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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 10

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 01 de Octubre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

APERTURA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría dé cuenta del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aguirre Rivero Angel Heladio, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Gutiérrez Alberto, Andrade Quezada Humberto, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Bautista López Héctor Miguel, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Elizondo Barragán Fernando, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, López Hernández Rosalinda, Lozano de la Torre Carlos, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rojo e Incháustegui María, Sánchez Anaya Alfonso, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Aceves del Olmo Carlos, Anaya Llamas Guillermo, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Cota Cota Josefina, Dueñas Llerenas Jesús, Escobar y Vega Arturo, González Alcocer Alejandro, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, López Valdez Mario, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Monreal Avila Ricardo, Navarrete Ruiz Carlos, Ramírez Núñez Ulises, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Trejo Reyes José Isabel, Velázquez López Rubén Fernando.

Senadores en comisión oficial: Aguilar Coronado Marco Humberto, Arce René, Cantú Segovia Eloy, Díaz Delgado Blanca Judith, García Quiroz María del Socorro, González Carrillo Adriana, Green Macías Rosario, Jiménez Rumbo David, Mazón Alonso Lázaro, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Rodríguez y Pacheco Alfredo.

Senadores con aviso de inasistencia: Baeza Meléndez Fernando (inasistencia justificada), Fonz Sáenz Carmen Guadalupe (inasistencia justificada), Hernández Ramos Minerva (inasistencia justificada), Lobato Campos José Luis (inasistencia justificada), Rueda Sánchez Rogelio Humberto (inasistencia justificada), Saro Boardman Ernesto (inasistencia justificada).

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 111 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Y por lo que dice usted, señora Secretaria, le daremos crédito al sistema electrónico. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUiZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día martes veintinueve de septiembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento doce ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de la República de Chile- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar del Consejo de Seguridad Nacional, con su Informe General de actividades correspondiente al periodo del 1º de febrero al 31 de agosto de 2009.- Se remitió a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa de Izamiento de Bandera a Media Asta, con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, a celebrarse el viernes 2 de octubre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Pablo Gómez Álvarez.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 201 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, a celebrarse el domingo 4 de octubre, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui.

(Comunicaciones de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo del Diputado Gerardo Sánchez García, por el que exhorta al Senado de la República a dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicaciones delos Senadores)

Se recibió del Senador Angel Alonso Díaz-Caneja, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al titular del Poder Ejecutivo Federal para permitir que un destacamento de 27 elementos salga del territorio nacional a recibir adiestramiento con elementos de las fuerzas armadas de la República Francesa en el Departamento de Ultramar francés de Guadalupe, así como para permitir el paso por nuestro país de 24 elementos de las fuerzas armadas francesas, con el mismo objetivo, a desarrollarse en el Estado de Quintana Roo.- Se dispensó de Segunda Lectura. A discusión, intervinieron los Senadores Ricardo Monreal Ávila, Adriana González Carrillo, Ricardo García Cervantes, quien presentó propuesta de modificación al artículo transitorio, Tomás Torres Mercado, Francisco Arroyo Vieyra, quien presentó otra modificación al artículo transitorio, Pablo Gómez Álvarez, Silvano Aureoles Conejo, Ángel Alonso Díaz Caneja y Jesús Garibay García. Las propuestas de modificación se conjuntaron y su contenido se admitió a discusión. Intervinieron los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Rubén Camarillo Ortega. La propuesta fue aprobada. El dictamen se aprobó por 95 votos en pro y 8 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar un programa para la reducción de las tarifas en los caminos y puentes federales de cuota.- A discusión, intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila. Se aprobó en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

(Agenda Política)

En relación a las circunstancias políticas de Honduras, intervinieron los Senadores Irma Martínez Manríquez, Ricardo Monreal Ávila, Ludivina Menchaca Castellanos, Silvano Aureoles Conejo, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Cesar Augusto Leal Angulo.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un punto de Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación a la situación en Honduras.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

(Iniciativas)

La Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, a nombre propio y de los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera,, Fernando Castro Trenti, Amira Gómez Tueme, Francisco Labastida Ochoa, Carlos Lozano de la Torre, Heladio Ramírez López, Ramiro Hernández García, Eloy Cantú Segovia y Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

(Iniciativas)

El Senador Tomás Torres Mercado a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de reforma para adicionar una fraccuín III al artículo 105 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 42 bis a la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Amb.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Rafael Moreno Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 294 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los dos primeros párrafos y se adiciona un último párrafo el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de Acuerdo relativo al desarrollo de la actividad caficultora en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato se abstenga de utilizar a la Procuraduría General de Justicia del Estado como instrumento represivo e intimidatorio de revanchas políticas en contra de la ex Diputada local Bárbara Botello Santibáñez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Educación Pública que emita un Acuerdo por el que se exhorte a las escuelas públicas y privadas integrantes del Sistema Educativo Nacional que en el desarrollo de sus actividades eviten a los padres de familia incurrir en gastos superfluos e innecesarios.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar como sujetos beneficiarios del Seguro de Separación Individualizado al personal naval y militar con mando de las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió de losSenadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo con relación a la previsión de un recorte de 31% al presupuesto de LICONSA, para el ejercicio fiscal 2010.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer el Programa 3x1 para migrantes, para el ejercicio fiscal de 2010, sin establecer criterios que limiten la capacidad de los migrantes para decidir sobre los proyectos de beneficio social que serán financiados con sus aportaciones.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta alEjecutivo Federal a asignar recursos especiales emergentes a los municipios de la frontera surcon el fin de fortalecer las áreas de seguridad pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita al astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno, por el éxito obtenido en su reciente misión espacial.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia respecto de la situación que afrontan las personas adultas mayores en el país.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con siete, y citó a sesión ordinaria el próximo jueves primero de octubre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si esde aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las siguientes iniciativas de Decreto:

Uno, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

En ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a la luz de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Ascensos de la Armada de México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2004. De las disposiciones que contemplan dicha Ley se tomaron como base para la elaboración de su Reglamento, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre del 2006.

En este contexto, por la aplicación de dichos ordenamientos en el proceso de promoción del 2006 se originó un exceso de procedimientos debido a la gran cantidad de indicadores de evaluación que se incluyeron en la propia Ley y su Reglamento, además que algunos de ellos eran subjetivos, inequitativos y tendenciosos, lo que propició el descontento y muchas solicitudes de aclaración de algunos sectores jerárquicos del personal naval, por no haber ascendido al grado inmediato en la promoción de ese año.

De las solicitudes de aclaración que más incidencia se tuvieron fue debido a que:

1. La aplicación del voto de cada uno de los integrantes del Consejo del Almirantazgo, a favor o no del participante, ya que para ser favorecido, debe contar cuando menos con las dos terceras partes de los votos emitidos.

2. La aplicación de la evaluación del Potencial, y

3. La consideración de indicadores de la conducta militar, desempeño académico y actuación profesional desde su ingreso a las escuelas de formación o alta en el servicio activo de la Armada de México, cuando éstas ya han sido evaluadas en anteriores procesos de promoción.

Ante la citada problemática, el Alto Mando de la Armada de México consideró necesario recabar a nivel nacional y por conducto de los Mandos de las Fuerzas, Regiones, Zonas Navales y Unidades Operativas, las inconformidades del personal que participó en la promoción antes mencionada y, con base en ellas tomar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento a través de la instrumentación de un programa que se creó, el cual contempla las etapas siguientes: 1) recolección de información; 2) toma de decisiones; 3) elaboración del anteproyecto, y 4) trámite legislativo.

De entre las inconformidades que fueron recibidas la gran mayoría coincidió en:

1. Reformar el texto vigente del artículo 14 de la Ley de Ascensos de la Armada de México y 4o de su Reglamento, con el fin de eliminar la participación del Consejo del Almirantazgo en los procesos de evaluación de ascensos, así como para aclarar la participación que tendrá el Estado Mayor General de la Armada en los procesos de promoción para el personal que es ascendido por facultad del Mando Supremo.

2. Reformar los artículos 32 y 33 de la Ley, en el sentido de que no se aplique la valoración objetiva al personal convocado por facultad del Mando Supremo y en su lugar el Estado Mayor General de la Armada elabore una lista que contendrá los criterios establecidos y servirá de base para la toma de decisiones del personal convocado por facultad del Mando Supremo.

3. Derogar el artículo 24 del Reglamento, mismo que señala las atribuciones del Consejo del Almirantazgo para asesorar al Alto Mando durante la evaluación del personal convocado en la Promoción General, así como la valoración apreciativa.

Para desarrollar la tarea de integrar un anteproyecto que recogiera las inconformidades del personal naval, se crearon los subcomités Jurídico, Técnico y Administrativo, los cuales llevaron a cabo diversas reuniones para analizar todas y cada una de las propuestas remitidas por los diferentes Mandos Navales, buscando en todo momento que las mismas no violentaran el orden jurídico dispuesto por otros ordenamientos.

Con el ánimo de atender las inquietudes e inconformidades del personal naval, así como armonizar esta Ley con las modificaciones que tendrá la Ley Orgánica de la Armada de México, se presenta esta iniciativa de reformas a la Ley de Ascensos de la Armada de México, siendo estas modificaciones no sólo el punto de partida para reformar el Reglamento de esta Ley, sino también el de otorgar al personal naval certidumbre jurídica en los procesos de promoción, garantizar que se respetarán los principios de equidad, objetividad y transparencia en dichos proceso a fin de que existan las mismas oportunidades para todos aquellos elementos que participan en un proceso de promoción en cada grado. Además, estas modificaciones contribuirán a que el personal naval vea realizadas sus aspiraciones de superación profesional, en beneficio de la Institución.

Considerando lo antes señalado y debido a que los ascensos en la Armada de México representan un aspecto relevante en la superación y el progreso tanto del personal como del propio Instituto Armado, en este proyecto de reformas se pretende:

1. Derogar las funciones que el Consejo del Almirantazgo tiene dentro del proceso de evaluación para ascensos, así como toda referencia a la apreciación que puede realizar dicho Consejo para el personal que es ascendido por facultad del Mando Supremo.

2. Reformar los artículos que hacen referencia a los ascensos que otorgan el Mando Supremo y Alto Mando, para establecer con precisión qué personal de la Armada de México es ascendido por facultad del Mando Supremo y cuál por facultad del Alto Mando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Derogar la facultad que tenían los Mandos Superiores en Jefe y Mandos Superiores de ascender al personal de clases y marinería de las unidades y establecimientos de su jurisdicción, toda vez que en la práctica esta facultad nunca se ejerció.

4. Mejorar la redacción del artículo 14 para agrupar al personal en dos bloques, un bloque contempla desde el Marinero hasta el Capitán de Corbeta y el otro desde Capitán de Fragata hasta Vicealmirante. Asimismo, se eliminan las funciones que realiza el Consejo del Almirantazgo en los procesos de evaluación.

5. Eliminar en los artículos 32 y 33 de la Ley, la apreciación que efectúa el Consejo del Almirantazgo para el desempeño de las obligaciones que la nueva jerarquía le impondrá. Asimismo, se elimina la valoración objetiva que realiza el Estado Mayor General de la Armada dado que no se aplicará una valoración, sino que el Estado Mayor elaborará la lista tomando en consideración los criterios establecidos y además se especifica que ésta será correspondiente al grado que ostente el convocado.

6. Establecer que las evaluaciones que se practiquen correspondan al periodo del grado que ostenta el participante y no a toda su trayectoria dentro del servicio activo, toda vez que la Ley vigente contempla diversos procedimientos e indicadores de evaluación que califican al participante desde su ingreso a las escuelas de formación o su alta en el servicio activo de la Armada de México, las cuales ya fueron evaluadas para obtener los grados anteriores.

7. Establecer que la conducta militar y civil será acreditada mediante las hojas de actuación o memoriales de servicio, lo cual contribuye a dar certeza jurídica a los convocados.

8. Adicionar que el personal que no alcance la calificación mínima aprobatoria en tres concursos de selección para ascenso, se considerará como un supuesto de grado tope el grado que ostente.

9. Citar de forma general los conceptos que se tomarán en cuenta para establecer el orden de prelación de los convocados a promoción por facultad del Mando Supremo.

10. Establecer que el examen de conocimientos prácticos solamente aplica para el personal de clases y marinería.

11. Precisar a quién corresponde legalizar los despachos de los Almirantes y Capitanes de Navío que ascienden por facultad del Mando Supremo, así como de los Capitanes de Corbeta y Fragata, y Oficiales ascendidos por facultad del Alto Mando.

12. Precisar los procedimientos de selección y evaluación de ascensos a fin de dar certeza jurídica al personal de la Armada de México.

13. Cambiar diversos términos para armonizarlos con las modificaciones que se realizan a la Ley Orgánica de la Armada de México.

Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MEXICO

ARTICULO UNICO: Se REFORMAN los artículos 1; 2; 3; 4, párrafo primero; 5; 9; 11; 12; 13; 14; 15, párrafo primero; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20, párrafo primero y fracciones III y IV; 21; 26; 30, fracción III; 32, fracción II y párrafo segundo; 33 fracción II y párrafo segundo; 34, párrafo primero, fracciones I y II; 35, fracciones IV, V y VI; 45; 46, fracción III; 47; 48; 49; 50, fracción III; 51, fracciones III, VI y VIII; 53 y 54, así como la denominación del Capítulo VI del Título Segundo y se DEROGAN las fracciones I y II, del artículo 4o; artículo 7o; párrafos segundo y tercero, del artículo 15; Apartados a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 34; fracción X del artículo 51, todos de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:

ARTICULO 1.- Ascenso es el acto mediante el cual el Mando confiere un grado superior al militar en servicio activo en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica de la Armada de México.

ARTICULO 2.- Es facultad del Mando Supremo ascender a los Vicealmirantes, Contralmirantes, Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

ARTICULO 3.- Es facultad del Alto Mando ascender al personal de Capitanes de Corbeta y Oficiales, previo acuerdo del Mando Supremo, según lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 4.- Es facultad del Alto Mando ascender al personal de clases y marinería según lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

I. a II. Se derogan.

ARTICULO 5.- Los ascensos a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la presente Ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso.

ARTICULO 7.- Se deroga.

ARTICULO 9.- Cuando se obtenga un ascenso por méritos especiales o por las causas establecidas para tiempo de guerra, el ascendido deberá cumplir con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones para ese grado, a efecto de poder tomar parte en promociones posteriores.

ARTICULO 11.- En igualdad de competencia profesional determinada por el promedio de las calificaciones obtenidas en el concurso de selección, será ascendido el de mayor antigüedad en el grado.

ARTICULO 12.- El personal naval que sea ascendido por haber obtenido alguna de las vacantes existentes, ocupará su nuevo lugar escalafonario atendiendo a la prelación que ocupaba en el grado anterior.

ARTICULO 13.- El Alto Mando ordenará al Estado Mayor General de la Armada y a la unidad administrativa correspondiente, la formulación anual del escalafón de Almirantes, Capitanes y Oficiales de la milicia permanente, así como el del personal de la milicia auxiliar. Citados escalafones serán difundidos a todo el personal de la Institución.

ARTICULO 14.- Los órganos asesores auxiliarán al Alto Mando en el proceso para calificar, seleccionar y proponer al personal naval para ascenso, de Marinero hasta Capitán de Corbeta. Para los ascensos de Capitán de Fragata hasta Vicealmirante, el Alto Mando se auxiliará de los órganos asesores designados para integrar el expediente y reunir los elementos de juicio relativos a los aspectos que determina el artículo 18 de esta Ley, los que serán sometidos a la consideración del Mando Supremo.

Los órganos asesores para el proceso de ascensos serán el Estado Mayor General de la Armada y la Comisión Coordinadora para Ascensos en términos de las disposiciones aplicables.

ARTICULO 15.- Los ascensos en tiempo de paz tienen por objeto cubrir las vacantes de la Armada de México con personal apto e idóneo para desempeñar las labores del grado inmediato superior.

Se deroga.

Se deroga.

ARTICULO 16.- Para determinar su derecho al ascenso, desde Marinero hasta Capitán de Corbeta, se convocará a concurso de selección al personal de un mismo escalafón y grado.

ARTICULO 17.- Los requisitos indispensables para ser convocado al concurso de selección para ascenso, en lo conducente, serán los establecidos en los Capítulos II, III y IV de este Título, además de buena conducta militar y civil acreditada mediante las hojas de actuación o memoriales de servicio, así como no encontrarse comprendido en los supuestos que prevé el artículo 51 de esta Ley.

ARTICULO 18.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, serán conferidos por el Mando Supremo, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

ARTICULO 19.- Cuando un miembro de la Armada sea excluido por estar imposibilitado para participar en el concurso de selección por enfermedad u otras causas de fuerza mayor comprobadas, será convocado para determinar su derecho al ascenso, al desaparecer las causas que motivaron la exclusión, siempre y cuando pueda concursar dentro del periodo que al efecto se establezca.

ARTICULO 20.- Cuando un miembro de la Armada se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes, se considerará el grado que ostente como grado tope:

I. a II. ...

III. Haber sido convocado y participado en tres concursos de selección para ascenso sin obtener el promedio de calificación mínima aprobatoria, y

IV. Cualquier combinación de las fracciones I, II y III anteriores que sumen tres de los supuestos indicados, ostentando el militar un mismo grado.

ARTICULO 21.- El grado tope se comunicará por escrito, por el Estado Mayor General de la Armada al personal núcleo de los Cuerpos y por la Unidad Administrativa correspondiente al personal núcleo de los servicios y las escalas de los Cuerpos y Servicios.

ARTICULO 26.- El personal de los establecimientos de educación naval egresará con el grado que establece la Ley Orgánica de la Armada de México.

Al presentar y aprobar su examen profesional de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo para prácticas y examen profesional, ascenderá al grado que le corresponda.

ARTICULO 30.-..

I. a II. ...

III. Presentar un trabajo de investigación tipo tesis y obtener resultado aprobatorio, tratándose de personal núcleo de los Cuerpos y Servicios, y

IV. ...

ARTICULO 32….

I. …

II.Personal de Capitanes de Fragata que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III. …

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

ARTICULO 33.-...

I. …

II. Personal de los grados de Capitán de Navío, Contralmirante y Vicealmirante que no se encuentren en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III ...

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

CAPITULO VI

Del concurso de selección para ascenso a Cabo hasta

Capitán de Fragata

ARTICULO 34.- El concurso de selección para ascenso tiene por objeto determinar el orden de prelación de los convocados, conforme a lo siguiente:

I. Para Clases y Marinería se determinará de acuerdo a los resultados de los exámenes que menciona el artículo 35 y conforme al Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente, y

II. Para Oficiales, incluyendo el ascenso de Capitán de Corbeta a Capitán de Fragata, se llevarán de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente. En el establecimiento del orden de prelación en cada grado, núcleo y escala, se atenderán los conceptos de mérito, aptitud, competencia profesional, conducta militar y civil, así como a los resultados de los exámenes que establece el artículo 35, correspondientes al grado que ostenta el convocado.

a) a e) Se derogan.

ARTICULO 35.-...

I. a III....

IV. Examen de conocimientos prácticos para el personal de Clases y Marinería, de acuerdo a la reglamentación correspondiente;

V. Examen de lengua extranjera, únicamente para Oficiales y Capitanes del núcleo de los Cuerpos y Servicios, y

VI. Trabajo de investigación tipo tesis, únicamente para Tenientes de Navío del núcleo de los Cuerpos y Servicios.

ARTICULO 45.- El grado que ostente el personal de la milicia permanente será acreditado con la expedición del despacho correspondiente y a falta de éste, con el documento oficial por el que se haya comunicado el ascenso al grado respectivo.

ARTICULO 46.-...

I. a II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. a V....

ARTICULO 47.- Los despachos de los Almirantes y Capitanes de Navío serán legalizados con las firmas del Mando Supremo y del Alto Mando y llevarán el gran sello de la Nación.

ARTICULO 48.- Los despachos de los Capitanes de Corbeta y Fragata, así como de los Oficiales, serán legalizados con las firmas del Alto Mando y de los servidores públicos de las Unidades Administrativas correspondientes.

ARTICULO 49.- El grado que ostente el personal de la milicia auxiliar, será acreditado por el nombramiento que se les expida, firmado por el Alto Mando.

ARTICULO 50.-...

I. a II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. a V....

ARTICULO 51.-...

I. a II. ...

III. Excedido de la edad límite en su grado;

IV. aV....

VI. Estar cumpliendo sanción impuesta por órgano de disciplina;

VII. …

VIII. Cuando no reúnan los requisitos establecidos por esta Ley para cada grado, e

IX. ...

X. Se deroga.

ARTICULO 53.- El personal de la Armada de México tendrá un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de recepción del documento por el que se le comunique la exclusión o la postergación, para manifestar su inconformidad. Las formalidades esenciales para substanciar el procedimiento de la inconformidad se sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánica de la Armada de México y el Reglamento de la Junta Naval.

ARTICULO 54.- En caso de procedencia de la inconformidad por exclusión, el Alto Mando ordenará la evaluación del interesado colocándolo en el orden de prelación que le corresponda. Si ya fue efectuada la promoción y hubiere obtenido un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso, será considerada como postergación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores las seguridades de mi más alta y distinguida consideración”.

Y dos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

En ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, a la luz de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país fundamentalmente marítimo, ya que cuenta con más de 10 mil kilómetros de litorales y una superficie de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados, en los cuales se incluyen tanto los accidentes insulares como el mar territorial. Además, si se considera las aguas marinas interiores, la zona contigua, la plataforma continental y las plataformas insulares, da como resultado que el territorio marítimo supera en más de 1.6 veces al territorio continental; comparación que da una clara idea de la vastedad de nuestros mares.

Es en este espacio donde la Armada de México en su calidad de autoridad garante de la soberanía nacional tiene la importante misión de defender la integridad territorial, la protección y vigilancia de los intereses marítimos nacionales y el resguardo de la riqueza marítima, así como el de contribuir al desarrollo y fortaleza de las instituciones del país.

En adición a lo anterior, México enfrenta en la actualidad grandes amenazas a su Soberanía lo que obligan a contar con una Armada capaz de erradicar, disuadir o neutralizar las actividades ¡lícitas de cualquier agresor.

Es claro que en los últimos años la comisión de los delitos de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o personas, delincuencia organizada y otros de carácter internacional no se limitan al territorio continental sino que también se han extendido al territorio marítimo.

En virtud de ello, se debe contar con un marco jurídico que respalde tanto las actividades relativas a la defensa exterior como las que derivan de la seguridad interior del país, buscando adecuar las normas con la realidad de los fenómenos sociales, nacionales e internacionales.

Por estas razones, resulta impostergable la transformación, modernización y reorganización de la Armada de México, con el fin de fortalecerlo y dotarlo de mejores instrumentos que le permitan dar cabal cumplimiento de sus atribuciones, en este contexto, es que se promueve la presente iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, como el instrumento necesario que brinde la certeza jurídica a la estructura y actividades de dicho Instituto.

La presente iniciativa propone modificar tanto el contenido orgánico como la estructura operativo-militar de la Armada de México, incorporando definiciones y conceptos más claros y precisos que facilitan su comprensión y aplicación. Esta propuesta es congruente con las reformas y adiciones que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2006, en relación al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se modificaron las atribuciones y facultades de la Secretaría de Marina.

Además, con el fin de dar cumplimiento con las políticas en materia de seguridad implementadas por el Ejecutivo Federal, esta propuesta establece una reorganización de carácter político-estratégica de los Mandos Navales en ambos litorales, logrando con ello dar mayor eficacia a la participación de la Armada en el combate frontal y efectivo a la delincuencia organizada e inseguridad, así como para proteger la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos y contribuir al desarrollo nacional.

Asimismo, con la reorganización de carácter político-estratégica de los Mandos Navales en ambos litorales se pretende reenfocar las operaciones navales a fin de aprovechar de mejor forma los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Armada, así como robustecer su capacidad en el desarrollo de las funciones de operatividad institucional encomendadas teniendo como base el proceso evolutivo de la problemática que caracteriza a cada uno de los estados costeros.

Por cuanto hace a las atribuciones de la Armada de México se excluye la relativa a la de realizar acciones de “salvamento” por corresponderle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7, 9 fracción IX y 161 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

En este mismo rubro, se sustituyen entre otros términos los siguientes:

I. El de “área de jurisdicción federal” por el de “las zonas marinas mexicanas”, por ser éste, el término adecuado conforme a la Ley Federal del Mar, además de que se fortalece el ámbito de actuación de la Armada;

II. El de “áreas de control” por el de “áreas restringidas a la navegación”, a fin de estar acorde con la legislación nacional y los instrumentos jurídicos internacionales signados por el Estado mexicano;

III. El de “topográficos” por “hidrográficos”, por ser éste último el que se establece en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

IV. El de “aguas” por “zonas”, toda vez que zonas marinas es un concepto de mayor amplitud, que se encuentra definido en el artículo 3o de la Ley Federal del Mar.

Con el propósito de dar sustento jurídico a la intervención del personal naval en los órganos del fuero de guerra y de que esta Institución participe de forma más activa en la procuración y administración de la justicia militar, se adiciona como atribución de la Armada de México, el de que su personal naval podrá participar en dichos órganos de guerra.

Con la nueva reorganización de los Mandos de la Armada de México, se sustituye la denominación de Región Naval Central, por la figura del Cuartel General del Alto Mando con nivel de Mando Superior en Jefe, estableciéndose la integración y misión que tendrá este organismo con el propósito de que cuente con un sustento jurídico.

Por lo que respecta a orden y sucesión de Mando, se especifica que tratándose de las ausencias del Alto Mando puedan ser suplidas además del Subsecretario, por el Oficial Mayor.

Para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y distribución de los recursos humanos; mantener una presencia más efectiva y permanente en los litorales y zonas marinas mexicanas para contribuir a dar seguridad y tranquilidad a los estados costeros, así como para fortalecer la presencia y control sobre las actividades que se realizan dentro del ámbito de competencia de la Armada de México y preservar el Estado de Derecho y combate a la delincuencia organizada; estrechar la coordinación y participación operativa con las autoridades marítimas, portuarias y con las instituciones comprometidas con la seguridad del país, se considera necesario:

I. Eliminar las figuras de subsectores, apostaderos y brigadas navales;

II. Actualizar las definiciones de fuerzas, regiones, zonas, sectores navales, unidades de superficie de la Armada y unidades de infantería de marina;

III. Definir el concepto de unidades aéreas, de tal forma que ya queden incluidas en esta Ley los tres tipos de unidades operativas que conforman a la Armada de México, y

IV. Definir los conceptos de flotillas y escuadrillas conforme a la organización de los Mandos Navales.

Asimismo, se establece la integración y funciones del Consejo de Almirantazgo en sus modalidades de ampliado y reducido. Entre las cuales se encuentran: la de asesorar al Alto Mando en asuntos de carácter estratégico; proporcionar los elementos de juicio que sustenten la toma de decisiones en asuntos relacionados con el desarrollo del poder naval y, proponer las políticas de la institución relacionadas con el ámbito marítimo que impacten en el desarrollo del país. Además, se le otorgan atribuciones como una segunda instancia revisora en materia de inconformidades en contra de las resoluciones que emitan tanto la Junta Naval como la Junta de Almirantes. Se derogan las atribuciones del Consejo del Almirantazgo en materia de ascensos.

En materia de disciplina, se plantea la inclusión de los Consejos de Disciplina para que conozcan, resuelvan y sancionen las faltas que cometan los cadetes y alumnos de los establecimientos educativos navales; ello permitirá cumplir con el principio de seguridad jurídica y debida defensa a que tienen derecho el citado personal, asimismo se pretenden que cuenten con un sustento jurídico la integración y funcionamiento de estos Consejos.

Por otra parte, se adicionan a las facultades de la Junta Naval la de conocer de las inconformidades de adecuaciones de grado y pase de la milicia auxiliar a la milicia permanente, con el objeto de que el personal naval que se sienta afectado en sus derechos en estas materias, pueda recurrir ante un organismo competente que conozca y resuelva su inconformidad.

Se elimina la figura denominada “Comisión Coordinadora para la Designación de Cargos”, toda vez que en la práctica no cumplió con el objeto para el cual fue creada.

Por lo que se refiere al agrupamiento del personal atendiendo a su formación y funciones, se modifica el contenido del articulado correspondiente, sustituyendo “Cuerpo General” por “Cuerpos”, con el fin de que éste término sea más amplio, dando con ello la oportunidad de que el personal perteneciente a otros cuerpos ejerzan un mando en igualdad de condiciones y circunstancias que el personal del Cuerpo General.

Actualmente el “Servicio de Electrónica Naval” se encuentra incluido como un núcleo en el “Servicio de Ingenieros de la Armada”, por lo que se propone crearse en su lugar el Servicio de Logística Naval, el cual se integrará con personal que cuente con conocimientos técnicos y profesionales a fines en esta materia lo que ayudará a contribuir de mejor manera al cumplimiento de los fines que tiene encomendada esta Institución naval militar.

En el rubro de Licencias, se traslado de la licencia extraordinaria a la licencia ilimitada, la forma en que el personal que desempeñe cargos de elección popular puede hacer uso de ésta. Lo anterior, a fin de hacer armónica la Ley con el marco constitucional.

Respecto a la baja definitiva del servicio de la Armada de México, se toma el concepto “por Ministerio de Ley”, ya que éste es el concepto empleado por el Poder Judicial en los casos resueltos de amparos promovidos por el personal naval. Asimismo, se amplia el término de tres a quince días naturales, para que cuando al personal naval se le decrete la baja en cualquiera de sus modalidades, el afectado sea escuchado en defensa y manifieste lo que a su derecho convenga de acuerdo a la garantía de audiencia.

En este mismo rubro, se toma el principio de presunción de inocencia específicamente en la hipótesis del personal naval que se encuentre procesado en el orden común o federal que amerite prisión preventiva sin derecho a libertad causional. De resultar absuelto; podrá reingresar al servicio siempre y cuando cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en la Ley; lo anterior con el fin de hacerlo acorde con la reciente reforma constitucional al sistema penal, así como con los requisitos de ingresos que establece esta Ley.

Por último, se realizó una revisión integral a todo el cuerpo normativo con el fin de actualizar algunos términos y mejorar la redacción de algunos artículos para que resulten más claros y se apegue a la normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

ARTICULO UNICO: Se REFORMAN los artículos 1; 2, fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV; 3; 7, párrafo primero, fracciones I y IV; 8, fracción III y párrafo segundo; 9, fracciones I, II y III; 11, fracción I y II en su Apartado B; 12, segundo párrafo; 13, párrafos primero y tercero; 15, párrafos primero, tercero y cuarto; 16, párrafo primero; 17, párrafos primero y tercero; 18; 20; 21; 22; 23; 25, fracciones I y III; 26; 27; 29; 30, párrafos primero y tercero; 31; 32; 33; 36, párrafo primero, las fracciones II y III del párrafo segundo y párrafo tercero; 38, párrafo primero y fracción III; 40; 42; 43; 44; 45; 46, fracciones V, X y XI; 47, fracciones II y V; 48, párrafo primero; 51; 52, fracciones I y II; 54, párrafo primero; 56, párrafo primero y fracción I; 58; 59, párrafo primero; 61; 62; 64; 65, fracción I y sus Apartados A y B; 66, párrafo primero; 67; 68; 69; 72, fracción V; 73, fracciones I y II; 74; 81, segundo párrafo; 85, fracción I y sus Apartados C, D y E, fracción II en sus Apartados D y numeral 1, y E, fracción III en sus Apartados B y D; y 87 sustituyéndose los incisos a) y b) por fracciones, así como la denominación del Capítulo Cuarto, se ADICIONA la fracción XVI al artículo 2; la fracción III bis al artículo 8; el artículo 15 bis, el artículo 22 bis; la fracción IV al artículo 25; el artículo 27 Bis; las fracciones I, II, III y IV al párrafo primero del artículo 30; un artículo 32 bis; la facción XII al artículo 46; un párrafo segundo al artículo 52; un rubro a la fracción IV del artículo 60; el Apartado C a la fracción I, del artículo 65; un párrafo segundo al artículo 82, recorriéndose el actual; el Apartado F y un párrafo segundo a la fracción I, un párrafo segundo a la fracción II, un Apartado C, recorriéndose el actual y un párrafo segundo a la fracción III, del artículo 85 y, se DEROGA el párrafo segundo del artículo 13; el párrafo segundo del artículo 15; artículo 19; la fracción II del artículo 25; el párrafo segundo del artículo 30; el artículo 34; el artículo 63; el artículo 70; las fracciones III y IV del artículo 73; el segundo párrafo del artículo 80; el Apartado C de la fracción II, del artículo 85, todos de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y seguridad interior del país.

Artículo 2.-...

I a III.

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores navegables y donde el Mando Supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

V. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en todas aquéllas en las que el Mando Supremo lo ordene;

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo lo ordene;

VII. ...

VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;

IX. …

X. Realizar actividades de investigación científica, oceanógrafica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;

XII. ...

XIII. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación, y organizar el archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas;

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país;

XV. Participar en los órganos del Fuero de Guerra, y

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el Mando Supremo.

Artículo 3.- La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, o en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando el Mando Supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran.

Artículo 7.- El Alto Mando es ejercido por el Secretario de Marina, responsable ante el Mando Supremo del desempeño de las atribuciones siguientes:

I. Planear, elaborar, determinar y ejecutar la política y estrategia naval;

II. a III. …

IV. Establecer, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación y organización de sectores navales, así como las áreas de control naval del tráfico marítimo;

V. a VIII. ...

Artículo 8.-...

I a II. ...

I. Regiones, zonas y sectores navales;

III bis. Cuartel General del Alto Mando;

IV. a VII....

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando se auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector y Contralor General de Marina, Directores Generales, Agregados Navales y demás servidores públicos, órganos y unidades que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 9.-...

I. Superiores en Jefe: los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del Alto Mando;

II. Superiores: los titulares de las zonas navales y otros que designe el Alto Mando, y

III. Subordinados: los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el Alto Mando.

Artículo 11.- …

I. El Alto Mando será suplido por el Subsecretario y, en ausencia de éste, por el Oficial Mayor;

II. ...

A.-...

B.- En las regiones navales por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción y en el Cuartel General del Alto Mando por el Jefe del Estado Mayor.

III. a IV. ...

Artículo 12.-...

Estará integrado con personal Diplomado de Estado Mayor y el personal especialista que sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. El titular será de la categoría de Almirante.

Artículo 13.- Las fuerzas navales son el conjunto organizado de hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas la Armada de México.

Se deroga.

Los Comandantes de las fuerzas navales serán de la categoría de Almirante.

Artículo 15.- Las regiones navales son áreas geoestratégicas, determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos.

Se deroga.

Tienen a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones navales para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México en su área jurisdiccional.

Los comandantes de las regiones serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados directamente al Alto Mando.

Artículo 15 bis.- El Cuartel General del Alto Mando se integra con las unidades operativas y establecimientos navales de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones, proporcionando seguridad y apoyo logístico a las unidades y establecimientos en dicha Capital.

El Comandante del Cuartel General del Alto Mando será de la categoría de Almirante y estará subordinado directamente al Alto Mando.

Artículo 16.- Las zonas navales son las áreas geográfíco-marítimas determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a sectores navales, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos que determine el Alto Mando.

Artículo 17.- Los sectores navales son las subdivisiones geográfíco-marítimas determinadas por el Alto Mando, que tienen bajo su mando a las flotillas, escuadrillas, unidades, establecimientos y fuerzas adscritas, incorporadas o destacadas.

Los comandantes serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados al mando de la región o zona naval que corresponda.

Artículo 18.- Las flotillas y escuadrillas tienen a su cargo la supervisión de las actividades operativas de las unidades de superficie adscritas, a fin de mantenerlas con un alto grado de alistamiento, incrementar su eficiencia y optimizar los medios disponibles para el desarrollo de las operaciones que se les asignen.

Están integradas por personal y unidades de superficie de acuerdo a los requerimientos operativos. Los comandantes serán de la categoría de Capitán del Cuerpo General y estarán subordinados al comandante de región, zona o sector naval que corresponda.

Artículo 19.- Se deroga.

Artículo 20.- Las unidades operativas son los buques, aeronaves y unidades de infantería de marina, mediante los cuales se cumplimentan las funciones que se derivan de la misión y atribuciones de la propia Armada. Contarán con el personal necesario de los cuerpos y servicios.

Artículo 21.- Las unidades de superficie de la Armada de México, adscritas a los mandos navales, se agruparán en diferentes tipos y clases de acuerdo a su misión, empleo táctico, equipamiento y sistemas de armas.

Artículo 22.- Las unidades de infantería de marina, adscritas a los mandos navales, se integran en batallones, fuerzas especiales y otras que designe el Alto Mando.

Artículo 22 bis.- Las unidades aeronavales, adscritas a los mandos navales, son de ala fija o móvil, de diferentes tipos y clases, encuadradas a bases, estaciones y escuadrones aeronavales.

Artículo 23.- Los establecimientos de educación naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de México y, en su caso, de los becarios en los términos del Plan General de Educación Naval.

La Armada de México contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados.

Artículo 25.-...

I. El Consejo del Almirantazgo, en sus modalidades de reducido y ampliado;

II. Se deroga.

III. La Comisión Coordinadora para Ascensos, y

IV. Otros que establezca.

Artículo 26.- El Consejo del Almirantazgo es un órgano de análisis para la concertación, acuerdo y toma de decisiones sobre asuntos trascendentes para la Armada de México. Asimismo será la segunda instancia revisora para las resoluciones emitidas por la Junta Naval.

Funcionará y se integrará en los términos que establece la presente ley.

Artículo 27.- El Consejo del Almirantazgo tiene las funciones siguientes:

I. En su modalidad de ampliado:

A.- Asesorar al Alto Mando en asuntos de carácter estratégico;

B.- Proporcionar los elementos de juicio que sustenten la toma de decisiones en asuntos relacionados con el desarrollo del poder naval, y

C.- Proponer las políticas de la institución relacionadas con el ámbito marítimo que impacten en el desarrollo del país.

II. En su modalidad de reducido, conocerá de las inconformidades a que se refieren los artículos 31 y 33 de la presente Ley.

Artículo 27 Bis.- El Consejo del Almirantazgo se integrará de la manera siguiente:

I. En la modalidad de reducido por:

A.- Secretario;

B.- Subsecretario;

C.- Oficial Mayor;

D.- Inspector y Contralor General de Marina;

E.- Jefe del Estado Mayor General de la Armada;

F.- Comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y

G.- Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.

II. En la modalidad de ampliado, además de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, por los Comandantes de las regiones navales.

En ambas modalidades, será presidido por el Alto Mando.

Artículo 29.- Los órganos de disciplina son competentes para conocer, resolver y sancionar las faltas graves en contra de la disciplina naval, así como calificar la conducta o actuación del personal de la Armada de México.

Artículo 30.- Los órganos de disciplina son:

I. La Junta de Almirantes;

II. Los Consejos de Honor Superior;

III. Los Consejos de Honor Ordinario, y

IV. Los Consejos de Disciplina.

Se deroga.

Funcionarán y se organizarán conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 31.- Los órganos de disciplina funcionarán con carácter permanente y sus resoluciones serán autónomas.

Dichas resoluciones se aplicarán en tiempo y forma sin que ello coarte la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad ante el órgano de disciplina superior al que emitió el fallo, en un plazo de 15 días naturales.

El Consejo del Almirantazgo, en su modalidad de reducido, conocerá de las impugnaciones en contra de las resoluciones que emita la Junta de Almirantes.

Artículo 32.- La Junta Naval es un órgano administrativo de carácter permanente y estará integrada de un Presidente y dos Vocales de la Categoría de Almirantes en servicio activo de los diferentes Cuerpos y Servicios de la Armada de México, designados por el Alto Mando; el Segundo Vocal fungirá como Secretario.

Será competente para conocer de las inconformidades que manifieste el personal respecto a:

I. Situaciones escalafonarias;

II. Antigüedad en el grado;

III. Exclusión en el concurso de selección para ascenso;

IV. Postergas;

V. Adecuación de grado, y

VI. Pase a la milicia permanente.

Artículo 32 bis.- En contra de los actos anteriores procederá la inconformidad, misma que deberá interponerse por escrito dentro de los treinta días naturales siguientes al de que surta sus efectos la notificación respectiva.

La inconformidad deberá interponerse ante la Junta Naval, el escrito en el que la parte afectada la interponga deberá contener la expresión del acto impugnado y los agravios que el mismo cause, ofreciendo y cuando sea posible acompañando las pruebas que a efecto juzgue convenientes.

La resolución de la inconformidad deberá ser emitida en un plazo no superior a noventa días naturales posteriores a aquel en que se interpuso la inconformidad.

Las inconformidades se regularán conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 33.- Las resoluciones emitidas por la Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En caso de inconformidad, deberán ser analizadas por el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de reducido.

Artículo 34.- Se deroga.

Artículo 36.- El personal de la milicia permanente se caracteriza por su estabilidad en el servicio.

I. …

II. El que habiendo causado alta como Marinero, obtenga por ascensos sucesivos el grado de Primer Maestre o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cuatro años de servicio;

III. El que obtenga el grado de Primer Maestre o equivalente y no se encuadre en la fracción anterior, al cumplir quince años de servicio ininterrumpidos y reúna los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, previa solicitud, podrá participar en el proceso de pase de Oficiales de la milicia auxiliar a la milicia permanente, y

IV. …

A.-aD.-...

Al personal mencionado que haya sido adecuado de grado por estudios efectuados, se le computará el tiempo de servicios en cada uno de los grados que haya ostentado.

Artículo 38.- El personal de la milicia permanente, núcleo o escala de los diferentes servicios, podrá obtener los distintos grados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México o realizando estudios acordes a su profesión, por su cuenta y sin perjuicio del servicio, pudiendo obtener los grados de:

I. a II. ...

III.Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

Artículo 40.- El personal de la milicia auxiliar podrá ascender por adecuación de grado al haber realizado estudios por su cuenta acordes a su profesión sin perjuicio del servicio y que sean de utilidad para la Armada, pudiendo obtener los grados de:

I. Tercer Maestre, con estudios de nivel técnico profesional;

II. Segundo Maestre, con estudios de nivel técnico profesional con especialidad;

III. Primer Maestre, con estudios de nivel técnico superior universitario;

IV. Teniente de Corbeta, con estudios de licenciatura;

V. Teniente de Fragata, con especialidad o maestría, y

VI. Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

La adecuación de grado estará sujeta a la consideración del Alto Mando, a que exista vacante y a la presentación de título o diploma y cédula profesional.

Artículo 42.- El personal se agrupa en Cuerpos y Servicios en atención a su formación y funciones.

A su vez, los Cuerpos y los Servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan al personal profesional, y las escalas al técnico profesional y no profesional.

Artículo 43.- Los Cuerpos son los siguientes:

Cuerpo General;

Infantería de Marina;

Aeronáutica Naval, y

Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Los núcleos de los cuerpos señalados están constituidos por personal egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, quien podrá realizar las especialidades que resulten necesarias para la Armada de México, en los términos previstos en el Plan General de Educación Naval.

Los núcleos de los servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos educativos superiores de la Armada de México, o de otras instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras. Los estudios en estas últimas, para su reconocimiento, deberán ser revalidados por la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 44.- La escala técnico profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal que haya realizado estudios en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, de nivel técnico profesional, con una duración mínima de tres años lectivos y que obtengan el título o diploma y la cédula profesional correspondiente.

Artículo 45.- La escala no profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal no considerado en los artículos 43 y 44 de esta Ley.

Artículo 46.-...

I. a IV. ...

V. Logística Naval;

VI. a IX....

X. Sanidad Naval;

XI. Trabajo Social Naval, y

XII. Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Artículo 47.-...

No contar con otra nacionalidad;

a IV...

Reunir los requisitos de edad, de aptitud física y académica, de conducta, así como encontrarse médica y clínicamente sano y apto para el servicio de las armas, en términos de las normas aplicables.

Artículo 48.- El reclutamiento del personal se efectuará:

I. a II. ...

Artículo 51.- La educación naval tiene por objeto proporcionar al personal los principios doctrinarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México, en los términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias.

La educación naval se conforma por los siguientes niveles educativos:

I. Adiestramiento;

II. Capacitación;

III. Formación, y

IV. Posgrado.

Estos niveles, se llevaran a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, así como en otros centros educativos nacionales o extranjeros.

Artículo 52.-...

I. En planteles nacionales, un tiempo equivalente a dos veces el que duren sus estudios, y

II. En planteles extranjeros, un tiempo equivalente a tres veces el que duren sus estudios.

El personal que solicite su separación del servicio activo y no haya concluido con el tiempo de servicio especificado en las fracciones anteriores, cubrirá el total o la parte proporcional del importe erogado por la Institución para la realización de dichos estudios.

Artículo 54.- El personal desempeñará los cargos y comisiones acordes a su cuerpo, servicio y grado establecidos en las planillas orgánicas de las unidades y establecimientos de la Armada de México, así como los que se le nombren por necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 56.- Al personal de los Cuerpos le corresponden las funciones siguientes:

I. Ejercer los niveles y tipos de mando que establece esta Ley;

II. a III. ...

CAPITULO CUARTO
GRADOS Y ESCALAFONES

Artículo 58.- Los grados en el personal tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su titular los derechos y consideraciones establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, e imponiendo las obligaciones y deberes inherentes a la situación en que se encuentre.

