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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 11

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez Núñez Ulises, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Anaya Gutiérrez Alberto, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Díaz Delgado Blanca Judith, Escobar y Vega Arturo, Gómez Tueme Amira Griselda, Govea Arcos Eugenio, Orozco Gómez Javier, Ramírez López Heladio Elías, Ruiz del Rincón Gabriela, Ybarra de la Garza Rosario, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Senadores en comisión oficial: Cantú Segovia Eloy.

Senadores con aviso de inasistencia: Berganza Escorza Francisco (inasistencia autorizada), Döring Casar Federico (inasistencia justificada), Ramón Valdés Jesús María (inasistencia autorizada), Saro Boardman Ernesto (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Arce René, López Hernández Rosalinda.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 121 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día jueves primero de octubre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento once ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes primero de octubre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de la Secretaría de Energía, Indicadores Operativos y Financieros del primer semestre de 2009 de PEMEX.- Se remitió a la Comisión de Energía.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2009; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2009 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto de 2009.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Política Monetaria aplicada durante el primer semestre de 2009.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibieron del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, actas de reuniones de trabajo de diversas comisiones de ese Parlamento.- Quedó de enterado.

(Reconocimiento)

El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado de la República, hizo un reconocimiento al doctor Norman Borlaug por su eminente contribución a la lucha contra el hambre en México y el mundo, quien falleciera el pasado 12 de septiembre.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y adiciona el artículo 74 quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Quedó de Primera Lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expresar al gobierno de los Estados Unidos el rechazo del Estado mexicano a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 266 bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Fermín Trujillo Fuentes, a nombre propio y de la Senadora Irma Martínez Manríquez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto para modificar y adicionar los artículos 40 F, 222, fracción I Apartado d y fracción II de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Minerva Hernández Ramos y Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una sección al Capítulo IV de la Ley General de la Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 271 y se adicionan los artículos 81-Bis y 469-Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que suspenda la remuneración económica a los ex presidentes de la República.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que se tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a mujeres embarazadas que por su condición de pobreza y vulnerabilidad están más expuestas a contraer el virus AH1N1.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca.- Se turnó a a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un Fondo de Contingencias Sanitarias para atender enfermedades como la influenza A(H1N1) y el dengue, entre otras.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Carlos Lozano de la Torre, proposición con punto de Acuerdo por el que se felicita a la CONAVI y al INFONAVIT por haber sido galardonados internacionalmente con el premio “Estrella Internacional de Eficiencia Energética” y se exhorta al Ejecutivo Federal a seguir implementando políticas públicas en materia de vivienda que contribuyan a preservar el medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para el Fondo de Modernización Municipal.- Se turnó a a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Publica Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a mejorar sus sistemas de inteligencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Carlos Lozano de la Torre, Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a la desaparición de la Secretaría de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo relativo a la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre próximo en Copenhague, Dinamarca.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Melquíades Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a restituir la enseñanza de la Historia de México en el primer año de secundaria.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

El Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal instalar una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

Se recibió de la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 207 A, 207 B, 207 C y 207 D a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- La Presidencia formuló excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios legislativos, a fin de que presenten el dictamen correspondiente.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las trece horas, y citó a sesión ordinaria el próximo martes seis de octubre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha acta.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a los que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan los gobiernos de Brasil y de Perú.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

OFICIO NO. SEL/UEL/311/1628/09.
MÉXICO, D.F., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10570, la Cons. Ma. Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Luis Pilar Rodríguez, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1660/09
México, D.F., a 2 de octubre de 2009

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10560, la Cons. Ma. Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Antonio Guillermo Villegas Villalobos, pueda aceptar y usar la Condecoración El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnense a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite la Declaración Interpretativa del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de China, firmado en la ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3220/09
México, D.F., a 30 de septiembre de 2009

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y en alcance al oficio número SEL/300/3325/08, me permito hacer de su conocimiento que mediante similar número CJA- 4613, Joel Hernández G., Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita someter a la consideración de ese Órgano Legislativo la siguiente Declaración Interpretativa del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Extradición, hecho en la ciudad de Beijing el once de julio de dos mil ocho:

“Al ratificar el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Extradición, firmado en la ciudad de Beijing el 11 de julio de 2008, los Estados Unidos Mexicanos declara que en la expresión “principios fundamentales de derecho de la Parte Requerida”, incluida en el Artículo 3(g), relacionado con las causales para denegar la extradición, para los Estados Unidos Mexicanos quedan comprendidas las penas prohibidas por el artículo 22 de su Constitución Política”.

Por lo anterior, remito copia del documento al que me he referido, para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia.

Adelante.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Alfonso Elías Serrano, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 6 de octubre del año en curso.

“ALFONSO ELIAS SERRANO

Ciudad de México, 1° de octubre de 2009.

C. SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador de la República con licencia, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a las LX y LXI Legislaturas, solicito mi incorporación a las actividades legislativas de este H. Congreso, a partir del próximo martes 6 de octubre del presente año.

Comunico lo anterior para los fines legales y administrativos correspondientes.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Y esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al Senador Alfonso Elías Serrano, a las actividades senatoriales.

Adelante.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

Una, de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite su informe de labores correspondiente al tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Y una, de la Senadora Rosario Green Macías, con la que remite el informe de su participación en la misión de observación a Colombia del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, realizada del 22 al 25 de agosto del año en curso.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea se da por enterada.

Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen, señoras Senadoras, señores Senadores, de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Población.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 67 Y SE ADICIONA UNA FRACCION VI AL ARTICULO 113 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Los suscritos, integrantes de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica y 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen.

ANTECEDENTES

1) El día 18 de noviembre de 2008, los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso y Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), presentaron ante el Pleno de esta Cámara la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Población, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en la fecha citada.

2) Igualmente, el día 11 de diciembre de 2008, el Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó ante la instancia referida, la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población, que fue turnada por la Mesa Directiva del Senado a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en la misma fecha.

Cabe señalar que el texto que aparece en la Gaceta del Senado correspondiente a dicha sesión, está suscrito igualmente por los Senadores Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, Ludivina Menchaca Castellanos, Arturo Escobar y Vega y Javier Orozco Gómez, todos ellos integrantes del GPPVEM.

3) Por su parte, el día 31 de marzo de 2009, el Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), presentó ante el Pleno de esta Cámara la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 67 de la Ley General de Población, la que se turnó por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en el día de su presentación.

4) En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, consumaron el proceso de revisión y análisis del contenido de las Iniciativa señaladas, y manifestaron también sus observaciones, comentarios y conclusiones para integrar el presente dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La iniciativa con proyecto de Decreto promovida por los Senadores del GPPRD, se propone reformar el artículo 67 de la Ley General de Población, adicionándole dos nuevos párrafos -segundo y tercero- con el propósito de hacer efectivos los más fundamentales derechos constitucionales del extranjero, independientemente de su estatus migratorio, mediante la eliminación del requisito de comprobación de su legal estancia, plasmado en el artículo 67 de la Ley General de Población, a fin de que puedan llevar a cabo los trámites concernientes a asuntos relacionados con los Derechos Humanos, la Procuración de Justicia, la Protección Civil, y la Salud; sujetándose solamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de la materia de que se trate.

Específicamente, se plantea la adición del texto siguiente:

Artículo 67.-…

Para el caso de asuntos relacionados con Derechos Humanos, Procuración de Justicia, Protección Civil, y Atención Médica de accidentes y enfermedades infecciosas, contagiosas o que pongan en riesgo la vida, no se requerirá a los extranjeros tal comprobación, ni se les podrá negar el trámite que requieren, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones de la materia.

Al no conocer la calidad o condición migratoria de los extranjeros que tramiten alguno de los asuntos señalados en el párrafo anterior, las autoridades y servidores públicos que los procuren quedan exentos de dar el aviso a que se refiere el párrafo primero.

Con respecto a la iniciativa promovida por el Senador Velasco Coello y demás integrantes del grupo parlamentario del PVEM, ésta se propone sancionar a los servidores públicos encargados de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Población, con suspensión del empleo hasta por treinta días o incluso destitución, cuando violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

Para ello, concretamente se sugiere la adición de una fracción VI a su artículo 113:

Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. a V. ...

VI. No respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

La iniciativa con proyecto de Decreto promovida por el Senador Jiménez Macías, plantea también la reforma del artículo 67 de la Ley General de Población, adicionándole un párrafo segundo, con el objetivo de permitir el acceso a la justicia, a una verdadera justicia, a todos aquellos migrantes carentes de documentación que acrediten su legal estancia en el país, ya que éstos, al transitar por territorio mexicano, están restringidos dela posibilidad de denunciar los delitos y abusos sufridos durante su travesía, violándose con ello de forma sistemática y estructural el derecho humano de acceso a la justicia para todos los seres humanos por igual.

Esta situación, ha sido objeto de múltiples quejas por parte de los propios migrantes, de organizaciones civiles y de diversos medios de comunicación que se han acercado a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a denunciar no solo hechos criminales, sino inclusive violaciones graves a sus derechos fundamentales.

A fin de atender esta grave problemática, la Iniciativa propone la adición del siguiente texto:

Artículo 67.-…

Ninguna autoridad Federal, Local o Municipal podrá exigir la comprobación de la legal estancia en el país a aquellos ciudadanos extranjeros que interpongan quejas o denuncias por violaciones a sus derechos humanos o por conductas antijurídicas por las que se vean afectados en su integridad física o su patrimonio.

CONSIDERACIONES

En primer término, las Comisiones Dictaminadoras no omiten señalar que la elaboración de este dictamen se ha realizado en el marco de las facultades que ostenta el Congreso de la Unión, para legislar en materia de migración internacional, población y calidad de los extranjeros en el país, de acuerdo a lo estipulado en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra indica:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a XV…

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

XVIIa XXX…”

De igual forma, con arreglo a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como por el inciso b) del numeral I del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y el artículo 6° del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Asimismo, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras manifiestan su beneplácito por el compromiso asumido por los legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión, al promover de forma creciente e intensa la presentación de iniciativas que están permitiendo la necesaria e ineludible actualización o puesta al día de la Ley General de Población, en razón de que varias de sus disposiciones que regulan la gestión de los flujos migratorios y definen la política nacional de población, han perdido significado y vigencia, tanto por las nuevas complejidades que ha adquirido el fenómeno migratorio a nivel mundial y particularmente en nuestro país, sobre todo a partir de los años noventas del siglo pasado –convirtiendo a México en un espacio de origen, tránsito y destino migratorio- como por las profundas transformaciones demográficas acontecidas en los últimos treinta y cinco años en nuestra sociedad, algunos de cuyos indicadores más sobresalientes son la tasa de natalidad, el índice de fecundidad y la esperanza de vida.

En la época en que se promulgó la Ley General de Población (casi al finalizar el primer lustro de la década de los años setentas del pasado siglo), la cantidad de mexicanos que enfilaba hacia los Estados Unidos se estimaba en un promedio anual de 26 mil a 29 mil personas, muy por debajo de la media actual que se acerca al medio millón anual; asimismo, durante la década de los años setentas y ochentas del pasado siglo, la mayor parte de los compatriotas que se dirigía hacia dicho país, provenía sobre todo de la zona conformada por algunos estados del centro y del centro norte del país, como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, en tanto que a partir de la segunda mitad de los años noventas, proceden de casi todas las entidades federativas.

Por otra parte, resulta también de gran trascendencia acometer la tarea de armonizar las disposiciones y postulados en materia de población y migración, con las posiciones y obligaciones contraídas por nuestro país a nivel internacional, como la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Finalmente, porque le otorga congruencia y solidez a los reclamos y exigencias que el Poder Legislativo ha formulado, junto con el gobierno y la sociedad mexicana, por un trato digno, tolerante y respetuoso de los derechos fundamentales, de parte de las autoridades norteamericanas hacia nuestros connacionales que aportan su trabajo, creatividad y esfuerzo en el vecino país del norte.

Se considera que es en esta tesitura en la que deben ubicarse e interpretarse las iniciativas contenidas en el presente dictamen, comenzando por la de los:

Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso y Salomón Jara Cruz, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Población.

El texto actual de este numeral, que forma parte del CAPITULO III Inmigración, es el siguiente:

Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los legisladores proponentes plantean adicionar el contenido vigente con un párrafo segundo y un párrafo tercero, que a continuación se describen:

Artículo 67.-…

Para el caso de asuntos relacionados con Derechos Humanos, Procuración de Justicia, Protección Civil, y Atención Médica de accidentes y enfermedades infecciosas, contagiosas o que pongan en riesgo la vida, no se requerirá a los extranjeros tal comprobación, ni se les podrá negar el trámite que requieren, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones de la materia.

Al no conocer la calidad o condición migratoria de los extranjeros que tramiten alguno de los asuntos señalados en el párrafo anterior, las autoridades y servidores públicos que los procuren quedan exentos de dar el aviso a que se refiere el párrafo primero.

Como se manifestó también en el apartado anterior, la reforma propuesta tiene por objeto el hacer efectivos los más fundamentales derechos constitucionales del extranjero, independientemente de su estatus migratorio, esto, mediante la eliminación del requisito de comprobación de su legal estancia para los trámites concernientes a asuntos relacionados con Derechos Humanos, Procuración de Justicia, Protección Civil, y Salud; sujetándolo solamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de la materia de que se trate.

En opinión de los legisladores citados, las actuales disposiciones del artículo 67, no nada más son discriminatorias y viciadas de inconstitucionalidad, sino que también:

a) Mantienen una visión restrictiva, represora y limitativa de la migración que resulta incongruente y contraria al espíritu de los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de migración y derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Condición de los Extranjeros y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

b) Desincentivan el ejercicio de derechos fundamentales como la denuncia de delitos o violaciones a los derechos humanos, la obtención de atención médica de emergencia o la ayuda humanitaria por parte de las autoridades de protección civil.

c) Extralimitan en sus funciones y facultades al Ejecutivo Federal, al pretender imponer una sanción aplicable a todos y cada uno de los servidores públicos, sin importar el orden de gobierno de que se trate, lo cual niega en los hechos el principio de división de poderes. Lo anterior debido a que el artículo 201 del Reglamento de la Ley General de Población establece que,

Las autoridades de la República a que se refiere el artículo 67 de la Ley, están obligadas a poner de inmediato a disposición de la Secretaría, a los extranjeros que no acrediten su legal estancia en el país. En caso de incumplimiento se aplicará la sanción prevista por el artículo 114 de la Ley.

Cabe referir que pocos días antes de la presentación en el Pleno de la Iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, recibió una comunicación oficial del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Dr. José Luis Soberanes Fernández, en la que éste se pronunció por la derogacióndel artículo 67 y su correspondiente en el Reglamento de la Ley.[1]

En su misiva, el aludidosostiene que es necesaria la aplicación de esta medidaa fin de que se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentación que acredite su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas (…), y se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria, y en atención a ello, tengan acceso a toda la protección que está obligado a brindar el Estado mexicano por esta circunstancia.

En razón a que también pretende reformar el artículo de mérito, a continuación se procederá a la revisión y análisis de la iniciativa presentada por el:

Senador Carlos Jiménez Macías, que adiciona un párrafo segundo al artículo 67 de la Ley General de Población.

Como se ha mencionado, este proyecto se propone incorporar un párrafo segundo al texto del artículo 67 de la LGP, para señalar que

Ninguna autoridad Federal, Local o Municipal podrá exigir la comprobación de la legal estancia en el país a aquellos ciudadanos extranjeros que interpongan quejas o denuncias por violaciones a sus derechos humanos o por conductas antijurídicas por las que se vean afectados en su integridad física o su patrimonio.

En su argumentación, el proponente estima que el Estado mexicano tiene la enorme responsabilidad de velar y salvaguardar sin distinción los derechos humanos de todas las personas que estén en el territorio nacional, lo que supone reconocer a este tipo de personas en vulnerabilidad la garantía al debido proceso legal como un derecho fundamental, independientemente de su estatus migratorio. Y sostiene que –como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos- corresponde al Estado reconocer la condición de vulnerabilidad de los migrantes y adoptar medidas positivas al respecto para garantizar un debido proceso legal.

De igual forma, la Iniciativa en comento manifiesta que los migrantes en territorio mexicano, principalmente centroamericanos, ya sean documentados o indocumentados, presentan un estado de indefensión que propicia que sean sujetos de abusos alarmantes y, de manera paralela, hace que los afectados no denuncien las vejaciones que padecen, lo que se vuelve aun más grave en el caso de las mujeres y los menores de edad, mayormente vulnerables.

Para atender y resolver jurídicamente tal problemática, la iniciativa plantea la necesidad de reformar el artículo 67 de la LGP, a fin de permitir el acceso a la justicia, a una verdadera justicia, a todos aquellos migrantes carentes de documentación que acrediten su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas que afectan su integridad física y su patrimonio, buscando con ello privilegiar su estatus de víctimas del delito, independientemente de su situación migratoria, para que en atención a ello tengan acceso a toda la protección que está obligado a brindar el Estado mexicano, con lo que se correspondería a los diversos tratados y acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito en esta materia.

En este orden de ideas, y con el propósito de allegarse de los elementos y criterios de juicio indispensables para formular un análisis objetivo y riguroso de las dos anteriores Iniciativas, las que dictaminan consideran oportuno en primer término, traer a colación lo señalado en lospárrafos primero y tercero del artículo primero de nuestra Constitución Política, que establecen a favor de toda persona que se encuentre en el territorio nacional, por esa sola circunstancia, incluidos los extranjeros, el derecho a gozar de las garantías que otorga la propia Constitución:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, para estos efectos es forzoso citar lo que se establece en el artículo 4 párrafo tercero de dicho documento, así como el 17 párrafo tercero y el 102 en su apartado B.

Artículo 4…

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. (…).

Artículo 17. ….

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Artículo 102.

B.El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

En esta tesitura, también es imprescindible citar lo establecido en esta materia, por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por el gobierno mexicano el 8 de marzo de 1999 y vigente desde el 1° de julio de 2003, en sus artículos 18 y 28:

Artículo 18

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Artículo 28

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.

Por otra parte, al hacer una interpretación jurídica y funcional del artículo 67, éste no se orienta a establecer la denegación de justicia o la negativa para la aplicación de actos administrativos que a los particulares proporciona el sector público, así como tampoco de los servicios del notariado y de correduría pública, en perjuicio de persona alguna, y en específico de los extranjeros que se ubican en nuestro país bajo situación migratoria ilegal.

Las que dictaminan consideran más bien que en el contexto de la Ley de su pertenencia y del capítulo en el que se encuentra (Inmigración), la disposición citada tiene comoprincipal objetivo contribuir a ejercer el control gubernamental del flujo migratorio en cuanto a la normalidad de la legal entrada y estancia de los extranjeros en el país, en cada oportunidad u ocasión en que éstos solicitan la recepción de servicios a cargo de los poderes públicos del país, en los tres niveles de gobierno, así como de los servicios de correduría mercantil y de notariado que presta indirectamente el gobierno federal y los gobiernos estatales, a través de los corredores y de los notarios públicos, pero sobre todo respecto de actos jurídicos administrativos, civiles, mercantiles, laborales y fiscales.

De igual forma, el artículo en mención desarrolla una función esencial para que el Estado vele por la ejecución de actos de naturaleza legal tanto entre mexicanos y extranjeros, como entre extranjeros entre sí dentro del territorio nacional; por lo que las que dictaminan consideran más que pertinente conservar su contenido; sin embargo, en el marco de las actuales condiciones sociodemográficas y de la dinámica contemporánea de los flujos migratorios, tanto a nivel internacional como nacional, así como en consonancia con las reformas que las dos Cámaras del Congreso de la Unión realizaron en abril de 2008 para descriminalizar la llamada migración indocumentada, resulta imprescindible realizarle un cambio sustancial.

La estructura actual del numeral citado, que por cierto ha experimentado pocas modificaciones a partir de su redacción original y las que ha tenido, son más de forma de que fondo (ver cuadro comparativo siguiente) impide, obstaculiza o dificulta que los cientos de miles de extranjeros que anualmente transitan por nuestro territorio con rumbo a los Estados Unidos[2], en su gran mayoría carentes de documentación migratoria, accedan al sistema de justicia para denunciar los delitos, abusos y extorsiones de que son objeto, cometidos frecuentemente por miembros del crimen organizado y otro tipo de grupos de personas, que lucran con la vulnerabilidad del migrante.

Artículo 67 original

Artículo 67 vigente

Artículo 67.- Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que substituyan a éstos o hagan sus veces, los contadores públicos y corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país y que sus condiciones y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación y asentar en el instrumento respectivo tal comprobación. Excepcionalmente, en caso de urgencia, no se exigirá la comprobación mencionada, en el otorgamiento de poderes o testamentos. En todos los casos, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.[3]

Artículo 67.- Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.

De acuerdo a los resultados de una reciente y rigurosa investigación, elaborada por un destacado estudioso de la problemática migratoria, perteneciente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),

los migrantes indocumentados son, en general, objeto de asaltos, abusos y violaciones de sus derechos humanos. En particular, los transmigrantes, mujeres, adolescentes, niñas y niños son quienes enfrentan mayores riesgos de abuso y violación (hay casos de mujeres que han sido violadas más de 20 veces, y aún no llegan a la frontera norte de México; es decir, existe la posibilidad de que en el trayecto faltante puedan ser objeto de más agresiones similares).

Existen evidencias empíricas sobre el creciente número de violaciones de los derechos humanos de dichos migrantes durante su estadía o paso por México. Pero es práctica común que las víctimas no acudan a las instancias estatales competentes a presentar la denuncia correspondiente. Parte de la escasa información sobre las violaciones llega a oídos de miembros de organismos humanitarios que asisten a los migrantes, y sólo unos cuantos de esos organismos civiles registran las violaciones. Por otra parte, cada uno de estos organismos elabora sus propias bases de datos, por lo que no existe una base común, complementaria, con una metodología afín, entre otros aspectos técnicos y sustantivos. De esta suerte no existe un registro nacional sobre el número de violaciones de los derechos humanos de los migrantes, ni materia prima suficiente para la caracterización de dichas violaciones, periodicidad, agentes que las comenten y circunstancias sociales y territoriales en que ellas ocurren.[4]

Asimismo, en la travesía que lleva a cabo por el territorio nacional, a menudo el transmigrante se enfrenta con situaciones y circunstancias de enorme riesgo para su dignidad, su salud y su vida, que van desde viajar como polizón en los ferrocarriles de carga, hasta en automotores con doble fondo o doble piso, en donde se instala las más de las veces en condiciones infrahumanas. A este respecto, en un evento realizado en el año de 2005 por el Instituto Nacional de Migración (INAMI) en el estado de Tabasco, se presentó un reporte de la problemática de la salud en la frontera Tabasco-Petén por la Secretaría de Salud de dicha entidad, en el que se indicó –entre otros aspectos- la presencia de graves problemas de salud, entre ellos paludismo, tuberculosis y SIDA; más de 40 casos de accidentes de migrantes centroamericanos en las vías del tren: caídas, amputaciones, lesiones de primer y segundo grado, traumatismo, etc.[5]

Dicho reporte también señaló que en Tabasco, el paludismo (falciparum), la conjuntivitis y la tuberculosis eran enfermedades que ya se habían controlado e inclusive erradicado por completo; sin embargo, los migrantes son actualmente portadores de estos tres problemas que están siendo un foco de infección en el estado.

Quizás el caso más indignante es el que presenta una organización de familiares de migrantes salvadoreños, quienes han denominado al sureste de México como el embudo de la muerte: según el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos o Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), 293 personas de ese país han desaparecido o muerto en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca en los dos últimos años; asimismo, el sacerdote Heyman Vázquez Medina, administrador del albergue para migrantes en Arriaga, Chis., sostiene que más del 80 por ciento de los que pasan por ese territorio sufren robos, golpes, abusos sexuales, secuestros y asesinatos.[6]

Además del importante señalamiento expresado en párrafos anteriores, con respecto a que la estructura actual del artículo 67 impide o dificulta el libre acceso de los extranjeros indocumentados a los sistemas de salud, justicia, derechos humanos y de prevención civil, es pertinente señalar que también se hace imprescindible su reforma en virtud de que el artículo 149 del Reglamento de la Ley General de Población exime a las autoridades y fedatarios a que se refieren los artículos 67 y 68 de la Ley, de la obligación de exigir a los extranjeros y extranjeras que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país,sóloen los en los casos deregistro de nacimientos en tiempo, registro de defunciones, y para el otorgamiento de testamentos, poderes, cotejos, certificación de copias y de hechos.

Con base en los anteriores referentes, las Comisiones revisoras han valorado con enorme simpatía y aprecio la iniciativa de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso y Salomón Jara Cruz y la correspondiente al Senador Carlos Jiménez Macías, para reformar el artículo 67 de la Ley General de Población, porque consideran indispensable asegurar la vigencia de las garantías establecidas en la Constitución de la República, tanto para los nacionales como para los extranjeros, sin importar su condición migratoria.

Igualmente, porque se requiere armonizar la Ley General de Población, con los compromisos que nuestro país ha contraído a nivel internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Desde esa tesitura, las Dictaminadoras han considerando los proyectos legislativos en comento como viables y procedentes, que sin embargo precisande algunos cambios en la redacción, a fin de hacer un desglose que clarifique y resalte los ámbitos en los que no se requerirá a los extranjeros la comprobación de su situación migratoria; de igual forma, las que dictaminan han estimado que es de mayor pertinencia utilizar la frase genérica de “no se podrá negar o restringir”, para referirse no nada más a toda autoridad federal, estatal o local, sino a cualquier servidor público de los tres órdenes de gobierno que proporcione servicios en los rubros que se citan, por lo que el texto de los párrafos segundo y tercero quedarían de la siguiente forma:

No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.

Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos, no estarán obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.

Las Dictaminadoras no omiten expresar que esta reforma que se plantea y aprueba sobre el artículo 67, hace necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, lleve a cabe la modificación del artículo 149 del Reglamento de la Ley General de Población, para adecuarlo a las disposiciones en comento, por lo que en los transitorios de este Dictamen se manifestará este señalamiento.

Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población, del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM)

Con relación a esta iniciativa, cabe advertir que aunque en el título de la misma se indica que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población, la realidad es que sólo contiene una adición, como se verá más adelante.

La iniciativa se plantea sancionar a los servidores públicos encargados de la aplicación de las prescripciones de la Ley de Población, mediante la suspensión del empleo hasta por treinta días o incluso destitución, cuando -entre otras causas- se violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

Para ello, concretamente se propone la adición de una fracción VI a su artículo 113:

Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. a V. ...

VI. No respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

La iniciativa en comento se sustenta básicamente en tres premisas o considerandos: en la primera se suscribe y reitera que los  derechos de los extranjeros en nuestro país, son exactamente los mismos que los de los mexicanos y cuentan con iguales garantías, lo cual está consignado en el Título Primero de la Constitución y complementado por lo dispuesto en el artículo 33 constitucional, que a la letra dice:

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; (…).

….

La segunda consideración consiste en señalar que los migrantes asegurados en las estaciones migratorias sufren un alto índice de marginación y malos tratos, así como graves violaciones a sus derechos humanos por parte de los cuerpos policíacos, no obstante que el Estado mexicano está comprometido y obligado a garantizar su respeto.

El legislador afirma que las estaciones migratorias se han convertido en centros de detención regulados bajo el régimen de excepción, donde los ahí recluidos, quienes sólo han infringido disposiciones administrativas y se encuentran resguardados en lo que se resuelve su caso, tienen menos acceso a sus derechos inalienables que personas sentenciadas y presas, inclusive en cárceles de alta seguridad.

Entre las anomalías y violaciones a los derechos humanos de los migrantes retenidos en las instalaciones mencionadas -las cuales han sido documentadas en diversas visitas realizadas por organizaciones no gubernamentales- se señalan las siguientes:

• Carencia o mal funcionamiento de los servicios higiénicos; no se les suministra artículos de aseo diario, ni el folleto informativo de sus Deberes y Derechos, lo que violenta el proceso. La falta de higiene en las celdas provoca problemas de salud; las cobijas están sucias y pestilentes, igual que los colchones.

• No hay forma de dar a conocer una emergencia médica, incendios o brotes de violencia;

• La mayoría desconoce su situación legal, no saben cuándo habrá de resolverse y no se les informa con antelación de su salida para poder avisar a sus familiares. Nadie tiene derecho a consultar su expediente ni se les informa cómo contactar a algún abogado.

• Se les obliga a firmar declaraciones sin leerlas. (…). También persiste la discriminación hacia las mujeres; la separación de familias; violencia psicológica, verbal y sexual; detenciones arbitrarias de extranjeros que cuentan con documentos legales para estar en el país; y abusos de policías estatales y municipales.

En tercer término, la iniciativa señala que es necesario eliminar todo tipo de transgresión a la salud y a la dignidad de los migrantes, por congruencia con lo que reivindicamos en el exterior:

No podemos exigir a otros Estados que respeten los derechos de nuestros connacionales cuando se encuentran en calidad de migrantes, cuando nosotros no somos capaces de ofrecer garantías similares a los nacionales de otros países que se encuentran en nuestro territorio.

En el marco de la trascendencia y significado de este último señalamiento, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras quieren indicar en primer lugar, que de los 31 artículos que conforman el capítulo VIII, dedicado a las Sanciones, sólo el 113 está orientado particularmente al establecimiento de penalizaciones a los empleados de la Secretaría de Gobernación, que laboran en la aplicación de las disposiciones de la Ley General de Población; en segundo lugar, las causales por las cuales pueden recibir sanciones dichos servidores públicos, son cinco en la actualidad, y ninguna de ellas tiene que ver con la obstrucción o violación de los derechos humanos de los extranjeros en general y, en particular, de los migrantes asegurados en las estaciones migratorias:

Artículo 113.-Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;

II. Dolosamente o por grave negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;

III. Por sí o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones y trámites migratorios a los interesados;

IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y

V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en el capítulo dedicado a las Sanciones (Décimo Primero) solamente establece en un artículo (el 226) que los servidores públicos y empleados de los servicios migratorios serán responsables de su actuación, en los términos establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin señalar ninguna otra sanción.

En esta tesitura, las Dictaminadoras consideran de gran utilidad e importancia, la incorporación de esta nueva causal para la aplicación de sanciones a aquellos servidores públicos que, omitan, violenten o transgredan el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que se encuentren sujetas a esta ley, sobre todo de los migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad social, como es el caso de los indocumentados.

Si bien se reconoce como un gran avance en este tema que los artículos 208 y 209 del Reglamento de la Ley General de Población contemplan aspectos sustanciales explícitamente vinculados a los derechos humanos de los migrantes asegurados en las estaciones migratorias,[7]se considera imprescindible que en el ordenamiento superior, es decir, en la Ley, esté explicitada la sanción a los servidores públicos que no respeten los derechos humanos de los migrantes.

Con esta medida también se complementaría y reforzaría la obligación de la Secretaría de Gobernación, contemplada en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley General de Población, de que velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.

De igual forma, las Dictaminadoras no omiten valorar el gran esfuerzo realizado en los últimos años, por las autoridades de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INAMI), para erradicar las conductas infractoras en sus equipos de trabajo, sobre todo del personal de los servicios migratorios ubicado en las diversas delegaciones del país y en las estaciones migratorias; sin embargo, creen que todavía hace falta mucho por hacer, ya que con frecuencia, siguen aconteciendo situaciones y escenarios que contribuyen a vulnerar los derechos fundamentales de las y los asegurados, contraviniendo lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales, tales como recibir un trato digno, legal, con seguridad jurídica y que proteja su salud.

Así por ejemplo, el 19 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 63/2008 dirigida a la titular del INAMI, con objeto de que diera vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional de Migración, para iniciar el procedimiento administrativo correspondienteen contra de los agentes Federales de Migración, con motivo de las irregularidades en que incurrieron durante el aseguramiento de 34 migrantes de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña, que fueron asegurados en las casetas de verificación migratoria del INM ubicadas en el kilómetro 113 de la autopista Ocozocoautla, Chiapas-Las Choapas, Veracruz, y en el lugar conocido como “La Pochota”, a la salida de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en diversos momentos del año de 2007.

Entre las irregularidades cometidas se encontró que a los migrantes no se les practicóen forma oportuna el examen médico a su ingreso a la Delegación Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se les expulsó sin que se substanciara el procedimiento migratorio respectivo.[8]

El fenómeno de las agresiones a los migrantes, que evidentemente no se genera nada más en el ámbito de la interacción con los integrantes de los servicios migratorios, sino que está también vinculado con comportamientos abusivos e irregulares de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y con miembros de grupos criminales, es de tal magnitud que la CNDH ha establecido un Registro Nacional de Agresiones a Migrantes, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil para evitar que tal tipo de hechos perniciosos permanezcan en la impunidad.

En tal virtud, las Dictaminadoras han calificado como viable y procedente la propuesta del Senador Manuel Velasco Coello y de los demás senadores del GPPVEM, para adicionar con una nueva fracción el artículo 113, porque consideran que al impulsar esta modificación, se contribuirá a garantizar los derechos humanos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como lo son los migrantes indocumentados, así como al fortalecimiento de la tolerancia y del respeto a la diversidad en nuestra sociedad.

Sin embargo, por cuestiones de técnica jurídica, creen pertinente hacer una precisión en el texto de la nueva fracción que se propone, la cual quedaría de la forma siguiente:

Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. a V. ...

VI. Cometan actos u omisiones que violenlos derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACION Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN POR ADICION LOS ARTICULOS 67 Y 113 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

Artículo Unico.- Se adicionan dos párrafos al artículo 67, y se adiciona una fracción VI al artículo 113, para quedar como sigue:

Artículo 67.-…

No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.

Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos, no estarán obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.

Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. a III. ...

IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida;

V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, y

VI. Cometan actos u omisiones que violenlos derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá llevar a cabo las modificaciones pertinentes al artículo 149 del Reglamento de la presente Ley, para adecuarlo a las disposiciones aquí aprobadas, en un término que no excederá de 90 días posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México Distrito Federal, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muy bien. Queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Servicio Postal Mexicano.


[1] Of. 41450, 28 de octubre del 2008.

[2] Los estudiosos del fenómeno estiman que en la actualidad la migración asciende de 350 mil a 400 mil personas por año, comúnmente de manera irregular. Ver: “El flujo migratorio centroamericano hacia México”. Lic. Alma Arámbula Reyes.Investigadora Parlamentaria. Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal.Asistente de Investigación. Octubre, 2007, p. 7. Centro de Documentación, Información y Análisis. Cámara de Diputados, LX Legislatura.

[3] Diario Oficial de la Federación. Lunes 7 de enero de 1974, p. 6.

[4] Rodolfo Casillas R. “Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores principales y complejidades”. En: Revista Migración y Desarrollo, primer semestre, 2008, pág. 168. Red Internacional de Migración y Desarrollo. http://www.migracionydesarrollo.org/

[5] 2° Foro hacia una política migratoria integral en la frontera sur de México, Villahermosa, Tabasco; Relatoría, Mesa 2. Julio de 2005. INAMI. SEGOB.

[6] Ángeles Mariscal. “En dos años, 293 salvadoreños han muerto o desaparecido en México”. La Jornada, Sección Estados, p. 29. Viernes 13 de febrero de 2009.

[7] El respeto a los derechos humanos de los asegurados (fracción III del artículo 208); la práctica del examen médico para certificar sus condiciones psicofísicas (fracción I del artículo 209); comunicación del asegurado con la persona que solicite, vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga (fracción II del artículo 209); notificación inmediata a su representante consular acreditado en México, y en caso de no contar con pasaporte, solicitud de la expedición de éste o del documento de identidad y viaje (fracción III del artículo 209); otorgamiento durante su estancia de un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario (fracción VI del artículo 209).

[8] Recomendación 063/2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendaciones 1990-2009.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en donde propone se adicione un párrafo al artículo 8º de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De igual manera, se presentó ante esta Comisión, iniciativa con proyecto de Decreto presentada por la Senadora Rosalinda López Hernández y por el Senador Jesús Garibay García, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en donde proponen se adicione un capitulo a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para regular el otorgamiento de franquicias postales.

Así mismo, esta Comisión recibió, proposición con punto de Acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director General del Servicio Postal Mexicano, para que informen sobre la correspondencia enviadaen forma masiva a la ciudadanía por el titular del ejecutivo federal, con motivo de su segundo informe de gobierno, presentada por los Senadores Fernando Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde los tiempos más antiguos, el hombre ha necesitado transmitir información y ha buscado mecanismos para comunicar mensajes a distancia. Los primeros eran orales y los mensajeros eran elegidos entre quienes destacaban por su buena memoria.

La palabra “correo”, se refiere a “el que corre” y se remonta a épocas en que los portadores de noticias eran verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer mensajes o documentos para la nobleza, la casta sacerdotal y los militares.

1.- El Servicio Postal Mexicanoes uno de los más antiguos de América. El Rey Felipe II nombró “Correo Mayor de Hostales y Postas de Nueva España” a Don Martín de Olivares, quien tomó posesión de su cargo en 1580.

2.- La primera estampilla postal apareció en mayo de 1840. Ostentaba el perfil de la joven Reina Victoria, quien permaneció en todas las estampillas británicas durante los siguientes sesenta años. Se imprimió con tinta negra y tenía el valor de un penique, por lo que es conocida como penny black o penique negro.

3.- El 14 de septiembre de1902, el Presidente de la República Porfirio Díaz, depositó dentro de un cofre de acero periódicos y revistas del día como “El Imparcial”, “El País” y “El Mundo Ilustrado”, monedas acuñadas en ese año, así como billetes en circulación, enterrándolo entre las primeras piedras de lo que sería el Palacio Postal.

4.- En México, el Día del Cartero y del Empleado Postal fue establecido el 12 de noviembre de 1931, como un reconocimiento a la obra social que realizan, al llevar a todos los ciudadanos las buenas y a veces las no tan buenas noticias.

En 1933 se creó la Dirección General de Correos y Telégrafos, pero en 1942 el ejecutivo federal decretó definitivamente su separación. Durante las siguientes décadas hubo más cambios administrativos y de organización, siempre buscando mejoras en el servicio postal.

5.- Por decreto presidencial publicado en el diario oficial el 20 de agosto de 1986, se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano (conocido como SEPOMEX), como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación.

6.- De esta forma, el organismo adquiere personalidad jurídica y patrimonio propio y pasa a formar parte de la administración pública paraestatal. Uno de sus primeros pasos como entidad fue la determinación de una estructura de organización acorde a su nueva figura jurídica. De esta manera, en primer término, se lleva a cabo la sustitución de las 9 Gerencias Postales Regionales por 31 Gerencias Postales Estatales, estableciéndose mejores condiciones para beneficiar al máximo a los usuarios del servicio de correos, delegando facultades de decisión a dichas gerencias para dar trámite a los asuntos en el ámbito de su jurisdicción.

7.-En nuestro país, la prestación del servicio postal ha sido un área protegida por el Estado desde la Constitución de 1857, la cual permitía, por excepción, la creación de monopolios y la imposición de prohibiciones en el área de correos a título de protección de la industria. Disposición que fue confirmada por el Constituyente de 1917 y que no sufrió modificación sino hasta la reforma a los artículos 25 y 28 de febrero de 1983, cuando el poder revisor decretó el área de correos como estratégica para la nación y, por lo tanto, reservó al sector público la propiedad y control del organismo establecido para la prestación del servicio.

8.- Tras una larga historia, el organismo que actualmente se encarga del área de correos en nuestro país es el Servicio Postal Mexicano; entidad descentralizada creada por decreto presidencial del 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que regula dicha actividad estratégica.

9.- Desde entonces y con el fin de mejorar la estructura orgánica del Servicio Postal Mexicano, se ha ido buscando establecer los equilibrios entre sus áreas sustantivas, sin lograrlo en su totalidad y surgiendo cada vez nuevos retos y problemáticas en función de la actividad que realiza el organismo.

10.- Con fecha 1º de abril de 1989, se autoriza su reorganización, ampliándose las funciones existentes: se crea la Dirección Comercial, la cual absorbe las funciones de la Dirección de Planeación y Sistemas, misma que desaparece; se incorporan nuevas áreas a nivel departamental para el desarrollo de funciones básicas, en apoyo al logro de los objetivos del organismo, atendiendo aspectos relativos al aseguramiento de la calidad de los servicios, atención a los usuarios, relaciones laborales, promoción filatélica, proyectos, concurso y control de obras, entre otros, no cubiertos con anterioridad

11.- El 12 de febrero de 2008, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Senado de la República, proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 8º de la Ley del Servicio Postal Mexicano, con el objetivo de garantizar la continuidad de los procesos a los que se encuentran sujetos los envíos, preservando el secreto de lo privado.

12.- El 4 de marzo del 2008, la Senadora Rosalinda López Hernández y el Senador Jesús Garibay García, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan proyecto de Decreto que adiciona un capitulo a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para regular el otorgamiento de franquicias postales.

13.- El 2 de octubre de 2008, los SenadoresFernando Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director General del Servicio Postal Mexicano, para que informen sobre la correspondencia enviada en forma masiva a la ciudadanía por el titular del ejecutivo federal, con motivo de su segundo informe de gobierno.

14.- El 22 de octubre de 2008, al comparecer ante Senadores, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, aseguró que a partir del primer trimestre de este año se ha tenido un crecimiento geométrico en el ejercicio del gasto, y que esperan en 2008 ejercer alrededor de 38 mil 500 millones de pesos.

15.- Sobre el tema del informe sobre el uso, destino, volumen, costos y forma de distribución de la correspondencia con motivo del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, se negó a dar información por seguridad y apegándose al Artículo 9 de la Ley de Servicio Postal, el cual prohíbe proporcionar información acerca de las personas que lo utilizan, a menos que sea mediante orden judicial.

16.- Ante ello, el Senador Carlos Lozano de la Torre contestó que los legisladores del PRI buscarían los mecanismos legales para obtener esta información, ya que la Secretaría se niega a informar en este caso, y recordó que fue agraviado y hecho público el nombre de uno de sus compañeros.

17.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, dijo no poder informar al Senado sobre el uso del Servicio Postal Mexicano.

Al comparecer ante Comisiones en el Senado, Téllez Kuenzler precisó a los Senadores que consultó con sus abogados y le explicaron que sólo por orden judicial se puede proporcionar información en torno a los usuarios del servicio postal.

Aclaró que también se puede proporcionar información pero sólo para fines estadísticos o lo que las leyes así determinen. “Parece broma pero es en serio”, les dijo el entonces Secretario a los legisladores.

18.- Desde septiembre de 2007 Senadores del PRI cuestionaron al entonces Secretario de Gobernación, respecto a las 30 o 40 millones de cartas que envió el Presidente de la República con motivo de su informe de gobierno, dado que la anterior titular del Servicio Postal Mexicano acusó al Senado de casi quebrarlo por el envío de 800 mil misivas. El entonces Secretario de Gobernación aseguró en esa ocasión que las misivas enviadas por el Ejecutivo Federal fueron pagadas al Servicio Postal Mexicano con recursos públicos de cada dependencia federal.

CONTENIDOS DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

II.1. PRESENTADA EL 12 DE FEBRERO DE 2008, POR EL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 8º DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS LOS ENVIOS, PRESERVANDO EL SECRETO DE LO PRIVADO.

La Ley del Servicio Postal Mexicano, prevé un conjunto de disposiciones legales por medio de las cuales se establecen los alcances regulatorios de la autoridad administrativa, se señalan las facultades y funciones del organismo de control, se fijan los requisitos y condiciones mínimas de admisión, las pautas generales que deben cumplir los prestadores, los derechos de los usuarios, las relaciones entre estos las prestadoras y la autoridad administrativa, los sistemas de control y muy especialmente el régimen sancionatorio ante las infracciones al mismo.

La inviolabilidad de los envíos postales o de la correspondencia, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos de su curso, ni tratar de conocer su contenido.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá interceptarlos, abrirlos ni examinar su contenido sino en virtud de una orden expedida por una autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento; es decir, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley.

Así, los envíos de correspondencia y los demás objetos postales podrán ser transportados libremente por los operadores de los servicios postales dentro del territorio nacional, salvo en los casos en que deban ser incautados o decomisados; en otras palabras, los envíos postales podrán ser detenidos, interceptados o demorados en su curso mediante resolución judicial. Por su parte, el servicio postal mexicano garantizará la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y la autoridad competente deberá preservar el secreto de lo privado que no guarde relación con la correspondiente indagatoria o proceso penal federal.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 8º DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO.

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8º a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 8º.- (...)

Sólo se permitirá la incautación de correspondencia o envíos postales que estén siendo transportados, clasificados, transportados o distribuidos conjuntamente con otros similares, en acatamiento a una orden judicial y/o del Ministerio Público dictada por escrito, garantizando la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y preservando el secreto de lo privado que no guarde relación al hecho que motiva su examen.

II.2. PRESENTADA EL 04 DE MARZO DEL 2008, POR LA SENADORA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ Y EL SENADOR JESUS GARIBAY GARCIA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, QUE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS POSTALES.

Tras una larga historia, el organismo que actualmente se encarga del área de correos en nuestro país es el Servicio Postal Mexicano; entidad descentralizada creada por decreto presidencial del 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que regula dicha actividad estratégica.

Sin embargo, a la fecha, el Servicio Postal no ha alcanzado el nivel óptimo de modernización y mejoramiento operativo en la prestación del servicio público de correos, a decir de su propia Dirección, fundamentalmente por escasez de recursos. Todo lo contrario, la reforma al servicio postal de 1986, que deroga el Libro Sexto Comunicaciones Postales de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para en su lugar crear la nueva Ley del Servicio Postal Mexicano, trajo consigo el desmantelamiento de una parte importante del sistema de correos del Estado mexicano, para permitir el ingreso de grandes compañías que le suplieran en lo que, se ha visto, resulta un buen negocio.

Desde entonces, el Servicio Postal identifica como debilidades fundamentales del organismo: la competencia de los correos privados a menores precios en los segmentos más rentables del mercado; el alto costo del correo social, que rebasa el ingreso por tarifas; la alta concentración del correo comercial en sólo 20 clientes corporativos que manejan el 60% del volumen total de correspondencia; el escaso flujo de recursos para inversión operativa; una carente autonomía de gestión, y la obligación de proporcionar franquicias postales a los partidos políticos y al Poder Judicial.

