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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 13

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

         - El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:00 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos Senadores para conocer que existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguirre Rivero Angel Heladio, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto, Creel Miranda Santiago, González Carrillo Adriana, Montenegro Ibarra Gerardo, Ramírez Garrido Abreu Graco, Zapata Perogordo Alejandro.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguilar Coronado Marco Humberto (inasistencia justificada), Agundis Arias Francisco (inasistencia justificada), Cota Cota Josefina (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Escobar y Vega Arturo (inasistencia justificada), García Zalvidea José Luis Máximo (inasistencia justificada), Mazón Alonso Lázaro (inasistencia justificada), Mejía González Raúl José (inasistencia autorizada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Orantes López María Elena (inasistencia autorizada), Pérez Plazola Héctor (inasistencia justificada), Saro Boardman Ernesto (inasistencia justificada), Velasco Coello Manuel (inasistencia justificada)

Senadores ausentes: Rojo e Incháustegui María.

         - El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico informo que se encuentran presentes 114 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.

 PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día jueves ocho de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento dieciséis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la  Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria del martes seis de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio con el que remite, en relación al Programa de Devolución de Derechos y de Acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, el Informe por Entidad Federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2009 de recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo del Diputado Federico Ovalle Vaquera, por el que exhorta a integrar la conferencia de comisiones para concluir el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo del Diputado Gustavo González Hernández, por el que exhorta a presentar el dictamen relativo al problema territorial entre los Estados de Jalisco y Colima.- Se turnó a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas.

(Comunicaciones de  los Senadores)

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, Acta de la XII Reunión de trabajo de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud de dicho Parlamento, celebrada los días 10 y 11 de septiembre pasado, en Curazao, Antillas Neerlandesas.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Presidenta de la Comisión de Cultura, Informe de Labores de esa comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de  los Senadores)

Se recibió de los Senadores Carlos Jiménez Macías y Eduardo Nava Bolaños, Informe de la Novena Asamblea General de Confederación Parlamentaria de las Américas y de la XIX Reunión del Comité Ejecutivo, realizadas en la Provincia de Salta, Argentina, del 14 al 20 de septiembre de 2009.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de  los Senadores)

El Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, solicitó rectificar el turno al punto de Acuerdo presentado el martes 6 de octubre, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar los mecanismos de apoyo consular hacia la región medio-este de los Estados Unidos de América, a fin de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esta región.- Se rectificó el turno a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Pronunciamiento)

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un Pronunciamiento por el reconocimiento de la UNESCO a los Voladores de Papantla, como Patrimonio Intangible de la Humanidad.

A su vez, el Senador Dante Delgado Rannauro, presentó punto de Acuerdo pro el que se reconoce y felicita a los Voladores de Papantla, designados por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad.- Considerado de urgente u obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación.- Sin discusión, se aprobó por 90 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y adiciona el artículo 74 quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- A discusión, intervinieron los Senadores Jesús Murillo Karam, Antonio Mejía Haro, Andrés Galván Rivas, Rubén Fernando Velázquez López, Dante Delgado Rannauro y Pablo Gómez Álvarez.- Se aprobó por 91 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Servicio Postal Mexicano.- A discusión. El Presidente informó de una reserva del Senador Tomás Torres Mercado. Se aprobó en lo general y los artículos no reservados por 81 votos. Intervino el Senador Tomas Torres Mercado, quien presentó propuesta de suprimir la reforma al artículo 8 del proyecto, la cual se admitió a discusión. El artículo 8 no fue aprobado y se suprimió del proyecto de Decreto. La votación fue de 80 en contra. Se declaró aprobado el proyecto en lo general y en lo particular. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 67 y se adiciona una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población.- A discusión, intervinieron los Senadores Humberto Andrade Quezada, por las Comisiones, para fundamentar el dictamen; Rubén Fernando Velázquez, Carlos Jiménez Macías y Manuel Velasco Coello. Se aprobó por 77 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 13 y 22 y se adiciona el artículo 48 a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- A discusión, intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, por las Comisiones, para fundamentar el dictamen. Se aprobó por 78 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete.- A discusión, intervino el Senador Luis Alberto Villarreal García. Se aprobó por 80 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con punto de Acuerdo por el que se confiere la “Medalla de Honor Belisario Domínguez” correspondiente al año 2009, al Ciudadano Antonio Ortiz Mena.- A discusión, intervinieron los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Manuel Velasco Coello y María Teresa Ortuño Gurza. Se aprobó por 88 votos en pro, 1 en contra, 1 abstención.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Iniciativas)

La Senadora Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de los Senadores Gabriela Ruiz del Rincón, Sergio Alvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal y el artículo 115 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo  por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, considere la creación de un fondo de garantías líquidas personalizadas para productores de café.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a instrumentar una campaña nacional de información, así como acciones para el control y la erradicación del dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica y asuma el control y combate a las epidemias de dengue e influenza en Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió de las Senadoras María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Procurador General de la República a realizar una revisión exhaustiva de los elementos acusatorios que la dependencia a su cargo presentó ante el Ministerio Público Federal, para la consignación y posterior sentencia condenatoria en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

(Proposiciones)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar una partida extraordinaria de recursos para la compra de equipo que permita la identificación oportuna del virus de la influenza a h1n1.- Considerado de urgente u obvia resolución. A discusión, intervinieron los Senadores Antonio Mejía Haro y Francisco Castellón Fonseca. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Ricardo García Cervantes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Rubén Fernando Velázquez López y Adriana González Carrillo, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República ratifica la resolución aprobada por el Pleno del Foro Interparlamentario de las Américas en relación a la pandemia del H1N1 2009.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

El Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Centro Público de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informe sobre los resultados alcanzados durante los últimos cinco años.- La Presidencia instruyó a solicitar el informe requerido.

(Excitativas)

Se recibió de los Senadores integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el inciso A) fracción I del artículo 8 y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Presidente informó que las efemérides sobre la conmemoración de la Conversión de Baja California Sur de territorio a estado libre y soberano, y sobre el trigésimo quinto aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quinta Roo, se insertarían en el Diario de Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con quince minutos, y citó a sesión ordinaria el próximo martes trece de octubre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto.





SECRETARIA DE GOBERNACION
Remite:

- Nombramiento expedido a favor del C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

- Solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el C. José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.

- Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se complementa el dictamen de Impacto Presupuestario de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como similar de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por el que comunica que se autoriza la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio de la iniciativa referida.

- Oficio con propuesta de ratificación del C. Juan Manuel Calleros Calleros, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social un oficio con el que remite el informe del segundo trimestre 2009 sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social

         - El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Señor Presidente.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Tomás Torres, ¿con qué objeto?

         - El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Con el fin, señor Presidente, de rogarle se expida, para el que les habla, un ejemplar impreso del informe del que se está dando cuenta.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto que sí, señor Senador. Obséquiese la solicitud del Senador Tomás Torres. Se pide a la Secretaría General de Servicios Parlamentario se tomen las medidas correspondientes






AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACAN

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una invitación del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del 144 aniversario luctuoso de los “Mártires de Uruapan”, a celebrarse el miércoles 21 de octubre en esa ciudad.

“DIRECCION: GOBERNACION
EXPEDIENTE: 21 DE OCTUBRE
NO. DE OFICIO: 0174/2009.

Uruapan, Michoacán a 28 de septiembre de 2009.

C. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXI LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPUBLICA
TORRE DEL CABALLITO, PISO 25, OFICINA 8
REFORMA 10, COL. TABACALERA
MEXICO, D.F. C.P. 06030

“Una descarga anuncio a Uruapan, y el eco a la Nación entera que el crimen estaba consumado” dice Don Eduardo Ruiz al referirse al cruel asesinato de estos Héroes republicanos, a los que hoy recordamos con el glorioso nombre de “Mártires de Uruapan”.

El Honorable Ayuntamiento de este municipio, se permite hacerle una atenta y cordial invitación a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CXLIV Aniversario Luctuoso de los "Mártires de Uruapan", que se realizará el día miércoles 21 de octubre del presente año, a las 13:00 horas, en la Plaza Cívica que lleva su nombre de esta población.

Por ser el acto más significativo y Republicano, nos gustaría contar con su presencia en esta ceremonia ya que es un reconocimiento al Ejército Mexicano.

Mucho le agradeceré confirmar su asistencia en los teléfonos (01 452) 524.00.92 523.65.04 extensión 152.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JESUS MARIA DODDOLI MURGUIA”.
        
- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para asistir a dicha ceremonia en representación de la Cámara de Senadores, se designa en comisión oficial al Senador Jesús Garibay García.
        
Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
        
- El C. Secretario Zoreda Novelo: Asimismo, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal remitió invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 56 Aniversario del Derecho al Voto de la Mujer, a celebrarse el sábado 17 de octubre en esta ciudad.

“Secretaria de Cultura Distrito Federal

CPHAC/1854/09
México, D. F., a 22 de septiembre de 2009.

CC. Secretarios de la Honorable
Camara de Senadores
Xicotencatl No. 9
Centro Historico
Delegacion Cuauhtemoc
Presente.

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de octubre de 2009, de la cual anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

 

Sábado 17

 

10:00 horas

 

56 Aniversario del Derecho al Voto de la Mujer

Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez # 30 Centro Histórico Delegación Cuauhtemoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes el nombre del Senador que asistirá al evento de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dicho acto.

Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

                - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se designa a la Senadora Yeidckol Polevsky Gurwitz para asistir a esta ceremonia en representación oficial del Senado de la República.





MESA DIRECTIVA

Señoras y señores Senadores: La Mesa Directiva hace suyo el planteamiento que ha inscrito para la sesión de hoy la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme, en relación con la conmemoración del Día de la Raza. Un evento como el que hoy recordamos ligado al reciente reconocimiento que la UNESCO otorgó a México por considerar el rito de los Voladores de Papantla, Patrimonio Intangible de la Humanidad, refrenda la relevancia y la distinción que se hace de nuestro país en el plan internacional, por ser poseedor de un innumerable listado de tesoros culturales.
        
Y en tal razón, le otorgo el uso de la palabra a la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme, del grupo parlamentario del PRI.

   - La C. Senadora Amira Griselda Gómez Tueme: Gracias, señor Presidente, muy amable; compañeras Senadoras y Senadores:

La conmemoración del día de la Raza, tiene su significado en el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano con los españoles.

Es este, un día donde reflexionamos sobre la importancia que representa para nuestro país la salvaguarda de su patrimonio cultural y de su memoria histórica… como afirma el reconocido antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, "ninguna cultura puede ser comprendida fuera del contexto histórico que la explica y le da significado".

A partir del mestizaje y de la aculturación los pueblos del mundo aprendemos, heredamos, construimos y compartimos.

Tanto hoy como ayer… el intercambio de conocimientos es lo que nos ha permitido avanzar en nuestro desarrollo como seres humanos.

Los mexicanos, somos resultado de la pluralidad etnográfica de nuestra historia, que se manifiesta en la evidencia de tradiciones y costumbres que se expresan en nuestra vida cotidiana.

Una de las más valiosas raíces de nuestra identidad nacional se encuentra en la grandeza de sus pueblos originarios… reconocerlo es exigir el respeto de su cosmogonía y espiritualidad, dándolas a conocer al mundo, sintiéndonos orgullosos de la mexicanidad multicultural a la que han dado origen.

Nuestro proyecto de nación no puede dejar a un lado estas premisas, especialmente frente a este siglo XXI, que inicia con un acelerado proceso de globalización que exige en el concierto de las naciones, lo mejor de cada una de ellas.

Es en este contexto donde adquiere un mayor significado el reconocimiento oficial a la ceremonia ritual de los voladores como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que el pasado 30 de septiembre fue entregado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), que se llevó a cabo en la ciudad de Abu Dhabi.

La distinción fue recibida por el indígena totonaca Cruz Ramírez Vega, quien es director de la escuela de niños voladores que funciona en el parque Takilhsukut, muy cerca de la zona arqueológica de el Tajín y a quien acompañaron el gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Fidel Herrera Beltrán y su señora esposa Rosa Borunda de Herrera.

La lengua totonaca se escuchó fuerte en la reunión, representando a más de quinientos mil hablantes de la misma, pero también el nombre de México, lo que nos llena de profundo orgullo.

Iniciativas como esta fortalecen nuestra memoria histórica y nos hacen conscientes de la importancia que tiene el patrimonio cultural de la nación mexicana, recordemos que la ceremonia ritual de voladores es síntesis y detonante cosmogónico de una cultura viva y activa.

Este ritual no es un hecho aislado, sino un componente más de su fortaleza cultural indígena… en todos los lugares donde se mantiene la danza, ésta es una manera de hacerla presente, pues se apoya en diversas manifestaciones de identidad cultural: un idioma, conocimientos de herbolaria curativa, tradición musical, diversidad gastronómica, artesanías, pero de manera muy especial, cohesión comunitaria.
Por las razones anteriores, el hecho de que la ceremonia ritual de los voladores sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es un logro que ejemplifica al mundo el cumplimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios y una razón para darle un mayor significado a la pluralidad étnica de nuestro país y para conmemorar el Día de la Raza.

         Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

         - El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: A usted Senadora Gómez Tueme. Informo a la Asamblea que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se resuelve dejar insubsistente la no ratificación del ciudadano Juan Manuel Calleros Calleros, como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, en acatamiento del amparo 551/2007.

         Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“México, D.F., octubre 13 de 2009.

H. CAMARA DE SENADORES
Presente.

La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente

ACUERDO

Unico.- En estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo número 551/2007 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, la Cámara de Senadores resuelve dejar insubsistente la no ratificación del C. Juan Manuel Calleros Calleros como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, derivada del dictamen aprobado en la sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, únicamente en lo que se refiere al quejoso.

Mesa Directiva: Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario”.

         Es todo, señor Presidente.

         - El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias. En esa virtud está a discusión el punto resolutivo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)
        
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

         Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

                - El C. Presidente Núñez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





JUNTA DE COORDINACION POLITICA

         - La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las preguntas parlamentarias por escrito que la Cámara de Senadores formula al Presidente de la República a fin de que amplíe la información relativa al informe que presentó el H. Congreso de la Unión el pasado 1° de septiembre de 2009.

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS POR ESCRITO QUE LA CAMARA DE SENADORES FORMULA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A EFECTO DE QUE AMPLIE LA INFORMACION RELATIVA AL INFORME QUE PRESENTO AL H. CONGRESO DE LA UNION EL 1o DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PAIS

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80 y 82 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que le confiere el Resolutivo Séptimo numeral 5 del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Senado de la República el 3 de septiembre de 2009, somete a la consideración del Pleno el presente ACUERDO al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto aprobado por el Constituyente Permanente que contiene reformas y adiciones a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que como consecuencia de dicha reforma el texto vigente del artículo 69 constitucional quedó del tenor siguiente:

“En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará  el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.  La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esa facultad”.

III. Que como se deduce del nuevo texto vigente del artículo 69 constitucional, la reforma introdujo un nuevo régimen jurídico para la presentación del Informe que por escrito debe presentar el Presidente de la República sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país, incorporando un nuevo formato y estableciendo una nueva regulación sobre las actividades que en relación con dicho informe realizarán las Cámaras del Congreso de la Unión, a saber: El análisis del informe; las comparecencias de Secretarios de Estado, el Procurador General de la República y los directores de las entidades paraestatales que sean citados para ampliar información; y las preguntas que por escrito formulen las Cámaras al propio titular del Ejecutivo Federal para recabar información adicional.
IV. Que el Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 3 de septiembre de 2009 el “Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las normas para el análisis del informe presentado por el Presidente de la República sobre el estado que guarda la administración pública del país, así como los criterios generales a los que se sujetarán las comparecencias de servidores públicos y la formulación de preguntas parlamentarias por escrito al Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 constitucional”.

V. Que al amparo de dicho Acuerdo Parlamentario se desahogaron las sesiones de comisiones conjuntas para el análisis del Informe presentado por el Presidente de la República, así como las comparecencias de los servidores públicos que las propias comisiones decidieron citar para que rindieran informes adicionales.

VI. Que al concluir las comparecencias señaladas en el considerando anterior, el Pleno aprobó, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo por el que se estableció que el Senado de la República formulará al titular del Ejecutivo Federal un total de 50 preguntas parlamentarias y se señalaron los cupos correspondientes a cada grupo parlamentario a razón de: 13 para el grupo parlamentario del PAN; 10 para el grupo parlamentario del PRI; 9 para el grupo parlamentario del PRD; 6 para el grupo parlamentario del PVEM; 6 para el grupo parlamentario de Convergencia; y 6 para el grupo parlamentario del PT.

En el propio Acuerdo se señaló el martes 6 de octubre de 2009, como plazo para recibir las preguntas parlamentarias por parte de los grupos parlamentarios.

VII. Que habiéndose recibido las preguntas por escrito formuladas por los grupo parlamentario, procede integrarlas al presente Acuerdo, en términos de lo señalado por el numeral 5 del Resolutivo Séptimo del Acuerdo Parlamentario del 3 de septiembre del año en curso, a efecto de someterlo a consideración del Pleno para que una vez aprobado se notifique formalmente al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación, dándosele la más amplia difusión mediante su publicación en la Gaceta y en la página de Internet del Senado de la República.

Con base en los fundamentos legales invocados en el proemio, así como en las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propone a la Asamblea Plenaria el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión formula al ciudadano Presidente de la República las siguientes preguntas parlamentarias por escrito a efecto de que amplíe la información relativa al Informe que presentó al H. Congreso de la Unión, el 1o de septiembre de 2009, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país:

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Núm

Tema

Pregunta

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Política Interior

El tercer informe de gobierno reporta diversos resultados de los principales indicadores del sistema de justicia penal 2007-2009, entre los que resaltan los datos de 9.2 sentencias condenatorias obtenidas por cada 100 averiguaciones previas; y los porcentajes de averiguaciones previas concluidas de 52.1 por ciento sobre diversos delitos y 73.5 por ciento en los ilícitos contra la salud; y un promedio mensual de denuncias del orden federal de 10,594.

¿En qué tipo de delitos se logra la sentencia condenatoria y cuáles de los tipos penales reportan mayor impunidad? ¿En qué entidades federativas se presenta en mayor medida este fenómeno? ¿Qué metodología y planeación se está llevando a cabo en la procuración de justicia para que en el ámbito operativo se incremente el número de delincuentes detenidos y se obtenga una sentencia condenatoria?

 

 

 

2

 

 

 

Política Exterior

El informe señala que México ha diversificado sus relaciones hacia diversas regiones del mundo ¿Cuál sería la nueva estrategia a seguir, ya que el Tratado de Libre Comercio de América el Norte y la propia posición geoestratégica de México nos ha impuesto a exportar la mayor parte de nuestros bienes y servicios hacia los Estados Unidos de América, y hoy más que nunca en materia comercial es conveniente apuntalar a México en los nuevos mercados y que funja como medida o paliativo a la crisis mundial actual?

 

3

Política Económica

¿Cómo incide el mantenimiento de regímenes especiales en la caída de de los ingresos presupuestarios y en el incremento de la deuda pública?

 

4

 

Política Social

En el contexto actual de la crisis económica. ¿Qué medidas concretas, se han instrumentado en el Programa Oportunidades para abatir y hacer frente a la crisis, y cuáles son los resultados del mencionado programa en materia de equidad y género?

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Política Interior

En el rubro relativo a la atención a la víctima del delito, se menciona que en el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) de las llamadas recibidas el 42.4% de ellas reportan el delito de extorsión telefónica y posteriormente se menciona que en el marco de los trabajos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se realizó un levantamiento de un primer diagnóstico sobre el ilícito de extorsión telefónica desde el interior de los penales ¿Cuántas denuncias han logrado culminar en el ejercicio de la acción penal contra este delito? ¿A cuántas personas recluidas en planteles del Sistema Penitenciario Nacional se han identificado como presuntos delincuentes relacionados con el delito de extorsión telefónica? ¿En qué entidades federativas se presenta la mayor incidencia de este delito?

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Política Interior

De acuerdo con la información registrada la población penitenciaria en 2009 asciende a 227,021 personas, de las cuales 53,279 se encuentran por delitos del fuero federal. Asimismo, se menciona que los componentes de la reinserción social son el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. El informe menciona que los internos que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en centros federales, a junio de 2009 sumaron 5,082 internos ¿Qué programas de reinserción social se aplican al resto de la población penitenciaria? ¿Cuáles son los índices de reincidencia delictiva por tipo de delito, edad del delincuente y entidad federativa? ¿En qué se ocupa la población de los centros penitenciarios que no participan en las actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas? ¿Qué medidas se aplican para evitar que los Centros Penitenciarios del país no funcionen como “universidades del crimen”

 

7

 

Política Exterior

¿Cuál será el esquema integral de cooperación en materia de seguridad que buscará México con los EUA, considerando que los esquemas actuales no responden a la lucha que mantiene el Gobierno Federal?

 

8

 

Política Exterior

El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en Por disposición constitucional el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de analizar la Política Exterior desempeñada por el Ejecutivo Federal, por ello se deben conocer con antelación las estrategias a seguir y ¿Cuántos y en qué materia son los acuerdos interinstitucionales que suscribió México con otros gobiernos durante este último año? ¿Cuáles votaciones y en qué sentido México ha votado en el ámbito multilateral, por ejemplo en la ONU y en el Consejo de Seguridad, como en otros foros y organismos internacionales de los que México es miembro? ¿Cuáles han sido las postulaciones de mexicanos y de México en los foros multilaterales y bajo qué objetivos y perfiles se presentan sus candidaturas?

9

Política
Exterior

De conformidad con la nueva estrategia de seguridad nacional, cual debería ser la nueva agenda de Derechos Humanos?

 

 

10

 

 

Política Económica

En cuanto a infraestructura carretera ¿Qué seguimiento se le está dando a los elevados costos en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por concepto de mantenimiento correctivo y reconstrucción de la red carretera, operada por este organismo y cuáles son las razones de las tarifas excesivas de peaje que operan en la red carretera federal, incluyendo las carreteras concesionadas a particulares o a los gobiernos de los estados?

 

11

 

Política Económica

¿Cómo se explica que México ocupe el lugar 60 en competitividad a nivel mundial y de qué manera se está trabajando para que en ésta materia, nuestro país salga de su estancamiento y arribe a un proceso de mejora continua?

 

12

 

Política Social

En la actual crisis económica. ¿Qué papel desempeña el Seguro Popular como opción para la creciente población desempleada y qué políticas públicas en materia de salud se están instrumentando para hacer frente a la demanda?

 

13

 

Política Social

¿Cuál ha sido el impacto del programa “3x1 para migrantes” en la utilización de recursos en divisas, generados por mexicanos en el extranjero, en la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población de origen en México?

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Pregunta Parlamentaria 1
Política Interior/Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Fundamentación.

El 2 de enero del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en sus artículos 19, 20, 21 y 22 prevé la creación del Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órganos fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Centro Nacional de Información es el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;

V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y

VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y

d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

Finalmente, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza y le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tiene las facultades siguientes:

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;

VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;

VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y

X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

Pregunta Parlamentaria.

¿Qué grado de avance reporta el proceso de creación de estos tres centros, que acciones han emprendido y qué resultados se han obtenido de las mismas?

Pregunta Parlamentaria 2
Política Interior/Seguridad Pública/Ley Federal de Extinción de Dominio

Fundamentación.

El pasado 27 de agosto entró en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, el objetivo de esta nueva ley es establecer la base normativa para que sin transgredir las garantías constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de audiencia, el Estado Mexicano pueda combatir a la delincuencia a través de la disminución de los recursos que la vuelven poderosa y nutren su impunidad, pudiendo quedarse con las propiedades aseguradas a las personas que estén implicadas en el crimen organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. La idea de la extinción de dominio es destruir las bases financieras y económicas de la delincuencia organizada sin afectar garantías individuales y protegiendo los derechos de los ciudadanos de buena fe.

Por lo que, ahora que ya se tienen todas las bases jurídicas para quitarle a la delincuencia organizada todos aquellos bienes que se utilicen para dichos actos ilícitos y que la ley ha entrado en vigor:

Pregunta Parlamentaria.

¿Cuántas acciones para aplicar la Ley de Extinción de Dominio se han emprendido? ¿Cuáles han sido? Detallar de manera concreta.

Pregunta Parlamentaria 3
Política Exterior/Relación con el Congreso de la Unión

Fundamentación.

En el capítulo de política exterior del tercer informe de gobierno se subraya el interés del Ejecutivo por mantener el mayor nivel de comunicación y entendimiento posibles con el Legislativo en un plano de pleno respeto mutuo. Sin embargo, con cierta frecuencia en el Senado hemos recibido propuestas del Ejecutivo que no abonan los propósitos de entendimiento, toda vez que son recibidas materialmente en vísperas de que tengan lugar los eventos para los cuales se solicita la aprobación de este cuerpo legislativo, lo que limita la posibilidad de hacer su análisis con el detenimiento que ameritan.

Pregunta Parlamentaria.

¿Es posible esperar que haya un esfuerzo de parte del Ejecutivo para presentar al Senado sus propuestas e iniciativas con el tiempo necesario y suficiente para su correcto procesamiento?

Pregunta Parlamentaria 4
Política Exterior/América del Norte

Fundamentación.

En el informe del Ejecutivo Federal no se hace una referencia puntual a los resultados de la Cumbre Trilateral de Líderes de América del Norte y en la declaración conjunta de ese encuentro, realizado en la ciudad de Guadalajara, tampoco se hace mención al estado que guarda la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Por su parte, Canadá está privilegiando su relación con Estados Unidos de América, al mismo tiempo que endurece sus criterios migratorios aplicables a los mexicanos.

Pregunta Parlamentaria.

¿Cuál es el estado real que guardan los propósitos de integración regional de América del Norte y qué está haciendo el gobierno mexicano para contrarrestar la actitud de desentendimiento del gobierno de Canadá?

Pregunta Parlamentaria 5
Política económica/ Recaudación fiscal

Fundamentación.

En años recientes, la discusión del paquete económico en el Congreso de la Unión conduce a un debate recurrente sobre las deficiencias en la capacidad recaudatoria del gobierno federal, sin que veamos una mejoría sustantiva en los ingresos fiscales, así como una mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.
Mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado requiere: dar mayores facultades fiscales a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, contar con una política fiscal integral y de largo plazo que propicie certeza a las inversiones, y mejorar los mecanismos de solución de controversias fiscales, entre personas físicas y morales, así como entre los tres niveles de gobierno.
 
Nuestro país necesita mejorar su eficiencia recaudatoria, toda vez que en un reporte de la OCDE de 2007, México registró uno de los índices más bajos entre las 30 naciones integrantes de este organismo internacional. México recauda el 17.5% del PIB, en tanto que Dinamarca recauda el 46.0%, Suecia el 34.4%, Noruega el 33.2%; siendo la media de recaudación de la OCDE del 24.7%.

Asimismo, la evasión fiscal en México es del 27% según diversos estudios y la base de contribuyentes es de 24.4 millones de personas físicas y morales; en donde el 97% de este total son personas físicas y el 3% son personas morales. Este universo de contribuyentes aportó 696 mil 802 millones de pesos al fisco en el periodo enero-julio del presente año; lo que ha significado una disminución de (-) 13.6% en los ingresos fiscales, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunado a lo anterior, la última cifra del INEGI muestra que hay 12.2 millones de personas en el sector informal y nuestro país ocupa el cuarto lugar en piratería y contrabando a nivel mundial. Lo que implica que estos sectores no sólo no pagan algunos impuestos y sí tienen acceso a bienes y servicios públicos, sino que además constituyen factores que inciden negativamente en los índices de productividad y competitividad del país.

También debe considerarse, que el último Censo Económico del INEGI da a conocer la existencia de 3,005,157 unidades económicas, mientras que la Secretaría de Hacienda informa que sólo tiene registradas 800 mil personas morales en esta base de contribuyentes. Lo cual revela una enorme brecha que no se ha logrado cerrar y representa un universo de recursos fiscales potenciales.

Las bases de certidumbre jurídica para el contribuyente también son limitadas. Debido a que, por un lado, los amparos fiscales son aprovechados por las grandes empresas para hacer negocios y evadir impuestos. Mientras que, por otro lado, los contribuyentes menores tienen recursos de apelación limitados ante la autoridad fiscal, toda vez que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en forma inexplicable, sigue sin operar y carece de titular.

Lo anterior, da lugar a los siguientes cuestionamientos puntuales, debido a que en el Tercer Informe de Gobierno no se muestran avances contundentes en  materia de evasión y elusión fiscal; tampoco existe una propuesta para incentivar y sancionar la incorporación de los informales al sector formal; y no hay avances que otorguen certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Pregunta parlamentaria

¿Cuáles son los factores legales, fiscales y económicos que motivan la evasión y elusión fiscal? ¿Y cuál es la estrategia del gobierno para disminuir la evasión y la elusión fiscal?

¿Cuál es el monto de la inversión en materia informática y tecnológica que se ha destinado para que el SAT cuente con los elementos que permitan fiscalizar con equidad y transparencia a los contribuyentes, y lograr resultados en la eficacia recaudatoria? ¿De qué manera el gobierno federal incrementará la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria, sin cobrar más impuestos a los contribuyentes cautivos? ¿Cuándo entrará en funciones la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente?

Y, finalmente: ¿cuál es la estrategia del Ejecutivo Federal para incluir a las 2205157 unidades económicas que, según las estadísticas disponibles, están fuera de la base de contribuyentes?
Pregunta Parlamentaria 6
Política económica/sector energía/Comisión Nacional de Hidrocarburos

Fundamentación.

En el marco de la Reforma Energética, aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de octubre de 2008 y publicados los Decretos respectivos por el Presidente de la República el 28 de noviembre del mismo año, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.

En este sentido, en los dictámenes elaborados por los legisladores, se destaca la importancia de dicho organismo para contar con “la capacidad técnica y el conocimiento necesario para profundizar en las actividades de PEMEX, de modo que se pueda regular más adecuadamente los planes de explotación y participar en la elección de la tecnología más conveniente. Asimismo, debe tener carácter de Estado para darle a sus decisiones la naturaleza que debe serle propia por la trascendencia que tienen para el desarrollo nacional, las finanzas públicas y la vida económica del país”.

En congruencia con lo anterior, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, establece en su artículo 6 que los Comisionados deben cumplir un conjunto de requisitos mínimos, entre los cuales destacan la edad, nivel educativo, experiencia en la industria petrolera por más de diez años, desempeño profesional, condición para ser servidor público y no tener relación legal o comercial con PEMEX. En particular, en el caso del Presidente de la Comisión, el artículo 5º de la misma Ley establece la exigencia de que debe contar con título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera en los términos del artículo 6º.

No obstante, la relevancia que tiene la CNH para la seguridad energética y la explotación racional de los hidrocarburos del país, este organismo fue constituido tardíamente. En el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, así como en el Informe de Labores de la Secretaría de Energía se omite cualquier referencia a la CNH.

Por lo anterior, se considera conveniente y necesario conocer con detalle las tareas realizadas por la CNH, así como tener acceso a la información y documentación que acrediten el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en Ley para el caso de cada uno de los cinco comisionados nombrados.

Pregunta parlamentaria.

¿Cuáles han sido los avances concretos en la constitución y funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? En este mismo sentido, se solicita al C. Presidente de la República remita a la Cámara de Senadores la información y documentación que a continuación se detalla, relacionada con cada uno de los comisionados nombrados y que permita acreditar fehacientemente todos y cada uno de los siguientes requisitos, contenidos en la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos:

• Ser ciudadano mexicano mayor de treinta y cinco años y menor de setenta.

• Estar en pleno goce de sus derechos.

• Poseer título profesional en las ramas de ingeniería, derecho, economía, administración pública, contaduría o materias afines a la industria energética.

• Tener experiencia reconocida de más de diez años en la industria petrolera.

• Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de la Comisión.

• No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de la designación.

• No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

• No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

• No estar inhabilitado para ser servidor público.

• Además, en el caso del Presidente de la Comisión, deberá acreditarse que posee título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera, conforme lo señala el artículo 5° de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Pregunta Parlamentaria 7
Política social/ Crecimiento de la pobreza

Fundamentación.

En los años recientes, atento a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, han aumentado los recursos destinados a los programas sociales.

Respecto a las recomendaciones que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha hecho, en los aspectos a mejorar de cada programa social evaluado, convendría conocer las disposiciones del Ejecutivo para atenderlas, en particular en lo relativo a la calidad de los servicios de salud y educación que se brindan a los beneficiarios del programa Oportunidades.

Pero más allá de la mejora en la eficiencia de los programas sociales que actualmente se ejecutan, resulta imprescindible complementar el contenido del Tercer Informe con el ausente elemento autocrítico. No hay explicación suficiente y satisfactoria de los resultados que muestra la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares (ENIGH 2008), levantada por el INEGI durante el segundo semestre del año pasado, dada a conocer apenas en julio pasado y analizada por el Coneval ese mismo mes.

El significativo aumento en el porcentaje y número de mexicanos en condiciones de pobreza, medida como patrimonio, como capacidades, o aún alimentaria, requiere de una explicación de parte del gobierno: que tenga presente que los deciles de mayores ingresos en nuestra sociedad no resienten y -en algún caso- aún mejoran su situación, en contraste con la afectación que golpea a los mexicanos de menores ingresos.

Es necesaria una explicación sobre el por qué de la desigualdad en aumento que muestran estos datos; y cómo se propone su combate.

Porque debemos tener presente que los datos aludidos muestran la situación del año 2008, misma que ha resultado agravada con los efectos de la crisis, el desempleo y la disminución o falta de ingresos en millones de familias mexicanas.

Por eso se entiende que la coyuntura obligue a aumentar los recursos a los programas sociales, pero necesitamos no dejar de lado la revisión a lo que se estaba haciendo antes de la crisis y que estaba produciendo tan malos resultados.

Esperamos su respuesta, sus análisis, sus propuestas de cambio para corregir la generación de más pobreza, que la ENIGH muestra se observó entre 2006 y 2008 y que, sin duda, ha resultado críticamente agravada en los meses recientes.

Pregunta parlamentaria.

¿Cuáles son las propuestas para tornar eficaz la acción redistributiva del gobierno? ¿Cuáles son las acciones -a la altura del reto- que propone el Ejecutivo para corregir estos tremendos desequilibrios? ¿Cree que aumentando los montos de recursos destinados a los programas sociales será suficiente? ¿Cuáles son sus propuestas de política económica que respondan a la problemática social?
Pregunta Parlamentaria 8
Política Social/ Reforma agraria

Fundamentación.

La información que proporciona su Tercer Informe de Labores en relación al campo mexicano, da cuenta del dinamismo del sector agropecuario en los últimos años. Sin embargo las cifras macroeconómicas, no se han traducido en mayores ingresos netos para los campesinos. Es indudable la cada vez más creciente iniquidad en la distribución de los recursos públicos, pues particularmente los apoyos a la productividad privilegian a las entidades federativas y regiones donde se concentra la agricultura moderna, en detrimento de la precaria atención a las zonas de la economía campesinas.

¿Qué se puede esperar de los programas de gobierno en el marco de este dualismo económico, social, político y cultural que afecta a la población rural? Esta dicotomía que integra a unos a la globalización y desintegra a otros manteniéndolos en la economía de subsistencia, con programas de carácter social y asistencial que perpetúan su pobreza, reclaman con urgencia una respuesta diferente a la medicina que hoy se receta a este mal endémico del campo mexicano.

Pero aún más, su iniciativa para desaparecer, en lugar de reestructurar una institución tan relevante como lo es la Secretaría de la Reforma Agraria, con problemas difíciles y complejos sin solucionar particularmente en comunidades indígenas y sin haber iniciado siquiera las tareas de organización para el desarrollo rural, nos parece una decisión equivocada. En esta hora de hondas inquietudes sociales, parecería que los campesinos perdieron la batalla ante el Estado, pero lo más preocupante, siguen desarmados frente al mercado. El asunto de fondo es ideológico y tienen que ver con el modelo de crecimiento que orienta el desarrollo nacional.

Por estas consideraciones, señor Presidente y en los términos del artículo 69 constitucional, nos permitimos formularle la siguiente pregunta Parlamentaria:

Pregunta parlamentaria.

¿Su gobierno reconsideraría la iniciativa de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria para convertirla en una institución para el Desarrollo Rural, -disminuyendo desde luego la burocracia-, obedeciendo a una estrategia de política legislativa que busca que las instituciones correspondan y se retroalimenten de la realidad social; que los programas de corte asistencialista, se reviertan a favor de una mayor prioridad para los programas de fomento productivo. Y para enfrentar la actual coyuntura de desastre que afecta al campo mexicano por la prolongada sequía que lo ha golpeado o las inundaciones que han siniestrado las cosechas y la ganadería, el desempleo creciente, el éxodo interminable particularmente de la juventud campesina, impulsar un plan de emergencia que restituyan a los campesinos su patrimonio perdido y les ofrezca nuevas alternativas que les de certidumbre a su futuro?

¿Cuáles son las previsiones del Ejecutivo a su cargo para subsanar las serias deficiencias de planeación y coordinación interinstitucional en el campo, ante la volatilidad de los mercados nacionales e internacionales de alimentos?

Pregunta Parlamentaria 9
Política social/ Desarrollo Rural

Fundamentación.

Al estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional y la rectoría del desarrollo rural sustentable, por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Aunque la ley establece las previsiones necesarias para la coordinación de acciones entre federación, estados y municipios, persisten en la toma de decisiones acciones unilaterales que no honran el federalismo.
El sector agropecuario de México ha estado sujeto a una falta de coordinación del Órgano Interinstitucional y el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en los que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable deposita, como los órganos responsables de la toma de decisiones en materia de política pública de su competencia, la facultad de establecer programas especiales, sectoriales y especiales concurrentes de emergencia si ocurrieren emergencias que lo justifiquen, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fracción IV.

Pregunta parlamentaria.

¿Bajo qué acuerdos del Órgano Interinstitucional y del Consejo Mexicano se tomaron las determinaciones para apoyar a los porcicultores afectados durante el episodio de influenza humana? Se entiende que el objeto de esas determinaciones fue generar acciones para la recuperación del sector porcícola mexicano, pero sería oportuno que informase a esta Soberanía sobre los resultados de las 8 acciones contempladas para tal efecto, tomando en consideración que existe un amplio interés de saber quiénes fueron los beneficiarios de las organizaciones que recibieron 45 millones de pesos para efectuar una campaña de información, promoción y fomento del consumo de carne de cerdo; cuál fue el fin de los más de mil millones de pesos en créditos destinados a la pignoración, prendarios, reportos y avíos de carne de cerdo mediante el Fondo Nacional de Garantías, así como de los recursos canalizados a través de Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura a partir de prórrogas y renovación de préstamos al sector.

En complemento a esta información, sería altamente deseable saber quiénes accedieron a los beneficios otorgados por el Fondo Nacional de Administración de Riesgos para la adquisición de coberturas de precios de canales porcinos, y quiénes fueron los porcicultores y productores de cerdos que contaron con el 100% de apoyo del costo de la cobertura de precios del grano, mediante los esquemas contractuales y la movilización de las cosechas de trigo cristalino y maíz, para lo cual se destinaron mil millones de pesos.

Pregunta Parlamentaria 10
Desarrollo Social/Salud

Fundamentación.

La salud de los mexicanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. Es por ello que el Partido Revolucionario Institucional tiene por mandato buscar acciones encaminadas al bienestar de la población y salvaguardar los derechos constitucionales en materia de salud.

El desarrollo de México, así como la viabilidad de nuestro país, dependen en gran medida de la calidad que logremos brindar a la salud de la población.

Sabemos también, que las transiciones epidemiológicas y poblacionales que vivimos actualmente han prolongado la esperanza de vida, lo que ha provocado otra dinámica en el Sistema Nacional de Salud en materia de gasto. El tratamiento de las enfermedades es cada vez más especializado, largo y costoso, mientras que aún persisten las insuficiencias en el abasto de medicamentos accesibles a la población.

La llamada “transición epidemiológica” muestra un nuevo espectro de enfermedades en el país y, esto, sin duda, es preocupante toda vez que las enfermedades de hace tres o cuatro décadas en algún sentido se han disminuido, pero ahora, se han presentado otras con una frecuencia mayor tales como: La diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer, la cirrosis, el SIDA, el crecimiento en el número de accidentes entre los jóvenes, el consumo de alcohol, drogas y otros estupefacientes, así como una larga lista de enfermedades crónico degenerativas.
Lo anterior, crea un cuadro preocupante para las políticas públicas de salud en nuestro país, ya que éstas, van asociadas a los tratamientos, incluyendo el acceso a las medicinas de alta especialidad.

Nos enfrentamos dramáticamente al hecho de que las instituciones públicas del sector salud han sido sistemáticamente debilitadas a lo largo de la última década. El día de hoy podemos constatar los graves problemas financieros por los que atraviesan y, como consecuencia, el detrimento en la atención de los servicios de salud para atender los nuevos requerimientos que la sociedad mexicana demanda.

Este nuevo cuadro de perfil epidemiológico que estamos viviendo en el país le pega más a los que menos tienen. Esta situación y la falta de recursos fiscales, requieren de una política de salud más agresiva e imaginativa, donde a la población de menos ingresos se le garantice el acceso a estos tratamientos y medicamentos de calidad.

Se requiere fortalecer el Sistema Nacional de Salud a través de esquemas que permitan una cobertura nacional con suficientes unidades hospitalarias, tecnología de vanguardia y de investigación, que permita que el sistema en su conjunto sea verdaderamente una palanca de desarrollo social.

Después de revisar minuciosamente el Tercer Informe Presidencial en materia de salud, para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional queda claro que es mucho el camino por recorrer. Los principales indicadores muestran un rezago importante en las personas más pobres que viven en los estados del sur y, sobre todo, de los habitantes de los municipios altamente marginados. Entre los grupos de población más vulnerables se encuentran los indígenas, los discapacitados, las mujeres y los niños, quienes representan en su conjunto, las cifras con mayor rezago en materia de salud.

A tres años del Gobierno del Presidente Felipe Calderón no hemos logrado ver una decisión enérgica y sustantiva de política pública para orientar acciones y recursos hacia los que no tienen acceso a la salud. Se podrá decir que el Seguro Popular ha sido la respuesta, sin embargo y desde diferentes espacios, hemos concluido que no ha dado los resultados deseados.

En conclusión, debemos admitir que falta un enorme trecho para garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos y por brindar una mejor calidad en la atención. La salud debe verse como uno de los pilares que sustente la solidaridad social y evite cada día mayores desigualdades.

Pregunta parlamentaria.

¿Qué se está haciendo y cuáles serán las estrategias encaminadas durante los tres próximos años, para ver un verdadero avance hacia la equidad y la justicia social en materia de salud? ¿Cómo enfrentaremos los requerimientos en la innovación científica y hasta cuándo podremos valernos de instituciones propias para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, ponerlo a la vanguardia y atender las transiciones epidemiológicas y poblacionales a las que irremediablemente nos enfrentaremos en los próximos años?

¿Será suficiente el Seguro Popular como el vehículo financiero para brindar los servicios esenciales de salud a cientos de miles de familias hasta ahora excluidas de la seguridad social? ¿El Seguro Popular será capaz de soportar las demandas de una población que demanda mejores servicios de salud?

¿Qué hay de la vinculación con las universidades y de miles de científicos e investigadores mexicanos que desean realizar aportaciones en esta materia y, que lo que buscan, es justamente la confianza y el financiamiento por parte de las autoridades para desplegar su talento en beneficio de la medicina en nuestro país?
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

TEMA 1. POLITICA INTERIOR

PREGUNTA 1.

En la comparecencia del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó que “…la apropiación de nuestros derechos como población pasa por el ejercicio del derecho a la identidad. Actualmente en México no existe un mecanismo que nos garantice que todo individuo ejerce de manera plena y exclusiva su identidad jurídica. La cédula de identidad es la respuesta para subsanar esta carencia.”

Anteriormente y en el marco del 150 aniversario del Registro Civil, el mismo funcionario expresó que dicha Cédula de Identidad tendría “tecnología de punta para incorporar datos biométricos”.

Con ese objetivo, el gobierno federal está pidiendo mil 138 millones de pesos para instrumentar la Cédula de Identidad, acción que ya está siendo impulsada.

Frente a ello, para conocer los pormenores de esa medida gubernamental, los días 5 y 12 de agosto y 14 de septiembre de 2009, ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Senado de la República se presentaron sendos puntos de Acuerdo por Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, con el espíritu común de solicitar se rinda un Informe respecto de los alcances de la Cédula y de los actos realizados hasta ahora para instrumentarla; proposiciones cuyos resolutivos fueron redactados en los siguientes términos:

Proposición presentada por los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez, Carlos Lozano de la Torre y Adolfo Toledo Infanzón, el 5 de agosto de 2009, ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través del C. Secretario de Gobernación, presente un informe urgente a esta Soberanía que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula.

Proposición presentada por la Senadora Claudia Corichi García y el Senador Tomás Torres, el 12 de agosto de 2009, ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta atentamente al C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para que suspenda la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana hasta que se ajuste el marco normativo a las necesidades actuales y se mejoren las condiciones económicas en el país.

Proposición presentada por el Senador René Arce Islas, el 14 de septiembre de 2009, ante el Pleno del Senado de la República:

PRIMERA. En el marco de la glosa del informe en la que deberá comparecer el titular de la Secretaría de Gobernación, además de los puntos sustantivos que éste deberá abordar para explicar los resultados de la política interior del país, se hace necesario que rinda un informe detallado en relación a programa para instrumentar la Cédula de identidad ciudadana, cuál es su naturaleza, sustento jurídico, alcance, ámbito de aplicación, tiempo de desarrollo, competencia tecnológica, si en este programa están previstas licitaciones y la intervención del sector privado o empresas extranjeras, seguridad, confidencialidad de datos, si está previsto que esta información sea de uso indiscriminado y común con las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, cómo se prevé que no haya sanciones al ciudadano que no porte dicha cédula y cómo garantizar la procuración de trámites, servicios, y beneficios aún sin contar con dicha identificación, respeto a los derechos humanos, etc.

SEGUNDA. Se exhorta al gobierno Federal y específicamente a la Secretaría de Gobernación a no emprender ninguna acción hasta no se rinda dicho informe detallado al Senado, Soberanía que solicitará la presencia de la Colegisladora con el propósito de evaluar la información gubernamental al respecto y emitir sus opiniones y reservas para que sean atendidas por el gobierno Federal antes de desarrollar el programa de Cédula de Identidad Ciudadana. Ello incluirá, de resultar necesario, una adecuación del marco normativo para garantizar que el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana sirvan al propósito específico considerado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para beneficio del país y de las y los mexicanos.

Sin embargo, la respuesta a dichos requerimientos de información ha sido omisa por parte del Ejecutivo, pese a que fueron aprobados y comunicados con oportunidad por la propia Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión las dos primeras proposiciones, en los siguientes términos:

Proposición presentada el 5 de agosto de 2009 y aprobada por el Pleno como asunto de urgente resolución:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través del C. Secretario de Gobernación, presente un informe urgente a esta Soberanía que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula.

Dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, aprobado por el Pleno el 26 de agosto de 2009, que resuelve la proposición presentada el 12 de agosto del mismo año:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Gobernación rinda un informe a esta Soberanía respecto del estado en que se encuentra el procedimiento de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, a fin de que de que se determine la pertinencia de su implementación, en virtud de las circunstancias que vive el país.

El asunto de referencia es de relevancia para este órgano legislativo federal, en tanto que atañe a la esfera jurídica de todos los gobernados en la República mexicana; por lo cual, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República expresa al titular del Poder Ejecutivo Federal, como primera cuestión, lo siguiente:

Se reiteran las solicitudes de información realizadas por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los días 5 y 26 de agosto del año en curso, con relación a los actos para la expedición de una Cédula de Identidad Ciudadana, por lo que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que envié al Senado de la República un informe que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula y exprese el estado en que se encuentra el procedimiento para su expedición, a fin de que de que se determine la pertinencia de su implementación, en virtud de las circunstancias que vive el país.
PREGUNTA 2.

