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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 8

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Septiembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alvarez Mata Sergio, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Peredo Aguilar Rosalía, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Joaquín Coldwell Pedro, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Corichi García Claudia Sofía, Creel Miranda Santiago, Orantes López María Elena.

Senadores en comisión oficial: Alonso Díaz Caneja Angel, Calderón Centeno Sebastián, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Herrera León Francisco.

Senadores con aviso de inasistencia: Anaya Gutiérrez Alberto (inasistencia justificada), Anaya Llamas Guillermo (inasistencia justificada), Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Montenegro Ibarra Gerardo (inasistencia justificada), Pérez Plazola Héctor (inasistencia justificada), Sánchez Anaya Alfonso (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Hernández Ramos Minerva, Jara Cruz Salomón, López Valdez Mario, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Ramírez Garrido Abreu Graco.

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 112 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Tomás Torres.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Para que ordene a la Secretaría, verifique en el Salón de Plenos la existencia de quórum, por favor.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Informo al Pleno, que en un Acuerdo Parlamentario con los grupos integrantes del Senado de la República, hemos establecido el mecanismo de pase de lista desde las sesiones previas de los propios grupos; se está pasando desde hace varias sesiones una lista de asistencia en sesión de grupo y en el trayecto de sus respectivas sesiones al Pleno, hemos decidido iniciar con el quórum que está registrado en el sistema electrónico, y no entraremos a ningún tema decisivo sin la presencia mayoritaria de los señores Senadores en el recinto parlamentario.

Por esa razón, y por supuesto estaMesa Directiva, esta Presidencia hace un exhorto a los señores Senadores de los diversos grupos parlamentarios para que a través de sus Secretarios técnicos, hagan una excitativa, un exhorto a los señores Senadores y Senadoras que están en trayecto, para que a la brevedad posible se incorporen al Pleno de este Senado.

El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUiZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con nueve minutos del día martes veintidós de septiembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de laSesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes quince de septiembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su dictamen de impacto presupuestario, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnaron a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que otorga la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones de los Senadores)

El Presidente informó que se recibió en tiempo y forma de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Convocatoria para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Quedó de enterado. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria publicar dicho documento en la Gaceta e informó que el proyecto se someterá a consideración del Pleno en fecha próxima.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Jesús Dueñas Llerenas, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, informe de sus actividades en la Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, celebrada los días 3 y 4 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Panamá.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 18 inciso A) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para el diagnóstico y ajuste de las estructuras de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con reforma para facultar a los municipios a instaurar la figura jurídica de notarios públicos que pertenezcan a las entidades federativas y al Distrito Federal; que adiciona un nuevo inciso i) a la fracción III del artículo 115 y adiciona un cuarto párrafo a la fracción II de la Base Tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores Carlos Sotelo García y María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y de los Senadores Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales, en materia de recursos fitogenéticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió de los Senadores María del Socorro García Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón, Carlos Lozano de la Torre, María Elena Orantes López y Ernesto Saro Boarman, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 206 de la Ley del Seguro Social y se adiciona el artículo 196 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión para la Atención de grupos Vulnerables.

(Iniciativas)

El Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los Senadores Rosalinda López Hernández, Rubén Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora María Serrano Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 18 de julio de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del mismo año, por el que se reformaron los artículos 1º, 2º, 4º,18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso i) y se modifica el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre y el primer párrafo del artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2º, 8º y 16; y adiciona cuatro párrafos al artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, a nombre propio y de los Senadores Emma Lucía Larios Gaxiola, Luis Alberto Coppola Joffroy, Juan Bueno Torio, Humberto Andrade Quezada, Humberto Aguilar Coronado y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo por el que seexhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar acciones y mecanismos que apoyen e impulsen el desarrollo de la industria productora de hule natural.- A discusión, intervino el Senador Rubén Velázquez López. Se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre del C. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo en torno al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías de Estado a implementar programas y campañas permanentes en materia de seguridad y educación vial.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a remitir información sobre el estado que guarda el conflicto del servicio de transporte terrestre y los Acuerdos establecidos en el conflicto del transporte especializado para turistas en el Estado de Baja California Sur.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se solicita se liberen y apliquen de inmediato los recursos destinados al mantenimiento y reconstrucción de la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, en el Estado de Chiapas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal a reforzar las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial.- A discusión, intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo nacional de apoyo a becarios de programas de postgrado en México y el extranjero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar, en el paquete fiscal 2010, un aumento al impuesto a los depósitos en efectivo.- Se turnó a a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Francisco Arroyo Vieyra, Ricardo García Cervantes, Carlos Sotelo García y Rubén Fernando Velázquez López, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos FIDECINE y FOPROCINE para el ejercicio 2010, con el objeto de fortalecer la industria cinematográfica nacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4% a las telecomunicaciones.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Irma Martínez Manríquez Fermín Trujillo Fuentes, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, establecido en la Ley General de Educación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Cleominio Zoreda Novelo y Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República realiza un extrañamiento al Gobierno Federal por su grave omisión durante el juicio penal de Zhenli Ye Gon en los Estados Unidos de América y exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a agilizar el proceso de extradición del Señor Ye Gon a nuestro país, a fin de que sea procesado y, en su caso, condenado por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

El Senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que en las escuelas, tanto de nivel básico como medio superior, se lleven a cabo jornadas sobre el ejercicio de la democracia, como una contribución de México a la celebración del Día Internacional de la Democracia.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

El Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados yal titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se constituya el Programa Emergente para la Producción de Alimentos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las negociaciones de los Acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo de México.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal para que, con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se honre con una escultura alusiva la memoria de las mujeres que participaron en dichos procesos.- Se turnó a las Comisiones del Distrito Federal; y de Equidad y Género.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo sobre los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los procesos de subasta pública que han sido celebradas en 2009, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

La Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad informen sobre la justificación financiera y los beneficios económicos que traerá al país, la licitación de la red de fibra óptica oscura.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Proposiciones)

La Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a convenir en imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República que integre con la debida diligencia la averiguación derivada de la denuncia número 5297-2009 relacionada con el presunto fraude perpetrado por la empresa Inverban S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Proposiciones)

El Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación al brote del virus del dengue en el estado de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con Petróleos Mexicanos, remitan un informe pormenorizado sobre los proyectos de modernización del Sistema Nacional de refinación y reducción de partículas contaminantes del diesel comercializado en México, con la finalidad de observar el cumplimiento de la norma oficial mexicana nom-086-semarnat-sener-scfi-2005.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Carlos Sotelo García, Manlio Fabio Beltrones, Jorge Castro Trenti, Ramiro Hernández, Silvano Aureoles, Jesús Garibay y Marko Antonio Cortés, proposición con punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta a consideración del Pleno la constitución de un grupo plural de trabajo, integrado por senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios, para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los funcionarios y ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con una organización criminal.- Se turnó a a la Junta de Coordinación Política.

(Excitativas)

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma el inciso b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- La Presidencia formuló excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Excitativas)

Se recibió del Senador René Arce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia formuló excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión ordinaria el próximo jueves veinticuatro de septiembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasemos al siguiente asunto, por favor.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3136/09
México, D.F., a 22 de septiembre de 2009.

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario
Manuel Minjares Jiménez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasemos, por favor, al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el nombramiento a favor del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Eritrea, la República Rwandesa, las Repúblicas de Burundi, Seychelles y Uganda y la República Unida de Tanzania.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3135/09
México, D.F., a 22 de septiembre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Luis Javier Campuzano Piña, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Eritrea, la República Rwandesa, las Repúblicas de Burundi, Seychelles y Uganda y la República Unida de Tanzania.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Manuel Minjares Jiménez

ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Luis Javier Campuzano Piña, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la:

República de Kenia

y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Eritrea, la República Rwandesa, las Repúblicas de Burundi, Seychelles y Uganda y la República Unida de Tanzania

Comuníquese y cúmplase.

México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

La Secretaria de Relaciones Exteriores
Patricia Espinosa Cantellano”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Africa para los efectos correspondientes.

El siguiente asunto, por favor.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Asimismo…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Permítame, señor Secretario…

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Silvano Aureoles.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: (Desde su escaño) Le ruego, señor Presidente, instruya a quien deba de hacerlo, para que revise, en virtud de que me reportan que hay un enjambre de guaruras afuera, acompañando al candidato a procurador, que atenta contra la Soberanía y autonomía de este poder.

Entonces, le ruego lo verifique, de ser cierto lo dicho, se tomen las medidas necesarias. Es inaceptable que el señor todavía no sea ratificado y ya venga a hacer alarde de fuerza, incluso hay quejas de señoras y señores reporteros que fueron apartados del camino a codazos, empujones y malos tratos.

Le ruego, por favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Presidencia informa al Pleno del Senado, que hace unos minutos fue recibido en esta Mesa Directiva un reporte de la presencia de equipo de seguridad de la Procuraduría General de la República en las instalaciones de Xicoténcatl. Y esta Presidencia verificó personalmente la presencia de equipo de seguridad en el Salón de Plenos.

Por lo tanto, se han tomado las siguientes determinaciones de inmediato: Se ha replegado al personal de seguridad del procurador propuesto y sujeto a ratificación, para que se coloque en un área determinada del Salón Juárez de estas instalaciones de Xicoténcatl y se ha instruido al equipo de seguridad del Senado para que garantice la seguridad física del propuesto y asuma plenamente la seguridad del recinto parlamentario en todas sus consecuencias. El recinto parlamentario tiene que ser cuidado por el equipo de seguridad del propio Senado de la República y por nadie más.

Y, por lo tanto, estamos a la espera del reporte de nuestro equipo de seguridad, para que al recinto parlamentario solamente tenga acceso, en el momento oportuno, quien tenga que tenerlo.

Informo a ustedes, para efectos de que no vayamos a tener un incidente, que el equipo de seguridad ha tomado medidas para el acceso al recinto parlamentario, en todos sus lugares. Los señores Senadores y señoras Senadoras tienen plena libertad de tránsito y de movimiento, como debe ser, porque estamos en el recinto del Senado de la República.

Continúe, señor Secretario.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/3137/09
México, D.F., a 22 de septiembre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Juan Carlos Cué Vega, Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario
Manuel Minjares Jiménez”.

ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Juan Carlos Cué Vega, Cónsul General de México en:

Dallas, Texas, Estados Unidos de América

Comuníquese y cúmplase.

México, Distrito Federal, a 27 de julio de 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

La Secretaria de Relaciones Exteriores,
Patricia Espinosa Cantellano”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte para su análisis y dictamen correspondiente.

El siguiente asunto, señor Secretario, por favor.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de autorización para que elementos del Ejército Mexicano, puedan salir del territorio nacional para participar en el adiestramiento conjunto con elementos de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, así como el paso por nuestro país de miembros de las Fuerzas Armadas Francesas, con el mismo objetivo, el cual se llevará a cabo del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009.

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DE H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

La responsabilidad que implica el adecuado ejercicio de las tareas que tienen encomendadas las fuerzas armadas mexicanas, implica la imperiosa necesidad de procurar su continua capacitación y adiestramiento.

Con el propósito de seguir mejorando en las diversas técnicas y ejercicios propios de la actividad militar, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ministerio de Defensa de la República de Francia han acordado llevar a cabo un intercambio de adiestramiento en el territorio de ambos países.

El adiestramiento tendría lugar de manera simultánea del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009. Los miembros del Ejército francés recibirían el adiestramiento en territorio nacional, particularmente en el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Selva y Anfibias en Xtomoc, ubicado en la 34ª Zona Militar, en Chetumal, Estado de Quintana Roo y, al mismo tiempo, los miembros del Ejército mexicano acudirían a recibir su adiestramiento a la 41ª Brigada de Infantería de Marina ubicada en Pointe-A-Pitre, Islas Guadalupe.

En atención a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad exclusiva del Senado de la República para autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país y el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, por su digno conducto, solicito a esa Soberanía la autorización correspondiente para que los miembros del Ejército mexicano que adelante se señalan puedan salir del país y los miembros de las fuerzas armadas francesas puedan internarse en nuestro territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al acuerdo conjunto de intercambio de adiestramiento.

La participación de los miembros de las fuerzas armadas mexicanas en el adiestramiento conjunto se compone de un destacamento de treinta personas de una sección de fusileros del Ejército Mexicano; por su parte, la participación de las fuerzas armadas francesas en el intercambio está constituida también por un destacamento militar de treinta personas.

La capacitación estará encaminada fundamentalmente a la instrucción y adiestramiento de operaciones en selva, en beneficio de las fuerzas mexicanas y francesas.

Es necesario tener presente que las amenazas del mundo actual no reconocen fronteras y las organizaciones criminales han sobrepasado su ámbito de actuación tradicional. Ante esta realidad, es imperante la necesidad de contar con fuerzas armadas bien entrenadas y cada vez mejor capacitadas para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y cumplir con las atribuciones que nuestro marco jurídico les confieren.

Estoy seguro que esa H. Cámara de Senadores entiende y comparte con el Ejecutivo Federal a mi cargo la valía que este tipo de intercambios tienen en el contexto en el que vivimos. Procurar la permanente actualización y mejora de los elementos encargados de resguardar la soberanía de México es un compromiso indeclinable de la presente Administración.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la autorización para que los miembros del Ejército Mexicano señalados puedan salir del territorio nacional para participar en el adiestramiento conjunto con elementos de las fuerzas armadas de la República Francesa, así como el paso por nuestro país de miembros de las fuerzas armadas francesas con el mismo objetivo, en los términos descritos con antelación.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 23 de septiembre de 2009.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señoras Senadoras y señores Senadores, por la proximidad de la fecha señalada en el oficio del titular del Poder Ejecutivo Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución, y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Antes, señor Secretario…

Senador Ricardo Monreal, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para referirme a este tema…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Sí, pero primero tenemos que agotar la votación de urgente y obvia resolución, y posteriormente, si se aceptara abrir el debate sobre el tema, por supuesto que estaremos abiertos a la discusión de este tema.

Consulte usted, entonces, a la Asamblea…

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, es que yo estoy objetando el turno…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿De urgente y obvia resolución?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Por eso, por eso…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Puede votarse en contra, Senador, sin duda alguna…

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Quiero razonar mi voto…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por eso. Su intervención es sobre el turno de urgente y obvia resolución, bien. A ver, antes de pasar a la votación, esta Presidencia debe consultar a la Asamblea, por el tema y los tiempos, si es de urgente y obvia resolución o no.

Y, por lo tanto, tiene que abrirse un debate al respecto, con un orador a favor y uno en contra.

¿El sentido de su voto, para efecto del turno?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En contra. Entonces, tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, en contra, y se abre la participación de oradores a favor de la urgente y obvia resolución.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras:

Es ya una costumbre la falta de respeto a este Senado de la República. Cómo podemos dejar pasar esta grave grosería contra el Senado de la República.

Cómo nos informan el día de ahora un asunto tan importante para la vida del país como es permitir la salida de tropas del país y permitir la entrada o el paso o tránsito de tropas extranjeras al país.

Nos tratan peor que si fuéramos una Oficialía de Partes.

Cómo podemos mantenernos impávidos, insensibles, incólumes frente a esta barbaridad. No les da pena que aprobemos en un fast track de una situación tan importante para el país como ésta.

Pero muchos dirán: “Es un nacionalismo trasnochado. ¿Qué no te das cuenta que estamos en la globalización?”

Allá ellos.

Pero les digo una cosa con seriedad, si no están de acuerdo modifiquemos la Constitución. Pero ya es una actitud grosera del Ejecutivo enviarnos, yo hasta ahorita lo ví y lo escuché, nadie sabía. Yo les aseguro que salvo dos o tres miembros de la cúpula de este Senado nadie sabía. Es impresionante.

Fíjense ustedes.

Solicitan la autorización de acuerdo con el artículo 76, fracción III, para ejercicios conjuntos con el Ejército Francés. Y solicitan el tránsito por nuestro país de miembros del Ejército francés.

Y nosotros los dejamos pasar como si fuera de noche de manera subrepticia. Pero además los ejercicios van a comenzar el próximo lunes.

Qué sucedería en la hipótesis de que el Senado en un arranque de dignidad diga: “No lo apruebo, por la falta de respeto al Senado”.

¿Qué pasaría?

Pues nos tendrían más respeto.

Que se suspenda. Pues que se suspenda, son 30 miembros de cada Ejército, como una medida de extrañamiento al Ejecutivo Federal, al Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina.

¿Por qué mantenemos esta actitud tan poco correcta de miembros del Senado de la República?

¿Para qué tenemos esta facultad y esta potestad de revisar la política exterior mexicana? Mejor quitémosla, no la ejerzamos tibiamente o pidamos.

Y ayer por la noche de manera subrepticia nos envían este informe y ahora el Presidente de la Cámara somete a la consideración del Pleno una obvia y urgente resolución, sin saber, sin discutir, sin que las comisiones se enteren, sin que el Senado se entere, ¿por qué permitimos que nos traten así?