Artículo 59.- El personal, por su grado, se agrupará en las categorías siguientes:

I. a VI. ...

Artículo 60.-...

I. a III. ...

IV.- CADETES

CADETES

CADETES

Cadetes

Cadetes

Cadetes

Alumnos

Alumnos

Alumnos

V. y VI. ...

Artículo 61.- Al personal que se encuentre cursando estudios en los diferentes establecimientos de educación naval se les denominará Cadetes a nivel licenciatura, y Alumnos a nivel técnico profesional o técnico.

Tendrán los grados que establezcan los reglamentos de los establecimientos educativos y estarán sujetos a la legislación militar con el grado de Segundo Maestre.

Artículo 62.- Los ascensos del personal naval se conferirán con arreglo a lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 63.- Se deroga.

Artículo 64.- El grado tope es el grado máximo que puede alcanzar el personal de la Armada.

Quien alcance el grado tope, en los términos en que lo establece esta Ley o la Ley de Ascensos de la Armada de México, al cumplir cinco años en dicho grado percibirá una asignación mensual igual a la diferencia de percepciones que exista entre el grado que ostenta y el inmediato superior.

Cada cinco años dicha asignación será aumentada a las percepciones que correspondan al grado inmediato superior de los que perciba.

Artículo 65.-...

I. Para los Cuerpos:

A.- Núcleo: de Guardiamarina hasta Almirante;

B.- Escala técnico profesional: de Primer Maestre hasta Capitán de Corbeta, y

C- Escala no profesional: de Marinero hasta Teniente de Navío, y

II. ...

Artículo 66.- El escalafón de la Armada de México se integra de acuerdo a la normatividad aplicable, agrupando al personal de la milicia permanente por cuerpos y servicios, núcleos y escalas en orden descendente, en razón de la categoría, grado y la antigüedad, señalando las especialidades que ostenten.

Artículo 67.- El personal de la Armada de México podrá ser cambiado de Cuerpo, Servicio, Núcleo o Escala, por necesidades del servicio; recomendación de un Consejo Médico integrado por médicos especialistas navales o a petición del interesado, sujetándose a las siguientes reglas:

I. Si el cambio es por necesidades del servicio o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos del servicio, no perderá el grado ni la antigüedad, y

II. Si el cambio es a solicitud del interesado o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos no imputables al servicio, ocupará el último lugar del grado que ostente en el cuerpo o servicio del escalafón al que vaya a pertenecer a partir de la fecha del cambio.

Para efectos de retiro no perderá el tiempo de servicio en el grado.

Para efectos de ascenso, la antigüedad en el grado contará a partir de la fecha del cambio.

Artículo 68.- Al término de los estudios en la Heroica Escuela Naval Militar, el personal de cadetes perteneciente a los cuerpos será promovido al grado de Guardiamarina y el de los Servicios a Primer Maestre; los egresados de los demás establecimientos de educación naval de nivel licenciatura, al de Primer Maestre, y los de nivel técnico profesional al de Segundo Maestre.

Artículo 69.- El personal de clases que concluya satisfactoriamente algún curso en los centros de capacitación de la Armada de México, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Artículo 70.- Se deroga.

Artículo 72.-...

I. a IV. ...

V.Con licencia, a excepción de la ilimitada.

Artículo 73.-...

I. El personal en espera de órdenes para que le sea asignado cargo o comisión, y

II. El personal que pase a esta situación por resolución de Órgano de Disciplina en los términos que dispone la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

Artículo 74.- El personal a que hace referencia la fracción II del artículo anterior, estará sujeto a las normas siguientes:

I. Mientras permanezca en esta situación, no será convocado para efectos de ascenso;

II. Se le deducirá de la antigüedad del grado que ostente, el tiempo que dure a disposición y pasará a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón, y

III. El Alto Mando tendrá la facultad para suspender o dar por terminada la situación a disposición a todo aquel personal que se encuentre considerado en esta fracción.

Artículo 80.-...

Se deroga.

Artículo 81.-...

Se dará por terminada cuando el interesado sea dado de alta o hasta que se expida el certificado de incapacidad permanente.

Artículo 82.-...

Esta misma licencia podrá otorgarse al personal por el tiempo que sea necesario, para el desempeño de cargos de elección popular.

Artículo 85.-...

I. Por ministerio de ley, al concretarse alguna de las circunstancias siguientes:

A.-a B.-...

C.- Ser declarados prófugos de la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, sin perjuicio del proceso que se les siga;

D.- El personal de la milicia auxiliar, por faltar injustificadamente tres días consecutivos, sin perjuicio del proceso que se les siga;

E.- Cuando se adquiera otra nacionalidad, o

F.- Por resolución firme del órgano de disciplina competente para el personal de la milicia auxiliar.

Las bajas previstas en esta fracción serán comunicadas por la autoridad competente o el mando naval correspondiente.

II. ...

A.-a B.-...

C.-Se deroga.

D.- Tratándose del personal de la milicia auxiliar, por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio, en los casos siguientes:

1.- Encontrarse sujeto a un proceso penal en las jurisdicciones federal o común, que amerite prisión preventiva sin derecho a libertad caucional. De resultar absuelto, podrá reingresar al servicio siempre y cuando cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en esta Ley;

2.- ...

E.- Tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales.

El afectado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación.

III. …

A.- ...

B.- Por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad o dependencia a que pertenezca;

C.- Por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causa no imputable a la Armada de México, y

D.- Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios o cuando se detecten hechos de falsedad en declaraciones o en la documentación presentada para la acreditación de su situación y de sus derechohabientes.

Para los casos señalados en los apartados C y D, el interesado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 87.-...

I. Primera Reserva, y

II. Segunda Reserva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, a 28 de septiembre de 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnense ambas iniciativas a las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

Continúe la Secretaría.






SECRETARIA DE ENERGIA

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio de la Secretaría de Energía, con el que remite los Indicadores Operativos y Financieros del primer semestre del año 2009 de Petróleos Mexicanos.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase la documentación a la Comisión de Energía.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Sosa Govea: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió un oficio con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto del presente año; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto del 2009 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del presente año.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Sosa Govea: Así también, se recibió un oficio del Banco de México con el que remite el informe sobre la Política Monetaria aplicada durante el primer semestre de este año.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite actas de reuniones de trabajo de diversas comisiones de ese Parlamento.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Quedamos debidamente enterados.






MESA DIRECTIVA

En el Orden del Día de nuestra sesión, está inscrita una proposición que suscribe el Senador Heladio Ramírez López para que esta Cámara exprese un reconocimiento al doctor Norman Borlaug, por su aportación a la lucha contra el hambre.

Es menester que la Mesa Directiva ha hecho suyo el pronunciamiento, y aún cuando no se encuentra el señor Senador Heladio Ramírez queremos hacer este reconocimiento, el Senado de la República, en memoria del doctor Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970, por su contribución científica a la alimentación del planeta.

Señoras y señores Senadores, es menester que este Senado de la República realice un justo reconocimiento al doctor Norman Borlaug, agrónomo humanitario y Premio Nobel estadounidense en reconocimiento singular por sus contribuciones a la humanidad y quien falleciera el pasado mes de septiembre.

A propuesta, como ya dijimos, del señor Senador Heladio Ramírez López, la Mesa Directiva hace suyo este reconocimiento en el que México y los mexicanos destacamos sus valiosas aportaciones al campo de la investigación en la genética vegetal, la cual desarrolló en colaboración con científicos mexicanos; lo que permitió el descubrimiento de una nueva variedad de trigo, así como el poder desarrollar una mejor fertilización, trayendo como consecuencia la duplicación en su producción.

Las variedades de trigo de alto rendimiento y las prácticas agronómicas mejoradas, que generaron por primera vez el doctor Borlaug y su grupo científico en México, fueron introducidas en el sur de Asia en los años 60’s, y contribuyeron a evitar que cientos de millones de personas murieran de hambre.

Gracias a esa labor, se hizo merecedor al Premio Nobel de la Paz en 1970, por su contribución científica a la alimentación del planeta.

Ante un escenario como el actual, en el que la crisis acecha al mundo y las necesidades de las sociedades se incrementan, el recuerdo de hombres y mujeres que contribuyen a la búsqueda de sus soluciones para atender estas urgencias, motivan a emular sus acciones, a la vez de extenderles un justo reconocimiento por los altos méritos de su eminente contribución.

Es por ello que el Senado de la República, hace una memoración de este gran científico, a quien la comunidad nacional le debe, y hoy cumplimos, un reconocimiento cordial, afectuoso, fraterno, para que quede inscrito en la memoria de los Diarios de los Debates y en la memoria de la actividad de este Senado de la República.

Continúe la Secretaría.

Tenemos ahora la primera lectura a un dictamen de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que seadiciona la fracciónIIcon los incisos a), b), c) y d) al artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 34, así como el primer párrafo del artículo 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47, todos del citado ordenamiento legal; así como por el que se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Los integrantes de las dictaminadoras, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 22 de noviembre de 2007, el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece una categorización de los servicios de autotransporte turístico federal.

2. El 21 de febrero de 2008, el Senador David Jiménez Rumbo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece la verificación de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, cumpliendo con las Norma Oficial Mexicana respectiva.

3. En Sesión celebrada el día miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, las comisiones dictaminadoras acordaron someter a la consideración del Pleno el presente dictamen; de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1.- La iniciativa presentada por el Senador Cleominio Renán Zoreda, propone en su parte medular, la contribución al desarrollo de esta actividad económica lo es, sin lugar a dudas, el autotransporte federal de turismo, el cual, con poco más de 24 mil unidades hasta hace tres años, transportó a 515,700 visitantes nacionales y extranjeros. Dicho parque vehicular, atendiendo a la forma de operación y características de los automotores, presta los servicios de turístico de lujo; turístico; de excursión, y de chofer-guía.

Atendiendo a lo previsto por el reglamento de la materia, los servicios turísticos puede operarse con autobuses integrales o convencionales, de hasta ocho años de antigüedad en el momento en que ingresen al servicio, con límite en operación de doce años, contados a partir del año de su fabricación.

Ahora bien, por cuanto hace a los permisos a que se refiere el párrafo precedente, éstos únicamente se otorgan a quienes posean autobuses integrales, vagonetas y automóviles sedán, del último modelo fabricado en el año que ingrese a la operación del servicio, con límite de operación de cinco años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de aire acondicionado y sonido ambiental y sanitario, en el caso de los autobuses, lo anterior de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

La anterior norma, aunque acertada en términos generales, en tanto que establece requisitos suficientes para la prestación de un servicio digno a los usuarios, creemos que es susceptible de mejora, toda vez que puede incorporar en esta clase de servicio a aquellos vehículos que, sin perder las características que los hacen propios para la atención del turismo, han sido modificados para fines específicos de esparcimiento y recreación, tal como acontece con aquellos que circulan en las calles del Distrito Federal, Puebla, Veracruz y Mérida, de tal forma que le sería posible a los turistas abordar un mismo transporte que los llevara a hacer recorridos por diversas zonas de interés y que también los transportara a los aeropuertos, puertos marítimos o terminales de pasajeros, sin tener la necesidad de contratar un autobús o automóvil adicional.

Cabe mencionar, que la iniciativa mantiene una limitante con respecto a la prerrogativa del Ejecutivo Federal para ajustar a la Legislación respectiva el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, toda vez que ese deberá de ser un elemento a considerar para que tanto la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federalcuenten en tiempo y forma con una concordancia legislativa que sean respaldadas y reformadas para cubrir las responsabilidades objetivas de los concesionarios o permisionarios de las vías de comunicación, en torno a la seguridad del turismo- viajeroy a la protección de los usuarios.

2.- Por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el Senador David Jiménez Rumbo, aborda la importancia del autotransporte como uno de los sectores de servicios más importantes del país, ya que moviliza aproximadamente el 56 por ciento de la carga y el 98 por ciento de pasaje turístico.

Cómo parte de la problemática del autotransporte de pasajeros, es importante mencionar que al cierre del año 2005 se contaba con una flota vehicular cercana a los 556, 704 mil vehículos, de los cuales cerca de 73 mil corresponden al transporte de pasajeros y alrededor de 480 mil al de carga. Ese año se transportaron 2 millones 418 mil personas y 435 millones de toneladas de carga.

Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros son en su mayoría empresas. En el caso del transporte de carga, aproximadamente el 55 por ciento está constituido por microempresas y en lo que en el sector se conoce como “hombres-camión” (conductores y al mismo tiempo propietarios de la unidad).

Sin embargo, en el sector subsisten problemas añejos y están surgiendo nuevas exigencias, lo que plantea un interesante reto para los próximos años.

La apertura de la frontera norte; la reforma fiscal y una demanda menos dinámica ejercerán presiones sobre un sector que necesita allegarse recursos para crecer, modernizarse e incrementar su competitividad para enfrentar con éxito la competencia externa.

No obstante, persisten retos asociados a aspectos como la renovación de la flota vehicular, la inversión en infraestructura y la modernización de las empresas.

En efecto, los vehículos utilizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros tienen una antigüedad promedio de diez años, mientras que, en el servicio de carga, la antigüedad alcanza los 17.5 años en promedio, siendo éste uno de los principales retos a vencer.

Pese a los esfuerzos realizados a través de programas eventuales de renovación del parque vehicular, un volumen importante de vehículos circula por las carreteras federales sin cumplir con la normatividad vigente, atentando contra la seguridad de los usuarios y ejerciendo una clara competencia desleal contra los vehículos regulares.

El exceso en peso y dimensiones de algunas unidades es un reto más a enfrentar. Este problema produce un grave deterioro en la infraestructura carretera y mina las condiciones de seguridad en las vías de comunicación. De ahí la urgencia de reforzar la normatividad, vigilar su cumplimiento e instalar centros de pesaje. También es por ello que se debe trabajar en forma coordinada para lograr la convergencia de los aspectos de seguridad y protección a la infraestructura con aquellos que tiendan a incrementar la productividad en el sector.

Las características de nuestro país implican para los sistemas de transporte, la existencia de demandas muy fuertes y crecientes para cubrir las variadas necesidades de desplazamiento de carga y pasajeros en todo el territorio nacional. En el año 2005, México disponía de una infraestructura de transporte compuesta de esta manera:

Contexto nacional:

• 333 mil 247 kilómetros de carreteras;

• 26 mil 655 kilómetros de vías férreas;

• 108 puertos y terminales marítimas; y

• 1,215 aeródromos, 85 de los cuales son aeropuertos que prestan servicio público.

Esta infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración estatal y nacional, al impulso del comercio entre los principales centros de producción y consumo y a la articulación de cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos del territorio nacional, aspectos todos ellos indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad de la economía en su conjunto.

Más aún, al ser detonante de las actividades productivas regionales y requisito indispensable para incorporar al crecimiento económico a las zonas aisladas y marginadas, esa infraestructura constituye uno de los instrumentos más eficaces para impulsar el desarrollo y la inclusión sociales.

La contribución del transporte a la actividad económica nacional resulta manifiesta porque además de lo ya mencionado, genera empleos productivos, es factor determinante en los costos de producción y distribución de los bienes y servicios, incide como promotor de destinos turísticos, y moviliza carga por todo el territorio nacional.

Sin embargo, también a este sector se vincula la incidencia de accidentes de tránsito que se incrementa paulatinamente debido a la circulación por las carreteras federales de vehículos que no cumplen con la normatividad vigente; así, como a la ausencia de capacitación de los operadores del servicio y que afectan directamente a la población más desprotegida del país, que tiene un alto impacto en el sector salud y que repercuten negativamente en la economía del Estado Mexicano.

En este sentido, debe advertirse que los accidentes de tránsito pueden ser prevenidos y sus efectos adversos atenuados mediante la aplicación de medidas adecuadas.

La información disponible indica que el uso de cinturón de seguridad, disminuye considerablemente las posibilidades de morir, quedar discapacitado o sufrir lesiones permanentes en caso de un accidente.

Conforme a estudios publicados por el Consejo de Salubridad General, se estima que el uso adecuado del cinturón de seguridad puede reducir la mortalidad por accidente de tránsito en más del 50%, el número de lesiones graves entre 45 y 50% y el número de hospitalizaciones en 65%.

No obstante de que dicho programa tiene más de seis años de emisión, se puede observar al día de hoy, que en la operación de las unidades de transporte de pasajeros en sus clases económico, mixto y de turismo en las modalidades turística y de excursión, se utilizan autobuses de años/modelo que han rebasado su límite de operación conforme a las disposiciones del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, los cuales por un lado ya no son susceptibles de operar en servicios para los que fueron sido destinados; y por otro, constituyen un riesgo latente para sus usuarios, pues una gran parte de ellos, no cuentan con cinturones de seguridad instalados.

Es por ello, que resulta necesario ajustar la normatividad en esta materia, a efecto de hacer imperativo que las unidades de transporte de pasajeros cuenten con cinturones de seguridad, como mecanismo auxiliar en el combate de la morbilidad ocasionada en accidentes automovilísticos.

Luego del análisis de los argumentos que apoyan la iniciativa del Senador promovente, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes yAutotransporte Federal, las dictaminadoras juzgan pertinente realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, consideran que se trata de un tema de interés público de incidencia nacional que tiene que ver con la atracción de inversiones, la intensificación en el desarrollo de la infraestructura tecnológica, las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la competencia efectiva y el aumento de los beneficios económicos y sociales para el país, considerando que la actividad turística representa una de las principales fuentes de ingresos para México. Así por ejemplo, de enero a noviembre de 2007, el total del gasto en bienes y servicios por parte del turismo extranjero fue de 11,547.7 millones de dólares, según reporte del sector turístico para este período. Esta importante fuente de ingresos contribuye de manera decisiva al desarrollo nacional y al mejoramiento de las condiciones de vida en las regiones favorecidas por la existencia de atractivos naturales, arquitectónicos, arqueológicos o históricos.

SEGUNDA.- Partiendo de la definición más elemental de la palabra turismo nos dice que es la “afición a viajar por gusto de recorrer uno o varios países”. Asimismo, es la “organización de los medios conducentes a facilitar esos viajes” Al respecto, José Gómez Cerda, Secretario General de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería y Afines (FEMTA, organismo afiliado a la Confederación Mundial del Trabajo con sede en Bruselas, Bélgica), afirma que: turismo significa la acción de movimiento y retorno. Su definición actual es la afición a viajar para conocer un país o una región y la organización de los medios que permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, conocimiento y diversión.

Por su parte, David Nava, investigador veracruzano, complementando lo anterior, señala que el turismo “es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos que por motivos de descanso, recreación, cultura y salud, se trasladan de su lugar de origen a otro en el que no ejercen actividad lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de importancia económica y cultural” para el país al que visitan.

TERCERA.El 4 de marzo de 1993 la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre las estadísticas del turismo. La definición aceptada oficialmente es: “El turismo comprende las actividades de personas que viajan a (y permanecen en) lugares fuera de su medio normal durante más de un año consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros propósitos”. Las recomendaciones distinguen las siguientes categorías de turismo: 1) turismo doméstico, que abarca a los residentes de un país que visitan ese mismo país; 2) turismo de entrada, que implica a los no residentes de un país 'A' visitando el país 'A', por ejemplo turistas japoneses que viajan a España; 3) turismo de salida, que comprende a los residentes de un país que visitan otros países, por ejemplo un residente de Roma, Italia, visitando Bruselas, Bélgica. Las tres clasificaciones básicas pueden combinarse entre sí para derivar en las siguientes categorías de turismo: 4) turismo interno, que abarca el turismo doméstico y el turismo de entrada; 5) turismo nacional, que incluye el turismo doméstico y el turismo de salida; y 6) turismo internacional, que comprende el turismo de entrada y de salida.

CUARTA. De un análisis jurídico se desprende que todos los tipos de viajeros que hacen turismo son descritos como visitantes, un término que constituye el concepto básico de todo el sistema de estadísticas turísticas; el término 'visitante' puede ser subdividido en visitantes de un día o excursionistas y en turistas, de la forma siguiente: 1) los visitantes son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia habitual, fuera de su medio ambiental usual, durante un periodo que no exceda los 12 meses y cuyo propósito principal de visita es cualquiera que no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado, 2) los visitantes de un día o excursionistas son aquellos que no pasan la noche en un alojamiento público o privado en el país visitado y 3) los turistas son visitantes que permanecen una noche como mínimo en el país visitado.

QUINTA. La necesidad de ajustarnos a la economía global y a la utilización deesas nuevas definiciones, aumentará las opciones de nuestro país por la consecución de calidad y fiabilidad, lo cual en la actualidad no se ve reflejado en las estadísticas turísticas. La legislación al respecto de la seguridad jurídica que se tiene ante la actividad del transporte de personas para el traslado con fines turísticos, recreativos, culturales, educativos o de esparcimiento, no son fáciles de analizar debido a las inconsistencias en las definiciones y clasificaciones utilizadas. Teniendo en cuenta esas limitaciones, el turismo sigue siendo reconocido como una actividad de importancia económica global.

SEXTA. Por ello, se hace necesaria la actualización del marco normativo que garantice la seguridad de los turistas, sin perder las características propias de la atención al turismo, salvaguardando los derechos de libre tránsito,esparcimiento y recreación, garantizados en nuestra Carta Magna, y contemplando entre las funciones y atribuciones primordiales del Estado, labúsqueda del bien común a través de sus órganos y de su legislación, lo cual consiste en buscar la protección de los intereses privados y colectivos, o sea, en la protección de la libertad individual de los ciudadanos en armonía con los intereses colectivos.

SEPTIMA. En este contexto, y como parte de los requisitos establecidos en la Ley que garanticen la tranquilidad y la seguridad de los usuarios, se propone modificar el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para precisar que los vehículos de transporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán obligatoriamente portar cinturones de seguridad para todos sus pasajeros ycumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezcan la Secretaría de Comunicaciones y Transporte conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Bajo estas consideraciones y con objeto de lograr una mayor precisión en las obligaciones de la autoridad y los concesionarios mismos, las que dictaminan juzgan menester realizar las siguientes:

MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS

1. Analizado el contenido de las iniciativas presentadas por los senadores promoventes y hechas las consideraciones a su contenido, las Comisiones dictaminadoras evaluaron que es necesario adicionar la fracción IIcon los incisos a), b), c) y d) al artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reformar el primer párrafo del artículo 34, así como el primer párrafo del artículo 35; y adicionar un párrafo tercero al artículo 47, todos del citado ordenamiento legal; así como reformar el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

2. Se considera que se trata de un tema de interés público de incidencia nacional que tiene que ver con la atracción de inversiones, la intensificación en el desarrollo de la infraestructura tecnológica, las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la competencia efectiva y el aumento de los beneficios económicos y sociales para el país, considerando que la actividad turística representa una de las principales fuentes de ingresos para México

3. Las propuestas abordanlas categorías de turismo contempladas por la Organización Mundial de Turismo, organismo del cual es integrante México, y entre las que se contemplan: 1) turismo doméstico, que abarca a los residentes de un país que visitan ese mismo país; 2) turismo de entrada, que implica a los no residentes de un país 'A' visitando el país 'A', 3) turismo de salida, que comprende a los residentes de un país que visitan otros países.Las tres clasificaciones básicas pueden combinarse entre sí para derivar en las siguientes categorías de turismo: 4) turismo interno, que abarca el turismo doméstico y el turismo de entrada; 5) turismo nacional, que incluye el turismo doméstico y el turismo de salida; 6) turismo internacional, que comprende el turismo de entrada y de salida; y 7) garantizar la seguridad de los usuarios con el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los vehículos destinados al autotransporte Federal de pasajeros y turismo, y concesionarios o permisionarios estatales que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal.

4. Se establece la necesidad de sustituir los autobuses de más antigüedad por unidades de fabricación reciente que cumplan todas las normas y especificaciones de seguridad, como parte de los mecanismos auxiliares de la garantía de seguridad a los usuarios.

5. Las iniciativas proponenen su parte medular, la contribución al desarrollo de esta actividad económica lo es, sin lugar a dudas, el autotransporte federal de turismo, el cual, con poco más de 24 mil unidades hasta hace tres años, transportó a 515,700 visitantes nacionales y extranjeros. Dicho parque vehicular, atendiendo a la forma de operación y características de los automotores, presta los servicios turístico; turístico de lujo; de excursión, y de chofer-guía.

6. Cabe mencionar, que ambas propuestas mantienen la limitante con respecto a la prerrogativa del Ejecutivo Federal para ajustar a la Legislación respectiva el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, toda vez que ese deberá de ser un elemento a considerar para que tanto la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cuenten con una concordancia legislativa que sean respaldadas y reformadas para cubrir las responsabilidades objetivas de los concesionarios o permisionarios de las vías de comunicación, en torno a la seguridad del turismo- viajero y a la protección de los usuarios, así como el contemplar la Norma Oficial Mexicana.

Luego del análisis de las iniciativas, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, presentan ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIONII CON LOS INCISOS A), B), C) Y D) AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 34, ASI COMO EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35; Y SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 47, TODOS DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL; ASI COMO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO AL ARTICULO 127 DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción II con los incisos a), b), c) y d)al artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 34, así como el primer párrafo del artículo 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47, todos del citado ordenamiento legal.

Art. 33°…

I. …

II. De turismo;

a) de lujo,

b) de excursión,

c) Interior; y

d) Chofer-guía.

III…

Art. 34°.- La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con vehículos propios o arrendados, en estado original, modificados o acondicionados para fines específicos, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas.

Art. 35°Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta ley, que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán tener los instalados los cinturones de seguridad necesarios para los pasajeros y cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, así comoobtener la constancia de aprobación correspondiente expedida por la Secretaría, con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la Norma Oficial Mexicana respectiva.

Art. 47° Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate.

La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.

La expedición de permisos para esta modalidad procederá para autobús integral, automotores modificados o acondicionados, vagoneta y automóvil sedán, cuyas características deberán ajustarse a lo dispuesto en el reglamento correspondiente.

Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Art. 127°. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos de transporte y autotransporte federal, de pasajeros y de turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en uso de las vías generales de comunicación, o de la explotación de las mismas, están obligados a proteger a los viajeros y sus pertenencias de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio y a los usuarios de la vía por el uso de las mismas. La protección que al efecto se establezca, deberá ser suficiente para cubrir cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y amparará los daños y perjuicios causados al viajero en su persona o en su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión, que se registren desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la vía durante el trayecto de la misma.

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá iniciar e implementar el Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y/o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, debiendo observar que las unidades automotrices cumplan con las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Dado en el pleno del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera.

Pasamos a la primera lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 70 Y ADICIONA EL ARTICULO 74 QUATER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente, a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Los integrantes de las dictaminadoras, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 8 de septiembre de 2009, el Senador Jesús Murillo Karam, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez.

2. En Sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, de conformidad con el siguiente:

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone en su parte medular, otorgarle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía. Asimismo se propone facultar a la Policía Federal para que en las vías de cuota habilite los carriles exentos de peaje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el lugar de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o en la modalidad de la vía.

La iniciativa de reforma establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenará la exención del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía. La medida deberá levantarse una vez que se restablezca la calidad de la vía.

Por otra parte establece que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, deberá habilitar los carriles exentos de peaje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía. Para tal efecto, en la víspera de las casetas de cobro se señalará el lugar máximo de espera. La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía.

Luego del análisis de los argumentos que apoyan la iniciativa del Senador promovente, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo quelas dictaminadoras juzgan pertinente realizar las siguientes:

Consideraciones

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, consideran que se trata de un tema de interés público de incidencia nacional que tiene que ver con la infraestructura de los caminos como vía fundamental del autotransporte carretero, considerando que la seguridad y comodidad de los ciudadanos debe ser valorada y que en consecuencia al pago de peaje debe ser garantizada por el estado, siendo el pago reflejado en la calidad de las vías generales de comunicación, como lo son los caminos y puentes de autotransporte.

SEGUNDA.- La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, regula la operación y explotación de los caminos o carreteras construidas por la Federación o por particulares, estados o municipios a través de concesión federal. Asimismo regula los servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. El artículo 62 de la referida Ley establece que los concesionarios de caminos y puentes están obligados a proteger a los usuarios por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso.

TERCERA. Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, establece que están obligadas al cumplimiento de esta ley “las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores”. Así las cosas, de conformidad con el artículo 7 de la citada Ley Federal de Protección al Consumidor, el gobierno federal y los concesionarios de vías generales de comunicación están obligados a “respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio”.

CUARTA. Las carreteras de cuota son vías alternas a las carreteras libres de peaje, el usuario de las primeras opta por ellas en virtud de que por sus características de construcción deben ser más seguras, cómodas y rápidas que las llamadas “libres”.

De conformidad con el artículo 15 fracciones III, IV y V de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cada título de concesión se deben especificar las condiciones de conservación y operación de la vía, las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas, así como los derechos y obligaciones de los concesionarios. En concordancia, el artículo 7 fracción III de la multicitada Ley señala que es obligación del concesionario respetar las obligaciones consignadas en el título de concesión así como los requisitos de calidad de construcción y operación de la vía; finalmente el artículo 17 fracción I establece como causal de revocación de una concesión, el incumplir sin causa justificada con el objeto, obligaciones o condiciones contenidas en la misma.

QUINTA. El artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para inspeccionar, verificar y vigilar los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos; lo anterior con el propósito de garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas.

Para tal efecto, la Secretaría puede requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que le permitan conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

SEXTA. El artículo 74 faculta a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sancionar a quienes incumplan con las disposiciones contenidas en dicha ley.

Por su parte, los artículos 74 Bis y 74 Ter facultan a la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, para imponer sanciones a quienes infrinjan la citada ley y los reglamentos que de ella derivan en materia de tránsito, de servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación.

Sin embargo el legislador omitió darle facultades a ambas dependencias para aplicar medidas que permitan garantizar que el “concesionario proveedor” cumpla con su obligación de dar un servicio de calidad y el “usuario consumidor” lo reciba en los términos para los cuales pagó.

Para subsanar esta omisión, se propone darle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía.

Bajo estas consideraciones y con objeto de lograr una mayor precisión en las obligaciones de la autoridad y los concesionarios mismos, las que dictaminan juzgan menester realizar las siguientes:

Modificaciones de la Iniciativa

1. Analizado el contenido de la iniciativa presentada por el promovente y hechas las consideraciones a su contenido, las Comisiones dictaminadoras evaluaron que es necesario adicionar un segundo párrafo al artículo 70 y adicionar el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. Se considera que se trata de un tema de interés público de incidencia nacional que tiene que ver con exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez que obliga el título de concesión o la modalidad de la vía. Asimismo se propone facultar a la Policía Federal para que en las vías de cuota habilite los carriles exentos de peaje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el lugar de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o en la modalidad de la vía.

3. Por otra parte establece que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, deberá habilitar los carriles exentos de paje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía. Para tal efecto, en la víspera de las casetas de cobro se señalará el lugar máximo de espera. La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía.

Luego del análisis de la iniciativa, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, presentan ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente

Dictamen que adiciona un segundo pArrafo al artIculo 70 y adiciona el artIculo 74 Quater a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y adiciona el artículo 74 cuáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Art. 70°…La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

La Secretaría ordenará la exención del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía. La medida deberá levantarse una vez que se restablezca la calidad de la vía.

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas.

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Art. 74 QuáterLa Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, deberá habilitar los carriles exentos de paje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía.Para tal efecto, en la víspera de las casetas de cobro se señalará el lugar máximo de espera.

La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía.

Transitorios

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consultamos a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de primera.

Continuamos ahora con la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expresar al gobierno de Estados Unidos el rechazo por la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g).

Se ruega a la Secretaría dé lectura al dictamen.





COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

Honorable Asamblea:

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 58, 60, 65 87, 88, 93 y 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 10 de septiembre, el Senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo relativa al exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular, exprese al Gobierno de Estados Unidos el rechazo del Gobierno de México a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g), así como a todos aquellos programas y medidas que fomentendetenciones con perfiles raciales, violaciones de los derechos civiles y temor entre la comunidad migrante. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de protección que permita defender la estricta observancia de los derechos de los connacionales residentes en ese país, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica, de abusos bajo el programa 287 (g), la cual fue turnada en la misma fecha, por la Mesa Directiva a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Dicha propuesta contiene los siguientes resolutivos:

Primero.- El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular, exprese al gobierno de Estados Unidos, en sus tres niveles, el rechazo del gobierno de México a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia, así como a todos aquellos programas y medidas que fomenten detenciones con perfiles raciales, violaciones de los derechos civiles y temor entre la comunidad migrante.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de protección que permita defender la estricta observancia de los derechos de los connacionales residentes en Estados Unidos, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica, de abusos bajo el programa 287 (g) y resaltar los beneficios que aportan a las comunidades en las que residen.

II. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, coinciden en señalar que la protección de los connacionales que residen en el exterior debe de ser una actividad prioritaria del gobierno de México. Sin duda alguna, en todo momento debemos mantenernos atentos al respeto irrestricto de sus derechos, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica. Si bien, México es respetuoso de los procesos internos de los Estados y de los marcos legales instituidos en los mismos, no podemos ser simples observadores frente a aquellos casos en los que las acciones de las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia violan dichos marcos legales y atentan en contra de los migrantes.

En septiembre de 1996, el Presidente Clinton firmó la ley de Reforma y Responsabilidad de la Inmigración Ilegal (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), la cual, entre otras medidas, adicionó la sección 287 (g) a la ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés).

El Programa 287(g) permite la celebración de acuerdos entre el Departamento de Seguridad Interiory agencias locales y estatales encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo de que oficiales encargados de la aplicación de la ley en los ámbitos local y estatal sean entrenados por autoridades federales para llevar a cabo, de manera conjunta con oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), actividades de investigación, detención y traslado de inmigrantes indocumentados. En ese sentido, cabe destacar que las leyes en materia migratoria son del ámbito federal, por lo que su aplicación corresponde a autoridades pertenecientes a ese ámbito de gobierno. El primero de estos acuerdos se firmó en 2002 y hasta febrero de 2009, se reportaron 67 acuerdos de este tipo.

El 30 de enero de 2009, la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, dio a conocer su plan de acción en materia de migración y seguridad fronteriza. El plan contempla la ejecución de acciones coordinadas con sus contrapartes en el ámbito local y federal para llevar a cabo una revisión exhaustiva y el diseño de políticas dirigidos a: criminales y fugitivos extranjeros; tráfico de armas; cooperación con la Guardia Nacional; centros migratorios de detención, entre otros. Como parte de los programas que serían revisados se encontraba el 287 (g).

Entre los principales problemas que presentaba ese programa estaban la falta de reglas de aplicación que permitan la implementación homogénea del mismo y la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte Immigration Enforcement, Controls over Program Authorizing State and Local Enforcement of Federal Immigration Laws Should be Strengthened, publicado el 4 de marzo, por la United States Government Accountability Office (GAO), el programa no contaba con controles internos.

El reporte describe que “…Específicamente, los objetivos del programa no han sido documentados en los materiales relacionados con el mismo; la explicación sobre cómo y cuándo debe de ser usada la atribución otorgada por el programa es inconsistente; la definición sobre cómo los agentes de ICE llevan a cabo las actividades de supervisión de las autoridades participantes no ha sido desarrollada; la información sobre el seguimiento de las agencias y los reportes al ICE no ha sido puntualizada; y no han sido elaborados índices que permitan evaluar y seguir el progreso hacia la consecución de los objetivos del programa. Con base en lo anterior, la falta de controles internos dificulta a ICE asegurar que ese programa opera como se pretendía”[1].

Asimismo, el reporte describe que “oficiales de más de la mitad de los 29 estados y agencias locales encargadas de la aplicación de las leyes reportaron preocupaciones de los miembros de sus comunidades por el uso de las atribuciones concedidas por el 287(g), así como por sus impactos en violaciones menores y por un enfoque con perfil racial”[2]. Lamentablemente, el programa, en múltiples ocasiones, ha servido de herramienta para la detención de inmigrantes, particularmente hispanos, en lugares en los que hay fuerte rechazo a los mismos.

Un ejemplo de lo anterior es el uso que el Sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, JoeArpaio, ha hecho de esta prerrogativa. En abril del año pasado, el Alcalde de Phoenix, Phil Gordon, solicitó al Departamento de Justicia que iniciara una investigación a Arpaio por acoso, discriminación, detenciones, investigaciones y arrestos inapropiados de latinos en las ciudades de Guadalupe, Mesa y Phoenix, Arizona. Asimismo,el 11 de febrero, una Corte Federal en Phoenix aceptó una demanda en contra del Sheriff Arpaio, acusado de establecer retenes carreteros para verificar si los conductores y pasajeros latinos están en el país legalmente, acción (corroborar su estancia legal en el país) que no podría realizar si no hubiera firmado un memorandum bajo el 287 (g).

Al 12 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que 230 mexicanos indocumentados fueron confinados por órdenes de Arpaio en el centro de detención conocido como Tent City (Carcel campamento), en Maricopa, Arizona.

El 10 de julio, la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, anunció que ICE había estandarizado el memorandum de entendimiento que se utiliza en el marco de las asociaciones bajo el 287 (g),asimismo, dio a conocer la firma de 11 nuevos acuerdos de este tipo. La Secretaria Napolitano explicó que el nuevo memorándum alineaba al 287 (g) con los objetivos de ICE, particularmente en lo relativo a la identificación y deportación de criminales inmigrantes. En ese sentido, explicó que en esta nueva versión se buscó fortalecer las labores de supervisión por parte del ICE de la implementación del programa.

Por otra parte, el 17 de julio, la organización no gubernamental American Civil Liberties Union (ACLU) dio a conocer que después de haber revisado la nueva versión del memorándum, el programa tenía cambios menores. Destaca que el nuevo memorándum de entendimiento incluye una lista de niveles de prioridad con diferentes clasificaciones de violadores de la ley, pero aún asumiendo que esas prioridades son adecuadas, el memorandum no incluye medidas para garantizar que dichas prioridades se traduzcan en prácticas. Adicionalmente, expresaron su rechazo a las modificaciones llevadas a cabo en los años de experiencia solicitados a los funcionarios locales para participar en el programa y a la ampliación de las atribuciones en el marco del mismo.

Asimismo, en julio, la Alianza del Liderazgo Latino en Nueva Jersey pidió al Presidente Barack Obama que revocara la decisión de poner en marcha el programa 287(g) en ese estado.

El 25 de agosto, más de 500 organizaciones estadounidenses defensoras de los derechos de los migrantes y de los derechos civiles de diversas comunidades étnicas enviaron una carta al Presidente estadounidenses, Barack Obama, en la que solicitan que se termine con el programa 287 (g), debido al uso que dan al mismo las agencias locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia para dirigirlo en contra de comunidades en las que la mayor parte de la población tiene un origen étnico, incluidas de manera particular y en grandes números las comunidades latinas. En la carta explican que, bajo el pretexto de ejecutar las leyes migratorias, agencias locales y estatales detienen a los conductores, motivados por su origen racial, para cuestionarlos y llevan a cabo cateos en comunidades con una población mayoritariamente migrante.

En la misiva, explican que la Fundación de Policía, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación de Jefes de Ciudades Grandes, han expresado su preocupación por la aplicación de las leyes migratorias por parte de agentes estatales y locales porque va en detrimento de su misión principal que es mantener tanto el orden, como la seguridad y exacerba el miedo entre las comunidades, al mismo tiempo que genera desconfianza hacia las autoridades encargadas de la aplicación de la ley.

Esta Comisión considera relevante agregar que el 11 de septiembre, la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Conciliares Cristianos y la Asociación de Pastores del Condado de Hudson condenaron enérgicamente todo intento por parte del Departamento de Seguridad Interior y el Alguacil Juan Pérez, del Condado de Hudson, de firmar un memorandum 287 (g). Las asociaciones explicaron que este tipo de programas polarizan la comunidad contra los mejores intereses de cooperación entre policías y sus residentes. Calificaron este tipo de acciones como inapropiadas y agregaron que únicamente conducen a provocar un estado de ansiedad y preocupación en la clase trabajadora inmigrante.

Asimismo, el 12 de septiembre, en Washington, DC, durante la Asamblea Federal de la Red Jornalero se solicitó la cancelación del 287 (g) por considerarla una medida que está “desbaratando comunidades” y que reaviva el temor de los inmigrantes hacia los policías.

Al respecto, si bien celebramos los anuncios hechos por el Presidente Barack Obama y por la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, relativos a la revisión de programas cuyo objetivo es la implementación de la ley migratoria, así como su intención de reformar el sistema migratorio estadounidense, vemos con preocupación el incremento de acciones con claro perfil racial hacia migrantes residentes en Estado Unidos, principalmente frente a las personas de origen mexicano. Estás acciones están generando un clima de temor, cuyo resultado ha sido incrementar el estado de vulnerabilidad de los connacionales residente en ese país, facilitar los abusos en su contra y no contribuir a la observancia de sus derechos.

Con base en las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, somete a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular, exprese al gobierno de Estados Unidos, en sus tres niveles, el rechazo del Estado mexicano a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia, así como a todos aquellos programas y medidas que fomenten detenciones con perfiles raciales, violaciones de los derechos civiles y temor entre la comunidad migrante.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de protección que permita defender la estricta observancia de los derechos de los connacionales residentes en Estados Unidos, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica, de abusos bajo el programa 287 (g) y resaltar los beneficios que aportan a las comunidades en las que residen.

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte:Sen. Luis Alberto Villarreal García, Presidente.- Sen. Amira Griselda Gómez Tueme, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Sen. Eloy Cantú Segovia.- Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy.- Sen. Jesús Dueñas Llerenas.- Sen. Adriana González Carrillo.- Sen. Rosario Green Macías”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la voz el Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 104 constitucional, hasta por 5 minutos.


[1] United States Government Accountability Office, Immigration Enforcement, Controls over Program Authorizing State and Local Enforcement of Federal Immigration Laws Should be Strengthened , 4 de marzo de 2009; p.2.

[2]Ibid, p.3






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION I DEL ARTICULO 104 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Juan Bueno Torio: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa para modificar el artículo 104 de la Constitución con el propósito de dar una mayor eficiencia a los juicios ejecutivos mercantiles que se están llevando a cabo en todo el país.

Esto es en consonancia con el trabajo que debemos hacer desde esta Legislatura para mejorar la competitividad de México como país, particularmente en estos temas que tienen que ver con el estado de derecho.

Muchos de los problemas, y de falta de inversión y de falta de crédito, que tenemos en el país es, precisamente, por lo largo y tedioso que se hacen los juicios ejecutivos mercantiles cuando hay controversias entre las partes.

En este sentido, quiero referirme que a partir del momento en el que el derecho mercantil mexicano adquirió carácter federal, la competencia para conocer y resolver de las controversias mercantiles se ha ido transformando.

En principio correspondió exclusivamente a los órganos jurisdiccionales federales.

Posteriormente, ante la cantidad de asuntos presentados, que sobrepasaron la capacidad de esos tribunales federales para su atención, se efectuó una reforma constitucional en donde se exceptúo de la competencia federal a las contiendas mercantiles entre particulares.

Y finalmente, se adoptó el principio de la jurisdicción concurrente, la que permite que, a elección del actor, se ventilen los procedimientos mercantiles ante los tribunales federales o locales, cuando en el conflicto se encuentran involucrados exclusivamente intereses particulares de los contendientes. Esto hace que prácticamente todos los contendientes ahora vayan a los tribunales locales.

A pesar de que no existe problema alguno en la interpretación de la norma, es importante destacar problemática que la aplicación de la “jurisdicción concurrente” representa; es la enorme cantidad de juicios que presentan esta situación y que están enfrentando los órganos federales y locales.

Y en este sentido, particularmente, y focalizado en los locales, sobrepasa considerablemente la capacidad de estos para resolver de manera pronta, eficaz y expedita los negocios de su conocimiento.

Se advierte que no obstante la unidad del órgano competente para expedir leyes en materia comercial, la legislación mercantil se encuentra dispersa en varios ordenamientos legales.

Ahora bien, en algunas leyes especiales mercantiles se establece una competencia jurisdiccional definida, como es el caso de la Ley de Concursos Mercantiles y otras.

Con la presente iniciativa se pretende además de reconocer el interés de la Federación expresado mediante la explicación de leyes especiales en la materia, lograr armonizar y dar congruencia a la delimitación de la competencia para conocer de las controversias en materia mercantil.

Finalmente, establecer la competencia federal en los conflictos mercantiles en los que intervenga algún ente financiero como parte en el procedimiento.

Ciertamente, en la generalidad de las controversias de esta clase se ventilan únicamente intereses particulares que no atañen directamente a los intereses de la sociedad.

Sin embargo, en muchos procesos mercantiles se refieren a conflictos motivados por la aplicación de las leyes referentes a intermediación en servicios financieros, es decir, a cuestiones referentes a la banca u a otras instituciones crediticias.

Propongo que en todos los conflictos en que intervenga como parte una institución de crédito, el Estado debe estar interesado, porque los recursos bancarios no son propiedad de las instituciones, sino del gran público que participa del servicio de banca y crédito, de suerte que en tales contiendas debe corresponder el conocimiento y la solución de litigio precisamente a los tribunales federales, toda vez que no están involucrados exclusivamente intereses particulares.

Considero que resulta pertinente la competencia jurisdiccional -termino, señor Presidente- considero que resulta pertinente delimitar la competencia jurisdiccional para conocer las controversias en materia mercantil.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución, para quedarse como sigue.

