política pública en general debe estar fundamentada en la búsqueda del bienestar del pequeño.

Asimismo, recuerdan que una de las tareas fundamentales del Estado, expresada en la filosofía humanista de diversos tratados internacionales, es velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y principalmente de los niños.

También -mencionan los Senadores-, nuestro país ha ratificado varias convenciones o tratados internacionales en esta materia, destacando la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento mediante el cual los Estados se comprometen a asegurar la aplicación de los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Es así, apuntan, que con base en diversos preceptos enmarcados en el derecho internacional, en el inicio del año 2000 se aprobaron las reformas constitucionales que son el cimiento de la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del mismo año.

2.- Los Legisladores Proponentes recuerdan que nuestro país, conformado por su sociedad y sus autoridades en los tres órdenes y ámbitos de gobierno, está obligado a realizar todo lo posible para garantizarle a la niñez un desarrollo psicológico, físico y social adecuado que permita su sano y libre desarrollo, alejado de situaciones que perturben su pensamiento y atormenten su crecimiento, marcándolos de por vida con cicatrices que difícilmente se borran.

De igual manera, hacen especial énfasis en que el Principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño es “El Interés Superior de la Infancia”, mismo que implica que niñas y niños tienen derecho a que antes de que se tome una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que promuevan sus derechos y no que los quebranten, de tal manera que la doctrina señala que el concepto de “Interés Superior de la Infancia o “Interés Superior de la Niñez” abarca cuatro dimensiones:

• Las interpretaciones jurídicas deben reconocer el carácter integral de los derechos de las niñas y los niños.

• Las políticas públicas deben ir encaminadas a darle prioridad a los derechos de las niñas y los niños.

• Los derechos de los niños deben ir por encima de los intereses de los demás, sobretodo cuando haya conflicto entre ellos.

• El Estado y la sociedad deben procurar que el niño sea un individuo independiente y autónomo.

Por su parte, mencionan los Promoventes, que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deja muy en claro, tanto en el Apartado “A” del Artículo 3 como en el Artículo 4, que el principio protector del Estado por excelencia debe ser el “Principio del Interés Superior de la Infancia”, el cual la Ley entiende como aquel dirigido a procurarles primordialmente, los cuidados y asistencia necesaria que requiere la niñez para lograr un crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social que, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos.

Los Senadores indican que a pesar de lo ya establecido en el derecho internacional y en las normas nacionales, cierto es que nuestro marco jurídico tiene aún pendientes diversas reformas para la protección integral de niñas y niños, así como el establecimiento de políticas públicas en la esfera administrativa que sean acordes con los derechos y principios que la comunidad internacional ha prometido a su favor.

Asimismo, aseguran que el Poder Legislativo debe trabajar para que las reformas legislativas y las políticas públicas estén siempre encaminadas a proteger la dignidad y la personalidad de las niñas y los niños y a fortalecer su desarrollo integral.

Lamentablemente, aducen, y a pesar de que los tratados internacionales, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 3), obligan a que en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, concernientes a los niños, consideren como prioridad atender el interés superior de la niñez, en la práctica los derechos de niñas y niños se ven supeditados al interés de los adultos.

Señalan que hoy tenemos que por desgracia en el marco jurídico, especialmente en el del fuero común, el Legislador hacedor de la norma no siempre ha considerado el citado principio, por lo cual es necesario que los Congresos de las Entidades Federativas tomen como eje rector al Principio del Interés Superior de la Infancia para la elaboración de sus Leyes.

Ejemplos podemos encontrar muchos, van desde proyectos de ley o reformas que priorizan la atención de otros segmentos poblacionales antes que la atención de niñas y niños, aún cuando estos últimos resulten los más perjudicados por los fenómenos que se pretenden combatir mediante la Ley; hasta iniciativas legislativas cuyo objetivo es entregar la custodia de forma automática a uno de los progenitores, sin analizar el caso de acuerdo a sus particularidades y con ello se garantice que el progenitor al que se entregue la custodia (en caso de separación o divorcio) sea el más conveniente o con quien desee vivir la niña o el niño.

Con esas medidas, denuncian, contrarias al principio de su interés superior, niñas y niños se convierten en los rehenes y los grandes perdedores de las disputas familiares y separaciones conyugales, con todo el caudal de efectos psicológicos adversos a los que estas conllevan.

3.- Los Senadores iniciantes señalan que en esta misma tesitura, los Códigos Civiles de los estados, en su mayoría, no cuentan con las adecuaciones necesarias que garanticen a niñas, niños y adolescentes gozar de sus derechos durante los procesos de divorcio o separación, ya que en la práctica al momento de estar en cualquiera de estos procesos, los hijos involucrados y el hecho de satisfacerles sus derechos son margen de negociación entre los actores del proceso judicial, siendo las leyes vigentes incapaces de salvaguardar derechos como el de alimentación o el de libre convivencia de los menores de edad con sus padres durante el citado proceso.

Ello, recuerdan los proponentes, motivó que el pasado 26 de febrero en esta Cámara de Senadores se presentara la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal la cual pretende que en los procesos de divorcio toda resolución judicial sea tomada considerando primordialmente el Principio del Interés Superior de la Infancia, con la finalidad de que las Entidades Federativas tomen este Código como marco y hagan suyas las precisiones que en esta se proponen.

Asimismo, la referida Iniciativa busca que se agilicen los juicios familiares, apoyar a los jueces en su delicada función y priorizar que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes en aras de su interés superior, incorporando aspectos como la definición del principio del Interés Superior de la Infancia y la observancia de éste durante todo el desarrollo de estos procesos.

Los Senadores concluyen exclamando que resulta imperante exhortar a los Ejecutivos, Congresos y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que en todas las reformas legislativas, las políticas públicas y las resoluciones en las que se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, atiendan primordialmente el Principio del Interés Superior de la Infancia.

4.- Esta Dictaminadora celebra la proposición presentada por los Senadores, cuya finalidad es invitar a las Legislaturas de las Entidades Federativas y a los Poderes Judiciales Locales para establecer en todas sus acciones el Principio del Interés Superior de la Infancia, que debe ser el principio rector del Estado.

Asimismo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce que una de las tareas fundamentales del Estado, expresada en la filosofía humanista de diversos tratados internacionales, es velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de niñas, niños y adolescentes.

Para ello, el Estado Mexicano debe trabajar fuertemente a favor de la protección de la niñez, realizando todo lo posible para garantizarle un desarrollo psicológico, físico y social adecuado que permita su sano desarrollo, alejado de situaciones que puedan marcarlos de por vida.

Derivado de lo anterior, como prueba de la innegable voluntad por velar por la niñez, México ha ratificado varios instrumentos internacionales en esta materia, destacando la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento mediante el cual los Estados se comprometen a asegurar la aplicación de los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, por lo que nuestro país, conformado por su sociedad y autoridades de los tres órdenes y ámbitos de gobierno, está obligado a realizar todo lo posible para garantizarle a la niñez un desarrollo psicológico, físico y social adecuado que permita su sano y libre desarrollo, la cual obliga a los Estados partes a respetar un mínimo de derechos entre los cuales se encuentra que:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2…

3…

Como se ve, el citado ordenamiento internacional obliga a México a establecer todas las medidas necesarias para que las autoridades garanticen que niñas, niños y adolescentes serán prioridad bajo cualquier circunstancia a la hora de desempeñar sus respectivas funciones.

Por su parte, la Ley Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deja muy en claro tanto en la Fracción “A” del Artículo 3 como en el Artículo 4, que el principio protector del Estado por excelencia debe ser el Principio del Interés Superior de la Infancia, el cual se entiende como aquel dirigido a procurarles primordialmente, los cuidados y asistencia necesaria que requiere la niñez para lograr un crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, que en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos.

Desgraciadamente, y como lo expusieron los Senadores Promoventes, nuestro marco jurídico tiene aún pendientes diversas reformas para la protección integral de niñas y niños, así como el establecimiento de políticas públicas en la esfera administrativa que sean acordes con los derechos y principios que la comunidad internacional ha plasmado a su favor.

Asimismo y en plena concordancia con lo establecido por los Senadores proponentes, hay que señalar que las Entidades Federativas no siempre han establecido dentro de la elaboración de políticas públicas, creación de leyes o impartición de justicia el Principio del Interés Superior de la Infancia, situación que va en contra de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en la firma de los diversos instrumentos internacionales y peor aún, que está alejada de la obligación que tiene México de salvaguardar y proteger sobre todo a niñas, niños y adolescentes, que son sin duda alguna, el tesoro nacional más preciado.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión acordaron proponer al Pleno que el Punto de Acuerdo se conforme de tres resolutivos: un resolutivo para las Legislaturas de los estados, otro para el Poder Judicial de los estados y otro para el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a través de sus titulares; lo anterior a efecto de establecer una mejor armonía en el desarrollo del la proposición materia del presente dictamen.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presenta Dictamen, como una estrategia del Poder Legislativo para impulsar y promover que las Entidades Federativas en sus tres poderes tomen en cuenta primordialmente el Principio del Interés Superior de la Infancia al desempeñar sus facultades, quedando como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados, para que dentro del análisis y aprobación de los respectivos presupuestos de egresos, estimen de forma suficiente el gasto dentro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo con la finalidad de contar con una debida asignación a favor de niñas, niños y adolescentes; asimismo, se les exhorta para que legislen con base en el Interés Superior de la Infancia.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas para que en la elaboración y ejecución políticas públicas y, en general, en todos los aspectos relacionados con niñas, niños y adolescentes se tome como aspecto medular para las decisiones al Interés Superior de la Infancia, por encima de cualquier otra consideración.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a los Poderes Judiciales de las entidades federativas para que dentro de los procedimientos y procesos en que se puedan ver afectados derechos de niñas, niños y adolescentes se tome en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el Interés Superior de la Infancia, conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 27 de octubre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición conpunto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, que de manera urgente realicen todos los trámites legales en cuanto a la resolución relativa a los delitos de pornografía infantil, abuso sexual agravado y corrupción de menores, acaecidos en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en perjuicio de un menor de 4 años de edad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se dedicó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión de fecha 26 de marzo de 2009, el Senador Salomón Jara Cruz presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, que de manera urgente realicen todos los trámites legales en cuanto a la resolución relativa a los delitos de pornografía infantil, abuso sexual agravado y corrupción de menores, acaecidos en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en perjuicio de un menor de 4 años de edad.

2. Con fecha 1° de junio de 2009, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición conpunto de Acuerdo materia del presente Dictamen tiene como principal objetivo que el Senado de la República solicite al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que de manera urgente realicen todos los trámites legales en cuanto a la resolución relativa a los delitos de pornografía infantil, abuso sexual agravado y corrupción de menores, acaecidos en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en perjuicio de un menor de 4 años de edad.

CONSIDERACIONES

1.- El proponente inicia su exposición señalando que el menor de edad hijo de la señora Verónica Isela Martínez Torres, era alumno de la escuela “Colegio Guadalupe”, ubicada en la población de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y cursaba el primer grado de Preescolar.

Aduce que con fecha 29 de mayo del 2008, el señor Norberto Dionisio Martínez Luis y su asistente de nombre Minerva Díaz Torres, fueron contratados para tomarles las fotografías de fin de año a los niños de la escuela antes citada, hechos que sucedieron en la sala audiovisual de la escuela, aula que está totalmente cerrada.

Por ello, señala el Senador Promovente, el día 29 de mayo del 2008 estando en la sala audiovisual, pasaban a los niños de manera individual, en donde los inculpados Norberto Dionisio Martínez Luis y su asistente Minerva Díaz Torres, tenían 2 equipos fotográficos, pues con una cámara le tomaron fotografías tamaño infantil, solicitadas por la escuela, y con la otra cámara, fotografiaban desnudo al niño, quién narra que le quitaron los pantalones y ya teniéndolo desnudo, con cámara fotográfica o de video, les tomaron fotografías o video en sus partes genitales, desconociendo hasta la fecha si solo fueron fotografías o también filmaron algún video.

El Proponente señala que estos hechos fueron corroborados por el menor de edad en su declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, concluyendo el perito psicólogo que el menor presenta desequilibrios en sus emociones, enojo, vergüenza, necesidad de protección, rechazo a la conducta del fotógrafo y su acompañante, y que dichos resultados no pueden extrapolarse a otras circunstancias o condiciones ambientales, además que en la inspección ocular practicada por el Ministerio Público se estableció fehacientemente que los datos aportados por el menor de edad son reales, pues efectivamente fueron corroborados todos y cada uno de los datos aportados por el niño en su declaración.

Lo anterior, aunado a que el inculpado al rendir su declaración ministerial, se ubicó en el lugar de los hechos y argumentó que efectivamente había tomado fotografías al niño, solo que no fueron desnudo.

Ante tal situación, menciona el Proponente, una vez que a criterio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encontraban acreditados los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y abuso sexual, en agravio de dos menores de edad, se consignó la averiguación al Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con fecha 23 de septiembre del 2008, librando orden de aprehensión en contra de los inculpados, por los delitos antes mencionados.

2.- El Senador agrega que con fecha 25 de septiembre del 2008, los inculpados promovieron un amparo ante el juzgado primero de distrito de Oaxaca, juez que con fecha 7 de enero de 2009 decidió conceder un amparo para efectos a los inculpados, mismo al que en forma por demás negligente, la PGR no interpuso ningún recurso de revisión y por ende la ejecutoria de amparo causó estado, lo que obligó al juez de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, al tener que cumplir con el amparo del Juez Federal, a negar librar orden de aprehensión en contra de los quejosos, hecho que demuestra la confabulación de parte de las autoridades de Oaxaca, llámese Tribunal Superior de Justicia del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, para beneficiar a los inculpados y así exonerarlos.

Ante tal situación, recuerda el Senador Proponente, el Ministerio Público adscrito interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución que exonera a los inculpados, es por ello que será una sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca quien resuelva si libra o niega librar la orden de aprehensión en contra de los inculpados, estableciendo que es ahora el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca quien deba resolver en definitiva.

Asimismo, aduce, debe quedar anotado que el Juez Primero de Distrito, no toma en cuenta el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido respecto al caso del Instituto San Felipe, ubicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, que establece que cuando el ofendido en un proceso penal sea menor de edad el Juez debe siempre suplir las deficiencias u omisiones incurridas por parte del Ministerio Público a favor del menor de edad ofendido y en dichos amparos no deberá suplir los conceptos de violación aducidos por el quejoso, hecho que contraría el Juez Federal y no se diga el Juez de Ocotlán de Morelos, que alienta la impunidad en este caso.

El Senador Proponente concluye su exposición argumentando que es por lo anteriormente expuesto y ante la muestra de la impunidad e injusticia que se demuestra en este caso, que se solicita al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, realicen cabalmente su función de procurar e impartir justicia en un caso tal delicado como este, evitando así impunidad alguna.

3.- Esta Dictaminadora reconoce el espíritu del Senador proponente y se suma al rechazo de toda actividad que lacere el libre y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes como desgraciadamente es el caso que motiva el Punto de Acuerdo materia del presente dictamen y el cual está íntimamente ligado con la deleznable conducta típica de la Explotación Sexual Infantil (ESI).

La ESI es un cáncer social que lastimosamente aparece cada vez con mayor frecuencia y del cual México, desgraciadamente, es un principal productor, ubicándose según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en noveno lugar.

De acuerdo con datos de la ONU, el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres en el mundo, sufrieron abusos sexuales durante la infancia.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estima que alrededor de un millón de niños y niñas se suman anualmente al mercado de la explotación sexual infantil a nivel mundial.

En nuestro país, no se tiene un diagnóstico certero de la incidencia del fenómeno, pues lo mismo se habla de 16 mil y hasta 32 mil niñas y niños víctimas de explotación sexual infantil; sin embargo, queda claro que uno de los retos que se deben atender primeramente, es combatir este deleznable problema.

En cuanto a acciones legislativas se refiere, hay que reconocer que diversos legisladores federales han puesto especial énfasis en combatir la explotación sexual infantil desde sus facultades, presentando diversos instrumentos como la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de Explotación Sexual Infantil y la Iniciativa por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Asimismo, el Senado de la República ha exhortado respetuosamente a las Entidades Federativas a redoblar esfuerzos en materia de prevención y persecución de la Explotación Sexual Infantil, así como armonizar su marco legal a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Sin embargo, duele reconocerlo, hay que señalar que estos avances no son suficientes y se tiene que seguir legislando a favor de los derechos de la niñez y en contra de todo aquello que perturbe su integridad y sano desarrollo.

Por otra parte, hay que ser concientes de que en la actualidad contamos con una herramienta de doble filo, tan maravillosa o destructiva, como es la Internet.

Lo anterior es plenamente fundamentado por la Policía Federal Preventiva (PFP), que señala que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de Internet, ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, en donde además, se afirma que los sitios en la red destinados a esta ilícita actividad incrementan a ritmos acelerados, ya que del 2004 al 2006 incrementaron de 72 mil a 100 mil los sitios de pornografía de menores de edad.

Ello debido a que este medio de comunicación es tan mal usado por personas que aprovechan la accesibilidad y alcance que éste tiene para engañar, enredar y hasta promocionar su reprobable actividad, por lo que de igual manera, esta Comisión advierte sobre la necesidad de trabajar para regular las redes cibernéticas con miras a que se pongan los candados necesarios que alejen a nuestra niñez de cualquier perversión a la que desgraciadamente, al día de hoy, acceden sin restricción alguna.

Es bajo en este tenor que los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coinciden en que se debe trabajar en cimentar una cultura que nos permita vivir libremente sin necesidad de estar condicionados o supeditados al quehacer -muchas veces ilícito- de unos cuantos, haciendo de la población la obligación de vigilar que todas las niñas y niños se desarrollen sana y adecuadamente.

4.- Esta Comisión Dictaminadora señala que no es concebible, y menos aún permisible, que en pleno Siglo XXI, cuando todos tenemos el pleno conocimiento de que la infancia es la etapa humana fundamental, directriz del perfil, de las convicciones y de la formación del ser humano, haya gente con tal frialdad, capaces de destruirle la vida a una niña o a un niño que por su misma condición y naturalidad, son altamente vulnerables.

Nada justifica que un niño pueda ser dañado, cuando por el contrario, este debe crecer y desarrollarse física y psicológicamente en un ambiente donde prevalezca el amor, la comprensión y desde luego, el respeto irrestricto a sus derechos, no solo en el hogar sino en espacios que deben brindar la mayor protección como es la escuela.

Es por ello que en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables repudiamos hechos como los narrados por el proponente, en donde niños de una escuela fueron víctimas, tal como en su momento quedó demostrado, de unos sujetos que deben ser tratados con todo el rigor de la Ley.

Asimismo, los Senadores integrantes de esta Comisión reafirmamos una vez más nuestra postura de luchar en contra de cualquier acto o situación que ponga en riesgo la vida o el libre desarrollo de niñas y niños mexicanos, y más aún, cuando estas conductas no solo afectan la vida de una personita, sino el corazón mismo de la sociedad, pues un niño que ha sido víctima de la familia o de la sociedad, victimario entrará a la sociedad; pero si en cambio es un hombre que vive el amor de la familia y de las personas con las que convive, amará y buscará el bien común de su entorno.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables apoya el punto de Acuerdo materia del presente Dictamen e igualmente se pronuncia para que se investigue a fondo el presente asunto y en su caso se les castigue y se sancione con todo el peso de la ley a las autoridades que no han cumplido con su responsabilidad.

Los integrantes de la Comisión entendemos y apoyamos la preocupación que motiva este punto de Acuerdo; sin embargo, también nos queda claro que en el Senado de la República se debe velar por el respeto y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes de una manera global, por lo que la dictaminadora estima conveniente modificar los resolutivos a fin de darles un mayor alcance.

En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión Dictaminadora estiman viable proponer que el Senado de la República exhorte al Poder Judicial del Estado de Oaxaca para que ponga especial atención y refuerce las acciones de impartición de justicia en los delitos en los cuales sea víctima una niña, niño o adolescente, y sancione con todo el rigor de la Ley a aquellas autoridades que, dentro de estos supuestos, no hayan actuado en el estricto sentido que sus cargos les confieren.

Asimismo y debido a que niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito sexual, de pornografía infantil o de corrupción de menores, deben contar con la atención médica y psicológica especializada para atenderles eficazmente, los integrantes de la dictaminadora estiman conveniente la adición de un resolutivo que invite al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca a brindar la atención necesaria a estos niños y sus familias.

Finalmente esta dictaminadora estima necesario proponer un tercer resolutivo a efecto de exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación su homólogo dentro del nivel estatal, lleve a cabo una investigación en el sentido de establecer si existieron violaciones a los derechos humanos de las víctimas de tales hechos, y en su caso se realicen las recomendaciones y el seguimiento pertinentes.

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Dictaminadora se promueve a favor de la proposición materia del presente Dictamen, por lo que es de aprobarse con las modificaciones que se derivan del apartado 4 de las Consideraciones, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca para que ponga especial atención y refuerce las acciones de impartición de justicia en los delitos en los cuales sea víctima una niña, niño o adolescente de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que protegen sus derechos; así como para que sancione con todo el rigor de la Ley a aquellas autoridades que, dentro de los procesos derivados de estos delitos, no hayan actuado en el estricto sentido que sus cargos les demandan.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca para que a través de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia brinde la atención psicológica y toda aquella necesaria a niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales en el Estado, así como el apoyo para sus familiares.

TERCERO.- EL Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca realice una investigación sobre los hechos materia del presente punto de Acuerdo y en su caso realicen las recomendaciones y el seguimiento correspondientes.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 27 de octubre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para que el Senado solicite a la Procuraduría General de la República atraiga la investigación relacionada con la muerte del Niño Miguel Angel López Rocha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por el Pleno de esta Cámara el 28 de abril de 2008, el Senador Silvano Aureoles Conejo presentó la proposición con punto de Acuerdo a efecto de solicitar a la Procuraduría General de la República atraiga la investigación relacionada con la muerte del niño Miguel Angel López Rocha, con base en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

2.- Con fecha 6 de octubre de 2009, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición contiene un solo resolutivo en el sentido de que el Senado de la República solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción de la investigación relacionada con la muerte del niño Miguel Angel López Rocha.

CONSIDERACIONES

1.- El Proponente expone en sus consideraciones que el pasado 13 de febrero, apenas a los ocho años de edad, Miguel Angel López Rocha falleció en el Hospital General de Occidente, en Guadalajara, luego de 19 días de agonía, pasando por el estado de coma.

Sobre el hecho anterior, menciona que a diario los medios de comunicación daban cuenta que el deteriorado estado de salud del niño fue producto de haber ingerido agua del río Santiago, ubicado en el Occidente de nuestro país, presuntamente contaminada con arsénico, lo cual generó que entre la población corriera la alarma que las aguas de dicho río eran un veneno letal.

Señala el proponente que el parte médico del hospital público indicó que dicho niño murió a causa de una infección generalizada, secundaría a una intoxicación por un “agente químico”, ello en razón que los exámenes de orina que practicó Luz María Cueto -prestigiosa toxicóloga- a solicitud de las autoridades sanitarias de Jalisco, localizaron una excesiva concentración de arsénico.

Igualmente, subraya que en conferencia de prensa las autoridades sanitarias de Jalisco afirmaron que el niño no había muerto por arsénico, sino por una intoxicación por heces fecales.

Sobre ese respecto, existen dos necropsias:

• La primera número 337/08, suscrita por Gilberto Hernández Zaragoza el 14 de febrero de 2008, la cual señala como principal causa del deceso falla orgánica múltiple, secundaria a intoxicación por agente químico a determinar y septicemia.

• La segunda necropsia con el mismo número pero de 21 de febrero de 2008, concluye que la muerte se debió a alteraciones causadas por falla orgánica multifuncional secundaria a proceso infeccioso con septicemia y anemia.

El Proponente señaló en esta última que se ignoraron síntomas clave que aparecen a lo largo de todo el expediente médico, en donde los primeros tratantes notaron que el cuerpo del niño se llenaba de ampollas a lo largo de la convalecencia en coma –síntoma típico de la intoxicación por arsénico-, e incluso practicaron exámenes para descartar VIH.

Y es en la segunda necropsia, firmada por María Socorro Rodríguez y Luis Valtierra Estrada, que solo refirieron a dos escoriaciones y en el mismo documento se mencionan dos reportes de laboratorio que habrían dado negativo a la presencia de metales pesados, pero no se anexaron las constancias ni se especificó si los exámenes emanaron de algún tejido.

La diferencia entre los resultados de ambas necropsias generó suspicacias entre los médicos que atendieron al niño, en virtud de la realización de la segunda de ellas llevada a cabo con el propósito de confirmar lo señalado en primer término, es decir, la muerte por arsénico.

Señala el Senador proponente que en el caso narrado se corroboran los informes de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio en su acuerdo de 18 de mayo de 2005, del Tribunal Latinoamericano del Agua en la audiencia celebrada en la Ciudad de México en marzo del 2006, en sus veredictos de fecha 20 de marzo de 2007 y 11 de octubre de 2007, de la Organización Panamericana de la Salud en febrero de 2007, de la Universidad de Guadalajara mediante estudios de calidad del agua y sedimentos de los ríos Verde y Santiago de 2005, estudio de la CIATEJ sobre la contaminación del Río Santiago y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, los cuales señalan la grave contaminación por metales pesados del Río Santiago.

Finalmente, el Senador resalta que derivado de estos hechos, un grupo de 16 legisladores de Jalisco presentaron en la delegación de la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos radicada en la Agencia I, mesa II, bajo el número AP. 1214/08, con el propósito de que la PGR atraiga la investigación a efecto de determinar las causas de la muerte del niño.

En el mismo sentido, los familiares de el niño presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos, la cual quedó radicada bajo el número AP/040/UEIDAPLE/DA/6/08, para que la dependencia, en el ámbito de su competencia y por la conexidad con delitos federales, realice una imparcial investigación para determinar las causas de la muerte del menor de edad.

2.- Para los legisladores de esta Comisión, resulta de particular importancia tomar todas aquellas medidas que busquen eliminar condiciones que vulneran derechos humanos y en particular aquellos inherentes a la niñez, como es el caso del derecho a la vida y a desarrollarse en un ambiente sano, siendo coincidentes con la inquietud que expone el proponente en el presente punto de Acuerdo.

Derivado de ello, los integrantes de esta Comisión toman en cuenta para desarrollar el presente Dictamen los aspectos que el Senador ha mencionado, aunado a ello, es preciso advertir sobre la necesidad de llevar a cabo el mismo dentro de los cauces legales aplicables y con un verdadero sentido de utilidad en cuanto la propuesta.

En principio, la proposición con punto de Acuerdo tiene como eje solicitar al titular de la Procuraduría General de la República, para que con base en el artículo 10 de Código Federal de Procedimientos Penales atraiga la investigación relacionada con la muerte del menor de edad de nombre Miguel Angel López Rocha.

Sobre lo anterior, el Artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales prevé que:

Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I.- Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que puedan constituir delito;

II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño;”

III a XI.-…

Por su parte el Artículo 113 del propio ordenamiento menciona lo siguiente:

“Artículo 113.- El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la policía,…”

I y II.-…

Bajo ese orden de ideas es de tomar en cuenta que el propio Proponente ha mencionado que en su considerando sexto en el sentido que:

“Un grupo de 16 legisladores de Jalisco presentaron, en la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos radicada en la Agencia I mesa II bajo el numero AP. 1214/08, para que la PGR atraiga la investigación a efecto de determinar las causas de la muerte del menor.”

Igualmente, menciona que los familiares del niño Miguel Angel López Rocha presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos, la cual quedó registrada bajo el número AP/040/UEIDAPLE/DA/6/08, para que la PGR en el ámbito de su competencia y por la conexidad con delitos federales, realice una imparcial investigación para determinar las causas de la muerte del menor de edad.

Bajo esa perspectiva, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coinciden en que bajo ningún motivo deben quedar en el olvido las circunstancias en las que se vean involucrados niñas y niños y mucho menos tratándose de aquellas que atenten contra su vida y salud, situaciones a las que se les debe dar el seguimiento correspondiente y exigir el cumplimiento de la justicia.

Es así que sus integrantes -bajo la lógica propositiva y a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad con la que se han guiado en la dictaminación de los asuntos turnados- acuerdan modificar el punto de Acuerdo originalmente planteado, exhortando a la PGR para que a través de sus facultades informe sobre el estado que guarda la investigación referida, a efecto de tener certeza y conocimiento pleno de los hechos denunciados, su proceso y las acciones que se han tomado.

Todo ello con la finalidad de que situaciones tan lamentables como la narrada en la Proposición no queden impunes ni se vuelvan a repetir.

En virtud de lo expuesto y motivado, y en apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes y otros ordenamientos relativos al ámbito penal, esta Dictaminadora considera quees de aprobarse con modificaciones la proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que a través de sus facultades, informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda la solicitud que hicieron los legisladores del Estado de Jalisco respecto a la Averiguación Previa 1214/08, derivada de los hechos que dieron como desenlace el fallecimiento del niño Miguel Angel López Rocha en el Hospital General de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 27 de octubre de 2009”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Están a discusión los dictámenes presentados. Tiene la palabra a favor de los dictámenes el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Señor Presidente, muchas gracias.

Quiero aprovechar la discusión de este dictamen para hacer una reflexión en torno al contenido de los mismos.

Miren, hace unos momentos también se votó otro dictamen, que yo agradezco de manera muy amplia a los compañeros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y otras comisiones, el acuerdo para poder dictaminar positivamente el dictamen, pero hago referencia, compañeras y compañeros, porque este dictamen o este punto de Acuerdo se presentó hace un año, hace un año que se presentó, porque en ese momento había un problema muy fuerte con la industria del acero, el gobierno decidió decretar o decretó más bien bajar los impuestos a la importación del acero, cosa que metía en crisis a la producción nacional del acero, particularmente nos interesaba a nosotros por el caso de Michoacán o el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo, y agradeciendo la disposición de las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión a dictaminarlo positivamente, el Decreto ya fue publicado, y seguramente entrado en vigor, y el punto de Acuerdo apenas se dictamina. Es el mismo caso del que hace un momento lee el Secretario que tiene que ver con el fallecimiento del niño Miguel, si ustedes recordarán, hace más de un año, un problema muy fuerte, cuando un menor de edad fue arrastrado por una corriente, por un río, cayó en las aguas del Río Santiago, con una polémica muy, muy intensa en donde los análisis y el informe de la Comisión Nacional del Agua decían que el niño había fallecido por otras causas, que se murió por otras razones, pero no por el agua contaminada; cuando otros estudios determinaron que el menor tenía altos contenidos de arsénico en la sangre, que se supone que son los componentes que más abundan en la corriente del Río Santiago, pero hace más de un año, compañeros, compañeras, hace más de un año era oportuno, era lo coyuntural de que la PGR trajera el caso por considerar que no había respuesta satisfactoria en la Procuraduría del Estado de Jalisco.

Se está dictaminando hoy, se pone a consideración, yo agradezco mucho a las compañeras y compañeros de la Comisión que han elaborado el dictamen, pero sí pedirles que en los casos de puntos de Acuerdo que tienen estas características se hiciera lo posible por dictaminarlos en tiempo y forma, es un llamado a las comisiones, al Pleno para que estos dictámenes lleguen a tiempo, si no, pues es demasiado tarde lamentablemente.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, señor Senador. ¿Algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra?

Entonces, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores Acuerdos son de aprobarse. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

En otro apartado del Orden del Día, señores Senadores, señoras Senadoras, tiene el uso de la tribuna el Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Muchas gracias, señor Presidente.

Honorable Asamblea, en el año de 2008, según datos del Instituto Ciudadanos de Estudios Sobre la Inseguridad, se denunciaron 1 millón 650 mil 565 delitos del fuero común en el país. Para este año es probable que la Procuraduría General de la República reciba denuncias por cerca de 150 mil delitos del orden federal.

De acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad llevada a cabo por el mismo ICESI, sólo se denuncia el 22 por ciento de los delitos, de ahí que la llamada cifra negra oscila alrededor del 85 por ciento.

¿Por qué es esto así? ¿Cuál es la razón de que las personas que sufren delitos prefieren no acudir a demandar la aplicación de la ley y de hecho opten por renunciar a la reparación del año, y a que los ilícitos dejen de producir sus consecuencias?

El mismo instituto en su Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad estableció que el 39 por ciento de los entrevistados considera una pérdida de tiempo ir a presentar una denuncia; en otras palabras, las víctimas no tienen confianza en sus autoridades.

En el ámbito constitucional nuestra Ley Fundamental se ocupa de los derechos de las víctimas en el artículo 20, en el apartado A se establecen los principios generales del proceso penal acusatorio y oral.

El apartado B, consagra los derechos de toda persona imputada, y al último, en el apartado C, aparecen los derechos de la víctima o del ofendido.

En la ingeniería constitucional la eficacia del sistema de justicia no radica en el orden en que aparecen las disposiciones normativas en la Carta Magna o en cualquier otro ordenamiento. Sin embargo, es importante que se garanticen los derechos de las víctimas del delito lo cual es acorde con las exigencias y necesidades de las y los ciudadanos.

No obstante, la técnica constitucional permite reflejar por parte del legislador calificado la valoración que hace de ciertos temas en un momento histórico determinado. México se ha distinguido por este tipo de arquitectura constitucional, la declaración de derechos sociales que consagra el equilibrio entre el trabajo y el capital es un ejemplo de ello.

En la actualidad las víctimas de los delitos y sus familias requieren, y así lo demandan, mayor atención de los Tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno. Esta legítima exigencia social se aprecia con nitidez tratándose de las personas que han sufrido el delito del secuestro.

Los probables responsables tienen todo tipo de derechos que se traducen en ventajas para enfrentar el proceso, mientras que las víctimas ven transcurrir los días, los meses y los años sin que se haga justicia. Las familias que sufrieron los ataques de una conocida banda de plagiarios todavía no logran la reparación eficaz del daño por medio de la indemnización de los rescates pagados, a pesar de que los principales miembros de la organización delictiva fueron detenidos hace más de diez años.

En este orden de ideas los derechos de las víctimas han sido los últimos invitados al proceso penal. Poco a poco han pasado de ser un mero convidado de piedra a incipientes protagonistas de las causas penales, reduciéndose cada vez más el trasnochado monopolio de la acción penal.

La reciente reforma al sistema de justicia penal otorgó mayores derechos a las víctimas que ahora los pueden hacer valer al lado del Ministerio Público para recuperar, en la medida de lo posible, la situación de que gozaban antes de la comisión del ilícito.

Como muestra de la voluntad política de los poderes constituidos de apoyar a las víctimas de los delitos, reconociendo la importancia de sus derechos frente a la arremetida violenta de unos cuantos, que serán siempre los menos, que integran a la delincuencia organizada y para sustentar una base sobre la cual se asiente toda una filosofía a favor de las familias de las víctimas de delitos, vengo a proponer hoy la inversión de los apartados B y C del artículo 20 Constitucional en términos del Decreto que aparece publicado hoy en la Gaceta del Senado.

Además del respeto a sus derechos, quizás el punto más sensible hacia las víctimas, es el trato que reciben por parte de las autoridades. La Constitución es además de una estructura con rigor lógico la proyección de lo que somos y lo que aspiramos a ser.

Seamos solidarios con las víctimas, démosle un trato constitucional que demuestre que las escuchamos.

Muchas gracias a los que atendieron y a los que no. Le ruego que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
del H. Senado de la República.
Presente.

Felipe González González, Senador de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Análisis de la Situación.

Los vientos de la Ilustración trajeron consigo el principio de la justicia imparcial e independiente y, con ellos, las garantías del proceso penal. Se proscribieron los malos tratos, los azotes y las penas trascendentes. Se prohibió juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Sendas garantías en materia penal recogidas por los artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 constitucionales en 1917. Al paso casi de un siglo, por otro lado en la ley penal el catálogo de los delitos ha ido en aumento reflejando en la tipificación la sofisticación criminal que da lugar a nuevas conductas que causan daño a las víctimas y a la sociedad, dado que el Penal no ha perdido sino que se ha acentuado su carácter de Derecho Público apareciendo en este escenario jurídico un nuevo personaje que reclama con la misma intensidad la protección de sus derechos: La Víctima.

En efecto, el desequilibrio en la etapa de averiguación previa, durante el juicio y prácticamente su olvido al aplicar las penas, en particular la de prisión provocaron una reacción social ante la notoria injusticia que se ha traducido en que los derechos de la víctima también habiten en la Carta Magna. La vida de las personas sometidas al sistema de justicia penal, en cualquiera de sus etapas; su libertad y sus bienes están en juego. De ahí la protección constitucional. Esos mismos valores han dejado de existir ya no como conceptos jurídicos sino en el mundo real para la víctima. Quien sufre una conducta delictiva no está a las resultas del juicio. La víctima ya fue asesinada, privada de la vida, de su libertad o sus bienes o mancillada. No hay duda. La legislación secundaria no permite iniciar un proceso legal de no haber quedado comprobado que haya una víctima y que un bien jurídico tutelado haya sido dañado o puesto en peligro. El ofendido va ante la autoridad para que se le restituya por efecto de la Justicia, ya que el delincuente no lo hará por sí mismo. El delincuente tiene que ser compelido a reparar el daño.

Es bien sabido que nadie es culpable hasta que se pruebe su responsabilidad. En México más del 80% de las personas sujetas a procedimiento penal resultan responsables por la existencia jurídica del delito. En algunos estados el porcentaje de sentencias absolutorias no llega a dos dígitos.

El Penal es un Derecho de última instancia. Se aplica cuando todos los demás ordenamientos, los usos sociales y las buenas costumbres han sido insuficientes para mantener a los integrantes de la sociedad en el marco de la convivencia armónica. Aquella convivencia a que aspira el artículo 3º constitucional desde el punto de vista y quehacer educativo. Es el derecho que se aplica a los que se salen del orden jurídico y social. Para ellos, la Constitución ha terminado al paso de los años por darles primacía en su preceptiva. En efecto, el apartado B del artículo 20 constitucional se ocupa en primer término de los derechos del acusado. La víctima se relega a segundo término. El apartado C se ocupa de sus derechos.

La víctima requiere resurgir en el tratamiento normativo constitucional. Con mayor razón en el ambiente de violencia que se padece y que encuentra causas diversas. La exclusión social acentuada por la declinación económica; las condiciones de alto consumo de enervantes en países con poder de compra de drogas, entre otras. Las víctimas, entre las que destacan las de secuestro, quieren no sólo ver protegidos adecuadamente sus derechos, sino que se les distinga con claridad de los que son acusados por violar la ley.