Y miren ustedes, leyendo rápidamente, son hechos consumados. Incluso la redacción del señor Calderón o de sus asesores no tienen el mínimo cuidado con el Senado. Fíjense ustedes lo que dice el párrafo segundo. Dice así:

“Con el propósito de seguir mejorando en diversas técnicas y ejercicios propios de la actividad militar, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ministerio de la Defensa de la República de Francia han acordado llevar a cabo un intercambio de adiestramiento en el territorio de ambos países”.

Es decir, ya lo acordaron, ya lo determinaron. Y este Senado tiene la obligación constitucional de revisar la política exterior.

O sea, aunque no lo aprobemos o sí lo aprobemos, ellos ya lo acordaron. A ver, yo les pongo un ejemplo y los exhorto, votemos en contra.

Por dignidad, sólo un acto, no se pierde nada. Yo he perdido todas las votaciones, al menos dénos chance de ganar una, porque es justa ésta y todas las que he propuesto. Es indigno, señores Senadores.

No estoy entrando al fondo del debate, estoy impugnando un trámite, un turno que me parece ofensivo, grosero, indignante el trato que nos da el señor Calderón. No puede seguirnos tratando como si no existiéramos.

Me parece muy poco serio…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Solicito al orador termine su intervención. ¿Con qué objeto Senador Torres?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Objetando el turno en los términos en los que lo hace el orador en contra del turno de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿Para anotarse en contra?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) En contra y para solicitar el uso de la palabra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Miren, hay que dejar que continúe el orador para seguir con el turno de oradores. Adelante.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Concluyo y gracias, señor Presidente, por la tolerancia. Concluyo.

Si ustedes leen, por favor léanlo, es una hoja. Si ustedes leen el párrafo tercero, aparte del que ya les leí, dice lo siguiente. Ni siquiera nos piden permiso, dice lo siguiente.

“El adiestramiento tendrá lugar de manera simultánea del día 28 de septiembre al 9 de octubre”.

Saben lo que corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley.

Que antes de que firme un convenio el Secretario de la Defensa Nacional con cualquier otro país se requiere la autorización del Senado.

Lo que el Secretario de la Defensa Nacional debió haber solicitado antes de firmar este convenio de colaboración es haberle solicitado la autorización al Senado para llevar este tipo de prácticas. No estoy entrando al debate de fondo, estoy objetando un trámite ofensivo, indignante para todos los Senadores de todos los partidos…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Ricardo Monreal, ruego a usted concluya su intervención.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Perdóneme, señor Presidente. Si le está dando trámite de obvia y urgente resolución sean tolerantes, se están ahorrando 8 días ó 15 ó 20, unos minutos más, pero respeto su indicación. Está bien.

Bueno, está bien, señor Presidente, votaré en contra por dignidad. Es verdaderamente vergonzoso.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Garibay, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicito a usted el uso de la palabra para ir en contra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Informo a ustedes que se encuentran anotados dos ciudadanos Senadores y una ciudadana Senadora para hablar en contra, hasta por cinco minutos. Tiene el uso de la palabra el Senador Tomás Torres, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Me dice un ciudadano Senador, compañero mío, que me concentre bien para decir lo que voy a decir. No necesito mucha concentración, necesito el convencimiento de lo que voy a decir y decirles que no me parece una ofensa del titular del Ejecutivo Federal… A ver si alguien le puede subir al volumen. No me parece indigno lo que plantea el Ejecutivo Federal, me parece indigno, me parece indigna la condición que reconozca de sí mismo el Senado mexicano.

Ya se les está haciendo práctica, el fin de semana pasado la Agencia EFE, Agencia de Noticias EFE, daba cuenta de la presencia de un pelotón de las Fuerzas Armadas Mexicanas fuera del territorio nacional acudiendo a una invitación en Guatemala para festejos relacionados con las Fuerzas Armadas de aquel país, y el Senado mexicano no dijo nada, y ahora también parece que no dirá nada.

Dicen que significa poco el paso de 30 elementos de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, yo creo que ni siquiera van a hacer maniobras conjuntas, les van a servir de acompañantes. Hay edecanes en este país que olvidan la historia nacional, no se les olvide que no tiene un sentido cuantitativo, aún en la condición presente de paz con aquella República y con el hemisferio de México, porque qué más ha dado identidad nacional, qué más ha fortalecido el concepto de Nación si no fue la invasión francesa.

¿Hay algún legislador que me dé respuesta sobre el particular? ¿Que se haya ido a la guerra con una nación extranjera después de haber perdido más del territorio nacional? Y los que sepan un poco de historia, después de la Constitución de la Federación Mexicana en 1824, la centralista del ’36 y la reforma, por cierto en donde puso su espada victoriosa el General González Ortega a favor de la causa republicana, ¿qué más le dio nombre a este país?

He visto ediciones por ahí sobre el Himno Nacional, pocos sabrán que después del ’54, en la premiación de González Bocanegra y de Jaime Nunó, el segundo muere en el extranjero y el primero, el poeta, en un sótano, justamente en el Centro Histórico de esta gran ciudad de México.

Reivindico en nombre del Senado de la República no el planteamiento precipitado de una tropa de 30 integrantes de una fuerza extranjera y su paso por este país. Reivindico la posición y el valor político del Senado de la República para dejar estos asuntos como de mero trámite.

Esto será de aprobarlo, como se ha planteado, una muestra más de que el Senado en lugar de reivindicar perderá cada día y con cada trámite su autoridad política; pero sobre todo los Senadores que son representantes de la Federación mexicana, perderán la voz de los estados que representan.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Tomás Torres.

Para argumentar a favor de la urgente y obvia resolución, tiene la palabra el Senador Ricardo García Cervantes.

- El C. Senador Ricardo Francisco García Cervantes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Frente a una disposición constitucional que establece la participación del Senado de la República tener en nuestro Orden del Día, para poner a consideración de la Asamblea del Senado de la República el ejercicio de esa facultad constitucional, no es bajo ningún concepto y por ningún motivo causa de agresión o agravio al Senado de la República.

Puedo y de hecho hago reconocimiento de la razón de quienes argumentan la prontitud o en su caso la brevedad en el tiempo para la tramitación de esta facultad constitucional que se le otorga al Senado para autorizar la salida de tropas de nuestro Ejército hacia territorio extranjero o para recibir en tránsito tropas extranjeras en nuestro territorio.

Hago esa concesión, estoy de acuerdo, hay brevedad en el tiempo, hay prontitud en la decisión que deba tomar el Senado, pero para eso se acude a nuestro marco jurídico que regula el funcionamiento del Senado. La directiva propone el tratamiento que prevé la ley, los artículos 59 y 60 de nuestro Reglamento establecen la posibilidad de que el Senado determine cuándo un asunto es de urgente resolución.

Vuelvo a conceder la necesidad de dar la tramitación por la vía de los artículos 59 y 60 que en nada indigna al Senado, que por supuesto lo somete a la tramitación legal de sus facultades, tiene como origen una llegada tardía de una solicitud por parte del Ejecutivo de la República.

Sí, vaya entonces, desde este momento, un llamado a una mejor y mayor consideración de los trámites y los tiempos requeridos por el Senado de la República para el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero no puedo aceptar bajo ningún concepto que cada vez que el Senado de la República al aplicar su normatividad interna, el reglamento que le obliga de procesar a través de los artículos 59 y 60 asuntos de urgente resolución o de obvia resolución, caiga en indignidad, por supuesto que no.

La previsión de que habrá asuntos del conocimiento del Senado de la República con estas características de urgencia o de obviedad están previstas en nuestras leyes y no representa ninguna indignidad para el Senado de la República.

No puedo ir al fondo del tema, señor Presidente, pero tampoco puedo permitir que la Asamblea se confunda con argumentos anticipados que podrían ir en el debate de fondo, pero hoy se está dando en este debate incidental sobre el procedimiento. La presencia de nuestro lábaro patrio en una ceremonia protocolaria de aniversario, no en Guatemala, sino en Nicaragua, fue acompañada…

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señor Senador, permítame un momento. Ruego a los señores Senadores y Senadoras, y también a nuestro equipo de apoyo que se encuentra en el recinto, hacer un esfuerzo por atender al orador en turno.

Continúe, señor Senador.

- El C. Senador Ricardo Francisco García Cervantes: Gracias, señor Presidente.

Les decía que se ha dicho en esta tribuna, y puede incluir en el ánimo y en la decisión de esta Asamblea, en su decisión de considerar de urgente resolución este tema, un argumento de presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas en un país extranjero, y se señaló a Guatemala.

El hecho real es que se solicitó…, pero se solicitó la presencia del Pabellón Nacional en un acto protocolario en un país extranjero, y acompañaron a nuestro Pabellón, a nuestra Bandera en ese acto protocolario, una escolta de cadetes, de estudiantes del Colegio Militar. Y para garantizar los honores a nuestro lábaro patrio fue acompañada de una escolta y de una banda de cadetes.

¿Puede algún Senador o Senadora tener argumentos para cuestionar esa presencia? Pero en este momento el debate, y con esto termino, señor Presidente, agradeciendo su disculpa por prolongarme unos segundos más, es que está en nuestro reglamento y en nuestra condición de Asamblea decidir si un asunto es urgente por sus características y por sus condiciones, el término de urgencia deviene de la connotación del tiempo, la presencia de treinta elementos de nuestras Fuerzas Armadas en territorio francés, y treinta elementos de las Fuerzas Armadas francesas en territorio mexicano para procesos de adiestramiento especializado que deberán iniciarse con el inicio de la próxima semana.

Nosotros tenemos la facultad legal, digna, legal y por supuesto soberana del Senado de la República de considerar el factor del tiempo para dar una resolución de obviedad o de urgencia; no hay indignidad, no hay violación, no hay atropello; sí es reconocida la necesidad de hacerle saber al Ejecutivo de que el Senado de la República requiere de una atención en el manejo del tiempo y mayor consideración en la relación entre el Ejecutivo y el Senado de la República.

Les solicito, señoras y señores Senadores, que en consideración del tiempo apliquemos nuestra facultad de considerarlo urgente y podamos discutir en el fondo este asunto, estamos hoy solicitándoles nos acompañen en el reconocimiento de la urgencia de este tema.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador García Cervantes. Recuerdo a la Asamblea que estamos en el debate sobre la urgente y obvia resolución… Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) No sé si vaya a haber más oradores, pero creo que sí, ya no debería haberlos, pero solicito que sea nominal la votación.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En su momento, y lo tomamos en consideración.

Voy a darle el uso de la palabra a la Senadora Rosario Green Macías para que argumente en contra de la urgente y obvia resolución.

- La C. Senadora Rosario Green Macías: Muchas gracias, señor Presidente.

Escuché con mucha atención al colega del PAN, y me quedé con esta última impresión en su discurso, no hay, no hay, no hay. Pero le faltó decir no hay urgencia tampoco, y es por eso que mi bancada se manifiesta firmemente en contra del procedimiento de urgente y obvia resolución.

Acabamos de conocer la propuesta y se nos pide que obviemos los trámites. Es un entrenamiento, es un ejercicio conjunto, ¿por qué la urgencia?, ¿qué está pasando?; que lleve a que si no es en estas fechas es verdaderamente caótico, trágico, patético.

A mí me parece que es muy importante reconocer que no somos un Senado que no haya obsequiado las salidas de contingentes de nuestras Fuerzas Armadas, recientemente aceptamos que la Marina Mexicana participara en ejercicios conjuntos con Estados Unidos para ser coherentes con aquello del principio de la corresponsabilidad, y poder decir que tenemos que entrenar a nuestros marinos de la misma manera para capturar esa droga que entra por mar.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senadora Green Macías: ¿Acepta usted una pregunta del Senador García Cervantes?

- La C. Senadora Rosario Green Macías: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Tiene la palabra el Senador García Cervantes. Sonido en el escaño del Senador Cervantes, por favor.

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente; gracias, Senadora Rosario Green.

Sólo para establecer que la solicitud que estamos conociendo es para que estos procesos de adiestramiento se den simultáneamente en el territorio francés por treinta mexicanos a partir del 28 de septiembre al 9 de octubre, esa es la solicitud.

¿No le parece a usted que la eminencia del 28 de septiembre, y toda vez que no habrá entre este día y ese, otra sesión lo hace urgente?

- La C. Senadora Rosario Green Macías: Señor Senador, respetuosamente. Cronológicamente es impecable, pero si esto estaba planeado, porque todo ejercicio tiene que planearse con mucha antelación, ¿por qué en la víspera?, ¿por qué el albazo?, ¿por qué este tipo de situación?

(Aplausos)

¿Por qué este tipo de situación, donde parece que el Senado de la República es una mera estampita, y que le vamos a pasar todo? Nada más porque ya se les hizo tarde para presentárnoslo.

De ninguna manera, respetuosamente, porque yo a usted lo respeto enormemente, señor Senador, y lo sabe. Pero no me parece un argumento digno de esta Soberanía, que ya viene el 28, pues sí, ya viene el 28, porqué el día primero de éste, en cuanto nos sentamos aquí a trabajar, no se nos dijo si había esto y las ventajas de que esto tuviera efecto, y de que vengan a Chetumal y de que los nuestros vayan a Guadalupe, y de que esto refuerce las relaciones bilaterales con Francia, ¿por qué no? ¿Por qué se nos mantiene en la oscuridad?, si el ejercicio es transparente. Por eso es que mi bancada está en contra del procedimiento. Nosotros no estamos en este momento del fondo, señor Senador; estamos hablando del hecho de que si se les hizo tarde, con la pena, señor Senador, mi partido está en contra de la urgente y obvia resolución.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senadora Green Macías.

Han hecho uso de la palabra tres oradores en contra de la urgente y obvia resolución, y un orador a favor. En consecuencia, Senador Garibay, en virtud de que no hay más oradores a favor de la urgente y en un ejercicio de equidad, que ya está rota, porque ya son tres y uno, voy a poner a consideración la urgente y obvia resolución, pero pregunto a los señores Senadores quiénes respaldan la moción del Senador Pablo Gómez para que la votación sea nominal.

Bien, en tal sentido, más de cinco, sí, por lo tanto será nominal. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de la propuesta, los que voten por el sí, aclara esta Presidencia, se entenderá que apoyan la urgente y obvia resolución, a efectos de que el asunto se discuta de inmediato; los que voten por el no, se entenderá que votan porque el asunto sea turnado a las Comisiones respectivas. Abrase la votación.

VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

No

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

No

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

No

ARCE RENE

PRD

No

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

No

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

No

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

No

BERGANZA ESCORZA FRANCISCO

CONV

No

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

No

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DELGADO DANTE

CONV

No

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

No

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

No

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

No

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JIMENEZ MACIAS CARLOS

PRI

No

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

No

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

No

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

No

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

No

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

No

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

No

MURILLO KARAM JESUS

PRI

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

No

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

No

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

No

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

No

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

No

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

No

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

No

TRUJILLO FUENTES FERMIN

IND

No

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

No

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

No

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

CASTRO TRENTI FERNANDO

PRI

No”.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, de acuerdo al cómputo, 56 votos por el no y 44 votos por el sí. No se concede la urgente y obvia, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: En consecuencia, túrnese la solicitud debatida en este Senado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional para su procesamiento.

Continuamos con los siguientes asuntos, señor Secretario.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: La Secretaría de Gobernación remite también oficio con nombramientos a favor de las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información, por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con este principio, establece los mecanismos necesarios para garantizar que toda persona pueda conocer la información pública en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y cualquier otro organismo federal.

Con base en este marco jurídico, la transparencia ha logrado consolidarse como un instrumento fundamental para la rendición de cuentas a la ciudadanía, y con ello, como un elemento insustituible en el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho.

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se considera a la transparencia como un instrumento esencial para que las instancias gubernamentales expliquen a la sociedad sus acciones, según lo disponga el escrutinio público y se lleve a cabo la revisión que deseen realizar los particulares sobre el funcionamiento de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

Con motivo de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, desde el año 2002 opera el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como el organismo responsable de resolver los recursos que los particulares interponen en contra de las solicitudes de información que no son debidamente atendidas por los sujetos obligados por la propia Ley, y de proteger en forma simultánea, los datos personales en poder de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ejercicio de estas atribuciones, el IFAI se ha convertido a lo largo de estos años en un factor de la mayor importancia para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia a cargo de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la citada Ley, el IFAI se integra por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal. A este respecto, el mismo ordenamiento confiere a la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta a la Comisión Permanente, la posibilidad de objetar dichos nombramientos.

Como es de su conocimiento, el 12 de septiembre del año 2002, el entonces Presidente de la República nombró a los ciudadanos Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán como Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública por un periodo de 7 años. Como puede observarse, la vigencia de dichos nombramientos está por concluir, por lo que con la intención de no afectar el funcionamiento del órgano colegiado, es necesario realizar a la brevedad posible el nombramiento de los comisionados que habrán de ocupar las dos vacantes señaladas.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de la atribución que la Ley confiere al Ejecutivo Federal, he tenido a bien nombrar a las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño como Comisionadas del IFAI, quienes cumplen con los requisitos que establece el artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues son ciudadanas mexicanas, mayores de treinta y cinco años, no han sido condenadas por la comisión de algún delito doloso, se han desempeñado destacadamente en actividades profesionales relacionadas con la transparencia y el derecho a la información y durante el año previo no ocuparon ninguna de las responsabilidades que señala el propio artículo 35.

La ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 15 de junio de 1965, es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Relaciones Internacionales y Estudios por la Paz por la Universidad de Notre Dame, Indiana y candidata al Doctorado en Política Comparada y Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Adicionalmente cuenta, entre otros, con Diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Diplomado en Negociaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la academia y al quehacer público. Destacan, entre otros, su desempeño como Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno Federal y su participación como investigadora invitada de Política Pública, en el Woodrow Wilson Center, Institute of México en Washington, D.C., así como investigadora invitada en el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte (CEDAN) y en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown. Es socia fundadora de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad A.C., organización no gubernamental enfocada a promover la democracia, el respecto a los derechos humanos y la seguridad a través de la rendición de cuentas y transparencia de los órganos de seguridad nacional en México.

La ciudadana María Elena Pérez-Jaén Zermeño nació en la ciudad de León, Guanajuato, el 31 de julio de 1961, es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta, entre otros, con Diplomado en Teoría y Análisis Político por la Cámara de Diputados, Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información por la Universidad Iberoamericana, Seminario de Acceso a la Información y Periodismo en México por el Knight Center for Journalist in the Americas y Diplomado en Capacitación Política por la Universidad Complutense de Madrid, España.

En el ámbito profesional destaca su labor como Consejera Ciudadana del Consejo de Información Pública del Distrito Federal y Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como su participación en múltiples foros, seminarios y actividades relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, me permito comunicar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los nombramientos de las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre del año 2009 y hasta el 11 de septiembre del año 2016, en la convicción de que cumplen con los requisitos señalados por la Ley y su designación fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro país.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 15 de septiembre de 2009.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese el presente asunto a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del 244 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón a celebrarse el miércoles 30 de septiembre en esta ciudad de México.

“SECRETARIA DE CULTURA DISTRITO FEDERAL
COORDINACION DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL

“2008-2010”
Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México

CPHAC/1384/09

México, D. F., a 24 de julio de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
XICOTENCATL NO. 9
CENTRO HISTORICO
DELEGACION CUAUHTEMOC
PRESENTE,

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de septiembre de 2009, de la cual anexo su descripción.

Fecha

Ceremonia

Lugar

Miércoles 30

244 Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Columna de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Tiber, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes el nombre del Senador que asistirá al evento de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dicho acto.

Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para asistir a dicha ceremonia, en representación de la Cámara de Senadores, se designa en Comisión al Senador Héctor Miguel Bautista López.

Pasemos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que remite Acuerdo por el que se designa a los consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.





- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea queda debidamente enterada.






PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Señoras Senadoras, Senadores, nuestro siguiente asunto del Orden del Día es la aprobación del Proyecto de Convocatoria para la Elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El documento fue publicado para su conocimiento en la Gaceta del martes 22 y está publicado en la edición de este día.

“CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA

La Cámara de Senadores de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de sus Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, párrafos primero, quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 10 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 85, numeral 2, inciso a y 86, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

CONVOCA

A las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos a que manifiesten sus opiniones y propuestas de la persona que a su juicio deba ser designada como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014; bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la persona propuesta para ocupar el cargo de Presidente deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y,

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República evaluarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas propuestas.

SEGUNDA.-Las propuestas de candidaturas al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán presentarse dentro del plazo comprendido entre la publicación de la presente convocatoria y el 09 de octubre del año en curso, en la oficialía de partes del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl número 9, planta baja, Centro Histórico, Código Postal 06010, Distrito Federal, de lunes a viernes, en horario de las 9:00 a 20:00 horas.

TERCERA.- Al presentar la propuesta de candidatura al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deberán adjuntar los siguientes documentos, tanto por escrito como en formato electrónico:

a) Currículum Vitae actualizado del candidato propuesto, con copias simples de documentos que acrediten lo que se exprese en el mismo;

b) Copias certificadas de acta de nacimiento y credencial de elector del candidato propuesto;

c) Tratándose de propuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de interés público, deberán adjuntar copia del Acta Constitutiva o Estatutos respectivos;

d) Proyecto de trabajo del candidato propuesto, que considere los principales aspectos de la función que ejercerá durante los cinco años del encargo, en caso de ser designado como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

e) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; y,

f) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente convocatoria, dará lugar a la desestimación de la propuesta de candidatura dentro del procedimiento relativo.

CUARTA.- Transcurrido el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, procederán a determinar en Reunión de Trabajo el 12 de octubre, las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y satisfagan los requisitos impuestos en la Base TERCERA de esta convocatoria.

QUINTA.- Una vez determinada la lista de los candidatos que sean elegibles, se publicará, exclusivamente para efectos informativos y de transparencia, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Senado de la República, así como las fechas y orden de comparecencias de los propios candidatos ante las Comisiones Unidas.

SEXTA.- Con el objeto de cumplir con el principio de apertura que rige este procedimiento de elección, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos podrán formular opiniones relacionadas a las propuestas, que aporten mayores elementos de juicio para analizar a loscandidatos. Estas opiniones, para ser consideradas, deberán cumplir con el requisito establecido en el inciso c) de la Base TERCERA, y presentarse los días 13 a 15 de octubre en el domicilio, días y horario señalados en la base SEGUNDA de esta Convocatoria.

SÉPTIMA.- Fijadas las fechas de comparecencia de los candidatos al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su desarrollo se llevará a cabo en Sesión pública ante los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, y serán trasmitidas por el canal del Congreso bajo el siguiente formato:

a) Cada aspirante tendrá derecho a exponer sus ideas y argumentos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, hasta por un máximo de 10 minutos.

b) Expondrán los principales aspectos de la función que ejercerán durante los cinco años del encargo, en caso de ser designados en el cargo.

c) Una vez concluida la presentación de sus ideas y argumentos, se abrirá un espacio de preguntas por parte de los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, en el orden y tiempo que acuerden sus Directivas.

d) El candidato deberá de contestar en un tiempo no mayor de 3 minutos cada pregunta que se le formule.

e) Los Senadores tendrán derecho de réplica.

OCTAVA.- Para los efectos de la designación de la terna de candidatos de la cual el Pleno de la Cámara de Senadores elegirá a quien ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a más tardar, el 26 de octubre del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República se reunirá en sesión de trabajo para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen respectivo.

La elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizará por el Pleno del Senado de la República a más tardar el 29 de octubre de 2009, en tanto que la toma de protesta constitucional se realizará ante el propio Pleno del Senado el 16 de noviembre.

NOVENA.- Una vez concluido el procedimiento para la designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se notificará por escrito el resultado del mismo a todos y cada uno de los candidatos.

DÉCIMA.- Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por mayoría simple de los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República. 

Dado en el Recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil nueve”.

En tal virtud, está a discusión el Proyecto de Convocatoria que han hecho llegar a esta Presidencia.

¿Con qué objeto, Senador Ricardo Monreal?

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para hablar en contra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se concede la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, en contra del proyecto y, por supuesto, se abre la lista de oradores para quienes a nombre de las comisiones estén en condiciones de hablar a favor lo hagan saber a esta Mesa.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, ciudadanos legisladores:

Hace unos días, hace dos sesiones discutimos sobre un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la renovación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya facultad exclusiva le corresponde a este Senado de la República.

En aquella ocasión votamos en contra, argumentamos que existían vicios de origen en el procedimiento, sin embargo la mayoría del Senado decidió ese procedimiento y nosotros actuamos en consecuencia.

Debo de señalar que en esa sesión ordinaria hubo modificaciones al proyecto original, modificaciones que consistieron en que las Comisiones que lanzarían la convocatoria y la publicarían serían coordinadas por la Comisión de Derechos Humanos, acompañándola en este ejercicio la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos, y debo reconocer que el proyecto original modificado acercó y ayudó a transitar de mejor forma, incluso se dejó la atribución en este acuerdo aprobado de que el dictamen sería elaborado y presentado al Pleno por la Comisión de Derechos Humanos. Pero desde nuestro punto de vista todavía adolece de un buen procedimiento, y debo de reconocer la perseverancia de la Senadora Rosario Ybarra por llevar a cabo un proceso abierto, plural en el que concurran los que deseen participar en este proceso.

Yo creo que se ha mejorado bastante el intento que se pretendía hacer, ¿cuál es mi preocupación? y más tarde lo vamos a tocar, es que en el Senado de la República se pueda acudir al sistema de cuoteo en donde no lleguen los mejores, los más aptos, los más idóneos, sino los amigos de las cúpulas políticas en el Senado. Esa es mi preocupación de fondo. Y por eso hemos acudido a la vía jurisdiccional a impugnar el procedimiento, independientemente de la suerte que tenga el juicio de garantías interpuesto contra el procedimiento, nosotros esperamos que este proceso para elegir y designar al Presidente Nacional de la Comisión de Derechos Humanos tenga un feliz término y logremos consensar a una personalidad independiente del poder sin intereses prefigurados y con una amplia solvencia moral, política y jurídica; jurídica puede ser que no tanto, pero finalmente moral, porque dentro de los requisitos que se establecen en esta convocatoria son los descritos en la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos para mantener nuestra consecuencia, esa es nuestra posición frente a esta convocatoria que está sometida a la aprobación de este Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila.

Recuerdo a la Asamblea que el tema es la aprobación de la convocatoria procesada en Comisiones Unidas, acordada por los integrantes de las Comisiones Unidas que trae el consenso de todos los grupos parlamentarios en la Gaceta que está publicada en la convocatoria respectiva.

El tema de fondo sobre el personaje que debe ocupar el cargo no ha empezado, aún no se reciben ni siquiera propuestas que permitan empezar el debate sobre trayectorias y todo lo demás.

Consulto a la Asamblea si algún otro Senador o Senadora quisiera hacer uso de la palabra.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de convocatoria presentada.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de convocatoria presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la Convocatoria, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda aprobada la Convocatoria para la Elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese.

Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa que a partir del día 1º de septiembre del año en curso y hasta el 31 de agosto de 2010, la Directiva de la Comisión de Administración se integra con la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, como Presidenta; y por la Senadora Minerva Hernández Ramos y el Senador Fernando Jorge Castro Trenti, como Secretarios.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Oficio No. JCP/ST/I-021/09.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por instrucciones del Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, comunico a usted que en reunión celebrada por este órgano de gobierno el día de hoy, se dio cuenta con el oficio suscrito por la Directiva de la Comisión de Administración, en el que informan que a partir del 1° de septiembre del año en curso y hasta el 31 de agosto de 2010, dicha directiva está integrada por la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón como Presidenta, la Senadora Minerva Hernández Ramos como Secretaria y el Senador Fernando Castro Trenti como Secretario.

Al efecto, la Junta de Coordinación Política se dio por enterada de esta designación, acordándose que la misma se haga del conocimiento del Pleno, a través de la Mesa Directiva que usted preside.

Atentamente

Lic. Víctor M. Orduña Muñoz

Secretario Técnico”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea queda debidamente enterada. Comuníquese a la Secretaría General de Servicios Administrativos.

Y esta Presidencia le desea a la Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, éxito en su tarea como Presidenta de esta importante Comisión de Administración porque, como todos sabemos, el dinero es poco y hay que administrarlo bien.

¡Le deseamos éxito a la nueva Presidenta!

(Aplausos)

Pasamos al siguiente tema.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicación por la que informa que el Senador Marko Antonio Cortés Mendoza fue electo como Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, para el periodo del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010.

“JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Oficio No. JCP/ST/I-020/09.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por instrucciones del Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, comunico a usted que en reunión celebrada por este órgano de gobierno el día de hoy, se dio cuenta con el oficio suscrito por el Senador Marko Antonio Cortés Mendoza, en el que hace del conocimiento de este órgano de gobierno que en sesión celebrada por la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 26 de agosto de 2009, fue electo Presidente de dicha Comisión Bicamaral, para el periodo del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010.

Al efecto, la Junta de Coordinación Política se dio por enterada de esta designación, acordándose que la misma se haga del conocimiento del Pleno, a través de la Mesa Directiva que usted preside.

Atentamente

Lic. Víctor M. Orduña Muñoz

Secretario Técnico”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, y aprovecho la oportunidad para informar al Senador Marko Antonio Cortés Mendoza, que en reunión celebrada en la Junta de Coordinación Política, ha sido avalado un relanzamiento del esfuerzo, aprovechando la presencia de nuestro Senador como Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, Canal de Televisión, para que reiniciemos las gestiones correspondientes ante la autoridad del Ejecutivo Federal, para obtener en esta Presidencia la señal abierta del Canal del Congreso. La junta lo ha aprobado por unanimidad y queda encomendado el Presidente de la Comisión Bicameral con el respaldo de la Mesa Directiva, para reiniciar las gestiones correspondientes.

De la misma manera a propuesta del Senador Melquiades Morales, integrante de la Junta de Coordinación Política, se ha aprobado también en Junta incorporar la gestión para una estación de radio del Congreso que complemente los medios de comunicación de los legisladores, para enterado, y felicidades al Presidente en su nueva gestión como Presidente de la Comisión Bicamaral.

(Aplausos)

Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Mesa Directiva un Acuerdo que ha sido distribuido para su conocimiento.

Por ello solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“ACUERDO RELATIVO A PREGUNTAS QUE SE FORMULARAN AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CC. Secretarios de la Mesa Directiva del

Senado de la República.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 y 82numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que le confiere el Resolutivo Séptimo del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Senado de la República el 3 de septiembre de 2009.

ACUERDA

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, acuerda someter en su oportunidad, a la consideración del Pleno, un total de 50 preguntas parlamentarias que la Cámara de Senadores formulará al Presidente de la República, para que amplié la información relativa al informe sobre la situación que guarda la administración pública del país, que presentó ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 1° de septiembre de 2009.

SEGUNDO.- Las preguntas parlamentarias a que se refiere el punto anterior, se distribuirán entre todos los grupos parlamentarios conforme al siguiente cupo:

Grupo Parlamentario del PAN

Grupo Parlamentario del PRI

Grupo Parlamentario del PRD

Grupo Parlamentario del PVEM

Grupo Parlamentario de Convergencia

Grupo Parlamentario del PT

13

10

9

6

6

6

TERCERO.- Del cupo de preguntas parlamentarias correspondientes a cada grupo parlamentario, los cuatro primeros espacios serán utilizados para formular una pregunta por cada uno de los cuatro temas en que se dividió el análisis del informe presentado por el Presidente de la República, a saber: Política interior, política exterior, política económica y política social.

Los espacios restantes del cupo se utilizarán por los grupos parlamentarios libremente.

CUARTO.- Las preguntas parlamentarias que formulen los grupos parlamentarios se ajustarán a las reglas de formulación establecidas en el numeral 2 del Resolutivo Séptimo del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno el 3 de septiembre de 2009, que la letra dice: “Las preguntas se formularán por escrito, en términos claros y precisos y versarán sobre los contenidos del informe o, en su caso, sobre las omisiones del mismo que el Senado considere relevantes”. Cada pregunta versará sobre un mismo eje temático.

QUINTO.- Los grupos parlamentarios remitirán a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política las preguntas parlamentarias que les correspondan, de acuerdo al cupo definido en el punto precedente a más tardar el martes 6 de octubre del año en curso.

SEXTO.- Recibidas las preguntas parlamentarias de parte de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política se reunirá para aprobar el proyecto de acuerdo único y definitivo que las contenga a efecto de someterlo a la consideración del Pleno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Parlamentario que el propio Pleno aprobó el 3 de septiembre de 2009.

México, Distrito Federal, a 23 de septiembre de 2009.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Madero Muñoz,Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila,Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, señor Secretario. Está a discusión el Acuerdo que se acaba de dar lectura. ¿Algún Senador o Senadora tiene interés en participar?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política al que se acaba de dar lectura. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo relativo a preguntas que se formularán al ciudadano Presidente de la República.

Pasemos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador José Eduardo Calzada Rovirosa, por la que informa de su decisión de optar por el cargo de Gobernador del Estado de Querétaro.

“JOSE E. CALZADA ROVIROSA
Gobernador Electo del Estado de Querétaro

México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
PRESENTE.

Sirva este medio para comunicarle que el 1 de octubre de 2009, asumiré el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro para el período 2009-2015, por tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que he decidido optar por dicho cargo para el que fui electo el pasado 5 de julio del presente año.

Por lo anterior, le solicito dar el curso adecuado a esta comunicación, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, quedo de usted; reiterándole la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, y esta Presidencia expresa públicamente una felicitación al Senador José Calzada Rovirosa por su elección como Gobernador del Estado de Querétaro, que en días siguientes tomará posesión del cargo.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Una del Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite el tercer informe de actividades de dicha comisión, relativo a los 3 años de ejercicio de la LX Legislatura.