Es la franquicia postal legislativa la que mayor preocupación debe generar a este órgano legislativo. En días pasados, los medios de comunicación dieron cuenta del abuso en que incurre esta cámara senatorial en el empleo de la franquicia postal que le atribuye la Ley de Ingresos. Envíos por más de un millón y medio de documentos en 2006, según denuncia pública formulada por la Dirección del Servicio Postal Mexicano, han significado una enorme erogación que corre a cargo de la propia paraestatal y que no es compensada por asignaciones presupuestales o por alguna forma de subsidio, privándole así de imprescindibles recursos económicos. Mayor hubiera sido el daño al servicio público, de haberse atendido el requerimiento total de esta Cámara, por 3 millones de envíos adicionales.

Que el servicio puede utilizarse tanto por senadores, como por las áreas legislativas, técnicas, parlamentarias y administrativas; que la documentación susceptible de enviarse mediante este beneficio deberá ser "de carácter oficial, en apoyo de trabajo legislativo"; que no será aceptada "propaganda política y proselitismo en general", ni felicitaciones, agradecimientos y condolencias de cualquier tipo o asuntos personales que no conciernan a la labor legislativa, entre otros objetos. Para hacer uso del servicio gratuito basta con llenar un formato y señalar el número de piezas, su destino, una relación de destinatarios con domicilios y una muestra del documento a ser enviado.

Entre otras medidas, es necesario legislar en materia de franquicias postales, para garantizar que su aplicación tenga como móvil el cumplimiento de una finalidad social relevante -como puede reconocerse en el caso de la impartición de justicia pronta y expedita- y que su aplicación no causará detrimento a las necesidades presupuéstales del Servicio Postal Mexicano, tal como lo ha dispuesto este Poder Legislativo con relación a las actividades ordinarias y electorales de los partidos políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS POSTALES, CONFORME AL SIGUIENTE:

Decreto

Artículo Primero.- Se adiciona el Capítulo XXIV De las franquicias postales, que contiene los artículos 69, 70, 71 y 72 a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

CAPITULO XXIV

De las franquicias postales

ARTICULO 69.- Sólo podrán establecerse franquicias postales mediante su inclusión en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés general.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto por el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscriba entre el Organismo y el beneficiario del servicio.

ARTICULO 70.- Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberán considerar la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el Organismo.

El costo de la franquicia deberá ser cubierto, cuando menos, en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

ARTICULO 71.- Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

ARTICULO 72.- El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener, cuando menos:

I. La autoridad u órgano que podrá ejercer el servicio contenido en la franquicia;

II. Los servicios específicos de que podrán hacer uso los beneficiarios de la franquicia, observando lo establecido en el artículo 71;

III. El tipo de documentación que podrá remitirse mediante el ejercicio de la franquicia y las restricciones especiales, adicionales a las que determina esta Ley;

IV. Las reglas específicas de empaquetado y presentación de envíos, y

V. Las oficinas del Organismo en las que podrán depositarse los envíos, en uso de la franquicia.

ANTECEDENTES JURIDICOS

La historia de las franquicias postales en México es amplia, pero toma relevancia precisamente cuando fueron derogadas, como parte del primer proceso de organización y fortalecimiento del sistema de correos en nuestro país. Al emitir la Ley de Vías Generales de Comunicación, en febrero de 1940, el propio Legislador Federal incluyó un artículo 12 Transitorio en el que ordenó: “a partir de la fecha de expedición de la presente Ley, quedarán derogadas todas la franquicias postales que se hubieren concedido con anterioridad y que no se ajusten a las disposiciones de la misma.

1. El Organismo que actualmente se encarga del área de correos en nuestro país es el Servicio Postal Mexicano; entidad descentralizada creada por decreto presidencial del 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que regula dicha actividad estratégica. entidades de interés público.

2. El financiamiento público directo constituye el aspecto más interesante (y también más innovador) del Código de 1990. El artículo 49, en su apartado 1, establece cuatro conceptos a los que se reconducen las aportaciones del Estado, y en su apartado 2 fija una barrera de porcentaje de voto por debajo de la cual no se causa derecho a financiación. Dicha barrera se establece en el 1.5 por ciento de la votación emitida “independientemente de que (los candidatos del partido de que se trate) hayan ganado elecciones para diputados de mayoría relativa o senador”. Por su parte, los cuatro conceptos a que antes nos referíamos son los siguientes: por actividad electoral, por actividades generales, como entidades de interés público, por subrogación o reemplazo que haga el Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, y por actividades específicas como entidades de interés público.

3. Franquicias. Los artículos 53, 54 y 55 del Código Federal de Procedimientos electorales, regulan minuciosamente el régimen de franquicias postales y telegráficas. En ellos se establecen las reglas a que se ajustará el disfrute de esas franquicias, con mención de los órganos del partido que podrán hacer uso de ellas, acreditación de los representantes de los partidos autorizados a tales efectos, ámbito territorial y oficinas autorizadas para su aplicación.

4. La prerrogativa de franquicias postales para los partidos políticos. En años no electorales será equivalente al 2% del financiamiento público para actividades ordinarias.

5. En años electorales equivaldrá al 4%. El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del IFE la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal.

6. En el caso de las Franquicias Telegráficas, se establece que sólo los comités nacionales de cada partido podrán usar las franquicias telegráficas; antes también podían ser utilizadas por comités regionales, estatales y distritales.

Ahora el IFE dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir el costo por el uso de las franquicias telegráficas al organismo público competente.

CONSIDERACIONES

Primera.- En nuestro país, la prestación del servicio postal ha sido un área protegida por el Estado desde la Constitución de 1857, la cual permitía, por excepción, la creación de monopolios y la imposición de prohibiciones en el área de correos a título de protección de la industria. Disposición que fue confirmada por el Constituyente de 1917 y que no sufrió modificación sino hasta la reforma a los artículos 25 y 28 de febrero de 1983, cuando el poder revisor decretó el área de correos como estratégica para la nación y, por lo tanto, reservó al sector público la propiedad y control del organismo establecido para la prestación del servicio.

Segunda.- En México, la actividad postal ha sido declarada servicio público, por tanto corresponde al Estado la responsabilidad de lograr que el mismo se preste con regularidad, continuidad, generalidad, igualdad y con la calidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de los usuarios del mismo. Se trata de un servicio esencial del cual la sociedad no puede prescindir.

Tercera- En este sentido, debe entenderse que la Ley del Servicio Postal Mexicano, prevé un conjunto de disposiciones legales por medio de las cuales se establecen los alcances regulatorios de la autoridad administrativa, se señalan las facultades y funciones del organismo de control, se fijan los requisitos y condiciones mínimas de admisión, las pautas generales que deben cumplir los prestadores, los derechos de los usuarios, las relaciones entre estos las prestadoras y la autoridad administrativa, los sistemas de control y muy especialmente el régimen sancionatorio ante las infracciones al mismo.

Cuarta.- Así, los envíos de correspondencia y los demás objetos postales podrán ser transportados libremente por los operadores de los servicios postales dentro del territorio nacional, salvo en los casos en que deban ser incautados o decomisados; en otras palabras, los envíos postales podrán ser detenidos, interceptados o demorados en su curso mediante resolución judicial. Por su parte, el servicio postal mexicano garantizará la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y la autoridad competente deberá preservar el secreto de lo privado que no guarde relación con la correspondiente indagatoria o proceso penal federal.

Quinta.- Las propias autoridades postales han reconocido estos efectos. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, considera que el problema tiene origen en 1997, cuando finalizó la autosuficiencia financiera de la paraestatal, fundamentalmente porque se le obliga a proporcionar el servicio de correo social en todo el territorio nacional, con una operación deficitaria que no puede ser compensada con los otros servicios de paquetería y entrega que presta el Estado, en competencia con las compañías particulares.

Sexta., Sólo podrán hacer uso de la franquicia los comités directivos de cada partido y elIFE informará al Servicio Postal del presupuesto que corresponda a cada partido y le cubrirá trimestralmente el costo de los servicios proporcionados a éstos hasta el límite informado.

Séptima.- La naturaleza de la franquicia postal otorgada a diversas instituciones gubernamentales y de los Poderes de la Unión no es explicable, el motivo por el por qué se otorga gratuidad en el servicio de correo como una forma de incentivo fiscal, haciéndose necesario legislar en materia de franquicias postales, para garantizar que su aplicación tenga como móvil el cumplimiento de una finalidad social relevante -como puede reconocerse en el caso de la impartición de justicia pronta y expedita- y que su aplicación no causará detrimento a las necesidades presupuéstales del Servicio Postal Mexicano.

MODIFICACIONES

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8º ala Ley del Servicio Postal Mexicano.

Artículo 8º.- (...)

Adición...

Sólo se permitirá la incautación de correspondencia o envíos postales que estén siendo transportados, clasificados, transportados o distribuidos conjuntamente con otros similares, en acatamiento a una orden judicial y/o del Ministerio Público dictada por escrito, garantizando la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y preservando el secreto de lo privado que no guarde relación al hecho que motiva su examen.

Se adiciona el Capítulo XXIV De las franquicias postales, que contiene los artículos 69, 70, 71 y 72 a laLey del Servicio Postal Mexicano.

Adición...

CAPITULO XXIV

De las franquicias postales

ARTICULO 69.-Sólo podrán establecerse franquicias postales mediante su inclusión en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés general.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto por el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscriba entre el Organismo y el beneficiario del servicio.

ARTICULO 70.- Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberán considerar la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el Organismo.

El costo de la franquicia deberá ser cubierto, cuando menos, en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

ARTICULO 71.- Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

ARTICULO 72.- El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener, cuando menos:

I. La autoridad u órgano que podrá ejercer el servicio contenido en la franquicia;

II. Los servicios específicos de que podrán hacer uso los beneficiarios de la franquicia, observando lo establecido en el artículo 71;

III. El tipo de documentación que podrá remitirse mediante el ejercicio de la franquicia y las restricciones especiales, adicionales a las que determina esta Ley;

IV. Las reglas específicas de empaquetado y presentación de envíos, y

V. Las oficinas del Organismo en las que podrán depositarse los envíos, en uso de la franquicia.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, dictaminadoras en estos casos, reconocen el interés de los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, de la SenadoraRosalinda López Hernández y del Senador Jesús Garibay García, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática. A su vez, nos vinculamos con las inquietudes y necesidades expuestas con antelación entorno a la inviolabilidad de los envíos postales y/ o de la correspondencia y de la necesaria regulación de las franquicias postales, con base en lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 8º Y SE ADICIONA EL CAPITULO XXIV DE LAS FRANQUICIAS POSTALES QUE CONTIENE LOS ARTICULOS 69, 70, 71 Y 72 A LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO.

Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8º; y se adiciona el Capitulo XXIV De las franquicias postales que contiene los artículos 69, 70, 71 y 72, a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 8º.-La correspondencia estará libre de todo registro y no deberá ser violada.

Sólo se permitirá la incautación de correspondencia o envíos postales que estén siendo transportados, clasificados, transportados o distribuidos conjuntamente con otros similares, en acatamiento a una orden judicial y/o del Ministerio Público dictada por escrito, garantizando la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y preservando el secreto de lo privado que no guarde relación al hecho que motiva su apertura y examen.

CAPITULO XXIV

De las franquicias postales

ARTICULO 69.- Sólo podrán establecerse franquicias postales mediante su inserción en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés público.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto por el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscriba entre el Organismo y el beneficiario del servicio.

ARTICULO 70.- Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberán considerar la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal, o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el Organismo.

El serviciopuede ser utilizado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como por las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas; previaobservación de que la documentación susceptible de enviarse mediante este beneficio es exclusiva de los trabajos oficiales realizados por la institución que lo solicita.

El costo de la franquicia en cualquiera de sus clasificaciones, deberá ser cubierto, cuando menos, en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

ARTICULO 71.- Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

ARTICULO 72.- El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener, cuando menos:

I. La autoridad u órgano que podrá ejercer el servicio contenido en la franquicia;

II. Los servicios específicos de que podrán hacer uso los beneficiarios de la franquicia, observando lo establecido en el artículo 71;

III. El tipo de documentación que podrá remitirse mediante el ejercicio de la franquicia y las restricciones especiales, adicionales a las que determina esta Ley;

IV. La especificación de los documentos que no quedarán integrados al convenio por no considerarse de carácter oficial, ni en apoyo a las encomiendas de interéspúblico.

V. No serán aceptados documentos que contengan: proselitismo particular y general, propaganda política, felicitaciones, agradecimientos, condolencias, regalos de cualquier tipo, asuntos personales que no conciernan a la labor oficial desarrollada.

VI. Las reglas específicas de llenado de formatos, número de piezas, destinos, relación de destinatarios con domicilios, empaquetado, muestras de los documentos al ser enviadosy presentación de envíos, y

VII. Las oficinas del Organismo en las que podrán depositarse los envíos, en uso de la franquicia.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los 30 díassiguientesaldía de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Continuamos con la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 13 Y 22 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 48 DE LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1, 13 y 22, y adiciona el artículo 48 bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Senador Felipe González González, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la iniciativa por la cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Las Comisiones se abocaron al examen de la iniciativa con proyecto de Decreto descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 2 de octubre de 2007, el Senador Felipe González González presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma los artículos 1, 13 y 22 y adiciona el artículo 48 bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa con proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

3. Las Comisiones instruyeron a sus Secretarios Técnicos para realizar el proyecto de dictamen, mismo que fue distribuido con fecha 11 de febrero de 2008.

4. Con fecha 4 de marzo de 2008, los integrantes de las Comisiones aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador Felipe González González, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometió a consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 13 y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con miras a lograr que las facultades potestativas que se le delegan a las autoridades dependiendo del nivel de gobierno al que pertenezcan, se conviertan en obligatorias; es decir, que se alejen de la idea de que sólo tratarán de realizar o llevar a cabo cierta función y se les obligue a que la realicen.

Asimismo, plantea adicionar un artículo 48 bis para establecer con precisión que la instancia especializada a nivel federal para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

CONSIDERACIONES

1.- El Senador inicia su Exposición de Motivos señalando que la viabilidad de cualquier nación se finca en su niñez y su juventud, por lo que la capacidad de cambio y la verdadera consolidación de nuestro avance democrático como una cultura política, gira en torno a las condiciones en las cuales se desenvuelvan la infancia y los jóvenes de México.

Además menciona que la erradicación de los flagelos que estamos combatiendo como la pobreza, la inequidad en las oportunidades y la inseguridad, pasa por la creación de una nueva cultura de tolerancia, respeto, armonía en la convivencia, libertad y justicia, que se arraigue en las niñas, niños y jóvenes capaces de convertirla en perfil nacional en pocos años, por lo que para el surgimiento de este nuevo país se requiere que cuidemos a los ciudadanos del mañana.

El proponente recuerda que la Declaración (internacional) de los Derechos del Niño consagra los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y la libertad, además reconoce como inherentes a la persona humana en su condición de niños, a un conglomerado de derechos tendientes a lograr el pleno desarrollo físico, mental y social de las personas menores de dieciocho años, la cual dio paso en 1989 a la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de las Naciones Unidas, en verdad una ley internacional sobre los derechos del niño y de la niña jurídicamente vinculante, pero que además constituye un proyecto para el progreso de la humanidad y prevé su protección ante la dificultad del ejercicio de sus derechos, en particular de aquellos en situación extraordinaria o de abandono.

Dicha Convención profundiza los derechos del niño, apunta el Legislador, reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia especial en razón de su vulnerabilidad, subrayando de manera especial la responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y asistencia, la necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño y la niña tanto antes como después de su nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño, además del papel de la cooperación internacional para que los derechos de la niñez se hagan realidad.

2.- El Senador argumenta que el desarrollo normativo de un tema tan importante, dio lugar a que el 30 de mayo del 2000 entrara en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y da la facultad expresa para que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en el ámbito de su competencia, expidan normas legales y tomen las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a dicha ley, la cual es una facultad potestativa.

Asimismo, señala que el artículo 1 del ordenamiento en comento debe modificarse para que el cumplimiento de la ley no quede a la potestad de los tres niveles de gobierno, sino que se constituya en un deber legislativo en vista de la importancia toral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, asumido desde la más alta tribuna del país, donde están representados el pueblo y las entidades federativas, debido a que el objetivo de la protección radica en asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, de conformidad con el Artículo 3 del ordenamiento invocado.

El Legislador explica que el objeto anterior está inspirado en los principios rectores siguientes:

• Del interés superior de la infancia;

• De la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia;

• De igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendentes, tutores o representantes legales; de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo;

• De tener una vida libre de violencia;

• De corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, además de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

El proponente recuerda que este Poder Legislativo tuvo a bien establecer en el artículo 5 de la Ley materia del presente Dictamen, que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.

También menciona que el artículo 7 del ordenamiento invocado condensa administrativamente los deberes de las autoridades en el Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, mientras que en su artículo 13 establece que a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas, podrán disponer lo necesario para que se cumpla lo siguiente:

• Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de otras personas.

• Para que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y municipal pueda intervenir, con todos los medios legales necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o generales del derecho de protección de niñas, niños y adolescentes. Especialmente se proveerá lo necesario para evitar que salgan del país sin que medie la autorización de sus padres, tutores o de un juez competente.

• La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualquier persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en la ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente.

3.- El Legislador señala que en todo el país funciona el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en dimensiones nacional, estatal y municipal, por medio de organismos públicos descentralizados, en los cuales se han logrado grandes avances en beneficio de la infancia, además de que se cuenta con experiencia en el diseño de políticas públicas y el trabajo de campo con las niñas, niños y adolescentes, especialmente con aquellos que se encuentran en situación extraordinaria, haciendo énfasis en que el personal que labora en los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia se caracteriza, a lo largo y ancho del país, por su entrega y vocación de servicio que no podemos desperdiciar en detrimento de los derechos de la infancia y juventud.

Ahora bien, el proponente recuerda que el artículo 172 de la Ley General de Salud dispone que el Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas.

Asimismo, menciona que al partir de una base facultativa asistencialista, los sistemas DIF nacional y de cada uno de los estados de la República, han tendido su manto protector sobre las niñas, niños y adolescentes de México hasta donde el marco legal se los ha permitido, y muchas veces más allá en el afán de proteger e impulsar a nuestra infancia y juventud, el cual está enfocado a tareas sociales en el ámbito precisamente familiar.

El Senador establece que en cuanto a un órgano o instancia específica para la protección a los derechos de la infancia, los sistemas estatales del DIF cuentan con la frecuentemente denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que por lo general realiza labores de mediación o conciliación entre los integrantes de una familia, o de atención a menores de edad en situación extraordinaria contando con albergues donde se da refugio a los menores de dieciocho años en casos extremos de maltrato o de abandono, mientras se deduce por la vía judicial quién se hace cargo de ellos, de entre los obligados para tal efecto en términos de la legislación familiar.

Por su parte el Legislador puntualiza que en el Artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán las facultades siguientes:

• Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguarden los derechos de niñas, niños y adolescentes, las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en los términos del artículo 133 Constitucional y las previstas en la legislación aplicable.

• Representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables.

• Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes.

• Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, coadyuvando en la averiguación previa.

• Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

• Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado en lo relativo a la protección de sus derechos.

• Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de sus derechos, hacerlos llegar a las autoridades competentes, además de a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos.

• Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Aplicar las sanciones establecidas en la ley.

El proponente advierte que dichas instituciones cuentan con facultades más allá de la mera conciliación o la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, ya que desde el año 2000 pueden determinar la existencia de las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de sancionarlas con la imposición de multas hasta por quinientas veces el salario mínimo general vigente, según se regula en el Capítulo Segundo del Título Quinto de la Ley en comento, que se ocupa de las sanciones.

El Legislador recapitula que desde el año 2000 contamos con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contempla la adopción de medidas de protección muy amplias a favor de la infancia y juventud de nuestro país, pero no se ha constituido la Institución de Protección Especializada necesaria para aplicar dicha Ley en el ámbito Federal y aunque no se parte de cero, el promovente de la Iniciativa materia principal del presente Dictamen, considera que lo idóneo es que el Congreso de la Unión establezca que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia constituya la instancia especializada en la protección de los derechos de la infancia y por otra parte, que las legislaturas estatales tienen el deber, no la potestad, de expedir los ordenamientos sobre la materia.

El Senador concluye su Exposición de Motivos señalando que hay que tomar en cuenta la circunstancia de que en el propio Senado es donde se aprueban los Tratados Internacionales, de los cuales se deriva gran parte de los derechos fundamentales de las niñas y niños, debiéndose constituir y organizar las Instituciones Especializadas de Protección que refiere la Ley de la materia, a efecto de que dichos derechos no queden en letra muerta y se traduzcan en una realidad en la República, para lo que propone las siguientes reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Artículo 1...

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, expedirán las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que se cumpla en todo el país:

A...

B…

C…

Artículo 22...:

A…

B…

C…

D…

A fin de que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa dispondrán lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos.

Artículo 48 bis.- La instancia especializada en el ámbito federal a que se refiere el artículo anterior, será el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

4.- Respecto a las consideraciones expuestas por el promovente en lo referente a la Iniciativa materia de este Dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, se congratulan que cada vez con mayor frecuencia ha tomado relevancia el tema de los derechos de la niñez y su respectiva protección, como en la especie acontece, sin embargo estiman conveniente hacer hincapié en una serie de precisiones encaminadas a dilucidar la viabilidad o no de la Iniciativa en cuestión en los términos propuestos.

Primeramente las Dictaminadoras se abocaron a estudiar lo correspondiente a la primera parte de la propuesta del Senador encaminada en reformar los artículos 1, 13 y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen lo siguiente:

Artículo 1. …

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

A…

B…

C…

Artículo 22…

A…

B…

C…

D…

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

En esta primera parte, el proponente argumenta que estas disposiciones tienen una particularidad en común y es que las tres delegan su aplicación de manera potestativa a las autoridades correspondientes según su competencia, esto es que le dejan la facultad a dichas autoridades de cumplirla o no.

Los términos “podrán expedir y podrán disponer”, se entienden como aspectos cuya cumplimentación no es obligatoria, por lo que las autoridades no estarán obligadas a cumplir con las disposiciones o aspectos que consideren dichos términos ya que sólo las está enterando de lo que podrán hacer bajo ciertos casos pero nunca les está diciendo que tienen que llevarla a cabo.

Como ejemplo de lo anterior tenemos que el primer párrafo del artículo 1 de la Ley materia del presente Dictamen, establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, podrán expedir normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley, mientras tanto el artículo 13 del mismo ordenamiento establece en su primer párrafo que a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país, citando por último al artículo 22 de la multicitada Ley, el cual establece que a fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento

Lo antes mencionado establece que los niveles de gobierno referidos sólo tratarán de crear las disposiciones o tomar las medidas necesarias para lograr el íntegro cumplimiento de estos artículos, ya que en ningún momento se les obliga a realizarlas, situación que se aleja del verdadero espíritu de salvaguarda de los derechos de los menores de edad que debe garantizar como mínimo esta Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que el proponente expone su inconformidad en cuanto a que la facultad que se le está delegando a las autoridades encargadas de salvaguardar y tutelar los derechos de la niñez en los diferentes niveles de gobierno, la cual como ya se dijo es potestativa y no obligatoria como estima que debiera ser.

Por su parte las Dictaminadoras estiman conveniente el hecho de alejar la idea de que las autoridades tratarán o podrán, en caso de estimarlo conveniente, expedir las normas o disponer lo necesario para que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea cumplida cabalmente sin ninguna restricción, por lo que están de acuerdo en apoyar la necesidad que se tiene de obligar a las autoridades a realizar las estrategias pertinentes o a expedir las disposiciones jurídicas necesarias que garanticen el pleno e íntegro cumplimiento de los derechos de los menores edad que les son reconocidos por la Ley materia principal de presente Dictamen.

5.- Ahora bien, y con ánimos de cumplir con el requisito de exhaustividad encaminado a dilucidar si la iniciativa materia del presente dictamen es viable y para corresponder al trabajo y esfuerzo del Legislador proponente, nos abocaremos al estudio de la segunda parte de la propuesta en la que se pretende agregar un artículo 48 bis que pretende establecer como la instancia especializada para la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito federal, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, estableciendo dicho artículo lo siguiente:

Artículo 48º bis.- La instancia especializada en el ámbito federal, a que se refiere el artículo anterior será el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sobre el particular, es dable señalar que las Procuradurías del Menor y la Familia son órganos con personalidad jurídica propia dependientes de los Sistemas DIF estatales que tienen entre sus objetivos principales atender a los grupos sociales en vulnerabilidad (menores de edad, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores) brindándoles asistencia jurídica, social, psicológica y de prevención, primordialmente a quienes han sido víctimas de maltrato, de manera gratuita al público en general, además que proporciona capacitación en la detección y seguimiento de casos de maltrato a menores de edad y atención de violencia familiar e ingreso de menores de dieciocho años en situación de maltrato a las comunidades de guarda y custodia, así como la divulgación y enseñanza de las instituciones jurídicas, la asesoría legal y la representación de los menores de edad en el trámite de juicios, para alcanzar así la protección e impartición de justicia.

La Procuraduría tiene entre sus facultades gestionar ante el Ministerio Público, Juzgados de Primera Instancia y Consejo Tutelar para Menores, las denuncias y custodias de los infantes que han padecido violencia, abandono, maltrato o desamparo, interviniendo conforme lo establecido en la Ley en relación a sus procedimientos.

Es importante hacer énfasis en que aunque son los DIF estatales quienes mediante su Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia se han convertido en la instancia especializada para la defensa de los derechos de la infancia, la idea de establecer el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como la instancia por excelencia a nivel Federal resulta viable, ya que cada vez existen más casos de niñas y niños que requieren de una protección especial debido a su situación territorial que supera los límites de las entidades federativas, es el caso, por ejemplo, de los menores de edad migrantes y repatriados a quienes el DIF Nacional en la práctica se ha encargado de tutelar, vigilar y salvaguardar sus derechos.

En este sentido, las Comisiones Dictaminadoras valoran como una ventaja adicional de precisar al DIF Nacional como la instancia especializada en materia de niñez en el ámbito federal que esta puntualización evitaría caer en controversias innecesarias entre el DIF Nacional y los DIF estatales sobre la custodia de niñas y niños en extrema vulnerabilidad como los menores de edad migrantes y repatriados.

Ahora bien, ya aclarado el tema de la importancia de establecer al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como la instancia especializada para el trato de los temas referentes a la protección de los derechos de los menores de edad a nivel Federal, es importante señalar que para las Dictaminadoras no es necesario adicionar un artículo 48 bis a la Ley, debido a que la conformación del actual artículo 48 permite que se establezca un segundo párrafo en donde se plasme lo que pretende el proponente, no siendo necesario introducir un nuevo artículo, aún y cuando estas Dictaminadoras están de acuerdo con el hecho de especificar o señalar quien deberá ser reconocida como la autoridad federal por excelencia en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En conclusión, es necesario tanto alejar la idea de que las autoridades únicamente deben tratar de establecer los mecanismos necesarios o expedir las disposiciones suficientes que garanticen el pleno e íntegro cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como establecer la dependencia de gobierno que se deberá encargar de regularlo a nivel federal.

De conformidad con las Consideraciones previstas en el presente Dictamen y con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda:

RESUELVEN

PRIMERO.-Es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1, 13, 22 y 48 bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sufriendo la modificación planteada en el apartado 5 de las Consideraciones del presente Dictamen, quedando como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 1, 13, 22 y se adiciona el artículo 48, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 1...

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, expedirán las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que se cumpla en todo el país:

A...

B…

C…

Artículo 22...

A…

B…

C…

D…

A fin de que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa dispondrán lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Artículo 48…

La instancia especializada en el ámbito federal a que se refiere el párrafo anterior, será el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Túrnese a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos del apartado “A” del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura el presente dictamen.

Tenemos enseguida la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En tal virtud, pasamos a la discusión en lo general del dictamen correspondiente.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Bueno Torio, ¿con qué objeto?

Sonido al escaño del Senador Bueno Torio, por favor.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitarle a la Mesa Directiva y a la Asamblea, nos permita posponer para el próximo jueves la discusión de estos dos dictámenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque nosotros, en el grupo parlamentario, queremos hacer algunas adecuaciones que en este momento no estamos preparados para proponer.

Si la Asamblea nos lo permite.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Yo creo que está muy bien lo que propone el PAN, y debería ser, pues, aceptado eso por el Pleno.

Mi pregunta es si el PAN va a estar dispuesto a hacer lo mismo cuando otro grupo le solicite uno o dos días para poder hacer un estudio más a fondo de un dictamen de cualquier tipo.

Por lo que a nosotros respecta, estamos de acuerdo en que así sea.

Pero esperamos la reciprocidad parlamentaria correspondiente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Hay un planteamiento preciso del Senador Pablo Gómez, y solicito respetuosamente a los representantes de los grupos parlamentarios puedan concretar este acuerdo de reciprocidad, que sería muy importante.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, nosotros no estamos en desacuerdo con esta propuesta.

Sin embargo, para efecto de mantener una posición congruente con la Ley Orgánica y el Reglamento, que puedan formalizarlo mediante una suspensión o mediante una moción suspensiva. Porque de lo contrario, o al menos que sea un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para que después se pueda formalizar en la Junta de Coordinación Política.

O bien se interpone o se presenta una moción suspensiva de los dictámenes aludidos. O bien, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Bueno Torio.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño) Señor Presidente, nosotros, el grupo parlamentario, en otras ocasiones hemos sido consecuentes con solicitudes de este tipo, y consideramos que habiendo consenso, siempre de los grupos parlamentarios, estaremos en disposición.

- El C. Senador Ramón Galindo Noriega: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Adelante, Senador Galindo Noriega, por favor.

- El C. Senador Ramón Galindo Noriega: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Aprovechando que se difiere el debate de éste… que se podría diferir, quiero comentar sobre un error en el proyecto de Decreto.

El artículo 35, sobra por ahí una palabra, que aprovechando que pudiera diferirse, pudiera también corregirse.

Dice el artículo 35, en la página 95 de la Gaceta: “Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta ley, que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán tener los instalados los cinturones…” Entonces creo que ahí sobra una palabra que pudiéramos aprovechar para corregir a la hora de debatir en su momento este proyecto de dictamen.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Galindo Noriega. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su opinión.

- El C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente:

Solamente para manifestar que en mi carácter de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y a nombre de nuestro grupo parlamentario, no tenemos inconveniente en que se difiera su discusión de estos dictámenes para el próximo jueves.

Sí quiero dejar constancia que en el caso de los dos dictámenes ha recibido el beneplácito y su aprobación por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En virtud de que el consenso de los grupos parlamentarios ha unificado un criterio de reciprocidad para el tratamiento de temas semejantes, en virtud de que las comisiones, el Presidente de la Comisión de donde surge el dictamen ha expresado su disponibilidad y otros grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si acepta la propuesta de devolver a comisiones los dos dictámenes a discusión, son dos, están anotados para su reagendamiento en la siguiente sesión cuando estemos en condiciones de subirlos.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse devolver los dictámenes de segunda lectura, diferir, perdón…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Un momento. A ver, Senador Francisco Arroyo, para precisar el trámite.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Con todo respeto, lo que se está proponiendo es simplemente que se difiera el dictamen para conocimiento de la Asamblea el jueves, no que se regresen a comisiones los dictámenes.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Corrijo. Consulto a la Asamblea, en votación económica, perdón…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: A ver, Senador Bueno Torio, para precisar el trámite. Se está proponiendo diferir la discusión y agendarlo para el jueves 8 de octubre, lo cual implicaría que las comisiones hicieran un esfuerzo el día de hoy y mañana para que… Por eso, lo sé. El PAN lo está pidiendo, déjeme precisar las cosas, el PAN nos está pidiendo un tiempo prudente para analizar la propuesta que ameritará consultas con la comisión correspondiente y sus integrantes. El tiempo que les estamos proponiendo es hoy y mañana, y el jueves subir los temas a discusión.

Senador Bueno Torio.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: (Desde su escaño) Pero, señor Presidente, para ser congruente y atendiendo el planteamiento del Senador Ricardo Monreal, le estamos planteando la moción suspensiva, está solicitada ya en el texto por mí para que corra el trámite en ese sentido y nos demos el tiempo para el jueves subirla al pleno, como moción suspensiva para ir en orden también.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Dado que estamos en segunda lectura, es procedente la moción suspensiva con un tiempo preciso de aquí al jueves. Adelante, señor Secretario, en los términos moción suspensiva con reagendamiento del tema para el jueves siguiente.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse se difiera la discusión de los dictámenes en cuestión y se reagenden para la próxima sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente, el diferido dictamen es para la próxima sesión.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda aprobado y el jueves procederemos a anotar en la lista del Orden del Día los dos dictámenes correspondientes.

Pasaremos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte que contiene punto de Acuerdo sobre un Programa de Fomento y Estímulo de Cultura Física y Deporte.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte de esta LXI Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un programa de Fomento al Deporte y la Cultura Popular y de Esparcimiento y Recreación Familiar en los Municipios con población menor a cincuenta mil habitantes, presentada por los Senadores Fermín Trujillo Fuentes e Irma Martínez Manríquez del Partido Nueva Alianza.

Esta Comisión con fundamento enlos artículo 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión celebrada el día 14 de Septiembre de 2009, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen laproposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un programa de Fomento al Deporte y la Cultura Popular y de Esparcimiento y Recreación Familiar en los Municipios con población menor a cincuenta mil habitantes.

II.- El 24 de febrero de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura física y Deporte.

III.- El 16 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

IV. Las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del programa Cultura Física, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2008.

V. Las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del programa Deporte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2008.

CONSIDERANDOS

PRIMERA.- Conforme a la exposición de motivos, el objetivo del punto de Acuerdo es exhortar al titular del Ejecutivo Federal a implementar un programa de fomento al deporte y la cultura popular y de esparcimiento y recreación familiar en los municipios con población menor a cincuenta mil habitantes, que proyecte en sus reglas de operación una participación del 70% federal y 30% de los Gobiernos Locales y Comunidad en los municipios Semiurbanos de quince mil a cincuenta mil habitantes, y de un 85-15 en los municipios rurales menores a quince mil habitantes.

SEGUNDA.- Con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte;

TERCERA.- Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones:

I.-Ejecutar las Políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional;

CONCLUSIONES

I.- Esta Comisión Dictaminadora, coincide con los Senadores promoventes en la necesidad de reforzar la formación y educación de nuestros niños y jóvenes, a través de un programa dirigido a fomentar el deporte y que permita mantener los espacios públicos sanos y seguros, principalmente los de aquellos municipios con menos de cincuenta mil habitantes.

Que la buena canalización y aprovechamiento del tiempo libre y el ocio a través del deporte, es una herramienta fundamental para el combate a las adicciones y acciones delictivas.

II.-Las reglas de operación se emiten atendiendo, a que los recursos federales asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte deben ser sujetos a criterios de planeación, racionalidad, selectividad, transparencia, temporalidad, calidad y difusión, y la población beneficiada debe identificarse claramente para garantizar la coordinación de acciones con otras áreas del gobierno federal para evitar duplicidades en el ejercicio de los programas y recursos y en consecuencia reducir gastos administrativos. También se deben incorporar procesos periódicos de seguimiento y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación y de esta manera garantizar la obtención de información y evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación.

Por ello, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, creemos conveniente no establecer un monto en la participación de recursos por parte de la CONADE y los Gobiernos Locales, ya que consideramos que, dada la situación económica del país, que desde luego repercutirá en la asignación de recursos hacia la propia CONADE, es suficiente el exhortar a ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para que tome conciencia de la situación y encamine sus trabajos hacia el diseño e implemento pronto de un programa de Fomento y estímulo de Cultura Física y Deporte, en el que participen los sectores social y privado, dirigido hacia los municipios cuya población sea menor de cincuenta mil habitantes.

III.- Los Dictaminadores nos pronunciamos favorablemente entorno a la propuesta presentada por los promoventes, en el sentido que el modelo de asociacionismo deportivo mas acertivo, debe constituirse a través del asociacionismo deportivo municipal, enmarcados dentro de un proceso de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación.

De esta forma, los gobiernos municipales adquieren nuevas atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos que deben ser administrados con sujeción a estrictas leyes y normas de aplicación y transparencia en beneficio directo a sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que diseñe e implemente un Programa de Fomento y Estímulo de Cultura Física y Deporte en los Municipios cuya Población sea menor a cincuenta mil habitantes.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que solicite a los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, dirijan sus trabajos hacia la implementación de actividades de Fomento y Estímulo de Cultura Física y Deporte en los Municipios cuya Población sea menor a cincuenta mil habitantes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover la participación del sector privado en la implementación de actividades de Fomento y Estímulo de Cultura Física y Deporte en los Municipios cuya Población sea menor a cincuenta mil habitantes.

Salón de sesiones, Senado de la República, a 6 de octubre de 2009”.

El dictamen está publicado en la Gaceta del Senado de este día y así se hace del conocimiento de la Asamblea.

En consecuencia, está a discusión el dictamen presentado. ¿Hay alguna solicitud de intervención de algún Senador o Senadora de la República?

Bien. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos ahora a la discusión de diversos dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LXI Legislatura de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo presentada por el Senador José Luis Máximo García Zalvidea a nombre propio, asimismo del Senador Arturo Herviz Reyes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que contiene punto de Acuerdo relativo al proceso electoral realizado en El Salvador el 15 de marzo de 2009.

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de marzo de 2009, la Mesa Directiva de esta Soberanía recibió la propuesta con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen, de los Senadores José Luis Máximo GarcíaZalvidea y Arturo Herviz Reyes integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDO.- En esta misma fecha, dicha propuesta con punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 15 de marzo de 2009 Mauricio Funes, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganó las elecciones presidenciales de El Salvador con una ventaja de 2.6 puntos porcentuales frente a su contendiente el candidato del Partido Alianza Republicana Nacionalista, partido que gobernó ese país durante 10 años. La jornada electoral se llevó a cabo en completa calma.

El 1° de junio asumirá sus funciones como Presidente Mauricio Funes y, en abono al proceso democrático de El Salvador, el Presidente en funciones Elías Antonio Saca González se ha comprometido a construir una transición ordenada.

El triunfo de Mauricio Funes representa la culminación del proceso de pacificación del El Salvador y la llegada, por vías legales y pacíficas, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional al poder democrático, lo que significa una transición política digna de reconocerse.

El Senador promovente solicita que el Senado de la República felicite al pueblo y al Presidente Electo de El Salvador, Mauricio Funes, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por el resultado y desarrollo ejemplar del ejercicio democrático del pasado 15 de marzo de 2009.

Así también solicita que las y los Senadores saluden esta muestra contundente de la consolidación de la paz y la democracia en esa nación hermana, así como la civilidad y la normalidad democrática con la que los salvadoreños han procesado sus transformaciones políticas en los últimos años.

Estas acciones en ningún momento violentan los principios Constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, plasmados en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que por el contrario significan el reconocimiento del Estado Mexicano al proceso de pacificación y de construcción democrática del país hermano, en la que México fue coadyuvante.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República felicita al pueblo y al Presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por el resultado y el desarrollo ejemplar del ejercicio democrático del pasado 15 de marzo de 2009.

SEGUNDO.- Las y los Senadores de la República, saludamos esta muestra contundente de consolidación de la paz y la democracia en esta nación hermana; así como la civilidad y la normalidad democrática con la que los salvadoreños han procesado sus transformaciones políticas en los últimos años.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, propuesta con punto de Acuerdo presentada por los Senadores María de los Angeles Moreno Uriegas y Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, por el que el Senado de la República expresa sus condolencias a la hermana República Argentina por el sensible fallecimiento del ex presidente Raúl Alfonsín.

Esta Comisión con fundamento en los Artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula el presente dictamen conforme al siguiente orden:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 14 de abril de 2009 los Senadores María de los Angeles Moreno Uriegas y Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, presentaron de manera conjunta al Pleno de la H. Cámara de Senadores de la LX Legislatura la proposición con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen.

SEGUNDO.- En la fecha mencionada, mediante oficio número DGPL-2P3A.-11180, la Mesa Directiva de esta Soberanía turnó la propuesta con punto de Acuerdo a esta Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

En México se recibió la noticia del fallecimiento del ex presidente de la República Argentina Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, acaecido el 31 de marzo de 2009.

En el edificio del Parlamento se le rindieron honores a este destacado líder político del siglo XX, cuya gestión de gobierno fue ejemplo de ética profesional, honestidad y dignidad en el ejercicio de la actividad política.

El avance de la democracia en América Latina se ha nutrido de personajes clave, como Raúl Alfonsín, quien desde su vocación socialdemócrata dejó un gran legado a su Nación.

Es importante resaltar la dimensión, tanto personal como institucional, de quien fuera alto representante de la política en Argentina.

Su juventud estuvo enmarcada por una destacada participación en la Unión Cívica Radical, que indudablemente lo inició en un sendero dialéctico, fortalecido a lo largo de su vida por la firmeza de sus convicciones, honestidad intelectual, honradez y una férrea voluntad por materializar la democracia plena en su país.

No escapó a los avatares dictatoriales que asolaron a Argentina. En 1955, fue encarcelado. Tres años después, en 1958, fue designado Diputado Provincial y, más tarde, en las legislaturas de 1963 y 1973, formó parte del Congreso como Diputado Nacional y vicepresidente de su Grupo.

Como abogado, se dedicó a proteger los derechos de los presos políticos.

En 1975 participó como fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para el esclarecimiento de los desaparecidos, cuando firmó un significativo número de Hábeas Corpus. Su empeño en este difícil entorno político-social lo distinguió por su defensa de los principios que sustentan los legítimos derechos fundamentales, derivados de la vida y la libertad.

El 10 de diciembre de 1983 tomó posesión como Presidente de la República Argentina. Sus acciones de gobierno demostraron una clara preocupación por lograr la supremacía del Poder civil, lo que dio paso al momento histórico del juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cual elaboró el informe “Nunca más”, publicado en un libro, dando cuenta de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen militar.

Ante el impasse de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento al Derecho que en 1983 ordenara el juicio a los comandantes de la dictadura, fue el Presidente Alfonsín quien promovió un proceso civil contra las Juntas Militares, el cual concluyó hasta el 9 de diciembre de 1985, condenando a cadena perpetua a Jorge Videla y Emilio Massera. Ello representó para Argentina una decisiva victoria en materia de Derechos Humanos, aunque ensombrecida más tarde, entre 1986 y 1987, al producirse la sanción de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

Su gobierno, encaminado a lograr y mantener una sólida estabilidad político-social, chocó con la severa situación que presentaba la economía argentina: crisis de la deuda externa, hiperinflación, deficiencias estructurales no resueltas durante la dictadura, huelgas generales y un alto índice de pobreza, entre los más apremiantes factores. Como resultado de este trance, su sexenio se interrumpe y entrega el Poder a Carlos Menem.

Al margen de los errores, estratégicos o no, de su Administración, sumó a ésta logros importantes. En el ámbito internacional destaca el Acuerdo de integración económica regional plasmada en el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, nacido de la relación bilateral Argentina-Brasil, con la Declaración de Iguazú en 1985, y que en 1991 fue fundado oficialmente a través del Tratado de Asunción, suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ratificado en diciembre de 1994 por el Protocolo de Ouro Preto.

Otros países, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, en calidad de países asociados comparten los mismos objetivos estratégicos de integración regional, dentro de un marco democrático y de mayor desarrollo económico hacia un crecimiento sostenido.

Asimismo, es digno de mencionar el plebiscito mediante el cual se consiguió la paz con Chile, gracias a la negociación con Cuba sobre la guerrilla Chilena.

En 1985, el ex presidente Alfonsín realizó una visita de Estado a México; previamente, en 1984 el ex presidente Miguel de la Madrid había efectuado a su vez una visita oficial a la República Argentina.

De gran relevancia fue también la contribución del ex presidente Alfonsín en materia legislativa. Notable fue su intervención en la Reforma Constitucional de 1994, habiendo sido sobresaliente como autor de diversos proyectos de ley con un elevado sentido social. Merced a su gobierno se instrumentaron el Plan Nacional de Alfabetización, que fue premiado por la UNESCO, y el Plan Alimentario Nacional.

No pasa desapercibido para esta Comisión Dictaminadora que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su Comunicado No. 068 del 30 de marzo de 2009, expresó sus condolencias al Gobierno y pueblo de la República Argentina por el fallecimiento del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que a través de nuestra Embajada en la Ciudad de Buenos Aire, Argentina, se transmitan nuestras sinceras condolencias al Congreso de aquella Nación por el lamentable deceso del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, ocurrido el pasado 31 de marzo del presente año.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo presentada por los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Carlos Sotelo García, Alfonso Sánchez Anaya y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la crisis humanitaria y a la violación sistemática de los derechos fundamentales en Honduras.

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85,94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de agosto de 2009, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la propuesta con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen de los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Carlos Sotelo García, Alfonso Sánchez Anaya y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEGUNDO.- En esta misma fecha, dicha propuesta con punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de esta Soberanía, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 28 de junio, el presidente democráticamente electo José Manuel Zelaya Rosales fue separado de su cargo como presidente constitucional de Honduras y con el uso de la fuerza militar de ese paísfue detenido y expulsado de territorio hondureño.

En su lugar fue designado por el Congreso como presidente interino Roberto Micheletti.

No sólo los países latinoamericanos sino también la comunidad internacional han expresado su total rechazo a la ruptura del orden constitucional y democrático que se generó a partir del exilio forzado del presidente José Manuel Zelaya.

México no ha sido ajeno a los padecimientos del pueblo hondureño. En diversas ocasiones, a través de los organismos internacionales de los cuales es miembro, ha pronunciado su enérgica condena al lamentable suceso, rechazando a quienes han usurpado el poder en Honduras y exigiendo el retorno a su cargo del Presidente José Manuel Zelaya, elegido democráticamente, privilegiando la vía de la gestión diplomática.

Ha mantenido un papel activo en los mecanismos regionales como lo son la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río. En este último, México, en su calidad de Secretario Pro Témpore, convocó a una Cumbre Extraordinaria en Managua el pasado 29 de junio, que adoptó la “Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno en favor de la restitución del orden constitucional, el estado de derecho y las autoridades legalmente constituidas en la República de Honduras”. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 8 de julio reitera su llamado a favor del restablecimiento del orden constitucional y del estado de derecho en Honduras y hace votos por el éxito de la gestión mediadora del Presidente Óscar Arias, actual mandatario de Costa Rica.

Así las cosas, los Senadores promoventes solicitan en su primer punto que el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que nuestro país, en su carácter de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, promueva el envío de una misión humanitaria que permita a la comunidad internacional brindar ayuda al pueblo de Honduras ante la escasez de víveres y alimentos; el desplazamiento interno de personas, la persecución, la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la que son víctima los hondureños por parte del gobierno golpista.

