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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 15

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Senador Carlos Navarrete Ruiz: (12:20 Horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum correspondiente.

Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Cortés Mendoza Marko Antonio, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Galindo Noriega Ramón, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Mendoza Garza Jorge, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orozco Gómez Javier, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Corichi García Claudia Sofía, Creel Miranda Santiago, Döring Casar Federico, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Ramírez Garrido Abreu Graco.

Senadores en comisión oficial: Alonso Díaz Caneja Angel, Green Macías Rosario, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Menchaca Castellanos Ludivina, Monreal Avila Ricardo, Moreno Uriegas María de los Angeles, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Ortuño Gurza María Teresa.

Senadores con aviso de inasistencia: Aceves del Olmo Carlos (inasistencia justificada), Berganza Escorza Francisco (inasistencia justificada), Cota Cota Josefina (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Galván Rivas Andrés (inasistencia justificada), García Zalvidea José Luis Máximo (inasistencia justificada), González González Felipe (inasistencia justificada), Leal Angulo Augusto César (inasistencia justificada), Martínez Manríquez Irma (inasistencia autorizada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia justificada), Orantes López María Elena (inasistencia justificada), Rivera Pérez Adrián (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Peredo Aguilar Rosalía, Sotelo García Carlos.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se encuentran presentes 105 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del día jueves quince de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento diez ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria del martes trece de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados)

Se recibió del Congreso del Estado de Michoacán, invitación para asistir a la sesión solemne del 195 aniversario de la expedición del Decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, a celebrarse el jueves 22 de octubre, en Apatzingán, Michoacán.- Se designó en comisión al Senador Marko Antonio Cortés Mendoza.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió del Senador Carlos Aceves del Olmo, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Informe de actividades de esa comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió del Senador Eduardo Nava Bolaños, Informe de las actividades realizadas por él y los Senadores Sebastián Calderón Centeno y Francisco Herrera León, durante la Asamblea Plenaria del PARLACEN, realizada los días 24 y 25 de septiembre del año en curso, en Guatemala.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió de la Comisión de Salud, información en torno a puntos de Acuerdo sobre influenza.- La Presidencia instruyó descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió del Senador Alberto Cárdenas Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, solicitud para que se otorgue una prórroga para la presentación del dictamen relativo a la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a partir de los puntos de Acuerdo que exhortan a dictaminar el asunto.- Quedó de enterado. La Mesa Directiva autorizó la prorroga.

(Agenda Política)

El Senador Alberto Cárdenas Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se refirió al Día Nacional de la Mujer Rural.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22, Apartado C de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y de Cultura, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Denuncia del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, dado en Madrid el quince de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro.- A discusión, intervino la Senadora Rosalía Peredo Aguilar. Se aprobó por 86 votos en pro, 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Eritrea, la República Rwandesa, las Repúblicas de Burundi, Seychelles y Uganda y la República Unida de Tanzania.- Sin discusión, se aprobó por 81 votos en pro, 1 abstención. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar los programas de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua a tomar las medidas necesarias y coadyuvar en una solución pacífica en el caso del conflicto por el predio “El Madroño”, en las Barrancas del Cobre.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un informe detallado del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de grupos de Investigación correspondiente a 2009.- A discusión, intervino el Senador Francisco Castellón Fonseca. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno, por su exitosa participación en la misión espacial STS-128, con destino a la Estación Espacial Internacional, del 29 de agosto al 11 de septiembre del presente año.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir a la brevedad posible la norma oficial correspondiente a las bebidas energizantes.- A discusión, intervinieron los Senadores Lázaro Mazón Alonso y Guillermo Tamborrel Suárez. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en torno a la prevención y control del dengue.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a atender los presuntos actos de discriminación de los cuales son objeto niñas y niños con discapacidad en las instalaciones del Parque “Plaza Sésamo”, ubicado en Monterrey, Nuevo León.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que seexhorta a diversas autoridades involucradas con la operación de Centros Penitenciarios a establecer programas y acciones que generen las condiciones que permitan la correcta y debida atención de niñas y niños que permanecen con sus madres en los centros de reclusión del país.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace una enérgica protesta en contra de los actos de pederastia que vulneran el sano desarrollo integral de niñas niños y adolescentes.- A discusión, intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez. Se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador José Guadarrama Márquez, a nombre propio y de los Senadores Rosalinda López Hernández y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 62 bis del Código Penal Federal, así como reforma el inciso 1), del numeral I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y del Senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10, fracción III, de la Ley de Comercio Exterior y los artículos 33 y 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y de los Senadores Lázaro Mazón Alonso, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Carlos Sotelo García, Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 72 y 75 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador José Luis Lobato Campos, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Alejandro Moreno Cárdenas y Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Mario López Valdez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González, Alfonso Elías Serrano y Francisco Javier Obregón Espinoza, proposición con punto de Acuerdo relativo a la crisis que atraviesa el sector pesquero nacional.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Pleno del Consejo de Salubridad General, así como al Gobierno del Estado de Colima a intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue en esa entidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de Acuerdo relativo al mejoramiento en la calidad y cobertura de la educación comunitaria.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores por el Estado de Durango, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se otorguen mayores recursos a dicho estado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz y José Isabel Trejo Reyes, del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo en materia de transparencia y rendición de cuentas relacionados con el esquema fiscal vigente aplicable a las donatarias autorizadas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo para objetar el nombramiento para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información que presentó el Ejecutivo Federal a esta Soberanía.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 mantenga inicialmente el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para laUniversidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el inciso A) fracción I del artículo 8 y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia formuló excitativa las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el Código de Justicia Militar y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- la presidencia formuló excitativa las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo martes veinte de octubre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha acta.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuesta de nombramientos a favor de los ciudadanos Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Morsi Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3240/09
México, D.F., a 15 de octubre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese Órgano Legislativo, la propuesta de nombramiento de Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruiz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 1, “Estado de Derecho y Seguridad”, establece como premisa fundamental que las personas cuenten con garantías de seguridad para un desarrollo humano sustentable. El cumplimiento efectivo de estas garantías requiere no sólo el estricto cumplimiento de las leyes, sino también, fortalecer a nuestro sistema de impartición de justicia y velar porque los órganos que lo componen se integren por personas con reconocida capacidad técnica y probada calidad moral para el ejercicio del cargo.

Uno de los órganos que conforma nuestro sistema de impartición de justicia es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dotado por el Congreso de la Unión, con base en la atribución que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que determine la ley.

En ejercicio de esta atribución, el Congreso de la Unión confirió al Presidente de la República la facultad de nombrar a los Magistrados del referido Tribunal con la aprobación del Senado de la República o, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Para el Ejecutivo Federal es fundamental que la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades, por ello resulta elemental que los poderes Legislativo y Ejecutivo se coordinen para que los servidores públicos a quienes se confiera la alta responsabilidad de impartir justicia en las materias propias del tribunal, cumplan con exhaustividad no sólo en el terreno técnico profesional, sino sobre todo como personas dignas precisamente de esa confianza.

En este contexto, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvió establecer tres nuevas Salas Regionales durante el ejercicio 2009 para atender el notable incremento de asuntos que se han presentado y, con ello, la demanda de la función jurisdiccional en materia contenciosa administrativa, lo que implica iniciar el procedimiento de designación de los nueve magistrados que integrarán estas salas. Adicionalmente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del propio tribunal, ha comunicado al Ejecutivo Federal a mi cargo la existencia de dos vacantes de Magistrados de Sala Regional, en virtud de haber concluido el periodo para el que fueron nombrados los ciudadanos Nidia Narváez García y Jesús Saldaña Orozco.

De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presento en estricto orden alfabético a la aprobación de ese órgano legislativo, los nombramientos como Magistrados de Sala Regional para un periodo de diez años, a las personas que a continuación se señalan para ocupar las vacantes referidas:

1. Ana Luz Brun Iñárritu.

2. José Máximo Carvajal Contreras.

3. Ernesto Manuel del Bosque Berlanga.

4. Lázaro Figueroa Ruíz.

5. Yolanda García Medina.

6. Isabel Patricia Herrero Rodríguez.

7. Luis Alfonso Marín Estrada.

8. María Teresa Martínez García.

9. Luis Edwin Molinar Rohana.

10. Magda Zulema Mosri Gutiérrez.

11. Alberto Romo García.

Como se advierte de la documentación remitida con la presente, las personas señaladas colman los requisitos legales exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñarse como Magistrados de Sala Regional. En efecto, son mexicanos por nacimiento y no han adquirido otra nacionalidad, están en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, son mayores de treinta y cinco años, presentan notoria buena conducta, son licenciados en derecho con título expedido cuando menos con diez años de antigüedad y cuentan como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

En tal virtud, el Ejecutivo Federal a mi cargo tiene la convicción de que estos nombramientos representan una respuesta institucional adecuada a los retos que enfrenta el Tribunal, toda vez que cumplen con el perfil, la capacidad técnica, la experiencia profesional y la honorabilidad que requiere la tarea de impartir justicia.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, los nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años de los CC. Ana Luz Brun Iñárritu, José Máximo Carvajal Contreras, Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, Lázaro Figueroa Ruíz, Yolanda García Medina, Isabel Patricia Herrero Rodríguez, Luis Alfonso Marín Estrada, María Teresa Martínez García, Luis Edwin Molinar Rohana, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Alberto Romo García.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 2009.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.






LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua una INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL.

“Oficio N° 1227-209 I P.O.
Chihuahua, Chih., a 07 de octubre de 209.

SEN. CARLOS NA V ARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
XICOTENCATL NO.9, CENTRO HISTORICO
C.P. 06010, MEXICO, D.F.

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 500/09 I P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, formula ante el Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual se propone reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo No Reelección
El Presidente del H. Congreso del Estado

Dip. Fernando Rodríguez Moreno

ACUERDO No. 500/09 I P.O.

LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

UNICO.- Formular ante el Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual se propone reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 19.-……………….............

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará prisiónpreventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, robo de vehículos,así como delitosgraves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TRANSITORIO DE LA INICIATIVA

UNICO.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de octubre de 2009.

Presidente, Dip. Fernando Rodríguez Moreno.- Secretaria, Dip. María Avila Serna.- Secretaria, Dip. Nadia Hanoi Aguilar Gil”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió una comunicación de Senadores del grupo parlamentario del PRD, por la que se objeta el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

“C. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
C. Presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República
Presentes.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 42, 66, incisos a), b) y c), 67, inciso b), y 84 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunicamos a esas instancias parlamentarias de dirección y coordinación nuestra objeción al nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información. Lo anterior, de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El pasado 24 de septiembre, la Mesa Directiva hizo del conocimiento del Pleno de este órgano legislativo federal el oficio recibido dos días antes por el cual el Subsecretario de Gobernación Manuel Minjares Jiménez comunicó el nombramiento expedido el día 15 de septiembre por el titular del Ejecutivo Federal a favor de las CC. Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información, por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.

El mismo 24 de septiembre, la Mesa Directiva turnó el oficio de referencia a la Junta de Coordinación Política, para efecto de dar continuidad al procedimiento dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que contempla la posibilidad de que esta Soberanía acuerde objetar los nombramientos en cuestión.

2. Al respecto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática resolvió manifestar a la Junta de Coordinación Política su objeción al nombramiento expedido a favor de la C. Sigrid Arzt, por considerar que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 35 de la Ley citada, para efecto de que se someta al Pleno de esta Cámara la propuesta de objeción y sea resuelta en consecuencia.

3. Nuestro grupo parlamentario considera que la transparencia, como política pública, constituye la comprobación de una voluntad de compartir el poder entre gobierno y la sociedad.

La transparencia genera dos sentimientos verificables: confianza y certidumbre, lo que políticamente se traduce en legitimidad y en esto radica su importancia como razón de Estado.

Además del componente político, las medidas que un Estado establece para promover la transparencia habrán de acompañarse de la posibilidad técnica y administrativa para su realización eficiente, en vista de que el acceso a la información y la sistematización de la misma son asuntos que revisten complejidad técnica y, en ocasiones, delicadeza política.

En tal sentido el Instituto Federal de Acceso a la Información no debe estar sujeto a la temporalidad de los gobiernos y a la intensidad de la dinámica política. Su estructura operativa debe ser especializada y altamente profesionalizada, con servidores públicos cuya integridad este fuera de toda duda.

4. En cuanto a los servidores públicos dedicados a garantizar la eficiencia de las medidas de transparencia gubernamental, es preciso hacerlos conscientes de los alcances de su obligación.

Al respecto, cabe reconocer que el oficio que remite la comunicación original signada por el Titular del Ejecutivo Federal por el que se comunican los nombramientos de referencia, incluye los datos curriculares de las interesadas y las constancias documentales respectivas, lo que permite el escrutinio al seno de este órgano legislativo.

De las constancias resulta que la C. Pérez-Jaén Zermeño provenía del Consejo de Información Pública del Distrito Federal; mientras que la C. Sigrid Arzt fue secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno federal y colaboradora cercana al primer mandatario, circunstancia, esta última, que preocupa a nuestro Grupo Parlamentario, además de diversos datos relativos a su trayectoria profesional que la hacen no idónea para ocupar el cargo que ahora se le encomienda.

5. Sigrid Arzt Colunga es mexicana de nacimiento, según el currículum enviado al Senado desde Los Pinos. En él no se menciona que fungió como la principal asesora del Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional durante el periodo de transición presidencial en 2006.

Durante cuatro meses -entre agosto y noviembre de 2006- Sigrid Arzt trabajó en las oficinas oficiales ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Incluso viajó con el Titular del Ejecutivo Federal en octubre de ese año a varios países centroamericanos, en una gira en la que se abordaron temas de seguridad nacional.

Los vínculos de Sigrid Arzt con el Partido Acción Nacional datan de 2003, cuando los diputados de ese partido la colocaron en el segundo sitio en la lista de consejeros suplentes del Instituto Federal Electoral, junto con Luis Carlos Ugalde, quien terminó por ser nombrado presidente de ese organismo.

Sigrid Arzt trabajó en la Fundación Rafael Preciado y como consejera editorial de su revista Bien Común. Estos detalles tampoco fueron incluidos en su currículum enviado al Senado.

6. Entre otros datos relevantes, entre 1998-2000, la recién nombrada comisionada del IFAI fue profesora-investigadora de la División de Estudios Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Previamente, en 1997, fue invitada por el Woodrow Wilson Center, Institute of México en Washington, D.C., e investigadora visitante en el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte y en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown.

En la administración pública, Arzt se desempeñó como consultora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y como Secretaria Técnica del Procurador General de la República Antonio Lozano, quien estuvo al frente de la dependencia entre 1994-1996.

7. Precisamente, las actividades de la C Sigrid Arzt en materia de seguridad nacional han sido destacadas. En diciembre de 2007, fue designada Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que, según el organigrama interno, depende directamente del Ejecutivo federal.

Dicho Consejo es uno de los pilares del gabinete del Ejecutivo Federal. Su presidente es el propio titular del Ejecutivo y lo integran los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes. Asimismo, participan el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además del Procurador General de la República.

En su paso por esa oficina, ubicada en Los Pinos, Arzt rechazó peticiones de información hechas por la revista Proceso. Al reportero Jorge Carrasco, por ejemplo, sólo le entregaron datos sobre el presupuesto que manejaba, pero mantuvo bajo reserva la estructura orgánica, los nombres de los funcionarios bajo su mando y sus tareas específicas.

Desde esa misma oficina, Arzt manejó toda la información generada por el Consejo de Seguridad Nacional, propuso lineamientos, diseñó operativos y controló el inventario de la infraestructura estratégica del país. Otra de sus atribuciones era mantener la relación con la comisión bicamaral de Seguridad Nacional.

De los 33 millones de pesos ejercidos por Arzt, unos 23 millones y medio se fueron en pagos por servicios personales, 1 millón 247 mil pesos se utilizaron para adquirir materiales y suministros y 8 millones 771 mil pesos se destinaron a servicios generales.

Además, Arzt tuvo en sus manos un catálogo con la descripción de los edificios e inmuebles ocupados para tareas de seguridad nacional.

8. Siendo las actividades de seguridad nacional contrarias, por su propia naturaleza, al fomento de la transparencia de la información pública gubernamental, consideramos que con el nombramiento de Sigrid el titular del Ejecutivo Federal busca establecer un dique a las posibilidades de acceso público a la información relacionada con asuntos relativos a las acciones de seguridad pública de su gobierno, como son los resultados del combate a la delincuencia organizada.

Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) tienen que estar desligados del gobierno, sobre todo del titular del Ejecutivo. El nombramiento de Sigrid Artz no es coherente. Es una contradicción enviar al IFAI a una persona cuyo trabajo ha estado vinculado a los secretos de la inteligencia. Una contradicción que resulta en trasgresión al contenido del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo anterior, porque la fracción IV de dicho artículo establece expresamente como requisito para ser comisionado del IFAI: “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley”. Y, como se aprecia, no se desprende de la trayectoria profesional de la C. Sigrid Artz la experiencia requerida en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Ello, porque las actividades de seguridad nacional implican una natural tendencia a la opacidad, a la reserva que es constantemente ordenada por la propia Ley de Seguridad Nacional, en tanto que se trabaja con información que puede implicar determinados riesgos a la estabilidad del país.

9. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera:

Que es responsabilidad del Senado no ser omiso a los intentos por debilitar al Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que los Senadores no podemos permitir que este nombramiento desde el Ejecutivo Federal deje al Instituto Federal de Acceso a la Información: cuestionado, sin fuerza, sin credibilidad.

Que el Senado se encuentra en tiempo y forma para por mayoría objetar los nombramientos emitidos por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que es obligación de los legisladores velar por la legalidad y la transparencia, por lo que es preciso objetar el nombramiento de personalidades cuya integridad le resta confianza y credibilidad a las instituciones, en este caso, a la encargada de garantizar a la ciudadanía el acceso, en la mayor medida posible, a la información pública gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática comunica a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el siguiente acuerdo, para efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno de este órgano Legislativo Federal:

PRIMERO. Se objeta el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016, en tanto que incumple con el requisito para ocupar dicho cargo establecido en la fracción IV del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO. Comuníquese la objeción al titular del Ejecutivo Federal para los efectos legales correspondientes.

México, D. F., a 15 de octubre de 2009.

Atentamente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;
DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, remitida por la Honorable Cámara de Diputados.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 65, 87, 88, 93, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de Proyecto en comento, las comisiones someten el presente Dictamen a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión del Pleno celebrada el 4 de diciembre de 2007, la Presidencia de la Cámara de Senadores dio cuenta de una Minuta proveniente de la Cámara de Diputados que contiene Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.

2.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara procedió a turnar la Minuta a las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

3.- Con fecha 15 de abril de 2008 las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

El Proyecto de Decreto que remite la Minuta, contiene un Artículo Único en el que se adiciona a los artículos 107 y 108 un tercer párrafo respectivamente, al artículo 271 un quinto párrafo, al artículo 274 le adiciona un segundo párrafo, y al artículo 342 le adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafos.

Actualmente el artículo 107, contiene una serie de lineamientos y normas encaminadas a desahogar la prueba confesional dentro de los procedimientos civiles en materia federal y aquellos a los que les sea aplicable supletoriamente dicha norma, conteniendo entre otras cosas como regla general que en ningún caso se permitirá que la parte que tenga que absolver un interrogatorio de posiciones sea asistida por su abogado, procurador, ni otra persona, ni se le dará copia de ella.

El artículo a su vez establece una serie de casos de excepción a la regla general mencionada, que es en primer lugar cuando la persona que deberá contestar dicha confesional no hable español, pueda ser asistido por intérprete, y el segundo caso cuando se trate de indígenas y no hable español o haciéndolo no sepa leer. Igualmente gozará de un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura.

Sobre ese respecto, la Minuta propone establecer un caso de excepción más a la regla general comentada líneas atrás, a través de un tercer párrafo que mencione qué cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, el juez de la causa deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En lo relativo a la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 180 del mismo Código, que refiere actualmente normas en el desahogo de la prueba testimonial dentro de los procesos civiles federales y aquellos a los que se aplica supletoriamente dicho artículo y, en particular, causas de excepción para que aquellas personas que funjan como testigos y no hablen el castellano, rindan su declaración por medio de intérprete; así también, en caso de que el testigo sea indígena y no hable español, o hablándolo no sepa leer, deberá ser asistido por intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, previendo sobre ello el Proyecto la adición de un tercer párrafo en el sentido de establecer que cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, el juez de la causa deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En relación a la adición de un quinto párrafo al artículo 271 del mismo Código en la que se pretende establecer que en las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual o auditiva, el tribunal deberá otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada.

Actualmente, este artículo contiene disposiciones relativas a las formalidades judiciales dentro de las actuaciones procesales en general, entre las que destaca que las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en español y cuando se presente escrito en idioma distinto a él, se acompañará de la correspondiente traducción al castellano; asimismo, refiere que en las actuaciones dictadas en los juicios donde una o ambas partes sean indígenas que no sepan leer el español, el tribunal deberá traducirlas en su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto por conducto de la persona autorizada para ello.

También prevé que las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español y, sobre ese respecto, el tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello; finalmente contempla que las fechas y las cantidades deberán ser escritas con letra.

El Proyecto de Decreto plantea también la adición de un segundo párrafo al artículo 274 bis que prevea, dentro de los procedimientos federales civiles que en caso de que el juez tenga duda sobre la calidad de discapacitados visuales o auditivos que una o ambas partes afirmen tener, o que ésta fuere cuestionada, solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

Dicho artículo actualmente establece, en relación con tales procedimientos, que cuando intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad.

Por otra parte, el Proyecto propone la adición de tres párrafos al artículo 342, que pasarían a ser los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo vigente, en el cual se establecería que si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite.

En lo correspondiente siguiente párrafo, se prevería que en caso que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual o auditiva, será obligación del juez ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Finalmente, en el último párrafo que se propone adicionar se contemplaría que si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales o auditivos, ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición, este artículo contempla que concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos siguientes, concurran o no las partes.

Con base en los Antecedentes y el contenido de la Minuta, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Comisión de la Colegisladora dejó patente en sus consideraciones la necesidad de reformar el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el propósito de garantizar el acceso a la impartición de la justicia, en materia civil federal, a todas aquellas personas que, teniendo una discapacidad -en este caso, auditiva o visual-, deben procurarse, con sus propios medios, los instrumentos necesarios para imponerse del contenido de las actuaciones judiciales y para intervenir como parte en el juicio.

Empero, esa Dictaminadora estableció que dicha propuesta en principio era insuficiente pues, para garantizar verdaderamente a las personas cuya discapacidad auditiva o visual demanda del apoyo de intérpretes para hacer efectivo su acceso a la impartición de justicia en materia civil federal, consideró que necesitaba ampliar el sentido de la reforma a todas las etapas del juicio, y no ceñirla únicamente a la audiencia final, como lo plantea la iniciativa que se analizó originalmente.

La Dictaminadora hizo remembranza que el tema del combate a todas las formas de discriminación fue recogido puntualmente en nuestra Carta Magna. Dicha reforma, según argumentó la Comisión Dictaminante de la Colegisladora, otorgó un carácter tan trascendente a la asignatura del combate a la discriminación que más adelante incidió en la reforma de diversas disposiciones legales e incluso en la elaboración de leyes secundarias que recogieron el espíritu y alcance de dicha reforma.

La Comisión Dictaminadora aludió a las reformas practicadas al propio Código Federal de Procedimientos Civiles, que tuvieron como objetivo plasmar los derechos de los indígenas que, no siendo hablantes del idioma español –o que hablándolo no pueden leerlo o escribirlo- y son parte en juicios regulados por este ordenamiento. Tales reformas entraron en vigor en diciembre de 2002 y quedaron plasmadas, básicamente, en los artículos 107, 180, 271 y 274 Bis de este ordenamiento, los cuales se refieren a las diversas etapas de todo proceso judicial.

Bajo el anterior orden de ideas, la Dictaminadora de la Colegisladora tomó en cuenta los artículos 24 y 25 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, relativos a la seguridad jurídica de las personas con discapacidad que establecen que:

“Artículo 24. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas”.

“Artículo 25. El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas promoverán al interior de la estructura orgánica de sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción”.

Sobre lo anterior, la Colegisladora argumentó la necesidad de incorporar o hacer la remisión correspondiente en la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles materia del presente Dictamen.

Así mismo, la Dictaminadora refirió lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en sus fracciones V y VI, al establecer que, para los efectos de la misma, se entenderá por:

“V. Equiparación de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población;"

“VI. Estenografía Proyectada: Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura Braille;"

Aludió en el mismo sentido sobre lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual establece el término de discriminación:

"... toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".

Finalmente, y tratándose del acceso al ejercicio pleno de sus derechos y a la igualdad de oportunidades, el artículo 9 del mismo ordenamiento menciona que:

“Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”.

“A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I a X. …

XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia”.

Bajo esa perspectiva, la Comisión Dictaminadora de la Colegisladora aludió también a los esfuerzos internacionales que a la fecha se han dado y que tuvieron como resultado la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en sus diversos artículos menciona aspectos derivados a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia.

De acuerdo a los ordenamientos mencionados es que la Dictaminadora consideró apropiado incluir en el presente Decreto, además de la reforma planteada al artículo 342, la correspondiente a los artículos 107, 180, 271 y 274 Bis.

Lo anterior, según estimó la Colegisladora, fue con la finalidad de incluir en tal reforma las previsiones que permitan abonar al cumplimiento de las normas que forman parte de nuestro derecho vigente y que nos obligan a impulsar medidas tendientes a generar el ambiente de igualdad de oportunidades para quienes, por causa de una discapacidad visual y/o auditiva, requieren de los apoyos especializados para hacer efectivo su acceso a la impartición de la justicia, similares a los que, en su caso, están previstos para los indígenas no hablantes de la lengua española, como el caso que motiva la presente reforma.

Cabe precisar que la Dictaminadora estimó pertinente adicionar un párrafo al artículo 342 para incluir que si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español, así como la obligación de que lo acontecido en la audiencia deberá asentarse tanto en español, como en la lengua de que se trate, si su naturaleza lo permite, ello en razón de que algunas lenguas no tienen grafía, tal caso se presenta en los Estados de Chiapas y Oaxaca y dicho ordenamiento es omiso.

Bajo esa perspectiva, se consideró viable que en el artículo 342 se contemple también a los indígenas, a efecto de garantizar que cuenten con la asistencia requerida durante la audiencia final de juicio y, en caso contrario, ésta se suspenda y se cite en fecha posterior, con el objeto de que se cumpla con tal mandato.

Igualmente, la Dictaminadora de la Colegisladora estimó innecesario, relativo al impacto presupuestario y su respectivo análisis previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su presentación en razón que, de acuerdo a lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de su contenido se deduce la responsabilidad tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales de contar con la estructura orgánica necesaria en sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia para proveer de los “... recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad en su jurisdicción”.

2.- Estas Dictaminadoras del Senado coinciden con la Dictaminadora de la Colegisladora en cuanto a la necesidad de implementar reformas y adecuaciones con miras a lograr dentro de la legislación una real armonización de aspectos previstos en instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha de cumplir, siendo el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Bajo esa perspectiva, las Dictaminadoras advierten sobre el hecho que el presente Dictamen versará sobre una verdadera viabilidad de las propuestas que la minuta plantea, llevando a cabo un análisis pormenorizado del Proyecto a efecto de cumplir con las obligaciones encomendadas a ellas.

En lo correspondiente a la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 107 del Código Federal de Procedimientos Civiles que prevé aspectos relativos al desahogo de la prueba confesional, sobre el mismo la propuesta pretende establecer un caso más de excepción a la regla general –además de los ya previstos- contemplada en la primera parte del mismo precepto en los siguientes términos:

“En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje…”

En la especie, dicha salvedad de poder recibir asistencia dentro del desahogo de dichas actuaciones se encuentran dirigidas únicamente a las limitaciones que tiene una persona por no hablar el idioma español o por ser indígena y aunque hable español no sepa leer, sin que actualmente se contemple algún supuesto para favorecer a las personas con discapacidad, siendo que tal sector de población se encuentra en franca desventaja frente a las demás al momento estar en el desahogo de una prueba como la prueba confesional, más aún cuando la simple mecánica y consistencia de la misma implica la posesión plena de ciertos sentidos, y, por ende, el vivir con una discapacidad visual o auditiva puede limitar y dejar en situación de desigualdad a una de las partes.

Es bajo esa tesitura que estas Dictaminadoras estiman adecuado prever dentro de las normas relativas al desahogo de la prueba confesional en los juicios federales civiles, aspectos tendientes a lograr una verdadera igualdad entre las partes cuando éstas se encuentren frente a un interrogatorio y por una circunstancia física sus respuestas pueden viciarse al no desarrollarse con pleno conocimiento de lo que quiso responder o no ser claro para el absolvente.

A mayor abundamiento de lo anterior, es de resaltar lo previsto en el artículo 13.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que menciona que:

“Artículo 13. Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.”

Sin embargo, estas Dictaminadoras estiman necesario llevar a cabo modificaciones a la Minuta, ya que si bien menciona o se refiere a las adecuaciones a favor de las personas con discapacidad visual o auditiva, es omisa por cuanto a los silentes se refiere que son aquellas personas presentan falta de locución, por lo que se estima preciso establecer dicho supuesto de intérprete en su favor.

Igualmente, es preciso mencionar que dichas beneficios brindados a través de las reformas no deben ser obligatorios para tales personas, pues es precisamente el espíritu de la Convención el establecimiento de tales derechos y adecuaciones pero que en nada signifique ello la obligatoriedad de tales personas de acogerse a esas disposiciones, proponiendo sobre ello las siguientes modificaciones al Proyecto:

Texto de la Minuta Proyecto de Decreto

Texto propuesto por las Dictaminadoras

Artículo 107.- ...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, el juez de la causa deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Artículo 107.- ...

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Por lo tanto, se estima procedente su aprobación en los términos propuestos por estas Dictaminadoras, referente a la adición de un tercer párrafo al artículo 107 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3.- Por lo que respecta a la adición de un tercer párrafo del artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estas Dictaminadoras estiman viable su aprobación tomando en consideración los motivos expuestos en el apartado anterior sobre la inclusión de un tercer párrafo relativo a la asistencia que puede recibir un persona que viva con discapacidad visual o auditiva, para que dicha persona esté en posibilidad de absolver posiciones dentro de la prueba confesional, siendo en la especie que ocupa la propuesta que se estudia en el presente apartado la prueba testimonial, la cual, con las particularidades que tiene cada una de las pruebas, la ayuda planteada es asequible a ellas y se considera que con la misma su desahogo se desarrollaría con un sentido de justicia y equidad a favor, no de las personas con discapacidad, sino del establecimiento de un sistema de justicia que busque impartirla sin detrimento de alguna de las partes que viva o no con una discapacidad.

Sin embargo estas Dictaminadoras estiman adecuado llevar a cabo modificaciones derivadas de los comentarios previstos en el apartado anterior, para dejar el proyecto en los siguientes términos:

Texto de la Minuta Proyecto de Decreto

Texto propuesto por las Dictaminadoras

Artículo 180.- ...

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, el juez de la causa deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Artículo 180.- ...

...

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Es derivado de tales consideraciones que estas Dictaminadoras estiman adecuada la inclusión de un tercer párrafo al artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con las modificaciones planteadas en el cuadro anterior.

4.- En lo correspondiente a la adición de un quinto párrafo al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual pertenece al título séptimo relativo a los actos procesales y en particular al capítulo que menciona las formalidades judiciales, estas Dictaminadoras estiman adecuada su aprobación por los motivos que se exponen a continuación.

Actualmente este artículo prevé algunos aspectos de las formalidades judiciales, y en sentido estricto de las actuaciones judiciales y promociones; derivado de ello, estas Dictaminadoras estiman adecuada su aprobación, pero tomando en consideración aquellos aspectos que han sido previstos por estas Dictaminadoras en el apartado 3 relativo a los artículos que le anteceden al que se analiza en el presente apartado, proponiendo su aprobación en los siguientes términos:

Texto de la Minuta Proyecto de Decreto

Propuesta de las Dictaminadoras

Artículo 271.- ...

...

...

...

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual o auditiva, el tribunal deberá otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada.

Artículo 271.- ...

...

...

...

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

5.- En lo correspondiente a la propuesta para adicionar un segundo párrafo al artículo 274 bis, que actualmente prevé un supuesto para el caso de que intervengan dentro del procedimiento personas que aleguen tener la calidad de indígenas, dicha calidad se le aceptará con la simple manifestación de la parte que la haga y establece que en caso de que el juez tenga duda de dicha calidad o ésta fuera cuestionada en el juicio, solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite dicha calidad de la persona.

Análogamente, la adición que propone el Proyecto de Decreto va encaminada a prever lo relativo para el caso de que el juez tenga duda sobre discapacidad visual o auditiva que alguna de las partes afirme tener o que tal condición fuere cuestionada, se solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

Dicha adición es considerada viable por estas Dictaminadoras en razón de tratarse de un aspecto que es íntimamente relacionado con las propuestas que han sido analizadas en apartados anteriores, y con tal supuesto las partes y el juez tendrían una mayor certidumbre dentro del juicio que se ventile, en aras de dictar dentro del procedimiento, aquellas medidas encaminadas a lograr una verdadera igualdad de las partes en el desahogo de sus probanzas, estimándose por los motivos anteriores su aprobación en los términos planteados en el presente Proyecto de Decreto.

Bajo los mismos argumentos, previstos en apartados anteriores, estas Dictaminadoras estiman adecuado prever dentro de tales modificaciones a las personas cuya discapacidad radica en la locución, además de eliminar la duda que tuviere el juez sobre tal discapacidad, en razón que debemos recordar la existencia del derecho de aplicación estricta; en consecuencia se estima adecuado que sólo pueda ser objetada dicha discapacidad por una de las partes, en su caso, pero en ningún momento por el juez, debiendo quedar el texto de la siguiente forma:

Texto de la Minuta Proyecto de Decreto

Propuesta de las Dictaminadoras

Artículo 274 bis.- ...

En caso de que el juez tenga duda sobre la calidad de discapacitados visuales o auditivos que una o ambas partes afirmen tener, o que ésta fuere cuestionada, solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

Artículo 274 bis.- ...

Tratándose de procedimientos en lo que una o ambas partes afirmen tener la calidad de personas con discapacidad visual, auditivao silente, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. En caso de que la parte contraria objete la calidad de la persona con discapacidad, el juez solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

6.- Finalmente, en cuanto a la adición de tres párrafos al artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece ciertos lineamientos que deben ser observados dentro de la audiencia de ley o final en el juicio, y menciona que una vez concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos que le preceden, concurran o no las partes.

Sobre ese respecto, estas Dictaminadoras estiman adecuada su aprobación en los términos planteados por la Colegisladora, pues la audiencia de ley es uno de los momentos fundamentales de todo juicio o procedimiento civil, siendo conocido que, a pesar de que en las etapas anteriores del juicio las promociones se presentan por escrito y existe un asesoría del procurador o abogado de las partes, lo cierto es que es dentro de la etapa de desahogo de las pruebas o la audiencia de ley donde las partes propiamente dicho interactúan con sus respectivas contrapartes y los procuradores de éstas, siendo dicho momento donde se considera primordial que si alguna de ellas vive con alguna discapacidad visual o auditiva, se les brinden aquellas facilidades o técnicas precisas para que exista una verdadera igualdad de las partes dentro del procedimiento que se ventile.

Así mismo, para estas Dictaminadoras no pasa desapercibido que la adición de tales párrafos contiene también normas a favor de indígenas. Dicho aspecto, acorde a lo que mencionó en su momento la Dictaminadora de la Colegisladora, es con el propósito de subsanar la omisión al momento de llevar a cabo las reformas a favor de los indígenas dentro de los procedimientos civiles, pues si bien se establecen ciertas asistencias para las personas que pertenezcan a dichos grupos y que no hablen español o haciéndolo no supieran leer, lo cierto es que únicamente lo contempla para el desahogo de pruebas como la confesional y testimonial, siendo que existen otras pruebas a desahogar en la audiencia de ley.

Por ello, es de considerarse que si tales partes y personas tienen derecho a encontrarse presentes dentro de la audiencia por comparecer como partes o testigos, lo mismo tienen derecho a enterarse de lo que sucede en dicha audiencia; por tanto, se considera adecuada su adición con el propósito de no dejar con ningún tipo de incertidumbre a persona alguna de las que se refieren tales adiciones. En este sentido, se considera viable la aprobación de las propuestas de adición al artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Adicionalmente, estas Dictaminadoras estiman adecuado plantear modificaciones a efecto de prever en los mismos términos a las personas con ausencia de locución, así como a su respectivo traductor. Es bajo esos términos que proponen la siguiente redacción del Proyecto de Decreto:

Texto de la Minuta Proyecto de Decreto

Texto propuesto por las Dictaminadoras

Artículo 342.- ...

Si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite.

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual o auditiva, será obligación del juez ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales o auditivos, ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Artículo 342.- ...

…..

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición que lo requiera, la asistencianecesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Tiene aún mayor motivación la aprobación de tales propuestas el hecho de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es un ordenamiento supletorio de ciertos procesos o procedimientos, es el caso, entre otros, de la Ley de Amparo, por lo que tales modificaciones implicarán en cierta medida aspectos de equidad igualmente en juicios de garantías.

Finalmente, estas Dictaminadoras estiman adecuado el planteamiento de la Colegisladora en cuanto al Único Transitorio, siendo aprobado en los términos planteados por el Proyecto de Decreto.

Es bajo las anteriores perspectivas que estas Dictaminadoras consideran inconcusos los argumentos vertidos para su aprobación y, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 57, 60, 87, 88, 135 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

RESUELVEN

PRIMERO.-Es de aprobarse la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, sufriendo las modificaciones referidas en las Consideraciones, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Artículo Unico.- Se adicionan los artículos 107, con un tercer párrafo; 180, con un tercer párrafo; 271, con un quinto párrafo; 274 bis, con un segundo párrafo y 342, con un segundo, tercero y cuarto párrafos, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 107.- ...

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Artículo 180.- ...

...

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Artículo 271.- ...

...

...

...

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Artículo 274 bis.- ...

Tratándose de procedimientos en lo que una o ambas partes afirmen tener la calidad de personas con discapacidad visual, auditivao silente, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. En caso de que la parte contraria objete la calidad de la persona con discapacidad, el juez solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

Artículo 342.- ....

Si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite.

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencianecesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 20 de octubre de 2009.

COMISION DE JUSTICIA
COMISION DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre los criterios que llevaron a la disminución de los montos de becas nacionales para programas de postgrado en desarrollo y nueva creación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, una PROPOSICION CONPUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA DISMINUCION DEL MONTO DE BECAS QUE OTORGA EL CONACYT PARA EL ESTUDIO DE POSGRADOS NACIONALES, presentada por los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 10 de septiembre de 2009.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 86, 94, 97 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente DICTAMEN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2009, los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron ante el pleno del Senado de la República una proposición con punto de Acuerdo en relación a la disminución del monto de becas que otorga el CONACyT para el estudio de posgrados nacionales.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

Esta Comisión fundamenta su dictamen y resolución en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 7 de agosto del presente año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), emitió la convocatoria agosto-octubre 2009 de Becas Nacionales, en la que, por primera vez, se establecieron montos diferenciados de acuerdo con las cuatro categorías del tabulador de competencia para los estudios de ese nivel académico: internacional, consolidado, en desarrollo y de reciente creación.

SEGUNDA. Con estas nuevas reglas se disminuyó el monto de las becas en un 30 por ciento para los posgrados en desarrollo y en 40 por ciento para los posgrados de nueva creación.

TERCERA. Estas disminuciones afectan de manera directa a los estudiantes que cursarán estos programas. De igual forma, se genera una competencia inequitativa entre las instituciones que ofrecen posgrados consolidados con respecto a los de competencia internacional.

CUARTA.Antes de esta modificación, el CONACyT ofrecía becas por 7 mil 400 pesos para maestría y 9 mil 800 pesos para doctorado, ambos en el nivel de creación o desarrollo del posgrado -que por cierto son los que más ofrecen las instituciones educativas en los estados, ya que el 70 por ciento de los de calidad internacional se concentran en la ciudad de México, con lo que se fortalece la tendencia centralista referente a la oferta de programas de posgrado.

QUINTA. Con el recorte presupuestal hecho por el CONACyT, el apoyo para maestrías bajó a 4 mil 400 pesos y para doctorado a 5 mil 900 pesos; mientras que para un posgrado de calidad internacional es de 9 mil 200 y 11 mil 500 pesos, respectivamente.

SEXTA. La nueva tabulación de Becas Nacionales atenta contra los programas que se encuentran en la vertiente de reciente creación y en desarrollo, programas que aún requieren de tiempo y trabajo para alcanzar o demostrar los niveles de excelencia exigidos por el CONACYT.

SÉPTIMA. Diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han recomendado que en tiempos de crisis, las políticas de ciencia y tecnología deben ocupar un lugar central en las agendas de todos los países.

Resulta lamentable que el Gobierno Federal no tome en cuenta este tipo de recomendaciones y, más aún, no cumpla con su compromiso de impulsar la ciencia y la tecnología en nuestro país; pues mientras otras naciones han decidido apoyar diversas políticas públicas en la materia para sacar de la crisis a su país, en México caminamos en sentido contrario.

OCTAVA. El Senado de la República debe manifestarse en contra de la disminución en el monto de las becas, ya que este tipo de medidas van en contra del desarrollo social y económico del país.

NOVENA. La Comisión de Ciencia y Tecnología considera que estos recortes son un severo golpe a la calidad de los posgrados nacionales, pues se reflejarán en la disminución de estudiantes –pues la mayoría de ellos son de tiempo completo-, orillando a éstos a buscar una actividad alterna, ya que el ingreso de la beca es para su propia manutención y, en algunos casos para el sostenimiento de sus familias.

DECIMA. Esta Comisión dictaminadora se manifiesta porque, en períodos de crisis como el que vivimos actualmente, invertir en educación, ciencia, tecnología e innovación, es la única forma segura de combatir el rezago social y económico del país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Ciencia y Tecnología, después de estudiar y analizar la proposición con punto de Acuerdo en comento, somete a la consideración del Honorable Pleno del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), M. en C. Juan Carlos Romero Hicks, un informe detallado en el que se expliquen los criterios y razones que llevaron a la disminución de los montos de becas nacionales para programas de posgrado en desarrollo y nueva creación, en la convocatoria agosto-octubre 2009, así como el proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de esta convocatoria.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), M. en C. Juan Carlos Romero Hicks, que en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, realice las gestiones necesarias para que se mantenga el monto de las becas en los mismos niveles de la convocatoria enero-junio 2009, sin establecer diferenciaciones por el grado de consolidación de los programas.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. No habiendo Senadores que hagan el uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si aprueban el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a evaluar la posibilidad de establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición conpunto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que establezca el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, con el objeto de promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, coordinando esfuerzos de las dependencias y entidades que conformarán dicho sistema, para extender la cobertura de los servicios con criterios homogéneos de calidad en el servicio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión de fecha 13 de noviembre de 2007, la Senadora María Elena Orantes presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhortaal Ejecutivo Federal para queestablezca el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, con el objeto de promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, coordinando esfuerzos de las dependencias y entidades que conformarán dicho sistema, para extender la cobertura de los servicios con criterios homogéneos de calidad en el servicio.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1.- La Senadora proponente solicita que el Senado de la República, a través de un punto de Acuerdo, exhorteal Ejecutivo Federal para queestablezca el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, con el objeto de promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, coordinando esfuerzos de las dependencias y entidades que conformarán dicho sistema, para extender la cobertura de los servicios con criterios homogéneos de calidad en el servicio.

Establece en un Segundo Resolutivo que las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la propuesta, y en razón de su competencia, deberán ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que impliquen ejercicio de recursos, deberán de contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Finalmente, en un Tercer Resolutivo propone exhortar a la Secretaría de Salud para mejorar la cobertura por parte de las instituciones del sector salud en la atención y cuidados para los adultos mayores, la formación de recursos humanos en hospitales de especialidad, y en el establecimiento de esquemas de interconsulta y referencia a especialistas, al tiempo de impulsar en las facultades y escuelas de medicina la especialidad de la geriatría.

CONSIDERACIONES

1.- Expone la Senadora como motivación del Punto de Acuerdo que como sociedad, sólo podemos aspirar a continuar aumentando nuestro desarrollo económico y social, si consolidamos un sistema que atienda de forma eficiente las necesidades básicas de salud de la población, en un esfuerzo compartido entre el gobierno federal y los propios ciudadanos para mejorar su calidad de vida.

La Senadora menciona que la protección de la salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y, por tanto, es obligación del Congreso coadyuvar con el Poder Ejecutivo para ofrecer a la población servicios de salud y asistencia social, en calidad y cantidad suficientes, para lo cual es necesario un compromiso con toda la sociedad y en particular con los más desprotegidos, hacia quienes se deben dirigir los mayores esfuerzos.

Igualmente, considera que la sociedad mexicana ha transitado en los últimos años por dos fenómenos que afectan su conformación e influyen en sus condiciones de vida y salud.

Los cambios en la estructura de la población -la transición demográfica- ocasionados por disminución en la fecundidad y en la mortalidad, generan una composición poblacional caracterizada por la contracción de los grupos de menor edad y el crecimiento de la población en edad productiva y adulta mayor.

Además de lo anterior, el mejoramiento de las condiciones de vida provoca también el incremento de los años de vida y el crecimiento de la población de adultos mayores, tendencia que continuará durante los próximos decenios.

Sobre ello, concluye la Senadora que el nuevo fenómeno de envejecimiento poblacional acelerado nos alcanzó y ocupamos el séptimo lugar de envejecimiento acelerado en todo el mundo, con una tasa de crecimiento de 7% de la población de 60 años y más. Las proyecciones poblacionales del INEGI, la CONAPO y la ONU muestran los cambios de la estructura demográfica mexicana: si en el año 2000 las personas mayores de 60 años representaban el 7% de la población, en el 2025 representarán el 13% y en el 2050 más del 25%, que oscilará entre 30 y 35 millones de mexicanos.

Dicha situación implicará que durante las próximas dos décadas una proporción importante de la población mexicana, alrededor del 13 por ciento del total, tendrá una edad superior a los 60 años, requiriendo dicha situación la satisfacción de una gran demanda de innovaciones en el sistema de salud, debido al crecimiento de las necesidades en el tratamiento de las enfermedades, así como la atención de la asistencia social asociadas a este grupo de edad.