Una del Senador Francisco Labastida Ochoa, Presidente de la Comisión de Energía, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al segundo y tercer años de ejercicio de la LX Legislatura.

Una del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite el informe de actividades de dicha Comisión correspondiente a la LX Legislatura.

Una de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Una más del Senador Ricardo García Cervantes, con la que remite los informes de su participación en el Foro Interparlamentario de las Américas, celebrado del 12 al 15 de septiembre del año en curso, en Ottawa, Canadá.

Y dos del Senador Eduardo Nava Bolaños, con las que remite, a nombre propio y de los Senadores Sebastián Calderón Centeno, Francisco Herrera León y Rubén Fernando Velázquez López, los informes de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria del Parlamento Centroamericano, efectuadas en julio y agosto del año en curso y de la sesión de la Asamblea Plenaria del Parlacen, celebradas los días 27 y 28 de agosto del año en curso, en Santo Domingo, República Dominicana.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea se da por enterada de cada uno de los informes presentados.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se determina que la designación del licenciado Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República, cumple con los requisitos de elegibilidad que exige el artículo 102, Apartado A constitucional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






DESIGNACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

















Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Está a la consideración del Pleno, esta Presidencia informa que se han inscrito, para hablar a favor y en contra, Ricardo Monreal, Arturo Escobar, Pablo Gómez, Alejandro Zapata, Jesús Murillo Karam, René Arce, Máximo García Zalvidea y Alejandro González Alcocer.

Tiene la palabra el primero de los nombrados, el Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Las facultades de designación y ratificación que la Constitución le conceden al Senado de la República, en el artículo 76, fracción II, son en realidad, facultades de corresponsabilidad entre dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre todo, entratándose de altos puestos de la República como es el caso que nos ocupa del Procurador General de la República, de miembros del ejército, cónsules, diplomáticos y altos funcionarios de Hacienda.

Y esta facultad que consagra la Constitución, tiene su sentido. Es lo que llamamos, en derecho administrativo, facultades materialmente legislativas, pero formalmente ejecutivas.

Y por esa razón, hoy que nos encontramos en la discusión de este dictamen, el Senado de la República tiene una enorme responsabilidad.

Por eso es que la Constitución le concede esta facultad. Para que no sólo con el nombramiento asuma la responsabilidad de procurador, sino para que el Senado se interiorice en el curriculum, en la idoneidad y en la capacidad del propuesto.

No es una simple expresión gramatical en la Constitución, plasmada en la fracción II del artículo 76.

Y en este ejercicio, para muchos, llamado semiparlamentario, aunque carecemos de una facultad que si tiene el Parlamento, el voto de censura.

En México y en nuestras leyes no existe el voto de censura, sino simplemente la ratificación o no del procurador.

¿Qué ha pasado en realidad con este principio semiparlamentario de la corresponsabilidad entre poderes? Simplemente, se ha pervertido del cuatismo presidencial y hemos pasado al cuatismo partidario.

Lo que antes era la voluntad de un solo hombre. Hoy es producto del manoseo de diversas manos.

Por eso, ¿qué pasa con los servidores públicos que ocupan estos altos cargos? Cargos de alta responsabilidad política y social.

Llegan, muy cuestionados, antes de nacer. Pero sobre todo, arriban con una enorme carga de compromisos y lealtades a cuestas.

Estos servidores públicos, productos del cuatismo, son una especie de Prometeos encadenados. Formalmente están dotados de amplios poderes, facultades y atribuciones autónomas; materialmente están encadenados a una montaña de intereses, compromisos y pactos.

Por eso es que nosotros no podemos votar en favor.

Primero, porque hemos mantenido nuestra congruencia en el PT. Hace tres años y medio, dijimos, tres años, no reconocemos la legitimidad del señor Calderón.

Y en consecuencia, no reconocemos ningún nombramiento que de él proviene.

Pero no sólo eso. Yo creo que las comisiones dictaminadoras, debieron haber escuchado a las ONG’s, debieron haber escuchado la voz de las víctimas, de ejercicios públicos desempeñados en el pasado.

No se hizo así. Se ignoró. Ahora estamos en un proceso de ratificación o no.

Algunos dicen, para justificación, es el menos peor. Si nosotros no lo ratificamos, nos envían otro peor. Fíjense en dónde está inmersa la República.

Con un señor, que está al frente de las instituciones, que ha dicho: “estoy aquí, haya sido como haya sido”. Y ahora, un procurador, el menos peor.

No lo merece el país. Y no me voy a meter a su situación personal, no.

No se va a resolver con el cambio de procurador el problema del país. Nuestra preocupación central es, cómo no usar a la Procuraduría como un instrumento faccioso, partidista, contra los adversarios políticos.

Nuestra preocupación es, cómo poder construir un instrumento que no proteja al crimen organizado.

Nuestra preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta social.

Nuestra preocupación es cómo evitar que se inventen expedientes, se construyan expedientes para denostar imágenes públicas sobre todo de adversarios.

Yo fui víctima de ello hace cuatro meses y al final dijeron no hay nada.

Sí, pero el daño moral causado quién lo repara.

Ni el medio de comunicación que lo sacó ni el órgano de procuración de justicia que lo filtró ilegalmente.

Por eso es mi preocupación.

El día de ayer alguien proponía en la Junta de Coordinación Política que sean secretas o que sean en ánforas las votaciones para que el Procurador no pueda hacer contra los que voten en contra alguna acción. Fíjense nada más.

Los Senadores diciendo que fuera en ánfora porque tenían temor de que el Procurador una vez que se ratificara actuara contra ellos.

El que nada debe, nada teme.

Y por esa circunstancia no estoy introduciéndome a cuestionar la vida personal o familiar del Procurador nombrado por el señor Calderón y que está sometido a su ratificación. No voy a caer en esa tentación.

Pero sí me quedo con la preocupación de que pueda seguirse utilizando para efectos perniciosos y perversos contra los adversarios políticos.

Me reservo por si volviera a tomar el uso de la palabra.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Ricardo Monreal. Senador Arturo Escobar y Vega, tiene la palabra en pro.

Esta Presidencia quisiera informar a la Asamblea, a efectos de ilustrar la mecánica del debate, que vamos a hacer la votación en dos fases.

La primera tiene que ver con votar nominalmente el dictamen de las Comisiones Unidas que tiene que ver con elegibilidad.

En una segunda fase vamos a votar la ratificación.

Tiene usted el uso de la voz.

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Qué bueno que el Presidente ilustra a la Asamblea sobre lo que se está discutiendo. Pero me voy a permitir, si usted no tiene inconveniente, señor Presidente, de agotar las dos instancias en esta participación.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, señor Senador.

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Yo coincido con el Senador Ricardo Monreal, creo que el que algún Senador esté preocupado porque vote públicamente a favor o en contra de la propuesta de Procurador creo que es ridículo pensar que la opción es urnas secretas, creo que hoy México no está en esos tiempos y todos tenemos que votar a conciencia sobre aquello que consideramos en cuanto a la viabilidad o no de la propuesta del Ejecutivo Federal sobre Arturo Chávez Chávez como titular de esta Procuraduría.

Nosotros sostuvimos en la comparecencia de Arturo Chávez Chávez que no existe, creemos nosotros, un cargo a nivel federal, estatal o municipal que pueda generar mayor desgaste personal, mayor desgaste público que el de Procurador, Procurador General de la República o Procurador estatal.

Sosteníamos que aquel Procurador que no sostuviera desgaste en el ejercicio de sus funciones era un Procurador o que no hizo su trabajo o que era un Procurador de una entidad o de un país muy diferente a México.

Por supuesto que Arturo Chávez Chávez ha sido sujeto a escrutinio, a juicios que para unos eran suficientes para pensar que no era el más apto o no era el más preparado para asumir la responsabilidad del Procurador General de la República.

Es nuestra consideración que México no puede darse el lujo de politizar el nombramiento que hoy por hoy, junto con el de Secretario de Hacienda y Crédito Público, es el más relevante después del de Presidente de la República.

Hoy vivimos crisis de enorme gravedad que está llevando a nuestro país, a nuestros ciudadanos, mujeres, niños y hombres a vivir con enorme temor.

Por supuesto que en materia federal, narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, se lleva en las grandes luces como los grandes retos de la justicia mexicana.

Pero en este caso creo que es fundamental, creemos que es fundamental que podamos construir, si así lo decide esta Soberanía con el nuevo Procurador, un trabajo en conjunto para que la aplicación de la reforma penal constitucional aprobada el año pasado por esta Soberanía le sirva como instrumento persecutorio y punitivo a las autoridades encargadas de procurarnos la justicia y persecución de los delitos.

Arturo Chávez Chávez reúne hasta validar los requisitos legales. Pero como cualquier mexicano que pueda encargarse de la Procuraduría General de la República el reto es enorme.

En los tres años que le quedan o en los 38 meses que le quedan a esta administración estamos convencidos que no va a ser suficiente para reparar, modificar o limpiar todo aquello que se tiene que hacer.

Pero también tenemos que asumir que el reto no es nada más de él, sino es de todos nosotros. Y si queremos dar resultados requerimos de la participación ciudadana y requerimos que el órgano responsable de ratificar la propuesta del Presidente de la República o asuma con responsabilidad, entendiendo que el reto es de enorme envergadura.

Es por lo anterior que mi partido apoya la postura de Arturo Chávez Chávez, quien contará con nuestro respaldo en este momento. Pero que también contará con el juicio de enorme escrutinio de nuestro grupo parlamentario si no cumple a cabalidad con sus funciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Arturo Escobar. Senador Pablo Gómez Alvarez, en contra, del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores.

El Ejecutivo pone a consideración del Senado el nombramiento de un nuevo Procurador General de la República. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son las cualidades que en este momento y para esta institución debe tener un Procurador?

La primera de ellas me parece que debe ser la de independencia.

La Procuraduría fue pensada por el Constituyente del ’17 como una institución independiente que no forma parte de la administración pública de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución sobre la base de que fue abolida la Secretaría de Justicia, también por decisión del Constituyente de Querétaro.

Que el hecho de que durante muchísimas décadas el Procurador General de la República haya sido un empleado del Presidente y un instrumento de la acción presidencial no quiere decir que deba seguirse repitiendo de manera indefinida el error histórico de haber torcido la decisión fundamental del Constituyente de Querétaro.

El señor Chávez ha dicho, en el examen que se le practicó en la Comisión de Justicia, que él considera que Calderón nunca le daría una instrucción fuera de la ley.

Quiere decir entonces que recibirá instrucciones de Felipe Calderón. Esto que es inconstitucional manifiesta una actitud muy abierta del postulado del candidato a recibir instrucciones presidenciales, cosa que es contraria a la Constitución y al buen desempeño de cualquier Procurador.

En el Senado hay una mayoría de opiniones en contra de que el Procurador siga recibiendo órdenes del Ejecutivo, sea el Jefe del Ejecutivo o el Secretario de Seguridad Pública cuyas funciones han aumentado, de tal manera que la Procuraduría se está convirtiendo en una ventanilla de trámites de la Policía Federal, cosa que hay que impedir; pero con la propuesta del Ejecutivo no se impide, sino se confirma esa decisión.

Debe ser también un hombre o una mujer de gran prestigio para que tenga algo que defender en el desempeño del puesto, el señor Chávez carece de prestigio. Hemos publicado el Informe del Grupo de Trabajo Especial de la Comisión de Expertos Internacionales de la ONU sobre el caso de Ciudad Juárez, lo pueden leer, está publicado en el Diario del PRD, es Palestra, y es verdaderamente terrible el informe de personas imparciales, de expertas en estas materias sobre el desempeño de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua en los años en los cuales el señor Chávez estuvo al frente de ella.

Es suficiente, creo yo, el informe de los expertos de Naciones Unidas para considerar que el señor Chávez no goza de buena reputación como lo exige la Constitución para ser nombrado Procurador General de la República. Debe tener también otras cualidades un Procurador, debe ser una persona con conocimientos suficientes, no sólo en el ámbito penal, sino también en la criminología contemporánea.

Del examen que se le practicó en la Comisión de Justicia saco en cuenta, y creo que fue muy claro, que ese señor ignora por completo no sólo los conceptos, sino hasta los términos de quienes estudian el crimen en la época actual, en el mundo y en México.

No es verdad que en México no haya criminología, hay suficiente, hay revistas especializadas, hay obras, hay libros que se pueden leer, pero que el señor Chávez no ha tenido el tiempo ni el interés de consultar, debe tener también otra cualidad. La determinación de una reforma en la institución encargada de la procuración de justicia federal, de lo que dio cuenta el señor Chávez en el examen en la Comisión de Justicia no hizo ninguna propuesta de fondo de cómo impulsar, mejorar, reformar la institución, cuestiones superficiales sobre los jefes regionales de la policía ministerial; pero no de la estructura al Ministerio Público, no del desempeño del Ministerio Público.

Los laboratorios de criminalística son importantes, pero no son los cambios orgánicos que requiere la Procuraduría, y no hubo más temas que estos dos en el examen que se le hizo. A pregunta de los ciudadanos Senadores, el señor Chávez no pudo acertar a decir cómo reorganizaría la Procuraduría.

Si va a estar organizada como estaba organizada en Chihuahua, las cosas no van a mejorar, sino a empeorar. Y debo decirles una cosa, ese mismo grupo de expertos de Naciones Unidas admitió que la procuración de justicia en Chihuahua, relacionado con los feminicidios, había mejorado después de la salida justamente del entonces Procurador Chávez Chávez.

Pero no durante el desempeño de las personas, y el jefe de este grupo que investigó ese gran problema en Ciudad Juárez, un grupo internacional, repito, de Naciones Unidas, dijo en una entrevista hace tres días, en una estación mexicana de radio: “que ese Procurador debería haber sido sujeto de sanciones administrativas y penales, y que se hubiera dado el caso en cualquier país donde hubiera estado de derecho, puso por ejemplo los países de la Unión Europea, dijo, estoy seguro que se hubieran fincado responsabilidades administrativas y penales”.

¿Y a ese puede el Senado darle su beneplácito para que sea Procurador? No, ¿por qué se propone a esta persona que puede tener mucha capacidad pero para otras cosas?, quizá para litigar en algunos despachos privados. Pero la Procuraduría es algo diferente.

¿Por qué el Ejecutivo propone a esa persona? Para darle órdenes, para someterlo al Secretario de Seguridad Pública, para darle consigna no sólo política, sino también consigna penal en los casos de delincuencia.

En Chihuahua, bajo ese Procurador, los detenidos fueron torturados y hay evidencia suficiente. ¿Este tipo de cuestiones se impondrán en la Procuraduría General de la República? Es la política que pretende llevar a México a un estado de policía en detrimento de un estado de libertades. Nosotros votaremos en contra porque seguiremos defendiendo el estado de las libertades en contra del estado de policía que se nos quiere imponer desde el Poder Ejecutivo Federal.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Pablo Gómez. Tiene el uso de la voz el Senador Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Compañeros Senadores:

La fracción parlamentaria de mi partido ha hecho un análisis cuidadoso, serio y responsable, tanto de la ley, como de los requisitos legales que señala ésta para quien deba ser el Procurador. Déjenme decirles que nuestro análisis nos llevó a conclusiones muy parecidas a las que aquí se señalan, pero a diagnósticos de solución distintos.

Nosotros pensamos que en los términos de la ley actual, aunque de alguna manera se dejó ver en la Constitución una autonomía de la Procuraduría, lo cierto es que por los propios mandatos de las diferentes normas esta Procuraduría está sujeta a la responsabilidad del Ejecutivo desde su nombramiento hasta la forma en que puede ser removida ya sin intervención de nadie.

Y nosotros pensamos que los legisladores de este país tenemos que tomar una decisión muy seria en cuanto a la Procuraduría. Tenemos que definir con toda claridad si ésta es responsabilidad del Ejecutivo para exigirla a plenitud o si ésta es autónoma a plenitud.

El problema es este estado de indefinición de la Procuraduría que nos deja una realidad muy clara. Hoy en la realidad, en los términos de la ley, el Procurador depende del Ejecutivo, depende del Presidente de la República, y en consecuencia nosotros asumimos, como fracción parlamentaria, que es preferible dejarle la responsabilidad plena, que dejársela a medias.

Vamos a votar a favor porque vamos a dejarle la responsabilidad penal en manos del Ejecutivo…

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, Senador Murillo Karam. ¿Senador Pablo Gómez, con qué objeto?

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Para hacerle una pregunta al señor Senador.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted una pregunta del Senador Pablo Gómez, Senador Murillo?

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Si no son cincuenta sí.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si no son cincuenta sí.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Senador, usted y yo somos pares, yo no lo puedo examinar a usted y usted tampoco a mí, pero sí le puedo preguntar algo, según el Reglamento.

La responsabilidad en la conducción de la PGR, dice usted, tiene que darse, dejarse en manos del Ejecutivo.

¿Cuál es entonces el sentido político de la ratificación senatorial? ¿Para qué se hizo esa reforma?

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: ¿Tiene usted duda que los embajadores sigan la línea del Ejecutivo?