El 10 de febrero del presente año, el Estado mexicano se presentó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar cumplimiento a la Resolución 5/1 de este Consejo, misma que estableció y aprobó el mecanismo del Examen Periódico Universal, principal herramienta del Consejo para vigilar y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los países miembros.

La delegación mexicana que presentó el informe en la materia estuvo encabezada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien estuvo acompañado de funcionarios de diversas dependencias del Ejecutivo Federal y una representación del Poder Legislativo. A esta actividad también asistieron representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del país.

Se hicieron 91 recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos, de las cuales el secretario Gómez Mont aceptó 83 y dejó reservadas 8 para ser analizadas y respondidas en el mes de junio. Si bien, al seno de la Comisión de Derechos Humanos se reconoció la cooperación del gobierno mexicano con los mecanismos internacionales de derechos humanos y su reconocimiento de la competencia de éstos para recibir denuncias, también fueron planteados severos cuestionamientos y recomendaciones por la grave situación que guardan los derechos humanos en nuestro país:

a) las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas que están realizando labores de seguridad pública, específicamente en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, y

b) la jurisdicción del fuero militar para investigar, procesar y juzgar a elementos del Ejército y la Armada, presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos de la población civil. 

El pasado mes de junio, nuevamente, una delegación encabezada por la Secretaría de Gobernación se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar respuesta a las 8 recomendaciones reservadas que son:

1. Adecuar la definición de delincuencia organizada de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;

2. Abolir la práctica del arraigo;

3. Asegurar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país;

4. Extender la jurisdicción civil sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares;

5. Seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para garantizar que sean los tribunales civiles quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio;

6. Conceder jurisdicción a las autoridades civiles para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, en el caso de que la participación militar se esté realizando en la lucha contra la delincuencia organizada, se adopten las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos;

7. Revisar las disposiciones legales pertinentes para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares sean conocidos por tribunales civiles
8. Restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad.

De éstas 8, el ejecutivo federal explicó que 5 de ellas (las referidas a la jurisdicción y fuero militar) o no eran “aplicables” o habían sido “resueltas” pues ya había militares sancionados por violar derechos humanos (sic). Otras tres fueron totalmente rechazadas:

1. Abolir la práctica del “arraigo”.

2. Acatar “las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) y la Oficina del Alto Comisionado a fin de garantizar que sean los tribunales civiles quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio” y

3. Revisar las condiciones legales para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares puedas ser sancionadas por cortes civiles.

El rechazo del gobierno mexicano a las dos recomendaciones que se refieren al fuero militar y a la falta de transparencia de la justicia militar, en cuanto a los procesos contra elementos del Ejército acusados de violaciones graves a los derechos humanos, generó diversas reacciones en el ámbito internacional, en particular el rechazo a las recomendaciones sobre fuero militar bajo el argumento de que ya estaban atendidas porque se había juzgado y sentenciado a militares violadores de derechos humanos.

En relación con la negativa a aceptar la recomendación del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abolir la práctica del arraigo, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal que sea el conducto para transmitir al titular de la Procuraduría General de la República el siguiente cuestionamiento, a efecto de que, en estricta observancia de la independencia que debe caracterizar a dicho órgano del Estado mexicano, informe a este órgano legislativo federal:

¿Cuántos arraigos fundados total o parcialmente en declaraciones de testigos protegidos o en documentos anónimos se han practicado desde que se publicó el decreto de reforma constitucional que los permite, el 18 de junio de 2008? ¿Cuántos se han convertido en consignaciones ante juez? ¿Cuántos han resultado en la apertura de procesos penales? Y ¿cuántos han sido negados por la autoridad judicial?

TEMA 2. POLITICA EXTERIOR

PREGUNTA 3.

El 12 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una recomendación al Consejo para el establecimiento de una Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea. Con esta determinación, México se posicionó como uno de los interlocutores más importantes de la Unión Europea.

Una vez formalizada dicha Asociación Estratégica, nuestro país se ha convertido en la única nación en el mundo en poseer este status y al mismo tiempo contar con un Acuerdo Global de Libre Comercio, Diálogo Político y Cooperación.

En este contexto, resulta pertinente preguntar:

¿Cuáles son las propuestas específicas y las prioridades del gobierno mexicano para dar forma y contenido a la asociación estratégica entre México y la Unión Europea? ¿Cuáles son las áreas y los rubros en los que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podrían trabajar más estrechamente para impulsar la construcción de una sociedad estratégica entre México y la Unión Europea, buscando en todo momento fortalecer y consolidar los lazos entre nuestras naciones? ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal para convertir a la Unión Europea en una región prioritaria que nos permita enfrentar con éxito el reto de la diversificación económica y comercial?
TEMA 3. POLITICA ECONOMICA

PREGUNTA 4.

El pasado 24 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte al gasto gubernamental que suma un total de 85,000 millones de pesos, debido a la caída de los ingresos presupuestarios, que se prevé sea de 480,100 millones de pesos para 2009. Según el titular de la Secretaría de Hacienda, aproximadamente el 80% del recorte corresponderá al gasto corriente y 20% al de inversión. El impacto que dicha restricción presupuestal generará en la ejecución de programas prioritarios para el crecimiento económico y la superación de la pobreza en México, nos motiva para preguntar al titular del Ejecutivo Federal:

¿De qué manera se afectan las metas económicas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 por el recorte de 85,000 millones de pesos? ¿Cuál es el monto de recorte presupuestal realizado en cada una de Secretarías y dependencias del gobierno federal? ¿Cuáles son los programas y proyectos de inversión afectados y los montos reducidos en cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios para recortar el presupuesto a cada uno de esos programas o proyectos de inversión? ¿Por virtud de estos recortes, cuantas personas son desempleadas en cada una de las dependencias afectadas?

Dentro del mismo eje temático, resalta que entre las dependencias federales más afectadas por el recorte al gasto público en la administración federal se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Si suponemos que ambos órganos son necesarios para la educación y el desarrollo científico en nuestro país, es preciso saber: ¿Cómo se afecta la calidad de la educación y de los proyectos de investigación por el recorte presupuestal? ¿Cuáles son los montos recortados a cada una de las Universidades Públicas? ¿A cuánto ascienden los recortes presupuestales en educación básica, educación media superior, educación para adultos y posgrados? ¿Cuántos alumnos son afectados en cada uno de los niveles escolares, debido al recorte presupuestal? ¿Cuáles son los efectos de los recortes sobre la construcción de infraestructura educativa en el país y en cada uno de las entidades federativas? ¿Cuáles son los proyectos de construcción de infraestructura educativa que se suspenden o prorrogan su ejecución debido al recorte presupuestal?

Además, ¿Cuál es el monto que se recortó al CONACYT y cuáles son los programas de investigación afectados por los recortes presupuestales, así como los montos a cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios utilizados para definir los proyectos que fueron afectados? ¿De qué manera se retrasa el avance tecnológico y científico del país con estos recortes? ¿Cuáles son los programas de investigación y desarrollo tecnológico que se dejaron de financiar debido al recorte presupuestal? ¿Cómo afecta esta situación a los avances del país en materia de conocimiento científico? ¿Cuáles son los criterios y razones para establecer un nuevo tabulador de montos para las becas de posgrado nacional?

PREGUNTA 5.

La inversión en infraestructura ha sido el estandarte del gobierno federal durante la administración actual. Es anunciada reiteradamente como una de las estrategias para promover la competitividad, primero, y más recientemente como política para contrarrestar los efectos de la recesión global; pero, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) ha tenido un avance limitado.

En enero de 2009, como parte del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, el Ejecutivo Federal anunció la aceleración del Programa Nacional de Infraestructura, con un monto de 570,000 millones de pesos (mdp) para la construcción de infraestructura en 2009. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México anunció que este año ejercería un presupuesto histórico de 70,000 mdp, de los cuales 50,000 mdp se destinarían a infraestructura carretera. Frente a ello y al conocimiento de las restricciones presupuestales impuestas por el gobierno federal, solicitamos al titular del Ejecutivo Federal nos informe:

¿Cuáles son los proyectos de inversión de infraestructura que se están llevando a cabo en cada uno de los sectores? ¿Cuál es el grado de avance técnico y financiero de cada uno de los proyectos? ¿Cual es el monto de subejercicio en cada uno de los proyectos? ¿Cuáles fueron los proyectos de inversión y los montos en que fueron afectados por el recorte presupuestal? ¿Cuántos empleos se crearon en cada uno de estos proyectos?

Además, ¿cómo se han distribuido los recursos del PNI a nivel estatal? ¿De qué manera el PNI está contribuyendo a reducir las disparidades económicas entre las entidades federativas del país? ¿Por qué el PNI no se cumplió como lo había programado el Gobierno Federal? ¿Cuáles fueron las restricciones en materia de contrataciones que frenaron la realización de los proyectos? ¿Cuáles son las limitaciones de orden institucional que han retrasado la ejecución de los proyectos del PNI? ¿Por qué el programa nacional de infraestructura no ha logrado el objetivo trazado por el gobierno de evitar una de las peores caídas del producto interno bruto, acompañada de alto nivel de desempleo? ¿Cuál es la nueva estrategia que utilizará el gobierno federal para garantizar que los proyectos de infraestructura sean ejecutados?

PREGUNTA 6.

Desde el mes de diciembre de 2008 se ha dado una desgravación arancelaria generalizada, que si bien no se refiere a la totalidad, sí a la mayoría de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Dicha medida obedece a la política del Ejecutivo Federal por la apertura comercial y facilitación del comercio, a fin de que las empresas sean más competitivas hacia el exterior. La realidad es que México ha adquirido compromisos internacionales, a fin de ser ubicado como un país sin grandes barreras comerciales.

La desgravación arancelaria y la eliminación de cuotas compensatorias no han sido aprovechadas del todo por las empresas mexicanas para mejorar sus procesos productivos, todo lo contrario, los costos de insumos y sobre todo de manufactura en otros países son en muchas ocasiones más bajos de los que se pueden ofrecer en México. Por consiguiente al eliminar los impuestos al comercio exterior resulta más fácil que productos extranjeros invadan el mercado nacional y por lo tanto, que la competencia sea mucho más agresiva y desleal.

La crisis actual impide que los consumidores busquen calidad sobre precio, prefiriendo adquirir mercancías a costos bajos, lo que por ende deja fuera de los mercados internacionales a la gran mayoría de nuestros productores nacionales.

Así, entonces, ¿cuáles fueron las razones de urgencia por el que se justifican las medidas arancelarias impuestas el 16 y 24 de diciembre de 2008? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron del establecimiento de las medidas y en qué magnitud se preservaron los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional?

Además, se solicita al titular del Ejecutivo Federal que presente el informe o estudio de mercado en el que se puntualice cuales son los sectores y cadenas productivas en los cuales no se tiene desventaja económica o comercial con respecto al extranjero que justifique el reajuste arancelario.
PREGUNTA 7.

Durante el mes de septiembre pasado, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncio la adjudicación de manera directa el contrato para la construcción de dos plantas desulfuradoras en las refinerías de Tula y Salamanca, para elaborar gasolinas con ultra bajo azufre (UBA), por un contrato de 458 millones de dólares. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, considerando que la industria petrolera nacional representa una palanca eficiente para detonar la recuperación y el desarrollo económico de nuestro país, pregunta al titular del Ejecutivo Federal:

¿Cuál es el nivel de experiencia y de capacidad técnica de cada una de las empresas que participaron durante el proceso de licitación? ¿Cuál es el grado de contenido nacional que presento cada uno de los oferentes en el proceso de licitación? ¿Cuáles son los criterios de oferta técnica y económica por los que se adjudicó el contrato a la empresa de origen italiano “Saipem” y no a los demás concursantes? Explique los motivos por los que no se atendió la recomendación del testigo social: “Instituto Mexicano de Auditoría Técnica” respecto del proceso licitatorio anunciado.

TEMA 4. POLITICA SOCIAL

PREGUNTA 8.

Según indicadores que da la SECRETARIA DE SALUD en su Programa Nacional de Salud 2007-2012, México sólo cuenta con 1.85 Médicos por cada mil habitantes, cuando la OCDE recomienda 2.9. Así mismo, sólo contamos con 2.8 Enfermeras, y la OCDE recomienda 8. Contamos apenas con 0.74 camas por cada 1000 habitantes (el IMSS tiene 0.87 y la Secretaría de Salud 0.63) se recomienda mínimo 1 cama por cada 1000 habitantes.

Estos son indicadores que nos preocupan y deben preocuparnos a todos, pues muestran claramente nuestro grave rezago en salud. Debe preocupar principalmente al ejecutivo que es el encargado de proporcionar servicios de salud de calidad a todos los mexicanos, por ello preguntamos:

¿Cómo tiene planeado el Ejecutivo Federal resolver este rezago en los servicios de salud? ¿Cómo y cuándo se logrará la cobertura universal y con qué calendario? ¿Cuáles enfermedades y/o tratamientos quedarían fuera de los servicios de salud del gobierno bajo la cobertura universal que está planteando el Ejecutivo?

PREGUNTA 9.

El IMSS contrató la prestación de servicios informáticos con la empresa TATA Consultancy Services de México, mediante el contrato de adjudicación 00641259-019-07, el cual supera los tres mil millones de pesos. El PRD considera que dicho contrato tiene múltiples irregularidades durante su proceso de licitación. Hoy son desconocidos los nombres, listados y nominas de tal empresa, por lo que se demanda un escrupuloso escrutinio, debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplazan a mexicanos en servicios que tradicionalmente contrataba el Instituto a través de empresas mexicanas. Por lo anterior:

¿Cuáles son las razones para admitir el mecanismo de alianza de un extranjero no participante en una licitación, a efecto de subsanar las observaciones e irregularidades del proceso de contratación de la empresa tata consulting? ¿Cuáles son los términos y condiciones de tal instrumento? ¿Cuántas son las horas cubiertas de prestación de servicio, bajo este contrato? ¿Cuáles son los productos, entregables o instrumentos de medición de las horas hombre facturadas, así como el origen de los consultores o bien las empresas subcontratistas empleadas?
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

Política Económica

1.- La política económica nacional, es uno de los asuntos que merecen la mayor atención en el análisis de este Tercer Informe de Gobierno, ya que este ámbito es el que repercute de manera más sensible en el desarrollo familiar mexicano. En el Partido Verde estamos conscientes de que la falta de ingreso y su adecuada distribución, han colocado a la sociedad mexicana bajo un esquema de alta pobreza, marginación y nula competitividad. Sin embargo, la difícil situación por la que hoy atraviesa la economía mundial, nos obliga a enfrentar este contexto mediante nuevos esquemas, en donde la voluntad política, la colaboración y la eficiencia del Legislativo y del Ejecutivo, sean premisas indispensables para ofrecer a los ciudadanos opciones palpables en su bienestar. Ningún país puede darse el lujo de no crecer, como ningún país puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso. Se ha señalado abiertamente que existen 20 millones de mexicanos bajo condiciones de pobreza alimentaria, este dato no ofrece la fotografía completa de la situación que enfrenta nuestra sociedad. Derivado de los anterior, quisiéramos saber, ¿Cuáles son específicamente las condiciones que requiere el Estado para que el país crezca en un entorno de crisis como el actual, tomando en consideración el círculo vicioso en el que estamos inmersos de crisis recurrentes, menor crecimiento, menores empleos, menor competitividad y mayor empobrecimiento, y cómo se puede romper la dinámica de subdesarrollo?

2.- Resulta lamentable que el gobierno haya tenido que recurrir a la imposición de mayores gravámenes con la simple justificación de recaudar más, ya que si bien se requiere de más ingresos y se ha solicitado un mayor endeudamiento, esto debe realizarse con prudencia para llenar de alguna manera el boquete fiscal en el que la economía se ha inmerso. Sin embargo, quisiera preguntarle ¿Por qué no se consideraron la creación de impuestos ambientales que no sólo contribuyeran a una mayor recaudación, sino que sirvieran para corregir la explotación desmedida de los recursos naturales, que considerara el impulso de energías renovables, el ahorro energético, y medidas que en general contribuyeran a sustituir al petróleo como nuestro único medio para obtener recursos públicos, sabemos qué la política fiscal nacional sigue considerando a los mismos de siempre y no se hace algo para ampliar la base gravable en forma efectiva, y cuáles son los principios económicos que se están tomando para sentar bases sólidas a futuras generaciones, respecto al aprovechamiento adecuado de los recursos naturales?

Política Social

3.- Sin lugar a dudas han sido trascendentes los resultados que ha obtenido el Gobierno en materia de protección civil para fortalecer la prevención y la atención oportuna de las situaciones de contingencia que ha enfrentado el país. En este sentido ha sido amplia y exitosa la colaboración de las diversas instituciones públicas y del Sector Privado. Sin dejar de considerar esos logros, no podemos dejar de observar que aún se presentan importantes incrementos en materia de pobreza, desempleo, insalubridad, marginación social y deserción escolar. Las cifras nos muestran que son de las más altas en la historia reciente del país y que se están frenando los esfuerzos por desarrollar una mayor participación ciudadana y una sociedad más crítica e informada. Un claro ejemplo de esta situación la podemos ver en los niveles que alcanzó el desempleo en el pasado mes de julio, desde hace 13 años no se veía que el 6.12 por ciento de los mexicanos no tuviera  trabajo, lo cual representa 2.8 millones de personas que no generan ningún tipo de ingreso.  Hemos descuidado la producción de nuestros campos, de nuestros mares y de nuestras minas. Llevamos muchos años sin estimular a fondo a nuestras industrias y universidades, la delincuencia organizada ha crecido ilimitadamente, se han permitido conductas que generan el rezago de millones de alumnos, seguimos propiciando la evasión fiscal y el incumplimiento de sectores que cuentan con impresionantes recursos para apoyar la recuperación del País, aún tenemos una gran dependencia del exterior, existen conductas que dañan severamente a la salud humana y al medio ambiente, seguimos tolerando importantes casos de impunidad e injusticia, y aún hay grupos privilegiados que poco hacen por  el bienestar general y que consumen cuantiosos recursos en perjuicio de millones de mexicanos. Ante este complejo escenario, nos gustaría conocer, ¿Qué medidas estaría dispuesto a emprender su Gobierno para acabar con esos privilegios ofensivos y con ese abandono social y económico?

4.- En comparación con 2008, el gasto en desarrollo social tuvo un incremento de 7.4 por ciento. Y en lo que se refiere a los programas para superar la pobreza, para este año se aprobó un monto por 243 mil 725 millones de pesos, equivalente a 14.4 por ciento más en relación con el año anterior. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México lo anterior resulta de gran trascendencia, ya que es primordial que el gasto aprobado se utilice de manera adecuada, y que mejor que esos recursos se apliquen a los programas sociales que se traducen en verdaderos apoyos para la gente que más lo necesita. En este orden de ideas, a últimas fechas el Presidente ha realizado declaraciones en donde expresa la desaparición de diversos programas sociales, exponiendo que se va a hacer más con menos, lo cual nos llena de preocupación. Dichas declaraciones contrastan, sin embargo, con el proyecto de apoyar más a los sectores desprotegidos del país, mediante la consecución de ahorros en el aparato burocrático y por medio de un incremento considerable al cobro de los impuestos. Esta es la parte que nos ocupa en la presente pregunta, ya que no sabemos, entonces, cómo y cuándo se verán beneficiadas todas estas personas que viven en el atraso y la marginación, es decir, ¿Cuáles serán las políticas públicas (planes, proyectos y programas) a seguir para gastar esos recursos que se captarán de más, en favor de los más necesitados y, sobre todo, que se hará también transparentar y rendir mejores cuentas de todo ello al pueblo de México quien será quien financie dichas políticas gubernamentales? Al respecto consideramos que no basta con afirmar que “por primera vez en la historia, los recursos van a llegar a quien más los necesite y de una manera transparente”. ¿Ello quiere decir, entonces, que nunca se ha hecho así? No podemos faltarle al respeto de esta manera a los mexicanos. El problema de la pobreza en nuestro país es enorme, por lo que se tiene que diseñar un esquema para que el desarrollo social combata de manera integral (y no con programas aislados), la pobreza y la desigualdad.

Política Interior

5.-  Los varios miles de millones de pesos que anualmente se destinan al Sistema de Seguridad Pública, los más de 14 000 muertos que se asocian a ejecuciones del crimen organizado, las decenas de miles de personas que han sido secuestradas o agredidas violentamente en fecha recientes, el severo incremento en los delitos federales y la grave saturación del sistema penitenciario, son testimonio fiel de los retos que aún debemos afrontar para recuperar la estabilidad y la paz social en el país. Sin duda esto representa uno de los mayores retos en materia de Política Interior. La guerra sin cuartel a la delincuencia organizada y el enorme esfuerzo que han desplegado las fuerzas armadas mexicanas para preservar la seguridad e integridad del País, pronto serán un capítulo muy importante en los libros de Historia de México. Estos criminales han estado durante un largo tiempo y sin presión alguna, dedicados a la piratería y al robo sistemático; al tráfico de enervantes, de armas, de órganos o de indocumentados; a los secuestros, asesinatos y estafa; a la prostitución y al tráfico de personas; así como a un amplio espectro de delitos que han atentando sin misericordia contra la vida, la seguridad y el patrimonio de numerosos mexicanos. Casi ninguna otra Nación del planeta ha tenido que afrontar retos de esta magnitud y complejidad. Los inmensos recursos del crimen organizado, sumados a su gran capacidad corruptora y de  persuasión, han sido un enorme obstáculo para poder recuperar el clima de seguridad y           desarrollo que durante largas décadas tuvieron la mayoría de nuestras comunidades. La trascendencia de garantizar nuevas condiciones de seguridad a la población actual y a las nuevas generaciones del País, obligan a establecer, en esta materia, políticas de mediano y largo plazo para  evitar que en pocos años el crimen organizado recupere los importantes espacios que ha perdido, ante el embate de nuestras fuerzas públicas. Por lo anteriormente expuesto ¿Podría señalar las medidas que habrá de establecer su Gobierno para  asegurar -en el mediano y largo plazos- la continuidad de los esfuerzos que permitan erradicar la delincuencia organizada en nuestro País?
Política Exterior

6.- Durante varias décadas la política exterior de nuestro país ha sido un orgullo para todos los mexicanos. Con tesis fundamentales y actores excepcionales, en el contexto internacional los mexicanos logramos hacernos respetar por todas las naciones. Los principios de política exterior son el resumen de la historia nacional y han sido la piedra angular en la que los gobiernos han fincado su actuación en el contexto internacional. Principios como la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación internacional, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y seguridad internacionales dan vigencia plena al desenvolvimiento de México en el exterior. En su manejo no hay lugar para preferencias personales, partidistas o coyunturales. México es una Nación libre, independiente y soberana que debe actuar internacionalmente siempre apegada a derecho y ceñirse a lo que establece nuestra Carta Magna, así como a la tradición de respeto absoluto a los asuntos de otros estados que siempre nos ha distinguido. Lo anterior no quiere decir que el PVEM apoye la inactividad, en lo absoluto. Por el contrario estamos por un activismo internacional que logre una mayor presencia de México en los principales foros y en las diferentes regiones que conforman al mundo. Al respecto, en el Partido Verde Ecologista de México nos parece que ha existido un gran avance en el gobierno del Presidente Felipe Calderón retomando el liderazgo en el campo internacional latinoamericano, la recomposición de las Relaciones Internacionales con los países latinoamericanos ha sido muy importante y benéfico para nuestro país. El recuperar parte del terreno perdido con Venezuela fue y es una señal clave. De igual forma, aplaudimos el acercamiento del gobierno mexicano a la Isla Caribeña, así como la viabilidad de normalizar las relaciones bilaterales entre México y Cuba. No obstante lo anterior, la diplomacia del país en este último año no ha logrado proyectar una imagen de México ante la comunidad internacional como un país democrático, en asuntos de tratados y acuerdos comerciales no ha sabido insertarse de manera competitiva en los mercados extranjeros, es decir que como país estamos reflejando un perfil bajo y una falta de agenda internacional estratégica para resolver los asuntos en materia de Política Exterior. México necesita de una Política Exterior que se sustente en objetivos concretos y en estrategias de relaciones bilaterales y multilaterales adecuadas que estén orientadas a mejorar de forma directa las condiciones internas fundamentándose en objetivos concretos y delimitados por el proyecto de nación. Debe mejorar su posición negociadora frente a otras naciones con el fin de posicionar a nuestro país en el escenario global y regional. Y es por todo lo anterior que queremos saber, ¿Cuáles son las estrategias y metas a conseguir la consecución de objetivos vinculados a nuestra seguridad y desarrollo, enfocadas a la promoción del progreso y al fortalecimiento de la soberanía nacional, y cómo y de qué manera se establecerían los vínculos efectivos de diálogo político, comercio e inversión con otras naciones, con el fin de complementar y mejorar el equilibrio a nuestras relaciones internacionales?

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Política Económica

En los últimos doce meses el país ha vivido una etapa de incertidumbre económica y política, frente a un sin fin de pronunciamientos oficiales que parecen no señalar rumbo y sobresaturar de información a la sociedad en un claro entorno de creciente desempleo y pobreza.

En el término de una semana -del 1° al 8 de septiembre-, al despliegue mediático del Tercer Informe de Gobierno, entregado al H. Congreso de la Unión, se satura a la sociedad y al Poder Legislativo con el pronunciamiento del Ejecutivo de “10 puntos para cambiar de fondo a México”, seguido por la Propuesta de Paquete Económico 2010.
Las propuestas gubernamentales en materia económica no eluden las restricciones presupuestarias, pero evitan las precisiones necesarias de los márgenes reales de maniobra. Uno de los márgenes está dado por el abultado gasto corriente y otro por romper las restricciones artificiosas que impiden acrecentar la deuda pública, obligando a implantar recortes procíclicos cuando la economía sufre una crisis y las prácticas internacionales van en sentido inverso.

En todo caso, los recursos fiscales comprometidos se reciclarían al sector empresarial, evitando caídas adicionales en la producción y el empleo y la propia recaudación tributaria. Además, ese gasto no tendrá repercusiones inflacionarias al compensarse con el descenso del consumo privado y la enorme capacidad ociosa de las empresas. Nos encontramos frente a una política económica errática que posterga la recuperación bajo la obcecada premisa del equilibrio de las finanzas públicas.

Como en el pasado, el criterio gubernamental de acotar al máximo el ámbito de la acción estatal en la esfera económica ha quedado en entredicho por los magros resultados de las políticas anticrisis puestas en México en marcha durante 2008-2009. En el mejor de los casos, los recursos públicos para reactivar la demanda agregada han servido para garantizar pasivos privados de grandes corporativos y continuar con el pago de favores establecidos por razones meramente políticas. Los programas, así establecidos, han carecido de transparencia, orden y rendición de cuentas. El Estado, al final, ha terminado por asumir los riesgos y los correlativos costos de la fallas de las empresas.

Como consecuencia de ello, la supuesta eficiencia de los mercados sin intervención del Estado se revela como una quimera de pretenciosas raíces teóricas. Las fallas -que tienen postrada a la economía mexicana desde hace tres décadas-, en vez de ser resueltas por los propios mercados, han requerido una vez más de la intervención estatal patrimonialista, desarticulada y en beneficio de unas cuantas entidades económicas, en perjuicio de miles y miles de pequeñas y medianas empresas.

El ritmo de crecimiento de la economía lleva más de dos décadas de cuasi-estancamiento y de crisis seculares. Los pequeños y medianos negocios viven en crisis permanente; carentes de apoyos, de financiamiento y tecnología, están imposibilitados de sumarse a los esfuerzos que son indispensable para una reconstrucción económica coherente y sostenible. 

El mercado de trabajo registra enormes desequilibrios mientras se acrecienta explosivamente la marginación en ocupaciones informales, así como la inseguridad y precariedad de los empleos. La pobreza absoluta y relativa alcanza dimensiones desproporcionadas. Así, no es sorprendente explicar por qué el abatimiento del mercado interno, de las finanzas públicas y de la cuenta con el exterior, estén en la antesala de la descomposición social y la inseguridad pública que se viven en México.

Si las cifras de la producción nacional (PIB) mostraban un colapso en el primer trimestre del año, las del segundo indican que el PIB total cayó 10.3% respecto a igual periodo de 2008; la producción primaria (agropecuaria y pesca) fue el único segmento con un magro crecimiento en el trimestre de 1.1%, mientras que la producción industrial se desplomó 11.5%, y la generación de servicios 10.4. El impacto en el empleo -medido de diciembre a diciembre con los trabajadores asegurados en el IMSS-, es de una caída de 619 mil plazas formales.

Aún cuando la economía hubiese tocado fondo, la pregunta es ¿cuándo lograremos alcanzar el nivel de crecimiento que se tenía en 2000? o ¿simplemente retornaremos al punto de estancamiento y de partida?

La economía nacional no podrá iniciar el arduo camino de su reconstrucción, bajo los supuestos económicos del modelo mexicano oligopolizado y supuestamente neoliberal que nos condujo a la devastación actual.
A estas alturas nadie piensa que el gobierno debe hacerlo todo, pero lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ya, y hacerlo bien. En primerísimo lugar, dar pasos en firme para movilizar la economía a partir de los recursos reales y financieros de que se dispone y, sobre todo, los que puede y debe inducir, tanto del ahorro externo, como de la inversión privada nacional. 

Se trata de reanimar la producción y el empleo; no puede haber mayor prelación hoy que revertir la caída de los ingresos familiares; renovar el entusiasmo y la fe de los productores, empresarios y comerciantes en quiebra o a punto de estarlo; lo mismo que a los trabajadores acosados por la inminente cesantía o por el desempleo abierto, sin duda el mayor contingente industrial de reserva de nuestra historia. Jóvenes y viejos; mujeres y hombres con aptitudes diversas para el trabajo productivo, que miran a un horizonte sin porvenir.

Ha llegado la hora de restaurar la República y darle rumbo y viabilidad al Estado mexicano; sacarlo del confinamiento al que fue condenado en esta larga noche de pobreza y de miseria, de un simple y supuesto guardián del orden y la paz, para reencauzar la energía de la sociedad, en la enorme tarea de iniciar un nuevo ciclo de desarrollo que a todos nos incumbe y a todos nos alcance: crecimiento económico con equidad distributiva de la riqueza.

Es hora de cambiar de rumbo; de dar un golpe de timón.

En el Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón se apunta lo siguiente:

“(…) Dentro de las acciones contra-cíclicas más recientes destacan el establecimiento del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) en octubre de 2008, y el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo en enero de 2009”.

Pregunta

¿Cómo se pretende alcanzar un mayor crecimiento de la economía mexicana; generar los empleos que demandan los mexicanos, y de qué manera se busca incrementar la competitividad de la economía, si por una parte se proponen estímulos para la activación a través del PICE y por otra parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la aplicación de una reducción del gasto público en 85 mil millones de pesos: 78% en el gasto corriente (66 mil millones de pesos) y de 22% en el gasto de bienes muebles e inmuebles y obra pública (19 mil millones de pesos) y se prevé una reducción del gasto de inversión programable en 2010 de 83 mil millones de pesos?

Por otra parte, en el Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal no aparecen respuestas ni explicaciones acerca de por qué la política económica que se viene instrumentando desde hace varios años se mantiene inalterable, no obstante arrojar resultados abrumadores para la sociedad y el Estado mismo.

Así también, no se ofrece una respuesta de por qué México crecía menos que el resto de América Latina; aun antes de la crisis.

Tampoco se habla de la pérdida de competitividad, del deterioro en capital humano, de un desfavorable ambiente para los negocios; de la mayor desigualdad, de la dependencia comercial con Estados Unidos y el deterioro ecológico, como los factores que expliquen por qué México no crece y es una de las naciones más afectadas por la actual contingencia financiera.
Tales explicaciones, y otras más, están ausentes en el diagnóstico y por lo tanto en las acciones de política. Se continúa con el eterno pretexto de que se requieren reformas mágicas desde el Congreso para comenzar a tener resultados y con eso se evita la rendición de cuentas con respecto a la economía.

Pregunta

El informe escrito que presenta el titular del Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe dar cuenta del estado que guarda la administración pública de la nación. ¿Por qué entonces no presenta compromisos concretos para que en lo que resta de la administración se reduzca la pobreza en un número determinado de personas; se mejore el índice de desigualdad en un porcentaje aceptable; y se adopten medidas de política económica decisivas para reactivar eficazmente la producción y el empleo?

Política Social

¿Vivir Mejor? Es la pregunta que 10.7 millones de hogares mexicanos catalogados en situación de pobreza patrimonial (5.9 millones urbanos y el 45.1% restantes del área rural) se plantean al intentar entender el discurso presidencial del capítulo Igualdad de Oportunidades de su reciente informe como titular del Ejecutivo Federal.

Esos 10.7 millones de hogares significan como resultado de 50.6 millones de personas pobres en patrimonio (5.9 millones de personas más que en 2006). En total representa 47.4% de la población en el país; cifra que se desglosa en 78.5% como población rural y el resto en el área urbana.

Ante esta dramática situación, en el Informe se dice que en los últimos 3 años se han destinado recursos por 606 mil 243 millones de pesos, superiores en 68.7% en términos reales a los otorgados en el trienio 2001-2003. Del importe señalado, el 77% se ejercieron vía el gobierno federal y los 139 mil 384 millones restantes a través de los gobiernos estatales y municipales.

Frente a tal erogación, son preocupantes las cifras del crecimiento de pobres en México, pues de 2006 a 2008 dentro de la cifra de pobres en patrimonio ya señalada, los mexicanos con pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones en 2006 a 19.5 millones de los cuales 12.2 millones se ubican en el ámbito rural y el 37.1% restante habita en las zonas urbanas.  En igual sentido, a pesar de haber disminuido el número de personas de 65 años y más de edad que no trabajaban y no recibían pensión, su volumen sigue siendo alto, si consideramos que sólo decreció de 890 mil en 2006 a 738 mil en 2008.

Así, tras el entramado del doble discurso oficial para auto-elogiar los anualmente crecientes recursos destinados a contener y superar la pobreza como el manejo de cifras de los cada vez más numerosos planes y programas implementados, el tercer informe no plantea explicación alguna acerca de lo fallido de su política y estrategia oficial. Las más recientes estadísticas, paradójicamente evidencian una discordante realidad sobre el desarrollo social que vivimos los mexicanos, pues entre mayores recursos se destinan a aminorar el número de pobres, lejos de disminuir, su crecimiento es cada vez más alarmante.
El análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce no solo importantes avances en México a partir de los 90’s, sino también el aumento en la cobertura de servicios básicos, especialmente para la población con menores ingresos y, la reducción en forma importante de la pobreza desde 1996.

En igual sentido ha precisado algunos retos:

• La reducción en la pobreza entre 1992 y 2006 ha sido relativamente lenta.

• La población en pobreza en las áreas urbanas es de gran magnitud.

• El reciente incremento de los precios de los alimentos afecta el bienestar de la población y existe riesgo de un incremento de la pobreza en el país.

• El crecimiento económico per cápita del país ha sido muy bajo.

• El empleo formal no ha crecido lo suficiente, pero el informal lo ha hecho de manera importante.

• Los salarios reales promedio prácticamente no han cambiado en 14 años.

• Un número importante de mexicanos no cuentan con acceso a la seguridad social.

• El avance en la reducción de la mortalidad infantil y, especialmente en la mortalidad materna, ha sido muy lento; el problema se agudiza en zonas de alta marginación y pobreza.

El CONEVAL también enfatiza que a partir de la evaluación de diversos programas sociales se tienen los siguientes retos:

• Diseño inadecuado.

• Reglas de Operación poco claras.

• Problemas de planeación estratégica.

• Dificultades para cuantificar la población potencial y objetivo.

• Falta de estrategia de cobertura de mediano y largo plazo.

• Ausencia en la definición de la población objetivo.

• No se cumplen diversos plazos de la operación.

• Falta de coordinación entre instituciones.

• Deficiente calidad de diversos bienes y servicios brindados.

• Falta de información y accesibilidad de programas

• Deficientes esquemas de monitoreo interno de los programas

• La gestión de los programas privilegia la operación y cumplimiento de normas, más que los Resultados.

• No se mide ni adecuada ni sistemáticamente el grado de satisfacción de la población atendida.
La Estrategia Vivir Mejor tiene áreas de oportunidad de mejora en aspectos como: dispersión de programas y acciones; coordinación institucional; instrumentación de políticas eficaces que produzcan sinergias entre la política social y la económica y, contar con metas e indicadores que midan su eficacia.

Lo realmente efectivo es el incremento de la población en pobreza entre 2006 y 2008 en 5.9 millones, sin considerar la población que cayó en esta condición a causa de la crisis global. Un reporte del Banco Mundial señala que la recesión en que cayó la economía mexicana en 2009 sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, lo que arroja una cifra superior a los 10 millones de pobres en este año.

PREGUNTA 1:

Bajo el escenario actual del incremento acelerado de los niveles de pobreza alcanzados con los programas para su combate -muy a pesar del incremento sostenido de los recursos públicos- y considerando tener previamente un diagnóstico objetivo por instituciones académicas su ejecución regional y sectorial de acciones de alto impacto, concretamente, ¿qué plantea su gobierno de meta de reducción de la pobreza y para la medición permanente de los impactos intermedios y finales en la materia?

Política Interior

El balance del tercer año de gobierno presentado por el titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión deja más interrogantes que señales de aliento y entendimiento de la realidad política nacional, misma que exige altura de miras y estatura de estadista.

La primera reflexión a que lleva el Tercer Informe de Gobierno es que después de tres años de gobierno y a nueve años de iniciada la alternancia política panista, prevalece la perniciosa presencia e influencia de poderes fácticos y grupos de interés que imponen sus criterios para la definición y operación de las políticas públicas, que deberían ser encaminadas al fortalecimiento de la democracia y a la modernización del sistema político.

Esta percepción se refuerza con la visión manifestada por organismos internacionales, como el Banco Mundial que señala que:

“. . .  los grupos de interés tienen una influencia política extraordinaria en espacios en los que el contenido de las políticas públicas es complejo y donde se puede aplicar presión extrainstitucional para imponer grandes costos a la sociedad. . . La influencia de estos grupos está determinada por una combinación de factores, incluyendo su fortaleza numérica, su influencia financiera y su capacidad para controlar puntos clave del proceso de diseño de las políticas públicas. También deriva de poderes de negociación formales otorgados por decisiones de política pública o jurídicas.”

Así, lejos de fijar prioridades para delinear acciones basadas en una sólida y bien estructurada política interior que contenga dentro de los márgenes legales a los poderes fácticos, el Ejecutivo refleja en su Tercer Informe únicamente aspectos meramente cuantitativos, obviando la esencia y sustancia. Señala número de reuniones, eventos, documentos elaborados, suscripciones de acuerdos, entre otros; y es omiso en indicar o al menos esbozar las líneas de lo que debiera ser una política de Estado para enfrentar, por ejemplo, el alto riesgo de un eventual conflicto social que pudiese derivar del inequitativo trato que da el gobierno a las élites económicas y a los grupos sociales menos favorecidos.
Señala el Ejecutivo, en el texto de su Tercer Informe, que:

“La democracia se fortalece a través del conocimiento de sus valores y la práctica de los mismos. Conscientes de ello, las acciones de la presente administración se han efectuado con pleno respeto de la ley, considerando que la cultura de la legalidad genera la tolerancia y el respeto que una sociedad plural demanda. El Gobierno Federal genera en la población confianza y credibilidad hacia las instituciones al actuar con equidad en la atención oportuna de las demandas de las comunidades y de los actores políticos y sociales, y con base en la definición de acuerdos con la activa participación de los ciudadanos, permitiendo así tomar decisiones y ejercer responsablemente el servicio público en beneficio de la sociedad.”

Sin embargo, tal afirmación se contradice con las acciones y omisiones del gobierno federal en materia de política interior que han sido factor importante para que paulatinamente en el curso de esta administración prevalezca un desencanto con la democracia y la mal llamada modernización del sistema político.

Así lo demuestran datos de la propia Secretaría de Gobernación, en relación con los grados de satisfacción de los ciudadanos mexicanos con la democracia y con el respeto a los derechos de las personas: sólo un 7 por ciento de los ciudadanos manifestaron estar muy satisfechos con el respeto al derecho de las personas, mientras que únicamente el 5 por ciento está muy satisfecho con la actual democracia.

A mitad del sexenio, lejos de emprender acciones políticas concretas encaminadas a revertir estas percepciones de la ciudadanía, el Tercer Informe evidencia una administración extraviada en un laberinto de complicaciones producto de escaso juicio para la conducción política del país, en la que se vislumbran aspectos patrimonialistas como el pago de facturas políticas y la membresía partidista como criterios para hacer uso de la facultad constitucional del Ejecutivo Federal para designar a sus colaboradores.

La descripción del estado que guarda la administración pública en materia de política interior, en el tercer año de gobierno, sólo refleja un país inmerso en la zozobra y en la inseguridad; la calma ciudadana y la estabilidad social sólo existen en el discurso oficial y en el círculo cercano al titular del Ejecutivo Federal.

El clima de incertidumbre y desasosiego deriva, en buena medida, del incumplimiento, hasta ahora, de las atribuciones sustantivas que la Ley le confiere a la Secretaría de Gobernación como responsable de la conducción de la política interior; esta dependencia no ha tenido la capacidad de:

“. . . conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales; [ni de] Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.”

Es un hecho indiscutible que hoy, a diferencia del pasado, las decisiones políticas no se encuentran ya sólo en la esfera de competencia del Ejecutivo federal sino que exigen interrelación, dialogo, consenso y acuerdos con los otros Poderes públicos y con la sociedad.

No obstante, no se encuentra en el Tercer Informe indicio alguno que permita conocer, más allá de las formalidades legales de coordinación interinstitucional, las tesis y principios políticos que rigen su ejercicio de gobierno; el documento deja ver una política interior sustentada y regida por una visión y una praxis política caduca, premoderna, antifuncional, identificada parcialmente con el ancient regime al que se desearía con la alternancia.

Pregunta:

Ante los retos ineludibles que afronta el Estado mexicano para remontar la profunda y lacerante crisis económica, la creciente inseguridad pública y el progresivo descontento social, ¿Cuáles son las bases doctrinarias en que ha basado sus acciones de gobierno para encauzar el entendimiento con las distintas expresiones políticas, con los poderosos grupos de interés y con la sociedad, encaminado a lograr la profunda reforma del Estado que reclama el país?

Política Exterior

El Tercer Informe de Gobierno adolece de bases y argumentaciones objetivas que permitan vislumbrar una verdadera política exterior de Estado, sustentada en una visión estratégica de México en el concierto de las naciones.

Aún cuando se señala a la política exterior como palanca del desarrollo nacional para “apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo”. Por un lado, el Ejecutivo señala a la política exterior como palanca del desarrollo nacional y, por otro, la excluye de sus prioridades inmediatas enmarcadas en los 10 rubros anunciados para enfrentar la actual crisis por la que atraviesa el país. Efectivamente, en materia de Comercio, Inversión e Innovación, el Tercer Informe señala que:

“Se identificaron iniciativas de alianzas estratégicas en diversos sectores, en particular minería, automotriz y aeroespacial. Se reconoció el papel de la innovación, el desarrollo de recursos humanos y la logística en la concreción de dichas iniciativas.”

Lo cierto es que la realidad deja ver una relación disfuncional con los organismos financieros internacionales. No se explica la ausencia de México en foros internacionales de especial relevancia, como es el caso del Grupo de Deuda Pública de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), de la que México forma parte.

La importancia de la UNCTAD se centra en que: “En la actualidad colabora directamente con más de 60 países de renta mediana y baja cuyas economías suman más de 500.000 millones de dólares de deuda pendiente a largo plazo, pública o garantizada por el sector público. Esa cantidad representa aproximadamente el 40% del total de la deuda a largo plazo de todos los países en desarrollo.”

El Tercer Informe es insistente en señalar que la actual crisis económica se originó en el exterior, pero es omiso en indicar las acciones que ha llevado a cabo para transformar la economía mexicana en el contexto del comercio mundial. Entre 1993 y el año 2000 las exportaciones mundiales crecieron 70 por ciento. México se ubicó como el país que más creció en sus exportaciones, con 219 por ciento, superando a China, a Rusia, a Polonia y Corea.

En tanto, en el periodo 2000-2008, el crecimiento mundial fue de 154 por ciento y China se convirtió en el líder, con 473 por ciento, México ubicado en vigésimo quinto lugar, con sólo 76 por ciento de crecimiento. Como consecuencia de esta negativa evolución, México pasó de ser el décimo segundo exportador mundial en el año 2001, a ubicarse en el décimo sexto en el año 2008.
No se encuentra en el Informe de Gobierno una explicación convincente acerca de las razones que han llevado al país a descender dramáticamente en el ranking mundial de competitividad. Del 25.8 por ciento del comercio exterior que financiaba Bancomext en el año de 1989, en el año 2000 sólo fue de 0.65 por ciento. Es decir, menos de 1 por ciento.

Dicha situación ha sido generada y agravada por la ausencia de políticas públicas de largo plazo y una estrategia que permitiera combinar adecuadamente las actividades de promoción y financiamiento como era el objetivo ideal que se planteó al fusionar al Instituto Mexicano de Comercio Exterior con Bancomext y que ahora nuevamente ha sido revertido al separar la actividad de promoción.

Adicionalmente, el financiamiento internacional, a través de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sólo ha provocado una dolarización de la economía, en razón de que los recursos obtenidos no se destinan a programas prioritarios de infraestructura, ni se agregan a los presupuestos corrientes.

En el marco de la participación de México como miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Tercer Informe señala que:

“México contribuyó a la negociación y adopción de dos resoluciones referentes a la renovación de mandatos de operaciones de mantenimiento de la paz (Sahara Occidental y Sudán); cuatro declaraciones presidenciales sobre: Corea del Norte, Haití, mediación como solución de controversias, y los niños y los conflictos armados; y tres comunicados de prensa. México impulsó tres debates temáticos abiertos relativos a la mediación como arreglo pacífico de controversias; los niños y los conflictos armados y la situación de Haití.”

Además de no señalar cuáles son los beneficios directos para la sociedad mexicana de la participación de México en este Consejo de Seguridad, se omite informar de la cantidad de recursos del erario que se destinan al rubro de cooperación internacional en particular.

En mayo de 2007, Convergencia señaló desde la Tribuna de la Cámara de Senadores que: “Las aportaciones internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores representaron en 2005 y 2006 el 36% del total de los recursos aportados por la administración federal a organismos internacionales. La Cancillería registró un gasto cercano a los 160 millones de dólares en este periodo. De esta cantidad, más de 31 millones y medio de dólares se destinaron al pago de contribuciones para las Fuerzas de Paz de la ONU en diferentes países: República Democrática del Congo, poco menos de 10 millones dólares; Sudán, más de 7 millones de dólares; Burundi, aproximadamente 1 millón y medio de dólares.”

Enfatizamos en esa oportunidad que: “Es claro que México no puede continuar haciendo pagos a diversos organismos internacionales y foros multilaterales que no reflejan un beneficio directo, concreto y evidente a la sociedad mexicana. Menos aun se puede admitir que se destinen importantes cantidades de dinero a las fuerzas de paz cuando, según la propia ONU, países desarrollados con economías más fuertes que la nuestra no cumplen con sus aportaciones.”

En cuanto a la política migratoria con Estados Unidos, datos oficiales no contenidos en el Tercer Informe, revelan la ineficacia del gobierno mexicano para atender a los mexicanos que por falta de oportunidades en nuestro país se ven obligados a migrar en condiciones desfavorables hacia el país vecino.

“Cifras oficiales compartidas por México y Estados Unidos detallan que durante 2007 fueron expulsados de ese país 514 mil 609 mexicanos, y al cierre del año siguiente la cifra se colocó en 559 mil 361, esto es, 44 mil 752 más, correspondientes a 8.6 por ciento. En los datos de la Secretaría de Gobernación difundidos en el tercer Informe se detalla que durante los siete primeros meses de 2009 la cifra de repatriación se ubicaba en 366 mil 232, esto es, una alza de 7.3 por ciento respecto del mismo corte de 2008.”