En México, se registran al año casi 150 mil de delitos federales. Según diversos análisis sobre la estadística criminal, aproximadamente el 20% de los delincuentes comete el 80% de los delitos. En otras palabras, el conjunto de las personas que cometen delitos dolosos es mucho más reducido que el de sus víctimas. Ello es así en razón de que un delincuente o una organización criminal no comete uno sino diversos delitos. Esta circunstancia del acontecer delictivo se aprecia más cuando se realizan detenciones de secuestradores, en cuya investigación se descubre que han perpetrado otros plagios diversos del que dio lugar a su aprehensión. Aunque la eficacia en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal no radica en el orden en que aparezcan las disposiciones normativas en la Constitución o en cualquier otro ordenamiento, es importante que se garanticen los derechos de las víctimas, en particular cuando en el marco del combate a la delincuencia este modelo de trabajo legislativo significa para dichas víctimas y sus familias, una muestra no sólo de apoyo del Legislativo hacia sus derechos, sino de comprensión y compromiso de conjuntar la voluntad política de los tres órdenes de gobierno en la defensa de las personas y sus bienes a lo largo y ancho del país. De esta guisa, la primacía de los derechos de las víctimas que trae aparejada la inversión propuesta de los apartados del Artículo 20 constitucional adquiere en estos momentos de extrema violencia provocada por la embestida de la delincuencia organizada que no se detiene para extorsionar, secuestrar, y hasta asesinar la altura de una verdadera Decisión Política Fundamental.

Las leyes de la república, la Constitución primero que todas ellas, protegen y propugnan valores sociales. En este orden de ideas, el lugar normativo de los derechos de la víctima antecede a la garantía de los derechos de la persona acusada de haber cometido un delito. En estos momentos en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno enfrentan el antagonismo de la delincuencia, las víctimas merecen un signo claro del Poder Legislativo de reconocimiento, aliento y apoyo a sus derechos. Por lo anterior y con el propósito de que la preceptiva constitucional refleje la importancia de los derechos de las víctimas de delitos, propongo la inversión de los incisos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS INCISOS DEL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo Unico.- Se invierten los incisos B y C del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue,

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. ..

B. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

C. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

TRANSITORIOS

Unico.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, se acepta la petición del Senador Felipe González. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el apartado A del artículo 26 y adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 constitucional.

Y hago una atenta petición a las Senadoras y Senadores de este Pleno. La Mesa Directiva está consciente que hay diversos temas que están siendo objeto de consultas, análisis, intercambios del más diverso tipo entre Senadores y grupos parlamentarios, se entiende eso; pero hagamos un esfuerzo de mantener la atención necesaria para los oradores que están presentando sus iniciativas en tribuna.

Adelante, señor Senador.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO A DEL ARTICULO 26 Y ADICIONA LA FRACCION XXIX-Ñ DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Melquiades Morales Flores: Con el permiso de la Presidencia; señoras Senadoras; señores Senadores:

Mucho le agradeceré, señor Presidente, que el texto de la iniciativa que hoy presento sea incluido íntegramente en el Diario de los Debates.

La Ley para la Reforma del Estado y los trabajos que se desarrollaron a lo largo de su vigencia, pusieron en evidencia la debilidad de la planeación del desarrollo nacional. Resultó claro que la desvinculación entre lo que se planea y lo que se ejecuta, ha dado como resultado no solamente planes que no se cumplen, sino sobre todo presupuestos que no se ejercen y proyectos inconclusos.

Uno de los aspectos que más preocupan es la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de él se derivan. Cada seis años se inventa al país. Si bien es necesario que se actualicen periódicamente los diagnósticos, no es posible ni deseable interrumpir la marcha de la nación y empezar cada seis años otra vez de cero.

Además la participación del Congreso en el proceso de planeación no es completa, si bien se aprueba el paquete económico anual en la elaboración del Plan Nacional y de sus programas la ley establece una participación testimonial del Poder Legislativo. Esta iniciativa busca corregir este hecho, al dar un papel protagónico al Congreso, no solamente la aprobación del Plan Nacional, sino en el seguimiento del mismo, abriendo en paralelo la posibilidad de que los proyectos plurianuales que contenga el Plan Nacional, tengan una aprobación que vaya más allá del gobierno en turno.

El objetivo de la planeación del desarrollo es dar certidumbre a los actores sociales de lo que va a hacer el gobierno en un periodo determinado, de aprobarse esta iniciativa este objetivo se alcanzará a cabalidad.

La planeación es el instrumento que permite a los gobiernos y empresas identificar problemas y proponer soluciones a la problemática que se enfrentan. Como política de gobierno permite ordenar prioridades y al hacerlo, facilita la toma de decisiones. Para el caso del Estado mexicano el uso de la planeación ha sido una constante.

A lo largo de la historia de la planeación en México, el Congreso ha centrado su atención, conforme lo establece el marco legal vigente, en el seguimiento y evaluación de los planes y programas, más no en la elaboración y aprobación de los mismos.

En los términos de la ley vigente, la participación de las Cámaras en el proceso de planeación se da en casi en todas sus fases. En efecto, en la elaboración del Plan, a través de la consulta nacional a que convoca el Ejecutivo para su integración; en el envío al Congreso para el análisis, examen y opinión sobre el contenido del mismo; y en el seguimiento del mismo a través del Informe de Ejecución del Plan que se remite anualmente a las Cámaras. En cada una de esas etapas el Congreso está en pleno derecho de recomendar cambios de fondo y de forma al Plan, y tanto también para su ejecución. Participa en casi todo el proceso pero no en su aprobación como se propone.

La experiencia mexicana en materia de planeación del desarrollo demuestra que la limitación a un periodo de tiempo no es adecuado, el incentivo a empezar siempre de nuevo es muy elevado, por tanto, se requiere que en el texto Constitucional se sienten las bases para la planeación estratégica de mediano y largo plazos, que obligue a los gobiernos a imaginar e impulsar políticas públicas de largo aliento. El Estado tiene que desarrollar metodologías y proponer estrategias que deben de revisarse y adaptarse para fijar el rumbo del país y sobre todo dar certidumbre a los sectores productivos y a todos los ciudadanos.

Con esta iniciativa se propone también llevar al texto Constitucional la planeación estratégica de largo plazo a fin de ofrecer a la sociedad una visión de país compartida por todos y aprobada y evaluada por el Congreso. Esta combinación es un buen inicio para perfilar en los hechos la necesidad urgente de tener en México gobiernos compartidos.

Por todo ello, con el fin de dar certidumbre al proceso de desarrollo al país, así corresponsabilizar al Congreso en la fijación de los objetivos y proyectos del país en el mediano y largo plazo, se propone reformar los artículos 26 y 73 de la Constitución para incluir la obligatoriedad de que el Congreso apruebe no solamente el Plan Nacional de Desarrollo para un periodo de seis años, sino también los programas y proyectos que vayan más allá de ese lapso, ello con el fin de dar certidumbre a los actores económicos y a los grupos sociales que conforman nuestro país, se evitaría así la tentación de que el país se invente cada seis años.

Suscriben esta iniciativa los Senadores Fernando Baeza Meléndez, Alfonso Elías Serrano, Raúl Mejía González, María de los Angeles Moreno Uriegas, Rubén Velázquez López, Eloy Cantú Segovia, Carlos Lozano de la Torre, Alfonso Sánchez Anaya y el de la voz.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Senador de la República, Melquíades Morales Flores integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Soberanía la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el apartado A del artículo 26 y se adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de planeación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley para la Reforma del Estado y los trabajos que se desarrollaron a lo largo de su vigencia, pusieron en evidencia la debilidad de la planeación del desarrollo nacional. Resultó claro que la desvinculación entre lo que se planea y lo que se ejecuta, ha dado como resultado no solamente planes que no se cumplen, sino sobre todo presupuestos que no se ejercen y proyectos inconclusos.

Uno de los aspectos que más preocupan en la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de él se derivan. Cada seis años se inventa al país. Si bien es necesario que se actualicen periódicamente los diagnósticos, no es posible ni deseable, interrumpir la marcha del país y empezar cada seis años otra vez de cero.

Además la participación del Congreso en el proceso de planeación no es completa, si bien se aprueba el paquete económico anual, en la elaboración del Plan Nacional y de sus programas la ley establece una participación testimonial del Poder Legislativo. Esta iniciativa busca corregir este hecho, al dar un papel protagónico al Congreso, no solamente en la aprobación del Plan Nacional, sino en el seguimiento del mismo, abriendo en paralelo la posibilidad de que los proyectos plurianuales que contenga el Plan Nacional, tengan una aprobación que vaya más allá del gobierno en turno.

El objetivo de la planeación del desarrollo es dar certidumbre a los actores sociales de lo que va a hacer el gobierno en un periodo determinado, de aprobarse esta Iniciativa, ese objetivo se alcanzará a cabalidad.

La experiencia mexicana en materia de planeación del desarrollo demuestra que la limitación a un periodo de tiempo no es adecuada, el incentivo a empezar siempre de nuevo es muy elevado, por tanto, se requiere que en el texto Constitucional se sienten la bases para la planeación estratégica de mediano y largo plazos, que obligue a los gobiernos a imaginar e impulsar políticas públicas de largo aliento. El Estado tiene que desarrollar metodologías y proponer caminos que deben de revisarse y adaptarse, pero el rumbo del país y sobre todo la certidumbre para los sectores productivos y para la ciudadanía toda, debe ser una constante en la acción cotidiana de gobierno.

En este marco es que la planeación es el instrumento que permite a gobiernos y empresas identificar problemas y proponer soluciones a los problemas que enfrentan. Como política de gobierno permite ordenar prioridades y al hacerlo, facilita la toma de decisiones. Para el caso del Estado Mexicano el uso de la planeación ha sido una permanente.

Evolución de la planeación en México 1930-2006

En la etapa inmediata a la Revolución, se emprendieron grandes esfuerzos para consolidar y ordenar la acción del Gobierno en materia de desarrollo económico. Quedaba atrás la lucha armada y se daba paso a las instituciones. Así por ejemplo, en 1921 se crea la Secretaría de Educación; el Banco de México en 1925; y en 1930 se promulga la primera Ley de Planeación.

A partir de 1930, México el gobierno mexicano ha empleado a la planeación como instrumento para ordenar sus acciones. Es así que la Administración del Presidente Lázaro Cárdenas basó su gestión en el primer Plan Sexenal 1934-1940.

El objetivo de la planeación en México de acuerdo a la redacción del artículo primero y segundo de esa ley, eran los siguientes: coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependencias gubernamentales para obtener el desarrollo material del país, para lo cual se procedería a la confirmación del "Plan Nacional de México", mismo que regularía el desarrollo armónico del país.

Los objetivos del plan en si eran: “a) aprovechamiento planificado de las riquezas nacionales; b) alza de salarios a los trabajadores; c) creación de oportunidades de trabajo y d) fundación de una economía propia, autónoma, dirigida por la inteligencia y el trabajo de los mexicanos”.

El Segundo Plan Sexenal 1940-1946, reafirmó la presencia del Estado como eje para transformar la estructura de la sociedad y fija los objetivos del mismo, frente a la nueva década y la nueva época de México postrevolucionario.

El objetivo del Plan, puede resumirse de la siguiente manera: “El engrandecimiento del Estado, el progreso económico y el adelanto cultural no se conciben como fines, sino como medios; y de este modo se establece la idea revolucionaria de progreso, que deshecha como ideal el bienestar de un grupo, fincado en la miseria y la ignorancia de una masa, una sociedad progresa en la medida en que llega una abundancia cada vez mayor de bienes y posibilidades a un número cada vez más amplio de hombres”.

La tercera experiencia en materia de planeación del gobierno mexicano lo constituyó el Proyecto de Inversiones del Gobierno Federal y Dependencias Descentralizadas, mismo que se elaboró para los años 1947-1952.

Los antecedentes de este proyecto se remiten a la solicitud de México para recibir un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con el fin de apuntalar la recuperación económica del país, al mismo tiempo de consolidar un desarrollo industrial razonable. El proyecto consta de varias divisiones y se caracteriza por fijar con precisión las necesidades de inversión en los campos productivos de México.

Durante la Administración de 1953-1958, se avanzó sólidamente en el diseño de un Programa Nacional de Inversiones. Los objetivos que se consideraron para ese Plan fueron los siguientes:

• Mejorar el nivel de vida de la población.

• Lograr una satisfactoria tasa de incremento en el desarrollo económico.

• Alcanzar el desarrollo más coordinado de la economía.

• Lograr el mayor incremento de la producción.

• Obtener cierta estabilidad en los precios.

• Lograr el financiamiento de la inversión sin incurrir en el déficit.

• Conseguir la mayor participación del capital nacional dentro del financiamiento de la inversión.

• Canalizar los recursos financieros de preferencia hacia aquellos sectores más requeridos de fondos o sea la resolución de los mayores problemas económicos.

En el gobierno del Presidente López Mateos la planeación ocupó un lugar preponderante, como guía y orientación de las acciones del Gobierno. El Plan de Acción Inmediata obedeció a la necesidad de responder a una relativa falta de dinamismo en la economía. Al inicio de los sesentas, el plan fue preparado por las Secretarías de Hacienda y de la Presidencia, lo cual originó la creación de la Comisión Intersecretarial para la formulación de planes de Desarrollo Económico y Social. Los objetivos básicos del Plan se constituían por:

• Crecimiento del PIB de 5% para 1961 - 1965.

• Para cumplir lo anterior habría que elevar la inversión pública y privada.

• Incrementar la capacidad de autofinanciamiento de las empresas públicas.

• Estimular la reinversión de las utilidades privadas y estimular el ahorro para canalizarlo a nuevas inversiones.

En la Administración del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, se contó con el Programa de Desarrollo Económico y Social, cuyos objetivos eran:

• Crecimiento promedio de 6% anual de PIB.

• Desarrollo acelerado de las actividades agropecuarias.

• Impulsar la industrialización y mejorar la productividad.

• Atenuar y corregir los desequilibrios del desarrollo, regional y sectorial.

• Distribuir más equitativamente el ingreso nacional.

• Mejorar la educación

• Fomentar el ahorro interno

• Estabilidad cambiaria

• Impulsar las reformas que coadyuven a que la administración pública impulse el proceso de desarrollo.

Posteriormente entre 1971 y 1976 se elaboró el Programa de Inversión y Financiamiento del Sector Público Federal cuyos objetivos se orientaban en la dirección siguiente:

• Elevar la generación de empleos productivos

• Impulsar los proyectos que contribuyan a elevar el bienestar social de los grupos mayoritarios de la población

• Promover el desarrollo y la integración regional

• Contribuir a la disminución del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos

El programa tendía a fijar los objetivos y las fuentes de financiamiento en el marco de una política económica y financiera que tuviera como objetivo fundamental mejorar sustancialmente la distribución del ingreso del país.

El Gobierno del Presidente López Portillo retoma la planeación como instrumento, para orientar y guiar las acciones del sector público, a tal grado que en esa administración se elaboran diversos planes, entre otros destacan: Plan Nacional de Desarrollo Urbano; Plan Nacional de Desarrollo Industrial; Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal; Programa Nacional de Empleo; Plan Nacional de Turismo; Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; Plan Nacional de Comercio; Programa del Sector Educativo; Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes.

Cabe señalar que el proceso de planeación consistió en la inducción, es decir, primero se realizaron los planes y programas sectoriales y posteriormente se englobaron en un plan integral, la única excepción fue el caso del Programa de Energía, mismo que se elaboró a partir del Plan Global de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. El Plan Global buscaba los siguientes objetivos:

• Reafirmar y fortalecer la independencia de México

• Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar

• Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente

• Mejorar la distribución del ingreso

La planeación cobra relevancia a partir del gobierno del Lic. Adolfo López Mateos, no obstante es en la administración de Miguel de la Madrid cuando adquiere una función primordial. En efecto, la administración del Presidente Miguel de la Madrid maduró lo iniciado en la anterior y diseñó un Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En 1983 se realizaron reformas constitucionales a los artículos 25, 26, 27, y 28, mediante los cuales se reafirmaron la rectoría del Estado en el Desarrollo Nacional y la propiedad de la nación en los sectores y empresas estratégicas para llevar adelante dicho desarrollo.

Asimismo, se establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) cuyo primer producto debería ser un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 que sería el resultado de la participación y concertación sociales.Para ese efecto el Ejecutivo Federal presentaría el Plan a más tardar 6 meses después de haber tomado posesión.

Este concepto de planeación democrática se funda en el principio de la participación social y la rectoría del Estado. El SNPD es la gran matriz de donde se desprenden el Plan y los Programas sectoriales, regionales y especiales.

Cabe señalar que durante el gobierno del Presidente de la Madrid, se promulgó una ley que otorga a la planeación un carácter de obligatoriedad para ciertos sectores y que al mismo tiempo sea el puente hacia otros para concertar acciones dentro de los marcos establecidos en el SNPD, que es la vía para instrumentar los postulados de la todavía vigente Ley de Planeación.

La Ley marca que tanto las dependencias de la Administración Pública Federal, como las del sector paraestatal deberán participar, en las materias que les correspondan y sean de su responsabilidad, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El Plan Nacional de Desarrollo precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país, contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determina los instrumentos y responsabilidades de su ejecución, establece además los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. El PND rige el contenido de los programas que genera el SNPD. La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, el Plan señala los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deben ser elaborados.

Los Programas Sectoriales se sujetan a las previsiones contenidas en el Plan por una parte, y por la otra, especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.

Los Programas Institucionales que elaboran las entidades paraestatales, se sujetan a las previsiones contenidas en el Plan y en el Programa Sectorial correspondiente.

Los Programas Regionales se refieren a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.

Los Programas Especiales se refieren a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadas de sector.

Para la ejecución tanto del Plan como de los Programas derivados, las dependencias y entidades deben elaborar Programas Anuales, que incluyan los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos programas anuales son congruentes entre sí, y rigen durante el año de que se trate las actividades de la administración pública federal en su conjunto; sirven además de base para la integración de los anteproyectos de presupuestos anuales que elaboran las propias dependencias y entidades.

El Plan y los Programas referidos son obligatorios para el sector público central y paraestatal, y especifican las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de integración o concertación con los grupos sociales interesados.

Por lo que respecta a los Programas Institucionales, estos deben ser sometidos por el órgano de gobierno y administrativo de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora de sector.

En el caso del Plan y los Programas Regionales y Especiales son sometidos por la SHCP a la consideración y aprobación del Presidente de la República. Los Programas Sectoriales son sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora de sector, previo dictamen de la SHCP.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988, tenía como objetivos principales la defensa de la Soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

Dentro de este, se creó el Programa Inmediato de Reordenación (PIRE), que fue la primera línea estratégica de un compromiso de planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazos. Entre las metas que se establecieron en ese programa están: el abatimiento de la inflación a través de la disminución del déficit público del 16 por ciento al 8 por ciento por medio de recortes en el gasto y el fortalecimiento de las fuentes de ingreso.

Para 1994 el contexto social y económico del país era otro, por lo que los objetivos del nuevo PND deberían de cambiar de manera drástica. Durante este año el objetivo que siguió en pie fue el de fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano, sin embargo se generan nuevos objetivos como consolidar un régimen de convivencia social, regido plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos, construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana, avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo principios de equidad y justicia y promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.

Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, se llevaron a cabo una consulta nacional, popular y democrática, organizada a través de 97 foros que comprendieron 516 eventos, en los que se presentaron más de 12,000 ponencias. Además, se recibieron más de 300,000 aportaciones de la población, en los buzones y centros de recepción instalados en todo el territorio nacional. El eje de este Plan fue hacer frente a la crisis de 1995 y basó sus propuestas en la forma de mejorar el ahorro interno.

Los planes de los Presidentes Salinas y Zedillo dieron un giro a la planeación en México, ya que buscaron ser más estratégicos y menos detallados en cuanto al diagnóstico y mucho menos comprometidos con las metas.

Los gobiernos de la alternancia han elaborado dos planes nacionales. Ambos se fincan en la planeación estratégica más propia de las empresas que de los países, pero lo relevante es que no desecharon la prioridad del Plan, que sigue siendo el pilar de las políticas públicas en México.

El PND del año 2000 buscaba el desarrollo social y humano, el crecimiento con calidad y el orden y respeto, teniendo como marco el Sistema Nacional de Planeación Participativa. El PND del 2006, actualmente en vigor, tiene como objetivo el generar un Estado de Derecho y seguridad, una Economía competitiva y generadora de empleos, Igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, promover la Sustentabilidad ambiental y fomentar la una democracia efectiva y política exterior responsable.

En el PND 2006-2012 se incluye la llamada “visión 2030” con la cual se apuesta por un Desarrollo Humano Sustentable, una descripción del México deseable y posible por encima de las diferencias. Incluye “la imagen del país en el que deseamos vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que como gobierno y como sociedad emprendemos a partir de ahora”.

Como se observa, el proceso de planeación en México ha evolucionado de una planeación parcial entre 1930 y 1976 hacia una planeación integral e indicativa en las últimas experiencias. En todo momento, la responsabilidad de emplear a la planeación como un instrumento ordenador de la acción del gobierno, ha recaído en el Ejecutivo.

En los distintos planes que se han formulado se ha buscado reflejar los objetivos dela administración en turno y respetar el proyecto de país contenido en la Constitución. Este es un principio fundamental: el plan es una visión del país para un momento dado, para un periodo determinado por particularidades históricas, económicas y políticas, responde también a compromisos adquiridos en la campaña que dio origen al gobierno que lo propone, pero no sustituye, ni puede, ni debe hacerlo a la Constitución General de la República.

La evolución de la planeación en México nos muestra que el Ejecutivo ha sido muy eficiente en el diseño de planesy programas, pero que se han mostrado deficiencias en la instrumentación, control y evaluación de los mismos. Toca ahora que esto no suceda con el nuevo plan y en ello el Legislativo tiene que jugar un papel mucho más importante.

Participación del H. Congreso de la Unión en el Proceso de Planeación

A lo largo de la evoluciónde la planeación en México, el Congreso de la Unión ha centrado su atención, conforme lo establece el marco legal vigente, en el seguimiento y evaluación de los planes y programas y no en la elaboración y aprobación de los mismos.

En este sentido, derivado de lo establecido en elartículo 26 Constitucional, relativo al papel del Congreso de la Unión en el sistema de planeación democrática, cabe considerar que la Ley de Planeación atribuye la responsabilidad de la planeación nacional al Ejecutivo Federal, con la participación democrática de los grupos sociales (artículo 4o). La ley establece que el Presidente de la República deberá remitir el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones, el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan (artículo 5o). Asimismo, el Ejecutivo Federal, en su informe anual al Congreso, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del plan y los programas. Además, en el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remite al Congreso el informe de acciones y resultados de la ejecución del plany los programas.

Es así que en los términos de la ley vigente, la participación del Congreso en el proceso de planeación se da casi entonces en todas sus fases. En efecto, en la elaboración del Plan, a través de la consulta nacional a que convoca el Ejecutivo para su integración; en el envío del Plan al Congreso para el análisis, examen y opinión sobre el contenido del mismo; y en el seguimiento del mismo a través del Informe de Ejecución del Plan que se remite anualmente al Congreso. En cada una de esas etapas el Congreso está en pleno derecho de recomendar cambios de fondo y de forma al Plan y a su ejecución. Participa en casi todo el proceso pero no en el que fija los objetivos del país, no solamente del Ejecutivo en turno, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo

Al revisar el catálogo de facultades expresas del Congreso de la Unión en al artículo 73 constitucional, se verifica la importante área de competencias legislativas en el ámbito federal con clara implicación para las políticas de desarrollo: imponer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto (fracción VII); dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y mandar pagar la deuda nacional (fracción VIII); impedir que del comercio de estado a estado se establezcan restricciones (fracción IX); legislar en toda en la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica; juegos con apuestas y sorteos; servicios de banca y crédito; energía eléctrica y nuclear; para establecer el banco único de emisión y para expedir leyes reglamentarias del artículo 123 (fracción X); para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal (fracción XVII); para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para fijar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar pesas y medidas (fracción XVIII); para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos (fracción XIX); para establecer contribuciones sobre comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales que sean del dominio directo de la nación.

Específicamente el artículo 74 constitucional en sus fracciones II; IV; y V; y el artículo 75 de la Carta Magna, le otorgan a la Cámara de Diputados facultades exclusivas para participar y sancionar la política económica que propone e instrumenta el ejecutivo. Pero no para reorientar el PND si éste muestra agotamiento, mismo que fue inmediato en el caso del PND en la administración del Presidente Zedillo, en la del Presidente Fox y evidentemente en la actual.

Contenido de la Iniciativa

No obstante lo anterior, el proceso de planeación en México presenta deficiencias que se hacen evidentes en el proceso de instrumentación, seguimiento y control de los programas que se derivan del PND y considero de la no aprobación del mismo por el Congreso de la Unión.

Una de las principales causas de este fenómeno ha sido la falta de continuidad dentro de los planes y programas, que por tener la misma duración que la del periodo presidencial, sufren constantes modificaciones aún cuando su contenido, por sus repercusiones micro y macro económicas, así como en temas de seguridad y sales sea de gran trascendencia.

Por todo ello, con el fin de dar certidumbre al proceso de desarrollo del país, así corresponsabilizar al Congreso de la Unión en la fijación de los objetivos y proyectos del país en el mediano y largo plazo, se propone reformar el artículo 26 de la Constitución para incluir la obligatoriedad de que el Congreso apruebe no solamente el Plan Nacional para un periodo de seis años, sino que también los programas y proyectos que vayan más allá de ese lapso, ello con el fin de dar certidumbre a los actores económicos y a los grupos sociales que conforman nuestro país, se evitaría así la tentación de que el país se invente cada seis años. Con esta reforma, el artículo 26 Constitucional quedaría como sigue:

Artículo 26.

A.El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

El plan nacional de desarrollo deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión y establecerá los programas y las políticas públicas a integrar, instrumentar y evaluar para un periodo de seis años, aquellas que tengan carácter plurianual deberán indicarse en el plan nacional de desarrollo y mantendrán vigencia hasta su conclusión, en los términos que establezca la ley.

Asimismo, en los términos que señale la ley, el gobierno federal deberá proponer al Congreso de la Unión las bases para la integración de un plan de desarrollo estratégico de largo plazo, que deberá considerar proyectos y programas que trasciendan a la administración que corresponda.

El plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo estratégico de largo plazo, deberán ser evaluados anualmente por el Congreso de la Unión en cuanto a sus logros y resultados, y emitirá observaciones y recomendaciones en los términos que establezca la ley.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

Asimismo, propone adicionar una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución a fin de que dentro de las facultades del Congreso de la Unión, se añada la de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 73.

XXIX-Ñ. Para Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del honorable Senado de la República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73, al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el apartado A. del artículo 26 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El plan nacional de desarrollo deberá ser aprobado por el Congreso y establecerá los programas y las políticas públicas a integrar, instrumentar y evaluar para un periodo de seis años, aquellas que tengan carácter plurianual deberán indicarse en el plan nacional de desarrollo y mantendrán vigencia hasta su conclusión, en los términos que establezca la ley.

Asimismo, en los términos que señale la ley, el gobierno federal deberá proponer al Congreso de la Unión las bases para la integración de un plan de desarrollo estratégico de largo plazo, que deberá considerar proyectos y programas que trasciendan a la administración que corresponda.

El plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo estratégico de largo plazo, deberán ser evaluados anualmente por el Congreso de la Unión en cuanto a sus logros y resultados, y emitirá observaciones y recomendaciones en los términos que establezca la ley.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

El Congreso de la Unión deberá aprobar el plan nacional de desarrollo.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.

I… XXIXN……………

XXIX-Ñ. Para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, así como conocer y aprobar las bases para la integración del plan de desarrollo estratégico de largo plazo.

TRANSITORIO

Unico. Las reformas y adiciones contenidas en este Decreto, entrarán en vigor a partir del 1° de diciembre de 2012.

Dado en el Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Sen. Melquiades Morales Flores”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias, Senador Morales Flores. Desde luego insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Lázaro Mazón Alonso: Gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A pesar de que el gobierno federal ha señalado que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha afectado sólo en un 17.2 por ciento la recaudación federal al cierre del segundo trimestre de este año, y la contracción del PIB podría ser del 7 por ciento, pero el impacto que ha tenido para las haciendas municipales es un porcentaje mucho mayor a esas cifras, los ayuntamientos, desde inicio de este año, han experimentado grandes reducciones en los ingresos, principalmente las participaciones federales que oscilan entre el 30 y 40 por ciento menos con respecto al año anterior, por ejemplo los municipios de los estados de México, Michoacán y Baja California Sur, han visto reducciones de 41 por ciento, 35 por ciento y 28 por ciento de sus ingresos presupuestados respectivamente.

De acuerdo a datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público las participaciones entregadas a entidades federativas y municipios para junio de 2009 fue de 39.5 por ciento menor con respecto a lo entregado en el año fiscal anterior, para finales de este año las entidades federativas habrán sufrido una disminución de sus recursos en un monto aproximado a los 110 mil millones de pesos, cantidad que representa una disminución del 25 por ciento de lo presupuestado para el 2009, lo que significa que de los 430 mil 182 millones de pesos para el año 2009, sólo se les entregarían 319 mil 195 millones.

De esta misma manera, los recursos que les corresponde a los municipios de este fondo general de participaciones es de 20 por ciento promedio nacional se verán afectados en la misma proporción que sufrieron las entidades federativas y pasarán de 96 mil millones de pesos que se tenían presupuestados a 63 mil 800 millones de pesos, es decir una contracción de 32 mil millones de pesos para el cierre 2009.

Esa disminución que a la fecha se ha registrado en más de 17 mil millones de pesos en las transferencias federales a los municipios, ha provocado que los gobiernos locales, no cuentan con la capacidad para cumplir con las obligaciones más básicas de servicios de atención a los ciudadanos, pago de proveedores, apoyos sociales, luz, agua, recolección de basura, entre otros, que sumado con el desempleo, la inseguridad pública, se convierte en una pandemia que amenaza el tejido social en los municipios.

Por lo menos 2 mil municipios en el país, donde sobresalen el Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, tras la imposibilidad de contar con recursos mínimos necesarios para otorgar servicio de limpieza, de emergencia, salud, suministro de agua y en casos extremos, el de seguridad pública.

Es fundamental que el Poder Legislativo constituya frente a la crisis económica un “Fondo de Apoyo Extraordinario a los Gobiernos Municipales”, que además de resarcir la caída de los ingresos municipales para la atención de servicios municipales, utilice el gasto público para potenciar la generación de empleos y crecimiento económico. En este contexto, es fundamental discutir en el contexto del análisis y aprobación del Paquete Económico para 2010, en las siguientes propuestas:

a) Fondo de Apoyo Extraordinario a los Gobiernos Municipales: Se propone la constitución de un fondo financiero entre 7 a 10 mil millones de pesos, que solo representan la tercera parte de la contracción de 32 mil millones de pesos que se estima al cierre de 2009. Dichos recursos se destinarán prioritariamente a cubrir servicios básicos municipales y proyectos de infraestructura municipal, en este último punto, con el objeto de reactivar la generación de empleo a través de la reactivación de al inversión pública municipal.

b) Entrega más eficiente de recursos federales: La Secretaría de Hacienda entregará directamente y de forma inmediata los recursos de fondos federales destinados a la infraestructura carretera, desarrollo urbano y proyectos productivos que potencien el empleo municipal.

En el caso de las aportaciones para la Educación Básica y Normal, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar de manera directa recursos económicos a los municipios. En el mismo caso se ubica el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que contienen recursos económicos para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

c) Se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice el pago inmediato de los servicios municipales que reciben las dependencias de gobierno federal, con el fin de apoyar la recaudación de los ingresos locales.

Esta propuesta representa las demandas de los presidentes municipales, sin distinción de partidos, en un afán de de reinvidicación de la figura municipal como primer punto de atención del Estado mexicano con el ciudadano. Sin menoscabo de una agenda municipal mucho más amplia, es fundamental que el Congreso de la Unión se sensibilice frente a las necesidades de los ayuntamientos, en un delicado contexto de desempleo rampante, inflación, inseguridad, es fundamental el retorno de todos los instrumentos del Estado como la inversión pública antes que la inconformidad social desborde las ya limitadas capacidades del municipio en el contexto de la crisis económica.

Por las consideraciones antes expuestas someto a su consideración, la presente iniciativa, y por falta de tiempo pido, señor Presidente, se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Lázaro Mazón Alonso, Senadorintegrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Soberanía la siguiente la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A pesar de que el gobierno federal ha señalado que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha afectado solo en un 17.2% la recaudación federal al cierre del segundo trimestre de este año, y la contracción del PIB podría ser del 7% pero el impacto que ha tenido para las hacienda municipales es un porcentaje mucho mayor a esas cifras, los ayuntamientos, desde inicio de este año, hanexperimentado grandes reducciones en los ingresos, principalmente las participaciones federales, que oscilan de 30 al 40% menos con respecto al año anterior, por ejemplo los municipios de los estados de México, Michoacán y Baja California Sur, han visto reducciones de 41%, 35% y 28% de sus ingresos presupuestados respectivamente.

De acuerdo a datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público las participaciones entregadas a entidades Federativas y Municipios para junio de 2009 fue 39.5% menor con respecto a lo entregado en el año fiscal anterior, para finales de este año las entidades federativas, habrán sufrido una disminución de sus recursos en un monto aproximado a los 110 mil millones de pesos, cantidad que representa una disminución del 25% de lo presupuestado programado para el 2009, lo que significa que de los 430,182.90 millones de pesos presupuestados para el 2009, solo se les entregarían 319,195.0 millones.

De esta misma manera, los recursos que les corresponde a los municipios de este fondo general de participaciones es del 20% promedio nacional se verán afectados en la misma proporción que sufrieron las entidades federativas y pasarán de 96,036.40 millones de pesos que se tenían presupuestado a 63,839.00 millones de pesos, es decir una contracción de 32,197.40 millones de pesos para el cierre del 2009.

Esta disminución que a la fecha se ha registrado en más de 17 mil millones de pesos de las transferencias federales los Municipios, ha provocado que los gobiernos locales, no cuentan con la capacidad para cumplir con las obligaciones más básicas deservicios de atención a los ciudadanos, pago de proveedores, apoyos sociales, luz, agua, recolección de basura, entre otros, que sumado con el desempleo, la inseguridad pública, se convierte en una pandemia que amenaza el tejido social en los municipios.

Por lo menos 2000 municipios en el país, donde sobresalen el Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, tras la imposibilidad contar con recursos mininos necesarios para otorgar servicios de limpieza, de emergencia, salud, suministro de agua y en casos extremos, el de seguridad pública.

Es fundamental que el Poder Legislativo constituya frente a la crisis económica un “Fondo de Apoyo Extraordinario a los Gobiernos Municipales”, que además de resarcir la caída de los ingresos municipales para la atención de servicios municipales, utilice el gasto público para potenciar la generación de empleos y crecimiento económico. En este contexto, es fundamental discutir en el contexto del análisis y aprobación del Paquete Económico para 2010, en las siguientes propuestas:

a) Fondo de Apoyo Extraordinario a los Gobiernos Municipales: Se propone la constitución de un fondo financiero entre 7 a 10 mil millones de pesos, que solo representan la tercera parte de de la contracción de 32 mil millones de pesos que se estima al cierre de 2009. Dichos recursos se destinarán prioritariamente a cubrir servicios básicos municipales y proyectos de infraestructura municipal, en este último punto, con el objeto de reactivar la generación de empleo a través de la reactivación de al inversión pública municipal.

b) Entrega más eficiente de recursos federales: La Secretaría de Hacienda entregará directamente y de forma inmediata los recursos de fondos federales destinados a la infraestructura carretera, desarrollo urbano y proyectos productivos que potencien el empleo municipal.

En el caso de las aportaciones para la Educación Básica y Normal, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar de manera directa recursos económicos a los municipios. En el mismo caso se ubica el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que contienen recursos económicos para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

c) Se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice el pago inmediato de los servicios municipales que reciben las dependencias de gobierno federal, con el fin de apoyar la recaudación de los ingresos locales.

Esta propuesta representa las demandas de los presidentes municipales, sin distinción de partidos, en un afán de de reinvidicación de la figura municipal como primer punto de atención del Estado mexicano con el ciudadano. Sin menoscabo de una agenda municipal mucho más amplia, es fundamental que el Congreso de la Unión se sensibilice frente a las necesidades de los ayuntamientos, en un delicado contexto de desempleo rampante, inflación, inseguridad, es fundamental el retorno de todos los instrumentos del Estado como la inversión pública antes que la inconformidad social desborde las ya limitadas capacidades del municipio en el contexto de la crisis económica.

Por las consideraciones antes expuestas someto a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federacióny de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

ArtIculo Primero. Se modifica el Artículo 2º. y adiciona un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2010, en los siguientes términos:

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 387 mil millones de pesos, y el importe que resulte necesario para cubrir los requerimientos de presupuestación de los municipios del país para solventar los gastos para la prestación de servicios establecidos en la fracción III del artículo 115 Constitucional como agua, luz, recolección de basura, seguridad municipal, entre otros, y proyectos de infraestructura para reactivación del empleo.

TRANSITORIOS

Primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá una moratoria de 6 meses de los pagos municipales por concepto de agua, luz, Impuesto sobre la Rentay créditos con BANOBRAS.

Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará el pago por servicios municipales que adeuden las dependencias del gobierno federal, por concepto del establecidos en la fracción III del artículo 115 Constitucional, con el objeto de apoyar la recaudación de los ingresos locales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión un informe detallado de las transferencias por pago de adeudos acumulados en la materia, dentro de los primero 90 días hábiles del ejercicio 2010.

Tercero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ArtIculo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26, se reforman los artículos 32, segundo párrafo; 35, párrafos primero, segundo y cuarto; 36, inciso a) y segundo párrafo; 37, primer párrafo; 38, tercer párrafo; se deroga el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará de manera directa e inmediata los recursos financieros que les correspondan a los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año la correspondiente a los estados y proporcionalmente a los municipios por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

...

Artículo 35.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, ...

a) a d) ...

Con objeto de apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar a los municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Artículo 36. ...

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y

b) ...

Al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.

...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las demarcaciones territoriales por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, ...

Artículo 38. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales antes referidos.

Artículo Tercero.

Artículo 35. ...

a) a d) ...

...

Se deroga

...

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Suscribe

Lázaro Mazón Alonso

Senador por el estado de Guerrero”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Mazón Alonso. Y desde luego se incluirá en el Diario de los Debates.

Senador Lázaro Mazón, si acepta que suscriban su iniciativa los Senadores García Zalvidea, Nava Bolaños, Herviz Reyes, Sánchez Anaya, Galindo Noriega, por favor que la Secretaría tome nota de los que suscriben. Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 fracción II de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTICULO 4, FRACCION II, INCISO E) DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)

(Presentada por el C. Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor Presidente.

La situación económica por la que atraviesa nuestro país en un contexto mundial, nos obliga a trabajar de manera prioritaria para fomentar el empleo y la producción de bienes. Hace más de diez meses la expectativa de crecimiento para el año 2009 era de 2.5 por ciento, sin embargo, en el primer semestre del año la caída del Producto Interno Bruto fue de -9.2 negativo, lo que se ha traducido en una constante pérdida de empleos, ya casi son 3 millones de mexicanos los que se encuentran desempleados. Este septiembre, la tasa de desempleo aumento a 6.41 por ciento de la población económicamente activa, porcentaje superior a la de 6.28 por ciento de agosto pasado. Estamos frente al nivel más alto de desempleo registrado en 14 años.

Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, debemos priorizar el apoyo a las Cooperativas como empresas de economía social, por lo que no se les puede dar el mismo trato que a sociedades mercantiles.

Las Cooperativas de Producción de Bienes, como parte de la verdadera economía social, contribuyen a mejorar la estabilidad de la económica del país, fortalecen el tejido social a lo largo y ancho de toda la República, prometen y fomentan el empleo esforzándose permanentemente para asegurar el ingreso de las familias mexicanas, además fomentan mejores patrones culturales y de conducta.

Las empresas cooperativas priorizan al ser humano por encima del capital, y permiten a las personas conseguir el desarrollo de sus potencialidades, no en forma aislada, sino unido y vinculado con su grupo laboral con sensibilidad a las necesidades de la comunidad.

El alza a los impuestos es una solución a muy corto plazo; porque a mediano y largo, reduce la inversión y por supuesto el empleo. La visión de estado no puede ser tan corta, hay que promover e incentivar el empleo, el trabajo, la inversión, pero sobre todo la organización en la forma de producción, en este caso, es necesario estimular la constitución de sociedades cooperativas de producción de bienes.

La presente iniciativa fomenta la constitución de cooperativas de producción de bienes, como alternativa para mantener las fuentes de empleo y asegurar el sustento familiar, facilitando de esta forma la reactivación de la economía.

Las leyes que reglamentan el quehacer cooperativo deben estar enfocadas al fortalecimiento y promoción del sector social y cooperativo, y no sólo en la definición de estructuras y su organización.

Además, la presente iniciativa, tiene como razón que bajo el esquema de Sociedades Cooperativas de Producción, no sólo operan sociedades que prestan servicios, sino también existen las Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes que son prueba del éxito del esfuerzo de los trabajadores que las integran, cuyo tiempo de constitución y operación garantizan que no se trata de empresas que operen bajo esquemas novedosos y efímeros, con el propósito de incumplir sus obligaciones fiscales.

Estimamos que la falta de distinción entre ambos tipos de Sociedades Cooperativas de Producción, se hizo sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que las Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes no tienen la misma naturaleza jurídica, social ni económica que las Sociedades Cooperativas Producción de Servicios, tal como la ha establecido nuestro máximo tribunal en diversas jurisprudencias.

En virtud de lo anteriormente fundado y expresado, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la Republica de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción ii y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción ii, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 4, Fracción II, inciso e) de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación económica por la que atraviesa nuestro país en un contexto de crisis mundial, nos obliga a trabajar de manera prioritaria para fomentar el empleo y la producción de bienes; hace más de diez meses la expectativa de crecimiento para el año 2009 era de 2.5 % [1] , sin embargo, en el primer semestre del año la caída del producto interno bruto fue de menos -9.2% [2], lo que se ha traducido en una constante pérdida de empleos, ya casi son 3 millones de mexicanos los que se encuentran desempleados; este septiembre, la tasa de desempleo aumento a 6.41% de la población económicamenteactiva, porcentaje superior a la de 6.28% de agosto pasado; estamos frente al nivel mas alto de desempleo registrado en 14 años.

La actual crisis mundial es el resultado no sólo de un modelo económico y financiero obsoleto, sino porque se otorga más importancia a la especulación y la creación de instrumentos financieros, que a la generación de riqueza basada en producción de bienes para la población.

Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, debemos priorizar el apoyo a las Cooperativas como empresas de economía social, y en consecuencia no pueden darles el mismo trato que a las empresas mercantiles; su naturaleza está definida en la “Ley General de Sociedades Cooperativas”.

Las Cooperativas de Producción de Bienes, como parte de la verdadera economía social, contribuyen a mantener la estabilidad económica del país, fortalecen el tejido social a lo largo y ancho de toda la república; protegen y fomentan el empleo esforzándose permanentemente para asegurar el ingreso de las familias mexicanas; además fomentan mejores patrones culturales y de conducta.

Las empresas cooperativas priorizan al ser humano por encima del capital, y permiten a las personas conseguir el desarrollo de sus potencialidades, no en forma aislada, sino unido y vinculado con su grupo laboral;con sensibilidad a las necesidades de la comunidad.

El alza a los impuestos es una solución a muy corto plazo; porque a mediano y largo, reduce la inversión y el empleo. La visión de estado no puede ser tan corta, hay que promover e incentivar el empleo, el trabajo, la inversión, pero sobre todo la organización en la forma de producción, en este caso, es necesario estimular la constitución de sociedades cooperativas de producción de bienes.

La presente iniciativa fomenta la constitución de cooperativas de producción de bienes, como alternativa para mantener las fuentes de empleo y asegurar el sustento familiar, facilitando de esta forma la reactivación de la economía.

Las leyes que reglamenten el quehacer cooperativo deben estar enfocadas al fortalecimiento, fomento y promoción del sector social y cooperativo, y no sólo en la definición de estructuras y su organización.

Además tiene como razón que bajo el esquema de Sociedades Cooperativas de Producción, no sólo operan las sociedades que prestan servicios, sino también existen las Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes que son prueba del éxito del esfuerzo de los trabajadores que las integran, cuyo tiempo de constitución y operación garantizan que no se trata de empresas que operen bajo esquemas novedosos y efímeros, con el propósito de incumplir sus obligaciones fiscales (ejemplo: la refresquera pascual Boing, Cementera Cruz Azul, las innumerables Cooperativas Pesqueras y de sectores de producción primaria: agrícola, ganadera y silvícola, entre otras.)

Estimamos que la falta de distinción entre ambos tipos de Sociedades Cooperativas de Producción, se hizo sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que las Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes no tiene la misma naturaleza jurídica, social ni económica que las Sociedades Cooperativas Producción de Servicios, tal como la ha establecido en las jurisprudencias relativas y de las cuales me permito citar lo siguiente:

“… las sociedades cooperativas de producción de bienes generalmente realizan actividades dedicadas al sector primario, lo que implica que las sociedades cooperativas de producción de servicios, material y jurídicamente, se encuentran en una situación diferente en relación con las sociedades cooperativas de producción de bienes y, por tanto, no deben ser tratadas de manera similar por la ley”[3])

“… el género lo constituyen las sociedades cooperativas de productores y la especie está determinada según se trate de bienes o servicios, lo que obliga a concluir que el legislador quiso diferenciar dichas formas de asociación, ello no obstante que en la citada ley no hayan definido los términos “bienes” y “servicios”[4]

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 4, fracción II, e); de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica; para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4, FRACCION II, INCISO E) DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.

Unico: Se reforma el Artículo 4, Fracción II, inciso e) de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única:

Artículo 4. No se pagará el Impuesto Empresarial a Tasa Unica por los siguientes ingresos:

I

II. Los que no estén afectos al pago del Impuesto sobre la Renta en los términos de la ley de la materia que reciban las personas que a continuación se señalan:

A) ...

B) …

C)

D)

E) Las Instituciones o Sociedades Civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o Cajas de Ahorro, y aquéllas a las que se refiere la Legislación Laboral, las Sociedades Cooperativas de Consumo, las Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de la ley de ahorro y crédito popular, así como las Federaciones y Confederaciones autorizadas por la misma ley y las personas a que se refiere el Artículo 4 bis del ordenamiento legal citado y las sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre que en este último caso no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros análogos.

TRANSITORIOS

Primero. Este Decreto entrará en vigor el primer día del año siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias que se deriven de este Decreto, continuarán aplicándose las que sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad, en todo lo que no se contravenga a este ordenamiento.

Recinto del Senado de la República, Octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Escobar y Vega. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Arroyo Vieyra, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Saro Boardman y Lázaro Mazón Alonso, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.


[1] Presupuesto de Egresos 2009.

[2] Tercer Informe de Gobierno.

[3] Jurisprudencia 2a./j. 15/2002, con registro 187,408, sustentada por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, página 262:

[4] Tesis de Jurisprudencia 16/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en Sesión privada del quince de Febrero de dos mil dos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 327 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Francisco Arroyo Vieyra, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Saro Boardman y Lázaro Mazón Alonso)

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: Señor Presidente; muy apreciados compañeros y compañeras:

Quiero decirles que en una de estas curiosidades legislativas, es que nos enteramos que el país como tal gasta más de 150 millones de dólares en la importación de algunos productos que se llaman hemoderivados, que son productos que vienen de la industrialización de la sangre y que sirven para las medicinas que usan los hemofílicos, los que están enfermos de cáncer, los que tienen enfermedades por inflamaciones, etcétera.

Hay otro tipo de productos que tienen que ver con el tejido músculo-esquelético, con el polvo de hueso. Las Senadoras Adriana González Carrillo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz saben muy bien qué es eso, el polvo de hueso y otros derivados de ciertas sustancias que vienen, pues por decirlo así, de los humanos o de los desechos de los humanos.

En 1985 a raíz de la crisis del VIH-SIDA y a raíz de la crisis de la Hepatitis “C, A y B”, es que se prohibió en México, y qué bueno que lo fue, por el riesgo que significaba para la salud la comercialización de este tipo de sustancias.

Ha pasado el tiempo ¿Y qué sucede ahora? Toda la sangre, que por ahí se queda, la que se llama de reposición, la que de repente te exigen cuando van a operar a un familiar para que esté en el banco de sangre y no se usa, pasa el tiempo y va a unos congeladores en donde pasa 6 u 8 meses, y luego viene un proceso -doctor Saro Boardman - muy caro, usted que me acompaña en la firma de la iniciativa; Lázaro Mazón, que me acompaña en la firma de la iniciativa, un proceso muy caro para incinerar este tipo de sustancias.

¿Y qué sucede después? Que el sector salud y algunos laboratorios, tienen que sacar de su bolsa más de 150 millones de dólares, inclusive con el riesgo actualmente de que vengan algunos productos de muy baja calidad que puedan venir de China.

Es por ello que los Senadores de la República, integrantes de 3 grupos parlamentarios, estamos proponiendo a la consideración del Pleno una reforma y adición al artículo 327 de la Ley General de Salud, para que con todos los cuidados terapéuticos, los mismos que tiene Estados Unidos, que tienen en Venezuela, que van muy avanzados, que tienen en China, lo podamos hacer en México.

Quiero decirles que una sola empresa en México lo hace gracias a una mala contestación de alguna autoridad administrativa, lo que dio pauta a un amparo hace algunos años, y se está logrando por una sola empresa.

Cuando esta empresa y muchas otras empresas, en una sana competencia, pueden entrar a comercializar este tipo de productos y abaratar el costo para los mexicanos y también resguardar nuestras divisas.

Es por ello que le pido a don Arturo Núñez, niclito y epónimo, señor Presidente en turno de esta Cámara de Senadores, y por si fuera poco, amigo de todos nosotros, que inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, para no aburrirlos con un texto que está plagado de términos que sólo Ernesto Saro entiende.

Un abrazo y muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente

Los que suscriben Francisco Arroyo Vieyra, Ernesto Saro Boardman y Lázaro Mazón Alonso, Senadores de la República ante la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transformación de la morbimortalidad que enfrenta la población mexicana requiere la adopción de cambios legislativos que permitan hacer frente a la compleja agenda de salud pública. Aun cuando dichos cambios son muchos, en la actualidad surge la necesidad de permitir la industrialización del plasma, el tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica.

En primer término, se propone una modificación al texto del artículo 327 que dice: “Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que se obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito”. Cabe destacar que la prohibición a que se refiere este artículo no sólo es aplicable a trasplantes, sino también a las transfusiones e implantes. De allí la importancia de sustituir los términos “con fines de trasplantes” por “con fines terapéuticos”, porque abre la posibilidad de que los órganos, tejidos y células que se donen sean utilizados para fines de transfusión o implante. Esto es, la sustitución propuesta más adecuada para alcanzar los fines del derecho a la protección de la salud, considerando las definiciones que a continuación se indican:

  • Transplante: la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo. Es importante destacar que en esta definición, que proporciona la fracción XIV del artículo 314 de la Ley General de Salud, es fundamental la presencia y persistencia de lo “vivo” y que la integración al organismo debe entenderse precisamente como la persistencia de la vida del órgano, tejido o células trasplantados.

  • Transfusión: el procedimiento terapéutico consiste en la aplicación de sangre o componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que se integren (o injerten) en el organismo. En la transfusión se pueden aplicar elementos celulares vivos y funcionales, como los eritrocitos o plaquetas, y elementos funcionales (no vivos) como los factores de coagulación. En la transfusión no se desea la permanencia de lo vivo.

  • Implante: El procedimiento terapéutico consistente en la sustitución de una parte del cuerpo por material biológico nativo, procesado o bien, sintético, que puede quedar o no integrado al organismo sin desempeñar alguna función que requiera la persistencia viva de lo sustituido.

Plasma

Es la fracción líquida de la sangre, de la cual se han eliminado, mediante técnicas de fraccionamiento, los elementos celulares tales como los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. El plasma es una suspensión acuosa que contiene principalmente proteínas como la albúmina, las globulinas (anticuerpos), factores de coagulación, hormonas, electrolitos y otros.

En México se hace uso indiscriminado del plasma, el cual, a pesar de tener indicaciones precisas, suele usarse, por ignorancia médica, en situaciones tales como desnutrición o debilidad, condiciones para las cuales está contraindicado.

Por el interés de poder obtener hemoderivados, en la década de los setenta y principios de la de los ochenta, en México aparecieron los bancos de plasma, los cuales tenían como fuente de abastecimiento a una población de donantes remunerados. Debido al pobre control sanitario de estos bancos en esa época, al bajo grado de educación de este tipo de donantes y al desconocimiento en esas fechas de la existencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en 1987, cuando se dispuso la prueba de detección de infección por este virus, se encontró una alta prevalencia asociada a transfusión sanguínea en nuestro país. Lo anterior motivó que nuestro país tuviera que tomar medidas sanitarias de emergencia para controlar ese tipo de infección, entre las que destacan las siguientes:

  • El 25 de agosto de 1985, se modificó la Ley General de Salud para prohibir la comercialización de la sangre y sus componentes. Obviamente, desparecieron los bancos de plasma.

  • De igual manera y con el propósito de contar con una instancia específica que ejerciera funciones de control y vigilancia sanitarios en actos de disposición de sangre y sus componentes, y emitir las normas técnicas relativas a la creación y funcionamiento de bancos de sangre, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) y se emitió una Norma Oficial de emergencia que, posteriormente, fue sustituida por la “NOM-003-SSA2-1993 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, vigente actualmente.

  • A partir de entonces y hasta 2002, el CNTS actuó como el órgano regulador de todos los bancos de sangre del país. En forma paulatina, se fueron creando los Centros Estatales de Transfusión Sanguínea (CETS) en cada uno de los estados de la República Mexicana con función reguladora de los bancos de sangre y servicios de transfusión en su respectiva entidad.

Esas medidas contribuyeron a disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por transfusión en nuestro país. Sin embargo, el riesgo es aún elevado si se compara con el que tienen los países industrializados, en los que la donación de sangre es altruista y la prevalencia de las infecciones por transfusión sanguínea es muy baja.

En cambio, en México, no se ha logrado incrementar la donación altruista de sangre, que permanece por abajo del 3% de las donaciones; el resto de la donación (97%) es la llamada “de reposición”, es decir, la fuente principal de obtención de la sangre son familiares o amigos de los pacientes.

Desde los años ochenta el uso del plasma ha venido disminuyendo en países desarrollados y ha sido reemplazado por el uso de hemoderivados. Las razones que explican lo anterior consisten en que:

  • El riesgo de transmisión de agentes infecciosos presentes en el plasma;

  • Las indicaciones terapéuticas cada vez más limitadas del plasma; y

  • La introducción de innovaciones terapéuticas en la medicina moderna.

Asimismo, la eficacia terapéutica de algunos hemoderivados ha cobrado relevancia en algunas enfermedades graves o invalidantes, en infecciones en pacientes con cáncer y enfermedades inflamatorias, en deficiencias de factores de la coagulación (como las hemofilias) y otras enfermedades crónicas.

Los organismos internacionales de salud indican que el plasma tiene usos terapéuticos precisos y que su utilización racional no debería exceder del 12% de la producción total del plasma, de acuerdo con las guías de uso racional del plasma.

En México se obtienen aproximadamente 1.5 millones de unidades de sangre al año, de las cuales, alrededor del 90% se fraccionan en sus diversos componentes. Como resultado, se generan aproximadamente 1’357,000 unidades de plasma, de las cuales se transfunden 551,000 (42%). Se observa que, de ese total de transfusiones, una gran parte de ellas se deben a una prescripción inapropiada o por no disponer de hemoderivados.

El plasma no transfundido, aproximadamente 780,000 unidades, constituye el plasma residual, del cual sólo 64,000 unidades, es decir, menos del 10%, son canalizadas a la industria privada para la obtención de hemoderivados mediante convenios individuales con algunos bancos de sangre como reserva o en espera de darles destino final.

Según datos de 1997, el costo promedio en los países europeos del factor VIII de la coagulación de origen recombinante (sintetizado por ingeniería genética) era un 27% más caro que el derivado del plasma, sin mencionar que algunos países han sufrido desabastecimiento. Si bien es cierto que ha habido una tendencia al alza para utilizar concentrados recombinantes, también lo es que aún existe la necesidad de contar con derivados de plasma de buena calidad. Las razones principales para ello son: que su producción es continua, la seguridad en su utilización, menores costos, desabastecimiento y demanda.

Debido a la modernización de los tratamientos médicos más efectivos para diversas patologías, ha aumentado en forma notable la necesidad de contar con inmunoglobulinas para uso intravenoso, a pesar de que su valor en los mercados internacionales ha registrado un aumento considerable lo cual ha impactado presupuestalmente de manera negativa en las necesidades del sector.

En el caso de albúmina, sus requerimientos parecen permanecer estables, a pesar de que su costo también ha aumentado.

También merecen especial atención los requerimientos de las personas que padecen hemofilia. Se estima que en México la población de pacientes con hemofilia ronda los 6,000. Cada uno de esos pacientes requiere para su control de aproximadamente 10,000 unidades internacionales de factor antihemofílico (factor VIII de la coagulación), es decir, 60 millones de unidades por año, lo que implica un costo muy elevado para su importación. De hecho, el costo anual de esos hemoderivados es de 150 millones de dólares.

En este orden de ideas, las ventajas que se pueden lograr al industrializar el plasma residual producido en el país son:

  • Tener una mayor seguridad terapéutica en la utilización de hemoderivados, además de ser productos más idóneos y efectivos que los componentes sanguíneos. En particular, esos productos son sometidos a procesos de inactivación viral durante el fraccionamiento industrial, lo cual permite garantizar su inocuidad y seguridad terapéutica.

  • Promover el uso clínico racional del plasma, aunado a la disponibilidad de hemoderivados y disminuyendo el uso terapéutico de los componentes sanguíneos, lo que, a su vez incrementaría la materia prima disponible para la elaboración de los propios hemoderivados.

  • Fortalecer la capacidad de respuesta del Sector Salud para satisfacer las necesidades crecientes de hemoderivados necesarios para las innovaciones terapéuticas.

  • Impulsar el progreso terapéutico y el desarrollo tecnológico e industrial en México en el campo de los hemoderivados.

  • Disminuir el gasto en la importación de hemoderivados.

Tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica

Al igual que el fraccionamiento e industrialización de los componentes del plasma, esta iniciativa plantea la necesidad para diferentes procesos terapéuticos, diagnósticos y de investigación de otros tejidos de origen humano susceptibles de ser sometidos a procesos de industrialización. Entre otros, se destacan por su utilidad para la salud el tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y la membrana amniótica. De ahí la importancia de contar con un marco jurídico que dé claridad y sustento a sus procesos de industrialización con el doble propósito de hacer accesible sus derivados a la población que los requiera y disminuir el posible impacto presupuestario en las instituciones del sector salud.

Es común que hoy en día un porcentaje elevado del tejido músculo esquelético que se obtiene de una persona fallecida dentro del proceso de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, sea sometido a procesos de industrialización, lo cual convierte a dichos tejidos en un insumo para la salud. El caso más evidente es la producción de polvo de hueso que se utiliza para rellenar cavidades óseas. Ese material es inerte y cumple la función de una pasta que disimula o sustituye el tejido vacío que se perdió a consecuencia de un proceso infeccioso, de un tumor u otras causas.

El otro porcentaje conserva la característica de ser aplicado en un receptor sin que al tejido se le someta a ningún tipo de transformación en su estructura u organización. Lo mismo se puede decir del tejido cutáneo y la membrana amniótica.

Este tejido es transformado en apósito de curación para paciente con quemaduras. Desde ningún punto de vista se puede considerar que estos procedimientos terapéuticos constituyan un trasplante, puesto que cuando son industrializados, no se injertan o integran al organismo.

Finalmente, algunos tejidos vasculares, como las válvulas cardíacas o algunos segmentos de venas o arterias, pueden ser sometidas a un proceso de desvitalización, esterilización y preservación para ser empleados como prótesis para sustituir una válvula enferma o un fragmento vascular.

Al quedar claro que los tejidos procesados industrialmente, son diferentes a los trasplantes, se abre la oportunidad de regular su uso y aplicación. Por otro lado, la donación de órganos y tejidos para trasplante o transfusión puede recuperar la congruencia de ser un proceso altruista en el que no se busca un acto de comercio. No es está en contra del comercio per se, sino de su falta de regulación y que “contamina” un proceso que está muy alejado de la comercialización.

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.

Proyecto de Decreto

Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines terapéuticos, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica, así como el plasma residual, podrán destinarse a procesos de industrialización para obtener derivados de éstos, con fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación.

La Secretaría establecerá las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a los mismos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad y procurando beneficio para la salud pública.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión; siendo el día 22 del mes de octubre del año 2009.

ATENTAMENTE

Sen. Francisco Arroyo Vieyra
Sen. Ernesto Saro Boardman
Sen. Lázaro Mazón Alonso”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Arroyo Vieyra. Por favor, que tome nota la Secretaría de las señoras y señores Senadores que desean suscribir la iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se turna a la Cámara de Diputados para sus efectos.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

“Recinto del Senado de la República, Octubre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud de un pueblo debe ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que ésta es una condición indispensable para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social. Es así que el Estado debe asegurar a todo ser humano el derecho a la salud, a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos o requisitos burocráticos.

Sin embargo, la realidad nos efrenta con un sector salud en desabasto permanente por falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de medicamentos, sin una regulación precisa en la producción de fármacos de calidad y la proliferación de productos comercializados sin ningún control y regulación adecuada.

Esta situación se agrava aún más, ante el incremento considerable de los costos asociados al deterioro de la saud, en especial aquellos que tienen que ver con el precio de los medicamentos, el cual continúa en aumento sin que los ciudadanos obtengan algún beneficio de ello.

Si bien es cierto que el acceso masivo a los medicamentos se debe procurar a través de políticas públicas que promuevan precios moderados, la realidad es que la estrategia fiscal de mantener una tasa del cero por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas de patente no ha funcionado adecuadamente.

Los precios de los medicamentos no tienen ningún control, son elevados y la población no obtiene beneficio alguno, puesto que no pagan impuestos. El argumento que siempre se ha defendido para rechazar la propuesta del IVA a medicinas, ha sido la de buscar un estímulo para la disminución de precios, promover indirectamente una mayor inversión en investigación y desarrollo y que exista una mayor cobertura en comunidades a las que no llegan distintos medicamentos.

Sin embargo, nada de esto ha sucedido. Las grandes farmacéuticas y corporaciones continúan estableciendo altos niveles en sus precios sin pagar un solo peso de impuesto al consumo. Una muestra de la abusiva política de precios en el sector farmacéutico, ha sido que en un lapso de 10 años la inflación general acumulada fue de 551 por ciento, mientras que en este mismo período, el alza de precios de los medicamentos fue de 1,035 por ciento.

Es así, que presentamos esta iniciativa con la finalidad de reformar el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que sólo las medicinas genéricas estén sujetas a una tasa del cero por ciento de IVA. Esto implica que los medicamentos de patente estarán gravadas con la tasa general de este impuesto.

En nuestro grupo parlamentario, estamos ciertos de que México debe buscar mecanismos de control de precios en medicinas y no una política fiscal complaciente a este sector, pues a lo largo de los años se ha visto que esta medida no ha propiciado un incremento en el bienestar social.

En este sentido, cabe destacar que nuestro grupo parlamentario presentó en el 2007, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía establezcan una verdadera política de regulación de precios de los medicamentos, la cual continúa sin ser dictaminada.

Estados Unidos es el único país desarrollado que no impone un control federal de precios en productos farmacéuticos. El control gubernamental de precios de productos farmacéuticos en países como Canadá, Australia, Israel y Chile, es lo que mantiene los precios comparativamente bajos, no una política de cero impuesto al consumo, pues en estos países la tasa de este impuesto se aplica generalizadamente.

Por otro lado, la reciente crisis económica ha urgido la implementación de medidas que incrementen los recursos nacionales, pues la caída en los ingresos petroleros y tributarios no petroleros en 2009, será la mayor en términos reales en más de 30 años. El IVA a medicinas es un tema de antaño que vale la pena retomar para generar un mercado más equitativo y en concordancia con la tendencia mundial, así como ingresos que pueden superar los 4 mil millones de pesos.

En el 2008 los medicamentos de patentes generaron ingresos por ventas a particulares por alrededor de 13 mil 500 millones, de estos ingresos la mayor proporción proviene de productos que no tienen un impacto significativo sobre la salud, como aquellos que tienen que ver con la disfunsión erectil, cuyas ventas reportaron alrededor de 2 mil millones de pesos.

Asimismo, los medicamentos con patente generalmente son recetados en consultas de tercer nivel, de manera que el impacto directo sobre la población en general es mínimo.

De igual forma, los excesivos precios de las medicinas de patente nunca reflejan la disminución en los costos de las materias primas utilizadas. Los precios siempre están a la alza, magnificando las ganancias de las farmacéuticas.

Si bien los laboratorios invierten una gran cantidad en la investigación y desarrollo de nuevos productos, dicha inversión se ve compensada a través de las patentes que son otorgadas para la explotación exclusiva de los bienes desarrollados, de manera que ya existe un beneficio que compensa este esfuerzo.

Por otra parte, como ya se ha dicho, la propuesta implica que los medicamentos genéricos mantengan una tasa del cero por ciento de IVA, con lo cual, estos productos se harán mucho más competitivos y se mantendrá una perspectiva social en la aplicación de este impuesto.

Asimismo, esta medida sea hace necesaria ante el incremento en las compras de medicamentos genéricos en la sanidad pública, pues se espera que el gobierno federal las aumente del 60 por ciento actual hasta un 85-90 por ciento.

De esta forma, debemos seguir trabajando para que el sistema de salud tenga una oferta de medicamentos adecuada y una cobertura total respecto a los afiliados que pagan sus cuotas de seguridad social y que por ello merecen obtener medicinas gratuitamente. Esta es la discusión de fondo, no los precios de los medicamentos en sí.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo el inciso b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a).-

b) Medicinas de patente genéricas y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1.

2.

3.

4.

c) …

.

.

.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Se concede la palabra al Senador Carlos Lozano de la Torre, a nombre propio y de los Senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Raúl Mejía González, Ramiro Hernández García, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Alejandro Moreno Cárdenas, Mario López Valdez, Adolfo Toledo Infanzón, Francisco Herrera León y Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; 253 Y 368 QUATER DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Carlos Lozano de la Torre, a nombre propio y de los CC. Senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Raúl Mejía González, Ramiro Hernández García, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Alejandro Moreno Cárdenas, Mario López Valdez, Adolfo Toledo Infanzón, Francisco Herrera León y Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hace algunos meses se descubrió el mayor robo de combustible en nuestro país, robo que podría representar, de acuerdo a la información que se vertió sobre el mismo, cerca de 100 mil millones de pesos acumulados en 6 años, cifra que además significa una quinta parte de las compras externas de petrolíferos de nuestro país.

El mercado ilícito de combustibles es una actividad que se lleva a cabo paralelamente a la distribución de hidrocarburos que realiza de manera regulada PEMEX bajo la estricta observación de las normas oficiales en la materia y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

Las autoridades calculan un costo anual aproximado de 20 mil millones de pesos por el robo, adulteración y venta ilícita de combustibles en el país; 30 por ciento de este volumen corresponde al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal; 20 por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional.

En los últimos años, se han identificado una serie de prácticas ilegales ligadas fundamentalmente al robo y adulteración de los combustibles. Dichas prácticas no solo han generado pérdidas millonarias de patrimonio de Petróleos Mexicanos, sino que, han generado y consolidado redes delictivas pertenecientes al crimen organizado con conexiones incluso con los Estados Unidos. Los informes de seguridad de la paraestatal así lo confirman, desde 1998, los oleoductos eran ordeñados, al percatarse, entre otros aspectos, de la pérdida de su presión

Lo anterior se torna aún más dramático si se considera que este mercado negro creció en más de un 50 por ciento tan solo en los últimos cinco años y que éste se ha extendido a 19 estados de la República. Solo en el 2008 se detectaron 396 tomas clandestinas.

Se trata de una industria delictiva de rápida expansión y consolidación cuyos efectos negativos inciden, en última instancia, sobre el bienestar de la población, al significar menores recursos disponibles por parte del gobierno federal para los estados y municipios, así como la ampliación de los programas de gasto social.

La corrupción ha alcanzado no solo a quienes extraen el producto, sino a funcionarios que notifican sobre las características particulares de los flujos de los combustibles a lo largo de la red de transportación del país, así como de las autoridades quienes les asisten en el proceso de transportación del producto extraído.

Esta industria delictiva ha encontrado vínculos también con algunos de los establecimientos de ventas al consumidor final, siendo la adulteración por solventes de los combustibles y el contrabando de gasolinas, otros segmentos de alta rentabilidad para quienes realizan conductas delictivas ligadas a los combustibles.

Estas prácticas no pueden ser admisibles en un país que aspira a un mejor desarrollo. De ahí la necesidad de encarar el problema del robo, la adulteración y la comercialización ilícita de combustible a partir de la severidad en el castigo que le permitan a la autoridad actuar con mayor eficacia en el combate a este ilícito que tanto daña a la economía nacional y en particular a la industria petrolera.

Aunque es urgente legislar sobre este problema, nuestro partido ya ha presentado iniciativas en esta tribuna durante la LIX Legislatura; las cuales fueron dictaminadas favorablemente y se remitieron las minutas aprobadas por la mayoría de este Pleno a la Colegisladora, pero al parecer se perdieron en el proceso legislativo.

Es por ello que la propuesta que volvemos a someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, incluye como primera medida, que Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales cancelen de forma inmediata cualquiera relación contractual con algún distribuidor, estación de servicio u otro cliente que comercialice ilícitamente los combustibles o los adultere. Asimismo, se cancela hacia futuro cualquier posibilidad para el infractor de establecer relación contractual alguna con Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales, así como cualquier entidad del gobierno federal.

Se reforma también el Código Penal Federal para incluir en el tipo del artículo 368 Quáter, la posición de hidrocarburos, sin demostrar el origen legal de procedencia.

Por otra parte, en el Código Federal de Procedimientos Penales se eleva a delito grave, la internación ilícita de sustancias que puedan ser utilizadas para la adulteración de los combustibles; la utilización de combustibles sujetos a un beneficio fiscal o a precio de estímulo fiscal, para su comercialización u otro fin de actividad distinta al que se destino originalmente el beneficio, y la alteración o reducción de manera ilícita de las propiedades o componentes que las mercancías o productos debieran tener con el propósito de comercializarlos.

Compañeros Legisladores, al retomar el tema en la presente iniciativa constituye un importante avance en la defensa del patrimonio de los mexicanos y constituye también un esfuerzo por avanzar en la construcción de un esquema orientado a la legalidad, un esquema que mediante la intolerancia a las prácticas delictivas que generan corrupción, permita el buen desempeño de la economía en aras de la generación de empleos y la reactivación de la actividad productiva del país.

Señor Presidente, en economía de tiempo, le solicito que el presente proyecto de Decreto sea incorporado de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Atentamente, Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Raúl Mejía González, Ramiro Hernández García, Alejandro Moreno Cárdenas, Mario López Valdez, Adolfo Toledo Infanzón, Francisco Herrera León y Carlos Jiménez Macías.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Los suscritos, CARLOS LOZANO DE LA TORRE, RICARDO PACHECO RODRIGUEZ, RAUL MEJIA GONZALEZ, RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, CARMEN GUADALUPE FONZ SAENZ, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, MARIO LOPEZ VALDEZ, ADOLFO TOLEDO INFANZON Y FRANCISCO HERRERA LEÓN, Senadores de la República de la LXI Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal, y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace escasos tres meses se descubrió el mayor robo de combustible en nuestro país, robo que podría representar cerca de 100 mil millones de pesos, esto es una quinta parte de las compras externas de petrolíferos por nuestro país.

Una cantidad importante del petróleo robado era refinado en instalaciones de los Estados Unidos, aunque existe en nuestro país refinaciones clandestinas que pasan posteriormente a su distribución y comercialización en gasolinerías implicadas.

El mercado ilícito de combustibles es una actividad que se lleva a cabo paralelamente a la distribución de hidrocarburos que realiza de manera regulada la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, PEMEX, bajo la estricta observación de las normas oficiales en la materia y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

Las autoridades calculan un costo anual aproximado de 20 mil millones de pesos por el robo, adulteración y venta ilícita de combustibles en el país: 30 por ciento de ese volumen corresponde al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal; 20 por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante a la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional.

En los últimos años, se han identificado una serie de prácticas ilegales ligadas fundamentalmente al robo y adulteración de los combustibles. Dichas prácticas no sólo han generado pérdidas millonarias al patrimonio de Petróleos Mexicanos, sino que, han generado y consolidado redes delictivas pertenecientes al crimen organizado. Los informes de seguridad de la paraestatal así lo confirman, desde 1998, los oleoductos eran “ordeñados”, al percatarse, entre otros aspectos, de la pérdida de su presión.

Lo anterior se torna aún más dramático si se considera que este mercado negro creció en más de un 50% tan sólo en los últimos 5 años. En este año solamente creció en un 10%. Este se ha extendido a 19 estados de la República;sólo en el 2008 se detectaron 396 tomas clandestinas.

Se trata de una industria delictiva de rápida expansión y consolidación cuyos efectos negativos inciden, en última instancia, sobre el bienestar de la población, al significar menores recursos disponibles por parte del Gobierno Federal para los estados y municipios, así como para la ampliación de los programas de gasto social orientados a elevar la calidad de vida de los mexicanos mediante el impulso a la educación, salud y combate a la pobreza, fundamentalmente.

La corrupción ha alcanzado no sólo a quienes extraen el producto, sino a funcionarios que notifican sobre las características particulares de los flujos de combustible a lo largo de la red de transportación del país, así como autoridades quienes les asisten en el proceso de transportación del producto extraído. De igual forma, la corrupción ha motivado el establecimiento de depósitos clandestinos para el almacenamiento de los combustibles, causando un daño ecológico irreversible en las áreas de operación de las redes delictivas y poniendo en riesgo la integridad física de quienes habitan en las áreas cercanas.

Esta industria delictiva ha encontrado vínculos también con algunos de los establecimientos de venta al consumidor final, siendo la adulteración de los combustibles otro segmento de alta rentabilidad para quienes realizan conductas delictivas ligadas a los combustibles.

La utilización de solventes se ha convertido en la forma tradicional para alterar los componentes de los combustibles. Esta modificación de las características originales del insumo, no sólo ha permitido a los delincuentes incrementar significativamente sus ganancias a costa de las familias del país, sino que lesiona su patrimonio al deteriorar el buen funcionamiento de los automotores.

El contrabando de gasolina es otra forma en la que opera el mercado ilícito, dada la diferencia de precios de este producto con los países fronterizos. El combustible es transportado en vehículos de doble tanque o cisterna que realizan uno o más cruces diarios, aunque, cabe destacar, esta modalidad ha disminuido considerablemente por la decisión de las autoridades hacendarias de homologar los precios en relación con el valor que tiene en los países fronterizos.

Un elemento de primer orden a considerar es la figura de distribuidor genérico con la que opera la venta de gasolina a distribuidores de estaciones de servicio y clientes particulares, ya que sin un control riguroso de parte de las autoridades, se facilita que la gasolina que PEMEX les entrega pueda ser adulterada por algunos concesionarios previo a la entrega a los expendios regulares.

Estas prácticas no pueden ser admisibles en un país que aspira a su desarrollo. De ahí la necesidad de encarar el problema del robo, la adulteración y la comercialización ilícita de combustibles a partir de la severidad en el castigo que le permitan a la autoridad actuar con mayor eficacia en el combate a este ilícito que tanto daño causa a la economía nacional y en particular a la industria petrolera.

Aunque es urgente legislar sobre este problema, nuestro partido ya ha presentado iniciativas ante esta tribuna durante la LIX Legislatura; las cuales fueron dictaminadas favorablemente y se remitieron las minutas aprobadas por la mayoría de este pleno a la colegisladora; pero al parecer se perdieron en el proceso legislativo.

Es por ello que la propuesta que volvemos a someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, incluye como primera medida, que Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales cancelen de forma inmediata cualquier relación contractual con algún distribuidor, estación de servicios u otro cliente, que comercialice ilícitamente los combustibles o los adultere. Asimismo, se cancela hacia futuro cualquier posibilidad para el infractor de establecer relación contractual alguna con Petróleos Mexicanos,sus organismos subsidiarios o empresas filiales, así como con cualquier entidad del Gobierno Federal.

Se reforma también el Código Penal Federal para incluir en el tipo del artículo 368 QUATER, la posesión de hidrocarburos, sin demostrar el origen legal de su procedencia.

Por otra parte, en el Código Federal de Procedimientos Penales se eleva a delito grave la internación ilícita de sustancias que puedan ser utilizadas para la adulteración de los combustibles; la utilización de combustibles sujetos a un beneficio fiscal o a precio de estímulo fiscal, para su comercialización u otro fin o actividad distinta al que se destino originalmente el beneficio, y; la alteración o reducción de manera ilícita de las propiedades o componentes que las mercancías o productos debieran tener con el propósito de comercializarlos.

En resumen, al retomar el tema en la presente Iniciativa constituye un importante avance en la defensa del patrimonio de los mexicanos y constituye también un esfuerzo por avanzar en la construcción de un esquema orientado a la legalidad, un esquema que mediante la intolerancia a las prácticas delictivas que generan corrupción, permita el buen desempeño de la economía en aras de la generación de empleos y la reactivación en la actividad productiva del país.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; 253 Y 368 QUATER DEL CODIGO PENAL FEDERAL, Y; 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 15.- (...)

(...)

En caso de infracción a lo dispuesto por el artículo 253, incisos k) y l), fracción I, y 368 QUÁTER del Código Penal Federal, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales o cualquier otra entidad del Gobierno Federal, procederán a la cancelación inmediata de toda relación contractual que tengan con el infractor, con quien no podrá establecer relación contractual alguna en lo sucesivo.