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Espéreme tantito, déjeme terminar. Los embajadores son funcionarios de Estado, siguen la línea del Ejecutivo, pero requieren el apoyo del Legislativo para representar al Estado Mexicano, pero ya que usted me interrumpió a mí y yo a usted no.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: ¡Ah, no!

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Porque lo hice con su venia.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Les ruego a ambos, recordar que los diálogos están prohibidos.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Déjeme hacer la pregunta.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Adelante.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez (Desde su escaño): Pues entonces cuál es la litis, como dicen los abogados.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: La estoy esperando, señor Senador.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) A ver, debe ser ratificado si según la línea de su partido le deja usted toda la responsabilidad al Ejecutivo, entonces no tiene sentido la ratificación, porque cuando el Senado asume su función constitucional de ratificar, está asumiendo también su responsabilidad constitucional, que no podemos, de ninguna manera pues eliminar como responsabilidad.

La pregunta es: Si todo lo que venga del Ejecutivo debe ser, en materia de nombramientos, ratificado por el Senado para dejarle al Ejecutivo la responsabilidad, ¿qué sentido tiene la propuesta de su partido de la ratificación senatorial de los Secretarios de Estado?, si ustedes van a seguir haciendo lo mismo o convirtiendo estas ratificaciones en una moneda de cambio, en cuyo caso se pervierte el mandamiento constitucional.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: A ver, señor Senador, vamos a hacer varias clarificaciones. Primero, me decía usted que la ratificación tiene un propósito, porque no es miembro del Ejecutivo; los embajadores son miembros del Ejecutivo y se ratifican igualito, idéntico, primer punto.

Segundo punto. ¿Qué sentido tiene la ratificación? Empecé mi intervención justamente con ese tema, justamente diciéndole que ni hay autonomía ni no, que la ley tiene ahí una laguna, y que en esa laguna no tenemos nosotros más que una intervención: la ratificación. Y esa ratificación a lo que nos obliga es a no dejar pasar un nombramiento que no tenga el fundamento legal que la propia Constitución señala, y ese sí lo tiene, uno.

Y, dos, el razonamiento político de este Senado para esta ratificación tiene que darse en función de lo que convenga al Estado, desde nuestra perspectiva, y respeto la suya, lo que le conviene al Estado es que en el momento en la circunstancia, en la coyuntura de este país no le quitemos responsabilidad y facilitemos el trabajo del Ejecutivo, porque de otra manera simple y llanamente estaríamos dando el pretexto para el incumplimiento de esta función, primer punto.

Segundo punto. Que seguiría una serie de planteamientos y una serie de propuestas que no nos van a conducir más que al análisis de personalidad, y aquí, permítame coincidir con usted en su intervención, la tarea fundamental que tenemos en el Senado es tomar una decisión en cuanto a qué debe ser la procuraduría. Fijar en la propia ley el perfil del procurador, pero por lo pronto nosotros nos quedamos con un compromiso del procurador y con una responsabilidad del Ejecutivo. Por ello, vamos a votar para que el Ejecutivo tenga la facilidad que requiere, para darnos algo que el procurador se comprometió a hacer: decir que la justicia no tiene partido y no sirve a intereses particulares o de grupos, lo dijo él.

Dijo, que el encargado de la Procuraduría, y que éste era su compromiso de estricta obediencia a la Constitución y a la plena vigencia del estado de derecho, que está obligado a aplicar la ley sin favoritismos, sin partidismos y sin consignas políticas. Lo quise repetir aquí, porque ese compromiso va a ser el que estemos los Senadores al pendiente de su propio cumplimiento, y en función de lo que conviene al Estado, en función de facilitar lo que hoy es imprescindible, función del Ejecutivo en el ámbito de la justicia, vamos a actuar como hombres de Estado y vamos a votar a favor.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Zapata Perogordo, en pro, hasta por cinco minutos, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos del Senador Jesús Murillo Karam, posteriormente a la intervención del Senador Alejandro Zapata.

- El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Lo dijimos ahora, que estábamos realmente en este proceso para elaborar el dictamen en relación a la ratificación del Procurador General de la República, uno de los más sentidos y más delicados que existen en este momento en el país, pues es el concerniente a la seguridad pública y por supuesto que en ese rubro entra la Procuraduría General de la República, y eso nos ha obligado a llevar a cabo un examen muy exhaustivo.

Miren, para que se den una idea. Anteriormente a partir del ’94, cuando se ratifican las propuestas del Ejecutivo en la Procuraduría dentro del Senado, la realidad es que no se ha tardado muchos días, el último, para ser exacto, se tardó dos días, llegó la solicitud el 4 de diciembre, y para el día 6 de diciembre de 2006, ya estaba aprobada la ratificación, eso nos hace ver cómo dentro de las circunstancias que se han ido dando es obvio que nos interesa mucho más esta función, y vamos haciendo un poco de historia, también, porque antes de la Constitución del ’17, el Procurador estaba dentro del Poder Judicial, después de la Constitución del ’17 era el Presidente de la República el que lo designaba y lo removía, y cuando se habló de la reforma de 1994, donde se requería la ratificación de esta Honorable Cámara de Senadores, fue precisamente no para buscar solamente la idoneidad, el cumplimiento de los requisitos, la capacidad, sino también la corresponsabilidad de otro poder para buscar la manera de ir avanzando en todo lo que se refiere a la autonomía de la Procuraduría de la República.

Una de las tendencias que incluso Acción Nacional ha impulsado desde hace muchos años, es que puede haber una autonomía de criterio para los efectos de que no haya ni persecuciones de consigna ni presiones y puede irse obviamente imperando, impulsando el estado de derecho y la legalidad.

El lunes pasado, en la comparecencia del licenciado Arturo Chávez, yo no había visto una comparecencia de esas que se hiciera tan exhaustivo examen, nada menos, uno de los compañeros Senadores le hizo más de 40 preguntas, algunas de ellas con tendencia, algunas de ellas inducidas, capciosas, etcétera, sin embargo, yo les puedo decir que ahí pudimos constatar la experiencia, el conocimiento, la capacidad y obviamente uno de los requisitos fundamentales que pide la Constitución, la buena reputación, ahí no se cuestionó para nada la honorabilidad del señor Arturo Chávez, no ha habido quién haya presentado documentaciones donde se ponga en duda su reputación, o que haya sido procesado por algún delito, porque formalmente se le haya fincado alguna responsabilidad, ni nada por el estilo; entonces, creo que las argumentaciones que luego vienen a dar aquí pues tampoco son dignas de esta Cámara, y mucho menos, y mucho menos se cumple con el objetivo social para el que nos encontramos, el que señalen aquí que van a votar en contra porque consideran que el Ejecutivo Federal es ilegítimo, y por lo tanto cualquier nombramiento que de ahí provenga lo van a votar en contra, bueno, pues es incumplir obviamente con las facultades que como Senadores tenemos y que nos otorga la Constitución, y no son graciosas, es precisamente para cumplir una función de equilibrios y fortalecimiento de los propios poderes.

Y de ahí habíamos estado nosotros también de acuerdo, y lo seguimos estando de acuerdo, ¿qué pretendemos?, la Procuraduría que nos convenga a los políticos o la Procuraduría que le convenga a la Nación, porque esa sí es nuestra responsabilidad, en eso sí tenemos que trabajar, y en eso sí habíamos hablado también, primero para impulsar más autonomía en la Procuraduría; segundo, que puede haber una coordinación y una verdadera corresponsabilidad y ahí hubo el compromiso del diálogo franco y abierto para como bien decía aquí el compañero Senador Jesús Murillo Karam o de darle seguimiento porque nos interesa como poder, nos interesa como Cámara que se vayan cumpliendo obviamente los objetivos de una de las más grandes instituciones del país, ¿a dónde va encaminado?, pues necesitamos ir encaminados forzosa y necesariamente a que haya seguridad, a que haya tranquilidad, a que se imponga la ley, a que pueda haber un estado de derecho, a que pueda existir equilibrios y obviamente que todo eso dé como consecuencia seguridad y justicia.

Miren, simplemente señalarles, nos interesa y tenemos que trabajar para ir haciendo que haya modernización en la Procuraduría, tres ejes principales puso la persona que estuvo compareciendo el pasado lunes y decía: se tiene que buscar el rediseño de la Institución y fue amplio, exhaustivo hablando sobre de ello, tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, tiene que haber una coordinación efectiva tanto con instituciones externas como con, obviamente, instituciones también fuera del país y tiene que buscarse todo un proceso de modernización y fortalecimiento a una Procuraduría que obviamente está cumpliendo una labor social y que evidentemente puede ir buscando que haya tranquilidad, armonía y paz social entre la sociedad mexicana.

Entonces los invito a que el día de hoy votemos por la ratificación no porque provenga solamente del Ejecutivo, que es su obligación hacerlo, sino porque nosotros también tenemos que responderle a la sociedad y el perfil lo marca la Constitución, los requisitos están establecidos en el artículo 102 constitucional y que también no solamente lo dejemos ahí, que nos pongamos a trabajar para cumplirle también al pueblo de México haciendo de la Procuraduría una institución que permita una mayor eficiencia y que por supuesto posibilite una mejor tranquilidad y armonía en todo el país.

Muchas gracias, compañeros.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Zapata Perogordo. En términos del 102, Senador Pablo Gómez, tiene usted el uso de la palabra para rectificar hechos del Senador Murillo Karam y seguramente del Senador ZapataPerogordo, usted nos lo dirá.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos Senadores:

Yo creo que el debate sobre la naturaleza jurídica y política del Ministerio Público Federal debió haberse hecho antes de hoy, como debate y no solamente con vías de modificar leyes. ¿Por qué? Pues en la urgencia de un trámite como este, hacer un examen a fondo del Ministerio Público lleva más tiempo, y además una participación mayor y sin presiones que implican la ratificación de una persona.

Pero qué ocurrió entonces en la Comisión de Justicia, cuando legisladores de todos los partidos le pidieron al aspirante, al señor Chávez, que no recibiera consignas del Ejecutivo, que no fuera instrumento del Secretario de Seguridad Pública ni del Jefe del Ejecutivo, que no aplicara por razones políticas la procuración de justicia, que fuera independiente. Hace muchos años que México espera eso, hay que dar los pasos hacia allá, el nombramiento del señor Chávez es justo para lograr lo contrario, para la sumisión total de la Procuraduría al Secretario de Seguridad Pública, cuando nosotros en la Constitución cambiamos las cosas y dijimos que la policía federal iba a estar subordinada al Ministerio Público en sus actividades de investigación. Se ha negociado entre el Congreso y el Ejecutivo otra solución; solución que no respeta el Ejecutivo; solución que es sumisa a la Procuraduría. Este es otro de los problemas.

Yo lamento mucho, no me extraña, pero lamento mucho que el Partido Revolucionario Institucional simplemente pretenda lavarse las manos, decir las responsabilidades de Calderón, haga o deshaga el nuevo Procurador será responsabilidad de él. No. Yo no estoy de acuerdo con eso, Murillo Karam, creo que será también responsabilidad de ustedes la gestión que realice Chávez Chávez al frente de la PGR, porque para eso se estableció el refrendo, para eso se estableció el procedimiento de la ratificación senatorial.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, Senador Pablo Gómez.

Senador Murillo Karam, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: (Desde su escaño)Nada más para preguntarle al orador en qué artículo de la ley dice que es responsabilidad nuestra la procuración de justicia.

Escuchó usted la pregunta, usted decide si la acepta o no, por cierto fue una, no cincuenta.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Voy a decirle en qué artículo de la Ley dice: el 102, dice que el Procurador es nombrado a propuesta del Ejecutivo, bajo la ratificación del Senado, es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad, déjeme terminar la pregunta antes de que me haga la otra, estoy dispuesto a responderle 45, yo sí puedo responderle 45 o más, su candidato no pudo, se lo recuerdo.

El 102 lo dice, es la ratificación senatorial; segundo, el artículo 90 de la Constitución, léalo otra vez, dice que: la administración pública se reparte entre las Secretarías de Estado, no menciona la Procuraduría, no menciona al Ministerio Público, el Ministerio Público está en el 102, el 102 está en el capítulo que se habla del Poder Judicial, lo sabe bien, porque fue a la escuela de leyes, así es mi respuesta.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Acepta otra pregunta del Senador Murillo Karam?

Para alusiones personales, se registra al Senador Murillo.

Continúe, señor Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Defender la historia de procuradores instrumentos del Ejecutivo, que es la historia de México, desde el ’17, hoy cuando ha habido cambios políticos, cuando ha habido, ha llegado al poder un partido que criticaba el que el Presidente le diera órdenes al Procurador y una vez que llega a la Presidencia hace exactamente lo mismo que sus antecesores a quienes criticó durante décadas, eso es lo que hacen, por la inconsecuencia del Partido Acción Nacional, porque la llegada al poder del PAN ha representado para México el no cambio cuando la gente esperaba el cambio prometido, por lo menos en los aspectos formales, si no se oponen al sistema social, al menos se oponían al sistema político, al ejercicio del poder, a la arbitrariedad, a la prepotencia que hoy utilizan a través de los instrumentos que el Estado Mexicano ha creado justamente para defender los derechos del pueblo.

Señor Zapata Perogordo, nosotros hemos votado a favor de la inmensa mayoría de los embajadores propuestos por el Ejecutivo; de la inmensa mayoría, hemos objetado a los paracaidistas, a aquellos que hacen carrera en el PAN para terminar agarrando cualquier chamba, pero a todos los de carrera los hemos ratificado con plena convicción, porque conocemos el servicio exterior mexicano y porque lo respetamos como institución de Estado, dígase lo que se diga, porque ese es el servicio exterior mexicano, y por eso la ratificación senatorial, porque no solamente hay una línea de gobierno y una sujeción administrativa de gobierno, sino una política exterior que no puede ser de un poder o de otro, que tiene que ser del Estado mexicano como cosa única frente al resto del mundo, y decimos: ¿Dónde está la buena reputación? Lean el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas y respondan con sinceridad y con honradez intelectual, Murillo Karam, Zapata Perogordo, si tiene este señor buena reputación, cuando ha sido cuestionado por organismos expertos de la Organización de las Naciones Unidas que no toman parte de la política interna.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, se privilegia la participación del Senador Murillo Karam.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Voy a ser muy breve, Senador.

Dice usted que: “Yo sé, porque fui a la Escuela de Derecho, para qué es la ratificación”.

Usted sabe, porque no ha dejado de ser, ni Diputado, ni Senador en ningún periodo, que aprobó usted una ley, porque le tocó aprobarla.

Es el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma el párrafo IV del artículo 197 de la Ley de Amparo.

Y en su artículo 1º dice: “La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus funciones”. Usted la hizo.

La Procuraduría está ubicada en el Poder Ejecutivo…

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño)¿Me permite hacerle una pregunta?

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Las que quiera. Yo no le contesto 45, pero porque me canso, no porque no sepa.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.

¿Con qué objeto?, Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño)Para hacerle una pregunta al señor Senador.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿La acepta?

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Claro que sí.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ya dijo que sí. Adelante.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño)Ya he notado, señor Senador, que se cansa usted, pero eso es inevitable a estas alturas.

Debo decirle que yo me he opuesto sistemáticamente a esta versión de la ley, porque es inconstitucional como la anterior.

La anterior decía: “Que la Procuraduría formaba parte de la Administración Pública”.

Cuando les demostramos que eso la Constitución no lo decía, inventaron un desaguisado que no tiene base ninguna en la Constitución, que dice: “Que está en el ámbito del Poder Ejecutivo”, como si el Poder Ejecutivo tuviera ámbito espiritual, y no solamente jurídico.

Voté en contra de eso, lo seguiré haciendo. Yo soy partidario del punto de vista constitucional sobre el Ministerio Público de la Federación, y quisiera que también así fuera en las entidades de la República.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Conteste, Senador Murillo Karam, por favor.

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Muy bien.

Primero, señor Senador, cuando fui gobernador presenté una iniciativa de ley en mi estado para que el Procurador fuera propuesto por los colegios de abogados, basado en una tesis, pero es lo que yo propuse, y lo aprobó mi Congreso, aunque a usted no le guste. Y después el Congreso tomaba la decisión de quién era el Procurador. Distantísimo a esto. Lo que quiere decir que puedo estar de acuerdo con usted.

En lo que no estamos de acuerdo, es que mientras usted está en contra de esta ley, aunque votado en contra de ella, yo la acato, y esa es la diferencia, yo acato la ley.

Tengo la facultad hoy, como Senador, de proponer los cambios, y eso dije en mi intervención.

Dije: “Que teníamos que tomar una decisión, los legisladores, sobre si le dábamos la plena responsabilidad al Ejecutivo o le dábamos la plena autonomía, o lo inscribíamos en otro poder”, es facultad nuestra.

Estoy de acuerdo en que hay que revisarlo, lo dije y lo dejé asentado. Pero ese no es el tema de esta reunión.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz el Senador René Arce.