En materia mercantil los tribunales federales conocerán de las controversias señaladas en el párrafo anterior, cuando intervenga una institución de crédito y cuando así lo dispongan expresamente las leyes especiales mercantiles.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente; y le suplico que el texto íntegro de la iniciativa quede incluido en el Diario de los Debates, así como la firma, como promovente de esta iniciativa, también del Senador Tomás Torres Mercado, que me lo ha pedido así.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Juan Bueno Torio, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores, por su conducto, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para Acción Nacional, “un gobierno será mejor en la medida que nos salve de perder tiempo, puesto que aquí no vale aquello de que lo perdido, lo que aparezca, ya que el tiempo extraviado no aparecerá nunca, las buenas carreteras los buenos puertos, las buenas comunicaciones, la buena administración de los servicios de salud, el buen funcionamiento de juzgados, todo es medible en términos de tiempo”.

Así mismo debemos señalar que la labor de la razón tiene como exigencia el orden también llamado Derecho, que es la supresión de la arbitrariedad y la regulación de las relaciones interindividuales, de manera que en ningún caso se realicen en términos desventajosos para nadie; Un pueblo, organizado según normas e instituciones es un Estado y, en el seno de éste, el orden postula un poder como elemento indispensable para la eficacia de la regulación, con miras a la obtención de un fin. El poder no impone ni puede imponer una verdad absoluta; simplemente intenta realizar una posibilidad razonable.

El texto original de la Constitución de 1857 preveía, en su artículo 72, fracción X, la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases generales de la legislación mercantil, lo que significó una regulación nacional dispersa.

Posteriormente, atendiendo a una unificación nacional en la materia, el 14 de diciembre de 1883 se reformó la fracción X del artículo 72 de la Constitución de 1857, mediante el cual se trasladó de las legislaturas de las entidades federativas al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia comercial. Lo que implicó que los jueces federales fueran los únicos competentes para conocer de los negocios mercantiles, pues conforme al artículo 97, fracción I, de la Constitución de 1857, correspondía a los tribunales de la federación conocer de todas las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.

Lo anterior, trajo como consecuencia que, de manera casi inmediata, los juzgados federales se vieran inundados por el enorme número de juicios mercantiles presentados; por lo que, el 29 de mayo de 1884, apenas cinco meses después de la reforma de la fracción X del artículo 72 de la Constitución de 1857, fue preciso adicionar la fracción I del diverso artículo 97, en el sentido de exceptuar de la competencia federal los asuntos en los “que la aplicación sólo afecte intereses de particulares, pues entonces son competentes para conocer los jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorio de la Baja California”1.

De manera que, si bien desde entonces las leyes mercantiles y procesales mercantiles son expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio nacional, la competencia judicial para conocer y resolver los litigios mercantiles fue atribuida a los tribunales de las entidades federativas, en forma exclusiva, en los casos en que únicamente se afectara a particulares.

Planteamiento del problema

El texto actual de la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I.- De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

De la lectura del precepto transcrito, se advierte que, tratándose de materia civil, incluida en ésta la mercantil, los conflictos sobre la aplicación y cumplimiento de leyes federales, como son los de naturaleza comercial, si la controversia sólo atañe a intereses de particulares, el actor tiene la alternativa de promover el proceso ante los tribunales federales o ante los tribunales locales.

De lo anterior se advierte que la competencia para conocer y resolver los litigios mercantiles en los que sólo se viera afectado el interés particular fue atribuida a los tribunales de las entidades federativas, primero en forma exclusiva, en virtud de la reforma de 29 de mayo de 1884 al artículo 97, fracción I, de la Constitución de 1857; y, después, en forma concurrente con los tribunales federales, a partir de 1917.2

En efecto, el artículo 104, fracción I, de la Constitución de 1917 estableció lo que se conoce como “jurisdicción concurrente”[3], al prever que de las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales y tratados internacionales que sólo afectaran intereses particulares, el actor decide si el asunto lo somete al órgano judicial federal o estatal.

Es decir, que tanto los tribunales federales como los locales son competentes para resolver sobre conflictos en materia mercantil, porque la Carta Magna no reservó su conocimiento exclusivamente para las Entidades Federativas, ni las exceptuó de su conocimiento; sino que, expresamente facultó a ambos niveles jurisdiccionales para resolver los conflictos que, siendo del orden civil o criminal se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

De los antecedentes expuestos en párrafos precedentes, se advierte que a partir del momento en que el Derecho Mercantil Mexicano adquirió carácter federal, la competencia para conocer y resolver de las controversias mercantiles se fue transformando de la siguiente manera:

a) En principio correspondió exclusivamente a los órganos jurisdiccionales federales.

b) Posteriormente, ante la cantidad de asuntos presentados, que sobrepasaron la capacidad de los tribunales federales para su atención, se efectuó una reforma constitucional para exceptuar de la competencia federal a las contiendas mercantiles entre particulares. Es decir, en tales circunstancias se estableció la competencia exclusiva a favor de las entidades federativas.

c) Finalmente, se adoptó el principio de la jurisdicción concurrente, la que permite que, a elección del actor, se ventilen los procedimientos mercantiles ante los tribunales federales o locales, cuando en el conflicto se encuentran involucrados exclusivamente intereses particulares de los contendientes.

No obstante, a pesar de que no existe problema alguno en la interpretación de la norma, es pertinente destacar la problemática que la aplicación de la “jurisdicción concurrente” representa.

En primer término, la enorme cantidad de juicios que enfrentan los órganos jurisdiccionales, tanto del ámbito federal como local, sobrepasa considerablemente la capacidad de éstos para estar en posibilidad de resolver de manera pronta, eficaz y expedita los negocios de su conocimiento.

En razón de lo anterior, resulta un hecho innegable que en la búsqueda de opciones para reducir el cúmulo de expedientes en trámite tanto en los órganos jurisdiccionales federales como locales, éstos recurren a todo su ingenio para alejar de sus juzgados la mayor cantidad posible de asuntos.

En segundo lugar, se advierte que no obstante la unidad del órgano competente para expedir leyes en materia comercial, la legislación mercantil se encuentra dispersa en varios textos legales.

El Código de Comercio expedido por el presidente Porfirio Díaz el 15 de septiembre de 1889, y en vigor a partir del 1 de enero de 1890, es la fuente formal por excelencia del derecho mercantil. Sin embargo, es importante recordar que varios de sus capítulos originales han sido derogados para convertirse en leyes, algunas de ellas generales y otras especiales.[4] A continuación se relacionan las más importantes: Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley Federal de Correduría Pública, Ley sobre el Contrato de Seguro, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Concursos Mercantiles y Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Pero hay otras muchas leyes mercantiles, generales y especiales, que regulan aspectos importantes del comercio que no conoció el Código de Comercio. Como en el caso anterior se relacionan las más importantes: Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Aviación Civil, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Comercio Exterior, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y Ley del Mercado de Valores.

Ahora bien, en algunas de las leyes especiales mercantiles se establece una competencia jurisdiccional definida, como es el caso de la Ley de Concursos Mercantiles (artículo 17), que prevé como órgano competente para conocer y resolver de los conflictos que con motivo de su aplicación se susciten, a los tribunales federales.

De lo anterior se advierte que ha habido una tendencia a delimitar la competencia jurisdiccional en algunas materias específicas del derecho mercantil, estableciéndose de manera exclusiva la competencia federal. Lo cual se ha contrapuesto con el principio de jurisdicción concurrente establecido en el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El tema central reside en que el legislador ordinario ha logrado poner de manifiesto en diversas materias mercantiles, a través de la expedición de leyes especiales, el interés que tiene la sociedad y el Estado de que la competencia para conocer de las controversias que se susciten en éstas corresponda, de manera exclusiva, a los tribunales de la Federación.

Así, la reforma que se propone, además de reconocer el interés de la Federación expresado mediante la expedición de leyes especiales en la materia, lograría armonizar y dar congruencia a la delimitación de la competencia para conocer de las controversias en materia mercantil.

Finalmente, se advierte la importancia de establecer la competencia federal en los conflictos mercantiles en los que intervenga algún ente financiero como parte en el procedimiento.

El Código de Comercio establece en su artículo 75 cuáles son los actos mercantiles, de cuya controversia se generan los conflictos de igual naturaleza.

Ciertamente, en la generalidad de las controversias de esta clase se ventilan únicamente intereses particulares que no atañen directamente a los intereses de la sociedad y, por ende, pueden considerarse incluidos en la competencia federal o local, a elección del actor, según dispone el precepto 104, fracción I, constitucional.

Sin embargo, muchos de los procesos mercantiles se refieren a conflictos motivados por la aplicación de leyes referentes a intermediación y servicios financieros, es decir, a cuestiones referentes a la banca u otras instituciones crediticias.

En estos casos habría que analizar con mayor detenimiento si efectivamente la sociedad no está interesada directamente en el correcto manejo del crédito público, entendido esto como aquel que profesionalmente otorgan las instituciones bancarias del país.

Para tal efecto, se estima pertinente recordar el salvamento de la quiebra de que fue objeto la banca múltiple mexicana a través del conocido “rescate bancario”, merced al cual cantidades millonarias de adeudos, concedidos en forma irregular por las instituciones de crédito, pasaron a formar parte de la deuda pública interna que, finalmente, habrá de saldarse con recursos del erario federal y, por ende, de los contribuyentes.

En su momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el costo del rescate bancario ascendería aproximadamente a los $70,000 millones de dólares[5], que pasaron a ser deuda pública a partir de la incobrabilidad de créditos originados por el incumplimiento de la legislación bancaria por parte de las instituciones de crédito en lo que hace al otorgamiento de créditos, además de una deficiente actuación por parte de los organismos responsables de la supervisión del sistema bancario, que para hacer frente a la responsabilidad de garantizar a los ahorradores la devolución de sus depósitos, aplicaron el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que resultó del todo insuficiente.

“El FOBAPROA fue creado como un seguro de depósitos explícito, lo cual significa que tenía una cobertura limitada. Como el fondo (fideicomiso) fue creado para atender los problemas financieros de las instituciones en forma aislada o mediante programas generales, pero no para enfrentar una crisis de la magnitud de la de 1994 y 1995. A partir de 1994, se fueron presentando diversos casos de insolvencias de bancos, cuyos accionistas no tenían la capacidad de aportar los recursos necesarios para capitalizarlos y hacer frente a sus obligaciones con ahorradores… Así, en los casos donde la insolvencia proviniese de irregularidades graves y fraudulentas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervendría directamente en la administración de los bancos…En los casos de insolvencia…la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscaba primeramente que los accionistas fueran los que aportaran más dinero, o en su defecto se buscaran nuevos socios, y cuando esto no era posible, el FOBAPROA procedía al saneamiento…Ese saneamiento consistió en que, ante el incumplimiento de los deudores de la banca, el Fondo proporcionó a los bancos el dinero que necesitaban para cubrir sus obligaciones, representado en “pagarés” avalados por el gobierno federal… Estos pagares formaban parte del activo de los bancos…De acuerdo con la lógica del mercado, si los bancos han sido mal administrados por cualquier razón, y sus dueños argumentan y demuestran no tener los recursos para ponerlos de nuevo en pie, el gobierno tiene la responsabilidad de tomar el control temporal de los bancos con peligro de quiebra técnica, sanearlos y volver a venderlos…”.[6]

Lo anterior pone de manifiesto que el ejercicio de la función bancaria es de interés general, y que de esa naturaleza participa la recuperación de los depósitos monetarios de los ahorradores, entregados mediante el otorgamiento de créditos a los deudores de la banca.

Por ello, es igualmente indudable que en la operación de la función bancaria y de otros intermediarios financieros está directamente interesado el Estado, de ahí que se explique la rigurosa intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por sí y a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la autorización, organización y funcionamiento de tales entes crediticios, o la creación de entes protectores del ahorro bancario (v.g. FOBAPROA-IPAB); ni puede dudarse que el de banca es un servicio público, puesto que se traduce en una actividad cuya finalidad consiste en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme necesidades colectivas de ahorro y crédito en el mercado nacional, mediante prestaciones individuales, necesidades que de otra manera quedarían insatisfechas, con evidente demérito de la economía nacional.

Tales ideas se revelan en la propia definición legal de lo que se entiende por función bancaria. El artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que el servicio de banca y crédito sólo puede prestarse por instituciones de crédito, y lo define como “la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público mediante actas causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados”.

Todo juicio que se tramite con el objeto de obtener la recuperación de un crédito concedido por un banco interesa a la sociedad, pues tiende a evitar un mal a la colectividad como lo es privar a los ahorradores de un recurso que les pertenece y, por ende, se propone que todo procedimiento judicial de ésta clase deba ser sometido al conocimiento exclusivo de los tribunales federales.

Y es que los intereses particulares a que alude el precepto 104, fracción I, constitucional en examen, corresponden a un concepto opuesto o antagónico al de intereses públicos.

Al respecto la doctrina ha definido al interés privado como el conjunto de pretensiones tuteladas por el derecho que tiende a satisfacer las necesidades específicas de determinados individuos y grupos sociales.[7]

En contraposición a lo anterior, el interés público consiste en el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidos mediante la intervención directa y permanente del Estado.[8]

Con lo anterior, podemos afirmar que el interés particular se encuentra constituido por pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de determinados individuos o grupos sociales y tienen la característica de que al ser satisfechas se obtienen beneficios solamente para determinadas personas. Por el contrario, en el interés público se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad.

Luego, si el ahorro y crédito públicos, elementos indudablemente vinculados con la función bancaria, tienen por objeto satisfacer una necesidad colectiva, procurando beneficios o provechos e impidiendo daños o perjuicios a la sociedad, entonces no puede concluirse que dicha función atañe únicamente intereses particulares, toda vez que debe ser ejercida en orden al bien general.

Por ende, se propone que en todos los conflictos en que intervenga como parte una institución de crédito, el Estado debe estar interesado, porque los recursos bancarios no son propiedad de éstas, sino del gran público consumidor del servicio de banca y crédito, de suerte que en tales contiendas debe corresponder el conocimiento y solución del litigio precisamente a los tribunales federales, toda vez que no están involucrados exclusivamente intereses particulares. Por lo que es pertinente delimitar la competencia jurisdiccional para conocer de las controversias en materia mercantil.

Por lo anteriormente expuesto someto a la Consideración de esta H. Cámara de Senadores la Siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 104.-

I.- …

En materia mercantil los tribunales federales conocerán de las controversias señaladas en el párrafo anterior, cuando intervenga una institución de crédito y cuando así lo dispongan expresamente las leyes especiales mercantiles.

I-B a VI.- …

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente
Sen. Juan Bueno Torio”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la voz el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.


[1] Cfr. Zamora Pierce, Jesús. DERECHO PROCESAL MERCANTIL. Cuarta edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México 1986, pág. 51.

[2] Cfr. Ovalle Fabela, José. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. Segunda edición, Editorial Harla, México 1994, pág. 57.

[3] En opinión de diversos autores, inter alia Ovalle Favela, la expresión “jurisdicción concurrente” no es muy apropiada, pues parecería indicar que en un litigio determinado concurren la jurisdicción federal y la jurisdicción local, lo cual no es cierto. No hay concurrencia porque no conocen del mismo caso ambas jurisdicciones, sino que se otorga a la parte actora la alternativa de promover el proceso ante los tribunales federales o ante los tribunales locales. Pero una vez ejercida la opción, la demandante no podrá acudir a los otros tribunales.

[4] Cfr. Díaz Bravo, Arturo. DERECHO MERCANTIL. Iure Editores, México 2002, pág. 9.

[5] El costo total del rescate sumó $552,300 millones de pesos. Esto es, $65,750 millones de dólares calculado a un tipo de cambio de $8.40 pesos por dólares. Cantidad que representó el 14% del PIB de 1997.

[6] Quintana Adriano, Elvia. ASPECTOS LEGALES Y ECONÓMICOS DEL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO. Universidad Nacional Autónoma de México. México 2002. Pág. 79 a 82.

[7] Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, 1994, tomo I-O, p.p. 1779.

[8]Ibidem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, a nombre propio y de diversos CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Angel Heladio Aguirre Rivero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Pedí el uso de la tribuna para referirme a un tema que seguramente es de preocupación de todos.

La presencia de subejercicios en el gasto público se está convirtiendo en una práctica cada vez más común, así en el ejercicio presupuestal de 2008, este fenómeno alcanzó a diversas dependencias, sólo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes alcanzaron un subejercicio de un 22.1 por ciento; en Relaciones Exteriores, un 13.2; en la Consejería Jurídica, un 21.7 por ciento; en Tribunales Agrarios, un 10.5; en la Secretaría del Medio Ambiente 7.3 y en la SAGARPA, un 4.8, entre otros; esta es información que proporcionó el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens. Esto es lo que conocemos.

Pero lo que no se nos ha dicho es quiénes fueron los responsables de la no aplicación de estos recursos.

¿A quién señalar?

A la Secretaría de Hacienda que ya tradicionalmente entrega de manera incumplida los recursos, que no entrega oportunamente los recursos, o a las dependencias ejecutoras que muchas veces la propia Secretaría de Hacienda señala que no entregan a tiempo los proyectos o los famosos oficios de registro y otra serie de trámites engorrosos que en nada contribuyen a la aplicación cabal del Presupuesto.

Es un cuento, compañeras y compañeros legisladores, de nunca acabar. Como se dice en el argot popular, “se echan la bolita unos a otros” y quien paga las consecuencias o los platos rotos, es la ciudadanía, es el pueblo de México.

La Secretaría de la Función Pública ha sido letra muerta, como si no existiera.

Qué bueno que desaparezca y que esos recursos se transfieran a la Auditoría Superior de la Federación. En mi estado, pondré como ejemplo, en Guerrero hay una obra de infraestructura carretera fundamental para el desarrollo, como es la autopista que va de Morelia a Ixtapa, Zihuatanejo, y en un tramo conocido como Feliciano, desde hace seis años le han etiquetado recursos; sin embargo, esos recursos no se han aplicado, ¿a quién señalar?, ¿a quién responsabilizar?, ¿a la Secretaría de Comunicaciones?, ¿al gobierno del estado?, ¿a la Secretaría de Hacienda?, que no han sido capaces de resolver un problema de derecho de vía, cuando es, repito, una de las autopistas más importantes para el desarrollo económico y social de Guerrero y de toda esta zona.

Casos como éstos podría señalar muchos, qué decir de recursos que se transfieren muchas veces a algunas entidades del país, hoy hay dos estados de la república que presentan un subejercicio en materia de salud de más de 1,000 millones de pesos, lo cual, compañeras y compañeros, resulta verdaderamente criminal, no es posible que recursos también destinados a Seguridad Pública sirvan para que los alcaldes traigan camionetas de lujo, gobernadores que compran helicópteros, o nóminas en donde todo mundo cobra, menos los que cumplen con una obligación en esa materia.

Recursos los ha habido, yo recuerdo que cuando presidí la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el 2006, aprobamos un presupuesto de 1 billón 972 mil millones de pesos, sin embargo, a sólo cuatro años, el gobierno federal pretende que se le asignen poco más de 3 billones de pesos, 3 billones 172 mil millones de pesos, estamos hablando de un 70 por ciento más de lo que apenas se aprobó en el 2006.

Recursos los ha habido, lo que ha faltado es una estrategia inteligente de cómo ejercer el gasto público, no gastar solamente por gastar; una buena parte de esos recursos, como todos lo sabemos, se ha destinado a la burocracia, se ha destinado al gasto corriente.

Hace poco conocimos de un dato en donde se habla de que en lo que va de este sexenio se han creado nuevas Subsecretarías, y se han creado más de 200 direcciones generales adjuntas, que eso equivale, compañeras y compañeros, a cerca de 80 mil millones de pesos anuales, mientras que hay municipios que en este momento no les alcanza para pagar sus aguinaldos.

Por eso, me parece importante que aquí reflexionemos sobre la necesidad de modificar las políticas de erradicación de la pobreza, de qué sirve que a Guerrero, a Oaxaca, a Hidalgo, a Chiapas, a Tlaxcala le sigan mandando, a Tabasco más despensas, más láminas de cartón, más cemento para pisos y techos; lo que necesitamos es generar empleos, lo que necesitamos es que este gobierno tenga la capacidad de concitar a la Iniciativa Privada y que se comprometa a hacer inversiones en esas zonas tan marginadas de nuestro país.

Por eso, el día de hoy, compañeros, yo los invito a que se solidaricen, me den su aval, me den su respaldo en esta iniciativa. Porque hoy no existen disposiciones suficientes para sancionar con mayor severidad este delito.

Alguna vez Luis Donaldo Colosio lo dijo, y lo dijo bien, “La ineficiencia en el servicio público equivale al delito de peculado”.

Estoy seguro que más allá de partidos políticos, todos mis compañeros y mis compañeras se sumarán a esta iniciativa, y le pido, señor Presidente, que se inscriba íntegramente mi propuesta a iniciativa, y le pido desde ahora también, a las comisiones a donde habrá de enviarse esta iniciativa, que no vaya a dormir el “sueño de los justos”, que se trabaje intensamente para que podamos tener pronto el dictamen, si no, México y los mexicanos nos lo demandarán.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos, los artículos 55 y 62, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- El subejercicio de los recursos autorizados por el Presupuesto de Egresos, es un problema cuya dimensión sólo se percibe de manera parcial y con poca responsabilidad y profesionalismo administrativo, en tanto que, cotidianamente existen diversas manifestaciones en las que se señalan los rezagos con los que los servidores públicos autorizados, operan los recursos aprobados al campo, a la infraestructura y al desarrollo social.

2.- De hecho, durante el 2008, el fenómeno del subejercicio alcanzó aproximadamente el 5.4% del presupuesto del gobierno federal, sobre todo en las Secretarías de Comunicaciones y Transportes con un 22.1%; Relaciones Exteriores, 13.2%; Tribunales Agrarios, 10.5%; la Consejería Jurídica, 21.7%; Secretaría del Medio Ambiente con un 7.3%; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con un 4.8%; datos extraídos de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.- De las entidades federativas del país hay poca información y de los municipios también, quizá los índices sean menores debido a los exiguos presupuestos que hay en algunas instancias de gobierno. El fenómeno abarca casi a todas las paraestatales y muchas de las causas son omisión, excesiva regulación o burocratización. Como sea, el subejercicio en un país en vías de crecimiento bajo es inaudito.

4.- Es importante mencionar que las cifras de subejercicio no abarcan sólo el presupuesto destinado al ejercicio autorizado, sino que también incluyen el presupuesto total autorizado a las dependencias sujetas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5.- La normatividad existente en la materia no establece con claridad la responsabilidad patrimonial, penal y administrativa en la que incurren los servidores públicos responsables de ejercer el gasto de acuerdo al calendario, a la planeación, programación y presupuestación de los programas de apoyo al campo, sociales y de infraestructura; consecuentemente, los efectos en la utilización indiscriminada de la figura del subejercicio, se utiliza como parte de una estrategia para la transferencia de recursos a fideicomisos estatales, sin importar el que sean recursos ya comprometidos.

6.- A fin de evitar los subejercicios y la acumulación de saldos, como una manera de contribuir a una efectiva rendición de cuentas, de las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, los municipios y todo aquél servidor público responsable de observar los programas y las disposiciones que contemplan la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal deberán de observar y cumplir todo lo relativo a la publicación del calendario de presupuesto, ejercicios, subejercicios, y evaluaciones. So pena de que de no hacerlo, corresponderán las sanciones patrimoniales, penales y administrativas determinadas por la autoridad competente. En concordancia con el artículo 112 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que expresa:

Artículo 112. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones generales en lamateria, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás disposicionesaplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

Artículo Primero:SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, PARRAFO SEGUNDO; EL ARTICULO 4, PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; EL ARTICULO 23, PARRAFOS PRIMERO, OCTAVO Y NOVENO; Y EL ARTICULO 114, FRACCION IX, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Artículo 3. …

Los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.

Artículo 4.-El gasto público federal comprende las erogaciones que resulten con base al calendario de presupuesto correspondiente, por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como la responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. …

VIII. ...

Los ejecutores de gasto antes mencionados, así como los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual autorizado, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos siendo sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa por el subejercicio de los recursos programados, y por el incumplimiento de metas contenidas en los planes y programas presupuestados, con o sin compromiso formal de ejecución, en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 23.-En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad, siendo sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual autorizado por el subejercicio de los recursos programados, y por el incumplimiento de metas contenidas en los planes y programas presupuestados, con o sin compromiso formal de ejecución, en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios no autorizados por la presente Ley.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán oportunamente sancionarse patrimonial y administrativamente, en caso contrario, se dará parte a la Secretaría de la Función Pública para que se instruya el procedimiento administrativo inmediato en contra del servidor público responsable, y se dé parte a las autoridades competentes, por el incumplimiento a la ejecución de programas sociales y de infraestructura autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; ocasionándole con dicha omisión, un daño patrimonial al país.

La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Artículo 114.-Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I...

II…

IX. Realicen acciones u omisiones directamente imputables al servidor público que generen subejercicios e incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y

X…

Artículo Segundo: SE REFORMA EL ARTICULO 7 FRACCION VIII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I a VII. …

VIII.-Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, su calendarización, metas contenidas y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del distrito federal.

Artículo Tercero: SE REFORMAN LOS ARTICULOS 8 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- …

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia con base en el calendario correspondiente y cumplir las metas contenidas en los planes y programas propios de su despacho, así como la observancia de las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III.- a XIII.-…

XXIV.- Abstenerse de realizar acciones u omisiones que generen subejercicios e incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y

XXV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

...

Artículo 13.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I.- a V.-

....

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, genere un subejercicio directamente imputable a un servidor público o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

Artículo Cuarto: SE REFORMA EL ARTICULO 217 FRACCION III DEL CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I. A II. …

III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les de a sabiendas, una aplicación publica distinta de aquella a que estuvieren destinados, hiciere un pago ilegal o genere un subejercicio que le sea directamente imputable.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El titular del Ejecutivo Federal cuenta con un plazo de sesenta días a partir del presente Decreto para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: A ver, Senador Angel Aguirre, desean suscribir su iniciativa los Senadores Velasco Coello, Ybarra de la Garza, Garibay García, López Hernández, Morales Flores, Castelo Parada, Rojo e Incháustegui, Menchaca Castellanos y el de la voz.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos correspondientes e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia ha recibido de la Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del Senador Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARALA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD)

“Los que suscriben, Senadores Minerva Hernandez Ramos y Graco Ramirez Garrido Abreu, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Resulta devastador e insultante saber que en México millones de menores son explotados, prostituidos y carecen de educación y salud, además de sufrir maltratos y abandono diariamente frente a nuestros ojos. La realidad es que la situación de la niñez en el mundo ha empeorado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus dramáticos informes exponen infinidad de casos de menores de edad explotados, privados de educación y servicios de salud, o que son utilizados como esclavos sexuales.

Las estadísticas, por frías y calculadores que parezcan, señalan de manera acusadora, que en los países latinoamericanos los niños se encuentran en peores condiciones que en el resto de los países del orbe. Sí, los datos indican que se duplican los casos de todo tipo de injusticias en nuestros países. Se explotan sexualmente en América Latina a más de 5 mil niños al día, de esa cifra 80% son niñas y en más de la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas.

En México, las cifras más recientes nos indican que diariamente mueren dos menores de 14 años de edad a causa de la violencia. La primera causa de de defunciones por homicidio en el grupo de niñas y niños menores de 1 año entre 1998 y 2002 fue ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En el grupo de 1 a 4 años fue ahogamiento y sumergimiento, y en el los grupos de 5 a 9 años y de 10 a 14 años fueron disparos de armas de fuego.

Este sector poblacional tiene más probabilidades de volverse invisible, olvidado y explotado; son los que carecen, por ejemplo, de identidad oficial, o los que no reciben el cuidado óptimo ni siquiera de sus padres. Es en el hogar, donde muchos niños se ven obligados a salirse a las calles por no soportar el maltrato que reciben.

Según datos de la UNICEF en 2006, más de la mitad de los nacimientos que se producen en el mundo en desarrollo cada año no se inscriben en los registros oficiales, lo que priva a "más de 50 millones de infantes de un derecho básico e inalienable: su reconocimiento como ciudadanos". Estos "niños y niñas sin identidad no cuentan, y no se les toma en cuenta", alrededor de 180 millones trabajan en condiciones peligrosas, con maquinaria poco segura, en fábricas, en minas, en actividades de secuestro a migrantes que pasan por nuestro territorio para llegar a los Estos Unidos o quedarse en aquí en busca de mejores oportunidades, en la agricultura, en el cuidado de otros niños, prostitución, tráfico de órganos, etc.

En el mundo, estos infantes desaparecen de la vista del público cuando caen en las redes de traficantes de seres humanos o cuando se les obliga a trabajar como empleados domésticos en una situación de servidumbre.

Estos niños y niñas "invisibles" están lejos del alcance de las campañas dedicadas al desarrollo, y suelen pasar desapercibidos en los debates públicos y en la legislación, claro no son carne de cañón electoral, así como en las estadísticas y los reportajes de los medios de comunicación, critica la UNICEF.

Ante esta situación, el grupo parlamentario del PRD en el Senado, ha decidido hacer suya la causa y extiende la invitación a todos los dirigentes nacionales, a los líderes de opinión, a las ONG’s, a los padres de familia y educadores, a la sociedad en general; a prestar atención a estos millones de menores invisibles mexicanos, excluidos de cualquier proceso de desarrollo.

No podemos permitir ni un día más que nuestra infancia siga en el olvido, prisionera de actos de omisión, abandonada y maltratada. Estamos seguros que esto tiene y tendrá consecuencias devastadoras para su bienestar a largo plazo.

A pesar de los significativos avances que se han logrado, la mayoría gracias a incontables esfuerzos por parte de organizaciones civiles, de gente valiente que a pesar de jugarse la vida en denunciar a los cotos de poder que participan del abuso y explotación y que protegen a quienes lo hacen.

Basta recordar el caso de Lidia Cacho que al día de hoy permanece vigilada y amenazada; o el caso de Casitas del Sur; que, ¿No sigue prófugo el profesor de educación física del Colegio Oxford de los Legionarios de Cristo que denunció San Juana Martínez?

Es evidente que aún no hemos podido imponer dicho tema dentro de las preocupaciones del Legislativo y como uno más de los puntos esenciales en el desarrollo de la Democracia y equidad social.

Resulta lamentable saber por lo tanto que junto a la indiferencia y el rezago para abordar correctamente la discusión, se cuentan con limitados recursos para ampliar el conocimiento sobre la situación real de la niñez y aún menos para contrarrestar el deterioro que año con año sufre la protección a los derechos de la infancia.

Ante estas cuestiones es importante señalar que datos actualizados de la UNICEF muestran una tasa de mortalidad infantil en México que se ubica en la posición número 78 de la calificación más alta de 189 países, empatado con Nicaragua y Trinidad y Tobago. Además, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un documento donde se hace alusión al problema del turismo y la explotación sexual que crece y persiste en el mundo y en México.

Por lo mismo nuestro país ha tenido serios problemas para llegar a un consenso que nos permita promover las herramientas necesarias para proteger los mencionados derechos y con ello fortalecer la garantía universal de todos los derechos humanos.

De continuar rezagando este tema, estaremos arrastrando el destino de un mayor número de pequeños y nos podremos enfrentar a problemas de mayor seriedad, como lo es la situación de más de 20 mil niñas y niños reclutados por redes de prostitución y empleo en nuestras más grandes ciudades y fronteras.

La única manera de asegurar un futuro prospero para todos ellos es impulsar y trabajar para una educada protección de sus derechos como son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, entre otros.

Estos son precisamente los objetivos básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, que desde 1989 ha logrado establecer normas básicas que los gobiernos deben cumplir con el fin de promover dichos valores de aquellos menores de 18 años.

Al aceptar las obligaciones de la Convención, el gobierno mexicano se ha comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y ha aceptado también, como lo marcan sus propios términos, que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional.

Por lo tanto el Estado Mexicano ha decidido estar obligado por parte de la Convención a llevar a cabo todas las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño. Esto se refiere principalmente al fortalecimiento en la capacidad de nuestras instituciones para asegurar el cumplimiento, respeto y protección de los derechos de la infancia en México.

Las cifras que reportan el primer lugar de desaprovechamiento escolar entre los 23 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o las cifras estimadas que varían entre 100 mil y 300 mil niños a nivel internacional víctimas de explotación sexual y los 3.5 millones de niños trabajadores, nos solicitan esta modificación en nuestro sistema normativo de manera urgente.

Se requiere una política de prevención, no debemos limitarnos a castigar a los agresores, debemos transformar la mentalidad de la sociedad para terminar con prácticas machistas y agresivas socialmente aceptadas así como las condiciones económicas y sociales profundamente ligadas a la violencia.

Atentos a lo anterior proponemos crear una instancia especializada para la protección a los derechos de la infancia. Con una Fiscalía encargada de atender las denuncias formuladas por la sociedad en relación a las acciones u omisiones que puedan constituir un delito contra los niños y las niñas, podremos otorgar a las instituciones actuales una herramienta más útil para asegurar la vigencia de la Ley.

Existen diversos esfuerzos emprendidos desde la sociedad civil que apuntan en este mismo sentido. Es el caso de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C., dedicada de la detección, prevención, monitoreo, denuncia y propuesta de solución de situaciones contra los derechos de la niñez.

De igual forma reconozco que existe una enorme red civil que se especializa en este tema y que ha sido de importante ayuda para promover y aplicar mejores marcos jurídicos orientados a la protección de la infancia.

Considero trascendental la creación de una Fiscalía Especial, con nivel de Subprocuraduría y plena autonomía técnica, para conocer de las denuncias referidas a los delitos contra los derechos de la infancia, cuyas atribuciones trasciendan la recepción de peticiones y quejas, para atender de manera correcta y seria las investigaciones.

De esta manera podremos promover una cultura de respeto a nuestros niños y niñas, con el fin de comenzar nuevos y mejores programas para, finalmente, atender de manera apropiada las garantías a las que por nacimiento tiene derecho toda persona.

En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 48 y se adiciona un artículo 48 Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 48. Se cuenta con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Derechos del Menor, adscrita a la Procuraduría General de la República y responsable de conocer sobre los delitos contra los menores previstos en los artículos 200, 201, 201 BIS, 202, 202 BIS, 203, 203 BIS y 204 del Código Penal Federal.

Artículo 48 Bis. Las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las denuncias relativas a la violación de los derechos de los menores que constituyan delitos que a la fecha hayan sido presentadas en cualquier oficina o agencia del Ministerio Público Federal, se concluirán en la misma agencia.

TERCERO.- La Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República dispondrá lo conducente para que de inmediato se dote a la Fiscalía Especial creada por este Decreto, de todos los recursos humanos, materiales y financieros indispensables para el desempeño de sus funciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Graco Ramírez Garrido Abreu.- Sen. Minerva Hernández Ramos

Se recibió de la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA SECCION AL CAPITULO IV DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, Carmen Guadalupe Fonz Saenz, Senadora de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una seccion al capitulo IV de la Ley General de la Educacion, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, en el Poder Legislativo se han realizado esfuerzos para crear un marco educativo de calidad, centrado en la globalización y la competitividad.

Un marco educativo de largo plazo, que priorice la continuidad en la formación del educando, que homogenice los criterios educativos y que fomente la actualización y capacitación de la planta docente.

La educación es una herramienta indispensable, que contribuye al crecimiento de un país, por consiguiente las bases en las que se planifica su aplicación deben ser sólidas, pues solamente de esta forma podrán cumplirse con los objetivos del sector.

Uno de los problemas que han detenido el avance del país es precisamente este, ya que si se analiza el sistema de los países desarrollados podremos observar que el éxito de todos y cada uno de ellos esta basado en su sistema educativo, sobretodo en el nivel básico que dota de los conocimientos estandarizados que son necesarios para seguir desarrollándose en los niveles subsecuentes.

La educación y la formación son elementos de carácter estratégico y la mejora de la calidad educativa se convierte en un objetivo fundamental de todos los países.

No es sólo el conocimiento específico, directamente vinculado al mundo del empleo, el que resulta realmente afectado, sino que el dominio de los conocimientos básicos, las formas de pensamiento avanzado y las competencias cognitivas de carácter general constituyen, en el presente, elementos indiscutibles para la formación de un capital humano de calidad y una garantía de adaptación a las necesidades del mundo laboral actual.

De acuerdo con la última prueba PISA, realizada en 2006 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es miembro, los alumnos mexicanos terminaron en el último puesto de entre 30 países evaluados, con una diferencia equivalente a cuatro años lectivos con el primero de la lista, Finlandia.

Respetables Legisladores:

Recientemente la Secretaría de Educación Pública entregó una nueva versión de los libros de texto gratuito que se utilizaran en el curso lectivo 2009-2010, suprimiendo dos pasajes de la historia del país, violando la propiedad intelectual al cambiar una obra pictográfica sin autorización del autor; y en el caso del estado de Guanajuato, el texto de biología el tema referente a la educación sexual.

Estos cambios provocaron una reacción negativa en la sociedad mexicana y si bien todos son importantes, ya que los consideran poco convenientes, argumentando un total desconocimiento de la materia y la atención a determinados grupos sociales.

Respecto al tema de educación sexual, en los últimos años se han realizado campañas intensivas para que los adolescentes se encuentren bien informados en el entorno de una estrategia preventiva fundamentalmente, con el objeto de evitar embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales, que ponen en riesgo su vida. Por lo que esta acción viene a contrarrestar la eficacia de una política pública en materia de salud y cuyo sustento en una cuestión socio-cultural.

Si bien es cierto todos los días surgen nuevos acontecimientos que marcan la historia de cada uno de los países, también lo es que debe de existir una continuidad en los programas educativos ya que, materias como español, matemáticas e incluso historia no avanzan tan rápido como otras áreas de la ciencia.

Al respecto la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó la semana pasada, que las peticiones para modificar los libros de texto gratuitos de primero y sexto de primaria han sido aisladas y que se realizaron con base en el proyecto de Reforma Integral en la Educación, con el fin de establecer un sistema cronológico en la enseñanza.

Asimismo el subsecretario de Educación Básica de la SEP, mencionó que la elaboración y entrega de materiales adicionales para subsanar los errores y omisiones de este tipo de textos no han sido necesarios, toda vez que no los consideraron cono detonador de algún proceso, ni violan alguna disposición, lo cual es falso, toda vez que éstas se realizaron antes de que fueran aprobados los planes de estudio correspondientes.

En relación a la Reforma Integral de la Educación se señalo que el proceso de implementación va por buen camino, toda vez que estaban siendo asesorados por distintos grupos y no sólo por los tradicionales de la educación básica, justificando de esta manera su proceder respecto a la modificación realizada.

Sin embargo no hizo ninguna referencia, respecto de que si esos grupos tradicionales son el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que son las autoridades facultadas para emitir opiniones respecto a las modificaciones de los libros de texto gratuitos.

También señaló que los Consejos Interinstitucionales detectaron errores, sin especificar cuáles son, mismos que van a ser perfeccionados, pues los materiales son provisionales.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de que exista una mayor autonomía en la integración de las comisiones de los Consejos mencionados para evitar este tipo de problemas, ya que al hacer una evaluación y revisión de los mismos emitirán una opinión más objetiva que atienda a las necesidades educativas.

Ante este panorama, se vuelve imperante la necesidad de establecer candados a la conducta de los funcionarios públicos, para evitar en medida de lo posible este tipo de conductas, las cuales demuestran una mala planeación y mal manejo de las políticas públicas en esta materia.

No debemos de olvidar que la educación es un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 3 constitucional y por lo tanto es obligación del Estado velar porque el mismo sea respetado, así como a realizar las acciones necesarias para que todos sus gobernados tengan acceso a una educación de calidad, que se vea reflejado no solamente en la adquisición de conocimientos sino también en su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta H. Asamblea, la discusión y en su caso, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una sección al Capítulo IV de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Capítulo IV

Sección 3.-

De los Libros de Texto Gratuitos

Artículo 53 Bis.- La Secretaría determinará las modificaciones pertinentes que deban de realizarse a los libros de texto gratuitos para la educación primaria y secundaria que se imparta en la República Mexicana, deberán darse previa opinión del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

Las autoridades educativas estatales podrán proponer a la Secretaría, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de la Educación, las modificaciones a los libros de texto de contenido regional, siempre y cuando no alteren el contenido de carácter nacional establecidos de conformidad con las políticas públicas.

Las modificaciones que autorice la Secretaría deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el instrumento oficial de cada entidad federativa.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz”.

Se recibió de los Senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior, misma que se turna a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR

(Presentada por los CC. Senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del grupo parlamentario del PRI)

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

Los suscritos, Senadora Amira Griselda Gomez Tueme y Senador Jesus Maria Ramon Valdes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política General de la República; así como 55, fracción II, 62 y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía decretó una reducción en los aranceles Nación Más Favorecida (NMF) que impactará la economía del país en los siguientes cuatro años. La reducción afecta al 69% de las 12,119 fracciones que integran la tarifa de importación mexicana, prácticamente todas las importaciones industriales de México.

La reducción implica que el arancel promedio de importación para estas fracciones pase de 10.4% a un promedio de 4.3% para 2013, tasa muy por debajo de países con los que México compite: en Argentina la tasa de arancel promedio Nación Más Favorecida es de 12.2%; Colombia, 11.2%; India, 11.5%; Brasil, 12.5%; Chile, 6%; China, 9%. Lo anterior significa que para 2013 México será la economía más liberalizada de la región.

Como justificación a la adopción de esta medida, el Ejecutiva Federal, expresa en este decreto, que los sectores productivos menos protegidos son los que han tenido mayor crecimiento y que por lo tanto se busca equidad entre las pequeñas y grandes empresas para que sean más productivas.

Sin embargo, el sector empresarial mexicano, las cámaras industriales y empresariales, prácticamente de manera unánime se pronunciaron en contra de que nuestro país, de forma unilateral, redujera los aranceles Nación más Favorecida.

El riesgo real de la reducción de estos aranceles, es que las cadenas de producción sufran un desmantelamiento ya que los importadores podrán adquirir no sólo materias primas de países como India o China, sino también productos terminados con precios reducidos y prácticamente libres de arancel.

La comercialización de productos importados resultará un mejor negocio y sería difícil que un empresario decidiera fabricarlos en México, arriesgando su capital, instalando plantas productivas, invirtiendo en activos, contratar empleados o desarrollar tecnología, sin la certidumbre de que pueda tener mercado para sus productos.

En sentido contrario, muchos de países desarrollados, ante la crisis económica global, han levantado barreras a las importaciones en forma de tarifas, subvenciones y otras medidas diseñadas para proteger sus industrias; en el periodo enero-junio de 2009 se observó una disminución en las importaciones de los países industrializados de 30.5% y, en los países emergentes, la bajada fue de 28% en promedio. Estados Unidos y China, caracterizados por ser los países con economías más abiertas han reducido sus importaciones en 30.1% y 29.5%, respectivamente. Sin embargo, ante este claro escenario el gobierno mexicano opta por una política que sin más, amenaza con inundar al mercado nacional con productos de otros países en lugar de proteger su aparato industrial.

Por otro lado, conviene también analizar el impacto fiscal que la reducción arancelaria tendrá pues ante una estimación de un faltante calculado por la SHCP para el presente año de alrededor de 300 mil millones de pesos y un el panorama de las finanzas públicas que para el 2010 no es nada favorecedor, resultaría conveniente que el Gobierno Federal pudiera contar con los ingresos por concepto de aranceles, que, en caso de revertir el decreto y retornar a los niveles de 2008, se obtendrían recursos adicionales por alrededor de 37,500 millones de pesos entre 2009 y 2013.

Cabe aclarar que la reducción decidida por el Ejecutivo Federal no forma parte de los compromisos asumidos por México con la OMC y que por el contrario, podría incrementar su aranceles hasta un promedio de 34.9% sin tener que compensar a las partes que se vieran afectadas, si en su caso, decidiera elevar los aranceles en ese porcentaje.

Con el decreto publicado y el hecho de que el 63% de los productos industriales estén libres de arancel se reduce el atractivo para negociar acuerdos de libre comercio con otros países y se pierde la oportunidad de aprovechar lo que ya se tienen firmados pues se supone que el beneficio de tener un tratado de libre comercio es que se tenga un trato recíproco, es decir, una disminución o desgravación de aranceles de ambas partes con la posibilidad de proteger a los sectores más sensibles, lo que no se cumple al aplicar las medidas unilaterales.

El artículo 131 constitucional establece que: “El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”. Es claro que esa facultad se otorga para aplicar medidas en caso de emergencia y de manera temporal, en tanto esta emergencia persiste.

Sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce el impacto que tendrá en la industria y mucho menos si en realidad han sido las pequeñas empresas las beneficiadas con esta reducción arancelaria, por lo que considero que el Ejecutivo Federal debería informar sobre el efecto de este decreto a la brevedad, con el fin de que, en consulta con los sectores, se decida su término o continuidad.

Es grave que en este decreto que se publicó con el carácter de medida contracíclica para hacer frente a una crisis, no se establezca una evaluación para decidir el periodo en que los aranceles regresarán a las tasas en vigor antes de la emergencia o su incremento, hasta lo permitido, en los compromisos asumidos o consolidados en la OMC.

Por tal motivo, en la iniciativa de con proyecto de decreto que se presenta, se propone establecer la obligación a la Comisión de Comercio Exterior que se señala en la Ley de Comercio Exterior, de evaluar los efectos de tal medida, tomando en consideración la opinión de los sectores afectados para decidir la permanencia o término de las medidas de emergencia y se informe al Congreso de la Unión sobre tal evaluación.