(...)

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman el párrafo primero y la fracción IV del artículo 253; la estructura del texto del artículo 368 QUÁTER, en párrafos y fracciones, y los párrafos primero y último y; se adicionan los incisos k), l) y dos párrafos finales a la fracción I, del artículo 253; y la fracción II al artículo 368 QUÁTER, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de seis a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:

I (...)

a) – j) (...)

k) Internar a territorio nacional cualquier sustancia que sea utilizada, de manera ilícita, para la alteración, adulteración o modificación, de los combustibles producidos y comercializados por el organismo público Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales, y;

l) Utilizar los combustibles sujetos a un beneficio fiscal o a su precio de estímulo fiscal de acuerdo con las leyes en la materia, para su comercialización u otro fin o actividad distinta al que se destinó originalmente el beneficio.

La sanción que corresponda en el caso de los incisos k) y l), se aumentará en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público, o cuando tenga o haya tenido relación comercial con la industria petrolera.

Tratándose de los incisos k) y l), los hidrocarburos, combustibles o sus derivados, que hubieren sido asegurados, se entregarán en restitución inmediata al organismo público Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales.

II – III (...)

IV. Alterar o reducir, de manera ilícita, por cualquier medio las propiedades o componentes que las mercancías o productos debieran tener, conforme a la Ley; con el propósito de comercializarlos; y

V (...)

(...)

Artículo 368 QUATER. Se impondrán de seis a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa, al que:

I. Sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

II. Posea o se ostente como propietario de hidrocarburos o cualquier otro producto que se obtenga a partir de su procesamiento, así como cualquier sustancia que pueda ser utilizada para la alteración, adulteración o modificación de los combustibles, sin acreditar su legal procedencia o detentación.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público, o prestador de servicios a cualquier título, de dicha industria.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma los numerales 18) y 28), fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- (…)

I (...)

1) – 17) (...)

18) Contra el consumo y riqueza nacionales, previstos en los artículos 253, incisos k) y l), fracción I, y fracción IV; y 254, fracción VII, párrafo segundo;

19) – 27) (...)

28) Los previstos en el artículo 368 QUÁTER;

29) – 34) (...)

II – XIV (...)

(...)

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre.- Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. Alejandro Moreno Cárdenas.- Sen. Mario López Valdez.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. C. Guadalupe Fonz Sáenz”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Lozano de la Torre. Desde luego, insértese íntegra la versión en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Garibay García, a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6º constitucional y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 6º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Garibay García, a nombre propio y de la C. Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Jesús Garibay García: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

La transparencia y la rendición de cuentas son aún asignaturas pendientes en nuestro país. Sin dejar de reconocer los avances importantes que en estas materias se han tenido en los últimos años, en honor a la verdad debe decirse que los cambios son lentos e insuficientes porque se ha optado por reformas graduales en vez de acometer reformas de gran calado que permitirían crear un nuevo vínculo de responsabilidad entre la ciudadanía y sus autoridades.

Pero además, se trata de mecanismos dirigidos a incrementar la eficiencia de quienes tienen una responsabilidad administrativa en los tres niveles de gobierno.

En la carrera por satisfacer los anhelos de la sociedad en la materia que nos ocupa, los actores políticos ceden espacios y procesos de toma de decisiones para ser llevados a la vitrina pública pero al mismo tiempo se ponen de acuerdo en conservar cierta discrecionalidad en el ejercicio presupuestal y defender celosamente importantes porciones del escenario público para mantenerlos fuera de todo escrutinio ciudadano.

Hoy como ayer, los cambios profundos al sector público tienen como límites la custodia de los intereses creados y de las excesivas prerrogativas de los actores políticos, de lo cual consideran depende su permanencia.

Ejemplos de esta realidad están presentes en todos los ámbitos por lo que resultaría ocioso intentar en este momento enlistarlos.

El principal argumento utilizado para frenar los cambios profundos que requiere el país o, en otras palabras, para justificar la mediocridad de algunas reformas, es la absurda afirmación de la falta de madurez o preparación de la sociedad mexicana para transitar hacia nuevos modelos.

Esta situación pudiera aplicarse a la institución federal encargada de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública si continuamos postergando la necesidad de convertirla en un auténtico órgano constitucional autónomo que dé mayor certeza de su actuación independiente, imparcial y objetiva, y que la dote de mejores instrumentos para asegurar el cumplimiento eficaz de las funciones encomendadas.

Algunos aseguran que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) es una institución joven que se encuentra en un necesario proceso de consolidación, sin embargo, olvidan señalar que en el tema de la transparencia, como en muchos otros, el país tiene un enorme rezago que hace inadmisible seguir negando el ejercicio pleno de ese derecho.

Desde que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hace siete años, incluso, desde el proceso de aprobación de esta norma, diversos sectores de la sociedad plantearon la necesidad de que el acceso a la información fuera una entidad pública que no guardara relación alguna con los poderes públicos tradicionales.

Si existieran dudas sobre esta pretensión, sólo bastaría señalar que de 2004 a la fecha, legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios, incluidos del partido político en el poder, han presentando en ambas Cámaras iniciativas no sólo en el sentido de otorgarle autonomía constitucional al IFAI, sino también proponiendo nuevas formas de designación de los comisionados, como condición indispensable para garantizar verdadera independencia en las decisiones de ese órgano colegiado.

Si bien la ley de la materia, y recientemente nuestro máximo ordenamiento, le otorgan al IFAI autonomía operativa, de gestión y de decisión, y que esa cualidad ha sido defendida por algunos como suficiente para lograr su independencia, el hecho de formar parte de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo y dejar en manos de éste el nombramiento de los comisionados, indudablemente crean una extraña relación donde el vigilante está subordinado al vigilado.

Esta misma relación de subordinación también la podemos encontrar en las entidades federativas del país, sobre todo en aquellas en donde los organismos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información son de naturaleza jurídica descentralizada al igual que el IFAI. No obstante, lo mismo ocurre en algunos estados del país donde a pesar de que se cuenta con un órgano de transparencia con autonomía constitucional, la preeminencia de una fuerza política permite colocar en los consejos o comisiones locales a personas que son incondicionales del gobernador en turno.

En fin, podríamos abundar en la argumentación respecto de la iniciativa que la Senadora Rosalinda López Hernández y su servidor estamos proponiendo a este Honorable cuerpo de Senadores.

Le pido, señor Presidente, que en virtud de que el documento está publicado íntegramente en la Gaceta del Senado, se pueda incluir en el Diario de los Debates de este día.

Por su atención y gentiliza, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia y la rendición de cuentas son aún asignaturas pendientes en nuestro país. Sin dejar de reconocer los avances importantes que en estas materias se han tenido en los últimos años, en honor a la verdad debe decirse que los cambios son lentos e insuficientes porque se ha optado por reformas graduales en vez de acometer reformas de gran calado que permitirían crear un nuevo vínculo de responsabilidades entre la ciudadanía y sus autoridades.

Garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos, así como avanzar en el abatimiento de la opacidad de la función gubernamental, tiene un valor en sí mismo porque genera las condiciones para que el ciudadano se convierta en vigilante permanente de las decisiones u omisiones públicas. Pero además, se trata de mecanismos dirigidos a incrementar la eficiencia de quienes tienen una responsabilidad administrativa en los tres niveles de gobierno.

En la carrera por satisfacer los anhelos de la sociedad en las materias que nos ocupa, los actores políticos ceden espacios y procesos de toma de decisiones para ser llevados a la vitrina pública pero al mismo tiempo se ponen de acuerdo en conservar cierta discrecionalidad en el ejercicio presupuestal y defender celosamente importantes porciones del escenario público para mantenerlos fuera de todo escrutinio ciudadano.

Hoy como ayer, los cambios profundos al sector público tienen como límites la custodia de los intereses creados y de las excesivas prerrogativas de los actores políticos, de lo cual consideran depende su permanencia.

Ejemplos de esta realidad están presentes en todos los ámbitos por lo que resultaría ocioso intentar en este momento enlistarlos.

El principal argumento utilizado para frenar los cambios profundos que requiere el país o, en otras palabras, para justificar la mediocridad de algunas reformas, es la absurda afirmación de la falta de madurez o preparación de la sociedad mexicana para transitar hacia nuevos modelos.

Esta situación pudiera aplicarse a la institución federal encargada de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública si continuamos postergando la necesidad de convertirla en un auténtico órgano constitucional autónomo que dé mayor certeza de su actuación independiente, imparcial y objetiva, y que la dote de mejores instrumentos para asegurar el cumplimiento eficaz de las funciones encomendadas.

Algunos aseguran que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) es una institución joven que se encuentra en un necesario proceso de consolidación, sin embargo, olvidan señalar que en el tema de la transparencia, como en muchos otros, el país tiene un enorme rezago que hace inadmisible seguir negando el ejercicio pleno de ese derecho.

Desde que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hace siete años, incluso, desde el proceso de aprobación de esta norma, diversos sectores de la sociedad plantearon la necesidad de que el órgano encargado de velar el derecho de acceso a la información fuera una entidad pública que no guardara relación alguna con los poderes públicos tradicionales.

Si existieran dudas sobre esta pretensión, sólo bastaría señalar que de 2004 a la fecha, legisladores integrantes de diversos grupos parlamentarios, incluidos del partido político en el poder, han presentando en ambas cámaras iniciativas no sólo en el sentido de otorgarle autonomía constitucional al IFAI sino también proponiendo nuevas formas de designación de los comisionados, como condición indispensable para garantizar verdadera independencia en las decisiones de ese órgano colegiado.

Si bien la ley de la materia, y recientemente nuestro máximo ordenamiento, le otorgan al IFAI autonomía operativa, de gestión y de decisión, y que esa cualidad ha sido defendida por algunos como suficiente para lograr su independencia, el hecho de formar parte de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo y dejar en manos de éste el nombramiento de los comisionados, indudablemente crean una extraña relación donde el vigilante está subordinado al vigilado.

Esta misma relación de subordinación también la podemos encontrar en las entidades federativas del país, sobre todo en aquellas en donde los organismos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información son de naturaleza jurídica descentralizada al igual que el IFAI. No obstante, lo mismo ocurre en algunos estados del país donde a pesar de que se cuenta con un órgano de transparencia con autonomía constitucional, la preeminencia de una fuerza política permite colocar en los consejos o comisiones locales a personas que son incondicionales del gobernante en turno.

Si analizamos la actuación de los comisionados del IFAI en los últimos años, es cierto que podemos encontrar decisiones importantes en favor de la transparencia y del derecho de acceso a la información, sin embargo, también es claro que su desempeño no ha sido consistente y que la adopción de resoluciones trascendentes está limitada por un nivel de “afectación permisible” a la administración pública federal.

En 2007 el Congreso de la Unión dio un paso importante hacia la homologación de la legislación en la materia, al establecer en el artículo 6° Constitucional principios y bases generales que se deberán observar en la Federación, en los estados y en el Distrito Federal para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por cierto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hemos incurrido en omisión legislativa porque un transitorio de la reforma constitucional referida mandató al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones correspondientes al marco legal, a más tardar un año después de la entrada en vigor del decreto, plazo que venció hace ya 15 meses.

Sin duda que las nuevas disposiciones constitucionales van en la dirección correcta, pero necesitamos dar un mayor impulso hacia la consolidación de un verdadero sistema de transparencia y de acceso a la información que ponga en la vitrina pública todos los actos del ejercicio del poder público, salvo aquella información que pueda vulnerar la intimidad de la persona o la seguridad del Estado mexicano.

Por todo lo anterior, la intención de la presente iniciativa es poner nuevamente sobre la mesa de discusión el tema del otorgamiento de autonomía constitucional a los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública en México, como es el caso del IFAI, así como las comisiones, consejos e instituciones que existen en los estados del país con el mismo propósito.

Además de elevar a rango constitucional a estos órganos, la iniciativa propone establecer en ley la obligación de que en el proceso de designación de los comisionados se realicen consultas públicas a fin de considerar propuestas ciudadanas de personas que pudieran desempeñar esa función.

Asimismo, se plantea modificar el procedimiento de designación de los comisionados del IFAI para que sea el Senado de la República mediante mayoría calificada quien previo a un proceso auscultación designe a dichos servidores públicos.

Finalmente, se propone establecer como requisito para ser Comisionado no haber sido servidor público en los últimos dos años anteriores a la designación, toda vez que la disposición vigente posibilita que ocupen tan importantes cargos personajes que por sus vínculos con el vigilado actúan más como filtros de lo que a juicio de la autoridad el ciudadano debe conocer que como promotores del derecho que les toca defender.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ……

……

De la I. a la III.……

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales dotados de autonomía de gestión y presupuestaria, personal jurídica y patrimonio propios, los cuales tendrán la responsabilidad de promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

El órgano autónomo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho a la información en el ámbito federal se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y estará integrado por cinco comisionados que serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La forma de integración, organización, funcionamiento y atribuciones estarán establecidos en ley.

De la V a la VII.……

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 3, fracción IV, 33, 34 y 35, fracción V, el Título Segundo, en su denominación; y se deroga el Titulo Tercero, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 3. ….

De la I a la III. ……

IV. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República. Asimismo, serán considerados como tales los órganos o cualquier unidad administrativa de los sujetos obligados.

TITULO SEGUNDO
ACCESO A LA INFORMACION

Capítulo II

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Artículo 33. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados.

Artículo 34. El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, conforme al procedimiento siguiente:

1. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, emitirá convocatoria pública a efecto de que organizaciones civiles, instituciones académicas y la ciudadanía en general, realicen propuestas de profesionistas.

2. Una vez analizadas las propuestas, la Junta de Coordinación Política, propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores, una lista de aspirantes con el triple del total del número de comisionados a elegir.

En caso de que ninguna de las propuestas alcance la votación requerida, la Junta de Coordinación Política, en sesión diversa, presentará una nueva lista.

……

……

……

Artículo 35. Para ser Comisionado se requiere:

De la I. a la IV.……

V. No haber sido servidor público, dirigente de un partido o asociación política o candidato a cargo de elección popular, durante los dos años previos al día de su nombramiento.

TITULO TERCERO

Se deroga

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores destinados al Organismo denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se transferirán al Órgano creado por este Decreto.

Tercero. Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá quedar debidamente constituido y en operaciones el órgano creado en el ámbito federal por este Decreto.

Cuarto. Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar las modificaciones necesarias en sus constituciones, así como para expedir las leyes que sean necesarias, a fin de proveer el debido cumplimiento al mismo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Jesús Garibay García”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Garibay García. Desde luego insértese en el Diario de los Debates.

¿Con qué propósito Senador Sánchez Anaya?

Senador Garibay, ¿acepta que la suscriba el Senador Sánchez Anaya?

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de los Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de los CC. Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María del Socorro García Quiroz: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

El motivo esencial de esta reforma se coloca en proteger a la niñez que ha sufrido de abandono, violencia física, sexual, psicológica, omisión de cuidados, pero sobre todo la falta de amor y cariño de quien deben otorgarlo. Es decir, los que cuentan con el parentesco de consanguinidad. Por ello, son estos niños los que pretende proteger el motivo de esta reforma, toda vez que en la actualidad se incrementa la carencia de valores, compromiso y responsabilidad de aquellos que han elegido ejercer el rol paterno y materno, y que a consecuencia de ello los menores víctimas de algún tipo de maltrato tienen la necesidad de ser protegidos. Es ahí cuando instituciones como el Ministerio Público y el Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, juegan un papel de vital importancia como actores sociales que representan la protección de los derechos de los menores que han sido trasgredidos por sus seres más cercanos.

En tal virtud, podemos afirmar que la ley que crea el sistema DIF, la Ley Sustantiva y Adjetiva Civil, diversos tratados internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, y de la cual México es parte, legitiman a dicha institución gubernamental para ejercer acciones de protección a favor de los menores cuando sus derechos son contrapuestos por aquellos que ejercen la patria potestad. Es por ello que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia debe de iniciar en caso de ser conveniente y agotado la posibilidad de una reintegración del menor a una familia idóneo, el ejercicio de la acción civil y penal para que así los que ejercen la patria potestad, puedan perderla cuando hayan causado un daño irreparable al infante en su integridad psíco-emocional, entre las que se encuentran:

1. La búsqueda y localización de los abuelos del menor albergados donde generalmente ningún familiar dará información alguna respecto de donde se encuentran los ascendientes directos o en segundo grado.

2. Generalmente los responsables de alguna conducta ilícita en contra de un menor tendrán una averiguación en su contra, lo que implicaría que no se encuentren en sus domicilios de residencia.

3. Que los abuelos hayan fallecido y no se cuente con datos del lugar; así como, fecha de fallecimiento, lo que posibilita exhibir el acta de defunción y acreditar ante el juez que no hay necesidad de demandarlos y genera que se retrasen los procesos judiciales de adopción.

4. Los abuelos al ser llamados a juicio en el procedimiento de pérdida de Patria Potestad, han argumentado en su defensa que no pueden ser demandados en un mismo procedimiento que los padres del menor victimizado, ya que éstos todavía son titulares del ejercicio de la Patria Potestad.

5. Es congruente plantear que la Patria Potestad sólo los padre la ejerzan y que los abuelos ejerzan un derecho de tutela legítima; ya que no debe seguir ocurriendo que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia busquen a los abuelos; lo anterior, por no contar con la estructura económica, y de investigación, ni humana para enfrentar dicho reto; deberían, en su caso, ser los abuelos, que son los interesados en sus nietos y que han sido albergados, los que acudan a la Procuraduría y recuperen a sus nietos, demostrando con esta acción que existe interés de amor y lazo afectivo con el infante.

En tal virtud es innegable que el derecho debe actualizarse de cara a una realidad que impera a nivel nacional y proponer una solución de fondo a los menores que son víctimas de violencia y que son responsabilidad de todos los mexicanos, porque son nuestros niños y porque conviven con nuestras familias y en la sociedad. Por ello, debe procurarse que los menores cuenten con una familia que verdaderamente les rinda calidez, amor, respeto y atención a través de la adopción.

De conformidad con lo que he expuesto anteriormente, y se propone la discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 412, 426 y 483, se deroga el párrafo segundo del artículo 414, se adiciona el artículo 414 Bis y se deroga el artículo 420, todos los artículos mencionados del Código Civil Federal, para quedar como siguen:

Artículo 412.- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la Patria Potestad de sus padres.

Artículo 414 BIS.- Tratándose de menores puestos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Patria Potestad únicamente será ejercida por los padres.

Artículo 426.- Cuando la Patria Potestad se ejerza a la vez por la madre y por el padre o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, pero el designado consultará en todos los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración.

Artículo 483.- …

I. A los abuelos paternos o maternos que mejor garanticen la protección y desarrollo de sus ascendientes, a criterio de la autoridad competente, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la opinión del menor, si éste ya hubiese cumplido los 12 años.

II. Por falta o incapacidad de los abuelos paternos y maternos, a los hermanos, prefiriéndose a los que sean por ambas líneas.

III.- Por falta de incapacidad de los abuelos y hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Los suscritos Senadores MARIA DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ, CARMEN GUADALUPE FONZ SAENZ, RICARDO FIDEL PACHECO RODRIGUEZ, FRANCISCO HERRERA LEON Y ADOLFO TOLEDO INFANZON, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Vivir en un ambiente digno, en el cual se solventen las necesidades básicas de la persona, como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo familiar, es uno de los derechos fundamentales del ser humano, y está reconocido de manera expresa en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien; con la finalidad de lograr el pleno desarrollo de la familia, pero sobre todo en aras de agilizar los procesos judiciales de los menores que se encuentran a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; así como, los procesos de adopción, someto a la consideración de esta Soberanía la presente reforma, a fin de evitar que los infantes prolonguen su estancia en los diversos albergues.

Como consecuencia de la deficiencia del proceso de adopción que se utiliza en México, la cantidad de niños que se encuentran en posibilidades de ser adoptados disminuye, y estos crecen en instituciones albergadas sin posibilidad de ser adoptados por su edad, lo que ha generado que se eleve el numero de niños en los últimos años de manera preocupante; básicamente, por la lentitud del proceso de adopción.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, para el año 2010 dos mil diez, en México habrán al menos 29,310 niños sin cuidado familiar. Por esta razón, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, deben buscar disminuir tan alarmante cifra; toda vez que tan sólo en el año 2007 y 2008 se convocaron diversos foros, encuentros nacionales y talleres para mejorar los procesos de Adopción y generar estrategias para agilizar los mismos; concluyéndose que las instituciones encargadas de velar por el procedimiento de adopción deben colaborar en el desarrollo de las nuevas estrategias legislativas.

De tal suerte que,al entrar al análisis y fondo de la verdadera problemática de la adopción, se detectó que el problema de la adopción no radica en el procedimiento administrativo y judicial del mismo, sino en resolver la situación jurídica de los menores institucionalizados, amén de la poca concientización y difusión de la figura jurídica de la adopción como una opción de vida.

En tal virtud, se propone reformar de manera sustancial la figura de la Patria Potestad, a efecto de que sólo los padres cuenten con el derecho de ejercerla y no así los abuelos, ya que este derecho debe ser una prerrogativa exclusiva de los progenitores; pero de igual forma, se proponen obligaciones a los abuelos para con sus nietos, para que puedan ejercer la tutela legítima preferente, figura en la cual también podrán hacer valer derechos de familia con respecto al menor, pero sobre todo cuidar, proteger y vigilar a los que ejercen la patria potestad, estando también legitimados para ejercer las acciones legales pertinentes en defensa de sus descendientes para lo que se propone reformar al artículo 483 del Código Civil Federal.

De igual forma,se realiza una reforma a los artículos 412, 414 y 426 del Código Civil Federal, por cuanto consideran a los padres y abuelos como aquellos que ejercen la Patria Potestad sobre sus menores hijos o nietos. Esta reforma, por lo tanto, pretende que la Patria Potestad sea ejercida únicamente por la madre y el padre; no así por los abuelos, como actualmente se establece. Es por ello que igualmente se pretende reformar y adicionar diversos ordenamientos correlativos al capítulo de Tutela Legítima y homogenizar así la ley sustantiva civil, sin que esta reforma pretenda eliminar la importancia social histórica y afectiva que tienen los abuelos sobre sus nietos, pues se propone que éstos en lugar de ejercer la Patria Potestad ejerzan una tutela legítima preferente, lo que no contrapone el interés superior de un menor, pues se le otorga a los parientes en segundo grado directo ascendiente el derecho de ejercer acciones de protección, guarda y todas aquellas prerrogativas y obligaciones que derivan de la tutela legítima contemplada en nuestro ordenamiento civil sin limitación alguna.

En síntesis, esta reforma tiene como objetivo primordial, actualizar la naturaleza jurídica de la realidad que exigen los menores institucionalizados; es decir, que el derecho de ser madre y padre no debe ser sustituido por ninguna otra persona, ya que a pesar de ser familiar en segundo grado directo el ascendiente en línea consanguínea no puede ocupar el lugar de madre o padre, pero sí el de vigilantes y protectores de los derechos de sus nietos a través del ejercicio de la tutela legítima, y de esta misma manera fomentar los lazos afectivos, amor, cariño, respeto, tal y como lo hacen en la actualidad la mayor parte de los abuelos que están interesados en los sucesos, situaciones y problemáticas de sus nietos.

El motivo esencial de esta reforma se coloca en proteger a la niñez que ha sufrido de abandono, violencia física, sexual, psicológica, omisión de cuidados, pero sobre todo la falta de amor y cariño de quien debe otorgarlo; es decir, los que cuentan con el parentesco de consanguinidad. Por ello, son estos niños los que se pretende proteger con motivo de esta reforma, toda vez que en la actualidad se incrementa la carencia de valores, compromiso y responsabilidad de aquellos que han elegido ejercer el rol paterno y materno, y que a consecuencia de ello los menores víctimas de algún tipo de maltrato tienen la necesidad de ser protegidos. Es ahí cuando instituciones como el Ministerio Publico y el Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, juegan un papel de vital importancia como actores sociales que representan la protección de los derechos de los menores que han sido transgredidos por sus seres más cercanos.

En tal virtud, podemos afirmar que la ley que crea el Sistema DIF, la Ley Sustantiva y Adjetiva Civil, diversos Tratados Internacionales como la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, adoptada en la Ciudad de Nueva York , N.Y., el 20 de Noviembre de 1989, y de la cual México es parte, legitima a dicha institución gubernamental para ejercer acciones de protección a favor de los menores cuando sus derechos son contrapuestos por aquellos que ejercen la patria potestad. Es por ello que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia debe iniciar en caso de ser conveniente y agotando la posibilidad de una reintegración del menor a un familiar idóneo, el ejercicio de la acción civil y penal para que así los que ejercen la patria potestad, puedan perderla cuando hayan causado un daño irreparable al infante en su integridad psico-emocional, u otras problemáticas, entre las que están: 

1.- La búsqueda y localización de los abuelos del menor albergado donde generalmente ningún familiar dará información alguna respecto de donde se encuentran los ascendientes directos o en segundo grado, pues intentarán evitar que se les llegue a demandar o se les cause algún acto de molestia jurídica.

2.- Generalmente los responsables de alguna conducta ilícita en contra de un menor tendrán una averiguación en su contra, lo que implicaría que no se encuentren en sus domicilios de residencia; ya que, pretenden evadir la responsabilidad penal que ha ejercido el Ministerio Público.

3.- El que los abuelos hayan fallecido y no se cuente con datos del lugar; así como, fecha de fallecimiento, lo que imposibilita exhibir el acta de defunción y acreditar ante el juez que no hay necesidad de demandarlos a éstos, genera que se retarden los procesos judiciales de adopción y no se pueda avanzar la etapa de emplazamientos; ya que, precisamente las personas que tienen la información necesaria son los demandados; por lo cual, no se cuenta con la colaboración de estos y el menor que ingreso con una edad idónea para que se resuelva su situación jurídica y sea candidato a una adopción y se integre a una familia, pierde la posibilidad de transformar su vida y pueda aspirar a un futuro en una familia idónea, como lo anhelan y necesitan nuestros menores institucionalizados; ya que, para desventaja de estos su único problema es contar con más de siete años de edad, que las familias rechazan al momento de solicitar un procedimiento de adopción.

4.- Los abuelos al ser llamados a juicio en el procedimiento de pérdida de Patria Potestad, han argumentado en su defensa que no pueden ser demandados en un mismo procedimiento que los padres del menor victimizado, ya que estos todavía son titulares del ejercicio de la Patria Potestad, planteamiento que al ser interpretado de manera favorable por los juzgadores, causaría una prolongada Institucionalización de los menores en las casa hogar; ya que, primeramente se debería de agotar el juicio de los padres, con todas las etapas procesales e impugnativas para proceder con posterioridad al de los abuelos, lo que conllevaría a que el menor pierda cualquier posibilidad de ser adoptado por su edad y por las cuestiones culturales que prevalecen en nuestro país.

5.- Es congruente plantear que la Patria Potestad solo los padres la ejerzan y que los abuelos ejerzan un derecho de tutela legítima; ya que, no debe seguir ocurriendo que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia busquen a los abuelos; lo anterior, por no contar con la estructura económica, de investigación, ni humana para enfrentar dicho reto; debían ser los abuelos, que son los interesados en sus nietos, que han sido albergados, acudan a la Procuraduría y recuperen a sus nietos, demostrando con esta acción que existe interés, amor y lazo afectivo con el infante y sobre todo que conoce la problemática que está viviendo la familia y que los abuelos pueden ofrecer una situación diferente.

En tal virtud, es innegable que el derecho debe actualizarse de cara a una realidad que impera a nivel nacional y proponer una solución de fondo a los menores que son víctimas de violencia y que son responsabilidad de todos los mexicanos, porque son nuestros niños y porque conviven con nuestras familias y en la sociedad. Por ello, debe procurarse que los menores cuenten con una familia que verdaderamente les rinda calidez, amor, respeto y atención a través de la adopción.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 412, 426 y 483, se deroga el párrafo segundo del artículo 414, se adiciona el artículo 414 bis y se deroga el artículo 420, todos los artículos mencionados del Código Civil Federal, para quedar como siguen:

Artículo 412.- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad de sus padres.

Artículo 414.- (…)

(Se deroga)

Artículo 414 BIS.- Tratándose de menores puestos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Patria Potestad únicamente será ejercida por los padres.

Artículo 420.- (Se deroga)

Articulo 426.- Cuando la Patria Potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, pero el designado consultará en todos los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración.

Artículo 483.- (…)

I.- A los abuelos paternos o maternos que mejor garanticen la protección y desarrollo de sus ascendientes, a criterio de la autoridad competente, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la opinión del menor, si este ya hubiese cumplido los doce años;

II.- Por falta o incapacidad de los abuelos paternos y maternos, a los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas.

III.- Por falta o incapacidad de los abuelos y hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora García Quiroz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 24 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

(Presentada por el C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Respetable Asamblea:

Cada vez más, sobresale la importancia de que nuestro país cuente con una Soberanía energética capaz de hacer frente a cualquier tipo de contingencia o desabasto, sin importar la causa o el motivo de que se trate.

Así, para tal efecto, se ha planteado en todo el mundo, incluyendo a México, la necesidad de recurrir a la investigación científica y tecnológica que nos permita aprovechar al máximo las energías renovables, al ser esta la mejor opción para paliar los nocivos efectos de la contaminación mundial, en aras de preservar y garantizar el suministro de energía eléctrica a toda la población de manera sustentable.

Las fuentes renovables de energía se basan en los flujos y ciclos naturales del planeta. Son aquellas que se regeneran y son tan abundantes que perdurarán por cientos o miles de años, las usemos o no; además, usadas con responsabilidad no destruyen el medio ambiente. De esta forma, gracias a la investigación científica sabemos que la electricidad, calefacción o refrigeración generados por las fuentes de energías renovables, consisten en el aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, el viento, los residuos agrícolas u orgánicos, y que el incremento de la participación de este tipo de energías garantiza una generación de electricidad sostenible a largo plazo, reduciendo además la emisión de bióxido de carbono (CO2). De tal suerte que, si aplicamos la energía renovable de manera socialmente responsable, estaremos en condiciones de generar más oportunidades de empleo en zonas rurales, al promover el desarrollo de tecnologías locales.

En tal virtud, algunas regiones rurales, principalmente las más pobres del país, como lo es el caso del Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, que cuentan con un enorme potencial de energía eólica, se verán ampliamente beneficiadas por el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en esta materia, pues su ulterior aplicación constituirá un detonante para la economía de estas zonas, impulsando así el desarrollo económico y social de su gente.

En efecto, la energía eólica es la fuente de energía que está creciendo más rápidamente. De tal suerte que, si los gobiernos le aseguran el apoyo suficiente, lo que implica investigación sobre la misma, podría cubrir en el año 2020 el 12% de toda la electricidad mundial.

Así, por ejemplo, el potencial de zonas como el Istmo de Tehuantepec está calculado en 5,000 megavatios instalables en los próximos años y 2,500 megavatios instalables para la zona de Guerrero Negro en Baja California Sur; pero, al día de hoy, sólo se tienen 1,575 megavatios de potencia eólica instalada en la primera y 0,6 en la segunda, representando un 0,098% de la generación de energía por fuente eólica en el país.

Ciertamente, a solicitud de los autoabastecedores que pretenden instalarse en el Istmo de Tehuantepec, la Comisión Federal de Energía y la Comisión Reguladora de Energía convocaron la temporada abierta para reserva de capacidad de transmisión de energía eléctrica, y que se licitará como Obra Pública Financiada (OPF) en zonas como La Venta II, La Venta III, Oaxaca I y, Oaxaca II, II y IV, con una expectativa futura de capacidad de 589 megavatios de potencia total instalada para 2014, más otros 661 que provendrán de proyectos privados para conformar alrededor de los 1,250 megavatios, igualmente para el mismo año.

De prosperar estos proyectos en Oaxaca, se podría considerar que la zona del Istmo de Tehuantepec se situaría como uno de los principales parques eólicos en América Latina. Ello equipararía a Oaxaca con el Estado federado alemán más septentrional, Schleswig-Holstein, ubicado entre el Mar del Norte y el Báltico, cuya energía eólica cubre aproximadamente una cuarta parte del consumo neto de electricidad en el país, y con la Comunidad Autonómica española de Castilla y León, donde se produce el 24% de la energía eólica generada en todo el país con alrededor de 108 parques en funcionamiento y previstos otros 163 parques más en los próximos años.

Por otro lado, en Baja California, a consecuencia de un déficit de energía eléctrica similar al de Oaxaca, se decidió crear incentivos para que compañías privadas invirtieran más de 65 millones de dólares para la generación de energía renovable, principalmente a través de parques eólicos, hidroeléctricas y termoeléctricas; proyectos que tienen como objetivo principal consolidar la seguridad energética de la entidad, toda vez que al ser deficitaria de energía se ve obligada a importarla de Estados Unidos.

En suma, es evidente que nuestro país enfrenta un rezago importante en la aplicación de tecnologías alternativas.

Así las cosas, en aras de contribuir a revertir dicha situación, someto a la consideración de esta Soberanía una Iniciativa por la que se propone establecer que en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, prevista en la Ley para el Aprovecho Sustentable de Energía Renovables, y constituida como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía, se reconozca la importancia de crear fondos y fideicomisos destinados a apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

La investigación científica y tecnológica es sumamente importante si tomamos en cuenta que tan sólo en España existe la llamada Red Científico Tecnológica del Sector Eólico (REOLTEC), que surge ante la necesidad de coordinar las diferentes acciones de investigación, desarrollo e innovación que respondan a las necesidades del sector, que actualmente tiene a más de 300 compañías participando en su industria. Entre ellos se encuentran fabricantes de componentes, equipos, promoción y explotación, constructoras y servicios de transporte y distribución, lo que supone más de 31,600 empleos acumulados.

Situación similar ocurre en Alemania, con el Centro Ecológico de Renania del Norte y Westafalia, y con una inversión por parte del Gobierno Federal alemán de 800 millones de euros a la investigación científica en este rubro. Este tipo de políticas públicas han hecho que Alemania iguale en energía eólica a toda la energía eléctrica convencional generada en Argentina.

En consecuencia, es absolutamente innegable que el Estado mexicano requiere invertir en el conocimiento de áreas tan prioritarias como lo es el sector de las energías renovables, pues está comprobado de manera científica que sólo el esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico ha permitido que con un sólo aerogenerador se produzca la misma energía que hace unos años con diez.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 24.- (…)

(…)

I – VI (…)

VII.- Crear los fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen.Adolfo Toledo Infanzón”.

Se concede la palabra a la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3 DE LA LEY DELA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Presentada por la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Elena Orantes López: Gracias, señor Presidente.

El trabajo legislativo así como el compromiso del Congreso de la Unión para poder lograr mayor justicia y dignidad para los pueblos indígenas garantizando sus derechos, queda manifiesto en las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de nuestra Constitución, la ley por la que se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las más de 40 propuestas de modificación a la legislación secundaria, una veintena de ellas, consultadas con los pueblos indígenas, ya aprobadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo Federal.

Este marco normativo busca garantizar una nueva relación con la población indígena de México, pero lejos de estar satisfechos con las metas cumplidas, es necesario seguir trabajando con más tesón h asta que todas las propuestas sean ley, puedan ser vigentes y se agreguen las que sean necesarias, para que los indígenas mexicanos sean verdaderos dueños de su riqueza cultural y su propio desarrollo.

Necesitamos que los municipios, comunidades y pueblos de esta naturaleza tengan la protección de la ley y la seguridad del apoyo del estado en la conducción de su propio desarrollo, permitiéndoles mejores oportunidades y proyectos que en respecto a su diversidad cultural, puedan ser instrumentos de apalancamientos para el beneficio productivo en sus propias comunidades.

De hecho, podemos hablar de etnias, de comunidades y de lugares como las de la Selva Lacandona en el estado de Chiapas, cuyo pulmón de reservas de montes azules son prioritarias para México, y a donde toda nuestra disposición hará un llamado a la SEMARNAT para poder tomar las medidas necesarias y poder considerar esta reserva como algo garantizado en la ley.

De lo que se trata ahora, es de atender una agenda local y regional donde se puedan plantear en la vida de las comunidades indígenas los temas de la igualdad y la justicia, la democracia comunal, la protección del trabajo migratorio, y la solución cualitativa y armónica para los conflictos religiosos, y de alguna manera los usos y costumbres a la conciliación legal, a la propiedad de la tierra, y a la resolución institucional de los conflictos entre vecinos y comunidades.

Debemos seguir brindándoles reglas claras que nos conduzcan a un verdadero estado de derecho que resuelva los conflictos derivados de la convivencia humana que así lo ameritan nuestras leyes.

México requiere de reformas comprometidas para cambiar las vidas de los individuos y poder limar este vacío en un marco de legalidad que no atente contra los principios constitucionales y, que por el contrario, otorgue seguridad jurídica a su nación.

Los usos y las costumbres no pueden estar por encima del conjunto de normas que regulan nuestro modo fundamental, la organización y sobre todo el funcionamiento propio del Estado mexicano y que van en contra de los derechos fundamentales de las personas, así como las relaciones de certeza y seguridad jurídica entre el estado y la sociedad, en demérito de los propios derechos indígenas.

En este sentido, la comisión tendrá la obligación de promover una educación integral que respete su herencia cultural, que emplee el acceso a los pueblos indígenas a la cultura, a la ciencia y a la tecnología, así como a la educación profesional que aumente su perspectiva de desarrollo, su capacitación, su asistencia técnica en beneficio de sus principales producciones y productividades, asimismo, aprenderá acciones destinadas a lograr que la educación que se imparte a los pueblos indígenas pueda promover el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural de la nación, así como la de aquellas personas con creencias religiosas distintas e instrumentos y acciones tendientes a poder erradicar el maltrato y la discriminación de la mujer y los menores de edad, independientemente de los usos y costumbres de las propias comunidades.

Para finalizar, le solicito, señor Presidente, se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“María Elena Orantes López, Senadora de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3 DE LA LEY DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo legislativo así como el compromiso del Congreso de la Unión para lograr mayor justicia y dignidad para los pueblos indígenas garantizando sus derechos, queda de manifiesto con la reforma a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de nuestra Constitución, la ley por la que se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las más de cuarenta propuestas de modificación a la legislación secundaria, una veintena de ellas, consultadas con los pueblos indígenas, ya aprobadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo Federal.

Este marco normativo, busca garantizar una nueva relación con la población indígena de México, pero lejos de estar satisfechos con las metas cumplidas, es necesario seguir trabajando con más tesón hasta que todas las propuestas sean ley vigente y se agreguen las que sean necesarias, para que los indígenas mexicanos sean verdaderos dueños de su riqueza cultural y su propio desarrollo.

Necesitamos que los pueblos indígenas tengan la protección de la ley y la seguridad del apoyo del Estado en la conducción de su propio desarrollo, permitiéndoles mejores oportunidades y proyectos que, en respeto a su diversidad cultural, puedan ser instrumentos de apalancamiento para el beneficio productivos en sus propias comunidades.