- El C. Senador René Arce: Gracias, Compañeras y compañeros Senadores:

Otros debates en este Congreso, quizás no reviertan la importancia que el presente tiene.

Primero porque tenemos una población que hoy si se le pregunta si considera que el cuerpo político del Estado le garantiza la seguridad en su vida, la gran mayoría hoy opina que esto no es así.

Igualmente, cuando se le pregunta si sus libertades, creen que están garantizadas, la mayoría opina que tampoco esto es así.

Y lo mismo sería si les preguntáramos si sus bienes están hoy garantizados por el cuerpo político, y también la respuesta sería que no lo considera así.

Y estamos ante la enorme oportunidad en que discutimos el nombramiento de quien está y va a estar encargado de esas garantías fundamentales, de no hacer una discusión a fondo de lo que este país requiere.

Alguien dijo aquí: “Actuemos como hombres y mujeres de Estado”.

La mejor manera de actuar como hombres y mujeres de Estado, es observar lo que la ciudadanía que nos eligió está hoy planteando sobre lo que es la función principal, que es garantizarles su vida, sus libertades, sus bienes.

Y si un Estado no es capaz de brindar esto, entonces, estamos fallando.

Y ahora que deberíamos de discutir y aprovechar esta oportunidad, la estamos desperdiciando, porque cuando un Estado no le garantiza eso a la ciudadanía.

La segunda parte es cómo pedirle a la ciudadanía que entonces respete las leyes y tenga un buen comportamiento.

Cuando el Estado no le garantiza esto, entonces, viene la desobediencia de una parte; pero de otra viene, que aquellos que tienen capacidad puedan, incluso, empezar a plantear justicia por propia mano o armar grupos que violentamente intenten resolver los problemas de la seguridad, lo cual ya está sucediendo en este país, por cierto.

Y eso lo tendríamos que estar observando nosotros, porque si no, de lo contrario, entonces no estamos cumpliendo con la función de Estado que deberíamos de tener.

El asunto es que el parlamento debería de revisar si realmente el problema ya no es a quién nombramos. Porque al frente de esta responsabilidad han estado militares, han estado académicos, han estado gente de reconocido prestigio como Sergio García Ramírez y otros más.

¿Y qué han hecho? ¿Qué ha pasado en el transcurso de estos años? El delito, la impunidad, la inseguridad, la injusticia van creciendo y creciendo, hasta llegar al momento que actualmente tenemos.

Por eso, me parece que sería muy importante realmente discutir el asunto de si no deberíamos de cambiar el modelo que actualmente tenemos en relación a la Procuraduría.

Ya no podemos seguir planteándonos solamente como los ratificadores de lo que el Presidente de la República envía.

Me parece que la verdadera discusión es si tenemos la capacidad nosotros de empezar a plantearnos el nombramiento directo de quien ostente esa responsabilidad y dotarlo de la autonomía suficiente para rendir cuentas aquí.

Lo otro, sí nos hace corresponsables. Y el día de mañana cuando nuevamente haya un fracaso estrepitoso, como el que se ha venido dando, sí seremos corresponsables todos nosotros. Ese es el asunto.

Más allá de quién está propuesto, el asunto es estructural, es de fondo, es un asunto de Estado, compañeras y compañeros. A eso debíamos abocarnos en una discusión seria en este parlamento.

Lo otro, me parece que va a quedar como anécdota. Pero los millones de mexicanos que están allá, y lo digo, de verás, con mucha responsabilidad, en cualquier momento se puede dar ese fenómeno sociológico, lo de la desobediencia, porque no sienten que nosotros somos capaces de darles lo mínimo que un Estado, ya no democrático y de derecho, ya no social, sino un Estado liberal a secas, un Estado, incluso, que puede ser conducido por conservadores, no les da lo mínimo que debería dar el Estado: seguridad en sus bienes, en sus vidas y en su libertad. Eso no somos capaces de hacer, y eso nos debería de preocupar a todos.

Terminaría diciéndoles, compañeras y compañeros. No deberíamos de aprobar esto, no tanto por el nombre de la persona, sino por lo que está implicando frente a la responsabilidad de los millones de mexicanos. Y en todo caso, invitar a que demos una discusión seria para ya cambiar este modelo.

Presenté en noviembre del 2008 una iniciativa al respecto. Espero que se discuta en las comisiones correspondientes porque hay que prever lo que puede pasar el día de mañana.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador René Arce. Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, en contra, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea: Con su permiso, señor Presidente.

Voz de los que no pueden estar aquí en este momento. Porque tenemos una deuda pendiente, personas que pidieron expresarse aquí, y no se les concedió la oportunidad.

“Ni una muerta más en Ciudad Juárez”.

Empezando por Ciudad Juárez y en el resto del país.

Quiero iniciar este comentario porque en el acta de nacimiento del Partido Acción Nacional, que la semana pasada cumplieron 70 años, en el origen mismo del panismo, se habla de la dignidad humana como centro de su identidad originaria, y al mismo tiempo, se señala que la política también debe ser sujeta al deber ser.

La ética y la política no tienen que estar divorciadas, necesariamente.

El aspecto más cuestionado del licenciado Chávez, es precisamente la gestión que tuvo en la Procuraduría General del Estado de Chihuahua. Y definitivamente, me parece que eso ha sido el punto más controversial, que no sé la opinión de ustedes, pero creo que es el aspecto más debatido que hemos tenido en estos tres años que hemos servido en el Senado de la República.

Ustedes tendrán mejor opinión al respecto.

Me parece que la dignidad humana quedó pisoteada en una forma cruel, en grado extremo, con el asesinato de estas muchachas inocentes e indefensas. Quizá su principal delito fue ser pobres; mujeres que pueden ser consideradas prescindibles, como si pudiera hablar de una sola vida que fuera prescindible.

También me gustaría comentar que puede ser algo legal, pero no necesariamente legítimo, como se podría establecer en un curso de la filosofía del derecho.

Lo legal que puede ser de acuerdo a la ley, pero no necesariamente es legítimo. Porque lo legítimo tiene un fundamento moral, que puede estar inclusive más allá de ese aparato legal.

Y desde mi punto de vista, el objetivo de la ley es precisamente la procuraduría de la justicia. La justicia es el ideal y el instrumento creado por el ser humano, es precisamente la ley que trata de resolver esa grave contradicción que nos muestra la ley de la naturaleza, que está diseñada de manera que el más fuerte es el que prevalece; precisamente en relación, para tratar de resolver estas desigualdades naturales, fue la idea de la ilustración y de la Revolución Francesa, precisamente tratar de lograr el concepto de la igualdad ante la ley, como quimera, y no sé, creo que precisamente el rasgo de la impunidad que acostumbra… que se ejerce en muchas partes de este país, es el hoyo negro, precisamente, en el cual caen las víctimas de tantas injusticias.

Una declaración muy desafortunada del licenciado Chávez, fue precisamente dentro de la comparecencia que tuvo el lunes, en relación a que él reconoció omisiones e ineficiencias de varios de los agentes del Ministerio Público que estuvieron a su mando. Una declaración que es muy desafortunada porque de cualquier de las dos alternativas, me parece, que quedan muy desvirtuado.

Se puede acusar de ineptitud, o se puede acusar de complicidad.

Entonces, me parece que fue una declaración bastante desafortunada al respecto.

Y yo quiero concluir invocando ante ustedes el conflicto que se suscitó a partir del año 1998. En diciembre de 1997, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió una queja de la Diputada Federal Alma Angélica Vucovich Seele, mediante la cual narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996, abriéndose el expediente de la queja correspondiente de derechos humanos.

Y quiero concluir mi participación fundamentando mi voto en contra de la ratificación de este nombramiento que ha llegado por parte del Ejecutivo Federal, leyendo textualmente algunas de las consideraciones de esta recomendación, que tiene el número de expediente 44/1998. Entre sus consideraciones, que fue una recomendación dirigida al gobernador de la entidad en ese entonces, que es Francisco Barrio Terrazas:

“Que dicte sus instrucciones, a quien corresponda, para que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución del Estado de Chihuahua, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad federativa, se realicen los trámites o gestiones correspondientes, a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de las funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la presente resolución”.

Y dentro de la recomendación, lo sustantivo: “A usted, gobernador del estado de Chihuahua. Séptima recomendación. Se sirva dictar sus instrucciones, a quien corresponda, para que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución particular del estado de Chihuahua, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad federativa, se realicen los trámites o gestiones correspondientes, a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la presente resolución”.

Y como dice un libro santo: “El que no fue fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho”. “El que no pudo con el cargo de procurador general del estado de Chihuahua, no puede con el cargo -desde mi punto de vista- no puede cumplir, definitivamente, el cargo de Procurador General de Justicia”.

La procuración de justicia, en este momento tan complicado para el país.

Gracias

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En uso de la voz, el Senador Alejandro González Alcocer, del grupo parlamentario del PAN, en pro, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Creo yo, que se ha dividido esta discusión en dos grandes temas. Uno es el propio nombramiento, con la ratificación del Senado del Procurador; y otro muy diferente, discusiones que han quedado pendientes en el Legislativo desde hace mucho tiempo.

Incluso fuimos parte, varios de los que estamos aquí, de las discusiones que se dieron en el ’94, para dar un paso hacia la autonomía del Ministerio Público. Aquí está René Arce, y está el señor Presidente de la Cámara, Carlos Navarrete, Ricardo García Cervantes, Humberto Andrade, Andrés Galván, varios de los que estuvimos en esa legislatura.

Es lo que se pudo hacer en aquel tiempo. Y por supuesto, gracias a la participación y empuje de Acción Nacional.

No fue gratuito. Y es hasta donde se pudo avanzar.

Ciertamente, y aquí reconozco algunas de las cosas que se han dicho. De que ha quedado indefinido, prácticamente, en la Constitución y se hace confusión con el tema, al establecerse en la Ley Orgánica que es en el ámbito del Ejecutivo la Procuraduría, cuando no es parte de la administración central federal.

Y por eso las confusiones. Pero creo que tenemos muy claro todo lo que debemos hacer o lo que podemos hacer desde el Congreso.

Pero yo quisiera, primero, hacer referencia a algunas de las cosas que se han asentado; algunas de ellas con mucha vehemencia a las que nos tienen acostumbrados algunos de nuestros Senadores, principalmente Pablo Gómez; pero que no son exactas o parcialmente no son ciertas.

Aquí se ha venido a decir, por un lado, que no se ha atendido a las ONG´s, y por supuesto que muchos Senadores han estado directa y personalmente con las organizaciones no gubernamentales en este asunto que a todos nos duele, y que debemos tener respeto por las víctimas y por los familiares.

Que a mí me han llegado una serie de escritos de organizaciones no gubernamentales, algunas serias, algunas no las considero así. En una serie de cuestiones que tenemos un altero así.

Por lo tanto, sí se han atendido a las ONG´s, y hemos visto el punto de vista.

Nos dice el Senador Gómez, que leamos la recomendación de la ONU. Yo sí la leí, me la dio su asistente, por cierto ayer.

Y usa usted parcialmente algunas de las cuestiones que los expertos señalan. Se refirió adecuadamente a que hay un párrafo muy claro, donde se establece que se mejoraron las cosas. Pero esto no dice ni aclara los años en los que se dan, ni lo que le atañe o no a quien fue procurador en esos años.

El señor Chávez Chávez fue en los años ’96 a ’98 Procurador de Chihuahua. Y el párrafo que usted dice, le leo textual, dice así: “Con carácter general, sin embargo, cabe apreciar señales inequívocas de mejoría. Las últimas investigaciones analizadas difieren enormemente de las correspondientes a los primeros años. Buena parte de las graves deficiencias en que se incurría con carácter sistemático en 1993 y en los años posteriores han sido ya subsanadas por las autoridades locales. Las autoridades locales disponen ahora de dotaciones, materiales, personales, técnicas, etcétera, etcétera”.

Esto junto con los datos que no es porque los haya dado el señor Chávez ni porque lo diga yo, sino porque están certificados por la Procuraduría del Estado de Chihuahua y por la Procuraduría General de la República, los resultados en la gestión de Chávez fueron verdaderamente extraordinarios para el promedio de la eficacia que tienen las procuradurías en el país.

Si hubo 96, como él lo dijo, asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, más del 73% están resueltos con sentencia condenatoria. Y esto lo podemos checar en los datos tanto de la fiscalía especial para los delitos de mujeres como en la propia Procuraduría del Estado de Chihuahua.

Por eso creo yo que no se vale, sin distinguir exactamente los años, el atacar a un sujeto como el que hoy se pretende aprobar de esa manera. Yo creo que hay que tener todos los datos, un sujeto, señor Procurador, para ratificarlo era una persona como todos.

Otra inconsistencia y faltó a la verdad, es la cita de que en 1917 se hizo independiente al Ministerio Público o así lo quería el Constituyente del ’17, no es exacto y no es cierto, es justamente ahí donde se cambia en el Poder Judicial donde antes pertenecía al Procurador que ya lo mencionaba Alejandro Zapata al sistema de que pertenecía al Poder Ejecutivo el Procurador.

Y esto benefició al presidencialismo en México, porque no sólo lo nombraba y lo removía libremente, sino que además de ser Ministerio Público era el representante del Ejecutivo y de la nación.

Este paso que se dio en ’94 intenta ir hacia delante al ser ratificado por el Senado y al quitarle esa parte de representación del Ejecutivo o en el aspecto jurídico y por eso se hizo la consejería jurídica.

En este sentido…

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, Senador González Alcocer. Senador Pablo Gómez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Es que deseo hacerle una pregunta si así lo autoriza usted y así lo autoriza el señor Senador González Alcocer, y si es posible.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. Será posible y yo lo autorizo, sólo falta que lo autorice el Senador González Alcocer.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: Yo lo autorizo, siempre y cuando sea una, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Una. Adelante Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Fuera de la discusión que tenemos aquí en relación con este punto, solamente quisiera que nos aclarara porque el informe que yo le hice llegar de la Comisión de Expertos Internacionales de la ONU sobre la misión en Ciudad Juárez, se analizan casos de ’93-’94 y ’98, y a partir de entonces.

Está usted claro, no sé si tiene usted Palestra, ahí en la página 6, que la misión investigó de manera especial casos bajo la gestión del señor Chávez y que sus conclusiones sobre los casos del ’98 no difieren de las conclusiones del examen de los casos anteriores al ’98 cuando no estaba como Procurador el señor Chávez. Entonces este informe abarca el año ’98, por lo tanto abarca al señor Chávez, y todas las conclusiones lo abarcan a él.

El comentario de que las cosas mejoraron es cuando ya no estaba Barrio y ya no estaba Chávez, desafortunadamente, hubiéramos querido que mejoraran un poco después. Claro que tampoco mejoraron mucho.

Pero no corresponde al periodo de gestión de ese, como usted lo llama, sujeto que quiere ser ahora Procurador General de la República.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Conteste por favor, Senador González Alcocer.

- El C. Senador Alejandro González Alcocer: Sujeto a ratificación, eso es lo que es el sujeto a ratificación. Claro, yo me referí a lo que está en la página 11 porque usted hizo referencia a este párrafo en especial. Por supuesto la leí toda y sé cuáles son las investigaciones, las causas penales y la recomendación en la que se basan los expertos, que es la 44 de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos, que fue en su debido momento contestada y ya no más espulgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, hubo argumentos suficientes por parte del Gobernador y del Procurador en ese entonces para combatir o no aceptar parte de esa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero no deja nada más de un lado los otros datos duros a los que nos hemos referido que están certificados en la cuestión de que en el país el promedio de impunidad es del 95 por ciento y que en este caso se da un grado de efectividad del 73%. Es muy diferente y habla por sí mismo.

Yo creo que con eso contesto su pregunta, señor Senador.

Otras aseveraciones aquí que no podemos creo yo dejar pasar, se refieren ya un tanto a la otra parte, un poco a lo que se ha establecido aquí de si va a recibir o no instrucciones. Y dijo el Senador Pablo Gómez de que se había establecido en la reunión con las Comisiones de Justicia que había dicho que iba a acatar, al contrario, el Procurador nombrado aseveró que él no consideraba capaz al Presidente de la República de pedirle o hacerle una instrucción ilegal. Pero eso no quiere decir que vaya a acatar las órdenes del Presidente.

Y esto que hago, de aquí me voy, porque tengo poco tiempo, al tema de fondo. Yo creo que aquí se ha referido concretamente el Senador Jesús Murillo, el Senador René Arce, el Senador Arturo Escobar y otros a lo que debemos resolver nosotros, que es el fondo de a de veras, de darle autonomía finalmente plena al Ministerio Público decidiendo desde su nombramiento que no pertenezca a los tres poderes establecidos en el país como lo han hecho otros países, cito sólo a Chile y a Perú que así lo hacen, para darle totalmente independencia.

Estamos para entrarle a ese tema y por supuesto lo comparamos. Si hay esa disposición vamos a darle la autonomía plena que no lo designe ni lo nombre el Presidente y que tampoco tengamos que ratificarlo nosotros aquí.