Asimismo, se propone modificar el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior para clarificar que a pesar de los compromisos adquiridos en tratados o convenios firmados por México, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de aumentar, disminuir o modificar los aranceles, cuando se presenten situaciones de emergencia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, en los siguientes términos:

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 6, de la Ley de Comercio Exterior.

Segundo. Se modifica el artículo 14, de la Ley de Comercio Exterior.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y MODIFICA
LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR

Artículo 6º.….

...

Para los efectos de la fracción I y II del artículo 4° de esta Ley, la Comisión evaluará los resultados de las medidas de emergencia adoptadas, a fin de recomendar a la Secretaría su permanencia o término, considerando para tal fin la opinión de los sujetos que se mencionan en el párrafo segundo de este artículo. La Secretaría informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los efectos a los sectores económicos y la recomendación de la Comisión.

Artículo 14.Los aranceles generales previstos en las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación cumplirán los términos, tasas y periodos acordados en los acuerdos o convenios comerciales internacionales de los que México sea parte, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 4 de esta Ley, en cuyo caso se hará la declaratoria de emergencia, estableciendo la fecha en que concluirá su vigencia.

TRANSITORIOS

Primero. Transcurridos treinta días de la publicación del presente Decreto, el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión informe sobre los afectos a los sectores económicos que ha tenido el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de importación y exportación publicado el día 24 de diciembre de 2008, así como el resultado de la evaluación donde se decide la continuación o termino de las medidas de emergencia.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Amira Gómez Tueme.- Sen. Jesús María Ramón Valdés”.

Se recibió de los Senadores Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León y Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL SERVICIO DE LAS GUARDERIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL

(Presentada por los CC. Senadores Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León y Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Ramiro HernAndez Garcia, Maria del Socorro Garcia Quiroz, Francisco Herrera Leon y Ricardo Pacheco Rodríguez, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderias para el Cuidado Infantil, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En mayo de 2007, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el Decreto donde se compromete a “fortalecer la capacidad del Estado para dar paso a la construcción de nuevos esquemas corresponsables de participación y sinergias interinstitucionales que permitan la atención universal de las niñas y niños de hasta 6 años, así como apoyar a las madres trabajadoras a través del Sistema Nacional de Guarderías, Centros y Estancias Infantiles”.

Este Sistema realizaría acciones tendientes a determinar el nivel de demanda del servicio y la capacidad de cobertura, además de establecer los estándares mínimos de calidad con los que debían contar este tipo de centros, que proporcionaran confianza a las mujeres trabajadoras.

En esa misma fecha, se exhortó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que redoblaran esfuerzos para coordinar el buen funcionamiento del Sistema, y supervisar las guarderías y estancias para que operen con los estándares mencionados; igualmente lo hizo con los titulares del IMSS, ISSSTE, SEDESOL, SEP y SSA.

No obstante lo anterior, después de más de dos años de la suscripción del citado Decreto sucedió un trágico evento, que puso en evidencia las malas condiciones en que operan las guarderías y estancias infantiles en nuestro país; así como el mal funcionamiento del Sistema creado, mismo que únicamente ha sesionado una sola vez.

Sin lugar a dudas, es realmente lamentable ser testigos de lo que acontece cuando los vicios en una ley o su incumplimiento afectan a terceras personas; pero es aún más lamentable atestiguar una tragedia como la ocurrida en fechas recientes en Hermosillo, Sonora, que al día de hoy ha cobrado la vida de varios menores inocentes, y cuyo origen ha sido la negligencia de las autoridades encargadas de autorizar y supervisar el funcionamiento de las guarderías infantiles subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De las primeras investigaciones realizadas por las autoridades encargadas de las mismas, se desprende que las disposiciones administrativas vigentes, encargadas de regular la operación del servicio de guarderías y la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, fueron omitidas por completo.

Las mismas autoridades han reconocido que la mayoría de las guarderías habían sido asignadas de manera directa porque no se contaba con un procedimiento específico y que, a partir del año 2008, se cambiaron las reglas para la asignación de las guarderías, por medio de licitación pública con el objeto de ejercer mayor control sobre las mismas, lo cual también resultó ser ineficaz e insuficiente, toda vez que cuando se le requirió la información a la autoridad de los propietarios de las mismas, resultó ser que la misma estaba dispersa en las delegaciones y oficinas centrales del Instituto.

Aunado a la grave crisis económica que actualmente vivimos y la necesidad de que ambos padres trabajen para poder sostener las necesidades básicas del seno familiar; es realmente doloroso observar cómo una madre y el padre tienen que separarse de su hijo para poder obtener una mejor calidad de vida; por ello, es inaceptable cualquier error que provoque la pérdida irreversible de cualquier hijo por causas imputables al descuido y la negligencia de las autoridades.

La participación de la sociedad para el cumplimiento de los objetivos del Estado es innegable, sin embargo dicha participación debe de realizarse bajo ciertos parámetros que garanticen la calidad de los servicios, así como la correcta aplicación de los recursos públicos que reciben para llevar a cabo su objeto.

En tal virtud, es menester de esta Soberanía crear un marco legal que regule de manera apropiada las más de 1,500 estancias infantiles registradas en todo el país, de las cuales el 90% de ellas son administradas por particulares con absoluta libertad para la prestación del servicio, y sin mayor fiscalización o control en sus actividades. Todo ello, pues, con el único fin de evitar otra tragedia como la ocurrida en esa ciudad del norte del país.

Concatenadamente a la elaboración de esta Ley, resulta una prioridad la creación de un Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil, la cual tendrá a cargo la supervisión de la prestación de este servicio en cualquiera de sus modalidades dentro del territorio nacional.

Asimismo, es una prioridad revisar el Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), toda vez que no se ha privilegiado la seguridad social de la población, deslindándose el gobierno de su obligación por brindar servicios, flexibilizando así las obligaciones que deberían cumplir los particulares al permitirles que operen este tipo de guarderías en condiciones irregulares.

Situaciones como la de Hermosillo, demuestran que el Estado mexicano ha dejado de lado la obligación de prestar el servicio de guarderías con absoluta seguridad para los menores bajo su cuidado; solapando en cambio el otorgamiento de un servicio de guardería carente de la vigilancia necesaria para su operación, poniéndose en peligro la integridad de las y los niños que ahí acuden.

En tal virtud, la Ley que el día de hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía regula la unificación de criterios, principios y estrategias en cuanto a los prestadores del servicio Guarderías Infantiles, y además establece los requisitos que deberán cubrir las instalaciones donde se pretenda establecer las mismas, así como el objeto de su financiamiento; además, se estipula la profesionalización de su personal como una herramienta sumamente necesaria, por cuanto se trata del cuidado y el sano desarrollo de miles de infantes de nuestro país. De igual forma, atiende a la admisión de los niños con capacidades diferentes; así como el seguimiento de los procedimientos de admisión; regula la verificación y vigilancia periódica de los establecimientos destinados al servicio de guarderías, y en caso de alguna violación a esta ley contempla las infracciones y sanciones correspondientes.

Es indispensable reforzar y crear políticas públicas, así como disposiciones legales necesarias que permita mejorar las condiciones de vida de los menores, en aras de contribuir a su sano desarrollo dentro de un ambiente óptimo, seguro y confiable.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores un proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guardarías para el Cuidado Infantil.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil, para quedar como sigue:

LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE
LAS GUARDERIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y en los términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. Tiene por objeto uniformar principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de las Guarderías Infantiles en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 2.- El titular del Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales, en coordinación y colaboración con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus respectivas competencias y con apego a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las normas reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley.

Así mismo, garantizaran y velaran por la integridad de los niños y de las niñas mediante la aplicación de la presente Ley y su Reglamento respectivo.

CAPITULO II

De las Definiciones y Clasificaciones

Artículo 3.- Las Guarderías Infantiles son centros de prestación de servicios de carácter público, privado o mixto, que prestan un servicio a la madre y padre de familia que trabajan. Persiguen la atención integral del niño y de la niña en la guarda, custodia, aseo, alimentación, recreación, así como la atención en las áreas psicosocial, de salud, de nutrición y en su caso de educación. Dependiendo de la Guardería este servicio deberá prestarse a los menores entre los cuarenta y tres días de nacidos y seis años de edad.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.- Ley: La Ley que Regula los Servicios de las Guarderías para el Cuidado Infantil;

II.- Consejo: El Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil;

III.- Secretario Técnico: El SecretarioTécnico del Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil;

IV.- Establecimientos o Instalaciones: Los espacios físicos destinados para el cuidado de menores, desde los cuarenta y tres días de nacido hasta los seis años de edad;

V.- Guarderías Infantiles.- Estancias Infantiles, Casas Hogares, Jardines de Niños, Centros de Desarrollo Infantil, e Instituciones análogas o similares, cualquiera que sea su denominación, de carácter privadas, públicas o mixtas, manejadas por personas físicas o morales que cuenten con establecimientos para proporcionar servicios de cuidado de menores, desde los cuarenta y tres días de nacido hasta los seis años de edad, en cualquier modalidad;

VI.- Licencia: Autorización escrita que emite la autoridad competente para que operen una Guardería Infantil en materia de la presente Ley, en cualquier parte de la República Mexicana en cualquier modalidad;

VII.- Usuario: La persona que utilice los servicios de una Guardería Infantil, en cualquiera de sus modalidades, quienes podrán ser la madre o padre, viudo o divorciado, o quienes judicialmente se le hubiere confiado la guarda y custodia o ejerza la patria potestad del menor; y

VIII.- Contrato: El acuerdo suscrito entre el usuario y la Guardería Infantil con el objeto de utilizar los servicios de cuidado de menores, que deberán estar previamente autorizados por el Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil.

Artículo 5.- LasGuarderías Infantiles se clasifican en:

a) Guarderías Infantiles Públicas: Las creadas, financiadas y administradas por la Federación y sus Instituciones, así como por las Entidades Federativas.

b) Guarderías Infantiles Privadas: Todas las que no son creadas, financiadas ni administradas por la Federación o por las Entidades Federativas ni por sus Instituciones.

c) Guarderías Infantiles Mixtas: En esta ni la Federación ni las Entidades Federativas participan en su financiamiento, establecimiento o con ambos, que sean administrados por trabajadores, instituciones sociales o empresas laborales.

Artículo 6.- En las Guarderías Infantiles, según las edades de los niños y de las niñas a su cuidado, se denominará de la siguiente manera, sin perjuicio de que por disposiciones reglamentarias de la presente Ley se le denomine y maneje edades diferentes que garanticen la protección y desarrollo integral del menor:

a) Sala cuna: de cuarenta y tres días de nacido a seis meses.

b) Sala maternal primera: de seis meses a dieciocho meses.

c) Sala maternal segunda: de dieciocho meses a dos años.

d) Sala maternal tercera: de dos años hastatres años.

e) Prekínder: de tres a cuatro años.

f) Kinder: de cuatro a cinco años.

g) Preescolar: de cinco a seis años.

Artículo 7.- Los Servicios de Guarderías Infantiles comprenden:

I.- Guarda y custodia temporal;

II.- Aseo;

III.- Alimentación y atención nutricional;

IV.- Fomento y cuidado de la salud;

V.- Vigilancia del desarrollo educativo;

VI.- Atención a menores con discapacidad, no dependientes;

VII.- Actividades educativas y recreativas; y

VIII.- Atención médica y psicológica.

TITULO SEGUNDO

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS GUARDERIAS PARA

EL CUIDADO INFANTIL

CAPITULO I

Del Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil

Artículo 8.- Se crea el Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil como órgano autónomo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.

El Consejo se integrará con los titulares de:

I. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien lo presidirá y será responsable de coordinar las acciones objeto de la presente Ley;

II. La Secretaría de Salud;

III. La Secretaría de Educación Pública;

IV. La Secretaría de Desarrollo Social;

V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Un representante del sector obrero y otro del sector empresarial, ambos nombrados mediante los mecanismos de representación establecidos por esos sectores;

VII. Un representante del la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Los titulares de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, serán invitados permanentes del Sistema, quienes tendrán derecho a voz y voto.

Los integrantes titulares podrán designar un suplente, el cual deberá tener nivel jerárquico de Director General o equivalente.

Artículo 9. El Presidente del Consejo podrá invitar a participar en el mismo, con derecho a voz pero no a voto, a:

I. Dos titulares de los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales se determinarán mediante el proceso de insaculación y se rotarán cada dos años;

II. Dos titulares de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia los cuales se determinarán mediante el proceso de insaculación y se rotarán cada dos años, y

III. Representantes de la sociedad civil con experiencia en la materia.

En todos los caso deberá existir aceptación expresa de los invitados.

Artículo 10.- El Consejo para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo siguiente:

I. Los integrantes del Consejo se reunirán en sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año, para dar seguimiento a las acciones acordadas entre sus integrantes;

II. Los integrantes del Consejo se reunirán en sesiones extraordinarias para atender asuntos que merezcan atención inmediata a las cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes;

III. Los integrantes del Consejo, intercambiarán y analizarán información y datos referentes a los temas de su competencia con el fin de cumplir con los objetivos establecidos;

IV. Los acuerdos a los que lleguen los integrantes del Consejo, deberán ser acatados en los términos y tiempos previstos en los mismos; y

V. La operación y funcionamiento del Consejo se ajustará a sus Reglas Internas de Operación.

Artículo 11. Las dependencias y entidades de la administración pública federal integrantes del Consejo celebrarán los convenios que sean necesarios para la adecuada instrumentación y coordinación de las acciones objeto de la Presente Ley, acorde con sus respectivos ámbitos de competencia conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 12.- El Consejo es un órgano especializado, consultivo y autónomo en su presupuesto y sus funciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Promueve acuerdos y compromisos a favor de la asistencia social del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil.

Es el órgano encargado de fiscalizar, regular, supervisar y coordinar todas las Guarderías infantiles públicas, privadas o mixtas. Tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del funcionamiento de las Guarderías Infantiles en la República Mexicana, independientemente de su modalidad.

Artículo 13.- El Consejo deberá entregar un informe semestral de actividades al H. Congreso de la Unión, quien en todo momento y, si así lo considere necesario, podrá llamar a comparecer a sus integrantes.

Artículo 14.- El Consejo, cuando lo considere necesario, comunicará, a las instancias correspondientes, la situación imperante en una Guardería independientemente de su modalidad y, según sea el caso, aplicará las sanciones correspondientes, en cumplimiento con las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 15.- El Consejo aprobará el Reglamento de la presente Ley y los Reglamentos de cada guardería, de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley.

Artículo 16.- La autorización para el funcionamiento de cualquier Guardería Infantil pública, privada o mixta, se ajustará a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

CAPITULO II

De la Secretaria Técnica

Artículo 17.- El Consejo contará con un Secretario Técnico que será designado por el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la aprobación de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 18.- La Secretaría Técnica estará integrada por el número de miembros que se requieran para su operación. El Reglamento de esta Ley dispondrá la composición, funciones y organización de la Secretaría Técnica.

Artículo 19.- La Secretaría Técnica será el órgano encargado de realizar las actividades encomendadas por esta Ley y el Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil. Tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Formular las actas y acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo;

II.- Por acuerdo del Presidente del Consejo, o de la mayoría de los miembros, proponer el orden del día y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;

III.- Colaborar con el Consejo en los asuntos que éste le encomiende, para el ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 11 de esta Ley;

IV.- Realizar el estudio de cada solicitud de funcionamiento de las Guarderías y remitir el informe correspondiente al Consejo;

V.- Dar seguimiento e informar al Presidente del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos;

VI.- Las demás facultades que le sean otorgadas por esta Ley, por el Reglamento o por las demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO III

De las Autoridades Responsables y su Ámbito Competencial

Artículo 20.- Corresponderá al Gobierno Federal, a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, conjuntamente con las entidades involucradas y los Gobiernos Estatales y Municipales, en el ámbito de sus competencias, supervisar, evaluar, coordinar la prestación de los servicios de cuidado infantil en las Guarderías; lo anterior, sin perjuicio de los convenios de coordinación que sobre el particular celebren la Federación, las entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 21.- El Gobierno Federal, tendrán de conformidad con la presente Ley, las siguientes atribuciones:

I.- Emitir elReglamento de la presente Ley que será de observancia general en la República;

II.- Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a las dependencias responsables y entidades estatales o municipales;

Artículo 22.- Los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, tendrán de conformidad con la presente Ley, las siguientes atribuciones:

I.- Vigilar, en el ámbito de sus facultades y competencias, el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan al Gobierno Federal;

II.- Evaluar, e informar al Consejo, los resultados de los servicios prestados en las Guarderías Infantiles;

III.- Apoyar la coordinación entre las Guarderías Infantiles, y las instancias correspondientes en materia educativa, de salud y de desarrollo social para formar, capacitar y unificar criterios encaminados a los recursos humanos en la materia;

IV.- Elaborar, con las instancias de protección civil, programas e impartircursos de capacitación y actualización, obligatorios y gratuitos, dirigidos al cuidado de menores y medidas de protección civil.

V.- Los Programas deberán presentarse en los primeros quince días del mes de enero de cada año y hacerse llegar al Consejo que, después de ser aprobado, los remitirá a la instancia correspondiente, quien los hará llegar a las guarderías o estancias infantiles a fin de que estas, en colaboración con el Consejo Estatal de Protección Civil, implementen como mínimo dos cursos obligatorios anuales de capacitación para el personal operativo con el que cuente las guarderías y las estancias infantiles.

VI.-Las guarderías o estancias que no acaten con este programa de capacitación serán sancionadas y en su caso no podrán acceder a la licencia.

VII.- A fin de que el personal cuente con el certificado de capacitación correspondiente en materia de protección civil. La unidad responsable de emitir las constancias serán los Consejos Estatales de protección Civil, con el conocimiento del Consejo.

VIII.- Los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, en coordinación con los consejos Estatales y Municipales de Protección Civil, coadyuvarán con el Consejo, en la elaboración de un diagnóstico sobre la problemática existente en las guarderías infantiles en sus ámbitos de competencia.

IX.- Llevar el registro y control general de las Guarderías Infantiles del Estado y los Municipios, en el cual deberá incluir, tanto las públicas, las privadas y las mixtas;

X.- Realizar el estudio de cada solicitud de funcionamiento de una Guardería Infantil; e informar al Consejo para su debida licitación;

XI.- Las autoridades Federales, de las Entidades Federativas o Municipales, previo convenio, acuerdo o cualquier otro instrumento jurídico, podrán ejercer las atribuciones a que se refiere esta Ley;

XII.- En su caso deberá solicitar al Consejo que implemente recomendaciones y de ser necesaria la clausura de la Guardería, por cuestiones graves que pongan en peligro a los niños y las niñas de la Guardería Infantil; y

XIII.- Las demás que les otorguen las leyes aplicables.

Artículo 23.- Corresponderá al Ejecutivo de las Entidades Federativas, en coordinación con la Secretaría de Salud, verificar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos que se proporcionen en las Guarderías cualquiera que sea su modalidad, de acuerdo a las atribuciones que ordena esta Ley, sin perjuicio de los convenios de coordinación que sobre el particular se celebren con la Federación o con los Municipios.

Artículo 24.- Corresponderá al Ejecutivo de las Entidades Federativas, en coordinación con la Secretaría de Educación, supervisar y evaluar la prestación de los servicios educativos que se proporcionen en las Guarderías cualquiera que sea su modalidad, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Educación, así como las leyes secundarias respectivas.

Artículo 25.- Son atribuciones de los Ayuntamientos de las Entidades Federativas, la expedición de licencias municipales de las Guarderías Infantiles que cumplan con la regulación de uso de suelo y medidas de Protección Civil vigentes en las Leyes y reglamentos respectivos. En todo momento deberán cumplir con los lineamientos que esta Ley establece.

Las autoridades municipales deberán solicitar copia del plano de edificación en donde opera la guardería, las cuales no podrán establecerse en lugares cercanos a gasolineras, fábricas que produzcan sustancias contaminantes, o a cantinas u otros centros de diversión, cuyas actividades afecten las buenas costumbres y la moral pública; tampoco frente a vías altamente transitadas ni, en general, en lugares peligrosos para los menores, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto.

Artículo 26.- Las Guarderías Infantiles de seguridad social y las de carácter social o privado que presten el servicio de cuidado de menores en la Entidad Federativa, con independencia de su régimen interno, deberán sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley, y deberán registrarse en el Consejo.

CAPITULO IV

De la Licitación y Requerimientos

Artículo 27.- La licencia expedida por el Consejo, constituye la autorización para ejercer lícitamente la materia que regula esta Ley y demás disposiciones aplicables, por tanto, es intransferible, inalienable e inembargable y cualquier acto tendiente a tales efectos, será nulo de pleno derecho.

Artículo 28- Las Guarderías Infantiles necesitarán de licencia para su funcionamiento misma que será expedida por el Consejo, en un plazo no mayor a los 60 días, una vez que se haya cumplido con los requisitos que establece la Ley y su Reglamento, asimismo, deberá contar con la licencia municipal que expida el Ayuntamiento en facultad a su materia.

Artículo 29.- El Consejo proporcionará gratuitamente los formatos para solicitar licencias.

Artículo 30.- Para tramitar la expedición de licencias por el Consejo; se cumplirán, como mínimo, los siguientes requisitos:

I.- Presentar solicitud por escrito que contenga, al menos, el nombre, nacionalidad, ocupación y domicilio si el solicitante es persona física; denominación, domicilio y nombre del representante legal, si se trata de persona moral, incluyendo la denominación o razón social que se tenga o se solicite para la Guardería Infantil;

II.- Contar con un estudio de factibilidad, en el que se indique la población que será atendida, por sexo y por edades, así como la condición de las madres y padres beneficiarios;

III.- Presentarinformación de los recursos existentes para la instalación de la Guardería;

IV.- Realizar examen psicológico de todo el personal avalado por el Consejo;

V.- Anexar copia certificada de los siguientes documentos:

a).- Certificación del Consejo, que confirme que el gerente, encargado o administrador de la Guardería Infantil, cuenta con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes para cumplir con sus funciones;

b).- Constancia expedida por la autoridad de salud correspondiente, en la cual se exprese que las instalaciones de la institución cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo se deben observar para prestar el servicio, materia de la presente Ley;

c).- Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, en su caso;

d).- Acta de nacimiento de las personas físicas y, tratándose de personas morales, su acta constitutiva, reformas a ésta y los documentos que acrediten la representación legal del promovente;

e).- Carta de no antecedentes penales, en su caso, salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el término de tres años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos como corrupción de menores, violación, abuso sexual, pornografía infantil o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro a los menores en la Guardería; y

f).- Autorizaciones y permisos que para el efecto deba expedir la dependencia federal encargada del sector salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el solicitante sea de nacionalidad extranjera.

VI.- Acta de Inspección por parte del Consejo para el cumplimiento del establecimiento;

VII.- Cumplir con la licencia Municipal;

VIII.- Cumplir con las disposiciones de seguridad que marca la Ley General de Protección Civil;

IX.- Entregar un programa y plan de trabajo para operar la Guardería Infantil;

X.- Un proyecto de Reglamento Operativo, de acuerdo con las edades de los niños y de las niñas que atenderá, así como la organización administrativa básica que tendrá la Guardería;

XI.- Contar con una póliza de seguros, para responder en la eventualidad de que los niños y las niñas sufran daños durante su permanencia en la Guardería Infantil, el monto de la póliza será fijado en el Reglamento de esta Ley; y

XII.- Con la finalidad de garantizar la seguridad y desarrollo integral de los niños y las niñas, todos los empleados que presten servicio de cuidado infantil, así como el personal de vigilancia u otros que trabajen en el establecimiento de una Guardería Infantil deberán cumplir con los requisitos de la fracción IV y el inciso e) fracción V del presente artículo.

Artículo 31.- Recibida la solicitud, el Consejo en un plazo máximo de sesenta días hábiles, comunicará al interesado la resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el documento solicitado.

La licencia expedida a la Guardería deberá exhibirse en un lugar visible. La misma indicara el número de máximo de niños que se permiten en el local y un plano de las áreas donde se ubican los servicios.

Artículo 32.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el artículo 30 de esta Ley, la autoridad que corresponda otorgará hasta noventa días naturales para que el interesado cumpla con los mismos, de no hacerlo, se cancelará el trámite respectivo.

Artículo 33.- Las licencias expedida por el Consejo serán de duración indefinida, pero se revisarán anualmente; pudiendo ser retirada la licencia por alguna de las causas mencionadas en esta Ley.

Artículo 34.- Las licencias que se concedan referidas en el artículo 27 pueden ser revocadas definitiva o temporalmente a juicio de la autoridad que las expidió, por las siguientes causas:

I.- Por la carencia de algún requisito legal;

II.- Porque se estime la existencia de un riesgo o peligro para la seguridad o la salud de los menores atendidos; y

III.- Por resolución que emane del procedimiento administrativo que esta Ley establece.

Artículo 35.- Las licencias contendrán los datos del titular, denominación o razón social de la institución y su ubicación, el número de Registro Federal de Contribuyentes, el número de control respectivo, el numero de infantes que está autorizado atender y la fecha de expedición, el horario y días de prestación de servicio, en su caso, atendiendo a la modalidad de la Guardería Infantil.

Artículo 36.- La Guardería Infantil podrá cancelar voluntariamente la licencia a que se refiere el artículo 27 que le fue expedida a su favor, siempre y cuando avise de ello al Consejo, a fin de que se realicen los verificativos correspondientes.

La falta de este aviso dará lugar a la sanción prevista con multa que especifique el Reglamento.

CAPITULO V

De la Certificación

Artículo 37.- Para la obtención de la licencia referida en el artículo 27, la persona que pretenda instalar o dirigir una Guardería Infantil, deberá contar con la certificación de capacitación que expida la autoridad correspondiente.

Artículo 38.- Las Guarderías Infantiles deberán implantar programas permanentes de capacitación para su personal; o bien, apoyar a éste para que participe en aquellos que organice e implementen las autoridades, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el propio Consejo, los que en todo caso tendrá valor curricular.

Artículo 39.- El Reglamento establecerá las bases del programa de certificación a que se refiere este Capítulo.

CAPITULO VI

Del Establecimiento

Artículo 40.- Para poder funcionar, los establecimientos o instalaciones de una Guardería Infantil, deberán contar, como mínimo, con los requisitos que se enumeran a continuación, los cuales deberán ser adecuados a la edad de los menores:

I.- Mantener secciones de acuerdo al uso y a la edad de los menores, para las actividades diversas de atención, de educación y recreación, así como los accesos para las personas con capacidades diferentes;

II.- Instalaciones sanitarias adecuadas para ambos sexos que aseguren la higiene y la seguridad de los niños y las niñas, debiendo tener el personal de la Guardería sanitarios diferentes a los de los menores;

III.- Abastecimiento suficiente de agua para el aseo y de agua purificada para el consumo humano;

IV.- Lavabos, jabón para aseo de las manos, toallas de papel o cualquier otro sistema idóneo de secado y recipientes para residuos sólidos;

V.- Botiquín de Primeros auxilios, así como los números telefónicos de emergencia;

VI.- Area de nutrición, que constará de cocina con anaqueles, refrigerador, estufa, fregadero, disposición adecuada de basura, mesa para preparación de alimentos, laboratorio de leches con esterilizador y almacén de víveres. Esta área deberá estar ubicada de tal manera que los niños no puedan acceder a ella;

VII.- Mobiliario y juguetes cuyo diseño no implique riesgo para la integridad física y mental del menor;

VIII.- Materiales didácticos y pedagógicos de acuerdo a los parámetros educativos referidos en las disposiciones reglamentarias;

IX.- Areas de recepción con escritorios, sillas, archiveros, cuna/observación;

X.- Areas exteriores con patio cívico, de servicio y recreativo;

XI.- Personal capacitado especialmente al efecto;

XII.- Medidas de Seguridad y vigilancia en el período del cuidado a los niños y las niñas;

XIII.- Medidas de seguridad para el caso de incendios, siniestros, terremotos; así como salidas de emergencia; y

XIV.- Los demás enseres, equipo, mobiliario y utensilios necesarios para el sano desarrollo físico y mental de los menores. Los que deberán mantenerse en buen estado de uso y conservación mismos que no deberán poner en riesgo la seguridad o salud de los menores.

Artículo 41.- El Reglamento determinará la cantidad y calidad de los bienes y del personal con que deberá operar cada establecimiento, los cuales deberán ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de seguridad, salud, alimentación, aseo, esparcimiento y atención de los menores a su cargo. Así mismo, determinará lo relativo al estado físico de las instalaciones.

CAPITULO VII

De la Admisión

Artículo 42.- Las Guarderías Infantiles para admitir a un menor, deberán suscribir un acuerdo con el padre, madre, tutor, o quienes ejerzan la patria potestad o guarda y custodia sobre el menor, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio; la persona o personas autorizadas para recoger al menor y la tolerancia para su entrada y salida.

Artículo 43.- El Reglamento de la presente Ley y las políticas de la Guardería establecerá cuales son los requisitos que debe cumplir el usuario para la admisión del menor a dicho establecimiento, entre las que como mínimo deberá ser:

I.- Del Menor:

a) Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento;

b) Comprobante de examen médico general para descartar enfermedades infecciosas trasmisibles que ponga en peligro la salud de los niños y las niñas de la Guardería;

c) Cartilla de vacunación; y

d) Fotografías tamaño infantil.

II.- Del Usuario:

a) Nombre completo del usuario, en caso de quienes judicialmente se les hubiere conferido la patria potestad o la guarda y custodia del menor deberán demostrarlo con los documentos correspondientes;

b) Lugar y nombre o razón social del lugar en el que labora, así como teléfonos del trabajo, horario del mismo, días de descanso, período vacacional y firma bajo protesta de decir verdad, esta información deberá ser vigente y con fecha de expedición no mayor a treinta días previos a la presentación de la misma;

c) Fotografías, las necesarias del usuario que dicte la política de la Guardería; y

d) Fotografías, las necesarias que dicte la política de la Guardería, de las personas autorizadas para recoger al menor en ausencia del usuario. El número de personas autorizadas no excederá de tres, debiendo ser mayor de edad y preferentemente tener distinto domicilio entre sí.

Artículo 44.- Las Guarderías Infantiles, deberán llevar un reporte diario del menor. El contenido y la forma del reporte, será conforme lo disponga el reglamento de esta Ley.

CAPITULO VIII

De los Servicios

Artículo 45.- Los proveedores de servicios infantiles en Guarderías deberán contar con un manual para padres o tutores explicando las políticas, reglamentos y procedimientos de dicho proveedor, en su caso los costos del servicio.

Las Guarderías Infantiles deberán velar para que los menores adquieran hábitos higiénicos, sana convivencia y cooperación, aprecio por la dignidad de las personas y la integridad de la familia, evitando privilegios de raza, religión, grupo, sexo o individuo, en concordancia con su entorno social, con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.

Artículo 46.- Los servicios de cuidado infantil incluirán los siguientes aspectos:

a) El cuidado del menor que implica el aseo, alimentación, la salud y la educación;

b) La alimentación deberá ser nutritiva, higiénica, suficiente y oportuna, siguiendo los criterios y lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, para el control del crecimiento y desarrollo del niño y niña;

c) Llevar a cabo los programas y planes de trabajo aprobados por el Consejo;

d) La recreación del menor que promueva los conocimientos y aptitudes para el mejor desarrollo integral;

e) Contribuir y establecer hábitos higiénicos y de sana convivencia acorde a su edad y la realidad social;

f) Vigilar que todos los niños y las niñas estén al corriente de sus vacunas; y

g) Llevar a cabo simulacros de evacuación junto con las autoridades de Protección Civil, para en casos de siniestro.

Artículo 47.- El Consejo podrá solicitar a la Secretaría de Salud para que realice los exámenes médicos que estime necesarios, a los menores de las Guarderías Infantiles sujetándose a las disposiciones y políticas que para tal efecto se señalen.

Artículo 48.- Los horarios de las Guarderías Infantiles se decidirán por quienes las manejen, los cuales podrán cubrir horarios matutinos, vespertinos, diurnos y/o nocturnos, favoreciendo un horario flexible para quienes trabajan o estudian. El usuario deberá respetar el horario que maneja la Guardería.

Solo en casos extraordinarios y excepcionales, y previa comprobación de la situación por parte del usuario al personal autorizado de la Guardería Infantil, se concederá un tiempo extraordinario que en ningún caso excederá de noventa minutos, para efecto de que el usuario pueda recoger al menor.

Artículo 49.- Todas las actividades que se realicen con los menores, se llevará a cabo dentro de los establecimientos de la Guardería Infantil, con excepción de aquéllas que conforme al programa y plan de trabajo aprobado por el Consejo que sea necesario realizar fuera de las instalaciones, en tal supuesto debe avisarse previamente al usuario quien deberá autorizar por escrito la salida del menor.

Artículo 50.- El menor que no sea recogido dentro de los noventa minutos posteriores al cierre de la guardería se considerará que ha sido abandonado, por lo que una vez agotadas las instancias de localización del usuario o personas autorizadas, se procederá previa notificación a los encargados de la Guardería Infantil a presentar al menor ante el Ministerio Público para iniciar el acta que a efectos corresponda.

TITULO TERCERO

DEL PERSONAL Y SU PROFESIONALIZACION

CAPITULO I

Del Personal de las Guarderías Infantiles

Artículo51.- Todo el personal que labore en Guarderías Infantiles deberá presentar un certificado médico, que contenga exámenes completos de laboratorio y los exámenes psicológicos que el Consejo considere necesarios, con el fin de determinar la ausencia de enfermedades infectocontagiosas y mentales. Estos exámenes deberán proporcionarse de forma gratuita y actualizarse cada seis meses.

Artículo52.- En las Guarderías Infantiles se contará como mínimo con: educadora, enfermera, asistente educativo o su equivalente, puericultista, cocinera y nutrióloga o su equivalente, a los cuales se les debe capacitar continuamente.

Cualquier personal en Guarderías Infantiles tendrá la obligación de informar cualquier situación de peligro al encargo de la misma o a su superior, la que a su vez tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para que cese dicha situación inmediatamente.

Artículo53.- El número de personal con el que contará la Guardería dependerá del número de niños que atiendan, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, la misma que fijará las funciones de cada uno.

Para salvaguardar la integridad de los niños y de las niñas, no se permitirá la entrada a persona ajena a la Guardería Infantil sino solamente al personal de la misma, quienes serán los únicos que tendrán contacto con los menores, y el personal de vigilancia, como de intendencia u otros que no realicen actividades del cuidado del menor dentro de sus funciones especificas, deberán mantenerse alejados de las áreas de los infantes. En todo caso el reglamento interno o políticas de la Guardería especificará las funciones dentro del establecimiento.

Con excepción al párrafo anterior, la Guardería Infantil deberá prever dentro de sus políticas o sus programas el derecho que tienen los padres o custodios legales de realizar visitas mientras los niños se encuentran a su cuidado, debiendo regular este tipo de visitas.

Artículo54.- Los prestadores de servicio de cuidado infantil de las Guarderías deberán tratar a los niños con respeto y comprensión, ésta deben sustituir al hogar y fomentar un buen desarrollo del niño. Asimismo, a los padres o usuarios.

CAPITULO II

De la Profesionalización del Personal

Artículo55.- Los prestadores de servicio de cuidado infantil de las Guarderías deberán contar con la acreditación de sus estudios respectivos, según sea el área en que laboren. Sin excepción, los integrantes del personal profesional de las Guarderías deberán tomar los cursos de capacitación y actualización acreditando el parámetro impuesto en el respectivo reglamento de los mismos.

Artículo 56.- Cuando en una Guardería alguna persona no cumpla de manera reiterada con lo estipulado en el artículo anterior, el titular de dicho centro de cuidado infantil, independientemente cual sea su modalidad, deberá prescindir de sus servicios.

Artículo57.- Cuando se determine que el personal de una Guardería no ha dado cumplimiento con los lineamientos impuestos en el artículo anterior, se sujetará a lo dispuesto en el capítulo de sanciones e infracciones de esta ley.

TITULO CUARTO

DE LOS MENORES CON CAPACIDADES DIFERENTES

CAPITULO I

De la Admisión y Cuidado para los Menores con Capacidades Diferentes

Artículo 58.- Las guarderías estarán obligadas a recibir en igualdad de condiciones a los niños con capacidades diferentes.

Artículo 59.- El ingreso de los niños con capacidades diferentes quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con que cuenta cada Guardería con respecto de la admisión general.

Artículo 60.- Para su ingreso a una Guardería Infantil, los niños con capacidades diferentes deberán tener una constancia de evaluación por médico especialista de acuerdo al tipo y grado de discapacidad.

Artículo 61.- Se entenderá por niños con discapacidad no dependientes los que padezcan algún tipo de discapacidad que contemple el reglamento de la presente Ley, y que no dependan de algún cuidado o atención especializada distinta a los que se describen en la presente Ley para la atención de niños en Guarderías Infantiles.

TITULO QUINTO

DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO

CAPITULO I

Del Cumplimiento de las Recomendaciones Medico-Preventivas para el Infante

Artículo 62- Para que el usuario tenga los derechos de la Guardería Infantil deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, así como las políticas y disposiciones que al efecto se emitan.

Asimismo, deberá dirigirse con respeto y cortesía, no debe dirigirse con palabras ofensivas, ni mucho menos agredir al personal que labora en la Guardería, de lo contrario se tomaran las medidas que dicte la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 63.- Es obligación del usuario mantener informado al personal de la Guardería Infantil, de cambios de números de teléfono, de domicilio de centro de trabajo, así como cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para recoger al menor.

Artículo 64.- Los menores solo serán entregados al usuario o a las personas autorizadas para recogerlos, previa exhibición de la credencial que en su oportunidad les sea expedida por la Guardería Infantil.

Artículo 65.- La pérdida de la credencial de identificación del usuario o de la persona autorizada para recoger al menor deberá ser comunicada por escrito en forma inmediata a la Guardería, para su reposición.

Artículo 66.- El usuario o persona autorizada no deberán presentarse a recoger al menor a la Guardería Infantil, bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia toxica que altere su estado de conciencia.

En caso de cumplirse con el supuesto anterior, el o la encargada de la Guardería Infantil se reserva la facultad de retener al menor hasta antes del cierre de la misma, lapso durante el cual el personal de la Guardería agotará las instancias para localizar a las personas autorizadas y llegado el caso, se procederá de acuerdo a lo establecido para el manejo del niño abandonado, regulado por el artículo 50 de esta Ley y en su caso del reglamento.

Independientemente de lo señalado anteriormente, el usuario se hará acreedor a las sanciones que sobre el particular se establezcan.

Artículo 67.- El usuario deberá informar al personal de la Guardería Infantil todos aquellos datos relacionados con el menor, que desde el punto de vista biológico, psíquico o social, considere necesario que el personal de la Guardería Infantil deba tener conocimiento.

La información a la que se refiere este artículo y el artículo anterior deberá proporcionarse a más tardar el día hábil siguiente en que ocurran los hechos.

Artículo 68.- El usuario está obligado a observar las indicaciones de tipo médico-preventivo que se le hagan por parte del personal autorizado de la Guardería, a fin de que el menor sea sometido a exámenes médicos.

Artículo 69.- El usuario o persona autorizada presentará al menor con sus artículos de uso personal en la cantidad necesaria y con las características que le señale la Guardería Infantil.

Artículo 70.- Los menores no llevarán ningún objeto que les pueda causar daño a su persona o a la de los otros menores, de igual manera no podrán llevar alimentos, alhajas o juguetes, permitiendo sólo el acceso de estos últimos, el día en que el programa de trabajo lo requiera.

Artículo 71.- El usuario o persona autorizada informará diariamente al personal de la Guardería, el estado de salud que observó el menor durante las últimas doce horas.

En caso de que se informe que el menor durante ese lapso sufrió algún accidente o presentó alteraciones en su estado de salud, el usuario o persona autorizada deberá esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su aceptación o rechazo, en este último caso, el usuario o persona autorizada se encargarán de trasladar al menor al centro de salud o unidad médica que corresponda.

La omisión de proporcionar la información mencionada en el presente artículo, relevará en su caso, de responsabilidad al personal de la Guardería Infantil.

Artículo 72.- Es obligación del usuario o de la persona autorizada informar al personal de la Guardería Infantil las causas que hayan originado las lesiones físicas que presente el menor y que hubieren sido detectadas por el personal de la misma en su recepción o durante su estancia. Dependiendo de la gravedad de las lesiones y en caso de que éstas se apreciaran reiteradamente en el cuerpo del menor, el responsable de la Guardería Infantil tomará las medidas médicas, administrativas o legales que correspondan, solicitándose en este último caso el apoyo del Consejo y del Ministerio Público que corresponda.

Artículo 73.- En caso de que se deba administrar algún medicamento o alimento especial al menor durante su estancia en la Guardería Infantil, se seguirán los siguientes lineamientos:

I.- El usuario entregará la receta médica al momento de presentar al menor en la Guardería, misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener fecha de expedición no mayor de siete días anteriores a su presentación;

b) Nombre del Médico que la expide;

c) Matricula o cédula profesional;

d) Firma del Médico responsable;

e) Medicamento o alimento que se deba de administrarse; y

f) La dosis y forma de administrarlo.

II.- La administración del medicamento o alimento especial será siempre a solicitud del usuario en la forma que señale la receta respectiva y de acuerdo a los horarios establecidos en la Guardería Infantil; y

III.- La falta de presentación de la receta médica para la administración de medicamentos o alimentos especiales al menor, será causa de su no admisión por ese día y así también cuando la receta prescriba la aplicación de inyecciones, gotas ópticas y oftálmicas, las cuales tengan que administrarse al menor durante su estancia en la Guardería Infantil.

Artículo 74.- El usuario está obligado a acudir a la Guardería Infantil en los siguientes casos, de los cuales podrá acudir en su lugar si así lo decide la Guardería la persona autorizada:

I.- Cuando se requiera su presencia por motivos de salud del menor;

II.- Para realizar trámites administrativos; y

III.- Cuando se requiera su participación activa en los programas educativos y de integración familiar del menor.

Artículo 75.- El usuario deberá avisar con anticipación al personal de la Guardería Infantil la inasistencia del menor a la misma, así como las causas que la motiven.

Artículo 76.- Cuando el usuario informe a la Guardería Infantil la inasistencia del menor por padecer una enfermedad infectocontagiosa, para ser readmitido, el usuario deberá presentar una hoja de valoración médica que le será proporcionada por el personal de la Guardería Infantil, misma que deberá ser llenada por un Médico particular, Centro de Salud o Unidad Médica, según corresponda.

Artículo 77.- En caso de inasistencia del menor no justificada por más de ocho días, se presumirá la enfermedad del mismo, y para su readmisión se deberá seguir por parte del usuario el trámite del artículo 73.

Artículo 78.- Cuando el menor durante su estancia en la Guardería Infantil requiera de atención médica de urgencia, será trasladado al Servicio Médico correspondiente, por el personal de la Guardería Infantil.

En este caso se informará al usuario o personas autorizadas dicha situación, quienes tendrán la obligación de presentarse en el lugar médico en que se encuentre el menor para conocer de su estado de salud y permanecer con él.

El personal de la Guardería Infantil que acompañe al menor al centro de Salud o en el lugar medico en el que se encuentre, permanecerá con el menor hasta en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales se deberán identificar plenamente.

TITULO SEXTO

DEL FINANCIAMIENTO

CAPITULO I

De los medios de financiamiento que observaran las guarderías

Artículo 79.- LasGuarderías Infantiles como centros de servicios de carácter público, privado o mixto, que prestan un servicio a la madre y padre de familia que trabajan, son sujetas de financiamiento de acuerdo a la modalidad del servicio que se preste. En todo momento se atenderá a lo que estipule la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y las normas que se establezcan según sea el caso.

Artículo 80.- El Consejo Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil como órgano autónomo gozará de patrimonio y personalidad jurídica propia. El Congreso de la Unión determinará en el Presupuesto de Egresos un apartado específico para este rubro.

Artículo 81.- Para efecto de cumplir con lo estipulado en esta Ley y en su Reglamento en cuanto a programas de Educación y Salud será la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Educación quienes en coordinación con las Entidades Federativas, y de acuerdo con el Consejo, determinen los mecanismos y modalidades a fin de cumplir con este rubro.

TITULO SEPTIMO

DE LAS VISITAS E INSPECCIONES

CAPITULO I

Del procedimiento en las visitas de inspección.

Artículo 82.- El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo, ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan y aplicarán las sanciones que este ordenamiento establece, sin perjuicio de las facultades que confieran a otras dependencias, otros ordenamientos federales y locales aplicables en la materia de que se trate.

Artículo 83.- El Consejo y/o la dependencia correspondiente podrán realizar, por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.

Artículo84.- El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia impida o invalide los efectos de la inspección.

Artículo 85.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Dicha acta deberá de contener las firmas del dueño del establecimiento, del personal encargado del establecimiento, y del Personal enviado por la unidad correspondiente para realizar la inspección.

Artículo 86.-Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.

Artículo 87.- A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con la que se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.

Artículo 88.- Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez.

El inspector podrá ordenar medidas correctivas, de acuerdo con las irregularidades encontradas durante la visita, mismas que quedarán anotadas en dicha acta.

TITULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. SUSPENSION Y

REVOCACION DE LA LICENCIA

CAPITULO I

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 89.- Las infracciones a esta Ley y su Reglamento, según las particulares circunstancias y modalidades de los establecimientos, serán motivo de las siguientes sanciones, por el Consejo Nacional de de Guarderías para el Cuidado Infantil o la Autoridad competente:

I.- Amonestación escrita;

II.- Amonestación escrita con apercibimiento;

II.- Multa de 50 a 1000 días de salario mínimo general vigente en la zona que se trate;

III.- Suspensión temporal del establecimiento hasta por treinta días naturales;

IV.- Suspensión definitiva del establecimiento; y

V.- Cancelación de la licencia a que refiere el artículo 27.

Artículo 90.- La aplicación de las sanciones se hará atendiendo a las circunstancias del caso, debiendo fundarse y motivarse.

Artículo 91.- Procederá la amonestación cuando las infracciones sean leves y no reiteradas, entendiéndose por faltas leves las que se cometan por error o ignorancia, siempre y cuando no hayan afectado gravemente la seguridad o salud de los menores a cargo del establecimiento de que se trate.

Artículo 92.- El Consejo aplicará la amonestación mediante escrito, apercibiendo al propietario o representante de la Guardería Infantil, de que en caso de reiteración en la falta, se sancionará en forma más severa.

Artículo 93.- Procederá la multa cuando haya reiteración en una falta leve.

Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 94.- Para la fijación de las infracciones y sanciones se tomará en cuenta lo siguiente:

I.- La gravedad de la infracción;

II.- Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;

III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV.- La calidad de reincidente del infractor; y

V.- La naturaleza y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.

Artículo 95.- En caso de reincidir en el incumplimiento del segundo párrafo del artículo 62, previa investigación que se realice sobre el particular por el Consejo, éste ordenará el cambio de Guardería del menor.

Artículo 96.- La suspensión de un menor en el servicio de Guardería Infantil podrá ser indefinida por las siguientes causas:

I.- Cuando el menor presente algún padecimiento de tipo irreversible e incapacitante que requiera manejo y técnicas especializadas, a menos de que la Guardería Infantil sea especializada en la incapacidad del menor; y

II.- Reincidencia en algunas de las causas que originaron una suspensión temporal conforme al reglamento por incumplimiento a lo establecido en los artículos 50 y 66 de esta Ley.

La suspensión indefinida será valorada y razonada por el Consejo.

Artículo 97.- En caso de suspensión del servicio se notificará personalmente y por escrito al usuario, especificando si la suspensión es temporal o indefinida y las causas que la originaran.

Artículo 98.- Las amonestaciones escritas, suspensión temporal del menor, serán objeto de la reglamentación que se expida para tal efecto emanado de la presente Ley.

CAPITULO I

De la Suspensión

Artículo 99.- El Ejecutivo Federal y/o los Ejecutivos Locales por conducto del Consejo, son los responsables de la operación de las Guarderías en la República, y son quienes podrán ordenar la suspensión temporal o definitiva de los servicios que presta una Guardería, según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, cuando se den las causas que se mencionan a continuación:

I.- Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento epidémico entre los menores, de tal manera que se haga indispensable aislar el área que ocupa la Guardería Infantil por el tiempo que la Secretaría de Salud considere necesario;

II.- Cuando a juicio de la Guardería Infantil sea necesario ejecutar obras de reparación, ampliación, remodelación o reacondicionamiento del inmueble que ocupa la Guardería, durante las cuales sea imposible la prestación del servicio en condiciones normales para los menores o se ponga en riesgo su seguridad;

III.- Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa que impida la prestación del servicio;

IV.- Cuando carezca de la correspondiente licencia de acuerdo a la Ley;

V.-Cuando requerido por la autoridad sanitaria, el responsable de la Guardería se niegue a cumplir con las indicaciones que legalmente le hubiere hecho la autoridad, para evitar riesgos en la salud de las personas; y

VI.- Cuando después de la reapertura de la Guardería por clausura temporal, las actividades que en ella se realicen sigan constituyendo un peligro para la salud.

CAPITULO II

De la Revocación de la Licencia

Artículo 100.- Son causas de revocación de licencias expedidas por el Consejo, las siguientes:

I.- Suspender sin causa justificada las actividades del establecimiento por un lapso mayor de 5 días naturales;

II.- Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas;

III.- Poner en peligro la seguridad o la salud de los menores a su cargo, con motivo de la operación del establecimiento; y

IV.- Dejar de satisfacer algunos de los requisitos o incumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y en la licencia o convenio respectivos, considerados como graves.

TITULO NOVENO

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAPITULO I

Del Recurso de Revisión

Artículo 101.- Para la defensa jurídica de los particulares, se establece el recurso de revisión y de inconformidad previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Los cuales deberán presentarse por escrito y en la forma y modalidad que marca la Ley del Procedimiento Administrativo en comento.

Artículo 102.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de las sanciones pecuniarias, cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al interés general.

En ningún caso procederá la suspensión si existe riesgo para la salud física o emocional de los infantes o menores.

Artículo 103.- El recurso deberá presentarse por escrito, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto que se reclama.

Artículo 104.- Tratándose de actos derivados de faltas leves de las señalas en el artículo 90 de esta Ley, además de garantizar el interés fiscal, la interposición del recurso suspenderá su ejecución, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

I.- Que lo solicite el recurrente.

II.- Que no exista riesgo para continuar proporcionando el servicio.

III.- Que con la ejecución de la sanción se ocasione al prestador del servicio un acto de difícil reparación.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 105.- Cualquier particular, bajo su responsabilidad y ofreciendo los medios de prueba a su disposición, podrá denunciar las conductas que constituyan una infracción a esta Ley, los Reglamentos que de ella deriven y, en general, las condiciones de operación establecidas en el aviso de funcionamiento o convenio respectivos. Para todo lo no previsto en la presente Ley, respecto al procedimiento de investigación y aplicación de sanciones se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Será optativo para el particular el recurso de revisión que establece esta Ley, pudiendo acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Artículo 106.- Para efectos de lograr el cumplimientos de la presente ley, el personal comisionado para llevar a cabo el acto de autoridad, estará provisto de la facultad de requerir el apoyo de la fuerza pública, e incluso para decretar el arresto administrativo que corresponda hasta por 36 horas a quien se oponga al acto de autoridad, para lo cual el personal actuante deberá fundar y motivar la orden de arresto, y la autoridad correspondiente remitirá al infractor al lugar en que deba cumplir la medida. El arresto podrá ser levantado mediante el pago de la multa correspondiente que se realice ante el Juez Calificador del municipio que corresponda.

Artículo 107.- La presente Ley regula todas las Guarderías infantiles en cualquiera de sus modalidades, existentes y futuras.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los titulares que cuenten con licencias expedidas con anterioridad a esta Ley que amparan el funcionamiento de las Guarderías Infantiles, contarán con un término de seis meses contado a partir del día en que entre en vigor el Reglamento de la misma, a efectos de regularizar su situación, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en dichos ordenamientos jurídicos.

ARTICULO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, expedirá el Reglamento correspondiente en un plazo no mayor de ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. La falta de publicación del Reglamento no impedirá su aplicación.

ARTICULO CUARTO.- A más tardar dentro de los dos meses después de haber creado el Reglamento a que se refiere el artículo transitorio anterior, deberá funcionar el Consejo.

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Educación de la Federación por conducto del Consejo garantizará que el personal para las Guarderías Infantiles sea de alta calidad y preparación.

ARTICULO SEXTO.- Las Autoridades Estatales y Municipales modificaran sus reglamentos para la aplicación de la presente Ley, previendo incluso la clausura del lugar, de no cumplir con los requisitos de uso de suelo y medidas de Protección Civil que pongan en peligro la salud o vida de los infantes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO SEPTIMO.- Las acciones, que en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en razón de su competencia, corresponderán ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que impliquen ejercicio de recursos, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez”.

Se recibió de los Senadores Francisco Herrera León, Fernando Jorge Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar y adicionar los artículos 40-F y 222 de la Ley del Seguro Social, misma que se turna a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR Y ADICIONAR LOS ARTICULOS 40 F, 222, FRACCION I APARTADO D Y FRACCION II DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por los CC. Senadores Francisco Herrera León, Fernando Jorge Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

“Los que suscriben, FRANCISCO HERRERA LEON, FERNANDO CASTRO TRENTI, FERNANDO BAEZA MELENDEZ, ADOLFO TOLEDO INFANZON, RAUL MEJIA GONZÁLEZ, Y MARIO LOPEZ VALDEZ, Senadores de la República de la LXI Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR Y ADICIONAR LOS ARTICULOS 40 F, 222, FRACCION I APARTADO D Y FRACCION II DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De manera cotidiana, los seres humanos deben hacer frente a diversos riesgos que se producen durante su vida, estos surgen de la convivencia social o son resultado de la actividad económica. Así las familias pueden sufrir la enfermedad de alguno de sus miembros y asumir los costos de la atención que esta implica. Las madres trabajadoras deben encontrar lugares adecuados para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral. Los trabajadores pueden ver reducida su capacidad productiva a causa de algún accidente. Las personas de mayor edad, deben enfrentar una disminución de sus aptitudes físicas y, consecuentemente, menores opciones de empleo y ser perjudicial para su calidad de vida. Cualquier sociedad o país, puede verse obligado a enfrentar los efectos de fenómenos naturales, o los vaivenes económicos originados por la volatilidad propia de los efectos de las crisis.

Una respuesta inadecuada a todos estos riesgos o la carencia de instrumentos públicos apropiados para hacerles frente, puede llevar al aumento de la pobreza, de la desigualdad en las oportunidades y en la inequidad en el acceso a servicios públicos vitales, como son la educación y la salud. Esto no solo perjudica a las personas o las familias, sino que puede dar pie a la incertidumbre, la desconfianza y a las tensiones sociales que afectan al conjunto de la sociedad.

Por estas razones, México ha venido revisando sus mecanismos de protección social y adecuando sus instituciones de seguridad social para darles viabilidad y capacidad de respuesta frente a la complejidad de la vida moderna. En las últimas décadas, se ha venido rediseñando el entramado normativo, presupuestario e institucional con la mirada puesta en conseguir que la capacidad del Estado para tutelar los derechos colectivos, sea cada vez más eficaz, más eficiente y con una cobertura realmente universal que además de brindar seguridad a las personas, contribuya a multiplicar las oportunidades y al aprovechamiento del potencial de la población mexicana.

En nuestro país la implantación de normas e instituciones protectoras fue una inquietud constante desde principios del siglo XX, dando origen a diversos ordenamientos en el ámbito local y federal, como las leyes de accidentes de trabajo de los estados de México, Nuevo León y Chihuahua; así como las leyes de trabajo de Jalisco, Veracruz, Yucatán e Hidalgo y el decreto expedido por Venustiano Carranza el 12 de diciembre de 1914, por el cuál se incorporó dentro del Plan de Guadalupe la preocupación para efectuar las reformas necesarias que promovieran el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Este planteamiento encontró forma legislativa en el constituyente de 1917, al incluirse, en la redacción original del artículo 123 constitucional, la obligación para el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados de fomentar el establecimiento de “cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos”.

Este mandato constitucional, derivó en diversos intentos por promulgar una ley del Seguro Social, la cuál no pudo cristalizarse hasta el año 1943. Este ordenamiento significó una importante evolución en la tutela del Estado sobre derechos humanos fundamentales, como son la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.

A pesar de que la ley del Seguro Social posibilitó agrupar y dar coherencia a los numerosos esquemas de protección que eran ofrecidos por los sindicatos o grupos de trabajadores, su promulgación no logró la cobertura universal para todos los mexicanos, debido a las limitaciones que le impusieron su carácter vertical, es decir, su orientación exclusiva hacia los trabajadores del sector formal de la economía, dejando sin protección a amplios sectores y grupos de la población.

Para resolver esta limitante, algunos fondos o servicios sociales continuaron operando fuera del nuevo esquema de seguridad social y otros se crearon para atender a grupos específicos

En este contexto, la protección social para los trabajadores de los poderes federales siguió operando bajo los preceptos de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, promulgada en 1925, así como por lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y por otras disposiciones. Las deficiencias en la acción protectora de estos ordenamientos, obligaron a incluir el apartado B en el artículo 123 constitucional, mediante su reforma en 1959, cuyo objeto fue elevar a rango constitucional los derechos del trabajo burocrático. En este mismo año, el legislativo promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ordenamiento en cuya exposición de motivo se hace un claro reconocimiento a las deficiencias observadas en la cobertura de la seguridad social, particularmente en el ámbito de la salud, reconocimiento que “si bien se había procurado resguardar temporalmente la conservación de sus ingresos, en caso de enfermedad durante el servicio activo y aminorar las consecuencias de su perdida en el infortunio o la vejez, con el sistema de pensiones vigente, que tanto arraigo ha alcanzado, también es verdad que solo parcial, discrecional y aisladamente se ha atendido a las necesidades de servicios médicos y medicinas, que fatalmente son necesarios en toda familia. Las erogaciones que por esos conceptos hacen permanentemente los trabajadores, menguan gravemente sus presupuestos familiares. Por otra parte, fuera de los breves plazos de conservación del salario señalados en el Estatuto Jurídico, al sobrevenir un acontecimiento, enfermedad o accidente, que implicara la perdida de este único ingreso del servidor del Estado que lo recibe como retribución a su esfuerzo personal, la situación económica de su hogar sufría un penoso quebranto”.

Además, de un intento de ampliar la cobertura poblacional se fueron creando diversos mecanismos u organismos que cubren específicamente a segmentos específicos de trabajadores, como son los esquemas de protección en salud y pensiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunas universidades, así como las instituciones encargadas de garantizar la seguridad social de los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios.

Con el mismo espíritu de universalización se promulgo, en 1973, una nueva Ley del Seguro Social en la cual se reconoció la necesidad de que la seguridad social fuera dinámica, dado el incremento demográfico, la continua transformación de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de trabajo. Además se aceptó que, a pesar de los avances logrados en los treinta años que estuvo en vigor la ley original, solo se había logrado comprender el veinticinco por ciento de la población, ya que “numerosos grupos que componen la sociedad mexicana” no tenían “capacidad suficiente para aportar su contribución” a los sistemas entonces vigentes.

Las deficiencias de esta norma y las complicaciones financieras del IMSS, motivaron la promulgación de la actual Ley del Seguro Social en 1995, la cual se fundamenta en el propósito de “emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo, acrecentar su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de prestaciones medicas, así como garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas”.

En el campo de la salud, los cambios mas notables de esta Ley fueron el otorgamiento de facultades al IMSS para establecer programas preventivos; la ampliación y fortalecimiento del seguro de enfermedades y maternidad; la posibilidad de reversión de cuotas a favor de aquellos patrones que puedan ofrecer y garantizar los servicios médicos y hospitalarios, así como la creación del seguro de salud para la familia, como el mecanismo por el cual, mediante el pago de una cuota fija, cualquier familia que no sea sujeta del régimen obligatorio puede establecer un contrato con el instituto para acceder a las prestaciones medicas que éste otorga.

Las necesidades de atención médica de los grupos de la población mexicana menos favorecidos económicamente, han sido atendidas por un gran número de instituciones públicas y por un cúmulo de programas públicos que a menudo se dirigen a resolver problemas específicos y, en muchas ocasiones, no han tenido la continuidad necesaria para materializar sus objetivos.

Es importante destacar los esfuerzos continuos que ha realizado el legislador por romper con el modelo vertical y desigual con que se le viene garantizando el derecho social a la salud de los mexicanos. Este objetivo se ha venido planteando desde la reforma realizada, en 1983, por lo cual se incorporó al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona a la protección de la salud. En efecto, son de resaltar algunas de las ideas precursoras en el concepto actual sobre la protección que debe ofrecer el Estado a sus ciudadanos, las cuales se incluyeron en la exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional. Entre estas, el deseo de sentar bases mas firmes para la universalización, puesto que se considera que la salud “como ninguna otra condición para el disfrute de una vida plena, no admite discriminaciones. No puede hablarse de una sociedad sana cuando tiene injustamente sectores completos de la población, sin el disfrute real de este derecho”. Aún más, en dicho texto se dice que “el derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al termino de la vida, no solo prolongándola, sino haciéndola mas grata dándole mayor calidad, haciéndola mas digna de ser vivida”.

La reforma constitucional se decanto en una serie de modificaciones normativas y administrativas, como fueron la promulgación de la actual Ley General de Salud de 1984, la creación de las leyes estatales de salud, la sectorización institucional y la descentralización de los servicios de salud hacia las entidades federativas.

Asimismo, el derecho a la protección de la salud influyó en la trascendental reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que incluyó el Titulo tercero bis sobre la Protección Social en Salud. Esto permitió que se extendiera el aseguramiento en materia de salud a la población no cubierta por las instituciones de seguridad social, mediante la creación del Sistema de Protección Social en Salud. Sistema con el que se intenta alcanzar la universalización de la salud a través de un conjunto integrado por tres seguros públicos: un seguro para los asalariados del sector privado formal de la economía, un seguro para los trabajadores al servicio del Estado y otro para los autoempleadores y los desempleados sin acceso a la seguridad social a cargo de esta nueva institución.

En esencia, la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) persiguió hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud para todos los mexicanos y resolver los problemas estructurales que afectaban la provisión de servicios médicos a la población no asegurada que se calculaba en mas del 50% de la población.

Además, con este mecanismo se pretendió solucionar los graves desequilibrios financieros que afectaban el funcionamiento de las instituciones de salud y el otorgamiento de los servicios, mediante nuevas formas organizativas y recursos adicionales que se deben destinar, tal como se señala en la exposición de motivos, al financiamiento de “la atención de la población que carece de una relación laboral con un patrón y, por tanto, hasta hoy excluida de las instituciones de seguridad social”.

El modelo plantea un esquema tripartito de financiamiento y, en lo que hace a los recursos federales, establece dos tipos de aportaciones:

1. Una cuota por familia que será anticipada, anual y progresiva, que se determinará con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia, la cual deberá cubrirse en la forma y fechas que determine la Secretaría de Salud.

2. Una aportación concurrente entre las entidades federativas y la Federación, con un valor mínimo predeterminado que en el caso de las primeras es del cincuenta por ciento de la cuota social y en el caso de la Federación es equivalente a 1.5 veces dicha cuota.

La exposición de motivos de esta reforma, precisa dos definiciones de gran importancia para las políticas públicas de protección social que, en consecuencia, son de resaltar.

En primer término, el legislador sugiere que “con este tercer seguro público, como nuevo componente financiero del Sistema Nacional de Salud, se alcanza el ideal de la universalidad de la seguridad social en materia de salud”, es decir, reitera el objetivo esencial que ha motivado la mayoría de las reformas en el ámbito de la protección social, lograr que todos los mexicanos accedan, sin distinción alguna, a un mínimo de garantías para el desarrollo pleno de sus capacidades.

En segundo lugar, se dice que la iniciativa “atiende a la justicia distributiva, al asegurar para cada familia beneficiaria del SPSS una aportación mínima para el sostenimiento de su salud. Con esta cuota se tiende al reconocimiento social de la Federación frente a la garantía individual de la protección de la salud”. Esto es relevante porque representa una evolución en la conceptualización de las políticas de protección social, las cuales ya no se califican como instrumentos asistenciales, sino como un medio idóneo para dar contenido efectivo a derechos sociales explícitos.

Con la puesta en marcha del SPSS se ha mejorado el acceso y el soporte financiero de los servicios de salud que se proporcionan a una gran parte de la población mexicana. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a mayo de 2008 se tenían afiliadas a casi 7.8 millones de personas. Para el año 2009, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se tiene prevista una afiliación de 10.9 millones de familias, es decir, una cobertura para 32.8 millones de personas.

Por último, la creciente expedición de la nueva La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, culmina el esfuerzo reformador por tratar de ingresar un sistema de protección social coherente y equitativo, incorporado en el régimen financiero de este Instituto tanto el carácter solidario en las contribuciones para las acciones de protección social, como el deber del Estado frente a los derechos sociales de sus trabajadores; esto se concreta mediante la asignación a la Federación de obligaciones patronales y la inclusión de una cuota social financiada por el Estado.

Todos estos antecedentes históricos demuestran como en México hemos venido avanzando hacia la universalización de la protección social de la salud y superando aquella visión equivocada, por la cual se organizo la intervención del Estado sobre la base de una falsa dicotomía que separaba e impedía armonizar las responsabilidades en materia de protección social con aquellas atribuidas a las instituciones de la seguridad social.

En las últimas tres décadas se han expedido una serie de leyes y promulgado diversas reformas orientadas abordar los problemas de esta fragmentación y construir un autentico sistema universal de protección social en salud.

Ésta generación de reformas ha intentado que la salud se convierta en un factor que apoye a los mexicanos en la plena realización de sus objetivos y aspiraciones individuales, familiares y sociales.

Bajo este contexto no puede admitirse que subsistan de exclusión o inequidad en le ejercicio de este derecho social fundamental. Si los objetivos comunes son reducir la pobreza, asegurar la igualdad de oportunidades para los mexicanos y apoyar la ampliación de sus capacidades, es necesario que todas las acciones del Estado se funden en sólidos principios de justicia e igualdad para todos.

En consecuencia, el Poder Legislativo debe velar porque los cambios aprobados en distintos momentos de la historia nacional, consigan el objetivo propuesto: la universalización de la protección social en salud.

Ante este deber, se requiere que el legislador continúe revisando las normas emitidas, corrigiendo sus omisiones y las deficiencias que impidan el propósito anhelado.

Efectivamente, tal como se ha planeado, con la implementación de las reformas realizadas a los tres principales seguros públicos, se ha mejorado el acceso a los servicios de salud institucional y se ha dotado de recursos adicionales para que la inmensa mayoría de la población tenga un futuro más cierto y esté mas capacitada para enfrentar los riesgos que corre su salud a lo largo de la vida.

Sin embargo, es de notar que la redacción vigente de la Ley General de Salud no garantiza la universalización de la protección del Estado a la salud de todos los mexicanos, dado que la misma parte de algunos supuestos relacionados con la fragmentación institucional que originan un trato desigual por parte del Estado para ciertos grupos de la población mexicana.

En concreto, el artículo 77 Bis 3 de la Ley señala que se incorporarán la SPSS todas “las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de la seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de prevención social de salud” lo que condiciona la posibilidad de recibir la protección ordenada por el artículo 4 constitucional para cientos de miles de familias mexicanas.

En efecto, este texto se plasmó con el propósito de evitar duplicados esfuerzos materiales y económicos que debe realizar el Gobierno Federal para brindar cobertura a toda la población y tiene mucho sentido, si se toma en cuenta las aportaciones monetarias que debe efectuar al IMSS, ISSSTE o SPSS en representación de Estado Nacional son equivalentes entre si.

No obstante, esta finalidad lleva a una evidente confusión entre la posibilidad que tienen ciertos grupos poblacionales para acceder a determinados servicios de salud y el cumplimiento, por parte del Estado, de sus deberes en esta materia. Es claro que el hecho de que algunos ciudadanos puedan adquirir un seguro de salud, ofrecido por algunas de las empresas privadas del sector asegurador del país o que laboren en algún organismo o empresa, ya sea del sector publico, del privado o del social, en las que se opere algún mecanismo de prevención social, no releva al Estado de las obligaciones que en materia de salud establece la Constitución.

Grupos numerosos de trabajadores, la mayoría de los cuales se desempeñan en las administraciones publicas de las entidades federativas, el distrito federal y en los gobiernos municipales, se encuentra impedidos para acceder al SPSS y se enfrentan a una desventaja para resolver sus necesidades de salud, frente a otros que reciben el respaldo financiero y regulatorio del Gobierno Federal, lo que compromete sus oportunidades humanas y las de sus familias o los hablita a realizar esfuerzos económicos adiciónales.

Esta situación constituye uno de los temas pendientes en la agenda de la protección social en México, así como un obstáculo evidente en el objetivo de construir un sistema universal que contribuya a la transformación que requiere el país

Aun más, en el de la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, el legislador cuidó que se mantuvieran las obligaciones materiales y económicas del Estado cuando, en virtud de algún convenio de incorporación voluntaria, los servicios de salud son proporcionados por alguna de estas instituciones. De esta forma, la prestación de los servicios de salud a trabajadores estatales y municipales solo puede contar con protección del Estado, si el organismo es federal y no como respuesta a los derechos sociales establecidos para todos los mexicanos. En efecto, las disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de la incorporación voluntaria de este tipo de trabajadores, establecen que las obligaciones patronales deben ser cubiertas por el organismo que opte por incorporar a sus trabajadores, en tanto que a la Federación se la obliga a enterar las aportaciones de la protección social, en los mismos términos que debe hacerlo para los trabajadores del régimen obligatorio.

Los trabajadores de los estados y los municipios suman más de un millón cien mil familias que se traducen en tres millones de personas a cubrir. Buena parte de estos trabajadores ya se encuentran incorporados al IMSS o ISSSTE, de tal forma que solo se encuentren en condición de exclusión aquellos estados, municipios o universidades que cuentan con un mecanismo propio de previsión social. De acuerdo con datos del 2007, resultan ser once las entidades federativas que cubren directamente las prestaciones médicas a trabajadores estatales y municipales, o lo hacen una parte de estos. Estas once entidades registran una cobertura total de 678,688 asegurados. Estos servicios se prestan en 208 unidades médicas de los distintos niveles de atención.

La cobertura sanitaria que se ofrecen a estos trabajadores varía entidad a entidad y de forma de municipio a municipio, ofreciendo en algunos casos una cobertura integra, de forma similar que ofrecen el IMSS y el ISSSTE.

Aunque los trabajadores de estados y municipios disfrutan una cierta estabilidad laboral, sus condiciones de vida no presentan una gran diferencia a lo que sucede con cualquier empresa laboral. Entre estos existe personal directivo que cuentan con salarios altos pero también modestos servidores públicos que se desempeñan en actividades importares para la sociedad en su conjunto como los servicios de policía, bomberos, recolección de basura limpieza de parques y jardines, por mencionar algunos de ellos.

De igual forma, la salud de quienes trabajan en estados y municipios enfrentan retos similares a los que afectan al resto de la población, es decir, los relacionados con la transición demográfica y epidemiológica que han provocado que la relación de los adultos mayores este adquiriendo un mayor peso especifico en el volumen de servicios que deben otorgarse, así como en la mayor incidencia de enfermedades no transmisibles.

Cabe también mencionar que estos grupos poblacionales presentan mayores tasas de utilización de los servicios de salud que el resto de la población, lo que compromete el financiamiento de los servicios y, finalmente, la oportunidad, eficacia y calidad de estos.

La estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta, para 2005, una tasa de 83.3 egresos hospitalarios por cada 1000 derechohabientes de las instituciones estatales, mientras el IMSS registro el mismo año una tasa de 43.1 egresos y el ISSSTE de 32.2 Por otro lado en lo que hace a intervenciones quirúrgicas, se registraron 56.5 cirugías por cada mil derechohabientes, en tanto en el IMSS fuero 31.7 intervenciones y en el ISSSTE de 25.0 y en consulta general, se otorgaron 2,039.9 consultas por millar de derechohabientes, cifra notablemente mayor a las 1,606.6 del IMSS y las 1,404.2 del ISSSTE.

Asimismo, debe subrayarse que la atención médica para estos grupos de la población carece de un adecuado respaldo financiero. A excepción del caso de Sonora, donde recientemente se incrementaron las cuotas y aportaciones para prestaciones medicas, el financiamiento de los servicios medicas se ubica entre el 8% del sueldo integrado para el caso del Estado de México y el 13% del salario sujeto a cotización, proporción que resulta inferior a la determinada recientemente para el ISSSTE, institución para la cual se establecieron aportaciones y cuotas para los servicio médicos que suman, incluyendo la cuota social, 14.97% del sueldo de la cotización.

La insuficiencia financiera con que operen los servicios médicos, ha derivado en continuos déficit de operación que limitan las posibilidades de suministro oportuno y suficiente de medicamentos, disminuye la capacidad institucional para desarrollar y mantener la infraestructura, así como restringe las posibilidades de profesionalización y capacitación del personal medico.

Bajo las condiciones financieras actuales, se pone en riesgo la efectividad de los tratamientos preescritos y, en general, la actualidad de la atención, lo que puede resultar en la insatisfacción para la mayoría de la población protegida.

Por todas estas razones es que resulta necesario modificar la Ley del Seguro Social, como instrumento básico de la seguridad social en México y replantear las condiciones en las que estos trabajadores pueden afiliarse de manera voluntaria a los seguros y prestaciones que ofrece esta institución, abriendo la posibilidad de que estas se realicen de manera completa o parcial, no solo en lo que se refiere a los ramos de aseguramiento establecido, sino a prestaciones especificas que puedan estarse otorgando o se otorguen de manera deficiente.

Además, es necesario que el Estado Nacional cuente con un vehiculo institucional apropiado para hacer llegar a estados mexicanos las contribuciones que se otorgan a cualquier ciudadano con independencia de su condición laboral, del prestador de servicio o de su residencia.

En este sentido, la iniciativa plantea cambios a los artículos 40F y 222, fracción I y II, inciso “d” que facilitan la incorporación parcial de los trabajadores de los estados y municipios a la mayoría de los ramos de seguro que comprende el régimen obligatorio del seguro social, al tiempo de establecer un organismo para determinar las diferencias que existe en las coberturas profesionales entre distintas instituciones, así como para cuotas y hacer llegar las contribuciones del gobierno federal que llegarían a corresponder y se destinan, fundamentalmente, a la atención médica y la protección económica durante la vida en retiro.

Finalmente, es de subrayarse que la iniciativa se vincula estrechamente con la justicia social y al sostenibilidad de las instituciones publicas, la cual constituye una precondición para la transformación integral de la Nación y el desarrollo humano sustentable que México requiere.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Unico: Se reforman y adicionan los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 40F. Salvo lo dispuesto en el artículo 222 de esta Ley, el Instituto no podrá liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos correspondientes.

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados, así como de las entidades públicas encargadas de los sistemas de seguridad social instituidos en otros ordenamientos. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a) – c) (…)

d) Para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta Ley, los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de manera conjunta o por separado y en los términos de los capítulos respectivos, y

A solicitud de las entidades públicas, el esquema de aseguramiento podrá comprender a todas o algunas de las prestaciones de los seguros antes mencionados, de conformidad con el sistema de seguridad social que dichas entidades tengan establecido para sus trabajadores.

En estos casos, se deberá verificar las prestaciones que otorgan dichos esquemas de aseguramiento para determinar las diferencias entre aquellas y las establecidas en esta Ley. Para este efecto, el Instituto, mediante estudio técnico-jurídico y con la participación de las entidades públicas interesada, hará la valuación actuarial de las prestaciones que estos otorgan, comparándolas individualmente con las de la Ley, para elaborar las tablas de ajuste a las cuotas obrero-patronales.

En los casos en los que las prestaciones otorgadas por las entidades públicas, excedan a las establecidas por esta Ley, el Instituto liberará total o parcialmente a las entidades públicas del pago de cuotas obrero-patronales y, cuando corresponda, transferirá a éstas las cantidades resultantes de la valuación actuarial, sin que éstas puedan exceder los montos que el Instituto reciba por concepto de contribuciones del gobierno federal. Cuando estas diferencias resulten del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto depositará los montos correspondientes en las cuentas individuales que los trabajadores tengan establecidas dentro del sistema de seguridad social al que se encuentra incorporado.

Los convenios que se suscriban con las entidades públicas establecerán las prestaciones y sus modalidades que quedaran a cargo del Instituto y aquellas que correspondan a las entidades publicas, los montos que resulten por concepto de cuotas obrero-patronales, así como la forma y término de las transferencias a que haya lugar por concepto de cuotas del gobierno federal.

Cuando los trabajadores no tengan una cuenta individual en los sistemas de seguridad social de las entidades públicas, el Instituto depositará las contribuciones del gobierno federal correspondientes en las cuentas que con ese fin establezca en la administradora de fondos de retiro que designe su Consejo Técnico, pudiendo transferir los saldos que llegarán a existir cuando las entidades públicas establezcan cuentas individuales de retiro para sus trabajadores. En estos mismos casos, los trabajadores podrán disponer de los saldos de sus cuentas individuales, mediante solicitud por escrito al Instituto, en una sola exhibición y a partir de la fecha en que las entidades públicas les otorguen alguna de las pensiones previstas en los ordenamientos respectivos, siempre y cuando cumplan con el requisito de edad que señala el artículo 154 de la Ley.

El otorgamiento de esta prestación no generará el derecho de percibir la pensión garantizada que establece la Ley.

No procederá el aseguramiento voluntario de los sujetos señalados en la fracción V, del artículo 13 de la Ley, cuando las entidades públicas reciban subsidios o contribuciones ordinarias del gobierno federal destinados específicamente para el sostenimiento de los sistemas de seguridad social a su cargo.

No se considerará como causal de improcedencia, ni se deducirán, los aportes que el gobierno federal haga para apoyar la realización de reformas legales en materia de seguridad social, ni los que otorgue para el fortalecimiento de la infraestructura de salud de las entidades públicas, y

Tampoco será causal de improcedencia, cuando el aseguramiento voluntario a que se refiere este artículo transitorio, solo se obligue al Instituto a transferir las cuotas que este reciba del Gobierno Federal, en estos casos, el Instituto podrá aplicar a dichas transferencias los cargos por concepto de gastos de administración que se convengan con las entidades públicas en función del número de asegurados y modalidad de incorporación, sin que estos puedan exceder del cinco por ciento del monto total transferible.

e) (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO: Este Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Dentro de un plazo de sesenta días contando a partir de la vigencia de este decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan para adecuarlas a lo dispuesto por el artículo 40 F y 222, de esta Ley.

TERCERO: Cuando el aseguramiento voluntario de los sujetos señalados en la fracción V, del artículo 13 de esta Ley, comprometa el equilibrio financiero del Instituto o la eficacia de los servicios que proporciona a los asegurados, el Instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las adecuaciones que correspondan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

CUARTO: Cuando los sujetos obligados por esta Ley reincorporen, de manera voluntaria, a alguno de los sistemas de seguridad social establecidos por otras entidades públicas, el Instituto verificará que se concedan prestaciones similares a las que dispone esta Ley y, de no ser así, dichos sujetos estarán obligados a pagar al Instituto, los aportes proporcionales para satisfacer las diferencias que pudieran resultar. En estos casos, los sujetos incorporados voluntariamente a los mencionados sistemas de seguridad social recibirán el mismo tratamiento que los señalados en la fracción V, del artículo 13 de este ordenamiento.

QUINTO: Las solicitudes de incorporación voluntaria que presenten las entidades públicas deberán resolverse en un plazo que no exceda de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que éstas las presenten.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 01 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Fernando Baeza Meléndez.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Mario López Valdez”.

Esta Presidencia pregunta, si de entre los Senadores inscritos el día de hoy, ¿hay quien quisiera turnar directamente?, entonces, tiene la palabra el Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al Artículo 226 Bis del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 266 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los CC. Senadores Claudia Sofía Corichi García, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Con su permiso, señor Presidente, Senadoras y Senadores, voy a usar mi tiempo, que es hasta por 10 minutos, espero ser breve.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Mejía Haro, esta Presidencia le recuerda con todo afecto, que son 5 minutos.

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: El acuerdo es hasta por 10 minutos, se ha estado dando en esta sesión, y en sesiones anteriores, más de cinco minutos.

Empieza tiempo.

El abuso sexual es un acto que menoscaba los derechos fundamentales de las personas; sin duda, es alarmante cuando se comete en contra de cualquier persona, sin embargo, preocupa el hecho de que esta actividad se esté acrecentando dentro de las escuelas públicas del país, poniendo en riesgo a un gran número de menores de edad.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, en el artículo 19 numeral primero, señala que: los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

México al ratificar el citado instrumento internacional, el 21 de septiembre de 1990, adquirió una serie de compromisos para fomentar el bienestar de los menores de edad y velar por la protección de sus derechos fundamentales. Por lo que resulta necesario realizar acciones legislativas, con el objeto de adecuar el marco jurídico nacional a la realidad nacional y poder hacer frente al creciente problema de abuso infantil que se presenta dentro de las aulas.

Un comunicado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que es preocupante el número de casos reportados de abuso sexual por parte de los profesores hacia sus alumnos.

Un reporte de la propia Secretaría de Educación Pública, demuestra que durante el año 2008 se registraron varios casos de abuso sexual por semana, llevados a cabo por parte de los maestros o trabajadores, hacia los niños o niñas en las escuelas públicas del país, lo que representa un aumento del 31 por ciento respecto al año 2004. El reporte de la SEP, destaca que se promedió una denuncia de abuso sexual y maltrato cada dos días de clase, seguramente serán más casos, pero muchas veces no se denuncian.

Derivado de esa realidad, es necesario que se agraven las penas en caso de que este tipo de delitos sean cometidos por el personal docente o de cualquier tipo de persona que labore en una institución educativa.

El abuso sexual y la violación, son manifestaciones graves de maltrato hacia los individuos y ocurren cuando se utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o cuando se valen de su posición jerárquica para involucrar a una persona en actividades sexuales de cualquier tipo.

Estos actos repulsivos, representan un problema social de grandes dimensiones, los daños que se deja en las víctimas son devastadores, incluso pueden llegar a no superarse, constituyen un potencial de amenaza al desarrollo psicosocial de niños, niñas y de jóvenes que han sufrido este tipo de delitos.

Lo más lamentable de esta situación, es que el abuso sexual y la violación a niños y a jóvenes perpetrada por maestros a trabajadores de escuelas, en pocas ocasiones son llevadas ante la justicia penal y su sanción máxima por parte de las autoridades educativas es simplemente su traslado a otra escuela, que seguramente seguirá incurriendo en este tipo de delitos.

Resulta entonces primordial, reformar la legislación penal, para que podamos hacer frente a esta situación a la que se exponen miles de niños y de jóvenes en todo el territorio nacional, no podemos permitir que esos actos delictivos queden impunes, es necesario que las personas que cometen este tipo de acciones sean merecedoras de penas mayores.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

UNICO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.- …

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada; y

V.- El delito fuere cometido por personal docente, administrativo, directivo y operativo contra los educandos, a los cuales se les deberá incrementar la pena.

Muchas gracias por su atención y, señor Presidente, le ruego que inscriba íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Iniciativa

“Antonio Mejía Haro, Claudia Sofia Corichi Garcia, Ruben Fernando Velazquez Lopez y Jose Luis Maximo Garcia Zalvidea, Senadores de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 266 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El abuso sexual es un acto que menoscaba los derechos fundamentales de las personas; sin duda, es alarmante cuando se comete en contra de cualquier persona, sin embargo, preocupa el hecho de que esta actividad se ha acrecentado dentro de las escuelas, poniendo en riesgo a un gran número de menores de edad.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 19 numeral primero, señala que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

México al ratificar el citado instrumento internacional, el 21 de septiembre de 1990, adquirió una serie de compromisos para fomentar el bienestar de los menores de edad y velar por la protección de sus derechos fundamentales. Por lo que resulta necesario realizar acciones legislativas, con el objeto de adecuar el marco jurídico nacional a la realidad nacional y poder hacer frente al creciente problema de abuso infantil que se presenta dentro de las aulas.

Un comunicado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que es preocupante el número de casos reportados de abuso sexual por parte de profesores hacia sus alumnos.

Un reporte de la Secretaría de Educación Pública, demuestra que durante el 2008 se registraron varios casos de abuso sexual por semana, llevado a cabo por parte de los maestros o trabajadores, hacia los niños o niñas en las escuelas públicas del país, lo que representa un aumento de 31 por ciento respecto del año 2004. El reporte de la SEP, destaca que se promedió una denuncia de abuso sexual y maltrato cada dos días de clase.

Derivado de esa realidad, es necesario que se agraven las penas en caso de que este tipo de delitos, sean cometidos por el personal docente o cualquier tipo de personal que labore en instituciones educativas.

El abuso sexual y la violación, son manifestaciones graves de maltrato hacía los individuos, y ocurren cuando se utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o cuando se valen de su posición jerárquica para involucrar a una persona en actividades sexuales de cualquier tipo.

Estos actos repulsivos, representan un problema social de grandes dimensiones, los daños que deja en las víctimas son devastadores, incluso pueden llegar a no superarse, constituyen una potencial amenaza al desarrollo psicosocial de niños y jóvenes que han sufrido este tipo de delitos.

Lo más lamentable de esta situación, es que el abuso sexual y la violación a niños y jóvenes perpetrada por maestros o trabajadores de escuelas, en pocas ocasiones son llevados ante la justicia penal y su sanción máxima por parte de las autoridades educativas es su traslado a otro colegio.

Resulta primordial, reformar la legislación penal, para que podamos hacer frente a esta situación a la que se exponen miles de niños y jóvenes en todo el territorio nacional, no podemos permitir que estos actos delictivos queden impunes, es necesario que las personas que comenten este tipo de acciones sean merecedoras de penas mayores.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 266 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

UNICO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada;y

V. El delito fuere cometido por personal docente, administrativo, directivo y operativo contra los educandos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Claudia Sofía Corichi García.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Mejía Haro, ¿acepta usted que la Senadora Ludivina Menchaca firme con usted su iniciativa?

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Bueno, muchas gracias, Senador Mejía Haro, sobre todo por su colaboración con los tiempos. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO 6 DEL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República, el bienestar de las nuevas generaciones es una prioridad que nos une más allá de colores partidistas. Por eso hoy presentamos esta reforma que busca garantizarle a las niñas y niños de México, un acceso pleno a la alimentación, a la salud, a la educación y al sano esparcimiento.

Resulta evidente para todos que la crisis padecida en el mundo y en el país afecta más a la niñez que a ningún otro sector de la población, la crisis de seguridad, con sus secuelas de delincuencia y de drogadicción, se ensaña más con las niñas y niños que caen presas de los criminales o en el infierno de las drogas.

La crisis alimentaria pega más a la niñez que está en pleno desarrollo, en particular a los niños de las zonas más pobres.

La crisis económica que obliga a miles de niñas y niños a dejar de estudiar para contribuir al gasto familiar.

La crisis sanitaria derivada del virus de la influenza, que pone a la salud y a la vida de miles de niños en un riesgo latente, y finalmente la crisis social, con la pobreza como el gran enemigo a vencer que coloca a la niñez como a la población más vulnerable a las prácticas de explotación.

En México se han hecho grandes esfuerzos para atender las necesidades de la niñez, hay un largo camino de reformas legales que les aseguran sus derechos, y cada año el Congreso construye acuerdos para destinar más recursos a los programas que los atienden.

Sin embargo, cada que damos un paso hacia delante, las amenazas hacia la niñez avanzan, como el narco, el hambre, la recesión económica y las nuevas pandemias que hace diez años no significaban un riesgo para la niñez mexicana.

Por eso debemos de estar más unidos y más comprometidos con el bienestar de las nuevas generaciones, trabajando permanentemente para que los desafíos no nos rebasen ni estemos en condiciones de afrontarlos en un frente común.

Eso es lo que estamos planteando con esta reforma al artículo 4 constitucional, poniéndolo en sintonía con los desafíos que le presenta el siglo XXI a la niñez y al conjunto de mexicanos.

Nosotros consideramos que el texto actual de nuestra Carta Magna debe de contemplar un mandato más explícito, que garantice a los niños mexicanos su pleno acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y al sano esparcimiento por la vía de políticas más agresivas y frontales para abatir los rezagos que se tienen en la prestación de estos servicios.

El objetivo que perseguimos es revolucionar las acciones de los tres niveles de gobierno, estableciendo el acceso pleno como una prerrogativa de los niños para ver atendidas sus necesidades, al hacerlo, estaremos atendiendo lo dispuesto en los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos de la niñez, como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y los compromisos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.

Con esta reforma, estaremos beneficiando a cerca de 32 millones de niños menores de 15 años de edad que representan a la población infantil, que además representan al futuro de México y al pilar de la nación competitiva que todos queremos a nivel mundial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración las Senadoras y los Senadores de la República, el siguiente proyecto de Decreto por el que les proponemos modificar el artículo 4 de la Constitución, con el objetivo de asegurarles a las niñas y niños mexicanos el pleno acceso a todos sus derechos.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Derecho a la Salud se considera como un derecho que integra no sólo la idea de curar la enfermedad, sino que también de prevenirla, por lo que, el entorno físico y social del hombre adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho. Esta nueva concepción de la salud, implica una mayor protección del ser humano, así como un mayor compromiso administrativo y económico por parte de los Estados.

Al respecto, es importante referirse a los instrumentos internacionales. La declaración Universal de los Derechos Humanos de 19491, que en su artículo 25 establece “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”, con esta frase, la Declaración resalta el carácter interindependiente e indivisible de los derechos humanos. Es decir, se considera que no se puede lograr el pleno goce del Derecho a la Salud si se es privado de otros derechos.

Asimismo, se encuentra el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)2. Este documento establece, en su artículo 12, que el Derecho a la Salud debe otorgarse en su más alto nivel posible de disfrute.

Es importante señalar que hasta ahora, el término mas comúnmente utilizado en los documentos internacionales de derechos humanos es “derecho a la salud”. Sin embargo, este término ha sido mal interpretado o se presta a confusiones, por ser identificado con la idea de “ser saludable”. Idea que sería imposible garantizar como derecho. Erradicar la enfermedad por completo va más allá de las facultades y capacidades del Estado. De esta manera, en la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)3 se aclara que el término “Derecho a la Salud” no debe entenderse como un “derecho a ser saludable” sino como “un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar al más alto nivel posible de salud”4. De esta manera, hablar de “Derecho a la Salud” es sólo una forma de sintetizar, para usos prácticos, toda la gama de libertades y derechos que implica la protección de la salud como un derecho fundamental del ser humano.