Por otra parte, ninguna referencia existe acerca de la imposición de visado a mexicanos impuesta unilateralmente por el gobierno de Canadá, país del cual México es socio comercial, así como al papel concreto de México en el conflicto de Honduras.

No se encuentran en el Tercer Informe signos que permitan vislumbrar una política exterior con claros objetivos para avanzar en su recomposición, después de los evidentes desastrosos resultados que se tuvieron en la anterior administración. Ante la falta de elementos que permitan vislumbrar una política exterior estructurada y coherente; frente a la carencia de ideas claras que permitan asegurar que se informó cabalmente al Congreso y a la población sobre el desempeño de la Cancillería, el grupo parlamentario de Convergencia en el Senado, le formula la siguiente:

Pregunta:

¿Cuáles son las expectativas que se tienen en materia de política exterior para que nuestro país recobre la posición de liderazgo y de prestigio que durante muchos años fue la piedra angular de nuestras relaciones con la comunidad internacional, y revierta la grave crisis económica y de seguridad que enfrentamos?

Seguridad Pública

Del informe rendido por el C. Presidente de la República, el cual adquiere pleno valor probatorio para el H. Congreso de la Unión, se advierte del capítulo correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad Pública  que el gobierno a su cargo vulnera en perjuicio de la sociedad mexicana el artículo 17 constitucional que en lo conducente dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

De lo anteriormente transcrito se llega a la conclusión de que la Administración Pública Federal a su cargo ha incurrido en omisiones que conculcan en perjuicio de los ciudadanos los principios de inmediatez, expedites y prontitud en la procuración y administración de justicia, transgrediendo con ello el artículo constitucional invocado, puesto que como el propio resumen ejecutivo de fecha 1 de septiembre de 2009 correspondiente al tercer informe de gobierno lo indica, desde el inicio de su gestión: “el Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la garantía individual de justicia pronta y expedita”, sin que a la fecha se haya alcanzado.

Y es precisamente del propio informe de gobierno y de los datos estadísticos incorporados, que se desprenden elementos para sustentar nuestro argumento: tanto en el cuadro denominado Principales Resultados de la Actuación del Ministerio Público de la Federación y de sus Órganos Auxiliares 1995-2009 como el de Resultados de los Principales Indicadores del Sistema de Justicia Penal 2007-2009, se reconoce que el número de averiguaciones previas despachadas con relación al año inmediato anterior se ha reducido en un 3.2%; que el promedio diario de localizaciones y presentaciones también ha disminuido al pasar de 48 en el período del 1º de enero de 1995 al 30 de junio de 2003 a 32, del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, lo que se explica al observar en los mismos indicadores que el número de días dedicados a la investigación se ha incrementado de 178 a 360, cifras de las que se deduce el fracaso de la Agencia Federal de Investigación, pues ahora son las tareas de investigación las que retardan la función del ministerio público para integrar una averiguación previa y determinar el ejercicio o inejercicio de la acción penal.

Asimismo, el propio texto del informe reconoce que de un total de 3,764 averiguaciones previas vinculadas al delito de delincuencia organizada únicamente se han despachado el 18.4%, es decir 693, lo que refleja una violación más a las garantías constitucionales de los mexicanos, ya que de esta cifra se interpreta que la representación social está integrando las averiguaciones previas en un plazo excesivo de más de 151 días, siendo que el órgano persecutor de los delitos no está facultado para integrar las indagatorias en forma discrecional y cuando lo estime pertinentes, ya que el ministerio público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de las averiguaciones previas tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito,  lo que explica, más no justifica, la baja productividad del ministerio público federal.

Para Convergencia, resulta notorio que ha transcurrido un tiempo lo suficientemente razonable para que su administración diera resultados para frenar el avance de la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción y atender los rezagos del sistema penitenciario, compromisos de campaña que usted reiteró al protestar el cargo de Presidente de la República y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Por hechos notorios, dice la jurisprudencia, debe entenderse cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. Son todos aquellos hechos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo y un hecho notorio lo han sido las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en las que voces representativas de ciudadanos organizados han contrastado las cifras oficiales con la realidad que vivimos al extremos de exhortar a los servidores públicos de su administración a renunciar por incapaces.

La sociedad ya no tiene claridad respecto a las estrategias que el Gobierno Federal sigue para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país, pues por una parte tenemos las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por otra las que emanan de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada vez que se le convoca y a la confusión contribuye también el discurso oficial.

La Constitución General de la República, en la parte final del segundo párrafo del artículo 26 indica que “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, lo que implica para el Ejecutivo Federal que el desarrollo de su gobierno se constriña a ese plan y lo que debería de representar para los ciudadanos una garantía de seguridad jurídica.

En el Plan Nacional de Desarrollo se precisan objetivos nacionales, estrategias y prioridades en materia de seguridad pública para salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, como primer deber del Estado; precisa que las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y consigna el deber del Gobierno Federal de actuar eficazmente para brindar la seguridad demandada por los mexicanos.

Por tal motivo, el grupo parlamentario de Convergencia en el Senado de la República formula a usted la siguiente:

Pregunta:

¿Qué medidas habrá de instrumentar su gobierno para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos, ya que como se desprende de su tercer informe de gobierno y de la realidad social éstos no  han sido alcanzados?
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

POLITICA INTERIOR

Ahora que el ejército se encarga de la seguridad pública en varios Estados y Municipios del país, y que la sociedad reclama un Estado que brinde seguridad pública a través de su policía y no de sus fuerzas armadas, se han venido dando diversas acusaciones hacia las tropas, entre ellas abusos por parte de la milicia hacia la sociedad civil.

Esto surge a raíz de que el ejército fue sacado a las calles para hacer una tarea que no le corresponde, y el trato con el civil en el día a día, es algo para lo que no está entrenado el soldado raso, y es por ello que surgen las quejas, por qué la tropa no está para andar mediando con el ciudadano de a pie, ellos están entrenados para servir a su país y a su pueblo de cualquier invasión y defensa del territorio nacional.

Es verdad que la sociedad reclama en algunas zonas del territorio nacional al ejército, ya que no confían en su policía, sin embargo,  en materia de derechos humanos por falta de capacitación, un soldado se puede convertir muy fácilmente en violador de las garantías individuales.

Nos parece interesante saber cuántas y cuáles han sido las recomendaciones que han hecho las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales al Ejecutivo Federal por este tipo de actos, abusos y violaciones de las garantías individuales; y si se han acatado dichas recomendaciones.

Se está abusando de la institución castrense para actuar como en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado ya que es una institución, en la que el pueblo mexicano si confía y ponerlos a  hacer estas tareas solo desgasta la confianza en esta Institución tan importante de nuestro país.

Es indispensable que las fuerzas armadas se mantengan tan solo en los cuarteles, para así no violentar ninguna esfera de competencia, para eso se creó a policía federal, y están los cuerpos policiacos para hacer sus tareas, o en dado caso, reformemos la Constitución Política de México.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

1.- ¿Cuantas y cuáles recomendaciones le han sido realizadas por parte de Organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, derivadas de la participación del Ejército Mexicano en tareas reservadas a la policía civil?

POLITICA INTERIOR

Desde el 5 de Diciembre de 2006, el Sr. Calderón fijo su postura y decidió declararle la guerra al crimen organizado, usando a las fuerzas armadas de este país. Desde ese día, el ejército salió a las calles, fueron sacados de sus cuarteles y bases militares, para enfrentarse en una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Ya que el Sr. Calderón ha sido incapaz de armar un sistema de seguridad pública federal eficaz y sin corruptelas como lo hemos visto en lo que va de esta administración por parte de algunos de sus elementos, es tiempo ya de hacer algo para que, los soldados que se encuentran en las calles, haciendo labores de policía regresen a sus cuarteles y a las labores para las que están entrenados.

Si atendemos estos hechos desde una perspectiva constitucional, el Ejército no debe hacer las funciones de la policía. Es lamentable que las Fuerzas Armadas patrullen las calles para dar una seguridad a la ciudadanía, cuando sus labores son de defensa ante una invasión al territorio nacional.
La utilización que se le ha venido dando al Ejército es inconstitucional, esto pasa por que no se puede garantizar una seguridad publica confiable y sin corrupción, cuando los mismos cuerpos policiacos tienen en sus filas a secuestradores, y es por eso que el ejército tiene que estar realizando estas tarea es lamentable todo esto porque la inseguridad sigue a la alza y la reducción de crímenes no se ve por ningún motivo que baje.

Por otro lado en estados en los que el ejercito desplego sus operativos, la criminalidad ha subido al igual que las ejecuciones, en lo que va de 2009 llevamos más de 4,777 ejecutados tan solo en 9 meses y los Estados con mayor número de casos son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Michoacán.

Debemos estar informados sobre las actuaciones de las fuerzas armadas en su labor de policía de calle, y como es que están depurando los cuerpos policiacos Federales, Estatales y Municipales, para que las tropas regresen a los cuarteles y no continúen haciendo estas labores, si es verdad que el ejército mexicano es una de la instituciones mejor evaluadas por la sociedad, esta no está entrenada para actuar con civiles y hacer labores que no le corresponden.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

2.- ¿Cuál es el informe que existe sobre las depuraciones de las policías federales, estatales y municipales en el país, en el marco de la lucha contra el crimen organizado?

POLITICA ECONOMICA

2.19 INTELIGENCIA FINANCIERA (PAGINAS 140 Y 141)

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene encomendado promover y dar seguimiento a los mecanismos que por ley, las instituciones financieras y demás sujetos obligados deben implementar para prevenir y detectar operaciones y omisiones vinculadas con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT), con la finalidad de preservar la integridad del sistema financiero y la Economía Nacional.”

“Entre los resultados específicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el período de septiembre 2008 a agosto de 2009, destacan los siguientes:”

“La Unidad recibió 52,068 reportes de operaciones inusuales y 367 de operaciones preocupantes en el período, por parte de los sujetos obligados a integrar reportes de operaciones susceptibles de estar vinculadas con el LD o FT.”

“A partir de los referidos reportes de operaciones inusuales, la Unidad consolidó la información de estos en 37,303 individuos o empresas, lo cual representa un crecimiento del 84% contra el mismo período de 2007-2008. Esta información, junto con la demás de años anteriores, está administrada por la Unidad con la finalidad de que pueda ser consultada por las autoridades competentes”

“Además, la Unidad envió 2,593 reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre personas en las que el análisis de detección de operaciones de LD o FT no fue determinante, pero muestran posibles elementos de evasión fiscal para su atención.”

(Hasta aquí la cita del tercer informe)

Considerando que fue precisamente en el período señalado por el informe (septiembre 2008 a agosto de 2009) el de mayor saqueo de divisas de las reservas internacionales de nuestro país, y teniendo en cuenta  que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda cuenta con la información pormenorizada de las personas físicas y/o empresas que en forma inusual operaron el saqueo de divisas, se hacen la siguientes  preguntas:
PREGUNTA PARLAMENTARIA

3.- ¿Nombre de las 2,593 personas físicas y/o empresas que fueron reportadas por haber realizado operaciones inusuales, que muestran posibles elementos de evasión fiscal, con especificación de las cantidades operadas por cada una de dichas personas físicas y/o empresas, así como la fecha de la operación reportada; nombre de las personas físicas y/o empresas que aparecen en la relación solicitada en el punto anterior que simultáneamente aparecen como beneficiarios de los regímenes especiales (consolidación fiscal, Depreciación acelerada de activos, apoyos anti crisis otorgados por la Banca de Desarrollo, etc.)?

POLITICA ECONOMICA

2.17 – PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION (Pág. 133 a 136)

En virtud de la inconsistencia de todas las cifras que señala el tercer informe por ejemplo:

a.- Se dice que “la SFFA tiene 68,716 juicios activos” pero no dice cuándo es el interés fiscal que representan dichos juicios.

b.- Se dice que “Del 1º de septiembre de 2008 al 12 de agosto de 2009 se han recibido 22,829 sentencias, de las cuales 92.3 por ciento se han resuelto a favor de los intereses del Fisco Federal.” Tampoco se dice a cuánto ascendió la cantidad recuperada por los juicios favorables, y mucho menos se señala a cuánto ascendían los casos perdidos, dejando la duda fundada de que los casos perdidos fueron los de cantidades multimillonarias que han salido a la luz pública en la prensa nacional.

c.- Existen varias cifras en el informe que señalan números de querellas, etc. pero la información es inconsistente puesto que solo en algunos casos se indica el valor y en otros casos solo el número de casos.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

4.- ¿Cuál es el interés fiscal que representan todas y cada una de las querellas, juicios, averiguaciones previas en trámite, opiniones de delito, indagatorias en proceso de integración, seguimiento a causas penales, denuncias, demandas, etc. que se mencionan en el informe, con especificación de nombre de las personas físicas y/o empresas que integran los casos pendientes de recuperación? ¿Que informe a esta soberanía los casos concretos que la Secretaría de Hacienda  perdió en el período del tercer informe, con especificación de nombre de las personas físicas y/o empresas, el importe del interés fiscal perdido y breve descripción de la causa por la cual se perdió el juicio?

POLITICA SOCIAL

Consideramos que en el contexto nacional, no se dimensiona la importancia social y económica de la actividad pesquera, y que ante la actual ausencia de políticas públicas que fortalezcan al sector pesquero del país, se requiere una mayor atención por parte del Gobierno Federal.

El informe de gobierno se refiere a muchas cifras y porcentajes de avances, pero hasta hoy no se ha publicado un solo programa de ordenamiento no un plan de manejo pesquero. Así mismo la Ley exige la actualización de la Carta Nacional Pesquera, pero desde 2006 no se realiza. En cuanto a la Carta nacional Acuícola no siquiera se cuenta con convocatoria para empezar a diseñar y preparar un proyecto. Tampoco se ha integrado el Sistema Nacional de Información de Pesca Acuacultura, y desconocemos si esta operando la Red Nacional de Información e Investigación Pesquera Acuícola, y si se cuenta con un verdadero programa de promoción del consumo de nuestras principales pesquerías como la sardina y el calamar. Se sabe, además, que CONAPESCA, INAPESCA y organizaciones conservacionistas trabajan para implementar cuotas transferibles en pesquerías mexicanas, a pesar de la prohibición legal.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

5.- ¿Cuándo se publicaran los planes de manejo pesquero y los programas de ordenamiento pesquero establecidos en la Ley, así como la Carta Nacional Acuícola y se actualizará la Carta Nacional Pesquera, y cuándo funcionará el Sistema Nacional de Información e Investigación pesquera y Acuícola, y se pondrá en aplicación un verdadero programa de promoción del consumo de nuestros principales productos de predios accesibles como la sardina y el calamar, para apoyar las necesidades alimentarias de la población con menores recursos económicos, y si se trabaja para permitir las transferencias de cuotas de captura de las pesquerías mexicanas?

POLITICA EXTERIOR

México tiene aún muchas deudas en materia migratoria, el reto es enorme tanto a nivel interno como externo. La muy particular triple condición migratoria: territorio de origen, de destino y de tránsito de migrantes, nos orilla a que la política migratoria guarde un lugar privilegiado dentro de las prioridades en la agenda de relaciones exteriores; o al menos debemos suponer que así es.

Hablar de migrantes es hablar de personas que buscan superar condiciones de pobreza y marginación, mejores oportunidades laborales o educativas, reunificación familiar, etc.; por lo que el tratamiento debe darse de manera integral buscando la cooperación entre las naciones, sin embargo esto requiere de capacidad de diálogo y de capacidad diplomática, características con las que el gobierno federal no cuenta.

Como país, México expulsa cada año a aproximadamente 400 mil migrantes hacia los Estados Unidos, entre mexicanos, centro- y sud- americanos. La frontera norte es un ambiente inhóspito donde los paisanos sufren malos tratos en el mejor de los casos, o pierden la vida en el peor.

La frontera sur es también peligrosa, México cuenta con 48 estaciones migratorias ubicadas en 23 estados de la República, que no cumplen con los estándares mínimos obligatorios internacionales de funcionamiento. Existe una violación permanente de los derechos humanos hacia los migrantes centroamericanos, que son recluidos en tanto se procede a su deportación, y que sin causa justificada pueden permanecer días o semanas víctimas de chantajes, humillaciones y robo de sus pertenencias.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el año pasado, el 76% de las estaciones no cumplían con las normas de sanidad, ni de alojamiento. Las mismas observaciones de la CNDH resaltan que las estancias carecen de la capacidad para albergar en condiciones de dignidad a los asegurados, al no contar con áreas específicas que permitan la separación de hombres, mujeres, menores de edad, familias, enfermos psiquiátricos e infectocontagiosos; de igual manera, no guardan el estado óptimo de servicio para el que están destinadas y no se observan condiciones de higiene, mantenimiento, ventilación, iluminación y el servicio de alimentación llega a no ser proporcionado con la debida oportunidad, calidad y suficiencia.

El Instituto Nacional de Migración recibe prepuesto para la construcción y modernización de las estaciones migratorias, sin que se haya constatado una mejora en el último año, únicamente de gasto corriente este año, le fueron asignados $1,552,895,451 que no encontramos transparentados en el informe de actividades de la Secretaría de Gobernación, y mucho menos reflejado en las acciones para resolver el problema en la frontera sur.

Se puede leer en el tercer informe existe el apartado de “Dignificación de Estaciones Migratorias”, no obstante, solo podemos encontrar 4 acciones enlistadas que  carecen de un análisis presupuestal de gastos y son deficientes en el análisis de resultados.

Por lo anterior es que presentamos la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

6.- ¿Cuál es el gasto desglosado de las estaciones migratorias de la frontera Sur del País? ¿Cuáles son los programas de capacitación, así como los medios de control para la medición de resultados?

SEGUNDO.- El Presidente de la Mesa Directiva notificará formalmente este Acuerdo al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación.

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva instruirá la inmediata publicación del presente Acuerdo en la Gaceta y en la página de Internet del Senado de la República.

CUARTO.- Las respuestas que el Presidente de la República remita a esta Cámara en atención a las preguntas parlamentarias contenidas en este Acuerdo, seguirán el curso a que se refieren las normas correspondientes contenidas en el Acuerdo Parlamentario aprobado por este Pleno el 3 de septiembre del presente año.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de octubre de 2009.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

         - El C. Presidente Núñez Jiménez: En virtud de estar publicado en la Gaceta de este día, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

         - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)
        
Quienes estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

         Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

         - El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Pasamos al siguiente punto sobre las comunicaciones recibidas. 

 






COMUNICACIONES

         - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

         Una del Senador Felipe González González, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite el informe de actividades de esta comisión, correspondiente al tercer año de Ejercicio de la LX Legislatura.

         Dos del Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano con la que remite el informe de labores correspondiente a los tres años de ejercicio durante la LX Legislatura y Actas, Proyectos de Resoluciones y de Leyes Marco, elaborados en reuniones de trabajo de diversas Comisiones de ese Parlamento y que se efectuaron los días 1 y 2 de octubre en La Habana, Cuba.

         - El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

         - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió de la Comisión de Justicia un dictamen que determina que no son de tomarse en consideración diversos escritos y comunicaciones de particulares.

“COMISION DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, durante el Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, se le han turnado diez escritos de particulares, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde la obligación de dictaminar si son de tomarse o no en consideración por las peticiones que en ellos se consignan. Así atendiendo al orden cronológico de su presentación, en seguida se detallan de una manera sucinta  para su debido conocimiento y análisis posterior:

1. Escrito de la Asociación “Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos, A.C.”, por el que manifiestan supuestas  irregularidades  por algunos funcionarios de la   Presidencia Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.

Presentación: 2 de septiembre de 2008.

Turno: Comisión de Justicia.

2. Escrito de la Lic. Luz María Patricia Ramos Rabelo, por el que solicita apoyo en el desarrollo de una denuncia penal.

Presentación: 14 de octubre de 2008.

Turno: Comisión de Justicia.

3. Escrito del  C. Pedro Ramírez Gutiérrez, por el que manifiesta supuestas irregularidades por parte del gobierno de Chalco, Estado de México.

Presentación: 23 de octubre de 2008.

Turno: Comisión de Justicia.
4. Escrito del  C. Jorge Chávez Juárez, por el que manifiesta supuestas irregularidades por parte del personal de la Procuraduría General del Estado de Colima.

Presentación: 13 de noviembre de 2008.

Turno: Comisión de Justicia.

5. Escrito del  C. Pedro Ramírez Gutiérrez, en relación con supuestos actos cometidos en su persona por personal del gobierno del Municipio de Chalco, Estado de México.

Presentación: 25 de noviembre de 2008.

Turno: Comisión de Justicia.

6. Escrito del  C. Joel Cruz García, en relación con su situación en un Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla.

Presentación: 7 de enero de 2009.

Turno: Comisión de Justicia.

7. Escrito del Grupo de Voluntarios de “San Rafael Ixtlahuaca, A.C.”, por el que   manifiestan supuestas irregularidades en  un   predio  ubicado en  el Estado de México, propiedad de dicho grupo.

Presentación: 1 de abril de 2009.

Turno: Comisión de Justicia. 

8. Escrito del C. Armando Ibarra Ramírez, por el que manifiesta supuesto despojo de tierras en Los Cabos Baja California Sur.

Presentación: 2 de abril de 2009.

Turno: Comisión de Justicia. 

9. Escrito del C.  Leonardo  Martínez López,  en relación  a  dos terrenos en el Municipio de Yécora, Sonora.

Presentación: 21 de abril de 2009.

Turno: Comisión de Justicia.

10. Escritos de diversos ciudadanos, en relación con la situación de los CC. Oliver Lucio  García, Alejandro  Aguilar  López, Cirilo Patiño  Valencia, Guillermo Daniel López y Miguel Lerma Rojas.

Presentación: 15 de julio de 2009.

Turno: Comisión de Justicia.

Presentados en su momento los escritos de referencia, por la índole de su contenido y la circunstancia relativa al turno que se dispuso para su desahogo,  en estas instancias se determinó entrar de manera conjunta a su estudio, con el propósito de valorarlos y analizar si se toman o no en consideración las peticiones que en ellos se consignan. En consecuencia, con fundamento en los artículos 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 61 del Reglamento para su Gobierno Interior, la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores, somete al Pleno de esa Honorable Asamblea, el proyecto de dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan:

ANTECEDENTES Y CONTENIDO DE LOS ESCRITOS QUE SE DICTAMINAN

I. Recibidos en la Cámara  de Senadores los escritos con antelación descritos, y ordenado el turno de los mismos a la Comisión de Justicia, el primer Escrito presentado el 2 de septiembre de 2008, por la Asociación “Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos, A.C.”, revelan la situación que  mantiene el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí con la administración de Rómulo Garza Martínez, así como los hechos en que participaron diversas autoridades en contra de sus miembros al manifestarse frente a la presidencia municipal. En dicho escrito dirigido a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, solicitan su intervención ante las instancias de gobierno que correspondan, señalando al Gobernador  de la entidad, para que  instruya al Procurador General de Justicia a fin de que destituya al Subprocurador de Justicia en la zona Huasteca Norte para que se le finquen las responsabilidades que le correspondan, y que a su vez gire instrucciones para la debida integración de las averiguaciones previas existentes en contra del alcalde y sus funcionarios.

II. En el Escrito de la Lic. Luz María Patricia Ramos Rabelo, presentado el 14 de octubre de 2009, solicita apoyo respecto a varias denuncias penales en contra del C. Cándido Rodríguez Fernández, por diversos delitos de los que ha sido víctima sin obtener respuesta de las autoridades competentes. Dicho escrito se remite a la Cámara de Senadores únicamente para su conocimiento.

III. En el Escrito del  C. Pedro Ramírez Gutiérrez, presentado el 23 de octubre de 2008, manifiesta supuestas irregularidades cometidas por autoridades del municipio de Chalco, Estado de México ante la denuncia presentada en contra de Hubert Vargas Carranza, extranjero de nacionalidad costarricense quien atentó contra su persona. Dicho escrito se dirige a la H. Cámara de Senadores para su conocimiento, así como para solicitar su intervención a fin de que el gobierno municipal y del Estado realicen las investigaciones conducentes.

IV. En el Escrito del  C. Jorge Chávez Juárez, presentado el 13 de noviembre de 2008, reseña los hechos en los que su hijo y el que suscribe fueron víctimas por supuestas autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Manzanillo al privarlos de su libertad siendo sometidos a tortura e incomunicación, y al ser detenidos ilegalmente en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, todo ello derivado de imputaciones falsas que posteriormente fueron obligados a aceptar en declaraciones manipuladas por autoridades de este órgano. Dicho escrito dirigido al Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remite a la Cámara de Senadores solamente para su conocimiento.

V. En el Escrito del  C. Pedro Ramírez Gutiérrez, presentado el 25 de noviembre de 2009, deriva de una primera misiva de fecha 23 de octubre de 2008, reiterando  las supuestas irregularidades perpetradas por autoridades del municipio de Chalco, Estado de México ante la denuncia presentada en contra de Hubert Vargas Carranza, extranjero de nacionalidad costarricense quien atentó contra su persona con apoyo del personal de seguridad pública municipal. Dicho escrito se dirige a la H. Cámara de Senadores para su conocimiento, así como para solicitar su intervención para que se realicen las investigaciones procedentes.

VI. En el Escrito del  C. Joel Cruz García, presentado el 7 de enero de 2009, señala que se encuentra interno en un Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, por el delito de homicidio simple con una sentencia de trece años, diez meses y quince días en el distrito judicial de Teziutlán. Asimismo manifiesta que no se le ha otorgado el beneficio de la preliberación a pesar de que lo ha solicitado al haber rebasado el setenta y cinco por ciento de compurgación de la pena. Del escrito dirigido al Senado de la República solicita su intervención para que le sea concedido este beneficio que le ha negado la autoridad penitenciaria.
VII. En el Escrito del Grupo de Voluntarios de “San Rafael Ixtlahuaca, A.C.”, presentado el 1 de abril de 2009, manifiestan el abuso de autoridad en que ha incurrido el  C. Sergio Luna Cortés, presidente municipal de Tultepec, Estado de México con la participación de su esposa en perjuicio de los vecinos del barrio de San Rafael, al aprovecharse del inmueble que le facilitaron para uso exclusivo del DIF del lugar, para emplearlo en actividades de su partido político. En dicho escrito, dirigido a diversas autoridades entre estas el Senado de la República, solicitan apoyo para solucionar este conflicto o que se les asesore sobre las instancias a las que pueden acudir.

VIII. En el Escrito del C. Armando Ibarra Ramírez, presentado el 2 de abril de 2009, manifiesta que actúa representando al C. René Pinal, empresario de Los Cabos, Baja California Sur quien fue despojado de sus terrenos en la región mencionada encontrándose involucrados funcionarios públicos y autoridades locales. En dicho escrito dirigido a la H. Cámara de Senadores, le solicita audiencia, así como con medios de comunicación y al propio Titular del Poder Ejecutivo Federal.

IX. En el Escrito del C. Leonardo Martínez López,  presentado el 21 de abril de 2009, adjunta varios documentos dirigidos a diversas instancias desde hace diecisiete años, en los que manifiesta que fue sujeto de fraude por autoridades municipales al adquirir dos terrenos ubicados en Yécora, Sonora. Dicho escrito remitido a la H. Cámara de Senadores solamente para conocimiento. 

X. En el Escrito suscrito por diversos ciudadanos, presentado el 29 de julio de 2009, se expone la situación del su familiar, el C. Oliver Lucio García, quien ingresó a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones como agente investigador en un grupo de elite denominado Greco, realizando traslados de personas que se les vinculaba con diversos delitos. El 18 de abril de 2009 el equipo encargado de efectuar dichas labores fue atacado y a pesar de este hecho lograron capturar a los delincuentes, pero posteriormente se le notificó de un arraigo precautorio relacionado con una averiguación previa, imputándosele diversos delitos que nunca cometió este individuo. Por lo que solicitan al Presidente de la República su intervención para que no se cometan otras irregularidades a su persona para que sea puesto en libertad debido a que no se vio involucrado en ningún delito. Este escrito se remite a la Cámara de Senadores únicamente para su conocimiento.

CONSIDERACIONES

I. Descrita la sinopsis de las diez inquietudes comprendidas en los escritos a que se alude, en los asuntos relativos a los CC. Luz María Patricia Ramos Rabelo,  Pedro Ramírez Gutiérrez, Jorge Chávez Juárez, Leonardo Martínez López, y los familiares del C. Oliver Lucio García no se desprende petición alguna dirigida a la Cámara de Senadores con un propósito determinado, puesto que se dirigen a otras instancias y solamente se plantean para su conocimiento, por lo que no son de tomarse en consideración los escritos citados en el presente párrafo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. En relación con los escritos de la Asociación “Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos, A.C.” y del Grupo de Voluntarios de “San Rafael Ixtlahuaca, A.C.”, en los que solicitan a la Cámara de Senadores su intervención para solucionar sus conflictos reseñados en el apartado anterior ante las instancias de gobierno del municipio de Ciudad Valles y del estado de San Luis Potosí, así como del municipio de Tultepec, en el Estado de México, se determina que no le corresponde injerir en los mismos, puesto que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior no le concede facultades o atribuciones al respecto.

III. Del escrito del C. Armando Ibarra Ramírez, que representa al  C. René Pinal, solicitando audiencia a la Cámara de Senadores, al Presidente de la República y a diversos medios de comunicación tampoco le  corresponde injerir en el mismo, puesto que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior no le concede facultades o atribuciones al respecto.
IV. Respecto al escrito del C. Joel Cruz García, se trata de un interno que manifiesta que le ha sido negado el beneficio de la preliberación a pesar de haber rebasado el porcentaje requerido de compurgación de la pena, solicitando la intervención de la Cámara de Senadores, para que sea atendida su petición, la cual no se toma en consideración puesto que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior no le otorga facultades o atribuciones para intervenir.

Así con fundamento en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el 61 del Reglamento para su Gobierno Interior, se somete esa Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO.- Con fundamento en las consideraciones de hecho y legales que se mencionan en los apartados que anteceden, no son de tomarse en consideración los escritos que han sido materia del presente dictamen.

Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2009”.





DENUNCIA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA UNION LATINA, DADO EN MADRID EL 15 DE MAYO DE 1954
(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Cultura.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 12, de fecha 8 de octubre de 2009)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
         - El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)
             
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

         Sí se omite la lectura, señor Presidente.

         - El C. Presidente Núñez Jiménez: Entonces está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, tampoco se presentan artículos reservados.

         En este caso ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS         

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.        

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL       

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO            

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO      

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO       

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO        

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO        

PRI

BAUTISTA LOPEZ HECTOR          

PRD

BUENO TORIO JUAN               

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN     

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN         

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY              

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO       

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER  

PRD

CASTELO PARADA JAVIER          

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.        

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.        

PAN

DELGADO DANTE                  

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.         

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL        

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS       

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO          

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO     

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.           

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES            

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO       

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO  

PRI

GOMEZ ALVAREZ PABLO            

PRD

GOMEZ TUEME AMIRA              

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY         

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO     

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO       

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.         

IND

GREEN MACIAS ROSARIO           

PRI

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE        

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO        

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA         

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID            

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO         

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO      

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA      

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR      

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE       

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS        

CONV

LOPEZ VALDEZ MARIO             

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA        

IND

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA  

PVEM

MENDOZA GARZA JORGE            

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES      

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES    

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL      

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON          

PAN

MURILLO KARAM JESUS            

PRI

NAVA BOLAÑOS EDUARDO           

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO           

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.          

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER            

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA        

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO      

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA         

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO          

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES            

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN            

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO    

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO          

PRI

SERRANO SERRANO MARIA          

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS           

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO     

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO         

PRI

TORRES MERCADO TOMAS           

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO          

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN          

PRD

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ     

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO        

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO    

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO   

PAN

DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO 

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE          

PAN

HERRERA LEON FRANCISCO   

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO     

PAN

MEJIA HARO ANTONIO               

PRD

RUIZ DEL RINCON GABRIELA 

PAN

SACRAMENTO GARZA JULIAN

PAN

TREJO REYES JOSE ISABEL       

PAN

MONREAL AVILA RICARDO     

PT

Abstención”

         Señor Presidente, se emitieron 85 votos en pro, cero votos en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACIFICO

H. ASAMBLEA:

En fecha 24 de septiembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II del Artículo 76 constitucional; así como por los Artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez nació el día tres de enero de 1952 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene dominio de los idiomas inglés, francés e italiano.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:

• Embajador de México en Egipto, concurrente ante la República Árabe Siria, la República del Sudán y el Reino Hashemita de Jordania, así como representante de México ante la Liga de Estados Árabes (enero 2006 - julio 2009);

• Director General de Cooperación Educativa y Cultural (1998-2000);

• Ha estado adscrito como agregado cultural en la Embajada de México en Japón (1982-1987); responsable de asuntos de cooperación en la India (1987 - 1989); consejero en Italia (1989-1993) y en Bélgica (1994-1995);

Fuera de la Cancillería ha ejercido, entre otras funciones, las siguientes:

• Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2004-2005) y Director General de Asuntos Internacionales del mismo Consejo (2001-2003);
• Presidente de los Consejos de administración de instituciones como Estudios Cinematográficos Churubusco-Azteca (2004-2005); Canal 22 de televisión (2004-2005); el Instituto Mexicano de Cinematografía (2004-2005); la Cineteca Nacional (2004-2005); el Centro Cultural Tijuana (2004-2005) y el Comité Técnico del Fideicomiso del Museo de Arte Popular;

• Presidente de la Comisión de Cultura de la UNESCO (octubre 2005); y

• Presidente de la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de Estados Americanos (2003-2005).

Ha realizado algunas publicaciones sobre desarrollo sustentable y cooperación internacional.

Ha sido condecorado por los gobiernos de España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Colombia.

El nombrado Embajador presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la representación diplomática de México en la India, proponiendo una serie de acciones a desarrollar en los ámbitos:

● Político

• Promover la realización en México de la Quinta Comisión Binacional México – India, y elevar el nivel de la misma al de Cancilleres.

• Continuar y fortalecer el diálogo y la cooperación con la India, en el marco del G 5 y del G 20.

• Continuar cooperando con la India en el ámbito multilateral, reforzando la posición mexicana en temas como la reforma al sistema de Naciones Unidas, el cambio climático, la Ronda de Doha, la no proliferación nuclear y la lucha contra la violencia y el terrorismo.

● Relaciones económico - comerciales.

• Trabajar en coordinación con las áreas económicas de la SRE, Pro México y la Cámara de Negocios México - India, a fin de promover activamente el comercio con nuestro país y las inversiones hacia México.

• Actualizar el marco jurídico binacional, a través de la suscripción de un acuerdo en materia agropecuaria, un acuerdo sobre asistencia mutua en materia aduanera; y estudiar la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial.

• Promover la identificación y ejecución de proyectos de inversión india en México en los sectores: automotriz, tecnologías de la información, químico-farmacéutico, eléctrico-electrónico, energías alternativas, la minería y la  petroquímica.

• Convocar a la Segunda Reunión del Grupo Bilateral de Alto Nivel en Comercio, Inversión y Cooperación Económica (GAN), durante la próxima visita del Secretario de Economía a la India; y promover, en esa misma ocasión, la suscripción de un acuerdo comercial.

● Inversiones:

• Llevar a cabo una intensa campaña de acercamiento con grupos empresariales de la India, a fin de dar a conocer las ventajas que ofrece México como destino de inversión, aprovechando la membresía al TLCAN y la suscripción de 12 tratados de libre comercio con 44 países.

• Apoyar las gestiones que realizan empresas mexicanas como CEMEX, Gruma, Tubacero, Bimbo y Frisa, a fin de evaluar la factibilidad de invertir en el corto y mediano plazo en el mercado indio y en los de las concurrencias.
● Cooperación energética:

• Trabajar junto con la Secretaría de Energía en la implementación del memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo de hidrocarburos.

• Proponer la visita de la Secretaria de Energía a la India, con miras a establecer acciones de cooperación con los institutos de investigaciones eléctricas, petróleo y de investigaciones nucleares; y la posibilidad de atraer inversiones en energías renovables.

● Cooperación científica y tecnológica:

• Promover la realización en 2010 en México de la próxima reunión del Comité Conjunto México – India en Ciencia y Tecnología.

• Promover la creación de un centro de tecnología de la información entre ambos países.

● Cooperación educativa y cultural:

• Promover mayores intercambios interinstitucionales entre universidades e instituciones de educación superior de México y la India.

• Aprovechar las instituciones especializadas de la India para formar técnicos y científicos mexicanos en campos relacionados con las tecnologías de la información, la biotecnología, las nuevas fuentes de energía, la química, entre otras.

• Dar especial énfasis a las celebraciones de 2010, a través de la organización de eventos artísticos.

• En el sector editorial, promover la presencia de autores mexicanos y la traducción de obras mexicanas a las principales lenguas indias (hindi, telugu, tamil, bengalí y urdu).

● Turismo:

• Apoyar al Consejo de Promoción Turística en sus participaciones en las ferias del sector que se celebran en Mumbai, Nueva Delhi y Ahmedabad.

● Asuntos consulares y de protección:

• Implementar un mecanismo que permita estar en contacto regular con la comunidad mexicana residente en la India.

● Temas de seguridad:

• Explorar con la SRE y con la Secretaría de la Defensa Nacional, la posibilidad de abrir una agregaduría militar y aérea en la Embajada, a fin de contar con contactos de alto nivel en el que se perfila como el país con la cuarta capacidad real de poder militar para 2015.

De igual manera, el C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez presentó un programa de trabajo para los cuatro Estados en donde la Embajada mexicana tiene concurrencia, estableciendo como objetivos principales:

• Realizar proyectos de conversión en los sectores energético y textil.

• Trabajar estrechamente con los Cónsules Honorarios de México en Colombo (Sri Lanka) y Katmandú (Nepal) para coordinar seminarios y misiones empresariales mexicanas y promover los contactos entre empresarios de ambas partes.
• Proponer a la SRE la identificación y nombramiento de Cónsules Honorarios de México en Bangladesh y Maldivas.

• Proponer a la SRE y a los gobiernos de los cuatro países de concurrencia, la suscripción de Convenios de Cooperación Educativa y Cultural.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Cónsul General, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez a comparecer ante ellas el día 8 de octubre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la circunscripción que comprende la Embajada en la India. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II, del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano JAIME VIRGILIO NUALART SANCHEZ, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACIFICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.        

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL       

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO            

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO      

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO       

PAN

ARCE RENE                      

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO        

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO        

PRI

BUENO TORIO JUAN               

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN     

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN         

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY              

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO       

PAN

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER  

PRD

CASTELO PARADA JAVIER          

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.        

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.        

PAN

DELGADO DANTE                   

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.         

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL        

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO     

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS       

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO          

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO     

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.           

PRI

GALVAN RIVAS ANDRES            

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO       

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO  

PRI

GOMEZ ALVAREZ PABLO            

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY         

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO     

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE           

PAN

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO       

PT

GOVEA ARCOS EUGENIO G.         

IND

GREEN MACIAS ROSARIO           

PRI

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE        

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO        

PRI

HERNANDEZ RAMOS MINERVA        

PRD

JIMENEZ RUMBO DAVID            

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA      

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR      

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE       

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS         

CONV

LOZANO DE LA TORRE CARLOS      

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA        

IND

MEJIA HARO ANTONIO             

PRD

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA  

PVEM

MENDOZA GARZA JORGE            

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES      

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES    

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL      

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON          

PAN

NAVA BOLAÑOS EDUARDO           

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO           

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.          

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER            

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA        

PAN

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO      

PRI

PEREDO AGUILAR ROSALIA         

PAN

RAMIREZ NUÑEZ ULISES           

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN            

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO    

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO          

PRI

SACRAMENTO JOSE JULIAN         

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO          

PRD

SERRANO SERRANO MARIA          

PAN

SOTELO GARCIA CARLOS           

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO     

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO         

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO          

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN          

PRD

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ     

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO        

PRI

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS    

PRI

CASTRO TRENTI FERNANDO    

PRI

CREEL MIRANDA SANTIAGO   

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA               

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO   

PRI

HERVIZ REYES ARTURO            

PRD

JIMENEZ MACIAS CARLOS       

PRI

JOAQUIN COLDWELL PEDRO    

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO     

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO       

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA 

PAN

TORRES MERCADO TOMAS      

PRD

TREJO REYES JOSE ISABEL       

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 86 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez, por lo que solicito a los Senadores Javier Castelo Parada, Carlos Jiménez Macías, Jesús Garibay García, Ludivina Menchaca Castellanos, José Luis Lobato Campos, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Mario López Valdez y María del Socorro García Quiroz, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Solicito a los señores Senadores ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador Nualart Sánchez! A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Embajador cuando desee retirarse del salón.

(La Comisión cumple)
Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

En fecha 24 de septiembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II, del Artículo 76 constitucional; así como por los Artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Juan Carlos Cué Vega nació el día 1º de octubre de 1958 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Cónsul General; además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Juan Carlos Cué Vega es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado de Estudios Profundos por la Universidad de Estrasburgo, Francia, y uno más en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana; además de haber realizado el Curso de Formación Diplomática en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En 1985 ingresó al Servicio Exterior Mexicano, ascendiendo al rango de Embajador en 2006. A partir de este último año se ha desempeñado como Embajador de México en Kenia, con concurrencia en seis Estados más, así como Representante Permanente de México ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); de igual manera, ha ocupado los siguientes cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores:

• Cónsul Alterno en la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C. Estados Unidos de América;

• Director de Coordinación Consular;

• Director de Protección a Mexicanos en la Dirección General de Asuntos Consulares;
• Cónsul titular en el Consulado de México en Brownsville, Texas, Estados Unidos de América;

• Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C. Estados Unidos de América;

• Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América; y

• Director General Adjunto de la Dirección General de Delegaciones.

Fue profesor de las cátedras de Derecho Diplomático y Consular y de Responsabilidad Internacional en la Universidad Iberoamericana. Formó parte del profesorado del Curso de Formación Diplomática en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE, impartiendo el curso “Las Grandes Migraciones Internacionales: causas y efectos”.

El C. Juan Carlos Cué Vega tiene dominio de los idiomas inglés y francés.

El nombrado Cónsul General presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor del Consulado General de México en Dallas, desglosados en nueve áreas específicas, entre las cuales destacan:

● Relaciones Políticas e Imagen de México:

• Mejorar la imagen de México en la circunscripción, mediante acciones sistemáticas y conjuntas, principalmente en los medios de comunicación, tanto de habla inglesa como en español;

• Promover la participación del Consulado General en las juntas editoriales de los diarios más influyentes de la región;

• Difundir las tareas del Consulado General en la radio; y

• Construir vínculos permanentes con legisladores federales y estatales;

● Actividades de protección:

• Poner especial atención en los casos que en materia penal enfrentan los connacionales mexicanos, sobre todo en aquellos que puedan implicar sentencias a la pena capital;

• Difundir entre las autoridades y la comunidad las tareas que conforme al Derecho Internacional son reconocidas a los Consulados;

• Informar a los mexicanos recluidos en prisión sobre las posibilidades que brinda el Tratado sobre la Ejecución de Sentencias Penales; y

• Mantener una activa operación del Consulado móvil;

● Servicios consulares:

• Poner atención en la capacitación y actualización permanente del personal a cargo de la expedición de documentación consular;

● Instituto de los Mexicanos en el Exterior:

• Actualizar el padrón y propiciar la formación de nuevas organizaciones comunitarias;

• Dar especial importancia a las actividades comunitarias en materia de salud y educación física, como las denominadas ventanillas de salud; y

• Fortalecer los programas 3 x 1, migrante “invierte en México” y “mi casa en México”.
● Promoción económica y comercial:

• Promover los sitios turísticos arqueológicos, las rutas de ciudades coloniales, el eco-turismo, tanto de manera directa como mediante la celebración de seminarios entre operadores del sector, ferias y tianguis turísticos, vuelos “charter” y establecimiento de nuevas rutas aéreas.

● Promoción cultural y del bicentenario:

• Posicionar la galería del Consulado mexicano como una de las más importantes en el contexto de la enorme oferta cultural de la ciudad.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Cónsul General, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Juan Carlos Cué Vega a comparecer ante ellas el día ocho de octubre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la circunscripción que comprende el Consulado General en Dallas. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Juan Carlos Cué Vega reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICOS

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

En fecha 24 de septiembre de 2009, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Las Comisiones que suscriben, en pleno uso de las facultades conferidas a ésta Soberanía por la Fracción II, del Artículo 76 constitucional; así como por los Artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el C. Juan Carlos Cué Vega nació el día 1º de octubre de 1958 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado Cónsul General; además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el C. Juan Carlos Cué Vega es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado de Estudios Profundos por la Universidad de Estrasburgo, Francia, y uno más en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana; además de haber realizado el Curso de Formación Diplomática en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En 1985 ingresó al Servicio Exterior Mexicano, ascendiendo al rango de Embajador en 2006. A partir de este último año se ha desempeñado como Embajador de México en Kenia, con concurrencia en seis Estados más, así como Representante Permanente de México ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); de igual manera, ha ocupado los siguientes cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores:

• Cónsul Alterno en la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C. Estados Unidos de América;

• Director de Coordinación Consular;

• Director de Protección a Mexicanos en la Dirección General de Asuntos Consulares;

• Cónsul titular en el Consulado de México en Brownsville, Texas, Estados Unidos de América;

• Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C. Estados Unidos de América;

• Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América; y

• Director General Adjunto de la Dirección General de Delegaciones.

Fue profesor de las cátedras de Derecho Diplomático y Consular y de Responsabilidad Internacional en la Universidad Iberoamericana. Formó parte del profesorado del Curso de Formación Diplomática en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE, impartiendo el curso “Las Grandes Migraciones Internacionales: causas y efectos”.

El C. Juan Carlos Cué Vega tiene dominio de los idiomas inglés y francés.

El nombrado Cónsul General presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que pretende desarrollar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan establece los ejes principales de la labor del Consulado General de México en Dallas, desglosados en nueve áreas específicas, entre las cuales destacan:

● Relaciones Políticas e Imagen de México:

• Mejorar la imagen de México en la circunscripción, mediante acciones sistemáticas y conjuntas, principalmente en los medios de comunicación, tanto de habla inglesa como en español;

• Promover la participación del Consulado General en las juntas editoriales de los diarios más influyentes de la región;

• Difundir las tareas del Consulado General en la radio; y

• Construir vínculos permanentes con legisladores federales y estatales;

● Actividades de protección:

• Poner especial atención en los casos que en materia penal enfrentan los connacionales mexicanos, sobre todo en aquellos que puedan implicar sentencias a la pena capital;

• Difundir entre las autoridades y la comunidad las tareas que conforme al Derecho Internacional son reconocidas a los Consulados;

• Informar a los mexicanos recluidos en prisión sobre las posibilidades que brinda el Tratado sobre la Ejecución de Sentencias Penales; y

• Mantener una activa operación del Consulado móvil;

● Servicios consulares:

• Poner atención en la capacitación y actualización permanente del personal a cargo de la expedición de documentación consular;

● Instituto de los Mexicanos en el Exterior:

• Actualizar el padrón y propiciar la formación de nuevas organizaciones comunitarias;

• Dar especial importancia a las actividades comunitarias en materia de salud y educación física, como las denominadas ventanillas de salud; y

• Fortalecer los programas 3 x 1, migrante “invierte en México” y “mi casa en México”.

● Promoción económica y comercial:

• Promover los sitios turísticos arqueológicos, las rutas de ciudades coloniales, el eco-turismo, tanto de manera directa como mediante la celebración de seminarios entre operadores del sector, ferias y tianguis turísticos, vuelos “charter” y establecimiento de nuevas rutas aéreas.

● Promoción cultural y del bicentenario:

• Posicionar la galería del Consulado mexicano como una de las más importantes en el contexto de la enorme oferta cultural de la ciudad.