No pasa desapercibido para esta Comisión que de acuerdo a los procedimientos internacionales para prestar ayuda humanitaria por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ésta actúa a través Operaciones de Mantenimiento de la Paz que involucra personal militar, pero sin poder de aplicación, para ayudar a mantener o restaurar la paz y seguridad internacionales en zonas de conflicto. Elemento importante es el consentimiento y la cooperación de las partes interesadas, cuestión que hasta el momento no ha existido. Asimismo México, en cumplimiento del principio constitucional de no intervención, se ha mantenido al margen de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz cuando se realizan sin el consentimiento de las partes en controversia.

Esta Comisión no pasa por alto que México ha apoyado estas Operaciones de Mantenimiento de la Paz contribuyendo a su financiamiento, al presupuesto regular de la ONU y en misiones de carácter electoral y de observación. Por ello, esta Comisión considera improcedente el punto referido.

En el punto segundo de la propuesta se señala que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas pertinentes para suspender temporalmente los procedimientos de deportación de los ciudadanos hondureños que se encuentran en nuestro territorio; así como brindar y facilitar a todos aquellos ciudadanos hondureños que han tenido que salir de su país, a consecuencia del golpe de Estado, todas las medidas de protección que en materia de refugio y asilo concede el Estado Mexicano.

Esta Comisión considera improcedente dicho punto en base a que los procedimientos de deportación se aplican a los inmigrantes que no acreditan una estancia legal en el país, por lo que la petición de suspender los procedimientos de deportación avalaría una posible condición migratoria ilegal. En cuanto a las figuras de Asilo Político y Refugio, la ley es muy clara en los procedimientos para otorgar dichas condiciones migratorias a los solicitantes hondureños, saber; a) Refugiado que “… para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extrajera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, lo hayan obligado a huir a otro país…” y b) Asilado Político para “Los extranjeros y extrajeras que lleguen a territorio nacional huyendo de persecuciones políticas, serán admitidos provisionalmente por las oficinas de migración, debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría resuelve cada caso en particular…”.

El punto tercero propuesto por los Senadores señala que esta Soberanía exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que, a través de nuestra representación ante la Organización de Estados Americanos, reitere el absoluto respaldo de México a las gestiones del Secretario General José Miguel Insulza. Al respecto cabe señalar que la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa formó parte de la comisión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que visitó Honduras el pasado agosto en compañía del Secretario General de la Organización y promovió el respaldo del Grupo de Río a las acciones que emprenda la OEA y su Secretario General para aliviar las tensiones y buscar una solución pacífica a esta cuestión. Esta Comisión considera que México ha manifestado en todo momento el respaldo a todas las gestiones diplomáticas que tienen como fin la construcción de mecanismos de solución al conflicto de esa nación hermana, por lo que este Senado respalda las gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La cuarta propuesta de los Senadores promoventes es exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaría de visita en el territorio de la República de Honduras, realizar una investigación exhaustiva sobre la violación grave a los derechos humanos de los hondureños, así como a establecer, de ser el caso, las recomendaciones correspondientes. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanosrealizó del 17 al 21 de agosto una visita a Honduras en la que confirmó, según su informe preliminar, “… la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, asimismo constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención…”, por lo que esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita las recomendaciones correspondientes.

El punto cinco de la propuesta de los Senadores, pide a esta Soberanía exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al Secretario General de la Organización de Estados Americanos a que condicione todo proceso de negociación con el gobierno inconstitucional y usurpador de Honduras, a la inmediata liberación de los presos políticos, el fin del toque de queda y el cese de toda persecución política tanto contra los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta, como contra los medios de comunicación independientes que han sido clausurados o intervenidos.

Esta Comisión considera improcedente este punto propuesto por los Senadores, toda vez que las gestiones diplomáticas realizadas por la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Río y del Mediador Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, a efecto de que las partes en conflicto suscriban el “Acuerdo de San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”, que no han prosperado. Cabe mencionar que dicho acuerdo, que establece condiciones para ambas es un medio para iniciar el proceso de negociación para resolver el conflicto en ese país.

Asimismo cabe destacar el pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en sesión de fecha 15 de julio aprobó los siguientes puntos de Acuerdo:

“Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza enérgicamente el golpe de Estado acontecido el 28 de junio pasado en la República de Honduras y se pronuncia por el pronto reestablecimiento del orden constitucional y democrático en aquél país.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que las tensiones y disputas que existen entre los hondureños se resuelvan por vías institucionales y pacíficas, deseando a la vez, que cesen las represalias en contra de la sociedad civil, y se restablezca la paz y la normalidad democrática lo antes posible.

Tercero.- La Comisión Permanente solicita la difusión del presente pronunciamiento ante los organismos parlamentarios regionales y multilaterales en los que participa el Honorable Congreso de la Unión, especialmente el Parlamento Centroamericano, y el Parlamento Latinoamericano.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita a la brevedad a esta Soberanía un informe detallado acerca de las medidas que ha tomado y tomará el gobierno mexicano para dar cumplimiento a la resolución sobre la situación actual en Honduras (953-1700/09), aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sesión celebrada el 28 de junio de 2009; así como para garantizar la participación de México en la instrumentación de los acuerdos alcanzados durante las reuniones privadas de mandatarios que tuvieron lugar en el marco de los trabajos previos a la 34 reunión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).”

Con lo antes expresado, esta Soberanía no se mantiene al margen de los acontecimientos suscitados en Honduras, reitera la lógica preocupación por el rompimiento del orden democrático, y hace votos por que los hondureños resuelvan sus diferencias por las vías institucionales y pacíficas, rechazando las acciones violentas. Asimismo se considera oportuno que el Senado de la República manifieste su rechazo al gobierno de facto de la República de Honduras, que haya un pronto restablecimiento de la normalidad democrática, el respaldo a las gestiones diplomáticas de la Secretaria de Relaciones Exteriores realizadas como integrante de la Comisión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos y del Grupo de Río, así como el respeto absoluto a inviolabilidad de la Embajada de México en Honduras con respaldo en el derecho internacional, con el fin de garantizar la integridad de los mexicanos residentes en ese país.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace suyo el punto de Acuerdo aprobadopor la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con relación a la crisis política en Honduras.

SEGUNDO.- El Senado de la República respalda el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el que expresa el absoluto rechazo a las autoridades de facto de la República de Honduras y el pronto restablecimiento del orden democrático.

TERCERO.- El Senado de la República expresa su respaldo a la Secretaría de Relaciones Exteriores por las gestiones diplomáticas que realiza como integrante de las Comisiones de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos y del Grupo de Río, en busca de una solución pacífica al conflicto que prevalece en Honduras.

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita las recomendaciones correspondientes, en base a las investigaciones realizadas sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras.

QUINTO.- El Senado de la República respalda el pronunciamiento del gobierno de México para que las autoridades de facto de Honduras respeten la Convención de Viena relativo a la inviolabilidad de la sede diplomática y la oficina consular, así como los privilegios e inmunidades del personal diplomático y consular acreditado, con el fin de garantizar la integridad de los mexicanos residentes en ese país.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.





COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo presentada por los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo al establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia.

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88, 93 y de más relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 26 de agosto de 2009, la Comisión Permanente de esta Soberanía envió la propuesta con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen de los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, integrantesdel grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

El 14 de agosto de 2009 los Gobiernos de Estados Unidos de América y la República de Colombia llegaron a un acuerdo provisional ad referéndum sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa (DCA).

En la hoja informativa emitida posteriormente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América se señala que el Acuerdo busca contribuir a la cooperación efectiva en materia de seguridad en Colombia, incluyendo la producción y tráfico de drogas, el terrorismo, el contrabando de todo tipo y los desastres humanitarios y naturales.

El presidente Alvaro Uribe en su primera intervención durante la Reunión Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, en Bariloche (Argentina) el pasado 28 de agosto, argumentó que el Acuerdo de Seguridad no contempla la renuncia de Colombia a su soberanía y que éste se encuentra regido por los principios de igualdad soberana e integridad territorial. Asimismo, resaltó que en su contenido se establece que no podrá ser utilizado para la intervención en asuntos internos de otros estados. Aclaró que se trata de un acceso sin renuncia a la soberanía del país colombiano.

En su última visita de Estado a la República de Colombia el titular del Ejecutivo Federal se pronunció al respecto en conferencia de prensa conjunta con el Presidente Alvaro Uribe Vélez, reiterando que en apego a los principios de política exterior de México, y con base en la hermandad que une al pueblo colombiano, se respeta la decisión que asuma cualquier país en función de la salvaguarda imprescindible de su soberanía y de la seguridad de los ciudadanos.

Cabe señalar quelos acontecimientos más recientes señalan que el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa, no ha sido firmado por ninguno de los dos países interesados. Dicho documento se encuentra en proceso de revisión por las autoridades competentes de ambos países.

Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera improcedente el primer punto solicitado por los Senadores promoventes, porque estaríamos en presencia de un acto intervencionista de la política exterior de otros países, aunado a que dicho Acuerdo no ha sido suscrito por las partes interesadas.

Esta Comisión Dictaminadora se pronuncia a favor del respeto a los principios rectores de la política exterior mexicana, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El problema de tráfico de drogas y el crimen organizado relacionado a las mismas tienen un carácter internacional, global y transnacional. El crimen organizado ha tomado el control de rutas para el trasiego de drogas principalmente a Estados Unidos y ha buscado construir mercados en el seno de las sociedades de los países de América Latina; también han diversificado su actividad delictiva hacia ilícitos como el robo, control de giros negros, el secuestro y extorsión, mediante la logística del control territorial y la intimidación a la sociedad. Así lo ha señalado el gobierno de México en Foros Internacionales como la Jornada Presidencial de Colombia, Guatemala, México y Panamá contra la Delincuencia Organizada.

Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera importante que el gobierno de México impulse una estrategia en América Latina para combatir estos delitos que ponen en riesgo la seguridad regional.

México, recientemente en la última reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desarme Nuclear y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, hizo un pronunciamiento a favor de la urgente negociación de un Tratado sobre Comercio de Armas, en la cual hizo énfasis sobre el tráfico de armas pequeñas y ligeras.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta el titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que promueva en el marco del Grupo de Río y de la Organización de Estados Americanos, una estrategia continental de combate a la delincuencia organizada y lucha contra el narcotráfico.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

Los dictámenes, señoras y señores Senadores, están publicados en la Gaceta del Senado de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea.

En consecuencia, están a discusión los dictámenes presentados. Consulto si alguno de los señores Senadores o Senadoras desea hacer uso de la palabra.

En virtud de no haber reserva de dictámenes ni oradores anotados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Los que estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






COMUNICACION

Corresponde ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que desecha un punto de Acuerdo que se refiere al pueblo colombiano. Inicialmente se inscribió otro dictamen sobre la participación de México en la Misión de la ONU para la estabilización de Haití, el cual fue retirado a petición de la Comisión.

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LX Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la propuesta con punto de Acuerdo presentada por el Senador Alejandro González Yánez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal promueva el diálogo y la negociación para buscar la pacificación del Pueblo Colombiano.

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 23 de enero de 2008, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de esta Soberanía envió la propuesta con punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen del Senador Alejandro González Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

SEGUNDO.- En la reunión de trabajo de esta Comisión celebrada el 8 de octubre de 2008, se acordó entre los Senadores presentes, se solicitara al Senador promovente la reconsideración sobre el contenido del presente punto de Acuerdo. Sin que hasta la fecha se haya recibido comentario alguno por parte del Senador promovente.

CONSIDERACIONES

En su Artículo Unico el punto de Acuerdo solicita se exhorte al Ejecutivo Federal para que aluda a la solución pacífica de controversias y la lucha por la paz de la seguridad internacional, instruya a los representantes del Estado Mexicano a promover ante todas las instancias internacionales su coadyuvancia para que mediante el diálogo y la negociación los colombianos alcancen la paz. De ser necesario, nuestro país ofrezca su territorio y la logística indispensable.

Los integrantes de esta Comisión consideran que nuestro país tiene como deber enmarcar sus acciones de política exterior hacia cualquier gobierno conforme a los lineamientos establecidos en los principios de nuestra política exterior contenidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente al principio de no intervención, respetando en todo momento la autonomía de los Estados. Este principio cuenta con la validez internacional. Basta recordar el artículo 2 de la Carta de las Naciones, fracción VII, donde se previene que no podrá autorizarse la intervención en asuntos que corresponden esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados.

Así el Estado Mexicano se ha adherido innumerables veces al principio antes mencionado en declaraciones internacionales tales como la Convención de Derechos y Deberes de los Estados en la Séptima Conferencia Panamericana, celebrada en Montevideo en 1933, en cuyo artículo 8 señala que “ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro”.

Es de mencionar que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y esta Comisión Dictaminadora resolvió un punto de Acuerdo promovido por la Senadora Rosario Ybarra de la Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo por el cual solicitó que el Estado Mexicano apoye gestiones por la búsqueda de la paz en el conflicto social y armado en Colombia, en el cual se destacó la grave situación que vive el Pueblo Colombiano por la lucha armada interna y que ha traído graves consecuencias a la población civil. Y que no pasa desapercibido la labor que han realizado Organizaciones Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales para conseguir la paz en Colombia.

Es importante recordar que la cooperación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Colombia para restablecer el orden y darle fin al conflicto armado entre los grupos insurgentes y el Estado Colombiano, no es nueva; basta citar la disposición y el gesto de hermandad que tuvo nuestro país, al permitir que una de las rondas de negociación entrela Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el Estado Colombiano se realizara en territorio nacional en el año de 1993.

Por lo que la Comisiones Unidas que dictaminaron el punto de Acuerdo que se menciona resolvió considerar improcedente la proposición con punto de Acuerdo, promovida por la Senadora Rosario Ybarra de la Garza.

Lo anterior sirve como base para resolver el presente punto de Acuerdo, ya que como se menciona con anterioridad el Estado Mexicano debe en todo momento cumplir el principio de no intervención que establecen su política exterior plasmado en nuestra Carta Magna.

Cabe mencionar que posterior, al punto de Acuerdo del Senador Alejandro González Yáñez, el pasado 2 de Marzo del presente se hizo del conocimiento público la incursión de efectivos militares colombianos en territorio de la República del Ecuador.

Este hecho constituye un incidente sumamente delicado en términos del respeto a la soberanía nacional que se deben entre sí los países de América Latina.

Que a partir de este suceso se ha generado en la región un considerable estado de tensión que afecta la armonía y la convivencia entre naciones hermanas y, México siempre se ha manifestado a favor del irrestricto respeto a la soberanía de los Estados y a la solución pacífica de las controversias.

Por lo que esta Soberanía lamentó la irrupción de efectivos militares de la República de Colombia en territorio de la República de Ecuador e hizo votos para que el grave incidente entre ambos países sea atendido en el marco del respeto a la Soberanía y a las fronteras de ambas naciones. Asimismo aprobó en sesión punto de Acuerdo por el que lamentó el fallecimiento de jóvenes mexicanos en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Ecuador; exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar formalmente al Gobierno Colombiano a apoyar a las familias afectadas y promover en caso procedente la reparación del daño con la firme convicción de que no volverá a ocurrir un evento similar, procurando resolver esta situación de injusticia condenando enérgicamente el ataque militar a civiles desarmados y emitió un enérgico repudio a la violación de los derechos humanos por parte de las FARC, específicamente en cuanto a las personas que permanecen privadas de su libertad, expresando su solidaridad con todas ellas y haciendo un llamado para que sea liberada la señora Ingrid Betancourt Pulecio en virtud de su delicado estado de salud, pronunciamientos que se dieron bajo el respeto a la autonomía de ambos países.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran improcedente la proposición con punto de Acuerdo toda vez que el Estado Mexicano debe cumplir en todo momento el principio de no intervención, respetando en todo momento la soberanía del Gobierno Colombiano, y se permite someter a la consideración de la asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se considera improcedente la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, promueva el diálogo y la negociación para buscar la pacificación del Pueblo Colombiano, presentada por el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

SEGUNDO.- Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva instruir a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios el descargo del presente Asunto del registro de la comisióndictaminadora y darlo por concluido.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República; a 6 de octubre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE”.

En consecuencia, el dictamen que se mantiene está publicado en la Gaceta del Senado de este día y así se hace del conocimiento de la Asamblea. Está a discusión el presente dictamen, si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el presente punto de Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen desechando el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar de ello al promovente.

Señoras Senadoras, señores Senadores, ruego a ustedes un minuto de su atención, por favor.

Este 2 de octubre se cumplen 41 años de los acontecimientos que se sucedieron el 2 de octubre de 1968. Es un tema que sigue cimbrando la conciencia de los mexicanos después de más de cuatro décadas de haberse realizado estos acontecimientos. Por lo tanto, la Mesa Directiva del Senado ha acordado en consulta con los grupos parlamentarios abrir un espacio antes de entrar a iniciativas de los legisladores para el posicionamiento de los grupos parlamentarios en tribuna, hasta por siete minutos sobre este tema. Y en consecuencia, doy la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, hasta por 7 minutos, para referirse a estos acontecimientos en representación de la bancada del PT.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

El 2 de octubre se ha venido olvidando intencionalmente en la memoria oficial. Paulatinamente se le baja perfil al Aniversario de este evento doloroso que fue un parteaguas en la transformación del sistema político mexicano.

No habría habido alternancia en los gobiernos ni apertura a las fuerzas políticas de izquierda que operaban en la clandestinidad por la cerrazón del gobierno y del régimen sin la sangre vertida en Tlatelolco.

Ayer como ahora, los hechos del 2 de octubre de 1968 y el número de víctimas de ese crimen alevoso siguen en la impunidad. Ni menos de 30, ni más de 40 fue el balance frívolo, irresponsable e inhumano que de las víctimas hizo el responsable político de la matanza, Gustavo Díaz Ordaz.

A casi cuatro décadas o más de cuatro décadas de lo que hoy se calificaría y se castigaría sin titubeos como genocidio, se han aplicado más esfuerzos institucionales para olvidar ese episodio que para superarlo. No hay justicia, no ha habido justicia y me temo que la complicidad habrá de continuar en cubrir este crimen genocida.

¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Fue un crimen contra los jóvenes, un crimen que se mantiene impune. Ahora cada año lo celebramos, pero no exigimos que se castigue a los responsables. Hoy parece que la historia se repitiera con un gobierno inexperto y soberbio, pretende utilizar la fuerza pública para acallar las voces de denuncias, preocupado más por mantener sus privilegios que por resolver las demandas sociales de un pueblo que a lo largo de la historia ha sufrido el sometimiento y el atraso.

Basta tomar el ejemplo de tres jóvenes que hace apenas cinco días osaron acercarse a un cerco militar instalado para tranquilizar el pánico presente en Morelia, del señor Calderón, tres jóvenes que fueron repelidos a balazos. En el Senado, en esta Cámara de Senadores no tuvimos la oportunidad de hacer la memoria el 2 de octubre, pues muchos de los compañeros prefirieron asistir a ceremonias fastuosas de tomas de posesión de nuevos alcaldes, delegados y gobernadores.

Esto provocó lamentablemente la suspensión de la sesión habiéndose logrado la duración de una hora en un momento tan crítico y tan difícil para el país. Para mí es una vergüenza que en un momento clave para el país, como el actual, con una crisis económica desastrosa, con un desempleo creciente, acelerado, con una sociedad cada vez más harta de los políticos, se sigan celebrando ceremonias opulentas y fastuosas cuando debiéramos manejarnos con austeridad.

¿Qué decir de la deuda en materia de derechos humanos y educación que se tiene con nuestra juventud? Casi 7 millones de jóvenes que cada año buscan nuevas oportunidades que les son negadas, como el acceso a una educación universitaria. Como consecuencia las cárceles están plagadas de jóvenes de entre 18 y 28 años de edad, que se han visto obligados por falta de oportunidades a unirse al crimen organizado y que representan el 70% de la población de los penales.

Hay 227 mil procesados y reos, incluso sobrepoblados los centros de rehabilitación social en más de 60 mil. Nada nos hace pensar que vaya a reducirse, nada nos hace pensar que no se siga criminalizando la protesta y la lucha social.

Hoy en la calle está el Sindicato Mexicano de Electricistas, frente a la soberbia y a la prepotencia de un Secretario que no escucha, él será el responsable de lo que suceda, junto con su jefe político. No tienen temor, no tienen sensibilidad, no tienen cuidado de lo que están generando, una gran explosión social.

Hay una crisis sistémica que se niegan a reconocer y que se niegan a ver, ustedes serán los responsables de lo que suceda, hay una gran indiferencia, un gran desprecio por las luchas sociales reivindicatorias. Nosotros les pedimos actuar con sensibilidad y responsabilidad social en este aniversario que, repito, no recordamos, sino tardíamente por ir en tropel o en conjunto a ceremonias fastuosas que debieran quedar en el olvido.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Ricardo Monreal. Tiene el uso de la palabra, hasta por 7 minutos, en representación de la bancada del PVEM, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos.

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Gracias, señor Presidente.

En el ’68, año que la memoria no olvida, tiempo de esperanzas y utopía, esplendor del frenesí revolucionario que logró romper con muchos paradigmas, parteaguas que implicó la muerte de las viejas ideas y los viejos sistemas. Epoca en la que se soñaba con que México podía cambiar, con que se podía construir una sociedad en la que todos tuviéramos cabida: el estudiante, el campesino, la ama de casa, el obrero.

Fueron los jóvenes y su rebeldía los que rompieron esas barreras entre lo público y lo privado, fueron ellos bajo su clamor de no queremos olimpiadas, queremos revolución; quienes brindaron una batalla política y cultural férrea por romper con una sociedad autoritaria, por terminar con los gobiernos opresores.

Hoy a más de 40 años, amigos Senadores y Senadoras, debemos reconocer que fueron ellos quienes comenzaron en el largo camino que como sociedad hemos transitado para tener en la actualidad nuevas formas de participación política, el respeto por las diferencias culturales, la búsqueda por igualdad entre los géneros, la búsqueda del nuevo modelo económico, etcétera.

La consigna que año con año inunda las calles y nos recuerda que el 2 de octubre no se olvida, nos da cuenta de una herida que se mantiene abierta, una herida latente, y de un recuerdo que no acalla el olvido, nos dice que el precio de la batalla que libraron miles de jóvenes, que en el ’68 inundaron las plazas y las calles, fue muy alto.

La sangre derramada nos obliga a rendir tributo a estos estudiantes, valientes jóvenes intelectuales e idealistas que sentaron los cimientos del México contemporáneo; fue después de la trágica noche del 2 de octubre del ’68 que el Movimiento Estudiantil generó una actitud más crítica y opositora al régimen por parte de la sociedad civil, su influencia fue significativa para terminar con la indolencia, con la apatía política de muchos sectores de la población; muchos intelectuales destacaron que fue el nacimiento de una sociedad civil, de una prensa, de una clase obrera que día a día lucha por mejores oportunidades de vida y de un mejor país.

Lamentablemente, compañeros, cada año que pasa el fantasma del ’68 se encuentra más adormecido, parece que nadie se involucra, que nadie se interesa en lo ocurrido 40 años atrás, que el 2 de octubre se ataca con indiferencia o se relaciona con actos vandálicos, restándole su verdadera importancia en la construcción del México que hoy gozamos, y que lo cual es lamentable.

El movimiento social del ’68 debe ser visto como una gran revolución cultural, reconozcamos que la mayor parte de los cambios que hemos emanado de ella como es el feminismo, la reivindicación, el individuo contra el Estado, la fractura del autoritarismo dentro del núcleo familiar, el tránsito de la democracia, por mencionar algunos.

Compañeros, han pasado cuatro décadas, y este penoso hecho nos sigue recordando el gran compromiso que tenemos el pueblo y las autoridades para resolver nuestras diferencias sin atentar contra la seguridad, sin atentar contra nuestra libertad y el desarrollo general de nuestro país.

Entendamos que el verdadero legado que nos dejaron los estudiantes, los niños, las amas de casa, los obreros, los intelectuales y todo aquél que fue parte de este movimiento del ’68, y que consiste en el respeto por sus vidas, sus individualidades, sus particularidades, y por la construcción de un país más democrático y justo donde todas las expresiones, todas las voces deben de convergir y pueden convergir.

Exigieron un Estado no represor, un Estado que respete y salvaguarde la paz y la seguridad de todos, un Estado que trabaja por el bien común de nuestra sociedad.

Reflexionemos un momento y pensemos cuántas de esas exigencias lejanas para algunos siguen teniendo vigencia a 40 años de distancia.

Reflexionemos sobre la deuda que tenemos con esa generación de jóvenes, con sus padres, con sus generaciones futuras; emprendamos acciones necesarias para crear un México más democrático, plural e incluyente, un México respetuoso por la diferencia.

Compañeras y compañeros Senadores:

El 2 de octubre no puede ni debe olvidarse, el 2 de octubre debe de ser, debe recordarnos que siempre que nuestro país debe de cambiar, el 2 de octubre es el motor para que en México se respeten las libertades, los derechos, y se den las oportunidades necesarias para una mejor vida, el 2 de octubre es el pretexto ideal para aprender de nuestros errores como gobierno y como sociedad para jamás repetirlos.

El 2 de octubre no se olvida. Recordemos a nuestras instituciones que el Estado tiene que velar sin descanso por la paz pública, y sólo debe emplear el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a los grandes enemigos del país, incluida la delincuencia organizada, pero nunca para reprimir las justas demandas de la sociedad de todos aquellos grupos sociales que permanecen marginados de los beneficios de la civilización, por el predominio de un modelo económico que ha sido incapaz de generar y distribuir la gran riqueza de la nación entre todos sus habitantes.

Es un reconocimiento a esa cultura cívico-política que han adoptado los mexicanos a partir de este movimiento del ’68, dialoguemos con los diferentes grupos sociales que conforman nuestra sociedad para abonar cada día más en la construcción de una sociedad justa e incluyente con lo que soñaban nuestros jóvenes del ’68.

No olvidemos el 2 de octubre, hagamos propicia esta ocasión para rendir un reconocimiento a la generación que hace 40 años defendió sus ideales y libertades anteponiendo el diálogo e incluso anteponiendo su vida.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Menchaca Castellanos. Tiene el uso de la palabra en representación de la bancada del PRD el Senador Pablo Gómez Alvarez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores:

La conmemoración del 41 aniversario de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas obliga a rendir un elemental homenaje a los caídos en esa fecha, y a los caídos durante todo ese movimiento, para lo cual, señor Presidente, pido que la Asamblea considere guardar un minuto de silencio a la memoria de los caídos en esa fecha, y en ese movimiento.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores ponerse de pie para conceder la petición del Senador Gómez Alvarez.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Tiene usted el uso de la palabra, Senador.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Gracias, señor Presidente.

Creo que la cuestión más relevante de la conmemoración del Movimiento del ’68 debe ser el hacer un balance del estado de nuestras libertades, no hay movimiento de la época postrevolucionaria que con mayor precisión se haya pronunciado en favor de las libertades, ¿cómo están nuestras libertades?, ¿en qué situación se encuentra el país?

Para mi generación es probablemente ésto lo más importante, porque han sido también años posteriores de lucha por las libertades.

En México, hoy existen presos políticos y debemos pronunciarnos en contra de la existencia de presos políticos.

El preso político no es un, solamente un preso de conciencia como se supone y se dice para evadir la naturaleza de la prisión política; sino presos como consecuencia de conflictos políticos, no son delincuentes, no son personas que se dedican a delinquir, son personas que han ido a la cárcel como producto de un tratamiento político de fenómenos políticos.

Creo que deben salir en libertad los presos de Atenco, creo que el Senado debe aprobar el proyecto que yo he presentado para amnistiar a los presos del conflicto de Atenco.

Creo que deben salir en libertad los presos de los conflictos de Oaxaca y de otros muchos estados. Creo que debemos pronunciarnos resueltamente por la liberación de todas aquellas personas que están en prisión por haber participado en algún movimiento de carácter político-social.

Debemos pronunciarnos también a favor de la independencia y la libertad sindicales, decir que la autoridad gubernativa no debe intervenir en la vida interna de los sindicatos, sean éstos de cualquier tipo, corporativos o no, que solamente los trabajadores pueden regir la vida interna de sus organizaciones y que el Secretario del Trabajo no puede ser hoy el jefe de una gestapo laboral ridícula, que reconoce o no reconoce los liderazgos de los trabajadores.

Debemos pronunciarnos en contra de las prácticas que violan garantías individuales. Hace apenas unos días el nuevo procurador se estrenó con un acto legal y arbitrario de detener a una persona sin orden, catear su casa sin orden judicial, sólo por ser sospechoso, el juez que recibió la consignación, cuyo nombre hay que inscribir en algún lado, negó la apertura del proceso, porque todo el pliego de consignación era el relato de violaciones de garantías.

Debemos pronunciarnos en contra de que la policía federal detenga personas sin orden de aprehensión o con órdenes de presentación, lo que está prohibido en la Constitución de la República.

Hicimos una negociación con el Ejecutivo y se nos dijo que los casos de urgencia en que el Ministerio Público puede ordenar una detención serían estrictamente de urgencia por la falta de un juez, por la inminencia de una fuga, digamos de un sospechoso, pero no lo hacen así, hay un fraude político, acuerdos políticos con el Congreso y con las legislaturas de los estados que han aprobado este tipo de elementos bajo la idea de fortalecer la capacidad de acción de la autoridad contra la delincuencia.

Debemos resueltamente pronunciarnos por la defensa de las libertades para impedir a tiempo la creación en México de un estado de policía basado en la arbitrariedad y en la prepotencia de la autoridad y en la negación de derechos fundamentales.

Debemos considerar el próximo nombramiento del defensor del pueblo, del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con toda la responsabilidad, no debe ser esa ocasión para reciclar a personas que tomaron el camino de gobierno, puesto que es el gobierno, por lo regular, la contraparte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No es la Comisión un lugar de paracaidismo, no es una embajada, debe ahí haber un Presidente que sea un militante de los derechos humanos, que no haya militado justamente en la contraparte, que haya demostrado la pureza, por lo menos, de su militancia en el lado de la lucha por el respeto de los derechos humanos. Ese debe ser el criterio, debemos proceder a la independencia constitucional, plena, completa del Ministerio Público, que existe en mi opinión, pero que en la opinión de la inmensa mayoría hay confusión, lagunas que no sé si son constitucionales o mentales, pero que así se considera el asunto.

Debemos proceder a limitar el abuso que hace la autoridad, el arraigo, debemos proceder a la lucha en contra de la discriminación contra los jóvenes por vestirse diferente, a la persecución de personas que consumen drogas.

Debemos defender, ante todo, un estado de libertades en contra de un estado de policía, y esa sería la mejor forma de conmemorar con reconocimiento histórico pleno de la generación que hizo el movimiento del ’68, no sólo la matanza de la plaza de las tres culturas, sino ante todo el contenido fundamental hoy plenamente vigente del movimiento de masas por la democracia más importante y trascendente de la historia postrevolucionaria de México.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Pablo Gómez.

Tiene el uso de la palabra, hasta por siete minutos y en representación de la bancada del PRI, el Senador Francisco Arroyo Vieyra.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: Señor Presidente; Honorable Asamblea:

Abrimos el día de hoy un espacio de reflexión y abrimos también los caminos de la historia para memorar, para hacer una respetuosa memoración de los lamentables hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, México, Distrito Federal, una memoración y una recordación no sólo para escudriñar los hechos cuyos detalles se nos revelan aún hoy, después de 41 años, sino también para ver cuáles fueron los motivos de una juventud en aquel entonces en el mundo y México no la excepción, sino también para ver, analizar cuál es la situación de los reclamos de entonces y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

Preguntarnos si el régimen de libertades es hoy mejor que el de entonces, si los sectores productivos pueden y están en condiciones de generar condiciones para el empleo con salario digno, si la justicia social es un anhelo cumplido, si las instituciones del Estado tienen un origen más democrático, si hemos sido capaces como sociedad de ponernos de acuerdo para tener una sociedad mejor.

Si hemos hecho a un lado la mezquindad y el protagonismo personal para entender que la sociedad mexicana nos tiene encomendados una misión que va mucho más allá del papel que podamos jugar en nuestras militancias políticas.

Nosotros en el PRI tenemos muy claro cuál es el horizonte. Sabemos que eventualmente podemos regresar al poder, pero sabemos también que la política, para fortuna de todos, y nosotros hemos contribuido, no es la misma.

Que hemos generado instituciones de transparencia, de fomento democrático, de protección a los derechos humanos, de protección a los contribuyentes, de protección a los usuarios de la banca, de protección a los consumidores; administradoras del Poder Judicial, que hemos generado instituciones, de tal suerte de darle a la sociedad mexicana un sistema político que rompa y vaya más allá del que se generó a partir del modelo clásico y superado que heredamos de la revolución francesa.

Nosotros en el PRI sabemos que de muy poco le serviríamos a la sociedad si no podemos generarle arreglos que le permitan vivir en paz.

Si nos quedamos nosotros en la simple memoración, en el reclamo estéril y en la búsqueda de culpables de ambos lados que generaron tan lamentable incidente o hecho, matanzas que nosotros condenamos, entonces estaríamos mal, porque no podríamos salir del cascarón de la historia y no podríamos ver más allá.

Nosotros entendemos que el ’68 sí fue un parteaguas, y entendemos también que quienes ahí participaron, a lo largo del tiempo tienen hoy encomiendas que el sistema democrático les ha generado.

Nosotros entendemos que si no aprendimos de esa lección de la historia, estamos condenados a repetirla.

Es por ello que el día de hoy, como todos los años, en representación de mi partido, no puedo sino hacer un llamado a la congruencia y madurez para que los actores de la política y los políticos hoy seamos lo suficientemente serenos, maduros, prudentes, aperturistas, audaces y hasta valientes para decir: que los protagonismos personales queden a un lado y que generemos un régimen de libertad que no se vea amenazado por un estado policiaco o que no se vea amenazado por un estado asistencial o que no se vea amenazado por un estado simplemente persecutor de los contribuyentes, pero negado a la participación de la sociedad para generar más empleos y mayor bonanza y mayor redistribución de la riqueza a través de la política fiscal.

Vengo a esta tribuna en representación de mi partido con la idea de que tenemos la encomienda necesaria para ver que la sociedad mexicana tenga estadios mejores; para que la saquemos del marasmo, de la violencia, de más de 5 mil muertos en sólo lo que va del año 2009; para que le demos a los jóvenes egresados de las universidades empleos; para que les demos a los campesinos una esperanza; para que le demos a los trabajadores mejores formas de vida.

Las memoraciones para eso sirven, no para los reclamos inútiles que nos llevan a más odio. Las memoraciones que nos sirvan hoy para ser mejores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Arroyo Vieyra. Tiene el uso de la palabra, hasta por 7 minutos, en representación de la bancada del PAN, el Senador Humberto Aguilar Coronado.

- El C. Senador Humberto Aguilar Coronado: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Todos sabemos que México ha sufrido grandes transformaciones desde aquellos años en que los universitarios de este país levantaron su voz en exigencia de libertad y de democracia, y que recibieron como respuesta de la autoridad gubernamental, el fuego de las armas y el desprecio por su vida.

Hoy, en el año 2009, es inimaginable que una manifestación pública pueda ser disuelta por las armas y que tenga como resultado un saldo de sangre, muertes, frustración y odio. Y la diferencia está, en que en 1968 imperaba la sordera y el silencio en nuestra sociedad.

Nadie, nadie escuchaba y nadie se hacía escuchar como no fuera desde la fuerza del poder, desde la intransigencia y desde el abuso de la autoridad.

Pero a finales de la década de los 60’s, el mundo ya estaba cambiando. Paris y Praga se convirtieron en polos de atracción para esos jóvenes inquietos. Y mientras ellos escuchaban el sonido de los cambios, en México, el poder veía amenazas fascistas y bolcheviques, intentos intervencionistas, boicots contra los Juegos Olímpicos, y el miedo, el miedo llegó y lo hizo reaccionar con la fiereza de una bestia acosada.

Los muertos del ’68 demostraron valor y entereza para levantar la voz en un país donde el silencio y la conformidad eran condiciones de seguridad personal.

Los jóvenes estudiantes que ofrecieron su trabajo, su grito y su vida, sembraron la semilla que habría de prosperar hasta cambiar de fondo el rostro de nuestro país.

Su sacrificio no puede ser lejano, ni en el tiempo, ni en el recuerdo. No importa que hoy los muchachos y las muchachas mexicanas sepan que no están amenazadas por sus ideas, ni por sus convicciones.

La muerte de los jóvenes del ’68 debe perdurar en la memoria colectiva para honrarlos y para que su ejemplo ahuyente peligros y consolide respetos y tolerancia.

El México de hoy, que ha dado el salto a la democracia, aún aspira a construir un estado de derecho integral en donde la garantía de seguridad, paz y prosperidad de todos los mexicanos, sea precisamente principio de vida.

Las amenazas de violencia y de vejación de derechos humanos fundamentales, no están erradicadas todavía, por lo que debemos mantenernos alertas y debemos exigir que nuestras instituciones funcionen en un ambiente de normalidad y de paz.

Acción Nacional reitera en esta hora su compromiso por honrar la memoria de esos hombres y mujeres del ’68. Levanta la voz y exige, como en su tiempo lo hizo nuestro Jefe Nacional Adolfo Christlieb Ibarrola, que la actuación de todas las autoridades se apega al ámbito de su responsabilidad y en estricto cumplimiento a sus deberes legales.

Que en México la libertad de expresión, de conciencia y de asociación, sean realidades inviolables y requisito de legitimidad en nuestras autoridades.

Cuando nosotros imaginamos las escenas dantescas de aquel amanecer del 2 de octubre, no se puede contener un sentimiento de rabia, de indignación, que al final, pese a la desinformación y a los trucos que se manejaban por parte de la autoridad, arraigó en la sociedad mexicana, y si es cierto que una primera reacción invita a devolver violencia a la violencia, no dejo de sorprenderme por el derrotero que tomaron esos acontecimientos.

Tenemos que reconocer que se enfrentaban a un aparato enorme y muy poderoso. Muchos de los que no perdieron la vida fueron encarcelados injustamente y procesados sin derecho y, sin embargo, se continúo en la lucha. Se robustecieron con el dolor y el sufrimiento como maestros, esos ideales y esas causas sembraron la semilla de las pacíficas revoluciones que después ha vivido nuestro país.

En Acción Nacional compartimos esa vocación pacifista, y como en su momento lo hizo Rafael Preciado Hernández, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, hoy invitamos a que cada expresión política, cada fuerza social, cada organización de ciudadanos encauces sus luchas y sus demandas desde la fuerza del derecho y por las rutas de la institucionalidad.

Rechazamos para siempre el autoritarismo, la intolerancia y la antidemocracia.

La dignidad y la solidaridad humana imponen a todos la obligación de buscar los cambios que garanticen el mayor bien común para mujeres y hombres, para jóvenes y adultos, para campesinos, obreros y profesionistas, sin traducir las frustraciones y los resentimientos en tesis de violencia y de odio.

Señoras y señores Senadores, muy pobre servicio le haríamos al país si el 2 de octubre fuera sólo una fecha más que conmemorar en el calendario político.

Si lo que falló entonces fue la política, aprendamos la lección y hagamos política; si lo que se impuso fue la intolerancia, vamos a desterrarla por completo; si la raíz del conflicto fueron las injustas estructuras políticas, económicas y sociales, utilicemos este gran instrumento que es el Poder Legislativo para construir el marco legal que dé cauce a las legítimas demandas de los jóvenes, de los indígenas y de todos aquellos mexicanos que por años han seguido padeciendo.

Los mexicanos están muy pendientes de los trabajos que realizamos en esta Cámara de Senadores. Están atentos a la actuación de todos y cada uno de nosotros, por lo que es nuestra responsabilidad construir un México más justo y más democrático.

Seamos, amigas y amigos Senadores, el ejemplo del buen ejercicio de la política y recordemos ese enorme sacrificio de aquellos muchachos que iniciaron la construcción de lo que hoy es el nuevo México, con una nueva esperanza y con un nuevo sentimiento de contribución para el bien de nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Humberto Aguilar Coronado. Le doy la palabra, hasta por tres minutos, a la Senadora Irma Martínez Manríquez, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente:

Le pido su consideración en el tiempo, procuraré ajustarme.

Compañeras y compañeros Senadores: 1968, es un parteaguas en la historia de nuestro país, porque detonó el despertar de la sociedad civil como actor crítico y democratizante, que ya no volvería a aceptar un papel de pasividad frente al poder del Estado.

A 41 años de distancia, el movimiento estudiantil del ’68 se ha convertido en un símbolo de insurgencia civil, con el cual se identifican una heterogénea diversidad de grupos y sectores sociales.

En este contexto, nos es fácil olvidar que, en su origen, el movimiento surgió de las filas de jóvenes universitarios; lo que desde entonces ha puesto en el centro del debate la problemática del Sistema Educativo Nacional.

Sin duda, una de las consecuencias del movimiento estudiantil del ’68, ha sido la atención de la problemática educativa nacional. Cabe recordar, que el plan de 11 años instrumentado por Jaime Torres Bodet no cumplió con el objetivo de alcanzar la primaria universal.

Pese a que dio paso a la más importante expansión de la educación básica.

Al término de la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, el Sistema Educativo Nacional atendía solamente al 78% de la población en edad de cursar la primaria, y no sería, sino hasta mediados de la década de los 80’s, casi 15 años después, cuando se alcanzaría una cobertura del 98%.

Actualmente, la primaria universal es un logro del Sistema Educativo Nacional, que con el tiempo incorporaría la obligatoriedad de la educación preescolar y la secundaria.

Sin embargo, pese a la expansión y ampliación de la educación básica, nuestro país sigue careciendo de un proyecto educativo bien definido y orientado al desarrollo nacional.

La expansión educativa ha ido aparejada de problemas asociados a la calidad de la educación, los cuales se han manifestado en altas tasas de reprobación y de deserción. Y en un índice de eficiencia terminal, que para fines de los años 70’s difícilmente alcanzaba el 50% y que ahora, es del 93% en primaria y el 80% en secundaria.

Por lo que respecta a la educación superior, es indudable que ésta cambió a partir de 1968, como consecuencia del movimiento las universidades ganaron terrenos en sus mecanismos de comunicación y negociación con los gobiernos, revaloraron la importancia de la autonomía universitaria y se ha buscado interrelacionarse entre sí.

El Estado inició la construcción de numerosas universidades estatales, y desde entonces les brinda subsidios muy superiores a los otorgados por los gobiernos.

Lo anterior contribuyó al incremento de la matrícula y abrió nuevas oportunidades a estudiantes que hasta entonces sólo podrían realizar sus estudios en las educaciones educativas del centro del país.

Otra consecuencia positiva fue el incremento de la matrícula en posgrado, la cual era tan sólo de 5,763 alumnos en 1970, año en que fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de incrementar el número de mexicanos con estudios de posgrado.

Pero los avances en la educación derivados del movimiento del ’68, se ven ensombrecidos por nuevos problemas.

El crecimiento del Sistema Educativo Nacional ha propiciado la depreciación del valor que se daba a los estudios, principalmente los universitarios.

Ha aumentado la exigencia por alcanzar niveles académicos más altos para competir por un empleo, y es entre los egresados de los niveles educativos superiores donde se concentran las tasas más altas de desempleo.

Compañeras y compañeros Senadores: proponer y apoyar todo tipo de soluciones tendientes a resolver los viejos y los nuevos problemas que afectan nuestro Sistema Educativo Nacional en su conjunto, constituye la mejor manera de rendir homenaje a los estudiantes caídos durante los aciagos sucesos del 2 de octubre.

Para ello, es menester otorgar mayores recursos a la educación, principalmente a la educación superior; ampliar el bachillerato y las universidades públicas a un número creciente de jóvenes y promover un conjunto de reformas que permitan elevar la calidad educativa, convirtiendo así a la educación en una poderosa palanca de desarrollo del país.

Debemos atender el problema del desempleo, y buscar alternativas para que los jóvenes encuentren mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional.

¡2 de octubre no se olvida!

No podrá olvidarse jamás, porque fueron muchas las vidas de jóvenes que se perdieron y que pugnaron por un cambio.

Así como no podemos olvidar el 2 de octubre, tampoco debemos olvidar las asignaturas pendientes del México democrático que se ha construido con la sangre de los caídos.

Por su atención, gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias, SenadoraMartínez Manríquez.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Felipe González González, a nombre propio y del Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1° de la Ley de Coordinación Fiscal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA ELPRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 1º DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, a nombre propio y del C. Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

A nombre del Senador Juan Bueno Torio y de su servidor, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1° de la Ley de Coordinación Fiscal.

En primer término, debe reconocerse que las sociedades, en la medida que crecen, se pluralizan y aumentan sus demandas colectivas. En este sentido, el Estado en muchas ocasiones pareciera incapaz de hacer frente a este crecimiento desmedido de la problemática imperante y, por ende, se advierte incapaz de encontrar respuesta a la problemática inherente a los reclamos sociales en materia de satisfacción de necesidades de naturaleza pública.

Aunado a lo anterior, el conocimiento y sensibilidad para definir problemáticas y proponer soluciones de índole local, desafortunadamente han venido presentándose a partir de directrices de naturaleza centralista, en donde la Federación plantea estrategias de solución basándose en el desconocimiento de realidades y problemáticas regionales.

En materia fiscal, lo anteriormente señalado no ha sido la excepción. Partiendo del hecho de que las bases del actual sistema fiscal fueron establecidas desde finales de la década de los 80’s, con la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal, debe reconocerse que en la actualidad dicho esquema participable ha sido francamente superado.

Aún cuando las reformas y adiciones que dicho ordenamiento legal ha sufrido a partir de su expedición y entrada en vigor, han tenido como propósito aumentar el fondo de las transferencias a estados y municipios, fortaleciendo así mismo a favor de esto las diversas funciones de recaudación.

Ha habido, por una parte, importantes inequidades distributivas y, por otra, una concentración en la Federación de la toma de decisiones tanto en las relativas a la recaudación de ingresos como en las relativas al ejercicio del gasto.

De igual forma, reconociendo que el esquema fiscal en vigor se funda en la Ley de Coordinación Fiscal y en los convenios que celebra la Federación con cada uno de los estados libres y soberanos, debe reconocerse que los mismos no han sufrido procesos de revisión a conciencia que permitan agilizar los procedimientos de entero de cantidades, pero sobre todo posibilitar el establecimiento de condiciones más equitativas para las partes signantes, conllevando en múltiples ocasiones a diferencias interpretativas o contradicciones y dudas en materia de aplicación de los Acuerdos de las disposiciones pactadas.