Menciona la parte expositiva de la proposición que la población superior a los 60 años presenta situaciones de contraste en sus oportunidades de salud y su acceso a los servicios médicos y asistenciales, pues junto al incremento de su esperanza de vida, existen regiones con severos problemas de abandono de nuestros adultos mayores que exigen un mayor esfuerzo para propiciar condiciones de mayor equidad. En México -continua la exposición-, la infraestructura hospitalaria, los asilos, los centros de atención para los adultos mayores, así como los especialistas en geriatría son insuficientes.

Esta problemática exige la instrumentación de acciones que atiendan las condiciones y circunstancias de ese núcleo de la población, pues será necesario incorporar a la sociedad civil en la definición y ejecución de las acciones que permitan proteger a las personas adultas mayores que tienen algún grado de dependencia y requieren de algún tipo de atención.

2.- Por lo anterior, la Senadora considera que es necesario fortalecer las condiciones que aseguren a la población vulnerable, especialmente la de los adultos mayores, la superación de situación de desventaja, a través de una política social integradora que conjugue esfuerzos institucionales y de la propia sociedad, en la aplicación de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida.

Un aspecto que la Senadora subraya como medular es la promoción y fortalecimiento de la unidad familiar mediante la difusión, conocimiento y práctica de principios y valores que forjen el bienestar y desarrollo integral de todos sus miembros, es un requisito para alcanzar una mejor convivencia que fortalezca el núcleo básico de la sociedad y para evitar las causas de la desintegración familiar.

La Senadora menciona el objetivo de la Proposición es promover la creación de servicios integrales con amplia cobertura, con oportunidad y eficacia para la satisfacción del adulto mayor y sus familias en un esquema que permita a través de la Ley de Asistencia Social, proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, ofreciendo elementos para su formación y subsistencia, a aquellos individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autosuficiente.

Menciona la parte expositiva de la proposición que la prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, se realiza por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, así como por las entidades de la Administración Pública Federal y por las instituciones públicas y privadas, que tengan entre sus objetivos la prestación de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas y, en este sentido, la Secretaría de Salud en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tienen respecto de la asistencia social, como materia de salubridad general, las atribuciones señaladas en el artículo 9 de la Ley de Asistencia Social.

Es por ello -considera la Senadora-, que es fundamental implementar medidas que permitan generar sinergias para impulsar una operación integral de servicios de centros comunitarios de atención a los adultos mayores, donde las familias que tienen bajo su custodia a los adultos mayores, puedan dejarlos en lugares seguros y con personal debidamente capacitado para su atención diaria, y potenciar a su vez sus capacidades productivas en el mercado laboral.

Se calcula que casi un millón cien mil personas en nuestro país dedican una jornada de 9 horas diarias para atender a los adultos mayores que requieren cuidados. Si multiplicamos estos dos factores, resulta que se invierten 9.4 millones de horas/hombre de trabajo al día, teniendo un porcentaje de participación de las mujeres de un 76% contra solamente 24% por parte de los hombres.

Sobre ello, manifiesta la parte expositiva, que es necesario generar esfuerzos interinstitucionales de asistencia social para constituir un sistema integral de información, evaluación y seguimiento que permita el control y medición del impacto de los diversos programas a favor de los adultos mayores.

Un aspecto que subraya imprescindible la Senadora para lograr una atención integral a favor de las personas adultas mayores es el impulso del fortalecimiento de la economía familiar, con el propósito de combatir la pobreza a través de proyectos productivos comunitarios dirigidos a las familias de las zonas marginadas urbanas y rurales, apoyados con esquemas de capacitación que permitan, a través de la instalación de asilos, centros y estancias para los adultos mayores, mejorar la economía regional así como el ingreso familiar y el nivel de vida.

De la misma forma, considera la Senadora como de primordial trascendencia el involucramiento de las organizaciones a través del fomento de la participación, tanto de las organizaciones no gubernamentales, así como de la iniciativa privada, buscando su participación en programas asistenciales; ello ayudará a impulsar procesos de organización y participación comunitaria autogestiva que deriven en la formación y capacitación de agentes sociales orientados a la asistencia social, en especial, la de los adultos mayores.

Detalla que se trata de un esquema donde las personas que deseen poner sus domicilios como centros o estancias de atención y cuidado para recibir a los adultos mayores que requieren cuidados sin estar gravemente enfermos, en el marco de estándares definidos de manera interinstitucional, puedan gozar de un ingreso conformado por un subsidio gubernamental y el ingreso que los propios familiares eroguen por los servicios prestados.

Con ello, la Senadora considera posible construir nuevos conceptos de atención corresponsables de participación y sinergias interinstitucionales que permitan la atención universal de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, a través del Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores y de paso, apoyar a las mujeres que deseen incorporarse al sistema laboral, ya que podrán invertir el tiempo que antes dedicaban a cuidar de uno o varios adultos mayores como una actividad productiva.

Expone que los objetivos del sistema que plantea serían similares al Sistema Nacional de Estancias, Centros y Guarderías Infantiles, en el sentido de impulsar una estrategia de atención a través de diversas instancias y dependencias del Gobierno Federal, para apoyar a las mujeres trabajadoras y a las que deseen incorporarse a una actividad productiva, con el fin de establecer las condiciones que les permitan desarrollarse plenamente en el ámbito laboral y familiar.

Un fundamento que se menciona para la aprobación del Punto de Acuerdo es el hecho que se trata de diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad y coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conformarán dicho Sistema, para promover mecanismos que permitan extender la cobertura de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores con criterios homogéneos de calidad en el servicio.

A manera de epílogo, la Senadora menciona que la coordinación interinstitucional deberá darse a nivel federal, estatal y municipal, así como la concertación de acciones entre los ámbitos público y privado a efecto de promover y prestar los servicios de atención y cuidado para los adultos mayores en todo el país.

Paralelo a ello, tales programas también impulsarían conjuntamente la capacitación y seguimiento para el personal que laborará en los asilos, centros o estancias para los adultos mayores de las dependencias y entidades que conformarán el Sistema.

En este sentido, considera que el Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas, deberán promover la certificación para el personal que preste sus servicios en los diversos programas; concertar acciones con los sectores social, público o privado, mediante convenios y contratos en que se regule la prestación y promoción de los servicios con la participación correspondiente de otras dependencias o entidades; coordinar los mecanismos para el seguimiento y evaluación que permitan valorar la calidad de los servicios; promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados; integrar un sistema único de información que permita orientar las acciones del Sistema hacia una mayor y mejor atención, e impulsar en los municipios la participación social en la aplicación, promoción y evaluación de la atención de los adultos mayores. Es en ese sentido el llamado que propone la Senadora lleve a cabo el Pleno de esta Cámara de Senadores, a través de un Punto de Acuerdo.

3.- En esencia y como ya se mencionó, la Senadora propone que el Ejecutivo Federal instrumente un Programa similar al que actualmente opera la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) denominado “Programa de Guarderías e Instancias Infantiles”, para brindar atención como estancias de día a las personas adultas mayores. Dicho programa tiene como objetivo general disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños o niñas entre 1 y 2 años 11 meses de edad recae en una Madre Trabajadora o Padre Solo, así como de los hogares en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en esta situación por no contar con un segundo ingreso, aumentando las posibilidades de participar en el mercado laboral.

A mayor abundamiento, su objetivo específico radica en dos vértices principales:

1. Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar las posibilidades y condiciones de trabajo remunerado de las Mujeres Trabajadoras y Padres Solos, mediante la provisión de servicios de cuidado y atención infantil, y

2. Aumentar la oferta de servicios de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa (madres y padres trabajadores).

Ahora bien, el programa también comprende impulsos a los servicios de cuidado y atención infantil a través de la obtención se subsidios siempre que reúnan una serie de requisitos que las propias reglas de operación de dicho programa describen.

El envejecimiento no es un tema menor o el cual deba ser minimizado, por el contrario, tal como menciona la Senadora, se deben tomar previsiones a largo plazo encaminadas a prever y solventar las implicaciones sociales, económicas y culturales que vendrán con la inversión en la población, donde el grueso de ella pasará de ser adultos y adultos jóvenes a personas adultas mayores y, por su parte, la población joven disminuirá dramáticamente.

Lo anterior nos obliga a vislumbrar soluciones para solventar tales aspectos de forma rápida y urgente, con soluciones de fondo y a largo plazo.

Sobre ello algunas organizaciones que velan por los derechos de las Personas Adultas Mayores, como es el caso de la Red Iberoamericana de Adultos Mayores, mencionaron en reunión sostenida con esta Comisión en marzo de 2007, como propuesta para dar atención a los adultos mayores, el impulso a las “Estancias de Día”, pues con éstas, muchos de ellos pueden mantenerse unidos a sus familiares, contrario a lo que acontece con los asilos, en donde el adulto mayor es ingresado de forma semi-permanente o permanente para que sólo reciba, en el mejor de los casos, visitas esporádicas de sus familiares.

Un aspecto que se ha demando no sólo por parte de estas organizaciones, sino de entidades como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), es el hecho de que los adultos mayores se mantengan dentro de su círculo familiar, y sólo como último recurso se contemple la posibilidad de llevarlo a un asilo.

Es derivado de esa idea que el Estado debe promover en mayor medida que los adultos mayores continúen insertos en su familias, brindándoles a sus integrantes las mayores facilidades para que ellos puedan realizar sus actividades cotidianas como trabajo, estudio u otra actividad, mientras el adulto mayor se encuentra en la estancia y, posteriormente, sus familiares acudan a recogerlo para continuar con sus cuidados el resto del día y noche, esquema similar al que opera para el programa de estancias y guarderías de SEDESOL, pero con las particularidades que implica el cuidado de los adultos mayores.

Dicho programa, acorde a lo que menciona la Senadora, podría tener el doble esquema para ayudar a las organizaciones que se dedican al cuidado de los adultos mayores y, por otro lado, la ayuda para sus familiares en sus cuidados y en la posibilidad de que las familias continúen con sus actividades necesarias.

Para esta Comisión no pasan desapercibidos los esfuerzos que actualmente realizan el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ente otros; sin embargo, es de considerarse necesario que tales esfuerzos no sean escatimados y bajo esa perspectiva se considere, tal como propone la Senadora, la creación de un programa de magnitud similar a la que actualmente opera en materia de estancias y guarderías infantiles que es operado por la Secretaría de Desarrollo Social.

En cuanto al Primer Resolutivo, esta Comisión Dictaminadora, coincide con la visión de corresponsabilidad de otras instancias gubernamentales y de los gobiernos estatales en la atención de las personas adultas mayores a la que se alude en las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, por lo que sus integrantes, sabedores de que la implementación de un esquema como el sugerido, no depende exclusivamente del Gobierno Federal, coinciden en exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que evalúe la posibilidad de establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, como un instrumento de coordinación a través del cual se dé seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al Segundo Resolutivo propuesto, es de mencionarse que el mismo refiere que las acciones que impliquen el ejercicio de recursos deberán ser contemplados en las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siendo esta ley la que precisamente se encarga de reglamentar preceptos Constitucionales en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales; en ese entendido, dichas situaciones son accesorias al establecimiento en su caso del programa, por lo que se considera innecesaria su aprobación al ser consecuencia jurídica del primer resolutivo.

En cuanto al Tercer Resolutivo, es de modificarse en razón de que es la geriatría y la gerontología las áreas encargadas de los cuidados y atenciones de las personas adultas mayores, por tanto se estima preciso agregar a la gerontología como las necesarias para satisfacer en un futuro la atención de las personas adultas mayores. Asimismo, se sustituye la frase “mejorar la cobertura” por la de “ampliar la cobertura”, pues en la terminología referente a los indicadores de desempeño en el sector público, esta segunda frase, referida a la ampliación, es la indicada.

Es bajo esa perspectiva que esta Comisión estima pertinente la aprobación con modificaciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, siendo conscientes de las atribuciones y facultades Soberanas del Ejecutivo, pero también coadyuvantes de las soluciones que el Estado Mexicano requiere para crear mejores condiciones de vida, como en la especie sucede, para los adultos mayores y sus familias, quedando en los siguientes términos:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que evalúe la posibilidad de establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, como un instrumento de coordinación a través del cual se dé seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades coadyuve a extender la cobertura por parte de las instituciones del sector salud en la atención y cuidados para los adultos mayores, la formación de recursos humanos en hospitales de especialidad y el establecimiento de esquemas de interconsulta y referencia a especialistas, al tiempo de impulsar en las facultades y escuelas de medicina las carreras y especialidades de gerontología y geriatría.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 20 de octubre de 2009”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que en el transcurso de este día o de mañana, podrían recibirse de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales.

Debido a que la Ley de Ingresos debe ser resuelta por el Senado con fecha límite al 31 de octubre, la Mesa Directiva acordó turnar de inmediato a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, las Minutas que se reciban sobre esos asuntos.

Pasamos ahora al apartado de iniciativas. Tiene la palabra la Senadora Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 134 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de la C. Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso del Presidente y la Asamblea:

Las que suscribimos, Senadoras de la República, la de la voz Beatriz Zavala Peniche y Gabriela Ruiz del Rincón, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa para adicionar el artículo 134 constitucional de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El devenir democrático de un país exige que las instituciones del Estado operen con legalidad y transparencia. No es arriesgado admitir que los procesos de entrega de apoyos de carácter social, ya sea en tiempos electorales o no, es un momento en el cual quien los da se siente con el suficiente poder para presionar a quien los recibe, al beneficiario. Este, que está en situación vulnerable por su debilidad social y económica frente al otorgante, se siente proclive a cumplir con el indebido requerimiento por parte, podría ser, de un servidor público, ya sea electoral, político, de actividades o servicios.

El Estado por tanto, debe garantizar al ciudadano, que los recursos públicos provenientes de sus impuestos se administren de manera transparente y equitativa.

Para ello, estamos proponiendo que se establezcan normas mínimas de operación de los programas a niveles estatales y municipales, que acoten los márgenes de discrecionalidad de quienes los operan, los obliguen a reconocer la naturaleza de los recursos que manejan y no permitan que se aparten de las reglas que determinan el funcionamiento ordenado y legal de dichos apoyos.

Esta iniciativa propone introducir normas mínimas de operación para inhibir el uso de programas sociales de los tres niveles de gobierno con fines políticos o electorales.

Nosotros hemos planteado en varias ocasiones, me refiero al grupo parlamentario del PAN, que se ha avanzado mucho en cuanto a poner blindajes electorales a los programas sociales de carácter federal, tanto blindajes que se encuentran explícitos en la Ley General de Desarrollo Social como por acuerdos y en la voluntad del Poder Ejecutivo Federal para establecer esos blindajes y a la vez también para penalizar a los funcionarios públicos que no los acaten o que hagan un uso parcial partidista electoral indebido de los recursos federales.

Pero requerimos que los otros órdenes de gobierno entren a estos temas tan fundamentales y que no queden excluidos de garantizar que en un Estado democrático los programas sociales gocen de la aplicación de esta imparcialidad con la que deben ser entregados.

No es un hecho ocurrente, hoy en día toda la legislación en la materia está circunscrita a los programas sociales del Ejecutivo Federal. Y por eso la Reforma constitucional que proponemos, las reformas al artículo 134 son con el fin de establecer desde la Constitución el perfil que deben tener los funcionarios públicos que los haga imparciales y establecer algunos otros requisitos en la aplicación y en la ejecución de los recursos federales.

La primera adición propuesta es que en el caso de que estos recursos estén destinados a políticas o programas sociales, los recursos a los que se refiere el artículo 134 de la Constitución, tanto en la Federación como en los Estados, como en los Municipios y en el Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales deberán contar para su ejercicio con reglas mínimas de operación, listados de beneficiarios y someterse a los criterios y lineamientos de transparencia y acceso a la información y de evaluación que dicte el órgano competente en los términos que señale la ley.

Es decir, que haya padrones claros, transparentes de beneficiarios. Actualmente varios programas sociales lo tienen, por ejemplo, el Programa Oportunidades, no así los programas sociales que se aplican en los estados.

Que haya también una evaluación de los programas sociales y su efectividad.

Que se marque o se establezca en la ley secundaria cuál es el órgano competente para evaluar estos programas.

Actualmente es el CONEVAL que goza de autonomía para estas evaluaciones a través de su consejo y estableceríamos en la ley secundaria que también los programas sociales de los estados o aplicados en los estados y en los municipios tengan esta evaluación. Así como normas publicadas de operación.

Que el ciudadano conozca cuáles son los criterios establecidos para aplicar estos programas.

También proponemos adicionar al artículo 134 constitucional disposiciones, como hemos dicho, relativas a los servidores públicos. Pero no sólo de la Federación, también a los servidores públicos en desarrollo social de los estados y municipios.

La propuesta es la siguiente:

“Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad y serán responsables, en los términos que señala la ley, por cualquier tipo de hecho que tenga por objeto beneficiarse o beneficiar a alguna persona, candidato o partido político. Los requisitos que se establezcan para los servidores públicos de la Federación deberán ser los mismos para los de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y sus delegaciones.”

Estas disposiciones, una vez recogidas en el texto constitucional, quedarán incorporadas a los principios y lineamientos fundamentales para configurar e institucionalizar una política social verdaderamente de Estado en nuestro país y que fortalezca a la nación. Y vamos a entregar a la Mesa Directiva la iniciativa completa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
Presente.

Las que suscriben, Beatriz Zavala Peniche y Gabriela Ruiz del Rincon, Senadoras de la República a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el artículo 134 constitucional, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El devenir democrático de un país exige que las instituciones del Estado operen con legalidad y transparencia. No es arriesgado admitir que los procesos de entrega de apoyos de carácter social, ya sea en tiempos electorales o no, es un momento en el cual quien los da se siente con el suficiente poder para presionar a quien lo recibe, al beneficiario de los programas. Éste, queestá en situación vulnerable por su debilidad social y económica frente al otorgante, se siente proclive y a veces obligado, a cumplir con el indebido requerimiento por parte del servidor público, ya sea electoral, político, de actividades o servicios.

El Estado como tal, debe garantizar al ciudadano, que los recursos públicos provenientes de sus impuestos se administren de manera transparente y equitativa.

Para ello, proponemos en esta iniciativa introducir en la normatividad disposiciones que permitan que la operación de asignación y entrega de los apoyos de los programas de desarrollo social se rijan por normas que inhibansu uso en los estados y municipios con fines políticos oelectorales. Se aspira a terminar con la política clientelar que condiciona los apoyos a la adhesión al partido o al candidato.

Para ello, estamos proponiendo que se establezcan normas mínimas de operación de los programas a niveles estatales y municipales, que acoten los márgenes de discrecionalidad de quienes los operan, los obliguen a reconocer la naturaleza de los recursos que manejan y no permitan que se aparten de las reglas que determinan el funcionamiento ordenado y legal de dichos apoyos.

Es nuestra intención que en el texto constitucional se incluyan normas que garanticen la existencia de un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, una relación oficial que contenga la información relativa a los programas a niveles estatales y municipales. Tener un padrón permite ejercer una supervisión de la operación de los mismos en las entidades federativas y sus municipios, del ejercicio del recurso y su pertinencia.

Se propone también que el ejercicio de los recursos destinados a políticas oprogramas sociales se someta a los criterios y lineamientos de transparencia y acceso a la información y de evaluación que dicte el órgano competente en términos de ley. Es un paso indispensable para lograr el objetivo de que las acciones de gobierno, el manejo de recursos públicos, el ejercicio de funciones, sean apegadas a un marco de legalidad, imparcialidad, transparencia y honradez.

Queremos asimismo, mediante esta iniciativa garantizar la fijación de un perfil, que se determinará en las leyes respectivas, de servidores públicos que tengan a su cargo la aplicación de programas de desarrollo social con imparcialidad y responsabilidad en todos los niveles de gobierno. La adición propuesta tiende a evitar la comisión de hechos contrarios o ajenos a la norma y se harán extensivos a todos los que presten sus servicios en tal materia. Son además, medidas de protección de los derechos de los beneficiarios.

Estas disposiciones, una vez recogidas en el texto constitucional, quedarán incorporadas a los principios y lineamientos fundamentales para configurar e institucionalizar una política social de Estado de manera que trascienda los gobiernos y legislaturas.

Queremos dejar constancia que estas modificaciones constitucionales representan el cumplimiento auna alta expectativa de interés general en el logro de unEstado democrático.

Por lo anteriormente expuesto, nospermitimos someter a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO.-Sea adiciona un párrafo sexto y un párrafo noveno al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 134.-

En el caso de que estos recursos estén destinados apolíticas o programas sociales de la Federación, de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales deberán contar para su ejercicio con reglas mínimas de operación, listados de beneficiarios y someterse a los criterios y lineamientos de transparencia y acceso a la información y de evaluación que dicte el órgano competente en los términos que señale la Ley.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad y serán responsables, en los términos que señala la ley, por cualquier tipo de hecho que tenga por objeto beneficiarse o beneficiar a alguna persona, candidato o partido político. Los requisitos que se establezcan para los servidores públicos de la Federación deberán ser los mismos para los de los Estados, de los municipios, del Distrito Federal y sus delegaciones.

TRANSITORIOS

UNICO.- La presente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Senado de la República, 20 de octubre de 2009.

Sen. Beatriz Zavala Peniche.- Sen. Gabriela Ruiz del Rincón”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Zavala Peniche. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República, la protección de las niñas y los niños migrantes es una prioridad que nos une por encima de colores partidistas. Por eso hoy presentamos esta iniciativa de ley que busca reconocerles sus derechos a los menores nacidos en México de padres migrantes que cruzan nuestro país rumbo a la frontera norte.

El objetivo que perseguimos con este esfuerzo legislativo es asegurar su acceso a la nacionalidad mexicana para brindarles todos los servicios y todas las atenciones que tienen derecho las y los niños mexicanos.

Con la aprobación de esta reforma, los padres migrantes podrán acudir al registro para inscribir a sus hijos sin plazos fatales y sin importar su situación migratoria. Actualmente la Ley General de Población establece en su artículo 68 que el registro de un menor de padres migrantes debe hacerse antes de cumplir seis meses de nacido.

Esta disposición contraviene en los tratados internacionales que México ha suscrito para proteger los derechos de la niñez y en donde se estipula que por encima de la situación legal debe prevalecer el interés superior de las niñas y los niños.

Además nuestras leyes establecen que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Por lo consiguiente, todas y todos los niños de hasta 17 años de edad son considerados menores y por ello tienen derecho a disfrutar de los beneficios que les ofrece nuestro país.

Cuando nace un niño de padres migrantes en territorio nacional, por este simple hecho se le debe garantizar su acceso a la salud, a la alimentación, a la educación y a toda la gama de apoyos que brinda el sistema de seguridad social en México.

Pero si mantenemos el actual sistema legal, miles de niños nacidos de padres migrantes quedarán desprotegidos, miles de estos niños serán discriminados y excluidos, dejados a su suerte por una disposición legal que los desconoce y que los obliga a vivir en la clandestinidad.

Ciertamente existen esfuerzos institucionales para cuidarlos, atenderlos y darles el trato digno que merecen, como actualmente lo hace el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas en la frontera sur.

Hay acciones muy importantes que le reconocemos al Presidente Calderón y al Gobernador Sabines para atender con sentido humanista a los migrantes centroamericanos, a sus hijos y a sus familias.

También reconocemos el esfuerzo realizado por las Senadoras y los Senadores de la República del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, del PT, del Partido Convergencia, del Partido Nueva Alianza, que hace dos semanas aprobamos un paquete de reformas migratorias que colocan a México a la vanguardia en el respeto a los derechos humanos a los migrantes.

En estas acciones emprendidas por los gobiernos de la frontera sur en el estado de chiapas y las realizadas por el Senado de la República, es donde inspiramos la presente iniciativa de Ley.

Queremos que todos los niños nacidos de padres migrantes y hasta 17 años cumplidos, puedan obtener la nacionalidad mexicana y contar con un acta de nacimiento. Queremos asegurarles a todos los padres migrantes que los derechos de sus hijos serán reconocidos sin importar su situación legal en nuestro país, y queremos que las niñas y los niños migrantes nacidos en México, accedan a todos los beneficios en igualdad de condiciones de todos los niños mexicanos.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, con esta reforma no les estamos pidiendo darles una situación de privilegio a los padres migrantes, lo que vamos a proteger y a quienes vamos a reconocer en la ley son a los hijos de padres migrantes y los beneficios a que tienen derecho por ser niños y por haber nacido en México. Por eso apelamos a su solidaridad y a nuestra tradición como país hospitalario y solidario con los migrantes que acoge a los que vienen de fuera, y que trabaja para el futuro de las nuevas generaciones, y que demanda el mismo trato para nuestros paisanos en la Unión Americana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la presente iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, para que los hijos de padres migrantes no sean tratados como ilegales, porque además el calificativo de ilegal es discriminatorio y debemos erradicarlo desde las leyes, que nunca más un niño migrante sea tratado como ilegal en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

"El niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento".
Declaración de los Derechos del Niño

A lo largo de nuestra historia, desafortunadamente, siempre ha existido un trato injusto para los menores de edad. Tal problema ha hecho reflexionar con seriedad a las personas que integran los diversos organismos tanto públicos como privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad, así como para que se les proteja de su natural vulnerabilidad.

La paternidad y la maternidad no debieran ser nunca un acto producto del azar, de la inconsciencia, de la irresponsabilidad, ni mucho menos de la violencia; sino resultado del amor y de un deseo cuyas consecuencias estén tanto en el varón como en la mujer por igual, dispuestos a enfrentar con entusiasmo, conscientes plenamente de la importancia que alcanza, tanto para ellos como para el país, su actitud como padres y madres responsables.

El artículo 4° Constitucional, en su último párrafo, establece que “es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”.

Si bien es cierto que el Estado, a través de sus instituciones, debe velar por el desarrollo de los menores, satisfaciendo las necesidades que tiene de educación, salud, juego, deporte y alimentación (entre otras), también lo es que la formación que en la familia reciben los hijos es insustituible. La familia es la base fundamental de la sociedad, es la organización primaria, que se funda sobre vínculos de parentesco En su seno nacen, crecen y se forman las nuevas generaciones bajo los valores de la solidaridad, la fidelidad, la fraternidad y la justicia.

Con sobrada razón se dice que el saber ser padre o madre es la profesión más difícil que existe, ya que está en su responsabilidad educar y formar a los hijos hasta hacer de ellos ciudadanos libres y dignos.

“Recordemos que la familia es el espejo de la sociedad”, decía Víctor Hugo, y que “es mucho más fácil dar el ser a un hijo que darle una buena alma”, decía Teognides. De ahí nuestro compromiso para hacer que en el hogar las niñas y los niños se desarrollen plenamente en lo físico, mental, moral y espiritual, para lo cual es necesario proporcionarles un ambiente de armonía, amor, comprensión y tolerancia.

Lo vivido en la edad temprana es fundamental para la edad adulta, por ello, a la niña y al niño debe garantizárseles el respeto y la protección de sus derechos. Asimismo, deben brindárseles todos los cuidados necesarios para su completo desarrollo. “Dame un niño hasta los siete años y yo te respondo por su edad adulta”, decía al respecto Jean Piaget.

Lamentablemente, cada día son más los menores que sufren violaciones a sus derechos fundamentales, cada día aumenta el número de niños y niñas abandonados a su suerte, de niños en la calle y de la calle, sin acceso a la educación, a la salud y, lo más grave, carentes de una familia. Las causas son diversas y sólo se lograrían evitar si volviéramos los ojos a la familia, sin olvidar que es la organización y el espacio en que se crean, fortalecen y reproducen los valores humanos.

Por todo ello, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las niñas y de los niños, a nivel internacional se han aprobado, por la Asamblea General de la ONU, documentos como la Declaración de los Derechos del Niño y La Convención Sobre los Derechos del Niño.

La Convención fue adoptada por la Asamblea General de ese Organismo Internacional el 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990, fecha en que se depositó el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la propia Convención. Fue ratificado por México el 21 de septiembre de 1990 y entró en vigor en nuestro país el 21 de octubre de 1990, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

De esta manera es como actualmente forma parte del Orden Jurídico Mexicano, siendo vigente y obligatoria su observancia, ya que de acuerdo al artículo 133 Constitucional, junto con la propia Constitución, las leyes federales y los demás tratados internacionales, se le considera como Ley Suprema de toda la Unión.

De los documentos anteriormente analizados, podemos concluir que existe una constante preocupación de la humanidad por la protección y seguridad de la niñez. Los niños son el sector más vulnerable de la sociedad, de ahí el interés de asistirlos y promoverlos para lograr su pleno desarrollo físico y mental, y proporcionarles una infancia feliz. [1]

Por lo que respecta a la Convención, ésta se encuentra basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, y está compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos. Estas normas básicas -denominadas también derechos humanos-, establecen derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Se basan en el respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, y por tanto se aplican a todos los seres humanos en todas partes. Acompañan a estos derechos la obligación de los gobiernos y los individuos de no infringir los derechos paralelos de los demás. Estas normas son interdependientes e indivisibles y no es posible garantizar algunos derechos a costa de otros.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales). En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos.

La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes, tales como el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. De esta manera, la Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se comprometen a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de la Convención (como es el caso de México) están obligados a la estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.[2] (2)

Un buen ejemplo de dicha norma suprema (relativa al interés superior del niño), es la disposición contenida en el artículo 47 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, que a la letra dice:

Artículo 47.- Cuando la madre y/o el padre del registrado sean menores de edad, y exhiban los documentos señalados en el artículo 46 de este ordenamiento, pero carezcan del consentimiento de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o tutela, el Juez, procederá a autorizar el registro, asentando el nombre del presentado con los apellidos que correspondan atendiendo al derecho superior del niño a tener nombre, nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres. Lo anterior, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás relativos”.

Al respecto, recordemos que el artículo 133 Constitucional establece que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

A su vez,dicho artículo 7 de la Convención mencionada, dispone que:

“Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.

Por todo lo anterior es que consideramos al contenido del artículo 68 de la Ley General de Población como violatorio de la Ley Suprema de la Unión, en virtud de que inequitativa e innecesariamente hace una distinción entre los registros de nacimiento que se realicen en tiempo (dentro de los seis meses posteriores al nacimiento, según las disposiciones relativas) y los que se hacen de manera extemporánea, dejando de lado la prescripción de considerar como niño a todas las personas hasta el cumplimiento de sus 18 años. [3]

Lo anterior, de la siguiente manera:

“Artículo 68.- Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo, y de defunción, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darse aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado.

Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización”.

Es un hecho que el legislador atendió en su momento al interés superior de niño al realizar la actual redacción de dicha norma, al hacer una excepción y posibilitar el registro de los niños y niñas aún cuando sus padres se encontraran en una situación migratoria ilegal, sin embargo, lo hizo de una manera incompleta y equívoca. Por ello, el objeto de esta reforma consiste en permitir registrar a los extranjeros que no se encuentren de manera legal en el país, a sus hijos mexicanos menores de 18 añosen cualquier caso; esto porque actualmente solo se les concede esta prerrogativa si es que el registro se verifica dentro de los 6 meses posteriores al nacimiento, lo que está en contraposición del interés superior del niño a contar con una identidad propia.

No olvidemos que la niñez, sin importar su origen étnico, racial o nacional, requiere, en primer término, del amor y comprensión de la familia, así como de la sociedad en general. El dotarlo emocionalmente de amor significa garantizar que en su etapa adulta sea un hombre de bien y solidario con sus semejantes. En tal virtud es que categóricamente afirmamos que las niñas y los niños deben ser protegidos desde antes y después de su nacimiento y, sobre todo, durante su crecimiento; debe protegerse su vida y su salud y asegurarle el efectivo goce de todos sus demás derechos, como el contar con un nombre y a conocer a sus padres, a fin de garantizarle un desarrollo físico, mental, social y espiritual que le permita la formación de su carácter y personalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

ARTICULO UNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE POBLACION

Artículo 68.- Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de menores de edad,ya sea en tiempo o extemporáneos, y de defunción, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darse aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado.

Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Velasco Coello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Solicito atentamente a la Asamblea, que preste atención a los oradores en turno.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y se reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.


[1] (1) Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco

[2]UNICEF

[3] Convención Sobre los Derechos del Niño, Artículo 1






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARALA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los CC. Senadores Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Acudo hoy a esta tribuna a presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales con el objeto de que se regulen las prácticas de cobro por parte de las entidades financieras del país.

La cartera vencida respecto del denominado dinero plástico aumentó un 50.3 por ciento, de acuerdo a la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El índice de morosidad en tarjetas de crédito a abril del presente año, fue de casi el 12 por ciento, lo que equivale a 31 mil 662 millones de pesos, lo que demuestra que las familias se han visto en serios problemas económicos que no les permite hacer frente en tiempo y forma a las obligaciones económicas contraídas.

Ante esta situación las instituciones bancarias se han visto obligadas en contratar despachos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, comenzando todo un proceso, mediante el cual se trata de salvar el adeudo a través de envío de cartas y de oficios en los que se avisa a los deudores que si no cubren los créditos se procederá al embargo de bienes muebles e inmuebles dependiendo del monto de la deuda, prácticas de intimidación al momento de cobrar, que no cuentan con el respaldo legal de la autoridad.

Muchos han sido víctimas de actos amenazadores por parte de personal dedicado a la cobranza de deudas vencidas, entendiendo el derecho que tienen las instituciones de la banca para cobrar, sin embargo es necesario regular las prácticas que vienen realizando.

Por ejemplo, llaman a cualquier hora, amenazan a las personas que atienden los teléfonos sin importar quién conteste, sea una persona mayor o menor de edad, incluso amedrentan, amedrentan a gente que no tiene nada qué ver con la deuda; los amenazan con realizar embargos, demandas e incluso se ostentan hasta como representantes de alguna autoridad para exigir el pago.

El fin de este tipo de llamadas es hostigar al deudor, intimidarlo por medio de amenazas, exhibirlo con sus familiares y con las personas que le dieron las referencias. Se tiene conocimiento de que los efectos causados por las llamadas realizadas con toda agresividad y en un horario inusual que, incluso, van contra de las reglas sociales de urbanidad, provocan en los sujetos crisis nerviosas, depresión, daño psicológico, entre otros no menos graves.

Se estima que en un 90 por ciento de la población han recibido llamadas o cartas de parte de una agencia de cobro, situación que además de tener que pensar en las deudas adquiridas y tratar de reorganizar el gasto de los ingresos para poder cumplir con el pago de las mismas; actualmente estas empresas de cobranza se encargan de recordar durante todo el día y parte de la noche la deuda contraía y el término fenecido del plazo.

Sabemos que cobrar una deuda es hacer valer un derecho legítimo, previamente estipulado en un contrato, aceptado por las partes, las cuales están conscientes de que si no se cumple con las cláusulas que menciona en el mismo habrá consecuencias, como por ejemplo, el cobro del adeudo, de la misma forma se pretende que haya reciprocidad con el respeto hacia los deudores y sus familiares.

Es por ello que esta iniciativa que plantea diversas reformas a ordenamientos que tienen que ver con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y también que reforma el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pretende regular la práctica de estas empresas de cobranza, en la forma de requerir el pago de los adeudos, fijar los horarios y las personas a las cuales le podrán realizar las llamadas y las condiciones en que éstas se efectuarán, así como las demás prácticas de cobranza.

Señor Presidente, en virtud del tiempo, le ruego pueda insertarse íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTES.

Los Senadores, Antonio Mejía Haro, Minerva Hernández Ramos, Claudia Sofía Corichi García, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Senadores de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARALA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los niveles de morosidad en créditos bancarios como por ejemplo en tarjetas, siguen aumentando, los vencimientos en el pago de créditos al consumo de igual forma, la situación económica del país y la pérdida de empleos son factores que tienen un impacto mayor en estos índices.

El nivel de impago de los créditos al consumo continua con una tendencia a la alza, alcanzando un 9.6%en el mes de mayo de acuerdo con el reporte sobre el Sistema Financiero, que presentó el banco central en el mes de julio; los bancos están prestando menos y su cartera vencida cada vez aumenta más.

La cartera vencida en el llamado “dinero plástico” aumentó 50.3% al cierre del año pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con informes preliminares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señalan que el índice de morosidad en tarjetas de crédito a nivel nacional, a abril del presente año, fue de 11.75%, lo que equivale a 31 mil 662 millones de pesos, lo que se traduce en que las familias tienen muchos problemas para poder cumplir con el pago de los créditos que adquirieron.

Podemos pensar que el endeudamiento y por consecuente la morosidad de los pagos son producto de los malos manejos de las tarjetas y la mala administración que tenemos con nuestros ingresos, aunque no siempre sea el caso, en la actualidad el disponer de un crédito através de la tarjeta puede significar un gran apoyo para salir de situaciones imprevistas como por ejemplo, un problema de salud, en el que tengas que disponer de una cantidad de dinero y que en el momento no se cuente con ella, por medio de la tarjeta se soluciona el problema pero se contrae la deuda.

La crisis económica por la que atraviesa el país, el frecuente aumento en los precios de los bienes y servicios, el desempleo; el mal uso de las tarjetas bancarias, compras compulsivas, adquirir artículos que no son de primera necesidad y la poca cultura bancaria de gran parte de la población, son factores que ocasionan que las personas se encuentren en condiciones de impago de sus deudas con las instituciones de crédito.

Ante tal situación las instituciones bancarias se vean en la necesidad de contratar despachos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, comenzando todo un proceso, mediante el cual se trata de recuperar el adeudo a través del envío de cartas y oficios en los que se avisa a los deudores que si no cubren los créditos se procederá al embargo de bienes muebles o inmuebles dependiendo del monto de la deuda, prácticas de intimidación de cobro extra judicial, que no cuentan con el respaldo legal de una autoridad.

Otro medio que manejan estos despachos de recuperación de créditos, son las llamadas telefónicas frecuentes e intimidatorias, a través de las cuales escuchamos amenazas de embargo, de ser boletinados al buró de crédito, entre otras cosas.

Estas llamadas son realizadas en días festivos, fines de semana, en horario nocturno o a muy temprana hora y no sólo al titular de la deuda sino también a su aval o a las referencias que haya proporcionado en la solicitud y en general de quien se cuente con su número telefónico.

El fin de este tipo de llamadas es hostigar al deudor, intimidarlo por medio de amenazas, exhibirlo con sus familiares y con las personas que dio como referencias. Se tiene conocimiento de que los efectos causados por las llamadas realizadas con tono agresivo y en un horario inusual que, incluso, van contra las reglas sociales de urbanidad, provocan en los sujetos crisis nerviosas, depresión, daño psicológico, entre otros no menos graves.

Se estima que un 90 por ciento de la población, ha recibido llamadas o cartas de parte de una agencia de cobro, situación que además del tener que pensar en las deudas adquiridas y tratar de reorganizar el gasto de los ingresos para poder cumplir con el pago de las mismas; actualmente estas empresas de cobranza se encargan de recordarnos durante todo el día y parte de la noche la deuda contraída y el termino fenecido del plazo.

Sabemos que cobrar una deuda es hacer valer un derecho legítimo, previamente estipulado en un contrato, aceptado por las partes, las cuales están conscientes que si no se cumple con las cláusulas que menciona el mismo traerá consecuencias, como por ejemplo, el cobro de lo adeudado, de la misma forma se pretende que haya reciprocidad en el respeto con los deudores y sus familiares.

Dichas prácticas son motivo de infinidad de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y como respuesta a este problema, en coordinación con las empresas de cobranza esta comisión publicó un Código de Ética de las Obligaciones para con los Deudores y Público en General, el cual regula el procedimiento de cobro, para que se haga bajo estricto apego a derecho y basado en principios profesionales, tecnológicos y éticos en beneficio de la población que tenga adeudos con dichas instituciones.

Desafortunadamente al no ser un instrumento con carácter de Ley muchas empresas de cobranza no lo aplican ya que no tienen la coerción que esta lleva implícita, es por ello que a través de la presente iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se pretende regular la práctica de estas empresas de cobranza, en la forma de requerir el pago de los adeudos, fijar los horarios y las personas a las cuales les podrán realizar las llamadas y las condiciones en que se efectuarán estas así como las demás prácticas de cobranza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRTO

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XLII al artículo 11 y se recorre la actual para quedar como XLIII; y un párrafo segundo a la fracción XII del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XLI. …

XLII.Vigilar y en su caso sancionar a las Instituciones Financieras, así como a las empresas de cobro que estas contraten o a las que hayan comprado cartera vencida de dichas instituciones cuando:

a) Exijan el cobro de los pagos vencidos al deudor mediante requerimientos de presuntas demandas o notificaciones judiciales u ostentarse como representantes del órgano jurisdiccional u otra autoridad.

b) Realicen llamadas telefónicas fuera de los días y horas hábiles que comprenden de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, con el objeto de negociar el cobro de los adeudos vencidos. Queda prohibido realizar el requerimientode los pagos vencidos a menores o personas de la tercera edad y familiares del acreedor.

c) Incrementen el saldo de la deuda con cargos no autorizados por la legislación correspondiente o el contrato celebrado por las partes;

d) Establezcan registros especiales, distintos a los previstos en las leyes competentes para hacer del conocimiento general de la situación en que se encuentran los deudores;

XLIII.- Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Artículo 94.-La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:

I. a XI. …

XII.-…

La misma multa se aplicará a quién transgreda las disposicionesde los incisos contenidos en la fracción XLII del artículo 11 de esta Ley.

XIII.-…

Transitorio

Unico.-El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 11.-…

...

I. …

II. …

II Bis. …

a)

b)

c)

d)

III. ...

IV. ...

V. El procedimiento a seguirse para la cancelación del servicio.El convenio que celebren ambas partes con motivo de la cancelación del servicio o liquidación del adeudo correspondiente deberá estipular los términos y condiciones a los que se sujetaran ambas partes.

Transitorio

Unico.-El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Claudia Sofía Corichi García.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Mejía Haro. Y en correspondencia a su solicitud, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se incluya la iniciativa completa en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA CAMARA DE SENADORES

(Presentada por el C. Senador José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José González Morfín: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.

Me parece que este es un tema fundamental. Desde que se aprobó la reforma constitucional al artículo 6º, en el año de 2002, que motivó en México el nacimiento del IFAI, una de las buenas noticias, creo yo, que hemos tenido en el desarrollo democrático de nuestro país; el Senado de la República ha venido resolviendo este tema al cual estamos obligados con un acuerdo parlamentario que se votó en este Pleno el 30 de abril de 2003, me parece que ha llegado el momento de abordar el tema con toda seriedad y con toda responsabilidad, y dar desde el Senado de la República testimonio de que aquí no hay nada que ocultar, que toda la información que aquí se genera, se produce, se clasifica, se intercambia, puede estar al acceso del ciudadano común y corriente, y en este contexto he elaborado esta propuesta de reglamento para que junto con el nuevo reglamento que estamos trabajando que normará el desarrollo de los trabajos del Senado, pudiéramos de una vez por todas también resolver el tema de la transparencia en nuestro país.

La Cámara de Senadores es un órgano legislativo que simboliza el pacto federal, la transparencia es una responsabilidad compartida entre todos quienes formamos parte del pacto federal, por eso creo yo, compañeras y compañeros Senadores, que no podemos sustraernos a esta obligación legal, obligación constitucional y en ese contexto la propuesta que hoy presento a su consideración contiene diez capítulos que recogen cada uno de los temas importantes en materia de acceso a la información.

Yo destacaría en el Capítulo I, el principio de máxima transparencia, creo que el Senado debe decir que aquí no hay absolutamente nada qué ocultar.

El Capítulo II establece las reglas para publicitar toda la información en medios electrónicos, que deben contener como mínimo indispensable las páginas en donde se publicita la información del Senado de la República.

Menciono simplemente que en particular, en estas páginas electrónicas, desde mi punto de vista, debe de destacarse y debe de ponerse a consideración de la ciudadanía un reporte de la asignación y destino de los recursos económicos y materiales que maneja el Senado, y esto pasa también por los recursos económicos que manejamos las bancadas, los grupos parlamentarios, como los llama la ley.

Cada uno de los capítulos, pues, establece condiciones o procedimientos, por ejemplo, el Capítulo V se ocupa del procedimiento de acceso a la información de la Cámara, y la idea es generar un procedimiento muy ágil, muy expedito para que quien viene aquí a pedir información sobre alguno de los procesos que aquí se llevan a cabo, la pueda obtener de manera rápida sin ningún problema.

No quiero, señor Presidente, alargarme más en mi intervención, simplemente comentaría, que si bien es cierto, que este Acuerdo parlamentario del 30 de abril de 2003, ha venido sentando las bases de lo que debe de ser la actuación del Senado en materia de transparencia, yo creo que el reglamento que hoy pongo a consideración del Senado establece con mucho mayor precisión lo que los ciudadanos están esperando de nosotros. Yo creo que el tema de la rendición de cuentas del Senado de la República y de cada uno de nosotros los Senadores y las Senadoras pasa por el tema de la transparencia, y aquí están, desde mi punto de vista, establecidas las bases mínimas para que podamos cumplir cabalmente con esta obligación.

No tengo nada más que agregar, salvo que si, como yo espero, este reglamento fuera aprobado, quedaría derogado el Acuerdo del Pleno del Senado de la República, del 30 de abril de 2003, y estaríamos cumpliendo a cabalidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 6º constitucional que obliga a todos los órganos del Estado Mexicano a regular el acceso de los ciudadanos a la información que se genera en cada uno de los órganos del Estado. Este Poder Legislativo, y concretamente esta Cámara de Senadores, no se puede sustraer a esta importantísima responsabilidad y obligación.

Es todo, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Jose Gonzalez Morfin, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción ll del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion de la Camara de Senadores, que abroga al Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley de la materia, a efecto de ajustar la normatividad interna a los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 16 constitucionales, con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Antes del año 2002 el derecho de acceso a la información pública gubernamental en México se encontraba fragmentado y carente de orden. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en adelante sólo Ley, se concentraron los principales elementos de dicha garantía:

Primero. Proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

Segundo. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información;

Tercero. Garantizar la protección de los datos personales;

Cuarto. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos;

Quinto. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos gubernamentales, y

Sexto. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

La entrada en vigor de esta Ley obedeció, entre otros aspectos, a la creciente exigencia social de contar con mejores instrumentos para combatir la corrupción, controlar al Estado e intervenir en las políticas públicas. Cabe reiterar que la transparencia y el derecho a la información son mecanismos que hacen visible la actividad de las burocracias, inhibiendo los actos irregulares y las conductas ilícitas de sus integrantes.

Uno de los grandes méritos de la Ley en comento consiste en que, comparada con sus equivalentes de los Estados Unidos de América, Canadá o Francia posee mayores contenidos y alcances debido, fundamentalmente, a que no sólo obliga a la administración pública a transparentar su gestión interna, sino que abarca también a los Poderes Legislativo y Judicial, por lo que resulta un medio más completo y eficaz para acceder a la información y combatir integralmente la oscuridad en la actuación del Estado.

2. Instrumentación del derecho a la información en la Cámara Alta

La Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es el órgano legislativo que simboliza el pacto federal y que, conforme a sus facultades constitucionales, interviene en la creación, modificación y adición del orden jurídico nacional, así como en el control del gobierno federal, con estricto apego al principio de legalidad.