La carpeta que contiene el detalle de las características de la circunscripción, así como el programa de trabajo que se propone realizar el nombrado Cónsul General, se anexa al presente dictamen.

Con base en el Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores establecido el 22 de diciembre de 1982 para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron al C. Juan Carlos Cué Vega a comparecer ante ellas el día ocho de octubre de 2009 en las instalaciones del Senado. En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de las relaciones entre México y la circunscripción que comprende el Consulado General en Dallas. De igual manera, se analizaron ampliamente su perfil biográfico, así como los puntos esenciales del programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores.

Como consecuencia de lo anterior hemos podido constatar que el ciudadano Juan Carlos Cué Vega reúne las cualidades necesarias para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la Fracción II, del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano JUAN CARLOS CUE VEGA, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 octubre de 2009, México, Distrito Federal.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARCE RENE

PRD

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CALDERON CENTENO SEBASTIAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DELGADO DANTE

CONV

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIAS SERRANO ALFONSO

PRI

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

HERRERA LEON FRANCISCO

PRI

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

LOPEZ VALDEZ MARIO

PRI

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO U. MA DE LOS ANGELES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SANCHEZ ANAYA ALFONSO

PRD

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

Abstención

MONREAL AVILA RICARDO

PT

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

HERNANDEZ RAMOS MINERVA

PRD

JOAQUIN COLDWELL PEDRO

PRI

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

ZAVALA PENICHE BEATRIZ

PAN

Sí”

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 84 votos en pro, cero votos en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo, en consecuencia se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Juan Carlos Cué Vega, por lo que solicito a los Senadores Luis Alberto Villarreal García, Amira Griselda Gómez Tueme, Tomás Torres Mercado, Javier Orozco Gómez, Francisco Berganza Escorza, Luis Alberto Coppola Joffroy, Eloy Cantú Segovia, Claudia Sofía Corichi García y Jesús María Ramón Valdés, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Solicito a los señores Senadores ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Ciudadano Juan Carlos Cué Vega: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Juan Carlos Cué Vega: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Cónsul Cué Vega! A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la Comisión designada acompañe al señor Cónsul cuando desee retirarse del salón.

(La Comisión cumple)






MESA DIRECTIVA

Informo a la Asamblea, que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente a 2009. Dicho Acuerdo se ha distribuido entre los señores Senadores para su conocimiento.

“ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACION CON LA SESION SOLEMNE EN LA QUE SE IMPONDRA LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A 2009

La Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General dispone que la Sesión Solemne correspondiente a la entrega del galardón se realice en el mes de octubre;

Que conforme al mismo artículo 100 invocado, a esta Sesión Solemne debe invitarse al titular del Poder Ejecutivo Federal, además de los representantes de la Honorable Colegisladora y del Poder Judicial Federal; sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente punto de

ACUERDO

PRIMERO.- En la Sesión Solemne del Senado de la República del 22 de octubre de 2009 únicamente tendrán lugar las siguientes intervenciones:

a) Lectura de la histórica proclama del Senador Belisario Domínguez, por parte de un Secretario o Secretaria de la Mesa Directiva;

b) Intervención de un Senador o Senadora, a nombre de la Cámara de Senadores;

c) Intervención a nombre del galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2009.

No tendrán lugar otras intervenciones distintas a las señaladas en este punto.

SEGUNDO.- Como lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General, a esta Sesión Solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine.

TERCERO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, así como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al representante de la Cámara de Diputados, se les asignará un escaño en el presidium.

CUARTO.- En reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás Poderes de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las Comisiones de Ceremonial a que se refiere el artículo 196 del Reglamento para el Gobierno Interior.

QUINTO.- Se invitará al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, para que esté presente en la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez y del diploma que lo acredita como miembro de la Orden correspondiente, a quien represente al señor Antonio Ortiz Mena.

SEXTO.- Adicionalmente a las actividades de la Sesión Solemne que se realicen en el Recinto de Plenos del Senado de la República, se invitará a los titulares de los demás Poderes de la Unión a que participen en las siguientes actividades:

a) Develación del nombre del galardonado, en el Muro de Honor.

b) Guardia de Honor frente al Monumento de Don Belisario Domínguez, acompañados de los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2009.

Mesa Directiva: Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario”.

En tal virtud está a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Comisión Belisario Domínguez. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se determina el formato para la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez, para el año 2009.

Ahora pasaremos a la agenda política pactada para esta fecha, que es para referirse a la situación del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Han solicitado el uso de la palabra para fijar posición, hasta por 7 minutos cada uno de ellos, la Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza; el Senador Ricardo Monreal Avila, del PT; el Senador Dante Delgado Rannauro, del Partido Convergencia; el Senador Javier Orozco Gómez, del PVEM; el Senador Tomás Torres Mercado, del PRD; el Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, del PRI y el Senador Rubén Camarillo Ortega, del PAN; una rectificación por el PRD, será el Senador Pablo Gómez Alvarez.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 7 minutos, la Senadora Irma Martínez Manríquez, por el Partido Nueva Alianza.






INTERVENCIONES

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es indiscutible que existen razones parciales que justifican la decisión, tomada el pasado sábado 10 de octubre por el Ejecutivo Federal, de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Es verdad que la paraestatal era una de las más costosas e ineficientes, y que los altos subsidios que recibía atendían a 42 mil millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, cantidad casi igual a lo destinado al Programa Oportunidades, que beneficia a 25 millones de mexicanos.

También es verdad que en el actual deterioro de las finanzas públicas estimado en más de 300 mil millones de pesos para el próximo año y derivado de la crisis económica por la que atraviesa el país, hacía inviable el continuar asignando subsidios tan elevados a una empresa que hace mucho dejó de ser rentable.

Lo anterior es cierto, pero también es que la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza constituye un severo golpe al sindicalismo, así como a miles de trabajadores que han quedado en el desempleo.

La decisión del Ejecutivo Federal resulta ser la menos idónea de cara a la actual crisis económica, ya que no sólo no se han instrumentado políticas de estado para la protección y defensa del empleo, sino que se está liquidando a un gran número de trabajadores bajo el argumento de un mayor eficientismo y de reducir costos presupuestales en aras de una supuesta austeridad republicana.

Por otra parte, resulta cuestionable que la decisión de liquidar a la paraestatal haya estado presidida por la negativa de la toma de nota a la dirigencia del sindicato de electricistas por parte de la Secretaría del Trabajo, pues pareciera ser que en realidad se va en contra de la organización sindical con el pretexto de sanear las finanzas públicas.

En política la forma es fondo. Es por ello que la forma en que el gobierno federal decidió la liquidación de la paraestatal llama a sospechas, pues no era necesario intervenir en la vida interna del sindicato y pudieron haberse buscado mecanismos de diálogo que no se plantearon.

Compañeras y compañeros, la sorpresiva liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro pone en el centro del debate la cuestión de la relación entre los sindicatos y el Estado. Esta relación debe replantearse bajo el principio del respeto mutuo, pero sobre todo, del reconocimiento de que los sindicatos son órganos de representación social legítimos, los cuales son y deben continuar siendo interlocutores válidos frente al poder del estado.

En Nueva Alianza rechazamos las medidas unilaterales y de fuerza aplicadas en contra de los trabajadores y su organización sindical, por muy válidas que puedan ser las razones del Estado, ya que en un régimen democrático, se debe privilegiar siempre el diálogo y la concertación de acuerdos por encima de la puerta. La relación entre sindicatos y estado no podrá sanearse si primero no se realiza una reforma laboral de fondo, que termine con los apartados a) y b) y con ello con la distinción entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que preserven los legítimos derechos de los trabajadores y que evite que el Gobierno Federal sea juez y parte en los conflictos intergremiales y laborales mediante la creación de una instancia legal autónoma que valide la toma de nota y el ejercicio del derecho a huelga, entre otros aspectos.

A nombre de Nueva Alianza, convoco a todas las fracciones parlamentarias a que, sin distingos de posiciones partidistas o ideológicas, trabajemos conjuntamente en la elaboración de una propuesta de reforma laboral democrática que permita garantizar la plena protección del empleo, así como los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y que contribuya a evitar que en el futuro se repitan acciones de fuerza, como la que hemos presenciado en contra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Martínez Manríquez. Tiene el uso de la palabra, hasta por 7 minutos, en representación de la bancada del PT, el Senador Ricardo Monreal Avila.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras:

El Decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, emitido el domingo por la mañana por el señor Calderón, constituye, sin duda, un asalto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación laboral en este país. Fue y es un atraco que el gobierno federal ha propiciado al SME, evidenciando una vez más las perversas intenciones de utilizar la fuerza laboral para su beneficio, dañando sólo a las organizaciones que no le son serviciales e incondicionales.

Sobre este Decreto de extinción es muy discutible su constitucionalidad, se viola con el flagrantemente la Constitución en las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16 y 73 Constitucional, entre otros. No se observa ninguna garantía, se violan todas las garantías en perjuicio de los trabajadores: la garantía constitucional de audiencia de los mismos, la garantía del proceso, la garantía del respeto a la clase trabajadora.

Y por si fuera poco, a estas violaciones de fondo se aúnan las formas autoritarias de aplicación del Decreto: primero se ocupó con la fuerza policíaca las instalaciones de la empresa, y ahora después, un día después, se publica el Decreto en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación. Son las maneras autoritarias anticonstitucionales y antijurídicas de un régimen que pide todos los días respetar el estado de derecho y acaba con la impunidad, pero que hace lo contrario.

Es el discurso cotidiano de un gobierno que pide más y más facultades y recursos extraordinarios para combatir a la delincuencia organizada, y termina aplicándola al sindicalismo independiente y a la protesta social…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Permítame, Senador Ricardo Monreal. Solicito respetuosamente a los señores Senadores, Senadoras, que hagamos un esfuerzo de atender el debate político que está en curso. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario por que el Senado esté atento al curso político del momento, creo que valdría la pena que nuestros colaboradores y colaboradoras puedan hacer un espacio breve para poder atender a los oradores. Por favor.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En efecto, este es un asunto muy grave señores Senadores y señoras Senadoras, pero parece ser que a la mayoría no le interesa, no le interesa lo que pase con el sindicalismo, no le interesa que queden en la calle 50 mil trabajadores, no le interesa que se actúe de manera fascista, no le interesa que estemos en la antesala de un régimen totalitario, por eso no me extraña su falta de atención y respeto, siempre ha sido así.

Cuando comentamos y argumentamos sobre situaciones delicadas del país todo mundo está platicando, en la chorcha y en el chisme, pero nadie atiende los problemas fundamentales del país. Está creciendo esta casta privilegiada de Senadores, el abismo entre el pueblo y esta casta.

A ustedes no les interesa, a la mayoría no le interesa qué pase con los sindicalizados, no les interesa qué está pasando con los trabajadores, no les interesa lo que vaya a pasar con esta medida autoritaria y dictatorial. Pero allá ustedes, ese es su problema, están sembrando lo que mañana cosecharán, están prendiéndole un cerillo a la hoguera y nosotros no somos responsables, ni nunca seremos cómplices de este Estado totalitario y fascista.

Quienes lo consientan, quienes lo estén protegiendo y quienes estén hablando a favor de esta medida me parece particularmente muy grave. Por eso, señor Presidente, le agradezco sus llamados al orden, pero creo que no tendrá ningún éxito.

Por otra parte, quisiera comentarles que las argumentaciones que ahí se describen en el Decreto de extinción sobre la pésima administración, ineficiencia, dispendio de recursos que se hacen en esta Compañía de Luz y Fuerza, es precisamente lo que pasa en el gobierno. En el gobierno hay una ineficiencia en materia energética, en materia educativa, en generación de empleos, en materia de seguridad, en todo caso liquidemos al gobierno federal, porque con ese argumento nos quedaríamos sin gobierno.

Ahora resulta que un sindicato que año con año lucha por sus prestaciones, que año con año conviene con el gobierno sus conquistas laborales, que año con año suscribe convenios o contratos colectivos de trabajo, ese sindicato es inmoral, ese sindicato es ratero, ese sindicato es corrupto. Cuando es el propio patrón quien ha generado esas condiciones, no sólo a favor de la clase trabajadora que lucha y que debieran todos los sindicatos tener conquistas laborales irrenunciables.

Por esa razón creo que se equivoca el gobierno, no está midiendo las consecuencias que está provocando. Creen que habrá borrón y cuenta nueva, creen que lo que el sindicato está realizando y el Movimiento Nacional de la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, piensan que tienen derecho al pataleo, piensan ustedes que serán dos o tres protestas y todo seguirá en la calma.

No, señores legisladores, no señores y señoras. Lo que están provocando es una gran transformación social, lo que están provocando es una gran explosión social, y ustedes serán los únicos responsables. Me parece muy grave lo que está sucediendo en el país, me parece particularmente que este gobierno perdió la brújula, este gobierno piensa que se va a legitimar con una decisión de fuerza, piensa que puede gobernar sentado en las bayonetas.

Están equivocados, no lo van a lograr, no van a pasar, aún cuando aquí en este Senado seamos voces aisladas, 1 ó 2 ó 3, y sea la inmensa mayoría la que esté votando para que este estado dictatorial y fascista prevalezca en nuestro país, afuera no crean que los engañan, afuera la gente está conciente de lo que está pasando y seguramente les va a cobrar este tipo de actos autoritarios.

Por esa razón, señor Presidente, le agradezco su atención.

Me parece que es inútil estar debatiendo en un tema que está previamente aprobado y acordado por la misma mafia que nos ha gobernado en el país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Ricardo Monreal.

Tiene la palabra, hasta por 7 minutos, y en representación de la bancada del Partido de Convergencia, el Senador Dante Delgado.

- El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

El Secretario de Gobernación, Gómez Mont, afirmó que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro se hizo mediante un procedimiento que cumplió todas las formalidades legales que exige el orden jurídico nacional.

Sin embargo, esta afirmación es una mentira más del gobierno federal, que conlleva a la posible comisión de delitos de despojo y de violaciones graves a la Constitución por parte del propio Presidente de la República por las siguientes razones:

El Secretario de Gobernación afirma: Que el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, refiere que la liquidación deberá seguir las mismas formalidades que su creación, por lo que si Luz y Fuerza del Centro fue creada por Decreto Presidencial el 9 de febrero de 1994, la extinción se realizó por la misma vía.

Cito textualmente. “Se siguió todas las formalidades que exige el orden jurídico nacional, entre otras, la propuesta y opiniones de desincorporación por extinción que emite la Secretaría de Energía”.

Sin embargo, Gómez Mont omite: “Que la creación de Luz y Fuerza del Centro fue determinada por una modificación al Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por parte del Congreso de la Unión”, párrafo que fue reformado con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1989, a través de la cual se creó al titular, se facultó al titular del Ejecutivo Federal para crear el organismo descentralizado “Compañía de Luz y Fuerza del Centro”, y cuyo texto es el siguiente:

“Artículo Cuarto.- “A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías. El Decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines”.

Lo anteriormente referido, constituye para el gobierno de Calderón un hecho notorio por haber sido publicado precisamente en el Diario Oficial de la Federación, y al tener su administración conocimiento pleno del mismo.

Lo jurídicamente correcto era haber enviado al Congreso de la Unión una Iniciativa para reformar el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a fin de que el Congreso lo facultara para proceder a emitir el Decreto correspondiente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Por lo tanto, al no respetarse el párrafo final del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el gobierno federal incurrió en violaciones a las garantías constitucionales siguientes:

Al Artículo Cuarto, que establece a favor de todo gobernado, la garantía de seguridad jurídica en el sentido de que todo acto de autoridad debe sujetarse a un procedimiento determinado en la ley, ya que como se advierte en el caso que nos ocupa, el gobierno no respetó el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica al que ha hecho referencia como se lo ordena el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En consecuencia, el titular del Ejecutivo Federal agravia no sólo a la empresa Luz y Fuerza del Centro, no sólo al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a la sociedad nacional al violar en su perjuicio la garantía de legalidad contenida en el artículo 16, puesto que dicho dispositivo constitucional no lo faculta para hacer el Decreto a través del que ha determinado la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya que como se ha acreditado en lo expuesto, es el Congreso de la Unión el que podía concederle facultad legal al titular del Poder Ejecutivo para emitir el Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre anterior, previa modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Pero no sólo estas son las violaciones constitucionales en las que incurrió el Titular del Poder Ejecutivo, ya que por ser el titular de la Administración Pública Federal, está obligado, como lo señala el artículo 26 Constitucional, a que todo su gobierno se sujete a la observancia del Plan Nacional de Desarrollo, el cual no considera la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Lo aquí señalado es suficiente, jurídicamente, para demostrar el engaño sobre el que se pretende sustentar un Decreto a todas luces inconstitucional y consecuentemente ilegal; actuaciones que pueden tener consecuencias de naturaleza penal y política, ya que al estar a la vista de todos, el Ministerio Público Federal tiene la obligación de iniciar averiguación previa correspondiente, y nosotros los legisladores federales, iniciar el procedimiento de juicio político a los Secretarios de Estado y servidores públicos que suscribieron el Decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

No se dan cuenta de lo que están generando. Hay un boquete económico, un boquete social, un boquete político, quieren ampliarlo a un boquete de estabilidad social.

Compañeras y compañeros Legisladores, asumamos la responsabilidad que la Ley y la Constitución confieren al Congreso de la Unión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Delgado.

Le doy la palabra al Senador Javier Orozco Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado domingo, el Poder Ejecutivo Federal emitió el Decreto mediante el cual establece la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Entre las causas que manifiesta en las consideraciones señala que desde su creación dicho organismo no había cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas. Baste señalar que desde el 2001 al 2008 tales transferencias se incrementaron de más de 200 por ciento, y que en ese año éstas eran de 41 mil 941 millones de pesos.

De seguir así, se ha calculado que se necesitaría transferir más de 300 mil millones de pesos durante la presente administración.

También debe subrayarse, respecto a ese acto emitido por el Ejecutivo, que los resultados de Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas que prestan el mismo servicio a nivel internacional. Inclusive respecto de los que ha reportado la propia Comisión Federal de Electricidad. Así, por ejemplo, su porcentaje de pérdidas totales es superior en casi 3 veces al que presenta la propia Comisión Federal de Electricidad.

A junio de 2009, Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; en tanto que dicha Comisión perdió tan solo el 10.9 por ciento. Casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro. Tan solo en 2008 perdió 32.5 por ciento de energía que compra y genera para vender.

El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo cual representó el 52 por ciento de los ingresos totales de venta del organismo.

Otro factor preocupante está representado por los 22 mil 650 jubilados con los que cuenta la entidad. Hecho que muestra una proporción de 1.95 trabajadores activos por cada trabajador jubilado.

Tal situación ha venido impactando de manera constante y creciente la situación financiera y operativa de dicho organismo.

Como sabemos, en materia presupuestal, al cierre de 2008, Luz y Fuerza del Centro reportó un déficit primario antes de subsidios y transferencias de 44 mil 261 millones de pesos. En ese año la empresa recibió del gobierno federal subsidios por 42 mil 315 millones que se destinaron en su totalidad al pago de energía eléctrica adquirida a la CFE.

Recientemente la propia Compañía de Luz y Fuerza del Centro presentó ante su Junta de Gobierno un diagnóstico sobre la realidad financiera y operativa. El informe de la propia compañía refleja que son más los problemas que tiene la empresa que los beneficios del servicio que ha venido otorgando a casi 6 millones 200 mil usuarios.

Las zonas críticas de operación se incrementaron de 22 a 24 en los últimos 12 meses y por falta de infraestructura y de energía se ha tenido que dejar sin servicio a 927 grandes clientes.

Debe tenerse presente que los costos de esa entidad, casi duplican sus ingresos por ventas. Así, de 2003 a 2008, su registro de ingresos de ventas ascendió a tan solo 235 mil millones de pesos, mientras que los costos fueron por aproximadamente 433 mil millones de pesos. Además se registra un pasivo laboral de 244 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado.

Resulta una contradicción asignarle la misma cantidad de recursos públicos a una empresa obsoleta que a programas sociales que hoy en día atienden a millones de mexicanos.

Diversos sectores productivos del país han señalado que por años ha padecido con Luz y Fuerza del Centro de las altas injustificadas en las tarifas eléctricas, de un servicio insuficiente y de prácticas de corrupción, lo cual ha incrementado los costos de operación para miles de empresas industriales y de servicios.

Ante estas razones, la propia Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó a la Secretaría de Energía se coordinara con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evaluaran la conveniencia de proceder en los términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales.

Las cifras financieras y de resultados señaladas permiten afirmar que Luz y Fuerza del Centro además de no alcanzar la autosuficiencia financiera, solo ha subsistido por las cuantiosas transferencias que le ha hecho el gobierno federal para mantenerse.

Así, lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, su funcionamiento hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones pendientes, nos parece oportuno que el citado Decreto de Extinción debe permitir a ese Organismo conservar su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones que tenga frente a terceros.

De igual forma, el servicio de administración y enajenación de bienes debe llevar el correspondiente proceso de liquidación de conformidad con la legislación de la materia. De esa manera se podrán adoptar las medidas necesarias para que los bienes de ese organismo que se extingue, efectivamente estén atentos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

La obsoleta infraestructura disponible, el rezago operativo, la severa problemática sindical y la crisis financiera del Organismo, hicieron prácticamente imposible cualquier política de modernización. Así, varios gobiernos permanecieron enfrentados con el problema y como única solución temporal, concedieron aumentos y beneficios que se han vuelto hoy en día insostenibles.

Durante largas décadas prevaleció la solución de transferir a otros la responsabilidad, pero también se valoró el peligro político que implicaba resolver tan importante asunto.

Ojalá que esta decisión trascendental y necesaria sea el preámbulo de otras reformas que requiere el país en rubros tan esenciales para el desarrollo de nuestra nación.

El objetivo es garantizar al país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, de conformidad en lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pero lo más importante es que el gobierno, mediante este Decreto, como así lo establece, respete los derechos de los trabajadores al extinguirse la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, disponiendo, expresamente, que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo de trabajo de dicho Organismo. De igual forma, que se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores.

Asimismo, estamos de acuerdo con el compromiso de que también sea asumido para que todos los derechos y obligaciones que resulten con motivo de la extinción se cumplan con el gobierno federal. Esto se habrá de traducir en una inversión de 20 mil millones de pesos para poner fin a la empresa que ha venido suministrando energía eléctrica a la zona centro del país.

En este contexto, la fracción del Partido Verde Ecologista de México reitera su posición en cuanto a no privatizar el sector eléctrico, pero también reitera, y estará pendiente, en que en el proceso de extinción se respeten los derechos de los trabajadores.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Orozco Gómez.

Tiene el uso de la palabra, en representación de la bancada del PRD, el Senador Graco RamírezGarrido Abreu.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La historia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es una historia de un crimen largamente anunciado. Se trata, como en otras ocasiones, de este modelo económico que repudia lo público, pero que obliga a todas las mexicanas y mexicanos en este país a salvar los quebrantos privados. Salvan a empresas y empresarios privados con recursos públicos y se escandalizan cuando una empresa pública tiene dificultades financieras, cuesta al presupuesto y condenan y linchan a trabajadores que luchan por sus demandas y prestaciones. Y estos trabajadores que ojalá hubiera muchos sindicatos como ese, son acusados de irresponsables, de lo que ocurre en una empresa que administra el gobierno o que mal administra el gobierno.

Y esa empresa, colegas, esa empresa que generaba electricidad. Esa empresa que fue producto de una reivindicación nacional del Estado mexicano, porque las empresas privadas no se preocupaban por electrificar las partes pobres del país, las partes incomunicadas del país. Se preocupaban por tener, y con eso bastaba, el mejor del mercado por estar aquí las zonas industriales más importantes de esta parte centro de la República mexicana.

Y esas empresas extranjeras fueron adquiridas y concentradas en lo que hoy se denomina la Compañía de Luz Fuerza del Centro.

¿Es responsable el Sindicato Mexicano de Electricistas de lo que ocurre en esa empresa?, ¿son responsables estos trabajadores por tener prestaciones que debían tener muchos más trabajadores?

No, es la política de los tres movimientos del modelo económico: “descapitalízalas, endéudalas, desprestígialas y véndelas”.

Y miren, la joya de la corona del mercado eléctrico es este, no es otro. Y es la joya de la corona porque la mayor demanda y el mayor consumo de energía eléctrica se da aquí en esta región centro del país. Y ocurre que la estrategia para quebrantar y justificar la privatización.

Cuando Ernesto Zedillo abre la producción de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica al sector privado, hoy el 40 por ciento son productores privados a costa de la Comisión Federal de Electricidad.

Y saben ustedes que en los contratos firmados para conectarse con la comisión, la preeminencia del servicio la da el privado frente a la empresa del Estado, cuando el flujo y la demanda baja y la producción del flujo eléctrico en privado se mantiene, se retrae a la Comisión Federal para garantizarle la venta total de su flujo a los productores privados.

¡Miren qué interesante!

Nos dedicamos a proteger a los privados a costa de los recursos y de una empresa del Estado mexicano, como es la Comisión Federal de Electricidad.

Y buscaron por todos los medios posibles, desprestigiando permanente y periódicamente a la Compañía de Luz sobre la base de qué, de quitarle primero la generación, fueron cerrando paulatinamente las plantas generadoras, los convirtieron en maquiladores. Y miren, si quieren hablar de trabajadores quiero que piensen quiénes reconstruyeron el sistema eléctrico en el tiempo que lo hicieron, después lo hicimos en el ’85 en la ciudad de México.

Quiero que recuerden quiénes electrificaron las colonias más pobres de la ciudad de México, del estado de México, de Morelos y de Puebla que le corresponde al área de trabajo de la Compañía de Luz.

Quiénes electrificaron el Valle de Chalco y quitaron toda esa maraña que había cuando se generó por las políticas sociales del gobierno de aquellos años, lo que ocurrió con el famoso Valle de Chalco.

Se trata de trabajadores que se la juegan y le responden a la gente. Pero, por supuesto, saben ustedes que la Comisión Federal de Electricidad, que la Compañía de Luz le compra a 68 centavos y la venden a 32centavos, la Compañía de Luz, y a quién se la vende a la mitad de lo que cuesta, a los industriales la tercera parte. Eso es lo que hacen, subsidian a los empresarios a costa de la empresa.

No me vengan a decir a mí que por un contrato colectivo hay que erogar 42 mil millones de pesos o 20 mil millones de pesos y se rasgan las vestiduras para finanzas públicas sanas. No me vengan con esos cuentos, con todo respeto. Y el que venga aquí a decirlo pues dirá ciertamente que es una cifra, pero no es para los trabajadores por sus prestaciones. Es porque subsidian en las tarifas industriales más importantes y más altos consumidores con lo que le cuesta más caro a la Compañía de Luz comprárselo a CFE en lo que lo vende la CFE a los industriales, la Compañía de Luz a los industriales.

Qué bueno que fomentemos la actividad económica de los industriales. Pero digamos la verdad.

Bueno, yo creo que la intención, la cuestión jurídica del Decreto la hemos depositado en las señoras y señores Diputados, de nuestra parte así la hemos resuelto. Y hoy por cierto saludo a los Diputados del PRI, que no a los Senadores, que resolvieron ir a la controversia constitucional para enfrentar lo que se refiere al Reglamento contradictorio a la Ley de PEMEX, y los Diputados del PRD vamos a respaldar también este punto de Acuerdo que presentarán tanto Diputados del PRD como el PRI en la Cámara de Diputados.

La controversia va en cuanto al Reglamento en la Ley de PEMEX.

Y espero que aquí en el Senado, espero, que la Comisión de Energía y la de Trabajo podamos ponernos de acuerdo para mediar en este conflicto.

Una, si la intención era privatizar, creo que el segundo mensaje de Felipe Calderón fue claro: “No vas a privatizar. No puedes privatizar. Vas a liquidar una empresa, o haces una nueva empresa o le transfieres a Comisión Federal esos activos. No hay de otra sopa”.

No vamos a permitir ninguna figura de privatización, porque si ustedes lo permiten en el mejor mercado eléctrico de este país, háganse cargo que les van a regalar una mina a estos señores. Y este negocio debe ser del gobierno y del país, no de unos cuantos, por cierto extranjeros casi todos.

Dos, se transfieren a la Comisión Federal los activos y no es en menoscabo del derecho de los trabajadores, porque ellos podrán decidir con qué Sindicato se organizan y podrán establecer su contrato colectivo, porque con todo respeto al Sindicato Nacional, y yo viví con Rafael Galván la lucha del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el glorioso SUTERM, que dirigía nuestro amigo y compañero Rafael Galván, dimos la lucha por la unidad de los trabajadores electricistas, pero sin menoscabo de que hubiese dos contratos o puede haber tres contratos o tres sindicatos o dos sindicatos de una empresa; es decisión de los trabajadores tener el sindicato que deseen y establecer el contrato colectivo que logren frente a la empresa. Así es que no es tampoco patente de corzo, al SME no lo van a destruir por Decreto, eso no le toca al Ejecutivo ni a nadie, es decisión de los trabajadores.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador, le pido que concluya su intervención, por favor.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Una vez recontratados, tendrán que ser contratados y podrán hacer su sindicato.

Yo pido que una vez resuelta la parte jurídica, recibamos aquí en el Senado, les propongo, a la representación sindical, tengamos la sensibilidad de hacerlo como Senadores, reunámonos y escuchémoslos; citemos a la Secretaría de Energía, citemos a la gente de Comisión Federal de Electricidad, y el Senado se convierta en una instancia de acuerdo con sus facultades constitucionales para darle salida a esta crisis, si le apuestan al enfrentamiento, si le apuestan a las venciditas, se van a equivocar, vamos canalizándolo por la vía de las instituciones, por la vía de la legalidad y a revindicar el estado de derecho de trabajadores mexicanos que si tienen hoy condiciones de vida mejor que otros, es porque es sabido de un sindicato democrático que lucha por sus demandas, y otros no lo hacen, y no es culpa de los trabajadores, preservemos eso como patrimonio de todos nosotros, ni se privatiza el servicio eléctrico en el centro del país ni los trabajadores van a desaparecer por Decreto y su sindicato también; apoyémoslo, propongo formalmente a mis compañeros de las comisiones que hagamos el esfuerzo, lo citemos y trabajemos por el bien del país en una salida en que también participemos mediando en este tema tan importante para el país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Graco Ramírez.

Tiene el uso de la palabra en representación de la bancada del PRI, el Senador Ricardo Pacheco Rodríguez.

- El C. Senador Ricardo Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quisiera dividir mi intervención, primero refiriéndome a lo que tiene que ver con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, atentos a la discusión y al debate sobre este asunto, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional avizoramos dos cuestiones aquí fundamentales, la que tiene que ver con el Decreto y la posición del gobierno federal de su legalidad y de su constitucionalidad, durante los días anteriores a su publicación se han pronunciado diferentes actores del gobierno por una posición en la que se respalda y se acredita, insisto, la legalidad y la constitucionalidad de tal Decreto.

Por otro lado, hay voces como la que hemos escuchado de algunos compañeros Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, y que señalan que dicho Decreto no cumple con las formalidades que establecen las leyes que en la materia se han expedido.

Sobre esta parte, nosotros queremos dejar bien claro que posiciones, unas y otras, tienen el legítimo derecho de ir al poder que en la Constitución tiene la obligación de definir una controversia de puntos de vista que es el Poder Judicial. A él compete, a final de cuentas qué posición está de acuerdo con los mandamientos de la Constitución.

Sobre este mismo asunto nosotros hemos dicho que hasta hoy lo que parece es que es una decisión tomada con base en información contundente sobre ineficiencias que padecía la empresa, sobre todo, en la prestación de servicios y en lo que se llama un suministro de subsidios de más de 40 mil millones de pesos que podían ser aprovechados de una manera más propia.

Entre nosotros, compañeras y compañeros Senadores, no podemos obviar que la percepción de la sociedad, el comentario diario que tenemos en nuestras entidades y con nuestras personas que nos relacionamos no dejan de mencionar estos puntos de la falta de un servicio de eficiencia, de la falta de productividad y de la falta de capacidad para incluso otorgar mayor cantidad de servicios de la Compañía de Luz y Fuerza.

Pero también queremos dejar bien claro, la parte de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza tiene un capítulo que comienza días antes de que se produzca la extinción y que tiene que ver con sus relaciones laborales.

Al respecto, hemos de decir que consideramos no conveniente que se siga postulando una posición que iguala dirigencias de sindicatos con sindicatos; las organizaciones que así se denominan las constituyen todos y cada uno de los trabajadores que en ellas se agrupan, y a esa suma de trabajadores deben responder de manera cabal y con responsabilidad quienes en un momento determinado son designados por los propios trabajadores como sus dirigentes.

Entre los miembros del Partido Revolucionario Institucional que formamos parte de este Senado, tenemos bien claro que la responsabilidad de dirigir un sindicato y de hacerlo bien o mal es frente a los trabajadores, y en estos momentos también de cara a la sociedad; no hay que seguir en la ruta de la confusión de dirigentes sindicales que actúan de una forma y otra, y del número total de trabajadores que conforman a esas organizaciones sindicales.

Y a ese grupo de trabajadores que pertenecen a un sindicato en específico como pudiera ser el SME, el SUTERM o cualquier otro sindicato del país o del Distrito Federal, los Senadores del PRI, indudablemente queremos dejarles constancia de nuestra solidaridad.

Si la liquidación o extinción de esta compañía está de acuerdo con la Constitución, y en eso insistimos, habrá de definirlo en último caso la Corte de este país, los derechos de los trabajadores, completos, sus indemnizaciones, los pasivos laborales, la conformación de cada una de las prestaciones y su pago total son y serán respaldadas por nuestro grupo parlamentario.

De ninguna manera debe entenderse, por ninguna corriente ideológica en donde en este momento se encuentre o en el ejercicio del nivel de gobierno en el que esté, que nosotros estamos en pro de ataque a organización sindical alguna o en pro del atentado en contra de los derechos que consagra no sólo nuestra Constitución, sino los tratados que en esta materia tiene firmados nuestro país.

Así que insistir de manera final frente a los derechos de los trabajadores de esa organización y de cualquier otra, y en solidaridad con ellos hay un pronunciamiento claro, clarísimo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Pacheco Rodríguez.

Para culminar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en representación de la bancada del PAN, el Senador Rubén Camarillo Ortega.

- El C. Senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor Presidente, con su permiso:

Me parece que es pertinente, en un momento como este y en un tema como el que nos ocupa, un análisis objetivo, frío, y teniendo en cuenta que es el objetivo superior el que debe orientar nuestros juicios. Por eso, compañeras y compañeros Senadores, les suplico su atención a las siguientes reflexiones y hechos que, a mi juicio, son contundentes.

El primero de ellos, ¿cuál es la génesis de la empresa hoy extinta? Me gustaría recordar con ustedes que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar en una sola empresa, en una, no en dos, en una sola empresa la prestación del servicio público de energía eléctrica y habría que leer con cuidado toda la argumentación que en 1960 se dio sobre el tema justamente en el Congreso de la Unión.

A efecto de satisfacer la demanda en todo el país bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia, por eso se emite una sola empresa. Por esa razón, en diciembre de 1974 se publicó el acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro junto con las demás concesionarias que a ese día subsistían, y también se ordenó en ese Decreto que fuera la Comisión Federal de Electricidad la que adquiriera la titularidad de sus bienes y derechos. Este no es un tema nuevo, es un tema que tiene 35 años discutiéndose.

En ese mismo ordenamiento, mediante su régimen transitorio dejó sin efecto las concesiones y también ordeno la disolución y liquidación de las concesiones existentes, bajo la lógica de que sería la Comisión Federal de Electricidad la que asumiera los servicios prestados por tales concesionarias y estuviera en posibilidad de cumplir con su encargo y su objeto legal de consolidar la prestación a nivel nacional.

Me parece, pues, que fueron circunstancias y causas extrajurídicas y las dificultades políticas en estos 35 años lo que impidió terminar por liquidar estas empresas, incluida Luz y Fuerza del Centro y lo que motivó en 1989 se reformara el Artículo Cuarto Transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un nuevo organismo descentralizado. Fíjense nada más la historia, en 1974, en congruencia con la nacionalización que se da en 1960, se ordena la liquidación y se da marcha atrás en 1989, bajo una coyuntura puramente política.

Segunda reflexión. Nosotros estamos convencidos que la decisión del Ejecutivo no puede considerarse arbitraria, repito, no puede considerarse arbitraria, esta decisión del Ejecutivo tiene fundamentos financieros y tiene como respaldo, y quiero ponerlo a su consideración, compañeros, tiene como respaldo una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación, éste no es un invento del Presidente de la República, y les voy a decir lo que dijo el Auditor Superior de la Federación en el año 2007, cuando se revisó la cuenta pública del 2006.

Dice: “La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evalúe la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el que se señala que “cuando algún organismo descentralizado, creado por el Ejecutivo, deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquel”.

No es un invento de Felipe Calderón, como aquí se ha dicho, está perfectamente sustentado, técnica y legalmente en un órgano autónomo; en un órgano autónomo que aquí en esta misma tribuna se le ha dado todo el crédito para que justamente estas instancias autónomas evalúen si la coyuntura político-partidista, el deber ser de acciones como las que hoy estamos discutiendo.

La tercera reflexión. Me parece, nos parece en el grupo parlamentario del PAN que es perfectamente constitucional la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro, el Decreto presidencial no contraviene ninguna de las disposiciones previstas en los artículos 25 y 28 constitucional, relativos a la función del Estado en áreas estratégicas como lo es el servicio eléctrico, como aquí se ha venido a decir y además, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso.

Exactamente como se están planteando todos y cada uno de los elementos jurídicos. Por eso nos parece que no procederá bajo ningún argumento esa pretendida acción de inconstitucionalidad.

Cuarta reflexión. Me parece que un tema importante a discutir es si serán respetados los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, como aquí bien lo apuntaba el que me precedió en el uso de la voz.

Efectivamente, las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo y se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores, en todo momento se respetarán los derechos laborales de los más de 44 mil trabajadores en activo, sindicalizados y de confianza, así como de los 23 mil trabajadores jubilados.

En otras palabras, me parece que se ha sido muy cuidadoso de que se respeten también los derechos de los trabajadores.

Quinta y última reflexión. Desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años como también así se apuntó. Es una empresa ineficiente, es una empresa incapaz, es una empresa onerosa para todos los mexicanos, los costos de Luz y Fuerza del Centro casi se duplican a ingresos por ventas, como ya se dijo aquí también, del 2003 al 2008 registró ingresos por ventas, fíjense, ingresos por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus gastos, sus costos fueron 433 mil 290 millones de pesos. ¿Qué empresa con estos números es capaz de subsistir, no solamente en México, en cualquier parte del mundo? Es un organismo que registra un pasivo laboral por 240 mil millones de pesos, los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores comparados con cualquier empresa de electricidad del mundo y si lo comparamos con su más cercano referente, que es Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente es evidente la incapacidad y la incompetencia de la empresa en comento.

Solamente les voy a dar cinco indicadores para que ustedes los valoren, fíjense, tiempo de interrupción por usuario medido en minutos: Comisión Federal de Electricidad 79.3; Luz y Fuerza del Centro, 148 minutos; número de interrupciones por usuario, CFE, 2.3; Luz y Fuerza del Centro 5.3; pérdidas totales de energía, CFE solamente pierde el 10%, ¿saben cuánto pierde Luz y Fuerza del Centro? Más del 30%; ventas totales de energía por trabajador, la productividad por cada trabajador, Comisión Federal, 2 mil 500 contra 732 de Luz y Fuerza del Centro; tiempo promedio de conexión…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Le pido que concluya su intervención, señor Senador, por favor.

- El C. Senador Rubén Camarillo Ortega: Un día para Comisión y cinco días para Luz y Fuerza del Centro, termino, señor Presidente, sin duda, es una decisión difícil en tiempos difíciles, pero es una decisión en el sentido correcto.

No podemos pedirle a los ciudadanos de este país un mayor esfuerzo o sacrificios adicionales si en su estructura conserva empresas ineficientes e incapaces de modernizarse. No pueden algunos personajes pedir, por un lado, que se haga más con menos y, por otro, exigir que se mantengan aparatos burocráticos costosos y onerosos para todos los mexicanos, simplemente nos parece que no hay congruencia.

Por otro lado, no pretendan que en el despropósito de una falsa amenaza, de una supuesta privatización que no existe y que nadie ha planteado, quieran abanderar las incompetencias de una entidad que en su conjunto sólo representa esa parte de las entidades paraestatales que todos quisiéramos dejar atrás.

Finalmente, este país requiere de decisiones con visión de largo plazo y no la complacencia de la coyuntura bajo el supuesto de presiones y chantajes. Los Senadores del PAN apoyamos y acompañaremos de manera firme la decisión tomada por el Presidente Felipe Calderón.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Camarillo Ortega. Ha concluido…

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Sí, Senador Tomás Torres.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Yo le pido el uso de la palabra para rectificar hechos y dichos con relación a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, le pido me reconozca mi derecho, por 5 minutos, como corresponde reglamentariamente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, señor Senador, déjeme hacer una precisión solamente.

La agenda política está abierta para tocar temas del momento, procesado por la Mesa Directiva del Senado en consulta con los grupos parlamentarios, pero efectivamente se trata de un debate, no se trata solamente de una pasarela de exposiciones, y en tal función le otorgo la palabra, hasta por 5 minutos, para rectificación de hechos, derecho que tienen en conjunto los Senadores y Senadoras de este Pleno también.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Muchas gracias, señor Presidente.

No pude, debo confesarlo, resistirme a pedir el uso de la palabra después de escuchar vehemencia, pero a veces incongruencia, inconsistencia con lo que se dice, inconsistencia con relación a lo que aquí está planteado.

Evocamos permanentemente el desarrollo y el crecimiento de países como Brasil, y ni siquiera los presidentes de las Comisiones de Trabajo, de Seguridad Social en este Senado de la República, observan por dónde ir salvando los pasivos, que por cierto no son de 40 mil millones de pesos, lo único que me deja ver de pronto es la espantosa ignorancia de los requerimientos financieros que este país tiene y que por cierto no son sólo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En la Izquierda, como es natural y como es propio de la dialéctica, discutimos por dónde, por dónde, sin abandonar una posición de clase, vamos buscándole salida en los requerimientos financieros a este país. No he escuchado en una sola de las intervenciones cuando hablan de eficiencia y de eficacia qué es lo que han dicho con relación a la propuesta de diagnosticar y ajustar las estructuras burocráticas de los tres poderes del Estado mexicano y de los organismos constitucionales autónomos, dicen mentiras.

Si resulta procedente el Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro prepárese también por incompetente y por incapaz quien ha nombrado a los directores de Luz y Fuerza del Centro, porque la ley no se ha modificado, porque es facultad del Ejecutivo Federal. Repásese en dónde se tomaron las medidas de la estructura que tiene actualmente, a pesar del Decreto, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

¿Quién preside su órgano de administración? ¿No habrá responsabilidad política, responsabilidad técnica y administrativa en la historia de la creación de Luz y Fuerza del Centro? ¿Es acaso una decisión única y exclusiva de los tres representantes del sindicato, de aquellos que nombrados por el Ejecutivo Federal tienen responsabilidad directa en la administración? Pero se les hace mucho.

¿Acaso se les hace poco 270 mil millones de pesos para cubrir, sólo en el año del ejercicio fiscal del 2010, la transición pensionaria de la reformada Ley del ISSSTE y del IMSS? ¿Acaso se les hace poco que vale cinco veces los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos al valor de sus activos? ¿Se les hace poco que a 8, 9 años de la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México sólo hayan desincorporado el 2% de sus activos inmobiliarios?

¿Y cuál es la estructura sindical que está ahí? La misma fascista estructura que va a resolver en los tribunales laborales. Estoy de acuerdo y además soy un defensor convencido del papel del Poder Judicial de la Federación, porque habrá de poner en equilibrio el ejercicio del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Fue en el Decreto más allá de lo que estableció el Congreso para crear, para administrar y hacer funcionar a Luz y Fuerza del Centro? ¿Empleó el Congreso la expresión de extinción?

Sí le va a tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para esas comisiones que por cierto nunca sesionan. Hablan aquí de una figura de indemnización, ¿acaso estamos evaluando riesgos de trabajo? ¿El sindicato por el hecho de no tener la toma de nota no existe? ¿El niño nacido que no tiene, dijo Néstor de Buen, acta de nacimiento por ese hecho no existe?

¡Vaya ignorancia! ¡Vaya ignorancia expuesta en esta tribuna tan alta de la nación! Son muy generosos, 2 años y medio en el proceso de liquidación y un bono al que se arrime, pero fórmense porque sólo hay 10 mil. ¿Por qué no pasamos también por un bono de actuación acá?

¿Está en la voluntad del gobierno-patrón el determinar el monto de las liquidaciones? Denle una repasada a las leyes. Los bienes esenciales a la explotación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro están ahí. Y hay una figura que se llama “Patrón sustituto”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Le pido que concluya su intervención, Senador.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Sólo le pido, señor Presidente, me dé el mismo trato de los Senadores que han hecho uso de la voz con antelación a un servidor.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Es exactamente el mismo, proporcionalmente. Les hemos dado de 2 a 2 minutos y medio de tiempo.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Bien. Señor Presidente.

En razón de que iba, por voz propia, a darle lectura al artículo 290 de la Ley del Seguro Social, le ruego me auxilie, y ordene a una de las Secretarias para ilustrar el debate, le dé lectura, con relación a la figuración del “Patrón sustituto laboral”, al artículo 290 de la Ley del Seguro Social.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Con gusto. Proceda la Secretaría a la petición del Senador.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: ¿Completo?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Completo, de una vez.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Doy lectura al artículo 290 de la Ley del Seguro Social.

“En caso de sustitución de patrón, el sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha en que se avise al Instituto por escrito la sustitución, hasta por el término de 2 años, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.

Se considera que hay sustitución de patrón en el caso de transmisión por cualquier título de los bienes esenciales a efectos a la explotación con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos.

El instituto deberá, al recibir el aviso de sustitución, comunicar al patrón sustituto las obligaciones que adquiere conforme al párrafo anterior. Igualmente deberá, dentro del plazo de 2 años, notificar al nuevo patrón el estado de deuda del sustituido.

Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de ésta en pago de prestaciones de carácter contractual por laudo o resolución de la autoridad del trabajo y directamente se encarguen de su operación, no se considerará como sustitución patronal para los efectos de esta ley”.

Es cuanto, Senador.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Adelante, Senador.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Queda claro que hay sustitución de patrón en el caso de transmisión por cualquier título de los bienes esenciales a afecto a la explotación. Ahí están los tendidos, ahí están los postes, ahí están los equipos.

Solamente, y concluyo, señor Presidente, no nos vayamos por el debate falso de las circunstancias.

Podemos coincidir con relación al diagnóstico de la empresa. No está ahí, no está ahí la solución de la problemática de los pasivos, de la ineficiencia, y menos de la deuda de seguridad social que este país tiene, que equivale a 40% del Producto Interno Bruto, y no decanten toda la responsabilidad en la plantilla laboral; no es un asunto de jefes, es un asunto de liderazgo político y de proyectos políticos.

Y si hablan de coadministración, hay una que va más allá, y es cohabitación, y es la de Petróleos Mexicanos, y son otras, en donde por cierto ya no hay un debate de clase, sino de acomodo y de convivencia con las cúpulas de las estructuras sindicales.

Vayamos a la discusión de fondo. No se queden con Luz y Fuerza del Centro. Hay muchos puntos de Acuerdo que hemos planteado para tocar de fondo esto, pero, bueno, será en todo caso también histórico para registrar de qué lado se ponen las representaciones que dicen tienen su legitimidad y su base en los trabajadores de este país.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Tomás Torres.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras: Informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política, suscribieron un Acuerdo por el que se propone promover una controversia constitucional en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal por actos y omisiones que invaden la esfera de competencia constitucional del Congreso de la Unión en relación a las instituciones financieras, que cuentan en su capital social con la participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero.