Es necesario que enfaticemos la necesidad de pasar a la instrumentación de políticas públicas que, en la práctica, permitan replantearnos las necesidades indígenas como exigencias ciudadanas pero, sobre todo, darle forma a la extensión de la presencia del Estado en confines donde no se ha dado por siglos.

No podemos seguir hablando de lo indígena y de lo mexicano como dos mundos que pueden o no coincidir, debemos entendernos como un todo diverso, porque de lo contrario, estaremos fallando desde el inicio y habremos de fallar en el final.

Dejemos de lado esa falsa concepción de la unidad nacional. Debemos poner en relieve que no tenemos una sola identidad, sino que son muchas nuestras identidades, o mejor dicho, que nuestra identidad nacional, está sustentada en nuestra diversidad y en nuestra pluralidad étnica, ideológica, religiosa, política y geográfica.

No podemos seguir ignorado las realidades y la fisonomía actual de las comunidades indígenas. Se ha privilegiado la discusión de conceptos que no son capaces de describir con fidelidad y a plenitud las realidades indígenas, y se ha evitado la discusión puntual, profunda y seria, que tiene que ver con las políticas públicas y con la posición del Estado desde la perspectiva de las propias comunidades indígenas.

Lo que hay que hacer es aceptar que tenemos un mosaico plural y diverso que compone la nación mexicana. Bajo este precepto, tenemos que encontrar el papel que juegan las comunidades indígenas dentro del desarrollo del país.

De lo que se trata ahora, es de atender una agenda local y regional donde se planteen en la vida de las comunidades indígenas los temas de la igualdad y de la justicia, la democracia comunal, la protección del trabajo migratorio, la solución civilizada y armónica a los conflictos religiosos, la justicia de los indígenas, los usos y costumbres, la conciliación legal, la propiedad de la tierra, la resolución institucionalizada de los conflictos entre vecinos y colindantes, todos ello, no como una situación de excepción, sino como una obligación fundamental e ineludible del Estado nacional.

Debemos seguir brindándonos reglas claras que nos conduzcan a un verdadero Estado de derecho que resuelva los conflictos derivados de la convivencia humana.

Para ello, es necesario trascender las diferencias que nos separan de los pueblos indígenas en el ámbito cultural, político, social, económico y jurídico. Un ejemplo de ello, es la participación de la mujer en condiciones de igualdad y equidad aun cuando pueda ser en contra de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

México requiere de reformas comprometidas para cambiar la vida de los individuos y llenar ese vacío en un marco de legalidad que no atente contra los principios constitucionales y, que por el contrario, otorgue seguridad jurídica a la Nación.

Si bien nuestra Carta Magna reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas, también es cierto que muchas mujeres indígenas no gozan de derechos plenos en contra de la discriminación y la violencia que, sobre de ellas, se ejerce cotidianamente dentro de esas propias comunidades.

El Estado mexicano no puede permitir plena autonomía de los pueblos indígenas cuando se trata de aplicar sus propios sistemas normativos y se atenta contra derechos enmarcados en la propia Constitución, ya que dentro de las comunidades se cometen actos que atenten contra los derechos de los miembros de las mismas comunidades.

El abuso contra mujeres y niños, la intolerancia religiosa, la propiedad de la tierra y otros conflictos que atentan contra los derechos fundamentales de los individuos a manos de otros miembros de su misma comunidad, es algo que ocurre cotidianamente, en ese sentido, es fundamental reestablecer el orden jurídico del Estado mexicano y evitar que se eludan responsabilidades para brindarles la protección que por ley les corresponde.

Los usos y costumbres no pueden estar por encima del conjunto de normas que regulan de modo fundamental la organización y el funcionamiento del propio Estado mexicano, y que van en contra de los derechos fundamentales de las personas, así como de las relaciones de certeza y seguridad jurídica entre el Estado y la sociedad, en detrimento de los propios derechos indígenas.

En este sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha fallado a su misión, mientras que su actuación, ha quedado corta con respecto a orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, estrategias y acciones para el desarrollo integral, la justicia, seguridad y protección de cada uno de los miembros que conforman los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman las fracciones I, II y VI, y se adiciona una nueva fracción III, al Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. Observar y proteger el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación;

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural, que tenga por objetivo la difusión del conocimiento y las culturas indígenas.

III. Promover una educación integral que respete su herencia cultural, amplíe el acceso de los pueblos indígenas a la cultura, ciencia y tecnología, así como a la educación profesional que aumente sus perspectivas de desarrollo, capacitación y asistencia técnica, en beneficio de sus procesos productivos.

La Comisión emprenderá acciones destinadas a lograr que la educación que se imparta a los pueblos indígenas, promueva el respeto y conocimiento de la diversidad cultural de la nación, así como de aquellas personas con creencias religiosas distintas, e instrumentará acciones tendientes a erradicar el maltrato y discriminación a la mujer y los menores de edad, independientemente de los usos y costumbres de las propias comunidades.

IV. …

V. …

VI. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, en condiciones de igualdad frente a los varones, y en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.

VII. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Orantes López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió de la Senadora Rosalinda López Hernández y del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, mismo que se turna a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL IMPUESTO A LA COMPRA EN EFECTIVO DE DIVISAS

(Presentada por los CC. Senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

“Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las crisis económicas que ha enfrentado nuestro país en los últimos veinticinco años han evidenciado la vulnerabilidad de las finanzas públicas, particularmente, la excesiva dependencia a los ingresos obtenidos por la actividad petrolera, así como la debilidad recaudatoria del sistema hacendario mexicano.

Hoy, una vez más, ante la drástica reducción de los ingresos fiscales, se plantea la necesidad de explorar nuevas fuentes de financiamiento del gasto público.

Lamentablemente, desde el gobierno federal nuevamente se presentan propuestas que sólo atienden el problema desde un punto de vista limitado, sin atacar las causas estructurales que generan la debilidad de nuestras finanzas públicas y la falta de capacidad recaudatoria del Estado Mexicano. Lo cierto es que las medidas tributarias que se plantean, en el mejor de los casos, únicamente permitirán compensar la reducción de los ingresos fiscales estimada para el próximo año, posponiendo así la búsqueda y aplicación de soluciones que atiendan integralmente las distintas vertientes de las finanzas públicas, desde hacer más eficiente el sistema recaudatorio hasta garantizar la efectiva evaluación y control del gasto público, y la rendición de cuentas a nivel federal, estatal y municipal.

Asimismo, en el paquete fiscal propuesto por el gobierno, no existe un compromiso serio por eliminar los privilegios fiscales, por tratar de ampliar la base gravable, ni por hacer más racional y austero el gasto operativo de los tres niveles de gobierno y de los órganos constitucionales autónomos.

No sólo resulta cuestionable el carácter coyuntural que han tenido las reformas fiscales de los últimos años, sino también el hecho de que Hacienda dirija sus pretensiones recaudatorias nuevamente hacia el contribuyente cautivo. Las disposiciones que en materia de ingresos ha planteado el Ejecutivo Federal para el 2010, conservan esa característica y preocupa que adicionalmente se trate de aplicar un nuevo impuesto que impactará más a los pobres y a la clase media de este país, argumentando que los recursos recaudados serán para combatir la pobreza, aunque no exista alguna disposición que garantice ese destino.

Se ha dicho que el porcentaje del impuesto que se pretende aplicar a todos los bienes y servicios que se adquieran, es mínimo y que cerca del 50% de la recaudación que se obtenga por este concepto provendrá de la población que se encuentra en los dos deciles de mayores ingresos. Sin embargo, se omite señalar que las familias más pobres de este país destinan más del 60% de sus ingresos en la adquisición de alimentos y medicinas por lo que el objetivo de la llamada contribución, en el caso de que se hiciera efectivo, podría verse nulificado.

Toda reforma integral al sistema tributario debe pasar necesariamente por la revisión de los regímenes preferenciales así como de los procedimientos que complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De igual forma, debiera atender el grave problema de la evasión y elusión fiscal que actualmente representa el 25% del potencial recaudatorio, pero sobre todo en la parte de mayores y nuevos impuestos se debe buscar la equidad y la progresividad, gravando más a quien más posee y más gana, aplicando tasas más altas a bienes suntuarios y cargas impositivas a diversas formas de ingresos derivadas de ganancias de capital o resultantes de transacciones financieras, toda vez que en esos casos es evidente la capacidad contributiva.

Bajo esta lógica, la presente iniciativa plantea gravar una operación de compra donde es clara la manifestación de la capacidad económica de quien la realiza y me refiero a la compra de divisas, particularmente de dólares. La propuesta consiste en aplicar una tasa del 1% a todas las compras en efectivo de moneda extranjera que se realicen en las instituciones del sistema financiero mexicano.

En disposiciones fiscales como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como en la Iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, se establece la exención del impuesto respectivo en la enajenación de moneda extranjera. La explicación que se da para otorgar este beneficio es que en la compra de dicho bien sólo se trasmite la propiedad sin que se genere un ingreso agregado para la sociedad en su conjunto, lo cual no es argumento válido para descartar lo que sería una importante fuente de ingresos, porque lo que se pretende con el impuesto propuesto no es gravar las ganancias por esas operaciones sino la notoria capacidad económica de quienes las llevan a cabo.

El nuevo gravamen estaría planteado para cumplir, al menos, con tres propósitos: incrementar la recaudación tributaria; detectar desviaciones de lo que debería estar pagando un contribuyente, gravando parte de sus ingresos no reportados; y, ampliar la base de contribuyentes en nuestro país.

A nivel mundial, en países como Francia, Inglaterra y Brasil, se está analizando la posibilidad de implantar un impuesto al mercado de divisas, aunque el objetivo central de tal gravamen difiere entre países, algunos como el Plan Francés consideran imponer un impuesto sobre las utilidades de las transacciones de divisas para causas de beneficencia, y otros, como el caso Brasileño, lo plantean como instrumento para minimizar la especulación en el corto plazo y promover la estabilidad en el largo plazo.

Algunos plantean llevar esta propuesta a nivel mundial creando el Impuesto Global Sobre las Transacciones de Divisas como fuente adicional y estable de financiamiento para el desarrollo, específicamente para los países más pobres.

Estos planteamientos tienen como antecedente el llamado impuesto “Tobin” propuesto en 1972 por James Tobin premio Nobel de Economía, quien imaginaba aplicar una tasa impositiva módica al valor de las transacciones en divisas, la que, según sostenía, podría satisfacer dos propósitos, por un lado, frenar la destructiva especulación desestabilizadora y, por otro, recaudar dinero para destinarlo a una buena causa internacional.

Esta referencia internacional tiene por objeto hacer una distinción entre lo que se propone en la presente iniciativa y lo que se planteó con el impuesto “Tobin”, si bien ambos tendrían como propósito la obtención de recursos para destinarlos al gasto público, lo que se estaría gravando con el presente proyecto no sería la utilidad obtenida por una transacción en el mercado de divisas sino únicamente, como ya se dijo, aplicar una tasa impositiva a la compra de divisas, considerando de que se trata de una clara manifestación de capacidad tributaria y económica.

Se plantea que el acreditamiento del gravamen opere de la misma forma que en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para evitar el impacto de esta contribución a las personas físicasy morales que realizando operaciones de compra en efectivo de divisas cumplan con sus obligaciones fiscales. Estas personas podrán acreditar contra las contribuciones federales a su cargo el monto del impuesto a la compra de divisas que hubieren pagado, con lo que no se verá afectada su economía.

En consecuencia, la iniciativa que se pone a la consideración tiene la característica de ser un impuesto de flujo de efectivo que se produce al realizar la compra en efectivo de divisas en el sistema financiero quedando fuera de su alcance aquellos contribuyentes que estén plenamente identificados con alguna actividad inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o bien que estén exentos conforme a la ley como es el caso de las personas morales con fines no lucrativos, la Federación, Estados, Municipios y entidades paraestatales, así como las instituciones del sistema financiero con motivo de su intermediación financiera.

Consideramos que la tasa del 1% no es una contribución lesiva para los contribuyentes cautivos, sino que contrario a ello, está dirigido al segmento de la población con capacidad contributiva que se encuentra en la informalidad y que está evadiendo su responsabilidad de contribuir al gasto público.

Por lo que respecta a la instrumentación de la propuesta que contiene la presente iniciativa, se tomó como base el mecanismo que se estableció en la Ley de los Depósitos en Efectivo, por dos razones, una, por las características parecidas de las contribuciones, y dos, en el aprovechamiento de la experiencia que ya tienen las instituciones financieras en la recaudación, el registro y entero del impuesto referido, por lo que no significaría gastos extraordinarios a esas instituciones financieras ni tampoco al Servicio de Administración Tributaria.

La realidad es que sólo con una reforma fiscal integral y progresiva, que fortalezca las finanzas del Estado y haga más racional y transparente el gasto, podremos impulsar la inversión productiva que requiere nuestro país, generar empleos suficientes y bien remunerados, garantizar el crecimiento del mercado interno y el bienestar de los ciudadanos. Sólo así, podremos combatir de manera eficiente la pobreza que afecta a la gran mayoría de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, para quedar como sigue:

LEY DEL IMPUESTO A LA COMPRA EN EFECTIVO DE DIVISAS

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley respecto a la compra en efectivo de divisas querealicen en las instituciones del sistema financiero.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por divisas los billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago.

Artículo 3. No estarán obligadas al pago del impuesto a la compra en efectivo de divisas:

I. La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal que, conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la Federación, estén considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

II. Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Las instituciones del sistema financiero por la compra de divisas que se realice con motivo de su intermediación financiera.

Artículo 4. El impuesto a la compra en efectivo de divisas se calculará aplicando la tasa del 1 % al importe total de la operación. Las instituciones financieras estarán obligadas a lo siguiente:

I. Retener el impuesto a la compra en efectivo de divisas a que se refiere esta Ley en el momento que se realice la operación;

II. Enterar el impuesto a la compra en efectivo de divisas en el plazo y términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho plazo no deberá exceder de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya retenido el impuesto;

III. Llevar un registro de las operaciones de compra en efectivo de divisas en los términos de las reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administración Tributaria;

IV. Informar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe del impuesto a la compra en efectivo de divisas retenido a los contribuyentes, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general;

V. Llevar un registro de la retención diaria del impuesto a la compra en efectivo de divisas en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general; y

VI. Entregar al contribuyente de forma inmediata, las constancias que acrediten el entero del impuesto a la compra en efectivo de divisas, las cuales contendrán la información que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Artículo 5. El impuesto a la compra en efectivo de divisas establecido en esta Ley efectivamente pagado en el ejercicio de que se trate, será acreditable contra el impuesto sobre la renta a cargo en dicho ejercicio, salvo que previamente hubiese sido acreditado contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros o compensado contra otras contribuciones federales a su cargo o hubiese sido solicitado en devolución.

Cuando el impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado en el ejercicio sea mayor que el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio, el contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros.

Cuando después de efectuar el procedimiento señalado en el párrafo anterior resultara mayor el impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado en el ejercicio, el contribuyente podrá compensar la diferencia contra las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución.

Artículo 6. Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado, pudiendo haberlo hecho conforme al artículo anterior, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad por la que pudo haberlo efectuado.

Artículo 7. El derecho al acreditamiento es personal del contribuyente que pague el impuesto a las operaciones de compra de divisas y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión o escisión.

Artículo 8. Las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deban entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las oficinas autorizadas, en los términos de la fracción I del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán el impuesto sobre la renta que resulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párrafo del artículo 5 de esta Ley.

La sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta consolidado a cargo del mismo ejercicio, únicamente el impuesto a las operaciones de compra de divisas que hubiese acreditado en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado en los términos del artículo 7 de esta Ley.

Cuando el impuesto a las operaciones de compra de divisas acreditado por la sociedad controladora en los términos del párrafo anterior sea mayor que el impuesto sobre la renta consolidado a cargo del ejercicio de que se trate, el excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 5, según corresponda.

Para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El impuesto sobre la renta a cargo a que se refiere el primer párrafo del artículo 5 será el calculado en los términos que para cada régimen establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de disminuir a dicho impuesto los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo ejercicio.

Artículo 9. Los contribuyentes podrán acreditar contra el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, una cantidad equivalente al monto del impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado en el mismo mes.

Cuando el impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado en el mes de que se trate sea mayor que el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta del mismo mes, el contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros en dicho mes.

Si después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior existiere una diferencia, el contribuyente la podrá compensar contra las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando esta última sea dictaminada por contador público registrado y cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deben entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las oficinas autorizadas, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán el impuesto que resulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

La sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y alguna o algunas de sus sociedades controladas de manera individual efectúen el acreditamiento del impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrá acreditar contra el pago provisional consolidado del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, únicamente el impuesto a los depósitos en efectivo que hubiesen acreditado de manera individual dichas sociedades controladas contra el pago provisional del impuesto sobre la renta del mismo mes, en los términos del primer párrafo de este artículo, y el suyo propio, ambos en la participación consolidable correspondiente al periodo por el que se efectúe el pago.

Cuando el impuesto a la compra en efectivo de divisas acreditado por la sociedad controladora en los términos del párrafo anterior, sea superior al pago provisional del impuesto sobre la renta consolidado del mes de que se trate, el excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del segundo, tercer y cuarto párrafos de este artículo, según corresponda.

Para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El monto del pago provisional del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo de este artículo será el calculado en los términos que para cada régimen establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de disminuir a dicho pago provisional los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo ejercicio.

Transitorios

UNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Suscriben”.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre propio y de los Senadores Francisco Arroyo Vieyra y Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal Federal y se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 424 QUATER AL CODIGO PENAL FEDERAL Y REFORMA EL ARTICULO 148 Y ADICIONA UN TERCER PARRAFO A LA FRACCION IV DEL MISMO ARTICULO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Presentada por el C. Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre propio y de los CC. Senadores Francisco Arroyo Vieyra y Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eloy Cantú Segovia: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es bien conocida la relación que existe entre propiedad intelectual, por ejemplo, con la competitividad, con la innovación y el desarrollo de las inversión nacionales o extranjera directas, en fin, este es un tema fundamental en el desarrollo.

En el índice de competitividad del Foro Económico Mundial de 2009, en el tema protección a los derechos de la propiedad intelectual y medidas contra la falsificación, a nuestro país se le ubica en el lugar 82 de 134 economías. Esto nos demuestra una debilidad en la eficacia del régimen de protección en la propiedad industrial, que representa, por supuesto, una desventaja en nuestra competitividad y la necesidad de que adoptemos medidas legislativas que contribuyan a mejorar esta situación.

Uno de los aspectos relevantes en los que se puede fortalecer la protección de la propiedad intelectual, es la relativa a los Derechos de Autor, mejorando la manera en la cual se pueda perseguir, se pueda defender estos derechos cuando son violados por lo que se conoce como la piratería.

En este sentido, las mejoras tecnológicas que ha habido permiten que la reproducción de obras de autor sin la autorización del titular de los derechos haya crecido significativamente.

Por lo anterior, afecta no solamente los derechos patrimoniales de los autores, artistas, actores, músicos, escritores, guionistas, directores y productores, entre otros, sino también al desarrollo y sustento de varias industrias dentro de la economía formal, entre estas industrias destaca la cinematográfica y del espectáculo en lo general, y por supuesto los empleos que las mismas generan.

En tanto no se inhiban efectivamente estas violaciones a los derechos de autor, la creación artística y cultural y el equilibrio económico necesario para su sustento se verán afectados.

Ejemplo de lo anterior, particularmente en la industria cinematográfica, se puede ver en la encuesta que en materia de piratería realizó la Procuraduría Federal del Consumidor en el año 2006. En esta encuesta se señala que el 70% de los encuestados admitió preferir la adquisición de una película pirata, a una película original.

Se estima que en México tan sólo durante el año 2005, se vendieron aproximadamente 176 millones de discos DVD pirata, ¿qué significa esto? Significa que se vendieron 6 veces más que los DVD originales durante ese mismo año, que fueron 25 millones.

¿Qué significa esto en dinero? Lo anterior significa que en el año 2006 las pérdidas ocasionadas por la piratería en México en este rubro ascendieron a aproximadamente 870 millones de dólares.

Actualmente, se estima que entre el 30 y 40 por ciento de las películas piratas que se comercializan en México se originan a partir de grabaciones que se realizan dentro de las salas de cine, por personas que portan una cámara digital o algún otro medio tecnológico, esto se le conoce como el camcording. Una vez que la película es ilegalmente grabada se copia, se empaqueta y se prepara para su distribución y comercialización ilegales que se vuelve incontrolable.

Normalmente, estas reproducciones eran, en otra época, de mala calidad, pero el uso de cámaras ocultas, combinada con grabación de sonido y dispositivos especiales, permite obtener copias cada vez de mayor calidad que, desde luego, se distribuyen en el mercado informal.

Al respecto, en la normatividad vigente, la grabación y reproducción sin autorización de obras protegidas por derechos de autor constituye una infracción en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Es importante aclarar que, en el caso de grabaciones no autorizadas en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas, la excepción denominada “copia privada” no es aplicable, pues esta presupone que se tiene legalmente una obra o copia de la misma que permita obtener copias para uso privado, lo que no sucede en el caso de exhibición, interpretación o ejecución pública, como es la proyección de una película en una sala de cine.

Por su parte, el Código Penal Federal ya establece en su artículo 424 Bis la naturaleza del delito en cuestión.

Sin embargo, es evidente que el tipo penal actual no ha sido suficiente para sancionar la reproducción no autorizada de estas obras en exhibiciones públicas. Esto se debe, sobre todo, a la dificultad de demostrar el fin de especulación comercial, ya que se argumenta el supuesto uso privado de la obra para evadir la aplicación del artículo 424 Bis del Código Penal Federal.

Por lo anterior, se consideran necesarias las siguientes modificaciones legales:

Primero.- Crear un tipo penal específico, adicionando un artículo 424 Quáter al Código Penal Federal, que permita impedir eficazmente que se almacene, grabe, fije, reproduzca, filme, transmita o imprima, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, utilizando dispositivos de almacenamiento, grabación, fijación, reproducción, filmación, transmisión o impresión visual, sonora o audiovisual, independientemente de la existencia del ánimo de lucro, durante su exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor. Con ello se impediría efectivamente este tipo de grabaciones que después nutren la piratería.

Segundo.- Modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para que en el artículo 148 de la misma, que enuncia el derecho a la copia privada, se manifieste con absoluta claridad que éste no aplica en el caso de exhibiciones públicas de obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico, de tal suerte que dicho artículo no pueda ser utilizado como un escudo bajo el cual se amparen las actividades delictivas en contra de los derechos de autor.

Con ello, la presente iniciativa pretende proporcionar a las autoridades las herramientas para prevenir y perseguir este tipo de actividades que lesionan seriamente los legítimos derechos de los autores y lastiman el equilibrio económico de ese sector productivo y los empleos que el mismo genera.

Señor Presidente, es cuanto. Le ruego que la iniciativa en su conjunto se publique en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“ELOY CANTU SEGOVIA y FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa que adiciona el artículo 424 quáter al Código Penal Federal relativo a los delitos en materia de Derechos de Autor y reforma el artículo 148 y adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del mismo artículo, de la Ley Federal del Derecho de Autor.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

México goza de una riqueza destacada en los campos de la creación intelectual y artística. Obras de artistas y creadores mexicanos han trascendido, llevando la cultura mexicana al resto del mundo.

Sin embargo, debido a las frecuentes innovaciones y a la reducción de costos en la tecnología, la comercialización indebida de obras protegidas por derechos de autor, conocida comúnmente como “piratería”, ha mermado los derechos patrimoniales de los autores y el impulso a la creación y el desarrollo de las industrias relacionadas con la misma, repercutiendo en la cultura y el desarrollo económico.

Es conocida la relación que existe entre propiedad intelectual con la competitividad, conla innovación y desarrollo (a través del estímulo que implica la seguridad jurídica de su protección), con la inversión extranjera (que privilegia los países con marcos jurídicos que mejor protegen la propiedad intelectual), con la economía informal (ya que un régimen que permite la violación a los derechos de propiedad intelectual la fomenta), con la protección al consumidor (productos nocivos o de baja calidad), con el capital humano (al fomentar la producción local de obras y productos protegidos, en lugar de en países con marcos regulatorios de protección menos eficaces), entre otros.

Recientemente se ha emitido el reporte internacional sobre competitividad del Foro Económico Mundial 2009 (WEF por sus siglas en inglés) en dónde nuestro país se encuentra en la posición 60, entre 134 economías objeto del estudio.

En la variable de protección a los derechos de la propiedad intelectual y medidas contra la falsificación, México se encuentra en el lugar 82 entre esos 134 países, lo que demuestra una debilidad en la eficacia de este régimen de protección, una desventaja en nuestra competitividad y la necesidad de realizar medidas legislativas que contribuyan a mejorarlo y a fortalecer el Estado de Derecho en el País.

Entre las medidas que se pueden implementar para revertir esta situación, están las tendientes a mejorar la aplicación de la legislación vigente; actualizar la misma; y, facilitar el acceso a los derechos de propiedad industrial, incentivando con ello la innovación y la creación intelectual y artística entre otras. (La propiedad Intelectual como Motor de la Competitividad en México, www.fundaciónidea.org.mx).

Uno de los aspectos en los que se puede fortalecer la protección, es mejorando la legislación para proteger los Derechos de Autor en los casos en que éstos son violados por la denominada“piratería”.

En este sentido, gracias a la innovación tecnológica, la reproducción de obras de autor sin la autorización que debe otorgar el titular de los derechos correspondientes, ha prosperado de manera alarmante en nuestro país.

Lo anterior afecta no solamente los derechos patrimoniales de los autores, artistas, actores, músicos, escritores, guionistas, directores y productores, entre otros, sino también al desarrollo y sustento de varias industrias dentro de la economía formal, entre ellas destacan la cinematográfica y del espectáculo.

En tanto no se inhiban efectivamente estas violaciones a los derechos de autor, la creación artística y culturaly el equilibrio económico necesario para su sustento, se verán afectados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés),1 el comercio mundial de productos “pirata” cuesta a los productores legítimos miles de millones de dólares.

Por lo que se refiere a la afectación para la industria cinematográfica y de la música, la encuesta sobre piratería 2006 llevada a cabo por la PROFECO, muestra que éstas son las industrias más afectadas por el fenómeno, ya que el 78.6% de los encuestados admitió preferir la adquisición de la música “pirata” y el 69.2% de las películas.2

Se estima que en México tan sólo durante el año 2005, se vendieron aproximadamente 176 millones de discos tipo DVD “pirata”, lo que representa más de 6 veces la venta total de DVD originales durante ese mismo año (25 millones).3

Lo anterior significa que ese año las pérdidas ocasionadas por la piratería ascendieron a aproximadamente $870 millones de dólares.

Actualmente, entre el 30 y 40 por ciento de las películas “piratas” que se comercializan en México se originan a partir de grabaciones realizadas dentro de salas de cine, porpersonas que portan una cámara digital o algún otro medio tecnológico. Una vez que la película es ilegalmente grabada se copia, se empaqueta y se prepara para su venta.

El resultado de esto es la distribución y comercialización no autorizada, tanto por medios físicos como por Internet, que se vuelve incontrolable. Esto mismo sucede en el caso de presentaciones artísticas en las que se graba la interpretación o ejecución pública para luego reproducirlas o distribuirlas ilegalmente con fines de especulación comercial.

Normalmente, estas reproducciones son de mala calidad, aunque el uso de cámaras ocultas, combinado con la grabación de sonido a través de dispositivos especiales, permiteobtener copias de cada vez mejor calidad que, desde luego, se distribuyen rápidamente en el mercado.

Al respecto, en la normatividad vigente, la grabación y reproducción sin autorización de obras protegidas por derechos de autor constituye una infracción en materia de derechos de autor bajo los artículos 27 fracción I, 229 fracción XIV y 230 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). En particular, el mencionado artículo 27 establece específicamente la facultad que tienen los titulares de los derechos patrimoniales para autorizar o prohibir “la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuados por cualquier medio…”.

Es importante aclarar que, en el caso de grabaciones no autorizadas en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas, la excepción denominada como “copia privada” no es aplicable, dada la naturaleza de las acciones de divulgación de las obras respectivas.

Es decir, la posibilidad de realizar una “copia privada” en los términos del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor, presupone que se tiene legalmente la obra o copia maestra legal quepermita obtener ejemplares tangibles de la misma, lo que no sucede en el caso de la exhibición, interpretación o ejecución pública, como es la proyección de una película en una sala de cine.

Por su parte, el Código Penal Federal (CPF)4 ya establece en su artículo 424 Bis la naturaleza del delito en cuestión: “A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, venda o arriende copias de obras,fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, de forma dolosa y con fines de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos…”.

Sin embargo, es evidente que el tipo penal actual no ha sido suficiente para sancionar la reproducción no autorizada de las obras en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas. Esto se debe sobre todo a la dificultad de demostrar el fin de especulación comercial y a que se argumenta el supuesto “uso privado” de la obra para evadir la aplicación del artículo 424 Bis del Código Penal Federal

Tratándose de obras en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas, no procede la realización de la llamada “copia privada”. Normalmente estas grabaciones que parecieran inofensivas, alegando un uso privado, son utilizadas para su comercialización en productos “pirata” que afectan los derechos patrimoniales del autor.

Por ello, la presente iniciativa pretende fortalecer la protección de los derechos de autor y de los derechos conexos de obras que son exhibidas, interpretadas o ejecutadas públicamente, no autorizando la reproducción de las mismas en los casos mencionados en la propuesta.

Esto es congruente con lodispuesto por el artículo 9 del Convenio de Berna, el cual reserva a las legislaciones de los países parte la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos, cuando ello no atente la explotación normal de la obra y no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.De igual forma lo dispone la Organización Mundial de Comercio.

Por lo anterior, se consideran necesarias las siguientes modificaciones legales:

A) crear un tipo penal específico, adicionando un artículo 424 Quáter del CPF, que permita impedir eficazmente que se almacene, grabe, fije, reproduzca, filme, transmita o imprima, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor, utilizando dispositivos de almacenamiento, grabación, fijación, reproducción, filmación, transmisión o impresión visual, sonora o audiovisual, independientemente de la existencia del ánimo de lucro, durante su exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor. Con ello se impediría efectivamente a la piratería.

Es necesario que el tipo penal incluya, dentro de las conductas que son objeto de sanción, las diversas formas a través de las cuales se puede hacer una copia de las obras exhibidas, interpretadas o ejecutadas públicamente, debido a los avances tecnológicos es posible hacerse de una copia no sólo mediante la grabación, sino mediante otras conductas, tales como el almacenamiento, fijación, reproducción, transmisión o impresión.

B) Modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para que en el artículo 148 de la misma, que enuncia el derecho a la copia privada, se manifieste con absoluta claridad que éste no aplica en el caso de exhibiciones públicas de obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico, de tal suerte que dicho artículo no pueda ser utilizado como un escudo bajo el cual se amparen las actividades delictivas en contra de los derechos de autor cuyo génesis se encuentra, la mayoría de las veces en la grabación de una obra artística durante su exhibición.

Con ello, la presente iniciativa pretende proporcionar a las autoridades las herramientastanto para prevenir (mediante la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor) y perseguir (mediante la reforma al Código Penal Federal) la reproducción y fijación no autorizada de obras durante su exhibición, interpretación o ejecución pública y con ello avanzar en contra de la distribución de copias “pirata” que menoscaban los derechos correspondientes.

Por las consideraciones mencionadas se somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 424 Quáter al Código Penal Federal y reforma el encabezado del artículo 148 y adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del mismo, de la Ley Federal del Derecho de Autor.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 424 QUATER AL CODIGO PENAL FEDERAL Y REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 424 quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 quáter.- Se impondrá prisión de dos a siete años y de dos mil a quince mil días multa, a quien utilizando algún dispositivo que permita el almacenamiento, distribución, grabación, fijación, filmación, impresión, reproducción o transmisión visual, sonora o audiovisual, almacene, distribuya, grabe, fije, filme, imprima, reproduzca o transmita, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, durante su interpretación, ejecución o exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor y los derechos conexos.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 148 y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del mismo artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, y sin que cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos:

I. a III.-

IV.-

Se excluye de lo previsto en el primer párrafo de esta fracción la fijación que se haga de las obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico durante su interpretación, ejecución o exhibición pública, en cualquier lugar donde ésta ocurra.

V.- a VII.-

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Sen. Eloy Cantú Segovia.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Cantú Segovia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Solicito a la Secretaría pasemos al siguiente asunto.


1http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=26989&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2 Del 100% de las personas encuestadas el 69.2% admitió comprar la versión “pirata” de películas (DVD). De la misma forma, del 100% de las personas encuestadas el 78.6% admitió comprar la versión “pirata” de música (CD).

3 Reporte Especial 301 de 2007, http://www.iipa.com/2007_SPEC301_TOC.htm

4 Artículo 424 Bis y Artículo 424 Ter.






COMISION DE ADMINISTRACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Para los efectos de los artículos 66 inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre del año 2009.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto presentado por la Comisión de Administración. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el presupuesto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2009.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores en el mes de septiembre del año 2009.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Honorable Asamblea, informo a ustedes que la Comisión de Gobernación ha remitido a esta Mesa Directiva dos dictámenes con proyecto de Decreto por los que se conceden permisos al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a la ciudadana Margarita Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar condecoraciones que les otorga el gobierno de los Países Bajos.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/300/3253/09, de fecha 22 de octubre de 2009, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Manuel Minjares Jiménez, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.

B. El 27 de octubre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2009.

Comisión de Gobernación: Sen. Jesús Murillo Karam, Presidente.- Sen. Felipe González González, Secretario.- Sen. Jesús Garibay García, Secretario.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Alejandro Zapata Perogordo.- Sen. Alejandro González Alcocer.- Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. Carlos Aceves del Olmo.- Sen. Humberto Aguilar Coronado.- Sen. José Luis Lobato Campos.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.- Sen. Ulises Ramírez Núñez.- Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya.- Sen. JorgeLegorreta Ordorica”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/300/3247/09, de fecha 20 de octubre de 2009, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Manuel Minjares Jiménez, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.

B. El 22 de octubre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2009.

Comisión de Gobernación: Sen. Jesús Murillo Karam, Presidente.- Sen. Felipe González González, Secretario.- Sen. Jesús Garibay García, Secretario.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Alejandro Zapata Perogordo.- Sen. Alejandro González Alcocer.- Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. Carlos Aceves Del Olmo.- Sen. Humberto Aguilar Coronado.- Sen. José Luis Lobato Campos.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.- Sen. Ulises Ramírez Núñez.- Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica”.

En virtud de que dichos dictámenes se han distribuido entre los señores Senadores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Quedan deprimera lectura. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los dictámenes referidos y se pongan a discusión y votación de inmediato.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación y se pongan a discusión y votación de inmediato. Quienes estén porque se dispense la segunda lectura y se pongan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la segunda lectura y no se pongan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana Margarita Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar condecoración que le otorga el gobierno de los Países Bajos.

No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunta con el siguiente proyecto de Decreto.

Está a discusión el proyecto de Decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar condecoración.

No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos, para recoger la votación nominal de manera conjunta de ambos proyectos de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BUENO TORIO JUAN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

COTA COTA JOSEFINA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ GARRIDO GRACO

PRD

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

Abstención

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

Abstención

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

Abstención

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

ORANTES LOPEZ MARIA ELENA

PRI

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 76 votos por el sí, ninguno por el no y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el proyecto de Decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de los Países Bajos.

Aprobado el proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana Margarita Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de los Países Bajos.

Pasan a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Informo a la Asamblea que el Senador Eugenio Govea Arcos remitió una comunicación a esta Mesa Directiva, a la cual solicito a la Secretaría dé lectura.






COMUNICACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a la comunicación.

“México, D.F., a 27 de octubre de 2009.

Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
Presente.

Sirva la presente para hacer de su atento conocimiento, mi decisión de pertenecer al grupo parlamentario de Convergencia en esta Cámara de Senadores a partir de esta fecha.

Asimismo, expreso a usted que quede sin efecto cualquier otra comunicación que manifieste lo contrario, por lo que solicito a usted se hagan los tramites conducentes.

Sin otro particular y para los fines legales a que haya lugar, quedo.

Atentamente

Sen. Eugenio Guadalupe Govea Arcos”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese.

En otro apartado del Orden del Día, se turnan las siguientes proposiciones:






PROPUESTAS

De los Senadores integrantes del Grupo Especial de Trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con la empresa mexicana de Cananea, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados tomar previsiones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, con relación a la situación económica que vive el municipio de Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS TOMAR PREVISIONES EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010, CON RELACION A LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA, DERIVADO DEL CONFLICTO LABORAL QUE SE ENFRENTA EN DICHA LOCALIDAD

“Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Especial de Trabajo para dar Seguimiento al Conflicto Jurídico Laboral Suscitado entre los Trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con la empresa Mexicana de Cananea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 23 de abril de este año, previa propuesta suscrita por Senadores de todos los grupos parlamentarios, el Senado de la República aprobó por unanimidad un Acuerdo para la creación del Grupo Especial para dar Seguimiento al Conflicto Jurídico Laboral suscitado entre los Trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana con la empresa Mexicana de Cananea.

En términos del punto primero del citado Acuerdo, el Grupo Especial de Trabajo tiene facultad para proponer medidas específicas para coadyuvar a la solución del conflicto mencionado. Tras las diversas actividades realizadas por el Grupo del Senado, se han observado circunstancias y necesidades específicas derivadas indirectamente del conflicto laboral, que merecen atención especial.

La huelga en Cananea ha cumplido más de veintiséis meses desde su estallamiento. La afectación en los ingresos que ha significado para los trabajadores mineros el paro de labores es palpable; pero además, los estragos económicos y sociales que se sufren en todo el municipio de Cananea son lamentables y alarmantes. La industria minera es el pilar de la economía local, genera alrededor de 3,100 empleos directos, además de los empleos indirectos1. La derrama económica que se ha perdido por la huelga en la mina de Cananea es de aproximadamente 150 millones de pesos mensuales2.

La situación económica es tal que los trabajadores mineros se han visto imposibilitados incluso de pagar su consumo de energía eléctrica, debido a que, por un lado, no cuentan con ingresos y, por otro, la empresa Mexicana de Cananea les ha suspendido el apoyo que les otorgaba para cubrir este pago, lo que ha traído como consecuencia el corte del servicio en los hogares. Respecto a este problema, el Grupo Especial Cananea propuso a la Comisión Permanente, el 12 de agosto del presente año, un punto de Acuerdo por el que se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad se restableciera el servicio de energía eléctrica en los hogares de los trabajadores mineros; dicho punto de Acuerdo fue aprobado en el pleno y con el apoyo del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, se logró que se restableciera el servicio y se suspendieran los cortes programados.