Dichos convenios a los que se alude que comúnmente son denominados de coordinación, se convierten en los instrumentos en donde radican y establece los compromisos a cargo de las entidades federativas para derogar o suspender determinadas cargas tributarias a cambio de la participación en los ingresos que recauda el gobierno federal por concepto de ingresos que deja de recaudar cada Estado, incluyendo aquellos que son similares a impuestos federales.

Por tanto y derivado de lo anterior, queda a favor de la Federación la recaudación de aquellas contribuciones de mayor cuantía o de mayor importancia y trascendencia.

Es precisamente por lo anterior que queda a favor de la Federación la potestad de asignar a los estados y a cada uno de los municipios las cantidades relativas a la recaudación federal participable, estableciéndose en forma adicional aportaciones especiales en los fondos del Ramo 33 del presupuesto federal, los cuales en términos de lo dispuesto en el artículo 25 han sido compilados en siete fondos presupuestales, quedando condicionado su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aportación.

La distribución legal y contable de cada uno de los rubros o fondos que componen dichas aportaciones, está sustentada en la aplicación de determinado coeficiente relativo a la distribución de los mismos. Es aquí en donde surge el verdadero problema.

Actualmente se asignan como aportaciones fondos a favor de los municipios y dentro de estos los mayores porcentajes son destinados a aquellos que son favorecidos por los coeficientes relativos a densidad poblacional en perjuicio de aquellos que en verdad sufren los estragos de la extrema pobreza nacional.

Por otra parte, el sistema vigente inherente en la Ley de Coordinación Fiscal puede resultar injusto para los estados que mayores recursos recaudan para la Federación, los cuales reclaman mayores participaciones en relación a las cantidades que recaudan y los cuales precisamente no son favorecidos en términos de los factores que integran las fórmulas de distribución.

Derivado de lo anterior, desde hace años han existido diversas inquietudes para mejorar nuestro federalismo en materia fiscal. En este sentido y por lo pronto, surge la imperiosa necesidad de establecer con objetividad técnica el hecho de que las aportaciones que la Federación radica a favor de estados y municipios también son tuteladas bajo el amparo del ordenamiento legal denominado Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que se considera apremiante reformar el texto del artículo 1° actualmente vigente con la finalidad de dilucidar en forma indubitable y expresa que también es objeto de la misma la determinación de las condiciones y supuestos por las que la Federación habrá de transferir a las haciendas públicas de estados, Distrito Federal y municipios las aportaciones federales establecidas en dicha ley, así como precisar el destino de las mismas.

Por su atención, muchas gracias.

Y le pediría, señor Presidente, si puede incluir esto en el Diario de Debates íntegramente.

Iniciativa

“C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

LOS SENADORES FELIPE GONZALEZ GONZALEZ Y JUAN BUENO TORIO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LXI LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACION CON EL ARTICULO 55, FRACCION II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEMOS A CONSIDERACION DE ESTA H. ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 1º DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

Exposicion de Motivos

Desde hace años han existido diversas inquietudes para mejorar nuestro federalismo en materia fiscal. Los gobiernos federal, estatales y de los municipios buscan fórmulas para una distribución más eficiente y de mayor equidad de los recursos que integran la Hacienda Pública. La Ley de Coordinación Fiscal entró en vigor en 1978. El entorno económico adverso que padece el país por efecto de nuestra vinculación económica con los Estados Unidos de América, donde se originó la actual crisis financiera internacional, pone de relieve la necesidad de mejorar la distribución de los recursos que se captan principalmente en cumplimiento de las obligaciones tributarias de los mexicanos a efecto de salir lo más pronto posible de esta situación, volver a crecer y recuperar nuestro desarrollo.

Además de la concurrencia impositiva, la Ley de Coordinación Fiscal permite la participación del gasto, a través de la colaboración administrativa resultante del acuerdo que habilita a autoridades estatales y municipales para gestionar contribuciones. En este contexto, es frecuente encontrar cada vez más que en particular los municipios han venido fortaleciendo su capacidad para administrar estos recursos, desarrollando una hacienda seria y profesional, que opera bajo parámetros comúnmente aceptados. También en algunos otros municipios es notorio el atraso en esta materia, lo que impide o dificulta el acceso a recursos frescos para dar satisfacción a las necesidades que requiere el desarrollo. A este propósito ha contribuido el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el cual de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal tiene, entre otras, la función de promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales (fracción VI). El Instituto Nacional para el Federalismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación también apoya a los municipios para que desarrollen sus capacidades administrativas.

De unos años para acá, diversas funciones de las encomendadas por ley a los estados y municipios han adquirido una relevancia preponderante. La seguridad pública es una de dichas funciones. Por ello, en las propuestas del Ejecutivo para conformar el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para apuntalar a las autoridades a efecto de que presten con solvencia estas funciones han sido recurrentes. La Cámara de Diputados ha sido sensible a la situación por la que atraviesan las entidades federativas y los municipios y ha autorizado recursos crecientes para diversas funciones, en especial para la seguridad pública. En este orden de ideas, las transferencias del erario federal a las haciendas locales se realizan por medio de fondos de aportaciones federales, a los cuales la ley de la materia les dedica el Capítulo V. Destaca el artículo 25 que dispone que con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de dicha Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado Capítulo V.

Sin embargo, si observamos con detenimiento el Artículo primero de la Ley, nos percatamos que, al regular el objeto del propio ordenamiento, dicho precepto no contempla las Aportaciones. En efecto, el artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal establece lo siguiente:

ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Las Aportaciones Federales cobran existencia legal a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998 y entrañan una nueva forma de descentralizar el gasto público federal. En principio se establecieron seis fondos contemplados en la ley, entre los que destacan el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y los fondos de aportaciones a los Municipios.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) ha llegado a su límite, en la actualidad nuestro modelo de Federalismo, demanda en el ámbito político, económico y social, satisfacer una necesidad apremiante por integrar coherentemente los elementos que interactúan en el Federalismo Hacendario, estos elementos quedan representados por los ingresos, los egresos, la deuda y el patrimonio del gobierno Federal y los gobiernos locales (estatal y municipal); asimismo esta necesidad se hace más apremiante dado que la última reforma constitucional al artículo 115, colocó con mayor claridad al Municipio dentro del pacto federal. Todo lo cual obliga a buscar un Reingeniería al instrumento legal que hace operativo a nuestro actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este instrumento legal denominado Ley de Coordinación Fiscal (LCF), ha sido superado en su accionar, porque con legítima argumentación, los gobiernos locales, sobre todo los municipales hoy día exigen una participación más activa y un reconocimiento formal en la operatividad de esta Ley Federal Secundaria.

La perspectiva del Federalismo Fiscal, implica la adecuada distribución de atribuciones fiscales entre las partes integrantes de la Federación, de modo tal que la recaudación y la dotación de bienes y servicios públicos que provee el Estado sea lo más eficiente posible. Para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio entre los dos principios en materia recaudatoria: corresponsabilidad y eficiencia, para que conjugados correctamente con un sistema de transferencias federales donde se tenga la capacidad de resarcir (en términos de capacidad de contribución Ramo 28 Participaciones) a cada orden de gobierno subnacional; y en el caso del Federalismo Mexicano donde el principio solidario es parte fundamental para cerrar la brechas de desigualdad regional, donde el sistema de transferencias deberá garantizar que todos los individuos gocen de las mismas oportunidades, independientemente de la entidad o municipio en donde residan, que se tenga la capacidad de compensar (en términos de rezago Ramo 33 Aportaciones).

Las aportaciones federales del Ramo 33 están establecidas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y son recursos transferidos de la Federación a los gobiernos subnacionales, ya sea para financiar competencias previamente descentralizadas como educación básica y salud, o para llevar a cabo obra que se considera los gobiernos estatales y municipales pueden llevar a cabo con mayor eficiencia, que si se realizaran de forma centralizada.

Cabe señalar que el Poder Judicial Federal ha fijado las características de las aportaciones federales, al resolver la controversia constitucional 4/98, la cual por su trascendencia paso a transcribir en la parte medular:

“2. Aportaciones federales.

Estos recursos provienen de la partida federal autorizada para los poderes, dependencias y entidades de la Federación, es decir, se trata de recursos federales, los cuales se destinan para los Estados y Municipios.

Esta partida se crea para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas.

Este apoyo de la Federación a los Estados y Municipios es independiente a los recursos que éstos reciben vía participaciones federales, como se demuestra de la exposición hecha con anterioridad respecto a las participaciones.

Por lo anterior, las autoridades federales mediante convenios de desarrollo social celebrados con los Ejecutivos Locales determinan el monto, forma y tiempo en que deberán ser ejercidos estos recursos, y en caso de incumplimiento pueden suspender las ministraciones respectivas e inclusive solicitar la devolución de los citados recursos.

La distribución de estos recursos se regulaba en el Ramo 00026 del presupuesto de egresos y a partir de mil novecientos noventa y ocho en el Ramo 00033 de dicho presupuesto y en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En efecto, hasta 1998, la Federación entregaba recursos federales a los Municipios, considerados en el Ramo 00026, para la Superación de la Pobreza, a través de convenios que la Federación celebraba con los Estados. A diferencia de las participaciones (comprendidas en el Ramo 00028), estos recursos no se prevén para evitar la doble tributación sobre la misma fuente ante facultades concurrentes de la Federación y los Estados para gravar ciertas materias, sino que, las aportaciones, son recursos originarios de la Federación que ésta envía para materias específicas de interés común con los Estados y Municipios.

En la Ley de Coordinación Fiscal hasta antes de su reforma para 1998 no se establecía un capítulo expreso para regular el Ramo 00026 o las aportaciones federales, sino que es hasta este año en que se institucionalizan estos recursos en la Ley de Coordinación Fiscal, aunque dentro del Ramo 00033. Anteriormente sólo se preveía en el presupuesto de egresos de la Federación y en los convenios que al efecto celebraban las entidades con la Federación y, como consecuencia de dicho presupuesto y convenios, los Estados, como en el caso concreto sucede, legislan en su régimen interior para la aplicación de dichos recursos acorde a lo convenido.

Al respecto, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, establece:

“Art. 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes ...”

De tal disposición se aprecia el reconocimiento expreso de la existencia de las aportaciones federales que se venían dando con anterioridad a la Ley de Coordinación Fiscal de 1998, que ahora se institucionalizan y se regulan expresamente en esta ley, lo que se corrobora también de la exposición de motivos de la misma, que al efecto dice:

“... la iniciativa de reformas y adiciones que someto a la consideración de esa soberanía, tiene por objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas locales e inclusive municipales en dos ámbitos: el presupuestario a través de la institucionalización de la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas; y en el tributario mediante la asignación a los Municipios del 50% de la recaudación que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1998, respecto de las personas ahora ubicadas en la economía informal, que se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes. ... Con esta primera parte de la iniciativa, se propone a esa soberanía institucionalizar el apoyo que la Federación ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los Municipios les corresponden como participación en la recaudación federal. Así pues, en adición y con independencia al referido concepto de recaudación federal participable, se propone dar permanencia a los recursos que la Federación aporta para el mejor desarrollo de las actividades que se han descentralizado a las entidades en los últimos años. Con tal motivo, propongo la adición a la Ley de Coordinación Fiscal de un nuevo capítulo, el V, que se denomine 'De los Fondos de Aportaciones Federales' destinados específicamente a coadyuvar a las siguientes actividades de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios ... La iniciativa que someto a la consideración de esa soberanía, introduce al régimen jurídico de aportaciones federales, las erogaciones destinadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que han venido siendo reguladas por el presupuesto de egresos de la Federación, como parte de los recursos del Ramo 26, 'Superación de la Pobreza'. ... Cabe señalar que estas aportaciones son independientes y adicionales a las participaciones de los Estados y Municipios en la recaudación federal participable, ya que constituyen recursos federales diferentes.

De la lectura del criterio judicial federal anterior es claro que las aportaciones son fondos independientes de los que se destinan a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones federales. En consecuencia, a fin de que el ámbito normativo de la Ley de Coordinación Fiscal resulte completo y comprehensivo de todas sus materias y tópicos regulados, a efecto de que las aportaciones federales queden contempladas en el objeto de la ley propongo la siguiente,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 1º DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL,

ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 1º de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; determinar las condiciones por las que la Federación transferirá a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y Municipios las aportaciones federales establecidas en esta Ley; determinar el destino de las mismas; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Sen. Felipe González González.- Sen. Juan Bueno Torio”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Felipe González. Desde luego se obsequia su solicitud para que se incluya íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DESALUD

(Presentada por la C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Gracias, señor Presidente; amigos Senadores y Senadoras:

En virtud que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del día de hoy, pues, solamente haré algunas referencias a sus aspectos principales, por lo que solicito se inserte el texto íntegramente en el Diario de los Debates.

De conformidad con la información de la Organización de las Naciones Unidas, la mala salud sexual y reproductiva representa aproximadamente el 20% de la carga global, lo cual es alarmante ya que desencadena un alto número de muertes maternas relacionadas, entre otras cosas, al embarazo, a la falta de planificación familiar, al poco o nulo acceso a métodos para regular la fecundidad, así como la falta de acceso a servicios adecuados de atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos.

En el año 2000, la ONU estimó que la mortalidad materna global alcanzaba una defunción cada minuto, de los cuales el 99 por ciento ocurrieron en países subdesarrollados. Como sabemos, la mayoría de estas muertes han sido médicamente prevenibles desde hace décadas, por razón de que los tratamientos y terapias para prevenir dichas muertes se conocen y manejan en el mundo desde 1950.

Pero la muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un sector de las mujeres mexicanas por parte de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales.

Las principales causas de muerte materna son las infeccionesbacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, hipertensión inducida por el embarazo (eclampsia), sepsis, parto obstruido, embolismo del líquido amniótico y complicaciones relacionadas con el aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o SIDA, suicidio y enfermedades cardiovasculares que complican el embarazo o son agravados por el embarazo.

Las cifras alarmantes de mortalidad materna en el mundo llevaron a que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas los Estados Parte se comprometieran a reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Así, el Estado mexicano ha dado pasos para ir resolviendo el problema de la elevada tasa de mortalidad materna, no obstante, pues aún sabemos que existen serios problemas y rezagos, principalmente en las zonas caracterizadas por la pobreza extrema, los indicadores nos hablan de brechas muy grandes entre las ciudades con el mayor índice de desarrollo humano y los poblados con el menor índice de desarrollo.

Bueno, a fin de contribuir a erradicar esta desigualdad, los legisladores del Partido Verde estamos proponiendo una reforma del artículo 61 de la Ley General de Salud para establecer que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio en condiciones oportunas y de calidad bajo el cuidado de personal competente, eso subrayado.

Por otra parte, un factor más que predisponente a una decisión materna asociada al embarazo, pues, son los abortos de alto riesgo, como los que son causados por personas no especializadas o en lugares que carecen de los requisitos mínimos para realizar el procedimiento, lo cual se agrava ante el hecho de que millones de parejas no utilizan anticonceptivos.

Y al respecto, ante esta realidad es urgente que todos los hombres y mujeres cuenten con la información adecuada sobre los métodos para regular la fecundidad, razón por la cual proponemos modificar el artículo 27 de la Ley General de Salud para establecer específicamente que los servicios de salud reproductiva se consideren servicios básicos de salud, y asimismo se propone modificar el nombre del Capítulo VI del Título III del mismo ordenamiento, que se denominará como “Servicios de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

De la misma forma, proponemos adicionar a este artículo 67 de la Ley General de Salud por establecer que el Estado garantizará el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo entre ellos el acceso a la planificación familiar, el control a la fecundidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la atención prenatal y postnatal, los servicios obstétricos de emergencia y el acceso a la información; de igual forma se establece que toda prestación de servicios de salud reproductiva requiere el consentimiento libre e informado de los usuarios.

Compañeras y compañeros Senadores:

El momento del parto debería ser un momento de alegría, más sin embargo anualmente para más de medio millón de mujeres el embarazo y el parto terminan en muerte, y veinte veces más este número sufren lesiones o incapacidad grave, que si no se tratan les pueden causar sufrimientos y humillación durante toda su vida.

Por ello, solicito su apoyo para modificar la Ley General de Salud a fin de coadyuvar que el Estado Mexicano cumpla con la meta que se ha propuesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La mala salud sexual y reproductiva representa aproximadamente el 20% de la carga global de la mala salud de las mujeres, lo cual es alarmante ya que desencadena un alto número de muertes maternas relacionadas, entre otras cosas, al embarazo, ala falta de planificación familiar, al poco o nulo acceso a métodos para regular la fecundidad que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como a la falta de acceso a servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos, sobre en todo en zonas marginales o de pobreza extrema.

La mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante o poco después de un embarazo. En el año 2000, las Naciones Unidas estimaron que la mortalidad materna global era de 529.000 -representando aproximadamente una defunción materna cada minuto- de los cuales menos del 1% ocurrieron en países desarrollados. La mayoría de estas muertes han sido médicamente prevenibles desde hace décadas, por razón de que los tratamientos y terapias para prevenir dichas muertes se conocen y manejan en todo el mundo desde 1950.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales1”. Por lo general se hace una distinción entre “muerte materna directa” que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una “causa de muerte indirecta” que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas al mismo se denominan accidentales, incidentales o no-obstétricas.

La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un sector de las mujeres mexicanas por parte de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales. Asimismo, da cuenta de una serie de relaciones económicas, sociales y culturales que ubican a la mujer en una posición de franca desventaja2. Detrás de cada muerte materna se ocultan también graves problemas socioeconómicos, como elevada mortalidad y morbilidad infantil, deserción escolar, desnutrición, orfandad e ingreso prematuro de los hijos al mercado de trabajo3. Por estas razones, el fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad, una tragedia en gran medida evitable, se utiliza como un indicador de desarrollo.

Las principales causas de muerte materna son las infecciones bacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas (prenatal y puerperal), embarazo ectópico, hipertensión inducida por el embarazo (eclampsia), sepsis (infección), parto obstruido, embolismo del líquido amniótico y complicaciones relacionadas con el aborto4. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o SIDA, suicidio y enfermedades cardiovasculares que complican al embarazo o son agravados por el embarazo.

Otro factor predisponente a una defunción materna asociada al embarazo son los abortos de alto riesgo, como los que son causados por personas no especializadas o en lugares que carecen de los requisitos mínimos para realizar el procedimiento. En Sudamérica ocurren 34 abortos peligrosos por cada 1000 mujeres, mayor aún que los reportados en África oriental (31 por 1000 mujeres), constituyendo la principal razón de muertes maternas, un total mayor a 68.000 por año.

Sobre el mismo tema, el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental establece que en los Estados en transición y en los países en desarrollo más de 120 millones de parejas no utilizaron ningún medio anticonceptivo, aunque no quieran tener hijos o deseen espaciar los partos. Alrededor de 80 millones de mujeres sufren de embarazos involuntarios todos los años. De ellas, unos 45 millones aborta, de estas mujeres que abortan alrededor de 19 millones lo hacen en malas condiciones que son causa de 68 mil fallecimientos, o sea el 13% de todas la muertes relacionadas con el embarazo. Lo que indica que aparte de la mortalidad el aborto en malas condiciones produce niveles elevados de morbilidad.

La comunidad internacional se ha preocupado por el tema en cuestión y ha dictado diversas directrices para combatir la mortalidad materna. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo en 1994, se constituyó en un acontecimiento memorable puesto que los Estados reconocieron que la salud sexual y reproductiva es fundamental para los individuos, las parejas y las familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones.

Dicha Conferencia reconoció en su principio que:

Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberán adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción...”

“...Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”.

Dicho planteamiento se reafirma en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, ya que se reconoce que los derechos a la procreación se basan en decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento en que desean tener hijos y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello...” lo que implica necesariamente el contar con servicios de salud reproductiva y planificación familiar.

Las cifras alarmantes de mortalidad materna en el mundo llevaron a que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas los Estados Parte se comprometieran a reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Así, el Estado mexicano ha dado pasos para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna, no obstante, aún existen serios problemas y rezagos, principalmente en zonas caracterizadas por la extrema pobreza, los indicadores nos hablan de brechas muy grandes entre las ciudades y los poblados con el mayor y el menor índice de desarrollo.

La mortalidad materna continúa siendo un problema importante y de difícil erradicación; sin embargo, durante el siglo pasado se presentaron serios y contundentes avances en su disminución, así la esperanza de vida entre 1900 y 2000, esta cifra se triplicó5.

En cuanto a la mortalidad materna, también se han experimentado favorables cambios; entre 1930 y 1990, la tasa de mortalidad materna (TMM) ha disminuido dramáticamente, de 565 a 54.

Y aunque en números absolutos la cifra pudiera parecer pequeña, se requiere tomar en cuenta que según varios autores6, esta tasa se encuentra subestimada en nuestro país.

La subestimación se debe en gran medida a que tras la muerte de la mujer, no se hace constar en el certificado de defunción la condición de embarazada o puérpera; en consecuencia, el fallecimiento es registrado bajo un rubro que no corresponde a los de muertes maternas; la subestimación en México es realmente importante, se habla de que por cada muerte que se registra como materna queda otra sin registrar.

Esto se debe, generalmente, a deficiencias en el llenado del certificado de defunción, ya sea porque la persona responsable de ello omite la información o bien porque la mujer gravemente enferma y/o sus familiares ignoran u ocultan su condición de gravidez, situación frecuente en el caso del aborto inducido. En efecto, para evitar la condena moral, e incluso los problemas legales, la mujer, sus familiares y el proveedor de salud suelen ocultar el embarazo y las circunstancias que condujeron a la muerte7.

La muerte materna es un problema de salud pública que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. En materia de atención médica es necesario garantizar a las mujeres atención médica oportuna y de calidad para que puedan ejercer la maternidad en las mejores condiciones físicas, razón por la cual se propone modificar el artículo 61 de la Ley General de Salud para establecer que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio en condiciones oportunas y de calidad bajo el cuidado de personal competente.

Es imprescindible que las clínicas y hospitales privados, así como los establecimientos médicos del sector público garanticen la atención médica segura para el paciente. Las áreas técnicas y de investigación, junto con las instituciones académicas, deben contribuir al desarrollo de nuevas metodologías de prevención, diagnóstico y tratamiento para mejorar la atención obstétrica.

Por otra parte, teniendo presente que si las mujeres que no quieren procrear utilizaran métodos anticonceptivos eficaces, cada año se podrían evitar no menos de 100000 defunciones maternas, es necesario regular el acceso a la planificación familiar y al control de la fecundidad, a través de métodos que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, por lo que también se propone reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud, para lograr lo anterior.

Una situación que en México agrava la mortalidad materna es que los servicios de salud materna y neonatal son subutilizados debido a limitantes culturales o físicas; a las percepciones por parte de la comunidad sobre la calidad y la capacidad resolutiva de los servicios; a la falta de conocimiento y comprensión de los problemas que se producen durante el embarazo y que requieren atención sanitaria inmediata y a la influencia en la toma de decisión de las comunidades para tomar las medidas necesarias y oportunas. Así por ejemplo se sabe que las principales razones por la que las mujeres embarazadas, en especial en zonas de áreas rurales, no acuden a los establecimientos de salud para recibir atención materna-infantil, incluyen el costo, temor, el mal trato recibido, el tiempo de espera, vergüenza y distancia al centro asistencial más cercano, lo que las deja en un estado especial de vulnerabilidad y no debiera ser permitido es necesario que hombres y mujeres tengan acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva para que puedan ejercer con plenitud su derecho a la salud, por ello, también proponemos modificar el nombre del Capítulo VI, del Título III de la Ley General de Salud que pasará de ser de planificación familiar a salud reproductiva y planificación familiar.

Es imprescindible que se favorezca la ejecución de de programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos, por lo que se propone establecer en la ley que la promoción del derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción de manera libre, responsable e informada, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia es una de las bases de las políticas y programas de salud reproductiva.

Teniendo presente, tal como señalan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que el momento del parto debería ser un momento de alegría. Sin embargo, anualmente, para más de medio millón de mujeres el embarazo y el parto terminan en la muerte y veinte veces más este número sufren lesiones o incapacidades graves que, si no se tratan, les pueden causar sufrimientos y humillación durante toda la vida, consideramos necesario modificar la Ley General de Salud para establecer como un servicio básico de salud el referente a la salud reproductiva, para de esta forma contribuir en el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos sin riesgo, pues el contar con servicios de salud reproductiva posibilita el que hombres y mujeres ejerciten la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.

Para lo anterior proponemos establecer que el Estado deberá garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo entre ellos el acceso a la planificación familiar, el control de la fecundidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la atención prenatal y postnatal, los servicios obstétricos de emergencia y el acceso a la información, asimismo, se propone establecer que toda prestación de servicios de salud reproductiva requiere el consentimiento libre e informado de los usuarios.

El actuar sin dilación y adoptar medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna es urgente, por ello sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción V del artículo 27, la fracción I del artículo 61, el nombre del Capítulo VI del Título III, se adiciona un párrafo primero, cuarto y quinto al artículo 67, pasando el actual primero a ser el segundo, el segundo el tercero y el cuarto y quinto pasan a ser el sexto y séptimo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I – IV

V. Los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar;

VI X

Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio en condiciones oportunas y de calidad bajo el cuidado de personal competente.

II – V

Capítulo VI

Servicios de Salud Reproductiva y Planificación Familiar

Artículo 67.- El estado garantizará el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo entre ellos el acceso a la planificación familiar, el control de la fecundidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la atención prenatal y postnatal, los servicios obstétricos de emergencia y el acceso a la información.

La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

La promoción del derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción de manera libre, responsable e informada, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia es una de las bases de las políticas y programas de salud reproductiva.

Toda prestación de servicios de salud reproductiva requiere el consentimiento libre e informado de los usuarios.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Menchaca Castellanos. Su iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, a nombre propio y de los Senadores Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León, Mario López Valdez, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Angel Aguirre Rivero, Fernando Jorge Castro Trenti, Carlos Jiménez Macías y Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso VI del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


1 E. Gómez, “La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: viejos problemas y nuevos enfoques”, Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile, abril 1997.

2 M., Castañeda, et al., La mortalidad materna en México. Cuatro visiones críticas, Fundar-UAM Xochimilco, México, 2004, p. 18.

3 A., Langer, “La mortalidad materna en México: la contribución del aborto inducido”, en A. Ortiz (ed.), Razones y pasiones en torno al aborto, Edamex / Population Council, México, 1994, pp.149-153; I. Gutiérrez, “La maternidad segura en su contexto conceptual” en M. del C. Elu y A. Langer (comps.), Maternidad sin riesgos en México, Comité Promotor de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos, México, 1994, p. 9.

4ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, (OPS); “Maternidad Saludable 2000”; en internet: http://www.ops.org/sp/pubs/mat_sal_2000.htm

5CAMPOSORTEGA CRUZ, Sergio; “Cien Años de Mortalidad en México”, en Demos, El Colegio de México; en internet:

6LANGER GLAS, Ana; Op. Cit. y ACOSTA VARGAS, Gladis; Op. Cit.

7ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (OMS); Op. Cit.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO VI DEL ARTICULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, a nombre propio y de los CC. Senadores Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León, Mario López Valdez, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Angel Heladio Aguirre Rivero, Fernando Castro Trenti, Carlos Jiménez Macías y Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz: Con su permiso, señor Presidente.

Los antes expuestos y una servidora ponemos a consideración la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el ejercicio fiscal 2009, la Recaudación Federal Participable se ha visto fuertemente reducida tanto por la caída en los ingresos petroleros, como por la menor recaudación federal proveniente del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, por lo que los estados y municipios están recibiendo ingresos por concepto de participaciones muy inferiores a los originalmente contemplados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por el Congreso, estimándose esta reducción del orden de los 60 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones oficiales de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, la misma Secretaría estima que para el próximo año 2010, habrá un faltante financiero de 300 mil millones de pesos, razón por la cual inevitablemente habrá una reducción de programas y gastos del gobierno federal, incluyendo los Fondos de Aportaciones Federales; estos últimos de capital importancia para el desarrollo económico y social de todos los estados y municipios del país, toda vez que mediante ellos la Federación transfiere recursos públicos a todas las entidades federativas para financiar las necesidades de educación, salud, seguridad pública, infraestructura social, etcétera.

El recorte de partidas federales a gobiernos estatales y municipales ha desatado una creciente crisis de insolvencia en estados y municipios, viéndose orillados a dejar de pagar a empleados y proveedores, suspender o cancelar obras de infraestructura, solicitar e incluso suspender programas de gasto social. Así, ante este panorama, no es de extrañar que los gobiernos de los Estados comiencen a solicitar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas o a solicitar convenios para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en aras de obtener mayor liquidez con recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable.

Sin embargo, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en participaciones, todos los estados, sin excepción, dejaron de percibir por este rubro durante los primeros tres meses de este año un total de 13 mil 819 millones de pesos; tan sólo el Distrito Federal perdió mil 929 millones de pesos y el Estado de México tuvo menos recursos por 2 mil 115 millones de pesos.

En el periodo enero-marzo de 2008, las finanzas locales recibieron 111 mil 735 millones de pesos por participaciones, pero en el mismo periodo de este año se contabilizaron 97 mil 916 millones de pesos. De las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en ocho de ellas se registraron caídas en las aportaciones.

Así, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, vital para los gobiernos locales, no contabiliza entradas de recursos económicos en tres meses. A su vez, el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, principal arteria para la creación de carreteras y obras locales, tampoco tiene en la contabilidad un solo peso. Incluso, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, pilar político para los gobiernos locales, mostró una tendencia negativa de 3%; es decir, todos los gobiernos locales vieron mermados sus ingresos.

De tal suerte que, ante la caída de casi el 30% en los recursos que el gobierno entrega a estados y municipios, se han propuesto diversas medidas tendientes a paliar sus crisis económica, entre las que destacan la bursatilización de los recursos remanentes de en el Fondo de Estabilización de los Estados, garantizado con participaciones federales, la creación de nuevos impuestos locales, así como la suscripción de nuevos convenios con la Federación para acceder a mayores recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable.

Sin embargo, esta última medida, la suscripción de nuevos convenios con la Federación, carece de pragmatismo y resulta sumamente simplista, a la vez que irresponsable, toda vez que, a consecuencia de esta crisis económica mundial, las finanzas del gobierno federal no serían capaces de soportar el endeudamiento y carestía de más de 2 mil municipios del país que enfrentan problemas en sus finanzas.

Además, de cara a esta disminución histórica en las participaciones federales, sólo se podrían beneficiar algunas entidades federativas, con lo cual las prácticas de tratamiento desigual a los Estados se agudizarían aún más.

Señor Presidente, le solicito a usted me conceda unos minutos más para concluir mi exposición.

La Conferencia Nacional de Municipios de México, ha estimado que un 83%, de casi 2 mil 500 de estas entidades en el país, se encuentran en insolvencia.

En definitiva la grave crisis por la atraviesan las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, particularmente los estados y municipios, exigen un replanteamiento de los términos del gasto federalizado que se transfiera a los estados para redefinición de los esquemas de distribución de recursos y competencias.

Por eso y de conformidad con lo anteriormente expuesto, que proponemos la discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción VI del Artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 82, fracción VI. Cuando la Recaudación Federal Participable registre un decremento respecto de su comportamiento en el ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio para el que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos federales asignados a obras o proyectos denominados como “pari passu” en los Estados o Municipios, no estarán condicionados para su ejercicio a la aportación conjunta, concurrente o mancomunada de recursos de los gobiernos locales.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Al momento de la aprobación del presente Decreto, en caso de existir proyectos de este tipo en curso de ejecución, o pendientes de ejecución, ya aprobados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán ejercer los recursos federales sin exigir la aportación de los gobiernos locales.

Para estos efectos, se deberá revisar los alcances y objetivos de los proyectos originales con propósito de redimensionarlos o readecuarlos a la cantidad de recursos federales a invertir.

Es todo, señor Presidente, muchas gracias, y le solicito que sea inscrito en el Diario de los Debates tal cual fue expuesto.

Iniciativa

“Los suscritos, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León, Mario López Valdez, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Angel Heladio Aguirre Rivero, Fernando Castro Trenti y Carlos Jiménez Macías y Heladio Ramírez López,Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso VI del Artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el ejercicio fiscal 2009, la Recaudación Federal Participable se ha visto fuertemente reducida tanto por la caída en los ingresos petroleros, como por la menor recaudación federal proveniente de los impuestos sobre la Renta y del Impuesto al valor Agregado, por lo que los Estados y Municipios están recibiendo ingresos por concepto de participaciones muy inferiores a los originalmente contemplados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por el Congreso, estimándose esta reducción del orden de los $60 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, la misma Secretaría estima que para el próximo año 2010, habrá un faltante financiero de $300 mil millones de pesos, razón por la cual inevitablemente habrá una reducción de programas y gastos del Gobierno Federal, incluyendo los Fondos de Aportaciones Federales; estos últimos de capital importancia para el desarrollo económico y social de todos los Estados y Municipios del país, toda vez que mediante ellos la Federación transfiere recursos públicos a todas las entidades federativas para financiar las necesidades de educación, salud, seguridad pública, infraestructura social, etc.

El recorte de partidas federales a gobiernos estatales y municipales ha desatado una creciente crisis de insolvencia en Estados y Municipios, viéndose orillados a dejar de pagar a empleados y proveedores, suspender o cancelar obras de infraestructura, solicitar e incluso suspender programas de gasto social. Así, ante este panorama, no es de extrañar que los gobiernos de los Estados comiencen a solicitar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), o a solicitar convenios para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en aras de obtener mayor liquidez con recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable.

Sin embargo, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en participaciones, todos los estados, sin excepción, dejaron de percibir por este rubro durante los primeros tres meses de este año un total de 13 mil 819 millones de pesos; tan sólo el Distrito Federal perdió mil 929 millones de pesos y el estado de México tuvo menos recursos por dos mil 115 millones de pesos.

En el periodo enero-marzo de 2008, las finanzas locales recibieron 111 mil 735 millones de pesos por participaciones, pero en el mismo periodo de este año se contabilizaron 97 mil 916 millones de pesos. De las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en ocho de ellas se registraron caídas en las aportaciones.

Así, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), vital para los gobiernos locales, no contabiliza entradas de recursos económicos en tres meses. A su vez, el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), principal arteria para la creación de carreteras y obras locales, tampoco tiene en la contabilidad un solo peso. Incluso, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), pilar político para los gobiernos locales, mostró una tendencia negativa de 3%; es decir, todos los gobiernos locales vieron mermados sus ingresos.

De tal suerte que, ante la caída de casi el 30% en los recursos que el gobierno entrega a estados y municipios, se han propuesto diversas medidas tendientes a paliar sus crisis económica, entre las que destacan la bursatilización de los recursos remanentes de en el Fondo de Estabilización de los Estados, garantizado con participaciones federales, la creación de nuevos impuestos locales, así como la suscripción de nuevos convenios con la federación para acceder a más recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable.

Sin embargo, esta última medida, la suscripción de nuevos convenios con la federación, carece de pragmatismo y resulta sumamente simplista, a la vez que irresponsable, toda vez que, a consecuencia de esta crisis económica mundial, las finanzas del gobierno federal no serían capaces de soportar el endeudamiento y carestía de más de 2,000 municipios del país que enfrentan problemas en sus finanzas.

Además, de cara a esta disminución histórica en las participaciones federales, sólo se podrían beneficiar algunas entidades federativas, con los cual las prácticas de tratamiento desigual a los Estados se agudizarían aún más.

La Conferencia Nacional de Municipios de México, ha estimado que un 83%, de las casi 2,500 de estas entidades en el país, se encuentran en insolvencia. Con carencias para resolver sus deudas de corto plazo, pago a proveedores, pago de programas de apoyo y dificultad para solventar los gastos operativos.

En definitiva la grave crisis por la que atraviesan las finanzas públicas de los tres órdenes de Gobierno, particularmente los estados y municipios, exige un replanteamiento de los términos del gasto federalizado que se transfiere a los Estados para la redefinición de los esquemas de distribución de recursos y competencias.

Por lo anterior, y ante la grave carestía de recursos por la que atraviesan las Entidades Federativas y los Municipios, presentamos antes esta soberanía y de manera urgente, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de establecer el replanteamiento de los convenios de asignación de recursos federales, en particular los denominados “pari passu”, los cuales exigen a los gobiernos locales la aportación de recursos mancomunados a los recursos federales para la ejecución de obra pública, ya que al no contar con recursos los gobiernos locales, se perderían los recursos federales ya comprometidos.

Es así y de conformidad con lo anteriormente expuesto, que proponemos la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción VI del Artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 82 (…)

I – V (…)

VI. Cuando la Recaudación Federal Participable registre un decremento respecto de su comportamiento en el ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio para el que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos federales asignados a obras o proyectos denominados como “pari passu” en los Estados o Municipios, no estarán condicionados para su ejercicio a la aportación conjunta, concurrente o mancomunada de recursos de los gobiernos locales.

VII (…)

(…)

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Al momento de la aprobación del presente Decreto, en caso de existir proyectos de este tipo en curso de ejecución, o pendientes de ejecución, ya aprobados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán ejercer los recursos federales sin exigir la aportación de los gobiernos locales.

Para estos efectos, se deberán revisar los alcances y objetivos de los proyectos originales con propósito de redimensionarlos o readecuarlos a la cantidad de recursos federales a invertir.

Salón de sesiones del Senado de la República, 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez.- Sen. Mario López Valdez.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Cleominio Zoreda Novelo.- Sen. Angel Heladio Aguirre Rivero.- Sen. Heladio Ramírez López.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Carlos Jiménez Macías”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Fonz Sáenz, si acepta que lo suscriban los Senadores Arroyo Vieyra, Labastida Ochoa, Melquiades Morales, Fernando Baeza, Garibay García, que tome nota la Secretaría por favor.

- La C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz: Es una iniciativa, la verdad que responde ahorita a la crisis de nuestros estados y municipios. Muchísimas gracias, señores Senadores; muy amable, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Desde luego se incluirá en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Se concede el uso de la palabra al Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 134 constitucional.





INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Señor Presidente, compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Podemos estar de acuerdo que nuestra Constitución de 1917 establece un importante apartado de derechos sociales y de garantías que le dan particularmente a nuestra Carta Magna un significativo papel de responsabilidad del Estado Mexicano en tutelar los derechos de carácter social.

En el estado corporativo que se conformó en nuestro país se condicionaban los avances sociales a la disciplina política de los sectores organizados constituyendo verdaderas clientelas en torno al régimen político, y actualmente en el marco del modelo neoliberal las políticas focalizadas en el ámbito social al ser selectivas, corren el riesgo de formar clientelas, de condicionar apoyos o de ejercer control político mediante éstas, que ahora puede hacerse mediante esta política focalizada de manera directa y sin intermediarios.

Sea por la vía del corporativismo o por la de las políticas selectivas, sigue latente en nuestro país la posibilidad de manipulación en las políticas y programas públicos, lo que distorsiona su objetivo social.

Es legítimo que se tengan proyectos y políticas sociales distintas, siempre y cuando estén los recursos, siempre y cuando esos recursos no sean utilizados para sacar ventaja, inducir o coaccionar a la población como sucede con diversos servidores públicos de distintos partidos políticos.

La manipulación o el uso clientelar de las políticas o programas de carácter social desvirtúan a la naturaleza pública de éstos, son un obstáculo para avanzar en la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, sobre todo, inhiben la construcción de una democracia de ciudadanas y ciudadanos sustentada en el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de todos y todas. Por ello, nos parece indispensable que los servidores públicos que apliquen los programas sociales en los tres órdenes de gobierno tengan como distinción, además de un perfil profesional necesario, tengan también la responsabilidad de la aplicación de esos recursos públicos sin que tengan la sospecha de que se utilizan para fines partidistas, de acuerdo con el gobierno que se trate.

Se trata, compañeras y compañeros, de dar un paso más en esta difícil y a veces tortuosa transición a un nuevo régimen político; quienes llegaron planteando un cambio político con una doctrina fundada en el liberalismo político, han repetido lamentablemente las prácticas del viejo régimen corporativo.

Hemos discutido en la Comisión de Desarrollo Social la necesidad de discutir las políticas focalizadas por derechos universales, y por ello ahora en la reforma que proponemos al artículo 134 de la Constitución, estamos planteando que además de lo que se plantea y señala en las propuestas que presentaremos de dictamen a ustedes en cuanto a la Ley de Desarrollo Social, que vayamos también a que se legisle localmente en el ámbito estatal y municipal y tengamos funcionarias y funcionarios que en el gasto social mantengan una política de estado y no una política de corte partidista, nadie tiene derecho para, combatir la pobreza en este país, a condicionarla políticamente a favor del partido que corresponda al gobierno que esté ejerciendo esos fondos.

Por ello, esta propuesta debe ser respaldada, en mi opinión, por todos los partidos políticos para dar un paso en la construcción de ese nuevo régimen político que queremos democrático y que rinda cuentas con transparencia en sus actos.

Es cuanto, señor Presidente, y solicito se publique íntegramente la propuesta que he hecho, la iniciativa de reforma que he hecho.

Muchas gracias.

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Senador por el estado de Morelos e integrante del grupo parlamentario del PRD a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado mexicano tiene una profunda vocación social, lo cual es una definición política fundamental plasmada en la Constitución de 1917.

La incorporación y posterior expansión de los derechos sociales en el máximo ordenamiento jurídico del país, refleja no solo una aspiración, sino la voluntad de acceder a una sociedad más justa e igualitaria.

Los derechos del trabajador frente al capital, el salario digno, la distribución y el reparto de tierras, el combate al latifundio, la educación pública y gratuita, el derecho a la salud y la seguridad social, la vivienda, etc., son algunos de los importantes elementos incluidos en el catálogo de garantías sociales, por prescripción o mandato de nuestro máximo Código Político.

Como complemento de lo anterior, la Constitución determina que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, y que este debe contribuir, mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo, de una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, al ejercicio pleno de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales.

Por la vocación social del Estado, debe asumirse que la desigualdad, la pobreza y la marginación, no pueden ni deben considerarse una realidad o un destino inevitable de la sociedad mexicana. Asimismo, un objetivo nacional prioritario es el cumplimiento de las garantías sociales, de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población.

Para avanzar en este sentido, se han creado instituciones, se han diseñado políticas y programas, se ha puesta en marcha, con menor o mayor énfasis, una acción social por parte del Estado.

Históricamente las políticas sociales se han visto influenciadas por la estrategia de desarrollo, y por los requerimientos de legitimación y de control del régimen político.

En el caso del Estado interventor, por ejemplo, se vinculó la política social con la estrategia de industrialización. Se crearon importantes instituciones, la seguridad social incluyó un conjunto de garantías sociales, se buscó la universalidad, si no total, cuando menos para todos los que accedieran al trabajo formal. No obstante, se ejerció un importante control corporativo que condicionaba los avances en prestaciones sociales a la disciplina política de los sectores organizados, constituyendo verdaderas clientelas políticas agrupadas en torno al régimen.

Con la llegada del modelo neoliberal se acrecienta la presencia del sector privado en la satisfacción de servicios y prestaciones sociales, la acción social se enfoca más a los grupos en pobreza y marginación. Las últimas décadas del siglo XX son para México tiempos de apertura y una nueva racionalidad en lo económico, de transformación en el ámbito democrático y una nueva generación de políticas sociales, basadas en la focalización.

En este último campo, se observa la creación de nuevas formas de intromisión de la lógica política. Las políticas focalizadas, al ser selectivas, también corren el riesgo de formar clientelas, de condicionar apoyos o de ejercer control político, que ahora puede ser directo y sin intermediarios.

A pesar de los avances para garantizar la libertad del sufragio y la participación política, sea por la vía del corporativismo, o de las políticas selectivas, siguelatente la posibilidad de manipulación en las políticas y en los programas públicos, lo que distorsiona su objetivo social.

Por otro lado, existe una disputa constante entre los partidos que ostentan el poder en distintos ámbitos de gobierno. Es legítimo que tengan visiones, proyectos y políticas sociales distintas, siempre y cuando éstas políticas no sean utilizadas para sacar ventaja, inducir o coaccionar a la población.

La manipulación o el uso clientelar de políticas o programas de carácter social, desvirtúan la naturaleza de la función pública. Además, son un obstáculo para avanzar en la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, pero sobre todo, impiden construir una democracia de ciudadanas y ciudadanos, sustentada en el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de todas y de todos.

En los últimos años se han establecido diversas medidas, algunas en materia de transparencia y otras en el contexto del llamado blindaje electoral.

Las Secretarías de Estado publican en internet sus políticas, los recursos públicos ejercidos, los programas, las reglas de operación y en ocasiones las listas o los padrones de beneficiarios, lo cual sucede en el ámbito federal y en distintas entidades federativas.

Es común el establecimiento de campañas de denuncia o la instalación de mesas de recepción de éstas por el uso indebido de los programas sociales.

Por lo que hace a los servidores públicos en cada proceso electoral se envían circulares administrativas, se distribuye material informativo sobre conductas ilegales, se realizan cursos de capacitación, se prohíbe el uso de oficinas, vehículos o recursos oficiales en campañas, se prohíbe su presencia en actos políticos en días y horas laborables.

Estas medidas, a pesar de ser loables, son notoriamente insuficientes, dado que no constituyen soluciones de fondo, ni están pensadas en el largo plazo.

Como se ha explicado, la cuestión social debe ser prioritaria, en tanto ocupa un lugar esencial en la Constitución. La existencia de los derechos sociales define al nuestro como un Estado social y democrático de derecho.

La solución de fondo, para avanzar no sólo en el combate efectivo de la pobreza, la marginación y la desigualdad, sino en la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, debe ser la edificación de una política social de Estado, que trascienda la inercia constante de las coyunturas políticas y los vaivenes del modelo económico.

Una Política Social de Estado, debe poner en el centro la formación de una cultura de ciudadanas y ciudadanos, con plenos derechos políticos, económicos y sociales, pero nunca deben sacrificarse unos a cambio de los otros.

Existe pues la necesidad de romper la inercia de subordinación o manipulación tan arraigada en el país. Deben erradicarse todas las formas de utilización político-clientelar de las políticas y de los programas sociales en México.

Los objetivos políticos de cualquier gobierno, persona o partido político no deben subordinar el avance social.

Es necesario que los servidores públicos responsables de las políticas sociales en los distintos ámbitos de gobierno, no tengan la camiseta de los partidos sino que vean por las necesidades del pueblo, por los derechos de las y los mexicanos.

Por ello se propone incluir en nuestro máximo ordenamiento jurídico esta decisión, que se inscribe en el contexto de la vocación social del Estado mexicano.