En este sentido, el Senado de la República despliega una intensa actividad legislativa, parlamentaria y política, que sirve como canal de expresión de las ideologías representativas de la Nación y posee, como uno de sus atributos, autonomía para expedir su normatividad interna, integrar sus propios órganos de gobierno, disponer de su presupuesto, así como organizar y administrar sus recursos.

Lo anterior implica que esta Cámara genere, recopile, administre y resguarde notables cantidades de información la cual, conforme las normas, deben estar a disposición del público a través de instrumentos abiertos, confiables y ágiles, algunos de los cuales ya existían desde antes de la entrada en vigor de la Ley, tales como el registro estenográfico y el Diario de los Debates, la página electrónica, la Gaceta Parlamentaria y el Canal de Televisión del Congreso.

Con estricto apego a la Ley, la Cámara de Senadores se abocó a expedir un Acuerdo Parlamentario para aplicarla internamente, constituir los órganos coordinadores y garantes -Comité de Información y Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información- y emitir lineamientos para clasificar la información y reorganizar sus archivos.

Así mismo, se instrumentaron principalmente dos mecanismos para transparentar y otorgar el acceso de su información al público:

El primero lo constituye la página electrónica institucional, en la que cualquier persona puede obtener de forma directa la información obligatoria que establece la Ley, así como otra información adicional que difunde la Cámara.

Sobre este mecanismo se subrayan dos aspectos: la página electrónica ha recibido un promedio de 54 mil visitas mensuales y, por otra parte, comparada con sus similares de Estados Unidos de América, Chile, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania, difunde mayores contenidos sobre las materias legislativa, parlamentaria y administrativa.

El segundo mecanismo lo constituye el trámite de solicitudes de información, mismas que son presentadas por los particulares a la Unidad de Enlace y respondidas con la información que integran las áreas de la Cámara de Senadores.

La gestión de más de 10 mil solicitudes de información demuestra que la Cámara de Senadores ha sido uno de los sujetos obligados que mejor ha instrumentado la Ley.

Por otro lado, la Cámara de Senadores promueve la cultura de la transparencia y del acceso a la información al fortalecer vínculos y colaborar con otros sujetos obligados, en especial con la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -con el cual ha suscrito un convenio de colaboración-, así como con instituciones académicas, públicas y privadas.

También incrementó intercambios de experiencias sobre el tema con Legislaturas locales, fomentó la participación de los Senadores y servidores públicos en foros públicos e impartió capacitación interna con enfoque de transparencia y rendición de cuentas a sus trabajadores.

3. Contenido del Reglamento

No obstante los avances en transparencia, el Senado de la República requiere fortalecer sus mecanismos de comunicación con la ciudadanía debido a que los requerimientos informativos del público son cada vez más complejos, por tanto se requiere de una mejora regulatoria interna que ponga a la Cámara a la altura de las circunstancias.

Es por ello que se propone este REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA CAMARA DE SENADORES, el cual se compone de diez capítulos, mismos que constituyen una evolución cualitativa notable sobre la actual normatividad y donde se han integrado algunas de las mejores prácticas en la materia que se adaptan a la realidad legislativa. Así mismo, se han tomado en cuenta observaciones de académicos, aportaciones de servidores públicos, comentarios de representantes de medios de comunicación pero, sobre todo, incorpora la experiencia acumulada por el Senado, desde el año 2001.

Es así que el primer capítulo del ordenamiento que se propone contempla las disposiciones generales que, entre otras cuestiones, confirma el principio de máxima transparencia, reitera que su objeto consiste en reglamentar las disposiciones de la Ley, de conformidad con los principios y criterios establecidos en la Carta Magna y establece que la Comisión Permanente del Congreso estará sujeta a este Reglamento, durante las sesiones que celebre dentro del Senado.

El segundo Capítulo denominado “Obligaciones de transparencia” se ocupa de la información que se publica en la página electrónica y de las unidades legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas que contarán con portales electrónicos propios donde publicarán y actualizarán ciertos datos específicos.

En particular, debe destacarse que los Grupos Parlamentarios deberán difundir en sus sitios un reporte sobre la asignación y destino final de los recursos económicos y materiales que se les provea institucionalmente, en razón de que se trata de una obligación legal.

Por otro lado, en el tercer Capítulo, se precisa puntualmente la diferencia entre información reservada y confidencial, determinándose los procedimientos, principios y supuestos para su protección y clasificación.

En este Capítulo se introduce la figura de la “prueba de daño” que consiste en que la clasificación de información deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que con su acceso, habría la posibilidad de atentar contra los intereses públicos tutelados en el artículo 6º de la Constitución y en la Ley, tales como la seguridad nacional y pública, la defensa nacional, las relaciones internacionales; la estabilidad financiera o económica del país; la vida, la seguridad o la salud de las personas; las actividades de verificación del cumplimiento de leyes; los expedientes judiciales o administrativos; los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros y los procesos deliberativos de los servidores públicos.

El Capítulo número IV está destinado a los órganos responsables de la transparencia y el acceso a la información. Aquí se destaca que no se crean nuevas instancias, únicamente se realínean las atribuciones de las actuales, se les dota de las atribuciones que señalan tanto la Constitución y como la Ley.

Es así que el Comité de Información continúa conformándose con los Senadores integrantes de la Comisión de Administración mismo que, fundamentalmente, coordinará y supervisará las acciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y organización de archivos.

Por otra parte, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, conocido como COGATI, ahora se constituye en el órgano garante especializado e imparcial de la Cámara, dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión, conforme lo establece el artículo 6º constitucional, en materia de derecho a la información.

El COGATI continuará integrándose por un Senador de cada grupo parlamentario, los cuales serán propuestos a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, para su ratificación por el Pleno y tendrá fundamentalmente las atribuciones de conocer y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los solicitantes y participar en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones.

El Capítulo V se ocupa del procedimiento de acceso a la información de la Cámara, con el cual se fortalece al mecanismo de atención de las solicitudes de información y donde se incorpora la figura de la afirmativa, a favor del peticionario.

Por otro lado, el Capítulo VI toma en cuenta el contenido de la reciente reforma al artículo 16 constitucional, relativa a la protección de datos personales que posea y las garantías de su protección conocidas como “Derechos ARCO”, es decir, las prerrogativas ciudadanas para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de la información privada de toda persona.

El Capítulo VIII se enfoca a los archivos de la Cámara, donde se reconoce que su organización y administración es de vital importancia para un óptimo funcionamiento institucional y se establece un sistema para su administración, el cual está dividido en las etapas de: trámite, concentración e histórico.

Cabe destacar que está organización no requerirá de la creación de nuevas estructuras, ya que se ocupará la capacidad instalada de la Cámara.

Así llegamos a los Capítulos IX y X donde se mejora el procedimiento para atender los recursos de revisión y reconsideración y se fijan las conductas ilícitas y las sanciones para los servidores públicos que incumplan las normas de transparencia y acceso a la información.

Finalmente es importante expresar que los Senadores, los servidores públicos y prestadores de servicios que colaboramos en el Senado de la República debemos refrendar nuestro compromiso con los valores éticos de la transparencia, la apertura y acceso a la información, así como con la rendición de cuentas.

Por las razones antes expuestas, me permito presentar a la consideración de este Pleno Senatorial el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA

CAMARA DE SENADORES

ARTICULO UNICO.- Se expide Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA CAMARA DE SENADORES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1. Este ordenamiento es de orden público y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo relativo a la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los principios y criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante las sesiones que la Comisión Permanente efectúe en esta Cámara se observará, en lo que corresponda a la transparencia y el acceso a la información, las disposiciones del presente Reglamento.

Voces y significados

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Archivo: Los expedientes y documentos legislativos, parlamentarios y administrativos que contienen información inherente al funcionamiento de la Cámara y/o de sus Unidades, con independencia de su forma de presentación;

II. Cámara: La Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Clasificación: El acto por el cual se determina qué información es reservada o confidencial;

IV. COGATI: El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información;

V. Comité de Información: La Comisión de Administración;

VI. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad, con independencia de que dicha información se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

VIII. DGAHyML: La Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa;

IX. Días: Días hábiles;

X. Documentos: Cualquier registro que contenga información relativa al ejercicio de las facultades o actividades de la Cámara, sus Unidades y sus servidores públicos, tales como actas, comunicaciones, iniciativas, minutas, proposiciones, dictámenes, memoriales, reportes, estudios, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

XI. Expediente: Un conjunto ordenado de documentos;

XII. Información: Los datos, elementos y contenidos de los documentos que, por cualquier título, las Unidades posean, resguarden, generen, obtengan, adquieran, recopilen, transformen, administren, clasifiquen, conserven, difundan o proporcionen;

XIII. Información confidencial: La información a la que se refiere el artículo 18 de la Ley;

XIV. Información reservada: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley;

XV. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XVI. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII. Lineamientos: Las disposiciones administrativas, manuales o procedimientos de carácter interno aprobadas por el Comité de Información o emitidas por el COGATI, en el ámbito de sus atribuciones, y que son de observancia obligatoria para las Unidades;

XVIII. Manual de Organización: El Manual de Organización Técnica y Administrativa de la Cámara de Senadores;

XIX. Página electrónica: El sitio electrónico institucional de la Cámara, cuya dirección es: www.senado.gob.mx, estando su operación a cargo de las Secretarías Generales;

XX. Secretaría General de Servicios Administrativos: SGSA;

XXI. Secretaría General de Servicios Parlamentarios: SGSP;

XXII. Servidores públicos: Los servidores públicos al servicio de la Cámara, que están mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución;

XXIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que están en posesión de la Cámara, sea en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;

XXIV. Unidad de Enlace: La Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información;

XXV. Unidades: Las unidades de la Cámara que, de acuerdo con la Ley Orgánica, el Manual de Organización y la normatividad aplicable, posean, resguarden, generen, obtengan, adquieran, recopilen, transformen, administren, clasifiquen, conserven, difundan o proporcionen, por cualquier título, información, de conformidad con las facultades que les correspondan, siendo de forma enunciativa:

a) Órganos Legislativos: La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las Comisiones y los Comités;

b) Unidades Técnicas: la Contraloría Interna, el Instituto Belisario Domínguez, el Centro de Capacitación y Formación Permanente, la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, la Coordinación de Comunicación Social, la Unidad de Enlace, así como el Canal de Televisión del Congreso, en cuanto a la información relacionada con esta Cámara;

c) Unidades Parlamentarias: La Secretaría General de Servicios Parlamentarios y las unidades que de ella dependen, y

d) Unidades Administrativas: La Secretaría General de Servicios Administrativos y las unidades que de ella dependen.

XXV. Versión Pública: Documento al que se le ha eliminado o suprimido la información cuya divulgación podría representar un riesgo en términos de la Ley.

Obligatoriedad

Artículo 3. Este Reglamento es de observancia general para los Senadores, los servidores públicos y prestadores de servicios de la Cámara, así como para todas sus Unidades.

Principio de máxima publicidad

Artículo 4. En la interpretación de este Reglamento se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de la Cámara, en términos de lo previsto en el artículo 6º de la Constitución y 6 de la Ley.

Supletoriedad

Artículo 5. En lo no previsto por este Reglamento se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO II

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Sección I.

Información de publicación obligatoria en la página electrónica

Publicación de información en Internet

Artículo 6. Con excepción de la información reservada o confidencial la Cámara deberá poner a disposición del público y actualizar en su página electrónica la información establecida en el artículo 7 de la Ley.

En tal sentido las Unidades, conforme la naturaleza de sus atribuciones, tendrán a su cargo publicar y actualizar la siguiente información:

I. La estructura orgánica de la Cámara;

II. Las facultades y responsabilidades de cada Unidad, de conformidad con la Ley Orgánica y el Manual de Organización;

III. El directorio de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, con los siguientes elementos:

a) El nombre de la persona;

b) Su cargo;

c) El nivel del puesto en la estructura orgánica, y

d) El domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales.

IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. Dicha información contendrá:

a) Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando, que incluya el tabulador de sueldos y prestaciones;

b) Los sueldos y prestaciones para el personal operativo sindicalizado, que incluya el tabulador de sueldos, compensaciones y prestaciones;

c) Las condiciones generales de trabajo del personal operativo sindicalizado, y

d) El número de servidores públicos y prestadores de servicios profesionales.

V. El domicilio de la Unidad de Enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de información.

Para el cumplimiento de esta obligación, la Unidad de Enlace operará un portal electrónico denominado “Transparencia y acceso a la información” que contendrá como mínimo, lo siguiente:

a) La ubicación física de la unidad de Enlace;

b) Un sistema informático para que los particulares remitan solicitudes de información o interpongan sus recursos;

c) Un apartado para la información obligatoria a la que se refiere el artículo 7 de la Ley, este artículo y el artículo 7 de este Reglamento;

d) La integración del Comité de Información y del COGATI;

e) Un resumen de las solicitudes de acceso a la información recibidas y las respuestas que les han recaído;

f) La información sobre la organización de los archivos de la Cámara, y

g) Los informes que la Cámara genere en materia de transparencia y acceso a la información;

VI. Las metas y objetivos de las Unidades técnicas, parlamentarias y administrativas, de conformidad con sus programas operativos anuales.

VII. Los servicios que ofrecen la Biblioteca Melchor Ocampo y el Archivo Histórico, así como los requisitos y formatos para proporcionarlos;

VIII. La información relativa al presupuesto asignado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otros ordenamientos aplicables en la materia.

Esta información incluirá las asignaciones presupuestarias de los Grupos Parlamentarios y las Comisiones de la Cámara, así como los montos y personas a quienes se entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos.

IX. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.

Para el cumplimiento de esta obligación, la Contraloría Interna contará con un portal electrónico propio donde publicará y actualizará, como mínimo, lo siguiente:

a) Los informes de auditoría;

b) Los informes de resultados, e

c) Los informes de cumplimiento.

La información publicada no deberá contener datos que puedan perjudicar a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y normas, que se relacionen con presuntas responsabilidades o, en general, aquella información que tenga el carácter de reservada o confidencial en los términos de la Ley y de este Reglamento.

Los procedimientos administrativos o jurisdiccionales únicamente podrán hacerse del conocimiento público una vez que los procedimientos sean resueltos de manera definitiva, sus resoluciones hayan causado estado y no sean recurribles en forma alguna.

X. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados. En el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;

d) Los plazos de su cumplimiento, y

e) En su caso, los convenios modificatorios correspondientes.

XI. Las convocatorias a licitaciones y concursos administrativos, así como la normatividad a que se sujetarán;

XII. El marco normativo completo aplicable a la Cámara;

XIII. Los informes administrativos que deban emitir, conforme la normatividad, y

XIV. Los mecanismos de participación ciudadana que establezca la Cámara, incluyendo la agenda de reuniones de trabajo legislativo.

Otra información obligatoria en Internet

Artículo 7. Conforme lo establece el artículo 7, fracción XVII de la Ley las siguientes Unidades, conforme la naturaleza de sus atribuciones, también publicarán y actualizarán la siguiente información:

I. Las Comisiones y Comités contarán con portales en la página electrónica donde publicarán y actualizarán con apoyo de la SGSP, como mínimo, la siguiente información:

a) Su integración;

b) Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales;

c) La agenda de sus actividades;

d) Las actas de sus sesiones;

e) Los dictámenes, minutas, iniciativas y puntos de acuerdo que tengan turnados, así como el estado en que se encuentren, y

f) Los informes de sus actividades.

II. La SGSP difundirá como mínimo:

a) Los nombres y currículos de los Senadores, así como los órganos, Comisiones o Comités a los que pertenecen y los cargos que ocupan;

b) El orden del día de las sesiones de la Cámara, en sus periodos ordinarios y extraordinarios;

c) El registro nominal de asistencia y votación de los legisladores en el Plano, por cada sesión y periodo;

d) Las iniciativas de leyes, minutas, proposiciones, comunicaciones, decretos, así como las ratificaciones, nombramientos u objeciones con respecto a servidores públicos que efectúe la Cámara, señalando además: los nombres de quienes las presentaron o la procedencia del asunto, la fecha en que se presentaron, las Comisiones o instancias a las que se turnaron y los dictámenes o trámites que, en su caso, les hayan recaído.

e) Las versiones estenográficas de las sesiones y de los eventos relevantes en que participe la Cámara o sus integrantes;

f) La integración de los Órganos Legislativos de la Cámara, así como sus informes de actividades;

g) El Diario de Debates y la Gaceta del Senado, y

h) La información de la Comisión Permanente, cuando sesione en la sede de la Cámara.

III. La SGSA difundirá como mínimo:

a) Las sesiones en vivo de la Cámara y de la Comisión Permanente, con apoyo del Canal de Televisión del Congreso y de la SGSP;

b) Los reportes administrativos de los viajes oficiales efectuados por los Senadores y por los servidores públicos, especificando: las Comisiones u órganos que viajaron, el objeto del viaje, el número de integrantes de la misión, así como el destino y las fechas de inicio y término de cada uno.

c) El informe de cumplimiento de las disposiciones derivadas del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

d) Los informes sobre el uso y destino de los bienes inmuebles a disposición de la Cámara;

e) El padrón vehicular de la Cámara, y

f) Un compendio estadístico con la información legislativa, parlamentaria, técnica y administrativa más relevante, el cual se actualizará cada año con los datos que proporcionen las Unidades.

IV. El Instituto Belisario Domínguez publicará como mínimo:

a) Su reglamento interno;

b) La relación de obras que edite o participe en su elaboración;

c) La información sobre los estudios o investigaciones de naturaleza jurídica, económica, política y social que realice o encargue, y

d) Los convenios de colaboración que suscriba.

V. La Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, en el ámbito de sus atribuciones, publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información:

a) Los informes de resultados de cada viaje internacional de trabajo legislativo;

b) Las organizaciones internacionales en donde la Cámara tenga participación, así como el órgano o los Senadores que la representen;

c) Los tratados internacionales y convenciones diplomáticas sujetas a la aprobación de la Cámara, así como los demás procedimientos establecidos en el artículo 76, fracción I, de la Constitución, junto con los trámites que les recaigan;

d) Las ratificaciones del personal del Servicio Exterior Mexicano que efectúe la Cámara, y

e) Las actividades protocolarias efectuadas en la Cámara.

VI. La Coordinación de Comunicación Social, en el ámbito de sus atribuciones, publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información:

a) Los boletines de prensa que emita;

b) Los cortes fotográficos, y

c) Las versiones estenográficas de eventos relevantes en que participen los Senadores.

VII. El Centro de Capacitación y Formación Permanente, en el ámbito de sus atribuciones, publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información:

a) Su marco normativo;

b) Las convocatorias de concursos para ocupar puestos del servicio civil de carrera de la Cámara, y

c) Los calendarios de capacitación y evaluación a que se sujetará el personal del servicio civil de carrera, y

VIII. La Cámara de Senadores incorporará un enlace para acceder al portal electrónico del Canal de Televisión del Congreso.

Así mismo, la Cámara difundirá cualquier otra información útil o que considere de interés general, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.

Información de los Grupos Parlamentarios

Artículo 8. Los Grupos Parlamentarios deberán publicar en internet, como mínimo, la siguiente información:

I. El directorio de sus integrantes;

II. La dirección electrónica donde pueden recibir solicitudes de información;

III. Reporte de la asignación y destino final de los recursos económicos y materiales que se les provea institucionalmente, y

IV. Cualquier otra información que consideren útil o relevante.

Sección II:

Publicación y actualización de la información en la página electrónica

Publicación, actualización y responsables de la información

Artículo 9. La Cámara deberá publicar y actualizar la información señalada en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento, conforme los Lineamientos y disposiciones legales establecidas.

Esta información deberá permanecer en la página electrónica durante el periodo de su vigencia y las Unidades establecerán mecanismos para conservar y resguardar la correspondiente a periodos anteriores.

Condiciones de la información

Artículo 10. La información que publique la Cámara en su página electrónica cumplirá con las siguientes condiciones:

I. La página electrónica contendrá un vínculo denominado “Transparencia y acceso a la información” para acceder a la información obligatoria señalada en los artículos 6 y 7 de este Reglamento. Adicionalmente, dicha información también podrá estar disponible en otros apartados temáticos de la misma;

II. La información obligatoria que se difunda en la página electrónica deberá ser actualizada, confiable, completa, oportuna y verificable;

III. Esta información y los documentos publicados deberán especificar la Unidad que la genere y los plazos de actualización, y

IV. El lenguaje utilizado será claro, accesible y que facilite su comprensión por los usuarios.

El Comité de Información aprobará los Lineamientos necesarios para asegurar que la información cumpla con lo dispuesto en este Capítulo.

Procedimiento para publicar y actualizar información

Artículo 11. La publicación y actualización de la información obligatoria, en la página electrónica, se sujetará a los Lineamientos que apruebe el Comité de Información, conforme las siguientes condiciones:

I. La Unidad que genere o posea la información a publicarse o actualizarse, deberá preparar su digitalización y automatización;

II. Cuando se trate de información que se publicará por primera vez, cada Unidad deberá someter su aprobación al Comité de Información;

III. El Comité de Información verificará que la información a difundirse por primera vez cumpla con la normatividad aplicable y, en su caso, autorizará su integración a la página electrónica;

IV. Una vez aprobada la publicación de la información, la Unidad la remitirá a la unidad de informática para su integración en la página electrónica;

V. En caso de que únicamente se trate de actualizar la información ya publicada, previa autorización de su titular, la Unidad la remitirá directamente a la unidad de informática para su integración en la página electrónica;

VI. La Unidad de Enlace reportará mensualmente a los titulares de las Unidades o a los Secretarios Generales, según corresponda, el estado que guarda la información publicada en la página electrónica.

CAPITULO III
INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Sección I
Información reservada

Información reservada

Artículo 12. La información pública podrá reservarse temporalmente por causas de interés público y conforme las modalidades establecidas en la Ley, el presente Reglamento, los Lineamientos que se expidan y las disposiciones legales aplicables.

Supuestos para reservar información

Artículo 13. Además de la información señalada en los artículos 13 y 14 de la Ley, se considerará como información reservada, la siguiente:

I. Los dictámenes relativos a iniciativas, minutas, proposiciones, puntos de acuerdo, acuerdos parlamentarios, decretos, nombramientos y ratificaciones de servidores públicos, entre otros, en tanto no se publiquen en la Gaceta del Senado;

II. Las averiguaciones previas donde esté relacionada la Cámara, sus servidores públicos o prestadores de servicios, en tanto se encuentren en etapa de integración o reserva;

III. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en los que la Cámara, sus servidores públicos o prestadores de servicios, sean parte o estén relacionados.

Los expedientes correspondientes se podrán hacer públicos hasta que las resoluciones respectivas causen estado, salvo la información reservada o confidencial que pudieran contener.

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos para fincar responsabilidades a los servidores públicos;

V. Los expedientes de los contratos, licitaciones o adquisiciones cuya difusión pudiera menoscabar las condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la Cámara o incidir negativamente en su operación, la conducción de la diplomacia parlamentaria y el ceremonial protocolario;

VI. La información contemplada en el Reglamento Interior de la Cámara de Senadores;

VII. La información clasificada como reservada por los Poderes Ejecutivo y Judicial u otros sujetos obligados y que haya sido entregada a la Cámara con tal carácter, y

VIII. Aquella que el Comité de Información, con fundamento en la Ley, este Reglamento y los Lineamientos aplicables, determine incorporar semestralmente al índice de información clasificada como reservada o confidencial.

Periodo de reserva

Artículo 14. La información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años, salvo disposición legal en contrario.

Este periodo podrá ser excepcionalmente renovado, siempre que subsistan las causales que le dieron origen.

Desclasificación de información

Artículo 15. La información clasificada deberá ser desclasificada cuando:

I. Haya transcurrido el periodo de reserva;

II. Desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación;

III. Así lo determine el Comité de Información cuando una Unidad lo solicite o la suprima del índice de información clasificada como reservada o confidencial, por razones de interés público relacionadas con los objetivos de la Ley, debidamente acreditadas;

IV. El COGATI así lo resuelva al sustanciar un recurso de revisión o reconsideración, o

V. Se ordene por mandato judicial.

Ampliación del plazo de reserva

Artículo 16. Cuando a juicio de una Unidad sea necesario ampliar el plazo de reserva de la información deberá pedirlo, fundada y motivadamente, al Comité de Información, por lo menos con cuarenta días de anticipación al vencimiento del periodo de reserva.

En caso de que el Comité de Información no resuelva dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la solicitud de ampliación del plazo de reserva, se entenderá como una afirmativa ficta y el documento conservará el carácter de reservado por el periodo solicitado.

Sección II

Información confidencial

Información confidencial

Artículo 17. Como información confidencial en posesión de la Cámara, se considerará la señalada en el artículo 18 de la Ley.

Registros públicos y sistemas de acceso público

Artículo 18. No se considerará información confidencial la que por disposición legal se encuentre en registros públicos o fuentes de datos de acceso público, en cuyo caso se le hará saber a todo solicitante el lugar y la forma en que puede consultar esta información.

Información confidencial proporcionada por particulares

Artículo 19. Las Unidades que en el ejercicio de sus funciones recaben información confidencial, la mantendrán con ese carácter salvo que sus titulares expresamente señalen los documentos o secciones que puedan hacerse públicos.

Plazos de confidencialidad

Artículo 20. La información confidencial que posea la Cámara no estará sujeta a plazos de vencimiento, tendrá ese carácter de manera indefinida y únicamente se permitirá su acceso en los casos establecidos en las fracciones II a V del artículo 15 de este Reglamento.

Sección III

Clasificación de información

Prueba de Daño

Artículo 21. La clasificación de información como reservada o confidencial que efectúen las Unidades deberá estar fundada y motivada.

La motivación deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que, con el acceso a la información, existe una alta probabilidad de atentar contra los intereses tutelados en el artículo 6º de la Constitución y en los Capítulos III y IV de la Ley.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Procedimiento de clasificación

Artículo 22. Las Unidades llevarán a cabo la clasificación de la información como reservada o confidencial, en el momento en que:

I. Se genere, obtenga, adquiera, recopile o transforme la información, o

II. Al momento de tramitarse una solicitud de información, en el caso de que los documentos requeridos no se hubieran clasificado previamente.

En este caso, el plazo de reserva iniciará en la fecha en que se generó el documento o expediente.

La clasificación podrá abarcar todo, una o más porciones de un documento o expediente.

La información que se clasifique se incorporará semestralmente al índice de información clasificada como reservada y confidencial que elabore la Unidad de Enlace.

Elaboración de lineamientos

Artículo 23. La SGSA elaborará y someterá a la aprobación del Comité de Información los Lineamientos para la custodia, clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial, conforme lo establece el presente Capítulo.

Dichos Lineamientos deberán publicarse en la página electrónica.

Acceso a información clasificada

Artículo 24. En todo momento el Comité de Información y los Secretarios Generales podrán acceder a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación, la procedencia de otorgar su acceso o verificar el cumplimiento de la Ley, del presente Reglamento y los Lineamientos en la materia.

El COGATI tendrá total acceso a la información clasificada que se relacione con los recursos de revisión y reconsideración que esté sustanciando.

Las instancias citadas podrán solicitar a cualquier servidor público de la Cámara que aporte elementos que permitan valorar la clasificación de la información como reservada y confidencial o su desclasificación.

Leyenda

Artículo 25. Los expedientes y documentos clasificados como reservados y confidenciales deberán llevar una leyenda que indique:

I. Su carácter de reservado o confidencial;

II. La fecha de la clasificación;

III. El fundamento legal;

IV. En caso de información reservada, el plazo de reserva, y

V. La rúbrica del servidor público que clasificó la información y del titular de la Unidad.

Parcialidades reservadas

Artículo 26. Cuando un expediente contenga documentos clasificados como reservados o confidenciales, se deberán entregar aquellos que no estén clasificados.

Tratándose de un documento que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá entregar una versión pública en el que se omitan estas últimas.

Indice de expedientes reservados

Artículo 27. La Unidad de Enlace elaborará semestralmente un índice de los expedientes clasificados como reservados y confidenciales, el cual será sometido a la aprobación del Comité de Información.

A efecto de mantener dicho índice actualizado, la Unidad de Enlace requerirá oportunamente a las Unidades para que propongan o confirmen su información reservada o confidencial.

Composición del índice

Artículo 28. El índice de expedientes clasificados no será considerado como reservado y contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

I. Los rubros temáticos;

II. La Unidad que generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva la información;

III. La fecha de la clasificación;

IV. El fundamento legal;

V. En caso de información reservada, el plazo de reserva, y

VI. Las partes de los expedientes o documentos que se clasifican, en su caso.

CAPITULO IV

ORGANOS RESPONSABLES DE LA TRANSPARENCIA Y EL

ACCESO A LA INFORMACION

Sección I

Unidades de la Cámara

Obligaciones de las Unidades

Artículo 29. Las Unidades señaladas en el artículo 2, fracción XXIII, del presente Reglamento, conforme lo establece la Ley y los Lineamientos que apruebe el Comité de Información, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Administrar y preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y sistematizados;

II. Clasificar, desclasificar, resguardar, sistematizar y conservar la información reservada o confidencial, así como los datos personales que posean;

III. Publicar y actualizar en la página electrónica la información que les corresponda, con el apoyo de la unidad de informática;

IV. Recibir y responder, a través de la Unidad de Enlace, las solicitudes de información planteadas por el público;

V. Coadyuvar con la Unidad de Enlace para localizar los documentos en los que conste la información que se solicite;

VI. Entregar semestralmente a la Unidad de Enlace detalle de la información que deba incorporarse al índice de información clasificada como reservada o confidencial, señalando en todo caso:

a) La Unidad que clasifica la información;

b) La fecha de clasificación;

c) La fundamentación y motivación;

d) En caso de información reservada, el plazo de reserva, y

e) En su caso, las partes de los documentos que se reservan.

VII. Proporcionar la información que requieran el Comité de Información, el COGATI y los Secretarios Generales, en los términos establecidos en el artículo 24 de este Reglamento;

VIII. Preparar y remitir a la SGSA la información que deba incluirse en el compendio estadístico señalado en el artículo 7, fracción III, inciso c), de este Reglamento.

IX. Proponer mejoras a los mecanismos y procedimientos internos en materia de transparencia, acceso a la información, administración de datos personales y organización de archivos;

X. Promover y difundir entre los servidores públicos y prestadores de servicios la cultura de la transparencia y la normatividad en materia derecho a la información, y

XI. Las demás que les confieran los ordenamientos relativos a la materia.

Responsabilidades de los titulares de las Unidades

Artículo 30. En materia de transparencia y acceso a la información, el cumplimento de las obligaciones de las Unidades recaerá en los siguientes servidores públicos:

I. Para los Órganos Legislativos, en sus Secretarios Técnicos, y

II. Para las Unidades, en sus titulares y subalternos hasta el nivel de Director de Área.

Sección II

Unidad de Enlace

Obligaciones de la Unidad de Enlace

Artículo 31. La Mesa Directiva de la Cámara integrará una Unidad de Enlace, que tendrá las funciones siguientes:

I. Establecer el vínculo entre la ciudadanía y la Cámara en los asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información;

II. Recibir y tramitar las solicitudes de información y las relacionadas con datos personales, así como darles seguimiento hasta la notificación de sus respuestas, registrando su origen, temática, resultados y costos, además de custodiar sus expedientes;

III. Administrar el portal de transparencia y acceso a la información de la Cámara, así como el sistema electrónico de gestión de solicitudes y recursos;

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información y las relacionadas con datos personales, así como orientarlos sobre la institución oficial que pudiera desahogar su petición, en caso de que la Cámara no sea la instancia competente;

V. Coadyuvar con la SGSA en la aplicación de los Lineamientos en materia de protección de datos personales, clasificación de información y organización y conservación de archivos;

VI. Recibir los recursos de revisión y reconsideración y tramitarlos de conformidad con la normatividad aplicable, así como custodiar sus expedientes;

VII. Elaborar un informe mensual sobre las acciones en materia de transparencia y acceso a la información que contenga, en lo posible:

a) Número de visitas a la página electrónica;

b) Número, temática, trámite y origen de las solicitudes de información y datos personales recibidas y respondidas en el periodo;

c) En lo posible, los datos disponibles referentes al perfil de los solicitantes;

d) Número, materia y resultados de los recursos de revisión y reconsideración tramitados por la Cámara, así como

e) Otros asuntos relevantes en materia de transparencia y acceso a la información

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Comité de Información el informe anual de las acciones en la materia realizadas por la Cámara, el cual contendrá los mismos datos que los informes mensuales e incorporará, al menos, los siguientes:

a) Los datos relevantes sobre las acciones de difusión de la cultura de la transparencia y el acceso a la información en la Cámara, y

b) El informe anual de actividades del COGATI.

IX. Elaborar semestralmente el índice de información clasificada como reservada o confidencial de las Unidades, con lo elementos establecidos en el artículo 28 de este Reglamento.

X. Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que consta la información o los datos solicitados;

XI. Reportar mensualmente a las Unidades el estado que guarda la información de su responsabilidad, que se publica y actualiza en la página electrónica;

XII. Orientar a los servidores públicos de la Cámara en los procedimientos de clasificación de la información, administración de los datos personales y la organización de archivos;

XIII. Efectuar las notificaciones a los particulares relacionadas con el trámite de las solicitudes de información y de las relacionadas con los datos personales, así como de los recursos de revisión y reconsideración;

XIV. Proponer al Comité de Información mejoras a los Lineamientos, mecanismos y formatos relacionados con la transparencia y el acceso a la información en la Cámara;

XV. Promover y difundir entre los servidores públicos y prestadores de servicios de la Cámara la cultura de la transparencia y la normatividad en materia de derecho a la información;

XVI. Opinar en los asuntos relacionados con la transparencia y el derecho a la información;

XVII. Proporcionar la información que solicite el Comité de Información y el COGATI para el desempeño de sus funciones, y

XVIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la Cámara y los particulares.

Atención al público

Artículo 32. La Unidad de Enlace contará con personal capacitado y un espacio físico adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.

En dicho espacio, se dispondrá de equipos informáticos para que los particulares puedan consultar e imprimir la información que se encuentre publicada en la página electrónica, así como para presentar las solicitudes a que se refiere la Ley y este Reglamento.

Así mismo, su personal orientará al público en todo lo relativo a los mecanismos de transparencia y acceso a la información de la Cámara.

Sección III

Comité de Información

Atribuciones del Comité de Información

Artículo 33. El Comité de Información, coordinará y supervisará las acciones de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y organización de archivos y para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar y adoptar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y la normatividad aplicable en la materia;

II. Aprobar y coordinar la aplicación de los Lineamientos en materia de publicación de información en la página electrónica; clasificación de la información; atención de solicitudes de información y sus costos; tratamiento de datos personales; administración y conservación de archivos, sustanciación de los recursos de revisión y reconsideración, y en general, todos aquellos que contribuyan a mejorar la transparencia y el acceso a la información y los datos personales en la Cámara;

III. Aprobar semestralmente el índice de información clasificada como reservada o confidencial de la Cámara, que elabore la Unidad de Enlace con los datos y propuestas de las Unidades;

IV. Citar a servidores públicos de la Cámara para recabar su opinión;

V. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna las presuntas infracciones a la Ley, al presente Reglamento y a las disposiciones en la materia, e informar a la Mesa Directiva de las resoluciones que al respecto se expidan;

VI. Con base en la agenda de los trabajos legislativos, determinar los días y plazos en que se podrán suspender los términos para el trámite de solicitudes y recursos, notificándolo al público en la página electrónica;

VII. Recibir de la Unidad de Enlace los informes mensuales en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y organización de archivos;

VIII. Elaborar y presentar al Pleno un informe anual de las acciones en la materia realizadas por la Cámara, para su remisión al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;

IX. Proponer a la Mesa Directiva la celebración o renovación de los convenios en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales;

X. Promover, entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla, a fin de generar la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la organización de archivos, y

XI. Las demás que establece la Ley y el presente Reglamento.

Adopción de resoluciones

Artículo 34. El Comité de Información adoptará sus resoluciones por voto ponderado, sesionará cuando menos una vez al mes y a sus sesiones podrán asistir los servidores públicos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Publicidad de resoluciones

Artículo 35. Las resoluciones y Lineamientos que apruebe el Comité de Información serán públicas, salvo que contengan información clasificada en cuyo caso se elaborarán versiones públicas. Así mismo, se podrán dar a conocer en la página electrónica de la Cámara.

Facultades del Presidente

Artículo 36. El Presidente del Comité de Información tendrá las siguientes facultades:

I. Convocar y conducir las sesiones;

II. Presentar a la consideración de la Comisión el orden del día, y

III. Determinar el curso de los asuntos.

Secretariado técnico

Artículo 37. En materia de transparencia y acceso a la información, el titular de la SGSA fungirá como secretario técnico del Comité de Información y tendrá, a su cargo las siguientes funciones:

I. Asistir a los integrantes del Comité de Información durante las sesiones;

II. Elaborar las convocatorias a las sesiones y los órdenes del día;

III. Preparar la documentación necesaria para las sesiones;

IV. Elaborar las propuestas de redacción de los acuerdos;

V. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos;

VI. Levantar las actas de las sesiones;

VII. Instrumentar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos;

VIII. Recopilar, administrar y resguardar la información que genere el Comité de Información;

IX. Desahogar las consultas técnicas que le planteen los integrantes del Comité de Información, y;

X. Realizar las demás tareas que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del Comité de Información.

Sección IV

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información

Órgano Garante

Artículo 38. Conforme lo establece el artículo 6º constitucional, en materia de transparencia y acceso a la información, la Cámara contará con un órgano garante especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa, de gestión y decisión, que se denominará Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información.

Integración

Artículo 39. El COGATI se integrará por un Senador de cada Grupo Parlamentario, los cuales serán propuestos a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, para su ratificación por el Pleno.

Así mismo, será presidido por un Senador electo por la mayoría de sus integrantes que durará en su encargo un periodo de tres años, pudiendo ser designado para un segundo periodo.

Adopción de resoluciones

Artículo 40. El COGATI adoptará sus resoluciones con plena independencia y por mayoría de votos, sesionará cuando lo convoque su Presidente y a las mismas podrán asistir los servidores públicos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Atribuciones del COGATI

Artículo 41. El COGATI tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los solicitantes;

II. Interpretar el Reglamento para su exacta observancia;

III. Aplicar las medidas correctivas y/o de apremio conducentes, para el fiel cumplimiento de sus resoluciones;

IV. Tener acceso a la información relacionada con los recursos de revisión y reconsideración que estuviesen bajo su conocimiento, inclusive si fuese clasificada como reservada o confidencial;

V. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna las presuntas infracciones a la Ley, al presente Reglamento y a las disposiciones en la materia, e informar a la Mesa Directiva de las resoluciones que al respecto se expidan;

VI. Participar en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones;

VII. Emitir recomendaciones para optimizar el acceso de los particulares al derecho a la información;

VIII. Expedir los Lineamientos, procedimientos y criterios para su funcionamiento y organización interna;

IX. Las demás que establece la Ley y el presente Reglamento.

Publicidad de resoluciones

Artículo 42. Las resoluciones, acuerdos y Lineamientos que expida o apruebe el COGATI serán públicas, salvo que contengan información clasificada en cuyo caso se elaborarán versiones públicas. Así mismo, se podrán dar a conocer en la página electrónica de la Cámara.

Recursos y secretariado técnico

Artículo 43. La Mesa Directiva proporcionará al COGATI, conforme las disponibilidades presupuestales, los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

El COGATI contará con un secretario técnico nombrado por el Presidente en turno, con las siguientes funciones:

I. Asistir a los integrantes del COGATI durante las sesiones;

II. Elaborar las convocatorias a las sesiones y los órdenes del día;

III. Preparar la documentación necesaria para las sesiones;

IV. Elaborar las propuestas de redacción de los acuerdos;

V. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos;

VI. Levantar las actas de las sesiones;

VII. Instrumentar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos;

VIII. Recopilar, administrar y resguardar la información que genere el COGATI;

IX. Desahogar las consultas técnicas que le planteen los integrantes del COGATI, y

X. Realizar las demás tareas que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del COGATI.

Informe anual

Artículo 44. El COGATI rendirá anualmente un informe público al Pleno de la Cámara sobre los recursos que hubiese sustanciado y las actividades desempeñadas en el ámbito de su competencia.

Dicho informe será incorporado al informe anual de la Cámara en materia de transparencia y acceso a la información, que elabore el Comité de Información.

CAPITULO V

ACCESO A LA INFORMACION DE LA CAMARA

Solicitud de información

Artículo 45. Toda persona, por sí o por medio de un representante, podrá presentar una solicitud de información mediante escrito libre en la Unidad de Enlace o a través de la página electrónica, la cual deberá contener cuando menos:

I. El nombre del solicitante y, opcionalmente, su perfil para propósitos estadísticos;

II. Domicilio y medio para recibir notificaciones;

III. La descripción clara y precisa de la información y documentos que solicita;

IV. Cualquier dato que facilite la localización de la información, y

V. La modalidad y formato en la que requiere la información.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Representación

Artículo 46. Si el trámite se realiza a través de un representante legal, se requiere acreditar su personalidad mediante los instrumentos idóneos establecidos en las leyes civiles.

Una vez acreditada la personalidad, la identidad del representante se comprobará con credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar o cédula profesional.

Orientación y Asesoría

Artículo 47. La Unidad de Enlace auxiliará a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso, especialmente cuando el particular ignore que documentos contienen la información de su interés, no sepa leer ni escribir, solamente hable una lengua indígena o se trate de personas con capacidades diferentes.

Prevención

Artículo 48. Si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar la información o son imprecisos o erróneos, la Unidad de Enlace le prevendrá, por una vez y dentro de los tres días siguientes a la recepción de la solicitud, que indique mayores elementos o corrija los datos, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo dentro de dicho plazo se desechará la solicitud.

Esta prevención interrumpirá el plazo establecido en el artículo 54 de este Reglamento.

Incompetencia para proporcionar información

Artículo 49. Cuando la información solicitada no sea competencia de la Cámara, la Unidad de Enlace, en un plazo máximo de tres días contados a partir de que se presentó la solicitud, deberá orientar debidamente al particular a través del medio en que se recibió la solicitud, sobre el sujeto obligado o la instancia competente.

Registro de solicitudes

Artículo 50. La Unidad de Enlace deberá registrar, catalogar por materia y turnar, si es el caso, las solicitudes a las Unidades para su debido trámite.

Trámite de las solicitudes de información

Artículo 51. Recibida y registrada la solicitud, la Unidad de Enlace podrá responderla si la información está disponible en la página electrónica de la Cámara o corresponde a una materia o tema de conocimiento general.

En su defecto, deberá turnarla a la o las Unidades que pudieran tener la información dentro de los dos días siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud, pudiéndose derivar los siguientes supuestos:

I. Información localizada sin clasificar: En caso de contar con la información y que ésta no esté clasificada, la Unidad verificará su disponibilidad e informará a la Unidad de Enlace si se requiere efectuar un pago por su reproducción;

Unicamente cuando se haya cubierto el pago o la información sea de libre acceso, la Unidad turnará la información a la Unidad de Enlace para su entrega al interesado;

II. Información localizada y clasificada: La Unidad remitirá a la Unidad de Enlace una respuesta debidamente fundada y motivada para su notificación al solicitante;

III. Inexistencia de la información: En caso de que no se encuentre la información, la Unidad elaborará una respuesta fundada y motivada, comunicándola a la Unidad de Enlace para conocimiento del interesado.

En todo caso, la Unidad de Enlace deberá tomar las medidas pertinentes para indagar si la información requerida pueda estar en otra Unidad de la Cámara, en función de su respectivo ámbito de competencia.

Entrega de información pública

Artículo 52. La obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando la Cámara ponga a disposición del solicitante, para su consulta, los documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, mediante la expedición de copias, impresiones, digitalizaciones o cualquier otro medio, incluido el electrónico.

El acceso a la información pública se dará solamente en la forma en que lo permita el documento que obre en los archivos de las Unidades, pero se entregará la información en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso que la información pública solicitada por la persona ya esté disponible en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos o históricos, en formatos electrónicos disponibles en medios electrónicos o en cualquier otro, se le notificará la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Notificación de la respuesta

Artículo 53. La respuesta a una solicitud de acceso deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de veinte días, contados desde la presentación de aquélla. Excepcionalmente, este plazo podrá prorrogarse hasta por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y éstas se notifiquen al solicitante.

Además, antes de reproducir la información para su entrega, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada y/o enviada la información, atendiendo en lo posible a la solicitud del interesado.

Plazo de entrega

Artículo 54. La información deberá entregársele o enviársele dentro de los diez días siguientes a la fecha en que la Unidad de Enlace verifique que el solicitante haya cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Archivo de información

Artículo 55. Si se notifica la disponibilidad de la información en la Unidad de Enlace y transcurren veinte días sin que el particular recoja la misma, ésta será archivada y se tendrá el asunto como totalmente concluido.

Ampliación de plazos

Artículo 56. Excepcionalmente, a solicitud de la Unidad o de la Unidad de Enlace, el Comité de Información podrá determinar que los plazos establecidos en los artículos 53 y 54 sean mayores, cuando la cantidad de información o la complejidad de su localización, acopio, reproducción o envío así lo amerite, o bien, cuando la elaboración de versiones públicas suponga un trabajo que pueda obstaculizar sustancialmente la operación de la Unidad correspondiente. Esta situación deberá notificarse al solicitante.

La Unidad de Enlace procurará conciliar con el particular formas alternativas de atención a su solicitud o bien la forma y el tiempo en que paulatinamente pueda darse respuesta a la misma.

Trámites

Artículo 57. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite específicamente establecido en otra ley o reglamento, la Unidad de Enlace orientará al solicitante sobre el procedimiento correspondiente citando, en todos los casos, el fundamento que corresponda.

Afirmativa ficta

Artículo 58. Salvo que se trate de información clasificada como confidencial la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal actualiza la afirmativa ficta, en cuyo caso la Unidad proporcionará a la Unidad de Enlace la información solicitada en un periodo de tiempo no mayor a los diez días hábiles a partir de la determinación de la afirmativa ficta, sin ningún costo por la reproducción o envío de la información.

Solicitudes ofensivas, reiteradas, irrazonables o improcedentes

Artículo 59. La Unidad de Enlace no estará obligada a dar trámite a las siguientes peticiones:

I. Las que contengan frases ofensivas;

II. Cuando soliciten información sustancialmente idéntica a la que ya se haya entregado anteriormente a la misma persona;

III. Solicitudes de información cuya respuesta implique un entorpecimiento extremo e irracional a las actividades de las Unidades;

IV. Mensajes que no impliquen una solicitud informativa y que expresen alguna posición política a favor o en contra de la Cámara, Senadores, Órganos Legislativos, Grupos Parlamentarios o de cualquier otro servidor público de la misma, y

V. Consultas que impliquen la interpretación de preceptos legales u orientación a casos particulares, por parte de los sujetos señalados en la fracción anterior.