El ayuntamiento de Cananea también se ha visto impedido de cubrir el pago del consumo de energía eléctrica debido a la falta de recursos, acumulando a la fecha una deuda de casi 3 millones de pesos;3 esto tuvo como consecuencia la suspensión del servicio de alumbrado público y la imposibilidad de operar los pozos que surten agua a los hogares. Esta situación ha podido resolverse eventualmente por los apoyos que brinda el gobierno estatal en el pago de la energía eléctrica para el alumbrado público y el funcionamiento de los pozos.

La insuficiencia de las aportaciones federales, aunada a la falta de ingresos propios del gobierno municipal que ha sufrido Cananea, al igual que otros municipios del país, le han significado una quiebra técnica que pone en riesgo la prestación de diversos servicios, el pago de salarios a los servidores públicos y la creación de programas para el desarrollo social de los habitantes. Los resultados de la situación descrita son: desempleo, cierre de negocios,migración, deserción escolar y delincuencia, entre otros.

El conflicto minero ha sobrepasado por mucho el ámbito jurídicolaboral y se ha convertido en una condición de deterioro social donde está en riesgo la salud, la educación y la sobrevivencia no sólo de los trabajadores y sus familias sino del total de los habitantes del municipio.

En el contexto de crisis que atraviesa el país, en el que las diversas regiones y sectores sociales reclaman acciones contundentes del gobierno en todos sus ámbitos y niveles, se solicita se ponga especial atención a la solución de los problemas que vive el municipio de Cananea en virtud de sus magnitudes y de ser esta localidad un emblema del movimiento revolucionario en la historia de México.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales y específicos para el Municipio de Cananea, Sonora, en atención a las graves condiciones presupuestales, económicas y sociales que ahí imperan a raíz del conflicto laboral suscitado entre la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, y la Empresa Mexicana de Cananea.

Los recursos extraordinarios que se solicitan, serían destinados a programas específicos de empleo temporal; compra o reparación de maquinaria y equipo para la operación de servicios públicos, especialmente el sistema de agua potable; educación, salud y desarrollo social. En su caso, las partidas podrían ser operadas por las dependencias federales competentes o por el propio ayuntamiento, según sea el caso.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Sen. Arturo Núñez Jiménez.- Sen. Federico Döring Casar.- Sen. Alfonso Serrano Elías.- Sen. Javier Castelo Parada.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola.- Sen. Jesús Garibay García.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Dante Delgado Rannauro.- Sen. Rosario Ybarra de la Garza”.

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo sobre el Servicio Postal Mexicano, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO
“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace unos días vivimos la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro. El Gobierno Federal manifestó que se trataba de una empresa obsoleta y que generaba cuantiosos gastos a la Administración Pública Federal. Simplemente este año, se realizaron transferencias presupuestarias aproximadamente por 41,945 millones de pesos a dicha empresa.

Esta transferencia ilimitada de recursos públicos además de irracional resulta incongruente con los esfuerzos que está realizando México para recuperarse de las graves secuelas económicas que han acompañado a una crisis de escala mundial. De ahí que resulte imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de los recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan las finanzas nacionales.

En nuestro país, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) brinda servicios de correo de mala calidad soportados con procedimientos operativos obsoletos y sin tecnología, por lo que rutinariamente requiere de recursos económicos, vía subsidios fiscales, para mantener en forma raquítica la presentación de servicios, canalizando básicamente dichos subsidios hacia grandes usuarios quienes se han beneficiado de las condiciones para realizar sus envíos sin cubrir al menos los costos de los servicios.

Los servicios postales en el mundo están cambiando vertiginosamente. En la Unión Europea desde hace años se trabaja en la apertura de lo que antes se consideraba como una industria propia y nacional, pasando a una completa liberación de mercado, basada en una nueva legislación que asegura a todos los participantes reglas claras, equidad y certidumbre, con el único propósito de asegurar servicio postales de alta calidad y rentables para todos los interesados.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, contempla un apoyo fiscal para Sepomex para el próximo año, por $1,130 millones de pesos, mismos que se utilizarían para cubrir gasto corriente.

Esta cifra de hecho reconoce el empeoramiento de las finanzas delOrganismo, siendo que para el año 2009, en el Presupuesto de Egresos se le había autorizado $485 millones de pesos, los que según se a difundido en diversos medios le han resultado insuficientespara cubrir el déficit con el que se espera terminar el año.

Se estima que al final del 2009 el correo perderá más de $2,000 millones de pesos, a los que había que agregar $719 millones por obligaciones que contrajo el Organismo durante el ejercicio 2008 yque no fueron liquidadas en su momento por exceder los montos autorizados en el gasto y no cumplir con sus metas de ingresos.

Así mismo, las condiciones del mercado postal evolucionan prácticamente todos los días. No se puede predecir cuanto o como la tecnología y los procedimientos de hoy cambiaran por mejores o más avanzados. Tampoco se pueden predecir eventos o crisis mundiales como los vividos recientemente que afectan sensiblemente los negocios.

No obstante lo anterior, se debe hacer todo lo que este a nuestro alcance para prepararnos de la mejor manera a los impactos de los factores externos.

El Servicio Postal Mexicano, tiene contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, un apoyo fiscal de $1,130 millones de pesos, que sería canalizados básicamente para cubrir su déficit de Operación.

Las pérdidas del Correo se originan por un excesivo gasto corriente, principalmente en el rubro de Servicios Personales, partida que no puede ser cubierta en su totalidad con sus ingresos por venta de servicios.

El servicio de Correo es de suma importancia para el país, pero no esto no quiere decir que se pueda incrementar el apoyo fiscal a dicha dependencia por el simple hecho de solicitarlo, se deben analizar todos los factores, para evitar que dicha empresa se convierta en un caso como el de Luz y Fuerza.

Consideramos que el apoyo fiscal que se debe autorizar a Sepomex para el ejercicio fiscal del año 2010, no debe ser superior al que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009.

Debemos pensar en el costo que tienen estos incrementos para la ciudadanía, la situación de miseria en la que vive prácticamente la tercera parte del país nos obliga a concientizarnos y utilizar dichos recursos en programas de educación, salud, seguridad, y combate a la pobreza. En el Partido Verde, consideramos fundamental aplicar un plan dinámico y adaptable para evitar gastos excesivos.

Por las consideraciones expuestas, proponemos al pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el marco de sus atribuciones realice las acciones necesarias para que se disminuyan los subsidios y apoyos fiscales considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF), destinados a la entidad Servicio Postal Mexicano, y se le asignen los apoyos fiscales considerados para el ejercicio fiscal que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009.

Recinto del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, con punto de Acuerdo relativo al desarrollo científico y tecnológico en México, el cual se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN MEXICO
“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo relativo al desarrollo científico y tecnológico en México, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En el mundo moderno, los avances científicos y la innovación tecnológica se constituyen como instrumentos de progreso y de bienestar para las sociedades.

A través del conocimiento científico y el adelanto tecnológico se producen numerososbenefactores que satisfacen necesidades sociales,por lo que su constante evolución es esencial para el desarrollo de la humanidad.

Su importancia es tal que coadyuvan decididamente en el combate de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. De ahí que requieren de un impulso sin precedentes.

Por el contrario, el atraso en estas materias coloca en desventaja comparativa a los países pues representa un obstáculo para el crecimiento económico y condena a la ciudadanía a vivir marginada científica y tecnológicamente respecto de los más avanzados.

Pese a los beneficios que ofrece la investigación científico-tecnológica, en México se encuentra estancada, relegada.

Una de las causas de mayor peso la encontramos en la asignaciónpresupuestal que año con año ha mostrado una tendencia a la baja.

El gasto federal en este rubro en el año 2000 se acercó al 0.48 por ciento del Producto Interno Bruto, en 2003 se destinó el0.43 y en el 0.33 en el 2007. La situación empeora si consideramos que el presupuesto aprobado para ciencia y tecnología en el 2009 es de los más bajo en las últimas dos décadas y que fue de 43 mil 457 millones de pesos, lo que significa el 0.33 por ciento del PIB, el 1.53 por ciento del gasto público total y el 2.05 por ciento del gasto programable del sector público federal.

A este respecto vale la pena mencionar que esta asignación de recursos esta muy por de bajo de lo recomendado por organismos internacionales como la UNESCO, que sugiere se destine el 1 % del PIB.Esta situación demuestra el estancamiento en que se encuentra la ciencia y la tecnología en el país.

De igual forma contraviene lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley General de Educación, así como lo establecido en el articulo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología que a la letra dice: “El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

Derivado de la raquítica asignación presupuestal, tenemos un gran déficit en producción científica y de innovación tecnológica, así como estancamiento en la formación de cuadros especializados y de patentes lo que implica una marcada dependencia tecnológica. Por lo que no es de extrañar que en el año 2006 se pagaron alrededor de 7 mil millones de dólares por uso de patentes y en cambio sólo ingresaron 700 millones por el mismo concepto, según estimaciones de la Academia Mexicana de Ciencias.

Todo ello se traduce en un importante rezago en investigación básica y desarrollo tecnológico, que profundiza las enormes asimetrías que existen entre las distintas regiones del país, las instituciones educativas y sectores sociales. Esto significa un enorme retroceso en la competitividad del país. De ahí que en tan solo 6 años, 2000-2007, descendimos 10 escaños colocándonos en el lugar 52 según la OCDE.

Es de especial preocupación que el gasto en ciencia y tecnología haya disminuido considerablemente, y más aún que el gobierno federal no realice acciones contundentes que reviertan esta situación.

Hay que tener en cuenta que no producir tecnología cuesta y mucho. Según información de la AMC, México tiene una patente por cada millón de habitantes; la recaudación por concepto de regalías y derechos de licencia fue de 70 centavos de dólar por persona en 2005. En contraste, Luxemburgo obtuvo por el mismo concepto 628 dólares; este país cuenta con 4 mil 301 investigadores e invierte el 1.8 por ciento de su PIB. 1

Aunada a esta situación, existen enormes obstáculos burocráticos y administrativos que generan una total desarticulación y dispersión en los objetivos de la política científica nacional. Por lo que es claro que las políticas públicas actuales no han sido del todo eficientes y eficaces para combatir el rezago de México en materia de ciencia y tecnología.

Por ello, consideramos que es necesario que se de un cambio radical en la visión gubernamental que privilegia y sustenta el crecimiento y el desarrollo del país en el precio del petróleo y en las remesas de los trabajadores migrantes, y que ve con recelouna economía moderna basada en el conocimiento.

La problemática en el ámbito científico y tecnológico puede encontrar soluciones sustentables y de largo plazo si se implementan políticas públicas que: privilegien el incremento de la inversión de manera planificada; incentiven la educación e investigación especializada; y que estimulen la formación de investigadores de alto nivel, quienes deben contar con los estímulos necesarios y así evitar la llamada fuga de cerebros.

Requerimos, pues de una política de Estado comprometida incluyente y visionaria que favorezca la generación y transferencia de conocimiento; que pondere su aplicación para resolver diversas problemáticas y aproveche las oportunidades en distintos ámbitos, (ente los que sobresalen el agropecuario, energético, el medio ambiente, salud); y que impulse la innovación y el crecimiento de la producción científica en el país.

México posee los recursos humanos suficientes y con la capacidad, la inteligencia y el talento necesarios para hacer de este país un lugar mejor para vivir. Que dicho sea son reconocidos internacionalmente.

La ciencia y tecnología deben ser prioritarias para nuestro país. No pasemos por alto que el conocimiento científico y la innovación tecnológicapueden coadyuvar de manera determinarte en la construcción de un México más justo y equitativo e incluyente

En este sentido es impostergable redimensionar la actual política científica nacional para revertir los rezagos en la materia y enriquecer el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en el país.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que reoriente la política en la materia a fin de impulsar el avance científico y el desarrollo tecnológico en nuestro país, y que desde luego esté basada en un incremento sustancial y federalizado del gasto público en ciencia y tecnología; asimismo, promueva la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, y el fortalecimiento de los planes educativos y de investigación que fomenten la formación de científicos e investigadores de alto rendimiento.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que envíe a esta Soberanía un informe detallado respecto al grado de cumplimiento del las metas y objetivos del Programa Especial Científico y Tecnológico 2006-2012.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Gabino Cué Monteagudo”.

De los Senadores Rosario Ybarra de la Garza y Francisco Xavier Berganza Escorza, con punto de Acuerdo por el que el Senado se pronuncia porque cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Oriente No. 5 de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, mismo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE PRONUNCIA PORQUE CESEN LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE LOS INTERNOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL ORIENTE No. 5 DE VILLA ALDAMA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y PORQUE LA CAUSA PENAL NUMERO 464/2009 TRAMITADA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEERALES EN TEPIC, NAYARIT SE SUBSTANCIE Y RESUELVA CONFORME A DERECHO

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60, párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los pasados días 24 y 25 de junio así como el 14 de septiembre fueron detenidos 125 policías de diversas corporaciones del Estado de Hidalgo por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Como ocurre cuando la autoridad investigadora carece de pruebas para consignar a una persona, los detenidos fueron arraigados durante 40 y en algunos casos hasta 80 días; posteriormente se ejercito acción penal en su contra, siendo consignados al Juzgado Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, a pesar de que se encuentran presos en el Estado de Veracruz.

A la violación de derechos humanos que implica que estén siendo procesados con indicios endebles hay que agregar las terribles condiciones en que se encuentran privados de su libertad en el Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz:

Se les da de comer un jugo y un bolillo durante todo el día, justificándose la autoridad penitenciaria que la cocina no se encuentra en funcionamiento. Esta carencia se ve agravada por la prohibición hecha a los familiares de ingresar cualquier alimento para sus familiares.

Tampoco se les permite tener artículos de aseo personal, lo que ha ocasionado que algunos reos tengan ya dos meses sin lavarse la boca o que cuando defecan se tengan que limpiar con su propia ropa, enjuagarla en ese momento y ponérsela mojada nuevamente. Una muestra más de estos casos de extremo de desprecio por las libertades públicas lo conocimos apenas el día de ayer, cuando los familiares de internos nos informaron que se están cometiendo violaciones sexuales en contra de algunos de ellos.

A esta aviesa situación se suman habituales casos de maltratos y golpes que se propinan a los internos, los cuales se ejecutan sin ningún motivo y en ocasiones hasta sólo por hablar; por si no bastara, los internos se encuentran incomunicados pues no se les permite contacto alguno con sus familiares y abogados.

Estas constantes vejaciones que sufren los internos, quienes ven vulnerados los derechos que protegen su persona por ser víctimas de tortura y maltrato físico por parte de custodios, encuentran su explicación, más no su justificación, en la naturaleza de la represión penal y por el escaso impacto que la doctrina de los derechos humanos tiene en el ámbito carcelario mexicano.

Conocer estos terribles hechos plantea una disyuntiva ineludible: Permanecer en el oprobio de la omisión ante estas graves embestidas a los derechos humanos o, enfrentarlos para que la autoridad represora corrijasu actuación y cesen de inmediato esos atropellos que día a día se comenten en contra de los internos del penal de Villa Aldama.

Es por eso que proponemos a esta Asamblea que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que se reúna con las autoridades competentes a fin de que cesen los actos violatorios de los derechos humanos de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Oriente número 5 de Villa Aldama, Veracruz. Asimismo, y para asegurar la eficacia de la encomienda que se hace a la propia Comisión de Derechos Humanos, esta última deberá rendir un informe sobre sus actividades realizadas y la atención que realicen las dependencias

Por todo lo anterior, ponemos a la consideración de esta Asamblea, COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República se pronuncia porque cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Oriente número 5 de Villa Aldama.

SEGUNDO: El Senado de la República se pronuncia porque la causa penal número 464/2009 tramitada ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en Tepic, Nayarit se substancie y resuelva conforme a Derecho.

TERCERO: El Senado de la República solicita a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara Alta se traslade al Estado de Veracruz para verificar las condiciones de vida de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Oriente número 5 de Villa Aldama, así como para realizar las gestiones necesarias para que se respeten los derechos humanos de la población penitenciaria de este centro de detención. Dicha Comisión legislativa deberá rendir un informe sobre su actuación al Pleno de esta Soberanía en un Plazo de 30 días.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Rosario Ybarra de la Garza.- Sen. Francisco Javier Berganza Escorza”.

Se concede la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre el pago de impuestos de diversas empresas.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

El día de hoy -después de 8 sesiones- nos tocó la oportunidad de presentar este punto de Acuerdo.

Y a pesar de que Pablo Gómez, con su característica posición, dice que se va a reír Carstens por lo que voy a proponer. Podría, Pablo Gómez, tener mucha razón.

Sin embargo, quienes somos oposición, y quienes creemos en la necesidad de la transparencia tenemos que seguir insistiendo, y es que el punto de Acuerdo contiene una solicitud del Senado de la República para que el Secretario de Hacienda informe a esta Soberanía sobre cuánto pagan de impuestos las 400 empresas más importantes del país.

Y lo hago después de un mes una semana, porque cuando nos fue enviado el paquete fiscal, o diciéndolo técnicamente, el proyecto de Decreto que modifica distintas disposiciones fiscales, al leerlo, estoy hablando del documento oficial que el Secretario de Hacienda nos enviara al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, y en la página 16 de la exposición de motivos, si ustedes le ponen atención y lo releen, dice:

“Hay en el país 4 mil 800 empresas, las cuales se encuentran agrupadas en 460 bajo el régimen de consolidación fiscal”.

¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas, en los llamados Holding, se agrupan para poder evadir técnicamente el pago de impuestos.

Pero no queda ahí la aseveración del Secretario de Hacienda.

El Secretario de Hacienda dice: “De las 4 mil 800 empresas agrupadas en 460 bajo el régimen de consolidación fiscal, tuvieron una utilidad de 5 billones de pesos, y dice el Secretario de Hacienda: de las cuales pagaron, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta y el IETU, 1.78%”.

Imagínense ustedes, la propia Secretaría de Hacienda nos dice: “Que estos señores que obtuvieron una utilidad de 5 billones de pesos, pagaron el 1.78%”.

Pero no nos dice el Secretario de Hacienda cuánto pagó cada una.

Y el propósito de esta propuesta es que nos diga cuánto están pagando de impuestos las grandes empresas.

Emitido un listado de 100, pero tengo las 400, porque Hacienda mismo, yo siento que es una carga muy pesada para Hacienda, porque Hacienda mismo nos informa que estos señores no pagan impuestos.

No creo que sea un descuido del Secretario de Hacienda decirnos oficialmente: “Que estas 400 empresas sólo pagan el 1.78%”.

En el fondo hay una ruptura, en el fondo hay una decisión del gobierno de decir: “Basta con estos privilegios”, pero no lo puedo decir directamente. Por eso se los digo a los Diputados y a los Senadores en la exposición de motivos lo que estos señores recaudan, y lo que estos señores pagan al fisco.

Un trabajador gana 10 mil pesos, y paga el Impuesto Sobre la Renta del 28%. Cualquier asalariado paga impuestos por encima del 1.78%.

Aquí están las empresas:

AMERICA MOVIL;

TELMEX;

GRUPO CARSO,

INBURSA;

CEMEX;

GRUPO MEXICO;

FERROVIARIO MEXICANO;

MULTICINEMAS;

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO;

GRUPO ALFA;

GRUPO MODELO;

GRUPO MASECA;

GRUPO BIMBO;

ORGANIZACION SORIANA;

GRUPO BAL;

PEÑOLES;

PALACIO DE HIERRO;

GRUPO FINANCIERO VE POR MAS;

ALMACENES COPPEL;

EMPRESAS ICA;

COMERCIAL MEXICANA;

EL PUERTO DE LIVERPOOL;

MABE;

INDUSTRIAL BACHOCO.

Es una vergüenza que los más ricos de este país no paguen impuestos. Eso nos lo está diciendo la Secretaría de Hacienda.

Por eso ahora que está sola la sala, con muy pocos Senadores y Senadoras, entendiendo la razón, porque están dictaminando la iniciativa del paquete fiscal, todavía porque en el régimen de consolidación se les pretende cobrar 28 mil millones de pesos, cuando deberían pagar 850 mil millones de pesos, y sólo pagaron 85 mil millones de pesos, con eso cubriríamos el hoyo fiscal y el problema de este país.

Y todavía hay una intención de algunos Senadores de eliminar, de eliminar esto que aprobaron en Cámara de Diputados sobre la consolidación fiscal, pago diferido del 40%.

Es decir, todavía están inconformes con pagar estos 28 mil; estas 4 mil 800 empresas agrupadas en holding de 460.

Por eso doy el nombre de empresas; no estoy hablando solamente al vacío. Ahora, si pagan impuestos, que nos informen y nos disculpamos. Pero es la Secretaría de Hacienda en la página 16 de la Exposición de Motivos quienes nos dicen que estas empresas pagan solamente el 1.78% de sus utilidades. Sin descontar la devolución de impuestos que ocurre posterior; yo creo que hasta les salimos debiendo.

Por esta razón, señor Presidente, estamos planteando porque ahora que se está discutiendo, por eso hace 6 semanas que yo lo planteaba, para que al momento de la discusión del paquete fiscal Hacienda nos informara cuánto pagaban. Todavía estamos a tiempo.

Yo creo, señoras y señores Senadores, que el paquete fiscal que se está discutiendo para su dictamen ahora en el Senado va a ser modificado. Y les voy a decir en qué va a ser modificado.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Concluya, Senador Monreal.

- El C. Senador Monreal Avila: Concluyo. Va a ser modificado en el IVA porque no aguantan la presión ni el PRI, ni el PAN. Van a bajar de 16 al 15%. Y va a ser modificado en la eliminación del impuesto al Internet del 3%. Y va a ser eliminado el aumento al impuesto de depósitos en efectivo del 3 al 2 % y va a quedar en 25 mil pesos, a partir de 25 mil pesos gravable y no como lo establece la aprobación de la Cámara de Diputados del 3% y de 15 mil pesos. Y van a aumentar la base gravable de 4 a 7 salarios mínimos para los trabajadores que paguen Impuesto Sobre la Renta.

Van a eliminar, cuando menos, van en esta Cámara a revisarse 5 aspectos de este paquete fiscal, y como consecuencia va a tener que regresarse a la Cámara de Diputados. Sin embargo, es insuficiente la modificación que se pretende hacer; es grave el atraco que pretenden hacerle a los mexicanos y proteger, como siempre, a los grandes y poderosos contribuyentes. Tienen más de 30 años amparados en este régimen de consolidación fiscal que no pagan impuestos.

Mi pregunta es, ¿cuántos años más vamos, o van ustedes a protegerlos? Vean afuera, 90% de ciudadanos está en contra de los impuestos. Allá no les gusta; hacen que ya de vuelta porque no les gusta que les digamos sus verdades a todos esos protectores de esa oligarquía que aquí está sentada.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO UN INFORME SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS DE DIVERSAS EMPRESAS

“En estos días, en los que la economía mexicana no esta en su mejor momento, y la economía mundial esta tratando de recuperarse de la última gran crisis mundial, se plantea al Congreso de la Unión, la creación de nuevos impuestos y el aumento de la base gravable de otros, para que los que siempre han pagado impuestos ahora paguen más, mientras que las grandes empresas siguen manteniendo sus paraísos fiscales.

Se nos propone para salir de la crisis un impuesto a los pobres, para ayudar a los más pobres, en el mejor de los casos, o como lo están vendiendo a toda la población a través de sus campañas publicitarias diciéndole a la ciudadanía que paguen más impuestos para ayudar a los más pobres.

No será que el gobierno busca recaudar más impuestos, para continuar pagando “rescates” a empresas como; Cemex, Gruma o Bachoco, que además especulan con el tipo de cambio, y recibieron millonarios apoyos por parte del gobierno federal de nuestras reservas internacionales, sin dejar de mencionar que gozan de tratamientos fiscales especiales.

Desde la izquierda de este país, hemos presentado propuestas alternativas para no cobrarle estos impuestos a los pobre ni a la clase media, sin embargo, sin siquiera revisarles han decidido hacer caso omiso de ellas.

No obstante, se desatendieron nuestras propuestas, y así, guiados por la política neoliberal pervertida, y por el pequeño grupo de poderosos empresarios que mantiene secuestrado al estado mexicano; fueron incapaces de impulsar un programa para reactivar la economía, crear empleos, fortalecer el campo, y desarrollar infraestructura productiva.

Por el contrario, decidieron aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica; mantuvieron los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y crearon el engendro llamado IETU que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleos.

No hicieron nada para lograr la autosuficiencia alimentaria y continuaron con el criterio de comprar todo lo que consumimos en el extranjero.

Impidieron la libre competencia con la protección a los monopolios o duopolios, y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos para el desarrollo, han incrementado el gasto corriente, despilfarrando para ello los excedentes petroleros.

En lo que va de esta administración lo único que ha incrementado es la burocracia y han sub ejercido los recursos aprobados por el Congreso, y congelado mas de 260 mil millones de pesos, en fondos destinados a la estabilización presupuestaria, y la reducción extrema del mercado interno.

No olvidemos la existencia de 26 multimillonarios mexicanos en la lista de los más ricos del planeta, muchos de ellos detentadores de los ya mencionados monopolios y duopolios empresariales del país, mientras que en los últimos 30 meses el salario mínimo ha perdido el 44% de su poder adquisitivo.

Es por ello que esta soberanía debe solicitar del Ejecutivo Federal información sobre las empresas que como ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de tener ganancias millonarias, tan sólo pagan entre 70 y 150 pesos anuales de impuestos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta Soberanía del padrón que se anexa de empresas cuanto es lo que pagan de impuestos anuales.

RANK

EMPRESA

1

América Móvil

2

Wal-Mart de México

3

Cemex

4

Carso Global Telecom

5

Fomento Económico Mexicano

6

Grupo Financiero BBVA-Bancomer

7

Telcel

8

Teléfonos de México

9

General Motors de México

10

Grupo Alfa

11

Grupo Financiero Banamex

12

Nissan Mexicana

13

Volkswagen de México

14

Ford Motor Company

15

Organización Soriana

16

Grupo BAL

17

Chrysler México Holding

18

Coca-Cola FEMSA

19

Grupo Bimbo

20

Telmex Internacional

21

Grupo Modelo

22

Grupo Carso

23

Grupo Financiero Santander

24

Grupo México

25

Ternium

26

Hewlett-Packard México

27

Grupo Financiero Banorte

28

Industrias Peñoles

29

Controladora Comercial Mexicana

30

Grupo Financiero HSBC

31

Alpek

32

Mabe

33

FEMSA Comercio (Oxxo)

34

El Puerto de Liverpool

35

Grupo Maseca

36

ArcelorMittal

37

FEMSA Cerveza

38

Pepsico de México

39

Industrias CH

40

Grupo Industrial Lala

41

Flextronics Manufacturing

42

Delphi Automotive Systems

43

Iberdrola de México

44

Nestlé México

45

Grupo Coppel

46

Altos Hornos de México

47

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

48

Grupo Simec

49

Nemak

50

Grupo Sanborns

51

Mexichem

52

Grupo Xignux

53

MetLife México

54

Grupo Condumex

55

Vitro

56

General Electric

57

Grupo Casa Saba

58

Procter & Gamble de México

59

Empresas ICA

60

Nacional de Drogas

61

Telefónica México

62

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

63

The Home Depot México

64

Philip Morris México

65

Sigma

66

GNP

67

Grupo Aeroméxico

68

Nextel de México

69

Industrias Unidas

70

AXA Seguros

71

Kimberly-Clark de México

72

Kuo

73

Toyota Motor Sales de México

74

Jabil Circuit de México

75

Grupo Mexicana de Aviación

76

Grupo Financiero Inbursa

77

Grupo Villacero

78

Magna International México

79

Navistar International

80

Honda de México

81

Embotelladora Arca

82

Industrias Bachoco

83

Grupo Continental Llantas y Autopartes

84

Johnson Controls de México

85

Homex

86

Gas Natural México

87

Grupo Empresarial Ángeles

88

Schneider Electric

89

Grupo Comex

90

Casas GEO

91

Fragua Corporativo

92

Grupo Omnilife

93

Pepsi Bottling Group México

94

Daimler México

95

Viakable

96

Urbi Desarrollos Urbanos

97

Holcim Apasco

98

Lear Corporation México

99

Grupo Famsa

100

Kenworth Mexicana

101

Sanmina-SCI Systems de México

102

Seguros BBVA-Bancomer

103

CICSA

104

Elcoteq

105

Bayer de México

106

Unilever de México

107

Grupo Palacio de Hierro

108

Sony de México

109

Grupo Continental

110

Danone México

111

Cementos Cruz Azul

112

Celestica Inc. México

113

Ferromex

114

Axtel

115

Prolec GE

116

Seguros Inbursa

117

Grupo Viz

118

Grupo Iusacell

119

Bancomext

120

Alpura

121

Unión Fenosa México

122

Office Depot

123

Coca-Cola de México

124

Sempra México

125

Inditex México

126

Farmacias Benavides

127

Grupo Industrial Saltillo

128

Kuo Químico

129

Sociedad Hipotecaria Federal

130

Corp. Interamericana de Entretenimiento

131

Sanofi-Aventis

132

Seguros Monterrey New York Life

133

Diconsa

134

Grupo Industrial Maseca

135

Kansas City Southern de México

136

Quálitas, Cía. de Seguros

137

Grupo Cementos de Chihuahua

138

Samsung Electronics México

139

Ixe Grupo Financiero

140

Corporación Durango

141

Grupo Lamosa

142

Grupo Gigante

143

Corn Products International

144

Seguros Banorte Generali

145

Autoliv México

146

Siemens

147

DuPont México

148

Fresnillo PLC

149

Roche

150

Alsea

151

Grupo Embotelladoras Unidas

152

Grupo Financiero Interacciones

153

Pronósticos

154

Pfizer

155

Grupo Collado

156

Avon Cosmetics

157

Banco del Bajío

158

Grupo Herdez

159

Grupo Celanese

160

Kuo Consumo

161

Farmacias Similares

162

Mars México

163

Scotia Inverlat Casa de Bolsa

164

Cydsa

165

Consorcio ARA

166

SANLUIS Corporación

167

Grupo Posadas

168

Grupo Novartis México

169

Cinépolis

170

Grupo Garza Ponce

171

Corporación Moctezuma

172

Seguros Banamex

173

Hipotecaria Su Casita

174

Praxair México

175

ING Grupo Financiero

176

Molymex

177

Pilgrim's Pride

178

L'Oréal

179

American Express Co. México

180

Kellogg's de México

181

MAPFRE

182

Grupo Idesa

183

Wyeth

184

GlaxoSmithKline

185

Kuo Automotriz

186

Megacable Holdings

187

Copamex

188

Goldcorp México

189

Interceramic

190

Merrill Lynch México Casa de Bolsa

191

Grupo La Moderna

192

Bristol Myers Squibb

193

Acciones y Valores Banamex

194

Compañía Minera Autlán

195

American Express Bank

196

Big-Cola Ajemex

197

Valores Mexicanos Casa de Bolsa

198

Smurfit Kappa Cartón y Papel de México

199

Santander Casa de Bolsa

200

Grupo TMM

201

Grupo Hermes

202

Casas Javer

203

Innophos Mexicana

204

Boehringer Ingelheim México

205

SCA Consumidor

206

3M México

207

Banregio Grupo Financiero

208

Grupo Bafar

209

Inversora Bursátil

210

Seguros Atlas

211

Alestra

212

SARE

213

Dow Química

214

Mazda Motor de Mexico

215

Kemet de México

216

Allianz México

217

Eli Lilly de México

218

ABA Seguros

219

Invex Grupo Financiero

220

Manpower

221

Henkel

222

Grupo Ruba

223

GMAC Mexicana

224

Volkswagen Leasing

225

Bridgestone de México

226

Grupo Peñafiel

227

OHL México

228

Intercam Casa de Bolsa

229

Maypo Farmaceúticos

230

Pensiones BBVA-Bancomer

231

AstraZeneca

232

Merck Sharp & Dohme de México

233

Grupo Monsanto México

234

Atento Mexicana

235

Herbalife Internacional de México

236

NR Finance México

237

Panasonic de México

238

AMResorts

239

Grupo Aeroportuario de la Cd. de México

240

Microsoft México

241

Ford Credit México

242

Saint-Gobain México

243

Zurich, Cía. de Seguros

244

Grupo Pinsa

245

Codere México

246

Superior Industries de México

247

Qualtia Alimentos

248

Grupo Martí

249

Afirme Grupo Financiero

250

Compartamos Banco

251

Gicsa

252

Banorte Casa de Bolsa

253

AIG México Seguros Interamericana

254

Grupo Financiero Mifel

255

Grupo Aeroportuario del Pacífico

256

Pensiones Banorte Generali

257

Financiera Independencia

258

IDEAL

259

BMW de México

260

Pinfra

261

Sherwin Williams

262

EDS de México

263

Crédito Familiar

264

Ixe Casa de Bolsa

265

Asur

266

Grupo Financiero Monex

267

Grupo Minsa

268

SAP México

269

Grupo PIASA

270

Afore Banamex

271

Seguros Santander

272

Metrofinanciera

273

Softtek

274

Office Max México

275

Grupo Pochteca

276

GE Capital Grupo Financiero

277

Renault México

278

Mead Johnson México

279

Grupo Imagen

280

Cerrey

281

Merck

282

Aseguradora Interacciones

283

Almacenes Zaragoza

284

Copachisa

285

Maxcom Telecomunicaciones

286

Genomma Lab

287

Promotora Ambiental

288

Coconal

289

Crédito Inmobiliario

290

Financiera Rural

291

Viveica

292

HSBC Seguros

293

Seguros Argos

294

Pueblo Bonito Oceanfront Resorts & Spas

295

ACE Seguros

296

GE Money

297

Gemalto México

298

Grupo Financiero Bank of America

299

Finamex Casa de Bolsa

300

Dana Corp. México

301

Clariant

302

Grupo Financiero Multiva

303

Hoteles Camino Real México

304

JP Morgan Grupo Financiero

305

Alstom Mexicana

306

Afore Bancomer

307

Hipotecaria Crédito y Casa

308

Constructora Gravi

309

Dulces de la Rosa

310

Afore ING

311

Grupo Aeroportuario del Centro Norte

312

Grupo Christus Muguerza

313

Ferrero de México

314

Grupo Marítimo Industrial

315

Grupo Accel

316

Carvajal

317

Grupo Costamex

318

Fábrica de Papel San Francisco

319

Vector Casa de Bolsa

320

Afore Profuturo GNP

321

Cinemex

322

Centro Médico ABC

323

Multiva Casa de Bolsa

324

Royal & Sun Alliance Seguros México

325

Interacciones Casa de Bolsa

326

Corporación Mexicana de Restaurantes

327

Genworth Seguros México

328

Grupo Mexicano de Desarrollo

329

Dexia Crédito Local Mexicano

330

Fonacot

331

Toyota Financial Services México

332

Grupo American Industries

333

Monex Casa de Bolsa

334

Corporativo Ges

335

Carestream Health México

336

Navistar Financial

337

Graham Packaging Plastic Products de México

338

Actinver Casa de Bolsa

339

AIG México Cía. de Seguros de Vida

340

Médica Sur

341

Grupo Presidente

342

SKF

343

CompuSoluciones

344

Hildebrando

345

Telecomm-Telégrafos

346

ING Hipotecaria

347

Grupo Xcaret

348

Grupo Financiero Ve por Más

349

Danfoss Industries

350

Grupo Marcatel

351

Patrimonio

352

Bansi

353

Suzuki Motor de México

354

Value Grupo Financiero

355

Grupo Mexicano de Seguros

356

Grupo Prisa

357

Dulces Vero

358

Greatbatch Tecnologías de México

359

Grupo Riviera

360

Fianzas Monterrey

361

Radio Shack

362

Trinity Industries de México

363

Telefónica Finanzas México

364

Exportadora de Sal

365

Tupperware Brands México

366

Lafarge Cementos

367

Accenture

368

Barceló México

369

Metropolitana Compañía de Seguros

370

NH México

371

Seguros Azteca

372

Ekco

373

Grupo Editorial Notmusa

374

Global Offshore México

375

EMC Computer Systems México

376

Canel's

377

Groupe Seb

378

Proactiva Medio Ambiente

379

Grupo Indi

380

Grupo Bursátil Mexicano GBM

381

Consupago

382

Grupo Eulen

383

Afore Inbursa

384

Reaseguradora Patria

385

ADT Private Security Services de México

386

GMAC Financiera

387

Grupo Gayosso

388

Oxiteno México

389

Newell Rubbermaid de México

390

El Cid Resorts

391

Grisi Hermanos

392

Alucaps Mexicana

393

Consultoría Internacional Banco

394

Value Casa de Bolsa

395

Grupo Santillana

396

Dine

397

Afore Banorte Generali

398

Davivir

399

The Royal Bank of Scotland

400

General de Seguros

401

ADS Mexicana

402

Laboratorios Silanes

403

Carvid

404

Indra

405

BBVA-Bancomer Casa de Bolsa

406

Base Casa de Bolsa

407

Ottomotores

408

Seguros Afirme

409

Financiera Finsol

410

NextiraOne México

411

Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial

412

Afianzadora Insurgentes

413

Patrimonial Inbursa

414

Impresora y Encuadernadora Progreso

415

Automotriz Hermer

416

Grupo Farmacón

417

Hipotecaria Nacional

418

Premier Chevrolet

419

Cinemark de México

420

QBE del Istmo México, Cía. de Reas.

421

Burger King Mexicana

422

Tokio Marine Cía. de Seguros

423

Mecalux

424

Jidosha Nissan

425

PromoCasa

426

Afianzadora Sofimex

427

Afore XXI

428

Voltran

429

Regio Empresas

430

Tata Consultancy Services México

431

Nueva Agroindustrias del Norte

432

Probiomed

433

ISS Facility Services

434

Montepío Luz Saviñón

435

Afore Principal

436

Grupo GA3

437

Construmac

438

Grupo Tekkne

439

Afore Invercap

440

T-Systems México

441

Zimag Logistics

442

Autotransportes de Carga Tresguerras

443

Convertidora Industrial

444

Crédito Real

445

Grupo Editorial Expansión

446

Carlson Wagonlit Travel

447

Promoción y Operación

448

Bancoppel

449

Estée Lauder Cosméticos

450

Calefacción y Ventilación

451

Grupo Radio Centro

452

Específicos Stendhal

453

Getronics México

454

Vinte, Viviendas Integrales

455

Zurich Vida, Cía. de Seguros

456

Agroasemex

457

Fianzas Guardiana Inbursa

458

BNP Paribas Personal Finance México

459

Constructora Próser

460

Unifin Financiera

461

Grupo Cristal

462

Fincasa Hipotecaria

463

Casas Came

464

Afore HSBC

465

Acco Mexicana

466

Protección Agropecuaria Cía. de Seguros

467

QBE de México Compañía de Seguros

468

Deutsche Bank

469

ISA Corporativo

470

Grupo Socoada

471

Dycusa

472

Grupo Nutrisa

473

Wrangler De México

474

Productos Chata

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Senador Arturo Escobar, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Mi intención es para apoyar lo expresado por el Senador Monreal.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Correcto.

Tiene la palabra la Senadora Irma Martínez Manríquez, quien presentará un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a complementar las reglas de operación de los Programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente.