Garantizar el Derecho a la Salud en México es un gran reto por resolver. Si bien, la salud de la población depende de muchos factores (económicos, políticos, sociales, científicos, tecnológicos y culturales) que requieren de coordinación, inversión económica, leyes, acciones y políticas para perfilar la salud de la población de manera estable, progresiva y duradera. Y lejos de ser un gasto público es una inversión.

La salud es un derecho fundamental del ser humano y aunque en la mayoría de los países se garantiza expresamente el derecho de los habitantes a los cuidados de salud, muchas veces las prestaciones básicas no son suficientes.

Desde la década de los años noventa, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe iniciaron reformas de sus sistemas de salud y extensión de sus programas de seguridad social. La reforma formó parte del proceso de reforma del Estado y sus políticas se centraron en cambios institucionales y financieros en el sector de la salud. Los ejes principales han sido la privatización, la descentralización y la separación de funciones entre la provisión y la regulación de los servicios.

Asimismo, la alimentación es un derecho básico. Todos los mexicanos tienen derecho a contar con una alimentación de calidad, el cual debe ser reconocido constitucionalmente y cumplido con políticas integrales de producción, distribución, precios, subsidios generales y regulación destinados a alcanzar la soberanía alimentaria; entendida como la capacidad del Estado para fomentar la producción sostenible, de granos y otros productos agropecuarios y pesqueros básicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que la población pueda acceder a esos bienes.

Conforme a la Ley de Desarrollo Rural, en México, “el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional”5.

La alimentación es un derecho humano fundamental, por lo que es necesario garantizar el acceso a alimentos de calidad y a una sana nutrición. Uno de los retos para la soberanía alimentaria es producir alimentos suficientes a bajo costo, garantizar el abasto y la obtención de los mismos, preservar el medio ambiente mediante esquemas productivos óptimos de aprovechamiento de los recursos y evitar estallidos sociales regionales mediante la generación de empleo directo en el campo.

El tema de la alimentación está indisolublemente ligado con la pobreza, por lo que constituye un tema de exclusión social. “De los más de 100 millones de habitantes que posee el país, más de la mitad de su población se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural la proporción de la población pobre es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, el 70% carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido y el 35% no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en comida por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria”6.

La legislación internacional como la Convención de los Derechos del Niño7 y la legislación nacional8 reconocen la importancia de la niñez en nuestra sociedad pero este sector sigue siendo uno de los más vulnerados y discriminados, y el acto del 30 de abril, no pasa de ser puramente simbólico y sin intención de crear conciencia sobre la importancia de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los infantes, permitiéndoles tener una vida digna.

Para muchos niños en nuestro país la violación a sus derechos fundamentales es parte de la cotidianidad. Por ejemplo en el territorio nacional se siguen padeciendo altos índices de desnutrición por la falta de acceso a los alimentos9 (principalmente en zonas marginadas del país como los estados del sureste que presentaban una desnutrición grave de hasta 25 por ciento)10, y que viola el derecho de los menores a la alimentación.

Otro ejemplo de violación a sus derechos, son las aún elevadas tasas de mortalidad infantil por enfermedades infectocontagiosas y padecimientos que ante la falta de recursos (médicos y monetarios), y de un sistema de salud eficaz para atenderlos, viola su derecho a gozar del más alto nivel de salud. También persiste la violencia intrafamiliar, negándoles el derecho a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México uno de los países con los niveles más altos, con 8.5 millones de menores de edad que sufren diversos tipos de violencia. La violencia y abandono que sufren al interior de sus familias los obliga a refugiarse en las calles, negándoles el derecho a una vivienda digna, y dónde son víctimas de la marginación, la discriminación y en muchos casos de la explotación laboral.

Asimismo, La Convenció de los Derechos del Niño (1989) ratificó la educación como un derecho de niños y niñas. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) y la Declaración de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990) reconocieron la educación básica, entendida de manera amplia, como el cimiento de todo aprendizaje y de toda educación posterior de las personas.

Pese a lo anterior, según la ONU en los últimos decenios se han hecho progresos considerables en la esfera de la educación, ya que el número de niños escolarizados ha aumentado de 599 millones en 1990 a 681 millones en 1998. No obstante, más de 113 millones de niños - de los cuales casi las dos terceras partes son niñas de países en desarrollo - no tienen acceso a la educación primaria y muchos niños que empiezan a asistir a la escuela se ven obligados a dejarla debido a la pobreza o a presiones familiares y sociales. Pese a los enormes esfuerzos realizados, al menos 875 millones de adultos siguen siendo analfabetos, exactamente el mismo número que hace diez años.

Numerosos infantes en México no ejercen cabalmente su derecho a la educación. Los altos índices de pobreza y las constantes crisis económicas obligan a muchos de ellos a combinar la escuela con el trabajo, o incluso a abandonar definitivamente sus estudios en busca de un sustento. Situación que se agrava con forme avanza la edad y se acentúa a partir de los 14 años. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dio a conocer que uno de cada tres estudiantes de primaria debe combinar la escuela con el trabajo.

En México el derecho a la educación es parte de las garantí­as individuales que la Constitución otorga a sus habitantes. Además, según la Ley General de Educación (LGE), ''todos los habitantes del paí­s tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer las disposiciones generales aplicables". Esta segunda aseveración -que en sus términos es errónea- debe interpretarse como un mandato de que todos los habitantes de México tengamos las mismas oportunidades de recibir educación.

El Problema en México es que muchos de nuestros infantes trabajan por una muy baja remuneración, y además se encuentran en constante peligro debido a su actividad, como los hijos de campesinos que están constantemente en contacto con químicos y pesticidas; o los llamados toreritos o payasitos, que se ubican en algunos cruceros viales de las grandes ciudades.

Como podemos ver en México, todas aquellas personas a quienes llamamos “nuestro futuro” no pueden disfrutar el ejercicio pleno de sus derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna, etcétera.

Por todo lo anterior en el Partido Verde Ecologista de México pretendemos modificar artículo 4 párrafo 6, ya que en su texto que dice, Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, el enunciado la satisfacción de sus necesidades, se entiende como la satisfacción mínima de las necesidades de los niños, cuando en realidad debiera ser el acceso pleno tanto a la educación, la salud y la educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTICULO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

ARTICULO UNICO: Se reforma el párrafo 6 del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 4.-

...

Los niños y las niñas tienen derecho al pleno acceso de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. Jorge Legorreta Ordorica.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Velasco Coello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la voz el Senador Fermín Trujillo Fuentes, a nombre propio y de la Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.


1 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

2 ONU, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, de 1966.

3 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Derecho al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud, Observación General No. 14 (2000), E/C.12/2000/7

4 ONU, El Derecho al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud, párrafo 8.

5 Art. 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional.

6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx/sdr/pesca

7 Declaración de Derechos del Niño. Ver en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm

8 Para una mayor información sobre esta legislación se puede consultar la página de internet de la Red por los derechos de la infancia http://www.derechosinfancia.org.mx/

9 La baja de talla de los niños entre 5 y 11 años se ubicaba en 10.4 por ciento en 2006, mientras que las de las niñas del mismo rango se encontraba en 9.5 por ciento

10 Centro de derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México. Nov 2005 – Nov – 2006. CDHFV. México. 2007

11 Sin Autor. “ONU urge a México a parar violencia contra niños”. México. El Universal. 11-11-2007. Ver en www.eluniversal.com.mx/primera/28758.html

12 artí­culo 2






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y DE LA LEY PARALA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el C. Senador Fermín Trujillo Fuentes, a nombre propio y de la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza)

- El C. Senador Fermín Trujillo Fuentes: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

No hace mucho que únicamente la muerte nos ponía al parejo a uno y a otros, a ricos y a pobres. De muy poco tiempo para acá la descomposición social hace que las familias ya no sean intocables, que ya existan en esta tierra, en el México nuestro, mujeres u hombres a los cuales no les pueda llegar los efectos de la descomposición social, que es fundamental y prioritario, que cualquier acción que este Senado pueda impulsar en razón del privilegio de saber escuchar, y de tener aquí a Senadoras y a Senadores que educadamente nos han convocado a poner atención en diferentes escenarios, los últimos quince días me han permitido encontrar áreas de oportunidad que creo debemos de aprovechar como Senadores.

Por un lado, el señor Secretario de Educación Pública, el Maestro Alonso Lujambio, en su comparecencia, los que acudimos a escucharla, nos dice, y nos dice bien, que el sistema educativo mexicano ahorita en este momento cuenta con un 100% de cobertura en los niveles de segundo, tercero de preescolar, primaria, secundaria y grupos afines, no así en primero de preescolar donde reconoce que hay un 72% de cobertura.

Por otro lado, en esa comparecencia un compañero Senador del PRD, Antonio Mejía Haro, puntualmente le contesta al Secretario de Educación: “Si ya tenemos la cobertura al 100% en estos niveles, y de los 26 millones de niñas y niños que demanda la educación básica todos entran, ¿qué me puede contestar usted de ese 5.5% de deserción escolar del 2007, de un 7.4 % de deserción escolar del 2008, y hasta un 12% que puede alcanzar la deserción escolar en el 2009? Que representa, compañeras y compañeros Senadores, de estos 26 millones de alumnos, entre 1.5 y hasta 2 millones de alumnos que salen de la escuela y que nadie, absolutamente nadie hace nada, a pesar de que el andamiaje jurídico ahorita ya contiene instrumentos legales para poder hacer algo.

Por ello, subo a la tribuna para agarrarle la palabra a quien tiene la voz y a quien tiene la administración de la educación, porque también al Senador le contestó, que los programas de becas impactan tanto en un alumno, que de un 100% de alumnos potenciales a la deserción escolar 80% se salva, y me pregunto: ¿Acaso no es necesario que podamos becar a esos 2 millones? Aquellos que por necesidades económicas egresan, salen o desertan de las escuelas, para salvar de 2 millones en deserción escolar, multiplicado por el 80% a un millón 600 mil alumnos que se quedarían en la escuela, fundamental pensarlo.

Segundo, tenemos los consejos de participación social en la Ley General de Educación, proponemos que este cuerpo colegiado de ciudadanos sean los que le den inmediata atención a todo niño que sale no más allá de una semana de haber salido de la escuela en deserción escolar. El que tenga problema económico se le beque, el que tenga problema emocional o de capacidades especiales se lleve a un centro especializado, y el que no tenga tutela de sus padres, aquí le voy a tomar la palabra al Senador Tomás Torres, en el privilegio de saber escuchar, Senador Tomás, usted dijo algo muy grandioso: “Que cuando un derecho de un niño no es tutelado por el padre o tutor, cualquier ciudadano puede tutelar ese derecho, y aún sin embargo hay más de 2 millones de niños que nadie los tutela, que a pesar de ser obligatoria la educación nadie los tutela, nadie hace nada por esos niños.

Estoy proponiendo que el que no sea becado, el que tenga problemas económicos sea becado, el que tenga problemas emocionales sea llevado a un centro especializado, que los tenemos, los “CAME”, y el que no tenga la tutela del padre, el Estado mexicano tutele a esos niños en centros especializados. Que los meta de vuelta a la escuela y evitaremos todo lo que nos han dicho los especialistas, de ser el mayor mercado que tiene la delincuencia.

Si realmente nosotros deseamos hacer algo yo le tomaría la palabra a Antonio Mejía Haro, y próximamente meteremos una propuesta donde el universo y por escalones, de los niños que no están en Oportunidades becados, Oportunidades pueda brindar un primer escalón y becar a esos 5.2 millones de familias, ahorita que estamos en la discusión del Programa Oportunidades, y del 2%, esperando que tenga lógicamente esta propuesta, señor Presidente, su respuesta en ustedes por venir de una minoría a la que represento, y que se integre lógicamente al Diario de los Debates la propuesta para no leer el articulado de la Ley General de Educación que se modifica y de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Muchas gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador Fermín Trujillo Fuentes, a nombre propio y de la Senadora Irma Martínez Manríquez en la LXI Legislatura, pertenecientes al Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asegura que las discapacidades, los conflictos y la práctica del trabajo infantil son algunas situaciones que provocan que millones de niños no tengan acceso a la educación, aunado a ello el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que siete de cada 100 alumnas y alumnos no se inscriben al siguiente ciclo escolar, provocado por pobreza o violencia en la aulas por lo que la deserción en el país se agudiza en la secundaria.

Susana Sottoli, representante en México de ese organismo, señaló en el marco del foro El Impacto de la Crisis Económica en los Niños, Niñas y Adolescentes, que “Experiencias internacionales de crisis similares indican que la población más vulnerable ante las crisis es generalmente la infancia y adolescencia. En tiempos de crisis existen mayores probabilidades de que las niñas y los niños abandonen la escuela para trabajar y completar los ingresos familiares, por eso el esfuerzo y el interés de poner una especial atención en proteger todos aquellos programas, políticas, líneas presupuestarias que tengan que ver con los niños para evitar que esta situación se agrave”

Especialistas en Educación y Políticas Públicas mexicanos han alertado que la crisis económica por la que atraviesa el país obliga a miles de familias a optar entre satisfacer necesidades de alimentación o gastar sus limitados ingresos en la educación de sus hijos; según datos de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH), entre 2006 y 2008 se reportó un aumento en el número de mexicanos que no cuentan con el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), ha indicado en sus informes anuales, que la cobertura en Educación Primaria y Secundaria es del 99.5%, por lo que se debe inducir que en lo relativo a la oferta educativa el Estado está cumpliendo en ese mismo porcentaje; concediendo que los números están sustentados en las acciones tendientes a que tal cobertura se encuentre con equidad en todo el País, entonces la siguiente tarea del Estado Mexicano debe ser elevar la calidad de la Educación Básica que ya está en camino en los compromisos y acciones que impulsa la alianza, y que la totalidad de los niños y jóvenes permanezcan en las escuelas de Educación Básica, abatiéndose en su totalidad la deserción escolar. Si todo aquel niño o joven que toca la puerta de una escuela de educación básica tiene el acceso garantizado, resulta necesario que todo aquel niño que cruce la puerta de manera inversa, cuente con el auxilio y la tutela del Estado Mexicano para devolverlo a continuar con su pleno desarrollo escolar.

El análisis del problema de la deserción escolar es demasiado serio para dejarlo en números y porcentajesfríos, que si bien es cierto sirven de soporte, dejan de tener utilidad si no se traducen en acciones tendientes a solucionar esa problemática y sus consecuencias, como el que numerosos jóvenes queden marginados del ámbito escolar y pasen a engrosar las filas de los desocupados, de los socialmente excluidos y de prospectos a ingresar al crimen organizado. Por estas motivaciones la deserción afecta al presente y al futuro de los niños que cesan de concurrir a la escuela, lo que lastimaa la sociedad en su conjunto.

Distintos elementos nos obligan a considerar la deserción escolar como una amenaza seria a la calidad de vida de los individuos y al potencial de adaptación a la sociedad. Esto está asociado a diversos factores, entre ellos, la poca posibilidad de empleo, la gran evolución de la tecnología en la vida cotidiana, la creciente dominación de una economía basada en el manejo del saber y de la información, y la liberación de la responsabilidad del estado, como lo marca el artículo 3° constitucional en la obligatoriedad de éste en impartir educación básica.

Ante tal situación, reconocidos especialistas como Pablo Latapí Sarré, Carlos Muños Izquierdo y Fernando Solana Morales han señalado:

a) “En materia de diseño de una política pública “tenemos que volver a empezar y revisarlo a fondo porque sigue siendo excluyente, además de que existen incapacidades del sistema para que el maestro retenga a sus estudiantes.”

b) “Se tiene que focalizar e integrar los esfuerzos para atender a esta población puesto que junto al problema de educación también existen rezagos en la atención a problemas económicos, de alimentación, salud y culturales que tienen mucho peso en el desempeño educativo.”

c) “El gran nicho en donde la delincuencia organizada encuentra a sus miembros y operadores es en los niños y jóvenes que desertan de las esuelasprimarias y secundarias o que no siguen con su educación media superior.”

Además, Marcelo Mazzoli, oficial Internacional de Educación de UNICEF, ha declarado que “es necesario un acuerdo político de Estado que propicie las acciones para abrir oportunidades no sólo educativas para los jóvenes y con ello empezar a enfrentar el fenómeno de la violencia, el cual empieza por la expulsión de los adolescentes en la secundaria.”

Se requieren iniciativas tanto económicas como pedagógicas y culturales, capaces de mantener a los alumnos en las aulas, y también mejorar el trabajo de la gente y la calidad educativa de maestros y alumnos, por ello Nueva Alianza propone la operación de grupos que evalúen las causas de deserción escolar y den seguimiento oportuno para regresar a esos niños y jóvenes a las aulas a través de diagnósticos claros que señalen los motivos de su separación y las alternativas de solución.

En la actualidad existen los Consejos Escolares de Participación Social integrados por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y sus representantes sindicales, directivos de la escuela, exalumnos y miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Entre algunas de sus funciones se encuentran: promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos, alentar el interés familiar y comunitario por el desempeño de los educandos y muy especialmente contribuir a reducir las condiciones adversas que influyan en la educación (Artículo 69 de la Ley General de Educación).

Facultados por la Ley podrían ser los encargados de dictaminar las causas particulares de deserción (problemas económicos, de necesidades educativas especiales o de tutela educativa) para que el Estado: otorgue becas automáticas a aquellos niños y jóvenes que dictaminados por los Consejos Escolares de Participación Social requieran ese apoyo, universalice espacios de Unidades de Serviciosde Atención a la Escuela Regular para atender a quienes por discapacidad transitoria o definitivaocupen estos servicios y construya Centros Regionales de Atención Escolar Permanente que se haga cargo de la tutela educativa de quienes por falta de ella no puedan acceder a la educación.

Por todo lo anterior, y como parte de las acciones que constituyen pasos fundamentales para garantizar la universalidad de la Educación Básica, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 4, 32, 33 fracciones IV y VIII, 66, 69, 70 Y 71; y se adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Art. 4. Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la secundaria.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación primaria y la secundaria; en caso de no cumplir, el Estado tutelará el derecho de los menores a recibirla.

Art. 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los Artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

De la I alX…

XI. Garantizar la universalidad de la educación básica, mediante acciones que abatan la deserción escolar.

XII…

Art. 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad enoportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o queenfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja y aquellos menores que se encuentren en riesgo de deserción escolar.

Art. 33. Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

IV. Prestarán servicios educativos, en Centros Especializados,para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la primaria y la secundaria;

VIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos, con prioridad amenores en riesgo de deserción escolar;

Art. 66. Son obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación primaria y la secundaria; en caso contrario, el Estado tomará las medidas conducentes para tutelar el derecho de los menores.

Art. 69. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela, dará seguimiento y emitirá un dictamen acerca de la situación de cada alumno que interrumpa sus estudios y, en general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de educación básica.

Art. 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica, así como de los alumnos que interrumpan sus estudios en las mismas del propio municipio; estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario; hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación.

En el Distrito Federal los consejos se constituirán por cada delegación política.

Art. 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como de sectores sociales de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación, así como en materia de deserción escolar a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma y adiciona una Fracción H. al artículo 32 de la Ley Para La Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3º de la Constitución y de la Ley General de Educación. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

De la A. a la G. …

H. El Estado tutele el derecho a la educaciónde las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de deserción escolar, otorgándoles el apoyo necesario para que concluyan la Educación Básica en términos de lo dispuesto en los artículos 4, 14, 32, 33 y 66 de la Ley General de Educación.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Profr. Fermín Trujillo Fuentes
Senador de la República

Profra. Irma Martínez Manríquez
Senadora de la República”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Trujillo Fuentes. Quieren signar su iniciativa los Senadores Claudia Corichi García, José Luis Máximo García Zalvidea, Tomás Torres Mercado, Martha Leticia Sosa Govea y Melquiades Morales Flores. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos correspondientes.

Tiene el uso de la voz el Senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Humberto Andrade Quezada: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En los años recientes, ha surgido un gran número de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades de los estados sur, centro y norte del país, que se solidarizan con los miles de centroamericanos que por diversos medios transitan con enorme dificultad, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, apoyándolos, compartiéndoles alimentos, medicinas y albergue, o proporcionándoles orientación y asesoría para la defensa de sus derechos.

La labor que estas agrupaciones desempeñan con gran espíritu altruista, se ha tornado innecesaria o, más aún, en imprescindible, tanto por las dimensiones del fenómeno migratorio proveniente de Centro y Sudamérica, como por el impacto y arraigo que aquellas obtienen en su interacción con los transmigrantes no documentados, los cuales no acuden a las instituciones de gobierno en búsqueda de protección, auxilio o apoyo, precisamente por su condición de irregularidad de vulnerabilidad, por lo que la presencia y actuación de las comunidades y organizaciones civiles, a través de albergues, casas de apoyo, comedores, talleres de capacitación y orientación, se ha convertido en indispensable.

No obstante, en vez de que estas importantes tareas sean estimuladas, protegidas o respetadas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ha sucedido en ocasiones lo contrario, puesto que varios integrantes de estas redes sociales solidarias y comunitarias de diversos puntos del país han recibido hostigamiento o han sido encarcelados por el delito de tráfico de migrantes que impone el artículo 138 de la Ley General de Población, paradójicamente al estar desarrollando su labor altruista y solidaria con los migrantes indocumentados.

Quizá el caso más emblemático del tema que nos ocupa, es el de la Sra. Concepción Moreno Arteaga, más conocida como Doña Conchi, de la comunidad campesina del Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, quien fue sentenciada a 6 años de prisión el 31 de octubre de 2005, por el delito de tráfico previsto en el artículo 138, específicamente por la disposición planteada en su párrafo segundo.

La defensoría jurídica de la señora Moreno, a través del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, logró demostrar que las pruebas de cargo en su contra presentaban vicios de forma y fondo lo que les restaban validez, por lo que en la emisión de una nueva sentencia se absolvió y decretó la liberación de Doña Conchi, dos años y medio después de su ingreso a la cárcel.

En este orden de ideas y con el objeto de contribuir a poner un alto a este tipo de situaciones, que incomprensiblemente castigan la solidaridad y la fraternidad que muestran cientos de compatriotas hacia los transmigrantes, hemos decidido proponer una reforma a la Ley General de Población, a fin de que en el contenido del artículo de mérito se precise queel propósito del delito de tráfico de personas es el de obtener un beneficio lucrativo,para diferenciarlo del trabajo humanitario que desarrollan desinteresadamente las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades e instituciones eclesiásticas y garantizar de esta forma la protección y respeto a sus labores.

En abono a esta determinación, quiero mencionar la trascendental decisión, que con carácter de jurisprudencia asumió la Suprema Corte de Justicia en marzo del año pasado, bajo la tesis siguiente:

TRAFICO DE INDOCUMENTADOS. El elemento subjetivo relativo al “propósito de tráfico” previsto en el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población, se refiere únicamente a las conductas de albergar o transportar extranjeros a cambio de un beneficio económico.

En los sustentos de la tesis anterior, se expresó que:

la voluntad del legislador federal al sancionar a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria, fue dejar a salvo los actos humanitarios de personas o agrupaciones cuya intención es asistir a los extranjeros indocumentados sin obtener para sí provecho alguno, y castigar únicamente a quienes los lesionan y ponen en peligro al realizar actividades ilícitas con la pretensión de obtener un beneficio lucrativo cierto, actual o inminente.

En esta tesitura, señor Presidente, la propuesta que pongo a la consideración de todos ustedes, consiste concretamente en reformar el contenido de los párrafos primero y segundo del artículo 138, para enfatizar que el propósito del delito de tráfico de migrantes no documentados tiene un objetivo lucrativo, y de esta forma deslindarlo de las acciones humanitarias y altruistas que llevan a cabo, por lo que el texto planteado quedaría de la siguiente manera:

Artículo 138.- Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

Sería lo propuesto, señor Presidente. Y le propongo que se inserte, si me hace favor, al Diario de los Debates.

Iniciativa

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Humberto Andrade Quezada, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, LXI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de años recientes, ha surgido un gran número de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades de los estados del sur, centro y norte del país, que se solidarizan con los miles de centroamericanos que por diversos medios transitan con enormes dificultades principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, compartiéndoles alimentos, medicinas y albergue, o proporcionándoles orientación y asesoría para la defensa de sus derechos humanos.

Estos organismos sociales y comunitarios se han convertido en importantes actores de la gestión migratoria, al intervenir de forma corresponsable y voluntaria, en la protección e interlocución con los migrantes no documentados, quienes por su condición de irregularidad constituyen ahora uno de los sectores sociales más vulnerables y objeto de humillaciones, abusos e injusticias.

La labor que estas agrupaciones desempeñan con gran espíritu altruista, se ha tornado en necesaria o, más aún, en imprescindible, tanto por las dimensiones del fenómeno migratorio proveniente de Centro y Sudamérica, como por el impacto y arraigo que aquellas obtienen en su interacción con los transmigrantes: desde hace aproximadamente tres décadas, el número de migrantes centroamericanos que se internan sin autorización al territorio nacional en tránsito a los EEUU se ha incrementado en forma notable, estimándose en la actualidad una cantidad aproximada a los 400 mil al año, de los cuales poco menos de la mitad son asegurados en México y otro tanto es devuelto a sus países de origen.1

Este gigantesco universo de seres humanos que se desplaza por miles de kilómetros para lograr mejores condiciones de vida, que se enfrenta a contextos de abusos, agravios y violaciones, no acude a las instituciones de gobierno en búsqueda de protección, auxilio o apoyo, precisamente por su condición de irregularidad, por lo que la presencia y actuación de las comunidades y organizaciones civiles, a través de sus albergues, casas de apoyo, comedores y talleres de capacitación y orientación se ha convertido en indispensable.

No obstante lo anterior, en vez de que estas importantes tareas sean estimuladas, protegidas o respetadas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ha sucedido lo contrario, puesto que varios integrantes de estas redes sociales solidarias y comunitarias de diversos puntos del país, han recibido hostigamientos o hasta han sido encarcelados por el delito de tráfico de migrantes que impone el artículo 138 de la Ley General de Población, paradójicamente al estar desarrollando su labor altruista y solidaria con los migrantes indocumentados.

Quizá el caso más emblemático del tema que nos ocupa, es el de la Sra. Concepción Moreno Arteaga, más conocida como Doña Conchi, de la comunidad campesina del Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, quien fue sentenciada a 6 años de prisión el 31 de octubre de 2005, por el delito de tráfico previsto en el artículo 138, específicamente por la disposición planteada en su párrafo segundo, el cual establece que se impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

La defensoría jurídica de la Sra. Moreno, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, logró demostrar que las pruebas de cargo en su contra presentaban vicios de forma y fondo que les restaban validez, por lo que en la emisión de una nueva sentencia se absolvió y decretó la liberación de Doña Conchi, dos años y medio después de su ingreso a la cárcel.

Cabe agregar que en el contexto de una campaña para demostrar la inocencia de la persona mencionada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el mes de junio del 2007, aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Judicial de la Federación a que la resolución que emitiera el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Querétaro, se apegase a los principios de independencia e imparcialidad, y analizara de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basó la acusación en contra de la citada.

De igual forma, la Comisión Permanente se volvió a manifestar en otro asunto similar, cuando el 23 de julio de 2008 aprobó un Punto de Acuerdo para reprobar enérgicamente todas las acciones xenofóbicas cometidas contra los migrantes centroamericanos que transitan por el territorio nacional, y para exhortar a realizar una investigación de las posibles acciones de hostigamiento cometidas en contra del sacerdote Alejandro Solalinde, en razón de sus actividades de apoyo humanitario a migrantes en la zona del Pacífico-Sur de nuestro país, y por las cuales ha estado encarcelado en dos ocasiones.

En este orden de ideas y con el objeto de contribuir a poner un alto a este tipo de situaciones, que incomprensiblemente castigan la solidaridad y la fraternidad que muestran cientos de compatriotas hacia los transmigrantes, he decidido proponer una reforma a la Ley General de Población, a fin de que en el contenido del artículo de mérito se precise que el propósito del delito de tráfico de personas es el de obtener un beneficio lucrativo, para diferenciarlo del trabajo humanitario que desarrollan desinteresadamente las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades e instituciones eclesiásticas y garantizar de esta forma la protección y respeto a sus labores.

En abono a esta determinación, quiero mencionar la trascendental decisión que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciada por su área de comunicación social y en diversos medios de circulación nacional el 5 de marzo de 20082, con respecto a este tema; específicamente, la Suprema Corte estableció – con carácter de jurisprudencia- la siguiente tesis:

TRAFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL “PROPOSITO DE TRAFICO” PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, SE REFIERE UNICAMENTE A LAS CONDUCTASDE ALBERGAR O TRANSPORTAR EXTRANJEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO.

En los sustentos de la tesis anterior, se expresó que

la voluntad del legislador federal al sancionar “a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria”, fue dejar a salvo los actos humanitarios de personas o agrupaciones cuya intención es asistir a los extranjeros indocumentados sin obtener para sí provecho alguno, y castigar únicamente a quienes los lesionan y ponen en peligro al realizar actividades ilícitas con la pretensión de obtener un beneficio lucrativo cierto, actual o inminente.3

En esta tesitura, la propuesta que pongo a la consideración de todos ustedes, consiste concretamente en reformar el contenido de los párrafos primero y segundo del artículo 138, para enfatizar que el propósito del delito de tráfico de migrantes no documentados tiene un objetivo lucrativo, y de esa forma deslindarlo de las acciones humanitarias y altruistas que llevan a cabo las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, por lo que el texto planteado quedaría de la forma siguiente:

Artículo 138.-Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 138 de la Ley General de Población en sus párrafos primero y segundo, para quedar como sigue:

Artículo 138.-Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico paraobtener un beneficio lucrativo, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Humberto Andrade Quezada”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, SenadorHumberto Andrade. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

Esta Presidencia recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.


1El flujo migratorio centroamericano hacia México. Centro de Documentación, Información y Análisis. Cámara de Diputados, LX Legislatura. Octubre, 2007; pp. 5-7.

2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. COMUNICACIÓN SOCIAL. COMUNICADOS DE PRENSA. No. 050/2008. México D.F., a 5 de marzo de 2008.

3CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2007-PS. entre las sustentadas por EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL propio CIRCUITO. MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: Beatriz J. Jaimes Ramos. Página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 81 Y 271 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 81-BIS Y 469-BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, Senadora Maria Elena Orantes Lopez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 271 yse adicionan los artículos 81-Bis y 469-Bis, todos ellosde laLeyGeneral de Salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fuentes literarias se encuentran ejemplos elocuentes de la acepción ars como una sutil distinción entre lo que la naturaleza crea y el hombre “re-crea”, susceptible de aplicar a toda actividad humana que suponga una habilidad, destreza o pericia cuya adquisición dependa a la par de un conjunto de conocimientos especializados y de una práctica adquirida mediante el ejercicio de los mismos.

Por su parte, una de las acepciones del término lex es la de reglas o principios de cualquier arte u oficio.

En consecuencia, cada profesión tiene sus reglas y sus pautas de ejercicio para su buen hacer.

La Lex Artis puede aplicarse en principio a cualquier actuación profesional, sien embargo en la actualidad casi con exclusividad viene a asociarse al desempeño de la actividad médico-sanitaria.

Por tanto, la Lex Artis es hoy en día un término definitorio del correcto desempeño de la actividad médica.

El médico y el profesional sanitario, para actuar dentro de la Lex Artis, deberán dominar las materias estudiadas en su carrera, es decir, tener los conocimientos necesarios y exigibles para poder ejercer la medicina y la enfermería sin temeridad y sin engaños al paciente, a fin de evitar llevar al enfermo a agravar su dolor o padecimiento, con peligro de su salud y de su propia vida.

Los profesionales sanitarios deben renovar y actualizar sus conocimientos constantemente, al tiempo de utilizar todos los medios de diagnóstico a su alcance que crean adecuados, sabiéndolos interpretar y utilizar en beneficio del enfermo, sin caer en la práctica de la medicina defensiva y, prevaleciendo siempre, el criterio científico sobre el económico.

Uno de los principios básicos de la bioética que debe regir la actuación médica, es proporcionar al enfermo el tratamiento indicado y nunca el contraindicado, con conocimiento de los efectos del mismo, y vigilando al enfermo durante su aplicación.

En este sentido, todo profesional de la salud deberá seguir criterios suficientemente experimentados, internacionalizados y propios en el campo de la medicina que hayan comprobado científicamente beneficios terapéuticos, sin menoscabo de su criterio personal y como mejor conocedor de su paciente en el arte de su profesión.

Los profesionales deberán seguir la máxima hipocrática donde se resume la Lex Artis, es decir, deberá tratar al enfermo como quisiera ser tratado el mismo.

Sobre Lex Artis, se han aportado diversas definiciones, entre las que destaca la del jurista español Luis Martínez Calcerrada que ha trascendido al común del derecho sanitario y ha servido para establecer el contexto generalmente aceptado:

“El criterio valorativo de la concreción del correcto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina -ciencia o arte médica- que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso de la influencia en otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria- para calificar dicho acto conforme o no con la técnica normal requerida, derivando de ello el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en particular, de la posible responsabilidad de su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico ejecutado”.

Este proyecto de Decreto busca en esencia que cada acto médico sea debidamente legitimado para que, en cualquier procedimiento médico, se sepa con claridad el deslinde de las responsabilidades es decir ¿Quién debe actuar? y ¿Cómo debe actuar?

Cada acto precisa para su adecuada realización una ley que lo enjuicie, haciendo un balance final de la actuación del médico.

Ahora bien, se suele entender por Lex Artis la observancia de las reglas propias de la profesión y, cuando se emplea la expresión lex artis ad hoc se completa dicho sentido –añadiéndosele (ad hoc)- de observancia de un comportamiento profesional con arreglo a las circunstancias específicas del caso, tomando en cuenta el modo, tiempo y lugar.

La lex artis ad hoc es el término empleado generalmente en los tribunales cuando se presenta un conflicto de intereses para deslindar las responsabilidades de la praxis médica.

Existen diferentes técnicas útiles para tratar cada caso planteado y, todas ellas, resultan igualmente válidas, por ello, es importante determinar cuál es la que resulta correctamente aplicable al caso específico, partiendo de la base de que no siempre el criterio será unívoco al existir diversas técnicas válidas y correctas conforme a la Lex Artis en función de los conocimientos de la ciencia y del estado del saber.

Con la instauración de los protocolos de actuación, se establecen pautas seriadas de diagnóstico y tratamientos terapéuticos que resultan especialmente útiles, no sólo para acreditar la correcta o incorrecta actuación médica, sino porque además, facilitan la concreción de la Lex Artis de cada caso, es decir, la lex artis ad hoc.

Llegados a este punto, es pertinente entonces, destacar la regulación o principios con los que deben actuar los médicos, enfermeras, anestesiólogos, radiólogos, dentistas, entre otros profesionales de la salud dentro del sistema jurídico mexicano, con el propósito de evaluar la correcta o inadecuada prestación de servicios de atención médica.

En este sentido, el Artículo 9º del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, señala:

La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.

Por su parte, el Artículo 2º del Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, expresa a la letra lo siguiente:

PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE LA PRACTICA MEDICA (LEX ARTIS MEDICA).- El conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo;

PRINCIPIOS ETICOS DE LA PRACTICA MEDICA.- El conjunto de reglas bioéticas y deontológicas universalmente aceptadas para la atención médica;

Como vemos, estas definiciones y principios son insuficientes en nuestro sistema jurídico para orientar la práctica médica conforme a la lex artis ad hoc.

Por ello, la Ley General de Salud debe de contemplar una adecuada definición de la lex artis ad hoc que en México se integra por:

a) La literatura magistral. La empleada en las instituciones de educación superior para la formación del personal de salud.

b) La biblio-hemerografía indexada. Es decir, la contenida en publicaciones autorizadas por comités nacionales especializados en indexación y homologación biblio-hemerográfica o instituciones ad hoc.

c) Las publicaciones emitidas por instituciones ad hoc, en las cuales se refieran resultados de investigaciones para la salud.

d) Las publicaciones que demuestren mérito científico y validez estadística.

e) Los criterios que, en su caso, fije la Secretaría de Salud.

f) Los criterios interpretativos de la lex artis ad hoc emitidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

g) La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (que resulta obligatoria, en términos de los artículos 224 y 258 de la Ley General de Salud.)

h) Los diccionarios de especialidades farmacéuticas debidamente autorizados por la Secretaría de Salud.

i) Los criterios emitidos por las comisiones ad hoc autorizadas por la Secretaría de Salud (comisiones de investigación, ética y bioseguridad; y de igual suerte los comités internos de trasplantes).

Luego entonces, no todas las publicaciones sobre medicina tienen el sustento necesario para ser consideradas por fuentes de Lex Artis.

Asimismo, se pondera que para la fijación de la Lex Artis, también concurren elementos de deontología médica (Ciencia o tratado de los deberes. Deontos, deber y logos, tratado).

Por otra parte, la deontología se encuentra íntimamente relacionada con la Bioética, por tanto, conviene hacer algunas referencias de esta disciplina.

a) Principios de beneficencia y no maleficencia: primum non nocere, es decir, primero no dañar. Se reconoce bajo el principio “garantía constitucional de protección a la salud”.

Expresa de manera positiva la actitud y la obligación del personal de salud en buscar el bien del otro y evitar conductas dañinas a la salud y la vida.

b) Principio de autonomía: reconoce a toda persona capaz de elegir; de ejercer un derecho de opción y decisión, es decir, un derecho subjetivo, pues tal es el corolario de los derechos de libertad.

Se ha establecido el modelo de autonomía combinada en el ejercicio médico; en él coinciden dos libertades: la prescriptiva (del profesional de la salud) y la terapéutica (del paciente).

En el contexto de tales libertades se encuentra incluido el derecho de objeción de conciencia.

c) Principio de razonable seguridad. En el acto médico el beneficio esperado siempre deberá ser mayor, respecto del riesgo latente.

d) Principio de información. El paciente y, en su caso, su representante legal, deben ser informados del efecto adverso, de los signos de alarma y de las prevenciones especiales para el empleo de insumos para la salud.

e) Principio de justicia. Se expresa la convicción y la regla de general comportamiento a fin de respetar los derechos de las personas dentro de una igualdad fundamental. Obliga a:

Tratar a los pacientes según el axioma "casos similares exigen un tratamiento similar”.

La atención médica debe ser asequible a todos.

Es obligación del Estado elevar el nivel de salud de la población.

f) Principio de sustentación clínica. El empleo de un insumo o de técnicas y procedimientos médicos siempre deberá referirse a condiciones clínicas demostradas y a la evidencia científica disponible en el momento de la atención.

g) Principio de participación. Al establecer el esquema o régimen de atención, se habrán de ponderar las preferencias, características y hábitos del paciente, siendo ello técnicamente posible.

h) Principio de formalidad. En la atención médica y especialmente en la prescripción de insumos para la salud habrán de respetarse las formalidades establecidas en las normas sanitarias (Reglamento de Insumos para la Salud).

i) Principio de buena fe o in dubio pro médico. Los actos de atención médica se entienden realizados de buena fe y en ánimo de curar, salvo prueba en contrario.

La prueba de la mala práctica recae en el paciente, sus representantes o de la autoridad correspondiente.

Adicionalmente se contempla la doctrina del doble efecto:

• Se actualiza cuando al realizar una acción, además del efecto que se persigue se presenta uno que deviene al primero.

• Para que sea lícito realizar una acción de la que se siguen dos efectos, uno bueno de modo directo y de ella, se sigue un efecto que no se pretende.

Requisitos de licitud:

• Acción sea neutra o buena en sí misma.

• El efecto bueno sea primero o simultáneo.

• Que la intención sea buena.

• Proporción razonable a la gravedad del daño que permita el efecto bueno requerido.

Riesgo inherente:

1. El paciente, por circunstancias de hecho enfrenta los efectos colaterales de su enfermedad.

2. De no atenderse deberá afrontar, sin modificación alguna, la historia natural de la enfermedad.

3. En ánimo de curar puede asumir los riesgos (efecto adverso) del tratamiento siempre que el beneficio sea mayor y exista la debida sustentación médica.

4. Deberá existir razonable seguridad.

Resultados de la evaluación del acto médico:

1.- Buena práctica.

2.- Mala práctica sin relación causal.

3.- Mala práctica con relación de causalidad al evento adverso.

4.-Responsabilidad institucional

En síntesis, este proyecto de Decreto busca crear las bases jurídicas que permitan destacar la regulación o principios con los que deben actuar los médicos para evitar la pervivencia de charlatanes y pseudomédicos que causan riesgos para la salud y la economía de los pacientes.

Lo anterior, cubriendo un vacío legal que permita reducir las deficiencias en el Sistema Nacional de Salud que provocan perjuicios en la salud de la población y que derivan en procedimientos o intervenciones quirúrgicas mal practicadas, o en tratamientos médicos a partir de “medicamentos milagro” que no han demostrado científicamente su efecto preventivo, terapéutico o rehabilitatorio.

Una de las ramas de la medicina que presenta mayor cantidad de fraudes por ser una de las actividades que más se practica en la actualidad, es la de los actos de cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Es por ello que este proyecto de Decreto hace especial énfasis en esta rama de la medicina, ya que representa una de las actividades donde la charlatanería médica ha crecido y encontrado espacios de actuación para los cuales no existe una regulación legislativa adecuada y que ha provocado prácticas ilícitas que ponen en peligro la salud y la vida de muchas personas, al ser sometidos con engaños, a inyecciones de sustancias modelantes que prometen mejorar la apariencia de la cara, el volumen de los senos o de los glúteos y piernas.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 81 Y 271 YSE ADICIONAN LOS ARTICULOS 81-BIS Y 469-BIS, TODOS ELLOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico: Se reforman los artículos 81 y 271 yse adicionan los artículos 81-bis y 469-bis, todos ellosde la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 81. Las autoridades educativas registrarán los certificados de especialización en las disciplinas para la salud que expidan las instituciones de enseñanza superior, las instituciones de salud reconocidas oficialmente, y los consejos de especialidad que tengan declaratoria de idoneidad de la Academia Nacional de Medicina o la Academia Mexicana de Cirugía, según corresponda a la especialidad de que se trate, y tengan, así mismo, la opinión favorable del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

El citado Comité Normativo emitirá su reglamento interno, será coordinado por la Secretaría de Salud y en él participarán los representantes del Consejo de Salubridad General de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, las citadas academias y los propios consejos que fije su reglamento interno.

Para el ejercicio de las especialidades médicas se requiere del certificado de especialidad expedido por las instituciones o consejos previstos en el párrafo primero del presente artículo y la cédula de especialista expedida por las autoridades educativas correspondientes.

Artículo 81 BIS. Son fuentes oficialmente reconocidas para la integración de la lex artis ad hoc del ejercicio médico:

I.Los Literatura magistral empleada oficialmente en las instituciones de educación superior para la formación del personal de salud;

II. La biblio-hemerografía indexada. Es decir, la contenida en publicaciones autorizadas por comités nacionales o internacionales especializados en indexación y homologación biblio-hemerográfica;

III. Los criterios oficiales de la Secretaría de Salud;

IV. Las publicaciones oficiales emitidas al respecto por los institutos nacionales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el Instituto de Seguridad y las instituciones ad hoc oficialmente reconocidas por la Secretaría de Salud, en los cuales se refieran resultados de consenso;

V. Los criterios interpretativos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico;

VI. La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Los diccionarios de especialidades farmacéuticas autorizados por la Secretaría de Salud, y

VIII. Los criterios de consenso emitidos por los consejos de especialidades médicas a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 271. Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 de esta Ley, que contengan hormonas, vitaminas y, en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV de este Título.

Los actos de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y especialmente los de atención médica a la obesidad, sólo podrán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por especialistas acreditados conforme lo establecido en el artículo 81 de esta Ley.

Se entenderá que existe mala práctica médica cuando los procedimientos respectivos no se ajusten a las fuentes de lex artis ad hoc oficialmente reconocidas, en términos del artículo 81 BIS de esta Ley.

Artículo 469 BIS. Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión, a quien incurra en fraude a la salud. Comete el delito de fraude a la salud el que en ánimo de lucro:

I. Simule actos de atención médica;

II. Introduzca al territorio nacional, anuncie, expenda, distribuya o suministre insumos que el público pueda asociar a la atención de enfermedades, cuando no esté científicamente demostrado su efecto preventivo, terapéutico o rehabilitatorio. Independientemente que se trate de productos naturales, tecnológicos o industrializados;

III. Promueva, realice o participe en la realización de técnicas y procedimientos a los que se atribuya o asocie naturaleza diagnóstica, terapéutica o rehabilitatoria, cuando no exista sustento científico debidamente demostrado mediante investigación clínica en seres humanos. En todo caso, se entenderá que no existe sustento científico cuando la técnica o procedimiento no se sustente en las fuentes previstas en el artículo 81 BIS de la presente Ley;

IV. Sin ser personal profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y sin causa legítima o permiso de la autoridad sanitaria, realice actos que el público pueda asociar a la atención de enfermedades;

V. Sin ser personal profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y sin causa legítima o permiso de la autoridad sanitaria, participe en actos que puedan ser tenidos como de investigación para la salud, o

VI. Introduzca al territorio nacional, anuncie, expenda, distribuya o suministre al público insumos secretos o fraccionados.

Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se establezca indefectiblemente por la autoridad judicial que instruya el proceso, la condena en daños y perjuicios a favor del paciente afectado.