Hay por supuesto la voluntad de hacer y por supuesto también la plena conciencia de lo que es Acción Nacional y lo que ha hecho en la vida pública del país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Habiendo concluido la lista de oradores, ordene la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen en el que se determina que la designación cumple con los requisitos para una eventual ratificación en términos del apartado A del artículo 102 constitucional.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RAMON VALDES JESUS MA.

PRI

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUEDA SANCHEZ ROGELIO

PRI

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

TRUJILLO FUENTES FERMIN

IND

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ARCE RENE

PRD

No

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

No

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DELGADO DANTE

CONV

No

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

No

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

No

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

No”.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 78 votos por el sí, 27 votos por el no y cero abstenciones.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En consecuencia, se declara aprobado el dictamen por el que se determina que la designación cumple con los requisitos para una eventual ratificación que exige el apartado A del artículo 102 constitucional.

Abrase el sistema electrónico de votación a efecto de determinar si se ratifica la designación del señor licenciado Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO

ACEVES DEL OLMO CARLOS

PRI

AGUILAR CORONADO HUMBERTO

PAN

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.

PRI

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO

PVEM

ALVAREZ MATA SERGIO

PAN

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO

PAN

ARROYO VIEYRA FRANCISCO

PRI

BAEZA MELENDEZ FERNANDO

PRI

BELTRONES RIVERA MANLIO F.

PRI

BUENO TORIO JUAN

PAN

CAMARILLO ORTEGA RUBEN

PAN

CANTU SEGOVIA ELOY

PRI

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO

PAN

CASTELO PARADA JAVIER

PAN

CASTRO TRENTI FERNANDO J.

PRI

COPPOLA JOFFROY LUIS A.

PAN

CORTES MENDOZA MARKO A.

PAN

CREEL MIRANDA SANTIAGO

PAN

DIAZ DELGADO BLANCA J.

PAN

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL

PAN

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO

PAN

DORING CASAR FEDERICO

PAN

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS

PAN

ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO

PAN

ESCOBAR Y VEGA ARTURO

PVEM

FONZ SAENZ CARMEN G.

PRI

GALINDO NORIEGA RAMON

PAN

GALVAN RIVAS ANDRES

PAN

GARCIA CERVANTES RICARDO

PAN

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO

PRI

GOMEZ TUEME AMIRA

PRI

GONZALEZ AGUILAR NELLY

PAN

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO

PAN

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA

PAN

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE

PAN

GONZALEZ MORFIN JOSE

PAN

GOVEA ARCOS EUGENIO G.

IND

GREEN MACIAS ROSARIO

PRI

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO

PRI

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA

PAN

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR

PAN

LEGORRETA ORDORICA JORGE

PVEM

LOZANO DE LA TORRE CARLOS

PRI

MADERO MUÑOZ GUSTAVO

PAN

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA

IND

MEJIA GONZALEZ RAUL

PRI

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA

PVEM

MENDOZA GARZA JORGE

PRI

MORALES FLORES MELQUIADES

PRI

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL

PAN

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON

PAN

MURILLO KARAM JESUS

PRI

OCEJO MORENO JORGE A.

PAN

OROZCO GOMEZ JAVIER

PVEM

ORTUÑO GURZA MA. TERESA

PAN

PEREDO AGUILAR ROSALIA

PAN

RAMIREZ LOPEZ HELADIO

PRI

RAMIREZ NUÑEZ ULISES

PAN

RIVERA PEREZ ADRIAN

PAN

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO

PAN

RUIZ DEL RINCON GABRIELA

PAN

SACRAMENTO JOSE JULIAN

PAN

SARO BOARDMAN ERNESTO

PAN

SERRANO SERRANO MARIA

PAN

SOSA GOVEA MARTHA L.

PAN

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO

PAN

TOLEDO INFANZON ADOLFO

PRI

TORRES ORIGEL RICARDO

PAN

TREJO REYES JOSE I.

PAN

VELASCO COELLO MANUEL

PVEM

VILLARREAL GARCIA LUIS A.

PAN

ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO

PAN

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ

PAN

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO

PRI

ARCE RENE

PRD

No

AUREOLES CONEJO SILVANO

PRD

No

BAUTISTA LOPEZ HECTOR

PRD

No

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER

PRD

No

CORICHI GARCIA CLAUDIA

PRD

No

COTA COTA JOSEFINA

PRD

No

DELGADO DANTE

CONV

No

GARIBAY GARCIA JESUS

PRD

No

GOMEZ ALVAREZ PABLO

PRD

No

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO

PT

No

GUADARRAMA MARQUEZ JOSE

PRD

No

HERVIZ REYEZ ARTURO

PRD

No

JIMENEZ RUMBO DAVID

PRD

No

LOBATO CAMPOS JOSE LUIS

CONV

No

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA

PRD

No

MALDONADO VENEGAS LUIS

CONV

No

MAZON ALONSO LAZARO

PRD

No

MEJIA HARO ANTONIO

PRD

No

MONREAL AVILA RICARDO

PT

No

NAVARRETE RUIZ CARLOS

PRD

No

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO

PRD

No

OBREGON ESPINOZA JAVIER

PT

No

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL

PRD

No

SOTELO GARCIA CARLOS

PRD

No

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN

PRD

No

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO

PT

No

TORRES MERCADO TOMAS

PRD

Abstención

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO

TRUJILLO FUENTES FERMIN

 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS

PRD

No”.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 75 votos por el sí, 27 votos por el no y 1 abstención.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: En tal virtud, se ratifica al señor licenciado Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

En un salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Arturo Chávez Chávez, por lo que se solicita a la Senadora y Senadores: María del Socorro García Quiroz, Alejandro González Alcocer, Fernando Castro Trenti, Jesús Garibay García, Arturo Escobar y Vega, Alejandro Zapata Perogordo y Fernando Baeza Meléndez, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Ciudadano Arturo Chávez Chávez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procurador General de la República, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Arturo Chávez Chávez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

(Aplausos)

Señor Procurador, llega usted en un momento muy delicado para la procuración y seguridad pública de los mexicanos, es por ello que le deseamos éxito en su encargo.

(Aplausos)

La misma comisión designada acompañará al señor Procurador cuando deseé retirarse del salón.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que el Senado extiende una felicitación al señor Yukio Hatoyama, líder del Partido Democrático de Japón, por su elección como Primer Ministro.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“Comision de Relaciones Exteriores,
Asia-Pacifico

H. ASAMBLEA:

   

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de Acuerdo relativo a las relaciones entre México y Japón, presentada por los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio de la propuesta, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 95 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El 3 de septiembre de 2009, los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores una proposición con punto de Acuerdo, con base en las atribuciones que les confiere los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma sesión, el Senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-141, instruyó que dicha proposición con punto de Acuerdo fuera remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia- Pacífico, para su estudio y dictamen.

Esta Comisión dictaminadora habiendo llevado a cabo una revisión minuciosa de la exposición de motivos y las propuestas de resolutivos, procede a emitir el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis García Zalvidea fundan su propuesta en el histórico triunfo del opositor Partido Democrático de Japón (PDJ) en las elecciones generales celebradas en ese país el treinta de agosto del presente. En particular, destacan la agenda de cambio promovida por Yukio Hatoyama, líder de dicho Partido.

Los Senadores promoventes subrayan los efectos positivos que la alternancia política podría generar en la segunda economía del mundo, tanto a nivel de la gobernabilidad internacional, como a nivel de las relaciones bilaterales México-Japón. Al respecto, señalan que México está llamado a aprovechar la oportunidad que nos brinda esta ocasión para fortalecer las relaciones bilaterales.

2. La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico coincide con los Senadores promoventes del punto de Acuerdo, al resaltar el significado de los resultados de las últimas elecciones para el sistema político nipón de la posguerra, así como los cambios internacionales que se podrían derivar de este hecho histórico, encabezado por el Sr. Yukio Hatoyama, líder del Partido Democrático de Japón

3. Las transformaciones políticas, económicas y demográficas que definieron la agenda y los resultados de las recientes elecciones en Japón, merecen toda nuestra atención. Tal como se argumentó en el Seminario “Japón en transición”, organizado por esta Comisión el doce de marzo de 2008, el reacomodo político en función de los cambios económicos japoneses tendrá un impacto importante en la diplomacia de ese país, por lo que la política exterior de México hacia Japón deberá adaptarse oportunamente a esta coyuntura.

4. De acuerdo a lo señalado en la proposición sujeta al análisis de esta Comisión, las exportaciones mexicanas a Japón registraron el año pasado un valor de 2,068 millones de dólares. Por su parte, las importaciones provenientes de Japón se ubicaron en 16,326 millones de dólares en el mismo periodo. De esta manera, durante el 2008 el déficit comercial de México con Japón fue de 14,258 millones de dólares, equivalente a más de tres cuartas partes del comercio bilateral.

En el ámbito de las inversiones, destaca el segundo lugar que ocupa Japón como mayor inversionista extranjero en México, después de Estados Unidos. Sin embargo, la inversión japonesa en México sigue estando por debajo de su potencial. Al margen de las ventajas ofrecidas por el Acuerdo de Asociación Económica, el ambiente de negocios en nuestro país continúa siendo un área de oportunidad que se debe atender para aprovechar este instrumento a cabalidad.

Esta Comisión coincide con los senadores promoventes, así como con los participantes del Foro de Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, organizado el ocho de mayo del 2008 por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, al destacar la necesidad de establecer una estrategia integral para aprovechar y equilibrar los beneficios del Acuerdo.

5. Es oportuno resaltar el nivel de diálogo parlamentario alcanzado durante los últimos años entre México y Japón. Al respecto, destacan los trabajos de diversas instancias, tales como la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-México y el Grupo de Amistad con Japón de la Cámara de Diputados.

Tomando en cuenta la coyuntura positiva que se inaugura con motivo del 400 Aniversario del primer contacto oficial entre México y Japón en 2010, se estima conveniente impulsar las relaciones parlamentarias bilaterales, aprovechando la convergencia de intereses en los organismos parlamentarios regionales, en particular el Foro Parlamentario Asia-Pacífico.

6. El Estado mexicano debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos para fortalecer las relaciones bilaterales con Japón, en el marco de una estrategia de diversificación de la política exterior. Al respecto, se estima conveniente que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantice la continuidad de los proyectos de cooperación bilateral, así como la conducción de la relación hacia un nivel más elevado.

Con base en los anteriores elementos, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República extiende una felicitación al Sr. Yukio Hatoyama, líder del Partido Democrático de Japón, por su elección como Primer Ministro, y le desea éxito en esta importante responsabilidad.

Segundo.- El Senado de la República invita a la Dieta japonesa a fortalecer las relaciones parlamentarias entre ambos países, a través de los mecanismos bilaterales y regionales existentes.

Tercero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar la relación bilateral México-Japón y promover el equilibrio de las relaciones comerciales entre ambos países.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de septiembre de 2009.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el dictamen. ¿Alguno de los Senadores quiere hacer uso de la palabra? En virtud de no haberse inscrito, por favor la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Tenemos enseguida la discusión de dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y del Distrito Federal, con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DEL DISTRITO FEDERAL

H. Asamblea

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, dos proposiciones con punto de Acuerdo relativo al choque de trenes del Ferrocarril Suburbano ocurrido el pasado sábado 18 de abril del presente año. Uno presentado por los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Minerva Hernández Ramos, Lázaro Mazón Alonso y Tomás Torres Mercado integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y uno más, signado por los CC. Senadores Ma. de los Angeles Moreno Uriegas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Federico Döring Casar del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 66, 83, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida propuesta y de los trabajos previos de las Comisiones.

II. En el “Contenido de la proposición”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la propuesta en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general el punto de acuerdo en análisis.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2009, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió las propuesta con punto de Acuerdo citadas en el proemio del presente dictamen.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dichas propuestas con punto de Acuerdo fueran turnadas a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal.

3.- Una vez remitidas a estas Comisiones Unidas, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO

En este apartado se hace una referencia general y sucinta de los elementos que contienen las proposiciones con punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.

En su propuesta, los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Minerva Hernández Ramos, Lázaro Mazón Alonso y Tomás Torres Mercado manifiestan:

“Primero.- El Senado de la República solicita respetosamente al Gobernador del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto para que instruya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realice una expedita y exhaustiva investigación, a efecto de deslindar y fincar responsabilidades, sobre los hechos relacionados con el choque de trenes suburbanos en donde resultaron heridos más de cien personas, treinta y siete de gravedad.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mtro. Juan Molinar Horcasitas, para que:

a. Realice una evaluación sobre el la infraestructura, vagones, trenes y las medidas de seguridad que provee la empresa “Ferrocarriles Suburbanos”;

b. Garantice la empresa Ferrocarriles Suburbanos provea de la mejor asistencia médica, y tratamientos de rehabilitación a quien lo merezca, a los lesionados a causa del mencionado siniestro”.

Por su parte, los CC. Senadores Ma. de los Angeles Moreno Uriegas y Federico Döring Casar proponen:

“PRIMERO.- Que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita a esta Soberanía el informe final que contenga el análisis y conclusiones de los trabajos de investigación que realice la Comisión Investigadora a cargo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

SEGUNDO.- De las conclusiones de dichas investigaciones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe esta a esta Cámara las medidas de prevención y seguridad que deban ser tomadas para evitar, en la medida de lo posible, el suceso de accidentes que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de este sistema de transporte.

TERCERO.- Que la Secretaría de Comuniones y Transportes tome las acciones y medidas conducentes, para que la empresa concesionaria asuma su responsabilidad social y efectúe el pago de indemnización a los usuarios afectados en el percance suscitado el pasado 18 de abril entre vagones del Tren Suburbano”.

Ambas propuestas se enfocan al incidente ocurrido el pasado 18 de abril, en donde se suscito un choque entre dos trenes del Ferrocarril suburbano. Las dos reflejan la preocupación por esclarecer los sucesos, que se brinde la mejor atención médica a los afectados, se establezcan claramente las responsabilidades a quien corresponda y que se tomen acciones y medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

Por lo que, la parte resolutiva del presente dictamen habrá de recoger dichas preocupaciones, con las particularidades que se señalan en la parte de consideraciones.

CONSIDERACIONES

1 Que el pasado 1 junio del año 2008 inicio operaciones Ferrocarriles suburbanos en el primer tramo Buenavista - lechería, mediante concesión otorgada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A (CAF).

Siendo inaugurado oficialmente el 5 de enero de 2009 el Sistema 1 Buenavista-Cuautitlán con un tiempo de recorrido de 24 minutos. Contando con estaciones intermedias en Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla y Fortuna, cubriendo un total de 27 kilómetros.

2- Que dicho proyecto al ser un medio que ofrece grandes beneficios para la población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de México, reflejado en la disminución de los tiempos de traslado, menos congestionamiento vehicular, disminución en la emisión de contaminantes, por sólo mencionar algunos de varios.

3.- Que a pesar de lo beneficios y bondades con los que cuenta este sistema de transporte, el pasado sábado 18 de abril, a las 22:00 horas se registró un incidente entre dos trenes del Ferrocarril Suburbano en el tramo ubicado de la Estación San Rafael hacia la de Lechería a la altura del túnel Barrientos, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

En las labores para atender a los afectados, se rescataron a cinco personas que se encontraban atrapadas entre los escombros, además se evacuaron a 500 personas que viajaban en los trenes colisionados y se proporcionó asistencia médica a 70 personas; dejando como saldo final 109 heridos por colisión, de entre los cuales 8 de ellos permanecieron internados.

4. Que a la empresa que opera dicho sistema de transporte, cuenta con una póliza de seguro que cubre una suma de hasta 30 millones de dólares, a varios días del siniestro y en diversas notas periodísticas, se han publicado de manera desafortunada declaraciones de ejecutivos de la empresa, en el que afirman que sólo a uno de los afectados se le cubrirá el seguro de viajero y que no se cubrirá la atención médica realizada en centros de salud de instituciones como el IMSS O ISSSTE.

Situación que preocupo a los proponentes, en el sentido de que la empresa pudiera evadir su responsabilidad con los usuarios, por lo que el Estado debe garantizar la legalidad en todo lo relacionado con dicho incidente.

5.- Que a decir de los proponentes éste percance deja en el ánimo de la población un sensación de inseguridad en el uso de este servicio de transporte que fue pensado para beneficiar a la zona metropolitana de la capital del país, sentimiento que crece al desconocer las causas sean humanas ó mecánicas que provocaron tan lamentable incidente.

6.- Que si bien se reconoce a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la decisión de encargar las investigaciones del caso a una comisión especial dependiente de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de dicha dependencia, comisión que sin lugar a dudas llevará clarificar las causas que provocaron dicho incidente, con lo cual se permitirá indudablemente, prevenir incidentes similares en la operación de tan generoso medio de transporte.

Más aún si se considera, que de acuerdo con información del área de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el accidente entre dos trenes de Ferrocarriles Suburbanos ocurrió por falta de atención a los señalamientos que se utilizan para operar este sistema de transporte.