Vinculación y notificaciones

Artículo 60. La Unidad de Enlace, como vínculo entre el solicitante y la Cámara será responsable de efectuar las notificaciones a que se refiere este Reglamento.

Las notificaciones que realice la Unidad de Enlace se realizarán preferentemente a través de medios electrónicos, salvo que el solicitante así lo solicite y cubra los importes que genere su envío.

Costos

Artículo 61. Los costos de las modalidades para obtener acceso a la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de la reproducción de la información, y

II. El costo de envío.

Los mecanismos para determinar las cuotas aplicables deberán estar contempladas en Lineamientos aprobados por el Comité de Información y disponibles al público en la página electrónica.

CAPITULO VI
DATOS PERSONALES

 Sección I
Administración de datos personales

Listado de datos personales

Artículo 62. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley, las Unidades que correspondanintegrarán un sistema de datos personales, conforme los Lineamientos para su protección, custodia, organización, resguardo y sistematización, aprobados por el Comité de Información.

Garantías de protección de datos personales

Artículo 63. Las Unidades, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, deben garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida preservación del ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 65 de este Reglamento y velar por el manejo confidencial de los datos personales.

Las Unidades no podrán divulgarlos o transmitirlos, salvo por disposición legal, orden judicial o cuando medie el consentimiento expreso de los titulares por escrito o por un medio de autentificación similar, incluyendo los electrónicos.

El consentimiento puede ser revocado cuando exista causa justificada y no se le atribuyan efectos retroactivos.

Los datos personales sólo pueden usarse para los fines para los que fueron recolectados, pero pueden ser procesados posteriormente con fines históricos o estadísticos.

Derechos ARCO

Artículo 64. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados, sus representantes o beneficiarios legales podrán solicitar a la Cámara, respecto de los datos personales que les conciernen, el ejercicio de los derechos genéricos a:

I. Acceder a ellos y consultarlos;

II. Rectificarlos o ratificarlos;

III. Cancelarlos, y

IV. Oponerse a su almacenamiento, procesamiento y transmisión.

Dispensa para informar al titular

Artículo 65. La obligación de informar al titular para el procesamiento de sus datos personales, no procederá cuando:

I. Se divulguen por la Cámara para el cumplimiento de sus obligaciones legales;

II. Medie una orden de autoridad competente;

III. Requieran un procesamiento necesario para la prevención, diagnóstico o tratamiento médico, la gestión o prestación de asistencia sanitaria. En este caso, la persona que haga el procesamiento está obligada a mantener en reserva los datos en términos de un secreto profesional;

IV. Figuren en fuentes de libre acceso y su procesamiento no implique quebranto de derechos y libertades fundamentales del interesado, o

V. No se pueda localizar al titular de la información o ello exija esfuerzos desproporcionados, lo cual deberá acreditarse con elementos objetivos.

Transmisión de datos personales entre sujetos obligados

Artículo 66. La transmisión de los datos personales a otro órgano gubernamental estará sujeta a la autorización de su titular, pero no se requerirá su consentimiento cuando:

I. Esté previsto en alguna disposición legal;

II. Se trate de datos obtenidos de fuentes de datos personales de acceso público;

III. La transmisión se realice al Ministerio Público o a autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus atribuciones legales;

IV. Se trate de datos obtenidos por los sujetos obligados en el ámbito de su competencia y sean utilizados para el mismo objeto, o

V. Tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Elaboración de lineamientos

Artículo 67. La SGSA elaborará y someterá a la aprobación del Comité de Información los Lineamientos para la protección, custodia, organización, resguardo y sistematización de los datos personales.

Dichos Lineamientos contendrán como mínimo las medidas establecidas en el artículo 64 de este Reglamento y deberán publicarse en la página electrónica.

Entrega gratuita, negativa y no localización de datos personales

Artículo 68. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el interesado únicamente la reproducción de la información y los gastos de envío.

En el supuesto que se considere improcedente la solicitud o los datos no fuesen localizados, la Unidad emitirá un oficio fundado y motivado al respecto, notificándolo al solicitante, a través de la Unidad de Enlace.

Sección II

Acceso a datos personales

Solicitudes de acceso

Artículo 69. Los titulares de los datos personales pueden solicitar ante la Unidad de Enlace la consulta de sus datos y derivado de ello pueden ejercer los derechos establecidos en el artículo 64 de este Reglamento.

El trámite de las solicitudes para ejercer estos derechos se apegará, en lo posible, a los requisitos y procedimientos establecidos para la atención de las solicitudes señaladas en el Capítulo V de este Reglamento.

Resolución

Artículo 70. La respuesta de las Unidades ante una solicitud de consulta de datos personales determinará:

I. La accesibilidad a los datos personales;

II. La inaccesibilidad a los datos personales, o

III. La inexistencia de datos personales.

Notificación de acceso

Artículo 71. Cuando se localizan los datos personales se debe notificar al titular y comunicarle el costo, si lo hay, únicamente de los materiales de reproducción o envío de la información.

Si se notifica la localización de datos personales y transcurren treinta días hábiles sin que el titular los recoja, estos se archivarán y se tendrá por concluido definitivamente el trámite.

Entrega de datos personales

Artículo 72. Los datos personales se entregarán preferentemente en la Unidad de Enlace al titular o a su representante legal, previa comprobación de identidad y pago del costo de los materiales de reproducción, si los hubiera.

No obstante, la Unidad de Enlace podrá informar al solicitante la posibilidad de consultar sus datos personales en el sitio electrónico donde se encuentren o a través de sistemas informáticos.

Solicitud de rectificación

Artículo 73. Cuando así lo solicite un particular o su representante legal, la Unidad que posea los datos personales deberá proceder a efectuar su rectificación hasta que hayan quedado fehacientemente acreditados y comprobados los datos personales correctos, así como la identidad del solicitante o de su representante legal y, en su caso, se haya efectuado el pago de los derechos respectivos.

En todo caso y en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la presentación de la solicitud, la Unidad expedirá la constancia de corrección de datos o una negativa fundada y motivada.

Solicitud de oposición

Artículo 74. La solicitud de oposición se ejercerá sólo por el titular de los datos cuando tuviera noticia del levantamiento de sus datos personales, de la obtención de los mismos por parte de la Cámara, de que se pretenda transferirlos a un tercero o de que se pretenda procesarlos.

Solicitud de cancelación

Artículo 75. La solicitud de cancelación de datos personales sólo la puede presentar el titular cuando cese cualquier relación laboral, contractual, civil, administrativa, mercantil o cualquiera otra, con la Cámara, o bien, cuando estos datos se hubiesen transferido de o a un tercero en cumplimiento de una ley.

Los datos personales cancelados deben conservarse a disposición de la Cámara durante cinco años, únicamente para efectos de establecer las posibles aclaraciones y responsabilidades surgidas del procesamiento de los datos.

Cumplido dicho plazo, las Unidades deben suprimir o destruir los datos cancelados, total y definitivamente.

Supresión de datos personales

Artículo 76. Los datos personales deben ser suprimidos total y definitivamente de los Sistemas correspondientes cuando:

I. Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, o

II. Sean cancelados y transcurra el plazo para aclaraciones y responsabilidades surgidas del procesamiento de datos.

Para dicha supresión se requiere la autorización del Comité de Información y el COGATI, en términos de los Lineamientos aplicables.

Recurso de revisión

Artículo 77. El interesado al que se niegue, total o parcialmente, el ejercicio de alguno de los derechos establecidos en el artículo 64 de este Reglamento o se le notifique la inexistencia de los datos personales, podrá interponer el recurso de revisión y subsecuentemente del recurso de reconsideración.

También procederán dichos recursos en el caso de falta de respuesta a las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior.

CAPITULO VIII

ORGANIZACION DE ARCHIVOS

Obligación de contar con archivos

Artículo 78. La Cámara deberá preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y actualizados, de conformidad con las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y los Lineamientos que se expidan en la materia.

Sistema en materia de archivos

Artículo 79. El sistema de archivos de la Cámara se dividirá en tres etapas:

I. Archivo de trámite, es el que se integra por los documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de cada Unidad;

II. Archivo de concentración, es el que se integra por los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las Unidades y que esperan que se determine su destino final. La administración de este archivo estará a cargo de la SGSA, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y

III. Archivo histórico, el que se integra por los documentos con valor histórico y permanente que constituyen la memoria documental institucional. La administración de este archivo quedará a cargo de la DGAHyML.

Los Lineamientos correspondientes a dicho sistema de archivos se elaborarán, para los casos de las fracciones I y II, por la SGSA, y para la fracción III por la DGAHyML, siendo aprobados por el Comité de Información.

Lineamientos en materia de archivos

Artículo 80. Los Lineamientos en materia de organización, administración y conservación de los archivos de trámite, concentración e histórico, que elaboren la SGSA y la DGAHyML, según corresponda, incluirán al menos:

I. Los criterios de catalogación, clasificación, organización y conservación de archivos;

II. El cuadro general de clasificación archivística;

III. El catálogo de disposición documental;

IV. La guía simple de archivos;

V. Los inventarios documentales por expediente general, de transferencias y de bajas, y

VI. Criterios respecto de la administración y resguardo de documentos electrónicos.

Estos Lineamientos deberán tomar en consideración las normas archivísticas internacionalmente reconocidas, así como la normatividad administrativa y fiscal en la materia.

Cuadro general de clasificación

Artículo 81. El cuadro general de clasificación archivística deberá contener al menos los tres niveles de descripción siguientes:

I. Fondo;

II. Sección, y

III. Serie documental.

Lo anterior, sin perjuicio de que existan niveles intermedios según se requiera. La conformación del cuadro general de clasificación será con base en las funciones o atribuciones de las Unidades, conforme el Manual de Organización y adoptando, en lo posible, la nomenclatura de los centros de costos de la Cámara.

Series documentales

Artículo 82. Las series documentales que formen el catálogo de disposición documental deben señalar los valores administrativos y legales de cada serie, así como su clasificación como reservada o confidencial.

En el manejo de los documentos, las Unidades deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y conservación.

Guía simple

Artículo 83. La guía simple de la organización de los archivos de la Cámara tendrá por objeto facilitar la obtención y acceso a la información pública.

Dicha guía se actualizará anualmente y contendrá la descripción de las series documentales vinculadas a las Unidades, datos del responsable del archivo y demás medidas necesarias para la custodia y conservación de los archivos.

Herramienta informática en materia de archivos

Artículo 84. Para la mejor administración de los archivos en posesión de la Cámara, la SGSA desarrollará una herramienta informática que permita al particular conocer de manera actualizada, entre otra, la siguiente información:

I. El cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos;

II. La clasificación de la información como reservada o confidencial, a nivel de serie documental, y

III. Los inventarios de bajas documentales.

La Cámara deberá actualizar anualmente la información contenida en la herramienta informática.

Documentos electrónicos

Artículo 85. Los criterios respecto de la administración y resguardo de documentos electrónicos deberán asegurar la disponibilidad, integridad y autenticidad de dicha documentación.

Bajas documentales

Artículo 86. Tratándose de información reservada, no podrá determinarse su destino final, es decir, su baja documental o su conservación por contar con valores históricos o permanentes, hasta su desclasificación.

Una vez desclasificada la información se observará lo siguiente para determinar el destino final de los documentos:

I. Los documentos con valor histórico o permanente se incorporarán al Archivo Histórico, y

II. La documentación que no corresponda a la fracción anterior se dará de baja hasta que transcurra un plazo igual a aquél en que estuvo reservada, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

CAPITULO IX

RECURSOS DE REVISION Y RECONSIDERACION

Procedencia

Artículo 87. El recurso de revisión procederá ante la negativa de acceso a la información, por cualquiera de las siguientes causas:

I. La declaración de inexistencia de información o de datos personales;

II. La clasificación de información como reservada o confidencial;

III. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un formato incomprensible;

IV. La inconformidad con el tiempo de entrega de la información;

V. Cuando la información entregada sea incompleta o no corresponda a la solicitada;

VI. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales;

VII. El desechamiento de alguna de las solicitudes a que se refiere el presente Reglamento;

VIII. La declaración de incompetencia del sujeto obligado, o

IX. La omisión de respuesta, dentro de los plazos establecidos a alguna de las solicitudes a que se refiere el presente Reglamento.

Plazo para interponer el recurso

Artículo 88. El recurso deberá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la respuesta que recaiga a la solicitud de información o la relacionada con datos personales.

Cuando se reclame la omisión de una respuesta, dicho plazo correrá a partir de la fecha en que hubiera vencido el término para habérsela notificado al solicitante.

Requisitos

Artículo 89. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

I. Nombre completo del recurrente o de su representante legal, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 45 de este Reglamento, respecto a su personalidad;

II. El domicilio y el medio para oír y recibir notificaciones;

III. El acto que se solicita revisar, la Unidad que lo emitió y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento;

IV. Las razones de la inconformidad;

V. Copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente;

VI. Los elementos de prueba relacionando tiempo, lugar y circunstancias, y

VII. Los demás elementos o alegatos que el recurrente considere someter a juicio del COGATI.

Admisión de recurso

Artículo 90. Presentado el recurso, la Unidad de Enlace tendrá tres días para admitirlo, prevenirlo o tenerlo por no presentado, atendiendo lo siguiente:

I. Admitirlo, cuando cumpla con los requisitos establecidos;

II. Prevenir al recurrente, por una sola vez, cuando incumpla con los requisitos establecidos.

Esta prevención advertirá, por escrito al promovente, a través del mismo medio en que se recibió el recurso que se omitió alguno de los elementos o datos necesarios para su sustanciación, con la finalidad de que lo corrija o complete, dentro de un plazo máximo de tres días, apercibido de que, en caso de no hacerlo, su recurso se tendrá por no presentado, y

III. Tenerlo por no presentado cuando se presente extemporáneamente.

Procedimiento de sustanciación

Artículo 91. Admitido el recurso por la Unidad de Enlace, lo registrará y remitirá en copia, a más tardar al día siguiente, al COGATI, a la Unidad que emitió la respuesta impugnada y a la unidad jurídica administrativa.

La Unidad que emitió la respuesta impugnada remitirá a la Unidad de Enlace, a más tardar en cinco días, un informe motivado y fundamentado de las causas que dieron origen a su respuesta para acreditar que apegó a la Ley, a este Reglamento y a los Lineamentos aplicables. Dicho informe será remitido por la Unidad de Enlace, a más tardar al día siguiente, a la unidad jurídica administrativa.

La unidad jurídica administrativa analizará dicho informe y tendrá diez días para elaborar y proponer un proyecto de resolución al COGATI.

Resolución

Artículo 92. Una vez recibido el proyecto de resolución, el COGATI resolverá dentro de los veinte días siguientes.

En caso de que emita observaciones al proyecto de resolución presentado por la unidad jurídica administrativa, se devolverá para su atención inmediata.

En este caso, la unidad jurídica administrativa tendrá cinco días para atender las observaciones y devolver el proyecto al COGATI. Este trámite suspenderá el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

Pruebas

Artículo 93. Se admiten como pruebas, todas las que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles, excepto la confesional de las Unidades o de la Cámara.

No se considerará confesional de autoridad, la petición de informes a las Unidades, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

Todas las pruebas deberán ser ofrecidas al momento de ser presentado el recurso, salvo que se trate de pruebas supervinientes.

Prueba de interés público

Artículo 94. Durante la sustanciación de los recursos de revisión el COGATI deberá realizar una valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa de los intereses en conflicto que permita razonablemente asegurar que los beneficios sociales de desclasificar la información serán mayores a la eventual afectación de intereses particulares.

Cuando se estime pertinente, se podrá citar al recurrente, terceros interesados o a los titulares de la información confidencial, según sea el caso.

Resoluciones

Artículo 95. Las resoluciones del COGATI podrán:

I. Desechar;

II. Sobreseer;

III. Confirmar la respuesta de la Unidad;

IV. Revocar la respuesta de la Unidad, ordenándole que emita una nueva que se apegue a la normatividad, o

V. Modificar parcialmente la respuesta de la Unidad.

Desechamiento

Artículo 96. El recurso de revisión se desechará cuando:

I. Sea notoriamente improcedente, o

II. Carezca de materia.

Sobreseimiento

Artículo 97. El recurso de revisión se sobreseerá cuando:

I. El recurrente se desista, o

II. Se trate de un segundo recurso sobre el mismo acto.

Definitividad de las resoluciones

Artículo 98. Las resoluciones del COGATI serán definitivas para todas las Unidades, sin embargo, los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Requisitos de las resoluciones

Artículo 99. Todas las resoluciones serán por escrito, estableciendo los plazos para su cumplimiento y procedimientos para asegurar su ejecución. Asimismo, deberán ser notificadas por la Unidad de Enlace en un plazo máximo de cinco días después de haberse suscrito por los integrantes del COGATI.

En caso de ser negativa, el COGATI esta obligado a indicar al recurrente que podrá interponer el recurso de reconsideración.

Confirmación ficta

Artículo 100. Si el COGATI no resuelve los recursos en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 92 de este Reglamento, se tendrá por confirmada la resolución recurrida.

En este caso, la Unidad de Enlace a petición del recurrente podrá expedirle la constancia correspondiente.

Recurso de reconsideración

Artículo 101. Transcurrido un año de que el COGATI haya expedido una resolución, la persona afectada podrá solicitar ante el mismo órgano que reconsidere su resolución.

Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud, se presentará y substanciará conforme a las reglas y plazos previstos en este Reglamento para sustanciar el recurso de revisión.

CAPITULO X

Responsabilidades y sanciones

Conductas ilícitas

Artículo 102. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y, cuando proceda, de los prestadores de servicios de la Cámara, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables, las siguientes:

I. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o confidencial;

II. Clasificar dolosamente la información que no cumpla con las características señaladas en la normatividad aplicable;

III. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, o bien, en la difusión de la información a que está obligada la Cámara;

IV. Declarar dolosamente la inexistencia de información o de datos personales, cuando esta se encuentre total o parcialmente en los archivos;

V. Entregar injustificadamente información clasificada como reservada o confidencial;

VI. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos;

VII. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo la custodia o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo, comisión, prestación de servicios o contratación de obras;

VIII. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso a información o a datos personales;

IX. Prolongar injustificadamente los plazos para el trámite de las solicitudes y los recursos previstos en el presente Reglamento;

X. Tratar los sistemas de datos personales en contravención a los principios establecidos por la normatividad aplicable;

XI. Mantener sistemas de datos personales en espacios físicos, programas o equipos electrónicos sin las debidas condiciones de seguridad;

XII. Transmitir datos personales fuera de los casos permitidos, particularmente cuando se haya obtenido un lucro indebido;

XIII. No remitir al Comité de Información, al COGATI o a los Secretarios generales, los documentos e información que deban recibir o sea requerida por dichas instancias;

XIV. No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por el Comité de Información, el COGATI, la Contraloría Interna o el Poder Judicial de la Federación.

Sanciones

Artículo 103. Las responsabilidades por las conductas referidas serán conocidas y sancionadas por la Contraloría Interna, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La reincidencia en alguna de las conductas señaladas será considerada como responsabilidad grave, para efectos de su sanción administrativa.

Las responsabilidades administrativas generadas por incumplimiento de la Ley y este Reglamento son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2003.

TERCERO.- Publíquese este Reglamento en la Gaceta del Senado, en los medios electrónicos de consulta pública de la Cámara y désele amplia difusión entre los servidores públicos y prestadores de servicios de la Cámara.

CUARTO.- La publicación de la información en la página electrónica a que se refieren los artículos 6 y 7 deberá completarse en los seis meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.

QUINTO.- Las solicitudes, así como los recursos de revisión y reconsideración se tramitarán con la normatividad vigente en la fecha de su recepción, por la Unidad de Enlace.

SEXTO.- Los Lineamientos señalados en el artículo 33, fracción II, de este Reglamento deberán aprobarse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.

SEPTIMO.- El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información mantendrá su actual integración.

OCTAVO.- El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para emitir los Lineamientos, procedimientos y criterios señalados en el artículo 42, fracción VIII.

NOVENO.- Los Lineamientos señalados en los artículos SEXTO y OCTAVO transitorios deberán publicarse, adicionalmente en la Gaceta del Senado, en los medios electrónicos de consulta pública de la Cámara y difundirse ampliamente entre los servidores públicos y prestadores de servicios de la Cámara.

Salón de sesiones de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Sen. José González Morfín”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador González Morfin. Senador González Morfín, ¿acepta que suscriban la iniciativa los Senadores Velasco Coello, Villarreal García, Saro? Que la Secretaría Parlamentaria tome nota de los Senadores que se suman a la suscripción de esta iniciativa del Senador González Morfín, de Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Tiene la palabra la Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de los Senadores Fernando Jorge Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Adolfo Toledo Infanzón, Francisco Herrera León y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION I DEL ARTICULO 102 Y EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 103 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 170 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de los CC. Senadores Fernando Jorge Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Adolfo Toledo Infanzón, Francisco Herrera León y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María del Socorro García Quiroz: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

A partir de los años 50’s, la incorporación de las mujeres en el campo laboral ha ido en aumento, por lo que las barreras que se les ponían se han ido flexibilizando. Su incursión ha causado muchos cambios en las actitudes y pautas de comportamiento en el ámbito económico, político y social.

Los cambios mencionados también se han visto reflejados en la legislación, estableciendo un apartado especial referente al trabajo de las mujeres, estableciendo medidas en materia de seguridad social que les permiten cumplir con sus compromisos familiares y buscando lograr la equidad de géneros, esto último hasta la fecha no ha concluido.

De acuerdo al principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y en materia laboral se reitera el mismo principio al mencionar que a trabajo igual, salario igual, lo que en la práctica tampoco ocurre.

En México, la mitad de los hogares cuenta con aporte económico femenino, mientras que el 19 por ciento cuenta exclusivamente con esos ingresos para solventar todas sus necesidades, según los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, mientras que en el Instituto Nacional de las Mujeres señalan que, a través de sus transferencias y contribuciones al cumplimiento de corresponsabilidades de los programas sociales, la colaboración femenina impacta a 69 por ciento de los hogares mexicanos.

A pesar de que siguen siendo menos los espacios en donde predominan alguno de los sexos, todavía existen actividades económicas en donde la mujer sigue siendo excluida, por ejemplo, en el trabajo de la construcción laboran 96.7 por ciento de hombres y sólo 3.3 por ciento de mujeres.

El sector de comunicaciones y transportes reporta la segunda diferencia más alta, ya que 9 de cada 10 ocupados, son hombres. En cambio, en el comercio y prestación de servicios el promedio se invierte al ocupar al sexo femenino el 53 por ciento de las plazas.

Independientemente de lo anterior, debemos mencionar que a nivel físico, psicológico y emocional, hombre y mujer son distintos por naturaleza.

Desafortunadamente estas diferencias llegan a afectar al momento de aplicar para un trabajo, pues en el caso de las mujeres, el hecho de tener hijos o planearlos, es un factor que les niega el acceso o permanencia a la fuente de trabajo.

La discriminación se presenta al excluir a una persona, a causa de uno o varios factores, de los beneficios y oportunidades que la sociedad brinda a todos sus miembros; lo cual ocurre cuando se niega un empleo por el estado de gestación de la solicitante, sin importar si cubre el perfil requerido para desempeñar el puesto solicitado.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2009, cuatro de cada cinco personas que despiden son mujeres, porque están contratadas sin prestaciones y sin seguridad en el empleo.

La brecha salarial entre mujeres y hombres es otro de los aspectos que deben integrarse a las políticas públicas para abatir el impacto de la crisis.

La crisis económica mundial también impactó al sector femenino en las áreas de comercio formal, industria manufacturera, maquila y textiles, servicios financieros, turismo y empleo doméstico, pues la brecha de ocupación femenina es más elevada comparada con la de los varones, esto lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En el texto de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se estableció el deber de prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.

El despido por embarazo o la solicitud de un examen de no gravidez es ilegal, sin embargo son una práctica común que realizan los empleadores y esto no solamente pasa en México, sino también en países como España, Argentina, Colombia, Costa Rica, entre otros.

El “mobbing maternal” en una especie de presión que ejercen las empresas e instituciones sobre las mujeres para someterlas a una presión constante, que en ocasiones termina con la presentación de la renuncia y libera al empleador al pago de una indemnización en caso de despido injustificado y de erogar gastos con motivo del juicio que pudiera instaurarse en su contra.

No debemos de perder de vista que las mujeres juegan un papel importante en la sociedad mexicana, pues representan más de 50% de la población y al mismo tiempo son las encargadas de generar 40% de los ingresos del país, aseguró Lorena Rubio, Presidenta del Instituto Nacional de Madres Profesionistas.

En abril de 2008 un tribunal español, emitió una sentencia que declaró nulo el despido de una trabajadora del hogar por motivo de embarazo, al considerarlo como una práctica de discriminación directa por razón de sexo, lo que constituye un precedente para el derecho de las trabajadoras.

Señor Presidente, ¿le puedo pedir unos minutos más para concluir la lectura de la exposición de motivos?

Gracias.

La iniciativa que hoy se presenta ante esta Soberanía pretende que la ley proteja a la mujer embarazada de tal forma que se le asegure un descanso antes y después del alumbramiento; tiempo de descanso en el cual se le deberá pagar su salario en forma integra; así como, para reforzar el marco jurídico laboral, específicamente el que rige el trabajo de las mujeres, para erradicar la problemática al solicitar un empleo y, por supuesto, el despido injustificado por causa de embarazo, que hoy en día sigue constituyendo la causa más común por lo que las empleadas son separadas de su puesto.

El gobierno tiene el deber de tomar e implementar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de igualdad, equidad de género y certeza jurídica, con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar social de sus gobernados; así como a elevar los índices de competitividad.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta Honorable Asamblea, la discusión y en su caso, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se deroga la fracción I del artículo 102 y se deroga el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Articulo 102.- Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

I.- Derogado

II-III (…)

Artículo 103.- (…)

Derogado

Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170 Bis.- Se presume salvo prueba en contrario, que el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo, cuando es dispuesto dentro de los seis meses antes o posteriores a la fecha del parto.

Asimismo, la trabajadora tendrá un año de inamovilidad en su puesto de trabajo, contando a partir de la fecha de alumbramiento.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Los suscritos, Maria del Socorro Garcia Quiroz, Fernando Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Saenz, Adolfo Toledo Infanzon y Ricardo Pacheco Rodriguez, Senadores de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de los años cincuenta, la incorporación de las mujeres en el campo laboral ha ido en aumento, por lo que las barreras que se les ponían se han ido flexibilizando. Su incursión ha causado muchos cambios en las actitudes y pautas de comportamiento en el ámbito económico, político y social.

Los cambios mencionados también se han visto reflejados en la legislación, estableciendo un apartado especial referente al trabajo de las mujeres, estableciendo medidas en materia de seguridad social que les permitan cumplir con sus compromisos familiares y buscando lograr la equidad de géneros, esto último hasta la fecha no ha concluido.

De acuerdo al principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y en materia laboral se reitera el mismo principio al mencionar que a trabajo igual, salario igual, lo que en la práctica tampoco ocurre.

En México, la mitad de los hogares cuenta con aporte económico femenino, mientras que el 19% cuenta exclusivamente con esos ingresos para solventar todas sus necesidades, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres señala que, a través de sus transferencias y contribución al cumplimiento de corresponsabilidades de los programas sociales, la colaboración femenina impacta a 69% de los hogares mexicanos.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que el 50.9% de la población mexicana son mujeres, de las cuales aproximadamente el 30% son niñas y adolescentes, mientras que el resto son jóvenes y adultas en edad laboral. No obstante ello, sólo constituyen el 37% de la fuerza laboral del país.

A pesar de que siguen siendo menos los espacios en donde predomina alguno de los sexos, todavía existen actividades económicas en donde la mujer sigue siendo excluida, por ejemplo en el trabajo de la construcción laboran 96.7% de hombres y sólo 3.3% de mujeres.

En el sector de comunicaciones y transportes reporta la segunda diferencia más alta, ya que nueve de cada diez ocupados, es mujer; en cambio, en el comercio y prestación de servicios el promedio se invierte, al ocupar el sexo femenino el 53.3% de las plazas.

Independientemente de lo anterior, debemos mencionar que a nivel físico, psicológico y emocional, hombre y mujeres son distintos por naturaleza.

Desafortunadamente estas diferencias llegan afectar al momento de aplicar para un trabajo, pues en el caso de las mujeres, el hecho de tener hijos o planearlos tener, es un factor que les niega el acceso o permanencia a la fuente de trabajo.

La discriminación se presenta al excluir a una persona, a causa de uno o varios factores, de los beneficios y oportunidades que la sociedad brinda a todos sus miembros; lo cual ocurre cuando se niega un empleo por el estado de gestación de la solicitante, sin importar si cubre el perfil requerido para desempeñar el puesto solicitado.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2009, cuatro de cada cinco personas que despiden son mujeres, porque están contratadas sin prestaciones y sin seguridad en el empleo.

La brecha salarial entre mujeres y hombres es otro de los aspectos que deben integrarse a las políticas públicas para abatir el impacto de la crisis. En México, las mujeres económicamente activas (38% de las mayores de 14 años de edad) perciben en promedio 1.9 salarios mínimos al día, mientras que ellos perciben 2.5.

La crisis económica mundial también impactó al sector femenino en las áreas de comercio formal, industria manufacturera, maquila y textiles, servicios financieros, turismo y empleo doméstico, pues la brecha de ocupación femenina es más elevada comparada con la de los varones, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el texto de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se estableció el deber de prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.

El despido por embarazo o la solicitud de un examen de no gravidez, es ilegal, sin embargo son una práctica común que realizan los empleadores y esto no solamente pasa en México, sino también en países como España, Argentina, Colombia, Costa Rica, entre otros.

El “mobbing maternal” en una especie de presión que ejercen las empresas e instituciones sobre las mujeres para someterlas a una presión constante, que en ocasiones termina con la presentación de la renuncia y libera al empleador al pago de una indemnización en caso de despido injustificado y de erogar gastos con motivo del juicio que pudiera instaurarse en su contra.

En mayo de este año, se llevó a cabo en Madrid la Primera Jornada sobre “mobbing maternal” y en ella se pidió que se tomen en cuenta este tipo de acoso al momento de elaborar los planes de prevención de riesgos laborales.

No debemos de perder de vista que las mujeres juegan un papel importante en la sociedad mexicana, pues representan más de 50% de la población y al mismo tiempo son las encargadas de generar 40% de los ingresos del país, aseguró Lorena Rubio, presidenta del Instituto Nacional de Madres Profesionistas (Inamap).

En abril de 2008 un tribunal español, emitió una sentencia que declaró nulo el despido de una trabajadora del hogar por motivo de embarazo, al considerarlo como una práctica de discriminación directa por razón de sexo, lo que constituye un precedente para el derecho de las trabajadoras.

La iniciativa que hoy se presenta ante esta Soberanía pretende que la ley proteja a la mujer embarazada de tal forma que se le asegure un descanso antes y después del alumbramiento; tiempo de descanso en el cual se le deberá pagar su salario en forma integra; así como, para reforzar el marco jurídico laboral, específicamente el que rige el trabajo de las mujeres, para erradicar la problemática de los despidos injustificados por causa de embarazo, que hoy en día siguen constituyendo la causa más común por lo que las empleadas son separadas de su puesto.

El Gobierno tiene el deber de tomar e implementar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de igualdad, equidad de género y certeza jurídica, con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar social de sus gobernados; así como a elevar los índices de competitividad.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta H. Asamblea, la discusión y en su caso, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se deroga la Fracción I del Artículo 102 y se deroga el párrafo segundo del Artículo 103 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Articulo 102.- Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

I.- Derogado

II – III (…)

Artículo 103.- (…)

Derogado

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170 Bis.- Se presume salvo prueba en contrario, que el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo, cuando es dispuesto dentro de los seis meses antes o posteriores a la fecha del parto.

Asimismo, la trabajadora tendrá un año de inamovilidad en su puesto de trabajo, contado a partir de la fecha de alumbramiento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora García Quiroz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y derogan diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto publicado el 21 de diciembre de 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CONTENIDAS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2007

(Presentada por el C. Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Con su permiso, señor Presidente.

Me permito hacer uso de esta tribuna para presentar la propuesta legislativa que modifica y deroga diversas disposiciones del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación, de fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se abrogó la Ley de Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos para que el impuesto desaparezca del marco jurídico nacional de forma definitiva, no a partir del año 2012, sino a partir del año 2010.

Como recordarán, el 21 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para permitir que a partir del día 1 de enero de 2012; sin embargo esta es una verdad a medias, pues dicha contribución sólo dejaría de ser un impuesto federal quedando reservada la facultad para que la entidad federativa que lo deseé pueda aplicarlo en su estado.

Para nadie es ajeno que miles de mexicanas y mexicanos se han quedado sin empleo en el presente sexenio, incluso el cálculo que hay señala que en lo que va de este año, tan sólo en lo que va de este año se han perdido 300 mil empleos. Habrá que decirlo con toda claridad, México atraviesa actualmente por su peor recesión económica desde 1995 por la desaceleración económica de los Estados Unidos y por el brote de influenza AH1N1 que afectó las actividades productivas de toda la República en el mes de mayo pasado.

Así también, esta Soberanía debe ser consciente que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, resulta lesivo para la propia industria automotriz nacional, la cual se ha sumergido en una profunda crisis económica, de ahí que este sector productivo ya haya urgido a este Congreso de la Unión para eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y la tenencia durante el año 2010 para que se permita reactivar a este sector automotriz.

Para entender el alcance y profundidad de la crisis mundial del sector automotriz en México, basta saber que ésta es la segunda en importancia, después del sector petrolero, con una contribución del Producto Interno Bruto cercana al 4% y de un 15% en la industria manufacturera, generando este sector automovilístico más de 100 mil empleos directos, y si le sumamos el de los proveedores estaríamos en presencia de más de un millón de empleos en la República Mexicana.

En tanto que en el sector publico, el desempleo se ha vuelto un asunto cotidiano, miles de burócratas han sido despedidos y quedarán sin empleo cuando se defina el tema a discutir, que es la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo, de la Función Pública y con la ya ejecución que se hizo de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, en donde en los últimos días tenemos 44 mil nuevos desempleados.

Por todo ello, la iniciativa que propongo tiene la finalidad de que la abrogación que establecimos de la ley que regula el impuesto sobre tenencias de vehículos sea efectiva en el año 2010 y no hasta el 2012, como actualmente se encuentra regulada.

En segundo lugar, se propone evitar la transferencia de esta facultad tributaria a favor de las entidades de la República Mexicana, como actualmente lo regula el segundo párrafo del numeral cuarto de la disposición transitoria de esta ley publicada el 21 de diciembre del año 2007.

Compañeros legisladores, castigar impositivamente al sector productivo que consume, invierte y ahorra, sólo agravará la economía de este país.

Por eso, hoy más que nunca resulta oportuno que se apoye a las familias mexicanas, liberándoles inmediatamente de contribuciones irrazonables y odiosas como este impuesto que sólo existe en la República Mexicana, el Impuesto de la Tenencia Vehicular.

Señor Presidente, le solicito que esta iniciativa que presento sea insertada íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA H. CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

DAVID JIMENEZ RUMBO, Senador integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 55, fracción II 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CONTENIDAS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2007, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 21 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dando con ello, el final legislativo de este impuesto como contribución de carácter federal a partir del día 1° de enero de 20121.

Sin embargo, el segundo párrafo del numeral cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, prevé en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, las entidades federativas que establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderán el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate.

Esto es, la disposición que abroga la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, solo tiene la finalidad de que dicho impuesto deje de ser un impuesto federal, trasladándose esta contribución a las entidades de la República, quienes podrán determinar libremente los montos de dicho impuesto.

Inclusive, la propia iniciativa de ley, que propuso el Ejecutivo Federal, planteaba la traslación del impuesto como objetivo de su propuesta, al señalar lo siguiente:

De igual forma y como otra medida de fortalecimiento del sistema federalista mexicano, se plantea abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Lo anterior, en virtud de que en la actualidad dicho impuesto, a pesar de ser federal, es administrado en su totalidad por las entidades federativas y el 100% de su recaudación pertenece a las mismas. Ello, sin perjuicio de que las entidades federativas que así lo estimen conveniente podrán establecer este tipo de contribución con la plena libertad de determinar sus características esenciales y demás requisitos y condiciones que consideren pertinentes, tal y como actualmente acontece.

Ahora bien, con el objeto de que las entidades federativas no sufran un impacto inmediato en sus haciendas públicas, la presente Iniciativa contempla que la abrogación de referencia entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2014. Lo anterior, en el entendido de que en caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente, las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se plantea abrogar, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, a fin de evitar una duplicidad del impuesto.

Como puede advertirse, ningún beneficio obtiene el ciudadano común, de esta trasferencia, pues se insiste en castigar al sector cautivo de la sociedad mexicana, al imponer y en este caso al mantener diversas cargas impositivas, aún y cuando la economía del país se encuentra deprimida.

Para nadie es ajeno que miles de mexicanas y mexicanos se han quedado sin empleo en el presente sexenio, y que esta problemática se replica tanto en el sector privado ycomo en el publico.

El sector privado por que no alcanza a recuperarse de los errores gubernamentales en materia financiera. Durante el primer mes del 2009, la tasa de población desocupada alcanzó un máximo histórico de 5.0% de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así, durante enero del 2009 se perdieron alrededor de 336 mil 414 empleos, 0.96% más que el año pasado durante el mismo período.

La pérdida de empleos en México, actualmente de la magnitud de la desastrosa “crisis del tequila” de mediados de 1990, se agravará aún más el próximo año, conforme a los análisis de especialistas financieros. México atraviesa actualmente su peor recesión económica desde 1995 por la desaceleración en Estados Unidos, su principal socio comercial, y por el brote de influenza AH1N1 que afectó las actividades productivas del país en el mes de mayo del presente año.

Según la OCDE, la economía de México se perfila a desplomarse este año hasta 8 por ciento, aunque el gobierno pronostica una contracción de 5.5%.

Con la caída, una de las más profundas en décadas, se perderían unos 700 mil empleos, según el Banco de México, pero la situación no se calmaría en 2010, cuando la OCDE proyecta una expansión económica para México de 2.8%. Así, México ha perdido poco más de 300 mil empleos en lo que va del año, según el número de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así también, esta Soberanía debe ser consiente que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, resulta lesivo para la industria automotriz nacional, la cual se han sumergido en una franca crisis económica, de ahí que este sector productivo ha urgido a este Congreso de la Unión, a eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y la tenencia durante el año 2010 para reactivar el mercado interno.

Para entender el alcance y profundidad de la crisis mundial del sector automotriz en México, basta saber que ésta es la segunda en importancia, después del sector petrolero. El valor de la producción es variable, pero se arman 2 millones de autos al año y aunque en 2008 -debido al impacto de la recesión en el último trimestre del año-, se aguarda una producción de un millón 800 mil vehículos, esto alcanza para contribuir al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano con cerca de 4% y un 15.5% en la industria manufacturera.

En la balanza comercial, el sector también tienen un peso importante: las exportaciones del sector, que suman cerca de 50 mil millones de dólares anuales.

En materia laboral genera más de 100 mil empleos directos, pero al sumar los proveedores, alcanza más de un millón de puestos de trabajo en México.

Además, en la cadena automotriz hay otro mercado esencial, que es el de autopartes. Éste alcanza los 28 mil millones de dólares de exportaciones al año, con 450 mil empleos, y se espera que, pasando el bache económico, duplique o triplique la producción en los próximos cinco a siete años.

La industria está posicionada a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues en 10 estados se producen vehículos y en 22 se fabrican autopartes; hay seis clusters automotrices importantes: en la zona norte (Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora), en el centro (Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro) y otras segmentadas en Puebla, Aguascalientes y Zacatecas.

En tanto que en el sector publico, el desempleo se ha vuelto un asunto cotidiano, miles de trabajadores burócratas se han quedado sin trabajo, derivadas de la decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal, de desaparecer la Secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo, de la Función Pública y la paraestatal Luz y Fuerza del Centro.

Por todo ello, la presente propuesta parte de una nueva reflexión que esta Soberanía, debe de realizar sobre el tema, pues resulta oportuno que se apoye a las familias mexicanas, liberándolas de contribuciones irrazonables como lo es el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, por ello, presento la presente propuesta legislativa que modifica y deroga diversas disposiciones del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; para que la Ley del Impuestosobre Tenencia o Uso de Vehículos,desaparezca definitivamente bajo los siguienteslineamientos:

Primero, se modifica el contenido del artículo Cuarto de las disposiciones transitorias modificando el contenido de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para establecer que el artículo Tercero del Decreto de fecha 21 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día 1° de enero de 2010.

En segundo lugar, se deroga el contenido del segundo párrafo del mismo artículo Cuarto de las disposiciones Transitorias modificando el contenido de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, evitando con ello cualquier resquicio legal que permita establecer la trasferencia a favor de las entidades de la República de este impuesto.

Como tercer eje, se deroga el contenido del primer párrafo de la fracción I, del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, en concordancia a la derogación expresa y definitiva a partir del 1° de enero del año 2010, de la ley que regula el impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; y se modifica el añoque prevé la norma para el cumplimiento de las obligaciones que refiere dicho dispositivo.

Estoy convencido que con la aprobación de la presente propuesta, esta Soberanía aliviara la muy difíciles condiciones de pago de las obligaciones de millones de mexicanos, concentradas en la clase media y trabajadora de este país, pues conforme a la coincidencia de la opinión de especialistas en impuestos, que sostienen que los nuevos gravámenes planteados por la Secretaría de Hacienda para el ejercicio fiscal 2010, afectarán principalmente a la clase media, “que es la que cumple con sus obligaciones fiscales y son contribuyentes cautivos”. Con ello, se agrede económicamente al sector productivo que consume, invierte y ahorra.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CONTENIDAS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2007.

Artículo Primero.- Se modifica el primer párrafo y se derogael segundo párrafo del artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, para quedar de la siguiente forma:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS.

ARTICULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

[….] Se deroga.

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el primer párrafo y se modifica el segundo párrafo de la fracción I, del artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente forma:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente:

1. […] Se deroga.

Las entidades en las que, de conformidad con el artículo cuarto de este Decreto, se suspenda el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 2o, noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de vehículos en términos del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. David Jiménez Rumbo”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Jiménez Rumbo. Desde luego, se incluirá en el Diario de los Debates la versión íntegra de la iniciativa. Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Se concede la palabra al Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.


1 ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. DOF. 21 DE DICIEMBRE DE 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DELA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente:

Le anticipo también mi petición, señor Presidente, para que el texto de la iniciativa que ahora someto a la consideración de esta Asamblea, sea reproducido en sus términos en el Diario de los Debates.

La propuesta tiene que ver, compañeras y compañeros Senadores, hay una Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Yo sólo quiero recordarles que, para este país, la micro, la pequeña y la mediana empresa representa el 52 por ciento del Producto Interno Bruto.

Adicionalmente, de que más del 70 por ciento, más del 70 por ciento de los empleos formales están vinculados con la micro, con la pequeña y con la mediana empresa y, por supuesto, también, finalmente, ese es el activo más importante de este país, el 98 por ciento de las unidades económicas tienen ese rango de ser -en términos de esta ley- micro, pequeña y mediana empresa.

Hay una Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Yo no sé, en términos reales, no tengo clara la medición de la utilidad de este ordenamiento.

Sin embargo, la ley contempla un Consejo Nacional que está integrado por 31 miembros, que la hace francamente, en el concepto de quien les está hablando, inoperativo, pero el Consejo tiene su importancia.

El Consejo asigna recursos, es decir, presupuesto federal orientado a impulsar esas actividades y también el Consejo es un medio de enlace de comunicación con los gobiernos federal y de otros órdenes.

Me parece que como está diseñado actualmente, con 31 miembros, lo hace inoperante, inoperativo, hay que darle funcionalidad.

También creemos, y lo decimos con absoluto respeto, pero además con cariño y hasta con admiración, de que en el Consejo solamente participan los estados de Nuevo León y de Jalisco.

Y nosotros estamos planteando, digo, además del reconocimiento a su capacidad empresarial e industrial y su aportación al Producto Interno Bruto, es que formamos parte de un pacto nacional, en donde fuimos -pobres y ricos- con un propósito común y tampoco que se olvide que en la construcción del concepto de nación debe haber una participación más o menos equilibrada de los actores y sectores productivos.

Entonces, quiere decir, que las entidades con menos aportación de Producto Interno Bruto, pues seguimos en una lógica, déjenme decirlo, pobres jalados, y pobres jalados también, porque no participamos en decisiones colegiadas con el significado que tiene este Consejo.

Estamos replanteando la estructura. Habrá materia para el debate en ésta y en otras.

Tengo una personalísima concepción, el reconocerle a ciertas Cámaras y organismos de trabajadores o empresariales, con nombre y apellido, como en esta ley, no es bueno para este país, no es bueno para este país.

Hay que decir: que participen gremios, sectores de trabajadores o productivos, pero no hay que ponerles nombre. Este país no ha desmantelado la representación corporativa.

Sigue presente el Congreso del Trabajo, como hace 30 años. Igualito que como era hace 30 años, es la estructura de gobierno del IMSS, del INFONAVIT o de otros organismos. Esa parte hay que tocarla en aras de poder avanzar y construir instituciones más democráticas y más participativas. Pero ahí se las dejo, a ver qué dicen después.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Tomas Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los datos económicos que se han dado a conocer recientemente por diversas dependencias y organismosrevelan que la crisis económica por la que atraviesa nuestro país está lejos de terminar.

Pero también revelan la imperiosa necesidad de modificar estructuras, modelos y pautas de acción que han demostrado ser ineficaces para impulsar un desarrollo económico sostenido, basado en el fortalecimiento de nuestro mercado interno y la generación de empleos estables y bien remunerados.

No debemos perder de vista que la economía de México enfrentó en el segundo trimestre del año una contracción de 10.3%, la peor de la historia reciente de nuestro país. Una caída que ha venido acompañada de la tasa de desempleo más alta en 14 años: 6.28% de la población en edad de trabajar, registrada el mes de agosto de este año.

Tampoco podemos olvidar que la pobreza sigue avanzando de manera preocupante y que cada vez son más mexicanos los que carecen de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación.

Por ello, a lo largo de los últimos meses hemos presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo con propuestas encaminadas a reactivar nuestra economía y sentar las bases del crecimiento. Algunas han sido retomadas, pero la mayoría de ellas aún se encuentra pendiente de ser analizada.

A través de la presente iniciativa buscamos que el diseño y promoción de políticas públicas a favor de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), sea más claro, representativo y expedito y que sus resultados tengan una mayor efectividad.