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva del
Senado de la República.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 82 numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente Acuerdo:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24 de marzo de 2009, la Junta de Coordinación Política presentó al Pleno, para su aprobación, un acuerdo mediante el cual se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe si la interpretación realizada por esa dependencia y contenida en el comunicado de prensa 012/2009 emitido el día 19 de marzo de 2009, corresponde a la interpretación oficial que sobre el particular debe realizar en términos de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Instituciones de Crédito y por el artículo 5º de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

En fecha veintidós de septiembre del dos mil nueve, se dio cuenta al Senado de la República con el oficio número SEL/UEL/311/1509/09, de la misma fecha, por el que el Ejecutivo Federal, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en respuesta al punto de acuerdo antes citado.

Que con fecha 24 de septiembre del año en curso, se recibió en la Junta de Coordinación Política el oficio DGPL-1P1A-755 suscrito por el Senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, con el que remite el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 26 de marzo de 2009, sobre el contenido del comunicado de prensa 012/2009, emitido el día 19 de marzo de 2009.

Que con el oficio a que se refiere el apartado anterior, se remitió al Presidente de la Mesa Directiva un comunicado suscrito por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se confirma el contenido del comunicado de prensa citado, señalándose que el mismo “corresponde con la posición de esta dependencia respecto de las implicaciones de los programas de apoyo de gobiernos extranjeros con motivo de la crisis global, en el sistema financiero nacional, el cual fue emitido en respuesta a las inquietudes expresadas por la opinión pública sobre el tema”.

Que, en sesión de fecha 7 de octubre del año en curso, la Junta de Coordinación Política analizó la respuesta del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público a que se hace referencia, aprobándose remitir al Pleno, el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que, con motivo de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar con participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero, en su capital social.

Salón de Sesiones del Senado de la República, 13 de octubre del año dos mil nueve.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

“PROPUESTA DE MODIFICACION AL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVO A LA INTERPOSICION DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que, con motivo de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar con participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero, en su capital social.

Sen. Pablo Gómez Alvarez
Octubre 13 de 2009”.

Este Acuerdo ha sido distribuido entre la Asamblea para su conocimiento, y en consecuencia, está a discusión el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señor Senador.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Me parece que existe un error en la redacción, porque dice la propuesta de la Junta de Coordinación Política: “Que la Junta de Coordinación Política acuerda presentar la controversia”.

Pero no puede ser que la Junta le proponga al Pleno que la Junta acuerde. Eso no puede ser así.

El proyecto de la Junta debe de decir: “El Senado acuerda…, etcétera, etcétera”.

o sea la primera parte de la primera frase, donde dice: “La Junta de Coordinación acuerda…, debe ser sustituida por una cosa que diga: “El Senado”, porque es el Senado el que la va a aprobar. La Junta ya la aprobó como proposición, ya está aquí en este momento. Es un asunto de redacción.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pero de la mayor importancia, tiene razón, Senador Pablo Gómez.

Servicios Parlamentarios está turnando a esta Mesa Directiva el texto real. Pero pido al Senador Gustavo Madero su aceptación, en su calidad de Presidente de la Junta, para modificar el punto de Acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación para que diga de la siguiente manera:

“El Senado de la República acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que, con motivo de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar con participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero, en su capital social”.

Consulto a la Junta de Coordinación Política si hace suyo el refraseo de forma, pero que realmente es correcto, desde el punto de vista legal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Pido la palabra, a favor.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Ricardo Monreal.

Está a discusión, y le doy la palabra a favor del proyecto de la Junta, al Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Resulta frecuente que por interpretaciones amañadas, tergiversadas, o como en los pueblos se dice: “Huizacheras”, se intente torcer el sentido de la ley, y por eso la interpretación de una norma jurídica le queda atribuida al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este es un asunto histórico, y si no, es una decisión importante. Por eso solicité el uso de la palabra para hablar a favor.

Fue un esfuerzo de los grupos parlamentarios encabezados por el Presidente de la Mesa Directiva, y estamos sólo a unos días para que pueda prescribir este derecho de interponer esta controversia constitucional por la interpretación de varias disposiciones en materia reglamentaria.

¿Cuáles son éstas?

El artículo 5º de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; y el artículo relativo también a la Ley de Instituciones de Crédito.

¿Qué dicen éstas?

Dicen: “Que no podrá ninguna autoridad tener capital accionario en instituciones bancarias nacionales”.

Ha propósito de la crisis presentada hace varios meses a nivel mundial, varios bancos mexicanos se vieron fortalecidos por gobiernos extranjeros de manera ilegal, desde nuestro punto de vista, para la recompra o la compra accionaria de esas instituciones de crédito.

Desde marzo -y por eso quise hablar- desde marzo, hace ya casi medio año, el Senado de la República por unanimidad acordó que la Secretaría de Hacienda determinara si en la comunicación, en un texto pequeño, a través de su Comunicación Social, era la interpretación de la institución denominada “Secretaría de Hacienda”.

Seis meses tardamos, seis meses para que Hacienda nos hiciera el favor de contestarnos y decirnos que en efecto esa comunicación emitida en un boletín informativo era la interpretación de la Secretaría de Hacienda.

Si ustedes leen tanto el comunicado como la respuesta de Hacienda, verán que intenta justificar lo injustificable. Es decir, que está violando la ley, pero que no había otra manera de afrontar la crisis económica y financiera mundial.

Es decir, Hacienda dice “sí estoy violando la ley, pero la norma jurídica vigente es obsoleta y no preveía este colapso financiero internacional y por tanto es legal y enseguida voy a enviar una iniciativa de ley para modificar estos artículos de las leyes reglamentarias correspondientes”.

Por eso es importante la interposición de la controversia constitucional; y por eso todos los días los Senadores acudiremos a este instrumento jurídico frente a violaciones frecuentes de la ley.

¿Qué es lo que alega Hacienda aparte de estos argumentos totalmente frívolos? Alega que el Tratado de Libre Comercio le faculta para poder adquirir los bancos, capital extranjero proveniente de autoridades; totalmente falso. No hay en ninguna cláusula del Tratado de Libre Comercio disposición concreta sobre esta situación.

Por esa razón, señor Presidente, celebro que este Acuerdo haya sido firmado en la Junta de Coordinación Política por unanimidad, y celebro -ojalá y así sea- que el Pleno del Senado de la República suscriba la controversia constitucional para poder determinar el alcance de la norma jurídica y que por la vía de la interpretación la Suprema Corte de Justicia determine a quién le asiste la razón. No solo es BANAMEX CITIGROUP, no queremos personalizar en una sola institución. Hay 9 instituciones que tienen capital accionario de gobiernos extranjeros y por eso es importante determinar, con claridad y precisión, cuál es el alcance y la interpretación de las normas jurídicas aplicables.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila. Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Elizondo, para hechos, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Fernando Elizondo Barragán: Muchas gracias, señor Presidente, con la aclaración de que pedí la palabra para hablar a favor de esta resolución.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se aclara que es a favor su intervención.

- El C. Senador Fernando Elizondo Barragán: Compañeras y compañeros Senadores:

El propósito de mi intervención es aclarar el sentido que esta resolución tiene para el grupo parlamentario de Acción Nacional y las razones por las que estamos apoyando esta resolución.

Efectivamente, en la Ley de Instituciones de Crédito, disposiciones que datan de los 80´s, establecen, entre otras cosas, que no podrán participar en el capital social de las instituciones de banca múltiple entidades que tengan funciones de autoridad en el extranjero. Eso está muy claro. Pero el artículo éste, se refiere a dos de los tipos de acciones: las acciones serie “o” y serie “l”, las ordinarias y las limitadas, que eran la forma de regular el capital social en aquel entonces.

Con posterioridad a la vigencia de estas disposiciones, vino el Tratado de Libre Comercio y vinieron como consecuencias reformas a estas mismas leyes y se introdujo un Capítulo Tercero en la ley, que habla de lo que se llama las instituciones filiales de entidades financieras exteriores. Las filiales de bancos extranjeros no son otra cosa que una extensión de esos bancos; las filiales son instituciones totalmente controladas por los bancos extranjeros, que actualmente operan completamente en libertad.

El juicio sobre si eso es bueno o es malo, no es objeto de esta discusión. Estoy tratando de aclarar la realidad normativa en la que nos movemos.

Ese es el caso de las instituciones de que ahora discutimos; se trata de filiales de entidades financieras del exterior que con motivo de la crisis económica recibieron apoyos de los respectivos gobiernos, algunos de ellos en forma de suscripción de capital, en la mayoría de los casos sujetos a limitaciones de tiempo para que se devuelvan esos recursos al gobierno respectivo.

Ahora, yo quisiera ir al fondo de este asunto. ¿Qué es lo que nos interesa a los mexicanos en relación con el sistema financiero? Lo que nos interesa y que estaba representado en ese artículo es, primero, que los gobiernos extranjeros no adquieran la capacidad de controlar el sistema financiero mexicano y por tanto determinar las políticas de las instituciones de crédito dentro de nuestro país.

Segundo, ¿qué nos interesaría en la situación crítica actual? Nos interesaría que no se drenaran flujos de fondos, recursos de los mexicanos para ir a apoyar a instituciones matrices en otros países.

Yo quiero decirles que en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos y satisfechos de que estos intereses están cubiertos.

Estamos convencidos, además, de que la interpretación que ha dado la Secretaría de Hacienda a las disposiciones en comento, que de paso debo mencionar la Secretaría de Hacienda no es la competente para regular este campo; pero la Secretaría ha interpretado la situación y creemos que la ha interpretado bien. No estamos en una situación en donde se vayan a drenar flujos mexicanos, al contrario, los apoyos que las matrices de las instituciones filiales reciban en el extranjero les ayudarán a no requerir flujos del mercado mexicano para sostenerse y resolver su situación, y en eso nos debiera de convenir que tuvieran esos apoyos.

Y el control del mercado financiero mexicano no lo van a adquirir estos gobiernos por ningún motivo, porque para eso tenemos instituciones que regulan eso.

¿Por qué entonces Acción Nacional está de acuerdo en que se interponga esta controversia constitucional? Por una razón muy sencilla. Porque vemos que en la discusión se crea confusión, se crean dudas y creemos sano dentro de un régimen institucional, republicano, de leyes, que esas dudas se despejen por las instituciones competentes.

Y si es la Suprema Corte la que se tiene que pronunciar para decir es correcto o no es correcto lo que se está interpretando, que se pronuncie, tenemos plena confianza del sentido de ese pronunciamiento.

Pero lo que sí advertimos es que sería altamente irresponsable. Y eso sí podría causar daños irreversibles al mercado financiero mexicano, el crear condiciones de incertidumbre alrededor de una controversia de este tipo.

Que quede claro y por eso estamos tranquilos en Acción Nacional, que quede claro que el público inversionista, la integridad del sistema financiero, la salud de las políticas financieras de México no están en peligro aquí. Por eso estamos a favor de que se interponga la controversia constitucional, señor Presidente.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Elizondo Barragán. Tiene el uso de la palabra a favor el Senador Pablo Gómez Alvarez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Gracias, señor Presidente.

Es conveniente hacer algunas aclaraciones, sobre todo a lo dicho por el Senador Elizondo. BANAMEX y todos los grupos financieros son instituciones de crédito, son financieras mexicanas que operan bajo las leyes de México y con autorización de las autoridades de México, primera cosa.

Hace años no se permitía que el capital extranjero tuviera mayoría en instituciones financieras mexicanas. Se hizo un reforma en la época de Salinas para que al privatizar la banca pudiera haber inversión extranjera, pero limitada.
Yo me permití decir que eso era el inicio de algo. Con el tiempo fueron cambiando las leyes y el Congreso muy obsecuente a los intereses de los financieros internacionales.

Y hoy pueden tener control de las instituciones financieras mexicanas.

Pero ese control lo han logrado no creando bancos nuevos sino comprando bancos viejos, todos los cuales, bancos vivos, fueron salvados con el dinero de los mexicanos, todos. Todos fueron subsidiados, todos.

Y los que recibieron el subsidio, que eran los dueños de los bancos vivos de la crisis anterior, de la del ’97, vendieron. Y al vender realizaron el valor del subsidio que el gobierno les dio a través del FOBAPROA y después del IPAB. Esta es la historia. Y así se extranjerizó la banca mexicana.

Al gobierno no le importa, pero quedó un remanente jurídico en toda la idea de entregar la banca mexicana a los extranjeros, quedó un remanente ahí que está en el TLC, está también en la ley: “Ninguna institución financiera mexicana podrá tener capital accionario con voto procedente de instituciones que ejerzan actos de autoridad en sus países”. Desde luego los gobiernos, desde luego los gobiernos. Ahí quedó.

¿Por qué quedó así?

Se les olvidó quitarlo, lo que ustedes quieran.

La operación para extranjerizar la banca mexicana tiene un escollo que tiene que ver no con los bancos privados extranjeros, sino con aquellos bancos en donde haya posiciones decisorias de autoridades, o sea, de gobierno.

Como Obama no le quiso meter dinero al CITIGROUP, dueño, accionista mayoritario de BANAMEX, si no era con acciones con voto, le dijo: “Ya estuvo bueno de estar subsidiándolos”. Eso lo hicieron los mexicanos allá en su tiempo en FOBAPROA y demás, no voy a hacer eso yo igual. Me das las acciones”. Tomó la posición decisoria accionaria.

Y en ese momento como CITIGROUP es accionista mayoritario de BANAMEX, BANAMEX pertenece al gobierno de Estados Unidos. Y dice la Secretaría de Hacienda que ese no… la ley, cuando la ley dice que eso no puede ser.

Otra, que no hay que hacer un escándalo de esto para que el dinero no se vaya al exterior.

¿A dónde creen ustedes que se fue el dinero de la venta de BANAMEX?

Senador Elizondo, usted sabe muy bien que estos muy amigos, por cierto, de Fox y de otros panistas. Ricardo… ¿cómo se llama? No, Ricardo no. Roberto Hernández, Ricardo es buena persona, no es banquero. Le pagaron a todo su grupo 6 mil 500 millones en efectivo, se los llevaron del país, les pagaron, de dólares, 6 mil 500 millones en acciones de CITIGROUP que por cierto recientemente bajaron mucho de precio y perdieron.

Ese dinero no salió de la nada y en parte es por la valorización que le metió FOBAPROA a BANAMEX. Ahí está el dinero que seguimos pagando todos los meses los mexicanos.

Bueno. O sea, que son acciones de CITIGROUP. ¿A dónde se fue?

Pues al extranjero.

Que no hay que drenar flujos mexicanos. No, no se preocupe Senador. De eso se encargan los dueños del dinero.

Cuando se lo quieren llevar se lo llevan y no le piden permiso a nadie, absolutamente a nadie.
Y los bancos no solamente lo hacen, sino favorecen y le dicen a los clientes: “llévate tu dinero porque aquí quién sabe cómo. Ponlo en dólares porque quién sabe cómo va a estar la paridad cambiaria”.

Y claro, la reserva pues sigue estando al servicio de los especuladores con divisas.

Cuando hay especulación con divisas, lo que tiene eso…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Le pido, Senador, que concluya su intervención, por favor.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Termino, señor Presidente. Es la venta de divisas de parte del Banco de México. Y no hay quién los pare, cae la bolsa, se van al dólar. Sube la Bolsa, se van a la Bolsa. Al rato voy a proponer que le cobren impuestos a los que ganan en la Bolsa.

A ver si el PAN realmente quiere acabar con privilegios. Va a decir que no, porque tienen acciones en la Bolsa y no pagan impuestos ustedes.

- El C. Senador Rubén Camarillo Ortega: (Desde su escaño) ¡Házmela buena!

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: No, no tengo yo que hacértela buena, tú te encargas a tí mismo de hacértela buena, no yo. Yo no se la hago buena a nadie.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Concluya, por favor, compañero Senador.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Señores Senadores, aquí el asunto es muy sencillo y la Corte tendrá que resolver.

Hay una ley que impide que se haga lo que se está haciendo. El gobierno se hace de la vista gorda y considera, usurpando las funciones del Congreso, que la ley no dice lo que dice, legisla en lugar de proveer como manda la Constitución al Ejecutivo, al estricto cumplimiento de las leyes del Congreso. Esa es su primera obligación del Ejecutivo. Consulten la Constitución y nos vemos en la Corte, ciudadanos del PAN.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Bien, ciudadanos Senadores. Le doy el uso de la palabra al Senador Ricardo García Cervantes a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Señor Presidente, no la pedí a favor.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿Con qué objeto?, Senador.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Para referirme al tema, y en su caso, si me obligan, entonces en contra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para rectificación de hechos, entonces.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Yo sí le solicito, señor Presidente, que mi intervención quede en el Diario de los Debates, por supuesto, porque son los mismos cuestionamientos que hizo el Senador Tomás Torres, que yo hice a la Mesa Directiva.

¿Cuál es la motivación de esta controversia constitucional?

Un boletín de prensa que luego fue confirmado en su contenido por la Secretaría de Hacienda, me dijeron; ¿qué se le pide a la Corte? Que diga si el boletín de prensa, que fue confirmado por la Secretaría de Hacienda corresponde o no a la Constitución.
¿Para qué efectos? Ya lo definirá la Corte, pues no. Yo no creo que el Senado de la República pueda inventar una acción de inconstitucionalidad para efectos de saber si el boletín de prensa de la Secretaría de Hacienda, que luego fue confirmado en su contenido por la Secretaría de Hacienda, viola o no viola la Constitución, simplemente para el efecto de regodearnos en el saber.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente, ¿me permite una pregunta al orador?

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿Acepta usted una pregunta, señor Senador?

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Con mucho gusto, y si usted lo permite, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto, adelante, Senador Gómez, pregunta puntual.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Senador García Cervantes, a mí tampoco me gusta cómo redactaron en la Junta, y creo que usted fue el redactor del Acuerdo.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: No, le respondo que no fui el redactor.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Bueno, entonces no, ¿estuvo bien o estuvo de acuerdo?

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: No, no estuve de acuerdo.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) O estuvo en contra.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Sí.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Formule la pregunta.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Bueno, entonces ya estamos de acuerdo usted y yo; a mí tampoco me gusta, pero yo le pregunto a usted, leyendo todo el documento completo, no se entiende -yo lo entiendo así- que no se trata de preguntar sobre la legalidad de un boletín de prensa, sino sobre la invasión de facultades del Ejecutivo al Legislativo. El Legislativo no va a declarar que ha violado la ley, y no estamos en la confesional, sino que nosotros vamos a la Corte diciendo, para poder resolver este tema, le pregunto a usted si esa actitud del gobierno invade o no el área de competencia del Congreso de la Unión.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Para poder contestarle con objetividad, a mí me gustaría tener a la vista, por supuesto, el dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue creada para efectos de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano que esta ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fortalecer el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto. Si este organismo que fue creado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica y facultades ejecutivas, me haría muchísima confianza y tendría más credibilidad que lo que haya escrito Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda si está señalada en la Ley Orgánica como responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y a las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. Esa responsabilidad mediante la autonomía técnica y facultades ejecutivas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberían de estar sustentando una afirmación del Senado de la República de invasión, como usted lo presume, para ir entonces en controversia constitucional contra un hecho concreto y determinado cuando menos bajo el criterio uniforme y técnico del Senado de la República sustentado en los dictámenes de los organismos públicos encargados de esta supervisión y vigilancia.

De otra manera, mi pregunta es, ¿el fallo de la Corte que se espera, vincula a Obama? ¿al gobierno español? Vincula al gobierno mexicano para expulsar del sistema financiero a los bancos que tienen ahora como medida transitoria de estabilidad del sistema financiero y el Banco de México tendría que opinar, que forma parte del Fondo Monetario Internacional para saber las condiciones y las consecuencias de las medidas que se tomaron y de las que no, y cuáles serían las consecuencias de no haberse tomado.

En consecuencia, además, Senador Gómez, no tengo ningún empacho en esta tribuna en decir que, por supuesto no soy experto en materia financiera y que por supuesto también de esta intervención usted podrá estar derivando todas mis limitaciones técnicas en la materia, pero precisamente, precisamente yo creo que no puedo pedirle a la Corte que me saque de mis limitaciones técnicas y de mi ignorancia mediante una consulta a través de una controversia constitucional.

Yo con lo que ha sucedido en este debate y con los términos en los cuales se ha planteado una controversia constitucional para que la Corte nos diga si está bien o está mal el criterio de Hacienda, sin haber hecho todas las indagatorias y las solicitudes de información, a los órganos especializados que podrían nutrir el conocimiento y la conclusión del Senado. Yo en lo particular, y sólo a título personal y digo que no es procedente una, esta acción de inconstitucionalidad sin haber agotado otros expedientes, y por lo tanto yo voy a votar en contra para que quede claro, Senador Pablo Gómez.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Bien, han hecho uso de la palabra cinco ciudadanos Senadores, cuatro a favor del punto de Acuerdo y una intervención en contra, procede por lo tanto…

¿Con qué objeto?, Senador.

- El C. Senador Guillermo Tamborrel Suárez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Simplemente para justificar mi voto, la razón de mi voto también será en contra por las razones que ha expuesto el Senador García Cervantes.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda registrada, Senador, muchas gracias.

Esta Mesa Directiva, simplemente quiera hacer una precisión, no hemos entrado en materia misma de lo que es la controversia constitucional, el contenido está siendo estudiado por el jurídico del Senado de la República y en la interposición de recurso correspondiente.

Hoy lo que estamos discutiendo y debatiendo es la pertinencia de que el Senado de la República acuerde que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia con el tema que ha sido debatido, y en consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría simple, aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muy bien. En consecuencia, el Senado de la República acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que con motivo de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar con participación directa e indirecta de algún gobierno extranjero en su capital social.

Antes de pasar, señoras y señores Senadores, al capítulo de iniciativas de ciudadanos Senadores, quiero a nombre de la Mesa Directiva del Senado, darle la más cordial bienvenida al ciudadano Presidente Municipal del municipio de Yecapixtla, Morelos, Irving Sánchez Zavala, y a los integrantes de su cabildo que nos visitan, bienvenidos al Senado de la República, señor Presidente.

(Aplausos)

En el capítulo de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal Federal.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 177 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

- El C. Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Gracias, señor Presidente.

El de la voz, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Senador por el estado de Durango e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 177 del Código Penal Federal, la cual solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inserte en sus términos en el Diario de los Debates y con su anuencia expongo el resumen de la propuesta.

Como es del conocimiento general, uno que más se usa en Internet es el correo electrónico (e-mail), como un medio de comunicación rápida y de bajo costo.

Las nuevas tecnologías de comunicación e información reúnen características que las convierten en un medio idóneo para la comisión de delitos con nuevas modalidades que no quedan claramente comprendidos dentro de la tipología tradicional, dicha idoneidad deriva de la rapidez y magnitud con la que se puede acceder a datos y la posibilidad de su manipulación, copiado, alteración, distribución o destrucción, con pruebas que requieren para su acreditación y presentación de un conocimiento especializado.

Los delitos informáticos son considerados como conductas criminales de cuello blanco, en tanto, que sólo un determinado número de personas con ciertos conocimientos técnicos puede llegar a cometerlos, también sabemos que son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello a la falta de una regulación especial, los mismos presentan grandes dificultades para su comprobación, esto por su mismo carácter técnico.

Estos delitos tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente regulación, por el momento siguen siendo ilícitos impunes de manera manifiesta ante la ley.

El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación de uso cotidiano para miles de usuarios que envían mensajes y documentos anexos de carácter privado; privacidad que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al disponer que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.

Actualmente el Código Penal Federal regula en su Título Quinto los delitos en materias de vías de comunicación y correspondencia, en particular los artículos 173, 174, 175, 176 y 177 describen los delitos de violación de correspondencia e intervención de comunicaciones.

Sin embargo, no existe señalamiento específico sobre la violación a comunicaciones privadas que se envían o transmiten a través del correo electrónico.

Por otra parte se tiene que en el título noveno del Código Penal Federal, se regula la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipos penales que tampoco sancionan la violación a la privacidad de las comunicaciones privadas a través del uso específico del correo electrónico.

Considerando las bases tecnológicas, los sistemas de seguridad y las políticas de privacidad de los diferentes buscadores o empresas que prestan el servicio de correo electrónico en la red de Internet, se puede concluir que el correo electrónico tiene características de protección de la privacidad más acentuadas que la vía postal ordinaria, debido que para su uso se requiere de un prestador del servicio, dígase google, yahoo, msn o cualquier otro en el mercado, un nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros extraños la intromisión de los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse. Con las condiciones anteriores, nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico conocido como e-mail o como correo electrónico, como un verdadero correo privado a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Es por ello que se considera necesario garantizar la protección legal a la comunicación privada a través del correo electrónico en los términos similares que actualmente se establecen para la intervención de comunicaciones privadas.

Para ello, a través de la visión de dos párrafos del artículo 177 del Código Penal Federal, proponemos sancionar con seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días de multa, a quien por sí mismo o a través de un tercero, acceda copia, copie, imprima, difunda o altere comunicaciones privadas en mensajes de correo electrónico o cualesquiera otra información o documentos anexos a los mismos sin el consentimiento del usuario, registrado en la empresa que presta el servicio en la red de Internet.

Asimismo se propone que cuando los padres de familia de menores de 18 años accedan a los correos electrónicos de sus hijos no vulnere esto la intimidad de los mismos, ya que estos son responsables de su educación y seguridad hasta esa edad, hasta la mayoría de 18 años.

Es cuanto, señor Presidente. Le agradezco mucho se inserte la iniciativa y entrego una copia a la propia Secretaría.

Muchas gracias.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
en la LXI Legislatura
PRESENTES.

El suscrito, Rodolfo Dorador Perez Gavilan , Senador por el estado de Durango e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los pArrafos segundo y tercero al artIculo 177 del COdigo Penal Federal, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los servicios que más se usa en Internet es el correo electrónico (e-mail), como un medio de comunicación rápida y de bajo costo. La Asociación Mexicana de Internet define al correo electrónico (e-mail) como la aplicación que permite enviar mensajes a otros usuarios de la red sobre la que ésta instalada. En Internet, el correo electrónico permite que todos los usuarios conectados a ella puedan intercambiar mensajes. Los programas cliente de correo electrónico incluyen diversas utilidades, normalmente acceso integrado a los servidores de news, y posibilidad de adjuntar todo tipo de archivos a los mensajes (desde http://www.amipci.org.mx/glosario/?l=C).

El espectacular desarrollo de la tecnología informática abre nuevas oportunidades para la delincuencia como la manipulación de sistemas de información y bases de datos con ánimo de lucro, la destrucción de programas y el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la privacidad de las personas o empresas a la que corresponden dichos datos, son algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales.

Las nuevas tecnologías de comunicación e información reúne características que las convierten en un medio idóneo para la comisión de delitos con nuevas modalidades que no quedan claramente comprendidos dentro de la tipología tradicional, dicha idoneidad deriva de la rapidez y magnitud con la que se puede acceder a datos y la posibilidad de su manipulación, copiado, alteración, distribución o destrucción, con pruebas que requieren para su acreditación y presentación el conocimiento especializado que se carece en las instituciones que persiguen los delitos en nuestro país.

Julio Téllez Valdez, señala que los delitos informáticos presentan las siguientes características principales:

I.- Son conductas criminales de cuello blanco (white collar crime), en tanto que sólo un determinado número de personas con ciertos conocimientos (en este caso técnicos) puede llegar a cometerlas.

II.- Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan cuando el sujeto se halla trabajando.

III.- Son acciones de oportunidad, ya que se aprovecha una ocasión creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico.

IV.- Provocan serias pérdidas económicas, ya que casi siempre producen «beneficios» de más de cinco cifras a aquellos que las realizan.

V.- Ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo y sin una necesaria presencia física pueden llegar a consumarse.

VI.- Son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello debido a la misma falta de regulación por parte del Derecho.

VII.- Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar.
VIII.- Presentan grandes dificultades para su comprobación, esto por su mismo carácter técnico.

IX.- Tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente regulación. Por el momento siguen siendo ilícitos impunes de manera manifiesta ante la ley.

El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación de uso cotidiano para miles de usuarios que envían mensajes de carácter privado. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son inviolables, así mismo determina que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las anteriores bases constitucionales garantizan la seguridad de las comunicaciones privadas, mismas que deben estar respaldadas por las leyes que emite el Congreso de la Unión. Actualmente el Código Penal Federal regula en el TITULO QUINTO los Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia, en particular en los artículos 173 a 177 describe los delitos de violación de correspondencia e intervención de comunicaciones:

CAPITULO II
Violación de correspondencia

Artículo 173.- Se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y

II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.

Artículo 174.- No se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia, y los cónyuges entre sí.

Artículo 175.- La disposición del artículo 173 no comprende la correspondencia que circule por la estafeta, respecto de la cual se observará lo dispuesto en la legislación postal.

Artículo 176.- Al empleado de un telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina, si causare daño, se le impondrá de quince días a un año de prisión o de 30 a 180 días multa.

Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Como se observar, en los artículos anteriores, no existe señalamiento específico sobre la violación a comunicaciones privadas que se envían o transmiten a través del correo electrónico. Medio de comunicación entre particulares que se ve afectado por distintos problemas de seguridad, como los siguientes:

I.- Propagación de código dañino a través de ficheros ejecutables que se adjuntan a un mensaje de correo y la inserción de código dañino dentro del propio cuerpo del mensaje.

II.- Intercepción de mensajes enviados a través de Internet.

III.- Usurpación del remitente para construir mensajes alterados o falsos en nombre de persona distinta.

IV.- Reenvío de mensajes interceptados.

V.- Correo no solicitado (spam).

VI.- Envío masivo de correos para saturar la capacidad del servidor víctima del ataque (mail bombing).

VII.- Interceptación de contraseñas de usuarios cuyos buzones de correo no encriptan dicha contraseña antes de su transmisión en la Red.

VIII.- Revelación a terceros del contendido del mensaje de un correo electrónico sin tener la autorización del autor o remitente.

Por otra parte, se tiene que en el título noveno del Código Penal Federal se regula la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipos penales que tampoco sancionan la violación a la privacidad de las comunicaciones privadas a través del uso del correo electrónico.

Considerando las bases tecnológicas, los sistemas de seguridad y las políticas de privacidad de los diferentes buscadores o empresas que prestan el servicio de correo electrónico en la red de Internet, se puede concluir que el correo electrónico tiene características de protección de la privacidad más acentuada que la vía postal ordinaria, debido a que para su uso se requiere de un prestador del servicio (Google, Yahoo, MSN, Altavista, Ask, Nescape, hispanista, Licos, Ozu, Elcano, Exite, Astrolabio, Buscopio, Canal 21, etc.) un nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros extraños la intromisión de los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse. Nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico como un verdadero correo privado a través de las nuevas tecnologías de comunicación.

Para garantizar la privacidad de la comunicación realizada a través del correo electrónico debemos considerar que el Código Penal Federal es un catalogo cerrado de normas, el cual contiene disposiciones normativas que al aplicarse a hechos concretos la autoridad jurisdiccional esta obligada a observar el principio constitucional de legalidad, por el que se determina que ningún hecho puede ser castigado si su punibilidad no está fijada en la ley antes que la conducta haya sido realizada. Así mismo, la propia Constitución General, en materia de delitos, prohíbe la analogía, esto es, si una conducta no se corresponde exactamente con la prohibición legislativa, el juez no puede aplicar otra regla jurídica aunque esté prevista para una conducta similar.

Por lo que se considera necesario garantizar la protección legal a la comunicación privada a través del correo electrónico en los términos similares que actualmente se establecen para la intervención de comunicaciones privadas.

Para ello se propone sancionar con seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa a quien por si mismos o a través de un tercero vulnere la intimidad de otro, acceda, copie, imprima, difunda o altere mensajes de correo electrónico o cualesquiera otro información o documentos anexos a los mismos sin el consentimiento del usuario registrado en la empresa que presta el servicio en la Red de Internet, así mismo se propone que cuando los padres de familia de menores de dieciocho años accedan a los correos electrónicos de sus hijos no vulnera la intimidad de los mismos, ya que estos son responsables de su educación y seguridad. Lo anterior a través de la adición de dos párrafos al artículo 177 del Código Penal Federal.

Por lo expuesto presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 177 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES.

Artículo único.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 177 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 177.- …

Las penas previstas en el párrafo anterior se aplicarán a quien por sí mismo o con la ayuda de un tercero, acceda, copie, imprima, difunda o altere comunicaciones privadas en mensajes de correo electrónico o cualesquiera otra información o documentos anexos a los mismos, sin el consentimiento del usuario registrado en la empresa que presta el servicio en la Red de Internet.

No se considera que vulneren la intimidad a los padres que accedan a los correos electrónicos de sus hijos menores de dieciocho años.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Pérez Gavilán. Por supuesto que se concede la petición, y se turna la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Telecomunicaciones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Esta iniciativa recoge en buena medida las aspiraciones y propuestas que algunos otros Senadores han presentado con relación al fortalecimiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Esta Comisión que tuvo como propósito original el regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente, y la cobertura social amplia de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en México; sin embargo, distintas circunstancias, entre las que sobresale el conflicto de competencias con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha paralizado su eficaz actuación como garante de los intereses nacionales tanto de usuarios, como concesionarios en su esfera de atribuciones y facultades.

En aras de la consecución, de los fines que debe asumir la COFETEL, en un primer orden ha de dotársele de autonomía de gestión, ajena a cualquier simulación, intervención de poder alguno, convirtiéndola en un órgano descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Federal. Lo que implica, como cualquier otro órgano descentralizado, su autonomía técnica, operativa, presupuestal y regulación, con las que actualmente cuenta la Comisión, dejando atrás los esquemas y procesos burocráticos que implicaba su subordinación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Para no extenderme, compañeras y compañeros, quisiera sintetizar lo que esta iniciativa propone. Como lo dije anteriormente, primeramente conceder a la COFETEL autonomía de gestión, convirtiéndolo en organismo descentralizado, cuyos comisionados, óigase bien, deberán de ser ratificados por el Senado de la República, y de esa manera rescatar una facultad que durante muchos años ha tenido esta Asamblea Legislativa.

Segundo, establecer como requisitos para ser comisionados no tener vinculación alguna con ninguna empresa que se dedique al sector de las telecomunicaciones, cumpliendo con un perfil académico profesional, técnico en la materia, con el único compromiso de servir a la Nación: crear un secretariado ejecutivo que atienda los asuntos administrativos de este organismo, cancelar la doble ventanilla para que la COFETEL, además de ser un órgano regulador bien estructurado, sea el único en la materia, promoviendo reglas de auténtica competencia, eficaces, independientes, transparentes y justas, que le permitan en su carácter de autoridad corregir las distorsiones del mercado, y evitar que aquellos con poder sustancial abusen de su situación en perjuicio del mercado y por ende en detrimento de la economía mexicana.

Dotar a la COFETEL de facultades correctivas y disciplinarias contra aquellos que pretenden vulnerar el mercado y el buen desempeño de las Telecomunicaciones. Dicha contundencia no sólo reside en la capacidad del regulador para corregir a los participantes en el mercado, sino también en la magnitud de estas sanciones, que realmente se conviertan en elementos disuasivos de conductas infractoras; en el lenguaje popular “darle más dientes a la Comisión Federal de Telecomunicaciones”.

Y que parte de este cobro de aprovechamientos y de sanciones se destine al Programa de Cobertura Social y Rural para atender los cientos de comunidades que no cuentan con servicios de Telecomunicaciones, ni siquiera con una caseta telefónica. Igualmente, que parte de estos recursos se destinen en apoyo a las radios comunitarias e indígenas; hay más de 11 millones de indígenas que reciben el bienestar a través de estas radios indígenas y comunitarias.

Por tanto, se propone que el Programa de Cobertura Social, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados desde el año 2003, y que hasta el día de hoy no se ha ejercido en su totalidad, pase a ser operado y administrado por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

En materia del marco regulatorio de las concesiones de bienes de la Nación que administra el Estado, la iniciativa propone un tratamiento igualitario para todas las concesiones, por lo que tratándose de prórrogas, cuando se han cumplido los requisitos por parte del concesionario y para dotar de seguridad y certeza jurídica al ámbito intensivo en capital y tecnología que suelen ser las Telecomunicaciones, la renovación de concesiones podrá extenderse hasta por un lapso de 20 años si se cumplen, como lo he dicho, los requisitos de la concesión y se paga la correspondiente contraprestación que habrá de fijar la Comisión, tomando en cuenta las consideraciones habituales de valor y beneficios esperados de la explotación de una concesión, y tratándose de nuevas concesiones tendrán que someterse a licitación pública.
La iniciativa regulariza también el funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuya consolidación resulta necesaria en aras de garantizar el interés público y acotar la comisión de delitos mediante el uso indebido de equipos móviles, velando por la seguridad de los mexicanos y por la protección de los datos personales que deberán ser resguardados diligente y celosamente por la Comisión.

Es atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, compañeras y compañeros legisladores, que propongo para su dictamen y aprobación por el Pleno el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones en los artículos enlistados en el proemio.

En beneficio del tiempo de la Asamblea le ruego, señor Presidente de la Mesa Directiva, inscriba en el Diario de los Debates la iniciativa en todos sus términos, misma que le estoy entregando en este momento.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Fracción II y 73 Fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, legislador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta Asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo de los países, la calidad de vida de sus habitantes e inclusive su viabilidad, son cada vez más dependientes de su nivel de competitividad, si entendemos ésta como la capacidad de un país para retener y atraer más inversiones, y generar más empleos. De ahí que en materia de desarrollo económico éste sea el tema de nuestro tiempo y en el caso de México uno de los retos más urgentes al que se enfrenta nuestro país. En efecto, de conformidad con todos los organismos internacionales y nacionales que miden la competitividad-país, México ha caído en un rezago en esta materia en relación con otras economías en el mundo. En este sentido, elevar la competitividad-país es una tarea impostergable para alentar el crecimiento económico y la generación de empleos.

La competitividad de la economía mexicana durante los últimos años refleja un claro retroceso en comparación con economías también catalogadas en desarrollo (Brasil, India, China, entre otras), lo anterior ha llevado a los especialistas nacionales a analizar y discutir las diferentes directrices económicas, tecnológicas e instituciones que ayudarían al país a revertir tal situación.

Para que México eleve su nivel de competitividad a nivel internacional, es necesario que cuente con un marco institucional que propicie el buen desarrollo de las actividades de los sectores productivos; este ha sido uno de los elementos fundamentales en la estrategia continua y sostenida de los países más competitivos: creación de instituciones tanto públicas como privadas, efectivas al momento de coadyuvar al mejor funcionamiento de las economías de mercado.

En México, durante la última década, se han establecido algunas instituciones dentro del Poder Ejecutivo que tienen una gran influencia sobre la competitividad del país, una de ellas es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). La existencia de figuras institucionales de este tipo sólo es el primer paso ya que, no obstante que en algunas de ellas su estructura y mandato son las adecuadas y funcionales, su nivel de facultades dejan mucho que desear para llevar a cabo su objetivo principal que es el de regular la competitividad en áreas especificas de la economía nacional.
Hoy en día, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se concibe en su Ley, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y asume las atribuciones y facultades que anteriormente se encontraban conferidas a esa dependencia federal en materia de regulación de los servicios de radio y televisión abierta que ejercía a través de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión, manteniendo su actual esfera competencial por cuanto hace a la regulación de los servicios de telecomunicaciones a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y su Reglamento.

En el marco de la convergencia tecnológica, la reforma de 2006 es congruente con el hecho de que actualmente no se justifica la existencia de autoridades distintas para los fines técnicos de la radiodifusión y las telecomunicaciones, pues en todo caso, los servicios que habrán de prestarse serán de naturaleza afín, por lo que deben sujetarse a las mismas reglas de operación y funcionamiento. De ahí que la concentración de facultades y atribuciones en esta materia en la COFETEL, garantiza la aplicación de normas y criterios uniformes en el otorgamiento de concesiones para operar medios electrónicos de comunicación, pues dicho órgano es el único regulador en cuestiones técnicas de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, no obstante, subsiste el problema de que la COFETEL no es la única ventanilla para realizar trámites y autorizaciones.

Cabe destacar que la COFETEL, conforme a la Ley, es un Órgano Desconcentrado, cuyo Órgano de Gobierno es el Pleno, integrado por cinco Comisionados, incluido su Presidente. Los Comisionados deliberan en forma colegiada y deciden los asuntos por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Los comisionados son designados para desempeñar sus cargos por periodos de ocho años, renovables por una sola ocasión y, sólo pueden ser removidos por causa grave debidamente justificada.

Asimismo, la COFETEL cuenta con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, y es el Órgano encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

La limitación de la COFETEL, en cuanto al nivel de sus facultades, la hacen ver como insuficiente tanto al interior como al exterior del país; lo cual le impide constituirse como el eje de un marco institucional sólido y confiable que efectivamente regule e incentive las buenas prácticas en materia de Telecomunicaciones.

Antes de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, existía la idea generalizada que debería ser un solo operador quien tuviera la infraestructura y prestara el servicio. Se pensaba que de otra manera existiría redundancia en infraestructura y los costos serían trasladados a los usuarios. El operador de telecomunicaciones como monopolio natural podría beneficiarse de las economías de escala. Generalmente el único operador era propiedad del Estado, debiendo cumplir al mismo tiempo con ciertas metas de política pública (p. ej., llevar la telefonía a zonas alejadas). El propio operador establecía los requisitos técnicos, fabricaba los equipos o tenía la exclusividad para venderlos.

Si se pretendían abrir las telecomunicaciones a la competencia, se requería de una autoridad capaz de regular el nuevo mercado de telecomunicaciones para que los interesados en ingresar a éste tuvieran certeza de un nivel equitativo de condiciones entre los dominantes y los nuevos participantes. Las Secretarías de Estado eran las encargadas de elaborar las políticas de telecomunicaciones y supervisar el desempeño de las empresas públicas de telecomunicaciones. El inconveniente para que se convirtieran en autoridades regulatorias era, entre otros, que tendrían presiones de continuar con la rentabilidad de la empresa pública, de cumplir con objetivos de política social y de mantener el subsidio a ciertos servicios.

El órgano regulador requiere, en primer término, independencia de las compañías que va a regular. Ello implica por una parte que la institución como tal actúe y resuelva sin intervención de éstas, de otra manera más que regulador sería agente de las empresas.
En los compromisos internaciones asumidos por México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), se estableció el relativo a que la entidad reguladora sería distinta de todo proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones, y que las decisiones y los procedimientos empleados por ésta serían imparciales con respecto a todos los participantes del mercado.

En este sentido, es importante señalar que la experiencia internacional ha demostrado también que la confianza del mercado para los inversionistas nacionales y extranjeros aumenta según el grado de independencia que tenga el regulador, no sólo de los operadores en el mercado, sino de las estructuras centrales, discrecionales, de gobierno.

México, como país miembro de la OMC, ha adoptado como Ley Suprema de la Unión los tratados internacionales relativos al régimen de constitución y operación de dicho organismo internacional, lo cual se refrenda en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, armónicamente con el 76, fracción I; así como en los artículos 1º, 2º, fracción I y demás relativos de la Ley sobre la Celebración de Tratados y 1º, 4º, 7º, 8º, primer párrafo y demás relativos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De lo anterior, se desprende que nuestro país está obligado al cumplimiento de los compromisos asumidos ante la OMC en materia de telecomunicaciones. Así, el “Acta Final de la Ronda Uruguay y de Negociaciones Económicas Multilaterales”, tratado internacional multilateral que contiene, entre otros, los instrumentos de creación de la OMC, así como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994 y entrando en vigor el 1º de enero de 1995, contienen una decisión específica adoptada por la Ronda Uruguay que derivó en la primera ronda de negociación entre países miembros de la OMC, la cual concluyó en febrero de 1997 con la adición al Acuerdo General de los compromisos presentados por 69 países, incluyendo México.

El documento de referencia anexo a la lista de compromisos específicos suscrita por México en materia de telecomunicaciones, y sobre el cual nuestro país no realizó reserva alguna, establece en el numeral 5 “Reguladores Independientes”, la obligación de los países miembros en el sentido de que “la entidad reguladora será independiente de todo proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones y no responderá ante él. Las decisiones y los procedimientos empleados por los reguladores serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado”.

Es importante destacar que, en la actualidad, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), únicamente en México y Hungría, el titular del Ministerio de Comunicaciones o su equivalente (en el caso de México, el Secretario de Comunicaciones y Transportes), tienen la facultad para revertir las decisiones del Órgano Regulador.

En países como Bélgica, solo algunos tipos de decisiones enlistadas por Decreto Real pueden ser revertidas por el Consejo de Ministros, a la fecha ningún Decreto Real ha sido emitido.

En Canadá, dentro del plazo de un año después de que una decisión de la Comisión, el Gabinete puede, por petición, o por moción del propio Gabinete, variar o rescindir la decisión o referirla de regreso a la Comisión para reconsideración de toda o una porción de ella.

En Dinamarca, el Ministro designa a los miembros del Consejo de Quejas de Telecomunicaciones. El Consejo representa la experiencia profesional y especializada en los campos legal, financiero y relacionado con los mercados así como con ley de competencia y tecnología de las telecomunicaciones. Está estipulado que el Ministro no puede emitir órdenes a la Agencia Nacional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones con relación al ejercicio de su autoridad oficial. Los miembros son designados para períodos de cuatro años.

Por otra parte, en países como España, Australia, Austria, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América (a nivel federal), Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Polonia, Portugal, República de Eslovaquia y Corea, ninguna organización o dependencia diferente a las Cortes, puede revertir las decisiones del Órgano Regulador en materia de telecomunicaciones.

Lo anterior refleja la necesidad de tomar en cuenta la tendencia internacional en cuanto a las atribuciones con que han sido investidos los Órganos Reguladores para el sector telecomunicaciones y/o de radiodifusión en los países miembros de la “OCDE”, situación que es reiterada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), quien destaca la importancia de que sólo el Órgano Regulador pueda revisar sus propias resoluciones o decisiones.

Asimismo, se desprende que existe un consenso a nivel internacional en el sentido de que para que un Órgano Regulador tenga autonomía plena en torno a la emisión de sus resoluciones, es necesaria que sus decisiones sólo puedan ser revertidas por órganos jurisdiccionales y no por otras instancias del Poder Ejecutivo.

Para nuestro país, es fundamental reconocer las tendencias internacionales, ya que de lo contrario, el órgano regulador es vulnerable a ser capturado por algún deseo político del gobierno en turno, en demérito del desarrollo y la sana competencia del sector.

Del mismo modo, la práctica regulatoria, y por ende, la evolución natural del mercado corren el riesgo de paralizarse cuando la esencia estratégica de la autoridad regulatoria es incierta y permanece así por un periodo de tiempo indeterminado. Esta situación afecta sustancialmente las decisiones de inversión, en perjuicio tanto de la industria como de los propios usuarios de servicios de telecomunicaciones.

La autonomía del órgano regulador en relación a las autoridades políticas también es vital. Esta autonomía ha adquirido diferentes matices en cada país. En EUA la Federal Communications Commission es independiente del Poder Ejecutivo y responde directamente al Congreso Federal. En Alemania hasta 2005 existía un órgano regulador que respondía a un ministerio de gobierno, con una organización administrativa similar a la de COFETEL. En 2005 se creó el Bundesnetzagentur como una autoridad federal independiente y con competencia en telecomunicaciones, correo, electricidad, gas y ferrocarriles.

Entre las facultades de los órganos reguladores están el otorgamiento de autorizaciones para ser operador de telecomunicaciones, el establecer reglas y estándares de calidad, administrar los recursos escasos como el espectro radioeléctrico y los números, el resolver disputas sobre interconexión de redes, supervisar el cumplimiento del marco jurídico y de las autorizaciones, así como sancionar cuando sea necesario. En los países que han decidido que en el ámbito de las telecomunicaciones tanto el ministerio como el órgano regulador tengan responsabilidades, la distribución de facultades no ha sido uniforme, ni la relación entre ministerio-regulador fácil y libre de conflictos.