Articulos Transitorios

Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

Se recibió de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por la C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del PAN)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CAMARA DE SENADORES

C. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES.
PRESENTES:

La que suscribe, SENADORA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con las disposiciones del artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION., al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La preservación y cuidado de los recursos hidráulicos en nuestro país hasta los años setenta, no fueron estimados como primordiales dentro de los contenidos de las agendas legislativas y de la administración pública, enfocándose únicamente en su distribución y acercamiento para el disfrute de todos los sectores sociales, como si el vital líquido fuera un recurso inagotable. Esto se evidencia, al considerar que desde el Régimen Porfirista y durante los gobiernos que prosiguieron a la Revolución Mexicana, se dedicó gran parte del esfuerzo y constancia a la construcción de modernas obras de ingeniería que llevaron el agua a todos los rincones del país, a través de la construcción de importantes presas, diques, pozos, sistemas de distribución urbana y rural, así como de una importante infraestructura de drenaje y saneamiento, entre muchas otras acciones.

Sin embargo, el crecimiento de la población humana, así como el incremento de las actividades industriales con complejos y largos procesos que generan contaminación a gran escala, han provocado en los últimos treinta y cinco años, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, la gestación de una alarmante preocupación, traducida en la búsqueda de concientización por vez primera sobre la condición real de la disposición y abasto del agua, como un recurso natural no renovable y escaso, o más aun, tendiente a convertirse en un futuro no distante en objeto del ciclo económico susceptible de oferta y demanda.

Por ello, tomar medidas sobre el agua y su actual situación ha pasado de ser un reto de ingeniería para llevarla a todos los rincones de nuestra geografía, para convertirse en un desgastante debate a fin de delimitar los alcances de su distribución, a fin de racionarla y crear condiciones para concientizar a todos los niveles y sectores de la ciudadanía en el fomento a su cuidado y en la prevención de su desperdicio.

La simple solución de cuidar del agua, es una situación que puede considerase sencillamente asimilable y de fácil cumplimiento; sin embargo, la falta de conciencia social e individual del valor del agua como vital líquido y primordial para el desarrollo de cuanta actividad humana existe, ha generado que a fines de la primera década del siglo XXI, la escasez real de este recurso se precisa cada vez más tangible.

La situación de escasez del agua ha dejado de ser sólo un problema de operatividad entre los sistemas y organismos locales, municipales y de la comisión nacional, para convertirse en eje central de las acciones de nuestros gobiernos, que cada vez más tratan con mayor mesura y urgencia este problema. Dicha situación se hace patente al mencionar que las tres mayores ciudades de nuestro país, México, Guadalajara y Monterrey, consumen cerca del 50% del agua destinada en el país para uso urbano e industrial, además de causar grandes problemas de contaminación del recurso por el vertimiento de desechos municipales e industriales, ya que en la mayoría de los casos no reciben un tratamiento adecuado para devolver el agua limpia a sus fuentes originales, poniendo en riesgo no sólo la salud de las personas sino también de los ecosistemas.

Los datos anteriores, no hacen más que confirmar el estado crítico que guarda el vital líquido en nuestro país. Basta añadir a ellos, que a pesar de contar con más de 300 cuencas hidrológicas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, más de la mitad de ellas presentan cierto grado de contaminación que no hacen apta al agua para el consumo humano. Cabe destacar que en México enfrenta una crisis de escasez de agua, que ya amenaza el desarrollo de ciertas urbes y ha generado conflictos sociales, pues la estadística señala: al menos 94 por ciento de ríos y lagos contaminados, la sobreexplotación de 102 acuíferos, la desaparición de cinco lagunas y 38 ciudades con problemas serios de abasto de agua potable.

La ubicación del 77% de la población en las zonas áridas y semiáridas; 11 millones de personas -sobre todo del campo- sin agua potable; el desperdicio de al menos 50% del líquido, y alrededor de 70% de aguas residuales sin tratamiento, son también algunas de las características que delinean el espectro nacional del agua.

En razón de lo anterior, debemos fortalecer por los medios posibles la conciencia social que garantice el cuidado y ahorro del agua en todos los sectores ydentro del desarrollo de todas las actividades, sean escolares, culturales o económicas en cualquiera de sus niveles, así como en cada una de los hogares de nuestro país.

Mediante el impulso de permanentes y directas campañas publicitarias que promuevan soluciones y medidas eficaces de carácterintegral, se garantizará el fomento de la cultura de ahorro y cuidado del agua, misma que se traducirá en una mayorpreservación, distribución en el mediano y largo plazo y una completa sustentabilidad de este recurso en nuestro país, situación que permitirá frenar la contingencia mundial de desbasto del vital líquido con sus desagradables consecuencias.

Dicha campaña, debe implementarse con apoyo de la iniciativa privada, a través de la aparición de leyendas informativas y mensajes declarativos relativos al cuidado de nuestro vital líquido en envases y entodo tipo de publicidad empleada para la comercialización de agua purificada, cualquiera que sea su envase, incluida la generada en los medios masivos, de comunicación, como prensa, radio y televisión, ya que cabe mencionar que México es el primer consumidor de agua embotellada en América Latina y el segundo en el mundo.

En este sentido, es de recordar que en la LIX legislatura,el Sen. Wadi Amar Shab Shab del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con el propósito de comenzar una campaña para la concientización en el cuidado y conservación de este vital líquido, promoviendo que las aguas embotelladas estuvieran etiquetadas con frases alusivas al ahorro del agua, sin que lograra concretarse la ley.

Es por ello, que continúo con esta labor, ya no con el fin de prevención como se hizo en el año 2006, sino enfrentando las graves consecuencias y afectaciones que esta viviendo nuestro país, por la falta de este vital líquido, por lo que, considero quedentro del artículo 67 debe de adicionarse una fracción V, dela Ley Federal de Radio y Televisión, para que exista publicidad para el cuidado y ahorro del agua en la propaganda de aguas purificadas envasadas, bebidas saborizadas y otros derivados. De la misma manera, debe contemplarse dentro delartículo 77 de esta misma ley, el fomento dentro de la programación de radio y televisión, en todas las emisoras del país, los contenidos y/o mensajes que alienten a la conservación de los recursos naturales y al ahorro del agua.

No cabe más que agregar que con estas adecuaciones a nuestra legislación, será más evidente el ahorro, preservación y fomento para el consumo responsable del agua, mismo que es sinónimo de una buena administración de recursos y por tanto de la productividad y prosperidad que México, requiere para incrementar su desarrollo económico y humano.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto al pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO .- Se adiciona la fracción V al artículo 67 y se reforma el artículo 77; ambos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 67.- La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión se ajustará a las siguientes bases:

I a la IV…

V.- En el caso de la publicidad de aguas purificadas cualquiera que sea su envase, bebidas saborizadas y otros derivados, los anunciantes deberán acompañar sus segmentos comerciales confrases y/o mensajes breves, alusivos al cuidado y ahorro del agua.

Artículo 77.- “Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programacióndiaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo, así como notas y contenidos alusivos al cuidado del agua y de los recursos naturales en general; así como otros asuntos de interés general nacionales o internacionales

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 1° de octubre de 2009.

Sen. Martha Leticia Sosa Govea”.






PROPUESTAS

Se recibió de los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y del Instituto Nacional de Pesca, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR Y APROBAR, EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2010, UN MAYOR PRESUPUESTO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA PESQUERA Y ACUICOLA DEL PAIS Y AL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Pesca y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca, para que éste cuente con la tecnología y equipo de vanguardia necesarios para cumplir sus importantes atribuciones de investigación a favor de la pesca y acuacultura de la nación. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inversión pública y privada en la ciencia y la tecnología de nuestro país, continúa siendo baja con respecto a lo que destinan a estos rubros otras naciones de nuestro continente y del mundo: dentro los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el que realiza menos inversión para la investigación y desarrollo, a pesar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2009, el monto otorgado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue de 15,474.8 mdp, y la inversión en el ramo para la ciencia y tecnología nacional fue de aproximadamente 43,500 mdp.

En este contexto, cabe señalar que para el Ramo Administrativo que integra a la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le fueron asignadosaproximadamente 3,100.0 mdp; de los que se canalizó a la investigación pesquera y acuícola aplicada cerca del 8 por ciento, lo cual es insuficiente para una nación con un amplio potencial de recursos acuáticos.

En el territorio nacional existen diversas instituciones educativas y de investigación que realizan investigación en aéreas en ciencias del mar y específicamente en pesca y acuacultura, mismas que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a Universidades e instituciones estatales y regionales. De igual forma el sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con escuelas secundarias técnicas pesqueras y de nivel medio superior como los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y de nivel superior y postgrado como los Tecnológicos de Mar (ITMAR).

La mayor parte de estas instituciones pertenecen al Sistema de Centros Públicos de Investigación, cuyo principal objetivo es realizar actividades de investigación científica y tecnológica reconocidas por resolución conjunta de los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de las dependencias de la Administración Pública Federal. Estos centros se caracterizan por tener una autonomía técnica, operativa y administrativa, además de tener un Fideicomiso de apoyo en investigación y desarrollo tecnológico. El gobierno federal creó dichas instituciones para solucionar problemas locales y regionales de educación, cuyo planteamiento tiene como base la descentralización de la actividad científica y tecnológica en ciencias del mar.

Asimismo, el Ejecutivo Federal cuenta desde el año de 1962, con el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), creado con el principal propósito de brindar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo de la pesca y la acuacultura del país. Actualmente es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola en su género, con la mayor cobertura nacional y en atención directa a la problemática y desarrollo de estos sectores.

A diferencia de otras instituciones de investigación en ciencias del mar, el INAPESCA tiene la encomienda de diseñar, conducir e instrumentar las políticas de investigación pesquera y acuícola del país, aportando elementos técnico-científicos, a través de sus trabajos de investigación, para la gestión y determinación de medidas regulatorias para la administración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

Los trabajos realizados por el INAPESCA son fundamentales para la toma de decisiones de la autoridad pesquera y acuícola para la administración y óptimo aprovechamiento de sus recursos, y por ello representa el activo más importante del país en materia de investigación y evaluación pesquera y acuícola.

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), entre sus principales atribuciones se encuentran: coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura; coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola; formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con instituciones de investigación y autoridades del gobierno federal y de los Estados; elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas y emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto.

Las facultades anteriores se pueden esquematizar en una serie de actividades y productos que este Instituto lleva a cabo, como lo es el desarrollo de estudios de investigación de las principales pesquerías a nivel nacional y el acopio, análisis, evaluación e integración de información elemental para la actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y para la elaboración o actualización de Normas Oficiales Mexicanas, además de la realización de Dictámenes Técnicos y Opiniones Técnicas que brindan sustento a las medidas regulatorias y de manejoque están encaminadas al aprovechamiento sostenible de las pesquerías del país,

De estos importantes elementos que se consideran esenciales para la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros, la actualización de la Carta Nacional Pesquera, tiene singular relevancia, ya que ésta contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos, tal como la misma LGPAS lo establece.

La Carta Nacional Pesquera se presenta en forma de fichas que contienen los nombres comunes y científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los lineamientos, estrategias y medidas de manejo, el esfuerzo pesquero permisible, así como el comportamiento de la pesquería en gráficas, la ubicación geográfica de las áreas de pesca en las vertientes del país y una descripción y diseños de los distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los recursos. Esta información es en síntesis determinante para la implementación de medidas administrativas, regulatorias y de manejo de recursos pesqueros por parte de la autoridad pesquera.

En términos generales los trabajos de investigación realizados en los 45 años de existencia de este Instituto han permito monitorear y tener conocimiento científico y tecnológico de nuestras principales pesquerías comerciales y ha venido recomendando las medidas de manejo más apegadas a la sustentabilidad a largo plazo. Asimismo han evaluado y recomendado las artes de pesca adecuadas, esfuerzo de pesca susceptible de ser aplicado, tallas mínimas de captura, temporadas de veda, y el procesamiento y manejo a bordo, así como alternativas de comercialización.

De la misma forma ha recomendado lineamientos a la autoridad pesquera y acuícola y por medio de la divulgación de los resultados de sus investigaciones al sector productivo, ha generado y promovido la innovación y transferencia de tecnología pesquera y acuícola al sector, ha evaluado las pesquerías y unidades de producción acuícola y promovido la exploración de recursos potenciales, entre otros grandes e importantes aspectos en beneficio del desarrollo acuícola y pesquero.

Sin embargo, no obstante las importantes atribuciones y la ordenanza que en materia de investigación tiene el INAPESCA, así como a sus básicas y necesarias aportaciones; en los últimos años esta institución ha venido enfrentando una serie de problemas y dificultades que no ha permitido que sus trabajos de investigación y asesoría sean aprovechados con una mayor eficienciaen respuesta a la situación en la que actualmente se encuentra la pesca y acuacultura del país y éste se encuentre limitado para cumplir con una mayor eficacia el objetivo para el que fue creado.

La carencia de recursos humanos, materiales y financieros, así como la falta de instrumentos y mecanismos administrativos que son necesarios y que al no poseer obstaculizan y minimizan su cobertura de operación, son sólo algunos de los principales problemas que enfrenta actualmente, y que no permiten que cumpla eficientemente con todas sus atribuciones y funciones al 100 por ciento.

La disminución drástica en la plantilla de su personal, la edad y tiempo de antigüedad de elementos operativos y administrativos en vísperas de retiro, así como la falta de contratación e incorporación de personal, aunado al estado actual de deterioro en el que se encuentra su infraestructura e instalaciones de sus Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP´S), debido al escaso presupuesto para su mantenimiento preventivo y correctivo, son algunos aspectos substanciales de tal problemática.

Las nueve embarcaciones que componen su flota de investigación pesquera promedian 28 años de antigüedad y por la carencia de recursos financieros para contratación de su tripulación y para su mantenimiento, sólo tres se encuentran aptas o en estado óptimo para su operación. Esto es importante resaltar toda vez que este tipo de buques de investigación son sumamente necesarios para los trabajos y estudios de investigación que son requeridos en nuestros mares y sólo algunas instituciones del país cuentan con este tipo de embarcaciones; no obstante de poseer extensos litorales en comparación con otros países pesqueros del mismo continente.

Como se ha mencionado, México cuenta con una gran infraestructura de investigación en ciencias del mar y un gran número de instituciones de enseñanza media superior y superior distribuidas en el territorio nacional, en las que se capacita y prepara personal especializado en diversas áreas y niveles en estas disciplinas, además de una institución oficial asesora del Gobierno Federal con Centros Regionales de Investigación Pesquera en los litorales del país (INAPESCA); sin embargo se considera que contrariamente a la infraestructura y los recursos humanos con que se cuenta, éstos no son debidamente aprovechados para un mejor desarrollo de la pesca y la acuacultura que requiere la nación.

Aunado a ello, al igual que en otras áreas relacionadas con la producción de alimento, las cuales son elementales para la subsistencia de la población, en la pesca y la acuacultura hay un gran rezago generalizado en cuanto a la tecnología en estas actividades. Este déficit no sólo ha impedido el desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, sino que esto ha imposibilitado competir con los países pesqueros desarrollados, poniendo al país en una gran desventaja al importar tecnología extranjera sin invertir en el desarrollo de la producción tecnológica nacional.

Por otra parte, debido a la falta de fondos significativos son poco los esfuerzos institucionales para realizar investigación en forma coordinada y multidisciplinaría, características indispensables para abordar eficientemente una problemática compleja; asimismo no existe el presupuesto necesario para financiar proyectos de investigación o de la claridad en la asignación de dicho presupuesto, y hasta ahora los esfuerzos de investigación, tanto básica como aplicada, han sido escasos y poco coordinados, sin que existan los esquemas que fomenten la investigación a niveles que correspondan con las necesidades de estos sectores.

Si está comprobado que la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que se adquieren por medio de la investigación científica son de suma importancia para la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas que hoy en día enfrentanla pesca y la acuacultura del país, se debe brindar apoyo y solución de igual forma, a la problemática por la que atraviesa la ciencia y tecnología en estos campos.

Unicamente de esta manera se podrán tener elementos técnicos y científicos que brinden certidumbre a la toma de decisiones ante la lamentable situación actual de los recursos pesqueros. Basta mencionar que precisamente de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por el INAPESCA, el 80 por ciento de las pesquerías están en su máximo rendimiento sostenible, 10 por ciento ya están sobre explotadas y sólo 10 por ciento tiene potencial de desarrollo.

Debido a ello algunos expertos coinciden, que para el caso de las pesquerías que han alcanzado los máximos rendimientos sustentables, en las actuales condiciones no es posible incrementar las capturas. Para estas pesquerías es preciso instrumentar acciones para sostener las capturas en los niveles actuales y hacer grandes esfuerzos para maximizar el valor de las capturas mediante la agregación de valor en los mercados nacional y de exportación.

Por otro lado, para las pesquerías que están en estado de sobreexplotación es impostergable la implementación de Planes de Manejo con el objetivo explícito de recuperación para el posterior aprovechamiento sustentable, tal como lo establece la LGPAS. Por ello México requiere explorar nuevas zonas con recursos potenciales y llevar al máximo sustentable las pesquerías para las que se tiene potencial.

Por muchos años la mayor parte de las operaciones pesqueras de embarcaciones ribereñas y de mediana altura se han concentrado cerca de la costa, esto ha provocado la sobreexplotación y agotamiento de algunos recursos y daños irreversibles a estos ecosistemas costeros. Basta precisar que una buena parte de las pesquerías comerciales son aprovechadas en nuestra plataforma continental.

Es por ello, que al estar saturadas todas las pesquerías comerciales que hoy día se aprovechan en la zona costera, se considera que es apremiante llevar a cabo investigación y exploración de nuevas pesquerías, especialmente de especies de aguas profundas. Ésta se torna como la más viable alternativa que se debe impulsar para incrementar nuestros volúmenes de captura. El impulsar cruceros de investigación con artes de pesca de vanguardia tecnológica permitirá conocer el potencial y características de los recursos con que cuenta la nación en los más de 2.94 millones de kilómetros cuadrados de territorio marino.

De acuerdo con investigadores del mismo INAPESCA y de otras instituciones nacionales de investigación, se tiene conocimiento que en las aguas alejadas de la costa del Pacífico mexicano, incluyendo profundidades mayores a 500 metros, existen recursos susceptibles de ser aprovechados; pero hace más de 20 años que no se han realizado evaluaciones de biomasa. Esto implica que no se pueden promover proyectos de desarrollo e inversión en virtud de que no se pueden recomendar tecnologías para extracción ni cuotas para captura sustentable. En esa zona existen, por lo menos, los siguientes recursos potenciales: Langostilla, macarela, sardina, cangrejo de profundidad, merluza, y bacalao negro.

Este tipo de estudios de investigación son escasos o no se han realizado por diferentes motivos, entre los que se encuentra la carencia de líneas de investigación y proyectos enfocados para estas zonas y profundidades, la falta de presupuesto de inversión necesario para tal propósito, pero principalmente por la falta de tecnología apropiada que permita llevarlos a cabo, como es la inexistencia de buques modernos de investigación apropiados y equipados con tecnología de vanguardia.

Como ya antes se ha mencionado, los trabajos que realiza el INAPESCA son fundamentales en asesoría científica pesquera para el Estado, pero debido a la problemática por la que actualmente atraviesa, éste no cuenta con este tipo de embarcaciones para realizar estos estudios que son necesarios por la situación en que se encuentran las pesquerías; por tal motivo se considera fundamental que este instituto cuente con un buque de investigación pesquera moderno y equipado con tecnología avanzada, el cual permita llevar cabo este tipo de prospecciones y evaluaciones y de esta manera cumpla con sus funciones sustantivas a favor de la investigación pesquera en México.

Con la adquisición de este buque, el mismo INAPESCA advierte que los beneficios se pueden estimar en términos de los empleos generados, así como el valor de las capturas comerciales adicionales a las actuales mediante la identificación de nuevas pesquerías en zonas alejadas de las costas mexicanas. Los beneficios también se verán reflejados en términos de la reducción de la presión de pesca en las pesquerías mexicanas que se realizan en su mayoría (85 por ciento en toneladas descargadas) en las primeras 25 millas de las costas, y cuyo estatus es de 70 por ciento al máximo sustentable o bien en deterioro (15 por ciento).

Como ya se ha mencionado, nuestro país desde hace varias décadas no cuenta con un buque de investigación moderno y con las características que son necesarias para este tipo de investigaciones. A este respecto es importante mencionar que los estudios que desarrollan los buques de investigación pesquera y oceanográfica en las zonas de pesca nacionales e internacionales tienen una extraordinaria importancia al suministrar una valiosa información a los administradores pesqueros de los estados, así como a la hora de adoptar medidas que garanticen el desarrollo y uso sostenible de los recursos pesqueros.

Por otra parte, únicamente con investigación actualizada y de calidad se estará en posibilidad de generar recomendaciones de peso para el manejo de los recursos pesqueros, y para la orientación de inversión y el desarrollo, así como para la innovación y transferencia de tecnologías en beneficio del sector y del ambiente. Esto coadyuvará a fortalecer a la autoridad competente que así podrá dedicar mayores esfuerzos a su actividad rectora sustantiva desde la ordenación, capacitación, inspección y vigilancia, así como promoción y organización del sector.

Además por la crisis mundial y nacional que se esta viviendo, es fundamental que el país invierta en la ciencia y tecnología que esta dirigida a la producción de alimento y al cuidado y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para que a través de su conocimiento el país este mejor preparado para la toma de decisiones que habrá de considerar para enfrentar los costos sociales, económicos, ambiéntales y políticos que se avecinan.

Desde hace muchos tiempo la pesca y la acuacultura han sido y continúan siendo fundamentales para el desarrollo regional y nacional, miles de productores y pescadores de toda la República dependen directa e indirectamente de estas actividades. Con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de litorales y con una producción de aproximadamente 1.4 millones e toneladas anuales, en el contexto internacional México se encuentra formado parte de los 16 países con mayor producción pesquera y acuícola. La contribución de estos sectores al Producto Interno Bruto nacional es de alrededor del uno porciento, con una balanza positiva por el orden de los 400 millones de dólares anuales y la generación de un millón de empleo más de un millón de empleos directos e indirectos. Todos estos indicadores permiten dar cuenta de la magnitud de su importancia.

Sin embargo, pese a las características geográficas y ambientales privilegiadas con que cuenta el país, además del potencial de recursos pesqueros y acuícolas susceptibles de ser aprovechados; estas actividades no han podido ser tales que incidan de mejor manera al desarrollo económico y social que México requiere.

Y es que desde hace varias décadas, estas actividades productivas enfrentan diversos problemas socioeconómicos y ambientales. Dentro de éstos, para el caso de la pesca, se encuentra como ya se ha mencionado, la sobreexplotación de especies, aunado al sobreesfuerzo pesquero, pesca ilegal, deterioro de pesquerías, subutilización, sobre capitalización y para la acuacultura, deficiencia en transferencia tecnológica deterioro en cuencas hidrológicas, deforestación, presencia de enfermedades y especies invasoras nocivas, entre otros más. Todo esto en detrimento de lasalud y economía nacional.

Este lamentable escenario, insta a la autoridad responsable en la administración y fomento de estas actividades, para la determinación y aplicación de políticas públicas con visión y planeación que sean más eficaces, para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros y acuícolas, donde la ciencia y la tecnología adquieren relevante importancia, para que las decisiones orientadas a la administración y ordenamiento de dichos recursos se fundamente y realice bajo el mejor sustento científico.

De acuerdo a la situación actual de la pesca y la acuacultura, y por la importancia que significa la ciencia y tecnología para nuestro país, así como las instituciones que tienen la gran encomienda de llevarla a cabo; en diversas ocasiones he presentado proposiciones ante diferentes instancias para incentivar a que se incremente el presupuesto para el gasto público en ciencia y tecnología pesquera y acuícola que es necesario, y no cejare en continuar gestionando todo aquello que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como el desarrollo del sector pesquero y acuícola, por todo lo que esto significa para miles de mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Comisión de Pesca y Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

A. Se considere y apruebe un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país.

B. Se considere y apruebe un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca, para la adquisición de un buque de investigación pesquera por el orden de los 100 millones de pesos.

Dado en el palacio de Xicoténcatl a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy.- Sen. Humberto Andrade Quezada”.

Se recibió de los Senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un Fondo de Contingencias Sanitarias para atender enfermedades como la Influenza A (H1N1) y el Dengue, entre otras, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

punto de acuerdo POR EL QUE SE exhorta A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CREAR UN FONDO DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PARA ATENDER ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A (H1N1) Y EL DENGUE, ENTRE OTRAS

“Los que suscriben, Senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con puntos de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 21 de septiembre, durante su comparecencia, el Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, solicitó a la Comisión de Salud de esta Cámara, intervenir para crear un fondo especial de contingencia sanitaria para atender la influenza A (H1N1), así como otras enfermedades epidemiológicas, lo que evitará tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento en la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se administra por parte de la federación, un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

El Artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, señala que “se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren”.

En la definición de gastos catastróficos se identifican las diferentes etapas en que pueden encontrarse las enfermedades, así como los eventos que pueden producir altos costos en su atención.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos complementa el Catálogo de Servicios de Salud y, en su conjunto, conforman las prestaciones médicas que oferta el Sistema de Protección Social en Salud.

Actualmente las patologías que son financiadas por este Fondo son:

• Cánceres en Niños

• Cáncer Cérvico Uterino

• Cáncer de Mama

• Cuidados Intensivos Neonatales

• Cirugía de Cataratas

• Tratamiento Ambulatorio de VIH-SIDA

La fracción IX del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, determina que corresponde a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, de dicha Comisión, “Participar en la formulación de propuestas de tratamientos médicos cuyos costos sean cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y en las acciones que tiendan hacia el desarrollo de los centros regionales de alta especialidad del Sistema”.

Por su parte, el Reglamento Interior de la Comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, establece como algunas funciones de la referida Comisión, definir los tratamientos, medicamentos y otros insumos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, así como proponer para su aprobación anualmente al Consejo de Salubridad General, la actualización de las categorías.

Este año, la Secretaría de Salud tuvo que tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para atender la pandemia de la influenza humana A (H1N1), en virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación, no contempla un fondo para contingencias sanitarias.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha invertido alrededor de mil 400 millones de pesos desde el inicio de la contingencia sanitaria, por lo que sería muy conveniente la creación de un fondo de contingencia sanitariapara atender este tipo de enfermedades que ocasionan erogaciones presupuestales importantes para su atención.

Se trata como vemos, de crear un fondo de contingencias sanitarias, que se utilice cuando se presenten estas situaciones, de tal manera, que no hayaafectación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que esta diseñado para atender otras enfermedades.

De los mil 800 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, se han utilizado alrededor de un 70 por ciento para la compra de respiradores y medicamentos y, como sabemos, ahora se hará necesario adquirir nuevas vacunas para atender tanto la influenza estacional como la que contiene la cepa A (H1N1), lo cual implicará otra erogación de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Crear un fondo de contingencias sanitarias nos podría permitir además de atender la influenza humana, otras enfermedades como el dengue y algunas otras, que, por su importancia y magnitud, podrían ocasionar una descompensación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

En virtud de lo expuesto anteriormente y con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras, que sea conformado de manera independiente al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que complementa el catálogo de servicios de salud del Sistema del Seguro Popular, de manera que no repercuta en la cobertura de otros tratamientos de alto costo en su atención y que pudiera ocasionar prejuicio a la población.

Segundo: Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, se diseñen reglas de operación donde los gobiernos de las entidades federativas puedan participar en la definición de las mismas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. María Elena Orantes López.- Sen. Francisco Herrera León.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Se recibió del Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para el Fondo de Modernización Municipal, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DISPONER UNA MAYOR ASIGNACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010, PARA EL FONDO DE MODERNIZACION MUNICIPAL

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador de la LXI Legislatura del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para el Fondo de Modernización Municipal; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 23 de diciembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115, fracción IV, inciso C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se les permite a los ayuntamientos proponerles a sus respectivas legislaturas locales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas unitarias de suelo, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Correlacionado a lo anterior, es obligación de los ciudadanos de la república inscribirse en el catastro de la municipalidad, debiendo manifestar su propiedad, industria, profesión o trabajo, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Carta Magna.

2.- De acuerdo con el diagnóstico de las transferencias federales 2007, tanto el impuesto predial como los derechos por el suministro de agua son las fuentes de contribución local más importantes dentro del esquema recaudatorio municipal. Además, estas dos variables financieras sirven como base para la distribución de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal y del 0.136% que se paga a los municipios fronterizos.

Cabe señalar que en los últimos 3 años la recaudación de estos impuestos han registrado un crecimiento real del 0.4% y 6.3%, respectivamente1.

3.- En el año 2006 los ingresos totales municipales bajo el concepto de impuestos directos a la propiedad ascendieron a 18 mil 680.2 millones de pesos, de ellos 11 mil 560 millones de pesos corresponden al impuesto predial, lo que representa el 61.9%. Además, lo ingresado a las haciendas municipales es mayor por 1 mil 462.2 millones de pesos, significando un incremento del 14.5%, en comparación a lo ingresado un año antes (2005:10 mil 97.9 millones de pesos).

En lo que respecta al derecho por el uso y suministro de agua potable, para ese mismo año, 2006, se ingresaron recursos por 1 mil 38.3 millones de pesos, los cuales representaron el 9.8% de los 10 mil 631.5 millones de pesos de la recaudación total de derechos municipales2.

4.- Concretamente, en el período de 2003 a 2006 hubo un incremento promedio anual en la recaudación del impuesto predial, que ascendió a 14.4%. En la siguiente gráfica de serie de tiempo se muestra lo anteriormente señalado:



Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

Desafortunadamente, la suma de la recaudación del impuesto predial de la totalidad de los ayuntamientos representa apenas el 0.2% del PIB nacional, situación que coloca a México por debajo del promedio de los países de la OCDE, 1% del PIB3. Por ejemplo, para Reino Unido este mismo impuesto representa el 3.29% de su PIB, Canadá el 2.83%, Estados Unidos de Norteamérica el 2.57%, Japón el 2.04% y Francia el 1.82%4.

5.- Bajo este contexto, autores como Gustavo Merino han señalado que el impuesto predial posee un alto potencial recaudatorio, si su recaudación no es óptima se debe a que los municipios no cuentan con un sistema catastral adecuado o, en su caso carecen de capacidad técnica suficiente. En esa misma tesitura, Jorge Chávez Presa ha manifestado que “uno de los factores que afectan la recaudación del impuesto predial se relaciona con la calidad del catastro y del registro público de la propiedad”5.

6.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestaria en el ramo general 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 500 millones de pesos bajo el concepto de Fondo Municipal, cuyo objetivo consistió en fomentar proyectos para la modernización de los sistemas catastrales. Subsecuentemente, para los ejercicios presupuestales 2008 y 2009, se aprobó la misma cantidad presupuestaria, 500 millones de pesos, para el mismo fin, bajo el rubro de Fondo de Modernización Municipal.

7.- En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del cuarto trimestre de 2008, la SHCP informó que los recursos erogados del Fondo de Modernización Municipal ascendió a 834 millones de pesos. Toda vez que para el período de 2007 el monto erogado por este mismo rubro fue de 557.6 millones de pesos, se observa que hubo una variación real del 42.3%6.

8.- Con fecha de 8 de septiembre del corriente año fiscal, se entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2010. El documento propone un gasto al ramo general 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 43 mil 239.5 millones de pesos, de los cuales el 1.16% (500 millones de pesos) corresponde al Fondo de Modernización Municipal, que entre sus objetivos destaca: el fomento de proyectos relacionados con los sistemas de catastro de los municipios.

Los recursos propuestos para el Fondo de Modernización Municipal 2010 son inferiores por 334 millones de pesos en comparación a lo reportado en el cuarto trimestre de 2008 por la SHCP.

Dado que la propuesta de gasto público entregada al Congreso de la Unión, se caracteriza por proponer acciones encaminadas a impulsar un mayor desarrollo social, preservar y continuar la lucha contra el crimen, entre otros; se impone fortalecer los mecanismos tendientes a lograr estos fines en la esfera municipal.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la importancia y potencial recaudatorio ya señalados del impuesto predial, con lo cual resulta incongruente la disminución en esta partida; someto respetuosamente a su consideración el presente Punto de Acuerdo, que tiene como finalidad solicitar el incremento de los recursos asignados al Fondo de Modernización Municipal, que aprobará la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el próximo 15 de noviembre de 2009, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio fiscal 2010, considere asignar mayores recursos presupuestarios al Fondo de Modernización Municipal, esto de conformidad a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a esa H. Representación, en materia de revisión y aprobación del presupuesto de egresos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Ramón Galindo Noriega”.

Se recibió del Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a mejorar sus sistemas de inteligencia, el cual se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Senador Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a mejorar sus sistemas de inteligencia. Lo anterior en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el Partido Acción Nacional, la labor de la razón tiene como exigencia el orden; este orden en política se llama Derecho, el cual es la supresión de la arbitrariedad y la regulación de las relaciones interindividuales, de manera que en ningún caso se realicen en términos desventajosos para nadie.

En sentido de lo anterior, es preciso señalar que, en la madrugada del 23 de septiembre elementos de las fuerzas federales realizaron un allanamiento de manera violenta irrumpiendo en dos residencias ubicadas en la manzana 5 lote 1 del Fraccionamiento Virginia en el Municipio de Córdoba Veracruz, causando daños psicológicos, materiales y perdidas de objetos personales.

A las 3:30 horas de la madrugada el Lic. Douglas Parnell Naveda descansaba en su domicilio particular junto con su familia, cuando repentinamente escuchó ruidos provenientes de la calle por lo que se percato de la presencia de dos camiones de los llamados “rinocerontes”, dos vehículos tipo Hummer así como una vehículo “Swat” todos con logotipos de la Policía Federal Preventiva PFP.

De estos vehículos, descendieron aproximadamente 100 elementos uniformados con colores oscuros y encapuchados, además de estar fuertemente armados se dispersaron en diferentes calles del fraccionamiento, mientras un grupo se aproximo a la puerta procediendo a golpearla con un marro que utilizan como herramienta para derribar portones; a lo anterior elSr. Douglas Parnell con gran valentía se dirigió a la entrada y les grito que no causaran destrozos mientras Policías Federales lo amagaban arrojándolo al piso y apuntándolo con armas largasmientras los demás uniformados se daban a la tarea de irrumpir por toda la casa SIN ORDEN DE CATEO ALGUNA, de la misma manera sometieron a su señora esposa quien cargaba a su menor hijo de 2 años y tomaba de la mano a su hija de 4 años de edad mientras los policías allanaban y humillaban su domicilio registrando cada habitación de la casa, despojando al agraviado de sus pertenencias personales, cuando de pronto se les informo a los federales que se encontraban en un domicilio equivocado por lo que salieron de este inmueble e ingresaron ahora de la misma manera a la casa del Sr. Juan Arturo Rivera Porres, destrozando a golpes una puerta de madera y procediendo a realizar el cateo nuevamente sin ninguna orden, no me imagino en realidad lo que esta familia sintió después de haber escuchado lo que sucedía en la casa contigua y que después de atestiguar lo ocurrido, minutos después, lo estaban presenciando en su propio domicilio esperando que sucediera lo peor alser amenzados por las armas largas que los policías federales portaban, para salir con un patético usted disculpe.

Sin duda esta situación resulta inaceptable para cualquier ciudadano, para cualquier padre o madre de familia viendo como a unos de lo suyos esapuntado con armas de fuego a la cabeza, estos sucesos resultan violatorios del artículo 16 constitucional el cual claramente establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Afortunadamente para estas familias no sucedió algo mas grave, pero cualquiera de nosotros podría enfrentar a esta mala experiencia o peor aun ante un escenario mas agravado en donde un padre de familia pensara que los federales encapuchados y sin identificación son delincuentes y tomara la decisión de defender a su familia con sus propios medios, o si algún familiar presentara algún cuadro de enfermedad cardiaca que le pudiera provocar la muerte, o una mujer embarazada que la impresión pudiera poner en riesgo la vida de la madre y de su bebé; lo anterior ocasionado únicamente por la falta de inteligencia en las fuerzas federales.

Si bien es cierto que estamos a favor de la lucha contra el crimen organizado, para que las nuevas generaciones de mexicanos puedan vivir en un México sin miedo, no podemos permitir que se actúe sin apego a la legalidad, antes estos hechos es inadmisible que la actuación de la Policía Federal se lleve a cabo sin orden de cateo ya que ni siquiera llevaban para el domicilio de los delincuentes que andaban buscando, no obstante en la nueva Ley de la Policía Federal publicada el pasado 1 de junio de 2009 en donde les dimos elementos a la Policía Federal para que responda a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la situación en nuestro país demanda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a mejorar sus sistemas de inteligencia y actuar con apego a la Ley.

Segundo.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal para que las diligencias que se practiquen sean en apego al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal instruya al Comisionado General de la Policía Federal a resarcir los daños causados en los domicilios allanados erróneamente en el Fraccionamiento Virginia del Municipio de Córdoba Veracruz, derivados de la falta de información en los sistemas de inteligencia.

Cuarto.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a que emita sinceras disculpas a las familias afectadas por este hecho.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 1 de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Juan Bueno Torio”.

Se recibió del Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a restituir la enseñanza de la historia en México en el primer año de secundaria, el cual se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRTARIA DE EDUCACION PUBLICA A RESTITUIR LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE MEXICO EN EL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA

“El que suscribe, Melquiades Morales Flores, Senador de la República a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A propuesta de la Comisión Especial encargada de los Festejos del Bicentenario y Centenario, en la Primera Reunión Nacional de Comisiones de las Legislaturas, realizada el 3 de abril de 2008, se aprobó por unanimidad realizar un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que se restituyera la enseñanza de Historia de México en el primer año de educación secundaria.

Se ha solicitado a la SEP la reintegración de la asignatura de Historia de México, tras la consideración de que es necesario que los jóvenes de ese grado conozcan la historia nacional, incluyendo la de los pueblos indígenas, a fin de conocer los orígenes de la etapa histórica que les ha tocado vivir, así como atender al espíritu de la Constitución que, en su artículo 2º, establece la pluriculturalidad de la nación mexicana, lo que sin duda contribuye a fortalecer su identidad como mexicanos.

En la Comisión, consideramos como muy necesaria la restitución de la Historia de México en el primer año de secundaria a fin de dar continuidad a la formación del alumno que transita de la educación primaria a la secundaria, experimentando un cambio de nivel educativo importante para su propio desarrollo. Cabe señalar como antecedente, que si bien los planes de estudio de educación básica contemplan algún contenido histórico, es en el quinto y sexto años cuando se cursa en específico la historia del México prehispánico hasta la actualidad.

Los criterios de la reforma a la educación básica de 2006 señalan como motivo de la desaparición de la asignatura de Historia de México en el primer año de secundaria, la reducción de la carga académica del alumno. En tal virtud, el estudiante se queda sin cursar la materia hasta el tercer año de secundaria en el que se aborda la historia de México, de la época prehispánica hasta la actualidad, pues en el segundo curso es analizada la historia universal. En lo que respecta a la enseñanza del México antiguo, en el tercer año se destina en el primer bloque (de cinco) la comprensión de las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España, cubierta en 40 horas de trabajo.

Además, consideramos que la enseñanza de la historia debe ser permanente y no limitarla a una sola etapa de la vida del educando, así como también que el estudio de la historia no puede verse sustituido por la enseñanza de materias como la geografía de México, la asignatura estatal, la formación cívica y ética o la historia universal.

Adicionalmente, se considera que la necesidad de que exista continuidad en la enseñanza de la Historia de México y del México antiguo, debe tomar en cuenta que en ocasiones los alumnos no pueden continuar con sus estudios, por lo que es preferible que cada ciclo escolar contemple la enseñanza de la historia de manera completa.

Estamos convencidos que el estudio de la Historia de México y la comprensión del legado de los pueblos indígenas, a través de la enseñanza del México antiguo, deben ser abordados en los tres años de secundaria, con el propósito de fortalecer la identidad mexicana de los jóvenes de secundaria.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que sea restituida la enseñanza de la Historia de México en el primer año de secundaria, a fin de que su estudio en los tres años de secundaria fortalezca los conocimientos de los alumnos sobre el México Antiguo y la identidad de los jóvenes mexicanos como miembros de un país pluriétnico y pluricultural.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Sen. Melquiades Morales Flores”.

Se recibió de los Senadores Carlos Lozano de la Torre, Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a la desaparición de la Secretaría de Turismo, el cual se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CAMARA DE SENADORES SE PRONUNCIA RESPECTO A LA DESAPARICION DE LA SECRETARIA DE TURISMO

“H. ASAMBLEA:

Los que suscriben, Carlos Lozano de la Torre, RaUl MejIa GonzAlez y Adolfo Toledo InfanzOn, Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo aporta alrededor del 1% de la producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán en el mundo 1.6 millones de turistas que dejaran una derrama económica aproximadamente de 2 mil millones de dólares.

En la mayoría de los países que desarrollaron un industria turística importante, este sector mantiene un ritmo de crecimiento moderado pero estable, por lo que se mantiene como uno de los sectores económicos más dinámicos, que genera muchos efectos beneficiosos, entre ellos una creciente contribución al Producto Interno Bruto (PIB), en algunos casos del 10% y sustanciales ingresos de divisas, según la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Es innegable que este sector juega un papel clave en la creación de empleos, directos e indirectos, pero para obtener un mayor crecimiento en el sector es necesario formular políticas públicas que promuevan tanto la cantidad como la calidad

La inversión privada en turismo en el año 2009 ascendió a mil 428 millones de dólares, de los cuales el 81.3 por ciento fue de capital nacional y el 18.7 por ciento extranjero. 

De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) indica que en el primer semestre del año, México recibió 42.6 millones de visitantes internacionales que gastaron seis mil 48 millones de dólares.

El 83% (5,019 millones de dólares) correspondió a turistas al interior y fronterizos y el restante 17% (1,029 millones de dólares) a excursionistas fronterizos y en crucero. Entre enero y junio de 2009, los turistas de internación registraron un gasto medio de 777 dólares por estancia, y los ingresos fueron por 4,725 millones de dólares.

Durante el periodo de enero de 2007 a junio de 2009 la balanza turística de México acumuló un superávit de 11,996 millones de dólares, 66.3% superior al resultado acumulado entre enero de 2001 y junio de 2003. En particular, durante los primeros seis meses de 2008, la balanza turística presentó un superávit por 2,756 millones de dólares.

En materia de empleo, a finales de junio de 2009 se registraron dos millones 140 mil trabajadores, lo que significa la creación de 30 mil nuevos trabajos en el sector desde el inicio de la actual administración.

En los últimos 12 años, México ha fluctuado en una banda de los 20 millones de turistas internacionales anuales y 140 millones de viajes de turismo doméstico. Se estima que para 2012 México cuente con 28.9 millones de turistas internacionales con una derrama de 17 mil millones de dólares; en el ámbito nacional se espera una cifra de 165.8 millones de visitantes domésticos con una derrama económica de 918 mil millones de pesos.

La importancia de este sector para la economía mexicana es evidente, ya que sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que capta una parte importante de la inversión extranjera, genera fuentes de empleos y es detonador de desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

En virtud de lo anterior, el pasado 17 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo, por medio de la cual se fortaleció a esta Dependencia para que se encargará de formular y conducir las políticas públicas en la materia a mediano y corto plazo, promoviendo la actividad turística a través de un Consejo y coordinando las acciones de fomento en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de potenciar el crecimiento de la industria, así como la recepción de turistas extranjeros.

Luego entonces, resulta inadecuado pretender desaparecer una Dependencia estratégica para el desarrollo económico del país, pues además de atentar contra el espíritu de esta ley; va en contra del propósito que se trazó al principio de esta administración de posicionar a México en el 5° lugar de los destinos turísticos.

No debemos de perder de vista que la actividad turística representa el tercer pilar en la captación de divisas y con la grave caída de los recursos provenientes de la venta de petróleo y de las remesas, como consecuencia de la crisis financiera mundial, es impostergable impulsar el desarrollo del sector.

Para cumplir con dicho objetivo, es necesario contar con la infraestructura adecuada que les permita a las personas involucradas en el sector comunicarse con la autoridad, por tal motivo es inviable formalizar la desaparición de la Sectur, pues no solamente se van a perder empleos, sino que también se pone en riesgos la continuidad de los proyectos en los que se han invertido una cantidad considerable de recursos públicos.

Al respecto, dirigentes empresariales han manifestado en que la decisión del Gobierno mexicano de desaparecer la Dependencia representará un ahorro insignificante al erario, y afectaría al sector, que en este momento atraviesa por una etapa difícil, debido a la emergencia sanitaria que vivió el país el mes de abril pasado.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, el Consejo Nacional Empresarial Turístico y 20 secretarios de Turismo, expresaron su rechazo a la medida por considerarla injustificable la relación costo beneficio con la desaparición, para ellos el ahorro sería solamente de 300 millones de pesos anuales, lo que representa el .1% de la brecha fiscal estimada para 2010.

México ocupa el lugar número 19 de los destinos turísticos mundiales, mientras que Turquía que estaba en el lugar 18 en 2001, se ubica en el 8, gracias a la creación de un Ministerio de Turismo y que se ha implementado una política de Estado. Con la propuesta se pierde la transversalidad de la dependencia para con el Ejecutivo Federal, lo que manda una señal preocupante a inversionistas y empleadores.

La incorporación de la Sectur a la Secretaría de Economía no es tampoco la solución más recomendable, toda vez que se desconoce el manejo del sector y podría ser relegada en importancia. Con las funciones actuales, la Secretaría de Economía no ha sido capaz de ser un interlocutor aceptado entre sectores productivos y gobierno federal y se corre el riesgo de que la actividad turística quede envuelta en el magro desempeño de la dependencia citada.