De forma concreta, proponemos reformar al Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que es la instancia encargada de estudiar, proponer y fomentar medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES.

Desde nuestra perspectiva este Consejo tiene un número elevado de miembros que limita su capacidad y dinamismo. Además, consideramos que la forma en que se encuentra estructurado no garantiza el impulso de políticas eficientes ni la representatividad de sectores involucrados en el tema. Cualquiera que revise el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa podrá apreciar que la estructura del Consejo privilegia a entidades federativas de mayor desarrollo económico y recursos, en detrimento de aquellas las entidades federativas más pobres, cuyo sector de MIPYMES requiere de mayor atención.

Por otra parte, queda claro que el Consejo reproduce un perfil corporativo y clientelar, lo que distorsiona los objetivos de la ley, atenta contra el principio de representatividad y pluralidad que debe regir a órganos e instancias de este tipo, y cancela sus posibilidades de actuación objetiva y eficaz.

Finalmente, llama la tención la ausencia de instituciones de educación superior e investigación en la estructura del Consejo. Estas instituciones no sólo generan año con año importantes estudios y propuestas para elevar la competitividad MIPYMES, sino que un gran número de sus estudiantes y egresados son quienes las impulsan y las abren. Mucho se habla de la necesaria vinculación entre universidades y empresas, pero muy poco es lo que se hace al respecto. El Consejo constituye un espacio idóneo para avanzar en este sentido y sin lugar a dudas las universidades contribuirán de forma decisiva con el desarrollo de las MIPYMES.

Lo cierto es que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran relevancia para nuestra economía, pues se estima que representan más del 52 por ciento del Producto Interno Bruto y que contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos en nuestro país. Más aún, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), las MIPYMES constituyen alrededor del 98% de las unidades económicas de México.

Desafortunadamente, no ha habido una política eficiente de apoyo a este tipo de empresas y se ha desaprovechado su potencial para desarrollar productos y servicios innovadores, de alto valor agregado. Hoy, casi el 99% de la MIPYMES en nuestro país quiebra antes de 5 años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por 21 integrantes:

I. El Secretario de Economía, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. El Secretario de Educación Pública;

IV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

V. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VI. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía;

VII. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;

VIII. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;

IX. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

X. Seis Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente, del Distrito Federal y de las Entidades Federativas;

XI. Cuatro presidentes de cámaras industriales locales o su equivalente. Dos, de entidades federativas con mayor desarrollo económico y los dos restantes de entidades federativas conmenor desarrollo económico;

XII. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;

XIII. Un representante del Instituto Politécnico Nacional;

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de Consejos Estatales y especialistas en los temas a discusión.

Por cada uno de los miembros que pertenezcan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se nombrará un suplente, que deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente.En el caso de los otros miembros del Consejo no se nombrarán suplentes.

En las ausencias del presidente del Consejo, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa asumirá dichas funciones.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Torres Mercado. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto de reformas constitucionales y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Alejandro González Yáñez: Con la venia de la Presidencia; señoras Senadoras y señores Senadores:

Esta iniciativa tiene el propósito de que se modifique drásticamente el método de integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Actualmente -como sabemos- se integra vía un sistema mixto, es decir, 300 Diputados Federales por la vía de mayoría relativa, que no uninominales y 200 Diputados Federales por la vía de representación proporcional, que no plurinominales.

Esta mixtura, en los hechos, genera una violación flagrante a los principios democráticos de la Constitución por su asimetría.

¿A qué me refiero?

Actualmente los Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional, cuestan cada uno, en números redondos, 52 mil votos.

Los del Partido de la Revolución Democrática, 58 mil votos.

Los del Partido Acción Nacional, 66 mil votos.

Los del Partido del Trabajo, 93 mil votos.

Los del Partido Verde, 105 mil votos.

Los del Partido Nueva Alianza, 129 mil votos.

Y finalmente, los del Partido Convergencia, 134 mil votos.

Es decir, si los Diputados Federales del PRI cuestan 52 mil y los de Convergencia, que son los dos extremos, cuestan 134 mil, ustedes ven una tremenda asimetría.

Lo digo ahora en términos porcentuales. El PRI obtiene el 39.6 por ciento de la votación, pero tiene en la Cámara de Diputados el 47.4 por ciento de representación, generándose una sobrerrepresentación.

El PRD obtuvo el 13.2 por ciento de la votación y tiene el 14.2 por ciento.

El caso del PAN es significativo. El Partido Acción Nacional obtiene en las urnas el 30.2 por ciento. Pero tiene solamente el 28.6 tiene una subrepresentación. Ya no lo digamos con el Partido Convergencia que obtiene 2.6 por ciento de los votos, pero solo tiene el 1.2 de porcentaje de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Como ustedes ven, esta asimetría vulnera el principio de la democracia, de la representatividad, de la equidad, de la igualdad.

Es por ello, que esta iniciativa tiene el propósito de que solamente subsista el principio de representación proporcional para integrar la Cámara de Diputados. Esta metodología ya se utiliza, ya se implementa desde hace tiempo, sobre todo en los países europeos. Sin embargo, también de manera significativa en países de América Latina.

Por ejemplo, ¿en qué países se tiene este principio? Actualmente la Cámara de Diputados de Suiza se integra solo por el principio de representación proporcional; también en Bélgica, en Bulgaria y de manera significada en América Latina y El Caribe, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, es decir, nuestra propuesta a esta Soberanía es que arribemos a un estadio superior de democracia, observando plenamente los principios constitucionales que son la representatividad.

La iniciativa es amplia, es ancha y hay suficientes argumentos. Le estamos solicitando al Senador Presidente Arturo Núñez sea tan gentil de dar instrucción para que se publique íntegramente en el Diario de los Debates, esperando de ustedes su estudio minucioso y, en su caso, la aprobación respectiva.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Alejandro Gonzalez Yañez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposicion de Motivos

La presente iniciativa, tiene como objetivo modificar el sistema electoral mexicano en relación con la forma de elección de los integrantes de la Cámara de Diputados, de manera que subsista únicamente el principio de representación proporcional.

El artículo 40 constitucional, establece la esencia de nuestra forma de gobierno, republicana, representativa, democrática y federal, la cual debe marcar las directrices del procedimiento para designar a quienes han de representar a los ciudadanos de nuestro país.

En el Estado mexicano, la Cámara de Diputados es el órgano de representación de las voluntades de todos los mexicanos. Así, al constituir la democracia el gobierno por el pueblo, es necesario que los miembros de la Cámara de Diputados, en su calidad de órgano en el cual se deposita la soberanía popular, representen a todos los ciudadanos y reflejen todas sus opiniones, y de esta manera expresen la totalidad de la voluntad ciudadana.

En efecto, el espíritu de la democracia exige que todo elector tenga la seguridad de cooperar mediante su voto al nombramiento efectivo de su representante, es decir, no sólo se trata de poder votar, sino que debe existir una potestad real de elegir.

En ese sentido, la democracia no se caracteriza por la ausencia de cualquier capa social minoritaria, sino más bien, por una forma de selección de minorías y una nueva interpretación de las mismas.

Es por eso, que la conformación de la Cámara de Diputados debe ser justa, en el entendido de que en que en dicho cuerpo colegiado, se debe atender al pluralismo político, a través de un sistema electoral que observe el desarrollo democrático.

De ahí que, cada voto debe tener el mismo peso en un sistema electoral definido como el procedimiento por medio del cual los electores expresan su voluntad en votos, los cuales se convierten en escaños.

De esta forma, en la integración de la Cámara de Diputados debe buscarse el sistema electoral que asegure la mayor representatividad de quienes deben regir los destinos del país, que son los ciudadanos.

Ahora bien, no debe confundirse el principio de decisión con el principio de representación, es decir, entre las decisiones que deben tomarse por un órgano colegiado y la forma en que debe integrarse.

El principio de representación, es la figura jurídica que surge en las democracias modernas, que consiste en el ejercicio legalmente autorizado de funciones de poder por medio de órganos del Estado u otros titulares de los poderes públicos, constitucionalmente determinados y que actúan en nombre del pueblo y, en consecuencia, realizan su voluntad auténtica.

Asimismo, por lo que corresponde en específico al principio de representación política, la asamblea que resulte de las urnas debe ser el más fiel reflejo de las distintas corrientes de opinión existentes en la sociedad y de su respectiva fuerza en el momento de los comicios.

Por lo tanto, el sistema electoral mediante el cual se elija a los integrantes de la Cámara de Diputados, debe orientarse a lograr ese efecto de espejo, de reflejo de la sociedad, ya que la representación entraña una relación entre representante y representado, por lo que se debe procurar al máximo que la voluntad plasmada en cada uno de los votos, se manifieste de manera proporcional en la conformación de dicha asamblea, de tal forma que ningún ciudadano quede sin representación.

En efecto, los Diputados deben ser elegidos de tal modo que reproduzcan de la manera más exacta posible, la composición del grupo social que los ha designado, es decir, el órgano legislativo debe estar compuesto, procurando que constituya la reproducción en tamaño reducido del conjunto del electorado.

Sólo así, cuando en la Cámara de Diputados aparezcan las mismas tendencias, opiniones y formas de pensar que tendría la reunión de todos los ciudadanos, en el caso de haber podido estos gobernar su propio país mediante la aplicación de un régimen de democracia directa, se puede afirmar que se satisface el verdadero fin de una democracia representativa.

En tales términos, es indudable que la Cámara de Diputados tiene de manera inherente a su naturaleza, la representación de todo el pueblo y no únicamente una fracción de los mexicanos que hayan ejercido su derecho a votar.1

Sin embargo, uno de los sistemas electorales que actualmente rige la elección del órgano en cuestión, no se encuentra acorde a los principios democrático, representativo y republicano establecidos en la Constitución.

Ello es así, toda vez subsiste el sistema de mayoría relativa, cuyo fundamento es el principio mayoritario, mediante el cual se eligen a 300 Diputados, que ocasiona una subrepresentación y una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, de los partidos políticos participantes en la contienda electoral.

Ello es así, en virtud de que la voluntad de los ciudadanos que emitieron su voto a favor de un candidato que no fue el ganador, forman parte de una minoría que no se encuentra debidamente representada en la Cámara de Diputados.

En efecto, el principio mayoritario permite que no sean representados los electores que emitieron su voto a favor de otro partido político que no fue el ganador, pues el candidato triunfante, únicamente refleja las opiniones y voluntades de los que votaron por él.

En tales términos, en el sistema de mayoría relativa existe una numerosa categoría de ciudadanos que no ejercen su poder constitucional de elegir, o que sólo lo practican de manera ilusoria, ya que dicho sistema no atiende a la importancia de la minoría alcanzada por sus concurrentes.

Lo anterior, contraviene la esencia misma de la Cámara de Diputados, que se distingue por la representatividad que debe guardar de todas las voluntades del pueblo mexicano, en virtud de que es inaceptable que mediante el sistema de mayoría relativa, el cincuenta por ciento más uno sea igual al cien por ciento, mientras que el cincuenta por ciento menos uno sea igual a cero, lo que se traduce en una representación nula de una minoría.

Más aún, el sistema de mayoría relativa no es adecuado para las elecciones de los Diputados, pues en la realidad mexicana, al existir más de dos partidos que postulan candidatos, es absurdo que una mayoría relativa de cuarenta por ciento sea igual al cien por ciento, y la suma de dos minorías partidistas de treinta por ciento, es decir, sesenta por ciento, sea igual a cero. Esto conduciría a que la mayoría de la población quedara sin representación, por lo que se desvirtuaría por completo la esencia misma del sistema representativo, y la democracia estaría negada en su contenido más elemental.

En ese sentido, si la mayoría que se logra mediante el sistema de mayoría relativa, no es la totalidad del pueblo, no se justifica la exclusión de la minoría en un órgano representativo, mucho menos, cuando se pretende atribuir la totalidad de la representación a quienes sólo gozaron de una mayoría relativa y que no constituyen sino una minoría dentro del conjunto del cuerpo electoral.

Asimismo, el sistema electoral de mayoría relativa, conlleva la violación al principio democrático de manera indirecta, ya que de seguir dicho sistema en la integración de la Cámara de Diputados y de no encontrarse representados todos los ciudadanos mexicanos, al momento que tomen decisiones el dicho cuerpo colegiado, en realidad, una parte de la voluntad ciudadana no está considerada, lo cual implica que no participa todo el pueblo, sino únicamente una parte de él. Así, mal puede hablarse del gobierno del pueblo por el pueblo, pues sólo se trata de la conducción de un grupo minoritario.

En ese contexto, el sistema mayoritario entraña una injusticia social, pues se puede afirmar que son libres y soberanos la mitad más uno de los ciudadanos y la otra mitad es representada de manera ficticia.

Lo anterior, demuestra claramente que el sistema electoral de mayoría relativa, no el mecanismo adecuado para llevar a cabo la integración de un cuerpo colegiado en el cual se debe depositar la representación de todo el electorado mexicano, pues se desprende la existencia de una desigualdad en la representación de los ciudadanos, en virtud de que la distribución de las curules no refleja la realidad de la sociedad, sino que deriva en una sobrerrepresentación y subrepresentación que atenta contra los principios de representatividad y democracia.

Incluso, no es suficiente que el sistema electoral de mayoría relativa se encuentre complementado por el sistema de representación proporcional en la elección de Diputados, pues la desigualdad causada por aquél en la representación de los ciudadanos, nunca podrá ser subsanada por el sistema de representación proporcional previsto de manera parcial, en virtud de que la esencia de un órgano como la Cámara Baja es la representación de todas y cada una de las voces del pueblo mexicano.

Por su parte, el sistema electoral regido por el principio proporcional, que se traduce en el sistema de representación proporcional, rectifica todo lo anterior, puesto que el resultado hace justicia a cada elector.

El desarrollo del principio proporcional, se remonta al siglo XVIII y a la filosofía de la Ilustración, con el objeto de buscar un método más adecuado que el principio mayoritario, mediante el cual fuera posible asegurar la verdadera voluntad de toda la población, al tiempo que garantizara el anhelo de la verdad y la justicia.

Hoy, los sistemas electorales aplicados para la integración de un cuerpo colegiado representativo, ya no se consideran como un procedimiento de acercarse a la verdad en el que se lea la voluntad de la mayoría, sino más bien, como una técnica de situar la relación proporcional de la voluntad de la población en la integración de la Cámara representativa del pueblo.

De esta manera, el sistema de representación proporcional surge bajo la idea de asegurar que toda voluntad ciudadana se encuentre representada en un órgano estatal, tanto la mayoría como la minoría, pero no en una forma desproporcional, sino de acuerdo al número de electores que emitieron su voto por cada partido político.

En sí, el significado de la representación proporcional, es que el porcentaje de los votos decida la repartición de escaños, de tal forma que se produzca un reflejo a nivel parlamentario, de la pluralidad de opiniones y agrupaciones políticas a nivel nacional.

Sólo así, el derecho a votar previsto en el artículo 35 de nuestra Constitución, podrá ser respetado y ejercido de manera real, en el sentido de que cada uno de los votos se vean trasformados proporcionalmente en escaños, pues en caso contrario, el valor de los votos sería aparente, ya que se anularían una buena parte de ellos por no formar parte de la mayoría.

Por lo tanto, se entiende que la finalidad del sistema de representación proporcional es que el órgano representativo constituya un retrato fiel de los deseos del cuerpo electoral, y la función de tal sistema, es que las minorías tengan representación propia y puedan ejercer, por el hecho mismo de su existencia, un influjo en la formación de la voluntad de los representantes de la mayoría.

En tales términos, el sistema de representación proporcional adopta también un fundamento democrático en la actividad parlamentaria, en el sentido de que impide el dominio ilimitado de la voluntad de la mayoría sobre las minorías.

En ese contexto, resulta claro que el sistema electoral de mayoría relativa para la elección de Diputados, desvirtúa por completo el principio democrático sobre el cual se sostiene nuestro país, pues ocasiona que se gobierne a través de la voluntad de las mayorías y se deje sin voz a las minorías; en cambio, el sistema de representación proporcional, se identifica más con el principio democrático y representativo, ya que atiende a la voluntad de la totalidad de los ciudadanos, en virtud de que todos y cada uno se ven representados en un cuerpo colegiado.

Por otra parte, en relación con el principio de decisión de un órgano político como lo es la Cámara de Diputados, es necesario que el voto de la mayoría de sus miembros, en virtud de la figura de representación que invisten, corresponda a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pues sólo así, se tomarán decisiones democráticas.

De esta manera, el sistema de representación proporcional aplicado a la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados, al garantizar que cada uno de los ciudadanos se encuentra debidamente representado en el órgano colegiado, las decisiones que se tomen en él, reflejarán realmente una mayoría de la voluntad ciudadana.

No sucede lo anterior al integrar la Cámara de Diputados mediante el sistema de mayoría relativa, pues de acuerdo a lo que se ha explicado en líneas precedentes, la representación de los ciudadanos en la Cámara de Diputados se ve deformada, ya que la voluntad de una minoría no se vio reflejada en la conformación del órgano colegiado, lo que da lugar a que, las decisiones de la Cámara de Diputados como asamblea representativa se tomen por una “mayoría alterada o deformada”, que no corresponda a la verdadera mayoría de la voluntad ciudadana.

Ocurre lo mismo en los debates que tienen lugar en el seno de la Cámara de Diputados, pues si dicha asamblea representa a la totalidad de la voluntad ciudadana, cada opinión identificada en el cuerpo electoral debe manifestarse con la misma fuerza en el interior del órgano colegiado.

En tales circunstancias, es absurdo que una asamblea con naturaleza representativa, no cumpla con su función de reflejar el verdadero consenso de todo el electorado, pues no puede alegarse la existencia de una República donde todos los ciudadanos no tengan participación en el gobierno.

De esa forma, nuestro régimen jurídico, como toda democracia auténtica, exige ineludiblemente la representación total y exacta de las mayorías y minorías, que sólo puede asegurarse mediante un sistema electoral adecuado.

En ese sentido, se soluciona la dicotomía entre el principio representativo y el principio decisorio, pues mientras en la elección de la asamblea representativa se tiende que aplicar el principio de la elección proporcional, las decisiones dentro de la Cámara se toman mediante la aplicación de la regla mayoritaria, o sea, la mayoría supone el principio de la proporcionalidad, y la proporcionalidad el de la representación.

En otras palabras, la elección mayoritaria se entiende como un principio de decisión, mientras la elección proporcional, se concibe como principio de representación. Por lo tanto, a través del principio mayoritario se lleva la construcción de un mecanismo de decisión, mientras que el principio proporcional, se dirige a maximizar la identificación de gobernantes y gobernados, lo que es igual, lograr una representación auténtica de las opiniones y de las fuerzas políticas.

En virtud de todo lo anterior, es que se propone mediante la presente iniciativa, establecer únicamente el sistema de representación proporcional en la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados, pues sólo bajo dicho sistema electoral, se integrará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de acuerdo con el auténtico sentir de las diferentes corrientes de la opinión pública, surgiendo así, un verdadero sistema democrático.

Debe destacarse que países como Suiza, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Uruguay, han incorporado dicho sistema de representación proporcional en sus ordenamientos, en relación con la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados.2

Finalmente, con el afán de seguir en mayor medida los principios democrático y representativo, se considera que las cinco circunscripciones electorales en que se encuentra dividido el país deben subsistir, ya que son de una extensión mayor, lo cual conlleva una relación casi proporcional entre los votos y los escaños, pues cuando las circunscripciones son más pequeñas, se guarda en menor medida el vínculo entre los porcentajes de votos y los escaños de los partidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Artículo primero.- Se modifica el artículo 52, se deroga el primer párrafo y se modifica el segundo párrafo del artículo 53, se modifica el primer párrafo, se deroga la fracción I y se modifican las fracciones II a VI del artículo 54, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por quinientos Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Art. 53.-

Para la elección de los quinientos Diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Art. 54.- La elección de los quinientos Diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos Diputados según el principio de representación proporcional;

II. Al partido político que cumpla con la base anterior, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de Diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;

III. Ningún partido político podrá contar con más de 300 Diputados;

IV. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida; y

V. En los términos de lo establecido en las fracciones II, III y IV anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones III o IV, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo segundo.- Se modifica el artículo 11, el párrafo 3 del artículo 12, el párrafo 1 del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 14, el párrafo 1 y la fracción I del inciso a) del mismo párrafo, los incisos a) y d) del segundo párrafo, ambos del artículo 15, el párrafo 1 y sus incisos a) y c) del artículo 16, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por quinientos Diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

Artículo 12

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos Diputados. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de Diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

Artículo 13

1. Para la asignación de Diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

Artículo 14

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones III y IV del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de Diputados exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de Diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

Artículo 15

1. Para la asignación de Diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones III o IV del artículo 54 de la Constitución;

2. Para asignar los Diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue:

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones III y IV del artículo 54 constitucional, en cada una de las circunscripciones;

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren Diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cien diputaciones.

Artículo 16

1. Determinada la asignación de Diputados por partido político a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 14 de este Código y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones III y IV del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cien, para obtener el cociente de distribución;

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren Diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cien diputaciones.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Alejandro González Yáñez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador González Yáñez. Desde luego se insertará integra en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo.


1 Cfr. VIDELA ESCALADA, Federico N., “Fundamento jurídico de la Representación Proporcional”, 1ª ed., ABELEDO –PERROT, Argentina, 1961, pág. 24.

2 NOHLEN, Dieter, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1998






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX AL ARTICULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Carlos Lozano de la Torre, a nombre propio y del C. Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Carlos Lozano de la Torre: Gracias, señor Presidente; compañeros y compañeras legisladores:

El día de hoy acudimos ante esta Soberanía a fin de someter a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo, una fracción para obligar a los patrones a diseñar e implementar programas de educación financiera para sus empleados, en aras de garantizar una mejor comprensión y conocimiento sobre el funcionamiento de los planes de pensión personales y demás prestaciones laborales a que tienen derecho.

En suma, con dicha adición a la Ley Federal del Trabajo, el trabajador podría adquirir las bases de una educación financiera, a través de la cual podrá desarrollar habilidades y actitudes que mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas y administración de recursos de planeación, les permitiría tomar decisiones personales de carácter económico en su vida cotidiana, así como utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza, sobre todo en épocas de crisis o recesión económica, como las que asistimos el día de hoy.

De acuerdo con los especialistas en la materia, los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía nacional. En plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de los recursos, así como para su información pertinente y clara que da lugar a un mejor y mayor uso de productos y servicios financieros. De esta forma, los trabajadores con mayores niveles de educación financiera tenderían a ahorrar más, lo cual normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.

Así las cosas en nuestro país, de cara a la profunda crisis económica por la que atraviesa, resulta impostergable plantear una reforma de gran alcance a favor de la educación financiera. No podemos soslayar que en México existe muy poco conocimiento financiero por parte de la clase trabajadora, lo cual tiene serias consecuencias para estas personas, como el endeudamiento excesivo, la falta del ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas de dinero, así como la poca claridad sobre los beneficios que ofrecen las inversiones en actividades productivas.

En síntesis, sin duda el hecho de que el trabajador tome decisiones basadas en conocimientos financieros le ofrecerá una mejor alternativa de vida económica.

Por lo tanto, resulta necesario otorgar la importancia que representa la cultura financiera en nuestra forma económica y social en que nos desenvolvemos, principalmente en momentos convulsos y económicamente débiles como el que vivimos el día de hoy.

Señor Presidente, en economía de tiempo, solicito que la presente iniciativa con proyecto de Decreto sea incorporada de forma íntegra en el Diario de los Debates.

Atentamente, Senador Ricardo Fidel Pacheco y Senador Carlos Lozano de la Torre.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que seadiciona la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publico un documento intitulado, “Perspectivas de la Economía Mundial”, donde por primera vez en su historia, el organismo acreditó la salvación de las crisis internacional de 2008 a la intervención directa del Estado, a través del gasto público deficitario.

Donde señala que los países en donde los Estados aplicaron políticas públicas anticrisis, el efecto de la misma fue menor.

En el documento se advierte que el aumento del desempleo constituirá un serio reto para muchas economías y la pobreza seguirá siendo un problema para muchas economías en desarrollo.

Respetables legisladores,la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó en su reporte mensual del empleo que durante el mes de julio de este año, el desempleo en México avanzó 1.9%, con respecto al mismo mes del año anterior, cifra similar al avance del desempleo en la Unión Europea, cuya tasa de desocupación creció dos puntos en el último años.

De esta manera y de acuerdo con datos del INEGI, nuestro país registra niveles de desempleo de 6.28% al mes de agosto del presente año.

No obstante y de acuerdo con cálculos también de la OCDE, la tasa de desempleo en México para 2010 ascenderá a 6.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo anterior debido al rezago que hay entre la reactivación de la economía y el empleo, toda vez que las recontrataciones de las empresas ocurren luego de la recuperación, lo que lamentablemente se suma al dolor y la angustia de los más de 2 millones de desocupados que existen en México.

Por si esto fuera poco, de acuerdo con el Banco Mundial, la recesión en que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008.

De tal suerte que, si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esa condición, es decir, el 51% de la población de nuestro país, del conjunto de 107.4 millones de mexicanos registrados a junio de 2009.

Estimaciones de diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, señalan que incluso, para finales de este 2009 en México habrá 55 millones de pobres.

En suma, si hay un aspecto que más afecta y lastima una crisis económica es, justamente, el empleo de millones de personas que requieren de él para poder subsistir. Por tal motivo, es necesario redoblar esfuerzos en aras de mejorar las condiciones de vida del sector de la población más desfavorecida por las malas políticas económicas y financieras de este gobierno.

Así, para tal efecto, el día de hoy acudo ante esta Soberanía a fin de someter a su consideración una Iniciativa con proyecto de decreto por el se adicionaría la Ley Federal del Trabajo para obligar a los patrones a diseñar e implementar programas de educación financiera para sus empleados, en aras de garantizar una mejor comprensión y conocimiento sobre el funcionamiento de los planes de pensión personales y demás prestaciones laborales a que tienen derecho.

En suma, con dicha adición a la Ley Federal del Trabajo el trabajador podrá adquirir las bases de una educación financiera, a través de la cual podrá desarrollar habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos de planeación, les permitirá tomar decisiones personales y sociales de carácter económica en su vida cotidiana, así como utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza, sobre todo en épocas de crisis o recesión económica, como a la que asistimos hoy día.

De acuerdo con los especialistas en la materia, los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía nacional. En plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de los recursos, así como información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. De esta forma, los trabajadores con mayores niveles de educación financiera tenderían a ahorrar más, lo cual normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.

Así las cosas, en nuestro país, de cara a la profunda crisis económica por la que atraviesa, resulta impostergable producir una reforma de gran alcance en favor de la educación financiera. No podemos soslayar que en México existe muy poco conocimiento financiero por parte de la clase trabajadora, lo cual tiene serias consecuencias para estas personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas de dinero proveniente del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, así como la poca claridad sobre los beneficios que ofrecen las inversiones en actividades productivas.

En síntesis, sin duda, el hecho de que el trabajador tome decisiones basadas en conocimientos financieros le ofrecerá una mejor alternativa de vida económica.

Por lo tanto, resulta necesario otorgar la importancia que representa la cultura financiera en nuestra forma económica y social en que nos desenvolvemos, principalmente en momentos convulsos y económicamente débiles.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I.- (…) XXVIII.- (…)

XXIX.- Crear programas de educación financiera para los empleados, a fin de garantizar una mejor comprensión y conocimiento sobre el funcionamiento de los planes de pensión personales y demás prestaciones laborales.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senador de la República, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Lozano de la Torre. Y desde luego se insertará íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

A continuación se turnarán directamente a Comisiones dos iniciativas presentadas, con la anuencia de sus promotores.

Del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Deportistas de Alto Rendimiento, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

(Presentada por el C. Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

“Mario Lopez Valdez, Senador de la República por el estado de Sinaloa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Deportistas de Alto Rendimiento, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México en los últimos años ha olvidado a sus deportistas y en la actualidad enfrena una escasez de jóvenes que vean como una opción real el emprender una carrera deportiva como plataforma para su desarrollo físico, mental y profesional. Menos del 7% de la población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o deporte que sea significativo para cuidar o mantener los niveles apropiados de salud.

Esta carencia de optimismo por parte de la juventud de nuestro país es reflejo de la falta de apoyo tanto económico como académico que limita las oportunidades y anhelos de los deportistas. Es un problema real la disyuntiva a la cual se enfrenta el deportista de alto rendimiento en México en algún punto de su vida, que es la decisión que tiene que tomar entre seguir practicando el deporte o continuar sus estudios y desarrollo profesional.

Ser deportista en México no supone un desarrollo global de las facultades básicas del individuo, como son un buen estado de salud y a la vez el desarrollo de sus capacidades intelectuales, es por eso que necesitamos urgentemente crear programas y organismos que incentiven a los deportistas a emprender una carrera deportiva otorgándoles a la vez la oportunidad de continuar con sus estudios, es decir, que el hecho de ser deportista no le prive de su carrera profesional en el futuro, sino más bien, que el crecer como deportista le apoye a culminar sus estudios de manera exitosa y sin sacrificio económico alguno.

Necesitamos urgentemente crear modelos a seguir, el fortalecer a los símbolos del deporte como un esquema que los demás valoremos, que los niños admiren y puedan considerarlos como un ejemplo a seguir. Para esto debemos dignificar y reconocer su esfuerzo, constancia y capacidades.

Tenemos que reconocer que la gran mayoría de los deportistas mexicanos de excelencia, no siempre son producto de los sistemas nacionales ni estatales de cultura física y deporte, más bien, del esfuerzo y dedicación personal y familiar. Es en muchas ocasiones a escala familiar donde la niñez y juventud encuentran apoyo para desarrollarse y alcanzar niveles de alto rendimiento.

Los servicios y los apoyos financieros que requieren los deportistas de alto rendimiento son escasos y muchas veces están centralizados.

El talento representa una condición esencial para la excelencia en el deporte y las competencias atléticas de alto rendimiento. La identificación del mismo y el apoyo para su desarrollo, supone un primer momento para los individuos que podrán participar con los más altos estándares de perfeccionamiento deportivo.

De acuerdo con los especialistas en la materia, destacan tres aspectos fundamentales para la selección de talentos deportivos:

1. El delinear criterios objetivos para seleccionar a los atletas a partir de las exigencias y particularidades de la disciplina deportiva en cuestión, lo cual implica un diagnóstico multidisciplinario sobre las cualidades innatas y factores de desarrollo.

2. La identificación del momento adecuado en la vida de los deportistas para iniciar la selección, conforme a la actividad deportiva de que se trate.

3. El desarrollar los métodos para la evaluación de los aspectos considerados en la selección, mismos que deben reunir requisitos mínimos de validez, confiabilidad y especificidad para cada categoría de competencias.

Se requiere un sistema permanente que favorezca el desarrollo y consolidación de deportistas de alto rendimiento, además de contar con el relevo y complementación generacional. Un sistema que se encuentre exento de intereses políticos, de centralización de recursos y de decisiones.

El hablar de la creación de todo un sistema nacional de deporte de excelencia, es hablar también de médicos de deporte, entrenadores, árbitros y jueces, entre otros.

Es por tal motivo que vemos con agrado la creación de Centros para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (CAR), a lo largo y ancho del país, como es el caso de los CAR de Baja California, Nuevo León y la próxima construcción de un CAR en Culiacán, Sinaloa.

La CONADE, conjuntamente con los institutos estatales del deporte, han desarrollado como primera etapa centros estatales de alto rendimiento con capacidad para atender cuatro disciplinar deportivas, y también centros regionales de alto rendimiento, con capacidad para atender a cinco o más disciplinas deportivas, dando prioridad a aquellos deportes en los que se destacan los deportistas del estado o región.

Mediante estos centros se pretende captar y proporcionar una mejor atención técnica a los deportistas destacados de la localidad, desde los niveles de iniciación deportiva hasta un nivel previo al de “seleccionado nacional juvenil” o “seleccionado nacional de categoría mayor”.

Una vez seleccionados podrán concentrarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), con el objeto de dar seguimiento a su proceso de preparación, atendiendo al principio técnico metodológico, que establece que donde hay mayor “densidad competitiva” se generan mejores posibilidades de desarrollo deportivo.

Compañeras y compañeros Senadores:

Como grupo parlamentario del PRI, tenemos la firme convicción y estamos acostumbrados a trabajar construyendo cada día un mejor México. Esta iniciativa busca el sentar las bases para la consolidación del deporte de alto rendimiento a escala nacional, al permitir la formalización de los apoyos y mecanismos que den mayor certeza y viabilidad a los profesionales del deporte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Fomentar el pleno desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en México;

II. Formular, proponer y ejecutar las políticas que orienten el fomento y desarrollo del deporte de alto rendimiento;

III. Crear y regular el Sistema Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento;

IV. La creación del Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento;

V. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la instrumentación de los beneficios a los deportistas de Alto Rendimiento;

VI. El establecimiento de las bases y directrices para el otorgamiento de beneficios a los deportistas de Alto Rendimiento;

VII. Fomentar el desarrollo del deporte de alto rendimiento como ejemplo y medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

VIII. Fomentar el desarrollo del deporte de alto rendimiento como medio importante en la prevención del delito;

IX. La determinación de lineamientos para llevar a cabo la participación de los sectores social y privado en el apoyo otorgados a los deportistas de Alto Rendimiento.

Artículo 2. Son autoridades competentes para aplicar el presente ordenamiento, dentro de sus respectivas atribuciones conforme a esta Ley:

I. El Presidente de la República:

II. La Secretaría de Educación Pública;

III. La Comisión Nacional de Deporte.

Artículo 3. En el ámbito de sus competencias, le corresponde a la Comisión Nacional del Deporte la aplicación de esta Ley y para todo lo no previsto se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y en la Ley General de Educación.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Sistema, el Sistema Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento. Es el Sistema responsable de la asignación de beneficios, apoyos y promoción de los deportistas, médicos, jueces y entrenadores de alto rendimiento.

II. Comisión. La Comisión Nacional del Deporte.

III. Registro, el Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento. Es el Registro en el cuál se encontrarán inscritos los beneficiarios del Sistema Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, de acuerdo a una previa selección y clasificación de los mismos.

IV. Deporte de Alto Rendimiento. Se considera al deporte de alto rendimiento como la práctica sistemática de especialidades deportivas, con altas exigencias de capacitación y entrenamiento para deportistas.

V. Deportista de Alto Rendimiento. Se considera deportista de alto rendimiento a la persona que practica sistemáticamente una especialidad deportiva, con altos niveles de formación, entrenamiento y que participa en los principales eventos de su especialidad, obteniendo resultados sobresalientes.

VI. Educación Física. Proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta la cultura física;

VII. Cultura Física. Conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y elementos materiales) que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo.

VIII. Deporte. Actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento.

CAPITULO II

DEL SISTEMA NACIONAL DE
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Artículo 5.Se crea el Sistema Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, dependiente de la Comisión Nacional del Deporte.

Artículo 6. El Sistema Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, tiene por objeto:

I. La coordinación de recursos para fortalecer el Sistema;

II. La ampliación y diversificación de los apoyos y programas en beneficio de los deportistas de alto rendimiento;

III. La creación del Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento;

IV. Efectuar la coordinación del Sistema a través del Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento;

V. Establecer los mecanismos participativos para planear y programar la expansión del Sistema;

VI. Emitir la normatividad técnica del Sistema, y supervisar su cumplimiento;

VII. Dotar al Sistema de herramientas y formación para su desarrollo y operación;

VIII. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito al Sistema;

IX. Proporcionar asesoría técnica al Sistema;

X. Difundir a nivel nacional los servicios del Sistema;

XI. Realizar las demás funciones que sean análogas a las anteriores y que le permitan alcanzar sus propósitos.CAPITULO III

DE LOS BENEFICIOS BASE DEL SISTEMA NACIONAL
DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Artículo 7. La Comisión Nacional del Deporte, definirá los criterios generales para formar parte del Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, su sistema de clasificación, modalidad de operación, mecánica de aplicación de beneficios y supervisar el correcto desempeño del Sistema.

Artículo 8. Los beneficios básicos del Sistema se otorgarán a los deportistas, médicos del deporte, árbitros o jueces y entrenadores, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, siendo los siguientes:

a) Reserva de un cupo adicional de plazas en las Escuelas y Universidades Públicas para quienes reúnan los requisitos académicos necesarios;

b) Plaza federal con categoría de entrenador, de tiempo completo en una institución educativa o deportiva;

c) La autorización para que en base a un presupuesto presentado de manera anual, le sea autorizado que una empresa privada exente al 100% de impuestos todo el apoyo que le otorgue;

d) Beca económica;

e) Beca académica en la institución que realice sus estudios;

f) Cobertura médica;

g) Exención de pago en el transporte público;

h) Descuentos permanentes en transporte;

i) Y los demás beneficios que el Sistema les otorgue.

Se tendrá acceso a estos apoyos en base al desempeño y talento deportivo; de acuerdo a la siguiente clasificación:

Estímulos a Deportistas de Alto Rendimiento

CATEGORÍA NIVEL EN BASE AL ARTICULO 10 DE ESTA LEY

Categoría “A”

Medallistas olímpicos, clasificados en los tres primeros lugares en competencias mundiales oficiales, su médico y entrenador. Incisos a, b, c, d, e, f, g, h

Categoría “B”

Campeones Nacionales clasificados en alguno de los tres primeros lugares en competencias oficiales, su médico y entrenador. Incisos d, e, f, g, h, i

Categoría “C”

Campeones Regionales clasificados en alguno de los tres primeros lugares de competencias oficiales, su médico y entrenador. Incisos e, f, g, h, i

Categoría “D”

Campeones Estatales clasificados en alguno de los tres primeros lugares de competencias oficiales, su médico y entrenador. Incisose, g, h

Categoría “E”

Talentos infantiles que sean considerados como una promesa en el deporte

Incisos e, g, h

La Comisión Nacional del Deporte podrá en casos excepcionales, otorgar beneficios adicionales a médicos del deporte, jueces o árbitros y entrenadores, de acuerdo a su constancia y desempeño a favor del deporte de excelencia.

El registro y clasificación se llevaran a cabo de manera anual y se conservarán los beneficios, siempre y cuando se haya cumplido con el programa de trabajo establecido.

CAPITULO IV

DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Artículo 9. Corresponderá al Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Integrar el Sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento;

II. Crear el Registro Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento;

III. Coordinar, administrar y operar el Sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento y supervisar su funcionamiento;

IV. Designar al titular del Sistema Estatal de Deportistas de alto Rendimiento.

V. Nombrar, adscribir y remunerar al personal destinado a la operación del Sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento;

VI. Difundir a nivel estatal los servicios del Sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento;

VII. Dotar al sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento de los locales y del equipo necesario para su desempeño; y

VIII. Buscar y otorgar otros beneficios que el Sistema Estatal les otorgue.

Artículo 10. Los integrantes del Sistema Estatal de Deportistas de Alto Rendimiento serán designados por el Gobernador del Estado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a las normas previstas en la presente Ley.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Mario López Valdez”.

De los Senadores María Elena Orantes López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Vivienda, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCION V AL ARTICULO 8, DOS NUEVOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 Y UNA NUEVA FRACCION VIII AL ARTICULO 19 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por los CC. Senadores María Elena Orantes López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

“Los que suscriben, Senadora Maria Elena Orantes Lopez, Ricardo Fidel Pacheco Rodriguez y Adolfo Toledo Infanzon, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción V al Artículo 8, dos nuevos párrafos al Artículo 9 y una nueva fracción VIII al Artículo 19, todos ellos, de la Ley de Vivienda.

CONSIDERACIONES

Ante la escasez de recursos fiscales y la dificultad de hacer una repartición más equitativa de los mismos, es indispensable desarrollar estrategias y programas gubernamentales bien diseñados y con el fondeo suficiente para detonar el desarrollo regional y apoyar a las entidades federativas que tengan entre sus programas de gobierno, verdaderos proyectos de infraestructura social que persigan el objetivo común en el combate a la pobreza mediante el otorgamiento de vivienda y condiciones de desarrollo económico sustentables.

La dispersión de los asentamientos humanos en las entidades federativas más pobres del país,ha provocado un obstáculo para acercar los servicios básicos de infraestructura social a un mayor número de personas en las zonas rurales, así como propiciar las condiciones que permitan el desarrollo económico sustentable y las actividades productivas propias de la región, elevar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano.

En este sentido, es necesario reorientar los criterios y conformar un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable dentro del Programa Nacional de Vivienda, que privilegie a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias bien definidas para combatir la dispersión de los asentamientos humanos y acercar los servicios básicos de infraestructura a un mayor número de personas que habitan en las zonas con mayor índice de pobreza.

La derrama de recursos fiscales que aporta la federación a las entidades federativas para el desarrollo de infraestructura social, deben servir de manera efectiva para resolver la dotación de los servicios urbanísticos y de infraestructura socialen las zonas marginadas del país. Sin embargo, estos recursos no han podido ser aprovechados debidamente en función de la dispersión de las poblaciones, lo que provoca que no puedan concentrarse los esfuerzos para permitir la recuperación económica y la consolidación de un desarrollo con justicia social que busque mejorar el nivel de vida de los más pobres en el país.

Estudios precisos hechos con calidad científica, establecen la vulnerabilidad que tiene nuestro país frente al cambio climático. Lo anterior, implica una modificación en los patrones pluviales y de sequía en una parte importante de la República Mexicana. Esto nos obliga a pensar en nuevos paradigmas en el modo de invertir en infraestructura social, así como en el desarrollo de proyectos de desarrollo de vivienda sustentable.

El cambio climático ya no tiene retroceso, es inercial y va en aumento, a grado tal, que vemos cada vez mayores afectaciones en asentamientos humanos irregulares y aislados del desarrollo, ocasionadas estas últimas, por fenómenos naturales que han cobrado mayores dimensiones por el calentamiento global.

No podemos pensar en que vamos a hacer una reducción significativa de los efectos climáticos de la noche a la mañana, ya que los seres humanos noshemos encargado de deteriorar nuestro planeta durante mucho tiempo. Es por ello importante, evitar seguir exponiendo a las comunidades más pobres y vulnerables del país, a las consecuencias devastadoras de los fenómenos climatológicos.

Estudios prospectivos señalan que en el año 2025, si las tendencias no cambian, el impacto del calentamiento global provocará verdaderas catástrofes hidráulicas de proporciones históricas nunca antes vistas.

De hacerse todo lo necesario y sin demora alguna, en el año 2020 podríamos ver una recuperación en algunos patrones pluviales y de tierras sujetas a la desertificación y, aunque ya no pueda revertirse la presencia del calentamiento global, sí podemos lograr acciones para darnos tiempo y controlar los efectos destructivos que generará el fenómeno climático.

Es bien sabido que el grave problema del cambio climático provocará irreversibles perjuicios para la biodiversidad en el mundo entero. México debe hacer frente al cambio climático de manera contundente e identificar oportunidades para reducir el impacto que traerá para las diferentes comunidades y regiones de nuestro país.

Lo anterior, nos obliga a reconocer la vulnerabilidad ante el calentamiento global e iniciar proyectos legislativos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación, a fin de conservar actividades como la silvicultura, la agricultura y la ganadería.

Es indispensable promover el acceso a energía diversa en los proyectos de vivienda sustentable, menos contaminante y renovable, que sea confiable, segura y accesible para lograr un crecimiento económico con equidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, garantizando el abastecimiento de fuentes energéticas limpias que eviten la agresión medioambiental en el planeta.

Debemos concientizarnos respecto a que las consecuencias del cambio climático provocado por el calentamiento global a causa de la emisión de gases efecto invernadero (GEI), resultan una amenaza para la seguridad nacional ambiental, pues la falta o el exceso de agua, la deforestación y la migración de poblaciones, entre muchas otras, ponen en riesgo la convivencia, sustentabilidad y calidad de vida de las comunidades.

Es por ello, que desde el Congreso de la Unión debemos motivar cambios y conjuntar esfuerzos de manera conjunta con el gobierno federal, los de las entidades federativas y los de los municipios, para emprender acciones que, coordinadamente, permitan mitigar los efectos del calentamiento global, al tiempo de evitar mayores perjuicios a las comunidades marginadas en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El desarrollo de proyectos de vivienda sustentable en las zonas rurales del país, busca atender de manera específica para los próximos veinticinco años, el desafío global más importante de este siglo para toda la humanidad: El calentamiento del planeta. Como país, debemos asumir un liderazgo en esta materia y dotarnos de los marcos legales que permitan orientar los esfuerzos del gobierno federal, estatales y municipales, con el objetivo de tener éxito en el comportamiento frente a este fenómeno.

Desde el Congreso de la Unión debemos influir para que las empresas constructoras se interesen en esquemas habitacionales que atiendan el cambio climático en las zonas rurales, al tiempo de crear un mercado que permita visualizar los beneficios económicos que conlleva la utilización del uso adecuado de la energía y el cuidado del medio ambiente en proyectos urbanísticos apoyados por los tres órdenes de gobierno y, que tengan como cualidad, la sustentabilidad de los mismos, en la búsqueda permanente de lograr mejorar progresivamente, el nivel de vida de los más desprotegidos.

Los proyectos sustentables de vivienda en las zonas rurales representan una buena oportunidad para lograr conciencia en el ámbito ambiental y constituyen por sí mismos, verdaderos centros de desarrollo que además de mejorar el nivel de vida de la población con menor índice de desarrollo humano, permiten cuidar el agua, los bosques, la agricultura, la ganadería y los recursos silvícolas, disminuyendo significativamente el peligro provocado por los fenómenos naturales de alto impacto que, recurrentemente, afectan a la población de escasos recursos.

El desarrollo de proyectos habitacionales en las zonas rurales del país tiene que ver con la posibilidad real de convencer a las poblaciones de las comunidades en zonas marginadas y aisladas, para integrarlas en pequeñas ciudades sustentables que permitan a su vez, potenciar la vida de sus habitantes a partir del mejoramiento de sus condiciones de vivienda, educación y salud, en armonía con el medio ambiente y reconociendo su vocación productiva y cultural.

Se trata en otras palabras, de que los fondos de vivienda impacten positivamente en el desarrollo que merecen las comunidades más pobres del país, y se traduzca en el corto plazo, en calles y colonias pavimentadas, en la extensión de la red del servicio de energía eléctrica y telefonía, obras de drenaje y agua potable, en mayor seguridad, en proyectos de desarrollo sustentable que eviten el deterioro ambiental, en mejor educación, en mayores y mejores servicios médicos y en más fuentes de empleo.