En el ámbito de las telecomunicaciones, desde 1995 existe una legislación que entre otras cosas ha favorecido la concentración empresarial y los monopolios, ha fomentado una competencia inequitativa y ha lesionado la existencia de una autoridad reguladora eficiente con autonomía y capacidad.

En México durante las discusiones y proyectos para la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 (LFT), el órgano regulador siempre estuvo presente con diversas facultades. Sin embargo, en la recta final de la aprobación de la LFT, se suprime el establecimiento del órgano regulador y sus facultades, remitiéndolo a un artículo transitorio en el cual se ordena al Ejecutivo Federal crear un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En cuanto a las facultades, éstas se dividieron entre la COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerciéndolas directamente la Subsecretaría de Comunicaciones, lo cual ha generado fuertes críticas y a ello se ha atribuido la “doble ventanilla” que se refiere a que para un solo trámite se realizan dos gestiones, una ante la COFETEL y otra con la Subsecretaría de Comunicaciones. Esa concurrencia de facultades ha obedecido fundamentalmente a la existencia de procedimientos fragmentados y a constricción de COFETEL a la SCT en sus actuaciones.

Una deficiencia palpable que COFETEL ha tenido desde su creación y que fue elevada a rango de ley con las reformas de 2006 a la LFT, es que COFETEL no puede sancionar sino únicamente opinar si procede una sanción. Si se infringió el marco jurídico, procede sancionar y no ha lugar al ejercicio de discrecionalidad alguna, por lo que no existe razón para que COFETEL opine y la Subsecretaría de Comunicaciones decida si se sanciona o no al infractor.

Por las razones expuestas se considera prudente que la COFETEL devenga en el único regulador en materia de Telecomunicaciones, siendo un órgano descentralizado, no sectorizado, lo que garantizará su independencia e imparcialidad, agilizando los procedimientos bajo su encargo y velando siempre por prácticas competitivas en el ramo.

Lo expuesto se conjuga, asimismo, con lo contemplado en el artículo 28 constitucional, que en su párrafo primero expresa “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas… en los términos y condiciones que fijan las leyes”, siguiendo en el párrafo segundo “…la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”, así y siguiendo con el párrafo quinto del artículo citado que dice: “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado” se determina la necesidad de dotar de autonomía a la COFETEL protegiendo una de las decisiones e intereses fundamentales del Estado Mexicano: la libre concurrencia y el repudio por prácticas monopólicas que por su naturaleza, al tender a concentrar la riqueza en pocas manos, resultan contrarias a los fundamentos de nuestra Constitución, pues constituyen un agravante de la brecha económica que se traduce en una desigualdad manifiesta.

Si bien es cierto que la determinación de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones como organismo descentralizado asegura su independencia e imparcialidad, también lo es que nuestro sistema jurídico admite la existencia de un mecanismo adicional por virtud del cual estas características se ven reforzadas. Se trata de los llamados organismos descentralizados no sectorizados.

La presente Iniciativa propone que la Comisión Federal de Telecomunicaciones adopte esta naturaleza jurídica, pues la importancia y trascendencia de sus actividades, hace necesario garantizar que su ejercicio se realice al margen de cualquier posible injerencia proveniente los órganos centrales de la Administración Pública Federal.

En este sentido debe señalarse que la descentralización es una forma de organización administrativa que consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía. Es decir, dentro de este régimen, destaca como carácter fundamental, el hecho de que los funcionarios y empleados que conforman la administración descentralizada gozan de autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos.

Por virtud de esta forma jurídica de organización de la Administración Pública, se crean entes dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsabilizándolos de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción administrativas, se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos, derivados de la multiplicación creciente de los fines del Estado.
La autonomía, entonces, es una de las características principales de la descentralización administrativa, toda vez que los organismos descentralizados se encuentran separados de la administración central y no están sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta. Asimismo, al dotarse de personalidad jurídica y patrimonio propios a los entes descentralizados, se asegura su autonomía de gestión y económica, en virtud de que pueden disponer libremente de los bienes que forman su patrimonio, al tiempo que pueden llevar a cabo la aprobación y ejecución de sus presupuestos, sin injerencia de ninguna autoridad central.

Asimismo, parte de esta autonomía se reflejo en el sistema de nombramientos que el Congreso de la Unión estableció en la reforma a la legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2006, para la elección de su órgano de gobierno integrado por los comisionados y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Por tanto, se debe entender que al haberse reconocido por la propia Suprema Corte de Justicia que la citada Comisión cuenta con facultades autónomas para su operación y al habérsele reconocido un órgano de gobierno con facultades para resoluciones autónomas, ello implica que tales facultades incluyen las decisiones relativas a su estructura interna, así como a sus atribuciones exclusivas otorgadas en el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En esas condiciones, pretender lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de su naturaleza, toda vez que sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que intervendría, dándose entonces el fenómeno denominado de la “doble ventanilla”, lo cual se busca terminar con la presente iniciativa, con el objeto de tener un solo órgano regulador en la materia.

En este sentido, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que "Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."

Sin embargo, nuestra legislación vigente en materia administrativa ha incorporado la figura jurídica de los organismos descentralizados no sectorizados, que aún cuando pertenecen a la Administración Pública -en tanto que se trata de entidades paraestatales-, no se encuentran sujetos a la coordinación de la Dependencia que encabece determinado sector, con lo que se garantiza, en mayor medida, su autonomía.

Es precisamente esta característica la que hace necesario dotar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de la naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado.

No obstante la expresa intención del Legislador en la Ley de 1995 para que fuera la COFETEL el órgano del Gobierno Federal facultado para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país, el Reglamento Interior de la SCT vigente, así como el propio Decreto de creación de la COFETEL, establecieron un sistema de competencias fraccionado y equívoco en el que la Comisión comparte una serie de atribuciones con la propia Secretaría.

Cabe destacar que en la citada Ley no se advirtió ninguna intención del Poder Legislativo Federal para preservar alguna unidad administrativa en la Secretaría con facultades concurrentes a la del órgano desconcentrado especializado, cuya creación fue ordenada por el H. Congreso de la Unión.

Aunado a ello, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución del 7 de junio de 2007, dio respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por 49 Senadores integrantes de la LIX Legislatura; en donde se hace un repaso de cada uno de los conceptos de invalidez y de los principios constitucionales que deben prevalecer y regir la legislación de telecomunicaciones.

Pronunciándose en torno a que las potestades ejercidas por la Comisión Federal de Competencia (COFETEL), fue el de aclarar la confusión existente entre la facultad de cobro de derechos e impuestos para el aprovechamiento de servicios federales, conceptos que fueron determinados por la Corte, como parte del rubro de ingresos de la Federación relacionados con el ejercicio de las atribuciones a cargo del órgano regulador.

Derivado de lo anterior, el sistema compartido de atribuciones no responde al modelo que ha probado ser el más eficiente, en el que un órgano regulador independiente se constituye como la única autoridad reguladora y el Ministerio o Secretaría de Estado conserva la facultad de dictar las políticas del sector, ya que genera lo que comúnmente se conoce como “doble ventanilla”, ocasionando problemas de gestión, incumplimiento de los plazos previstos en la ley, así como duplicidad de funciones, además de la insuficiencia en el nivel de las sanciones a aplicar.

No se puede dejar de reconocer que subsisten en nuestro país grandes pendientes y retos regulatorios que en muchas otras naciones se han podido resolver satisfactoriamente mediante la actuación de organismos reguladores auténticamente autónomos y con facultades legales suficientes para el desarrollo de su particular misión, para que la COFETEL como autoridad en la materia pueda aplicar la Ley Federal de Telecomunicaciones en forma eficiente y eficaz es indispensable establecer expresamente en el texto de la misma su esquema de competencias, y delimitar a nivel de Ley con claridad sus facultades respecto de las de la SCT.

Es por ello, que el objeto de la presente reforma es el fortalecimiento de la COFETEL, como órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a partir de la definición expresa y precisa en la Ley Federal de Telecomunicaciones de las atribuciones de la Comisión, del establecimiento de procedimientos abiertos, transparentes y claros, sanciones eficaces, así como, de mecanismos de rendición de cuentas, que beneficien directamente a todos los mexicanos.

Atendiendo el principio de que un órgano regulador en materia de telecomunicaciones debe:

a) Tener un mandato claro establecido en la ley, que señale con precisión lo que el regulador debe hacer y cómo debe de actuar;

b) Actuar mediante procedimientos abiertos, trasparentes y claros que logren que la regulación sea previsible;

c) Tener un equipo de especialistas experimentado y multidisciplinario, y

d) Tener un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, la presente iniciativa propone un mandato preciso para el órgano regulador, y lo dota de facultades que ejercerá de forma autónoma con respecto de la Secretaría, sin que ello implique su independencia de las políticas del sector.

Entre otras, se propone que la COFETEL sea la autoridad responsable de dos variables indispensables para lograr una buena práctica regulatoria:

1) El acceso al mercado de nuevos participantes mediante el otorgamiento de permisos y concesiones, y

2) La facultad coercitiva para imponer sanciones cuando la regulación establecida no es cumplida por los proveedores de servicios.

Para ello, se reforma y adiciona el artículo 9-A a fin de establecer de manera expresa, clara y transparente, todas y cada una de las atribuciones del órgano regulador en la materia, precisando su naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado.

Al conferirse esta naturaleza jurídica a la Comisión Federal de Telecomunicaciones se subsana el vicio de inconstitucionalidad que motivó la declaración de invalidez y, consecuentemente, la expulsión del orden jurídico nacional del último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los términos de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006.
En tal virtud, se plantea en esta Iniciativa un mecanismo de ratificación de los comisionados del organismo que nos ocupa, mediante el cual el Ejecutivo Federal hace el nombramiento correspondiente y éste se encuentra sujeto a la posible aprobación del Senado, o bien, de la Comisión Permanente, durante los recesos de aquél.

Asimismo, se incorpora un artículo 9-F a través del cual se pretende fortalecer aún más la transparencia de los procedimientos administrativos de la Comisión, señalando los principios en que éstos se deben sustentar, tales como: el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en México, la sana competencia, mejores precios, diversidad y calidad de servicios, fomento a la convergencia, cobertura social, entre los que podemos destacar:

a) Fomento de la competencia económica. Portabilidad numérica: la COFETEL encontró que puede instrumentarse la portabilidad numérica con viabilidad jurídica. Se sometió a consulta pública el Proyecto de Resolución para la implantación de la portabilidad de números geográficos y no-geográficos de México.

b) Cobertura Social. La COFETEL aprobó en 2006 una resolución a la SCT para sustituir bandas de frecuencias del Fondo de Cobertura Social a Telmex, con lo que se asignaron bandas específicas para la implementación de nuevas tecnologías ideales para la prestación de servicios en red de cobertura social. Necesidades jurídicas: disposiciones que reduzcan la brecha en el acceso a los servicios en las zonas urbanas y rurales marginadas, así como en pueblos y comunidades indígenas. Para esto, es necesario definir en la Ley el concepto, objetivos, características y alcances de la Cobertura Social, a fin de establecer reglas precisas para la asignación de proyectos, determinación de regiones, etc. Garantizar anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que serán canalizados al Fondo de Cobertura Social, que deberán ser suficientes para ampliar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población.

c) La solución a criterios y definiciones de procedimientos: Para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión, ya que al rechazarse la subasta pública y no existir un criterio económico de desempate, se necesitan otras vías para la determinación de la contraprestación que establezca la autoridad. Encontrar una vía legal para permitir que el espectro concesionado para los servicios de radio y televisión se optimice a través de la convergencia.

d) Eliminar la doble ventanilla. Necesidades jurídicas: propiciar el registro de trámites de opinión de manera directa ante la COFETEL, posibilitar el cumplimiento de obligaciones vía electrónica, análisis y determinación de los títulos respectivos por el órgano regulador, entre otros.

e) Las sanciones: fortalecimiento del órgano regulador en cuanto a su atribución sancionadora, para poder actuar de manera inmediata para garantizar los derechos de los usuarios en caso de incumplimiento por parte de algún concesionario o permisionario; incrementar considerablemente los montos de las multas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en telecomunicaciones y radiodifusión.

Como medida de balance para el órgano regulador, se adiciona un artículo 9-F, y se establece un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, mediante el cual el órgano regulador debe informar respecto la correcta ejecución de su mandato. Se prevé que el incumplimiento de esta obligación por parte del Presidente de la COFETEL sea considerado como falta grave.

Se incorpora la figura del Secretario Ejecutivo (artículo 9-H), quien tendrá a su cargo la coordinación administrativa de la COFETEL, será coadyuvante del Presidente de la Comisión en la ejecución de las resoluciones del Pleno, y gozará de fe pública respecto de los actos administrativos en los que intervenga.
Se establece a nivel de ley, la necesidad de que en el Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se determinen las atribuciones de cada una de las unidades administrativas, así como disposiciones de carácter presupuestal (9-I, 9-J, 9-K), a fin de optimizar el funcionamiento de la propia Comisión.

Finalmente, también se incluyó un recurso de reconsideración en contra de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión con el objeto de consagrar el principio de autonomía de las resoluciones del órgano regulador. En consecuencia se prevé también que contra las resoluciones del Pleno no procederá el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 9-K).

Se establece en el ámbito de la COFETEL, la implementación del registro de usuarios de telefonía móvil, en congruencia con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones

Asimismo se modifican los artículos 10 11, 14 a 17, 19, 23 a 25, 27, 29 a 35, 38, 41, 42, 44, 46 a 48,50, 51, 53, 55, 61, 63, 64, 66 a 71 y 73 para eliminar la doble concurrencia de facultades de la COFETEL y la SCT.

La propuesta de conferir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones el carácter de organismo descentralizado no sectorizado hace necesaria la reforma de otros ordenamientos, a saber: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El artículo 36, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esa Dependencia Federal corresponde “Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y servicios de comunicación inalámbrica por telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento remoto de datos, estaciones radio experimentales, culturales y de aficionados y estaciones de radiodifusión comerciales y culturales; así como vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas, servicios y estaciones.”

A excepción de las atribuciones en materia de sistemas y servicios telegráficos, corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones el despacho de los demás asuntos a que se refiere la norma en cita, en términos de la Iniciativa que nos ocupa, por lo tanto, al proponerse la desincorporación de este organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a la fecha se constituye como cabeza de sector en materia de telecomunicaciones, es preciso reformar el numeral citado en el párrafo que antecede, suprimiendo la mención de los asuntos cuyo despacho que deben corresponden en exclusiva a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por otra parte, debe señalarse que la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se regulan por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Sin embargo, este ordenamiento contempla casos de excepción para ciertas entidades a las que no les resultan aplicables sus disposiciones, en virtud de su especial naturaleza.

De este modo, considerando que la Comisión Federal de Telecomunicaciones será un organismo descentralizado no sectorizado, es necesario que se incluya expresamente en esos supuestos de excepción, para garantizar su operación autónoma en materia de gestión, presupuesto y finanzas.

Por ello, se propone reformar el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para incluir a la Comisión de referencia, salvaguardando así su independencia en cuanto a sus estructuras de órganos de gobierno y de vigilancia; así como para garantizar los lineamientos de su funcionamiento, operación, desarrollo y control.

Finalmente, no se omite señalar que con el presente Proyecto de Decreto, el Poder Legislativo le toma la palabra al titular del Ejecutivo Federal y pone a prueba su disposición para cumplir con los compromisos que adoptó en el mensaje que dirigió a la Nación el pasado 2 de septiembre con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, en el sentido de:
I) llevar a cabo una reforma al Sector de las Telecomunicaciones para que responda a las necesidades de desarrollo de nuestro país, garantice una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y la competencia entre las empresas que participan en dicho sector; y

II) emprender en el Gobierno Federal una reforma regulatoria de fondo que permita derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya existencia no está justificada, con el propósito de facilitar la vida a los ciudadanos, simplificar los trámites que realizan las empresas y acercar al Gobierno a las necesidades de la gente.

Es con base en los razonamientos anteriores que se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 3º DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, REFORMA LOS ARTICULOS 9-A, 9-C y 9-D, 9-E, 10, 11, 14 A 17, 19, 23 A 25, 27, 29 A 35, 38, 41, 42, 44, 46 A 48, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 64, 66 A 71 Y 73; Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 9-F, 9-G, 9-H, 9-I, 9-J Y 9-K DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Artículo Primero. Se reforma la fracción III del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III.- Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, así como vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas y servicios.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 3º. ...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 9-A, 9-C, 9-D, 9E, 10, 11, 14 a 17, 19, 23 a 25, 27, 29 a 35, 38, 41, 42, 44, 46 a 48,50, 51, 53, 55, 61, 63, 64, 66 a 70 y 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio exclusivo de las siguientes atribuciones:

I. Expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones; elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales; y expedir las normas oficiales mexicanas, en materia de telecomunicaciones;

II. Conducir estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones; así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

III. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector;

IV. Otorgar, modificar, prorrogar y revocar las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, conforme los procedimientos administrativos de licitación pública, entre otros;

V. Aprobar el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación correspondientes; expedir las convocatorias, bases de licitación y demás documentos necesarios para el desarrollo de los mismos; recibir y evaluar las solicitudes; resolver sobre la calificación y descalificación de los interesados; administrar las diversas fases de las licitaciones; emitir los fallos correspondientes; dar seguimiento y establecer las condiciones para el pago de las contraprestaciones a favor del Gobierno Federal, descalificar a los participantes ganadores que incumplan con el pago de la contraprestación respectiva, y, en su caso, otorgar los respectivos títulos de concesión;

VI. Llevar a cabo los procesos de licitación pública para la ocupación y explotación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias, derechos de emisión y recepción de señales; expedir las convocatorias, bases de licitación y demás documentos necesarios para el desarrollo de los mismos; recibir y evaluar las solicitudes; resolver sobre la calificación y descalificación de los interesados; administrar las diversas fases de las licitaciones; emitir los fallos correspondientes; dar seguimiento y establecer las condiciones para el pago de las contraprestaciones en favor del Gobierno Federal, descalificar a los participantes ganadores que incumplan con el pago de la contraprestación respectiva, y en su caso, otorgar los respectivos títulos de concesión;

VII. Otorgar, prorrogar, modificar y revocar concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones, incluso las que se refieran a la prestación de servicios adicionales o a la ampliación del área de cobertura;

VIII. Autorizar la cesión o cualquier forma de transmisión de las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones; así como declarar administrativamente su caducidad o revocación, y formular y proponer al Secretario del ramo las declaratorias de nulidad y rescate de las concesiones;

IX. Establecer los procedimientos de evaluación de la conformidad en materia de telecomunicaciones y ámbitos tecnológicos relacionados, otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros para que la emitan, aprobar organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación;
X. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de los equipos y sistemas de telecomunicaciones o diferentes de telecomunicaciones que afecten la operación de las redes, y emitir la constancia correspondiente.

XI. Acreditar peritos en telecomunicaciones;

XII. Planear y administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, así como elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XIII. Establecer y administrar el Registro Nacional de Telecomunicaciones y el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en los términos de la presente Ley y la Ley Federal de Radio y Televisión;

XIV. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y resolver las condiciones que, en materia de interconexión no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones;

XV. Aprobar los convenios de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras y, en su caso, establecer las modalidades a que deberán sujetarse, así como autorizar la instalación de equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen la frontera del país;

XVI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información incorporando criterios sociales y estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica;

XVII. Aprobar y registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;

XVIII. Establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a los concesionarios con poder sustancial en el mercado relevante;

XIX. Recibir el pago o sus comprobantes por concepto de derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones;

XX. Verificar, inspeccionar y supervisar que la prestación y operación de los servicios de telecomunicaciones, así como la utilización de las vías generales de comunicación, se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a través de visitas de inspección y verificación que ordene o ejecute para tal efecto, y procediendo, en su caso, al aseguramiento de equipos, instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados al uso o explotación de la vía de comunicación que no cuente con concesión, permiso o la autorización necesaria, así como vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión, permisos y autorizaciones en la materia;

XXI. Concurrir con las delegaciones participantes en foros internacionales en materia de telecomunicaciones y, en su caso, convocar a la industria, asociaciones e instituciones académicas y profesionales;

XXII. Fijar la posición del país en las reuniones internacionales en materia de telecomunicaciones que se refieran a los asuntos regulatorios, salvo por los asuntos que son competencia exclusiva de la Secretaría, y dar seguimiento a los compromisos adquiridos por México ante organismos y otras entidades internacionales en materia de telecomunicaciones;
XXIII. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones, o por incumplimiento a lo dispuesto en las concesiones, permisos o autorizaciones correspondientes;

XXIV. Opinar respecto del otorgamiento de permisos o autorizaciones para el uso de los derechos de vía de las vías generales de comunicación a concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones;

XXV. Proponer a las autoridades competentes los derechos, productos y aprovechamientos aplicables a los servicios de su competencia;

XXVI. Acordar con los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones los compromisos que deban ser concertados periódicamente, de conformidad con los títulos de concesión y permisos;

XXVII. Interpretar, para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de telecomunicaciones;

XXVIII. Llevar a cabo el monitoreo del espectro radioeléctrico y corregir las interferencias que se presenten;

XXIX. Aplicar y ejercer las funciones de autoridad en las reglas, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones;

XXX. Autorizar los proyectos de reformas estatutarias de las sociedades concesionarias y permisionarias, así como todos los actos que afecten los derechos concesionados o permisionados en materia de telecomunicaciones cuando así lo requieran las disposiciones aplicables;

XXXI. Resolver sobre el rescate o cambio de una frecuencia o bandas de frecuencias conforme a lo previsto en la ley de la materia;

XXXII. Autorizar a los concesionarios y permisionarios, cuando exista causa justificada, interrumpir la operación de la vía general de comunicación correspondiente o la prestación de sus servicios total o parcialmente;

XXXIII. Solicitar y requerir a los concesionarios y permisionarios información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, así como toda aquella información que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones;

XXXIV. Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, debiendo buscar que el acceso a dichos servicios se haga en adecuadas condiciones de precio y calidad. Asimismo, cuidar, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, el respeto a los derechos humanos, a la privacidad y al secreto en las comunicaciones. Para estos efectos, la Comisión podrá establecer, a los prestadores de servicios de telecomunicaciones obligaciones para garantizar dichos derechos, mediante disposiciones de carácter general, o en los títulos de concesión o permisos respectivos;

XXXV. De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos y cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables, y

XXXVI. Las demás que le confieran a la Comisión otras las leyes, reglamentos o decretos.
Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo Federal, presentados en ternas y sometidos a la aprobación por el Senado de la República y en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. …III.

Se deroga el último párrafo

Artículo 9-D. Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de ocho años, de forma escalonada, renovables por un solo período, y sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada.

Artículo 9-E. …

I. a V …

VI. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas de la Comisión, incluidas las propias resoluciones emitidas por el Pleno.

CAPITULO II
DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 10….

I. a III.

IV. Espectro para usos experimentales: son aquellas bandas de frecuencias que podrá otorgar la Comisión, mediante concesión directa e intransferible, para comprobar la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo tanto en el país como en el extranjero, para fines científicos o para pruebas temporales de equipo, y

V. Espectro reservado: son aquellas bandas de frecuencias no asignadas ni concesionadas por la Comisión.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION I
DE LAS CONCESIONES EN GENERAL

Artículo 11. Se requiere concesión de la Comisión para:

I. a IV. …

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION II
DE LAS CONCESIONES SOBRE EL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, cuyo monto dependerá de la relevancia del medio en el cual se desenvolverá la concesión.
Artículo 15. La Comisión establecerá, y publicará periódicamente, un programa sobre las bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública.

Los interesados podrán solicitar que se liciten bandas de frecuencias, modalidades de uso y coberturas geográficas distintas de las contempladas en el programa mencionado en el párrafo anterior. En estos casos, la Comisión resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 60 días naturales.

Artículo 16. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, la Comisión publicará en el Diario oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión, convocatoria para que cualquier interesado obtenga las bases.

I. a IV. …

Artículo 17. Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Comisión o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 19. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la Comisión.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Comisión de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La Comisión resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Artículo 23. La Comisión podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas, en los siguientes casos:

I. a V. …

Para estos efectos, la Comisión podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION III
DE LAS CONCESIONES SOBRE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 24. Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar, a satisfacción de la Comisión, solicitud que contenga como mínimo:

I. a VI. …


Artículo 25. La Comisión analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de 120 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.

Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Comisión otorgará la concesión.

Artículo 27. ....

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar, lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Comisión de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La Comisión resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION IV
DE LAS CONCESIONES PARA COMUNICACION VIA SATELITE

Artículo 29. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública a que se refiere la Sección II del presente Capítulo, a cuyo efecto el Gobierno Federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones, cuyo monto dependerá de la relevancia del medio en el cual se desenvolverá la concesión.

Tratándose de dependencias y entidades de la administración pública federal, la Comisión otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 30. La Comisión podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país de origen de la señal y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION V
DE LOS PERMISOS

Artículo 31. Se requiere permiso de la Comisión para:

I. a II. …

Artículo 32. Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud a la Comisión, la cual contendrá, en lo conducente, lo establecido en el artículo 24.

La Comisión analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 90 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.
Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Comisión otorgará el permiso correspondiente.

Artículo 33. Para la prestación de servicios de valor agregado bastará su registro ante la Comisión.

Artículo 34. No se requerirá permiso de la Comisión para la instalación y operación de estaciones terrenas receptoras.

La Comisión podrá exentar de los requerimientos de permiso a aquellas estaciones terrenas transmisoras que, por cumplir con las normas establecidas, no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION VI
DE LA CESION DE DERECHOS

Artículo 35. La Comisión autorizará, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Comisión.

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones o una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, la Comisión autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

CAPITULO III
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION VII
DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 38. …

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o permisos durante un plazo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento, salvo autorización de la Comisión por causa justificada;

II. Interrupciones a la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización de la Comisión;

III. a VIII.

La Comisión procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, V, VI y VII anteriores.

En los casos de las fracciones II, III, IV y VIII la Comisión sólo podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en dichas fracciones.


CAPITULO IV
DE LA OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SECCION I
DE LA OPERACION E INTERCONEXION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 41. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes. A tal efecto, la Comisión elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tarifación y sincronización, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

I. a III.

Artículo 42. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la Comisión, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse.

Artículo 44. …

I. …

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios interconectados, sin la previa autorización de la Comisión;

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la Comisión;

IV. …

V. Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Comisión, esto sea técnica y económicamente factible;

VI. a XV. …

Artículo 46. La Comisión promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional.

Artículo 47. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice la Comisión, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

Los concesionarios deberán presentar a la Comisión, previamente a su formalización, los convenios de interconexión que se pretenden celebrar. Cuando se estime que dichos convenios perjudican los intereses del país en general, de los usuarios o de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, la Comisión podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los convenios, a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto de los servicios objeto de la interconexión.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la Comisión su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 48. La Comisión establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.

CAPITULO IV
DE LA OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SECCION II
DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PUBLICAS

Artículo 50. La Comisión procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y otras partes interesadas, la Comisión elaborará los programas de cobertura social y rural correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier concesionario.

La Comisión asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un proyecto de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá negociar con los concesionarios la utilización de las bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien otorgar nuevas bandas de frecuencias.

Artículo 51. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario o permisionario que proporcione servicios similares, el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones que de servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá interrumpir la prestación de dicho servicio, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa de la Comisión.

CAPITULO IV
DE LA OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SECCION III
DE LA OPERACION DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS

Artículo 53. Salvo aprobación expresa de la Comisión, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

CAPITULO IV
DE LA OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SECCION IV
DE LA COMUNICACION VIA SATELITE

Artículo 55. La Comisión asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.
CAPITULO V
DE LAS TARIFAS

Artículo 61. Las tarifas deberán registrarse ante la Comisión previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

Artículo 63. La Comisión estará facultada para establecer al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.

Artículo 64. La Comisión llevará el Registro de Telecomunicaciones, que incluirá el servicio de radiodifusión, en el que se inscribirán:

I. a XIV.

XV. Las sanciones que imponga la Comisión y, tratándose de radiodifusión, las que imponga la Secretaría de Gobernación inclusive, todas aquellas contempladas en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas, así como aquellas que hubieren quedado firmes;

Artículo 66. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal por conducto de la Comisión podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

CAPITULO VIII
DE LA VERIFICACION E INFORMACION

Artículo 67. La Comisión verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir a los verificadores de la Comisión el acceso a sus instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la verificación en términos de la presente Ley.

Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca la Comisión, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

La Comisión vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

Artículo 69. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Comisión, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 70. La Comisión establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

CAPITULO IX
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Comisión de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa del veinte al treinta por ciento de los ingresos brutos obtenidos en el año fiscal anterior inmediato al sujeto o filial directamente responsable en el ámbito en el cual se llevó a cabo la infracción por:

I. a VI.

B. Con multa del quince al veinte por ciento de los ingresos brutos obtenidos en el año fiscal anterior inmediato al sujeto o filial directamente responsable en el ámbito en el cual se llevó a cabo la infracción por:

I. a IV. …

C. Con multa del diez al quince por ciento de los ingresos brutos obtenidos en el año fiscal anterior inmediato al sujeto o filial directamente responsable en el ámbito en el cual se llevó a cabo la infracción por:

I. a V.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas. En caso de que el concesionario no tuviese antecedentes de ejercicios fiscales por ser su primer año en el sistema hacendario, la cuantía la determinará la Comisión.

Se deroga el último párrafo

Artículo 73. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte o de que, cuando proceda, la Comisión revoque la concesión o permiso respectivos.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 9-F, 9-G, 9-H, 9-I, 9-J y 9-K de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 9-F. La Comisión, en el ejercicio de sus atribuciones deberá actuar a través de procedimientos administrativos que se desarrollen con transparencia, celeridad, eficacia, economía, legalidad y publicidad, y buscará:

I. El desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país;

II. La sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones en beneficio del público usuario;

III. Que los servicios de telecomunicaciones se presten a los usuarios con mejores precios asequibles, diversidad y calidad;

IV. El fomento a la convergencia de los servicios de telecomunicaciones;

V. Que los servicios de telecomunicaciones se presten en condiciones no discriminatorias tanto a los usuarios como a los demás prestadores de servicios de telecomunicaciones;

VI. Alcanzar una adecuada cobertura social y reducir la brecha digital;

VII. Cuando sea el caso, la eficiente interconexión e interoperabilidad de redes públicas de telecomunicaciones;
VIII. El uso eficiente de los bienes de dominio público afectos a prestación de servicios de telecomunicaciones, y

IX. Cuando sea el caso, el fomento a la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y el empleo de mexicanos en materia de telecomunicaciones y de tecnologías de la información.

Artículo 9-G. Durante el mes de septiembre de cada año, el Presidente de la Comisión deberá presentar por escrito, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, un informe anual relativo al desempeño de las atribuciones de la Comisión, al cumplimiento de sus programas de trabajo y los resultados obtenidos.

La omisión de esta obligación será considerada como falta grave del Presidente de la Comisión.

Artículo 9-H. La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la Comisión, quien tendrá a su cargo la coordinación administrativa, coadyuvará en la ejecución de las resoluciones de la Comisión, y dará fe de los actos en que intervenga.

Artículo 9-I. Para el desempeño de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Pleno y el Presidente de la Comisión, así como el Secretario Ejecutivo, se auxiliarán por Jefes de Unidad, Coordinadores Generales, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, y por los demás servidores públicos que establezca su Reglamento Interior y otras disposiciones legales.

Artículo 9-J. En el Reglamento Interior de la Comisión se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas que la conforman, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

Artículo 9-K. Contra las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión, se podrá interponer, ante el propio Pleno de la Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación de tales resoluciones.

El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El reglamento respectivo, establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación de recurso.

La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al Pleno de la Comisión, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la suspensión de las sanciones correspondientes y se pueda causar daño o perjuicio a terceros, el recurso se concederá si el promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.

El Pleno de la Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de noventa días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso. El silencio del Pleno de la Comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado.

Contra las resoluciones del Pleno de la Comisión no procederá el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en la Ley, sus Reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9-A de esta Ley, se entenderán hechas a la Comisión.

TERCERO.- Los asuntos en trámite a cargo de la Secretaría, que estén atendiéndose con base a las atribuciones que conforme al presente Decreto pasarán a la Comisión, se continuarán tramitando y se resolverán por las unidades administrativas competentes de la Comisión, conforme a los plazos establecidos en la Ley.

Para tal efecto, la Secretaría deberá hacer entrega de los expedientes correspondientes a la Comisión en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este Decreto.

CUARTO.- El Reglamento Interior de la Comisión deberá ser expedido por el titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 30 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Sen. Angel Heladio Aguirre Rivero”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Aguirre Rivero. Por supuesto se obsequia su petición; y se turna la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXVI DEL ARTICULO 109, SE AÑADEN LAS FRACCIONES XIX, XX Y XXI AL ARTICULO 167 Y SE MODIFICA EL ARTICULO 190 EN SUS PARRAFOS DECIMO A TRECEAVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Pablo Gómez Alvarez, a nombre propio y de los CC. Senadores Minerva Hernández Ramos, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García, Alfonso Sánchez Anaya, José Guadarrama Márquez, Arturo Núñez Jiménez, René Arce, Claudia Sofía Corichi García, Arturo Herviz Reyes, Javier Castellón Fonseca, Tomás Torres Mercado y Carlos Navarrete Ruiz del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores:

Presento una iniciativa para modificar diversos preceptos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de que las ganancias derivadas de las transacciones de valores, realizadas en los mercados de valores respecto a su precio de adquisición por los contribuyentes, causen Impuesto Sobre la Renta, que presento yo mismo y los Senadores Minerva Hernández, Carlos Sotelo, Silvano Aureoles, Jesús Garibay, Sánchez Anaya, José Guadarrama, Arturo Núñez, René Arce, Claudia Corichi, Arturo Herviz, Javier Castellón, Tomás Torres y Carlos Navarrete.

Durante muchos años nos preguntamos a nosotros mismos, y nos preguntan, sin poder responder, ¿por qué México, las ganancias de los inversionistas en la bolsa, no pagan el Impuesto Sobre la Renta?

La respuesta es que no sabemos.

La ley les impone una contribución, actualmente. ¿Un inversionista puede optar por pagar una tasa sobre la totalidad del valor de la acción que vende, al momento de venderla, o sobre un diferencial? Las tasas son distintas, evidentemente, según lo que más le convenga.

Desde el punto de vista, estrictamente formal, cualquiera diría: “Bueno, pues ahí está ya el precepto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que establece que sí son objeto de dicho impuesto”.

Pero hay una lista de exenciones, y lo que la ley dice en un lugar lo desdice en otro. De tal manera que el gravamen está exento para todos, para todos los que venden valores.

Lo que estamos proponiendo es que se establezca una tasa del 17%, que es la tasa del IETU sobre el diferencial de compra, de venta respecto de la compra, del valor, y que éste sea retenido por la casa de bolsa en el momento de la realización de la acción.

Proponemos que se acredite, naturalmente, o que se descuente de ello los honorarios o servicios de la casa de bolsa, y el IVA que se cobra por dichos servicios.

Y estamos planteando también que se establezca la regla norteamericana de poder acreditar, a los impuestos por pagar, las pérdidas, y que toda esta compensación se pueda hacer durante 5 años, control que llevaría la casa de bolsa, que es el intermediario.

Creo que esto sería suficiente como para no poner el mercado de valores en materia impositiva, lejos de lo que es el principal mercado de valores, que es el de Nueva York, y creo que la tasa sería más baja aquí que allá. Claro, mucho menos que ahora, que en México es cero, y allá es la tasa general del Impuesto Sobre la Renta.

Pero para los inversionistas que poseen, que mantengan la posición de sus acciones durante más de un año, se les impondría una tasa del 7%.

El ahorrador, más o menos sistemático sobre cierto tipo de valores, tendría entonces una tasa diferente que el que solamente está estrictamente en la especulación.

Esta diferencia existe en varios países. Quiero decirles que en Europa se gravan estos ingresos, lo mismo que en Norteamérica, pero también en Sudamérica, en México no. Nosotros estamos a nivel de las Islas Caimanes, somos un paraíso fiscal muy bonito.

Yo sé que algunos de ustedes puede ser que tengan acciones en la Bolsa, de Bolsa, pero ya es tiempo que paguen impuestos por las ganancias, solamente.

Yo creo que ese es uno de los factores que ha impedido el establecimiento efectivo de este gravamen, el que los poderosos de este país también la juegan en la Bolsa.

Si ustedes se sacan la lotería -como lo hizo Fidel Herrera, hace poco- le descuentan casi el 30% del premio, en el mismo momento en que se paga, y no le aceptan las pérdidas de los billetes que compraron y que no obtuvieron premio alguno, ni reintegro, nada.

¿Por qué, si en la Lotería Nacional o en Pronósticos Deportivos, los que ganan los sorteos pagan los impuestos, y es alta la tasa, los que van a la ruleta de la Bolsa y se dedican a eso, por qué esos no pagan nada?

Estamos planteando sólo sobre ganancias, nada más, y con la posibilidad de consolidar en 5 años para hacer el balance de lo que perdieron y lo que ganaron, naturalmente sin devoluciones, y naturalmente haciendo las retenciones cada que se realiza una ganancia.


El IETU tampoco devuelve, pues es la misma cosa. Nada más que en lugar de que el IETU lo paguen los médicos, los ingenieros, los abogados que dan servicios y que tienen ingresos, pues ahora que también los que juegan en la Ruleta de la Bolsa, pues le entren con su contribución, sobre sus ganancias.

Es mejor todavía que el IETU para el inversionista. Pero la tasa, consideramos que deberíamos de fijarla exactamente ahí. El inversionista no tiene nómina, que es lo que se deduce en el IETU. Solamente los servicios de la casa que serían deducidos, y así quedaríamos en paz.

Yo creo que si el Congreso, en esta coyuntura, aprueba la reforma al Impuesto Sobre la Renta, que les quiero advertir, señores Senadores, que contiene algo que no ha dicho el Secretario de Hacienda, mucho menos Calderón, no se trata de que la tasa máxima sea de 30% nada más, sino que están modificando todos los niveles de la tabla, vean los transitorios del proyecto de Decreto, de tal manera que los que ganan 6 mil 800, algo así, para arriba, van a pagar un porcentaje mayor del Impuesto Sobre la Renta sobre su ingreso.

Y hay un tramo, entre 8 mil y 10 mil, por ahí, que van a ver incrementado el Impuesto Sobre la Renta en 60% respecto de lo que están pagando durante este año.

Y que el proyecto de renta del Ejecutivo, es principalmente para que los trabajadores que ganan un poco más que la inmensa mayoría de pobres de este país, sean los que paguen la carga principal de esta reforma.

No es solamente poner la tasa máxima de 30% en lugar de 28%, no. Es una reestructuración de la tabla, una creación de un nuevo renglón contributivo y un aumento de impuestos para casi todos los que efectivamente están pagando, especialmente los cautivos, ¿no?, que son realmente los que pagan. Y va para allá ese golpe.

Pero lo peor de todo, señores legisladores, y con esto termino, dejándoles aquí esta esperanzada iniciativa, es que en el Impuesto Sobre la Renta que quiere modificar Calderón, y que le va a aumentar los impuestos a todos los que ganan más de 6 mil y tantos pesos al mes, no lo ha dicho, no lo ha explicado, no ha dicho porqué, no ha dicho siquiera que lo está proponiendo y lo manda al Congreso, y sólo dice: “Que la tasa máxima va a ser de 30% en lugar de 28%”, yo encantado de que sea el 33%, pero ese no es el problema, ese no es el problema…

Entonces, ahí viene el golpe. Yo encantado de que ustedes paguen 33% sobre sus ingresos. Pero no estoy de acuerdo con que una persona que gana 7 mil pesos al mes tenga que pagar ahora 60% más que lo que pagó durante el presente año. En eso no estoy de acuerdo.

Que le vayan a sacar el dinero a los ricos; pero que no le saquen el dinero a esta gente que auténticamente vive de su trabajo y que es lo que deberíamos nosotros defender.

Gracias, ciudadanos Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 71, fracción II; 72, fracción h y 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 66 fracciones 1 incisos A y E de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; y los artículos 55, fracción II; 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

Y considerando que

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV establece como una obligación de los mexicanos:

“IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

2. La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 1º establece que:

“Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la obligación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este.”

3. La recaudación anual obtenida por concepto del Impuesto Sobre la Renta ha sido históricamente muy baja en México, no rebasando los 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo cual compara desventajosamente con las economías de mayor desarrollo, pero también con aquellas de similares características a la economía mexicana.

4. La inversión en los mercados de valores es una actividad legítima reconocida por las leyes mexicanas, en la que participan tanto personas morales como personas físicas, aportando ahorros y capitales para financiar parte de la inversión productiva que se realiza en el país.

5. Derivado de esta inversión en los mercados de valores los inversionistas obtienen ingresos ya sea por el pago de utilidades que realizan las emisoras de los títulos y valores inscritos en las bolsas, mismas que están gravadas y pagan el impuesto sobre la renta correspondiente. Pero también se obtienen cuantiosos ingresos derivados de la venta de acciones a precios mayores respecto a los precios con los cuales fueron adquiridas, ganancias que para el caso de los inversionistas que son personas físicas, inexplicablemente, salvo limitadas excepciones, se encuentran exentas de pago del Impuesto Sobre la Renta en la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

6. En concordancia con lo determinado por la fracción VIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento ” y en general en apego al espíritu de este artículo Constitucional que tutela los derechos obreros, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre otros, en el artículo 109 de esta Ley, establece una serie de exenciones totales o parciales al pago de esta contribución a las personas físicas con ingresos derivados de una relación de trabajo asalariada, como son:

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios;

II. Las indemnizaciones por concepto de riesgos de trabajo de trabajo o enfermedades que se concedan de conformidad a los contratos colectivos de trabajo o los contratos Ley;

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título;

IV. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo;

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas;

VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo;

VII. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título;

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.

IX. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.
XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este Título.

7. También exenta parcial o totalmente el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta otros ingresos de las personas físicas como los siguientes:

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros, como agentes diplomáticos y consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de reciprocidad; Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad; Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando representen países extranjeros; Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias; Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o convenios; Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan.

XIII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna los requisitos fiscales.

XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de Ley.

XV. Los derivados de la enajenación de:

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará, en su caso, la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. La exención prevista en este inciso no será aplicable tratándose de la segunda o posteriores enajenaciones de casa habitación efectuadas durante el mismo año de calendario. El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación, en los términos del Reglamento de esta Ley. El fedatario público deberá consultar a las autoridades fiscales si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante el año de calendario de que se trate y, en caso de que sea procedente la exención, dará aviso a las autoridades fiscales.

b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este Título.

XVI. Los intereses:

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año.

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no pagados.

XVII. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado.

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular a que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta Ley y se cumplan los demás requisitos establecidos en la fracción XII del artículo 31 de la misma Ley. La exención prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad.

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de vida, cuando la persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que los beneficiarios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.

El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado. Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse y funcionar como tales por las autoridades competentes.

XVIII. Los que se reciban por herencia o legado.

XIX. Los donativos en los siguientes casos:

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título.

XX. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos.

XXI. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

XXII. Los percibidos en concepto de alimentos en los términos de Ley.

XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

XXIV. Los impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de Ley.

XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera trasmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los términos de la legislación de la materia.

XXVII. Los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, siempre que en el año de calendario los mismos no excedan de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de esta Ley.

XXVIII. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda “ingreso percibido en los términos de la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. Y se establecen otras excepciones.

8. Inexplicablemente, la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no sólo equipara los ingresos obtenidos por las personas físicas por la enajenación de acciones en los mercados de valores registrados de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, con las exenciones a las prestaciones ligadas a los salarios mínimos y a parciales exenciones relacionadas con prestaciones a las remuneraciones asalariadas en general; o a los ingresos provenientes de actividades agrícolas, o bien a las remuneraciones a agentes diplomáticos, consulares, técnicos, administradores de misiones extranjeras reconocidas en el país, o a las herencias y legados, sino que los exenta de pagar la totalidad del Impuesto Sobre la Renta, casi en la totalidad de las enajenaciones.

Así, señala el artículo 109, fracción XXVI de la Ley en comento que quedan exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta los ingresos “derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas cuando su enajenación se realice a través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores”.

Se establecen como excepciones a la exención los casos en que (por lo cual la exención no será aplicable) “tratándose de la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o más de las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Mercado de Valores, cuando en un periodo de veinticuatro meses, enajene el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo aquéllas que se realicen mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar.”

Y tampoco aplica la exención “para la persona o grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, lo enajenen mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquéllas que se realicen mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. Para los efectos de este párrafo se entenderá por control y grupo de personas, las definidas como tales en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Tampoco será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores. En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades se encuentran en cualesquiera de los supuestos señalados en los dos párrafos anteriores. No se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre que la enajenación de las acciones o títulos citados se realice en bolsas de valores ubicadas en mercados reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación de países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, y que las acciones de la sociedad emisora cumplan con los requisitos de exención establecidos en esta fracción. Tampoco, se pagará el impuesto sobre la renta por la ganancia acumulable obtenida en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación.” Esta exención es injustificable y anticonstitucional.

9. El actual texto del artículo 167 de la Ley no contempla las tasas a las cuales habrán de gravarse las de las personas físicas por los ingresos obtenidos derivados de las ganancias por la enajenación de acciones en las bolsas de valores, por lo cual se añaden las fracciones XIX, XX y XXI.

10. En las principales bolsas de valores del mundo se cobran impuestos a las ganancias derivadas de la compra venta de acciones, como es el caso de los mercados de valores en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y en España, e incluso en las economías emergentes como en las Bolsas de Valores de Sao Poalo, Santiago de Chile, y a partir del 2010 en la de Lima, por lo cual las personas físicas nacionales y extranjeras pagan tributos en otras bolsas de valores en el ámbito internacional, acogiéndose en todo caso a los esquemas y acuerdos internacionales que los protegen contra la doble tributación.

11. El artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta regula la tributación de los contribuyentes no residentes en el país que obtienen ingresos de fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional en materia de enajenación de acciones o títulos de valor, sin embargo éste artículo contiene la injustificable exención prevista en el párrafo treceavo de dicho artículo, y diversas opciones y tasas de impuesto aplicables en los párrafos décimo, onceavo y doceavo.

12. Con el objeto de estimular la inversión a mayor plazo, con menor volatilidad, se considera conveniente dar un estímulo a quienes mantengan su capital invertido en un plazo mayor a un año, por lo cual la tasa de tributación propuesta es de sólo el 7% a diferencia de los inversionistas de corto plazo, a cuyas ganancias por la enajenación de acciones hasta doce meses después de su adquisición, se les gravará con un 17%.

Con base en lo expuesto se propone el siguiente

PROYECTO DE DECRETO.

Primero. Se deroga la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Segundo. Se añaden las fracciones XIX, XX y XXI al artículo 167 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el siguiente texto:

Art. 167. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los siguientes:

(…)

XIX. Los que se obtengan por la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas cuando su enajenación se realice a través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores o acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores, una vez realizadas las deducciones siguientes:

1. Al precio de venta de la acción se le deducirá el costo de adquisición de la misma, incluso las comisiones cobradas por el intermediario, o bien el promedio de costo de adquisición de las acciones de esa emisora, en caso de haberse realizado su adquisición en más de un acto de compra. El costo de adquisición de las acciones será calculado conforme el último párrafo del artículo 24 de esta Ley debiendo el intermediario financiero proporcionar una constancia a la persona física enajenante respecto de dicho costo. La diferencia obtenida con este procedimiento se actualizará conforme lo establece el artículo 7 de ésta misma Ley.