Además, la justificación que pretenden utilizar para fusionar las Secretarías, no es aplicable a México, toda vez que tenemos una situación económica distinta a la de Canadá, Francia y España, máxime que a excepción de este último, Canadá perdió 8 posiciones y España 1, como destinos turísticos, producto de decisiones administrativas similares.

En este orden de ideas, la solución que plantea el Ejecutivo Federal no contribuirá al mejoramiento y desarrollo del sector, en virtud de que la estrategia planteada no está debidamente fundamentada e inhibe comunicar de manera directa con su titular, las demandas de los inversionistas, hoteleros, restauranteros, agentes de viajes y demás actores relacionados, lo que genera cierta desconfianza.

Se manifiesta un rechazó por la manera en que se pretende desaparecer a la Sectur, toda vez que la actividad turística debe continuar siendo impulsada por ser un pilar indiscutible de nuestra economía y por no representar una solución de fondo para el déficit fiscal que tiene el país.

En virtud de lo anterior es imperante repensar la salida que propone el Presidente de la República para reducir el gasto público y compensar el déficit fiscal para el próximo año.

La desaparición de la dependencia parece excesiva, debemos de erradicar la idea de que una secretaria grande va a dar enormes resultados, pues existe el riesgo de que se desatiendan los aspectos prioritarios por abarcar varias áreas, cuando quizá una Dependencia de menor dimensión lo consiga, al atender un área en específico, como es el caso desde la Secretaría de Turismo.

Por tal motivo y como propuesta de solución a este problema, sería recomendable fortalecer la figura del Secretario de Turismo, eliminar las subsecretarías y áreas no prioritarias de la Dependencia, reforzando las funciones que llevan a cabo hoy en día el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México, con el fin de impulsar la actividad turística y cumplir con los objetivos. Lo anterior, basándonos en un esquema que descentralice las funciones de la dependencia hacia las entidades federativas, lo que motivaría un clima de competencia en el sector, antes que simplemente transferir dichas funciones a una dependencia seriamente cuestionada por su desempeño.

Sólo trabajando de manera coordinada conseguiremos ubicarnos dentro de las 5 primeras posiciones del ranking de turismo mundial, al proporcionar una oferta interesante con servicios de alta calidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República realiza atento llamado y expresa su rechazo al titular del Ejecutivo Federal por la propuesta de desaparecer la Secretaría de Turismo; exhortándolo respetuosamente a realizar las medidas pertinentes para evitarlo, toda vez que las justificaciones para dicho procedimiento son insuficientes y representan un escaso ahorro presupuestal, además de no explicar con qué mecanismos se compensará el perjuicio económico, laboral y social que generará en la actividad turística del país dicha desaparición de la dependencia.

SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asignar una partida presupuestal a la Secretaría de Turismo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, con el fin de dotar de los recursos económicos suficientes para seguir impulsando el crecimiento del sector turístico del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Se recibió de los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo relativo a la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre próximo en Copenhague, Dinamarca, el cual se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA XV CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCION MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO, A CELEBRARSE EN DICIEMBRE PROXIMO EN COPENHAGUE, DINAMARCA

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Senadora Rosalinda Lopez Hernandez y Senador Jesus Garibay Garcia, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, remita a esta Soberanía un informe detallado en el que dé cuenta de:

1.- Las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para reducir las emisiones de efecto invernadero en nuestro país; así como las medidas y políticas a aplicar para dar cumplimiento a la propuesta presentada ante la Asamblea General de la ONU de reducir nuestras emisiones en un 50% para el año 2050;

2.- La posición y las propuestas concretas que llevará México a la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre próximo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca; y,

3.- Las perspectivas y el grado de avance de los compromisos asumidos por el Estado mexicano frente a la comunidad internacional en materia de sustentabilidad y lucha contra el calentamiento global y los efectos del cambio climático.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a suspender la remuneración económica a los ex presidentes de la República, el cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SUSPENDA LA REMUNERACION ECONOMICA A LOS EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA

“El que suscribe, Senador Salomon Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que suspenda la remuneración económica a los ex presidentes de la República, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Estos antecedentes además, convalidan las diversas percepciones de ejerciendo el poder autoritario que presentan a la comunidad internacional un rostro presidencial que continúa solapando actos de de inequidad y que se expresan, entre otras cosas, en el pago de pensiones a los ex titulares del poder ejecutivo federal, contempladas con anterioridad como mandato constitucional, lo que significa vivir del erario público y sin tener que ser sometido a una profunda revisión.

Por lo tanto, resulta esencial reconocer que hemos tenido que trabajar constantemente en contra de la caracterización del sistema mexicano como un régimen autoritario y principalmente en la intervención activa del Ejecutivo para regular de manera particular, las acciones política socio-económicas.

Una de estas acciones es precisamente el pasado decreto publicado el 24 de agosto del año en curso. Esta reforma ahora en vigor, ha propuesto propone entre otras cosas que las remuneraciones que actualmente sean superiores a la que perciba el Presidente o el superior jerárquico del servidor público de que se trate, según el caso, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

En este respecto destacan también la prohibición de la asignación de pensiones que no estén expresamente definidas en una ley o en un decreto legislativo, por lo que deberán retirarse las pensiones otorgadas a los ex presidentes de la República, establecidas en un decreto del Ejecutivo Federal con No. 2763-BIS, de fecha 31 de marzo de 1987, expedido por el entonces presidente Miguel de la Madrid y en el Acuerdo Presidencial #7637 del Ejecutivo federal de 25 de noviembre de 1976.

Ante estas cuestiones cabe mencionar que actualmente los ex presidentes Luís Echeverría, Miguel de la Madrid y Vicente Fox, además de la viuda de José López Portillo, cuentan con una pensión de alrededor de 150 mil pesos mensuales, además del uso de todo el apoyo logístico, administrativo y de resguardo del Estado Mayor Presidencial que les corresponde.

Dicha retribución o indemnización a los ex mandatarios o ex funcionarios que debían realizar una tarea específica atenta abiertamente contra la equidad social y contra la grave situación económica que vive nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a partir de este momento, suspenda cualquier remuneración económica a los ex presidentes de la República en la Propuesta de Ley de Egresos de la Federación 2010, siempre que esta no esté expresamente definida en una ley.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente”.






EXCITATIVA

Se recibió de la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, presentada el 2 de diciembre de 2008.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Lázara Nelly González Aguilar, Senadora de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente le solicito que: EXCITE en nombre de esta Cámara, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, a que presenten el dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 207 A, 207 B, 207 C y 207 D, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada en la Gaceta del Senado de fecha 2 de diciembre del 2008 al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, de excitar a las Comisiones en nombre de la Cámara, a que presenten el dictamen cuando han transcurrido veinte días hábiles después de que les fue turnado un asunto, con objeto de que lo presenten en el término de diez días.

SEGUNDA.- El martes dos de diciembre de 2008, presenté la Iniciativa de Decreto el que se adicionan los artículos 207 A, 207 B, 207 C y 207 D, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el turno de la Presidencia fue a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.

TERCERA.- En virtud que ha iniciado una nueva Legislatura y las comisiones referidas no han emitido el dictamen correspondiente, es la motivación por la que le solicito de la manera más atenta de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

PRIMERO.- Excite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, a que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 207 A, 207 B, 207 C y 207 D, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores México, D. F., a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Lazara Nelly González Aguilar”.

En tal virtud, esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos a efecto de que presenten el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto del Orden del Día, que es la lectura del Orden del Día de la siguiente sesión.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño)A ver, a ver, a ver.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Torres Mercado, los Coordinadores Parlamentarios, en virtud de que varias comisiones de Senadores de la República asisten el día de hoy a informes de gobierno en varias entidades, a tomas de posesión, tanto de gobernadores como de alcaldes, a Comisiones de Parlatino y Comisión de Europa, han pedido que la sesión del Senado de la República del día de hoy llegue hasta esta hora.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño)Usted es, además de Presidente, adivino.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Eso trato.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño)Lo felicito.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias.






PROPUESTAS

Pero mire, antes de eso, también vamos a turnar de los Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Carlos Lozano de la Torre, un punto de Acuerdo por el que se felicita a la CONAVI y al INFONAVIT por haber sido galardonados internacionalmente con el premio “Estrella Internacional de Eficiencia Energética” y se exhorta al Ejecutivo Federal a seguir implementando políticas públicas en materia de vivienda que contribuyan a preservar el medio ambiente, mismo que se turna a la Comisión de Vivienda.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FELICITA A LA CONAVI Y AL INFONAVIT POR HABER SIDO GALARDONADOS INTERNACIONALMENTE CON EL PREMIO “ESTRELLA INTERNACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA” Y SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SEGUIR IMPLEMENTANDO POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA QUE CONTRIBUYAN A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos Senadores, JAIME RAFAEL DIAZ OCHOA Y CARLOS LOZANO DE LA TORRE, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se felicita a la CONAVI y al INFONAVIT por haber sido galardonados internacionalmente con el premio “Estrella Internacional de Eficiencia Energética” y se exhorta al Ejecutivo Federal a seguir implementando políticas públicas en materia de vivienda que contribuyan a preservar el medio ambiente, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

El fenómeno del cambio climático antropogénico ha alcanzado un papel preponderante en las agendas, políticas públicas y programas de diversos organismos multilaterales y de gran parte de los Estados, debido a que sus efectos y consecuencias se están haciendo sentir en todas las latitudes del planeta sin distingo de fronteras ni de ideologías.

Este fenómeno implica un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial generando la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparable.

La ampliación en los rangos de la variabilidad climática y la intensificación de fenómenoshidrometeorológicos externos, tales como los cambios drásticos en los regímenes de lluvias junto con la ocurrencia de sequías; la escasez de disponibilidad de agua dulce y suelos productivos; el incremento de enfermedades infecciosas y de las transmitidas por vectores; la elevación del nivel del mar; la variación en la temporalidad de los procesos biológicos, son entre otros, algunos de los efectos que ha venido padeciendo y resintiendo la humanidad y que exige de todos los Estados y de sus gobernantes, la adopción de inminentes medidas para mitigar y enfrentar los riesgos incrementales a los que se encuentra expuesta la población y los ecosistemas.

El fenómeno conocido como cambio climático implica la elevación de las concentraciones de gases de efecto invernadero -GEI- por encima de sus niveles naturales, la cuales se fueron incrementando por más de 150 años. Si tenemos en cuenta que la vida media de estos gases en la atmósfera va de decenas a miles años, nos encontramos con que sus efectos han generado el grave problema del calentamiento global, con alarmantes consecuencias que demandan urgentes y coordinadas acciones globales de adaptación y mitigación al mismo.

Los esfuerzos y acuerdos internacionales para enfrentar las consecuencias del cambio climático se plasmaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, los cuales buscan estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia peligrosa con el régimen climático.

En virtud de estos instrumentos internacionales los países adherentes se comprometieron a elaborar estrategias nacionales para buscar una solución al calentamiento del planeta y fijaron metas y plazos para limitar las emisiones en los países industrializados.

Derivado de la citada Convención, suscrita y ratificada por nuestro país, hemos venido cumpliendo con los compromisos de realizar y actualizar periódicamente un inventario de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero -GEI-; con la formulación de programas que contengan medidas de mitigación y la elaboración de Comunicaciones Nacionales sobre el tema y su presentaciónal secretariado de la Convención.

Frente al escenario del cambio climático, nuestro país se ha pronunciado a favor de la adopción de compromisos internacionales jurídicamente vinculantes, ha sido promotor de la Propuesta deFondo Multinacional de Cambio Climático, será el primer país No-Anexo I, dentro del Protocolo de Kyoto, que presentará durante la Décimo QuintaConferenciade las Partes en Copenhague, Dinamarca, su cuarta Comunicación Nacional; contamos con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada en mayo de 2007 y con el Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012, igualmente tenemos una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, establecida desde abril de 2005 y el Fondo Mexicano de Carbono, creado en 2006, para la asistencia técnica y el desarrollo de proyectos de mitigación y captura de gases de efecto invernadero-GEI-.

Cabe destacar que gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, México ha ocupado una posición estratégica dentro de las negociaciones internacionales en la materia y ha asumido un liderazgo relevante entre las naciones en vías de desarrollo, a través de la construcción de consensos, acciones que nos han hecho merecedores del reconocimiento internacional por parte de la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrolloy diversas organizaciones no gubernamentales.

México es responsable del 1.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- a nivel global, lo que nos lleva anualmente a gastar alrededor de 60 millones de pesos por daños ambientales relacionados con el cambio climático.

De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se estimó la cifra preliminar de 715 mega toneladas de emisiones de dióxido de carbono -Mton CO2e-, como el total de las emisiones de nuestro país en el año 2006, de las cuales 430 Mton CO2e corresponden a la contribución en el sector de energía de cuyo total entre un 5% y un 8% corresponde al sector residencial.

En promedio a nivel nacional, cada vivienda emite 2.8 toneladas de CO2derivados del consumo directo de energía eléctrica y gas.

Según datos del Instituto Nacional de Ecología, del análisis costo/beneficio de las medidas y tecnologías eficientes para el ahorro de energía en las viviendas de interés social, impulsadas por a la Comisión Nacional de Vivienda –CONAVI- y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, tales como el aislamiento térmico en techos y muros, equipos de aire acondicionado de alta eficiencia; lámparas compactas fluorescentes; calentadores solares de agua y calentadores de gas de paso, han permitido un ahorro de electricidad del 30% por vivienda, lo que ha contribuido a evitar de 1.1 a 2.8 toneladas de CO2por vivienda.

Con fundamento en las cifras anteriores, podemos concluir que la reducción del consumo de energía en edificaciones y en el sector residencial, representa un área de oportunidad de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- y que el potencial de ahorro se logra mediante la incorporación de elementos arquitectónicos y tecnológicos de alta eficiencia energética en el diseño de las viviendas, con los cuales se logran reducir las emisiones de CO2 hasta en un 30%.

Igualmente cabe destacar, que de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el Gobierno Federal economizaría hasta 100 mil pesos en 15 años por vivienda, con la incorporación de tecnologías ahorradoras de energía.

Como podemos observar resulta inminente la incorporación de ecotecnologías en la construcción de todo tipo de viviendas y construcciones, para contribuir eficientemente a disminuir el porcentaje de emisiones de nuestro país.

Una de las prioridades del Ejecutivo Federal para este 2009, ha sido seguir impulsando y fortaleciendo efectivas políticas públicas en materia de vivienda que promuevan la edificación de espacios habitacionales ambientalmente sustentables, a través de los exitosos programas “Esta es tu casa” e “Hipoteca Verde”, operados por la CONAVI y el INFONAVIT, respectivamente.

El programa “Esta es tu casa”, de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, creado desde 2007, atiende a la población que gana menos de 4 salarios mínimos, es decir, una suma inferior a los $6,663.68 pesos, dirigiendo un subsidio federal, complementario a un crédito, para la adquisición de vivienda nueva, remodelación o compra de un lote con servicios, prioritariamente para la población más marginada de nuestro país, que no cuenta con seguridad social.

Este programa vincula criterios de sustentabilidad en las viviendas de interés social, para que las familias mexicanas puedan adquirir viviendas de calidad, a bajo costo, que incorporen ecotécnias que fomenten el desarrollo habitacional sustentable, privilegiando las soluciones habitacionales que cumplan con parámetros de sustentabilidad, ampliándoles el monto del subsidio hasta en un 20%.

A la fecha este programa registra un total de 128,986 acciones que representan una inversión de $3,791,631,521.98 pesos.

Por su parte el INFONAVIT cuenta con el otorgamiento de créditos bajo el concepto de “Hipoteca Verde”, figura que permite otorgar un monto adicional de crédito de hasta 10 veces el salario mínimo para la adquisición de vivienda con ecotecnologías, que le generarán al acreditados ahorros mínimos mensuales en energía eléctrica, gas y agua.

El INFONAVIT al permitirle a sus derechohabientes contar con una capacidad de compra mayor para adquirir una vivienda ecológica, a la vez les está garantizando un incremento en el valor patrimonial de su inmueble y un ahorro económico tangible, derivado de un menor consumo de energía, gas y agua, estimadoen un nivel mínimo de 186 pesos mensuales y en un nivel máximo de 366 pesos.

Durante este año el INFONAVIT ha financiado la adquisición de 52 mil 855 viviendas equipadas con ecotecnologías.

Con estas medidas las instituciones en mención, están contribuyendo a generarconciencia en la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y darle un uso eficiente a recursos indispensables para el desarrollo humano, contribuyendo a la vez a solucionar el problema del calentamiento global.

En virtud de lo anteriormente expuesto, queremos extender un reconocimiento y felicitar a la Comisión Nacional de Vivienda –CONAVI- y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por haber sido galardonados con el Premio “Estrella Internacional de Eficiencia Energética” otorgado por la organización estadounidense Alianza para el Ahorro de Energía –ASE por sus siglas en inglés- por impulsar la eficiencia energética con sus programas “Esta es tu casa” e Hipoteca Verde.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente

Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa.- Sen.Carlos Lozano de la Torre”.

También vamos a turnar del Senador Gabino Cué Monteagudo, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca a que, en el ámbito de sus competencias, funjan como conciliadores y restituyan la gobernabilidad en el Municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca, mismo que se turna a la Comisión de Gobernación.

punto de acuerdo por el que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca a que, en el ambito de sus competencias, funjan como conciliadores y restituyan la gobernabilidad en el Municipio de San Pedro Jicayan Oaxaca

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Gabino Cué Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia y Salomón Jara Cruz, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca a que, en el Ambito de sus competencias, funjan como conciliadores y restituyan la gobernabilidad en el Municipio de San Pedro JicayAn Oaxaca,altenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. San Pedro Jicayán es un municipio indígena de la costa oaxaqueña, habitado por 10300 habitantes, histórico por haber sido uno de los principales reinados mixtecos, municipio eminentemente agrícola, que complementa sus actividades con la ganadería, la minería, la construcción, el comercio y los servicios

2. Después de vivir un cambio de gobierno que presuntamente se vio opacado por diversas irregularidades en el proceso electoral, amenazas,persecuciones e intimidaciones la comunidad de San Pedro Jicayán fue testigo de la llegada a la presidencia municipal, el 1 de enero de 2008 de un gobierno que se ha caracterizado por la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. tanto que a la fecha, no existe una sola obra terminada.

3. A principios de 2009, las agencias municipales y los ciudadanos de la cabecera municipaldenunciaron la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos por parte de las autoridades municipales, motivo por el cual interpuso ante el Congreso Local un procedimiento de revocación de mandato, además de pedir la a intervención del gobierno del estado para re planificar la inversión pública municipal,levantando el cabildo municipal,la secretaria general del gobierno del estado y las comunidades del municipio, minuta de compromisos, que hasta el momento no han sido cumplidas.

4. En marzo de 2009 se conformó un movimiento de oposición de comuneros y ciudadanos de la localidad, a la construcción de una gasolinera en terrenos comunales y con recursos públicos, la cual no contaba con el consentimiento del pueblo.

5. Al frente de esos movimientos ciudadanos, se encontraba la licenciada Beatriz López Leyva, misma que fue privada de la vida el pasado 6 de abril, y cuya muerte se presume pudo ser motivado debido a que Beatriz se había convertido en una fuerte críticaa la gestión del gobierno municipal.

6. A raíz de este brutal homicidio, la población se hamanifestado con marchas, tomas de carreteras, y enfrentamientos violentos paraexigir al Congreso Local dar trámite a la solicitud de desaparición de poderes misma que fue presentada el 23 de abril del presente, y que se acompañó del inicio de una auditoría y de un procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente en contra del presidente municipal y síndico de San Pedro Jicayán.

7. Las autoridades municipales en respuesta a las demandas ciudadanas han actuado con intolerancia,abuso de poder y represión tal como lo ejemplifica la destitución arbitraria de la regidora de Hacienda Clemencia López, quien al solicitar la rendición de cuentasfue retirada de sus funciones; o el encarcelamiento injustificado de un voceador del periódico Noticias, a quien sin razón aparente le fueron despojados y quemados todos los ejemplares del diario.

8. Derivado del incumplimiento de los compromisos asumidos, maltratos a la población, ausencia permanente del municipio y falta de atención generalizada de los asuntos, problemas y necesidades de los habitante, la irritación social en San Pedro Jicayán se acumuló en forma desproporcionada, situación que se agudizó con el enfrentamiento violento que se registro el pasado 28 de agosto entre profesores de la sección 22 y 59 en las que perdió la vida el profesor Artemio Camacho Sarabia y resultaron lesionadas y heridas 20 personas más entre maestros y padres de familia.

9. Como resultado de estos hechos se originó una movilización social y ciudadana que constituyó una asamblea general, la cual decide, entre otras cosas, exigir al Congreso local la desaparición de poderes.

10. E el 10 de septiembre como consecuencia de estos conflictos el Congreso local determinó la existencia de circunstancias que trastocan la vida comunitaria y provocan el divisionismo entre los pobladores generando una gran ingobernabilidad en el municipio; declarando la suspensión provisional del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, mientras se desahogaban los alegatos de las partes en conflicto para definir la precedencia de la desaparición definitiva de los poderes municipales.

11. En respuesta a la controversia constitucional promovida por el cabildo suspendido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ninguna sensibilidad, ni conocimiento, con toda la ausencia de información real, ordena la reinstalación del cabildo en San Pedro Jicayán.

12. Al conocerse la resolución la Asamblea General Municipal comisiona a ciudadanos a la ciudad de Oaxaca, para advertir que el regreso de las autoridades municipales sólo traería violencia, injusticia y más atraso para este municipio, la ingobernabilidad generalizada.

CONSIDERACIONES

Oaxaca es, desafortunadamente, un campo minado pues presenta diversas fuentes de conflicto derivadas de la ingobernabilidad y la mala administración que se vive en el estado. Por ello no es extraño que existan alrededor de 11 procesos en los que se solicita la desaparición de poderes.

Para el caso en particular, es preciso señalar que en diversas ocasiones hemos manifestado en esta tribuna, la situación que se vivía al interior del municipio de San Pedro Jicayán; y en su oportunidad denunciamos el cobarde asesinato de la luchadora social Beatriz López Leyva, así como en el incumplimiento de los acuerdos establecidos con los maestros desde el año 2006, y que desembocaron en enfrentamientos violentos que cobraron la vida del profesor Artemio Camacho Sarabia.

En su momento advertimos del riesgo que representaba la desatención y de este conflicto y la posibilidad latente de desencadenar en enfrentamientos sociales violentos, que pusieran en peligro la estabilidad y la paz social en la región y en el estado. Además de quehicimos un llamado urgente a las autoridades correspondientes a fin de que sin dilación trabajan decididamente para arribar a soluciones definitivas. Sin embargo, estos avisos fueron ignorados.

Lo cierto es que en estos momentos, entre los habitantes de San Pedro Jicayán se vive un ambiente incertidumbre, enojo y enfrentamiento y que puede radicalizarse con el cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naciónque dictaminó la restitución en su cargo del presidente municipal. Decisión que lejos de contribuir al fomento y florecimiento de la concordia y conciliación ha generado en la colectividad un profundo descontento y acrecentado el encono social.

De ahí que el domingo 27 de septiembre se realizó una asamblea general donde mayoritariamente la población rechaza la reinstalación del cabildo. Ante la existencia clarasmuestras de confrontación entre vecinos y el gobierno municipal de Jicayán,consideramos que en la situación política que vive el municipio, seria de alto riesgo, ignorar la sucesión de acontecimientosy persistir en imponer a quien ya no puede gobernar.

Por ello, nuestra preocupación respecto al posible desbordamiento del descontento social en el municipio. Situación que motiva la presente solicitud a fin de que las autoridades estatales tanto del poder ejecutivo como del legislativo estatal, procuren las condiciones necesarias que garanticen el restablecimiento de la gobernabilidad y el cumplimiento de la resolución de la SCJN en un clima de tolerancia y paz social

Respetuosos de la división de poderes y la autonomía constitucional de los estados y municipios, emitimos este exhorto para que las autoridades muestren voluntad política e intensifiquen su oficio de intermediación, a fin de tender puentes de entendimiento que solucionen las diferencias, para que en consecuencia larestauración del ayuntamiento se realice con el beneplácito y reconocimiento ciudadano en un ambiente de paz y concordia.

En merito de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso Local del estado de Oaxaca, en su calidad de garantes de la gobernabilidad, realizar sus mejores oficios para evitar el desbordamiento social, atendiendo la justa demanda del municipio indígena mixteco de San Pedro Jicayán, Oaxaca en términos del Convenio 169 de la OIT, lo que implica la conciliación de las dos realidades, por una parte la reinstalación en su cargo del presidente municipal ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la otra el rechazo social de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del municipio a este hecho.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 1° de octubre de 2009.

Suscriben

Sen. Gabino Cué Monteagudo

Convergencia

Sen. Salomón Jara Cruz

PRD”.

- El C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, SenadorObregón Espinoza.

- El C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Solamente hacerles, a la Mesa, un reclamo, y obviamente también a la Junta, porque hemos registrado asuntos con obvia y urgente resolución de temas que son importantes; en este caso para el estado de Baja California Sur.

Y es lamentable, que los coordinadores, quienes hayan aceptado este cambio, lo hayan hecho sin considerar estos puntos que estaban registrados como de obvia y urgente resolución.

Yo les pediría, que antes de cancelarla, me permitieran subir y pedirle el apoyo al Pleno sobre el punto que tenemos registrado.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Entratándose de las precariedades en algunas comunidades de Baja California Sur, ocasionadas por el huracán “Jimena”, pregunte la Secretaría a la Asamblea, si permiten a esta Presidencia, concederle el uso de la palabra al Senador Obregón Espinoza.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Pregunto a esta Asamblea, por instrucciones de la Presidencia, si se concede el uso de la voz al Senador Obregón Espinoza. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Aceptado, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz.

Y el reclamo a la Mesa Directiva lo dejamos por un lado, gracias a la oportuna intervención de la Asamblea.

- El C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza: Gracias, señor Presidente; gracias, compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 2 de septiembre, azotó con toda su furia el huracán Jimena, en los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, este fenómeno impactó en la región con vientos sostenidos de 155, 250 y hasta 300 kilómetros por hora.

Lo que provocó la muerte de una persona, así como múltiples pérdidas en los sectores agropecuario y pesquero; afectando también de manera importante la infraestructura de conducción de la Comisión Federal de Electricidad.

En el sector agrícola resultaron afectadas más de 24 mil hectáreas, de éstas, 3,204 hectáreas de cultivos perennes, granos, hortalizas, espárragos, entre otros.

2,217 hectáreas de cítricos fueron arrasadas en un 90%, por lo cual se espera una baja casi total en la producción del año 2010; lo que representa una pérdida aproximada, en este rubro, de aproximadamente 100 millones de pesos.

Asimismo, 352 subestaciones eléctricas fueron siniestradas en los ranchos agrícolas. 131 sistemas de riego de pivotes central fueron dañados; al igual que el 70% del sistema de tubería de conducción, aspersión, microaspersión y sistemas de goteo.

Además de las pérdidas de materias primas, semillas e infraestructura productiva.

Se considera, que de no rehabilitar la infraestructura de riego, se pondrá en riesgo el ciclo otoño-invierno del presente año.

En materia ganadera se saben que existen daños a la infraestructura, como corrales, techumbres, almacenes y molinos de viento, pozos azolvados, líneas de conducción y pérdida de ganado.

Por citar un caso, la Unión de Ejidos 20 de Noviembre, registra la pérdida… la afectación en tres mil cabezas de ganado lechero, lo que ha desplomado la producción de leche en aquella región.

En materia pesquera el impacto del huracán afectó de manera importante la infraestructura industrial y social, con la destrucción de las estructuras para el arribo y operación de las embarcaciones pesqueras.

En Puerto San Carlos se dañó estructuralmente el muelle pesquero y se hundieron los dos barcos atuneros, el Ensenada y el Mar de Cortés; se destruyeron tres embarcaciones mayores, el Tipesco, el Solidaridad y el Hielo Azul; y se vararon las embarcaciones Propemex y Barracuda.

Asimismo, se destruyeron en forma total y parcial diversas plantas procesadoras pesqueras, lo que impedirá seguir funcionando en los próximos meses. De igual forma se sufrió pérdidas en un sinnúmero de embarcaciones menores y de los motores fuera de borda.

En virtud de que las reglas de operación de los programas ordinarios de la Sagarpa no contemplan apoyos de esta naturaleza para las afectaciones en infraestructura y equipos, y considerando que la afectación a los sectores primarios ha significado la pérdida de miles de empleos, agravando aún más la crisis económica que ya se venía arrastrando en la región, los Senadores por Baja California Sur, Josefina Cota, por el PRD; Luis Alberto Coppola Joffroy, por el PAN; y un servidor; al igual que los Diputados federales del PRI, Estela Ponce; y Marcos Covarrubias, del PRD, hemos trabajado de manera paralela y conjunta en el punto de Acuerdo que hoy presentamos ante esta Asamblea, como de urgente resolución, el cual me permito dar lectura.

Primero.- La Cámara Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con la participación de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal y la Conagua, se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo que promueva y ponga en operación las acciones de emergencia que atienda los problemas de los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé en el estado de Baja California Sur, que les permita resarcir en el corto plazo los daños y perjuicios ocasionados por el huracán Jimena, así como de reiniciar y mantener sus actividades productivas.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a que de los recursos presupuestarios destinados a los programas de apoyo del sector agropecuario con que cuenta la Sagarpa, se integre una bolsa emergente de recursos por un monto de 150 millones de pesos, para que sean aplicados de inmediato en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú, afectados por el huracán “Jimena”; dichos recursos serían ejercidos de acuerdo a los criterios que determine la propia mesa de trabajo.

Tercero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a que del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, se apruebe una partida presupuestal etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero de los municipios de Comondú y Mulegé de Baja California Sur, afectados por el huracán Jimena.

Agradeciéndoles su atención y las consideraciones de la Mesa, muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE PONER EN OPERACION LAS ACCIONES DE EMERGENCIA Y LA APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE LOS MUNICIPIOS DE COMONDU Y MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR, QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL HURACAN JIMENA

“Los que suscribimos, Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, Senadores por el Estado de Baja California Sur, a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE A TRAVES DE LA SAGARPA Y CON LA PARTICIPACION DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE INSTALE UNA MESA DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE PONER EN OPERACION LAS ACCIONES DE EMERGENCIA Y LA APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTANLOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS DE LOS MUNICIPIOS DE COMONDU Y MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR, QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL HURACAN JIMENA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de septiembre el Huracán Jimena azotó fuertemente a la región central y norte del Estado de Baja California Sur, causando una muerte, así como múltiples pérdidas materiales, sobre todo en los municipios de Comondú y Mulegé.

Como producto de este fenómeno, las autoridades federales declararon a dichos municipios como zona de desastre y en consecuencia se inició el proceso para atender los graves daños que sufrió la población civil, sobre todo en lo que se refiere al servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía, escuelas, centros de salud, así como para revisar los daños que sufrieron las viviendas de más de 40 mil habitantes de esa zona de la entidad.

En el municipio de Comondú, el Huracán Jimena azotó con vientos sostenidos de 155 y rachas de 250 kilómetros por hora y precipitaciones del orden de los 70 milímetros, por lo que, además de las afectaciones quesufrió la población en general, causó graves daños a las actividades productivas más importantes de la región como son la agropecuaria y la pesquera, afectando de manera directa la fuente de empleo de más de 30 mil habitantes del municipio.

El Valle de Santo Domingo, que se encuentra enclavado en este municipio y es la principal región agrícola de la entidad, con 28,153 hectáreas sembradas, el 78% de la superficie cultivable del Estado, que cuenta con riego tecnificado y una agricultura de las más avanzadas del país, ha quedado profundamente afectado en sus principales cultivos, como son garbanzo, maíz, trigo, hortalizas, fríjol, alfalfa, naranjo y espárragos.

En espera de la información oficial, se calcula que son más de 24 mil hectáreas las que resultaron afectadas en esta zona, así como 352 subestaciones de energía, 131 sistemas de riego y más 5 mil 400 hectáreas de cultivos, lo que representan una pérdida aproximada de 126 millones de pesos, que aun no ha recibido apoyo alguno.

La parte más dañada de esta actividad agropecuaria es la infraestructura de riego, la de postcosecha, los invernaderos y la red de energía eléctrica y sus subestaciones. En el caso de la de postcosecha, está dañada la totalidad de las bodegas, cribadoras, almacenes de insumos que utilizan las organizaciones y empresas para almacenar sus productos. Adicionalmente se dañaron la infraestructura de vivienda y de almacenaje de insumos y productos de los propios predios agrícolas. Los daños estimados en infraestructura agrícola y cultivos se calculan en principio en más de 200 millones de pesos.

De manera especial debe señalarse el daño que por este huracán sufrieron los cultivos de cítricos, uno de los rubros en los cuales se ha ido basando la reconversión agropecuaria de esta región, donde resultaron afectadas más de 2,217 hectáreas, los cuales han perdido el 90% del fruto de la cosecha del próximo año, así como daño en ramas y follajes, por lo cual se espera una baja casi total en la producción de 2010 y una parte considerable para el 2011. Son también considerables las pérdidas en los cultivos de hortalizas y maíz.

Por ello, es urgente que se tomen medidas para que los productores agrícolas el Valle de Santo Domingo puedan revertir esta grave situación causada por el Huracán Jimena. Además, de no rehabilitar la infraestructura de riego se tendría un incremento en la demanda de agua en la siembra de 6,000 hectáreas de cultivos del orden de un 30%.

Así mismo, de no atenderse con prontitud la rehabilitación de las subestaciones agrícolas, que tienen un costo del orden de 60,000 pesos ponerlas en operación, se dejaría de sembrar 5,200 hectáreas, que producen 26,000 toneladas, principalmente de trigo, maíz y garbanzo. Con respecto a los invernaderos la falta de siembra de estas empresas, dejaría sin empleo a 1,000 jornaleros en campo y 800 jornaleros en el empaque. En cuanto a loscítricos, en el 2010 se dejaran de producir 36,000 toneladas de naranja, destinadas al mercado nacional y extranjero.

Por ello, es urgente que el Gobierno federal, a través de la SAGARPA, instale una mesa de trabajo en la que se encuentren también representados la Secretaría de Economía, la CFE y la CONAGUA, para diseñar un programa emergente de apoyo a los productores del Valle de Santo Domingo, que incluya la disposición inmediata de recursos económicos para que los productores afectados cuenten con los medios necesarios para reparar los daños que sufrieron, así como para superar la falta de ingresos derivados del mismo fenómeno metereológico.

Para el caso de la ganadería está aún en proceso la evaluación de daños en virtud de la dificultad de accesar en los caminos rurales, ya que esta actividad enBaja California Sur se da en forma extensiva y principalmente en zona serrana, pero se sabe que existen daños a la infraestructura ganadera como son sombras, azolve de pozos, líneas de conducción y pérdida en ganado.

En el caso de los productores pecuarios del Valle de Santo Domingo, resultaron afectados en más de 1,300 hectáreas de alfalfa, se destruyó su infraestructura productiva y se han enfermado más de 3 mil de cabezas de ganado vacuno, desplomándose en casi 70% la producción de leche, lo que ha puesto a esta actividad en una situación de quiebra virtual.

En cuanto a la actividad pesquera del municipio de Comondú, que está sustentada principalmente por las pesquerías de sardina y atún, así como por almejas, especies de escama general, jaiba, abulón y langosta y representa por su aportación al volumen total del Estado de Baja California Sur aproximadamente entre el 40% y el 50%, existen daños de importancia en la infraestructura industrial y social con la destrucción de la estructuras para el arribo y operación de las embarcaciones pesqueras.

En específico, en Puerto San Carlos se dañó estructuralmente el muelle pesquero y se hundieron embarcaciones mayores, se destruyeron en forma total diversas plantas procesadoras y el resto sufre de daños parciales que les impedirán seguir funcionando en los próximos meses. EnIsla Magdalena, Puerto Alcatraz, Puerto Chale, Puerto Adolfo López Mateos ySanto Domingo, por citar sitios pesqueros del municipio, han resentido similares afectaciones.

Sabemos que de acuerdo a las reglas de operación del antiguo FAPRACC, hoy denominado PACC, el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas, a cargo de la SAGARPA, no puede aplicarse el programa a esta difícil circunstancia, ya que para el caso de cultivos anuales como el maíz y algunas hortalizas sólo serán elegibles productores de hasta 20 hectáreas de temporal, lo cual no se cumple en el Valle de Santo Domingo.

Para los productores de plantaciones de frutales como los cítricos solo serán elegibles productores de hasta 5 hectáreas de temporal; este criterio tampoco se cumple en el Valle de Santo Domingo por la modalidad de riego ni por la superficie que atiende. Las reglas tampoco contemplan apoyos para las afectaciones en infraestructura y equipo.

Existe el antecedente de que se ha atendido en años anteriores a los productores a través de otros programas como el de la Alianza para el Campo; sin embargo este año los programas en coejercicio 2009 ya están comprometidos y publicados, por lo tanto no pueden ser utilizados en apoyo a los daños causados por el meteoro.

Pueden buscarse esquemas de apoyo que pudieran ser aplicados como el programa de tecnificación de sistemas de riego del FIRCO, buscar direccionar el Programa de Activos Productivos 2010 para rehabilitación de infraestructura Agropecuaria y Pesquera entre otros, pero son insuficientes para el tamaño del problema actual y su aplicación sería demasiado tarde para salvar la economía de las principales actividades de este municipio.

Por ello, adicionalmente a las medidas aplicadas por el FONDEN para la población en general, es urgente que para la actividad agropecuaria y pesquera, la SAGARPA instale una mesa de trabajo para la atención a los productores resultaron afectados, donde se encuentren representados la Secretaría de Economía, la CFE y la CONAGUA, así como las autoridades estatales y municipales y los propios productores, en cuyo seno se diseñe, apruebe y ponga en operación de inmediato un programa especial para la recuperación de los daños ocasionados, que les permita resarcir de inmediato sus pérdidas materiales y puedan reiniciar sus actividades productivas en el corto plazo

Así mismo, dada la magnitud del desastre, es necesario que el Gobierno federal, a través de la SAGARPA, destine de inmediato recursos económicos por el orden de los 150 millones de pesos para que sean aplicados de inmediato en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el Huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente señala la obligación del Gobierno federal, a través de la SAGARPA, de aplicar para estos casos medidas de apoyos a productores, al establecer lo siguiente:

Artículo 133.- El Gobierno Federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente.

Finalmente, consideramos que para el mediano y largo plazo, la Cámara de Diputados deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, una partida presupuestal etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con la participación de la Secretaría de Economía, la CFE y la CONAGUA, se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo que promueva y ponga en operación las acciones de emergencia que atiendan los problemas de los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, que les permita resarcir en el corto plazo los daños y perjuicios ocasionados por el Huracán Jimena, así como reiniciar y mantener sus actividades productivas.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que de los recursos presupuestarios destinados a los programas de apoyo al sector agropecuario con que cuenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se integre una bolsa emergente de recursos por un monto de 150 millones de pesos, para que sean aplicados de inmediato en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el Huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.

TERCERO. La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2010 se apruebe una partida presupuestal etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero de los Municipios de Comondú y Mulegé, Baja California Sur, afectados por el Huracán Jimena.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 1° de octubre de 2009.

Atentamente”.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted la solidaridad de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso?

- El C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza: Por supuesto que sí. Gracias.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si la acepta.

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: (Desde su escaño) Señor Presidente, me sumo a… es usted adivino, me leyó usted el pensamiento, me quiero sumar a eso…

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En eso ando. Sólo por obsequiar sus buenas voluntades.

Túrnese a la Cámara de Diputados.

Se recibió del Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que se tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a mujeres embarazadas que por su condición de pobreza y vulnerabilidad están más expuestas a contraer el virus A (H1N1).

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE TOME EN CUENTA UN LOTE DE VACUNAS DIRIGIDAS A MUJERES EMBARAZADAS QUE POR SU CONDICION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD ESTAN MAS EXPUESTAS A CONTRAER EL VIRUS A (H1N1)

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La nueva oleada de influenza A, gripe humana o H1N1, es posible que contagie de uno a cinco millones de personas en México, donde, según el Secretario de Salud, se tratará de evitar que el número de fallecimientos no supere los 2 mil. Hasta el pasado 15 de septiembre, la Secretaría de Salud tenía contabilizados 25 mil 214 casos de influenza, con un saldo de 217 muertes.

Este incremento actual en el número de casos y de muertes por el virus de la influenza A (H1N1) en México es inocultable.

De los 217 fallecidos, 87% tuvo tos, 86.2% fiebre, 75.6% dificultad para respirar, 52.1% ataque al estado general y 50.7% expectoración. El 50.7% eran mujeres y 49.3% hombres, 71.4% tenía entre 20 y 54 años de edad.

Al respecto, la influenza A (H1N1) no sólo ha contribuido a elevar la mortalidad materna en México, sino que ya es la responsable de uno de cada diez fallecimientos durante el embarazo, parto y posparto.

Este grupo vulnerable es más propenso a ser hospitalizadas por las complicaciones de la influenza en comparación con mujeres no embarazadas de la misma edad. El embarazo puede cambiar el sistema inmune en la madre, al igual que puede afectar el corazón y los pulmones. Estos cambios pueden poner a la mujer embarazada en alto riesgo de complicaciones por causa de esta enfermedad.

Las vacunas contra la influenza se consideran seguras en cualquier etapa del embarazo. Casi todas las mujeres que estarán embarazadas durante la temporada de la influenza (de noviembre a marzo) deben recibir la vacuna contra la enfermedad.

Al respecto, las siete economías más importantes del Mundo acordaron que las primeras dosis de vacuna contra la gripe porcina deberían ser suministradas a las mujeres embarazadas, trabajadores de la salud y aquellos que corren mayores riesgos.

En México, se vacunará a quienes tienen riesgo de padecer una enfermedad grave, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas que cuidan menores de 6 meses, personal de la salud, militares, marinos o aquellos que tienen enfermedades como obesidad mórbida, diabéticos inestables, niños con asma, adultos con enfisema pulmonary pacientes con cáncer o VIH.

Por otro lado, debemos mencionar que la población que habita en las zonas más pobres del país, en particular en las comunidades indígenas, son mucho más vulnerables a los síntomas de esta enfermedad, en especial las mujeres indígenas que están embarazadas, ya que por las condiciones de marginación, la atención médica se dificulta en comparación con la gente que habita las ciudades o en las cabeceras municipales.

De igual forma, coincidimos en que aparte del esfuerzo de vacunación que llevará a cabo la Nación en los próximos meses, debemos unir esfuerzos para acrecentar la calidad de los servicios de salud y lograr que su acceso sea para todos los mexicanos, en especial para aquellos que menos tienen, pero tomando en cuenta la coyuntura por el rebrote de la enfermedad, creemos necesario hacer un doble esfuerzo para proteger a los más pobres y, en particular, a las mujeres indígenas embarazadas.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México queremos apelar al Decreto Presidencial del 25 de abril para solicitarle a la Secretaría de Salud (Ssa) que en el marco de sus atribuciones y ante el anuncio de un posible rebrote de la influenza para los próximos meses, se tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a Mujeres Embarazadas específicamente a las más pobres y marginadas de nuestro país quienes por su condición de vulnerabilidad están más expuestas a contraer el virus de la influenza.

Por todo lo anterior y en virtud de que a nuestro partido le preocupa de manera alarmante este tema de salud pública, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República,solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, a que en el marco de sus atribuciones, se tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a las mujeres indígenas embarazadas que habitan las zonas más pobres de nuestro país, ya que por su condición de marginación, son más vulnerables a las complicaciones mortales derivadas del virus de la Influenza.

Recinto del Senado de la República, a 1° de octubre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Continúe la Secretaría.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se cita a la siguiente sesión el martes 6 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 12:50 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx


Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO
























PROPUESTAS

- De los CC. Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca.



- De los CC. Senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un Fondo de Contingencias Sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras.



- Del C. Senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para el Fondo de Modernización Municipal.



- Del C. Senador Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Publica Federal a que instruya al Comisionado General de la Policía Federal a mejorar sus sistemas de inteligencia.



- Del C. Senador Melquiades Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a restituir la enseñanza de la Historia de México en el primer año de secundaria.



- De los CC. Senadores Carlos Lozano de la Torre, Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia respecto a la desaparición de la Secretaría de Turismo.



- De los CC. Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a celebrarse en diciembre próximo en Copenhague, Dinamarca.



- Del C. Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que suspenda la remuneración económica a los ex Presidentes de la República.


PROPUESTAS

- De los CC. Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Carlos Lozano de la Torre, que contiene punto de Acuerdo por el que se felicita a la CONAVI y al INFONAVIT por haber sido galardonados internacionalmente con el premio “Estrella Internacional de Eficiencia Energética” y se exhorta al Ejecutivo Federal a seguir implementando políticas públicas en materia de vivienda que contribuyan a preservar el medio ambiente.



- Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca a que, en el ámbito de sus competencias, funjan como conciliadores y restituyan la gobernabilidad en el Municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca.



- Del C. Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, a nombre propio y de los CC. Senadores Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal instalar una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena.



- Del C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que se tome en cuenta un lote de vacunas dirigidas a mujeres embarazadas que por su condición de pobreza y vulnerabilidad están más expuestas a contraer el virus A (H1N1).


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