Por virtud de la reforma que se propone, los servidores públicos, sean del ámbito federal, estatal, o municipal, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicas destinados a cualquiera de las políticas sociales que tienen sustento en los derechos sociales y en la Constitución, o cualquiera de los programas públicos en la materia, deberán cumplir un perfil que garantice su imparcialidad.

Además, se propone establecer que dichos servidores públicos serán responsables, en los términos que establezcan las leyes respectivas, de las acciones que lleven a cabo en beneficio propio, o de algún partido político o candidato. Este mandato obligará a los Congresos de las entidades federativas y al Congreso de la Unión, a realizar las reformas conducentes en la legislación secundaria.

Se propone así incluir un nuevo párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, recorriéndose los dos párrafos subsecuentes, redactada en los siguientes términos:

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad y serán responsables, en los términos que señale la ley, por cualquier tipo de hecho que tenga por objeto beneficiarse o beneficiar alguna persona, candidato o partido político.

Esta adición vendría a complementar otras disposiciones que van en el mismo sentido, y que son parte del texto vigente del citado precepto, como son las siguientes:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Así pues, la decisión de garantizar la existencia de servidores públicos comprometidos con el avance social del país, en los distintos ámbitos de gobierno, consideramos que es una medida indispensable de la reforma social, en el momento actual, y una decisión fundamental para contar con una Política Social de Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se adiciona un nuevo párrafo octavo recorriéndose los subsecuentes del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 134…

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la aplicación de recursos públicos destinados a políticas o programas sociales, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad y serán responsables, en los términos que señale la ley, por cualquier tipo de hecho que tenga por objeto beneficiarse o beneficiar alguna persona, candidato o partido político.

TRANSITORIO

UNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Graco Ramírez Garrido Abreu”.

- El C. Presidente Arturo Núñez: Gracias a usted, Senador Ramírez Garrido, y en obsequio se incluye completa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTICULO 390 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL Y UN ARTICULO 284 BIS AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Tomas Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un articulo 390 Bis al Codigo Penal Federal y un articulo 284 Bis al Codigo Federal de Procedimientos Penales, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 1° de junio de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma establece una nueva garantía constitucional: la protección de los datos personales de cualquier persona, y su derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los mismos, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Lo anterior constituye un avance importante en la construcción de un sistema jurídico capaz de garantizar la protección de datos personales en posesión de entes públicos y en posesión de particulares.

Además, dicha reforma a nuestra Carta Magna contribuye a fortalecer el derecho a la privacidad, que en las últimas décadas ha enfrentado los retos de las nuevas tecnologías informáticas, la cuales son capaces de recolectar, almacenar, clasificar y ofertar datos personales de forma automática, impersonal y sin restricciones geográficas.

Sin embargo, la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es suficiente para responder al propósito de proteger los datos personales. Consideramos que es necesario impulsar diversas reformas a nuestro marco legal para materializar las disposiciones constitucionales.

Es necesario, por ejemplo, establecer sanciones para aquellas personas, físicas o morales, que hagan un uso indebido o doloso de ese tipo de datos.

Lo cierto es que en México cada vez son más frecuentes los casos de personas que reciben llamadas telefónicas o mensajes de empresas o de particulares que, valiéndose de bases de datos personales, los intimidan, amenazan o extorsionan con el propósito de hacerlas cumplir con obligaciones de pago u otras obligaciones contraídas.

Nadie está a salvo de este tipo de prácticas aberrantes que son una verdadera invasión a la privacidad y a la tranquilidad a la que todos tenemos derecho. Es importante señalar que la semana pasada, un periodista y conductor de un conocido noticiero dijo ser víctima de acoso telefónico por parte de personas que lo amenazan para que realice un pago, supuestamente pendiente. La realidad es que ninguna persona debe pasar por esto.

A través de la presente iniciativa proponemos adicionar un artículo 390 BIS al Código Penal Federal, a fin de crear un tipo penal específico que sancione e inhiba las conductas arriba descritas.

De esta forma, al que haciendo uso de datos personales y utilizando medios electrónicos, intimide o amenace a otro para hacerlo cumplir alguna obligación contraída, sin que expresamente se haya convenido y formalizado la autorización para que se usen esos datos y se recurra a esos medios, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y de de 180 a 360 días multa.

Además, proponemos establecer en el mismo artículo del Código que si la persona física labora para una persona moral, el Ministerio Público ordenará el aseguramiento de los instrumentos utilizados para cometer el delito y el Juez podrá decretar la suspensión o disolución de la persona moral.

Por otra parte, proponemos adicionar un artículo 284 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de señalar que en el caso de este nuevo tipo penal, la grabación de las llamadas o mensajes realizada por la víctima mediante cualquier equipo surtirá prueba plena.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 390 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 390 Bis.- Al que haciendo uso de datos personales y utilizando el servicio telefónico u otros medios electrónicos, intimide o amenace a otro para hacerlo cumplir alguna obligación contraída, sin que expresamente se haya convenido y formalizado la autorización para que se usen esos datos y se recurra a esos medios, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y de de 180 a 360 días multa.

Si la persona física labora para una persona moral, el Ministerio Público ordenará el aseguramiento de los instrumentos utilizados para cometer el delito y el Juez podrá decretar la suspensión o disolución de la persona moral.

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 284 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 284 Bis.- Tratándose del delito previsto y sancionado por el artículo 390 Bis del Código Penal Federal,la grabación de las llamadas o mensajes realizada por la víctima mediante cualquier equipo surtirá prueba plena.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Se concede la palabra al Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 89 constitucional.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República, la defensa y protección del medio ambiente es una prioridad.

En un mundo global como en el que vivimos actualmente, el medio ambiente representa un asunto común para todas las naciones, amenazas como el cambio climático, nos hacen recordar que a pesar de las diferencias, los países debemos de unir esfuerzos frente a este enemigo que a todos nos desafía.

Por eso es muy importante que México fortalezca su calidad de nación activista en temas ambientalistas, y para ello, necesitamos darle herramientas a nuestra política exterior.

Actualmente nuestro país ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional por la propuesta de conformar el fondo verde, misma que ha impulsado activamente el Ejecutivo Federal en foros mundiales, y que tiene como principio establecer que todas las naciones son corresponsales en la lucha ambiental.

Este eje rector de la política exterior está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros lo respaldamos porque representa una postura de vanguardia que da solidez y liderazgo a México en materia ambiental a nivel internacional.

Pero también observamos que dicho activismo debe trascender los periodos de gobierno, y afianzarse como una firme política de estado, porque el desafío del cambio climático rebasa sexenios, fronteras y colores partidistas.

Las mexicanas y los mexicanos debemos cimentar el principio de la lucha ambiental como un pilar de nuestra política exterior, porque el medio ambiente es la plataforma que las nuevas generaciones vemos para reposicionar a México en la comunidad global.

Para las nuevas generaciones, no hay otro asunto que nos unifique más a los mexicanos y a los países que el destino ambiental que a todos nos es común. Por eso nuestra política exterior debe incluir como parte de su activismo internacional, cuando los constituyentes del ’17 fijaron los siete principios de la política exterior, pensaron en el México del futuro, en el México del futuro que se podía ver desde el siglo XX.

Hoy encaramos el siglo XXI con nuevos desafíos, con nuevos retos y con nuevas amenazas; hoy atravesamos crisis económicas, crimen organizado, pandemias y el cambio climático, que por ser amenazas globales que afectan a todos, demandan respuestas igualmente globales. Por eso les estamos proponiendo analizar y discutir la inclusión de un octavo principio a nuestra política exterior, para que el Estado mexicano sea un estado activista en la protección del medio ambiente a nivel global.

Es necesario que abramos el debate para incluirlo en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, permitiendo a nuestro país enriquecer su política exterior con nuevos contenidos, con una nueva causa para darle mayor vigor a México y con nuevas ideas para entrarle de lleno a los temas que hoy se discuten a nivel global.

Si en antaño nuestro país ganó prestigio por sus principios de política exterior, hoy debemos honrar ese legado que nos dejaron las pasadas generaciones haciendo un esfuerzo conjunto para renovarlos y darles el rumbo que el siglo XXI demanda, que sea el medio ambiente el puente para unir a los mexicanos por encima de colores partidistas, y que sea la lucha ambiental una plataforma para que México renueve su liderazgo como nación activista del desarrollo sustentable en el plano internacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de las Senadoras y los Senadores de la República el siguiente proyecto de Decreto por el que les proponemos reformar el artículo 89 constitucional con el fin de renovar nuestra política exterior y darle un nuevo impulso de cara al siglo XXI.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los tratados internacionales ambientales han adquirido una creciente importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, por parte de la opinión pública, de que muchos problemas ambientales pueden traspasar las fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. Los tratados y convenciones entre distintos países son hoy la principal fuente de leyes ambientales internacionales.

En efecto, desde comienzos del siglo XX vienen firmándose tratados sobre lo que hoy llamaríamos temas medio ambientales. Éstos aumentaron en número y alcance a partir de la II Guerra Mundial. Entre los ejemplos más importantes se encuentran la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares (1954), la Convención de París sobre la Responsabilidad de Terceras Partes en el Campo de la Energía Nuclear (1960) y la Convención Ramsar sobre Humedales de importancia Internacional (1971).

La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, convocada por las Naciones Unidas y celebrada en 1972, aumentó la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente. Se intensificó la actividad internacional, lo que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A la vez, la Unión Europea puso en marcha un programa de iniciativas medioambientalistas.

Los principales tratados sobre el medio ambiente firmados desde la Conferencia de Estocolmo, incluyen la Convención sobre el Comercio Internacional en Especies amenazadas de Fauna y Flora (1973), la Convención para la Prevención de la Contaminación del Mar desde estaciones situadas en tierra (1974), la Convención sobre la Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia (1979), la Convención para la Protección del Nivel de Ozono (1985) y la Convención para el Control de los Desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su eliminación (1989).

En 1992, las Naciones Unidas convocaron a una Conferencia Global sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Cumbre sobre la Tierra, la cual se celebró en Río de Janeiro. En ella se aprobaron dos importantes Convenciones Internacionales, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica.

A pesar de los avances en las políticas generales y en las legislaciones de los países miembros de la comunidad internacional, encaminados a hacer frente a la degradación del ambiente planetario, que han tenido lugar en los últimos 30 años, a partir de la Cumbre de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la situación real de la problemática es hoy mucho más grave y preocupante que entonces.

En efecto, la degradación de los elementos que conforman nuestro entorno, como lo son el suelo, el aire, el agua, los bosques y selvas, la fauna y la flora silvestres es altamente preocupante; y ésta es efecto, sin duda, de las prácticas productivas y comerciales depredadoras de nuestra civilización, mismas que han provocado traslimitar el equilibrio ambiental, quizá ya irreversibles, por estas acciones que ponen en peligro la subsistencia de la humanidad y las demás especies que coexisten con ella en el planeta tierra.

Los distintos tratados signados por nuestro país, la mayoría de ellos comerciales, no buscan coordinar los esfuerzos de una globalización inminente, para beneficio real del medio ambiente; y realizar con ello, que los países del orbe incluido México, participen más claramente a favor de los ecosistemas y sus especies.

Ante esta compleja realidad ambienta, el Derecho como instrumento normativo de la sociedad internacional, juega un papel muy importante para la corrección y prevención de los fenómenos que han puesto a la humanidad en situación tan crítica. Por ello, las normas jurídicas de cada país, que tienen como finalidad la protección de su entorno, también deben constituir instrumentos efectivos que garanticen en la comunidad de Naciones, la defensa y desarrollo pleno de este derecho humano.

Entre los que debemos ubicar, es el de alcanzar un modelo de desarrollo mundial que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales de la población, de una manera equitativa y responsable, sin comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de las generaciones futuras.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, propone que en los Tratados Internacionales que celebre nuestro país, se observe el principio normativo de la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable, lo que constituye un aspecto prioritario para ser observado por el Derecho Internacional, que tiene su mejor expresión en dichos Tratados, y debe tender al establecimiento claro, dentro de nuestro ordenamiento interno, de que el mismo constituye una obligación por parte del Poder Ejecutivo, para traducirse en la incorporación de mecanismos, que tiendan al mantenimiento del equilibrio ambiental que todos necesitamos y den las bases para la sustentabilidad en el desarrollo internacional.

Por tanto, aunado al reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, que existe en nuestra Carta Magna, deben darse los mecanismos jurídicos necesarios para establecer que en los tratados internacionales que signe nuestro país, se consagre el derecho a un ambiente sano, a efecto de hacerlo acorde con la garantía de nuestro sistema constitucional, por ello sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89.- ...

I a la IX …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Velasco Coello. Túrnese a las Comisiones Unidas… Senadora.

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: (Desde su escaño)Señor Presidente, ¿le podría preguntar al orador si puedo suscribirme en su iniciativa?

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Manuel Velasco, ¿acepta?

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Claro que sí.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, a nombre propio y del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada porel C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, a nombre propio y del C. Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez)

- El C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y del compañero Senador Guillermo Tamborrel Suárez, presentamos hoy iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuyo objeto es establecer reglas más claras para la expedición de los permisos de pesca de fomento, así como incluir sanciones más severas para quienes infrinjan la ley, con el propósito de lograr un mejor manejo de nuestros recursos pesqueros.

La ley es clara cuando señala que la pesca de fomento es la que se debe realizar con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías. De tal forma que la pesca de fomento permite determinar, entre otros objetivos, qué recursos pesqueros pueden ser aprovechados de manera comercial.

En la misma ley se reconoce el derecho de las personas físicas o morales bajo ciertos requisitos a practicar la pesca de fomento o pesca de investigación, y abre la posibilidad de que científicos, técnicos e instituciones de investigación y extranjeros puedan obtener un permiso para esta modalidad de pesca, en concordancia con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sin embargo, la autoridad se ha valido del texto de la ley para otorgar permisos de fomento a embarcaciones extranjeras que en la práctica muchos de ellos son utilizados como permisos de pesca comercial.

De hecho, en el tercer informe de gobierno presidencial se hace referencia a permisos de pesca de fomento internacional y permisos de pesca de fomento de excepción, situación que hemos señalado como irregular, en virtud de que estas dos figuras no están contempladas en la legislación pesquera.

Por ello, hoy venimos a presentar esta iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para proponer que los permisos de pesca de fomento o de investigación sólo se dirijan a casos que realmente se refieran al impulso de la ciencia y al desarrollo tecnológico para el manejo sustentable de los recursos pesqueros.

La iniciativa también propone elevar la sanción en el caso de la simulación de actos de pesca de fomento que tengan como propósito lucrar con los productos obtenidos de sus capturas, mediante la adición de una nueva fracción XXXI al artículo 132 para evitar el impacto negativo que pueda provocar la simulación de la pesca de fomento.

Por otra parte, la iniciativa de reformas a la Ley Pesquera, plantea la necesidad de que en el otorgamiento de los permisos de fomento a embarcaciones extranjeras, intervengan previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina.

Con ello se busca que la Ley de Pesca sea concordante con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En sus artículos 28, fracción V; y 30, fracción XII, que establecen: “Que entratándose de extranjeros, participen dichas dependencias y no como se señala actualmente en la ley, que sólo se les haga del conocimiento a esas dependencias de las solicitudes de permisos, lo cual genera discrecionalidad y simulación, como lo hemos constatado hasta el día de hoy”.

Finalmente, es necesario destacar: que el sentido de la presente iniciativa no es poner trabas a la investigación pesquera, esto sería contrario a los principios elementales del manejo de los recursos naturales. Lo que se busca es evitar que personas sin escrúpulos realicen actividades de pesca comercial bajo el amparo de la noble figura de la pesca de fomento, aprovechándose de los resquicios de la misma ley para depredar los recursos pesqueros de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 64; se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción XXXI y se recorre la actual fracción XXXI para pasar a ser la fracción XXXII del artículo 132; y se reforman las fracciones II y IV del artículo 138, todos ellos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Atentamente

Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Francisco Javier Obregón Espinoza.

Señor Presidente, en virtud de que la presente iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le agradecemos atentamente que sea integrado su texto en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los suscritos, Francisco Javier Obregon Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Guillermo Tamborrel Suarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, Senadores a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pretende establecer reglas más claras para la expedición de los permisos de pesca de fomento, así como establecer sanciones más severas para quienes infrinjan la Ley, buscando con ello un mejor manejo de nuestros recursos pesqueros.

El vínculo que debemos formar entre el manejo de los recursos naturales y la ciencia es un paradigma internacionalmente aceptado, en el sentido que éste debe darse con base en los conocimientos científicos más fiables de que se disponga.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, efectuada en 1972 en Estocolmo, Suecia, se reconoce que por falta de conocimiento se pueden causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente del que depende nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y acción (es) más prudente (s), podemos alcanzar un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre.

El Principio 18 de la Declaración de esta Conferencia textualmente señala: “Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.”

En cuanto a la Agenda 21, documento resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, coloquialmente conocida como la Cumbre de Río, por haberse efectuado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992, es notoria la importancia que a lo largo de su texto le otorga a la ciencia y la tecnología con respecto a la toma de decisiones que atañen al medio ambiente.

Además, la Agenda 21 dedica un capítulo de la Sección III (Fortalecimiento de los Grupos Principales), a la comunidad científica y tecnológica, buscando que haga una contribución más abierta y eficaz a los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente y el desarrollo.1 Capítulos específicos de la misma se destinan a la ciencia para el desarrollo sustentable2 y al fomento a la educación3.

Para el caso particular de la interrelación entre la ciencia y la toma de decisiones concernientes al manejo de las pesquerías, es necesario remitirnos al Código de Conducta para la Pesca Responsable, documento reconocido mundialmente como la guía por excelencia para la administración sustentable de los recursos pesqueros y que nace en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). En este sentido, el Código reitera que las decisiones concernientes a la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros deberán basarse en los datos científicos más fiables.

Podríamos seguir citando documentos que han marcado un parteaguas en la manera de concebir el manejo de los recursos naturales y el papel que la ciencia debe jugar en la toma de decisiones para dicho manejo, pero al final llegaríamos a la conclusión de que este vínculo a nivel mundial es reconocido como indispensable, ya que como bien escribiera el famoso físico Carl Sagan, “la ciencia es un intento, en gran medida logrado, de entender el mundo, de conseguir un control de las cosas, de alcanzar el dominio de nosotros mismos, de dirigirnos hacia un camino seguro. La ciencia esta lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, pero simplemente, es el mejor que tenemos.”

En cuanto al papel que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) le confiere al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicables a las actividades normadas por este cuerpo jurídico, son varios los preceptos que hacen referencia a la importancia que la investigación y el desarrollo tecnológico tiene para el manejo sustentable de los recursos pesqueros.

Por ejemplo, la Ley señala que El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura contendrá, entre otros aspectos, la información general sobre la distribución y abundancia de las especies susceptibles de aprovechamiento comercial y la estimación de los volúmenes de captura máxima permisible (lo que nos remite a la investigación), la investigación y desarrollo de tecnologías de captura, y establece la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura.

En la misma Ley se reconoce el derecho de las personas físicas o morales, bajo ciertos requisitos, a practicar la pesca de fomento o de investigación, y abre la posibilidad de que científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros puedan obtener un permiso para esta modalidad de pesca, en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la cual, en su artículo 243 señala que:

“Los Estados y las organizaciones internacionales competentes cooperarán, mediante la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales, en la creación de condiciones favorables para la realización de la investigación científica marina en el medio marino y en la integración de los esfuerzos de los científicos por estudiar la naturaleza e interrelaciones de los fenómenos y procesos que tienen lugar en el medio marino”.

Cabe señalar que el contenido de este precepto no menoscaba los derechos de los estados ribereños, en este caso México, para regular y autorizar las labores de investigación pesquera, como queda claro por lo dispuesto en los artículos 245 y 246 de la misma Convención.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) es clara cuando señala en su artículo 4, fracción XXXII, que la pesca de fomento es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías. En tal sentido, la pesca de fomento permite determinar, entre otros objetivos, qué recursos pueden ser aprovechados de manera comercial, lo cual es fundamental, porque se necesita conocer con qué recursos contamos y en qué cantidades.

Por la definición dada en la Ley, es claro que su finalidad o propósito son los de impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología pesquera; en ningún momento están los de generar excedentes o ganancias económicas, para esto la misma Ley contiene la figura de la pesca comercial.

Sin embargo, ha sido práctica común que la figura del permiso de pesca de fomento se haya utilizado para realizar pesca comercial, tanto por nacionales como por extranjeros. El caso más reciente es el del buque pesquero “ILA”, abanderado en Panamá, propiedad de una de las transnacionales pesqueras más importantes del mundo “Pescanova” (que dista mucho de ser una institución de investigación), la cual ha venido realizando faenas de pesca comercial en nuestra zona económica exclusiva mediante un permiso de pesca de fomento, cuando la propia Ley, en su artículo 64, establece que la posibilidad de otorgar permisos de pesca de fomento a extranjeros, sólo se dará en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación.

Pero este caso no es el único, la figura de la pesca de fomento se ha prestado a varios abusos, siendo práctica frecuente que se utilice para eludir los candados que para evitar la sobreexplotación contiene la LGPAS en lo concerniente al otorgamiento de permisos de pesca comercial, siendo el móvil de esto el afán de lucro, dicho de otra manera, frecuentemente se solicitan permisos de fomento no con el objetivo de desarrollar la investigación o la tecnología, sino para obtener ganancias económicas.

Caso aparte debe ser el de las instituciones académicas y científicas nacionales, que participen en proyectos de investigación pesquera. Si después de pagar los gastos derivados del proyecto de investigación hay un excedente económico y se emplea para la educación o la investigación, que son las labores propias de esas instituciones, redundará en un beneficio para el país.

Recordemos que la inversión que el Estado Mexicano hace en ciencia y tecnología es insuficiente para atender los requerimientos indispensables para el desarrollo del país en esa materia, pues sólo alcanza el 0.4% del PIB, lejos del 1.5% mínimo deseable al que la comunidad científica aspira o al 1% que establece el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Por ello es fundamental que se busque la manera de incentivar las actividades de nuestras instituciones de investigación y crear mecanismos para que se alleguen de los recursos económicos que les son indispensables.

En otro orden de ideas, si bien la LGPAS ya contempla en las infracciones la de simular actos de pesca de fomento con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas, a la par que contempla la sanción para aquellos que caigan en este supuesto, en la práctica es difícil demostrar esta falta, ya que no se tienen restricciones con respecto a la venta de las capturas de fomento, de tal suerte que si el lucro es el incentivo para esta simulación, el sentido común nos indica que esto es lo que debemos eliminar.

Porque aún cuando se demuestre que se realizó pesca comercial simulando actos de pesca de fomento y se castigue, la sanción es muy reducida, de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente, es decir, al día de hoy esta conducta se sancionaría con una multa de un mínimo de cinco mil 480 a un máximo de 54 mil 800 pesos, de tal forma que con la comercialización de parte de las capturas de una embarcación mayor o incluso de una de mediana altura, el infractor puede conseguir el pago de la multa y obtener adicionalmente ganancias económicas.

Por ello, esta iniciativa propone elevar la sanción en el caso de lasimulación de actos de pesca de fomento con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas, mediante la adición de una nueva fracción XXXI al artículo 132 de dicha Ley, estableciendo una diferencia respecto a la fracción VII, que se refiere en general a la simulación de “actos de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo-recreativa o didáctica, con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas”, en virtud del impacto negativo que puede provocar el caso de la simulación de la pesca de fomento.

En tal sentido, el Código de Conducta para la Pesca Responsable señala con respecto a las sanciones, que éstas deberán tener la severidad suficiente para asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación y desalentar las infracciones donde quiera que se produzcan y se debe privar a los infractores de los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas. Consideramos que en cuanto a pesca de fomento, esto no se cumple en la LGPAS.

Incluso, en el caso de embarcaciones extranjeras, las condiciones son todavía más benignas, ya que nuestro país es signante de la CONVEMAR, cuya naturaleza jurídica de tratado internacional, lo sitúa jerárquicamente por encima de la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Al respecto, la CONVEMAR, en sus numerales 1, 2 y 3 del artículo 73.- Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño, textualmente señala:

Artículo 73.

Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño

1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales.

2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía.

3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal.

Es decir, en tratándose de embarcaciones extranjeras no cabe el decomiso de la embarcación, ni la detención prolongada de la tripulación. Con sólo pagar una multa de 54 mil pesos, que es la máxima, deberá liberarse la embarcación.

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) faculta expresamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para la explotación de los recursos naturales del país. A la letra la mencionada Ley, en su artículo 28, fracción V, señala lo siguiente:

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;

El propósito de esta disposición es que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que indique si el solicitante extranjero de una concesión respecto de algún bien nacional, como son los recursos pesqueros, en los términos del artículo 27 constitucional, cumple con las condiciones impuestas en la legislación vigente mexicana, como el propio artículo 27 constitucional, la Ley de Inversión Extranjera y los tratados internacionales de los que México es parte.

En relación al mismo tema, la LOAPF faculta expresamente a la Secretaría de Marina para intervenir en el otorgamiento de permisos relacionados con la investigación científica en aguas nacionales, en su carácter de garante de la soberanía nacional, la cual se ejerce a través del aprovechamiento de los recursos naturales, como son los pesqueros.

En tal sentido el artículo 30, fracción XII de la Ley en comento, textualmente dice lo siguiente:

Artículo 30.- A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII.- Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas, extranjeras o internacionales en aguas nacionales;

De tales preceptos de la referida Ley se desprende que ambas dependencias deben intervenir necesariamente antes de la expedición de los permisos de pesca de fomento a embarcaciones extranjeras que expida la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Por ello, consideramos que es necesario que se reforme el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para hacerla concordante con las disposiciones de la LOAPF antes citadas, ya que el texto actual de la ley pesquera sólo establece que la autoridad hará del conocimiento de dichas Dependencias las peticiones de tales permisos, que por su propia ambigüedad nunca se cumple, y en consecuencia se genera una contradicción legal.

En lo que se refiere a permisos de pesca comercial a embarcaciones extranjeras la LGPAS ya hace en su artículo 62 una regulación estricta para la expedición de tales permisos, al exigir que en el caso de excedentes pesqueros puedan participar los extranjeros, pero requiriendo previamente de un acuerdo del titular de la SAGARPA, un dictamen del INAPESCA, la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no sucede en el caso de los permisos de fomento, propiciando casos de simulación que es preciso evitar en el futuro.

El sentido de la presente iniciativa no es poner trabas a la investigación pesquera; dificultar esta actividad sería ya no digamos contrario a los principios elementales del manejo de los recursos naturales, sino al sentido común. Lo que se busca es evitar que personas sin escrúpulos realicen actividades de pesca comercial insustentable en detrimento de nuestros recursos naturales, de nuestras fuentes de empleo y de nuestro capital natural, bajo el amparo de la noble figura de la pesca de fomento, aprovechándose de los resquicios de la misma Ley para depredar los recursos de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTICULO 64; SE REFORMA LA FRACCION VII Y SE ADICIONA LA FRACCION XXXI Y SE RECORRE LA ACTUAL FRACCION XXXI PARA PASAR A SER LA FRACCION XXXII DEL ARTICULO 132 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTICULO 138, TODOS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES,para quedar como sigue:

ARTICULO 64.- La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan. La pesca de fomento sólo podrá tener como fin el de la investigación científica, tecnológica o ambas, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales.

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento en el caso de extranjeros, sólo a científicos, técnicos e instituciones de investigación, previa opinión favorable del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y mediante autorización de las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Marina, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

La Secretaría tendrá libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y tendrá facultad para designar personal del INAPESCA que, con carácter de observadores, presencien las actividades de pesca y verifiquen que éstas se ajusten a las condiciones y límites que se fijen.

Si con base en los informes entregados por el permisionario el INAPESCA determina que existe la posibilidad de otorgar permisos para la pesca comercial sobre los recursos que motivaron el permiso de pesca de fomento, el permisionario que llevó a cabo los trabajos de pesca de fomento tendrá prelación para la obtención del permiso de pesca comercial.

Las capturas que al amparo de un permiso de pesca de fomento realicen las instituciones científicas o académicas nacionales podrán comercializarse y estas instituciones deberán retener el total de los ingresos obtenidos por la venta de las mismas, siempre y cuando estos ingresos se apliquen exclusivamente al desarrollo de las labores propias de la institución.

ARTICULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I al VI ...

VII.Simular actos de pesca de consumo doméstico, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;

VIII a XXX…

XXXI Simular actos de pesca de fomento con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas; y

XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTICULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. ...

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132;

III….

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI del artículo 132.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza.- Sen. Guillermo Tamborrel Suárez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Obregón Espinoza. Desde luego se incluye en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.

Se concede la palabra a la Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y del Senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.


1 Capítulo 31 de la Agenda 21.

2 Capítulo 35 de la Agenda 21.

3 Capítulo 36 de la Agenda 21.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 5 Y SE DEROGA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

(Presentada por la C. SenadoraIrma Martínez Manríquez, a nombre propio y del C. Senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

La trata de personas es un fenómeno global. Diversos organismos y organizaciones internacionales lo han definido como una forma de esclavitud y como un crimen contra la humanidad.

Este delito afecta de cientos de miles de víctimas cada año, y es uno de los que más se cometen en el mundo, principalmente en los países subdesarrollados, pobres, en procesos de crisis políticas o que padecen el flagelo de la guerra.

En México, la trata de personas alcanza grandes proporciones, existiendo entidades federativas donde se ha vuelto alarmante, como es el caso de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo, donde se registran los índices más altos en la comisión de este delito.

Cifras conservadoras indican que cada año, más de 20 mil personas son víctimas del delito. Las víctimas provienen de entornos caracterizados por la pobreza; en ellas son frecuentes: el analfabetismo o la baja escolaridad, el haber recibido trato violento o abusivo, las adicciones, la vida en las calles, e incluso la desnutrición.

La trata de personas se ha identificado en establecimientos donde se ofrecen servicios sexuales, en el trabajo agrícola, en fábricas maquiladoras, en el trabajo doméstico, en la mendicidad, en la construcción y en el comercio informal.

En nuestro país el marco jurídico que castiga este delito, así como las políticas destinadas a su prevención y tratamiento, son de muy reciente creación, pues apenas en noviembre del 2007 se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

25 estados de la República y el Distrito Federal han incorporado en sus respectivos códigos penales la trata de personas, pero con notables variaciones en lo que respecta a la definición del delito, y las condicionantes para su castigo.

Unicamente el Distrito Federal y Chiapas cuentan con leyes específicas contra la Trata de Personas, y los cinco estados restantes: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas, se encuentran en la fase de elaboración de iniciativas de ley sobre el tema, por lo que no cuentan con una legislación adecuada.

En nuestro país solamente se han iniciado 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público Federal, y de éstas sólo han sido consignadas 2, y aún no existe sentencia condenatoria en ninguno de los casos.

Otro problema que se ha puesto de relieve en la aplicación de la ley, es que la definición del delito de trata de personas es ambigua, y no se ajusta a las definiciones más completas e internacionalmente aceptadas como las del Protocolo de Palermo.

Lo anterior propicia que el delito no sea plenamente identificado, que se confunda con otros delitos y que los jueces, tanto federales como estatales, no acepten las acusaciones de trata de personas conforme a las nuevas definiciones y soliciten la recalificación por delitos más comunes que tienen sanciones menos severas, como es el caso del lenocinio.

Un ejemplo es Tlaxcala, donde se han presentado casos de trata de personas, pero han sido consignados y procesados como lenocinio, conforme a la definición del Código Penal Estatal vigente.

Otro problema detectado al comparar los códigos penales estatales con el Código Penal Federal, es que sólo 10 estados, por mencionar algunos: Aguascalientes, Chihuahua y Estado de México, establecen que el consentimiento de la víctima del delito no es causal para excluir la culpabilidad del delito. En el Código Penal Federal, así como en los restantes 21 códigos estatales y en el del Distrito Federal, se condiciona la aplicación de penas al consentimiento de la víctima o permanecen en la ambigüedad.

Compañeras y compañeros legisladores:

En su estado actual, el castigo del delito de trata de personas se encuentra limitado por defectos contenidos en la legislación vigente, por lo que es preciso reformarla.

La legislación federal debe perfeccionar la definición del delito, así como contener una cláusula que establezca que el consentimiento de la víctima es irrelevante, con la finalidad de evitar que la parte acusadora alegue el consentimiento como defensa, y se deje a la víctima la carga de tener que probar que no otorgó su consentimiento.

Considerando lo anterior, presento a esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 y se deroga el párrafo tercero del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, solicitando a la Presidencia que ésta sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, a nombre propio y del Senador FERMIN TRUJILLO FUENTES, integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 5; Y SE DEROGA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 6, DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La trata de personas es un fenómeno global. Es uno de los delitos que más se comete en el mundo, principalmente en los países subdesarrollados, con altos índices de pobreza, que se encuentran inmersos en procesos de crisis o de transiciones políticas, o que padecen el flagelo de la guerra.

Este delito afecta a cientos de miles de víctimas cada año y, desafortunadamente, tiende a propagarse como una plaga como resultado de la crisis económica mundial que ha recrudecido la proliferación de bandas criminales dedicadas a esta actividad.

Los organismos internacionales, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales han definido la trata de personas como una forma moderna de esclavitud, y no falta quienes aseguran que se trata de un crimen contra la humanidad.

En México, diversos organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, han reconocido que el delito de trata de personas constituye un atentado en contra de prácticamente todos los derechos humanos de las víctimas, y que a pesar de tratarse de un delito creciente, es uno de los crímenes más invisibilizados en nuestro país.

La trata de personas alcanza grandes proporciones, existiendo entidades federativas donde su proliferación se han vuelto alarmantes. Tal es el caso de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo, entidades donde se registran los índices más altos en la comisión de este delito.

Según estimaciones conservadoras, cada año más de 20 mil personas son víctimas del delito. Por lo regular, las víctimas provienen de entornos caracterizados por la pobreza y la vulnerabilidad. En ellas, son frecuentes: el analfabetismo o la baja escolaridad, el haber recibido trato violento o abusivo en sus familias o comunidades, las adicciones, la vida en las calles, e incluso la desnutrición.

La trata de personas incluye la trata que se realiza en el interior del territorio nacional, la trata de migrantes extranjeros a México y la trata de migrantes mexicanos a otras partes del mundo, en especial, de los que emigran a los Estados Unidos.

La gama de actividades que comprende la trata es muy diversa, se ha identificado en establecimientos comerciales donde se ofrecen servicios sexuales, en el trabajo agrícola, en fábricas maquiladoras que operan bajo régimen especial de aduana, en el trabajo doméstico, en la mendicidad, en la construcción y el sector comercial informal.

Aunque la trata afecta a una gran diversidad de sectores sociales, la falta de oportunidades para migrar de forma legal y segura a los Estados Unidos, hace que los migrantes sean más uno de los grupos más vulnerables al delito de trata de personas, ya que recurren a traficantes que frecuentemente realizan otros delitos, tales como el secuestro o sometimiento de los migrantes a trabajos de servidumbre, en supuesto pago por las deudas que contraen con ellos.

En México, el marco jurídico que castiga el delito, así como las políticas gubernamentales destinadas a la prevención y al tratamiento adecuado del mismo, son de muy reciente creación.

Apenas en noviembre de 2007, se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual contempla mecanismos federales en las áreas de prevención, protección y persecución de individuos y bandas criminales dedicadas a la trata de personas. Dicha Ley tipifica el delito de la trata, tanto la transnacional como la que realiza en el territorio nacional, contemplando la jurisdicción tanto territorial como extraterritorial sobre el delito, el cual se clasifica como grave.

Por otra parte, 25 estados de la República y el Distrito Federal han incorporado en sus respectivos códigos penales el delito de la trata de personas, aunque con notables variaciones en lo que respecta a la definición del delito, y las condicionantes para su castigo. Cabe señalar que en el país únicamente dos entidades cuentan con leyes específicas contra la trata de personas: el Distrito Federal y Chiapas. Los cinco estados restantes –Baja California Sur, Durango, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas- se encuentran en la fase de elaboración de Iniciativas de Ley sobre el tema, por lo que no cuentan con una legislación adecuada.

Con relación a la persecución y sanción del delito, diagnósticos nacionales e internacionales revelan que en nuestro país, solamente se han iniciado 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público de la Federación. De éstas, sólo han sido consignados dos casos, y no existe ninguna sentencia condenatoria en ningún caso.

Lo anterior es consecuencia, en parte, de los rezagos habidos en la promulgación del Reglamento de la Ley Federal, el cual fue aprobado sólo después de que se ejerció presión sobre las autoridades responsables mediante cuatro puntos de acuerdo emitidos por el Congreso de la Unión, y gracias a la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil; además de que la Comisión Intersecretarial que establece la Ley fue instalada apenas el 20 de julio pasado, y de que no se ha elaborado el Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, establecido en la Ley.

Aunado a lo anterior, otro problema que se ha puesto de relieve en la aplicación de la ley, es que la definición que nos ofrece sobre el delito de trata de personas es ambigua, y no se ajusta a definiciones más completas e internacionalmente aceptadas, como lo es la enunciada en el Protocolo de Palermo. Lo anterior ha propiciado que, en algunos casos, el delito no sea plenamente identificado por parte de los ministerios públicos, y se confunda con otros delitos.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Tlaxcala, donde se han presentado casos en los que presumiblemente se trata del delito de trata de personas, pero han sido consignados y procesados como lenocinio, conforme a las definiciones de los Códigos Penales estatales vigentes.

Como resultado de la reciente creación de la Ley, y del conflicto entre las definiciones del delito, los jueces tanto federales como estatales no han aceptado las acusaciones de trata de personas conforme a las nuevas definiciones, y en varios casos han preferido solicitar la recalificación de los casos presentados por delitos más comunes que pueden tener sanciones menos severas, como es el caso del lenocinio.

Otro ejemplo de las disparidades en la definición del delito, es que la definición federal y algunas de las definiciones estatales, contemplan la trata con fines de explotación sexual, pero no definen el término. Además, muchas de ellas no incluyen el trabajo forzado. Las diferencias en las definiciones pueden impedir la coordinación entre estados para efectos de perseguir casos de trata de personas que ocurren dentro de varias jurisdicciones y, finalmente, la incapacidad para castigar este tipo de crímenes.

Otro de los problemas que se ha detectado al efectuar la comparación de los Códigos Penales estatales que tratan este delito con el Código Penal Federal, es que sólo diez estados -Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas- establecen que el consentimiento de la víctima del delito de trata de personas no es causal para excluir la culpabilidad del delito. En el Código Penal Federal, así como en los restantes 21 Códigos estatales y en el Distrito Federal, se condiciona en algunos casos la aplicación de penas al consentimiento de la víctima, o permanecen en lo ambigüedad.

Lo anterior constituye un grave problema, pues abre resquicios en la legislación que los tratantes podrían aprovechar para evitar la penalización de sus actividades criminales, bajo el argumento de que las víctimas estuvieron de acuerdo en ser sometidas, o se prestaron voluntariamente.

Como podemos ver, en su estado actual la persecución del delito de trata de personas se encuentra limitada por defectos contenidos en la legislación vigente.

La legislación federal no contiene una cláusula que establezca que el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha hecho uso de la coerción, el secuestro y/o el engaño para someter a la víctima, lo cual, como ya lo señalamos, podría desembocar en que la parte acusada pueda alegar el consentimiento como defensa, dejando a la víctima la carga de tener que probar que no otorgó su consentimiento.

Lo anterior también se aplica a los Códigos Penales de 21 entidades de la República y del Distrito Federal, los cuales carecen de la cláusula relativa al consentimiento.

Considerando la limitada aplicación que han tenido las legislaciones federal y estatales para prevenir y sancionar el delito de trata de personas, derivada no sólo de su reciente puesta en marcha, sino también de las inconsistencias y ambigüedades contenidas en las mismas, considero indispensable reformar la Ley federal, con el objetivo de perfeccionar y precisar la definición del delito en comento, así como de incluir una cláusula que establezca la irrelevancia del consentimiento de la víctima en relación a la penalización del delito.

Lo anterior deberá desembocar en un trabajo coordinado entre la federación y los estados, con la finalidad de armonizar todas las legislaciones y evitar con ello que los delincuentes puedan evadir la aplicación de la justicia, toda vez que constituye un sinsentido que cada entidad federativa maneje una definición diferente, así como diferentes procedimientos procesales para el castigo de un delito tan grave como lo es la trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto para quedar como sigue:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma y adiciona el artículo 5; y se deroga el párrafo tercero del artículo 6, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue:

ARTICULO 5.- Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, capte, solicite, ofrezca, reclute, facilite, consiga, trasporte, traslade, acoja, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, recurriendo a la amenaza o a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al fraude, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficiospara someterla acualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes. Dicha explotación incluye la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas semejantes a la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extirpación de órganos, tejidos o sus componentes.

En ningún caso, el consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas constituirá causa que excluya de culpabilidad por este delito.

ARTICULO 6.- …

(Párrafo Tercero. Se deroga)

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Fermín Trujillo Fuentes.- Sen. Irma Martínez Manríquez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Martínez Manríquez. Por favor tome nota la Secretaría de quiénes desean suscribir la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Se recibió del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 135 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAUN ARTICULO 135 TER AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. SenadorAlejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Sen. Alejandro Moreno CArdenas, integrante del grupo parlamentario del PRI, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Comisión Permanente la siguiente “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 135 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales”, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presunción de inocencia puede ser definida como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada y tratada como inocente, hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad.1

La razón de ser de la presunción de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad, que destruyan tal presunción y que justifiquen una sentencia condenatoria definitiva.

De esta forma, la presunción de inocencia se convierte en garantía de la libertad personal, tanto contra la arbitrariedad de los poderes públicos, como contra la reacción vindicativa de la víctima; garantía que en todo caso debe beneficiar a cualquier delincuente.

De la presunción de inocencia se derivan diversas consecuencias, a saber: que la persona acusada no esta obligada a demostrar que es inocente, sino que es a la parte acusadora a quien incumbe la carga de la prueba; segunda, que el acusado no puede ser obligado a confesar en su contra; tercero, que en caso de duda, esta beneficia al acusado, y cuarto, que la persona acusada, pero puesta en libertad, sea por falta de méritos o bajo caución, debe continuar en libertad aunque se hubiere interpuesto la apelación en contra de la resolución judicial correspondiente.

Por su parte, el honor es un bien jurídico, un valor cultural que alude a la reputación social, es decir, el juicio que de una persona tienen los demás, el cual ha sido reconocido como un derecho inherente a la dignidad humana.

Tanto el principio de presunción de inocencia como el derecho al honor han sido plasmados en diversos instrumentos protectores de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.

El artículo 9º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, señala que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en su artículo 11, numeral 1º que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; mientras que en el 12 dispone que nadie será objeto de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contempla en sus artículos V y XXVI que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra y reputación y que se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla en sus artículos 8º y 11º la presunción de inocencia y el derecho a la honra, respectivamente.

Por su parte, nuestro sistema constitucional reconoce al derecho al honor y a la presunción de inocencia como garantías individuales a través de lo preceptuado en los artículos 7º, 20 y 22.

El primero de estos advierte que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia no tiene más límites que el respeto a la vida privada. Por su parte, el artículo 22 prohíbe, entre otras, las penas de infamia y cualesquiera otras que tengan el carácter de inusitadas.

Como consecuencia de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por primera vez fue expresamente reconocido en nuestro texto constitucional el principio de presunción de inocencia, esto gracias a la reforma del artículo 20, el cual establece en su apartado B, fracción I, que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, el principio de inocencia se constituye por dos exigencias:

a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y,

b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba.

El primer aspecto, señala el Poder Judicial, representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita.

Así, concluye el razonamiento del órgano competente, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio.2

De conformidad con lo antes señalado puede establecerse que por virtud de lo establecido en nuestra Constitución, en diversos instrumento jurídicos internacionales y en las tesis del Poder Judicial de la Federación, tanto la presunción de inocencia como el honor han sido reconocidos como prerrogativas propias de todos los habitantes de nuestro país, las cuales deben ser garantizadas por el estado mexicano.

Sin embargo, y en sentido inverso de lo que se preceptúa en nuestra Ley Fundamental y en los tratados internacionales, aún subsisten dentro de las corporaciones policiacas e investigadoras prácticas que operan en detrimento del honor y del principio de presunción de inocencia. Nos referimos específicamente a las presentaciones de personas detenidas.

De tan común, se nos ha vuelto cotidiano observar imágenes de policías embozados que, con armas de alto poder en la mano, conducen hacia un templete a un grupo de presuntos delincuentes quienes, por lo regular, dirigen la mirada al suelo mientras una lluvia de flashes ilumina sus rostros. Desaliñados y aparentemente ausentes de todo cuanto les rodea, los detenidos son mostrados para demostrarnos la presunta eficacia de nuestros cuerpos de seguridad.

Ahora bien, ¿alguna vez nos hemos preguntado, de todas estas personas que son exhibidas, cuántas realmente son declaradas culpables mediante una sentencia ejecutoria que se derive de un proceso justo en el que tanto el imputado como la víctima hayan tenido oportunidad de alegar lo que a sus intereses convenga? Y en el caso en que esto no fuera así, ¿cuántas honras y prestigios han quedado maltrechos de manera injusta y permanente?

Lo más simple sería suponer que quien se haya en una condición de esta índole será porque seguramente así se lo buscó. Sin embargo, aceptar una premisa de esta índole implicaría dejar de reconocer una disyuntiva ante la cual coincidimos la mayoría de los mexicanos: o bien las cárceles se encuentran saturadas de inocentes, o la defensa, tanto pública como privada, se haya en una situación de desventaja procesal terrible frente al poder desmedido de los fiscales y ministerios públicos.

La posibilidad de acabar con una reputación a través de acusaciones penales carentes de sustento no es una fantasía. Existen casos comprobados en los que la acción de las autoridades ministeriales y policiacas ha significado un desprestigio social para quienes las padecen. Las víctimas de tales atropellos tienen nombre y apellido.

Con relación a lo anterior, resulta muy adecuado invocar el caso de Guillermo Vélez Mendoza, quien fuera acusado hace siete años de secuestrador por la Procuraduría General de la República (PGR), sin que existieran suficientes elementos para sustentar semejante aseveración.

Vélez trabajaba en un gimnasio propiedad de una amiga suya. El 17 de marzo de 2002, Guillermo recibió la orden de no presentarse a trabajar. Al otro día, su amiga fue secuestrada dentro del gimnasio.