En este momento en que el Congreso de la Unión realiza una revisión profunda de la política fiscal, es necesario también buscar mecanismos que propicien una mayor inducción y eficiencia en el reparto de las partidas fiscales para la infraestructura social que impacten de manera eficiente en proyectos de vivienda en las zonas rurales más marginadas del país. Lo anterior, a fin de disponer de los recursos suficientes para atenuar los efectos socioeconómicos negativos que ocasiona la dispersión de las comunidades, sobre todo, en las entidades del sur del país.

Se trata de voltear la vista a los modelos que han dado muestra de ser exitosos para lograr un tránsito ordenado y exitoso de las comunidades altamente marginadas y aisladas en el país, a centros urbanísticos con infraestructura social que fomenten el desarrollo social, generen actividades productivas más integradas a partir del esfuerzo comunitario, den sustento y seguridad a sus habitantes, así como contribuir a la integración de los esfuerzos para la superación económica, política, social, cultural y tecnológica de las poblaciones con índice de desarrollo humano marginal.

La distribución incentivada de los recursos fiscales para las entidades federativas que tengan como vocación el desarrollo de infraestructura social que ayude a la integración de pequeñas y medianas ciudades rurales sustentables y, por lo tanto, permita la disminución de comunidades aisladas donde es muy difícil llevar los apoyos gubernamentales, traerá como consecuencia, la concentración y alineamiento de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con la iniciativa privada, para detonar proyectos de vivienda sustentable en zonas rurales de nuestro país, en beneficio de las comunidades más pobres del país y con la consecuente distribución y aprovechamiento eficiente de los recursos económicos que se destinan para la vivienda e infraestructura social.

Nuestro país requiere de una relación más moderna y productiva entre federación, estados y municipios, una, que permita generar confianza, promover acciones firmes y claras que ayuden a impulsar la potencialidad de las comunidades y, renueven al mismo tiempo, dimensiones económicas, políticas y sociales, para que la población sustente su bienestar en un nivel de vida adecuado y confiable hacia el porvenir.

El índice de pobreza mostrado por algunas comunidades de nuestro país es inconcebible e inadmisible. La resolución de los problemas económicos y sociales no es una tarea que le corresponda a alguien o algunos en particular; se requiere de la suma de esfuerzos para responder a las exigencias legítimas de la población con grandes rezagos, pero al mismo tiempo, con grandes anhelos de engancharse con el desarrollo de la Nación, en un ambiente de mayor justicia distributiva y de políticas públicas que, más allá de la demagogia, traigan consigo, bienestar y desarrollo para las comunidades más aisladas de nuestro país.

Es por ello, que este proyecto de Decreto busca establecer nuevos criterios para la conformación y distribución de los recursos del Programa Nacional de Vivienda, creando un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable que privilegie el desarrollo regional, combata la dispersión de los asentamientos humanos y promueva la reubicación de comunidades aisladas con menor índice de desarrollo humano en cada entidad federativa.

Lo anterior, a partir de la construcción de estrategias de política pública que involucren la más amplia participación ciudadana, la colaboración de la sociedad civil organizada y la iniciativa privada; a fin de proporcionar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social a la población, con lo cual, se podrían ejecutar acciones de infraestructura social para sacar de la marginación a poblaciones enteras, propiciando el desarrollo regional basado en cuatro ejes fundamentales que permitan disminuir sustancialmente la marginación y la pobreza:

1.- Fortalecimiento de la Infraestructura para el Bienestar Social y el DesarrolloHumano;

2.- Desarrollo Regional;

3.- Estimulación de la Inversión Productiva y,

4.-Desarrollo Institucional.

Estos ejes rectores en los que podría basarse la operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, permitirán incentivar proyectos de vivienda que ayuden a combatir la dispersión de los asentamientos humanos y promover la reubicación de comunidades dispersas y con menor índice de desarrollo humano que no cuentan con los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y telefonía, conservando el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural, a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible.

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCION V AL ARTICULO 8, DOS NUEVOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 Y UNA NUEVA FRACCION VIII AL ARTICULO 19, TODOS ELLOS, DE LA LEY DE VIVIENDA.

Artículo único.-Se adiciona una nueva fracción V al Artículo 8, recorriéndose en su orden las subsecuentes, dos nuevos párrafos al Artículo 9 y una nueva fracción VIII al Artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos ellos, de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I a IV. …

V. Un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable que privilegie a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias bien definidas para combatir la dispersión de los asentamientos humanos y acercar los servicios básicos a un mayor número de personas que habitan en las zonas con menor índice de desarrollo humano.

VI a XIX. …

ARTICULO 9.- El Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Comisión, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en este ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social.

En la formulación del Programa Nacional se considerarán las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.

El Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable como parte sustancial delPrograma Nacional de Vivienda, operará bajo el criterio de privilegiar a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias para combatir la dispersión de los asentamientos humanos, acercar los servicios básicos a un mayor número de personas que habitan en las zonas rurales, así como propiciar las condiciones que permitan el desarrollo económico sustentable y las actividades productivas propias de la región, elevar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano.

La distribución de los recursos de este fondo, se hará tomando en cuenta el criterio para promover el desarrollo regional; combatir la dispersión de los asentamientos humanos, promover la reubicación de comunidades dispersas con menor índice de desarrollo humano en cada entidad federativa que no cuenten con los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y electrificación, así como propiciar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social para la población.

Artículo 19.- Corresponde a la Comisión:

I a VII. …

VIII.- Constituir y operar el Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

IX a XXV. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la naturaleza y fines de esta Ley, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo Cuarto Transitorio.

Tercero.- La Comisión Nacional de Vivienda, en coordinación con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, dentro del término de sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá expedir las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

Cuarto.- Una vez aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, serán obligatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la planeación y programación de las acciones de las entidades federativas y municipios en la materia.

Quinto.- Las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adicionalmente a las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, proveerán lo necesario a efecto de dar cumplimiento al objeto del mismo, proponiendo las reformas, adiciones o supresiones a la legislación que, en su caso, sean necesarias para ello.

Sexto.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, se dispongan de los recursos presupuestales necesarios para la creación y operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. María Elena Orantes López.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22, Apartado C de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCION V AL ARTICULO 8, DOS NUEVOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 Y UNA NUEVA FRACCION VIII AL ARTICULO 19 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por los CC. Senadores María Elena Orantes López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

“Los que suscriben, Senadora Maria Elena Orantes Lopez, Ricardo Fidel Pacheco Rodriguez y Adolfo Toledo Infanzon, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción V al Artículo 8, dos nuevos párrafos al Artículo 9 y una nueva fracción VIII al Artículo 19, todos ellos, de la Ley de Vivienda.

CONSIDERACIONES

Ante la escasez de recursos fiscales y la dificultad de hacer una repartición más equitativa de los mismos, es indispensable desarrollar estrategias y programas gubernamentales bien diseñados y con el fondeo suficiente para detonar el desarrollo regional y apoyar a las entidades federativas que tengan entre sus programas de gobierno, verdaderos proyectos de infraestructura social que persigan el objetivo común en el combate a la pobreza mediante el otorgamiento de vivienda y condiciones de desarrollo económico sustentables.

La dispersión de los asentamientos humanos en las entidades federativas más pobres del país,ha provocado un obstáculo para acercar los servicios básicos de infraestructura social a un mayor número de personas en las zonas rurales, así como propiciar las condiciones que permitan el desarrollo económico sustentable y las actividades productivas propias de la región, elevar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano.

En este sentido, es necesario reorientar los criterios y conformar un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable dentro del Programa Nacional de Vivienda, que privilegie a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias bien definidas para combatir la dispersión de los asentamientos humanos y acercar los servicios básicos de infraestructura a un mayor número de personas que habitan en las zonas con mayor índice de pobreza.

La derrama de recursos fiscales que aporta la federación a las entidades federativas para el desarrollo de infraestructura social, deben servir de manera efectiva para resolver la dotación de los servicios urbanísticos y de infraestructura socialen las zonas marginadas del país. Sin embargo, estos recursos no han podido ser aprovechados debidamente en función de la dispersión de las poblaciones, lo que provoca que no puedan concentrarse los esfuerzos para permitir la recuperación económica y la consolidación de un desarrollo con justicia social que busque mejorar el nivel de vida de los más pobres en el país.

Estudios precisos hechos con calidad científica, establecen la vulnerabilidad que tiene nuestro país frente al cambio climático. Lo anterior, implica una modificación en los patrones pluviales y de sequía en una parte importante de la República Mexicana. Esto nos obliga a pensar en nuevos paradigmas en el modo de invertir en infraestructura social, así como en el desarrollo de proyectos de desarrollo de vivienda sustentable.

El cambio climático ya no tiene retroceso, es inercial y va en aumento, a grado tal, que vemos cada vez mayores afectaciones en asentamientos humanos irregulares y aislados del desarrollo, ocasionadas estas últimas, por fenómenos naturales que han cobrado mayores dimensiones por el calentamiento global.

No podemos pensar en que vamos a hacer una reducción significativa de los efectos climáticos de la noche a la mañana, ya que los seres humanos noshemos encargado de deteriorar nuestro planeta durante mucho tiempo. Es por ello importante, evitar seguir exponiendo a las comunidades más pobres y vulnerables del país, a las consecuencias devastadoras de los fenómenos climatológicos.

Estudios prospectivos señalan que en el año 2025, si las tendencias no cambian, el impacto del calentamiento global provocará verdaderas catástrofes hidráulicas de proporciones históricas nunca antes vistas.

De hacerse todo lo necesario y sin demora alguna, en el año 2020 podríamos ver una recuperación en algunos patrones pluviales y de tierras sujetas a la desertificación y, aunque ya no pueda revertirse la presencia del calentamiento global, sí podemos lograr acciones para darnos tiempo y controlar los efectos destructivos que generará el fenómeno climático.

Es bien sabido que el grave problema del cambio climático provocará irreversibles perjuicios para la biodiversidad en el mundo entero. México debe hacer frente al cambio climático de manera contundente e identificar oportunidades para reducir el impacto que traerá para las diferentes comunidades y regiones de nuestro país.

Lo anterior, nos obliga a reconocer la vulnerabilidad ante el calentamiento global e iniciar proyectos legislativos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación, a fin de conservar actividades como la silvicultura, la agricultura y la ganadería.

Es indispensable promover el acceso a energía diversa en los proyectos de vivienda sustentable, menos contaminante y renovable, que sea confiable, segura y accesible para lograr un crecimiento económico con equidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, garantizando el abastecimiento de fuentes energéticas limpias que eviten la agresión medioambiental en el planeta.

Debemos concientizarnos respecto a que las consecuencias del cambio climático provocado por el calentamiento global a causa de la emisión de gases efecto invernadero (GEI), resultan una amenaza para la seguridad nacional ambiental, pues la falta o el exceso de agua, la deforestación y la migración de poblaciones, entre muchas otras, ponen en riesgo la convivencia, sustentabilidad y calidad de vida de las comunidades.

Es por ello, que desde el Congreso de la Unión debemos motivar cambios y conjuntar esfuerzos de manera conjunta con el gobierno federal, los de las entidades federativas y los de los municipios, para emprender acciones que, coordinadamente, permitan mitigar los efectos del calentamiento global, al tiempo de evitar mayores perjuicios a las comunidades marginadas en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El desarrollo de proyectos de vivienda sustentable en las zonas rurales del país, busca atender de manera específica para los próximos veinticinco años, el desafío global más importante de este siglo para toda la humanidad: El calentamiento del planeta. Como país, debemos asumir un liderazgo en esta materia y dotarnos de los marcos legales que permitan orientar los esfuerzos del gobierno federal, estatales y municipales, con el objetivo de tener éxito en el comportamiento frente a este fenómeno.

Desde el Congreso de la Unión debemos influir para que las empresas constructoras se interesen en esquemas habitacionales que atiendan el cambio climático en las zonas rurales, al tiempo de crear un mercado que permita visualizar los beneficios económicos que conlleva la utilización del uso adecuado de la energía y el cuidado del medio ambiente en proyectos urbanísticos apoyados por los tres órdenes de gobierno y, que tengan como cualidad, la sustentabilidad de los mismos, en la búsqueda permanente de lograr mejorar progresivamente, el nivel de vida de los más desprotegidos.

Los proyectos sustentables de vivienda en las zonas rurales representan una buena oportunidad para lograr conciencia en el ámbito ambiental y constituyen por sí mismos, verdaderos centros de desarrollo que además de mejorar el nivel de vida de la población con menor índice de desarrollo humano, permiten cuidar el agua, los bosques, la agricultura, la ganadería y los recursos silvícolas, disminuyendo significativamente el peligro provocado por los fenómenos naturales de alto impacto que, recurrentemente, afectan a la población de escasos recursos.

El desarrollo de proyectos habitacionales en las zonas rurales del país tiene que ver con la posibilidad real de convencer a las poblaciones de las comunidades en zonas marginadas y aisladas, para integrarlas en pequeñas ciudades sustentables que permitan a su vez, potenciar la vida de sus habitantes a partir del mejoramiento de sus condiciones de vivienda, educación y salud, en armonía con el medio ambiente y reconociendo su vocación productiva y cultural.

Se trata en otras palabras, de que los fondos de vivienda impacten positivamente en el desarrollo que merecen las comunidades más pobres del país, y se traduzca en el corto plazo, en calles y colonias pavimentadas, en la extensión de la red del servicio de energía eléctrica y telefonía, obras de drenaje y agua potable, en mayor seguridad, en proyectos de desarrollo sustentable que eviten el deterioro ambiental, en mejor educación, en mayores y mejores servicios médicos y en más fuentes de empleo.

En este momento en que el Congreso de la Unión realiza una revisión profunda de la política fiscal, es necesario también buscar mecanismos que propicien una mayor inducción y eficiencia en el reparto de las partidas fiscales para la infraestructura social que impacten de manera eficiente en proyectos de vivienda en las zonas rurales más marginadas del país. Lo anterior, a fin de disponer de los recursos suficientes para atenuar los efectos socioeconómicos negativos que ocasiona la dispersión de las comunidades, sobre todo, en las entidades del sur del país.

Se trata de voltear la vista a los modelos que han dado muestra de ser exitosos para lograr un tránsito ordenado y exitoso de las comunidades altamente marginadas y aisladas en el país, a centros urbanísticos con infraestructura social que fomenten el desarrollo social, generen actividades productivas más integradas a partir del esfuerzo comunitario, den sustento y seguridad a sus habitantes, así como contribuir a la integración de los esfuerzos para la superación económica, política, social, cultural y tecnológica de las poblaciones con índice de desarrollo humano marginal.

La distribución incentivada de los recursos fiscales para las entidades federativas que tengan como vocación el desarrollo de infraestructura social que ayude a la integración de pequeñas y medianas ciudades rurales sustentables y, por lo tanto, permita la disminución de comunidades aisladas donde es muy difícil llevar los apoyos gubernamentales, traerá como consecuencia, la concentración y alineamiento de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con la iniciativa privada, para detonar proyectos de vivienda sustentable en zonas rurales de nuestro país, en beneficio de las comunidades más pobres del país y con la consecuente distribución y aprovechamiento eficiente de los recursos económicos que se destinan para la vivienda e infraestructura social.

Nuestro país requiere de una relación más moderna y productiva entre federación, estados y municipios, una, que permita generar confianza, promover acciones firmes y claras que ayuden a impulsar la potencialidad de las comunidades y, renueven al mismo tiempo, dimensiones económicas, políticas y sociales, para que la población sustente su bienestar en un nivel de vida adecuado y confiable hacia el porvenir.

El índice de pobreza mostrado por algunas comunidades de nuestro país es inconcebible e inadmisible. La resolución de los problemas económicos y sociales no es una tarea que le corresponda a alguien o algunos en particular; se requiere de la suma de esfuerzos para responder a las exigencias legítimas de la población con grandes rezagos, pero al mismo tiempo, con grandes anhelos de engancharse con el desarrollo de la Nación, en un ambiente de mayor justicia distributiva y de políticas públicas que, más allá de la demagogia, traigan consigo, bienestar y desarrollo para las comunidades más aisladas de nuestro país.

Es por ello, que este proyecto de Decreto busca establecer nuevos criterios para la conformación y distribución de los recursos del Programa Nacional de Vivienda, creando un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable que privilegie el desarrollo regional, combata la dispersión de los asentamientos humanos y promueva la reubicación de comunidades aisladas con menor índice de desarrollo humano en cada entidad federativa.

Lo anterior, a partir de la construcción de estrategias de política pública que involucren la más amplia participación ciudadana, la colaboración de la sociedad civil organizada y la iniciativa privada; a fin de proporcionar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social a la población, con lo cual, se podrían ejecutar acciones de infraestructura social para sacar de la marginación a poblaciones enteras, propiciando el desarrollo regional basado en cuatro ejes fundamentales que permitan disminuir sustancialmente la marginación y la pobreza:

1.- Fortalecimiento de la Infraestructura para el Bienestar Social y el DesarrolloHumano;

2.- Desarrollo Regional;

3.- Estimulación de la Inversión Productiva y,

4.-Desarrollo Institucional.

Estos ejes rectores en los que podría basarse la operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, permitirán incentivar proyectos de vivienda que ayuden a combatir la dispersión de los asentamientos humanos y promover la reubicación de comunidades dispersas y con menor índice de desarrollo humano que no cuentan con los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y telefonía, conservando el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural, a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible.

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCION V AL ARTICULO 8, DOS NUEVOS PARRAFOS AL ARTICULO 9 Y UNA NUEVA FRACCION VIII AL ARTICULO 19, TODOS ELLOS, DE LA LEY DE VIVIENDA.

Artículo único.-Se adiciona una nueva fracción V al Artículo 8, recorriéndose en su orden las subsecuentes, dos nuevos párrafos al Artículo 9 y una nueva fracción VIII al Artículo 19, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos ellos, de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I a IV. …

V. Un Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable que privilegie a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias bien definidas para combatir la dispersión de los asentamientos humanos y acercar los servicios básicos a un mayor número de personas que habitan en las zonas con menor índice de desarrollo humano.

VI a XIX. …

ARTICULO 9.- El Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Comisión, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en este ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social.

En la formulación del Programa Nacional se considerarán las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.

El Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable como parte sustancial delPrograma Nacional de Vivienda, operará bajo el criterio de privilegiar a aquellas entidades federativas que tengan entre sus proyectos de infraestructura social, estrategias para combatir la dispersión de los asentamientos humanos, acercar los servicios básicos a un mayor número de personas que habitan en las zonas rurales, así como propiciar las condiciones que permitan el desarrollo económico sustentable y las actividades productivas propias de la región, elevar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano.

La distribución de los recursos de este fondo, se hará tomando en cuenta el criterio para promover el desarrollo regional; combatir la dispersión de los asentamientos humanos, promover la reubicación de comunidades dispersas con menor índice de desarrollo humano en cada entidad federativa que no cuenten con los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y electrificación, así como propiciar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social para la población.

Artículo 19.- Corresponde a la Comisión:

I a VII. …

VIII.- Constituir y operar el Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

IX a XXV. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la naturaleza y fines de esta Ley, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo Cuarto Transitorio.

Tercero.- La Comisión Nacional de Vivienda, en coordinación con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, dentro del término de sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá expedir las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

Cuarto.- Una vez aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, serán obligatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la planeación y programación de las acciones de las entidades federativas y municipios en la materia.

Quinto.- Las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adicionalmente a las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable, proveerán lo necesario a efecto de dar cumplimiento al objeto del mismo, proponiendo las reformas, adiciones o supresiones a la legislación que, en su caso, sean necesarias para ello.

Sexto.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, se dispongan de los recursos presupuestales necesarios para la creación y operación del Fondo de Desarrollo de Vivienda Sustentable.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. María Elena Orantes López.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22, Apartado C de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22, APARTADO C DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 14, de fecha 15 de octubre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.

Ha solicitado el uso de la palabra, a nombre de las Comisiones Dictaminadoras, para fundamentarlo, el Senador Guillermo Tamborrel Suárez.

- El C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

No puedo iniciar la presentación del presente dictamen sin antes reconocer la visión de la Senadora proponente, la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme. Muchas felicidades, señora Senadora.

La genética es definida como el estudio científico de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamiento de padres a hijos, mismos que están formados de segmentos de ADN, que es la molécula que codifica la información genética en las células.

Por su parte, la identidad filiatoria consiste en el derecho de toda persona a conocer sus orígenes biológicos, a pertenecer a una determinada familia y a contar con el registro legal correspondiente. El derecho a la identidad de todo ser humano conlleva esencialmente a la idea que la persona sea identificada plenamente dentro de un grupo social, nacional, familiar e incluso étnico.

En concordancia con lo anterior, el artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone que los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.

Derivado de ello, el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a la identidad de sus beneficiarios, para lo cual cada entidad federativa podrá disponer lo necesario para que la madre y el padre lo registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Sin embargo, aunque podemos darnos cuenta que el referido artículo 22, en su apartado C, menciona que uno de los elementos que componen el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, es el derecho a conocer su origen en el sentido más amplio. Es necesario especificar, por los adelantos científicos y derivado de sus características, que también debe ser considerado dentro de estas hipótesis el origen genético. Con ello se estará otorgando certeza jurídica a aquellos menores de edad que se vean involucrados en una controversia del orden familiar, haciendo posible que los juzgadores cuenten con elementos de convicción mucho más precisos que les permitan decidir de manera indubitable sobre las cuestiones que les son puestas a consideración. En particular, tratándose de cuestiones genéticas.

Hoy los avances de la ciencia en el campo de la genética son sorprendentes y sus características muy complejas y particulares. Por lo que es necesario legislar en esta materia, especificando los objetivos que pretendemos cumplir.

Igualmente es urgente que adecuemos las leyes a las necesidades actuales y más aún tratándose de las encargadas de tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello los invito a que apoyen este dictamen, cuya finalidad es garantizar que le sea respetado el derecho a conocer su origen genético a niñas, niños y adolescentes como parte de su identidad.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Tamborrel Suárez. No habiendo otros oradores ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

RAMIREZ GARRIDO ABREU GRACO

PRD

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 79 votos por el sí, cero votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 22, apartado C de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.






PROPUESTAS

En el apartado de proposiciones, se recibió del Senador José Julián Sacramento Garza, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa, un punto de Acuerdo relativo a la política exterior de México hacia el Continente Africano, se turna directamente a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA POLITICA EXTERIOR DE MEXICO HACIA EL CONTINENTE AFRICANO

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador Jose Julian Sacramento Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de mis compañeros senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

RELACIONES ENTRE MEXICO Y AFRICA

La formulación de una política exterior dinámica y cambiante es una necesidad que se presenta en cualquier país que pretende tener algún impacto en el mundo globalizado. Así, se supone que la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el mundo, constituyen objetivos prioritarios de la política exterior de nuestro país.Mientras más ricos y diversos sean nuestros vínculos, mayores serán las posibilidades de éxito de nuestra estrategia de inserción internacional.

Desafortunadamente en las últimas décadas, y para ser más específicos, a lo largo de las últimas cuatro administraciones (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa), las relaciones de México con los Estados Unidos de Norteamérica se han profundizado y concentrado de tal manera, que más del 90 % de nuestro comercio exterior se dirige o proviene precisamente del vecino del norte.

De esta forma, y de manera proporcional en la medida en que se ha acrecentado ésta (inter)dependencia con los Estadios Unidos, la capacidad para diversificar nuestros intercambios económicos, políticos y culturales con otros países y regiones del mundo, se disminuye y desvanece cada día más.

Como ya se manifestó hace un poco más de un año, cuando propusimos otro punto de acuerdo sobre la materia que nos ocupa, hay quienes creen que la cura para nuestros males está en la consolidación del proceso de integración regional de América del Norte; nos dicen y reiteran que nada podemos hacer en contra de la geografía; que son los Estados Unidos con quienes nos ha tocado coexistir, y que más vale que no nos resistamos a la idea de hacer converger nuestras economías y sociedades. Por ello, además de abrir un debate sobre la necesaria redefinición de los términos de la relación de México con los Estados Unidos, reiteramos la necesidad de analizar, proponer y construir nuevas fórmulas y mecanismos en nuestra política exterior, que le permitan a nuestro país diversificar y estrechar sus relaciones con países de otras regiones del mundo. Países que son importantes no sólo por el hecho de pertenecer a otro continente, sino porque representan oportunidades y perspectivas importantes de desarrollo y aprendizaje.

En esta tribuna hablamos de manera muy constante sobre la importancia de la diversificación de las relaciones de México con América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Pero, yo les quiero proponer, compañeros senadores que reflexionemos un minuto y nos preguntemos ¿cómo andan nuestras relaciones con los países africanos? o por lo menos, les pido que nos cuestionemos sobre lo que están viviendo y padeciendo millones de seres humanos en Sudán, Somalia, República Centroafricana o en alguno de los países africanos que hoy en día está atravesando por algún conflicto armado, territorial o de alguna otra índole.

África en la actualidad sigue siendo un continente que se considera distante de nuestro país, a pesar de sus múltiples vínculos históricos y la existencia de lazos culturales y sociales que persisten más allá de la carencia de una política oficial en ambos rubros. Algunos de los elementos que explican éste aparente, pero muchas veces real alejamiento, son por ejemplo la falta de conocimiento, los prejuicios y la escasa presencia de intereses económicos y en muchos casos hasta culturales.

Las relaciones entre México con África desde hace un poco más de cuatro décadas han estado caracterizadas por una actividad diplomática interrumpida y con bajo perfil político. La falta de definición de una estrategia sólida, la imprecisión de los intereses económicos y políticos, así como la ausencia total de una política exterior integral hacia el continente africano han sido una constante de las administraciones mexicanas desde las últimas tres décadas del Siglo XX y ésta primera del XXI. Así, tenemos que las relaciones diplomáticas de nuestro país con los países africanos en las décadas recientes han tenido un proceso evolutivo muy decreciente, ya que en la década de los años sesentas y setentas se establecieron relaciones diplomáticas con algunas naciones africanas, firmándose acuerdos de cooperación, mediante los cuales creció la presencia de africanos en nuestro país; lo cual también favoreció para que nuestro país desplegara una presencia diplomática considerable en el continente africano, al la respectiva representación en Argelia, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Nigeria, Senegal y Tanzania.

Evidentemente África nunca ha sido una región prioritaria para las administraciones mexicanas, lo cual se ve reflejado en ésta falta de definición específica y sobretodo de continuidad de la política exterior al concluir un sexenio e iniciar otro. Si acaso, vale la pena referir que las experiencias azarosas del gobierno mexicano en turno han estado guiadas por la trascendencia tanto regional como internacional de personalidades africanas, como son los casos de Léopoldo Sédar Sengor de Senegal, Kwame Nkrumah de Ghana, Julius K. Nyerere de Tanzania y Nelson Mandela de Sudáfrica; por situaciones coyunturales, como el interés personal del ex–presidente Luis Echeverría Álvarez por África, o por la necesidad de encontrar apoyo africano en diversos foros internacionales.

También es interesante mencionar que a finales de la década de los años ochenta, las potencias occidentales iniciaron una tendencia a alejarse de algunas regiones que perdían conexión con el mundo desarrollado, y África no fue la excepción. Motivo por el cual muchos países sostenían que los problemas africanos eran exclusivos de África, y de esta manera es como justificaron su falta de vinculación con éste continente.

En este contexto, México se alineó a ésta postura, quedando su política exterior inmersa en lineamientos de obtención de resultados de muy corto plazo, ya que la realidad africana estaba muy lejos de ocupar un lugar prioritario dentro de los objetivos que pretendía cumplir. En esos momentos los países africanos eran considerados como “necesitados” y no como posibles aliados estratégicos. Lo anterior, tuvo como resultado el que muchos países, incluyendo México sostuvieran una política exterior de muy bajo perfil hacia dichos países. Así tenemos que nuestro país tuvo como prioridad de la política exterior en el período 1988-1994, inserción de México en el rango de los países desarrollados, desmereciendo la imagen de nuestro país en los países africanos.

En los últimos dos sexenios, incluyendo el actual, el gobierno mexicano con la finalidad de intentar cumplir con la diversificación de sus relaciones en los diversos ámbitos como el diplomático, económico, comercial, cultural y político, se ha planteado que las mismas se hagan de manera global. Lo cual, en cierta medida pudiera ser aprovechado de mejor manera. Un aspecto muy importante de resaltar, radica en el hecho de que se debe erradicar la idea de que sólo se deben incluir en la política exterior las áreas económicamente más visibles o redituables en términos económicos. En este sentido, es muy importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores tome muy en cuenta esto en los esfuerzos que realiza para fortalecer las relaciones con los países africanos, con la finalidad de queesto le permita desempeñar un papel importante en la política internacional.

En ésta Comisión del Senado de la República estamos conscientes que África representa un cúmulo de oportunidades de acercamiento político bilateral, regional, de cooperación, comercio e inversión, entre muchos otros.

Por lo anterior, creemos que África debe de dejar de ser sólo un párrafo en los discursos de la Cancillería, y esto lo afirmamos en virtud de que mientras a las relaciones multilaterales y a las relaciones de México con el continente americano, con Europa e incluso ahora con Asia, a África sólo le dedican algunas líneas en las que se manifiesta únicamente la intensión de ampliar nuestra participación y presencia en esta región del mundo.

Resulta indispensable recordar que África es un continente sumamente rico en hidrocarburos; recursos naturales; metales y minerales que hoy en día resultan son esenciales para la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, así como para el desarrollo de nuevas tecnologías y la producción de aleaciones utilizadas en la aeronáutica espacial.

Con todo anterior, no resulta complicado comprender que África se ha convertido en una región estratégica que ameritaría por sí misma un mayor interés de nuestro país y, desde luego, una mayor convergencia de nuestra política exterior con las posiciones de varios de estos países en los organismos internacionales.

Así lo han entendido naciones como China quien cuenta con 371 embajadas en dicho continente; Cuba que tiene 292, Brasil quien en octubre de 2007 contaba con 20 embajadas en África, y al día de hoy cuenta ya con 303 representaciones, y Venezuela quien tiene 184 representaciones diplomáticas. Lo cual de manera muy evidente nos permite darnos cuenta de la notable importancia que el país del sol carioca le está brindando al continente africano, ya que por año abrió cinco embajadas, superando así a los demás países que están en busca del mercado africano.

Otra muestra del patente interés por contar con una relación más estrecha con los países africanos, radica en las visitas oficiales que en el último año han realizado los respectivos presidentes de China, Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, y muy recientemente el mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama.

En un orden de ideas similar, vale la pena mencionar que del 23 al 27 de septiembre pasado se llevaron a cabo los trabajos de la II Cumbre América del Sur-África, mejor conocida como ASA, en la cual participaron 39 de los 54 países africanos, de los cuales en el caso de 20, estuvieron representados por los respetivos Jefes de Estado; y por el lado Sudamericano participaron 12 países, de los cuales en 8 casos estuvieron representados por su respectivo Presidente. Esto de manera indudable nos permite deducir la importancia que le están brindando los países de América del Sur a sus relaciones con los países africanos; visión que estimamos es correcta, y en la cual México se está quedando en el rezago.

Por ello, en el Senado tenemos como propuesta el explorar perspectivas a futuro, las cuales justamente pueden ser opciones de posibles nuevos ámbitos de acción de esa política integral que sostenemos y exigimos que tenga nuestro país hacia África. Desde este Senado proponemos que la política exterior se encauce y diversifique hacia esta región del orbe, y para ello es necesario que el Poder Ejecutivo Federal, a pesar de la actual crisis económica, elabore innovadoras estrategias, así como políticas de concertación y diálogos políticos mucho más sólidos de los que hasta el día de hoy hemos tenido.

Un aspecto que se debe resaltar, es el hecho de que México y África en la actualidad mantienen posiciones comunes en muchos temas de la agenda internacional, entre ellos se pueden destacar la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, los cuales obviamente pueden ser tema que permita un acrecentamiento y fortalecimiento de la presencia de nuestro país en el continente africano.

La vinculación de México con África debe pasar de las palabras a las acciones, para así empezar a materializar todas esas buenas ideas y proyectos que ahí están; con lo cual se capitalizará la cooperación que en diferentes rubros pueda darse entre las naciones africanas y nuestro país.

Evidentemente, es tiempo de que nos demos cuenta que México necesita una mayor visión hacia África para que entonces se podamos aprovechar todos los avances que ya existan en materia de intercambios en las diversas materias.

Es de llamar la atención que en un continente que cuenta con más de la cuarta parte de la membrecía total de los votos en las Naciones Unidas, y México sólo tiene 8 representaciones en países como Argelia, Egipto, Etiopia, Kenya, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria y Angola, así como numerosas concurrencias que sólo denotan ignorancia de la activa participación que otros países están teniendo en África, desdén a nuestros hermanos africanos y una imperdonable falta de visión integral y estratégica de nuestra política exterior.

¿Quién de nosotros podría cuestionar o argumentar de manera contundente en contra de la apertura de una representación diplomática en países como Cöte D’Ivoire, Libia (país que actualmente preside la Unión Africana) Namibia, la República Democrática del Congo, Ghana o Camerún?, por citar sólo algunos casos. En el caso de Cöte D’Ivoire tenemos que es un país de África Occidental que cuenta con el puerto de Abiyán, ciudad que es considerada el centro comercial y más importante de la región.

APERTURA DE NUESTRA EMBAJADA EN ANGOLA

Angola es uno de los cinco países que domina el escenario petrolero. Y para ello, se debe recordar que África posee reservas probadas de cerca de 100 mil millones de barriles de petróleo (cerca del 9% del total mundial), y de 180 mil millones de barriles aún por descubrirse. Así mismo, éste continente extrae alrededor de 8 mil 400 millones de barriles de crudo al día, el 10% del total mundial. Angola es el cuarto país del continente en reservas probadas de petróleo y se especializa en el manejo de industrias y explotación de diamantes, uranio, oro y bauxita. Esta última, utilizada principalmente en la producción de aluminio y es un insumo que producen menos de 10 países en el mundo.

La República de Angola abrió una representación diplomática en nuestro país desde el año 2003, y el próximo 6 de diciembre cumplirá 6 años dicha Embajada. Es muy preocupante, que hayan transcurrido varios años para que México, diera una muestra de reciprocidad a éste país africano, que como ya lo hemos manifestado juega un papel muy importante en el sector económico de dicho continente; ya que fue hasta junio de este año, es decir 5 años y medio después de que se abriera la embajada de Angola aquí, cuando México formalmente abrió nuestra Embajada en Luanda -capital de Angola-.

A este respecto, nos parece que no tan sólo el Gobierno Mexicano en turno ha tomado muchísimo tiempo en ser recíproco con éste país africano, sino que además, creemos y estamos seguros que algo se está haciendo mal; ya que de manera extraoficial tenemos conocimiento de las intenciones de la Cancillería Mexicana, de cerrar dicha embajada por cuestiones presupuestales. Lo cual nos parece no sólo una falta de respeto, sino una decisión imperdonable que traería consecuencias incalculables de diversa índole con éste país del África Central.

De manera oficial, en días pasados, el pasado 15 de septiembre, fecha en que la Canciller Patricia Espinosa Cantellano tuvo a bien comparecer ante ésta Soberanía, mi compañero, el Senador Salomón Jara Cruz, y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, África a pregunta expresa sobre la posibilidad del cierre de dicha en Embajada nuestra en Luanda; la Embajadora Cantellano le respondió que es una decisión que están valorando, ya que ha habido una serie de imprevistos presupuestales que están dificultando que la Embajada funcione como debería hacerlo.

Lo anterior, nos parece igual de preocupante, ya que consideramos que sino se tenía perfectamente planeada dicha apertura, hubiese sido preferible no haberlo hecho, en virtud de que en éste momento, el cierre traería consigo un sin número de consecuencias políticas y en cierto grado económicas, ya que deben ustedes saber que un número importante de empresarios ya ha viajado a Luanda con la intención de invertir en este país africano. Si fuera el caso de que se cerrara, seguramente dichos proyectos de inversión no se llevarían a cabo.

Sabemos que en la práctica diplomática, todo Estado es soberano y libre de actuar conforme a sus necesidades internas ante cualquier evento que se le presente; y toda decisión del Estado en una relación bilateral o multilateral estará basada en la buena fe y en la reciprocidad. Por lo tanto, es evidente que ningún Estado estará obligado a efectuar determinada acción a través de la fuerza o la coerción. Hay que recordar también que el principio fundamental del derecho internacional y diplomático es que queda reservado el derecho de acción o inacción a cada Estado en particular.

También sabemos que cualquier país está en todo su derecho y facultad de abrir o cerrar cualquier embajada en cualquier otro país sin la necesidad de justificarse por ningún motivo.

Sin embargo, en ésta Comisión de Relaciones Exteriores, África estimamos que el cerrar la nuestra embajada en Luanda significaría un rompimiento de relaciones diplomáticas, que traería consecuencias de índole política, que difícilmente podríamos superar. Y para ello, baste sólo recordar como ejemplo la pésima decisión del gobierno en turno de cerrar en los años noventas nuestra embajada de México en Zimbabue, para abrir una en Sudáfrica. Al respecto, debemos decir que no fue una decisión incorrecta abrir una embajada en la Nación del Arcoíris, de Nelson Mandela, por el contrario, eso no es lo que está a discusión, lo que sí estuvo muy mal, fue abrirla habiendo cerrado primero la que estaba abierta en Zimbabue; argumentando como siempre, que por cuestiones presupuestales no se podían sostener a las dos.

Pensamos que la decisión de cerrar la embajada mexicana en Luanda, no tan sólo transgredería el principio de reciprocidad por el cual Angola se mantuvo por más de 5 años aquí en México, ya que ellos aceptaron esperar por éste tiempo a que México cumpliera con tener una embajada en Luanda. Sin embargo, ahora que ya existe, estimamos que el cerrarla repercutiría en nuestras relaciones diplomáticas, ya que la embajada de Angola seguramente se tendría que ver en la necesidad de cerrar de igual forma su representación en nuestro país. Lo cual para ellos, es un insulto adicional, ya que hace tan sólo un par de meses, el Gobierno de Angola decidió adquirir el inmueble en donde está ubicada su embajada en la Ciudad de México. Juzgamos que esta decisión se tomó, con la visión e ilusión de que las relaciones diplomáticas ya estarían en una fase de consolidación, por lo que contar con una embajada propia significaría una muestra del sumo interés que el gobierno angoleño tiene con la relación con nuestro país.

Si bien es cierto que las relaciones internacionales se rigen por lo establecido en la Convención de Viena, no debemos dejar de lado que más allá de la ley están una serie de prácticas también fuentes de la costumbre internacional como son la moral internacional. Esto se refiere a cómo quedaría un Estado ante otro, en éste caso la forma en que quedaría México si cerrara la embajada en Angola, lo cual se rige por otros intereses de tipo bilateral. Creemos que no sería muy bien visto, ya que esto también implica la falta de compromiso de un Gobierno, hacia los compromisos que adquiere, motivo por el cual, entonces, tal vez muchos países pierdan el interés de venir a México. En la Comisión estimamos que el argumento esgrimido por parte de la Cancillería Mexicana es inaceptable, ya que dentro del presupuesto para éste año ya estaba considerado el gasto que implica el que dicha embajada esté abierta y en pleno funcionamiento.

Senadores, resulta paradójico que mientras aquí estamos analizando el posible cierre de la embajada de México en Luanda, allá, la Asamblea Nacional aprobó el viernes pasado por unanimidad de los diputados presentes en la primera sesión plenaria ordinaria de la II legislatura de este órgano, una resolución que aprobó un Acuerdo Cuadro de Cooperación entre las Repúblicas de Angola y Popular de China. Dicho Acuerdo pretende estimular la promoción de asociaciones entre empresas chinas y angoleñas, con base en el principio de complementariedad y joint-venture. Como se observa, China -como ya lo vimos anteriormente- toma muy en serio sus relaciones diplomáticas y comerciales con los países africanos, y en este caso, con Angola.

Es momento de manifestar, que desde el Senado nos encargaremos de pedirle a la Cámara de Diputados que no haya una reducción presupuestal en materia de política exterior, con la finalidad de que éste no sea el argumento que se esgrima al momento de tomar éste tipo de decisiones, que como ya lo manifestamos son incorrectas y políticamente inaceptables. Estamos convencidos de que la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerle ver a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las consecuencias políticas que implicaría el cierre de nuestra representación diplomática en Luanda, Angola.

PRESUPUESTO EN MATERIA DE POLITICA EXTERIOR

La situación actual del Sistema Internacional ha demostrado la urgente necesidad de interacción entre los Estados, de cooperación y por supuesto, de intercambio en todas sus modalidades.

En el caso de México la apertura hacia otras áreasgeográficas distintas a la natural, dada la vecindad, con los Estados Unidos de Norteamérica ha significado beneficios que si bien no pueden considerarse óptimos sí son un buen inicio de una política exterior plural y de acuerdo con la realidad internacional.

Sin embargo, una de las formas para hacer efectiva la interacción entre los Estados es la apertura de Representaciones Diplomáticas en aquellos países en los que el gobierno mexicano -sobre todo, en el continente africano- no cuenta con embajadas, oficinas de negocios o consulados pero para ello es necesario aumentar el techo presupuestal de la federación en materia de política exterior, ya que éste es sin duda, menor al necesario.

Se prevé que los recursos económicos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio 2010 serán de 6,094.5 millones de pesos lo que supone un aumento aparente del 8.7% respecto al ejercicio 2009. Empero, debe considerarse que en términos reales éste es inferior si se toman en cuenta los movimientos en el tipo de cambio como consecuencia de la crisis económica. Principalmente, porque alrededor de dos terceras partes de las erogaciones dedicha Secretaría se efectúan en moneda extranjera lo que provoca que los gastos sean mayores; por la apreciación del euro y del dólar en un 25%. Es decir, no es un aumento sino una reducción del presupuesto para esta materia.

Si bien, son indudables las consecuencias negativas de la crisis económica mundial y el impacto en la economía nacional, así como la urgente necesidad de llevar a cabo una política de austeridad debe considerarse que el cierre de embajadas en los países africanos, como en el caso que se ha comentado de nuestra Embajada en Angola, que de hecho, son escasas representaría un retroceso en los avances que se han tenido en años recientes respecto a la relación del Estado Mexicano con el continente africano.

Por lo tanto, es urgente instar el análisis exhaustivo de la relación costo beneficio a corto, mediano y largo plazo de tal forma que el destino del presupuesto sea coherente con la necesidad de aumentar las relaciones entre México y África; teniendo siempre presente que es un continente que brinda la oportunidad de intercambios favorecedores tanto para los mexicanos como para los africanos en pro del desarrollo social y económico. Ya que ésta es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro principal objetivo.

Por todo lo anterior, y porque no tenemos la menor duda de que el fortalecimiento de nuestras relaciones con el continente africano, puede ser un detonante que ayude a diversificar de manera efectiva nuestra política exterior, con una visión integral, objetivo fundamental en el que Ejecutivo y Legislativo debemos y podemos trabajar conjuntamente, nos permitimos poner a su consideración con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Diputados, a trabajar de manera conjunta a efecto de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, una partida presupuestal que esté destinada a fortalecer y ampliar, en la medida de lo posible, la presencia de nuestro país en África; la cual también esté destinada a consolidar la presencia diplomática con la que ya contamos en dicho continente.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que se abstenga de cerrar nuestra representación diplomática en Luanda, Angola.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscribe

 Sen. José Julián Sacramento Garza

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa”.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, a nombre propio y de los Senadores Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2010, se considere una partida destinada a cumplir el convenio que se celebró entre el Poder Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Colima, en materia de educación.

- La C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea: Muchas gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

He pedido hacer uso de la voz para fundamentar debidamente este punto de Acuerdo en el que hemos coincidido los legisladores colimenses de todas las corrientes políticas.

El proceso nacido en la última reforma educativa de 1992 se basó en la completa federalización de la educación, lo que permitió el mayor control de la infraestructura escolar, de los sistemas de la organización magisterial por parte de las entidades federativas.

Estas acciones se hicieron patentes en todo el territorio nacional, estableciéndose en lo que respecta al estado de Colima lo dictado en el convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se celebró entre el Presidente de la República y el titular del Ejecutivo Estatal, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1992.

En este convenio se estableció la transferencia de las atribuciones de los servicios educativos operados hasta ese año por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, al gobierno del estado de Colima, encargado de la consignación de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se aprueba anualmente por la Cámara de Diputados.

En el convenio, entre otros objetivos, se fijó el de mejoramiento de la calidad de la educación elevando su cobertura y el fortalecimiento del propio sistema educativo, sin dejar de proveer el equipo de infraestructura y los recursos destinados por el gobierno federal. Con tales medidas, fueron aplicados los principios establecidos así en el artículo tercero constitucional.

En lo relativo a los prestadores de servicios en el sector educativo antes dependientes de la Federación, quedó estipulado que el gobierno estatal garantizaría el completo respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, así como la homologación de prestaciones económicas con respecto al magisterio adscrito antes de esa fecha al sistema educativo del estado y que el Ejecutivo Federal quedaría obligado con la responsabilidad solidaria, según se desprende de las cláusulas quinta y sexta del referido convenio.

En este convenio se señala también el compromiso del gobierno federal de proponer en las iniciativas de presupuesto de egresos de cada ejercicio, un gasto general global en educación transferido al gobierno del estado de Colima, que permitiera reducir gradualmente diferencias que en su caso se presentaran en el salario integrado de los trabajadores, como ya lo señalamos.

Sin embargo, es de señalar que hasta la fecha no se han tenido los cauces adecuados para la programación y ejecución de los pagos derivados de este convenio.

El contenido del convenio para esta descentralización cumple con todas las formalidades y requisitos legales. Por lo que consideramos debe ser cumplido en lo conducente y eliminar gradualmente las diferencias existentes entre los salarios y prestaciones económicas de uno y otro sector magisterial, dando con ello término a un periodo de 17 años de afectación directa, incluso a pensionados y jubilados.

Es por ello que los cuatro legisladores colimenses ponemos a su consideración un único punto de Acuerdo.

Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, sea considerada una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir con el Decreto que contiene el Convenio, que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima desde mayo de 1992, se vaya cumpliendo gradualmente para la homologación de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública en Colima.

Muchas gracias por su atención.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA SECRETARIADE EDUCACIÓN PUBLICA, DESTINADA A CUMPLIR CON EL DECRETO QUE CONTIENE EL CONVENIO QUE SE CELEBRO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

“C. Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presentes.

DE LOS SENADORES MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, J. JESUS DUEÑAS LLERENAS, ROGELIO RUEDA SANCHEZ Y CARLOS SOTELO GARCIA, Integrantes del Senado de la República de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PROXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010, SEA CONSIDERADA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA, DESTINADA A CUMPLIR CON EL DECRETO QUE CONTIENE EL CONVENIO QUE -DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DELA EDUCACION BASICA-, SE CELEBRO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE COLIMA, MISMO QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 26 DE MAYO DE 1992 , al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

• Que la educación de calidad, considerada como el pilar del desarrollo integral de la Nación Mexicana, está fincada en los valores de la democracia, la libertad, la justicia y el amor a la Patria y que nuestra Carta Magna consagra en su artículo tercero. Tan nobles objetivos, emanados de la vasta visión forjadora e incansable labor de sucesivas generaciones de educadores, han permitido que los hombres y las mujeres de nuestro país, realicen con ahínco y preparación su diaria labor.