Según datos ofrecidos por el titular del Ejecutivo Federal en su Tercer Informe de Gobierno, al bimestre julio-agosto de 2009, se han beneficiado a 5 millones 32 mil 963 familias en el Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades” en todo el país y a 2 millones 25 mil 551 adultos mayores en el Programa “70 y Más” en 76 mil 514 localidades y hasta 30 mil habitantes.

La implementación de programas sociales dirigidos a estos grupos poblacionales, si bien es cierto son de mucha ayuda, también es cierto que generan dependencia y vicios en los mismos, dado que no existe una corresponsabilidad con el Estado mexicano que les permita redistribuir de una manera responsable estos beneficios.

Para Nueva Alianza la corresponsabilidad de los beneficios debe ser un factor privilegiado de todo programa social, que fomente la cohesión a través de la participación ciudadana en temas y acciones de interés social como el cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano, con la participación y vigilancia de una ciudadanía consciente y con opciones reales de intervención en el desahogo de las problemáticas de las comunidades en general. Solo en estos temas estaríamos potencializando la productividad social de cientos de miles de personas beneficiadas de alguno de estos dos programas.

Por tal motivo, proponemos que las familias que son beneficiadas del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”, puedan dedicar por lo menos 8 horas al mes de trabajo comunitario en actividades de forestación, a través de la siembra y cuidado de árboles nativos y en la vigilancia del buen uso del agua, con implementación de grupos o cuadrillas integradas por miembros de esas familias.

Asimismo, proponemos que en los casos de los adultos mayores beneficiados de ambos programas, pudieran realizar un mínimo de 4 horas mensuales de trabajo comunitario, siempre y cuando sus facultades físicas y emocionales lo permitan, en actividades de desarrollo humano en las instituciones educativas de nivel básico, dado que se reconoce que este grupo poblacional puede ser, y en efecto lo es, un elemento aglutinador en la comunidad donde pueda ocupar un espacio especial en el desarrollo de valores que la comunidad identifica como necesario fomentar.

Con este nuevo esquema de corresponsabilidad social de los beneficiarios, se podrá contar con un ejército importante de trabajadores comunitarios de alrededor de 7 millones 58 mil 614 personas que representan cerca del 7% de la población total del país, solo en estos dos programas.

Por lo anterior, las reglas de operación de los Programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más” deben ser modificadas para que de manera explícita se especifique la corresponsabilidad social de los beneficiarios en actividades de mejoramiento del medio ambiente y desarrollo humano en términos de fortalecimiento de los valores sociales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los Programas Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.

Por último, solicito a la Presidencia que se inserte el texto íntegro del punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTEN, PARA OBTENER MAYOR BENEFICIO, LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO “OPORTUNIDADES” Y “70 Y MAS”

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y perteneciente al Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”, bajo el tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Por otro lado los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, el Programa “Oportunidades” y “70 y Más”, entre otros, se destinan en las entidades federativas exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promueven la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que proponen las entidades federativas.

Según datos ofrecidos por el titular del Ejecutivo Federal en su Tercer Informe de Gobierno, al bimestre julio-agosto de 2009, se han beneficiado a 5,032,963 familias en el Programa de Desarrollo Humano “oportunidades” de todo el país y a 2,025,551 adultos mayores en el Programa de “70 y Más” en 76,514 localidades de hasta 30 mil habitantes. Los recursos de dichos programas se ejercen conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

La implementación de programas sociales dirigidos a estos grupos poblacionales, si bien es cierto son de mucha ayuda, también es cierto que generan dependencia y vicios en los mismos, dado que no existe una corresponsabilidad con el Estado Mexicano que lespermita retribuir de una manera responsable esos beneficios.

Para Nueva Alianza la corresponsabilidad de los beneficiarios debe ser un factor privilegiado de todo programa social, que fomente la cohesióna través de la participación ciudadana en temas y acciones de interés social como: cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano, con la participación y vigilancia de una ciudadanía consciente y con opciones reales de intervención en el desahogo de la problemática de las comunidades en general. Sólo en estos temas estaríamos potencializando la productividad social de cientos de miles de personas beneficiarias de alguno de éstos dos programas.

Según el Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2008 presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, específicamente del Programa 70 y Más, señala que “En el único aspecto que se observa un bajo desempeño es en la instrumentación de acciones de promoción y participación social, las cuales inició el Programa por primera vez en 2008”, lo que demuestra la escasa o nula corresponsabilidad en la participación de lo beneficiarios.

Por tal motivo, proponemos que las familias que son beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades “, pudieran dedicar por lo menos 8 horas al mes de trabajo comunitario en actividades de forestación a través de la siembra y cuidado de árboles nativos y en la vigilancia del buen uso del agua, con la implementación de grupos o cuadrillas integradas por miembros de estas familias.

Así mismo, proponemos que en los casos de los adultos mayores beneficiarios de ambos programas, pudieran realizar un mínimo de cuatro horas mensuales de trabajo comunitario, siempre y cuando sus facultades físicas y emocionales lo permitan, en actividades de desarrollo humano en las instituciones educativas de nivel básico dado que se reconoce que este grupo poblacional puede ser, y en efecto lo es, un elemento aglutinador en la comunidad, donde puede ocupar un espacio especial en el desarrollo de valores que la comunidad identifica como necesarios fomentar.

El trabajo comunitario encuentra un portador material en los adultos mayores en cada área de residencia. El trabajo comunitario contribuye a elevar la autoestima y la calidad de vida y el sentirse útil en las personas de la tercera edad al demostrarse a sí mismo que puede y debe contribuir a pesar de sus años con el desarrollo humano de nuestra sociedad.

Ambas actividades estarían coordinadas por las autoridades municipales tanto en la organización, suministro de insumos, vigilancia y evaluación de los procesos, con el compromiso de emitir una constancia de servicio comunitario.

Con éste nuevo esquema de corresponsabilidad social de los beneficiarios se podría contar con un ejercito importante de trabajadores comunitarios de alrededor de 7,058,614 personas que representan cerca del 7%, de la población total del país, sólo en estos dos programas.

Por todo lo anterior, las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más” deben ser modificadas para que de manera explícita se especifique la corresponsabilidad social de los beneficiarios en actividades de mejoramiento del medio ambiente y desarrollo humano en términos de fortalecimiento de los valores sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los programas Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Irma Martínez Manríquez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Martínez Manríquez. Con mucho gusto, insértese en el Diario de los Debates la propuesta de punto de Acuerdo y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, a nombre propio y de los Senadores Minerva Hernández Ramos, Rafael Moreno Valle Rosas y Humberto Aguilar Coronado, para presentar un punto de Acuerdo con relación a la caja de ahorro COOFIA.

- El C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, señor Presidente.

Los que suscribimos, Senadora Minerva Hernández Ramos y Senadores Rafael Moreno Valle, Humberto Aguilar Coronado y el de la voz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración la proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes consideraciones.

1.- Que en diciembre de 2008 explotó uno de los casos de fraude más mencionados durante los últimos años, el de Financiera COOFIA, que hasta entonces operaba en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Jalisco, con matriz en Puebla. En ese momento, la empresa dejó de entregar ahorros a varios de sus socios mediante diversos pretextos.

2.- Sin embargo, esta entidad financiera, a pesar de que inició sus operaciones hace más de 12 años, no se encontraba autorizada para realizar tales operaciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

3.- Que sin poder mantener en secreto la bancarrota y con demandas penales por el delito de fraude en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz, a finales de abril de 2009, personal de COOFIA informó a los ahorradores que no podría regresarles su dinero debido a que la entidad financiera presentaba problemas económicos.

4.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el mes agosto pasado emitió la alerta de que COOFIA no estaba autorizada para recibir dinero de particulares o inversionistas,a pesar de que20 mil clientes habían depositado cerca de mil 500 millones depesos.Así, a finales del mismo mes y derivado de las múltiples denuncias interpuestas provenientes de los diferentes estados donde operaba la financiera, la Policía Ministerial del estado de Puebla detuvo a tres funcionarios de dicha Financiera COOFIA, sin que se pudiera dar con el paradero de Valente Medina Seoane, principal accionista de la ahorradora, quien hasta el momento continúa prófugo de la justicia.

5.- Que a principios del mes de septiembre se dictó auto de formal prisión a los tres ejecutivos de la financiera por la captación ilegal de recursos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la denuncia interpuesta por el Sistema de Administración Tributaria.

6.- Que aún y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había solicitado a Financiera COOFIA el cierre sus sucursales, la empresa continúa abriendo cuentas de ahorro en el estado de Oaxaca, mientras tanto, en estados comoPuebla y Tlaxcalalas sucursales permanecen cerradas y en todas hay carteles con leyendas que aseguran que reiniciarán las actividades hasta nuevo aviso.

7.- Que en la actualidad se calcula que en el país operan varias decenas de instituciones que captan dinero de personas sin regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Por cada institución que capta dinero de ahorradores e inversionistas regulada por esta comisión, en promedio hay tres compañías que operan sin autorización y que no están aportando al fondo de protección establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aún y cuando las entidades de ahorro estén en el régimen transitorio para lograr la autorización de dicha comisión, este organismo no puede intervenir en las mismas, aun cuando esté en riesgo el dinero de los ahorradores, debiendo los clientes acudir a los juzgados e interponer una demanda mercantil para solicitar la liquidación y recuperar sus ahorros.

Me quiero referir aquí, que precisamente la reforma que fue publicada el 13 de agosto en la que se creó una nueva Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, tiene precisamente ese fin, el poder ya prevenir porque haya una ley que sí pueda ser cumplibe y no como la Ley de Ahorro y Crédito Popular que resultaba prácticamente incumplibe, se daban prórrogas condicionadas y dentro de esas prórrogas se encuentran algunas financieras como éstas que finalmente han defraudado a los ahorradores.

Esperamos que con la nueva ley se pueda llegar a tener ya regulado perfectamente y supervisado este sector.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe detallado sobre la situación que guarda las investigaciones realizadas a la Financiera COOFIA así como las acciones y recomendaciones emprendidas por dicha institución hacia esa entidad financiera.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria implementen a la brevedad un programa para detectar a todas y cada una de las entidades financieras que operan sin autorización, indebidamente amparadas bajo la modalidad “cajas de ahorro” en las diferentes entidades federativas del país y así prevenir otros fraudes que pudieran ser ocasionadospor esas instituciones en perjuicio del patrimonio de familias mexicanas. Entre otras que ya tienen una voz de alerta y tienen problemas similares a COOFIA, se encuentran Invergroup, SITMA y Estrada.

Tercero.- El Senado de la República hace un atento exhorto al Ejecutivo Estatal de cada uno de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, México y Jalisco para que a la brevedad implementen un programa de apoyo a los defraudados por la Financiera COOFIA en las entidades federativas antes mencionadas.

Solicito a usted, señor Presidente, se inscriba en el Diario de los Debates íntegramente la proposición como fue presentada.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA CAJA DE AHORRO COOFIA

“Los que suscriben, MinervaHernández Ramos,Jorge Andrés Ocejo Moreno, Rafael Moreno Valle Rosas y M. Humberto Aguilar Coronado Senadores de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que en diciembre de 2008 explotó uno de los casos de fraude más mencionado durante los últimos años, el de Financiera COOFIA, que hasta entonces operaba en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Jalisco, con matriz en Puebla. En ese momento, la empresa dejó de entregar ahorros a varios de sus socios mediante diversos pretextos.

2.- Que uno de los atractivos que orilló a muchas personas a invertir sus ahorros en esta caja, fue que ofrecía rendimientos superiores a los del mercado financiero. Sin embargo esta entidad financiera, a pesar de que inició sus operaciones hace más de 12 años no se encontraba autorizada para realizar tales operaciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

3.- Que sin poder mantener en secreto la bancarrota y con demandas penales por el delito de fraude en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz; a finales de abril de 2009, personal de COOFIA informó a los ahorradores que no podría regresarles su dinero debido a que la entidad financiera presentaba problemas económicos.

4.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el mes agosto pasado emitió la alerta de que COOFIAno estaba autorizada para recibir dinero de particulares o inversionistas, a pesar de que 20 mil clientes habían depositado cerca de mil 500 millones de pesos. Así, a finales del mismo mes y derivado de las múltiples denuncias interpuestas provenientes de los diferentes estados donde operaba la financiera, la Policía Ministerial del estado de Puebla detuvo a tres funcionarios de la Financiera COOFIA, sin que se pudiera dar con el paradero de Valente Medina Seoane, principal accionista de la ahorradora, quien hasta el momento continúa prófugo de la justicia.

5.- Que a principios del mes de septiembre se dictó auto de formal prisión a los tres ejecutivos de la Financiera por la captación ilegal de recursos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante la denuncia interpuesta por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

6.- Que aún y cuando la CNBV había solicitado a Financiera COOFIA el cierre sus sucursales, la empresa continúa abriendo cuentas de ahorro en el estado de Oaxaca, mientras tanto, en estados como Puebla y Tlaxcala las sucursales permanecen cerradas. En todas hay carteles con leyendas que aseguran que reiniciarán las actividades hasta nuevo aviso.

7.- Que en la actualidad se calcula que en el país operan varias decenas de instituciones que captan dinero de personas sin regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por cada institución que capta dinero de ahorradores e inversionistas regulada por esta comisión, en promedio hay tres compañías que operan sin autorización, y que no están aportando al fondo de protección establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aún y cuando las entidades de ahorro estén en el régimen transitorio para lograr la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este organismo no puede intervenir en las mismas, aun cuando esté en riesgo el dinero de los ahorradores, debiendo los clientes acudir a los juzgados e interponer una demanda mercantil para solicitar la liquidación y recuperar sus ahorros.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe detallado sobre la situación que guarda las investigaciones realizadas a la Financiera COOFIA así como las acciones y recomendaciones emprendidas por dicha institución hacia esa entidad financiera.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria implementen a la brevedad un programa para detectar a todas y cada una de las entidades financieras que operan sin autorización, indebidamente amparadas bajo la modalidad “cajas de ahorro” en las diferentes entidades federativas del país y así prevenir los múltiples fraudes ocasionados por esas instituciones en perjuicio del patrimonio de las familias mexicanas. Entre otras se encuentran la propia COFIA, INVERGROUP, SITMA Y ESTRADA.

Tercero.- El Senado de la República hace un atento exhorto al Ejecutivo Estatal de cada uno de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, México, y Jalisco para que a la brevedad implementen un programa de apoyo a los defraudados por la Financiera COOFIA en las entidades federativas antes mencionadas.

Salón de sesiones de la Câmara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.- Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno, Presidente de la Comisión de Fomento Económico.- Sen. Humberto Aguilar Coronado.- Sen. Rafael Moreno Valle Rosas”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Con mucho gusto, Senador Ocejo Moreno, se inserta en el Diario de los Debates en forma íntegra. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo sobre el cierre del aeródromo de Caborca, Sonora.

- El C. Senador Alfonso Elías Serrano: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado domingo 11 de octubre, elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, clausuraron el aeródromo de Caborca, Sonora, e inhabilitaron a 54 aeronaves que se encontraban en el interior de la aeropista sin que a la fecha se haya dado una explicación oficial o las causas de estas acciones.

Según información de los propietarios de aviones, la decisión de cerrar el aeropuerto y paralizar las aeronaves, fue tomada por la supuesta existencia de irregularidades en la documentación de más de 50 avionetas.

Contrario a lo anterior, los usuarios del aeródromo aseguran que cuentan con la documentación completa, la cual fue entregada en su momento a las autoridades correspondientes.

Lo anterior, afecta gravemente al sector agrícola de la región dado que el 80% de las avionetas paralizadas prestan el servicio de fumigación a los campos de esta región que cultivan más de 11 mil 500 hectáreas: 7 mil de espárrago, 3 mil de uva y 1,500 de hortalizas.

Agrupaciones de productores agrícolas de Caborca han manifestado que está en peligro la sanidad vegetal de sus cosechas, ya que los cultivos, como el espárrago, se encuentran en etapa de control sanitario y que requieren de la aerofumigación para poder evitar las pérdidas de sus cosechas.

De acuerdo a expertos en el tema, tan sólo dos días sin fumigar las tierras pueden dar lugar a una plaga que arruine la cosecha entera de estos productos.

Autoridades sanitarias de la región han manifestado que el riesgo potencial de un problema fitosanitario es grave, ya que podría afectar a toda la región del Distrito de Riego 139, el cual acumula 25 mil hectáreas de riego.

Cabe resaltar que el Distrito de Riego de Desarrollo Rural cuentan con un estatus sanitario que ha permitido que la región destaque a nivel nacional e internacional como zona libre y de baja prevalencia de diversas plagas. Y a estas circunstancias se debe agregar además que las autoridades que custodian el aeropuerto no permiten siquiera el despegue de avionetas que trasladan a pacientes graves rumbo a hospitales de alta especialidad en la capital del estado.

Es por todo lo anterior que me permito someter a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, para que valore la grave afectación que el cierre del aeródromo de Caborca está teniendo sobre la economía de la región, particularmente en la agricultura, y que agilice la averiguación en curso a efecto de liberar a brevedad el citado puerto aéreo para que continúe su operación normal.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, para que de manera inmediata restituya a los propietarios de las aeronaves de fumigación ubicadas en el aeródromo de Caborca, que cuentan con su documentación en regla, su legítimo derecho a prestar el servicio de fumigación a los productores agrícolas de la zona, considerando que más de 11,500 hectáreas de cultivo se encuentran en riesgo fitosanitario de no restaurarse el servicio de estas aeronaves.

TERCERO.- Y para que de manera inmediata restituya a los propietarios de las aeronaves que prestan el servicio de ambulancia aérea ubicadas en el aeródromo de Caborca, que cuentan con su documentación en regla y su legítimo derecho a prestar el servicio de traslado a enfermos y pacientes graves. Y.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, para que practiquen una investigación a fondo a efecto de deslindar las responsabilidades a que haya lugar por los daños causados a las aeronaves inhabilitadas durante este tiempo en que el aeródromo está bajo el resguardo de elementos adscritos a estas dependencias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CIERRE DEL AERODROMO DE CABORCA, SONORA, Y LA PARALIZACION DE DECENAS DE AERONAVES DE FUMIGACION DE LA REGION

“El pasado domingo 11 de octubre, elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, bajo el amparo de la averiguación previa 299/09, clausuraron el aeródromo de Caborca, Sonora, e inhabilitaron las 54 aeronaves que se encontraban en el interior de la aeropista, sin que a la fecha se hayan explicado oficialmente las causas de estas acciones.

Según información de los propietarios de aviones, la decisión de cerrar el aeródromo y paralizar las aeronaves, fue tomada por la supuesta existencia de irregularidades en la documentación de más de 50 avionetas.

Contrario a lo anterior, usuarios del aeródromo aseguran que cuentan con la documentación completa, la cual fue entregada en su momento a las autoridades de aeronáutica civil.

Por otro lado, se tienen documentados daños a las aeronaves en los días posteriores a la clausura, atribuibles por testigos presenciales a elementos que custodian el aeródromo. Reportes y fotografías publicadas en distintos medios locales de comunicación, revelan avionetas con llantas ponchadas y hélices desmontadas.

Lo anterior, afecta gravemente al sector agrícola de la región dado que el 80% de las avionetas paralizadas prestan el servicio de fumigación a los campos de esta región en la que se cultivan más de 11 mil 500 hectáreas: 7 mil de espárrago, 3 mil de uva y mil 500 de hortalizas diversas.

Agrupaciones de productores agrícolas de Caborca, han manifestado que está en peligro la sanidad vegetal de sus cosechas, ya que cultivos como el espárrago se encuentran en etapa de control sanitario y requieren de la aerofumigación para impedir la pérdida de la cosecha.

De acuerdo a expertos en el tema, tan sólo dos días sin fumigar las tierras pueden dar lugar a que una plaga arruine la cosecha entera de este producto, con la pérdida de más de 24 millones de pesos.

Autoridades sanitarias con jurisdicción en Caborca, han manifestado que el riesgo potencial de un problema fitosanitario es muy grande, ya que de no controlarse las plagas, la zona se convertirá en foco de infestación para toda el área agrícola del Distrito de Desarrollo Rural 139, el cual acumula un global de 25 mil hectáreas de cultivos, tanto anuales como perennes.

Cabe resaltar que este Distrito de Desarrollo Rural cuenta con un status fitosanitario que ha permitido que la región destaque a nivel nacional e internacional como zona libre y de baja prevalencia de diversas plagas.

Por ello, la afectación del cierre del aeródromo y la paralización de aeronaves no sólo dañará los cultivos de este año, sino el prestigio de la región, con la consecuente afectación de la economía de Caborca y sus áreas aledañas.

A estas circunstancias debe agregarse que las autoridades que custodian el aeródromo no permiten siquiera el despegue de avionetas que trasladan a pacientes graves rumbo a hospitales de alta especialidad en la capital de Sonora o en los Estados Unidos.

Ya en días pasados una persona que resultó herida en un accidente iba a ser trasladada vía aérea rumbo a Hermosillo, y personal del Ejército le impidió despegar al piloto de la aeronave.

Del cierre total de un aeródromo de las características del de Caborca, no se tiene precedente en Sonora.

Es por todo lo anterior, que con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, para que valore la grave afectación que el cierre del aeródromo de Caborca, Sonora, está teniendo sobre la economía de la región, particularmente en la agricultura, y agilice la averiguación en curso a efecto de liberar a la brevedad el citado puerto aéreo para que continúe su normal operación.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, para que de manera inmediata restituya a los propietarios de las aeronaves de fumigación ubicadas en el aeródromo de Caborca, Sonora, que cuentan con su documentación en regla, su legítimo derecho a prestar el servicio de fumigación a los productores agrícolas de la zona, considerando que más de 11 mil 500 hectáreas de cultivo se encuentran en riesgo fitosanitario de no restaurarse el servicio de las aeronaves paralizadas.

Tercero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, para que de manera inmediata restituya a los propietarios de las aeronaves que prestan el servicio de ambulancia aérea ubicadas en el aeródromo de Caborca, Sonora, que cuentan con su documentación en regla, su legítimo derecho a prestar el servicio de traslado de enfermos y pacientes graves.

Cuarto: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que practiquen una investigación a fondo a efecto de deslindar las responsabilidades a que haya lugar por los daños causados a las aeronaves inhabilitadas durante el tiempo en el que el aeródromo se encuentra bajo el resguardo de elementos adscritos a estas dependencias.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Alfonso Elías Serrano”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Elías Serrano. Túrnese…

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) ¿Y por qué no lo somete como asunto de urgente y obvia resolución?

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Le proponen, Senador Elías, -no fue solicitado por el Senador.

Le solicito a la Secretaría conforme al Reglamento consulte a la Asamblea, en votación económica, si considera el asunto de urgente y obvia resolución.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén porque así se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se considere, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Con qué objeto?, Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A favor de la propuesta, el Senador Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Al escuchar con atención el punto de Acuerdo del Senador, me pareció pertinente solicitar que se le diera el trámite de obvia y urgente resolución, porque la tiene.

Miren ustedes, Caborca, quienes lo conocemos, esta parte de Sonora tiene una vida agrícola muy intensa, y lo que aquí señalaba el preopinante es grave porque está acabando con la vida económica de la región, pero también está acabando con vidas humanas que por falta de transporte aéreo no pueden salir fuera de esta región, pero el fondo de todo son los excesos de una policía y de una procuración de justicia que se está excediendo de su función y de sus facultades, por eso no podemos dejar pasar más tiempo sin que este punto de Acuerdo se apruebe, porque una parte de la sociedad sonorense está sufriendo los embates de una pésima procuración de justicia, y está ahogando económicamente a los dueños de las aeronaves cuya función es la fumigación de los productos agropecuarios o de los cultivos que a través de ellos sobreviven miles de familias; es alarmante que esté sucediendo eso, por eso, felicito al Senador, porque estos son los temas que debieran unificarnos y exigirle a la procuraduría, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las autoridades responsables que liberen las aeronaves, porque no existe ningún delito que los vincule ni hay presuntas responsabilidades que a ellos los tengan sometidos y ahorcados económicamente, por eso me uno, me solidarizo con esta parte de Caborca, yo la conozco, fue un edén en la siembra de la uva y de otros productos, algodón, trigo hace años, no sé ahora, pero me da mucha tristeza que los productores, que los empresarios, que los empresarios pequeños y que los ciudadanos en general estén siendo precisamente obligados a mantener una situación de verdadero ahogo económico en sus actividades. Ojalá y la Asamblea vote a favor para que hoy mismo puedan tomarse medidas en esta decisión urgente en beneficio del pueblo de Sonora, de Caborca, particularmente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ricardo Monreal. ¿Algún otro Senador que quisiera hacer uso de la palabra?, de no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo que se ha presentado y que acaba de ser considerado de urgente y obvia resolución. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Se concede la palabra al Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se emite un pronunciamiento contra las violaciones a la legalidad en que incurrió el Congreso de Tlaxcala al aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

- El C.Senador Alfonso Sánchez Anaya: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El pasado jueves 15 de octubre, en la sesión ordinaria del Congreso Local del Estado de Tlaxcala, fueron aprobadas con 17 votos a favor y 13 en contra, diversas reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

El debate y posterior aprobación de la nueva Ley Orgánica de la UAT, cuya iniciativa de reformas fue enviada por la casa de estudios, plantea, entre otros aspectos, la posibilidad de reelección del Rector, de los coordinadores de divisiones académicas, directores de facultades y de unidades, por cuatro años más.

Con la aprobación de esta reforma, se permite la reelección del Rector en un periodo inmediato, lo que significa que Serafín Ortiz Ortiz, hermano del Gobernador del Estado de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, una vez más podrá ocupar el cargo, lo que sumado a los tres periodos que ocupó el propio Héctor Ortiz daría poco más de dos décadas en las que la familia Ortiz Ortiz mantiene el control de esa casa de estudios.

Es importante señalar que dicha iniciativa ya se había presentado en el mismo periodo de sesiones y había sido desechada, este suceso es notable porque se viola flagrantemente el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que establece que no se puede incluir en un mismo periodo de sesiones, un proyecto de ley o Decreto que ya había sido desechado por el Congreso.

Durante el desarrollo de la sesión en el Congreso de Tlaxcala, otro de los hermanos del Gobernador, Rodolfo Ortiz Ortiz, junto con un grupo de personas ajenas al Poder Legislativo ingresaron al salón de plenos, acto a todas luces ilegal, y que hizo necesario que los legisladores los invitaran a salir del recinto. Ilegal también fue la forma como Serafín Ortiz llegó a la Rectoría de la UAT.

En 2005, cuando inicia su periodo como Gobernador de Tlaxcala Héctor Ortiz, el Rector de la UAT era Sandino Leonel Lelis Sánchez. Y para octubre de ese año, faltándole todavía tres de su periodo, el gobernador lo hace renunciar y le crea una Subsecretaría de Educación Pública como premio de consolación para que su hermano Serafín quede como encargado de la Rectoría. Acto seguido, el Consejo Universitario lo elige Rector por un periodo completo.

Irregular resulta igualmente la manera como Serafín se mantiene como Rector, ya que su periodo de cuatro años terminó en días pasados, no obstante lo cual rindió protesta por dos años más, después ya vendrá la reelección, ya que su periodo fue ampliado por ese lapso de tiempo por el Congreso Universitario.

Sin que esa figura de ampliación del mandato exista en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala violándose con ello la ley. Cabe resaltar que los resultados que ha arrojado la UAT de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala se encuentra por debajo de la media nacional en lo que se refiere a la calidad de la educación que imparte a sus alumnos.

Sin embargo, aún con estos resultados, se prolonga el control de la familia Ortiz por otro periodo, con el hermano del gobernador como Rector.

El asunto no es menor, la calidad de educación, en cualquiera de sus niveles, debe ser una prioridad dentro de las actividades legislativas, misma que debe estar por encima de cualquier interés político o ideológico.

Las universidades no deben ser botín en controversias ideológicas o respaldo de intereses económicos o políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Que esta Soberanía emita un pronunciamiento contra las violaciones a la legalidad en que incurrió el Congreso de Tlaxcala al aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que exhorte al Congreso de Tlaxcala a que cumpla con lo dispuesto por la propia normatividad corrigiendo y previniendo acciones que atenten contra el estado de derecho.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITE UN PRONUNCIAMIENTO CONTRA LAS VIOLACIONES A LA LEGALIDAD EN QUE INCURRIO EL CONGRESO DE TLAXCALA AL APROBAR LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Alfonso Sánchez Anaya, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de Acuerdo para que esta soberanía emita un pronunciamiento contra las violaciones a la legalidad en que incurrió el Congreso de Tlaxcala al aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado jueves 15 de Octubre, en la sesión ordinaria del Congreso Local del Estado de Tlaxcala, fueron aprobadas con 17 votos a favor y 13 en contra, diversas reformas a Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

El debate y posterior aprobación de la nueva Ley Orgánica de la UAT, cuya iniciativa de reformas fue enviada por la casa de estudios, plantea, entre otros aspectos, la posibilidad de reelección del Rector, de los coordinadores de divisiones académicas, directores de facultades y de unidades, por cuatro años más.

Con la aprobación de esta reforma, se permite la reelección del Rector en un periodo inmediato, lo que significa que Serafín Ortiz Ortiz, hermano del Gobernador del Estado de Tlaxcala (Héctor Ortiz Ortiz), una vez más, podrá ocupar el cargo, lo que sumado a los tres periodos que ocupó el propio Héctor Ortiz, daría poco más de dos décadas en las que la familia Ortiz Ortiz estaría al frente de esa casa de estudios.

Es importante señalar que dicha iniciativa ya se había presentado en el mismo periodo de sesiones y había sido desechada, este suceso es notable porque se viola flagrantemente el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que establece que no se puede incluir en un mismo periodo ordinario, un punto que ya había sido abordado y rechazado antes.

Durante el desarrollo de la sesión, otro de los hermanos del Gobernador, Rodolfo Ortiz Ortiz, junto con un grupo de personas ajenas al Poder Legislativoingresaron al salón de plenos, lo que a pesar de estar prohibido, les fue permitido por el director de Comunicación Social del Congreso, lo que hizo necesario que legisladores los invitaran a salir.

El pasado 20 de octubre, los dirigentes del PRD, Luis Roberto Macías Laylle, del PRI, Ubaldo Velasco Hernández, Panal, Rafael Zambrano y PT, José Juan Piedras Romero, informaron que en próximos días impugnarán la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por ser una “clara muestra” de “corrupción” por parte de la administración de Héctor Ortiz Ortiz.

Reiteraron que la aprobación que se realizó en el Congreso, de manera violenta con la intromisión “gansteril” del otro hermano del gobernador, Rodolfo Ortiz, a la sala de Plenos en “compañía de golpeadores”, violando la soberanía del poder legislativo, no tiene validez, fundamentalmente por que se trasgredió el artículo 51 de la Constitución local, que señala que un proyecto rechazado no podrá subirse nuevamente en ese mismo periodo

De acuerdo a las evaluacionesrealizadas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad Autónomade Tlaxcala se encuentra por debajo de la media nacional en lo que se refiere a la calidad de la educación que imparte a sus alumnos.Con estos resultados, una vez más se prolonga ahora por siete años más al hermano del gobernador su mandato como Rector.

El asunto no es menor, la calidad de la educación, en cualquiera de sus niveles, debe ser una prioridad dentro de las actividades legislativas, misma que debe estar por encima de cualquier interés político o ideológico.

Portodo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Senadores debemos cuidar y ser garantes de la legalidad, el respeto a nuestras leyes, que afortunadamente previenen y limitan justamente el abuso en el actuar de las autoridades en todos sus niveles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Que esta soberanía emita un pronunciamiento contra las violaciones a la legalidad en que incurrió el Congreso de Tlaxcala al aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y queexhorte al Congreso de Tlaxcala a que cumpla con lo dispuesto por la propia normatividad corrigiendo y previniendo acciones que atenten contra el Estado de Derecho.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.

Sen. Alfonso Sánchez Anaya”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Sánchez Anaya. Túrnese a la Comisión de Federalismo para los efectos correspondientes.

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Mesa Directiva un Acuerdo sobre cambio en Comisiones, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.


1 Página oficial del Gobierno del Estado de Sonora. http://www.sonora.gob.mx/includes/getpage.asp?url=http://www.sonora.gob.mx/portal/default.asp?page=188

2 Según información proporcionada por el Subsecretario del Trabajo en la reunión con el Grupo Especial Cananea del 29 de julio del presente año.

3 Nota “Realizarán auditoría en la administración saliente en Cananea”. Periódico El Mineral, viernes 25 de septiembre de 2009. Año I, número 075.

1Fuente: Revista Contralínea 137 / 28 de junio de 2009.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“México, D.F., a 27 de octubre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senador ARTURO ESCOBAR Y VEGA deja de formar parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y, en su lugar, se designa como integrante de la misma a la Senadora LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS.

SEGUNDO.- Se designa al Senador ARTURO ESCOBAR Y VEGA como Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

TERCERO.- El Senador FERMIN TRUJILLO FUENTES deja de formar parte de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana y, en su lugar, se designa al Senador ALFONSO ELIAS SERRANO.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el Acuerdo al que se acaba de dar lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo de la Junta de Coordinación Política es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones del Senado. Comuníquese.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Arroyo Vieyra, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Para rogarle su consideración a efecto de que esta proposición con punto de Acuerdo que presentó el señor Senador Sánchez Anaya, y que tiene que ver con un diferéndum en la Universidad de Tlaxcala, sea returnado no a la Comisión de Federalismo, pero nos imaginamos que podría ser la de Educación. Está a su consideración.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Es que el punto de Acuerdo es inconformidad con el Congreso del Estado al reformar la Ley Orgánica de la Universidad, no es estrictamente con la Universidad, es un asunto del ámbito de competencia del Congreso Local, por eso la sugerencia de que se turnara a la Comisión de Federalismo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) De cualquier manera no tenemos facultades, pero pues hágase la voluntad del señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Arroyo.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a nombre de los grupos parlamentarios, para presentar un punto de Acuerdo en contra del bloque impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Gracias, señor Presidente; queridos compañeros y compañeras:

A nombre de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, del PT y de Convergencia, vengo a presentar aquí un punto de Acuerdo que ha sido histórico en el Senado de la República.

El día de mañana, en Naciones Unidas, se presentará una vez más el punto sobre el bloqueo a Cuba. Cada año ha venido siendo presentado este punto y cada año ha venido cambiando la forma en la que se ha resuelto siempre favorable hacia Cuba.

Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de presentarlo y pedirlo que sea de urgente y obvia resolución, dado que esto es para la presentación de mañana.

La necesidad de que nuestro país vote a favor de que se termine de una vez por todas con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.

Este bloqueo es una agresión y una afrenta inaceptable a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba, al pueblo de México, además de ser una medida anacrónica, absurda y probadamente ineficiente, más aún en medio de un mundo inmerso en una grave crisis económica como la que estamos viviendo.

El bloqueo contra Cuba tiene un alcance extraterritorial contra el principio internacional de Libre Comercio, atenta contra la soberanía de terceros países y los derechos de sus ciudadanos, ya que impone sanciones de leyes norteamericanas contra personas, empresas y estados independientes como una grave violación a la soberanía de estos estados.

El expresidente George Bush endureció las sanciones contra empresas y personas norteamericanas y hacia terceros países para todos los que tenían un vínculo de negocios o de intercambio comercial contra Cuba. Entre mayo de 2007 y abril de 2008, el departamento del tesoro norteamericano incrementó las amenazas y la persecución de las instituciones financieras y bancarias de ambos países con el objeto de interrumpir cualquier tipo de relación o transacción con Cuba.

El expresidente de los Estados Unidos alentó la aplicación extraterritorial de leyes norteamericanas contra ciudadanos, instituciones y empresas de naciones que mantienen relaciones económicas, tecnológicas, comerciales y financieras o aún científicas y tecnológicas con Cuba.

El proceso de globalización internacional con el que estamos involucrados con las fusiones, compras de empresas o participación de capital norteamericano ha causado un grave daño a Cuba, obstaculizando en diversos países negociaciones con clientes y socios de muchos años y con proyectos muy interesantes para todos los países.

Las diversas leyes norteamericanas que conforman el bloqueo a Cuba, afectan a México en forma especial porque no le permiten vender libremente hacia Estados Unidos. Las empresas de cualquier parte del mundo que exportan productos de cualquier parte del mundo se les prohíbe que en su elaboración contengan materias primas, piezas o componentes de cualquier tipo de origen cubano.

También se prohíbe que subsidiarias norteamericanas que se encuentran en cualquier país mantengan transacciones con empresas de Cuba. Se impide que empresas de cualquier país también de cuya tecnología rebase el diez por ciento de componentes estadounidenses, se vendan a Cuba, a los empresarios y a sus familias que realizan negocios con Cuba, se les niega la Visa de Estados Unidos y se les amenaza con ser acusados ante tribunales norteamericanos en el caso en el que los negocios que tengan con Cuba se realicen con propiedades que fueron en el pasado propiedades de empresarios norteamericanos o de cubanos que hoy son ciudadanos norteamericanos.

Se prohíbe también que los bancos de cualquier país abran cuentas en dólares norteamericanos a empresas o personas cubanas o a quienes lleven a cabo transacciones financieras y contratos en dicha moneda con entidades o personas cubanas.

Se niegue el acceso a buques de cualquier matrícula, la entrada a puertos estadounidenses cuando hayan transportado o transporten productos desde o hacia Cuba.

Un cálculo conservador del gobierno cubano muestra que el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba ha ocasionado, hasta diciembre de 2008, pérdidas económicas a la isla por un valor superior a los 96 mil millones de dólares.

El bloqueo contra Cuba, y vale la pena dejar claro, bloqueo, porque hay quien quiere decir que es un embargo y esto cambia mucho el fondo del asunto. Esto es realmente un bloqueo económico, comercial, cultural y financiero, en todos los ámbitos, tiene efectos especialmente negativos en la alimentación y en la salud de Cuba; Cuba tiene que comprar los productos alimenticios y los componentes insumos para el sector salud de países mucho más lejanos y a precios mucho más altos.

Ha sido, por lo tanto, el factor que ha generado altos costos en el desarrollo, pese a esos altos costos Cuba ha salido adelante en los temas de salud y de educación.

Recientemente se prorrogó en Estados Unidos la ley que mantiene vigente el bloqueo, pese a que el Presidente Obama cuenta con amplias facultades ejecutivas para cambiar esta política. Existen quienes quieren creer que las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos de permitir a los cubanos con familiares en Cuba, cubanos norteamericanos, con familiares en Cuba puedan viajar, es el inicio del fin del bloqueo. Yo no lo veo así, creo que todavía no hay señas claras. Esto es solamente volver al nivel en el que se encontraban las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2004.

La administración del Presidente Barack Obama mantiene la prohibición de viajar a la Isla a los cubanos que no tienen familia en Cuba o a los norteamericanos, quiero decir, porque llama la atención que el país que más promueve el libre comercio, prohíba a sus empresas y a las empresas de todo el mundo hacer comercio, pero también el país que más habla de las libertades, no permita a sus ciudadanos viajar libremente a donde quieran, como es el caso de Cuba, o sea, no existe, no sé de qué signo podría ser, pero es una aberración absoluta.