2. Cuando el resultado obtenido sea positivo se considerará una ganancia por concepto de la enajenación de acciones en un mercado de valores reconocido. Al ingreso gravable obtenido por el procedimiento descrito se le aplicará una tasa del 7% por concepto de impuesto sobre la renta, en caso de que el tiempo entre la adquisición de las acciones y su venta sea mayor a doce meses, mismo que deberá ser retenido por las casas de bolsa o intermediarios a través de los cuales se realice la operación de venta, entregándose un comprobante fiscal de la retención al contribuyente. En caso de que el tiempo promedio transcurrido entre la adquisición y la venta de las acciones sea de doce meses o menor, se aplicará una tasa del 17%, reteniéndose de igual manera la contribución por el intermediario bursátil y entregando un comprobante a la persona física enajenante.

3. En el caso de que el valor de venta de las acciones sea inferior al valor promedio de compra de las mismas, las pérdidas calculadas con método similar al descrito para conocer las ganancias gravables, en la fracción 1 anterior, serán acreditables contra el total del Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente en el año fiscal en que se realice la venta, y en los subsiguientes, hasta por un máximo de cinco años en total.

4. El Contribuyente informará en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta los ingresos obtenidos por el concepto descrito en esta fracción y las retenciones que le fueran realizadas por los intermediarios bursátiles, para cada una de las transacciones, sin embargo estos ingresos no deberán acumularse a los restantes que obtenga el contribuyente durante el ejercicio fiscal, por los demás conceptos especificados en la Ley, por lo cual los ingresos gravados conforme lo descrito en la fracción 2 anterior, no tendrá efecto de acumulación al impuesto sobre la renta que deberá pagarse por los restantes conceptos de la ley, en su caso. En caso de registrarse pérdidas se procederá como se ha descrito en la fracción 3 anterior.

5. Los residentes en el extranjero que inviertan en los mercados de valores de México, podrán beneficiarse de los acuerdos internacionales para evitar la doble tributación que el gobierno de México tenga vigentes con otros gobiernos extranjeros.

XX. Los ingresos que deriven de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, en bolsas de valores ubicadas en mercados extranjeros reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, pagarán la tasa del 17%. Los contribuyentes serán responsables de incluir en su Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta en México, en el apartado correspondiente, cada una de las enajenaciones realizadas en los mercados de valores en mercados reconocidos en el extranjero, declarando las ganancias obtenidas, deduciendo las pérdidas a que hubiere lugar, y realizando los pagos correspondientes en forma anual. En todo caso deberán comprobarse en forma fehaciente las enajenaciones, ganancias, y en su caso las pérdidas. En los casos en que las bolsas de valores se ubiquen en países con los que existan acuerdos intergubernamentales de coordinación fiscal para evitar la doble tributación, los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios a que hubiere lugar.

XXI. Los ingresos que las personas físicas obtengan por la enajenación de acciones fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores, así como en los casos de fusión o de escisión de sociedades, las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, se acumularán al total de ingresos obtenidos por otros conceptos por las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y para la determinación de los pagos del impuesto sobre la renta a que den lugar, las obligaciones de declaración, y pagos, se sujetarán a lo que está dispuesto en el Capítulo II “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”, Sección I, “De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales” de esta Ley.

Tercero: Se modifica el artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la manera siguiente:

1. Se modifica el actual párrafo décimo de dicho artículo para quedar con el siguiente texto:

“Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones que se realice a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y siempre que dichos títulos sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a dichas reglas generales, el impuesto se pagará aplicando las tasas establecidas en la fracción XIX del artículo 167 de ésta Ley. “

2. Se deroga el actual párrafo onceavo de dicho artículo.

3. Se modifica el actual párrafo doceavo de dicho artículo para quedar como sigue:

“Los intermediarios enterarán las retenciones efectuadas conforme al párrafo anterior, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se efectúa la enajenación correspondiente.”
4. Se modifica l actual párrafo treceavo de dicho artículo para quedar como sigue:

“Sólo para evitar la doble tributación no se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el extranjero que deriven de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o extranjeras en bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, o de acciones emitidas por sociedades mexicanas cotizadas en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia bursatilidad de países con los que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación.”

Dado en el Senado de la República, el 13 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Pablo Gómez Alvarez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Pablo Gómez Alvarez. Túrnese la presente iniciativa a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y del Senador Alejandro González Yáñez y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar dos proyectos: Un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana y un proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y del C. Senador Alejandro González Yáñez y de CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En efecto, aunque están enlistadas en diferente turno las dos iniciativas, porque son de naturaleza distinta, solicité a la Presidencia, en un ejercicio de ahorro y de economía procesal, en un mismo turno tratarlas, describirlas, para que la Presidencia las turne.

Quiero explicar de qué se tratan estas dos iniciativas.

Una de ellas es la denominada de Austeridad Republicana. ¿De qué se trata? Es una ley única en su género. México no ha tenido nunca una ley de esta naturaleza. Ha habido esfuerzos aislados que se plasman en el Presupuesto de Egresos, en artículos transitorios, en actos voluntaristas de racionalidad y de ahorro, pero no una ley que obligue a todos a que se sometan a un mismo criterio.

Esta ley, de aprobarse, dispondrá de criterios universales para todos los integrantes de los Poderes de la Unión, organismos públicos descentralizados y todos los que constituyen autoridad y que dependen de recursos públicos. En un principio se dispone jurídicamente la disminución de los salarios de los altos servidores públicos de estos Poderes de la Unión. Pero también se contemplan manuales únicos, criterios únicos de tabuladores salariales, prohibiciones a los funcionarios para obsequiar regalos a costa del presupuesto público. También se limita el exceso de personal de altos servidores públicos, Secretarios particulares, Secretarios auxiliares, Secretarios privados, coordinadores de asesores. Todo esto contempla la ley.

Y se pretende con el ahorro del gasto corriente y con la disminución de altos salarios de servidores públicos, el Gobierno pueda ahorrarse cerca de 200 mil millones de pesos. La Ley describe puntualmente como aplicarse.
Por ejemplo, se elimina el seguro médico particular de altos servidores públicos; se eliminan los fondos de ahorro a que tienen derecho solo una parte de esta casta privilegiada de la burocracia en donde se aporta un peso por el trabajador o por el funcionario y se aporta un peso más por el gobierno del presupuesto público. Todo esto se elimina. Bonos, compensaciones, prestaciones excesivas, y se da paso a un criterio de austeridad republicana siguiendo los viejos principios juaristas de vivir en una medianía, con un salario moderado, modesto que pueda representar vivir con dignidad y con austeridad.

Este es uno de los proyectos de Decreto que estoy planteando.

Iniciativa

“Ricardo Monreal Avila y Alejandro Gonzalez Yañez, Senadores de la República integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El movimiento social en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional, tal como lo señala el Proyecto Alternativo de Nación1 tiene que recuperar lo mejor de la historia de México. Allí está el temple de los mexicanos, el programa popular y los ejemplos de quienes han sido los mejores dirigentes y gobernantes. ¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?, ¿O su propuesta de que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario?. Igualmente, del presidente Benito Juárez debemos seguir su ejemplo de honestidad administrativa, pues sin ella, no es viable una República liberal y democrática.

El poder legislativo federal de nuestro país está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la peor crisis económica que vive nuestro país. Ésta ha sido originada en razones externas pero también internas. Las externas derivan del colapso del modelo económico neoliberal que propició una economía basada en la pura especulación del capital y no en la producción suficiente de bienes y servicios para millones de seres que habitan el planeta. Las internas son el resultado de políticas económicas que han privilegiado a unos cuantos grupos económicos y sociales, han descuidado a la mayoría de la población, y han desatendido la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico propio.

Se requiere establecer en la República, entre otras medidas que son impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa, una legislación que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal. Se pretende que el costo de esta crisis, no sea pagada, vía la aprobación de nuevos impuestos o mediante el aumento de los mismos, con los magros recursos de los sectores sociales menos favorecidos. Por el contrario, el objetivo debe consistir, en que el costo de la crisis corra a cargo de los segmentos privilegiados del país, sobre todo de aquéllos que se han beneficiado exorbitante e indebidamente con los recursos públicos de la nación.

En México no se cuenta, hasta el día de hoy, con una legislación de esta naturaleza. Los ordenamientos que se han venido aprobando año con año, únicamente se han limitado a la expedición de lineamientos sobre disciplina y control del ejercicio presupuestario y a un capítulo de disposiciones de racionalidad en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En ambos casos, sus alcances son cortos y superficiales, y los resultados no son claros ni cuantificados, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión apruebe una Ley como la que se propone.

El movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía, así como los legisladores de los partidos que formamos parte de este movimiento social, creemos con firmeza, que es necesario hacer valer el principio político y ético consistente en que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía, por lo que es necesario retomar el ejemplo de administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano juarista. La historia de México demuestra que no lo han hecho. Ha sido práctica cotidiana, que los servidores públicos al frente de las instituciones, se han provisto de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, no previstos en la Ley o en el Presupuesto de Egresos. Esos beneficios se suelen otorgar con apoyo en normatividades de dudosa constitucionalidad, que son aprobados en cada institución, al margen de un control estricto de la Cámara de Diputados y de la sociedad.

En una reciente publicación de la Auditoria Superior de la Federación, titulada “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano. Oportunidades de Mejora”, publicado en el mes de agosto del presente año, se señala lo siguiente en relación a la remuneración de los servidores públicos en este país:

“En la actualidad, el total de las percepciones que se otorgan a los servidores públicos, se compone de conceptos tales como sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos, y ayudas diversas consistentes en vales de despensa, gasolina, despensa, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.

La existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública.

De algunos resultados obtenidos de diversas revisiones efectuadas por la Auditoria Superior de la Federación, se desprendió que en el Poder Judicial de la Federación existían pagos superiores a los tabuladores establecidos, pago de aguinaldos mayores que lo autorizado y estructuras que no responden a su organización jerárquica.”

Las convicciones de nuestro movimiento social tienen fundamento en el análisis de instituciones respetables del país. Formulamos esta propuesta, porque queremos, no sólo resolver la crisis económica o, generar recursos presupuestales para el desarrollo productivo y la realización de los programas sociales en beneficio de más personas, sino porque estamos convencidos de que una manera de generar equilibrio y justicia en la sociedad, reside en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país.

México es un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional está diseñado para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Nosotros queremos cambiar esa situación. Proponemos un sistema diferente, basado en la igualdad y en la justicia social. No alcanzaremos la democracia, el Estado de Derecho o, la seguridad pública, mientras no reduzcamos la opulencia de unos que se genera a costa de la miseria de la mayoría. Es necesario, muy especialmente en tiempos de crisis, proyectar desde los poderes públicos actitudes y valores que fomenten las prácticas de ahorro y austeridad en toda la Nación.

La presente Iniciativa sólo implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público. Los servidores públicos son eso, servidores y trabajadores del pueblo, en este entendido, resultan inaceptables los marcados contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población a la que sirven.

México requiere de servidores públicos con vocación de servicio público y de servicio a los demás. El servicio público debiera ser una distinción en si mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del Estado con los del pueblo al que debieran servir.
Por estas razones, la presente iniciativa, propone la disminución de las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores en un 50%, de igual manera se propone eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los tres poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales.

Se propone también la prohibición de otorgar pensiones extraordinarias a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente, y la eliminación de las pensiones a los ex Presidentes de la República.

Se destacan por su trascendencia, la obligaciones que se imponen a la Auditoria Superior de la Federación, para que ésta elabore y presente a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Tabulador Único de Percepciones y un Proyecto de Manual Unico de Prestaciones, a los que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales de la República.

En lo que hace a las disposiciones en materia de consolidación de adquisiciones, establecimiento de máximos en la contratación de asesores, medidas para prohibir la adquisición de vehículos para los servidores públicos, reducción del gasto corriente y de operación en las instituciones y el gobierno, la iniciativa que se presenta es una propuesta totalmente viable.

El fundamento constitucional que le permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia se encuentra previsto en distintas fracciones del artículo 73 de la Carta Magna. La fracción XI de la norma citada precisa que el Congreso tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar, o disminuir sus dotaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 fracción XXIV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad: “Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, el control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales”. De la norma fundamental transcrita queda en evidencia la competencia del Congreso para legislar en esta materia, pues la disposición concede competencia al poder legislativo federal para regular la gestión, el control y la evaluación de los poderes de la Unión y de los demás entes federales.

Además el artículo 127 de la Constitución faculta a la Cámara de Diputados para determinar anual y equitativamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las remuneraciones a los servidores públicos.

Con base en lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, para quedar como sigue:

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Esta Ley establece las reglas y principios de austeridad que deben cumplir los Poderes de la Unión, los órganos autónomos y las diversas autoridades federales de la República, independientemente de la naturaleza jurídica que posean.

La Auditoria Superior de la Federación y los órganos de control interno de los entes arriba citados, se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley.
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en los tres poderes de la Unión, órganos autónomos y autoridades federales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas y con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se considera servidor público federal a los representantes de elección popular, a los miembros el Poder Judicial Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, al igual que a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que implique la utilización de recursos públicos o el ejercicio de competencias jurídicas de carácter federal.

Artículo 4. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente Ley deberán concentrarse en un fondo especial cuya aplicación deberá destinarse, año con año, a cubrir el déficit en las finanzas públicas y generar el desarrollo de la inversión productiva nacional y la ampliación de los programas sociales, previa aprobación de la Cámara de Diputados.

CAPITULO II
De los servicios personales

Artículo 5. Se reducen en 50% las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos, en los términos de la fracción I del artículo 127 de la Constitución, desde director de área y homólogos, con niveles LC3 al GA1, en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades federales de la República, independientemente de su naturaleza jurídica.

Artículo 6. Se eliminan las erogaciones de las partidas 1406, 1407 y al concepto 1500, del Presupuesto Federal, destinadas al pago de los seguros de gastos médicos privados.

Artículo 7. Se eliminan las erogaciones destinadas al pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los funcionarios públicos referidos en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 8. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos.

Artículo 9. Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes.

Artículo 10. Queda prohibido el establecimiento de pensiones para servidores públicos distintas a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente.

Artículo 11. La contratación de prestadores de servicios profesionales en los cuerpos legislativos, deberá sujetarse a los techos presupuestarios autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo. La contratación sólo será posible cuando no exista un servidor público que realice la misma función en un centro o instituto de estudio o investigación en cualquiera de las Cámaras.

Artículo 12. Se derogan las pensiones a los ex Presidentes de





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y del C. Senador Alejandro González Yáñez y de CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

(Presentada por el C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Francisco Herrera LeOn, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación del Estado tiene como objetivo primario ceder la seguridad a los hombres. Las sociedades cuando forman las bases de éste, esperan que la libertad que de cierta manera pierden sea compensada con el valor de la seguridad.
En este orden de ideas, la obligación de garantizar la coexistencia pacífica de la población está a cargo del Estado. Además es un derecho fundamental contemplado en el texto constitucional, sin embargo, para poder cumplir con dicha obligación, es indispensable la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y la colaboración de la sociedad, para enfrentar el desafío de la seguridad pública.

La democracia como forma de gobierno se basa en el principio que consiste en garantizar un régimen de libertades y máximos espacios a los individuos, pero al mismo tiempo que garantiza esto, debe velar por el establecimiento de normas que proporcionen certidumbre y seguridad a las personas en su interacción con los particulares.

El principio de libertad y de seguridad históricamente han estado en conflicto, situación que persiste hasta nuestros días, incluso los gobiernos de diferentes países se han manifestado que las normas jurídicas que garantizan el régimen de libertades representan un impedimento para resguardar la seguridad en la esfera nacional e internacional.

No obstante lo anterior, continuamente se realizan acciones para cumplir con esa función, pues el hecho que existan ciertos obstáculos no es razón suficiente para dejar desprotegidos a los individuos.

México ha sido catalogado como el país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en secuestros, el 13 en delitos de materia común y el lugar 5 en delincuencia organizada.

Desafortunadamente, los problemas de inseguridad han rebasado con creces a las instituciones del Estado, viviendo actualmente la población atemorizada ante la oleada de delitos perpetrados por la delincuencia organizada, los cuales no parecen tener fin.

Ante esta circunstancia, las personas y empresas han tenido que recurrir a los servicios de seguridad privada para salvaguardar su integridad física y patrimonio, sin embargo, en múltiples ocasiones han sido victimas de algún tipo de delito cometido por personas, que utilizan en su beneficio la información a la cual tienen acceso por razón de su trabajo.

El artículo 5 constitucional establece que las personas podrán dedicarse a la profesión u oficio que deseen siempre y cuando esta sea lícita, por lo tanto el aprovecharse de los beneficios que les otorga el prestar sus servicios a empresas de seguridad debe ser considerado como un delito.

Cada individuo tiene el derecho reconocido de dedicarse a cualquier actividad para lograr sus desarrollo personal y obtener los medios necesarios que le permitan sostenerse, las únicas limitantes van dirigidas a evitar una conducta que transgreda las reglas sociales y jurídicas, en razón del principio de libertad, pues conocido es que la libertad de una persona termina cuando comienza la de la otra.

A pesar de existir preceptos legales que regulan la actividad de seguridad privada, en el país aproximadamente el 80% de las empresas no lo cumplen, en virtud de que los controles, inspecciones y vigilancia por parte de la autoridad son débiles, además, está el riesgo de que no se verifican los antecedentes de las personas que contratan y que han propiciado la comisión de múltiples delitos.

Uno de estos casos es el de Jesús Martín Robelo Muñoz, quien fue contratado como policía de la empresa privada de seguridad SPI VAN, pero el primer día que prestó sus servicios en una compañía de la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, violó, torturó y mató a una empleada. El cuerpo fue encontrado 6 días después, amarrado con cinta canela dentro de una caja de cartón en la Colonia Real de San Martín de Valle de Chalco, Estado de México.

Está persona fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del D.F., quienes descubrieron que estuvo preso en un reclusorio de la Capital en el año 2006, por el delito de violación, al año siguiente, fue encerrado de nuevo por robo a transeúnte, sin embargo, logró salir libre, desconociéndose los motivos por los que obtuvo esa libertad.

Recientemente, en el asesinato del candidato a diputado del PRI por el IV Distrito de Tabasco, participó el vigilante de la zona residencial en los hechos, estos son solamente un par de ejemplos de los muchos que se cometen diariamente.

Se ha comprobado que un porcentaje importante de secuestros y robos que se cometen en el país, son realizados gracias a la información que el personal operativo proporciona a los delincuentes.

Las personas físicas y morales que se dedican a prestar servicios de seguridad privada, deben de ser obligadas a cumplir con los requisitos que la ley impone, y en caso de no hacerlo, responsabilizarlas por las conductas que lleven a cabo el personal que contratan, pues al no haber una supervisión estricta por parte de la autoridad o apercibimiento que los sancione, seguirán incumpliendo con sus funciones.

El propósito de esta iniciativa es la de acabar con los vacíos legales y responsabilizar solidariamente a las empresas que contraten personal con antecedentes penales, pues los bienes jurídicos tutelados son de suma importancia, en especial la vida e integridad física y emocional de los individuos.

El Estado tiene una deuda pendiente en el rubro de seguridad con la población, por tal motivo es indispensable realizar las acciones necesarias tendientes a erradicar este tipo de prácticas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 28, se reforma la fracción XI inciso a) y e), y se adiciona la fracción XXXI del artículo 32 y la fracción IX del artículo 33, todos ellos de la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:

Artículo 28.- (…)

I – VI (…)

La persona física o moral que contrate los servicios del personal operativo tendrá la obligación de verificar fehacientemente la veracidad de los datos que proporcionen el personal operativo; en caso de no hacerlo será responsable solidario de las conductas delictivas que realicen éstos.

Artículo 32.- Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I – X (…)

XI…

a) Por falta grave en la comisión de una conducta contraria a lo previsto en las Leyes.

b) – d) (…)

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo, que pongan en riesgo la vida, integridad y/o patrimonio de las personas;
f) – h) (…)

XII – XXX (…)

XXXI.- Dar aviso a la Dirección General cuando una o varias personas de la empresa hayan cometido un delito, para que sean inhabilitados temporal o permanentemente según la gravedad del delito.

Artículo 33.- Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada:

I – VIII (…)

IX. Mantener en secreto la información que sea de su conocimiento por razón de su empleo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 13 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Herrera León”.

Del Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual se turna a la Cámara de Diputados.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

RESUMEN: La presente iniciativa reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de que las referencias a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados sean sustituidas por el concepto de Normas de Información Financiera.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actualización de las leyes y principios legales es fundamental para el buen desarrollo de nuestro Estado de Derecho, ya que la claridad y precisión son elementos indispensables en la aplicación de la Ley.

Particularmente, la legislación fiscal requiere de preceptos específicos, acorde a la realidad, a fin de que el cálculo de las contribuciones se lleve a cabo en forma estandarizada y sin elementos que permitan la evasión y elusión fiscal, y desde luego, limite a la autoridad en la interpretación y aplicación de la norma.

En este sentido, la uniformidad en la información financiera y contable de las empresas es importante, no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial. De ahí que se hayan desarrollado diversos principios bajo los cuales los contribuyentes deben regir su contabilidad.

Desde sus inicios, la regulación contable ha tratado de encontrar un adecuado soporte teórico para sustentar la práctica contable y para guiar conceptualmente la emisión de normas particulares, desechando con ello planteamientos apoyados meramente en la experiencia, uso o costumbre.

De esta forma, a lo largo del tiempo se han establecido principios contables generalizados a fin de originar una mejor información, y convergencia con las normas financieras a nivel internacional, así como mantener estándares de la más alta calidad posible.

A raíz de la crisis de los años 30, en Estados Unidos, el Instituto Americano de Contadores Públicos, organizó agrupaciones académicas y prácticas para evaluar la situación, de allí surgieron los primeros principios de contabilidad, vigentes aún muchos de ellos, otros con modificaciones.

En México, durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C. (IMCP) fue la encargada de emitir la normatividad contable en nuestro país, en boletines y circulares de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Así, en 1974 entró en vigor el primer boletín de estos principios.

En este conjunto de boletines, se establecieron los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no sólo el desarrollo de normas particulares, sino también la respuesta a controversias o problemáticas derivadas de la emisión de estados financieros de las entidades económicas.

Los principios fueron evolucionando y fue necesario incorporar en nuestras leyes referencias a ellos, ya que el cálculo de los impuestos requiere de fundamentos contables estandarizados.

Sin embargo, a partir del 1º de junio de 2004, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México.

El CINIF es una organización independiente en su patrimonio y operación, constituido en el año 2002 por entidades líderes de los sectores público y privado, con objeto de desarrollar las “Normas de Información Financiera” (NIF) con un alto grado de transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como para usuarios de la información financiera.

Es así que a partir del 2008 entraron en vigor la Normas de Información Financiera en sustitución de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Esta transición de conceptos hace necesaria la actualización del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las referencias a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sean sustituidas por las de las nuevas Normas de Información Financiera.
Es por ello, que la presente iniciativa propone la modificación de diversos artículos que hacen referencia a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, para que sea incorporado el concepto de Normas de Información Financiera.

Esta propuesta es importante, primero porque es necesario tener consistencia en la ley y exponer una buena técnica legislativa. La situación actual, a la larga puede provocar omisiones y faltas al haber confusión en la aplicación de la norma.

En segundo lugar, no sólo es una cuestión de forma, existen elementos de fondo implicados en las nuevas Normas de Información Financiera que proponen modificaciones en los cálculos y concepto de los principios tradicionales.

Por otro lado, los dictámenes fiscales que actualmente emiten los contadores públicos están basados en la normatividad contable actual, es decir, en las Normas de Información Financiera y no en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Los principios contables seguirán evolucionando a través del tiempo, se estima que para el año 2012 las Normas de Información Financiera sean sustituidas por lo que son las Normas Internacionales de Información Financiera. Sin embargo, es necesario actualizar nuestra legislación y brindar todos los elementos para que sea acorde a la realidad de cada sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 60 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 60.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones:

I. …

II. …

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según las Normas de Información Financiera. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXVI, quinto párrafo del artículo 32; el párrafo segundo del artículo 89; el inciso b) de la fracción III del artículo 91; el último párrafo del artículo 216, el numeral 1 del inciso i) del inciso a) de la fracción II del artículo 216-Bis, el primer párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo 216-Bis y los numerales 3 y 5 del inciso b) de la fracción II del artículo 216-Bis; todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 32.- Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. ….

II. ….

III. ….

XXVI.

Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del ejercicio, para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas, la cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos. Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los contribuyentes que no apliquen las Normas de Información Financiera en la determinación de su capital contable, considerarán como capital contable para los efectos de esta fracción, el capital integrado en la forma descrita en este párrafo.

XXVII. …

Artículo 89.- Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente:

I. …

II. …

El capital contable deberá calcularse conforme a las Normas de Información Financiera vigentes; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.


Artículo 91.- Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal, mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, cuando:

I. …

II. …

III. …

a) …

b) El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de restar a la unidad el por ciento de utilidad bruta. Se entenderá como por ciento de utilidad bruta, ya sea la determinada de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o, conforme a lo establecido en el artículo 90 de esta Ley. Para los efectos de lo previsto por este inciso, el costo se determinará según las Normas de Información Financiera;

c) ….

Artículo 216.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 215 de esta Ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:

I. …

II. …

Para los efectos de este artículo y del artículo 215 de esta Ley, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las Normas de Información Financiera vigentes.

Artículo 216-Bis. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 2o. de esta Ley, se considerará que las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley y que las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no tienen establecimiento permanente en el país cuando las empresas maquiladoras cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

I. …

II. …

a) …

i. …

1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos inventarios, correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el total entre el número de meses comprendidos en el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se determinará mediante la suma de dichos inventarios al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método que la persona residente en el país tenga implantado con base en el valor que para dichos inventarios se hubiere consignado en la contabilidad del propietario de los inventarios al momento de ser importados a México. Dichos inventarios serán valuados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera cuando el propietario de los bienes resida en un país distinto a los Estados Unidos de América. Para el caso de los valores de los productos semiterminados o terminados, procesados por la persona residente en el país, el valor se calculará considerando únicamente el valor de la materia prima.


2. …

3. …

a) El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la operación en cuestión, incurridos por la persona residente en el país, determinados de conformidad con las Normas de Información Financiera vigentes, incluso los incurridos por residentes en el extranjero, excepto por lo siguiente:

1. …

2. …

3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en las Normas de Información Financiera.

4. …

5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación conforme a las Normas de Información Financiera. No se consideran gastos extraordinarios aquellos respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones en los términos de las citadas Normas de Información Financiera y para los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente destinados para efectuar su pago. Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las reservas y provisiones citadas y para los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente para efectuar su pago, tampoco considerarán como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o provisiones citadas.

6. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, Octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Perdón, señora Secretaria, si me permite una observación. Mencione solamente a los Senadores iniciantes, no el conjunto de las iniciativas, en virtud de que el planteamiento se turnará íntegramente al Diario de los Debates.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Correcto. De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, Mario López Valdez, Alfonso Elías Serrano y María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL APARTADO A DEL ARTICULO 21 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los CC. Senadores Adolfo Toledo Infanzón y Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

“Los suscritos, Adolfo Toledo InfanzOn y Mario LOpez Valdez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Comisión Permanente la siguiente “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al apartado A del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para el Estado mexicano, lo que se ha traducido en una ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población.

De esta manera, se ha reconocido en nuestra Carta Magna el derecho que tienen los niños de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A efectos de garantizar lo anterior, a través de la reforma al artículo 4º Constitucional, publicada el 7 de abril del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares a fin de que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños.

Tales adiciones tienen como resultado que el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se pretende asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Los objetivos que, a través de la emisión de dichas reglas se ha fijado el Estado mexicano, son la expresión de compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, por medio de los cuales se pretende reafirmar la intención de garantizar a nuestros niños y niñas su pleno desarrollo.

De esta manera, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales, los cuales tienden a proporcionar una protección especial a la infancia, entre los cuales podemos mencionar la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas los días 20 de noviembre de 1959 y 1989, respectivamente.

Éste último documento reviste especial importancia, ya que en su parte considerativa reconoce que los niños, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales e, incluso la debida protección legal. Asimismo, considera que los niños deben estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y por lo tanto, deben ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Si tal como hemos referido con antelación, el Estado mexicano ha reflejado en el artículo 4º de la Constitución Federal y su Ley reglamentaria, así como en diversos instrumentos internacionales su preocupación por el desarrollo de la niñez, la consecuencia lógica de esto sería que lo previsto en tales ordenamientos trajera aparejada una mejora notable en las condiciones de vida de nuestros infantes, lo cual, como todos sabemos, hasta ahora no ha ocurrido. Por el contrario, durante los últimos años hemos sido testigos de la forma en que se han venido erosionando los niveles de bienestar de los mexicanos, y en especial, de los grupos más vulnerables de nuestra población, entre quienes se cuentan nuestros infantes.

Una muestra de lo anterior sería lo asentado en el Reporte Global sobre Competitividad 2008-2009, elaborado por el Foro Económico Mundial, en el sentido de que hasta hace cuatro años el nivel de mortalidad infantil en nuestro país alcanzaba a 22 de cada 1,000 niños de hasta un año de edad, lo que nos ubica en el lugar 77 de entre 134 naciones sujetas a estudio, por debajo de Vietnam, Siria, Ecuador, Jamaica y Libia.

Por cuanto hace al uso de internet en las escuelas, estamos ubicados en el lugar 76, apenas arriba de Sri Lanka y muy por debajo de países como Filipinas, Mauricio, Senegal, Indonesia, Túnez, Jordania y Puerto Rico.

Dentro de este contexto, un aspecto que sobre el bienestar de la niñez debe causarnos honda preocupación, es el que se relaciona con la incidencia de abusos sexuales en las escuelas públicas.

Los datos contenidos en la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior encendieron focos de alerta, ya que de los 3 millones 700 mil jóvenes que estudian en bachillerato, 1% (5 mil 106) dijo haber sido víctima de violación, pero la mayoría ocultó la agresión. En 204 de esos casos, los estudiantes atribuyeron la violación a maestros.

De acuerdo con ese mismo instrumento de medición, 4.7% de los hombres y 7.3% de las mujeres afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual. De éstos, el porcentaje que comentó el abuso sexual con alguien fue del 27% en los hombres y 44.6% en las mujeres, pero de ellos, sólo el 4.8% y de varones y el 9.9% de mujeres denunció el abuso sexual a las autoridades.

Entre las principales razones que obraron para que las víctimas no comentaran el abuso de que fueron objeto se encontraron el miedo, la vergüenza, la culpabilidad y el temor a la incredulidad o el regaño, aunque algunos también consideraron que era algo personal o que no había motivo para hacerlo público.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con cifras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) proporcionó a un medio de comunicación a través de la respuesta a la solicitud 0001100153708, se desprende que entre enero y marzo de 2008 las denuncias sobre esta ilícito sumaron 24 tan sólo en el Distrito Federal, 2 en los institutos tecnológicos, 2 en los bachilleratos tecnológicos agropecuarios y 2 en los centros de formación para el trabajo; aunque al final del año la dependencia documentó que en la capital del país se registraron 57 casos de abuso sexual y dos de violación.1

Las denuncias contra maestros y trabajadores se refirieron a situaciones de burla, ofensa, agresividad, maltrato, groserías, humillación, amenazas, hostigamiento, insinuaciones, “miradas libidinosas”, fotografiar a los alumnos y exhibir videos de pornografía a los estudiantes.

Por otra parte, un estudio elaborado en la Universidad Veracruzana (UV), señaló que en aquella entidad “existe un creciente abuso sexual en contra de los niños en la entidad, pero las denuncias apenas representan 10% de los casos que ocurren”.2
En esa misma entidad, la Sociedad de Padres de Familia de Escuelas Básicas denunció, en el año 2007, a 67 trabajadores, entre ellos administrativos, intendentes y maestros. La Secretaría de Educación siguió proceso en contra de 30 profesores pederastas, pero “los denunciados salieron en libertad”. Para esa agrupación, las escuelas que se ubican en los municipios de Martínez de la Torre, Veracruz, Poza Rica y la región de Orizaba son consideradas “focos rojos”, por las referencias de casos reportados. Profesores de esa entidad, afirmaron que las “presiones del magisterio” en las regiones de Perote, Orizaba, Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río han hecho que los maestros acusados sólo sean asignados a otras plazas dentro de la estructura educativa. 3

Mientras tanto, en el estado de México, la secretaria de Educación señaló que las estadísticas ubican a la dependencia en el segundo lugar de denuncias acumuladas por abuso de autoridad y dentro de éstas “las que más preocupan” son las de tipo sexual. De esta forma, el año pasado se registraron cuatro casos de abuso sexual en las escuelas. El que más llamó la atención fue el de 14 niños que sufrieron esa vejación por parte del dueño del jardín de niños “Mónica Pretelini”, ubicado en Toluca.4

La funcionaria aceptó que la mayoría de los casos de abuso sexual y delitos que se cometen en contra de los niños son básicamente perpetrados por personas que los docentes contratan en las escuelas para desempeñarse como intendentes, veladores y auxiliares.

Frente a esa situación, la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, reconoció en septiembre de 2008 la gravedad de la problemática relacionada con el abuso sexual en las escuelas públicas del país, razón por la cual anunció que se iniciarían talleres con los maestros del país para agilizar los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas de este delito. Asimismo, aceptó que este asunto prácticamente no se había abordado nunca en la historia de la agenda educativa del país.5

Sin embargo, y a casi un año de que la más alta funcionaria educativa del país aceptara la problemática relacionada con el abuso sexual en las escuelas oficiales, no podemos afirmar que el gobierno federal haya hecho gran cosa al respecto, toda vez que hasta el momento la SEP aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro plantel.

Ahora bien, y a pesar del anuncio de la entonces secretaria del ramo, lo cierto es que la SEP no ha creado ninguna instancia nueva para atender las denuncias sobre casos de abuso y seguimiento de los maestros y trabajadores responsables, ni de atención a las víctimas y a sus familiares a nivel nacional, situación que resulta sumamente preocupante, toda vez ello refleja un divorcio entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y lo que se cumple, entre lo que afirma la ley y lo que nos muestra la realidad.

Lo anterior cobra sentido, toda vez que, de acuerdo con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Tales medidas de protección deberían comprender, según la Convención, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos de abusos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
De igual forma, el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone que a éstos se les protegerá cuando se vean afectados por el abuso sexual, situación que, como hemos referido con anterioridad, se encuentra muy lejos de cumplimentarse.

En esta tesitura, y ya que el Estado mexicano se ha comprometido tanto interna como externamente a proteger a los menores de aquellas prácticas que atentan en contra de su dignidad y normal desarrollo psicosexual, creemos conveniente llevar a la práctica lo ya previsto en nuestro sistema legal vigente, procurando llenar con esto los vacíos que con su omisión las autoridades educativas han generado. Es decir, lo que proponemos es que la formulación de políticas en este ámbito ya no sea una opción para el gobierno federal, sino un imperativo que las constriña a actuar de una forma determinada a favor de nuestros niños y adolescentes.

Para efectos de lo anterior, se plantea una adicionar un párrafo segundo al apartado A del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer como una obligación a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los estados y municipios en el ámbito de su competencia, el establecer programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares.

Compañeros legisladores:

De nada nos serviría vencer en la guerra contra la delincuencia si dejamos impunes a quienes lastiman a nuestros hijos. Sería inútil construir una economía próspera si no generamos las condiciones suficientes para hacer felices a nuestros niños. ¿De qué serviría resolver los grandes problemas nacionales si somos incapaces de proteger a la infancia de los horrores del mundo? Recordemos que, en la medida en que el sufrimiento de los niños este permitido, no existirá amor verdadero en el mundo.

En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y en su caso aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al apartado A del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual

Para efectos de lo anterior, la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de su competencia, deberán establecer programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares.

(…)

(…)

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F, a 13 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Mario López Valdez”.






PROPUESTAS

Del Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario de PAN, la cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION A REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL APOYO A ESCUELAS DE NIVEL BASICO

“C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNION
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Ramon Galindo Noriega, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION, PARA QUE, CONFORME A LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION, REALICEN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL APOYO A ESCUELAS DE NIVEL BASICO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La vocación federalista del Estado Mexicano se ha venido entendiendo a partir de la necesidad de descentralizar funciones y recursos a favor de los entes públicos más cercanos a los gobernados.

Desde el 18 de mayo de 1992 se emitió un decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Se refiere, en la parte considerativa de dicho acuerdo, que la educación es un ámbito decisivo para el futuro de nuestro país, por lo que debe procurarse permanentemente elevar su calidad y cobertura a partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico, en términos del artículo 3º. De la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Conforme al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, se estableció que los Gobiernos estatales harían lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los municipios estén directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas sirviéndose de los recursos que, al efecto, reciban del Gobierno estatal.

El artículo 15 de la Ley General de Educación, establece en su tenor literal:

Artículo 15.- El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14.

El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.

El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

A su vez, los artículos 26 y 27 de la misma Ley, establecen:

Artículo 26.- El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal.

Artículo 27.- En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

No obstante lo prescrito por las disposiciones aludidas así como por el referido Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ha trascendido en un reconocido medio de comunicación que año con año disminuyen los recursos que los municipios destinan al mantenimiento de los planteles.

2. En el 2006, según los Reportes Estadísticos del Cuestionario de Financiamiento Educativo Estatal de la Secretaría de Educación Pública, se destinaron 196 millones 830 mil pesos para infraestructura en educación básica; en el 2007, dicha cifra disminuyó a 74 millones 611 mil pesos y el año pasado sólo se reportaron 4 millones 717 mil pesos, mismos que fueron “municipalizados” únicamente por cuatro estados, a saber, Colima, Nayarit, Baja California y Tabasco.

Si bien los reportes no identifican el nombre de los municipios que invierten en las escuelas, sí registran el monto que cada entidad canalizó a las alcaldías.

Merced a lo anterior, ha habido expresiones en el sentido de que los recursos para el sector educativo destinados al mantenimiento de los inmuebles no llegan a los municipios porque los estados no los canalizan.

Los municipios mexicanos, es sabido, no cuentan con recursos para el mantenimiento de las escuelas, por lo que son los padres de familia quienes a través de “cuotas voluntarias” que de facto se tornan obligatorias, tienen que sufragar una proporción importante del gasto que implica el sostenimiento de las escuelas en este rubro, cuando la educación en el Estado mexicano debe ser, por dispositivo elevado a rango Constitucional, gratuita.

En promedio, se ha calculado, los padres de familia gastan por concepto de cuotas 7,279 millones de pesos, según la estadística de la Subsecretaría de Educación Básica, lo que representa el 10% de los recursos que invierten los estados en la misma.

El reporte indica que todos los estados, sin contar el Distrito Federal, invirtieron el año pasado 79 mil millones; mientras que la Federación canalizó 205 mil millones de pesos.

Lo anterior significa que la Federación invierte 2 mil 500 pesos al día por escuela, los estados 993 pesos, los padres de familia, 1 peso y los municipios 0.05 pesos.

El reporte estadístico de la SEP da cuenta también de que no todos los estados invierten igual ni en los mismos rubros.

Por ejemplo, trascendió, hay entidades como Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, que el año pasado no invirtieron recursos propios para la educación indígena, ni siquiera para proporcionar el servicio de educación preescolar que se hizo obligatorio el pasado ciclo escolar.

Oaxaca, por su parte, sigue siendo la única entidad que no invierte en la educación, a pesar de que la Ley General de Educación, en los términos apuntados en el cuerpo del presente, establece en el citado artículo 27 que los estados están obligados a invertir recursos crecientes para el sostenimiento y la expansión del sistema educativo que fue descentralizado en 1992.

3. Con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, en el asignó recursos públicos por 12 mil 469.5 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), superior por 2 mil 86.9 millones de pesos e igual a un incremento del 20.1% en comparación a lo aprobado un año antes, 2007.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que reciban los Estados y el Distrito Federal bajo el Fondo de Aportaciones Múltiples, se destinará para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física del nivel de educación básica, entre otros rubros. Bajo esta tesitura, en el gasto neto total aprobado para 2008 se asignó el 34.5% (4 mil 306.6 millones de pesos) para infraestructura de educación básica.

En este contexto, el pasado 30 de abril de 2009, el Ejecutivo Federal –por conducto de la SHCP– presentó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2008, cumpliendo con lo señalado en el artículo 74, fracción VI, párrafo tercero de la Carta Magna, en el cual se registra que lo erogado en infraestructura básica fue igual a lo aprobado por la Cámara de Diputados pero superior a lo gastado en 2006 por 1 mil 111.2 millones de pesos, reflejándose en un incremento del 34.8%

En mérito de lo expuesto, el Senado de la República, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estima pertinente emitir para su urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo de los Estados que integran la Unión, para que en cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación y la propia Ley General de Educación, realicen la transferencia de los recursos que deban destinarse para la infraestructura en educación básica.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, con fundamento en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se lleve a cabo la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, erogados por los Estados en el rubro de Infraestructura de Educación Básica, con la finalidad de evaluar los resultados de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos.

México, Distrito Federal, a 13 de octubre de 2009”.

Del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, la cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR UNA REDUCCION DEL 10% A LAS PERCEPCIONES QUE PROPONE EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010, DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL; DE SUS ADMINISTRACIONES PARAESTATALES, FIDEICOMISOS PUBLICOS Y CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO; INSTITUCIONES Y ORGANISMOS AUTONOMOS; Y DEL PODER LEGISLATIVO, INCLUIDOS SUS LEGISLADORES, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS PARA COADYUVAR A MEJORAR LA GRAVE SITUACION DE CRISIS ECONOMICA POR LA QUE ATRAVIESA NUESTRO PAIS

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Ramiro Hernandez Garcia, Senador por el estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, refiere una serie de medidas de austeridad, entre otras: reducir en un 5 por ciento el gasto de estructuras de mandos superiores y Oficialías Mayores, reducción del 10 por ciento en el gasto de representaciones diplomáticas y oficinas de gobierno federal en el extranjero; en la misma proporción, el gasto en delegaciones, oficinas y representaciones de las dependencias del gobierno federal, órganos desconcentrados y entidades paraestatales en los estados. Con esto se pretende un ahorro de 66,430 millones de pesos.

No obstante estas medidas, sorprende que en materia de gasto corriente, por concepto de servicios personales, que es el que absorbe la mayoría de los recursos públicos, solamente mencione que se aplicará una “política de nulo incremento en las remuneraciones de enlaces, mandos medios y superiores del gobierno federal”.

A falta de datos precisos,me referiré solamente a los puestos de funcionarios del poder Ejecutivo Federal y que se desglosan en el Proyecto de Presupuesto; mismos que fueron utilizados el pasado 21 de septiembre, por el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda. Señaló que existen un total de 643 mil 550 plazas, que incluye a todo el personal que labora en las Secretarías y órganos desconcentrados del Gobierno Federal, es decir, personal de mando superior, de mando medio y personal operativo.

Mencionó que las plazas de alto nivel, como son las de Subsecretarios, Oficiales Mayores, Jefes de Unidad y Directores Generales, adscritas a las Secretarías del Ejecutivo Federal, suman mil 107 en 2009.

Sobre las plazas de mandos medios como son las de Director General Adjunto, Director de Área, Subdirector y Jefe de Departamento ascienden a 23 mil 22.

Informó que este año los sueldos de la alta burocracia, desde jefes de departamento hasta secretarios de estado costarán al país más de 28 mil 300 millones de pesos. Dijo que para 2010, los sueldos, salarios y prestaciones, para esos puestos en su conjunto, registrarán un aumento, en términos reales, de 6 mil 800 millones de pesos en comparación al 2009. Esto beneficiará a más o menos 50 mil funcionarios.

Al respecto, quiero hacer mención, que en nuestro país, los altos funcionarios públicos tienen ingresos, en algunas ocasiones, por encima de los que perciben sus similares en otros países

Así tenemos que las percepciones salariales y prestaciones, señalada en el Proyecto de Presupuesto 2010, de mandos medios y superiores, es la siguiente:



1_/ En la Percepción Ordinaria Total se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de: aguinaldo, gratificación de fin de año y prima vacacional. La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Administración Pública Federal, una vez aplicadas las disposiciones fiscales. Estos montos no incluyen la potenciación del seguro de vida institucional y el pago extraordinario por riesgo que solamente se otorga a los servidores públicos cuyo desempeño pone en riesgo la seguridad o salud de los mismos.

A lo anterior, no debemos dejar de mencionar también los altos ingresos que perciben los funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial; de igual manera, los servidores públicos de los Organismos Autónomos.

Si bien es cierto, que el servicio prestado en su encargo o en su función por los servidores públicos es un empleo que debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo, también lo es la urgencia de disminuir los montos de quienes reciben los más altos ingresos, sobre todo, en una situación de crisis económica como la que vive actualmente el país, ante la cual todos debemos ser solidarios.

De ahí que se pretenda con este punto de acuerdo, que la Cámara de diputados apruebe una reducción de 10 por ciento en las percepciones de los funcionarios que desempeñen los siguientes puestos: Subdirector de Área, Director de Área, Director General Adjunto o Titular de Entidad, Director General, Coordinador General o Titular de Entidad, Jefe de Unidad o titular de Entidad, Oficial Mayor o Titular de Entidad, Subsecretario de Estado o Titular de Entidad, Secretario de Estado o Titular de Entidad y presidente de la República; de igual manera a los legisladores deambas Cámaras, y los demás mencionados anteriormente, lo cual redundará en una mejora sustancial de la percepción que la ciudadanía tiene de su desempeño, sus decisiones y la justa proporcionalidad de su salario respecto a su función, su jerarquía y su responsabilidad.

Igualmente, es necesario reducir el gasto de operación, administrativos y de apoyo. Una reducción presupuestal en los rubros de materiales, suministros, servicios generales, comisiones oficiales, difusión e información, aportaciones a fideicomisos, asesorías, consultorías, donativos y comunicación social. Todo lo anterior, sin afectar el funcionamiento de las dependencias.

Como sabemos, compete a la colegisladora aprobar el Presupuesto de Egresos, tal como lo manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 74 establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.”

Por su parte, en su artículo 75 mandata que “La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, y el artículo 127 dice que “Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes (…)”

La contracción profunda que ha sufrido la economía mexicana, también se siente en el mercado laboral que sigue incrementando la tasa de desocupación en un contexto en el cual no se observa una mejora en el corto plazo para el mercado laboral mexicano.

En el mes de julio, de acuerdo con el INEGI, la economía mexicana alcanzó los 2.8 millones de desempleados. La tasa de desocupación alcanzó al 6.12% de la Población Económicamente Activa (PEA) que, de acuerdo con el INEGI, es de45.7 millones de personas. De eneroa agosto se han perdido 949 mil empleos, y se calcula en un millón al concluir el año.

A estos datos debemos agregar los anunciados por el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens que, al eliminar tres secretarias, se despedirá a10 mil burócratas del gobierno federal

Su argumento es que con estos cierres se lograrán ahorros que permitirán reorientar el gasto hacia sectores con mayores necesidades o a los que se debe dar una priorización presupuestaria. No obstante, en las condiciones actuales de alto desempleo, una decisión de gobierno de esta envergadura requiere de reflexiones, valoraciones y análisis más complejos que la simple idea del ahorro en el gasto público. No se debe dejar de lado que en estos momentos el desempleo es un grave problema social que se presenta tanto en el sector público, como en el privado.

Hace dos semanas, el mismo subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, informó el inicio del recorte de personal que incluye niveles de subsecretario, jefe de unidad, oficial mayor, director general y director general adjunto. Explicó que se disminuirá el 10% del personal de las delegaciones federales; 10% en las embajadas y 5% en las estructuras administrativas, sin precisar cuántos empleados significan.

Proponemos que, para no cancelar plazas y preservar el empleo, éstas se ocupen en espacios vinculados a proyectos sociales o de fomento productivo.

No hay nada tan malo como carecer de empleo. El jefe de familia vive el drama de no poder dar respuesta a las necesidades de su familia. El desempleo actúa negativamente en el ánimo de la gente. El empleo es la supervivencia económica de la familia y la tabla de lanzamiento para la superación personal.

Con una medida como la que hoy proponemos, es factible disminuir el número de despidos, pues los trabajadores prefieren reducir sus ingresos que estar en el desempleo.