• Que la labor educativa, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos con plenitud, se ha sometido a estrategias de modernización y reforma, tanto en sus contenidos temáticos como en la organización del magisterio, tal y como lo demostraron los componentes de la reforma educativa de 1972, que trajo consigo los principios de la escuela interactiva y la dinamización del profesorado, así como la reforma del año 1992, que permitió que la organización educativa y los planes y programas de estudio, se ajustaran a la realidad nacional como parte indispensable de los procesos de la Reforma del Estado.

• Que dichos procesos nacidos con la últimareforma educativa de 1992, se basaron en lacompleta federalización de la educación, que permitió el mayor control de la infraestructura escolar, de los sistemas y de la organización magisterial por parte de las entidades federativas.

• Que dichas acciones, se hicieron patentes en todo el territorio nacional, estableciéndose en lo que respecta al Estado de Colima, lo dictado en el Convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se celebró entre el Presidente de la República y el Titular del Ejecutivo Estatal, con la comparecencia del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de 1992 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el día 13 de junio del mismo año.

• Que en el señalado Convenio, se estableció la transferencia de las atribuciones de los servicios educativos operados hasta ese año por parte del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, al Gobierno del Estado de Colima, encargado de la consignación de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.

• Que en el convenio, entre otros objetivos, se fijó el del mejoramiento de la calidad de la educación, elevando su cobertura y el fortalecimiento del propio sistema educativo estatal, sin dejar de proveer el equipo de infraestructurabásicaa las escuelas públicas, con los recursos destinados por el Gobierno Federal. Con tales medidas, fueron aplicados los principios establecidos en el artículo tercero constitucional, así como en la Ley Federal de Educación.

• Que en lo relativo a los prestadores de servicios en el sector educativo antes dependientes de la Federación, quedó estipulado que el Gobierno Estatal garantizaría el completo respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, así como la homologación de prestaciones económicas con respecto al magisterio adscrito antes de esa fecha al sistema educativo del estado y que el Ejecutivo Federal quedaría obligado con la responsabilidad solidaria, según se desprende de las cláusulasQuinta y Sexta del referido convenio.

• Que en el Convenio para la Modernizaciónde la Educación Básica, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima con fecha 13 de junio de 1992,se señala el compromiso del Gobierno Federal de proponer en la iniciativa del presupuesto de egresos de cada ejercicio, un gasto general global en educación transferido al Gobierno del Estado de Colima, que permitiera reducir gradualmente diferencias que, en su caso, se presentaran en el salario integrado de los trabajadores, de acuerdo a lo aludido en las cláusulas Vigésima Cuarta, Vigésima Quinta y Vigésima Sexta del Convenio.

• Que desde el año 1992 hasta la fecha, la responsabilidad directa del Gobierno del Estado de Colima y la responsabilidad solidaria delEjecutivo Federal, no han tenido los cauces adecuados para la programación y ejecución de los pagos derivados del Convenio.

• Que en el H. Congreso del Estado de Colima, han sido aprobados distintos puntos de acuerdo solicitando respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Gobierno del Estado, su favorable intervención, sin que al día de hoy exista una respuesta relativa a la consignación del presupuesto para el pago de las cantidades adeudadas al magisterio colimense adscrito a la Sección 6a del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

• Que de igual forma, la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados A.C., buscando que se les decumplimiento a los compromisos contraídos en 1992, han realizado solicitudes y reuniones con los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se proceda a la transferencia de recursos correspondientes; adicional a esto, es de señalar también, la existencia de procesos interpuestos ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por parte de un importante sector de profesores jubilados y pensionados, sin que hasta el momento existaresolución alguna en torno al cumplimiento de sus demandas de recursos presupuestales.

• Que el contenido del Convenio celebrado para la descentralización de los servicios educativos en el Estado de Colima, cumple con todas las formalidades y requisitos legales, por lo que debe ser cumplido en lo conducente y eliminar gradualmente las diferencias existentes entre los salarios y prestaciones económicas de uno y otro sector magisterial, dando con ello término a un periodo de 17 años de afectación directa a jubilados y pensionados, principalmente.

• Quecon el fin de ser considerado el pago de las cantidades adeudadas por concepto de homologación, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, debe exhortarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en la medida de sus atribuciones, destine a la Secretaría de Educación Pública, los recursos requeridos para dar cumplimiento a los convenios en comento,para que a su vez lo entregue al Gobierno del Estado de Colima a fin de que cumpla con las obligaciones pendientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PROXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010, SEA CONSIDERADA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, DESTINADA A CUMPLIR CON EL DECRETO QUE CONTIENE EL CONVENIO QUE -DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DELA EDUCACION BASICA-, SE CELEBRO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE COLIMA, MISMO QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 26 DE MAYO DE 1992.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Sen. Martha Leticia Sosa Govea.- Sen. J. Jesús Dueñas Llerenas.- Sen. Rogelio Rueda Sánchez.- Sen. Carlos Sotelo García”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Sosa Govea. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, a nombre propio y de la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal.

- El C. Senador Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias, con el permiso de la Presidencia.

La trata de personas que sin duda alguna puede ser catalogada o denominada como la esclavitud del siglo XXI, es uno de los delitos más crueles que existen en la actualidad y desgraciadamente también es uno de los más redituables a nivel mundial, sólo superados por el tráfico de drogas y armas. Es un delito que lacera hasta lo más hondo a la víctima, a su familia y a todo ser humano que se precie de serlo.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y su informe sobre la trata de personas, documentan la trata de seres humanos originarios de 127 países, quienes son explotados en 137 naciones.

México, duele reconocerlo, está catalogado como un país de origen, de tránsito y de destino para la trata de personas con los propósitos de explotación sexual y laboral.

Sin duda, esta modalidad de esclavitud donde las víctimas son principalmente mujeres, niñas y niños indefensos y vulnerables, nos obliga a actuar permanentemente con todas las herramientas del Estado para combatirla, sin pretextos ni cortapisas y sin ningún tipo de permisividad.

En virtud de ello, y como estrategia, el Estado mexicano para combatir este delito el 27 de noviembre del 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual tiene como objeto la prevención y sanción de este crimen, así como la protección y asistencia a las víctimas.

Sin embargo, no podemos decir que la tarea esté completa, pues en cuanto a legislación se refiere, aún falta un largo camino por transitar, especialmente en la legislación local.

El recién publicado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social da cuenta que actualmente sólo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas cuentan con una ley en tema de trata de personas.

Por otra parte, el estudio revela que hay once entidades federativas que aún no tipifican en sus códigos penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Asimismo, en las entidades donde está tipificada la trata de personas, existe una gran disparidad en los elementos que constituyen este delito y en las penalidades que considera cada entidad, ya que dentro de las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos.

El estudio también asegura que 20 entidades federativas han realizado reformas a sus códigos penales, pero únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas.

Senadoras y Senadores, por estas razones y en concordancia con los citados estudios, resulta imperativo llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en todas las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos.

Por ello los invito a que apoyen este punto de Acuerdo que tiene como finalidad que esta Soberanía exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales aplicables en la materia.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS Y A SUS RESPECTIVAS LEGISLATURAS A EXPEDIR UNA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y A REFORMAR SU LEGISLACION PENAL, EN CONGRUENCIA CON LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y DEMAS DISPOSICIONES FEDERALES EN LA MATERIA

“SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES:

EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA y GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ,Senadora y Senador de la República de la LXI Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal, en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia. Esto con la finalidad de contar en todo el país con un marco jurídico completo y homologado tendiente a prevenir y sancionar eficazmente este delito, así como para garantizar la protección de las víctimas.

CONSIDERACIONES

La trata de personas es uno de los delitos más crueles que existen en la actualidad, desgraciadamente también es uno de los más redituables a nivel mundial solo superado por el tráfico de drogas y armas.

Datos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), y su Informe Mundial sobre la Trata de Personas, documentan la presencia de este fenómeno criminal en 155 países del globo.

La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata de personas es de 2.5 millones.

México está catalogado, de acuerdo con UNODC y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como un país de origen, tránsito, y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y del trabajo forzado.

Sin duda, esta modalidad de esclavitud, donde las víctimas sonprincipalmente mujeres, niñas y niños indefensos y vulnerables, nos obliga a actuar permanentemente con todas las herramientas del Estado para combatirla, sin pretextos ni cortapisas y sin ningún tipo de permisividad.

Quienes hoy tenemos la fortuna y a la vez la enorme responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía no debemos ser indiferentes, ni podemos estar conformes con lo que se ha avanzado en esta materia, pues esta deleznable conducta, propia de los tiempos de la barbarie es, por desgracia, una terrible realidad en nuestros días.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, tiene como objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

El artículo 5 de esta Ley establece las hipótesis bajo las cuales se incurre en este delito al establecer que “Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”.

Por su parte, el Artículo 6 dicta las sanciones para quien cometa el delito de trata de personas, aplicándose de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa y de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo.

Estas penas se incrementarán hasta en una mitad si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; o se trate de persona indígena.

Igualmente, se incrementarán las penas hasta en una mitad cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; además, según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta.

Sin embargo, no podemos decir que la tarea está completa, pues en cuanto a la legislación se refiere, aún falta un largo camino por transitar, especialmente en la legislación local.

El recién publicado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, (realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A. C., CEIDAS) da cuenta que actualmente solo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas, cuentan con una ley en tema de trata de personas.

Por otra parte, existen 11 entidades federativas que aún no tipifican en sus códigos penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Estas son: Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En las entidades donde sí está tipificada la trata de personas, existe una gran diferencia entre lo que consideran “actividad”, “medios Comisivos” y los “fines”. Asimismo existe una gran divergencia en las penalidades que considera cada Entidad para el delito de trata. De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala).

El estudio también asegura que veinte entidades federativas han realizado reformas a sus códigos penales; pero no obstante, únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, de protección y de asistencia a las víctimas.

Por estas razones y en concordancia con las conclusiones a las que llegan CNDH y CEIDAS en el citado Diagnóstico, resulta un imperativo llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en todas las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos del delito.

Por las consideraciones anteriores y con la seguridad de contar con la confianza y apoyo de nuestras compañeras Senadoras y amigos Senadores, se somete a la consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal, en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia. Esto con la finalidad de contar en todo el país con un marco jurídico completo y homologado tendiente a prevenir y sancionar eficazmente este delito, así como para garantizar la protección de las víctimas.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 20 de octubre de 2009.

Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola.- Sen. Guillermo Tamborrel Suárez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Tamborrel Suárez. Túrnese a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a publicar las reglas de carácter general, para la terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación de productos financieros entre instituciones bancarias y público usuario, mismaque se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A PUBLICAR LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL, PARA LA TERMINACION DE OPERACIONES, ASI COMO LOS TRAMITES DE LIQUIDACION Y CANCELACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES BANCARIAS Y PUBLICO USUARIO

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter al Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con las recientes reformas realizadas a la Ley de Instituciones de Crédito, se facultó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que, mediante disposiciones de carácter general establezca los requisitos y procedimientos con los cuales se darán por terminados las operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación con las instituciones de crédito.

Con base en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que tratándose de operaciones pasivas que no sean líquidas y exigibles, la solicitud de cancelación surtirá efectos a su vencimiento.

En lo que respecta al finiquito de operaciones activas, la entidad receptora, una vez que se cubra la deuda respectiva, será acreedora del cliente por el importe correspondiente.

Como consecuencia de la crisis que afecta al país, varias personas han decidido cancelar sus tarjetas de crédito para mantener, en medida de lo posible, sus finanzas sanas, sin embargo y ante la falta de la publicación de las reglas de operación, los bancos han establecido sus propias reglas e intentan a toda costa evitar la cancelación del plástico.

De acuerdo con datos proporcionados por el Banco de México, entre abril y mayo la cartera vencida de las tarjetas de crédito creció 700 millones de pesos, al pasar de 19 mil 983 millones de pesos a 20 mil 727 millones de pesos.

Lo anterior como consecuencia de la situación económica y de la pérdida de empleo, que para el mes de agosto alcanza la cifra histórica del 6.12%. Actualmente hay en circulación 24.5 millones de tarjetas de crédito.

En el segundo trimestre del año, el crédito total de la banca comercial (incluye la cartera de las Sofomes) cayó 1.52% respecto al primer trimestre, mientras que el Índice de Morosidad (IMOR) se elevó a 3.84%, desde el 3.43%.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que el resultado neto acumulado de enero a junio de este año por el sector de banca múltiple fue de 32 mil 388 millones de pesos, cifra 7.38% mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior.

Al no contar con reglas claras, las instituciones de crédito establecen sus propios procedimientos, los cuales en lugar de facilitar la cancelación de los servicios financieros, ponen obstáculos para evitar que el trámite se realice con éxito.

Las técnicas que utilizan desalientan a los usuarios a concluir el trámite, ya que les ofrecen disminuir la tasa de interés, el monto de la anualidad, promociones de meses sin intereses o porque recientemente había cubierto el importe de la anualidad.

Lo grave del asunto es que al impedir la cancelación, el riesgo de que se incremente la tasa de morosidad se incrementa y dicha decisión puede poner en riesgo la economía del país, por tal motivo es urgente que se expidan las reglas de carácter general que deberán de aplicar las instituciones crediticias.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a publicar las reglas de carácter general, para la terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación de productos financieros entre instituciones bancarias y público usuario.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

Se recibió de la Senadora Irma Martínez Manríquez, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a complementar las reglas de operación de los Programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”, mismo que se turna a la Comisión de Desarrollo Social para el análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTEN, PARA OBTENER MAYOR BENEFICIO, LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO “OPORTUNIDADES” Y “70 Y MAS”

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y perteneciente al Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”, bajo el tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Por otro lado los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, el Programa “Oportunidades” y “70 y Más”, entre otros, se destinan en las entidades federativas exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promueven la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que proponen las entidades federativas.

Según datos ofrecidos por el titular del Ejecutivo Federal en su Tercer Informe de Gobierno, al bimestre julio-agosto de 2009, se han beneficiado a 5,032,963 familias en el Programa de Desarrollo Humano “oportunidades” de todo el país y a 2,025,551 adultos mayores en el Programa de “70 y Más” en 76,514 localidades de hasta 30 mil habitantes. Los recursos de dichos programas se ejercen conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

La implementación de programas sociales dirigidos a estos grupos poblacionales, si bien es cierto son de mucha ayuda, también es cierto que generan dependencia y vicios en los mismos, dado que no existe una corresponsabilidad con el Estado Mexicano que lespermita retribuir de una manera responsable esos beneficios.

Para Nueva Alianza la corresponsabilidad de los beneficiarios debe ser un factor privilegiado de todo programa social, que fomente la cohesióna través de la participación ciudadana en temas y acciones de interés social como: cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano, con la participación y vigilancia de una ciudadanía consciente y con opciones reales de intervención en el desahogo de la problemática de las comunidades en general. Sólo en estos temas estaríamos potencializando la productividad social de cientos de miles de personas beneficiarias de alguno de éstos dos programas.

Según el Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2008 presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, específicamente del Programa 70 y Más, señala que “En el único aspecto que se observa un bajo desempeño es en la instrumentación de acciones de promoción y participación social, las cuales inició el Programa por primera vez en 2008”, lo que demuestra la escasa o nula corresponsabilidad en la participación de lo beneficiarios.

Por tal motivo, proponemos que las familias que son beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades “, pudieran dedicar por lo menos 8 horas al mes de trabajo comunitario en actividades de forestación a través de la siembra y cuidado de árboles nativos y en la vigilancia del buen uso del agua, con la implementación de grupos o cuadrillas integradas por miembros de estas familias.

Así mismo, proponemos que en los casos de los adultos mayores beneficiarios de ambos programas, pudieran realizar un mínimo de cuatro horas mensuales de trabajo comunitario, siempre y cuando sus facultades físicas y emocionales lo permitan, en actividades de desarrollo humano en las instituciones educativas de nivel básico dado que se reconoce que este grupo poblacional puede ser, y en efecto lo es, un elemento aglutinador en la comunidad, donde puede ocupar un espacio especial en el desarrollo de valores que la comunidad identifica como necesarios fomentar.

El trabajo comunitario encuentra un portador material en los adultos mayores en cada área de residencia. El trabajo comunitario contribuye a elevar la autoestima y la calidad de vida y el sentirse útil en las personas de la tercera edad al demostrarse a sí mismo que puede y debe contribuir a pesar de sus años con el desarrollo humano de nuestra sociedad.

Ambas actividades estarían coordinadas por las autoridades municipales tanto en la organización, suministro de insumos, vigilancia y evaluación de los procesos, con el compromiso de emitir una constancia de servicio comunitario.

Con éste nuevo esquema de corresponsabilidad social de los beneficiarios se podría contar con un ejercito importante de trabajadores comunitarios de alrededor de 7,058,614 personas que representan cerca del 7%, de la población total del país, sólo en estos dos programas.

Por todo lo anterior, las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más” deben ser modificadas para que de manera explícita se especifique la corresponsabilidad social de los beneficiarios en actividades de mejoramiento del medio ambiente y desarrollo humano en términos de fortalecimiento de los valores sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los programas Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Irma Martínez Manríquez”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Alberto Villarreal García, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a instaurar en Estados Unidos un número telefónico único y gratuito que facilite el contacto de los connacionales que se encuentran en ese país en el consulado más cercano a su ubicación.

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, señor Presidente.

Voy a tratar de ser muy breve, por respeto a mis compañeros y además, porque físicamente no estoy muy bien de la garganta.

Quisiera un poco plantearle a la Asamblea, qué es lo que nosotros estamos solicitando a través de este punto de Acuerdo, que además proponemos que sea de urgente y obvia resolución.

Y lo pedimos de urgente porque todos los días, en los Estados Unidos, distintas autoridades, pero más a partir de medidas como la 287G que habilita autoridades locales y regionales como shériffs, por ejemplo, a que detengan o hagan redadas de migración, es la clara violación, como ya lo hemos dicho en esta Asamblea, a las propias normas norteamericanas, pero que finalmente está sucediendo que detienen a migrantes documentados e indocumentados, que los privan de su libertad y que recogen y los llevan a una serie de centros de detención para poder después, y en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces sin permitir que el migrante pueda hablar o comunicarse con la autoridad de su país para que se le dé la protección consular y se le respete el debido proceso, se le envía de regreso a su país.

¿Qué es lo que estamos proponiendo? Es que aquel mexicano, aquel paisano que esté o que sea detenido en los Estados Unidos, independientemente de donde lo tengan detenido pueda comunicarse a través de un teléfono único al consulado más cercano, si me permiten, la explicación es muy sencilla, aquí en México nosotros conocemos una empresa muy grande de venta de pizzas a domicilio que tiene un número 01 800, que tú lo marcas, que es un teléfono único, y que inmediatamente el sistema telefónico te enruta a la tienda de servicio más cercano, ahí te atienden y de ahí te mandan lo que solicitas. Pues lo mismo exactamente estamos pidiendo, que haya un número único en los Estados Unidos de Norteamérica, y que el sistema te enrute al consulado más cercano para que, independientemente de que el paisano sepa o no dónde está detenido, y en el caso de saber en dónde está detenido, pues es probable que no sepa el teléfono del consulado de la jurisdicción en donde se encuentra, pues pueda marcar, por poner un ejemplo, un 1 800 México, o un 1 800 Protección a Mexicanos o como se pueda poner este call center para que los mexicanos de manera inmediata puedan estar comunicándose con la autoridad consular, para que la autoridad consular haga que se respete la Convención de Viena, le otorgue la protección consular y se encargue de que se le dé un debido proceso a ese mexicano en el exterior.

En consecuencia y sabedores que particularmente los últimos meses la cancillería mexicana ha tomado medidas muy acertadas para mejorar la protección a los mexicanos en el exterior, queremos solicitarle a la cancillería para que a través de la Dirección General de Protección Consular se establezca un número telefónico, único y gratuito que permita facilitar el contacto de los connacionales que se encuentren en ese país con el consulado más cercano a su ubicación con el fin de acercar a los migrantes mexicanos al acceso a la protección a que tienen derecho.

El año pasado, de 85,628 casos que atendió la autoridad mexicana de protección consular, más de 84 mil de ellos fueron en los Estados Unidos. Yo les garantizo que si elgobierno de México establece esta herramienta, más mexicanos podrán solicitar esta atención y mejor trato podrán tener los nuestros del otro lado, particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por su atención, muchas gracias, le solcito a la Presidencia que toda vez que está suscrito por todos los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte consulte a la Asamblea si acepta que el tema sea tratado como de urgente resolución.

Muchas gracias.

Propuesta

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE, DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEN A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE INSTAURE EN ESTADOS UNIDOS UN NUMERO TELEFONICO UNICO Y GRATUITO QUE PERMITA FACILITAR EL CONTACTO DE LOS CONNACIONALES QUE SE ENCUENTREN EN ESE PAIS CON EL CONSULADO MAS CERCANO A SU UBICACION, CON EL FIN DE ACERCAR A LOS MIGRANTES MEXICANOS EL ACCESO A LA PROTECCION ALA QUE TIENEN DERECHO, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para el Estado mexicano, resulta de la más alta prioridad la defensa de los derechos de los connacionales que residen en el exterior, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica. Es por esto que el Senado de la República en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, se mantiene en todo momento atento a las actividades que desarrolla la Secretaria de Relaciones Exteriores para cumplir con dicha prioridad.

El Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 establece entre sus objetivos intensificar permanentemente la protección y la defensa de los mexicanos en el exterior. Para lograr este objetivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desarrollado diversas estrategias, entre ellas la de implementar acciones de carácter logístico, bilateral, jurídico e interinstitucional para la protección y defensa de los mexicanos en el exterior1.

Del total de los casos de protección atendidos por la Cancillería, sabemos que la mayor parte de los mismos se registran en territorio estadounidense. Como lo informó esta dependencia, “del 1° de septiembre de 2008 al 30 de junio de 2009, se atendieron 85,628 casos de protección y asistencias consular en el ámbito de derechos humanos, penal, migratorio, civil, laboral y administrativo. Del total de los casos registrados hasta junio del presente año, 84,554 fueron registrados por la red consular de México en Estados Unidos, …”2.

Lo anterior muestra que el mayor reto en materia de protección se encuentra en el territorio estadounidense. Entre las medidas que se han instaurado para poder hacer más eficiente el servicio que proporcionan las representaciones de México en ese país y para facilitar el acceso a los servicios de protección y consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desarrollado diversos programas, así como campañas de difusión de las actividades y ubicación de los consulados, entre ellos, la inclusión de diversas representaciones consulares al sistema de citas telefónicas sin costo, 1-877-MEXITEL.

A pesar de lo anterior, y debido al constante desplazamiento de los mexicanos que residen en Estados Unidos, particularmente de aquellos que se encuentran en territorio estadounidense de manera indocumentada, en ocasiones resulta complicado para los mismos obtener un número o dirección de contacto de los consulados de México.

Asimismo, lamentablemente, se ha observado que algunos programas y políticas de Estados Unidos, entre ellas el programa 287 (g), han fomentado detenciones de migrantes, particularmente de origen latino, quienes una vez detenidos suelen ser trasladados a cárceles que no siempre coinciden con las jurisdicciones de los consulados que conocen. También en casos como estos, resulta de vital importancia brindar a los connacionales un canal de comunicación que les permita contactar a los consulados. Para lograr lo anterior, se requiere de medidas que permitan reforzar las actividades de protección y el cumplimiento de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la presente Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que instaure en Estados Unidos un número telefónico único y gratuito que permita facilitar el contacto de los connacionales que se encuentren en ese país con el consulado más cercano a su ubicación, con el fin de acercar a los migrantes mexicanos el acceso a la protección a la que tienen derecho.

Dado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente,

Sen. Luis Alberto Villarreal García, Presidente.- Sen. Amira Griselda Gómez Tueme, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía Corichi García,Secretaria.- Sen. Eloy Cantú Segovia.- Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy.- Sen. Jesús Dueñas Llerenas.- Sen. Adriana González Carrillo.- Sen. Rosario Green Macías”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Villarreal García. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Senadoras y Senadores, vamos a dar entrada a dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

El primero es relativo al nombramiento de la ciudadana María Elena Pérez Jaén-Zermeño, que se ha distribuido entre la Asamblea, por lo cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

CONSIDERANDO

Que la Mesa Directiva del Senado de la República recibió del Poder Ejecutivo Federal con fecha 23 de septiembre de 2009, oficio con el que remite nombramientos expedidos por el C. Presidente de la República a favor de las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez Jaén-Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que en sesión de fecha 24 de septiembre del presente año, se dio cuenta al pleno del Senado de la República con la comunicación de referencia, acordándose enviarla a esta Junta de Coordinación Política para su atención.

Que el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece: "El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría y cuando se encuentren en receso por la Comisión Permanente con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa, tendrá 30 días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal."

Que para dar cumplimiento a lo establecido en dicho artículo, la Junta de Coordinación Política, en reunión de fecha 7 de octubre del año en curso, solicitó a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en la misma, hacer del conocimiento de sus respectivos Grupos los nombramientos de referencia, con el objeto de que si existen observaciones al respecto, sean valoradas y, en su caso, tomar el Acuerdo respectivo.

Que en la reunión de la Junta de Coordinación Política de fecha 20 de octubre de 2009, en la que se analizó la designación que el Ejecutivo Federal hizo a favor de la C. María Elena Pérez Jaén-Zermeño, no se presentó objeción alguna al nombramiento de la misma, por lo que verificados los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Junta de Coordinación Política resolvió que por su conducto, se someta a la consideración del Pleno, el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no tiene objeción alguna al nombramiento expedido por el C. Presidente de la República a favor de la C. María Elena Pérez Jaén-Zermeño, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

SEGUNDO.- Comuníquese.

Salón de Sesiones del Senado de la República, 20 de octubre de 2009

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Este Acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por la Junta de Coordinación Política.

Está a discusión. No habiendo oradores, ábrase el sistema de votación electrónica por 3 minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

RAMON VALDES JESUS MARIA

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 73 votos por el sí, 3 por el no y ninguna abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que no emite objeción al nombramiento expedido por el ciudadano Presidente de la República a favor de la ciudadana María Elena Pérez Jaén-Zermeño, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información. Comuníquese.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Se recibió otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que también ya se ha distribuido entre la Asamblea, relativo al nombramiento de la ciudadana Wanda SigridArzt Colunga, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo:

(Leyendo)

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

CONSIDERANDO

Que la Mesa Directiva del Senado de la República recibió del Poder Ejecutivo Federal, oficio con el que remite nombramientos expedidos por el C. Presidente de la República a favor de las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez Jaén-Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que en sesión de fecha 24 de septiembre del presente año, se dio cuenta al Pleno del Senado de la República con la comunicación de referencia, acordándose enviarla a esta Junta de Coordinación Política para su atención.

Que el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece: "El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría y cuando se encuentren en receso por la Comisión Permanente con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa, tendrá 30 días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal."

Que para dar cumplimiento a lo establecido en dicho artículo, la Junta de Coordinación Política, en reunión de fecha 7 de octubre del año en curso, solicitó a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en la misma, hacer del conocimiento de sus respectivos Grupos los nombramientos de referencia, con el objeto de que si existen observaciones al respecto, sean valoradas y, en su caso, tomar el Acuerdo respectivo.

Que con fecha 15 de octubre del año en curso, la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio número DGPL 1P1A 1369 remitió a esta Junta de Coordinación Política, la comunicación presentada por el Senador Alfonso Sánchez Anaya respecto del nombramiento hecho en favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga, paraocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que el día de ayer, 19 de octubre en curso, a las 19:19 horas, se presentó en las oficinas del Presidente de la Junta de Coordinación Política, una comunicación signada por los Senadores Pablo Gómez Álvarez, Alfonso Sánchez Anaya, Arturo Núñez Jiménez, Silvano Aureoles Conejo, Carlos Sotelo García y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que expresaron su objeción al nombramiento como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga.

Que el día de hoy se recibió el oficio DGPL-1P1A.-1480 del Vicepresidente de la Mesa Directiva con el que remite Propuesta con Punto de Acuerdo signada por los senadores Pablo Gómez Álvarez, Alfonso Sánchez Anaya, Arturo Núñez Jiménez, Silvano Aureoles Conejo, Carlos Sotelo García y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se objeta el nombramiento expedido a favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Que con fecha 20 de octubre del presente año, en reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política, se dio cuenta con la comunicación del Senador Alfonso Sánchez Anaya, enviada a este órgano de gobierno por la Mesa Directiva, así como con las que fueron presentadas por los Senadores a que se hace referencia en los párrafos anteriores.

Analizadas y discutidas que fueron dichas comunicaciones, así como verificados los requisitos que para ser Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información se establecen en el artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por voto ponderado decidió presentar al Pleno un Acuerdo, por el que no se objeta el nombramiento hecho a favor de la C.Wanda Sigrid Arzt Colunga, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no objeta el nombramiento expedido por el C. Presidente de la República a favor de la C. Wanda Sigrid Arzt Colunga, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información.

SEGUNDO.- Comuníquese.

Salón de sesiones del Senado de la República, 20 de octubre de 2009.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue aprobado por mayoría.

Está a discusión. El Senador Francisco Arroyo hace uso de la palabra, ¿en qué sentido? Para razonar su voto sobre el Acuerdo de la Junta.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: Muy apreciable señor Presidente; compañeras y compañeros:

Ocupa el tiempo de esta Asamblea culminar de una manera un tanto extraña, un procedimiento parlamentario sui generis, el de la no objeción; tradicionalmente esta herramienta parlamentaria se consume por el simple paso del tiempo, y opera lo que nosotros llamamos la positiva ficta. Aún así, en otras condiciones en esta misma Cámara de Senadores por una mínima cortesía y urbanidad en la relación entre los poderes, se emite un acuerdo por parte de la Presidencia del Senado, al que le sigue un acuerdo de enterado para los efectos de decir: “esta Cámara no tuvo objeción porque nadie la presentó y porque culminaron los días en donde había que hacerlo”.

El día de hoy hay una objeción que ha sido desechada por la Junta de Coordinación Política, pero lo que nos ocupa en este momento es decirles que el PRI se abstendrá. Y nos vamos a abstener básicamente porque no pensamos que esta institución de la no objeción sea la más correcta, es una institución que no está normada, fue una salida fácil para evitar la ratificación del Senado de la República como debía hacerlo, estas no objeciones que no están, inclusive, normadas en la Ley Orgánica o en el Reglamento para el Congreso Interior del Congreso Mexicano.

Nos parece una salida fácil, nos parece una vacilada, nos parece que deja al Senado en un estado de extraña indefensión. Miren, nos pasa un poco lo que con la ratificación del señor Procurador General de la República que tenemos de alguna manera un tiempo perentorio o no lo tenemos, nadie nos dice o nadie sabe qué puede pasar si no ratificamos al señor Procurador, afortunadamente hemos encontrado acuerdos políticos que nos han permitido transitar con buena fortuna en el nombramiento del llamado abogado de la nación.

Pero en este caso nos parece que la discusión va más allá, ¿Qué estamos haciendo con los órganos autónomos que el Estado mexicano se ha dado para sí, para romper el viejo sistema que heredamos de la Revolución Francesa, de los tres poderes clásicos que ya no son suficientes para normar la vida en comunidad a principios del siglo XXI?

Bueno, nos hemos dado organismos autónomos que en determinado momento se vuelven o dependientes del Ejecutivo o se vuelven obesos, o simple y sencillamente acaban no sirviendo para nada. Es por ello que nos vamos a abstener como una llamada de atención para pensar que muy pronto tenemos que evitar este asunto de la no objeción e irnos de una vez y por todas a la ratificación del Senado de la República.

En este momento no tendríamos nosotros nada que ver con este personaje que se propone el día de hoy, pero nos abstendremos, les repito, como un asunto de previo y especial pronunciamiento y de congruencia con lo que hemos dicho y hecho en un pasado reciente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Arroyo Vieyra. ¿Algún otro orador? No habiendo más oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

Abstención

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

Abstención

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

Abstención

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

Abstención

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

Abstención

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

Abstención

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

Abstención

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

Abstención

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

Abstención

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

Abstención

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

Abstención

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

Abstención

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

Abstención

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

Abstención

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

Abstención

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

Abstención

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

Abstención

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

GONZALEZ AGUILAR LAZARA

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

Abstención

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

Abstención

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

Abstención”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 45 votos por el sí, 8 por el no y 21 abstenciones

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, se aprueba el Acuerdo de la Cámara de Senadores por el que no emite objeción al nombramiento expedido por el ciudadano Presidente de la República a favor de la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información. Comuníquese.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

 

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Mesa Directiva otro Acuerdo, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“México, D. F., 20 de octubre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El senador JOSE LUIS MAXIMO GARCIA ZALVIDEA deja de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos y, en su lugar, se designa como integrante de la misma al senador PABLO GOMEZ ALVAREZ.

SEGUNDO.- El senador PABLO GOMEZ ALVAREZ deja de formar parte de la Comisión de Energía.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el Acuerdo al que se acaba de dar lectura. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones del Senado.

Continuamos ahora con los puntos de Acuerdo.






PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEON Y TAMAULIPAS A GARANTIZAR UN ESPACIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, PARA LOS ESTUDIANTES MEXICANOS QUE FUERON EXPULSADOS DE LAS ESCUELAS DE DISTRITO DEL ESTADO DE TEXAS, Y GARANTIZAR UNA EDUCACION DE CALIDAD

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a garantizar un espacio en las instituciones educativas públicas para los estudiantes mexicanos que fueron expulsados de las escuelas de distrito del estado de Texas.

- La C. Senadora Lázara Nelly González Aguilar: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Los que suscribimos, Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cruce de niños mexicanos para asistir a clases en las comunidades estadounidenses no es un fenómeno nuevo, es una práctica común en todas las ciudades ubicadas a lo largo de la frontera; sin embargo, actualmente las autoridades de Estados Unidos han reforzado los controles de la frontera para expulsar a cientos de niños y adolescentes mexicanos que cruzan a diario hacia dicho territorio para asistir a clases en ese país, ya que bajo las leyes estatales, solo los niños residentes del distrito escolar están autorizados a recibir educación pública en escuelas de la zona.

El gobierno estadounidense contrató a personal para que en las garitas internacionales tomen fotografías a los estudiantes que cruzan la frontera de manera cotidiana para acudir a las escuelas públicas; este padrón fotográfico se envía a los distritos escolares para que los directivos detecten a los niños o adolescentes estudiantes y procedan a su expulsión de las escuelas.

En la comunidad fronteriza de Del Río, Texas, autoridades educativas iniciaron la operación para expulsar a cientos de niños y adolescentes mexicanos. Esta medida se implementó desde el pasado 9 de septiembre, luego de que el superintendente del distrito escolar consolidado de San Felipe Del Río, Kelt Cooper, recibió un reporte según el cual 540 niños en edad escolar cruzan a diario la frontera para asistir a clases en Del Río.

Los padres que viven en la zona norte de México, envían a sus niños a escuelas públicas de distrito del estado fronterizo de Texas por la creencia de que son más seguras y ofrecen mejor educación, esperando que esto pudiera, en un futuro, facilitarles el acceso a universidades en Estados Unidos.

Los niños y adolescentes mexicanos que acuden a las escuelas públicas de este distrito, al ser expulsados se ven seriamente afectados en su educación; ante tal medida es necesario establecer un mecanismo para que estos estudiantes no pierdan la continuidad en su formación, así como implementar un modelo educativo que garantice una educación pública de calidad con el fin de que la sociedad pueda tener igualdad de oportunidades y bienestar, elementos fundamentales para sociedades que buscan un mejor desarrollo, evitando así que se tenga que emigrar a las comunidades estadounidenses buscando mejores opciones.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Los que suscriben, Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Norte, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a los Gobernadores Constitucionales de los Estados de Chihuahua; Coahuila; Nuevo León y Tamaulipas, entidades colindantes con Texas, a fin de que garanticen un espacio en las instituciones educativas públicas, para los estudiantes mexicanos que fueron expulsados de las escuelas de Distrito del Estado fronterizo de Texas, y garantizar una educación de calidad, al tenor de las siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a los Gobernadores Constitucionales de los Estados de Chihuahua; Coahuila; Nuevo León y Tamaulipas, entidades colindantes con Texas, a fin de que garanticen un espacio en las instituciones educativas públicas, para los estudiantes mexicanos que fueron expulsados de las escuelas de Distrito del Estado fronterizo de Texas, y garantizar una educación de calidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte: Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Presidente.- Sen. Jesús María Ramón Valdés, Secretario.- Sen. Lázara Nelly González Aguilar.- Sen. Salomón Jara Cruz”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora González Aguilar. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Para mayor claridad en la votación, solicito que se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO

PT

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MONTENEGRO IBARRA GERARDO

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO CARDENAS ALEJANDRO

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO

PRI

PEREZ PLAZOLA HECTOR

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

Sí”

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se informa a la Presidencia que sí se da la votación de las dos terceras partes de la Asamblea, por lo tanto sí se considera de urgente y obvia resolución.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a la Secretaría. En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo oradores que hagan uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque así sea, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias.






PROPUESTAS

Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a revisar la situación jurídica de los indígenas presos en las cárceles federales y se valoren las posibilidades para su liberación, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REVISE LA SITUACION JURIDICA DE LOS INDIGENAS PRESOS EN LAS CARCELES FEDERALES Y SE VALOREN LAS POSIBILIDADES PARA SU LIBERACION

“El que suscribe, Senador Salomon Jara Cruz, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-El 26 de marzo de 2006 tuvieron lugar los sucesos que hicieron que la indígena Jacinta Francisco Marcial, esté en la cárcel. Su delito: estar en el mercado central de Santiago Mexquititlán [México] en el momento en que se produjo una revuelta contra seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones que decían realizar una operación policial de búsqueda de drogas. Los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y se desató una revuelta contra ellos por parte de vendedores y clientes de las tiendas. Este suceso se solucionó ese mismo día, pero esa noche, los agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la quealegaban que los participantes en la protesta les habían tenido secuestrados varias horas.

Más de cuatro meses después del incidente, Jacinta Francisco fue detenida. En el momento de su arresto le dijeron que “iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado”, según informa Amnistía Internacional. Cuando la inculparon del secuestro de los policías, la única prueba presentada en su contra fue la fotografía de un periódico local en la que se la veía detrás de un grupo de gente que protestaba en el mercado de Mexquititlán. Después, numerosas personas han testificado que Jacinta no participó en la revuelta.

2.-. La mujer había sido sentenciada a 21 años de prisión luego de que se le encontró responsable del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, dentro de la causa penal 48/2006, con base en la averiguación previa PGR/QRO/SJR/VII/064/2006.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que “por duda razonada el fiscal presentó pruebas no acusatorias” contra Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana acusada de participar en el secuestro de seis agentes federales de investigación. La indígena fue excarcelada en Querétaro luego de tres años de prisión.

3.- Diversas organizaciones civiles, defensora de los derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han manifestado que no basta con la liberación de Jacinta Francisco Marcial para saldar los pendientes de justicia en este caso, pues esta indígena ñañú estuvo presa por más de tres años por un delito que ni siquiera sucedió. Por lo que las autoridades también deben excarcelar a Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por los mismos hechos.

4.- En Oaxaca, existen cientos de casos de mujeres y hombres indígenas que nunca conocieron la razón por la que fueron encarcelados, aprendiendo así sobre la discriminación por ser indígenas y hablar una lengua originaria.

El acceso a la justicia para los indígenas es una cuenta pendiente del gobierno mexicano. Este sector de la población aprende en la cárcel el significado de la injusticia.

5.- El caso de Jacinto Francisco Marcial, ilustra diáfanamente, como el Estado Mexicano, vulnera el Estado de Derecho y viola no solamente las garantías individuales, consagradas en la carta magna, sino también los derechos humanos, protegidos universalmente.

Otro claro ejemplo de estas violaciones lo constituye los acontecimientos vividos en el estado de Oaxaca, durante el conflicto 2006, donde gobierno de esa entidad mostró crudamente su rostro autoritario y violó y sigue violando las garantías de libertad, igualdad y seguridad jurídica.

En atención a estas consideraciones, someto a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se realice una revisión exhaustiva de la situación jurídica de los indígenas presos en las cárceles federales y se valore la posibilidad de su liberación inmediata, ante indicios de una duda razonable que hagan presumir su inocencia, o bien, la posibilidad de otorgarles el beneficio de la preliberación.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Oaxaca a resarcir pecuniariamente los daños y perjuicios, el daño moral, ocasionados a los indígenas que sean excarcelados ante indicios de una duda razonable que hagan presumir su inocencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Salomón Jara Cruz”.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LAS ACCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION DE DEFENSORES INDIGENAS A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE TODO INDIGENA A SER ASISTIDO POR DEFENSORES O TRADUCTORES CON CONOCIMIENTOS EN LENGUAS INDIGENAS

“El suscrito, Sen. Adolfo Toledo Infanzon integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país que se caracterizapor su gran diversidad social y cultural a lo largo de todo su territorio, particularmente por la gran variedad de lenguas indígenas que se han hablado y que actualmente se siguen practicando. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reconocen al menos 61 lenguas indígenas, que nos induce a aceptar la existencia de la misma cantidad de grupos étnicos y afirmar que México representa una composición sociodemográfica multiétnica y pluricultural.

Casi 10 millones de las personas que constituyen el universo de hablantes de lengua indígena en el país. Todas las entidades federativas cuentan con población indígena y Oaxaca es el estado que registra el mayor número de hablantes.

En 2001, se realizaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el Código Federal de Procedimientos Civiles; la Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Penal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, previendo en todas estas, la asistencia de un interprete o traductor en cualquier procedimiento judicial, conforme a lo establecido en el artículo 2 constitucional.

Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado en esta materia, no se ha logrado que los mismos se apliquen en la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial.

La sociedad tiene muchas deudas con los indígenas, pero en materia de impartición de justicia, la garantía constitucional de procesos justos es constantemente transgredida. La carencia de defensores de oficio y traductores que asesoren en su propio idioma a los indígenas resulta una disposición legal incumplida. Informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan continuamente a los indígenas como las más recurrentes víctimas de discriminación y abusos.

Son numerosos los casos deindígenas que se encuentran desamparados ante los agentes de ministerio público o jueces por no hablar o entender español. La ausencia de servicios adecuados de comprensión y la poca capacidad de expresión en español de las personas influyen directamente en la calidad y oportunidad de defensa cuando enfrentan procesos judiciales.

La mayoría de los procedimientos en los que están involucrados esta parte de la población generalmente están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de intérpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio público y los jueces suelen ignorar las costumbres jurídicas indígenas.

En muchas ocasiones las sentencias dictadas están fuera de toda proporción a los delitos imputados, como sucede en casos vinculados a delitos ambientales o contra la salud o a las leyes federales de armas y de telecomunicaciones.

Comprender castellano no significa entenderlo plenamente, menos aún en situaciones como lo son los juicios, querellas y declaraciones ministeriales que están cargados de formalismos y tecnicismos.

Sigue existiendo en la praxis, el nocivo actuar de solo procurar traductores para personas monolingües cuando existe una dificultad evidente de comunicación; lo que convierte el derecho en la una prerrogativa por parte de la autoridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones en materia, y ha emitido comunicados y estudios que revelan que ante esta realidad, es necesario que el derecho al traductor y a la defensa que considera los factores culturales se haga valer desde el inicio de la averiguación. Es imperante dotar de herramientas a los ciudadanos indígenas para que de manera universal, tanto en su calidad de probable responsable como víctima del delito, consigan procesos legales justos.

La Ley Federal de Defensoría Pública exige que las autoridades penales cuenten con traductores en casos donde estén involucradas personas que hablen alguna lengua indígena. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como la entidad encargada de la conservación y preservación de las lenguas indígenas, realiza grupos de trabajo para solucionar el problema como la certificación de traductores e intérpretes en el ámbito de procuración y administración de justicia.

Sin embargo los avances del INALI son limitados, la simple capacitación de traductores e intérpretes no es suficiente, no resuelve el fondo de la situación y siguen sin atenderse partes medulares de la procuración e impartición de justicia en esta materia. Siguen existiendo casos documentados de indígenas que se sienten discriminados al ser objeto de procesos que no logran entender y por no poder contar con un abogado que atienda su problema.

La Procuraduría para la Defensa del Indígena es la institución dependiente del Poder Ejecutivo, en la que se integra la Defensoría de Oficio para la asistencia jurídica de personas que carezcan de defensor en los procesos penales, teniendo a su cargo la procuración jurídica de indígenas, personas de escasos recursos o grupos sociales que lo soliciten; así como para promover medidas y procedimientos que protejan y preserven el acervo cultural de las etnias y el desarrollo de las formas consuetudinarias de organización social y económica de las comunidades.

Actualmente el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDO) cuenta con poco más de una veintena de defensores legales expertos en 20 lenguas indígenas, cifra que se concibe insuficiente y pobre para la atención de toda la población indígena.

México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional forman parte de nuestra legislación, luego entonces los juzgadores y ministerios públicos están obligados a cumplirlos y aplicarlos en cualquier proceso judicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es claro el incumplimiento no sólo de los tratados internacionales, sino también del mandato Constitucional enmarcado en el Artículo 2, apartado B, que establece como obligación de la Federación, los estados y los municipios la promoción de igualdad de oportunidades de los indígenas y de eliminación de cualquier práctica discriminatoria, así como de establecer políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo integral de sus comunidades.

La falta de catálogos de traductores y la inexistencia de un programa de certificación de defensores de oficio avalados por el INALI representa un grave problema en los juzgados y oficinas de atención ciudadana del país.

Se requieren de una política consistente en materia y no solamente de acciones aisladas, para poder garantizar y materializar las garantías procesales y constitucionales señaladas.

De esta manera se contribuirá en la erradicación en el problema de violación de derechos de los indígenas, que hemos venido arrastrando desde hace varios años, que provoca malestar social dentro de este sector de la población y declarándose en múltiples ocasiones en huelga de hambre, lo que pone en riesgo su salud e integridad física.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias correspondientes, fortalezca las acciones de formación y capacitación de defensores indígenas a fin de garantizar el derecho constitucional que tiene todo indígena a ser asistido por defensores o traductores con conocimientos en lenguas indígenas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Toledo Infanzón. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas para su análisis y dictamen correspondiente.

Sonido en el escaño del Senador Lázaro Mazón, por favor.

- El C. Senador Lázaro Mazón Alonso: (Desde su escaño) Solamente, si me permite suscribir su proposición.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias.