El 29 de marzo, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al mando del comandante Hugo Armando Muro Arellano liberaron a la víctima del secuestro y detuvieron a cuatro integrantes de una banda conocida como “Los Ántrax”. Las autoridades de la PGR dieron a conocer que bajo el alias de “El Fardero”, Guillermo Vélez era el líder de dicha organización criminal y lo acusaron de haber planeado el secuestro de su amiga.

Las autoridades afirmaron que Vélez falleció durante el operativo porque había tratado de escapar. Sin embargo, algunas informaciones periodísticas afirman que Muro Arellano le “aplicó la llave china, lo tiró al suelo y ahí se asfixió”.3Guillermo Vélez padre recibió al mismo tiempo la noticia de la muerte de su hijo y las imputaciones que sobre su conducta realizaba la PGR.

La autopsia no reveló ni la hora ni el lugar del fallecimiento de Vélez. Sin embargo, Guillermo Vélez padre obtuvo una orden para exhumar el cuerpo y realizar una nueva autopsia. Ésta se llevó a cabo el 21 de mayo de 2002. Cuando sacaron el cuerpo de su hijo, Guillermo Vélez se dio cuenta de diversas irregularidades que hacían imposible saber qué era lo que realmente le había ocurrido a su hijo. Los nuevos estudios revelarían que el cuerpo presentaba signos de tortura.

El comandante Muro Arellano ingresó al Reclusorio Sur para responder por cargos de homicidio culposo, siendo puesto a disposición del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal. Fue solicitada su libertad provisional y salió libre con las reservas de ley. Desde entonces se encuentra prófugo, mientras que cinco elementos de la desaparecida AFI enfrentan acusaciones penales relacionadas con este caso.

No pasarían muchos días para que la AFI detuviera al verdadero líder de la banda de “Los Ántrax”. Derivado de lo anterior, Guillermo Vélez padre promovió una demanda por daño moral, de la cual conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, instancia que condenó a la PGR a pagar una indemnización por 2.3 millones de pesos, al considerar el daño causado a la familia Vélez por virtud de una falsa acusación de secuestro.

De esta forma, la PGR se vio obligada en marzo pasado a pagar al demandante la cantidad fijada por el órgano judicial. Sin embargo, la representación social federal se encuentra en desacato, ya que ha omitido convocar a una conferencia de prensa para resarcir la imagen de Guillermo Vélez Mendoza. Sin lugar a dudas, este caso siente un precedente importante en la historia judicial del país.

Empero, el caso antes relatado sólo es uno de los muchos que puede haber. Cabe la posibilidad de que en otros las autoridades federales hayan fallado en su intento de acreditar la responsabilidad penal de personas que fueron presentadas públicamente bajo acusaciones terribles, sin que exista manera de reparar tan grande afectación al honor.

Ahora bien, no podemos dejar de lado que, tal como señalábamos con anterioridad, uno de los principales propósitos de la reforma judicial del año pasado fue incluir de manera expresa el principio de presunción de inocencia en nuestra Ley Fundamental, razón por la cual se estima necesario adoptar todas aquellas medidas legislativas que permitan hacerlo efectivo en la práctica, tal y como ya ocurre en otras naciones, donde la “presentación” de sospechosos se encuentra prohibida por los códigos de conducta que rigen tanto a las fiscalías como a los cuerpos policiacos, prohibición que en algunos casos llega al extremo de inhibir las filmaciones o fotografías durante los procesos judiciales, siendo los dibujos realizados durante las audiencias la única fuente visual de lo que acontece en las cortes penales.

Aunado a lo anterior, tenemos que reconocer que aun cuando los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, lo cierto es que el ejercicio de los cargos públicos, en tanto actividad humana, se encuentra en riesgo permanente de sufrir desviaciones, ya sea por dolo, mala fe o ineptitud supina. Es por ello que con fecha 31 de diciembre de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a través de la cual se busca fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, debiendo entenderse por ésta, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Dicha ley, tomando en cuenta la posibilidad de que los gobernados sufran daños morales como consecuencia de la actividad estatal, establece en su artículo 4º que los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.

En tal virtud, podemos concluir que si nuestro país ha suscrito compromisos internacionales tendientes a respetar el derecho al honor y al principio de presunción de inocencia, llegando al extremo de incluir estos en su Norma Fundamental, en tanto garantías individuales, y si hemos de aceptar que desde la actividad estatal, y sobre todo desde la procuración de justicia se cometen desatinos que marcan de manera terrible a personas acusadas de la comisión de delitos, sin que esto finalmente fuera comprobado, entonces resulta necesario ahondar en este proceso y prohibir de manera tajante que los cuerpos de seguridad traten públicamente a individuos como delincuentes, sin que para ello exista un fallo judicial que así lo acredite.

Lo anterior vendría a ahondar un proceso iniciado a nivel federal con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero que en los estados también se ha venido dando de manera plausible, como es en los casos de Chihuahua y Morelos, entidades que en sus códigos procesales penales han incluido propuestas como las que a través de la presente iniciativa se pretenden hacer valer.

Se afirma lo anterior, toda vez que el Código Procesal Penal de Chihuahua señala en su artículo 113 que “los elementos policiales a (…) no podrán informar a los medios de comunicación social, ni a persona alguna, acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora.”

Por su parte, el código adjetivo penal morelense establece en su artículo 5º que “el imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme (…). En la aplicación de la ley penal sustantiva son inadmisibles las presunciones de responsabilidad.”

Con base en todo lo expuesto es que se propone adicionar al Código Federal de Procedimientos Penales con un artículo 135 Ter, en el cual se exprese que ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido hasta que sea dictada sentencia condenatoria. En los casos de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, señalaría el artículo, se admitiría la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial. El juez o el tribunal deberán limitar por auto fundado y motivado la intervención de los medios de comunicación masiva cuando la difusión pueda perjudicar el normal desarrollo del procedimiento o exceda los límites del derecho a recibir información.

La contravención de lo antes precisado constituiría causal de responsabilidad en contra del funcionario omiso y constituiría motivo de indemnización por daño moral, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás ordenamientos aplicables.

Compañeros legisladores:

Creer que todos aquellos que nos presentan como delincuentes efectivamente lo son, haría nugatorios los derechos al honor y a la inocencia de los que hemos venido hablando a lo largo de la presente. Pensar que la administración justicia constituye una actividad ajena al error o a la mala fe sería una actitud que, lejos de ayudarnos a resolver los severos problemas que tenemos en materia de seguridad pública, nos llevaría a constituirnos en una sociedad más deshumanizada, en la que prevalezca el deseo de venganza por sobre la necesidad de dar a cada quien lo que le corresponde.

En el presente contexto cobran vigencia las palabras del Barón de Montesquieu, quien hace poco más de dos siglos afirmaba que “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y en su caso aprobación el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 135 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 135 Ter.- Ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido hasta que sea dictada sentencia condenatoria.

En los casos de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.

El juez o el tribunal limitará por auto fundado y motivado la intervención de los medios de comunicación masiva cuando la difusión pueda perjudicar el normal desarrollo del procedimiento o exceda los límites del derecho a recibir información.

La contravención a lo previsto en el presente artículo constituirá causal de responsabilidad y será motivo de indemnización por daño moral, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás ordenamientos aplicables.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Alejandro Moreno Cárdenas”.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


1 Rodríguez y Rodríguez, Jesús en Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VI. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. Pp. 200 y 201.

2 Tesis I.4o.P.36 P, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, página 2295: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.”

3 Reporte Índigo 131. 22 de mayo de 2009. www.indigobrainmedia.com






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SE REFORMAN EL INCISO P) DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 38Y EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 233 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada porla C. Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La publicidad crea imagen, vende imagen; la publicidad sirve como un mecanismo para difundir en todo el mundo un complejo específico de patrones culturales, de alguna manera para llamarlo de una forma: de vida particular.

En muchos mensajes publicitarios, a las mujeres se nos representa en actividades tipificadas como femeninas, y siendo representadas como niñas, dependientes, cálidas, sensibles, sumisas, poco autónomas, manipuladoras o tiernas, necesitadas de amor, púdicas o seductoras; a los hombres, generalmente, como fuertes, activos, decididos, independientes, responsables, violentos o asertivos, agresivos e inteligentes, autoritarios, con necesidad de poder, éxito, prestigio, celebridad y realización, firmes, decididos, tranquilos, ponderados y equilibrados.

Estos son parte de algunos estereotipos que existen sobre hombres y mujeres.

En efecto, en la publicidad a la mujer se le asignan papeles relacionados con la vida doméstica y el cuidado de las personas. La persistencia de estereotipos sexistas se debe en gran parte a la proyección a través de los medios de comunicación de imágenes negativas y degradantes de la figura de las mujeres, que dificulta la participación paritaria de mujeres y hombres en la vida familiar y social.

Como ejemplo, cito hoy una nota que sale en el periódico Reforma, en el cual se publica, la nota que informa, que el Observatorio Ciudadano, por la equidad de género en los medios de comunicación, clausurarán simbólicamente una especie de estación, que se llama Tele-Hit, por la transmisión de un episodio de un programa llamado: Guerra de Chistes, en la que los conductores, hace apenas unas semanas, maniataron y golpearon con un cinturón a una de sus compañeras a manera de burla.

Esto no puede continuar, esto es uno, simplemente de muchos ejemplos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° establece la igualdad entre hombres y mujeres. De este principio se desprenden la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que aprobamos en 2003, y la Ley por la que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001.

En esta legislación se considera como conductas discriminatorias, establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos, en los que se asignen papeles contrarios a la igualdad, o que difundan una condición de subordinación; también se establece que ofender, ridiculizar o promover la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación es incorrecto; realizar o promover el maltrato físico o psicológico, por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o poder asumir públicamente una preferencia sexual; evidentemente temas que no se tomaron en cuenta en la pasada designación del Procurador General de Justicia de la Nación, lo cual es profundamente lamentable.

Y aprovecho en esta ocasión, para hacer y decir claramente que fue una de las mayores razones por las que mi bancada se opuso a esta designación.

A nivel internacional, numerosas declaraciones de instancias internacionales, como la Declaración de Atenas, de 1992; la Conferencia de Pekín de, 1995; y la Conferencia de la Unión Interparlamentaria de Nueva Delhi en 1997, entre otras, dejan claro que el desarrollo de la igualdad de género requiere una regularización jurídica adecuada de los medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto.

Con respecto al artículo único de la Ley Federal de Radio y Televisión, dejando el artículo 67, y en sus fracciones V, agregando: no deberá hacerse publicidad que incite a la violencia de género o la discriminación, ni que fomente los estereotipos de género o de sexo.

Se entiende por estereotipos de género o de sexo, todas aquellas imágenes, textos, diálogos, sonidos que reflejan las creencias populares, de manera muy simplificada y acotada, sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres.

Y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la propuesta es, que se agregue al artículo 32 lo siguiente: “No deberá incitar a la violencia de género o a la discriminación, ni fomentar los estereotipos de género o de sexo, la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difunden en cualquier medio”.

Se entiende por estereotipos de género, todas aquellas imágenes, textos, diálogos, sonidos que reflejan las creencias populares, de manera muy simplificada y acotada, sobre las actividades, los roles, características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres.

También se agrega al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 38, en uno de sus incisos: abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión… -es con respecto a los partidos políticos nacionales- cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos que calumnian a las personas, y se agregaría: que incite a la violencia de género o fomente los estereotipos de género o de sexo; y agregando esto, en diversas partes del Cofipe.

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates.

Y espero que ésta, como otras iniciativas que tienen que ver, con evitar el estereotipo de las mujeres y la violencia de género, sean aprobadas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Claudia Sofia Corichi Garcia, Senadora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 67) de la Ley Federal de Radio y Televisión, se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se reforman el inciso p) del numeral 1.- del artículo 38 y numeral 2.- del artículo 233, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La publicidad crea imagen, vende imagen. Referirse a la publicidad y a las representaciones y símbolos culturales que están detrás de ella, nos invita a adentrarnos a un continente de procedimientos, técnicas, manejo de imagen; de ideas y estereotipos que se articulan con el único objetivo de persuadir y/o estimular a las personas los deseos de adquirir un producto.

Según la definición de Philip Kotler, mercadólogo, “Publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. La publicidad es una herramienta de comercialización de la iniciativa privada por que es una forma costo-eficiencia para difundir mensajes ya sea para crear preferencias de marca o para motivar a los consumidores que consuman”.1

El nuevo derrotero de la publicidad es crear imágenes de los consumidores, no de los productos. El hecho importante, lo que vale o no vale, entonces, no es el uso del producto sino la categoría del consumidor.2

Por ello, la publicidad ha tenido que acercarse al contexto socio-cultural. La publicidad sirve como un mecanismo para difundir en todo el mundo un complejo específico de patrones culturales, una "forma de vida" particular.3

A.J. Greimas lo señala con claridad: la publicidad propone sus valores ideológicos como una especie de discurso pedagógico, aunque este no sea explícitamente su objetivo. La influencia de la lógica discursiva publicitaria la debemos localizar a nivel de las gramáticas de significación. Es decir, a nivel de las operaciones y modalidades de simbolización y representación. 4

En este sentido, queda claro que son los estereotipos lo que cuenta para las agencias publicitarias. Siguiendo a José Luis Piñuel (La imagen del consumidor en la publicidad), la imagen del consumidor es “un modelo que representa un tipo ideal de personaje con el que identificarse, y reconocerse a sí mismo ante los demás; es por consiguiente un estereotipo que funciona como símbolo de afiliación”5.

En ello radica el mecanismo de la publicidad: crear y recrear imágenes estereotipadas que a su vez generen su correspondencia en el cliente potencial, porque sólo así mostrará la eficacia del mensaje. El mensaje publicitario es eficaz cuando crea una especie de imaginario colectivo, de axiología o de opinión pública con la cual se "coteja" y adquiere sentido.6

Y, para llegar al mayor número de personas, ha de utilizar las imágenes más mayoritarias, que son las más retrógradas y resistentes al cambio.

Dicen los expertos que a las mujeres se les presenta en actividades tipificadas como femeninas y siendo representadas como niñas dependientes, cálidas, sensibles, sumisas, poco autónomas, astutas y manipuladoras, tiernas, necesitadas de amor, púdicas o seductoras; a los hombres, como fuertes, activos, decididos, independientes, responsables, violentos, asertivos, agresivos, inteligentes, valientes, autoritarios, con necesidad de poder, éxito, prestigio, celebridad, realización, firmes, decididos, tranquilos, ponderados y equilibrados.

En efecto, en la publicidad a la mujer se le asigna en exclusiva los papeles relacionados con la vida doméstica y el cuidado de las personas y cuando ellas son el personaje principal del anuncio, este es de algún producto alimentario, de cuidado físico o estético. La persistencia de estereotipos sexistas se debe en gran parte a la proyección a través de los medios de comunicación de imágenes negativas y degradantes de la figura de las mujeres, en las que se aprecia una clara separación entre los papeles de hombres y mujeres como trabajadores o cuidadoras, activos o a cargo, productivos o no productivas, que dificulta la participación paritaria de mujeres y hombres en la vida familiar y social.

Si bien, se han dictado normas muy estrictas para publicitar tabaco o bebidas alcohólicas, no se ha hecho nada en lo referente a la presentación de estereotipos de género en la publicidad.

Las referencias más importantes contra la discriminación las encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo cuarto establece la igualdad entre hombres y mujeres. De este principio se desprenden la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 y la Ley por la que se crea el Instituto Nacional de la Mujeres de 2001.

La primera de ellas contempla algunos aspectos utilizables en la lucha contra la publicidad sexista y contemplados en la Ley como medidas para prevenir la discriminación. Así, el artículo 9 prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Considera como conductas discriminatorias establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en los que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación; ofender, ridiculizar o promover la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación; realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual.

A nivel internacional, numerosas declaraciones de instancias internacionales (Declaración de Atenas, de 1992; Conferencia de Pekín, de 1995 y Conferencia de la Unión Interparlamentaria de Nueva Delhi de 1997, entre otras) dejan claro que el desarrollo de la igualdad de género requiere de una regulación jurídica adecuada de los medios de comunicación.

La Ley General de Publicidad española, en su disposición sexta, prevé: que sea publicidad ilícita la utilización vejatoria de la imagen de la mujer, incluso de partes de su cuerpo. Además amplia las posibilidades de demanda ante los juzgados de Primera Instancia, permitiendo que las asociaciones de mujeres puedan hacerlo directamente.

Esta regulación es sin duda pionera, y no deberíamos quedarnos atrás. Es por ello que se propone esta iniciativa de reformas, para abolir los estereotipos de género en la publicidad, nocivos para la efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se reforman el inciso p) del numeral 1.- del artículo 38 y numeral 2.- del artículo 233, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo 67.- La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión se ajustará a las siguientes bases:

I a IV.- …

V.- No deberá hacer publicidad que incite a la violencia de género o a la discriminación, ni que fomente los estereotipos de género o de sexo.

Se entiende por estereotipos de género o de sexo todas aquellas imágenes, textos, diálogos, sonidos que reflejan las creencias populares, de manera muy simplificada y acotada, sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

No deberá incitar a la violencia de género o a la discriminación, ni fomentar los estereotipos de género o de sexo.

Se entiende por estereotipos de género todas aquellas imágenes, textos, diálogos, sonidos que reflejan las creencias populares, de manera muy simplificada y acotada, sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 38.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) a o) …

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos, que calumnie a las personas, que incite a la violencia de género o fomente los estereotipos de género o de sexo. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución;

q) a u) …

Artículo 233.-

1.- …

2.- En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, que calumnien a las personas, que incite a la violencia de género o fomente los estereotipos de género o de sexo. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

3.- y 4.- …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Claudia Sofía Corichi García”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Corichi García. Las Senadoras Ludivina Menchaca… por favor que la Secretaría tome nota…

- La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Ortuño Gurza, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: (Desde su escaño) Para hacer una aclaración.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Acepta, Senadora Corichi?

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por favor, sonido en el escaño de la Senadora Ortuño Gurza.

- La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: (Desde su escaño) Senadora, me parece una excelente propuesta, yo me sumo.

Pero sí quiero hacer la precisión. De que las atribuciones que señaló al Procurador Arturo Chávez, no las comparto, pero sí el espíritu de la iniciativa y el texto de ello, y por eso quisiera sumarme, pero sí precisar ese matiz.

Porque no son exactas, no por otra cosa.

Gracias.

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Adriana González, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Si le pudiera preguntar a la Senadora Corichi si nos podemos sumar la Senadora Ludivina Menchaca, la Senadora Blanca Judith Díaz y una servidora, así como la Senadora Teresa Ortuño.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Acepta, Senadora Corichi García, que suscriban la iniciativa?

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador Rubén Fernando Velázquez, el Senador Sánchez Anaya… por favor que la Secretaría tome nota, el Senador Melquiades Morales, la Senadora Irma Martínez, la Senadora Peredo Aguilar… por favor que la Secretaría nos ayude a tomar nota.

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor Presidente; y gracias a mis compañeras.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se incluye, desde luego, en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Gobernación; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

Por último, en el apartado de iniciativas tiene la palabra el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.


1 Philip Kotler, Dirección de la Mercadotecnia. México, Prentice Hall, 1993 (9a. edic.), p. 667.

2 José Luis Puñuel, La imagen del consumidor en la publicidad En: DIA-LOGOS de la comunicación Nº 27, Lima, FELAFACS, Julio de 1990; p.7

3 Raúl Bendezú Untiveros, Comunicación Publicitaria, eficacia y lógica cultural. En: DIALOGOS de la comunicación Nº 27, Lima, FELAFACS, Julio de 1990; p. 27

4 Ibidem

5 José Luis Puñuel, La imagen del consumidor en la publicidad En: DIALOGOS de la comunicación Nº 27, Lima, FELAFACS, Julio de 1990; p.7

6 Raúl Bendezú, Op. Cit., p. 22






INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. SenadorAdolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Adolfo Toledo Infanzón: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

De acuerdo con el artículo 4°, párrafo cuarto, de nuestra Constitución Política, se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; así también, en el artículo 25 de la propia Constitución, se determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. Y en el artículo 26, se establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación para el desarrollo nacional.

Ahora bien, la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. De ahí que, uno de los principales retos que tenemos en nuestro país, es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Y sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, enfatiza la importancia de intensificar el esfuerzo de conservación y protección de los ecosistemas. Para tal efecto, señala, se requiere una estrategia más coordinada e integrada de las políticas sectoriales y de los distintos órdenes de gobierno.

Ahora bien, para efectos de que esta estrategia de coordinación y de integración de las políticas sectoriales y de los distintos órdenes de gobierno, pueda incidir en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es en su artículo 11, donde se autoriza a la Federación, para que a través de laSecretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se puedan suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, o en su caso, los gobiernos municipales, asuman en el ámbito de su jurisdicción territorial diversas facultades que son competencia originaria de la Federación.

Sin embargo, en la práctica es un hecho común que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, al realizar convenios de colaboración o de coordinación con las entidades federativas o con los municipios, claudique en su facultad originaria de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, toda vez que en la mayoría de estos convenios no se prevé una cláusula de temporalidad para la vigencia de los mismos.

Este vacío legal, hace que la Federación desatienda un asunto de enorme importancia y calificado de prioritario según el Plan Nacional de Desarrollo, como lo es la conservación y protección de los ecosistemas.

Esta situación se da porque en algunos casos, o bien se omite establecer un plazo determinado para la extinción de los convenios de colaboración, o en algunos otros inclusive se establece una vigencia indefinida de los mismos.

En esta iniciativa, por lo tanto, se propone asignarle una temporalidad a la vigencia de los convenios de coordinación o colaboración entre la Federación y los gobiernos del Distrito Federal y los estados que no podrán exceder de tres años, con una clara intención de obligar a ambas partes a que asuman una mayor responsabilidad en un área de capital importancia como lo es la preservación y conservación de los recursos naturales en nuestro país.

Asimismo, se propone que la evaluación que deberá realizar la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, respecto al cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se publiqueen elDiario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, a fin de que los resultados sean vinculantes y de observancia obligatoria para la realización de futuros convenios.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el siguiente proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, se le pide, señor Presidente, que pueda insertarlo de manera íntegra en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzon, Senador de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; así también, en el artículo 25 de la propia Constitución mexicana se determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; y en el artículo 26 constitucional se establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Ahora bien, la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. De ahí que, uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.

Sin embargo, tal y como ha sido reconocido por el propio Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.

Es por ello, precisamente, que en el mismo Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Federal sostiene que “la sustentabilidad ambiental requiere de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo”; siendo ella, por lo tanto, una “premisa fundamental para el Gobierno Federal”, y que en el propio Plan Nacional de Desarrollo se traduciría en esfuerzos significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 también se afirma que “para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales”. Por ello, dice el documento, “el Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales”; y concluye que, “en este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de gobierno”.

En el mismo sentido, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, enfatiza la importancia de intensificar el esfuerzo de conservación y protección de los ecosistemas.Para tal efecto, señala, “se requiere una estrategia más coordinada e integrada de las políticas sectoriales y de los distintos órdenes de gobierno”, toda vez que “una parte importante de las políticas públicas que influyen sobre la situación de los recursos naturales y de medio ambiente son diseñadas y operadas por otras dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que es tarea indispensable asegurarse que estas incorporen el lente ambiental”.

Ahora bien, para efectos de esa estrategia más coordinada e integrada de las políticas sectoriales y de los distintos órdenes de gobierno, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 11, autoriza a la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman en el ámbito de su jurisdicción territorial diversas facultades que son competencia originaria de la Federación.

Sin embargo, en la práctica es un hecho común que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, al realizar convenios de colaboración o de coordinación con entidades federativas o municipios, claudique en su facultad originaria de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, toda vez que en la mayoría de estos convenios no se prevé una cláusula de temporalidad para la vigencia de los mismos.

Este vacío legal, hace que la Federación desatienda un asunto de enorme importancia y calificado de prioritario según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como lo es la conservación y protección de los ecosistemas.

Esta situación se da porque en algunos casos, o bien se omite establecer un plazo determinado para la extinción de los convenios de colaboración o coordinación, o en algunos otros inclusive se establece una vigencia indefinida de los mismos.

En esta Iniciativa, por lo tanto, se propone asignarle una temporalidad a la vigencia de los convenios de coordinación o colaboración entre la Federación y los gobiernos del Distrito Federal y los Estados que no podrá exceder de tres años, con la clara intensión de obligar a ambas partes a que asuman una mayor responsabilidad en un área de capital importancia como lo es la preservación y conservación de los recursos naturales en nuestro país.

Con esta propuesta se pretende fomentar el sentido de responsabilidad en ambas partes, a fin de que la evaluación final del convenio por parte de la Federación, sea un aliciente para los Estados y, en consecuencia, su trabajo se traduzca en mayores y mejores resultados de los establecidos en el convenio. En concreto, se trata de fortalecer el sistema de rendición de cuentas derivado de la creación de este tipo de convenios.

Así mismo, se propone que la evaluación que deberá realizar la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, respecto al cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que hace referencia el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, a fin de que los resultados sean vinculantes y de observancia obligatoria para la realización de futuros convenios.

Esta medida proporcionará certeza jurídica a ambas partes, a la vez que se combatirá la discrecionalidad en todos sus sentidos. Es así, pues en caso de que el informe de la evaluación por parte de la Secretaría sea aprobatorio, dicho Informe se convertirá en el principal argumento a favor de la entidad federativa para la celebración de nuevos convenios. Mientras que, en caso contrario, la Federación tendrá razones suficientes para denegar el otorgamiento de sus facultades a favor de una determinada entidad federativa, luego del incumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio.

En definitiva, con esta Iniciativa se pretende acabar con un cierto dejo de irresponsabilidad por parte de la Federación, a la vez que se estimula a las entidades federativas para realizar una labor más comprometida con la conservación y preservación del medio ambiente.

A final de cuentas, de aprobarse esta propuesta, será en beneficio del federalismo mexicano, pero principalmente de la población actual y de las generaciones futuras.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 12. (…)

I – V (…)

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, que en ningún caso podrá exceder de tres años, así como sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VI – X (…)

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

El resultado de la evaluación será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, dentro de los siguientes 15 días a la fecha de terminación del convenio, y sus conclusiones serán de observancia obligatoria parala realización de futuros convenios entre las mismas partes.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, dentro de los 15 días posteriores a la fecha del acuerdo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría está obligada a terminar de manera anticipada los Convenios cuya vigencia no esté establecida o sea por tiempo indefinido, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado del a República, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Toledo Infanzón. Con mucho gusto se instruye que se incluya íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Informo a la Asamblea que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Comunicaciones y Transportes, remitieron a la Mesa Directiva un proyecto de Decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, para el fomento de la seguridad en la aviación, firmado en Montreal el 18 de septiembre de 2007.





ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARAEL FOMENTO DE LA SEGURIDAD ENLA AVIACION, FIRMADO EN MONTREAL, CANADA, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE;
Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

H. ASAMBLEA:

El 8 de noviembre de 2007, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Comunicaciones y Transportespara su análisis y dictamen correspondiente el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, adoptado en Montreal, Canadá, el 18 de septiembre de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 85, 86, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 65 87, 88, 93 y 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

1. Antecedentes

En 2003, autoridades aeronáuticas estadounidenses y mexicanas iniciaron un proceso de consultas para la eventual negociación y firma de un Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA, por sus siglas en inglés) entre ambos países.

Para tal efecto, se determinó la necesidad de impulsar y consolidar la capacidad de diseño y manufactura de los productos aeronáuticos nacionales mediante la vinculación de la industria mexicana con los centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como con las grandes industrias aeroespaciales. A su vez, las autoridades aeronáuticas intercambiaron información y experiencias sobre la aprobación de documentos, políticas, estándares, sistemas de diseño y de producción de aeronaves en ambos países. Asimismo, las autoridades aeronáuticas efectuaron visitas mutuas para constatar en plantas de producción de productos aeronáuticos los procedimientos, prácticas de certificación y vigilancia o auditoría a las empresas.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió la capacitación básica necesaria de los equipos, hasta obtener el suficiente conocimiento sobre los procesos de certificación y capacidad de supervisión del diseño y manufactura de productos aeronáuticos.

El 23 de marzo de 2005, los mandatarios de México, Estados Unidos (EU) y Canadá anunciaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el objetivo de desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para contribuir a incrementar las oportunidades económicas y la competitividad de la región; definir un enfoque común de seguridad de la región; y mejorar la calidad de vida de los habitantes de América del Norte mediante la cooperación en materia de salud, medio ambiente, entre otros.

En junio de 2005, los Secretarios de Estado y Ministros de los tres países presentaron la agenda de iniciativas en las que se trabajarían en los meses por venir. Dicha agenda incluía el objetivo de establecer entre México y EU un Acuerdo Bilateral para la Seguridad en la Aviación con lo que se buscaba que México fortaleciera sus capacidades para producir partes y componentes para la industria aeroespacial y así incrementar las exportaciones a territorio estadounidense.

A partir de ese año, las autoridades estadounidenses y mexicanas iniciaron un proceso de negociación para la eventual firma de un acuerdo bilateral con los siguientes objetivos:

1. Impulsar y consolidar la capacidad de diseño y manufactura de productos aeronáuticos mexicanos;

2. Intercambiar información y experiencias sobre la aprobación de las políticas y estándares;

3. Implementar sistemas de diseño y producción de aeronaves en ambos países;

4. Otorgar capacitación básica a la autoridad aeronáutica mexicana sobre los procesos de certificación y supervisión del diseño y manufactura de productos aeronáuticos.

El proceso de negociación concluyó el 18 de septiembre de 2007. En el marco de la XXXVI Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional celebrada en Montreal, Canadá, el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México y la Secretaria de Transportes de los Estados Unidos de América firmaron el Acuerdo para el Fomento de la Seguridad en la Aviación entre ambos gobiernos.

2. Materia del Acuerdo

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación tiene como objeto eliminar trámites para las aprobaciones de algunos aspectos relativos a la industria aeronáutica en ambos países. Por medio de este Acuerdo, la autoridad aeroportuaria mexicana, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá certificar las partes aeroespaciales diseñadas y manufacturadas en México, para que éstas se envíen a sus mercados omitiendo la inspección-certificación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América.

3. Descripción del Acuerdo

El BASA consta de un acuerdo ejecutivo y los procedimientos de implementación (PI) respectivos, ya sea en el área de certificación de aeronaves y componentes, certificación de talleres, certificación de simuladores, entre otros.

El Acuerdo Ejecutivo fue firmado por el Departamento de Transporte de EU y las Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y establece la visión general de las actividades entre las agencias reguladoras.

Los PIs son los documentos de las agencias reguladoras que proporcionan los procedimientos detallados, los arreglos técnicos de trabajo, definen el intercambio de servicios y derechos que se atribuirá a cada una de las partes.

3.1 Acuerdo Ejecutivo

El Acuerdo Ejecutivo se integra de dos secciones. La primera parte establece los objetivos que se pretenden alcanzar con el acuerdo; la designación de autoridades de ejecución; definiciones; procedimiento para homologación de estándares; solución de controversias; y disposiciones finales. La segunda parte, señala las disposiciones que regularán los acuerdos de ejecución específicos para la implementación del acuerdo.

El Acuerdo reconoce el beneficio mutuo de procedimientos mejorados para la aceptación recíproca de aprobaciones de aeronavegabilidad, pruebas ambientales y el desarrollo de procedimientos de reconocimiento recíproco para la aprobación y monitoreo de simuladores de vuelo, instalaciones de mantenimiento de aeronaves, personal de mantenimiento, tripulaciones y operaciones de vuelo. Sus objetivos son:

1. Promover la seguridad en la aviación y la calidad ambiental;

2. Reconocer la tendencia emergente hacia diseños, producción e intercambio, multinacionales, de productos aeronáuticos civiles;

3. Mejorar la cooperación e incrementar la eficiencia en asuntos relacionados con la seguridad en la aviación civil;

4. Reducir la carga económica impuesta sobre la industria y los operadores de la aviación, por virtud de la redundancia en las inspecciones técnicas, las evaluaciones y las pruebas;

En relación al objetivo de mejorar la cooperación e incrementar la eficiencia en asuntos relacionados con la seguridad en la aviación civil, los gobiernos firmantes acordaron en el artículo primero, inciso A, “mantener un nivel de cooperación equivalente y facilitar la aceptación de lo realizado por la otra parte respecto de aprobaciones de aeronavegabilidad, pruebas ambientales, autorización de productos aeronáuticos civiles y evaluaciones de calificación de simuladores de vuelo; facilitar las autorizaciones y monitoreo de las instalaciones de mantenimiento e instalaciones de alteración o modificación, personal de mantenimiento, tripulación de vuelo, centros de capacitación en aviación y operaciones de vuelo de la otra parte; y procurar la cooperación para mantener un nivel equivalente de seguridad y de objetivos ambientales, con respecto a la seguridad en la aviación.

En este sentido, de acuerdo con el artículo segundo se entenderá como:

1. Aprobaciones de aeronavegabilidad a “la determinación de que el diseño o el cambio al diseño de un producto aeronáutico civil cumple con las normas acordadas entre las Partes o de que un producto aeronáutico civil se ajusta a un diseño, el cual se ha determinado que cumple con dichas normas, y que está en condiciones de operar con seguridad”;

2.Prueba ambiental “el proceso mediante el cual un producto aeronáutico civil es evaluado, en el cumplimiento de esas normas, utilizando los procedimientos acordados entre las Partes”;

3. Autorización de operaciones de vuelo“las inspecciones y evaluaciones técnicas efectuadas por una de las Partes, utilizando las normas acordadas entre las Partes, de una entidad que presta servicios comerciales de transportación aérea de pasajeros o de carga, o la determinación de que la entidad cumple con dichas normas”.

4. Evaluaciones para la calificación de simuladores de vuelo“el proceso de calificación por el cual, el simulador de vuelo es evaluado en comparación con la aeronave que simula, con arreglo a las normas acordadas entre las Partes, o la determinación de que éste cumple con dichas normas”.

5. Aprobación ambientalla determinación de que un producto aeronáutico civil cumple con las normas acordadas entre las Partes sobre ruido y/o emisión de gases”.

6. Mantenimiento“la realización de una inspección, revisión general, reparación, conservación y reemplazo de partes y materiales, accesorios y componentes de producto un producto aeronáutico civil, a fin de asegurar la continuidad de aeronavegabilidad de dicho producto, pero excluyendo alteraciones y modificaciones”.

7. Monitoreo“la vigilancia periódica realizadapor la autoridad de aviación civil de una Parte, para determinar el cumplimiento continuo de las normas apropiadas”.

En el inciso B, del artículo primero, se establece que “cada Parte designará a su autoridad de aviación civil como representante ejecutivo para implementar el presente Acuerdo”, señalando a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El artículo tercero, inciso A,señala que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) contarán con la facultad para realizar evaluaciones técnicas y trabajaran conjuntamente para la comprensión de normas y sistemas en las siguientes áreas:

1. Aprobación de aeronavegabilidad de productos aeronáuticos civiles

2. Aprobación y pruebas ambientales

3. Aprobación y monitoreo de instalaciones y personal de mantenimiento

4. Aprobación y monitoreo de operaciones y tripulación de vuelo

5. Evaluación y calificación de simuladores de vuelo

6. Aprobación y monitoreo de centros de capacitación en aviación

Este mismo artículo, en el inciso B,indica que se celebrarán procedimientos de ejecución escritos por parte de las autoridades de aviación civil cuando las Partes convengan que las normas, reglas, prácticas, procedimientos y sistemas en las áreas mencionadas en el párrafo anterior son equivalentes o compatibles para permitir la aceptación de determinaciones de cumplimiento de las normas acordadas, efectuadas por una de las Partes respecto de la otra Parte. Dichos procedimientos, menciona el artículo, tendrán que describir los métodos a través de los cuales se realizará la aceptación recíproca con respecto a la especialidad técnica.

Dicho acuerdo de aceptación recíproca, precisa el artículo tercero, inciso C,se llevará a cabo a través de un procedimiento escrito de ejecución que deberá contener como mínimo:

1. Definiciones.

2. Una descripción del alcance del área particular de la aviación civil a la que están dirigidos;

3. Disposiciones para la aceptación recíproca de las acciones de las autoridades de aviación civil, tales como testimonios de pruebas, inspecciones, calificaciones, aprobaciones, monitoreos y certificaciones;

4. Responsabilidad para rendición de cuentas;

5. Disposiciones para la cooperación y asistencia técnica mutuas;

6. Disposiciones para evaluaciones periódicas, y

7. Disposiciones para la enmienda o terminación de los procedimientos de Ejecución.

El Acuerdo señala en el artículo cuarto que “las diferencias que se presenten respecto de la interpretación, o aplicación del acuerdo o respecto de algunode los procedimientos de ejecución, se resolverán mediante consulta entre partes o entre autoridades de aviación civil”.

El Acuerdo finaliza con el artículo quinto donde establece los procedimientos para la implementación, modificación, entrada en vigor y finalización del Acuerdo. Así mismo, señala que los procedimientos de ejecución individuales podrán ser enmendados o terminados mediante acuerdo entre las autoridades de aviación civil de las Partes.

El Memorandum de Antecedentes que acompaña este instrumento internacional señala que todas las actividades contenidas en el acuerdo BASA contemplan la disponibilidad de personal técnico altamente especializado y con una capacitación dirigida a una filosofía como autoridad responsable de vidas humanas; entre las que se encuentran:

a) Participación en diversos acuerdos;

b) Entrenamiento intensivo de personal;

c) Evaluaciones técnicas;

d) Elaboración de los procedimientos de implementación;

e) Contacto continuo entre las autoridades aeronáuticas de ambos países;

f) Conocimiento de los pasos a seguir para las diferentes etapas del proceso BASA;

g) Reconocimiento y compresión de nuestros procesos de certificación;

h) Evaluación y análisis de la regulación mexicana para definir modificaciones;

i) Traducción de las partes de la normatividad correspondiente a la certificación;

j) Intercambio de información relativa al estado actual de la industria aeroespacial mexicana;

k) Documentación de la organización de la DGAC y sus procesos de certificación;

l) Análisis de la correlación de las regulaciones respectivas para proporcionar una matriz de referencias cruzadas;

m) Diseño de un programa de capacitación indispensable en la convergencia de los procesos de certificación de México con los de la FAA;

n) Responder y recibir asistencia técnica adicional;

o) Identificación de industrias y productos susceptibles de ser incluidos en el proceso BASA;

p) Inducción del proceso y vinculación con otras partes u organizaciones que pueden ayudar en el mismo, entre otras funciones que se encuentran enmarcadas dentro de las atribuciones u obligaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en particular de la DGAC.

El memorandum señala que estas actividades son responsabilidades insoslayables del gobierno mexicano, ante la seguridad de su población y la comunidad internacional. El fortalecimiento inmediato de la DGAC es una condición indispensable para la atención de sus atribuciones. A partir del Acuerdo BASA la DGAC destinará recursos para capacitar personal, mejorar sus procedimientos administrativos, de regulación y de apoyo al cumplimiento de leyes y programas, así como con los compromisos asumidos por el Gobierno de México en el marco de la Organización Internacional de Aviación Civil (OCI).

Igualmente, el Memorandum de Antecedentes menciona que previo a la formalización de un acuerdo de implementación es requisito indispensable que México cuente con capacidades nativas de diseño y fabricación. Si este proceso es encontrado satisfactorio conforme a los propios procesos de las autoridades aeronáuticas estadounidenses y mexicanas, ambas partes dan el visto bueno para la firma del acuerdo y se desarrollan conjuntamente los procedimientos de implementación de certificación de aeronaves y componentes específicos, a los cuales se les podrán adicionar otros procedimientos de implantación en áreas distintas de conformidad con las necesidades de cada país.

Asimismo, el memorandum señala que los acuerdos de implementación varían de país en país y pueden modificarse para ampliarse o cubrir actividades adicionales o cancelarse sin ello afectar el Acuerdo BASA o los otros procedimientos de implementación.

4. Consideraciones

a) Como ha quedado plasmado en el Acuerdo mediante el cual se establece la Política Aeronáuticaque dará rumbo y contenido a las actividades del Estado, el sector aeronáutico ha sido fundamental en el desarrollo del país, pues se ha constituido en un factor importante de integración de nuestro territorio y en las relaciones de México con el exterior.

La política aeronáutica describe que “…es de interés nacional fortalecer el desarrollo del sector aeronáutico, propiciando en todo momento su operación eficiente, competitiva y sobre bases equitativas; con estructuras financieras sanas; dotado de equipos modernos, siendo uno de los objetivos sustantivos el garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, fomentando una cada vez mejor capacitación del personal técnico aeronáutico, vigilando en todo momento que se cumpla con la legislación aeronáutica nacional, y que las operaciones aéreas cuenten con sistemas de control de tráfico que proporcionen con calidad los servicios de control de tránsito aéreo, incorporando la infraestructura y técnicas desarrolladas a nivel mundial”.1

En ese sentido entre los objetivos de la política aeronáutica nacional está impulsar el desarrollo de una industria aeronáutica fuerte y competitiva que aproveche las oportunidades comerciales y la posición geográfica estratégica para potenciar los flujos turísticos. Asimismo, se incluye la promoción del desarrollo tecnológico, asociado al sector aeronáutico, para impulsar oportunidades de negocios y creación de empleos, además de beneficios derivados al usuario.

b) Al hablar de la industria aeronáutica resulta relevante considerar que una de sus principales características es que cada pieza y componente que se produce en cualquier país del mundo debe de certificarse y cumplir requisitos de diseño del país donde se utilizará para fabricar los aviones o motores.

Este tipo de certificaciones tienen que ver con las obligaciones de los Estados degarantizar la seguridad aérea conforme al Convenio de la Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) del que México forma parte desde 1946.

c) En el caso concreto de Estados Unidos esto significa satisfacer los estándares y reglamentos de la Federal Aviation Administration (FAA). Existen tres maneras posibles de cumplir con ese requerimiento: 1) que las autoridades certificadoras de la FAA viajen a México para realizar la certificación, lo cual implica costos adicionales para la empresa; 2) enviar las piezas del país de origen al país de destino para ser certificadas; y 3) que México, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes certifique las partes y componentes y que dicha certificación sea reconocida por la FAA2. Para poder implementar la tercera opción se requiere del establecimiento de un Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA, por sus siglas en inglés).

d) Los acuerdos bilaterales de seguridad aérea con Estados Unidos de América (BASA´S) establecen el mecanismo a través del cual la Administración Federal de Aviación de ese país (Federal Aviation Administration.- FAA) y otro Estado reconocen mutuamente la capacidad y equivalencia de sus procesos de certificación de la autoridad aeronáutica. Este tipo de acuerdos representan la posibilidad de que la FAA apruebe productos aeronáuticos diseñados y manufacturados en otro país.Por lo que si la industria mexicana desea diseñar y manufacturar productos aeronáuticos para el mercado estadounidense, estos deben de ser aprobados a través del BASA.

e) Entre las razones que motivaron la negociación del BASA destaca la necesidad de la industria aeronáutica establecida en México de que sus productos puedan acceder en condiciones competitivas a los mercados internacionales, principalmente el mercado estadounidense.

f) La cercanía de EU es uno de los beneficios más fuertes para este sector, ya que de ese país anualmente provienen 7 de cada 10 aviones que se fabrican en el mundo. Por las similitudes que tiene la industria aeroespacial con la automotriz, México también ha acumulado experiencia técnica en el sector y hoy es uno de los 20 principales exportadores de equipo aeronáutico. Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones del mundo, tiene su sede en EU, donde las compras de equipo y vehículos aeroespaciales aumentaron 40 por ciento en los últimos cuatro años3.

g) Firmas aeronáuticas siguen incluyendo a México como parte de su estrategia global de producción, pese al entorno recesivo y de pérdidas generalizadas en industrias afines. Se ha observado que en los últimos 3 años las inversiones directas en este rubro se han incrementado en 30 por ciento anual4.

h) En México hay instaladas casi 200 empresas de alto nivel relacionadas con la industria aeroespacial en los rubros de manufactura de material aéreo, mantenimiento aeronáutico e ingeniería, localizadas en 15 estados de la República ( Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, entre otros). Estas empresas vendieron 3,400 millones de dólares el año pasado y generaron 20,000 empleos directos e indirectos de acuerdo con cifras de Proméxico.

i) Las firmas europeas de aeronáutica también tienen razones para llegar a México. Para las empresas europeas, entre ellas Airbus, América del Norte se ha vuelto atractiva para fabricar y exportar debido a la devaluación del dólar frente al euro. En abril pasado, el dólar había perdido más de 50 por ciento de su valor desde enero de 2002. A finales de 2008, el dólar se recuperó, pero el tipo de cambio sigue siendo una ventaja. Por cada centavo que sube el euro respecto del dólar, el consorcio aeroespacial europeo EADS (dueño de Airbus) pierde 1,000 millones de dólares. Por lo anterior,EADS pretende trasladar 20 por ciento de su producción en Europa hacia países con menores costos5.

j) El reporte titulado “Situación de la industria aeronáutica en México” indica que “inicialmente el sector aeronáutico en México se basó en la manufactura de partes y componentes simples. Al día de hoy, se avanza en la elaboración de piezas que implican movimiento o que están del lado caliente del motor, lo cual requiere mayor complejidad del proceso y contar con las certificaciones que exige el sector, logrando una participación paulatina, pero firme, en la cadena de suministro global de la industria aeronáutica”.

k) De acuerdo con el Memorandum de Antecedentes que acompaña al BASA, este instrumento internacional permitirá:

1. Certificar previamente las partes aeroespaciales diseñadas y manufacturadas en México para que éstas se envíen a mercados globales directos de la fábrica y aceptados por la FAA;

2. Obtener acceso al mercado estadounidense por parte de la industria mexicana que diseña y manufactura productos aeronáuticos;

3. Reconocer a México como autoridad aeronáutica competente y responsable, lo cual tendrá consecuencias positivas en la credibilidad del país en todas las actividades aeronáuticas que se realicen (confianza en operadores aéreos, aeropuertos, servicios de navegación, etc.);

4. Ayudar a los operadores aéreos mexicanos que actualmente cumplen por partida doble con la regulación nacional y de la FAA;

5. Reconocer la certificación de licencias y del medio ambiente en materia aeronáutica;

6. Reducir los costos que rigen la actividad;

7. Evitar pérdidas de mercado interno y externo de las aerolíneas nacionales;

8. Aumentar el turismo y los viajes de negocio desde y hacia México por la confianza en la seguridad aérea;

9.Evitar aumento a las tarifas aéreas derivados de los costos de seguros;

10. Facilitar el acceso de aeronaves mexicanas a otros países;

11. Promover la operación aérea extranjera en nuestro país;

l) Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la entrada en vigor del BASA contribuirá a:

1. Facilitar y fortalecer el desarrollo de la industria aeronáutica en México y, en general, la competitividad del país;

2. Facilitar las operaciones de proveeduría de partes tanto hacia las empresas fabricantes de aviones como al resto de sus clientes;

3. Promover el reconocimiento a la calidad de los productos aeronáuticos fabricados en el país y por lo tanto se pueden abrir oportunidades de negocio;

4. Evitar incurrir en costos adicionales ya que la certificación la realizaría la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT a un costo menor.

m) No tener el BASA significa no contar con un reconocimiento como autoridad aeronáutica competente y responsable de sus funciones, no sólo por parte de los EU, también en el ámbito internacional, con las consecuencias inherentes sobre la credibilidad en todas las actividades aeronáuticas realizadas.