Ante esta realidad, elpaís y los mexicanos requieren un mensaje de que sus funcionarios públicos y sus Legisladores, son solidarios con la situación económica que priva en el país.

Se hace necesario que las fuerza políticas representadas en el Congreso de la Unión acordemos y propongamos reducir en un 10% los ingresos de los funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, así como de los demás organismos del sector público mencionados con anterioridad.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorte a la Cámara de Diputados a considerar una reducción del 10% a las percepciones, propuestas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, que percibirán los servidores públicos encargados de mandos medios y superiores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de las administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público de la federación; incluyendo al Presidente de la República, Secretarios de Estado, Senadores, Diputados Federales, Ministros y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior como contribución a la política de austeridad y racionalidad del gasto público.

SEGUNDO.- Asimismo, considere una reducción a las partidas presupuestales destinadas a los rubros de materiales, suministros, servicios generales, comisiones oficiales, difusión e información, aportaciones a fideicomisos, asesorías, consultorías, donativos y comunicación social.

TERCERO.- Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, y a los congresos locales a implementar las mismas acciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Ramiro Hernández García”.

De la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, la cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010 QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACION SUPERIOR MULTICULTURAL NO SE VEAN DISMINUIDOS

“La suscrita, Senadora Guadalupe Fonz Saenz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 2o. de la Constitución Federal establece que la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Dicho dispositivo establece también que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades del país tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la capacitación productiva y la educación superior; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Como consecuencia de lo anterior, en 1997 la educación primaria destinada a poblaciones indígenas cambió su denominación, de educación bilingüe bicultural, a educación intercultural bilingüe y para el año 2001, se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe dependiente de la SEP, que por primera vez planteó la educación intercultural para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los indígenas a todos los niveles educativos.

Siguiendo con este proceso, a partir del año 2003, diversos estados de la República, tales como Puebla, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, México, Tabasco y Quintana Roo, procedieron a la creación de instituciones de educativas de nivel superior cuyo objetivo consiste en ofrecer educación de alta calidad a los jóvenes de dichas entidades federativas, dentro de un modelo que privilegie no sólo el respeto a la variedad cultural sino el uso activo de las lenguas y saberes vernáculos.

Ahora bien, para nadie es un secreto que existe la pretensión por parte de las autoridades hacendarias federales de reducir los recursos asignados a las instituciones de educación superior bajo el pretexto de la actual crisis económica. Como consecuencia de esto, representantes del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demandaron hace unos días un incremento en el monto de los recursos públicos en el paquete económico 2010, así como también la aprobación de presupuestos multianuales. A cambio de ello, los rectores de distintas universidades públicas del país, asumieron el compromiso de mayor transparencia en el uso de los recursos del erario.

Ahora bien, si existe un temor justificado entre las autoridades de las instituciones educativas que integran a la ANUIES frente a la posible carencia de recursos presupuestales, con mayor razón esta preocupación se extiende hacia las universidades interculturales, las cuales, salvo en el caso de Veracruz, son organismos públicos descentralizados que no gozan de autonomía y dependen de las partidas asignadas por los gobiernos de los estados y la Federación, esto último como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 49 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 y su correlativo presente en el proyecto que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

En esta tesitura, se impone la necesidad de preservar e, incluso, incrementar los recursos destinados a las universidades multiculturales, a fin de no provocar la asfixia de estas instituciones educativas y otorgarles viabilidad financiera, lo cual no obsta para que las mismas se sujeten a la fiscalización que al efecto realice la Auditoría Superior de la Federación, así como también a las evaluaciones de calidad que al efecto realicen las autoridades educativas federales.

Respetables Legisladores:

La educación superior debe ser una prioridad nacional. México tiene que unirse a aquellas naciones que han apostado por la educación superior, la ciencia y la tecnología, las cuales son precisamente las más avanzadas del orbe.

Castigar al sector educativo no es bueno para el desarrollo nacional ni para los individuos que acuden a la enseñanza universitaria con la esperanza de que ésta sea una herramienta de movilidad social, sobre todo en un segmento tan depauperado y ajeno a los beneficios del desarrollo, como lo es el indígena.

Es por lo anteriormente expuesto, que se presenta la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública, en coordinación con las dependencias relacionadas de la administración pública federal, se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010 que los recursos destinados a la educación superior multicultural no se vean disminuidos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz”.

Del Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, la cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A CONSTRUIR UN CENTRO HOSPITALARIO EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Fernando Castro Trenti, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las sociedades contemporáneas, el derecho a los servicios de salud es un bien que la población espera sea proporcionado atendiendo las necesidades de la misma. Se trata de un bien que algunas personas van a utilizar más que otro, de acuerdo a herencia genética, hábitos alimenticios y estilo de vida.

El derecho a la salud no debe de ser visto solamente como un medio que le va a permitir a la persona curar una enfermedad, sino también como un medio de prevención a través de programas que permitan, en la medida de lo posible, mantener en buenas condiciones a la mayoría de la población.

Nuestra Constitución reconoce a la salud como un derecho que se otorga a los mexicanos de acuerdo a sus necesidades y no en atención a sus medios económicos.

A pesar de que en los últimos años se ha ido incrementando el presupuesto en materia de salud, el objetivo de cobertura total no se ha conseguido, por la falta de inversión no solamente en investigación, sino también en recursos humanos y suministro de equipos y medicamentos.

La debilidad del sistema de salud se vio reflejada ante la emergencia de salud que atravesó el país el pasado mes de abril, pues la falta de inversión en infraestructura y la creciente privatización de los servicios han dejado al país vulnerable.

Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con su reporte Health Data 2008, México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de los países miembros es de 8.9%.

El rezago en la infraestructura puede medirse, entre otros parámetros, por el número de camas hospitalarias. Informes de la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), México cuenta con 0.8 camas por cada mil habitantes, cuando el promedio de los miembros de la OCDE es de cuatro por cada mil habitantes.

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos encontró que países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Belice tienen más de 10 camas de hospital por cada 10 mil habitantes. En Brasil, por ejemplo, existe 26, mientras que en México sólo existen 10.

Un ejemplo de ello es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su informe anual al Ejecutivo federal, reconoció que dispone de 0.83 camas por cada mil habitantes, lo que equivale a un rezago de 25 años aproximadamente.

Respetables legisladores:

El municipio de Playas de Rosarito es el más pequeño de los que forman parte del Estado de Baja California. De acuerdo con el Censo de Población efectuado en el año 2005, su población se estima en 73 mil habitantes, presentando un alto crecimiento promedio anual del 2.6%, por lo que la necesidad de contar con otra más y mejores servicios se hizo evidente.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Jesús de Galilea Peña García, se unió a las demandas que diferentes sectores reclaman al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que construyan un hospital que preste un servicio digno y de calidad a los derechohabientes.

Igualmente señaló que desde hace 10 años, la Canaco ha solicitado a las autoridades centrales del IMSS y a la delegación regional, la urgente necesidad de edificar una nueva clínica hospital para el municipio.

La Unidad de Medicina Familiar que existe, es insuficiente para atender a toda la población derechohabiente, que creció considerablemente como consecuencia del auge en la construcción de la industria hotelera.

Ante tal panorama, los derechohabientes se ven en la imperiosa necesidad de trasladarse a la ciudad de Tijuana para acceder a un servicio adecuado de atención médica, lo que genera un riesgo para su salud y un menoscabo en su economía, por el costo de trasladarse a otro lugar y también de tiempo.

Asimismo, la población ha expresado la necesidad de contar con mejores y mayores espacios para las consultas externas, mejor equipo médico, una guardería con mayor capacidad y talleres de capacitación, pues los que hay son insuficientes para solucionar las demandas que reclaman.

En el mes de septiembre de 2009, el alcalde Hugo Torres Charbet anunció la donación de un terreno de 10 mil metros cuadrados para que el IMSS lo pueda utilizar para construir un nuevo centro hospitalario, para que se atienda a la población de manera adecuada.

El Poder legislativo del Estado como representante de la población también ha contribuido con esta labor al presentar un punto de acuerdo el pasado 6 de octubre, en el que exhorta al IMSS a atender las demandas de la población, en base a lo anteriormente expuesto.

Producto legislativo que el Senado de la República hace suyo a través de la presente proposición con punto de Acuerdo.

Compañeros Senadores, el retroceso de la inversión pública en infraestructura de salud y la privatización de los servicios comenzó a principios de los años 80, intensificándose en el período de Vicente Fox y continuando hasta nuestros días, al otorgar a empresas privadas concesiones para operar hospitales regionales de especialidad.

Uno de los objetivos principales que se planteó al inicio de la actual administración fue la de ampliar la cobertura de salud, no obstante y a pesar de que hoy en día más mexicanos cuentan con este servicio, el Estado sigue sin poder garantizar el acceso universal a un sistema de salud de calidad.

Para poder ir disminuyendo la brecha de esta problemática es necesario realizar acciones contundentes en beneficio de la población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores hace suya la petición del Congreso de Baja California, y procede a exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que autorice e inicie la construcción de un centro hospitalario en el municipio de Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California, a fin de proporcionar un servicio adecuado y suficiente a toda la población derechohabiente de la demarcación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Fernando Castro Trenti”.

De la Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL BANCO DE MEXICO, AL INEG Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS ESTUDIOS ACTUARIALES DE EVALUACION DE LOS EFECTOS ECONOMICO DEL PAQUETE ECONOMICO 2010

“La suscrita, Senadora ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Junta de Gobierno del INEG remitan a esta Soberanía una opinión técnica del impacto del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2010, sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y sobre los precios de los componentes de la canasta básica paralos años 2010, 2011 y 2012. Especificando en dicho estudio lo siguiente:

a) Salarios: Los efectos sobre los ingresos de los trabajadores por deciles de ingresos y entidad federativa.

b) Por sectores económicos: Especificando los efectos en el incremento de costos y reducción del consumo nacional.

c) Metas de inflación: Impacto sobre las expectativas inflacionarias y la meta de inflación del Banco de México para 2010.

d) Demanda agregada: Efectos sobre la demanda agregada interna, específicamente aquellos ocasionados por el incremento de los impuestos y la reducción del consumo.

e) Metodologías: Las especificaciones técnicas, documentales y metodológicas para la construcción de las proyecciones.

Segundo.- Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue un análisis comparativo de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de la Federación aprobados por el Poder Legislativo de 2007 y 2008.

En el caso de egresos de la hacienda pública se solicita por secretarias, programas federales, transferencias y aportaciones a las entidades federativas, la siguiente información:

a) Análisis comparativo del presupuesto aprobado, las disminuciones, las reasignaciones, las ampliaciones, y específicamente el presupuesto ejercido al término del año fiscal.

b) Aportaciones y transferencias a las entidades federativas autorizados versus ejercidos.

c) Evaluación de la distribución de recursos presupuestarios a las entidades federativas, a partir de las modificaciones de las fórmulas de asignación de recursos de la Ley de Coordinación Fiscal en 2007.

Finalmente, se solicita una evaluación de la reforma fiscal de 2007 a la fecha, en función de los objetivos de ampliación de la base de contribuyentes y la elevación de la recaudación esperada por impuestos, derechos y aprovechamientos.

El estudio solicitado debe aportar elementos de carácter técnico-estadístico que permitan a esta Soberanía elementos en el marco de la discusión del Paquete Económico 2010.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Rosalinda López Hernández”.

Del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE INFORMEN SOBRE EL PROCESO DE EXTINCION DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, INICIADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL

“El suscrito, Tomas Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 10 de octubre, cerca de las 22:00 horas, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LYFC). Posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto del titular del Ejecutivo Federal por el que se extingue el este organismo descentralizado.

Lo cierto es que la liquidación de Luz y Fuerza se da en un contexto político enrarecido, no sólo porque la ocupación de las instalaciones precedió al acto legal que la declaró extinta, sino por la campaña acoso y desinformación impulsada contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por otra parte, es importante señalar que existen dudas sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.

Pero en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que Luz y Fuerza del Centro fue creada mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 1994, también es cierto que este acto estuvo fundado en un decreto del Congreso de la Unión. Dicho decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1989, reformó el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la prestación del servicio proporcionado por varias compañías.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que empleará más de 20 mil millones de pesos para liquidar a Luz y Fuerza del Centro, sin contar. Cabe preguntarse si el costo de liquidación de este organismo descentralizado y los costos que traerá la creación de una nueva empresa pública o de un nuevo esquema de prestación del servicio es compatible con la situación económica del país y con un déficit fiscal estimado para el próximo año en más de 300 mil millones de pesos.

No debemos perder de vista que una de las medidas de austeridad ampliamente publicitadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la desaparición de las secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública, sólo representará un ahorro al erario de 11 mil 375 millones, una cifra inferior al costo de extinción de LYFC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se cita a comparecer al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Agustín Carstens Carstens, para que precisen la información sobre el proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y, sobre la fuente de financiamiento de los 20 mil millones de pesos que se calcula que costará, particularmente en un contexto económico marcado por un gran déficit fiscal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Del Senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD, la cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EXPEDITO EL PROCESO PENAL DE LOS MICHOACANOS RECLUIDOS EN EL PENAL DE “EL RINCÓN” EN EL ESTADO DE NAYARIT

“El Senador, Silvano Aureoles Conejo, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, legisladores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal a que se tomen las medidas necesarias para hacer expedito como marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal de los michoacanos recluidos en el penal del rincón en Nayarit, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A más de un año de haber aprobado la llamada reforma judicial, que pretende llevarnos a la modernidad jurídica, y que transitemos de un modelo de justicia penal mixto e inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, el principio de presunción de inocencia, es todavía una idea y no un hecho en nuestro sistema penal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ha dado cuenta de innumerables acciones que se han suscitado, en un afán por militarizar el país bajo el supuesto combate al crimen organizado, a través de los operativos conjuntos, se ha implantado un evidente “estado de excepción”, en donde cada día domicilios son allanados, sin orden de cateo, tras denuncias que en la mayoría de sus casos suelen ser falsas.

En Michoacán no ha sido la excepción de estas acciones, tal es el caso de la detención de 29 y 4 (hoy ex) funcionarios estatales y municipales, en los pasados meses de mayo y junio principalmente, fuertemente cuestionadas por la manera en que se realizaron, presumiblemente violando las garantías fundamentales de los detenidos, en particular la presunción de inocencia, y que de acuerdo a la información que la misma autoridad ha brindado a diferentes medios, la mayoría de las acusaciones se basan en testimonios especulativos, imprecisos y con grandes inconsistencias de testigos protegidos (ex delincuentes). Pesando sobre la indagatoria, la sospecha de intereses político electorales.

Por tal razón, hoy podemos decir que muchos de los detenidos que exigen justicia y reclaman su inocencia, se han convertido en víctimas de un sistema represor guiado por fines políticos, que está destrozando trayectorias de vida, de trabajo y honestidad, y por cierto, también la de sus familias.

Personas que la sociedad los reconoce como íntegras y limpias, de arduo trabajo y honradez, profesionistas y académicos destacados, como es el caso de Israel Tentory, Diplomado en políticas públicas estatales y municipales en el instituto de administración pública de Michoacán, Ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia por el instituto tecnológico agropecuario de Morelia, Michoacán, Licenciado en pedagogía por el ISETA de Roque, Guanajuato. Fue, Director de instituciones de nivel medio superior en la SEP, Jefe de la brigada de educación para el desarrollo rural de la DGETA con sede en Indaparapeo, Michoacán, Director del centro de bachillerato tecnológico agropecuario en el estado de México, Jefe de zona de Huetámo, Michoacán, en el programa de coordinación SEP, SARH y gobierno de Michoacán, y Director de educación extraescolar de la SEE en Michoacán.

Mario Romero, reconocido científico bioquímico nicolaíta, que fue Srio. Administrativo, Facultad de Biología 1989-1990, Consejal técnico titular, de octubre de 1991 a mayo de 1992, Coordinador de laboratorio de biología acuática 1992-2000, Srio. Académico, Facultad de Biología. 1992-1994, Director de la Facultad de Biología. 1997-2000, Presidente de La Huacana, Michoacán. 2005- 2007.,

El empresario Ricardo Rubi, que siempre se caracterizó por su transparencia y probidad, y que por algo fue Ex presidente de la CámaraNacional de la Industria de Transformación Delegación Morelia, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, Ex presidentes de Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Mich. Ex Director General de FOMICH hasta 27 de abril 2009, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán A. C., Presidente del Comité de Vinculación Estatal Empresa escuela Conalep, Michoacán, Presidente de la Fundación Comunitaria de Michoacán, Presidente del Consejo UNETE de Michoacán, los anteriores solo por mencionar sólo algunos nombres.

¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que la justicia los oiga? Para que se desahoguen sus pruebas, comparezcan los policías involucrados, se realicen careos y testimoniales, que lleven a la verdad.

No debemos permitir que en nuestro país la justicia llegue once o tres años después. La reforma judicial debe comenzar hoy, respetando el mandato constitucional para que la justicia llegue de manera pronta y expedita.

No defendemos a nadie, sí los detenidos son culpables, que se aplique todo el peso de la Ley, pero queremos que como a cualquier ciudadano se les respeten los derechos otorgados en nuestra Constitución Federal y que tengan un juicio justo, pronto y expedito y que llevemos al terreno de los hechos el principio penal de la presunción de inocencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal a que se tomen las medidas necesarias para que se respete la garantía constitucional contenida en el artículo 17 de la Carta Magna, en el sentido de hacer expedito el proceso penal de los michoacanos recluidos en el penal de “El Rincón” en Nayarit, evitando el diferimiento constante y faccioso de sus audiencias.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que en todas las indagatorias que inicie, se conduzca con respeto irrestricto a las garantías de constitucionales y los derechos humanos de los procesados, dando prioridad al principio fundamental de presunción de inocencia, evitando así vulnerar los derechos de los indiciados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

De los Senadores Francisco Herrera León, Angel Alonso Díaz Caneja, Rubén Fernando Velázquez López y Sebastián Calderón Centeno, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Asuntos Fronterizos, Sur.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INFORME LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE DETERMINA QUE 71 MIGRANTES HONDUREÑOS SOLICITANTES DE REFUGIO NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER RECONOCIDOS CON ESA CARACTERISTICA MIGRATORIA

Los suscritos, Francisco Herrera LeOn, Angel Alonso DIaz Caneja, RubEn Fernando VelAzquez LOpez y SebastiAn CalderOn Centeno, Senadores de la República integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Como sabemos el País de Honduras sufre una de sus peores crisis a consecuencia del Golpe de Estado realizado el 28 de Junio de 2009, que terminó con la destitución del Presidente Constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino de Honduras. Según organismos de la comunidad internacional se trata de una situación de facto, un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, por lo que el nuevo gobierno no ha sido reconocido por ningún país ni entidad internacional.

En los meses previos ocurría en Honduras una crisis política entre los Poderes de ese País, en la cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como objetivo saber si los hondureños estarían de acuerdo en que los comicios de noviembre se colocase una cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente.

Para respaldar esta votación, presuntamente se recolectaron las firmas de 400 mil hondureños; sin embargo, la oposición a la cuarta urna aseguró que las firmas fueran realizadas porextranjeros y funcionarios públicos amenazados. No obstante, el 23 de junio el Congreso aprobó una ley cuyo fin era evitar la celebración de la votación, por lo cual esta consulta popularfue posteriormente considerada ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.

Los opositores argumentaron que el Presidente Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras, lo que motivó que el Congreso Nacional y la Corte Suprema se opusieran a la supuesta pretensión, siendo obligado a salir de su país y refugiarse en Costa Rica.

En las semanas posteriores, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución, hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de una manifestante opositor al golpe; la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado, el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaba a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti como Presidente de Honduras.

A más de tres meses del golpe de Estado, hecho más significativo y aleccionador es el de un pueblo que en condiciones muy desiguales ha luchado cada minuto por la restitución del Presidente Constitucional y, a la vez, ha experimentado una impresionante radicalización de su conciencia política, sus aspiraciones y sus demandas sociales. Ha sido una lucha en que masas de civiles se han enfrentado por medios pacíficos al ejército y la policía.

Todos estos acontecimientos, aunados a la violencia que ya se presenta en ese país, han propiciado un flujo migratorio de hondureños que deciden emigrar a otras naciones, un ejemplo de ello, es el caso de un grupo de 71 hondureños que han solicitado permanecer en México en calidad de refugiados.

Ahora bien, de acuerdo a lo que establece la fracción VI del artículo 42 de la Ley General de Población, se otorgará la característica migratoria de Refugiado a todo extranjero que ingrese al país y que solicite ese beneficio con el fin de “proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que haya perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país”.

Estos supuestos son evidentes en los reportes e imágenes que presentan los medios de comunicación a la Comunidad Internacional, y en los que se aprecia la represión a los simpatizantes del presidente Zelaya, aunado al Estado de excepción decretado por el Gobierno de facto, mediante el cual se suspenden las garantías individuales de los ciudadanos hondureños.

Como lo publicaron varios medios de información, el día 2 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), anunció la negativa de otorgar refugio a este grupo de hondureños, quienes realizaron esas solicitudes entre el 30 de junio al 19 de agosto pasado, argumentando que no cumplen con los requisitos para ser reconocidos como refugiados, sino que, por el contrario, se trata de migrantes económicos.

También mencionan que en cada una de las solicitudes se tomó en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, que documentan situaciones de inestabilidad política y social por las que atraviesan otros países.

Sin embargo, Organizaciones civiles han cuestionado la negativa del Gobierno de México de otorgar refugio a los hondureños que han huido de su país tras el golpe de Estado registrado el pasado 28 de junio. Es el caso que la Organización civil Sin Fronteras, denunció que las autoridades de Migración están presionando a los solicitantes de refugio para que desistan del procedimiento ante la COMAR, bajo la amenaza de que podrían quedarse definitivamente detenidos en las estaciones migratorias.

Compañeros legisladores,

Nos unimos al cuestionamiento que hiciera el representante de la Organización Civil Sin Fronteras con relación a estos hechos.

¿Cómo es posible que en el Foro Migraciones, el Gobierno se comprometió a la protección y asilo de refugiados y en estos momentos en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, dicho trámite se le ha negado a todos y cada uno de los hondureños que lo ha solicitado?1

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, sometemos a la consideración de la Honorable Comisión Permanente, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

UNICO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, particularmente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para que informe las causas por las cuales determina que 71 migrantes hondureños solicitantes de refugio no cumplen con los requisitos para ser reconocidos con esa característica migratoria.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Francisco Herrera León, Presidente.- Sen. Angel Alonso Díaz Caneja, Secretario.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López, Secretario.- Sen. Sebastián Calderón Centeno, Integrante”.

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, la cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL TRAFICO DE PLAZAS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

“Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo con relación al tráfico de plazas en el Poder Judicial de la Federación.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República extiende una atenta invitación a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que acudan a una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, para que informen sobre las investigaciones en torno al presunto tráfico de plazas al interior del Poder Judicial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis García Zalvidea.- Sen. Javier Castellón Fonseca.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Lázaro Mazón Alonso”.

De los Senadores María Elena Orantes López y Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, la cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL QUE HAGA REFERENCIA A LA GRATUIDAD Y LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL

“Los suscritos, Senadores MarIa Elena Orantes LOpez y Ramiro HernAndez GarcIa, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con puntos de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante la llegada del invierno a nuestro país, las autoridades de saludhan anunciado una fase de alerta intermedia debido al incremento de casos de gripe causados por influenza AH1N1.

Sin embargo, no se ha informado a la población de manera clara y precisa, que la vacuna contra este virus únicamente será distribuida por el sector público de manera gratuita en los primeros meses de 2010.

La confusión fue la constante en la mayor parte del país al iniciar la Tercera Semana Nacional de Vacunación, ya que la demanda para la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, superó el número de dosis asignadas.

La población en general manifestó estar confundida ya que no se ha explicado a través de campañas más contundentes en los medios de comunicación, que el inmunizante que se está aplicando es contra la influenza estacional y no contra la del tipo AH1N1.

Otro aspecto a considerar para la implementación inmediata de una campaña de salud en los medios masivos de comunicación respecto a la diferenciación de los dos tipos de influenza, es que, aprovechando el desconcierto existente ante las vacunas de la influenza humana tipo AH1N1, existen personas y pseudomédicos en nuestro país que, sin escrúpulo alguno, venden u ofertan a la población la aplicación de vacunas contra la influenza AH1N1, por lo es necesario hacer un llamado enérgico y acompañarlo de campañas publicitarias en radio y televisión, para evitar que las personas caigan en este engaño, ya que las primeras vacunas aprobadas científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atacar a este virus, se están aplicando únicamente en países desarrollados que incluso han reportado algunos efectos secundarios.

Las vacunas que se ofertan en nuestro país ciertamente poden ser contra la influenza H1N1, pero son de una cepa de hace más de 30 años, o bien, contra el virus de la influenza estacional, pero en ninguno de ambos casos, sirven para atacar la nueva cepa del virus AH1N1 aparecida en nuestro país y en otros países del mundo entre abril y mayo de 2009.

El secretario de Salud ha insistido en que la dependencia a su cargo es la única instancia facultada para la adquisición y aplicación de las vacunas de la influenza estacional, las cuales, ya se están aplicandopor parte de las instituciones públicas de salud de manera gratuita.

Por otra parte, el Doctor José Ángel Córdova Villalobos informó que ya están garantizadas 30 millones de vacunas contra la influenza AH1N1. Aseguró que el costo de las 30 millones de vacunas que estarán listas para diciembre de este mismo año, será de 2 mil millones de pesos.

El ofrecimiento o la venta de las falsas vacunascontra la influenza AH1N1, es algo que debemos evitar a toda costa, por lo que es indispensable y urgente, lanzar una campaña a la población abierta para prevenir la importación, adquisición y la aplicación de las falsas e inservibles vacunas contra una cepa de hace más de tres décadas.

El asunto no sólo implica un fraude económico para las personas y las familias que pudieran caer en el garlito, el problema es mucho mayor si consideramos las implicaciones de salud pública, así como las posibles repercusiones en la salud de los que por ignorancia, se apliquen la supuesta vacuna que no ataca el virus de la nueva cepa.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter ante el pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente sin mayor demora, una campaña a nivel nacional a través de los medios masivos de comunicación sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional.

Asimismo, que la campaña aludida en el párrafo anterior, proporcione a la población una explicación sencilla y suficiente, para informar que la vacuna de la influenza humana tipo AH1N1 no será aplicada en lo que resta del año, y que será proporcionada gratuitamente a través del Sistema Nacional de Salud, en enero del próximo año, advirtiendo los riesgos para la salud en caso de adquirir y aplicarse falsas vacunas,y con el objeto de evitar confusiones y que la población sea objeto de engaños o fraudes.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que en el ámbito de su competencia, actúe enérgicamente y aplique todo el rigor de la ley, en contra de médicos, laboratorios, distribuidores, anunciantes de productos para la salud, así como de toda persona que oferte fármacos e incurra en prácticas dolosas y fraudulentas con la venta de falsas vacunas contra el virus de la influenza humana AH1N1.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. María Elena Orantes López.- Sen. Ramiro Hernández García”.

De la Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a nombre del grupo parlamentario del PRD, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION, SE EJERZA EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE CON CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, PREFIRIENDO A EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA PARA LA EJECUCION DE CUALQUIER OBRA O ENCARGO AL RESPECTO

“La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda nos enfrentamos a condiciones que nos mueven a reflexionar sobra la manera en que, para atender toda clase de necesidades fundamentales como el combate a la pobreza y la generación de empleos, hace falta racionalizar el gasto de los recursos públicos; hemos visto que se recorta el presupuesto federal para 2010 en rubros fundamentales que incluyen a la educación y la cultura, y que se formula un esquema fiscal evidentemente drástico.

En ese contexto, la celebración del bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana debería ser también motivo de reflexión sobre el país que tenemos, que recibimos de nuestros predecesores y el que queremos legarle a nuestros hijos; sin embargo, tal celebración se ha convertido más que en un hecho cultural y cívico, en pretexto para desplegar toda clase de propuestas millonarias con efectos más de espectacularidad que de creación de conciencia.

Así, nada menos que el 13 de septiembre nos enteramos a través del semanario Proceso que a una empresa norteamericana con sede en Los Angeles denominada Autonomy se le ha contratado para que organice las fiestas del 2010, con un costo de 60 millones de pesos, monto que no hace falta convertir en pesos para caer en el asombro.

Por tal motivo, habida cuenta que en nuestro país contamos con talento, capacidad empresarial y financiera para competir con empresas de cualquier parte del mundo para aspirar a participar en la celebración del Bicentenario y del Centenario, y que, por otra parte, el propio Gobierno Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2010 ha adoptado medidas incluso dolorosas para racionalizar el gasto público, invito a esta asamblea para que se pronuncie en pro de un exhorto mediante el cual el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales atiendan a la ingente necesidad de racionalizar el gasto público incluso en la celebración a la que me he referido y se prefiera en todo caso a los mexicanos para realizar cualquier trabajo que para ello se requiera, a efecto de que el gasto no sea derroche y antes bien, se generen empleos en nuestro propio país.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, LXI Legislatura, resuelve exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se ejerza el presupuesto correspondiente con criterios de austeridad y racionalidad, prefiriendo a empresas y personas físicas de nacionalidad mexicana para la ejecución de cualquier obra o encargo al respecto.

Dado en la sede del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui”.

Del Senador Javier Orozco Gómez, a nombre propio y de la Senadora María del Socorro García Quiroz, la cual se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A ELABORAR Y DIFUNDIR DE MANERA IMPRESA EL MANUAL DE INFORMACION Y TECNICAS PARA EL TRABAJO JUVENIL DE PREVENCION DE ADICCIONES

“Los suscritos Senadores María del Socorro García Quiroz y Javier Orozco Gómez, ambos integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, el abuso en el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicotrópicas representan un importante problema de salud pública, que si bien es cierto ataca a personas de todas las edades y estratos sociales. Uno de los grupos más vulnerables es el comprendido entre los jóvenes.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones, en el país hay poco más de 32 millones de consumidores de bebidas alcohólicas. De éstos, poco más de 14 millones de personas beben alcohol bajo patrones que ponen en riesgo su salud y la de terceros al ingerir cinco copas o más por ocasión de consumo.

En relación al consumo del Tabaco, aproximadamente 31 millones de mexicanos están expuestos de manera voluntaria o involuntaria a los daños a la salud causados por el tabaco, lo que representa poco menos de la tercera parte de la población total de México. Más de 53 mil fumadores mueren al año por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que significa que al menos 147 personas fallecen diariamente.

Recientemente el Consejo Nacional contra las Adicciones, daba a conocer que en nuestro país casi 600 mil mexicanos consumen drogas y se lamentó de la facilidad de la población hacia su acceso, principalmente hacia la mariguana.

A pesar de que actualmente se conocen los daños a la salud causados por estos grandes males, el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de drogas continúan en ascenso en nuestro país.

Los resultados de las encuestas realizadas en México indican, además, que el abuso de alcohol ocupa el primer lugar, el tabaco el segundo y el abuso de drogas ilegales el tercero en cuanto a la extensión de su abuso y consecuencias.

Adicionalmente al grave problema de salud pública que representan por su vinculación de manera importante con la incapacidad o muerte prematura de las personas, las adicciones conllevan enormes costos sociales, tanto en lo individual como en lo familiar. Representan una causa importante de ausentismo laboral o escolar y un fuerte impacto en la economía familiar.

El tabaquismo representa un problema asociado, en virtud de que actúa como principal puerta de entrada de los adolescentes al consumo de otras drogas. Se conoce por las diversas encuestas que quien empieza a fumar en esta etapa de la vida, tiene mayor riesgo de consumir alguna droga o alcohol.

El Gobierno Federal ha definido a la presente administración como el Sexenio de la Prevención. El Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, enmarcado dentro de la Estrategia Nacional, señala que las acciones preventivas deben dirigirse con preeminencia a niños, jóvenes y personas en situación de riesgo.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Eje 3 Igualdad de Oportunidades, se propone a través de la ESTRATEGIA 6.3 Fortalecer las Políticas de combate contra las adicciones causadas por el Consumo de alcohol, tabaco y drogas.

La política de la prevención, es la mejor manera para combatir las adicciones, de ahí, que las acciones de prevención se definan dentro del Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones como un objetivo específico con la Meta de reducción del 10 % en el consumo de drogas ilegales entre la población de 12 a 17 años de edad.

El Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, es responsabilidad del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

El Consejo Nacional contra las Adicciones dependiente de la Secretaría de Salud Federal, tiene como misión promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional en materia de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.

De acuerdo con su reglamento interior, el Consejo Nacional Contra las Adicciones tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esas materias.

Del mismo modo, el artículo 2 señala que: Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

II. Promover las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los programas contra las adicciones, así como evaluar sus resultados;

VI. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de las adicciones y convocar a la comunidad a participar en la prevención y en la reinserción social de los adictos;

Es importante resaltar queel Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte son miembros permanentes del Consejo Nacional contra las Adicciones, por ello, tienen dentro de sus atribuciones.

IX. Desarrollar acciones permanentes para prevenir y evitar el consumo de tabaco, alcohol y sustancias adictivas por parte de niños y adolescentes;

Como ya ha quedado de manifiesto, el problema de las adicciones afecta de manera importante y no permite el desarrollo integral de la juventud y su plena incorporación social como actores indispensables en el desarrollo Nacional.

En su oportunidad, el Consejo Nacional contra las Adicciones y el Instituto Mexicano de la Juventud, elaboraron y editaron el manual de Información y Técnicas para el Trabajo Juvenil de Prevención de Adicciones, mismo que hoy se encuentra de forma electrónica en el portal del CONADIC. Sin embargo, para su difusión es necesario acceder a diferentes medios, con el objeto de llegar a un mayor número de personas, considerando además la accesibilidad de estos y la certidumbre y confianza del contenido de la información.

Los jóvenes, se encuentran constantemente en esa lucha de búsqueda de participación ciudadana y social, por ello se hace conveniente involucrar a los propios jóvenes en el combate a las adicciones. Son ellos mismos, a través de las herramientas que las propias dependencias encargadas de su atención les brinden, quienes podrán revertir este fenómeno mediante la prevención.

Muchas veces se ha señalado que durante la etapa de la juventud, se suele ir en grupos, no hace sino referencia a que la voz de los jóvenes es escuchada por ellos mismos.

Es por ello que proponemos con el objeto de incrementar el alcance de las acciones de prevención y del Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, se elabore y difunda de manera impresa el manual de información y Técnicas para el Trabajo Juvenil de Prevención de Adicciones. Que permita que los jóvenes se conviertan en actores y promotores de la prevención de adicciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares, del Consejo Nacional contra las Adicciones, del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a elaborar y difundir de manera impresa el manual de información y Técnicas para el Trabajo Juvenil de Prevención de Adicciones.

Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Firman

Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, la cual se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSTRUMENTACION DE LA POLITICA LABORAL PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DEL TRABAJO INFANTIL Y SOBRE LA REDUCCION DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAIS

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 10 de junio de 2009 en Sesión Permanente, nuestro partido presentó un punto de Acuerdo sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en donde se hizo mención a México como Estado Parte de diversos pactos y declaraciones internacionales que hacen referencia explícita al derecho de todos los niños y niñas a una vida digna, se ha comprometido a tomar las medidas y políticas necesarias para erradicar el problema.

Entre estos instrumentos se encuentran el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala la edad en que legalmente los niños pueden empezar a trabajar; el “Programa Internacional Para la Erradicación del Trabajo Infantil” (IPEC); y el Convenio 182 sobre la Eliminación de las peores formas de Trabajo Infantil, hasta ahora el más importante, que fue adoptado en 1999, el cual enfatiza la urgencia de eliminar aquellos trabajos peligrosos que atentan contra el desarrollo moral de la infancia.

Al respecto, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal, tomara acciones y medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger de la explotación laboral a miles de niños, niñas y adolescentes; adopte medidas urgentes para radicar las peores formas de trabajo infantil, así como para promover acciones en defensa de los derechos de las niñas y los niños.

En este sentido, el pasado 26 de agosto, tuvimos respuesta al mencionado documento en el cuál nos mencionan que el gobierno mexicano incorporó en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, el fomento a la equidad e inclusión laborales y la consolidación de la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo decente, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumentó una Política Laboral para la prevención y protección del trabajo infantil cuyo objetivo general es instrumentar una estrategia interinstitucional que fomente el compromiso de los diferentes sectores de la sociedad para la prevención del trabajo infantil; así como promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad y contribuir en la protección y eliminación de la explotación laboral infantil.

Los objetivos específicos son:

1. Mantener información actualizada sobre la evolución del trabajo infantil en México.

2. Lograr la participación coordinada de los factores de la producción y de la sociedad en general en la reducción del trabajo infantil.

3. fortalecer el marco jurídico relativo al trabajo infantil.

En realidad toda la información proporcionada es de gran utilidad para conocer la información actualizada sobre la magnitud y características de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, que realizan actividades económicas y domésticas en el país y en cada una de las entidades federativas.

Asimismo, nos dan a conocer la elaboración de materiales de divulgación con el fin de informar y sensibilizar en torno a las causas, riesgos y consecuencias del trabajo infantil, el marco jurídico nacional e internacional que prohíbe y sanciona el trabajo infantil, las acciones que pueden llevar a cabo los diferentes actores de gobierno y sociedad, y en el caso de los slogans utilizados en diferentes medios de difusión.

De igual forma destacan que las campañas que se han desarrollado para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil, así como la protección de los adolescentes trabajadores, han sido orientadas al respeto de los derechos tanto humanos como laborales en apego al marco legal a nivel nacional como internacional que prohíbe y sanciona dichas prácticas.

Se resalta, que en la estrategia de “construir Mecanismos Intersectoriales”, se observa el tema sobre las acciones para erradicar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales que interfieren negativamente para la asistencia y rendimiento escolar, por lo que se contempla la necesaria participación de la Secretaría de Educación Pública respectiva y a las Asociaciones de Padres de Familia, con el fin de instrumentar las acciones para la identificación y denuncia de dichos casos o que incluso se encuentren en riesgo de su salud física, psicológica o mental, por estar ejerciendo dicha actividad.

En el Partido Verde creemos que estas acciones y medidas han ayudado a reducir el problema del trabajo infantil. Al respecto y en base a la respuesta emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República,solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos informe sobre los resultados obtenidos en la instrumentación de la Política laboral para la prevención y protección del trabajo infantil desde sus inicios y hasta el día de hoy. Asimismo, para que informe a sobre la reducción del trabajo infantil en nuestro país.

Recinto del Senado de la República, a 13 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.






EXCITATIVAS

Del Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, siendo esta una excitativa en torno al proyecto de Decreto que expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Alfonso Sanchez Anaya, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicito se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de esta H. Cámara, a que presente el Dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de Decreto que expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 20 de julio del año dos mil siete se público en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6º. de la Constitución Federal, en cuyo segundo artículo Transitorio se establece: La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivo ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.”.

2.- En sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero del año en curso por la LX Legislatura de esta H. Cámara, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presente Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En esta misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión turnó la citada iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Hasta el momento, en plena contradicción con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dichas comisiones no han presentado dictamen de la Iniciativa en comento.

4.- De manera evidente, a la fecha, el Senado de la República ha ignorado lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto citado en el primer numeral de este apartado.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La situación económica, política y social que impera en nuestro país, nos obliga a trabajar de manera expedita en la elaboración, dictamen y aprobación de las reformas que la realidad social exige. La Iniciativa que nos ocupa es producto del estudio exhaustivo de las adecuaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales se requieren para dar un paso más en el cumplimiento de uno de los mayores reclamos de la sociedad mexicana.

SEGUNDA.- La ley que se pretende crear es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 6º constitucional y es de orden público. Tiene como propósito garantizar el derecho de cualquier persona para acceder a la información pública así como la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

TERCERA.- Dado el reclamo social para que el Senado otorgue certeza a la ciudadanía, en esta Ley se contemplan las disposiciones generales que establecen quiénes son los sujetos obligados, el objetivo de la ley, el catalogo de definiciones, los principios que deben regir y las obligaciones que en materia de información deben cumplir los sujetos obligados.

CUARTA.- Así mismo, con esta Ley se da cumplimiento a lo establecido por la fracción V del párrafo segundo del artículo 6o. de la Constitución Federal en cuanto a que deberá publicarse a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos; es decir, a lo que la doctrina ha denominado “información pública de oficio” en virtud de que no es necesario que sea solicitada sino que obligatoriamente cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal debe contar con ella.
QUINTA.- Se establece claramente lo concerniente a la información reservada y a la clasificación de documentos, a los procedimientos para reservarla y en qué casos procede su clasificación, todo ello a efecto de otorgar mayor certeza jurídica al gobernado.

SEXTA.- De igual forma, se crea lo concerniente a la protección de datos personales. Desarrollándose las definiciones y principios en donde se incluye el consentimiento que implica la autorización previa del titular de los datos; el de información, que se refiere a la obligación que tiene el responsable de dar a conocer a su titular el manejo que hará de ellos; el de calidad, que señala que los datos deben ser exactos, pertinentes y no excesivos; y, el principio de licitud, que limita a las entidades de gobierno para sólo recabar los datos relacionados con sus facultades.

SEPTIMA.- En este sentido, se regulan los procedimientos de acceso a la información, precisando que éstos deberán ser expeditos. Los procedimientos deben responder a algunos principios básicos que se proponen en materia de acceso a la información, como son los de máxima publicidad; simplicidad y rapidez; gratuidad del procedimiento; costo razonable de reproducción de la información; suplencia de la deficiencia en la solicitud; orientación a los particulares.

OCTAVA.- por último, se preceptúa lo concerniente a las responsabilidades y sanciones, aumentándose como causa de responsabilidad administrativa el denegar intencionalmente información no clasificada como reservada ni considerada confidencial en términos de la ley, lo que en término de exigencia social responde a una petición y un deber del Senado.

DECIMA.- Cabe asentar que hoy más que nunca, es necesario emprender acciones que fomenten la credibilidad en las instituciones, un gran paso para ello lo constituye el terminar con la opacidad, caminemos entonces en el sentido de la transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ,en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito solicitarle ciudadano Presidente, la propuesta de la siguiente:

EXCITATIVA

UNICA. Se excite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de esta H. Cámara, a efecto de que presenten a la brevedad Dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de Decreto que expide la Ley de Transparencia acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que les fue turnada el día 5 de febrero de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y en caso de que las Comisiones no presenten el dictamen respectivo durante el presente periodo ordinario, se proponga un cambio de turno a otra Comisión de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 13 de octubre del 2009.

Atentamente

Sen. Alfonso Sánchez Anaya”.

Asimismo, se turna la solicitud de excitativa del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

“El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 85 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- En la sesión ordinaria del Senado de la República del martes 27 de febrero de 2007, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- La iniciativa tiene como objetivo dar fundamento constitucional a la gestión del agua reconociendo a las Cuencas como las unidades de gestión de los recursos hídricos en México, a partir de un enfoque integral, participativo y equitativo, bajo el esquema de distribución de competencias y de concurrencias que se encuentra en el propio texto de la Constitución.

Para la elaboración de esta iniciativa se partió del análisis de tres ejes temáticos fundamentales: la gestión hídrica, los usos públicos y productivos del agua, así como los soportes institucionales basados en el federalismo y en la naturaleza jurídica constitucional del agua, como un bien nacional, y que no tienen un referente expreso en el texto de la Constitución.

Del análisis realizado se llegó a la conclusión de que era necesario establecer un fundamento constitucional a las cuencas, para fortalecer su papel como unidades de gestión, hasta ahora reconocidas únicamente en el texto legal, y dotarles de una naturaleza jurídica constitucional, reconociendo los derechos y obligaciones vinculados con el manejo y aprovechamiento sustentable del recurso a la Nación, a las Entidades Federativas y a los Municipios, así como a los usuarios. La Constitución requiere de brindar elementos y provisiones referidas a la gestión integral del agua ya que las disposiciones que en esta materia contiene, se limitan a la regulación de las aguas, y a la prestación del servicio público de agua potable en el caso de los municipios.

Tercero.- A dos años de la presentación de la iniciativa que aquí se menciona, la propuesta cobra nueva relevancia, ya que el agua al ser un elemento indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico de las diferentes regiones del país y un factor clave en la preservación del medio ambiente, es el elemento estratégico para lograr que México se convierta en un país sustentable, para ello se requiere que el recurso se encuentre disponible en cantidad y calidad para todos los usos y se distribuya equitativamente a través de mecanismos de gestión integral que tienen su máxima expresión en los Organismos de Cuenca.

Han transcurrido más de dos años desde que la Iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos del Senado de la República sin que hasta la fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a que presenten dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se cita a la siguiente sesión el jueves 15 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:28 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO


SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:



- Nombramiento expedido a favor del C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.



- Solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el C. José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.



- Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se complementa el dictamen de Impacto Presupuestario de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como similar de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por el que comunica que se autoriza la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio de la iniciativa referida.



- Oficio con propuesta de ratificación del C. Juan Manuel Calleros Calleros, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.






COMUNICACIONES

- Del C. Senador Felipe González González, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite el informe de actividades de esa comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.



- Del C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite su informe de labores correspondiente a los tres años de ejercicio durante la LX Legislatura.



- Del C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite Actas, Proyectos de Resoluciones y de Leyes Marco, elaborados en reuniones de trabajo de diversas Comisiones de ese Parlamento y que se efectuaron los días 1 y 2 de octubre en La Habana, Cuba.



- De la Comisión de Justicia, con la que remite dictamen que determina que no son de tomarse en consideración diversos escritos y comunicaciones de particulares.

DENUNCIA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA UNION LATINA, DADO EN MADRID EL 15 DE MAYO DE 1954

(Dictamen de primera lectura)



- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Cultura.











INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y del C. Senador Alejandro González Yáñez y de CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)



- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a la Cámara de Diputados.




PROPUESTAS

- Del C. Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los Estados de la Unión a realizar la transferencia de recursos para el apoyo a escuelas de nivel básico.



- Del C. Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar una reducción del 10% a las percepciones que propone el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo y Judicial; de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público; instituciones y organismos autónomos; y del Poder Legislativo, incluidos sus legisladores, con el fin de destinar recursos para coadyuvar a mejorar la grave situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país.



- De la C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 que los recursos destinados a la educación superior multicultural no se vean disminuidos.



- Del C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a construir un centro hospitalario en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.



- De la C. Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para solicitar al Banco de México, al INEG y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los estudios actuariales de evaluación de los efectos económico del paquete económico 2010.



- Del C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; y de Hacienda y Crédito Público para que informen sobre el proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, iniciado por el Ejecutivo Federal.



- Del C. Senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal a que se tomen las medidas necesarias para hacer expedito el proceso penal de los michoacanos recluidos en el penal de “El Rincón”, en el estado de Nayarit.



- De los CC. Senadores Francisco Herrera León, Angel Alonso Díaz Caneja, Rubén Fernando Velázquez López y Sebastián Calderón Centeno, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que informe las causas por las cuales se determina que 71 migrantes hondureños solicitantes de refugio no cumplen con los requisitos para ser reconocidos con esa característica migratoria.



- De los CC. Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación al tráfico de plazas en el Poder Judicial de la Federación.



- De los CC. Senadores María Elena Orantes López y Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña a nivel nacional que haga referencia a la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional.



- De la C. Senadora María Rojo e Incháustegui, a nombre del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se ejerza el presupuesto correspondiente con criterios de austeridad y racionalidad, prefiriendo a empresas y personas físicas de nacionalidad mexicana para la ejecución de cualquier obra o encargo al respecto.



- De los CC. Senadores María del Socorro García Quiroz y Javier Orozco Gómez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Consejo Nacional contra las Adicciones, del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a elaborar y difundir de manera impresa el manual de información y Técnicas para el Trabajo Juvenil de Prevención de Adicciones.



- Del C. Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre los resultados obtenidos en la instrumentación de la política laboral para la prevención y protección del trabajo infantil y sobre la reducción del trabajo infantil en nuestro país.



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