Se recibió del Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo para que el Registro Agrario Nacional remita un informe integral sobre la situación jurídica actual en que se encuentra el ejido Tehuilotepec, en Guerrero, el cual se turna a la Comisión de Reforma Agraria para los efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL REMITA UN INFORME INTEGRAL SOBRE LA SITUACION JURIDICA ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EJIDO TEHUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El que suscribe, Senador Lazaro Mazon Alonso del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para que el Registro Agrario Nacional remita a esta Soberanía un informe integral sobre la situación jurídica actual en que se encuentra el ejido Tehuilotepec, en el Estado de Guerrero, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El respeto a la propiedad originaria de nuestras comunidades, principalmente a las tierras de los grupos indígenas en cuanto a su uso y disposición, son una prioridad gubernamental que encamina a los residentes hacia un nuevo y mejor desarrollo regional que aproveche al máximo los bienes patrimoniales de la nación.

La Ley protege a dichas comunidades asegurándoles la tierra para el asentamiento humano y la regulación de su aprovechamiento, considerando en todo momento, el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades.

Así mismo se asegura que con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros, se adopten las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos y además transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población.

Por lo tanto, cabe mencionar que estas comunidades asentadas en territorios que les han sido heredadas mucho antes de nuestra independencia, tienen también el derecho de que la Ley, en caso de enajenación de parcelas, respete su derecho de preferencia.

Desafortunadamente estas acciones estatales y federales aún no han sido suficientes para permitir un mejor manejo y adecuaciones necesarias para la explotación libre de los bienes patrimoniales en algunos rincones de nuestro país.

Por si las condiciones de pobreza y marginación que les afectan a los pobladores no fueran suficientes, también deben levantarse en unión para alcanzar exigencias de justicia social que debería atender el propio Estado dando muestras impresionantes de solidaridad y trabajo honrado.

Debo mencionar que como ciudadano del Estado de Guerrero y en contacto continuo con las comunidades que allí habitan, estoy consciente de la enorme responsabilidad que Gobierno Estatal tiene y de las enormes políticas públicas que son necesarias para alcanzar una verdadera igualdad patrimonial y mayores oportunidades para mejorar sus niveles de vida.

Actualmente la población de Tehuilotepec, que se ubica a 6 Km al oriente de la ciudad de Taxco Gro, sobre la carretera nacional a Cuernavaca, se encuentra precisamente en una batalla legal no solo para que les reconozcan su titularidad sobre sus tierras, sino que deben de protegerla de un abierto despojo de 162 Hectáreas para construir un centro de esparcimiento privado con fines de lucro.

Dicha comunidad fue fundada por el minero español Francisco de la Borda en el año de 1708, en este momento cuenta con 2800 habitantes cuya fuente de trabajo incluye la minería, la elaboración de artesanías de plata y el comercio, todas de suma importancia para el desarrollo y turismo del Estado.

La comunidad alega que su propiedad de más de 1100 Hectáreas ha sido delimitada desde su fundación por barrancas y mojoneras de piedra. En el año de 1888 sus pobladores, abuelos de los que ahora habitan la población, compraron los terrenos al Sr. Gonzalo Estrada. Después de la Revolución los copropietarios inscribieron estos terrenos de Tehuilotepec en el registro público de la propiedad del Estado bajo el número 4 a fojas 46 y 47 de fecha 5 de abril del año de 1930.

Sin embargo, hace algunos meses la empresa TAXCO NOVO S.A. de C.V. inició la construcción cercando con alambre de púas en terrenos de la comunidad, al lado noroeste de la carretera federal Taxco - Cuernavaca, amparándose con un plano de subdivisión con una superficie de 305 Hectáreas comprados a la C. Balbina García, quien en su momento tuvo la supuesta posesión, vendiendo una fracción de este predio de 95 H. al Hotel Monte Taxco en el ario de 1968.

Además, las denuncias en contra de la nueva construcción alegan que dicho plano no se realizó con medidas hechas en el lugar pues si se hubiera hecho físicamente, como indica la Ley de Catastro, los topógrafos se encontrarían midiendo a mitad de los terrenos propiedad de Tehuilotepec, en terrenos de la comunidad de Acamixtla y en terrenos de la colonia Martelas.

Pues cabe mencionar que los ejidos de Acamixtla y Taxco y su anexo de Pedro Martin siempre han reconocido a la comunidad de Tehuilotepec como propietarios de las hectáreas, pues sus actas de posesión y deslinde promovidas por la secretaria de la Reforma Agraria limitan con sus terrenos.

Por su parte la colonia Martelas contiene escrituras a favor de familias que adquirieron fracciones de terreno para construir su patrimonio actual, cedidos por la comunidad de Tehuilotepec.

Además la autopista del tramo Rancho Viejo - Taxco cruzo en dichos terrenos en el año de 1992, por lo que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes indemnizó a la población por la afectación de sus terrenos, reconociendo con ello la propiedad.

La situación preocupante es que la división que presenta la empresa privada se encuentra a su favor 18 manantiales que abastecen el agua potable de 2800 habitantes y a la población con barrancas.

Hoy en día por si fuera poco y por la misma confusión de propiedad, la empresa Taxco Novo ha levantado tres denuncias penales derivadas de la detención de sus trabajadores, a quienes los pobladores detuvieron por construir en la propiedad. Las denuncias derivan desde despojo, amenazas, robo y lo que resulte.

El objetivo del presente punto de acuerdo no es para despojar a los legítimos propietarios o impulsar mayores agravios, la razón es mejorar las relaciones y minimizar un conflicto que ha derivado en situaciones legales y físicas.

Es necesario construir una sociedad más democrática en la que la Justicia prevalezca, estas deben ser metas esenciales para asegurar el tránsito a mejores niveles de desarrollo del país en cualquier proyecto no solo de la nación, sino también privados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Registro Agrario Nacional para que remita a esta Soberanía:

a) Informe general que contemple la situación jurídica actual en que se encuentra actualmente el ejido Tehuilotepec, en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero.

b) Copia simple de la resolución presidencial dotatoria de tierras del ejido Tehuilotepec, en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero.

c) Copia del archivo general de dotación de ejidos del ejido Tehuilotepec, en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero.

d) Copia simple Cartografía, apeo y deslinde del ejido Tehuilotepec, en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero.

e) Si se ha iniciado juicio agrario conforme al procedimiento establecido en la Ley Agraria para privatizar parte del terreno denominado “La Cantera” en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Lázaro Mazón Alonso”.

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a los gastos de operación que se realizan en embajadas y representaciones ante organismos internacionales en el exterior, mismo que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CAMARA DE SENADORES SE PRONUNCIA RESPECTO A LOS GASTOS DE OPERACION QUE SE REALIZAN EN LAS EMBAJADAS Y REPRESENTACIONES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL EXTERIOR

“H. ASAMBLEA:

“La que suscribe, Carmen Guadalupe Fonz Saenz, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El auge en el movimiento de personas, mercancías y capitales se ha incrementado considerablemente en los últimos años, auspiciado en parte por el Internet, ya que diariamente se transmite información y se realizan numerosas operaciones comerciales por este medio.

Por tal motivo, resulta cada vez más importante mantener una presencia, así como relaciones cordiales con el exterior, que contribuyan al desarrollo del país, pues la imagen que se proyecta al exterior corresponde en gran medida al ambiente que impera en el interior.

Un país como el nuestro, que no cuenta con instrumentos de poder tradicionales como la economía o la milicia en los acontecimientos internacionales, necesita aprovechar al máximo ese margen de acción para influir cierto poder de injerencia en las decisiones internacionales y eso se lograa través de una imagen positiva al exterior y con la colaboración del trabajo de nuestros diplomáticos.

El tema de los recursos que se les asignan a las embajadas, consulados y representaciones en el exterior siempre ha sido polémico, en virtud de que los gastos que se realizan para su funcionamiento son bastante onerosos y no siempre, la labor del diplomático, repercute en beneficios para el país.

Los efectos que ha dejado la crisis financiera en las finanzas públicas ocasionaron que el Gobierno Federal realizara una serie de recortes en el presupuesto de egresos, a fin de contar con los recursos necesarios para cumplir con los programas de atención y apoyo de cada una de las Dependencias.

Asimismo, a principios del mes de septiembre el Ejecutivo Federal anunció una reducción en los gastos de las embajadas y representaciones del gobierno en el extranjero como parte del recorte al presupuesto.

En 2005 se creó una política denominada “Techo Único”, que pretendía integrar en una sede las dependencias y representaciones que se encontrarán en el mismo lugar, pero ha fracasado.

En Francia existen 7 oficinas gubernamentales para que los diplomáticos realicen su misión.

La Embajada y residenciadel Embajador se encuentran en el mismo edificio, a parte está el Consulado, el Instituto de México, la Casa de México, la representación ante la UNESCO y la oficina para la OCDE, sin contar la representación ante el Parlamento Europeo, que se ubica en la ciudad de Estrasburgo.

La mayoría de los diplomáticos perciben salarios superiores a los de los funcionarios públicos de los países en los que desempeñan sus labores.

El lunes 5 de octubre de 2009 el periódico “Reforma” publicó una nota en la que dio a conocer el informe especial que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con los sueldos y gastos en vivienda y oficinas de nuestras representaciones del exterior, los cuales no corresponden al anunciado plan de austeridad.

Del informe se desprende que el Consulado de San Francisco, la embajada en el Reino Unido y las oficinas de representación en la ONU, tienen las rentas mensuales más elevadas.

Respecto a los salarios de los diplomáticos podemos mencionar que en Costa Rica, por ejemplo, Óscar Arias gana 8,500 dólares mensuales mientras el embajador mexicano, 8,572; en Perú, Alan García recibe 5,400 dólares mientras que el jefe de la delegación mexicana, 9,066; en Brasil, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva tiene un salario de 6,488 dólares y nuestro representante cobra 10,540 dólares cada 30 días; y en España el diplomático responsable percibe 9,810 euros, mientras que el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 7,441 euros.

El titular mexicano de la embajada en argentina percibe un salario superior a los de sus similares de Chile, Colombia e India, cuando de acuerdo con datos proporcionados por “The USB study prices and earning 2008”, la ciudad de Buenos Aires país se ubica en la posición número 70, por debajo de Nueva Delhi (68), Bogotá (57) y Santiago de Chile (48), lo cual demuestra la falta de un mecanismo de asignación confiable, en el que se establezcan las bases sobre las cuales se les asignan los recursos a las representaciones de nuestro país en el exterior.

En algunos casos el salario de los diplomáticos mexicanos rebasa también el sueldo que recibe el presidente mexicano, lo que contraviene la Constitución que en su artículo 127 establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la del titular del Poder Ejecutivo Federal, cuyo salario neto es de poco más de 148 mil pesos.

Al respecto, la cancillería manifestó que “el gasto de la SRE y de las representaciones de México en el Exterior respeta rigurosamente los montos presupuestales autorizados por la Cámara de Diputados y está sujeto al escrutinio permanente de la instancia normativa del gasto, la Secretaría de Hacienda y de las autoridades fiscalizadoras.

Es importante que el país mantenga su presencia en el exterior, no obstante es necesario establecer reglas claras que permitan optimizar la asignación y utilización de los recursos económicos en de manera justa y equitativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se sujete al programa de austeridad anunciado por el Presidente de la República; y a emitir un reglamento en el que se establezca un mecanismo público para la asignación de recursos a las embajadas, consulados y representaciones en el exterior.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz”.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo sobre la defensa de los derechos de las mujeres embarazadas.

- El C. Senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor Presidente.

La igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres es todavía un proceso inconcluso. Las estructuras de discriminación y exclusión que históricamente han acompañado a la vida de ellas, siguen siendo un obstáculo para lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Las leyes, las costumbres, las tradiciones y la cultura en muchas ocasiones fomentan la desigualdad entre las personas; se excluye de la ley lo que no tiene valor en la vida. Las mujeres han recibido una ciudadanía restringida por cuestiones político, sociales, culturales, religiosas o también en muchos casos hasta familiares.

Ha sido a lo largo de los años a través de instrumentos internacionales o en los propios marcos jurídico-nacional, como se ha ido reconociendo los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, hablando de la materia laboral, podemos decir en el caso de la protección de los derechos a la mujer que tiene un empleo y para conservarlo sin importar su estado civil o su maternidad, muchas empresas hacen caso omiso y despiden a las mujeres que están en estado gestante.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 123, apartado A, fracción V de nuestra Carta Magna, garantiza el goce de ciertas prerrogativas para las mujeres, que vinculadas con una relación de trabajo subordinada al servicio de un empleador, están esperando un hijo, protegerlas no solo durante el embarazo, sino durante el periodo de la lactancia. Dicho precepto constitucional contempla el descanso obligatorio de la operaria con goce de salario íntegro.

En congruencia con lo anterior, la ley secundaria reglamentaria de dicho artículo señala que jurídicamente ha otorgado a las mujeres que atraviesan por el trance de la maternidad, consagra una serie de modalidades que tiene por objeto la protección de la familia como un tema medular de la sociedad que se aprecia de ser y estar organizada.

En cuanto atañe al tema laboral de los servidores públicos en materia de protección de la maternidad, en la fracción XI, inciso c) del apartado B del propio artículo 124 de la Constitución, establece beneficios similares para las empleadas públicas al servicio del Estado, solo que en este caso disfrutarán de un descanso obligatorio con salario íntegro teniendo pleno derecho a conservar su empleo y de suyo todos los derechos adquiridos en su relación de trabajo al servicio del Estado.

A pesar de las bondades que se establecen en la Constitución, lo cierto es que en México existe una discriminación de la mujer en el empleo formal por razones de embarazo. Al menos uno de los motivos está claramente identificado: la obligación legal del patrón de pagar salario íntegro durante 3 meses a una mujer que llega ya embarazada a ocupar un empleo. El requisito de las semanas de cotización que exige la Ley del Seguro Social ha sido el pretexto dirimido por los empleadores para exigir la prueba de no embarazo como condición de empleo, siendo común que las mujeres no sólo sean contratadas, sino incluso sean rechazadas en los centros de trabajo si se encuentran en estado de gestación. En la práctica, la discriminación del empleo por razones de maternidad es una realidad que padecen miles de mujeres en México; una normatividad que en vez de propiciar armonía, prohíba el surgimiento de conducta discriminatoria lesiva para patrones y para mujeres embarazadas.

Asimismo, con fecha 21 de abril del presente año, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa en la cual se propone reformar el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, en virtud del cual pretendemos ampliar el concepto de discriminación.

En ese sentido, nos preocupa el respeto de los derechos de las mujeres embarazadas, y por esas razones sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de Acuerdo, exhortando principalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el marco de sus atribuciones emita los informes correspondientes que les estamos solicitando, respetuosamente, sobre los casos de despidos por razones de discriminación por embarazo y sanciones a las diferentes dependencias, sociedades, asociaciones o instituciones que lleven a cabo estas prácticas.

Asimismo, se solicita a dicha Secretaría emita un informe sobre las sanciones aplicadas a las diferentes dependencias, sociedad, asociaciones, instituciones que han realizado despidos en contra de mujeres en estado de gravidez.

Asimismo, el Senado de la República de este Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres para que emita un informe sobre las acciones y medidas adoptadas para la defensa de las mujeres que han sido despedidas por la situación de embarazo.

Y finalmente solicitamos, respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, para que dictaminen la iniciativa presentada por este grupo parlamentario el pasado 21 de abril del presente año en curso.

Finalmente, señor Presidente, atentamente solicitamos que el texto íntegro de este punto de Acuerdo se inserte en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al inicio del siglo XXI, la ciudadanía de las mujeres entendida como la igualdad en el ejercicio de derechos civiles y políticos, es todavía un proceso inconcluso. Las estructuras de discriminación y exclusión, que históricamente han acompañado la vida de las mujeres, siguen siendo un obstáculo para lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Las leyes han contribuido a ello; las costumbres, las tradiciones, la cultura, las alimentan. Se es desigual ante la ley porque se es desigual ante la vida; se excluye de la ley lo que no tiene valor en la vida, es así como las mujeres han sido tratadas por el derecho, es decir, otorgándoles una ciudadanía restringida, por consideraciones políticas, sociales, culturales, religiosas o familiares.

Las demandas de las mujeres por el reconocimiento de su persona y, con ello, al ejercicio de sus derechos de libertad, autonomía y autodeterminación, fueron tomadas en cuenta por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, al considerar que todo ser humano es persona, y por lo tanto, tiene derechos por el solo hecho de serlo, señalando que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, “Toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión …”

Este valioso documento también exigió que las legislaciones de todos los países reconocieran la personalidad jurídica de todos los seres humanos, consignando que: “Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Y aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer protegen el derecho de la mujer a tener un empleo y conservarlo sin importar su estado civil o su maternidad, muchas empresas hacen caso omiso y despiden a las mujeres gestantes.

El artículo 123, apartado A, fracción V, de nuestra Constitución Política garantiza el goce de ciertas prerrogativas para las mujeres que, vinculadas en una relación de trabajo subordinada al servicio de un empleador, estén esperando un hijo, protegerlas no sólo durante el embarazo sino en el periodo de lactancia. Dicho precepto constitucional contempla el descanso obligatorio de la operaria, con goce de salario íntegro.

En congruencia, el título quinto de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 124 constitucional, atento al tratamiento jurídicamente diferenciado que se otorga a las mujeres que atraviesan por el trance de la maternidad, consagra una serie de modalidades que tienen por objeto la protección de la familia como un tema nuclear de una sociedad que se precia de estar organizada. Allí se puntualizan, además, derechos y prohibiciones, resaltando en sus artículos 165 y 171 el propósito fundamental de la protección de la maternidad, al igual que el servicio de guarderías infantiles, el cual brindará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los cuatro primeros años de edad de los hijos, haciéndolo con base en los artículos 201 a 207 de la Ley del Seguro Social.

En cuanto atañe al tema laboral de los servidores públicos en materia de protección a la maternidad, la fracción XI, inciso c), del apartado B del artículo 124 de la Constitución, establece similares beneficios para las empleadas públicas al servicio del Estado, sólo que en este caso disfrutarán de un descanso obligatorio, con salario íntegro, teniendo pleno derecho a conservar su empleo y de suyo todos los derechos adquiridos en su relación de trabajo al servicio del Estado.

A pesar de las bondades que supone el artículo 123, lo cierto es que en México existe una discriminación de la mujer en el empleo formal por razones de embarazo. Al menos uno de los motivos -por no decir el principal de todos ellos- está claramente identificado: la obligación legal del patrón de pagar salario íntegro durante tres meses a una mujer que llega ya embarazada a ocupar un empleo. El requisito de las semanas de cotización que exige la Ley del Seguro Social ha sido el pretexto esgrimido por los empleadores para exigir la prueba de no embarazo como condición de empleo, siendo común que las mujeres no sólo no sean contratadas, sino incluso que sean rechazadas en los centros de trabajo si se encuentran en estado de gestación. En la práctica, la discriminación en el empleo por razones de maternidad es una realidad que padecen miles de mujeres en México; una normatividad que en vez de propiciar armonía prohíja el surgimiento de conductas discriminatorias lesivas para patronos y para mujeres embarazadas.

Asimismo, con fecha 21 de Abril del presente año, presentamos una Iniciativa en la que se propone reformar el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual pretendemos ampliar el concepto de discriminación.

Y es por todo lo anterior que en el Partido Verde Ecologista de México, estamos preocupados por el despido en el mercado laboral de mujeres embarazadas, y sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión,solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones se examinen los casos de despidos por razones de discriminación por embarazo y se sancione a las diferentes dependencias, sociedades, asociaciones e instituciones que lleven a cabo estas prácticas.

Segundo.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que emita un informe sobre las sanciones aplicadas a las diferentes dependencias, sociedades, asociaciones e instituciones, que han realizado despidos en contra de mujeres en estado de gravidez.

Tercero.- ElSenado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres para que emita un informe sobre las acciones y medidas adoptadas para la defensa de las mujeres que han sido despedidas por su situación de embarazo.

Cuarto.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos a que dictaminen la iniciativa que este grupo parlamentario presentó el día 21 de abril del presente año, con el fin de ampliar el concepto de discriminación en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recinto del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Orozco Gómez. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Garibay García, a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a integrar a un representante permanente del Senado de la República.

- El C. Senador Jesús Garibay García: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Los suscritos, Senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, nos permitimos presentar a ustedes el siguiente punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

Los intensos cambios por los que ha atravesado nuestra nación en las últimas dos décadas, momento a partir del cual empiezan a surgir los primeros frutos del movimiento democratizador en México, han alterado la correlación de fuerzas en nuestro sistema político, a grado tal que ha sido necesario hacer ajustes estructurales a nuestro orden jurídico, en particular al federalismo mexicano que aún hoy requiere fortalecerse y reformarse en profundidad para evitar quedar como el sistema obsoleto que fue en los años de la dictadura perfecta.

Bastó la conquista de 1989 de la primera gubernatura por parte de la oposición para comenzar un periodo de acelerada renovación institucional; en 1992 el hasta entonces partido oficial, perdió otro estado, ya en 1997 se vivía el fenómeno de gobierno dividido por lo que el Congreso de la Unión dejó de ser un órgano eminentemente ratificador para asumir una influencia hasta entonces desconocida; finalmente en el año 2000, el PAN llegó al poder dando un giro drástico a la correlación de fuerzas al convertir a la mayoría de las gubernaturas en opositoras.

Lo anterior operó gracias a la expansión del pluralismo y pese al andamiaje jurídico que no había evolucionado de manera congruente o suficiente -recordemos que las reformas profundas se habían centrado en la materia electoral- dejando como secundarios, temas que resultaron prioritarios para el desarrollo nacional.

Tal es el caso del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, uno de los instrumentos básicos del federalismo, que resultó fracturado ante el nuevo arreglo institucional, dejando de manifiesto que los avances democráticos debían equilibrarse con un rediseño institucional amplio. Este escenario da la pauta para el surgimiento de nuevos actores con interés principalmente en los temas federalistas y fiscales, como lo fue la Asociación Nacional de Gobernadores, antecedente de la CONAGO.

La Conferencia Nacional de Gobernadores surge en 2002, pero se consolida hasta el año siguiente, al aglutinar a la totalidad de los gobernadores de la República y lanzar la convocatoria para la Convención Nacional Hacendaria, momento histórico que aunque no dio todos los resultados esperados, demostró la suficiente influencia política como para mantener cohesionados a los representantes de las entidades federativas, posicionándose como uno de los principales actores en pro del federalismo -ya no sólo en su expresión hacendaria-.

Lo hasta aquí reseñado, constituye un momento histórico que da nueva vida a uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano. Sin duda, el federalismo persiste como la forma de gobierno más viable y oportuna para México. Nuestra Constitución concibe en su artículo 40 una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos -autónomos según la teoría constitucional- en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de nuestra Ley Fundamental.

Ya antes reseñamos la necesidad de fortalecer esta forma de gobierno, que durante años se vio disminuida al enmascarar lo que en los hechos era un centralismo ineficaz y autoritario. Consideramos que éste ya no es el esquema vigente, pero es seguro que aun no contamos con los instrumentos que permitirían hacer enteramente funcionales los postulados del pacto federal. El complejo esquema de distribución de competencias y la difusa responsabilidad entre funcionarios federales, estatales y municipales, contrasta con la idea forjada por Don Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo y posteriormente defendida por próceres de nuestra patria como DonJosé María Luis Mora -quien ante la imposición del centralismo en 1835, luchó por la reivindicación la proclama federalista- e Ignacio L. Vallarta -que en sus votos como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió siempre dicho esquema de distribución de competencias, dotando de valiosas herramientas a las entidades federativas para hacer efectiva su autonomía-.

En tal virtud, este acuerdo de distribución política del poder, entre la Federación y susentidades federativas, en el que aquellas deciden la constitución de un orden superior de gobierno con el objetivo principal de formar una nación única, a favor del desarrollo de todas y cada una de las entidades; requiere una participación activa en los procedimientos federales de creación normativa, por lo que se instauró el Senado de la República como una cámara de representación territorial que permite a los estados contribuir con los poderes federales en el proceso de cambio e innovación jurídica nacional y a la Federación, mantener una forma efectiva de organización política.

Esta influencia recíproca entre la Federación y las entidades federativas, requiere de herramientas extralegales, que sin violentar los principios institucionales, faciliten la creación de canales de comunicación, la construcción de consensos y el impulso al federalismo y el desarrollo integral de nuestra nación. En este particular, el Senado de la República y la CONAGO comparten objetivos y visión, por lo que su estrecha colaboración potenciaría la buena colaboración que ambos cuerpos colegiados han mantenido en busca de la transformación política de nuestro país, la promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal.

Por ello, el presente punto de Acuerdo, tiene por objetivo actualizar las relaciones interinstitucionales, entre el Senado de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores, al solicitar la inclusión de un representante permanente senatorial en las actividades de dicha conferencia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República extiende un respetuoso exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a efecto de que haga las adecuaciones conducentes en sus lineamientos internos para posibilitar la inclusión en sus reuniones y comisiones de trabajo, de un representante permanente con capacidad de voz y voto, designado por el Pleno de esta Soberanía, con la finalidad de mantener un canal institucional de comunicación que incida en el diseño de leyes y políticas públicas para el fortalecimiento del federalismo y los procesos de descentralización.

Señor Presidente, compañeros, es todo y solicito se inserte en el Diario de los Debates del Senado de la República.

Gracias por su atención, compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES A INTEGRAR A DICHO CUERPO COLEGIADO A UN REPRESENTANTE PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA

“Los suscritos, Jesus Garibay Garcia y Rosalinda Lopez Hernandez, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a integrar a dicho cuerpo colegiado a un representante permanente del Senado de la Republica, al tenor de las presentes:

CONSIDERACIONES

Los intensos cambios por los que ha atravesado nuestra Nación en las últimas dos décadas -momento a partir del cual empiezan a surgir los primeros frutos del movimiento democratizador en México- han alterado la correlación de fuerzas en nuestro sistema político a grado tal, que ha sido necesario hacer ajustes estructurales a nuestro orden jurídico, en particular al federalismo mexicano, que aun hoy, requiere fortalecerse y reformarse en profundidad, para evitar quedar como el sistema obsoleto que fue en los años de la dictadura perfecta.

Bastó la conquista en 1989 de la primer gubernatura por parte de la oposición, para comenzar un periodo de acelerada renovación institucional; en 1992 el hasta entonces partido oficial, perdió otro estado, ya en 1997 se vivía el fenómeno de “Gobierno Dividido”, por lo que el Congreso de la Unión dejó de ser un órgano eminentemente ratificador, para asumir una influencia hasta entonces desconocida; finalmente en el año 2000, el PAN llega al poder, dando un giro drástico a la correlación de fuerzas, al convertir a la mayoría de las gubernaturas en opositoras.

Lo anterior operó gracias a la expansión del pluralismo y pese al andamiaje jurídico, que no había evolucionado de manera congruente o suficiente -recordemos que las reformas profundas se habían centrado en la materia electoral- dejando como secundarios, temas que resultaron prioritarios para el desarrollo nacional.

Tal es el caso, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, uno de los instrumentos básicos del federalismo, que resultó fracturado ante el nuevo arreglo institucional, dejando de manifiesto que los avances democráticos debían equilibrarse con un rediseño institucional amplio. Este escenario da la pauta para el surgimiento de nuevos actores con interés principalmente en los temas federalistas y fiscales, como lo fue la Asociación Nacional de Gobernadores, antecedente de la CONAGO.

La Conferencia Nacional de Gobernadores surge en 2002, pero se consolida hasta el año siguiente, al aglutinar a la totalidad de los Gobernadores de la República y lanzar la convocatoria a la Convención Nacional Hacendaria, momento histórico que aunque no dio todos los resultados esperados, demostró la suficiente influencia política como para mantener cohesionados a los representantes de las Entidades Federativas, posicionándose como uno de los principales actores en pro del federalismo –ya no sólo en su expresión hacendaria-.

Lo hasta aquí reseñado, constituye un momento histórico que da nueva vida a uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano. Sin duda, el federalismo persiste como la forma de gobierno más viable y oportuna para México. Nuestra Constitución concibe en su artículo 40 una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos -autónomos según la teoría constitucional- en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra ley fundamental.

Ya antes reseñamos la necesidad de fortalecer esta forma de gobierno, que durante añosse vio disminuida al enmascarar lo que en los hechos era un centralismo ineficaz yautoritario. Consideramos que éste ya no es el esquema vigente, pero es seguro que aun no contamos con los instrumentos que permitirían hacer enteramente funcionales los postulados del pacto federal. El complejo esquema de distribución de competencias y la difusa responsabilidad entre funcionarios federales, estatales y municipales, contrasta con la idea forjada por Don Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo y posteriormente defendida por próceres de nuestra patria como Don José María Luis Mora -quien ante la imposición del centralismo en 1835, luchó por la reivindicación la proclama federalista- e Ignacio L. Vallarta –que en sus votos como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió siempre dicho esquema de distribución de competencias, dotando de valiosas herramientas a las entidades federativas para hacer efectiva su autonomía-.

En tal virtud, éste acuerdo de distribución política del poder, entre la Federación y sus entidades federativas, en el que aquellas deciden la constitución de un orden superior de gobierno con el objetivo principal de formar una nación única, a favor del desarrollo de todas y cada una de las entidades; requiere una participación activa en los procedimientos federales de creación normativa, por lo que se instauró el Senado de la República como una cámara de representación territorial que permite a los estados contribuir con los poderes federales en el proceso de cambio e innovación del orden jurídico nacional y a la federación, mantener una forma efectiva de organización política.

Esta influencia recíproca entre la federación y las entidades federativas, requiere de herramientas extralegales, que sin violentar los principios institucionales, faciliten la creación de canales de comunicación, la construcción de consensos y el impulso al federalismo y el desarrollo integral de nuestra Nación. En este particular, el Senado de la República y la CONAGO comparten objetivos y visión, por lo que su estrecha colaboración potenciaría la buena colaboración que ambos cuerpos colegiados han mantenido en busca de la transformación política de nuestro país, la promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal.

Por ello, el presente punto de acuerdo, tiene por objetivo actualizar las relaciones interinstitucionales, entre el Senado de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores, al solicitar la inclusión de un representante permanente senatorial en las actividades de dicha conferencia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República extiende un respetuoso exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a efecto de que haga las adecuaciones conducentes en sus lineamientos internos para posibilitar la inclusión en sus reuniones y comisiones de trabajo, de un representante permanente con capacidad de voz y voto, designado por el pleno de esta soberanía, con la finalidad de mantener un canal institucional de comunicación que incida en el diseño de leyes y políticas públicas para el fortalecimiento del federalismo y los procesos de descentralización.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 octubre de 2009.

Suscriben

Jesús Garibay García

Senador por el Estado de Michoacán

Rosalinda López Hernández

Senadora por el Estado de Tabasco”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Garibay García. Se obsequia su solicitud y desde luego se insertará en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Federalismo para los efectos correspondientes.

Se recibió de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo relativo a la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCION

“Los suscritos, Ruben Fernando Velazquez Lopez, Lazaro Mazon Alonso, Jose Luis Garcia Zalvidea y Antonio Mejia Haro Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Proposicion con Punto de Acuerdo relativo a la conmemoracion del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolucion.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta Soberanía a la brevedad posible un informe detallado sobre los recursos presupuestarios aprobados, ejercidos y por ejercercon motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular Ejecutivo Federal, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, fracción III del Decreto por el que se declara al año 2010 como Año del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana y se crea la Comisión Organizadora de dicha conmemoración, en la ejecución de cualquier obra o evento con motivo de dicha conmemoración, se contrate a personas físicas o morales mexicanas como las encargadas de su realización.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos que ha solicitado el Ejecutivo Federal para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se establezcan con base en los principios de austeridad y transparencia, y que las economías resultantes privilegien la ejecución de programas sociales y proyectos de infraestructura que beneficien a los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. José Luis García Zalvidea.- Sen. Antonio Mejía Haro”.

Por último, en el apartado de puntos de Acuerdo, se concede la palabra al Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a los titulares de la SAGARPA y de la Secretaría de Hacienda, a fin de dar cumplimiento al convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable en la entidad veracruzana.

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: Con su venia, señor Presidente.

Como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento Interno, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en la entidad veracruzana, firmado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al tenor de las siguientes consideraciones.

El pasado 26 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del estado de Veracruz, firmado por el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Convenio establece las bases de cooperación entre el gobierno del estado de Veracruz y la SAGARPA, con el fin de llevar proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable en lo general.

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en el estado de Veracruz, estableció recursos por mil 150 millones de pesos, los cuales el gobierno federal aporta 747 a través de la SAGARPA y el gobierno del estado aportará 402 millones de pesos.

Los recursos se destinarían para dar fortaleza presupuestal a los programas activos, soporte, recursos naturales y actores, los cuales se consideran temas estratégicos como: la sanidad, la asistencia técnica, la adquisición de infraestructura y equipos en apoyo a las actividades agropecuarias y pesqueras, y de ello depende sembrar o cosechar en el momento adecuado, aprovechando la época de lluvias o la salida a los mercados.

El campo mexicano en los últimos 25 años perdió la capacidad en la producción alimentaria para el mercado interno, las políticas neoliberales dieron punto final a los precios de garantía, se desmanteló la infraestructura de almacenamiento y abasto del país, hoy somos dependientes del mercado global en alimentos.

A la mayoría de los gobernadores del país no les interesa la crisis alimentaria que se adulzará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones del país, en México el año 2009 fue el primer aviso de este fenómeno producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos es el problema de la escasez del agua.

La sequía ha afectado en México aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 mil hectáreas han comenzado a recibir apoyos del gobierno federal, 319 mil fueron decretadas como pérdidas totales, los principales productos afectados por la falta de lluvias son el maíz con 500 mil hectáreas; sorgo, 250 mil hectáreas; trigo, 40 mil hectáreas y frijol, 50 mil hectáreas.

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en los estados del país no se ha cumplido al cien por ciento, en la mayoría de las entidades federativas estos recursos permitirían mitigar los graves daños que ha generado la sequía y la escasez en la producción de alimentos y los gobernadores deberían de mostrar en los hechos el compromiso con los campesinos y que son los más afectados, dado la crisis que se vive en México.

Compañeros Senadores, no podemos permitir que los gobernadores del país estén más interesados en sus aspiraciones presidenciales, destinando miles de recursos para gastos de campaña en medios.

Es cierto que todos los estados del país, solamente hasta este momento seis estados han aportado lo firmado en el Convenio, la mayoría de los estados no han aportado la parte que les corresponde, y hay cinco estados que no han aportado absolutamente nada. Es cierto que la Federación ha depositado los recursos ya en los fideicomisos para que sean ejercidos, esos son los recursos de Alianza al Campo. Por eso los recursos no salen en los estados.

En el Convenio se estableció hasta el 30 de septiembre para que los estados aportaran los recursos, sin embargo, a la fecha, las cosas están así, la mayoría de los estados no han aportado y esto afecta para que se ejerzan los recursos federales. Por eso hacemos el llamado pues, y en ese caso concreto al Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para que aporte los recursos de este Convenio y así los campesinos de Veracruz puedan ejercer los recursos de Alianza al Campo.

Nos queda claro también, argumentos de los gobernadores donde efectivamente tuvieron recortes presupuestales, pero los gobernadores pueden hacer todo un esfuerzo y cumplir el compromiso para que los recursos federales se estén ejerciendo en los diferentes estados y para ese caso en el estado de Veracruz.

En Hacienda se acordó diferir la fecha del 30 de septiembre para el depósito de los recursos hasta el 15 de noviembre, esperamos que los gobernadores hagan el esfuerzo y cumplan. De no ser así, el Secretario de Hacienda y de Agricultura no deben de retirar los recursos de los estados, deben de entregar esos recursos federales a los campesinos de los diferentes estados, y hablo concretamente de los campesinos de Veracruz, pero eso atañe a 25 estados que no han aportado los recursos que tienen en los convenios del pari passu en Alianza al Campo.

El campo mexicano requiere de recursos, cada año la Colegisladora aprueba fondos para los campesinos mexicanos y los gobernadores de varias entidades del país tampoco están cumpliendo con estos convenios.

Por eso, y con fundamento en lo anterior, me permito presentar el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a cumplir plenamente el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, firmado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2009.

Segundo.- Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que no se retiren los fondos federales y que los gobernadores de los estados cumplan y eviten un subejercicio presupuestal.

Esto es que los recursos federales sean aplicados en los estados, en la proporción que la Federación los asignó.

Muchas gracias, señor Presidente, es cuanto.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN LA ENTIDAD VERACRUZANA, FIRMADO CON LA SAGARPA

“El suscrito, Arturo Herviz Reyes, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en la entidad veracruzana, firmado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 26 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del estado de Veracruz, firmado por el Gobierno del estado de Veracruz y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Convenio establece las bases de cooperación entre el gobierno del estado de Veracruz y la SAGARPA, con el fin de llevar proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable en general.

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en el estado de Veracruz, estableció recursos por $1 mil 150 millones de pesos, de los cuales $747 millones de pesos le corresponden al gobierno federal, a través de la SAGARPA y $402 millones le corresponden al gobierno del estado de Veracruz.

Los recursos se destinarían para dar fortaleza presupuestal a los programas de activos, soporte, recursos naturales y actores, los cuales se consideran temas estratégicos como: las sanidades, la asistencia técnica, la adquisición de infraestructura y equipos en apoyo a las actividades agropecuarias y pesqueras, y de ello depende sembrar o cosechar en el momento adecuado, aprovechando la época de lluvias o la salida a los mercados.

El campo mexicano en los últimos 25 años perdió la capacidad en la producción alimentaria para en mercado interno, las políticas neoliberales dieron punto final a los precios de garantía, se desmanteló la infraestructura de almacenamiento y abasto del país, hoy somos dependientes del mercado global de alimentos.

A la mayoría de los gobernadores del país no les interesa la crisis alimentaria que se agudizará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones del país, en México el año 2009 fue el primer aviso de este fenómeno producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos es el problema de la escasez del agua.

La sequía ha afectado en México aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 millones están comenzando a recibir apoyos del gobierno federal, 329 mil fueron decretadas como pérdida total, los principales productos afectados por la falta de lluvias son: maíz con 500 mil hectáreas, sorgo 250 mil hectáreas, trigo 40 mil hectáreas y frijol 50 mil hectáreas.

ElConvenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en los estados de país no se ha cumplido al 100%, en la mayoría del las entidades federativas, estos recursos permitiría mitigar los graves daños que ha generado la sequía y la escasez en la producción de alimentos y los gobernadores deberían demostrar en los hechos el compromiso con los campesinos y que son los más afectados, producto de la crisis que vive México.

Compañeros Senadores no podemos permitir que los gobernadores del país estén más interesados en sus aspiraciones presidenciales, destinando miles de millones de pesos en sus campañas mediáticas, y no cumplir con sus gobernados.

Es importante destacar que el Gobernador del estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, está más interesado en su campaña mediática para obtener la candidatura presidencial del 2012 y lograr la legitimidad del jefe de la mafia en México Carlos Salinas de Gortari, quien el pasado sábado 26 de septiembre de 2009 destapó la candidatura presidencial de Herrera Beltrán.

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable tiene como término el próximo 15 de noviembre de 2009, lo preocupante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retire los fondos federales de la participación del citado Convenio, y se destine a la Tesorería de la Federación y el resultado se presentará por la SAGARPA como un sub-ejercicio presupuestal.

El campo mexicano requiere de recursos, cada año la colegisladora aprueba fondos para los campesinos mexicanos, y los gobernadores de varias entidades del país tampoco están cumpliendo con los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentables de sus estados.

Por las consideraciones expresadas es de urgente y de obvia resolución la aprobación del presente Punto de Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a cumplir plenamente el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, firmado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2009.

SEGUNDO: Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que no se retiren los fondos federales y que los gobernadores de los estados cumplan y eviten un sub-ejercicio presupuestal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2009.

Sen. Arturo Herviz Reyes”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Herviz Reyes.

Senador Herviz Reyes, si acepta que el Senador Bueno Torio suscriba la propuesta del punto de Acuerdo.

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: Sí, claro.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador Lázaro Mazón, el Senador Guadarrama Márquez, la Secretaría tome nota de los Senadores que quieren suscribir el punto de Acuerdo.

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su análisis y dictamen correspondiente.






EXCITATIVAS

En otro apartado del Orden del Día, se recibió del Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Rodolfo Dorador Perez Gavilan Senador por el estado de Durango, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión realice excitativa a las Comisiones Unidas de de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, para que a la brevedad posible se sirvan dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 371, 384, 385 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años se han impulsado en este Congreso leyes que tienen por objeto la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública federal. La mejor manera de hacer frente a la manipulación, la mentira y la corrupción es la transparencia. Tema en el que aun hacen falta cambios sustantivos, tanto para regular áreas que aún siguen intocadas como para agilizar procedimientos y establecer nuevas responsabilidades administrativas y penales para hacer más efectiva la rendición de cuentas.

En días anteriores se hizo público, a través de diversos medios de comunicación, la pretensión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para presentar un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objeto, entre otros, de establecer procedimientos que garanticen la transparencia en los recursos financieros de los sindicatos.Es loable la propuesta. Sinembargo, señoras y señores legisladores, existen al seno de las Comisiones de Trabajo de esta Cámara de Senadores diversas iniciativas que han sido presentadas sobre el tema, entre las que cabe destacar la presentada por el Senador Santiago Creel Miranda, el diez de septiembre del año en curso, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, por la que propone incluir como sujetos obligados de dicha ley a los sindicatos integrados por servidores públicos cuando reciban o manejen recursos públicos federales.

Esdel conocimiento de la opinión pública de la opacidad con la que diversos sindicatos de trabajadores administran los recursos de sus agremiados, incurriendo en el uso discrecional de los mismos, en perjuicio de sus agremiados y violentando los fines que la ley establece para todas las agrupaciones de los trabajadores. La más reciente experiencia en la renovación de dirigentes sindicales de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, exige emitir reformas a la Ley Federal del Trabajo para la transparencia en la administración de los recursos de los sindicatos.

Los sindicatos son un sector que ha queda al margen de cualquier ley de rendición de cuentas y de transparencia en el gasto. Afectando con ello a las finanzas y patrimonio colectivo de las asociaciones de trabajadores. Es urgente establecer en la ley procedimientos que garanticen a todos y cada uno de sus agremiados, el acceso a la información de la administración interna de los recursos económicos, muebles e inmuebles que integran el patrimonio de los sindicatos, como medio para combatir la corrupción y la impunidad.

En tanto que no se establezca en la Ley Federal del Trabajo la obligatoriedad para transparentar la información de la administración de los recursos sindicales se mantiene un estado de impunidad a favor de las direcciones sindicales que disponen sin ningún recato de recursos de sus agremiados, gravando de un modo irreparable el patrimonio sindical al desviarse el objeto para el cual se constituye.

Con el objeto de contribuir a la transparencia de la administración del patrimonio de los sindicatos, el nueve de octubre de dos mil siete presente a esta Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.Conforme a lo dispuesto enel inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene la facultad para excitar a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos para que presenten el dictamen correspondiente.

Ha transcurrido en demasía el tiempo necesario para que las ComisionesUnidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos hayan elaborado el dictamen correspondiente, por lo que es necesario que en ejercicio de las atribuciones que nuestra Ley Orgánica otorga al Presidente de la Mesa Directiva se solicite a las Comisiones a las que se turno la iniciativa en cuestión, presenten el dictamen correspondiente.

Por lo expuesto, a Usted C. Presidente, solicito lo siguiente:

UNICO.- Realice excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores,para que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 371, 384, 385 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, que fue presentada y turnada el nueve de octubre de dos mil siete, a dichas comisiones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 20 de octubre de 2009.

Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán”.

En consecuencia, esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos para que presente el dictamen que corresponda.

Por último, se recibió del Senador Angel Juan Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular.

“El suscrito, Senador Angel Juan Alonso Diaz-Caneja, integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se sirva enviar excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, a fin de que confundamento en lo dispuesto por el Artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de marzo de 2009, haciendo uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente ante el Pleno de la LX Legislatura del Senado de la República, la Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de esta Cámara de Senadores.

Lo anterior con el propósito de terminar con la incertidumbre de no contar con un ordenamiento eficaz que reduzca y minimice el resultado lesivo de las conductas peligrosas originadas por la circulación vehicular en vías federales, a partir de establecer la obligación de que los particulares que circulen por éstas, cuenten con un seguro de prevención de daños, razón por la cual solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, se sirva efectuar la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Se excita respetuosamente a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, a fin de que procedan a dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, a 20 de octubre de 2009.

Atentamente”.

En consecuencia, esta Presidencia emite excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos a efecto de que presenten el dictamen que corresponde.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias. Se cita a sesión solemne el jueves 22 de octubre a las 10:30 horas, pidiéndoles especialmente su puntual asistencia.

(Se levantó la sesión a las 14:53 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO





















PROPUESTAS

- Del C. Senador José Julián Sacramento Garza, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa, que contiene punto de Acuerdo relativo a la política exterior de México hacia el Continente Africano.



- De la C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea, a nombre propio y de los CC. Senadores Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir con el Decreto que contiene el Convenio que se celebró entre el Poder Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Colima.



- Del C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, a nombre propio y de la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal, en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.



- Del C. Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a publicar las reglas de carácter general, para la terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación de productos financieros entre instituciones bancarias y público usuario.



- De la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social complementen, para obtener mayor beneficio, las reglas de operación de los programas de Desarrollo Humano “Oportunidades” y “70 y Más”.



- Del C. Senador Luis Alberto Villarreal García, a nombre los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instaurar en Estados Unidos un número telefónico único y gratuito que permita facilitar el contacto de los connacionales que se encuentren en ese país con el consulado más cercano a su ubicación, con el fin de acercar a los migrantes mexicanos el acceso a la protección a la que tienen derecho. Se aprueba.





PROPUESTAS

- Del C. Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se revise la situación jurídica de los indígenas presos en las cárceles federales y se valoren las posibilidades para su liberación.



- Del C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones de formación y capacitación de defensores indígenas a fin de garantizar el derecho constitucional que tiene todo indígena a ser asistido por defensores o traductores con conocimientos en lenguas indígenas.



- Del C. Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para que el Registro Agrario Nacional remita un informe integral sobre la situación jurídica actual en que se encuentra el ejido Tehuilotepec, en el estado de Guerrero.



- De la C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a los gastos de operación que se realizan en las embajadas y representaciones ante organismos internacionales en el exterior.



- Del C. Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo sobre la defensa de los derechos de las mujeres embarazadas.



- Del C. Senador Jesús Garibay García, a nombre propio y de la C. Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a integrar a dicho cuerpo colegiado a un representante permanente del Senado de la República.



- De los CC. Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.



- Del C. Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable en la entidad veracruzana, firmado con la SAGARPA.



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