Correlacionándolo con el ámbito financiero eso implica un mayor costo en la mayoría de los aspectos que rigen la actividad, como las cargad financieras de las compañías del ramo, perdidas de mercado interno y externo de las aerolíneas nacionales, disminución del turismo y de los viajes de negocios desde y hacia nuestro país por la desconfianza en la seguridad aérea del país, misma que se refleja también en el aumento de las tarifas áreas derivado de mayores costo en seguros, depreciación mayor del parque aeronáutico nacional, arrendamientos más altos menos facilidad de acceso de nuestras aeronaves a otros países por mayores requisitos, duplicidad de trámites, menor interés de otros operadores aéreos para operar en nuestro país por las causas mencionadas anteriormente.

n) Por virtud del acuerdo BASA la DGAC podrá certificar las partes aeroespaciales diseñadas y manufacturadas en México, para que estas se envíen a sus mercados globales directo de la fábrica y aceptadas por la FAA sin pasar por la inspección-certificación en EU.

o) El acuerdo BASA facilitará y fomentará la certificación de productos aeronáuticos diseñados y manufacturados en México, que se exportan al mercado estadounidense y en un paso posterior ayudará a los operadores aéreos mexicanos que actualmente cumplen por partida doble con la regulación nacional y la de la FAA, así como al reconocimiento de certificación de licencias en materia aeronáutica.

Con base en lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Comunicaciones y Transportes somete a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación firmado el 18 de septiembre de 2007, en la ciudad de Montreal, Canadá.

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte: Sen. Luis Alberto Villarreal García, Presidente.- Sen. AmiraGriselda Gómez Tueme, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Sen. Eloy Cantú Segovia.- Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy.- Sen. Jesús Dueñas Llerenas.- Sen. Adriana González Carrillo.- Sen. Rosario Green Macías.

Comisión de Comunicaciones y Transportes:Sen. Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente.- Sen. José JuliánSacramento Garza, Secretario.- Sen. Antonio Mejía Haro, Secretario.- Sen. Sebastián Calderón Centeno.- Sen. AndrésGalván Rivas.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo.- Sen. Juan Bueno Torio.- Sen. José Isabel Trejo Reyes.- Sen. JorgeMendoza Garza.- Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez.- Sen. Salomón Jara Cruz.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Javier Orozco Gómez.- Sen. Francisco Xavier Berganza Escorza”.

Debido a que el dictamen se ha distribuido entre la Asamblea y de conformidad con el acuerdo de los coordinadores parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Queda de primera lectura.


1 Diario Oficial, lunes 29 de octubre de 2001, primera sección pg 1.

2 Centro de Integración para la Industria Automotriz y Aeronáutica de Sonora, AC, Boletín No. 009: 4 de febrero de 2009, en http://ciiaas.wordpress.com

3 Ramírez Zacarías, “Firmas aeronáuticas aterrizan en México” en http://www.cnnexpansion.com/negocios

4Ibid

5Ibid






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

También la Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

México, D. F., Octubre 6 de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa a la Senadora Martha Leticia Sosa Govea como integrante de la Comisión de Equidad y Género; y de la Comisión de Cultura, en sustitución del Senador suplente Luis Fernando Rodríguez Lomelí.

SEGUNDO. Se designa a la Senadora Martha Leticia Sosa Govea como integrante de la Comisión de Federalismo, en sustitución del Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa.

TERCERO. Se designa al Senador Fernando Elizondo Barragán, como integrante de la Comisiones de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Energía,en sustitución del Senador suplente Luis David Ortiz Salinas.

CUARTO. Se designa al Senador Alberto Cárdenas Jiménez como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en sustitución del Senador Jesús Dueñas Llerenas.

QUINTO.- Se designa al Senador Alberto Cárdenas Jiménez como Secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en sustitución de la Senadora suplente Eva Contreras Sandoval.

SEXTO. Se designa al Senador Alberto Cárdenas Jiménez como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos,en sustitución de la Senadora suplente Eva Contreras Sandoval.

SEPTIMO.- Se designa al Senador Sergio Álvarez Mata como Secretario de la Comisión de Cultura, en sustitución de la Senadora suplente Martha Leticia Rivera Cisneros.

OCTAVO.- Se designa al Senador Sergio Álvarez Mata como integrante de la Comisión de Desarrollo Social, en sustitución de la Senadora suplente Martha Leticia Rivera Cisneros.

NOVENO.- Se designa al Senador Sergio Álvarez Mata como integrante de la Comisión de Educación.

DECIMO.- Se designa a la Senadora Beatriz Zavala Peniche como Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, en sustitución de la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, quien continúa como integrante de la misma Comisión.

DECIMO PRIMERO.- Se designa al Senador Alejandro Zapata Perogordo como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, en sustitución del Senador Ricardo García Cervantes.

DECIMO SEGUNDO.- Se designa al Senador Alejandro Zapata Perogordo como integrante de las Comisiones de Gobernación; y de Justicia; en sustitución del Senador Ricardo García Cervantes.

DECIMO TERCERO.- Se designa al Senador Alejandro Zapata Perogordo como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sustitución del Senador Eugenio Govea Arcos.

DECIMO CUARTO.- El Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa deja de formar parte como integrante de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación y pasa a formar parte como integrante del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, en sustitución de la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón.

DECIMO QUINTO.- Se designa al Senador Luis Alberto Coppola Joffroy como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

DECIMO SEXTO.- Se designa a la Senadora María Serrano Serrano como Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en sustitución del Senador Eugenio Govea Arcos.

DECIMO SEPTIMO.- Se designa al Senador Jesús Dueñas Llerenas como Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, en sustitución del Senador suplente Luis Fernando Rodríguez Lomelí.

DECIMO OCTAVO.- Se designa al Senador Jesús Dueñas Llerenas como Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional, en sustitución de la Senadora suplente Eva Contreras Sandoval.

DECIMO NOVENO.- La Senadora María Serrano Serrano deja de ser integrante de la Comisión de Reforma del Estado.

VIGESIMO.- El Senador Rubén Camarillo Ortega deja de ser integrante de la Comisión de Reforma del Estado y se designa como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en sustitución del Senador Ricardo García Cervantes.

VIGESIMO PRIMERO.- El Senador Héctor Pérez Plazola deja de formar parte como integrante, de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas y se designa como integrante de la Comisión de Fomento Económico, en sustitución del Senador Héctor Mendizábal Pérez.

VIGESIMO SEGUNDO.- El Senador Jesús Dueñas Llerenas deja de formar parte como Secretario de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas.

VIGESIMO TERCERO.- El Senador Ulises Ramírez Núñez deja de formar parte como integrante de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y se designa como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

VIGESIMO CUARTO.- Se designa a la Senadora María Serrano Serrano como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

VIGESIMO QUINTO.- El Senador Felipe González González deja de formar parte como integrante de la Comisión de Desarrollo Regional.

VIGESIMO SEXTO.- Se designa al Senador Felipe González González como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sustitución de la Senadora María Serrano Serrano.

VIGESIMO SEPTIMO.- La Senadora Blanca Judith Díaz Delgado deja de ser integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

VIGESIMO OCTAVO.- Se designa a la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en sustitución del Senador suplente Héctor Mendizábal Pérez.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, Integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Santiago Creel Miranda, Integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Melquiades Morales Flores, Integrante de la Junta de Coordinación Política”.

Dicho Acuerdo se ha distribuido entre la Asamblea para su conocimiento. En tal virtud, está a discusión. Debido a que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

Pasamos ahora al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.






PROPUESTAS

Se recibió de los Senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Angel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mantenga el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la medida de lo posible se incremente, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Los suscritos, Senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Ocejo Morenoy Angel Alonso Díaz Caneja, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Consideración de esta Soberanía, el siguientepunto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, para que, dentro del proceso de análisis, discusión yaprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, mantenga el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la medida de lo posible se incremente.

Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los legisladores, al igual que todos los actores políticos, estamos conscientes de ladifícil situación en la que, la crisis económica mundial ha colocado a nuestras finanzas públicas, acrecentada por la declinación de laproducción de Petróleos Mexicanos, así como todos y cada uno de los factores que de forma directa e indirecta impactan en la economía nacional.

Sabemos que las necesidades de nuestro país son muchas y que los recursos económicos no van a la par de las más sentidas demandas sociales, como cerrar la brecha de la pobreza y lograr la cobertura universal de salud; sin embargo, uno de los rubros más importantes para el desarrollo de México, sin duda lo es, la inversión en educación superior.

Estamos conscientes de las imperantes necesidades que tiene nuestro país, pero también debemos estar atentos de la fuerte inversión que representa la población universitaria de México, la cual finca sus esperanzas de superación en todas las universidades estatales con las que cuenta nuestro país.

Es responsabilidad del gobierno proporcionar a este universo poblacional las herramientas que les permita ser económicamente activos, capaces de formar parte del sector productivo y generadores de riqueza, logrando una población totalmente abastecedora y no dependiente de programas de asistencia social.

En la medida en que nuestros jóvenes se encuentren mejor preparados, podrán enfrentarse a la economía globalizada para poder ser más competitivos, con el fin de que los porcentajes en los decídeles de nuestro país se reviertan para minimizar el alto índice de desempleo y pobreza que prevalece en el acontecer cotidiano.

Países que han invertido en ciencia, tecnología yeducación superior como factor de desarrollo aparejadamente han resuelto problemas básicos de bienestar social.

En este contexto Puebla es uno de los Estados con más alto índice de recepción de jóvenes procedentes de todas partes de la República Mexicana, principalmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, entre otros, para quienes la diversidad de las carreras, aunado a la calidad educativa y el bajo costo que para ellos representa el prepararse académicamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hacen que actualmente sea una de las principales fuentes de profesionistas en el país y a nivel internacional.

Los que suscribimos este punto de acuerdo senadores por elEstado de Puebla, somos testigos de que la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fundada en 1937 ha realizado en los últimos años unimportante desarrollo de la infraestructura física para atender mejor la necesidades académicas de los alumnos logrando incrementar el área construidaen casi 100 mil metros cuadrados. Una de las obras más importantes es elComplejo Cultural Universitario, escenario de clase mundial.

También ha logrado un destacado avance en su calidad académica, al conseguir el reconocimiento al cien por ciento de la matrícula de licenciatura, que se encuentra incorporada al Padrón Nacional de Programas Reconocidos por su Buena Calidad.

Esto ubica a la BUAP como unade las macrouniversidades de México donde las 62 licenciaturas que ofrece son de calidad, de acuerdo con los referentes oficiales para otorgar este aval que son: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Lo anterior, enbeneficio de la comunidad universitaria que al momento de alcanzar su madurez profesional podrán retribuirlo a la sociedad, generando riqueza.

Es necesario que miles de jóvenes puedan seguir teniendo la oportunidad de seguir cursado una carrera universitaria que les permita enfrentarse al futuro con mayores conocimientos y capacidades, herramientas que ofrece la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión yaprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y con base en los requerimientos presentados por laBenemérita Universidad Autónoma de Puebla, se considere la necesidad de mantener el subsidio otorgado a dicha institución con la finalidad de que se le permita cumplir con los objetivosplanteados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 octubre de 2009.

Sen. M. Humberto Aguilar Coronado.- Sen. Rafael Moreno Valle.- Sen. Jorge A. Ocejo Moreno.- Sen. Angel Alonso Díaz Caneja”.

Se recibió de la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mayores recursos que se destinen al subsidio para la seguridad pública municipal o bien, aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio, el cual se turna a la Cámara de Diputados

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR Y APROBAR EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010, MAYORES RECURSOS QUE SE DESTINEN AL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL O BIEN, APLICAR UN RECURSO A LOS MUNICIPIOS QUE NO SON ELEGIBLES PARA RECIBIR ESTE SUBSIDIO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Lazara Nelly Gonzalez Aguilar, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a considerar y aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, mayores recursos que se destinen al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), o bien aplicar un recurso a los municipios que nos son elegibles para recibir este subsidio, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día 15 de enero de 2009 fue publicado el Acuerdo 01/2009, en el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).

Con fecha 30 de enero del 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de adhesión que se deberá suscribir.

Con fundamento en estos dos Acuerdos referidos y lo dispuesto en los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 10, fracción I y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se aumentó para este 2009 a un total en el país de 206 municipios beneficiados con este subsidio, a diferencia de los 150 que eran elegibles en el 2008.

Este avance que se dio para este año fue un paso importante, sin embargo, aún quedan más de 2200 municipios que no reciben este apoyo tan necesario para fortalecer la Seguridad Pública de la población.

Concientes de la crisis en las finanzas públicas que nos agobia derivada de la crisis económica mundial, entendemos la problemática, pero la seguridad pública es una de las funciones esenciales inherentes al Estado, por lo que en este rubro no se debe bajar la guardia.

Por tanto, es pertinente solicitar a la colegisladora el aumento en este subsidio de tal forma que abarque a más municipios o en su defecto generar un apoyo a los municipios que no sean elegibles para el SUBSEMUN, toda vez, que estos municipios enfrentan serios problemas de viabilidad presupuestal y podrían verse obligados a recortar recursos en esta área tan importante para la ciudadanía.

Sabedores del compromiso institucional que tenemos todas las autoridades, para hacer frente a los problemas sociales, es imperativo que este rubro de la seguridad pública municipal no se vea perjudicado aún cuando estemos en una época de escasez de recursos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la presente Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se destinen mayores recursos al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), o bien aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio.

Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Sen. Lázara Nelly González Aguilar”.

Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los programas de atención a los jóvenes, así como implementar una política de desarrollo integral de la juventud, mismo que se turna a la Comisión de Juventud y Deporte para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LAS Y LOS JOVENES, ASI COMO A IMPLEMENTAR UNA POLITICA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

“DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Gabino Cue Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los programas de atención a las y los jóvenes, así como a implementar una política de desarrollo integral de la juventud, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al el II Conteo de población y vivienda del INEGI, 2005, la población juvenil asciende a 33 millones de mexicanos. Esto es, uno de cada tres mexicanos tiene entre 12 y 29 años de edad, lo que representa una oportunidad demográfica insustituible, pues representan un potencial de desarrollo social, económico, político, cultural y deportivo.

Sin embardo, hoy más que nunca ser joven es un gran reto. Además de enfrentar los cambios fisiológicos característicos de la edad también tienen que lidiar la ausencia de oportunidades, la cancelación de fuentes de trabajoy el deterioro de las condiciones de vida.

Esa vulnerabilidad esta generando problemáticas sociales de alcances peligrosos como son la deserción escolar, la violencia, el consumo de alcohol y drogas, las prácticas sexuales riesgosas, el vandalismo, la prostitución, la huida del núcleo familiar, la adopción de conductas nocivas para ellos y quienes los rodean, la apatía, la inactividad, la criminalidad, etc.

Pese a ello, los gobiernos han desestimando el costo real de estas conductasy no invierten adecuadamente para mejorar las condiciones de vida de este basto sector de la población y brindarles mejores expectativas de desarrollo. Aunque estas conductas riesgosas representan casi el 1 por ciento del PIB según un estudio del Banco Mundial.

En lo jóvenes existe una sensación generalizada de ausencia de futuro. La juventud de hoy se enfrenta una realidad hostil y de oportunidades restringidas que demandad mayor especialización, sin embargo, la circunstancias a las que se enfrentan son adversas pues se enfrentan a una deficiente preparación educativa que los despoja de la oportunidad de alcanzar mejor empleo y remuneración, y que lo arroja a las garras del subempleo y la delincuencia organizada.

Además, la actual crisis económica coloca a estegrupo poblacional ente una dramática realidad si se considera que el país se encuentra en una situación en que su capacidad de crecimiento se ha mermado, por lo que es incapaz de crear los puestos de trabajo necesarios para absorber el incremento poblacional.

Es claro que los organismos gubernamentales creados para atender la problemática juvenil han sido rebasados por la compleja situación que presenta el sector. Además de que ha faltado una mayor coordinación entre las distintas dependencias que atienden directa o indirectamente la problemática de los jóvenes, impidiéndose con ello el mejor aprovechamiento de los recursos destinados.

La situación actual nos obliga hacer un cambio de lo que tradicionalmente se ha concedido como política juvenil. Debemos centrar la discusión de lo juvenil a fin de integrarlo y vincularlo con una política social de desarrollo, que permita superar las deficiencias de las políticas públicas que conciben a los jóvenes como un problema o aquellas que les otorgan un tratamiento asistencialista o de paliativos.

Debemos pues dejar de de ver a la juventud como un problema y considerarlos como una verdadera oportunidad de desarrollo, que con las políticas publicas adecuadas y sostenidas puedanconducir al país a otro estado del desarrollosocial y económico

De ahí la necesidad de repensar los programas y políticas juveniles para ofrecerles nuevos y mejores esquemas que les permitan multiplicar sus oportunidades.

Es necesario resaltar que hacer política juveniles no se circunscriben a la mera realización de concursos y certámenes en que premie le esfuerzo individual con una simbólica ayuda económica, el asunto es más profundo y requiere deacciones contundentes queles ofrezcan alternativas reales de desarrollo a lo jóvenes.

Hoy por hoy nos encontramos ante una juventud propositiva y ávida de participación. No les cerremos las puertas y la oportunidad de un horizonte promisorio.

Como sociedad nos encontramos ante un gran reto y oportunidad de impulsar el desarrollo nacional basado en la atención adecuada de la problemática juvenil que trascienda la visión de que los único que desean y necesitan los jóvenes es deporte, espectáculos y recreación, su participación debe ir más allá pues están ávidos de participar en todos los aspectos de la vida nacional

Como grupo demográfico mayoritario, la juventud mexicana se constituye como un pilar importante del desarrollo, por lo que requiere de políticas públicas que faciliten y potencialicen su desarrollo como individuos y como ciudadanos.

La tarea a realizar se centra en imaginar políticas públicas, al corto y largo plazo que promueva las oportunidades juveniles y atiendan las lademandas de apertura de oportunidades económicas, inclusión social, equidad y respeto a su diversidad.

La juventud no es un enfermedad que se cura con el tiempo es un estado de enorme potencialidad y sinergia que puede ser aprovechado para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Por ello, el ejecutivo federal debe formular los cambios institucionales que permitan la generación y multiplicación de oportunidadeslaborales, culturales y educativas, así como de asumir el compromiso de garantizar la salvaguarda y respeto de sus derechos fundamentales.

Todo ello con el firme propósito de crear juventudes mejor preparadas para enfrentar lo retos que la modernidad y los vaivenes económicos imponen.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar los planes y programas de atención a las y los jóvenes, así como a implementar una política de desarrollo integral de la juventud que les permita contar con oportunidades reales para mejorar su calidad de vida.

Segundo.- El Senado de la República solicita al Instituto Mexicano de la Juventud a que remita a esta Soberanía un informe sobre los alcances, el impacto y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Projuventud 2002-2006, así como del Programa Nacional de Juventud 2008-2012.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. Gabino Cué Monteagudo”.

Tiene la palabra la Senadora Adriana González Carillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a celebrar convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral y otros servicios de correos en el mundo a fin de disminuir el costo del voto de los mexicanos en el exterior para el proceso presidencial del 2012.

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Uno de los logros más importantes en la construcción del sistema democrático en México ha sido la aprobación de reformas para reconocer el derecho del voto de los mexicanos que residen en el extranjero, sumándose a los 80 países de la comunidad internacional que ya reconocen este derecho a sus ciudadanos.

Las modificaciones realizadas al Código Federal de Procedimientos Electorales y que fueron publicadas en el año 2005 establecen que “los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero que cuenten con la credencial de elector con fotografía expedida en territorio nacional podrán participar en la elección de Presidente de la República”. Asimismo, se previó que los envíos a territorio nacional de los formatos de inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, así como la boleta electoral tendrían que ser vía correo postal.

En ese contexto, la participación del Servicio Postal Mexicano resultaría fundamental para el ejercicio efectivo del derecho al voto. Fue por eso que, el 5 de agosto de 2005, el IFE celebró un convenio de colaboración con SEPOMEX por el cual se establecía que dicha instancia “prestará el servicio de correos dentro del territorio mexicano consistente en la clasificación, recepción, despacho y entrega de los documentos y materiales que se requieran para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el proceso federal 2005-2006”. Igualmente, se estipulaba que el IFE proveería de los apoyos materiales, técnicos y humanos previo y durante el desarrollo del proceso electoral.

Así, SEPOMEX fue el responsable de recibir las más de 40 mil solicitudes de inscripción en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, de un universo estimado de 4 millones 200 mil mexicanos que residen en el exterior, de enviar cerca de 14 mil notificaciones a los ciudadanos mexicanos cuyo trámite estaba incompleto o fuera de la norma, así como la recepción de 33 mil 111 sobres con los votos emitidos desde el exterior. Para ello, se contactó al United States Postal Service a fin de lograr su apoyo y colaboración para la implementación del voto de los mexicanos que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, y se facilitó el uso del correo registrado para el envío de los sobres por parte de los ciudadanos con mecanismos de porte pagado con cargo al IFE.

Adicionalmente, se establecieron dos centros de operación: uno en el aeropuerto, que bajo las más estrictas normas de seguridad, recibía las piezas postales procedentes del extranjero para su entrega al IFE y otro en la colonia las Flores, al sur de la ciudad de México, en donde se procesaban, clasificaban y resguardaban las piezas que entregó SEPOMEX.

En 2006, la implementación del proyecto del voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero quedó cubierta con 265 millones de pesos. Sin embargo, el costo del voto siguió siendo muy elevado para el erario público, en parte, por la falta de flexibilidad en el Convenio celebrado entre el IFE y el Servicio Postal Mexicano, ya que se estipulaba que el IFE pagaría por anticipado a SEPOMEX el servicio, una vez identificado el número de piezas a enviar conforme a la tarifa postal vigente por lo que a menor número de envíos mayor sería el costo de los mismos.

Reconociendo la importancia de sumar a más mexicanos al sistema democrático nacional, estimamos necesario y apremiante hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los ciudadanos mexicanos que están más allá de nuestras fronteras y desean participar activamente en la consolidación democrática de México puedan emitir su voto de manera libre, sin que el costo del mismo sea un obstáculo para ejercerlo.

Lo anterior nos presenta la imperiosa necesidad de que, ante la ampliación del padrón electoral de mexicanos en el extranjero y adicionalmente, la crisis económica mundial y el costo elevado del sufragio postal en los términos que se encuentra actualmente establecido, trabajemos con las instancias responsables para que se lleven a cabo las acciones necesarias y facilitar a través de mecanismos menos onerosos la participación de los mexicanos en el exterior y, con las recomendaciones hechas en el informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, también para mejorar la logística y garantizar el ejercicio efectivo del voto para el próximo periodo electoral presidencial 2011-2012.

En este sentido, desde el Senado de la República reconozco el papel fundamental que realiza el Servicio Postal Mexicano para hacer posible el proyecto del voto de nuestros connacionales; por lo que deberá desempeñar un papel mucho más activo en el próximo proceso presidencial y ampliar su facultad de coordinación con otros servicios postales en el mundo, especialmente para disminuir el costo de los envíos y el impacto en el presupuesto público.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Resolutivo Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta a su vez inste al Servicio Postal Mexicano a que celebre convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral y otros servicios de correo en el mundo a fin de disminuir el costo del voto de los mexicanos en el exterior, especialmente para el proceso electoral presidencial del año 2012.

Resolutivo Segundo.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que envíe un informe a esta Soberanía sobre los convenios que el Servicio Postal Mexicano haya suscrito con otros servicios postales del mundo a fin de abaratar el costo del voto de los mexicanos desde el exterior.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE ESTA A SU VEZ INSTE AL SERVICIO POSTAL MEXICANO A QUE CELEBRE CONVENIOS DE COLABORACION CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y OTROS SERVICIOS DE CORREO EN EL MUNDO A FIN DE DISMINUIR EL COSTO DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR PARA EL PROCESO PRESIDENCIAL DEL 2012

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Quien suscribe, Adriana Gonzalez Carrillo, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que ésta a su vez inste al Servicio Postal Mexicano a que celebre Convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral y otros servicios de correo en el mundo a fin de disminuir el costo del voto de los mexicanos en el exterior para el proceso presidencial del 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los logros más importantes en la construcción del sistema democrático en México ha sido la aprobación de reformas para reconocer el derecho del voto de los mexicanos que residen en el extranjero, sumándose a los 80 países de la comunidad internacional que ya reconocen este derecho a sus ciudadanos.

Las modificaciones realizadas al Código Federal de Procedimientos Electorales y que fueron publicadas en el 2005 establecen que “los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero que cuenten con la credencial de elector con fotografía expedida en territorio nacional podrán participar en la elección de Presidente de la República”. Asimismo, se previó que los envíos a territorio nacional de los formatos de inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, así como la boleta electoral tendrían que ser vía correo postal.

En ese contexto, la participación del Servicio Postal Mexicano resultaría fundamental para el ejercicio efectivo del derecho al voto. Fue por eso que, el 5 de agosto de 2005, el IFE celebró un convenio de colaboración con SEPOMEX por el cual se establecía que dicha instancia “prestará el servicio de correos dentro del territorio mexicano consistente en la clasificación, recepción, despacho y entrega de los documentos y materiales que se requieran para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el proceso federal 2005-2006”. Igualmente, se estipulaba que el IFE proveería de los apoyos materiales, técnicos y humanos previo y durante el desarrollo del proceso electoral.

Así, SEPOMEX fue el responsable de recibir las más de 40 mil solicitudes de inscripción en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, de un universo estimado de 4 millones 200 mil mexicanos que residen en el exterior, de enviar cerca de 14 mil notificaciones a los ciudadanos mexicanos cuyo trámite estaba incompleto o fuera de la norma, así como la recepción de 33 mil 111 sobres con los votos emitidos desde el exterior. Para ello, se contactó al United States Postal Service a fin de lograr su apoyo y colaboración para la implementación del voto de los mexicanos que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, y se facilitó el uso del correo registrado para el envío de los sobres por parte de los ciudadanos con mecanismos de porte pagado a cargo del IFE.

Adicionalmente, se establecieron dos centros de operación: uno en el aeropuerto, que bajo las más estrictas normas de seguridad, recibía las piezas postales procedentes del extranjero para su entrega al IFE y otro en la colonia las Flores, al sur de la ciudad de México, en donde se procesaban, clasificaban y resguardaban las piezas que entregó SEPOMEX.

En 2006, la implementación del proyecto del voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero quedó cubierta por $265 millones de pesos. Sin embargo, el costo del voto siguió siendo muy elevado para el erario público, en parte por la falta de flexibilidad en el Convenio celebrado entre el IFE y el Servicio Postal Mexicano, ya que se estipulaba que “el IFE pagaría por anticipado a SEPOMEX el servicio, una vez identificado el número de piezas a enviar conforme a la tarifa postal vigente” por lo que a menor número de envíos mayor sería el costo de los mismos.

Reconociendo la importancia de sumar a más mexicanos al sistema democrático nacional, estimamos necesario y apremiante hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los ciudadanos mexicanos que están más allá de nuestras fronteras y desean participar activamente en la consolidación democrática de México puedan emitir su voto de manera libre, sin que el costo del mismo sea un obstáculo para ejercerlo.

Lo anterior nos presenta la imperiosa necesidad de que, ante la ampliación del padrón electoral de mexicanos en el extranjero y adicionalmente, la crisis económica mundial y el costo elevado del sufragio postal en los términos que se encuentra actualmente establecido, trabajemos con las instancias responsables para que, de manera oportuna, organizada y transparente, se lleven a cabo las acciones necesarias para facilitar a través de mecanismos menos onerosos la participación de los mexicanos en el exterior y, con las recomendaciones hechas en el Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mejorar la logística para garantizar el ejercicio efectivo del voto para el próximo periodo electoral presidencial 2011-2012.

En ese sentido, desde el Senado de la República reconozco el papel fundamental que realiza el Servicio Postal Mexicano para hacer posible el proyecto del voto de nuestros connacionales; por lo que debiera desempeñar un papel más activo en el próximo proceso presidencial y ampliar su facultad de coordinación con otros servicios postales en el mundo para disminuir el costo de los envíos y el impacto en el presupuesto público.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que ésta a su vez inste al Servicio Postal Mexicano a que celebre Convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral y otros servicios de correo en el mundo a fin de disminuir el costo del voto de los mexicanos en el exterior para el proceso presidencial del 2012.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que envíe un informe a esta Soberanía sobre los convenios que el Servicio Postal Mexicano haya suscritocon otros servicios postales del mundo a fin de abaratar el costo del voto de los mexicanos desde el exterior.

Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Sen. Adriana González Carrillo”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora González Carrillo. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Ramiro Hernández García, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a cancelar los cupos de importación y licitaciones no asignadas de azúcar que excedan la proyección de la demanda nacional para lo que resta del 2009.

- El C. Senador Ramiro Hernández García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de los integrantes de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, comparezco ante esta Soberanía para llamar la atención sobre el problema de escasez de azúcar, el encarecimiento del producto y la apertura de cupos de importación para controlar el precio por parte de la Secretaría de Economía.

Como bien saben, la agroindustria de la caña de azúcar tiene una importancia fundamental para la economía nacional, ya que su actividad se registra en 15 estados del país, beneficiando a 227 municipios de la cadena agroindustrial, y derramando un efecto socioeconómico en 12 millones de personas, así como la generación de más de 440 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. En la zafra 2009, México registró una producción de caña de azúcar de 4 millones 962 mil 818 toneladas, contra 5 millones 520 mil 687 toneladas producidas en la zafra 2007-2008. Esto implica una baja en la producción de 554 mil 105 toneladas de azúcar, prácticamente un 10% en el 2009 con respecto al 2008.

Como resultado de diversos factores, el azúcar observó un alza sostenida de su precio internacional durante 2009. México exportó a Estados Unidos 1 millón 200 mil toneladas de azúcar refinada y estándar, con el objeto de satisfacer la demanda del mercado al amparo del Tratado de Libre Comercio, así la Secretaría de Economía urgió a la industria a exportar prácticamente el doble de lo que originalmente se tenía considerado, es decir, 500 mil toneladas más de lo programado, lo cual generó una escasez del producto en México

El alza en el precio del azúcar implicó que en México el bulto de 50 kilos pasara de los 300 pesos en abril del 2009, a 760 pesos en septiembre del mismo año. Para cubrir la demanda del mercado nacional ante la escasez, la Secretaría de Economía abrió cupos de importación en tres fechas distintas: el primero, el 2 de septiembre, por el que se asignaron 100 mil toneladas por licitación; el segundo cupo se abrió el 18 de septiembre, y fueron asignadas 150 mil toneladas por licitación y 300 mil de forma directa, dando en total 450 mil toneladas. El tercer cupo se abrió el 30 de septiembre, en el que se licitaron 143 mil toneladas que se encuentran pendientes de asignar y se mantiene pendiente la publicación de la convocatoria y la fecha de subasta para la licitación de 207 mil toneladas más.

Con la apertura de cupos, la Secretaría de Economía está generando una sobreoferta de azúcar en el mercado, que coincide con el inicio de la zafra en octubre próximo. La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera señala, que a partir de la información que ha recibido de los ingenios y su pronóstico de producción, que para la zafra de 2009-2010 se estima en una producción de 5 millones 153 mil 637 toneladas.

Con el pronóstico del sector, se establece que durante el último trimestre de 2009, los ingenios del país esperan producir 824 mil 281 toneladas de azúcar, que satisfacen el consumo nacional de dos meses, considerando tanto ventas domésticas, como la demanda de azúcar nacional de las empresas IMMEX.

El balance azucarero del 31 de julio de 2009, y estimado al ciclo de la zafra 2008-2009, mismo que fue aprobado por el Grupo Técnico de Política Comercial de la Secretaría de Economía, en el que se considera una reserva para 2.5 meses de consumo contempla un déficit de azúcar en el país por 520 mil 129 toneladas. Con los dos primeros cupos de importación abiertos, el del 2 y el 18 de septiembre, se estima un ingreso de 600 mil toneladas, con lo que se cubre el déficit del balance nacional azucarero.

En la XI Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, celebrada el 23 de septiembre del año en curso, se hizo un análisis de todos estos elementos y se convino solicitar a la Secretaría de Economía que se abstenga de publicar la convocatoria pendiente, asignar licitaciones que se excedan a la demanda nacional, y subastar nuevos cupos para la industria azucarera.

Por las razones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

UNICO.- Se solicita al Secretario de Economía, licenciado Gerardo Ruiz Mateos, cancele los cupos de importación y licitación no asignado de azúcar, que excedan la proyección de la demanda nacional para lo que resta del 2009.

Por su atención, y por su apoyo con su voto, muchas gracias; gracias, señor Presidente, es cuanto.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ECONOMIA, A CANCELAR LOS CUPOS DE IMPORTACION Y LICITACIONES NO ASIGNADAS DE AZUCAR QUE EXCEDAN LA PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL PARA LO QUE RESTA DEL 2009

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores de la República e integrantes de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- La agroindustria de la caña de azúcar tiene una importancia fundamental para la economía nacional, ya que su actividad se registra en 15 estados del país, beneficiando a 227 municipios de la cadena agroindustrial, y derramando un efecto socioeconómico en 12 millones de personas, así como la generación de más de 440 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. En la zafra 2009, México registró una producción de caña de azúcar de 4’962,818 toneladas, contra 5’520,687 toneladas producidas en la zafra 07/08. Esto implica una baja en la producción de 554,105 toneladas de azúcar, prácticamente un 10% en el 2009 con respecto al 2008.

Segunda.- El azúcar ha observó un alza sostenida de su precio durante el 2009, debido a la caída internacional de la producción y a las afectaciones de países como la India y Brasil, lo cual afectó sensiblemente los inventarios internacionales, a lo que se añadió que México exportó a Estados Unidos poco más de 1 millón 200 mil toneladas de azúcar refinada y estándar, con el objeto de satisfacer la demanda del mercado al amparo del TLCAN, por lo que la Secretaría de Economía urgió a los industriales a exportar prácticamente el doble de lo que originalmente se tenía considerado, es decir, 500 mil toneladas más de lo programado, lo cual generó una escasez del producto en México

Tercera.- El alza en el precio del azúcar implicó que el bulto de 50. Kg. pasara de los $300.00 pesos en abril del 2009, a $760.00 pesos en septiembre. Para cubrir la demanda del mercado nacional ante la escasez, la Secretaría de Economía abrió cupos de importación en tres fechas distintas: el primero, el 2 de septiembre, por el que se asignaron 100,000 toneladas por licitación; el segundo cupo se abrió el 18 de septiembre, y fueron asignadas 150,000 toneladas por licitación y 300,000 de forma directa, dando en total 450,000 toneladas. El tercer cupo se abrió el 30 de septiembre, en el que se licitaron 143 mil toneladas que se encuentran pendientes de asignar y se mantiene pendiente la publicación de la convocatoria y la fecha de subasta para la licitación de 207 mil toneladas más.

Cuarta.- Con la apertura de cupos, la Secretaría de Economía está generando una sobreoferta de azúcar en el mercado, que coincide con el inicio de la zafra en octubre próximo. La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera señala, a partir de la información que ha recibido de los ingenios y su pronóstico de producción, que para la zafra 2009/2010 se desprende una producción de 5´153,637 toneladas. Para lograr ese nivel de producción se espera un rendimiento de fábrica de 11.72%, un rendimiento de campo de 66.47 toneladas de caña por hectárea; un total de 661 mil 735 hectáreas industrializables y un rendimiento de toneladas de azúcar por hectárea de 7.78.

Quinta.- Con el pronóstico del sector, se establece que durante el último trimestre de 2009, los ingenios del país esperan producir 824 mil 281 toneladas de azúcar, distribuidas mensualmente de la siguiente manera:

Mes

Producción Estimada

(Toneladas)

Octubre2009

26,945

Noviembre2009

213,375

Diciembre2009

583,961

Total 2009

824,281

De la información se desprende que la proyección esperada para el cuarto trimestre de 2009 satisface el consumo nacional de dos meses, considerando tanto ventas domésticas como la demanda de azúcar nacional de las empresas IMMEX.

Sexta.- Considerando que el balance azucarero del 31 de julio de 2009, y estimado al ciclo de la zafra 2008/2009, mismo que fue aprobado por el Grupo Técnico de Política Comercial de la Secretaría de Economía, en el que se contempla una reserva de 2.5 meses de consumo (ventas domésticas de ingenios más ventas de azúcar nacional a empresas INMEXX, se tiene un déficit de azúcar en el país por 520,129 toneladas. Con los dos primeros cupos de importación abiertos el 2 y el 18 de septiembre, se contempla un ingreso de 600 mil toneladas, con lo que se cubre el déficit del balance nacional azucarero.

Séptima.- En la XI Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, celebrada el 23 de septiembre del año en curso, así como con los integrantes del Comité de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, se convino solicitar a la Secretaría de Economía que se abstenga de publicar la convocatoria pendiente, asignar licitaciones que excedan la demanda nacional, y subastar nuevos cupos para la introducción de azúcar.

Por las razones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO.- Se solicita al Secretario de Economía, Lic. Gerardo Ruíz Mateos, cancele los cupos de importación y licitaciones no asignadas de azúcar, que excedan la proyección de la demanda nacional para lo que resta de 2009.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Ramiro Hernández García, Presidente.- Sen. Juan Bueno Torio, Secretario.- Sen. Arturo Herviz Reyes, Secretario.- Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. José Luis Lobato Campos.- Sen. Eugenio Govea Arcos”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Hernández García. Como lo ha solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Senador Arturo Herviz, ¿en qué sentido?, a favor.

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: Con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros:

Efectivamente la agroindustria azucarera en México ha tenido una gran crisis en las últimas zafras.

El año pasado una situación crítica que incluso generó los acuerdos para que hubiera un subsidio directo a los productores de caña por 1,600 millones de pesos, los cuales, se acordó en el Comité Nacional para la Industria Azucarera que fueran estos recursos a los empresarios para que cumplieran el pago del precio oficial de la tonelada de caña.

Y también se acordó en ese marco que los empresarios estarían exportando 600 mil toneladas de azúcar, del millón 200 mil que teníamos en reservas.

El problema nace cuando los empresarios no exportan solamente las 600 mil toneladas, sino que exportaron 1 millón 200 mil toneladas, esto generó el déficit, la falta de azúcar, más sumado el problema de la producción en la India, en Brasil, y obviamente por eso lamentablemente no hubo azúcar, hubo un déficit, casi, casi de 520 mil toneladas.

En ese tenor el Secretario de Economía, y aquí hacemos un llamado al Secretario, la irresponsabilidad del Secretario que permitió que exportaran toda el azúcar que teníamos, y la vendimos barata, muy barata; no cuidaron la reserva estratégica, eso demuestra que en el país no hay planeación, sacan toda el azúcar y después Economía saca cupos de importación por 6,000 toneladas, por 150 mil, por 300 mil, y bueno, se disparó el azúcar, del precio oficial de 5.50 a casi 20 pesos, que tiene un impacto social en la economía de todos los mexicanos. Por eso, por eso estamos a favor de este punto de Acuerdo que propuse en la Comisión Especial para que el Secretario de Economía no dé más cupos de importación que genere un desequilibrio en el mercado y que posteriormente otra vez volvamos a la crisis azucarera en México.

Por eso es muy importante que todos votemos, son 15 estados que producen caña de azúcar en el país, aquí están Senadores de esos 15 estados, y por ende, es importante que cuidemos a este sector que es muy importante para la economía nacional.

Por otro lado, este aumento del precio del azúcar, sí es cierto, tiene un impacto social, por lo que estamos diciendo que importen lo que se requiere, pero no en exceso, porque va a crear un desequilibrio, pero también este aumento, quiero decirlo, genera dividendos directamente también a los productores de caña de acuerdo a la fórmula para determinar el precio de la tonelada de caña, el precio del azúcar es una variable en esa fórmula, y por ende en este mes de octubre los productores de caña tendrán, tendrán un excedente, un pago extra por el precio que ha tenido el azúcar en los últimos meses.

Esto obviamente vendrá de alguna manera a mitigar la crisis en el campo cañero, porque tenemos que decírselos, más del 30 por ciento de los productores de caña en este país salieron con liquidaciones de cero, cero; no hemos podido romper los esquemas corporativos de la industria azucarera, siguen padeciendo los productores de caña los atracos de descuentos arbitrarios, indebidos, pero lamentablemente no hay autoridad dónde ir, porque la Junta de Conciliación que establece la ley, Sagarpa, no la ha instalado, y por ende, están en estado de indefensión los cañeros. Claro, este remanente que va a ser entre 20 a 50 pesos por tonelada va a recomponer de alguna manera la economía de los productores de caña en el país que viven una situación de crisis.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Herviz Reyes. El Senador Felipe González, ¿también en el mismo sentido?

- El C. Senador Felipe González González: Gracias, señor Presidente.

Quisiera comentar con respecto a este grave problema, de que por muchos años, es cierto que hemos tenido desviaciones en lo que es la producción y la comercialización del azúcar. Una vez más, se están tomando decisiones para lo urgente, no realmente para lo que necesita el país.

Es inconcebible que en este momento la industria azucarera de Guatemala es mucho más moderna que la mexicana. Nuestra productividad está por los suelos. Hoy tenemos una disociación entre cuando tomamos la decisión de exportar o importar sin tener los datos exactos de lo que está pasando en el mercado interno de este país.

Hoy hemos aprobado, es cierto, esta toma de decisiones, pero por una emergencia de algo que se procesó, que se pidió, que se pidió por los diferentes sectores al gobierno federal, pero ahora resulta que se excedieron, unos al exportar y otros que ahora están abusando de la importación del producto.

A mí me parece que esto es el resultado de manosear un mercado; hay tres leyes que son imposibles de violar aún con los mejores abogados, una es la ley de la vida, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta ahí; otra es la ley de la gravedad, los que la han desafiado todavía no se alivian, y otra es la ley de la oferta y la demanda, que es implacable, y los errores que se cometen en eso, resultan con esta problemática.

Hoy, no nos hemos referido al rescate de los ingenios azucareros, cuánto le costó al pueblo mexicano de impuestos, hubo 1,600 millones de pesos de los impuestos que se tuvieron que aportar precisamente para estabilizar el mercado.

Así, Senadoras y Senadores, tratemos de entrar al fondo del problema, veamos la realidad y los intereses que se mueven en torno a la industria azucarera o vamos a terminar con un país importando el cien por ciento de su consumo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Felipe González. Senador Garibay García, ¿en el mismo sentido?, a favor, para hechos, el Senador Jesús Garibay.

- El C. Senador Jesús Garibay García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Aquí se ha hecho mención que hay 15 estados de la República donde se produce caña, donde hay ingenios, y de buena fe, con toda seriedad, con toda cordialidad, con todo respeto, y reitero, sobre todo, de buena fe, me gustaría escuchar a nuestro compañero Senador Alberto Cárdenas que está aquí, que sabe realmente en el campo cómo está el tema de la industria de la caña, y que nos pudiera, con generosidad, aportar información al respecto, les voy a decir porqué, en Michoacán tenemos cinco ingenios, algunos estaríamos esperando que se viesen favorecidos los productores, pero no va a ser así, resulta que los señores empresarios, los distinguidos empresarios azucareros, en algunos de esos ingenios están bebiendo la caña, no la han pagado, y ahora tienen más interés en conseguir cupos de importación que en inyectar los recursos para poder producir el azúcar que necesitamos, yo no voy a calificar cierta necesidad, es producto de una irresponsabilidad, de una política económica o del titular de una dependencia que lo juzguen en otro lado. Pero creo que mucho y de gran utilidad nos sería para este punto que estamos tratando si contáramos, insisto, con la generosidad de nuestro compañero Senador Alberto Cárdenas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Garibay García. Tiene el uso de la palabra el Senador Alberto Cárdenas Jiménez.

- El C. Senador Alberto Cárdenas Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, hablar del azúcar es hablar de un tema profundo, importantísimo para la economía de los 15 estados que tienen ingenios, para los casi 250 municipios que viven en torno y del azúcar y de la caña y todo lo que esto conlleva.

Intentaré ser breve para solamente decir, que en el gobierno del Presidente Calderón se le dio rumbo preciso, un rumbo que no se contó con él en muchas décadas y me refiero a que en el año 2007, a inicios, se firma y se da a conocer, se acuerda, se concerta el Programa Nacional Cañero, 64 estrategias consensadas por todos los actores de la cadena de la caña y del azúcar, llámese productores de la caña, dueños de ingenios, sindicato, gobierno federal, con la supervisión y permanencia de los gobiernos estatales que en ese proceso se involucraron, hay pues una política definida, hay un rumbo claro de hacia dónde va un sector tan relevante como es el del azúcar.

Ahora vemos que al paso de más de dos años, en este intervalo de tiempo, también se corrigió otro aspecto fundamental que era el contrato ley, que no se había movido en los últimos 70 años, este contrato hace vigente la relación laboral, trabajadores, dueños de ingenios y que se ajustó de manera muy importante para quitar muchos temas que no permitían la competitividad de los ingenios, no permitían la productividad en esas plantas productivas. Esto ya se modificó.

Y luego también el año pasado, 2008, se firmaron los acuerdos trascendentes en donde el precio del azúcar ahora se referencía en los mercados internacionales, de igual forma se clarifican los contratos de los cañeros con los ingenios para que de esta forma haya una relación más justa, menos humillante, ahora sí con la firma de esos acuerdos, el cañero podrá, seguramente, en su momento ganar un juicio, cosa que nunca sucedió, cuando sea así y lo determine la autoridad o los dueños de los ingenios, es decir, se equilibró la relación económica entre estos actores, factores de la producción.

Pero también el trabajo de ustedes y del Congreso llevó a que ahora el sector cañero tenga dos vías, dos alternativas más, la producción de etanol, ya la ley permite perfectamente abrir esta actividad, y la otra es la cogeneración de energía eléctrica, hacia dónde va el futuro del sector cañero en el mundo, pues es ese tripié que sostenga la producción de azúcar, de energía y cogeneración de energía.