El Senado de la República ha aprobado ininterrumpidamente enérgicas condenas al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba, por ya casi 50 años, exigiendo se levante en forma inmediata e incondicional y solicitando al Ejecutivo Federal el voto de México en este sentido el día de mañana 28 de octubre en la sede de Naciones Unidas.

Nos preguntamos, ¿cómo va a votar Estados Unidos? Es una pregunta que vale la pena hacerse, si todos ustedes recuerdan, hace apenas unos días se le acaba de entregar al Presidente Obama el Premio Nobel de la Paz, valdría la pena que el Presidente Obama y el gobierno de los Estados Unidos ante tal distinción evaluaran el tema del bloqueo genocida que tienen contra la Isla de Cuba, porque esto va en contra de los derechos humanos, porque va en contra de la paz, y alguien que tiene el Premio Nobel de la Paz no puede seguir manteniendo un bloqueo como este.

Antes de terminar, quiero decirles que estas reuniones con las Naciones Unidas iniciaron a partir de 1992, que en 1992 votaron a favor 59, votaron 3 en contra y hubo 71 abstenciones. Esto ha venido cambiando a través de los años…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Polevnsky, le ruego que concluya.

- La C. Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Estoy por terminar, señor Presidente, y así lo haré.

Esto ha venido cambiando a través de los años, y el año pasado en 2008, 185 países votaron en contra del bloqueo, entre los que se encuentra México, tres votaron a favor del bloqueo y dos se abstuvieron, es una inmensa mayoría los que estamos pidiendo y que en congruencia se acabe con este bloqueo.

El punto de Acuerdo es:

UNICO.- Las y los Senadores de la República exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que el voto de México, el próximo 28 de octubre, sea en contra del bloqueo y se pronuncie a favor de que la comunidad internacional tome medidas encaminadas a garantizar el levantamiento de dicho bloqueo.

Es cuanto, señor Presidente.

Y nada más le recuerdo que está pedido de urgente y obvia, y le suplico que éste se inserte en el Diario de los Debates porque hicimos modificaciones al mismo.

Gracias.

Propuesta

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN), PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (PRD), PARTIDO VERDE ECOLGISTA DE MEXICO (PVEM), PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO DEL TRABAJO (PT), EN CONTRA DEL BLOQUEO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN CONTRA DE LA REPUBLICA DE CUBA

“Los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Convergencia y Partido del Trabajo (PT), sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo sobre el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos de Norteamérica mantiene en contra de Cuba, solicitando se considere de urgente y obvia resolución.

CONSIDERACIONES

El próximo 28 de octubre será sometido a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Este bloqueo es una agresión y una afrenta inaceptable, a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba y al pueblo de México, además de ser una medida anacrónica, absurda y probadamente ineficiente y más aún en medio de un mundo inmerso en una grave crisis económica.

El bloqueo contra Cuba tiene un alcance extraterritorial contrario al principio internacional de libre comercio, atenta contra la soberanía de terceros países y los derechos de sus ciudadanos, ya que impone sanciones de leyes norteamericanas contra personas, empresas y Estados independientes, con grave violación a la soberanía de esos Estados.

El Expresidente George Bush endureció las sanciones contra empresas y personas norteamericanas o de terceros países que mantienen cualquier tipo de vínculo, negocio o intercambio con Cuba. Entre mayo de 2007 y abril de 2008, el Departamento del Tesoro norteamericano incrementó las amenazas y persecución de las instituciones financieras y bancarias de varios países, con el objetivo de interrumpir cualquier tipo de relación o transacción con Cuba.

El Expresidente de Estados Unidos, alentó la aplicación extraterritorial de leyes norteamericanas contra ciudadanos, instituciones y empresas de naciones que mantienen relaciones económicas, tecnológicas comerciales, y financieras o científico-técnicas con Cuba o en pláticas para sostenerlas.

El proceso de globalización internacional en el que estamos involucrados, con las fusiones, compras de empresas o participación de capital norteamericano, ha causado un grave daño a Cuba, obstaculizando en diversos países negocios con clientes y socios de muchos años y con nuevos proyectos.

Las diversas leyes norteamericanas que conforman el bloqueo a Cuba, afectan a México y a las empresas mexicanas ya que:

A las empresas de cualquier parte del mundo que exportan productos a los Estados Unidos se les prohíbe que en su elaboración contengan materias primas, piezas, o componentes o cualquier tipo de productos de origen cubano.

También se prohíbe que subsidiarias norteamericanas que se encuentran en cualquier país mantengan transacciones con empresas en Cuba.

Se impide que empresas de cualquier país cuya tecnología rebase más del 10% de componentes estadounidenses vendan bienes y productos a Cuba.

A los empresarios (y a sus familiares) que realicen negocios con Cuba se les niega la visa para entrar en Estados Unidos y se les amenaza con ser acusados ante tribunales norteamericanos en el caso en que los negocios que tengan en Cuba se relacionen con propiedades que fueron propiedad de ciudadanos estadounidenses, o personas que hayan nacido en Cuba y que adquirieron la ciudadanía posteriormente.

Se prohíbe que los bancos de cualquier país abran cuentas en dólares norteamericanos a empresas o personas cubanas o a quien lleve a cabo transacciones financieras y contratos en dicha moneda con entidades o personas cubanas.

Se niega el acceso a buques de cualquier matrícula la entrada a puertos estadounidenses cuando hayan transportado o transporten productos desde o hacia Cuba.

Un cálculo conservador del gobierno cubano muestra que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ha ocasionado, hasta diciembre de 2008, pérdidas económicas a la Isla por un valor superior a los 96 mil millones de dólares.

El bloqueo contra Cuba, tiene efectos especialmente negativos en la alimentación y en la salud. Ha sido el factor que ha hecho altamente caro el progreso de Cuba al nivel que su sistema educativo, social y de salud le hubiera permitido para el bienestar de su pueblo.

Recientemente se prorrogó en E.U.A. la ley que mantiene vigente el bloqueo, pese a que el Presidente Obama cuenta con amplias facultades ejecutivas para cambiar esta política. Existe quien quiere creer que las medidas tomadas que eliminan restricciones para que los cubanos residentes en Estados Unidos visiten a sus familiares en Cuba y les envíen remesas, artículos y regalos son el preludio del fin del bloqueo.

Estas acciones son de alcance muy limitado y solo regresan a la situación existente en el año 2004, antes de que George Bush impusiera las restricciones que endurecieron el bloqueo y que ahora se levantan.

La administración del Presidente Barack Obama mantiene la prohibición de viajar a la Isla a cubano-americanos residentes en Estados Unidos que no tengan familiares en Cuba y a ciudadanos estadounidenses.

El Senado de la República ha aprobado ininterrumpidamente enérgicas condenas al bloqueo que Estados Unidos mantiene en contra del pueblo de Cuba por ya casi 50 años, exigiendo se levante en forma inmediata e incondicional y solicitando al Ejecutivo Federal el voto de México en este sentido, el día de mañana 28 de octubre, en la sede de las Naciones Unidas.

Nos preguntamos como va a votar estados Unidos, después de que su Presidente acaba de ser distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Existe la seguridad de que Estados Unidos se negará nuevamente a acatar la resolución contundentemente mayoritaria de la ONU, ya que la llegada del Presidente Obama a la Casa Blanca no ha significado un cambio real en la aplicación del bloqueo.

A partir de 1992 se han realizado en la ONU votaciones anuales para manifestar el sentir de los países sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, creciendo los países que se manifiestan a favor de eliminar el bloqueo, con los siguientes resultados.

AÑOS

A FAVOR

EN

CONTRA

ABSTENCION

1992

59

3

71

1993

88

4

57

1994

101

2

48

1995

117

3

38

1996

137

3

25

1997

143

3

17

1998

157

2

12

1999

155

2

8

2000

167

3

4

2001

167

3

3

2002

173

3

4

2003

179

3

2

2004

179

4

7

2005

182

4

1

2006

183

4

1

2007

184

4

1

2008

185

3

2

En congruencia a lo que México y este Senado han sostenido y ante la próxima votación en la ONU, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, solicitando a usted señor Presidente se considere de urgente y obvia resolución y se ponga a consideración de inmediato:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Las y los Senadores de la República exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que el voto de México el próximo 28 de octubre sea en contra del bloqueo y se pronuncie a favor de que la comunidad internacional tome medidas encaminadas a garantizar el levantamiento de dicho bloqueo.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de octubre de 2009”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora YeidckolPolevnsky. Con mucho gusto que se inserte en el Diario de los Debates, y como ha sido solicitado, y conforme al Reglamento para el Gobierno Interior, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente u obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo presentado. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Por último, en el apartado de puntos de Acuerdo y a solicitud del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, se le otorga la palabra para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta atender el caso de los 6 recién nacidos fallecidos en el hospital del IMSS, en el municipio de Tapachula, Chiapas, por considerarlo un asunto de urgente y obvia resolución.

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En los primeros días de octubre fallecieron seis niños recién nacidos en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula, Chiapas.

Mientras que otros seis bebés atendidos en ese mismo hospital, presentaron complicaciones graves que los tuvieron al borde de la muerte.

A casi un mes de haber ocurrido estos lamentables acontecimientos que causaron dolor a seis familias tapachultecas e irritación entre la población, no existe un informe oficial que esclarezca las causas de estas muertes.

Tan sólo hay declaraciones aisladas por parte de los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social que apuntan a una bacteria o a la presencia de un virus en el área neonatal de ese nosocomio.

A casi un mes de distancia no hay información que precise los hechos.

No sabe la población derechohabiente qué tipo de acciones se tomaron para evitar que se vuelva a repetir la tragedia, y no hay certeza de que se hayan tomado las medidas para reparar el daño a las familias afectadas.

Lo que sigue habiendo es mucho dolor, mucha rabia, mucho temor a utilizar los servicios de este hospital, y mucha impotencia porque se percibe que las autoridades no actúan en consecuencia, ni con la rapidez que le exigen los acontecimientos.

Por eso, el punto de Acuerdo que les estamos proponiendo tiene como finalidad solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social que tome acciones institucionales para atender este lamentable caso y brindarle el apoyo del Senado para que pueda darle una solución integral.

Por principio de cuentas, las instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula, se ubican en una zona que es señalada como de alto riesgo, ya que en el año 2005, con el huracán “Stan” el edificio se inundó hasta el primer piso, dejándolo vulnerable a futuras contingencias naturales y a focos insalubres al ubicarse en las zonas del río Coatán, que hace 4 años desbordó su cause y desbastó amplias zonas de este municipio chiapaneco.

Las y los habitantes de este municipio del Soconusco, han planteado en innumerables ocasiones la reubicación inmediata del hospital a una zona más segura, y creo que su demanda debe ser atendida de manera urgente, pues se trata de una medida de protección civil que debe ser prioritaria por tratarse de un hospital que brinda servicios a cientos de personas cada día.

En segundo término, creemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe tomar medidas para reparar el daño provocado a los padres de las familias que fueron afectadas por las muertes de sus pequeños hijos.

Creemos que por justicia elemental se les debe indemnizar tal y como se ha procedido en otros casos.

Finalmente, queremos expresar la necesidad de que se profundice la investigación correspondiente para que la población derechohabiente y los familiares sepan al menos qué causó la muerte de estos seis bebés, y aparte, consideramos que sus resultados deben hacerse del conocimiento público, así como las acciones que se están tomando para que estos lamentables hechos nunca más se vuelvan a repetir.

Por último, hay que ser claros y reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una noble institución que a todos conviene apoyarla y trabajar unidos para hacerla más fuerte.

Sabemos que actualmente cruza por una grave crisis financiera que le impide cumplir a cabalidad con sus objetivos, y no lo vemos como un problema exclusivo de sus directivos, sino como un reto que nos compete a todos los mexicanos resolver por encima de colores partidistas.

Con lo ya expuesto y por la urgencia de atender un caso de esta gravedad, es que les solicitamos a las Senadoras y a los Senadores de la República, su respaldo al presente punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos que les proponemos aprobar.

PRIMERO.- Que el Senado exhorte al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que profundice en la investigación para dar con las causas de la muerte de estos seis bebés y que sus resultados los haga del conocimiento público.

SEGUNDO.- También que el Senado pida al Instituto Mexicano del Seguro Social, proceda a indemnizar de manera inmediata a los padres de las víctimas como una medida para repararles el daño causado en la medida de lo posible.

TERCERO.- Que las y los Senadores solicitemos a las áreas de protección civil del gobierno federal se coordinen con el Instituto Mexicano del Seguro Social para concretar la reubicación de este hospital, pues la seguridad de los derechohabientes y del personal médico que ahí labora, debe de ser prioritaria.

CUARTO.- Que la Cámara de Senadores haga un exhorto respetuoso a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que destine una partida especial al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que se pueda financiar la reubicación de este hospital.

Creemos que sin caer en las estridencias, ni en linchamientos innecesarios, con estos 4 resolutivos estaremos en condiciones de pedir medidas y soluciones institucionales que beneficiarán a la gente que habita en la costa del estado de Chiapas y que utiliza los servicios de esta gran institución como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nunca más otro niño muerto en un hospital por causas que pudieron evitarse.

Finalmente, le solicito, señor Presidente, que el texto del presente Acuerdo sea incluido de manera íntegra en el Diario de los Debates, y que con base en el Reglamento Interior del Congreso de la Unión, lo ponga usted a consideración de la Asamblea como de urgente y obvia resolución, esperando contar con el respaldo de mis compañeras y mis compañeros Senadores.

Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES A ATENDER EL CASO DE LOS SEIS RECIEN NACIDOS FALLECIDOS EN EL HOSPITAL DEL IMSS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A principios del mes de octubre, seis bebés recién nacidos murieron en el área neonatal del Hospital del Seguro Social (IMSS) ubicado en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Las primeras versiones dadas a conocer por las autoridades de esa Institución a través de diversos medios de comunicación locales y nacionales, apuntan a que la causa de este lamentable hecho, que enlutó a seis familias de ese municipio fronterizo, fue una bacteria o un virus.

Sin embargo, no hay hasta el momento la certeza de que haya sido esa la causa del fallecimiento de estos menores, lo que ha dejado en incertidumbre total a los padres de familia afectados y lo que ha causado zozobra entre la población que hace uso de este servicio.

Según lo declarado por la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Chiapas, “los bebés presentaron fiebre y repentina pérdida de peso”, aunque también se señaló que “los recién nacidos eran prematuros” y que por esa razón eran más vulnerables a contraer una infección.

Un caso similar ocurrió en el municipio de Comitán de Domínguez de esta Entidad en el año de 2003, en donde se registraron una treintena de decesos de bebés en un nosocomio dándose una misma versión sobre un virus o una bacteria como causa de la muertes, sin que hasta ahora se sepa con exactitud la raíz de esos hechos porque nunca se dieron a conocer los resultados de las investigaciones correspondientes, ni tampoco se procedió a deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar.

En cuanto a los padres de las víctimas recientes en el municipio de Tapachula, han realizado diversas marchas para exigir explicaciones al IMSS y para que se haga justicia por su dolorosa pérdida.

Sin embargo, a casi un mes de haber ocurrido la muerte de estos seis bebés, no ha habido respuesta satisfactoria a las demandas planteadas por las familias afectadas, y nosotros creemos que más allá del deslinde de responsabilidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe poner en marcha acciones institucionales contundentes para garantizar que sus instalaciones ofrezcan la seguridad y la calidad en el servicio que se merece la población.

Mencionamos y enfatizamos lo anterior, porque la ubicación del nosocomio referido expone la seguridad de los usuarios y del personal médico que ahí labora, toda vez que dicho hospital fue uno de tantos edificios que al encontrarse en la zona del río Coatán, se inundó hasta el primer piso en octubre del 2005 tras el paso devastador del huracán “Stan”.

Por ello, su reubicación ha sido una demanda permanente de la población desde que “Stan” hizo estragos en ese municipio de la Costa chiapaneca, y constituye una prioridad en materia de protección civil que debe ser atendida de inmediato porque no queremos que después sea demasiado tarde por tratarse de una zona proclive a futuras inundaciones.

Del mismo modo, consideramos que el IMSS debe proceder de igual forma como lo ha hecho en otros casos, a reparar en la medida de lo posible el daño causado a los afectados por el servicio que presta en sus instalaciones, pues creemos que hacerlo representa una medida de justicia hacia los padres de las víctimas.

Finalmente, creemos que el deslinde de responsabilidades es una facultad que corresponde a esta Institución y la cual respetamos, porque consideramos debe darse en el marco de los resultados que arrojen las investigaciones correspondientes.

El fondo de la presente propuesta, es que las autoridades del IMSS actúen para que nunca más un recién nacido muera en sus hospitales por causas que pudieron haberse evitado y prevenido, exhortándolas a que tomen medidas institucionales e informen de sus resultados a la sociedad que hoy día, con la muerte de estos seis bebés, exige transparencia, veracidad y sensibilidad social.

También reconocemos que el IMSS es una noble Institución que todos debemos apoyar trabajando unidos para fortalecerla, pues sabemos que arrastra una grave crisis financiera que la debilita para cumplir a cabalidad con sus objetivos, pero que más allá de ser un problema exclusivo de sus autoridades, representa una asignatura que nos debe unir a todas y todos los mexicanos por encima de colores partidistas para darle una solución integral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de las Senadoras y los Senadores de la República, el presente punto de Acuerdo al tenor de los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el marco de sus atribuciones, profundice en la investigación para dar con la causa que produjo la muerte de seis recién nacidos en el área neonatal del Hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, e informe de sus resultados a la sociedad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que proceda a indemnizar a los padres de los seis recién nacidos que fallecieron en el área neonatal del Hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, e informe a la sociedad sobre las estipulaciones y montos de las mismas.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicien los trabajos tendientes para la reubicación del Hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, contemple una partida extraordinaria al Presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que esta Institución pueda concretar la reubicación del Hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Recinto del Senado de la República, a 27 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Velasco Coello. Y desde luego se insertará íntegra la propuesta en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica; si conforme al Reglamento, considera este asunto de urgente y obvia resolución.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión la propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Se recibió de los Senadores Alejandro González Yáñez, Tomás Torres Mercado, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Antonio Mejía Haro, Andrés Galván Rivas, José Isabel Trejo Reyes, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Claudia Sofía Corichi García y Ricardo Monreal Avila, de los estados de Zacatecas y Durango, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen mayores recursos para concluir la carretera Zacatecas-Durango, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010, SE OTORGUEN MAYORES RECURSOS PARA CONCLUIR LA CARRETERA ZACATECAS-DURANGO

“Las Senadoras y los Senadores de los estados de Zacatecas y Durango, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados este punto de acuerdo con la finalidad de que se incremente el presupuesto de 2010 para concluir la modernización y ampliación de la carretera federal 45, Durango-Zacatecas, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Desde hace varias décadas en el mundo, las comunicaciones de todo tipo pero en especial las terrestres, han adquirido un papel fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es claro que las poblaciones alejadas e incomunicadas están condenadas a permanecer en el abandono total, ya que viven en la pobreza y en la marginación, pero sobre todo en el aislamiento indisoluble.

Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios.

En México, la modernización y ampliación de la red carretera se ha dado paulatinamente pero de manera desigual entre las diferentes entidades federativas, provocando con ello el retraimiento de sus municipios y localidades, tanto hacia al interior de la entidad, como de los ayuntamientos.

Además, se debe considerar que en la actualidad el transporte de personas como el de mercancías es más barato por la vía terrestre, amén que por la ruta aérea es oneroso y con destinos muy selectos y el ferroviario es prácticamente inexistente.

La reducida comunicación terrestre dada por la falta de vías de comunicación o por el deterioro de las ya existentes, va acorde con los niveles de algunos de los principales indicadoressociodemográficos, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En el caso de Durango, si bien se ubica en el cuarto lugar por su extensión territorial, por su número de habitantes se coloca en lugar veintitrés y por su participación dentro de la producción nacional está en lugar veinticinco.

Igualmente, Zacatecas tiene el séptimo lugar en cuanto a su extensión territorial, por su población está en el sitio veinticinco y por su contribución a la producción nacional llega al lugar veintiocho.

A ello debemos añadir que una parte importante de su producción estatal se ubica en actividades agropecuarias con trece por ciento en ambas entidades, su población crece a ritmos ínfimos de 0.72 por ciento en Durango y de 0.18 por ciento en Zacatecas; lo que refleja ínfimas condiciones de vida de sus habitantes, que los ubica en condiciones muy altas de atraso.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que las comunicaciones terrestres no se encuentran acordes con las necesidades que demanda la vida actual.

Con esos indicadores, entre muchos otros, resulta imperativa la necesidad de aumentar y modernizar la infraestructura en comunicaciones terrestres con la finalidad de dinamizar la economía de ambas entidades, así como de los estados vecinos.

Por ello, se hace ineludible aumentar y modernizar las carreteras, sobre todo las que ligan a las principales ciudades de los dos estados.

Entre los principales beneficios que acarrearía esta obra de infraestructura, destacan que este tramo carretero concentra el tráfico vehicular que circula en la zona centro del país, con destino a Durango o al norte de México.

Además, su modernización permitirá disminuir los riesgos de accidentes, permitirá el desplazamiento vehicular más ágil, con la finalidad de aminorar los costos de operación así como los tiempos en los recorridos, lo cual permitirá dar a ambas entidades mayor competitividad al transporte de carga y de pasajeros por tierra.

Asimismo, serán beneficiados directamente, más de un millón de habitantes. Por la parte de Durango a los que viven en los municipios de Durango, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas y Súchil; y por el lado de Zacatecas: Sombrerete, Fresnillo, Juan Aldama, Chalchihuites, Valparaíso, Río Grande, Saín Alto, Jiménez del Teul, así como la propia capital.

De manera directa beneficiará a mucho más usuarios de otras regiones de la República, contribuyendo también en la integración de corredores regionales que desarrollen y dinamicen el comercio, la industria y los servicios de todo tipo.

El proyecto en comento consiste en ampliar la carretera federal México 45 a un ancho de doce metros, compuesto por una carretera tipo A y una longitud de doscientos ochenta kilómetros; que se ubican 92.5 kilómetros en el estado de Durango y 187.5 kilómetros en el estado de Zacatecas.

Actualmente, se encuentra en proceso de construcción 29.5 kilómetros por la parte de Durango, quedando por construir sólo tres kilómetros; mientras que por Zacatecas falta por construir 93.5 kilómetros con una inversión de 673.2 millones de pesos para concluir la obra.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen recursos adicionales por 673.2 millones de pesos para concluir la carretera Zacatecas-Durango, la cual constituye el eje troncal de comunicación entre las capitales de ambos entidades.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente

Senadores por los estados de Zacatecas y Durango”.

Se recibió de los Senadores Francisco Herrera León, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer los Convenios de Colaboración en Materia Educativa, el cual se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LOS CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA EDUCATIVA CON EL OBJETIVO DE ABATIR EL ANALFABETISMO QUE PERSISTE EN EL PAIS

“Los suscritos, Francisco Herrera León, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación, como un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación del estado y está destinada a satisfacer necesidades sociales permanentes y sujetas al régimen de derecho público, aunque este servicio sea prestado también por particulares.

La educación debe encauzar al individuo para que alcance su desarrollo pleno y en armonía con sus semejantes y el medio ambiente, pero también integra otros fines como son incrementar sus valores éticos y el fortalecimiento de la identidad nacional.

En México, todo ciudadano tiene el derecho a recibir educación gratuita y el estado tiene la obligación de proporcionarla con el fin de formar al individuo como un ser que sirva a la sociedad. Pero también es una obligación del ciudadano asistir a la escuela básica con el fin de contribuir al desarrollo de la nación.

Hay que recordar que el objetivo del constituyente de 1917 es cumplir con una educación gratuita y universal por parte del Estado. La constitución ha servido de base para que durante las diferentes administraciones, los planes y programas se conciban en torno a los preceptos del artículo tercero.

En nuestro marco Constitucional se otorgan facultades al Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio públicoademás de señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

La educación pública en México, además de ser gratuita y laica, tiene como compromiso preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas.

Sin embargo, estos puntos de equilibrio en la interacción del poder público y la sociedad, de esos derechos y obligaciones en materia educativa, aún presentan grandes rezagos.

En el mes de septiembre pasado, el Instituto Nacional de los Adultos (INEA) dio a conocer que en el país existen 33 millones de personas con rezago educativo, lo que representa el 44% de la población mayor a 15 años. También se precisó que 6 millones de mexicanos son analfabetas, 10 millones más que carecen de primaria y 17 millones de secundaria. De acuerdo a esta información, los estados donde se presentan los principales rezagos educativos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Guanajuato.

De manera particular, en lo que se refiere a los Estados del Sureste mexicano: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los porcentajes de analfabetismo en personas de 15 años o más con relación a su población total se sitúa en los rangos de muy alto, alto y medio de acuerdo a los indicadores del CONEVAL, II Conteo de Población y Vivienda 2005, en donde el Estado de Chiapas ocupa el primer lugar con un rezago educativo con 21.33% y Oaxaca el tercero con un19.33%; También en estos estados, la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es de 9.65% y 6.18% respectivamente; pero los indicadores más dramáticos están en la población de 15 años y mas con educación básica incompleta, ya que en Chiapas alcanza un 64.65% y en Oaxaca un 62.59%.1

Si bien de acuerdo al informe de la UNICEF 2007, México ha logrado importantes avances en la situación de la niñez en el país, ha conseguido disminuir la mortalidad y la desnutrición infantil, y también ha logrado que más niños y niñas asistan a la escuela. Sin embargo, aunque la cobertura de educación primaria es casi universal, aún permanecen 1.2 millones de niños fuera de la escuela (Censo y Conteo 2005). Existen disparidades importantes en términos de calidad entre la educación privada y la pública, así como entre los ámbitos urbano y rural, afectando particularmente las regiones con alta proporción de población indígena.

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, México tenía una población de 103.263.388 millones de habitantes, de los cuales 2,277.049 eran analfabetas de entre 6 a 14 años lo que equivale al 12% de la población. De acuerdo a esa misma fuente, 7 de cada 100 hombres y 10 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir, aunque actualmente la educación básica primaria y secundaria, llega a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer y escribir. 2

Por otra parte, el Sistema Nacional de Geografía y Estadística reporta en el último censo del 2005, que la población nacional mayor de 15 años es de 68, 802 564 habitantes, de esta cifra el 8.4% no cuenta con escolaridad, el 14.3% con primaria incompleta, el 17.7% con primaria completa, el 4.3% con secundaria incompleta, secundaria completa el 21.7%, los estudiantes de media superior 18.5% y de superior 13.6%. Eso, sin contar que de cada 100 mexicanos sólo 23 pueden llegar a la educación superior, lo que significa un serio estancamiento a nivel nacional en el ramo educativo.

Ahora bien, en el Programa Nacional de Educación 2007-2012 se reconoce que, a pesar del esfuerzo de todo un siglo, hay evidencias suficientes de los rezagos del país ya que tan solo en educación básica se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron, o que nunca cursaron, la primaria o la secundaria. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años.

En el país, a los 6 años cumplidos se ingresa al primer año de primaria y, es a los 8 años de edad cuando se considera que los niños han adquirido la habilidad de la lectura y la escritura. En el 2008, el 2.5% de los niños de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir. En localidades de menos de 2 500 habitantes, la proporción de la población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir prácticamente se duplica, en relación al nivel nacional, ya que cinco de cada 100 niños se encuentran en dicha situación.

En este sentido, el reducir la tasa de analfabetismo, representa uno de los mayores retoseducativos del México actual. Los esfuerzos de la década sólo lograron una reducción de 2.6 puntos porcentuales. Cabe señalar que el mayor número de analfabetas se encuentra entre la población de más de 45 años que vive en poblaciones menores de 2 mil 500 habitantes. La inequidad entre el número de mujeres y hombres analfabetas hace ver la necesidad de un mayor esfuerzo para trabajar con las mujeres adultas.

Otro factor que incide en la problemática es que en nuestro país se presentan fenómenos demográficos que por su monto, dinámica e impacto incrementan la concentración de la población en las ciudades o zonas metropolitanas. Así por ejemplo, en los años 2000 y 2005 migraron a otra entidad federativa poco más de 14 mil niños hablantes de lengua indígena, 7,141 hombres y 7,222 mujeres; destacando como entidades de destino Sinaloa, Estado de México, Baja California y el Distrito Federal.

Cada año, aproximadamente 350,000 niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a los campos de cultivo. Menos del 10% de ellos asiste a la escuela (SEP 2007).

Las actividades laborales ponen a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de no completar su educación básica. De acuerdo a la OCDE (Education at a glance, 2007), el 28% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años de edad trabaja y no está estudiando. 3

Si bien todas estas cifras son dramáticas, hay que reconocer también que existen otros diversos factores que impiden tener avances en la educación nacional; a saber:

Un factor relevante para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria. Éste continúa siendo muy bajo en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas. Además, la brecha en calidad entre escuelaspúblicas y privadas sigue siendo considerable. Las pruebas EXCALE y ENLACE, aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), muestran que la condición socioeconómica de los estudiantes es el factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo.

La infraestructura educativa también presenta atrasos y desigualdades entre los distintos niveles. Por ejemplo, sólo poco más de la mitad de los planteles de secundaria se encuentra en nivel óptimo; en primaria, 14% de las escuelas presentan cuarteaduras en sus edificaciones. Las telesecundarias se encuentran en condiciones poco operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios de física, química y biología es todavía menor.

El sistema de educación indígena presenta severas deficiencias en la calidad de los servicios, que se traducen en bajos niveles de eficiencia terminal y resultados claramente inferiores a los promedios nacionales. Las dificultades que se presentan en el sector tienen que ver con la escasez de maestros bilingües, la presencia de alumnos que hablan diferentes lenguas en un mismo grupo, así como con el aislamiento y la marginación de las comunidades donde habitan.

Otros problemas del sistema nacional de educación apuntan a factores de organizacióncomo son el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida de los maestros y el personal directivo auxiliar. En efecto, aún sigue siendo una realidad que el sistema escolar da mayor énfasis a los aspectos administrativos del proceso educativo en lugar de los factores de aprovechamiento académico.

Por todo ello es necesario realizar acciones tendientes a abatir el rezago educativo que aún impera en nuestro país. Un ejemplo de las estrategias adicionales que se pueden realizar es el convenio que el 8 de septiembre de 2009 suscribió el gobierno de Guerrero, SEP, UNAM e INEA con 22 presidentes municipales de la región de la Montaña en el estado de Guerrero. En esta estrategia por la educación, la UNAM participará con brigadas multidisciplinarias de servicio social; el INEA lo hará en capacitación de estudiantes y financiamiento del proyecto que contempla en plan piloto la alfabetización en los municipios Chilapa de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Alcozaluca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac y Xalpatláhuac de la Región de la Montaña. Queda demostrado que se obtienen mejores resultados en beneficio de los mexicanos cuando se unen y se estrechan esfuerzos.

Compañeros legisladores:

Como una acción permanente México debe continuar con el abatimiento de los rezagos e inequidades mediante el fortalecimiento de la atención a grupos en situación de desventaja o con necesidades específicas como los indígenas, la población rural, la educación comunitaria y la ampliación y reforzamiento de la educación inicial.

Por todo ello, es a través de la educación en donde se pueden dar los mejores logros para México, necesitamos convenios y acuerdos de cooperación, además de proyectos orientados a la solución del problema, se requiere de compromisos y estrategias que den resultadosal interior de cada región del país, para lograr un desarrollo educativo nacional. Corresponde al Estado, junto con la sociedadtrabajar. Se requiere que las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, del magisterio, de los padres de familia, así como de nuestros niños y jóvenes, partan de un compromiso unificado para lograr abatir el rezago educativo.

Este rezago educativo en la juventud impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a crecimiento económico y superación de la pobreza. Este rezago afecta el logro de otros objetivos nacionales. En este mundo cada vez más competitivo, todos los actores sociales gobierno, padres,maestros, deben tener presente que el conocimiento debe transformarse y ser el factor más importante.

La principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres, las naciones que han logrado mejores condiciones de vida para su población se distinguen por haber puesto especial atención en una educación de calidad.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), promueva los convenios necesarios que den solución al problema de analfabetismo en el sureste del país; asimismo, se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para que fortalezca los programas institucionales dirigidos a las personas analfabetas adultos en todo el territorio nacional, particularmente en los estados de Chipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y municipios, a coadyuvar con instancias federales y universidades para la realización de convenios con el objeto de fortalecer la educación y se amplíen los trabajos de alfabetización en todas la regiones de nuestro país.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 27 octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.


1 FUENTE: indicadores índices y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/ 1026.xls

2 FUENTE:INEGI. II CONTEO DE Población y Vivienda 2005. Consultar

http://cuentame.inegi.gob.mx/población_/analfabeta.aspx?tema=P

3 (Citado en Panorama Educativo de México 2007 INEE).






EXCITATIVAS

En otro apartado del Orden del Día, se recibió del Senador Angel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 y adiciona un segundo párrafo al artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

“El suscrito, Senador Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se sirva enviar excitativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 67, inciso g de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminen la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se Reforma el Artículo 28 y se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2008, haciendo uso de la facultad que me confiere el artículo 71 Constitucional, presente ante el Pleno de la LX Legislatura del Senado de la República, la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se Reforma el Artículo 28 y se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera de esta Cámara de Senadores.

Dada la importancia temática del asunto planteado en la iniciativa para la dinámica de esta Cámara, es prioritario que se entre al estudio de las normas que rigen la vida diaria del Congreso General, como lo ha manifestado el grupo parlamentario de Acción Nacional y puntualizar entre otros muchos temas, el relacionado con la parálisis legislativa por obstruccionismos técnicos que pudieran llegar a acontecer en la práctica legislativa, mismos que se pueden evitar, razón por la cual solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, se sirva efectuar la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Se excita respetuosamente a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, a fin de que procedan a dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 28 y se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, a 27 de octubre de 2009.

Atentamente”.

En consecuencia, esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera a efecto de que presenten el dictamen correspondiente.

Asimismo, se recibió una solicitud de excitativa del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, PARA QUE RESPETUOSAMENTE EXCITE A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA A QUE PRESENTEN EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 123 APARTADO B FRACCION XI INCISO A) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 85 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.-En la sesión ordinaria del Senado de la República del jueves 30 de abril de 2009, presenté una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 apartado B fracción XI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- La iniciativa tiene como objeto elevar a rango constitucional, el que la seguridad social que se otorga a los trabajadores del Estado se proporcione sin condición alguna, con el fin de evitar prácticas discriminatorias.

Garantizando así el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, sin hacer distinción por razones de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Reconociendo a la seguridad social como un derecho de los ciudadanos.

Tercero.- Actualmente la problemática mantiene relevancia, ya que millones de personas son víctimas de la discriminación en el mundo del trabajo, lo cual genera que el acceso a la seguridad social sea ineficiente, de no atender esta problemática los trabajadores seguirán siendo víctimas de prácticas discriminatorias en torno al acceso a la seguridad social.

Cinco meses han transcurrido desde que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos del Senado de la República sin que hasta la fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a que presenten dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 apartado B fracción XI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones, a 27 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

Esta Presidencia emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para que presenten el dictamen que corresponda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura la Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se cita a la siguiente sesión el jueves 29 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:13 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

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Teléfonos: 51-30-22-28

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Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO


SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:



- Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el 26 y 27 de octubre de 2009, a fin de realizar una Visita de Estado a la República de Guatemala.



- Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el 30 y 31 de octubre de 2009, con el objeto de realizar una visita de trabajo a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.



- Oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.



- Oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Congreso de la República del Perú.



- Oficio con las propuestas ciudadanas de las Mesas de Trabajo del Foro Víctimas de Secuestro “Es Hora de Escuchar”.



- Oficio con el “Informe del Intercambio de Adiestramiento México-Francia”, conforme a lo dispuesto por el Artículo Segundo del Decreto que autorizó la salida de tropas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2009.


COMUNICACIONES

- Del C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite el informe de actividades de esa Comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.



- De los CC. Senadores Eloy Cantú Segovia y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, con la que remiten el Informe de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel organizado por la OCDE “Más Allá de la Crisis, Recuperación y Empleos Sostenibles”, que se llevó a cabo el 1 de octubre del año en curso, en París, Francia.



- Del C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por la que informa de la realización de un Foro sobre el Derecho de la Niñez en el caso de Padres Divorciados, que se llevará a cabo el 28 del presente mes.



- De la Directiva de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por las que informa del desahogo de 7 proposiciones con punto de Acuerdo turnados a esa Comisión.



- De la C. Senadora Rosario Ybarra de la Garza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por la que solicita ampliación del plazo señalado en la Base Octava de la Convocatoria Pública Abierta para designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se aprueba.
























PROPUESTAS

- De los CC. Senadores integrantes del Grupo Especial de Trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana con la Empresa Mexicana de Cananea, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados tomar previsiones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, con relación a la situación económica que vive el municipio de Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad.



- Del C. Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo sobre el Servicio Postal Mexicano.



- Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, que contiene punto de Acuerdo relativo al desarrollo científico y tecnológico en México.



- De los CC. Senadores Rosario Ybarra de la Garza y Francisco Xavier Berganza Escorza, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia porque cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Oriente No. 5 de Villa Aldama, en el estado de Veracruz y porque la causa penal número 464/2009 tramitada ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en Tepic, Nayarit se substancie y resuelva conforme a Derecho.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el pago de impuestos de diversas empresas.



- De la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se complementen las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.



- Del C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, a nombre propio y de los CC. Senadores Minerva Hernández Ramos, Rafael Moreno Valle Rosas y Humberto Aguilar Coronado, que contiene punto de Acuerdo con relación a la caja de ahorro COOFIA.



- Del C. Senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo sobre el cierre del Aeródromo de Caborca, Sonora, y la paralización de decenas de aeronaves de fumigación de la región. Interviene al respecto el C. Senador Ricardo Monreal Avila. Se aprueba.



- Del C. Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se emite un pronunciamiento contra las violaciones a la legalidad en que incurrió el Congreso de Tlaxcala al aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.


PROPUESTAS

- De la C. Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a nombre de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, del PT y de Convergencia, que contiene punto de Acuerdo en contra del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Se aprueba.



- Del C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a diversas instancias federales a atender el caso de los seis recién nacidos fallecidos en el hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas. Se aprueba.



- De los CC. Senadores Alejandro González Yáñez, Tomás Torres Mercado, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Antonio Mejía Haro, Andrés Galván Rivas, José Isabel Trejo Reyes, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Claudia Sofía Corichi García y Ricardo Monreal Avila, de los estados de Zacatecas y Durango, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen mayores recursos para concluir la carretera Zacatecas-Durango.



- De los CC. Senadores Francisco Herrera León, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer los convenios de colaboración en materia educativa con el objetivo de abatir el analfabetismo que persiste en el país.



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