De esta manera tenemos los arreglos que el marco jurídico le ha dado al sector para que tengamos un escenario favorable, positivo para la caña y el azúcar, de ahí que las inversiones empiezan a darse en varios ingenios para movilizar, para ampliar la planta productiva, para crecer sus capacidades de molienda, vemos por otro lado que las demandas de alcoholes, de melazas, mieles y demás, va en aumento, y de esta forma vemos que los ingenios se preparan también para dar otros saltos, para aprovechar los eslabones que tiene esta cadena.

Por ese lado me parece que el sector tiene un rumbo definido y positivo.

Y en lo que tocó el punto el Presidente de la Comisión de la Caña, el Senador Ramiro Hernández, yo por supuesto que avalo, aprobé, me sumé a lo que, sumarme a esa propuesta suya, y me parece que sí es importantísimo que la Secretaría de economía cuide la entrada de esos cupos que van a llegar de azúcar al país.

El perfil está claramente definido entre 400, 450 mil toneladas por mes, es lo que consume México y los cálculos que dan los inventarios, los inventarios auditaron, nos dicen que no podría faltar más allá de las 400 mil toneladas en esta zafra. Entonces por lo tanto hace un mes, mes y medio estábamos en esa línea de que no había más allá de las 450 mil toneladas, entonces por eso nos sumamos de que hay que cuidar bastante, porque digamos, la zafra chica, la pequeña zafra, inicia en unas cuantas semanas ya, tendremos ya azúcar nacional en ese mismo mes de octubre y por lo tanto cuando vaya a entrar tenemos que cuidar que los precios de importación no vayan a reducir de manera peligrosa los precios del azúcar nacional.

Yo estoy seguro de que la Secretaría de Economía hará eco a esta propuesta que han hecho los compañeros Senadores, espero que esta mínima información sea útil para usted.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Cárdenas Jiménez. No habiendo otro orador, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse esta propuesta de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse esta propuesta que hace la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo sobre la retabulación de watts para uso doméstico en la región sureste del país.

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea.

El Decreto presidencial del 7 de febrero de 2002, con relación a la cancelación de los subsidios a las tarifas domésticas ha tenido un impacto social y económico en detrimento de la población de ingresos medios y bajos en nuestro país, tal y como lo hemos observado en las distintas manifestaciones y expresiones ciudadanas en todo el país, el referido Decreto no ha tenido apoyo popular alguno, por el contrario, pues únicamente ha generado rechazo, reclamos respecto a las promesas postergadas y contrarias al interés social.

Alrededor de 5 millones de usuarios de energía eléctrica son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo de energía eléctrica, las cuales tienen aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiros de subsidios a los consumidores domésticos, implantada desde hace siete años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, tanto la Comisión Federal de Electricidad como el Sindicato Mexicano de Electricistas, señalaron que a partir del 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la encargada de fijar y modificar las tarifas eléctricas, y esta determinó establecer cuatro tipos de cobro: dos de bajo y medio consumo y otros dos de alto consumo, diferenciados, en lugar de uno doméstico, como existía anteriormente, con lo que alrededor de 5 millones de usuarios domésticos resultaron perjudicados con incrementos que van desde 30 hasta más de 213 por ciento por el aumento en el costo del kilovatio-hora.

Y todas las tarifas, desde las subsidiadas hasta las que no lo están, experimentan un alza mensual según la inflación y el incremento de los precios de los combustibles, por lo que siempre la facturación va en aumento.

La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, brindan sus servicios en promedio a 24.5 millones de usuarios en toda la República, pero de ellos el 0.59% se destina al sector Industrial, el 10.32% al sector comercio, el 0.49% al sector agrícola, el 0.65% al sector servicios, y el más grande, 87.95% son los usuarios domésticos, y en este contexto se registraron cobros exorbitantes a usuarios por el consumo de energía eléctrica, los cuales tienen como principal explicación el retiro de subsidio a las tarifas residenciales, y así miles de usuarios presentan inconformidades por las abruptas variaciones en sus recibos, pero desafortunadamente, pues, no tienen muchas opciones, ya que si no pagan, pues se les suspende el servicio.

Como los legisladores debemos atender a las demandas de la población y apoyar a todos aquellos que se ven afectados por este tipo de situaciones, ya que en algunos casos las tarifas se han incrementado en más del 300 por ciento.

Al presentarse un alza en los precios de este servicio, se genera también, pues como sabemos, un sentimiento colectivo de descontento, pues la situación económica en la que se encuentran millones de mexicanos no permite pagar costos de lujo por un servicio, muchas veces, ineficiente.

Consideramos necesario simplificar y reducir la compleja fórmula seguida hasta ahora para realizar el cobro de dicho servicio, anteponiendo el uso del criterio del índice de calor para sustituir la medición de temperatura media en verano, además, proponemos también tomar en cuenta la evolución de los costos económicos de la generación, transmisión y distribución de energía, la evolución de la economía familiar de los trabajadores, y la ampliación de la temporada de verano de seis a ocho meses para las zonas consideradas como de clima cálido, extremo, húmedo y otros.

En la zona sureste del país la cual se encuentra compuesta por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los precios por el consumo de energía eléctrica se ven sumamente acrecentados por el alto consumo de watts.

Y como todos sabemos, los habitantes de todos estos estados, pues requerimos para las actividades diarias de ciertos aparatos que generan altos consumos de energía eléctrica, por ejemplo, el uso de aires acondicionados, ventiladores, pues, necesarios para mantener las habitaciones de los hogares frescas, así mismo los refrigeradores y congeladores se colocan en el nivel de enfriamiento más alto para mantener los alimentos en un estado óptimo para su consumo.

Estos son solo algunos de los factores que inciden en el mayor consumo de watts de uso doméstico, por lo que resulta urgente realizar un análisis, efectivamente, un análisis detallado del tabulador de watts de la zona y ajustarlo para que se pueda beneficiar la economía de las familias.

También es de suma importancia considerar que el sistema tarifario, las condiciones salariales, económicas y de ingreso mensual promedio por usuario en las diferentes localidades del país, así como las necesidades de uso de sistemas de ventilación y aire acondicionado para el buen desarrollo de las actividades de la vida diaria.

Por ejemplo, bueno, en el Municipio de Benito Juárez, en Cancún, se ha demostrado que de cada cinco recibos cuyas tarifas son consideradas excesivas, tres están mal facturados, y así mismo se ha informado que la Comisión Federal de Electricidad es la principal empresa denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Pero no obstante lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad anunció un aumento del 10% a las tarifas del suministro eléctrico, lo cual, pues se desencadenará en un despido masivo de empleados, aproximadamente de 2 mil 400, los cuales se verán perjudicados por el cierre temporal de 225 negocios.

Y es por estas razones, que en el Partido Verde consideramos de suma importancia que se regule y se reajuste el tabulador de consumo de watts para uso doméstico en la zona sureste del país, lo que permitiría un mayor margen en el consumo de energía eléctrica y con ello se reducirían costos y apoyaríamos la economía de los usuarios.

Bueno, por lo anterior, y ya para terminar, sometemos a su consideración el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, para que en el ejercicio de sus atribuciones regulen y reajusten el tabulador de consumo de watts para uso doméstico en la zona sureste del país, dando un mayor margen en el consumo de energía eléctrica.

Segundo.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, para que en el ejercicio de sus atribuciones tengan a bien reconsiderar la petición del aumento del 10% a las tarifas del suministro de energía eléctrica.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA RETABULACION DE WATTS PARA USO DOMESTICO EN LA REGION SURESTE DEL PAIS

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Decreto presidencial del 7 de febrero de 2002, con relación a la cancelación de los subsidios a las tarifas domésticas a tenido un impacto social y económico en detrimento de la población de ingresos medios y bajos, principalmente. Tal y como lo hemos observado en las distintas manifestaciones y expresiones ciudadanas en todo el País, a partir de la publicación del referido decreto, el cual, en la sociedad, no ha tenido apoyo popular alguno, por el contrario únicamente ha generado rechazo y profundos reclamos respecto a promesas postergadas y contrarias al interés social.

Alrededor de 5 millones de usuarios de energía eléctrica son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo de energía eléctrica, las cuales tienen aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiros de subsidios a los consumidores domésticos, implantada desde hace siete años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto contrasta con las subvenciones que ha otorgado y que han favorecido a los grandes consorcios comerciales e industriales.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada mes se presentan mil 300 quejas en promedio en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de las cuales la mayoría son por los abultados precios del servicio.

Tanto la CFE como el Sindicato Mexicano de Electricistas, señalaron que a partir de febrero de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la encargada de fijar y modificar las tarifas eléctricas, y esta determinó establecer cuatro tipos de cobro (dos de bajo y medio consumo y otros dos de alto consumo) diferenciados, en lugar de uno doméstico, como existía en el pasado, con lo que alrededor de 5 millones de usuarios domésticos resultaron perjudicados con incrementos que van desde 30 hasta más de 213 por ciento por el aumento en el costo del kilovatio-hora (KWh).

Todas las tarifas, desde las subsidiadas hasta las que no lo están, experimentan un alza mensual según la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, por lo que siempre la facturación va en aumento.

Actualmente, en el consumo de 75 KWh mensuales el precio es de 66 centavos y en los adicionales se eleva a 78 centavos, pero al consumir de 76 a 125 Kwh el precio es 1.12 pesos, y el adicional se duplica a 2.38 pesos por KWh. Pero si el consumidor tiene un consumo promedio mensual mayor a 250 KWh durante el último año se le aplica la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual no tiene subsidio, y el usuario deberá pagar 3.37 pesos por KWh, es decir, 213.37 por ciento más, según la tarifa establecida hasta octubre de 2009. Para dar una idea de la equivalencia de un KWh, éste corresponde a mil vatios o mantener encendidos durante una hora 10 focos de 100 vatios.

CONSUMO DE HASTA 140 KW/H MENSUALES.

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

De 1 a 75 kW/h

0.663

0.665

0.667

0.669

0.671

0.673

0.675

0.677

0.679

0.681

0.683

0.685

Kw/h Adicional

0.783

0.786

0.789

0.792

0.795

0.798

0.801

0.804

0.807

0.810

0.813

0.816

CONSUMO MAYOR DE 140 KW/H MENSUALES.

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

De 76 a 125 Kw/h

1.089

1.093

1.097

1.101

1.105

1.109

1.113

1.117

1.121

1.125

1.129

1.133

Kw/h Adicional

2.313

2.321

2.329

2.337

2.345

2.353

2.361

2.369

2.377

2.385

2.393

2.401

La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, brindan sus servicios en promedio a 24.5 millones de usuarios en toda la República, de ellos el 0.59% se destina al sector Industrial, el 10.32% al sector comercio, el 0.49% al sector agrícola, el 0.65% al sector servicios y el 87.95% a los usuarios domésticos, creando seis nuevas tarifas de Servicio Doméstico de Alto Consumo (DAC), que van de los 250 kwh-mes, hasta los 2 mil kwh-mes, impactando al 70% de la población usuaria del servicio, siendo que el subsidio para la tarifa industrial, asciende al 60% del mismo y el restante 40% para el servicio doméstico que ahora se reduce, afectando, con un incremento real del 80% por las nuevas Tarifas Domésticas de Alto Consumo, que significan alrededor de 12 millones de hogares, de los sectores medios y populares de la ciudad y del campo, de una manera desproporcionada e inequitativa.

En este contexto, se registran cobros “exorbitantes” a usuarios por el consumo de energía eléctrica, lo cuales tienen como principal explicación el retiro del subsidio a las tarifas residenciales. Así, miles de usuarios presentan inconformidades por las abruptas variaciones en sus recibos, pero desafortunadamente no tienen muchas opciones, ya que si no pagan se les suspende el servicio.

Nuestra Constitución Política prevé la facultad de la Cámara de Senadores para legislar en materia de energía, por lo que nosotros como Legisladores debemos atender las demandas de la población, y apoyar a todos aquellos que se ven afectados por este tipo de situaciones, ya que en algunos casos, las tarifas se han incrementado en más del 300 por ciento.

Al presentarse un alza en los precios de este servicio, se genera también un sentimiento colectivo de descontento, pues la situación económica en la que se encuentran millones de mexicanos, no permite pagar costos de “lujo” por un servicio muchas veces ineficiente.

Se debe simplificar y reducir la compleja fórmula seguida hasta ahora para realizar el cobro de dicho servicio, anteponiendo el uso del criterio del índice de calor para sustituir la medición de temperatura media en verano, además, se propone también tomar en cuenta la evolución de los costos económicos de generación, transmisión y distribución de energía, la evolución de la economía familiar de los trabajadores, y la ampliación de la temporada de verano de seis a ocho meses para las zonas consideradas como de clima cálido, extremo, húmedo y otros.

En la zona sureste del país la cual se encuentra compuesta por los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,los precios por el consumo de energía eléctrica se ven sumamente acrecentados por el alto consumo de watts.

Los habitantes de todos estos estados requieren para sus actividades diarias de ciertos aparatos que les generan altos consumos de energía eléctrica, por ejemplo, el uso de aires acondicionados y ventiladores son necesarios para mantener las habitaciones de los hogares frescas. Asimismo, los refrigeradores y congeladores se colocan en el nivel de enfriamiento más alto para mantener los alimentos en un estado óptimo para su consumo.

De la misma forma, se utilizan bombas hidroneumáticas ya que la alta densidad del agua potable genera obstrucciones en las tuberías, lo cual impide su libre recorrido y la pérdida de presión.

Estos son solo algunos de los factores que inciden en el mayor consumo de watts de uso doméstico, por lo que resulta urgente realizar un análisis detallado del tabulador de watts de la zona y ajustarlo para que se pueda beneficiar la economía de las familias.

También es de suma importancia considerar en el sistema tarifario las condiciones salariales, económicas y de ingreso mensual promedio por usuario en las diferentes localidades del país, así como las necesidades de uso de sistemas de ventilación y aire acondicionado para el buen desarrollo de las actividades de la vida diaria.

Para muchos usuarios de la CFE el recibir su factura bimestral con los exorbitantes cobros se convierte en una pesadilla, ya que no se explican porque continúan los aumentos a pesar de que el equipo que consume el fluido (refrigeradores, congeladores y otros) es el mismo y se utiliza en horarios similares, el número de luminarias no cambia, sin embargo, el recibo registra un notable incremento sin que ellos puedan hacer nada al respecto.

En el Municipio de Juárez, se ha demostrado que de cada cinco recibos cuyas tarifas son consideradas excesivas, tres están mal facturados, esto según reportes de la Cámara de Comercio local. Asimismo, se ha informado que la CFE es la principal empresa denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

No obstante lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad anuncio un aumento del 10% a las tarifas del suministro eléctrico, lo cual desencadenara en un despido masivo de empleados, aproximadamente 2 mil 400, los cuales se verán perjudicados por el cierre temporal de 225 negocios contemplados en el padrón de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Es por estas razones, que en el Partido Verde consideramos de suma importancia que se regule y se reajuste el tabulador de consumo de watts para uso domestico en la zona sureste del país; lo que permitiría un mayor margen en el consumo de energía eléctrica y con ello se reducirían costos y apoyaríamos la economía de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaria de Energía, para que en el ejercicio de sus atribuciones regulen y reajusten el tabulador de consumo de watts para uso domestico en la zona sureste del país, dando un mayor margen en el consumo de energía eléctrica.

Segundo.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que gire sus instrucciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Energía, para que en el ejercicio de sus atribuciones tengan a bien reconsiderar la petición del aumento del 10% a las tarifas del suministro de energía eléctrica.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A usted, Senadora Menchaca Castellanos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen.

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: (Desde su escaño) Pido la palabra.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Con qué objeto?

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: (Desde su escaño)Para suscribir el dictamen.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Para suscribirlo?

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Menchaca Castellanos, ¿acepta que lo suscriba el Senador Herviz Reyes?

- La C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos: Sí, claro, por supuesto. Gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por favor, que tome nota la Secretaría.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo para que se integre una Comisión Investigadora Plural para el caso de la Fuga del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

El sistema penal en México se ha visto sobrepasado en diversas ocasiones, la lucha que el gobierno federal ha declarado al crimen organizado y al narcotráfico, ha ocasionado que las autoridades se vean incapaces para conducir investigaciones adecuadas en diferentes casos. Lo que no puede convertirse en excusa para que muchos procesados no tengan acceso a lo que nuestra Carta Magna señala referente a una justicia pronta y expedita.

La situación de los 51 procesados del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, que se desempeñaban como custodios, directivos y personal administrativo durante la fuga de 53 reos registrada el 16 de mayo, hace casi 4 meses, entra en esta categoría.

Son varias las garantías constitucionales que han sido violadas alrededor de la situación de los ex custodios, que permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 del Noroeste de Tepic. Así como una serie de irregularidades que se pueden observar en la investigación.

Las inconsistencias incluyen el hecho de que en las cercanías del penal de Cieneguillas, existen oficinas estatales, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que no se dieron por enterados cuando el convoy armado sustrajo a los reos.

Ya hemos en diversas ocasiones cuestionado la constitucionalidad del arraigo, y en este caso, existió una violación grave, ya que los detenidos llevaban ya algunas horas concentrados en el inmueble de la delegación estatal de la PGR; siendo sometidos a interrogatorios y sin definirse su situación jurídica, fueron informados que se encontraban en calidad de detenidos, hasta después de iniciados dichos interrogatorios.

Y no olvidemos que todo indiciado tiene derecho a saber de qué se le acusa, antes de tomársele declaración o de ser interrogados.

Tampoco fueron informados sobre las razones de la detención y de los cargos que les imputaban hasta dos días después, cuando fueron trasladados a las instalaciones del Instituto del Deporte de Zacatecas.

Lo que más nos debe preocupar es que las detenciones y los procesos iniciados en contra de quienes fueron señalados como presuntos responsables, como autores o partícipes, se sustenta en la incapacidad de las autoridades de actuar conforme a derecho. Pues entre otras cosas, las investigaciones se llevaron a cabo de manera express y en general, no se respetaron las garantías del debido proceso de los inculpados.

El asunto Cieneguillas, evidencia una praxis defectuosa de las autoridades de procuración de justicia, pues no se deslindaron responsabilidades como resultado de los interrogatorios y de la práctica de diligencias adecuadas por parte de la policía investigadora, sino que de manera apresurada, se dirigieron acusaciones incluso a algunos custodios que ni siquiera se encontraban en labores en el momento de la fuga.

Como siempre, lo pobres son los que terminan pagando. Sigue la duda de porqué no se ha detenido a ninguno de los superiores jerárquicos de la gente del Centro de Readaptación Social.

A ellos, ni siquiera se les ha iniciado una averiguación previa para deslindar responsabilidades. Les resultó más fácil, tanto a la Federación como a la Procuraduría, arraigar a los custodios que se encontraban presentes en lugar de hacer el deslinde correspondiente caso por caso, persona por persona.

Actualmente, los acusados siguen en proceso en la etapa de instrucción en el penal federal sin siquiera conocer, en muchos de los casos, quiénes fungen como sus abogados defensores de oficio, y por lo tanto, se encuentran en un total desconocimiento de su situación jurídica. Sus familiares preocupados por esta situación, se han traslado desde el estado de Zacatecas a Nayarit y al Distrito Federal, para exigir a las autoridades información que ayude a que se esclarezca el asunto y les aseguren un mejor trato.

Los mismos familiares solicitaron hace algunos meses al entonces titular de la Procuraduría General de la República, el no ejercicio de la acción penal de quienes no participaron en los hechos, por encontrarse en goce de vacaciones o comisionados fuera del penal, como el caso de los custodios que se encontraban en el hospital a cargo de la vigilancia de algunos reos. Sin embargo, la solicitud no generó acciones por parte de la dependencia.

Hace algunos días tuve la oportunidad de visitar a los procesados en este Centro de Readaptación Social de Tepic, y le solicité al tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos acompañara para constatar la situación en la cual se encuentran los ex custodios.

Existió la oportunidad de platicar con ellos sobre las particularidades del proceso en que se encuentran, y se pudieron atender algunas necesidades básicas de calidad humanitaria para su mejor desempeño y estancia en el Centro de Readaptación Social, de manera directa se habló con la directora del penal, sin embargo aún faltan muchas situaciones del caso que merecen atención.

Mientras que la incompetencia de las actuales autoridades judiciales ha tomado clara relevancia en el caso, los familiares siguen trasladándose desde su lugar de origen al penal noroeste para poder estar en contacto y al pendiente del proceso, situación que les genera un gasto económico y un desgaste físico y emocional.

Lo anterior, a pesar de que los hoy indiciados fueron acusados del delito de evasión de reos, que tiene un carácter local, por lo que no deberían estar encarcelados en un Centro Federal de Readaptación Social de alta peligrosidad.

Por esa razón, señor Presidente, le solicito de manera atenta, plasmar íntegro este punto de Acuerdo, que sostiene como única petición.

Que se solicite a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la creación de una comisión investigadora plural, para que analice de acuerdo a su competencia, la situación de los 51 ex custodios del Penal de Cieneguillas involucrados en la fuga de reos, y se le dé seguimiento al proceso penal instruido, para que sin dilación o persecución jurídica… o perversión jurídica o política se resuelva en definitiva la situación jurídica de los presuntos responsables por el delito de evasión de reos.

Debo de decirles, además, que nos parece injusto que estén siendo procesados en una prisión de alta seguridad. Son gente humilde, son gente modesta, son los más pobres de los más pobres.

Por esa razón, el Senado de la República, junto con los procesados, que provienen del estado de Michoacán, debería integrar esta comisión plural, para revisar que la justicia no sea tardía, que sea expedita y que sea pronta, para aclarar la situación jurídica definitiva de estas personas procesadas en Cieneguillas.

Hay otros elementos de consideración descritos en el documento.

Le pediría, señor Presidente, pues turnar a la Junta de Coordinación Política, y le agradezco su tolerancia, porque el día de mañana tenemos sesión de la Junta de Coordinación Política, y por eso era la urgencia de atender esta petición.

Muchas gracias a ustedes y a los compañeros que nos hacen favor de escucharnos.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO INTEGRE UNA COMISION INVESTIGADORA PLURAL PARA EL CASO DE LA FUGA DEL CERESO DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS

“El sistema penal en México se ha visto sobrepasado en diversas ocasiones, la lucha que el gobierno federal ha declarado al crimen organizado y el narcotráfico, ha ocasionado que las autoridades se vean incapaces para conducir investigaciones adecuadas en diferentes casos. Lo que no puede ser una excusa para que muchos procesados no tengan acceso a lo que nuestra Carta Magna señala referente a una justicia pronta y expedita.

La situación de los 51 procesados del CERESO de Cieneguillas, Zacatecas que se desempeñaban como custodios, directivos y personal administrativo durante la fuga de 53 reos registrada el 16 de mayo hace casi 4 meses, entra dentro de esta categoría.

Existen diversas inconsistencias alrededor de la situación de los ex custodios que permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 Noroeste en Tepic,Nayarit.

Una primera inconsistencia se refiere a que a la redonda del penal de Cieneguillas existen organismos desconcentrados tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Seguridad Pública, mismos que no se dieron por enterados cuando el convoy armado trasladó a los reos en fuga pasando frente a ambas instalaciones y sus respectivas cámaras de seguridad.

Al momento del arraigo concedido en torno a los empleados del centro de reclusión, los detenidos llevaban ya algunas horas concentrados en el inmueble de la delegación estatal de la PGR, Siendo sometidos a interrogatorios. Y fueron informados que se encontraban en calidad de detenidos hasta después de iniciados dichos interrogatorios. Tampoco fueron informados sobre las razones de la detención y de los cargos que eran acusados hasta 2 días después; cuando los trasladaron a las instalaciones del instituto del Deporte de Zacatecas.

Lo que más nos debe preocupar es que las detenciones y los procesos iniciados en contra de quienes fueron señalados como presuntos responsables (como autores o participes), se sustentan en la incapacidad de las autoridades de actuar conforme a derecho. Pues entre otras cosas, las investigaciones se llevaron a cabo de manera express y en general, no se respetaron las garantías de debido proceso de los inculpados.

En este caso en particular, se evidencia una praxis defectuosa de las autoridades de procuración de justicia, pues no se deslindaron responsabilidades como resultado de los interrogatorios y de la práctica de las diligencias adecuadas por parte de la policía investigadora, sino que de manera apresurada, se dirigieron acusaciones incluso a algunos ex vigilantes que ni siquiera se encontraban en labores al momento de la fuga.

Actualmente, los acusados esperan sentencia en el penal federal sin siquiera conocer, en muchos de los casos, quienes fungen como sus abogados defensores de oficio, y por lo tanto, se encuentran en un total desconocimiento de su situación jurídica. Sus familiares preocupados por esta situación, se han trasladado desde el estado de Zacatecas a Nayarit y al Distrito Federal, para exigir a las autoridades información que ayude a que se esclarezca el asunto y les asegure un mejor trato.

Los mismos familiares solicitaron hace algunos meses al entonces titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, el no ejercicio de la acción penal de quienes no participaron en los hechos, por encontrarse en goce de vacaciones o comisionados fuera del penal, como el caso de los custodios que se encontraban en el hospital a cargo de la vigilancia de algunos reos. Sin embargo, la solicitud no generó acciones por parte de la dependencia, así que se acercaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar que el órgano intercediera en el caso.

El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una visita al Cefereso para constatar la situación en la cual se encuentran los ex custodios, escuchó sus peticiones y tuvo la oportunidad de platicar con ellos sobre las particularidades de cada uno del proceso en su contra. Gracias a su intervención muchas de las necesidades de estos pudieron ser resueltas de manera directa con la directora del penal, sin embargo aún faltan muchas aristas del caso que merecen atención.

Mientras que la incompetencia de las actuales autoridades judiciales ha tomado clara relevancia en el caso, los familiares siguen trasladándose desde su lugar de origen al penal Noroeste para poder estar en contacto y al pendiente del proceso, situación que les genera un gasto económico y un desgaste físico y emocional.

Esta Soberanía debe necesariamente intervenir, respecto de la actuación de las autoridades y sobre el esclarecimiento de los hechos que han violentado los derechos fundamentales de estas familias, los cuales solicitan vehementemente el traslado de los acusados al penal de Zacatecas, para que ahí puedan permanecer sus familiares mientras se substancia el proceso. Sin embargo, las autoridades no han sido capaces de responder, cuales son los impedimentos para que esto suceda.

Por lo anterior es que presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la creación de una comisión investigadora integrada de manera plural, para que analice de acuerdo a su competencia, la situación de los 51 ex custodios del penal de Cieneguillas involucrados en la fuga de reos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Junta de Coordinación Política para sus efectos correspondientes. Y desde luego se inserta íntegra en el Diario de los Debates.

Por último, se concede la palabra al Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a ampliar los mecanismos de apoyo consular hacia la región Medio-Este de los Estados Unidos de América, a fin de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esa región.

- El C. Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Gracias, señor Presidente; con su permiso compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Norte, quienes suscribimos este punto de Acuerdo, queremos manifestar lo siguiente:

En los Estados Unidos actualmente hay una tendencia creciente de discriminación hacia los migrantes mexicanos.

El pasado 29 de agosto, el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, Daniel Hernández Joseph, señaló que los mexicanos en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, enfrentan una fuerte criminalización y discriminación creando un ambiente hostil dentro de la población.

En el marco de la II Reunión de Encargados de Protección de América del Norte, quedó expuesta esta situación de discriminación hacia los mexicanos en los estados de Alabama, Mississippi, Indiana, Oklahoma, Ohio y Kentucky, estados de nueva migración, es decir, estados donde radican menos mexicanos y donde la presencia consular es casi inexistente para los que habitan en estas zonas.

La gran mayoría de los mexicanos entraban a través de tres puertas urbanas de todos conocidos: San Diego, California, El Paso y Laredo, estado de Texas, en donde comúnmente lograban establecerse; dado que las represiones antiinmigrantes en estos estados han aumentado constantemente y no se diga también en esta área de Nuevo México, Texas y California, nuestros migrantes han decidido emigrar al Medio-Este Alabama, Mississippi, Indiana, Oklahoma, Ohio y Kentucky, huyendo del constante maltrato que padecen los ilegales mexicanos.

Esto en gran parte se debe a la supresión policial, la cual ha provocado este tipo de desvíos de flujos migratorios de uno de los puntos de paso tradicional y urbano a zonas más rurales y esparcidas como lo es el Medio-Este de los Estados Unidos. En estados que son más conservadores y tradicionales donde la discriminación de migrantes legales o ilegales era excesiva y sigue siendo excesiva.

De lo anterior se desprende la necesidad de que los mexicanos que radican en esta región de los Estados Unidos de América, requieran de la presencia de las autoridades consulares de su país, para que salvaguarden sus derechos y así protejamos de los maltratos de los que son víctimas, como se hace de manera común en los consulados instalados en otros estados de la Unión Americana.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Unico.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se amplíen los mecanismos de apoyo consular hacia la Región Medio- Este de los Estados Unidos de América, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Indiana, Ohio y Kentucky, con la finalidad de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esta región.

Señor Presidente, el debido punto de Acuerdo ha sido signado por todos los integrantes de la comisión y entregado previo a esta Asamblea, a esta sesión de hoy, al secretariado técnico del Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SE AMPLIEN LOS MECANISMOS DE APOYO CONSULAR HACIA LA REGION MEDIO-ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MISSISSIPPI, ALABAMA, OKLAHOMA, INDIANA, OHIO Y KENTUCKY, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCION Y PROTECCION A LOS MEXICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA REGION

“C. Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores.

Los que suscriben, Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Norte, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se amplíen los mecanismos de apoyo consular hacia la Región Medio-Este de los Estados Unidos de América, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Indiana, Ohio y Kentucky, con la finalidad de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esta región, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En Estados Unidos actualmente hay una tendencia creciente de discriminación hacia los migrantes mexicanos.

El pasado 29 de agosto, el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, Daniel Hernández Joseph, señaló que los mexicanos en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, enfrentan una fuerte criminalización y discriminación creando un ambiente hostíl dentro de la población.

En el Marco de la II Reunión de encargados de protección de América del Norte quedó expuesta esta situación de discriminación hacia los mexicanos en los estados de Alabama, Mississippi, Indiana, Oklahoma, Ohio y Kentucky, estados de nueva inmigración es decir estados donde radican menos mexicanos y donde la presencia consular es casi inexistente para los que habitan en estas zonas.

La gran mayoría de los mexicanos entraban a través de tres puertas urbanas: San Diego, California; El Paso y Laredo, Texas, donde comúnmente lograban establecerse; Dado que las represiones anti migrantes han aumentado constantemente en los Estados de Arizona, Nuevo México, Texas y California, nuestros migrantes han decidido emigrar al Medio-Este Alabama, Mississippi, Indiana, Oklahoma, Ohio y Kentucky, huyendo del constante maltrato que padecen los ilegales mexicanos.

Esto en gran parte se debe a la supresión policial; la cual ha provocado este tipo de desvíos de flujos migratorios de uno de los puntos de paso tradicional y urbano a zonas más rurales y esparcidas como lo es el Medio-Este, el que abarca los estados más conservadores y tradicionales donde la discriminación de migrantes legales o ilegales es excesiva.

De lo anterior se desprende la necesidad de que los mexicanos que radican es esta región de los Estados Unidos de América, requieran de la presencia de las autoridades consulares de su país, para que salvaguarden sus derechos y así protegerlos de los maltratos de los que son víctimas.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea como Urgente y Obvia Resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se amplíen los mecanismos de apoyo consular hacia la Región Medio-Este de los Estados Unidos de América, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Indiana, Ohio y Kentucky, con la finalidad de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esta región.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de septiembre de 2009.

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte:Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Presidente.- Sen. Jesús María Ramón Valdés, Secretario.- Sen. Lázara Nelly González Aguilar.- Sen. Salomón Jara Cruz”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, SenadorPérez Gavilán. Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Norte para su análisis y dictamen.

Se recibió de los Senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo con relación al presunto incumplimiento del Programa Social Piso Firme en el estado de Guerrero, mismo que se turna a la Comisión de Desarrollo Social para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL PISO FIRME EN EL ESTADO DE GUERRERO

“Los que suscriben, Senador Lázaro Mazón Alonso y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con relación al presunto incumplimiento del Programa Social Piso Firme en el Estado de Guerrero, de conformidad con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que inicie las investigaciones correspondientes sobre las presuntas irregularidades denunciadas en el Estado de Guerrero, con relación al proceso de licitación y labores realizadas para dar cumplimiento a Programa Social de SEDESOL denominado Piso Firme en dicha comunidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

Se recibió de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo con relación a niños infectados de VIH en el centro médico nacional La Raza del IMSS, el cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO CON RELACION A NIÑOS INFECTADOS DE VIH EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL “LA RAZA” DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

“Los que suscriben, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez, Jesús Garibay García, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Claudia Corichi García yAntonio Mejía Haro, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A NIÑOS INFECTADOS DE VIH EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL “LA RAZA” DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- En los primeros días de marzo de 2008, después de ser revisado y tratado en el hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Numero 1, en Pachuca Hidalgo, a quien denominaremos M1, fue trasladado en ambulancia p/diversos estudios en el C. M. N. “La Raza” área de Hematología Pediátrica. M1 ingresó a urgencias Pediatría hasta el 6 de marzo.

El 11 de marzo de ese año, M1 presentó hemorragia nasal y temperatura, por lo cual fue traslado a urgencias, donde es valorado por el personal del Departamento de Hamatología Pediátrica. Con motivo de la hemorragia el 13 de marzo le transfunden paquete globular y quedado pendiente transfusión de plaquetas por lo que presenta hemorragia severa.

Por falta de componentes sanguíneos (plaquetas) M1 se desestabilizó por lo que presentó nuevamente una hemorragia severa.

Segunda.- Para el 17 de marzo, M1 volvió a sangrar por la nariz para lo cual lo transfunden. Así, para el 19 de ese mes, la señora Victoria Eugenia Ivette Meugniot Camacho dona plaquetas para M1. Es de resaltarse que entre el día 21 al 24 de marzo el pronóstico de M1 fue reservado y grave. Sin embargo, el 25 de marzo inesperadamente M1 fue dado de alta.

El día 27 de marzo la Dra. Inés Montero Ponce, revisa de M1 y ordena la trasfusión de plaquetas que donó previamente la señora Victoria Ivette Meugniot Camacho, dejando una unidad pendiente para el primero de abril.

Para el primero de abril la Doctora Solís, pretende transfundir al menor pero se extravió el componente reservado. Es decir, NO TENIAN LA UNIDAD destinada y donada previamente. Sin embargo, se reponen otra donación de plaquetas del Banco Central de Sangre (BCS) después de muchas súplicas y ruegos de los padres

El ocho de abril de 2008,la Dra. Montero, ordena trasfusión concentrado eritrocitario, de nueva cuenta no había personal para que irradiara el paquete globular.

Tercera.- El nueve de abril, la Dra. Montero, interna en “aislados” al menor. El 10 de abril M1 presentaba vista borrosa (hemorragia retiniana), atiende oftalmología y se transfunde paquete globular, indebidamente queda pendiente plaquetas porque no había.

Así, M1 se contagió de VIH por la transfusión de sangre el 10 de abril por parte de una donadora identificable. Circunstancia que fue detectada hasta el 21 de abril de 2008, según consta en el memorando interno suscrito por la Jefatura de Laboratorio.

El 8 de mayo, en forma verbal se comunicó a los padres de M1 que “posiblemente” que el menor había sido contagiado con VIH.

Por la infección de VIH, M1 tuvo que suspender su trasplante de médula ósea.

Cuarta.- En este sentido, los padres de M1 presentaronqueja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Medico (CONAMED), con el folio 1092/2008. Ante el caso, la Comisión resolvió el 17 de febrero de 2009, a través del Dr. Gerardo Mejorada Alanís, del siguiente modo: “ COMUNICO EN ESTE ACTO AL PROMOVENTE EL RESULTADO DEL ACUERDO POR EL H. CONSEJO TECNICO DEL INSTITUTO, DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EL CUAL CONSIDERO LA QUEJA COMO PROCEDENTE MEDICAMENTE, DANDO LUGAR A LA INDEMNIZACION Y A LA ATENCION MEDICA VITALICIA SOLICITADA, LA ATENCION MEDICA PSICOLOGICA PARA LA FAMILIA, SE OTORGARA EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. …”. Se ofrece aproximadamente $250,000.00 como indemnización.

Quinta.- Por otra parte, los padres de M1 presentaron el 11 de julio de 2008, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vía correo electrónico, en la que manifestó que el 9 de abril de 2008, su menor hijo M1 de 13 años de edad, ingresó al área de hematología pediátrica del Centro Médico Nacional “La Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, Distrito Federal, por padecimiento de anemia aplásica grave, motivo por el que del 11 al 18 de abril del mismo año, le realizaron diversas transfusiones de plaquetas; precisando que, por tal motivo, su descendiente fue infectado de VIH/SIDA en ese nosocomio, circunstancia que le fue informada el 8 de mayo de ese año. Por lo expuesto, esta institución inició el expediente de queja CNDH/1/2008/3476/Q.

Así mismos, el 21 de julio de 2008, esta Comisión Nacional recibió la queja presentada por Q2 en la que refirió que el 26 de marzo de 2008, el menor M2, de 10 años de edad, ingresó al área de hematología pediátrica del Centro Médico Nacional “La Raza”, del IMSS en México, Distrito Federal, con padecimiento de leucemia aguda mieloblástica por lo que requirió una transfusiones sanguínea, en virtud de la cual fue infectado con VIH/SIDA. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional radicó el expediente de queja CNDH/1/2008/3790/Q.

Resultado de las investigaciones realizadas a cargo de la CNDH, se emitió la recomendación 42/2009 del 7 de julio de 2009 con el siguiente contenido:

PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se les otorgue a los menores M1 y M2, así como a sus padres, la reparación del daño, en la que se incluya una indemnización derivada del contagio que sufrieron los menores agraviados, así como el apoyo psicológico y médico de por vida que permitan en la medida de lo posible el reestablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas en que se encontraban antes de la violación a sus derechos humanos, debiéndose informar a esta institución sobre el resultado de las mismas.

SEGUNDA. Se dé vista a la Procuraduría General de la República, de las consideraciones detalladas en el capítulo de observaciones del presente documento, a efecto de que sean tomadas en cuenta al momento de determinar la averiguación previa correspondiente y se informe a esta Institución sobre la determinación respectiva.

TERCERA Se dé vista al titular del Organo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las consideraciones detalladas en el capítulo de observaciones del presente documento, a efecto de que sean tomadas en cuenta por esa instancia al momento de determinar la investigación administrativa iniciada con motivo de los hechos cometidos en perjuicio de los menores M1 y M2, debiéndose informar sobre la resolución que se emita.

CUARTA. Se tomen las medidas necesarias a efecto de identificar a las personas que fueron sometidas a procedimientos de trasfusión sanguínea, con el objetivo de descartar que se pudiera haber presentado algún otro contagio.

QUINTA. Se adopten las medidas administrativas procedentes para garantizar la no repetición de actos como los que dieron origen a la presente recomendación, debiéndose informar a esta Comisión Nacional, sobre la implementación y resultados de las mismas.

SEXTA. Se establezcan cursos de capacitación y evaluación de capacidades para los servidores públicos del Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, Distrito Federal, relacionados con los derechos que les asisten a las personas que padecen de VIH/SIDA.

SEPTIMA. Gire sus instrucciones a efecto de que se eviten realizar acciones discriminatorias como el etiquetar a los pacientes con VIH, lo cual vulnera su derecho a la privacidad, debiéndose informar a esta Comisión Nacional, sobre la implementación y resultados de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su consternación y hace una condena por la negligente que prevaleció en el Centro Médico Nacional “La Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que desembocó en el contagio por transfusión sanguínea del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a dos pacientes menores de edad.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita la intervención del titular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que instruya a los titulares de la Secretaría de Salud, Dr. José Angél Córdova Villalobos, y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social al Lic. Daniel Karam Toumeh, para que proporcionen tratamiento médico y psicológico vitalicio a los menores, y sin condicionantes de ningún tipo, y ejercite las acciones necesarias para el resarcimiento del daño.

TERCERO.- El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Salud, Dr. José Angel Córdova Villalobos, y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social al Lic. Daniel Karam Toumeh, remitan a la brevedad posible a ésta soberanía, un informe pormenorizado sobre:

a) El cumplimiento de la normativa, las medidas de control y los mecanismos de seguridad implementados para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos en los nosocomios bajo su mando hasta el momento de la identificación de los contagios por transfusión;

b) Las acciones y medidas de control adicionales que serán implementadas para evitar la ocurrencia de nuevos contagios;

c) Las sanciones, medidas disciplinarias y procedimientos jurídicos en materia civil, administrativa y penal; iniciados en contra de los servidores públicos cuyas acciones y omisiones resultaron en negligencia grave, en el caso de los dos menores contagiados de VIH/SIDA en el Centro Médico Nacional “La Raza”;

d) Las acciones y medidas implementadas y por implementarse para dar cumplimiento a los lineamientos éticos de trato a los pacientes y respeto a sus derechos y dignidad, y

e) La atención que se está dando a los menores contagiados, así como los recursos por resarcimiento de daños a las víctimas.

f) El estado del cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 42/2009 emitida el 7 de julio del presente año.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Rubén Velázquez López.- Sen. Lázaro MazónAlonso.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. José GuadarramaMárquez.- Sen. Jesús Garibay García.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Claudia Corichi García.- Sen. Antonio Mejía Haro”.

Nota: El punto de Acuerdo que se deposite en la Mesa Directiva irá acompañado de los anexos y documentos oficiales.

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo por el que se solicita impugnar el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA IMPUGNAR EL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

“La discusión sobre el tema petrolero ha ocupado un lugar privilegiado dentro de la agenda nacional, principalmente hemos buscado resguardar la esencia petrolera y energética de nuestro país como actividad exclusiva de Petróleos Mexicanos que ha estado garantizada en el articulo 27 de la Constitución desde la expropiación petrolera, en beneficio de todos los mexicanos.

Desde la izquierda, hicimos lo propio y durante la discusión de la Reforma energética del año pasado, insistimos en cancelar toda posibilidad de contratos de riesgo que violaran el artículo 27 constitucional; rechazamos públicamente la propuesta del gobierno federal de permitir la participación de la iniciativa privada en áreas reservadas a la nación como la refinación, transporte, almacenamiento y distribución de gas y de productos derivados de la refinación de petróleo y petroquímicos.

Lo votado en el Congreso de la Unión debiera respetarse pues fue el sentir de la soberanía nacional, sin embargo tanto el Sr. Calderón como la titular de la Secretaría de Energía decidieron seguir con su plan privatizador sin tomar en cuenta lo que dicta la Carta Magna. Este 22 de septiembre publicaron en el Diario Oficial de la Nación un nuevo reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, en donde se deja abierta la puerta a la participación del sector privado en algo tan importante como la comercialización del petróleo crudo.

En su artículo 21, el nuevo reglamento expresa que la Secretaría y la Comisión Reguladora de Energía, “en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones administrativas de carácter general a que deberán sujetarse los Organismos Descentralizados para la realización de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución, así como para las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional”.

Según el nuevo reglamento, la venta de primera mano se refiere a la primera enajenación de hidrocarburos, distintos de los petroquímicos no básicos, que Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios realicen a un tercero distinto de las personas morales controladas por éstos; son precisamente estos terceros los que no se encuentran definidos y la interpretación de la norma puede llevar a que se trate de particulares.

La Comisión Reguladora de Energía tiene establecido en su propia ley que su tarea consistirá en aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano del combustóleo, del gas y de los petroquímicos básicos, así como las metodologías para la determinación de sus precios, “salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo”.

En el reglamento quedó inscrito que la Comisión Federal de Competencia se encargará de determinar si existen condiciones de competencia efectiva en el caso de las ventas de primera mano. Este argumento es inconstitucional puesto que se violaría el principio del artículo 27 constitucional en el cual Pemex es el único capacitado para vender crudo, por lo que hablar de condiciones de competencia en el ramo es hablar de una apertura y un primer paso hacia la privatización.

Es precisamente esta indefinición la que pudiera abrir la puerta a que particulares realicen actividades como construcción, operación y propiedad de ductos, sistemas, equipos y dispositivos para traslado y almacenamiento de los productos petroleros.

En la Reforma Energética del año pasado se mantuvo en manos exclusivas y reservadas al estado que la industria petrolera abarca la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación.

Es por ello que esta Soberanía debe promover los mecanismos legales correspondientes para evitar que una ley emitida por el Congreso de la Unión, se violente por la vía de un Reglamento administrativo dictado por el Ejecutivo Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que a través del equipo jurídico de la Cámara se impugne el “Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo” publicado en el Diario Oficial de la Federación, por ser violatorio de la “Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2009”.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se cita a la siguiente sesión el jueves 8 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:22 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO



























PROPUESTAS

- De los CC. Senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Angel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mantenga el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la medida de lo posible se incremente.



- De la C. Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mayores recursos que se destinen al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal o bien, aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio.



- Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar los programas de atención a las y los jóvenes, así como a implementar una política de desarrollo integral de la juventud.



- De la C. Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta a su vez inste al Servicio Postal Mexicano a que celebre convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral y otros servicios de correo en el mundo a fin de disminuir el costo del voto de los mexicanos en el exterior para el proceso presidencial del 2012.



- Del C. Senador Ramiro Hernández García, a nombre de los CC. Senadores integrantes de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Economía a cancelar los cupos de importación y licitaciones no asignadas de azúcar que excedan la proyección de la demanda nacional para lo que resta del 2009. Intervienen al respecto los CC. Senadores Arturo Herviz Reyes, Felipe González González, Jesús Garibay García y Alberto Cárdenas Jiménez. Se aprueba.



- De la C. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo sobre la retabulación de watts para uso doméstico en la región sureste del país.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política del Senado integre una comisión investigadora plural para el caso de la fuga del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas.



- Del C. Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, a nombre de los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se amplíen los mecanismos de apoyo consular hacia la Región Medio-Este de los Estados Unidos de América, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Indiana, Ohio y Kentucky, con la finalidad de brindar atención y protección a los mexicanos que se encuentran en esta región.



- De los CC. Senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación al presunto incumplimiento del programa social Piso Firme en el estado de Guerrero.



- De los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez, Jesús Garibay García, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Minerva Hernández Ramos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Claudia Sofía Corichi García y Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación a niños infectados de VIH en el Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita impugnar el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.


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