7. Que en tal virtud, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras hacen suyas las preocupaciones del los Senadores proponentes y consideran necesario que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita a esta soberanía el informe final que contenga el análisis y conclusiones de los trabajos de investigación que realice la Comisión Investigadora a cargo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Empero, discrepan de solicitar al Gobernador del Estado de México, instruya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realice la investigación, pues si bien, los hechos geográficamente ocurrieron en aquella entidad, no es a dicha dependencia a quien le compete deslindar y fincar responsabilidades.

Lo anterior, considerando que el Sistema de Ferrocarril Suburbano, se encuentra bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, por lo que debe ser ésta la que en su informe manifieste cuales van a ser las acciones de corte legal que habrá de instaurar; así como las que dentro de su esfera de competencia le correspondan.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal del Senado de la República, resuelven:

Unico.- Es de aprobarse las proposiciones con punto de Acuerdo relativas al choque de trenes del ferrocarril suburbano ocurrido el pasado sábado 18 de abril del presente año, presentadas por legisladores de diversos grupos parlamentarios. Y somete a la consideración de éste H. Cuerpo colegiado, el siguiente:

DICTAMEN A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS AL CHOQUE DE TRENES DEL FERROCARRIL SUBURBANO OCURRIDO EL PASADO SABADO 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PRESENTADAS POR LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, hace un atento exhorto altitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que:

PRIMERO.- Remita a esta Soberanía el informe final que contenga el análisis y conclusiones de los trabajos de investigación que realice la Comisión Investigadora a cargo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

SEGUNDO.- Instruya se realice una evaluación sobre la infraestructura, vagones, trenes y las medidas de seguridad que provee la empresa “Ferrocarriles Suburbanos”.

TERCERO.- De las conclusiones de dichas investigaciones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe esta a esta Cámara las medidas de prevención y seguridad que deban ser tomadas para evitar, en la medida de lo posible, el suceso de accidentes que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de este sistema de transporte; así como de las acciones de corte legal que habrá de instaurar y las que dentro de su esfera de competencia le correspondan.

CUARTO. Que la dependencia a su cargo tome las acciones y medidas conducentes, para que la empresa concesionaria asuma su responsabilidad social y efectúe el pago de indemnización a los usuarios afectados en el percance suscitado el pasado 18 de abril entre vagones del Tren Suburbano y se les provea de la mejor asistencia médica, y tratamientos de rehabilitación a quien lo amerite.

Comision de Comunicaciones y Transportes

Comision del Distrito Federal”.






COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DEL DISTRITO FEDEAL

H. Asamblea

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de Acuerdo sobre la situación que guarda el conflicto entre los concesionarios del sitio 300 que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la administración de las actuales autoridades, presentada por los CC. Senadores Ma. de los Angeles Moreno Uriegas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Federico Döring Casar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y René Arce islas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 66, 83, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida propuesta y de los trabajos previos de las Comisiones.

II. En el “Contenido de la proposición”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la propuesta en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general el punto de acuerdo en análisis.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2009, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto de Acuerdo citada en el proemio del presente dictamen, la cual fue presentada por los CC. Senadores Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Federico Döring Casar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Propuesta con Punto de Acuerdo fuera turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal.

3.- Una vez remitida a esta Comisión del Distrito Federal la proposición con Punto de Acuerdo antes citada, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO

En este apartado se hace una referencia general y sucinta de los hechos y causas que motivaron a los proponentes, presentar la proposición con punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.

En su propuesta, los CC. Senadores Moreno Uriegas y Döring Casar hacen alusión a que en nuestro país, de acuerdo con la Ley de Aeropuertos, la operación, administración, conservación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos y aeródromos civiles nacionales, se realiza a través del organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Sin embargo, de acuerdo con este mismo ordenamiento jurídico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la facultad de otorgar, sin previa licitación, a las entidades de la administración pública federal, la concesión para que puedan realizar la operación, administración, conservación, explotación, y en su caso, construcción de aeropuertos.

Así fue como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión a una empresa de participación estatal para que administrara y operara el aeropuerto en el Distrito Federal, dando origen a la empresa Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM por sus siglas).

Que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realiza actos, de naturaleza tal, que no siempre se distingue si están dentro de la esfera de lo público o se ubican en el ámbito de lo privado. En ocasiones, actúa como sociedad mercantil y, en otras, como ente de la administración pública federal, es decir como autoridad.

Y que al tener esta empresa una participación estatal mayoritaria debe ajustar su actuar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Entidades Paraestatales. En consecuencia los actos que realice deben sujetarse al principio de legalidad, según el cual la autoridad sólo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada en la ley.

Aseguran que el comportamiento ambiguo de esta empresa de participación estatal, ha generado parte del conflicto que existe entre sus autoridades y los transportistas permisionarios agrupados en la asociación civil denominada Sitio 300.

El problema ha transcendido de tal manera, que ha sido necesaria una serie de conversaciones con funcionarios de la Secretaría; así como una reunión de trabajo de integrantes de la Comisión del Distrito Federal con el Director General del Aeropuerto, para buscar un posible entendimiento, y un retorno a la legalidad. Sin embargo, el conflicto no se ha resuelto, por lo que consideran necesaria la presencia del funcionario que directamente tenga a su cargo la regulación del Aeropuerto en otra reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal.

Dicho conflicto se origino, debido a que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estimaron el año pasado, que era necesario aumentar el parque vehicular para brindar un mejor servicio de transporte terrestre a los usuarios del aeropuerto.

Para tal efecto, realizaron una subasta pública de los derechos para prestar el servicio de transportación al interior del Aeropuerto. Dicha acción a decir de los propios interesados y afectados no se ajusta a la normatividad vigente ya que, por un lado, no se trata de un bien que deba salir a la venta y, por otro, no es la instancia autorizada para realizar éste tipo de actos, propios de un permiso que le compete emitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y porque no se respeto el derecho de preferencia que en los convenios suscritos (y cuyo tracto sucesivo ha venido operando) los permisionarios el Sitio 300 tienen.

Con independencia de lo anterior, la subasta de referencia se dio una competencia desigual, ya que participaron individuos contra empresas mercantiles, una de ellas, la denominada “Excelencia”, que resulto ganadora de 300 autorizaciones, acto que sí puede constituir una práctica monopólica.

Señalan también los senadores proponentes en su documento, que respecto al conflicto, es importante señalar que el Sitio 300 es una asociación de carácter civil, sin fines de lucro, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes entre los asociados; y por lo tanto, al no constituir una empresa regulada por la legislación mercantil, tampoco implica concentración de patrimonio ni de títulos de propiedad, por lo que no puede ser tildada de monopolio.

Que muchos de los actuales permisionarios fueron en su momento trabajadores de la Empresa Descentralizada Servicios de Transportación Terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (SETTA) misma que por decreto de fecha 2 de mayo de 1985 se decidió liquidar. Un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo, el Departamento del Distrito Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares determinó que como parte de la liquidación a los entonces trabajadores se suscribiera un convenio para que pudieran brindar el servicio de transportación terrestre bajo la modalidad de permisos.

Por lo tanto, esta liquidación es un incremento patrimonial que ya entró en su conjunto de bienes a razón de un pago, mas no de indemnización; puesto que no se está hablando de reparación por un daño previo. Situación, que fortalece aún más el derecho que tienen de llevar a cabo su labor.

Asimismo, los proponentes estiman indispensable revisar algunas disposiciones jurídicas que actualicen y hagan congruente la operación del aeropuerto, ámbito en el que deben respetar los derechos de los concesionarios del servicio de transporte terrestre.

Por tal motivo, en sus puntos propositivos, plantearon al pleno del H. Senado de la República lo siguiente:

PRIMERO.- El Senado de la República, por conducto de su Mesa Directiva, hace un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que instruya a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a que integren una mesa de trabajo que permita dar solución al conflicto con los permisionarios agrupados en la asociación civil Sitio 300 en la participaran Senadores integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

Asimismo, para que invite a los funcionarios que se desempeñan como Gerente de Transportación Terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y como Director del Transporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que observen lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ajustando estrictamente sus acciones a un marco de respeto y legalidad.

SEGUNDO.- Se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes que autorice la participación del C. Sub-secretario de Transporte, Ing. Humberto Treviño Landois en una reunión de trabajo con las Comisiones de comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal del Senado de la República para informar sobre las acciones que esa dependencia está realizando para resolver el conflicto entre autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los permisionarios agrupados en la asociación civil Sitio 300.

CONSIDERACIONES

1. Que la inconformidad de los concesionarios del Sitio 300, prestadores del servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha generado manifestaciones, protestas, denuncias y amparos de los concesionarios; así como reuniones entre legisladores, funcionarios y trabajadores.

Esta situación ha transcurrido desde junio de 2007 hasta el presente año. En ese contexto, en una demostración desproporcionada de la fuerza pública, el 8 de enero del presente año, aproximadamente 600 elementos de la policía federal preventiva, equipados con armas largas y equipo antimotines “protegieron” la entrada de las 300 nuevas unidades de la empresa que ganó la “subasta de derechos” para prestar el servicio de transportación terrestre en el aeropuerto.

Más que una medida de “prevención”, la presencia de los cuerpos de seguridad se interpretó como una forma de amedrentar y socavar las protestas de los permisionarios del Sitio 300, quienes expresaban su molestia ante lo que consideraban una violación al derecho de preferencia, no de exclusividad, que tienen.

2. Que esta no es la única ocasión en que se ha echado mano de la fuerza pública contra los permisionarios del Sitio 300. Ya en la madrugada del 29 de agosto del año pasado, durante un operativo para “verificar los permisos de operación de sus unidades”, policías federales y taxistas del Sitio 300 se enfrentaron a golpes.

Tras el operativo, cinco unidades de transporte terrestre fueron remitidas al corralón por grúas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportaciones del gobierno federal.

3. Que se han emprendido acciones que revelan la clara intención de reprimir la inconformidad que existe y que socavan el derecho a la libre expresión y pareciera tienen por objeto eliminar la organización del Sitio 300.

Entre otras acciones, se pueden mencionar:

• El inicio de procedimientos de cancelación de permisos por la supuesta “suspensión ilícita del servicio”, así como la imposición de infracciones y multas que van de 8 mil a 16 mil pesos a quienes acudieron a manifestarse en su vehículo frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Bloqueo para la renovación de sus vehículos, a través de la Dirección de Autotransporte Federal de la SCT y de la Gerencia de Transportación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

• Retención de tarjetones con los que pueden ingresar a las instalaciones del aeropuerto para prestar el servicio.

• Obstaculización de trámites, de modo tal que no puedan cumplir con sus obligaciones, con lo que sustentan la imposición de sanciones, lo que es una clara muestra de hostigamiento hacia este grupo de trabajadores.

Cabe señalar que la situación antes descrita afecta a más de 700 permisionarios y a 2,500 familias que dependen de esta actividad.

4. Que bajo el argumento de evitar prácticas supuestamente monopólicas en la prestación del servicio de taxis en el Aeropuerto, se ha permitido la presencia de 6 empresas diversas, con lo que se está creando una situación de desorden y anarquía, así como un desmedido crecimiento del padrón vehicular, lo que va en contra del interés de los usuarios, además de saturar los espacios dentro del aeropuerto para recibir a las casi 2,000 unidades que las autoridades pretenden brinden el servicio.

5. Que de igual forma, se ha presentado una ofensiva mediática en contra del movimiento y sus dirigentes, lo cual pretende deslegitimar, debilitar y desprestigiar a los mismos, pese a que en repetidas ocasiones, en los medios de comunicación han aparecido declaraciones del Director General del Aeropuerto diciendo que no es su intención desaparecerlos sino al contrario, ofrecerles apoyos para la renovación de vehículos y 120 nuevos permisos.

La realidad contrasta con los hechos, puesto que subsiste la amenaza de las autoridades de desaparecerlos o no dejarlos trabajar si no firman el convenio que les proponen que, entre otras cosas, plantea que renuncien al derecho que actualmente tienen de “preferencia para adquirir nuevos permisos”. A ello se añade un trato poco comedido y claro, además de un tanto autoritario de parte de algunos funcionarios como el Gerente de Transportación Terrestre del Aeropuerto y el Director del Transporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. Que los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras hacen suyas las preocupaciones del los Senadores proponentes y consideran también necesario solicitar al Sub-secretario de Transporte, Humberto Treviño Landois, que tiene a su cargo lo relativo a los aeropuertos y al transporte federal, una reunión con integrantes de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal para informar sobre las acciones que esa dependencia está realizando para resolver el conflicto entre autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los permisionarios agrupados en la asociación civil Sitio 300.

7.- Que si bien, es cierto que la propuesta presentada por los Senadores Moreno, Döring y Arce hacen alusión directa al conflicto que se registra con los permisionarios del Sitio 300, la situación no es exclusiva de ésta organización; ya que existen otras como la denominada “Protaxi” que ha obtenido sentencias de amparo favorables y las autoridades del Aeropuerto Internacional se han negado sistemáticamente a reconocer sus derechos y continúan con sus acciones, aunque estas sean contrarias a nuestro orden jurídico nacional.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal del Senado de la República, resuelven:

Unico.- Es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo sobre la situación que guarda el conflicto entre los concesionarios del Sitio 300 que opera en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y la administración de las actuales autoridades, presentada por los CC. Senadores Ma. de los Angeles Moreno, Federico Dóring Casar y René Arce Islas con las modificaciones anteriormente señaladas. Por lo se somete a la consideración de éste H. Cuerpo Colegiado el siguiente:

DICTAMEN A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA EL CONFLICTO ENTRE LOS PERMISIONARIOS DEL SITIO 300 QUE OPERA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA ADMINISTRACION DE LAS ACTUALES AUTORIDADES, PRESENTADA POR LOS CC. SENADORES MA. DE LOS ANGELES MORENO, FEDERICO DORING CASAR Y RENE ARCE ISLAS

PRIMERO.- El Senado de la República, por conducto de su Mesa Directiva, hace un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que instruya a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a que integren una mesa de trabajo que permita dar solución al conflicto con los permisionarios agrupados en de la asociación civil denominada “Sitio 300” y de diferentes organizaciones de transportación terrestre que operan en la citada terminal área, en la que podrán participar Senadores integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

Asimismo, para que invite a los funcionarios que se desempeñan como Gerente de Transportación Terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y como Director del Transporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que observen lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ajustando estrictamente sus acciones a un marco de respeto y legalidad.

SEGUNDO.- Se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes que autorice la participación del C. Sub-secretario de Transporte, Ing. Humberto Treviño Landois en una reunión de trabajo con las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal del Senado de la República para informar sobre las acciones que esa dependencia está realizando para resolver el conflicto entre autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los permisionarios agrupados en la asociación civil denominada “Sitio 300” y de diferentes organizaciones de transportación terrestre que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Comisión de Comunicaciones y Transportes
Comisión del Distrito Federal”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias. Se pregunta a la Asamblea, en el apartado de que estos dos acuerdos están a discusión, si alguien quiere hacer uso de la palabra en relación con alguno de ellos.

De no ser así, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos Acuerdos anteriores.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos anteriores. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION DE ADMINISTRACION

- El C. Secretario Rivera Pérez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2009.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto, no habiendo quien solicite la palabra, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2009.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de agosto de 2009.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Torres Mercado, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Solamente para rogarle a usted libre instrucciones a la Secretaría con el propósito de que al legislador que le está hablando le haga llegar un ejemplar del informe, desagregado.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Con mucho gusto, solicitamos a la Tesorería y al Comité de Administración se turne copia del informe, desagregado, al Senador Torres Mercado.

Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del ejercicio presupuestal.

En otro apartado del Orden del Día, el relativo a iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

(Presentada por la C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar: Muchas gracias, señor Presidente.

La que suscribe, Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales e Infraestructura Hidráulica, bajo la siguiente exposición de motivos.

El agua está considerada como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Este simple hecho es determinante para entender la importancia que la nación le da al vital líquido.

Lo anterior se sustenta en diversos hechos que justifican lo esencial que representa para nuestro país dicho recurso. Basten unos cuantos datos para mostrar lo significativo que son los recursos hídricos en México, y por consiguiente, las obras hidráulicas que ello implica.

Más de la mitad de mexicanos se encuentran en stress hídrico por disponer de menos de 1,700 metros cúbicos por habitante al año, y ante la escasez de agua, la tendencia es que se incremente el número de mexicanos en esa situación.

La disponibilidad per capita está disminuyendo rápidamente, ya que considerando los años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2005 se ha tenido por persona al año en metros cúbicos las siguiente cantidades: 18,035; 13,313; 9,645; 6,958; 5,725; 4,771; y 4,416 respectivamente.

La población de la Cuenca del Valle de México donde habita el 20% de los mexicanos, dispone por persona solamente de 88 metros cúbicos al año.

Lo anterior ha provocado que, además de haberse cometido en esta región el mayor ecocidio de nuestro país con la desaparición de los cinco lagos que existían durante la Gran Tenochtitlán, ahora se tenga que traer el agua de otras cuencas y con desniveles superiores a los mil metros, con un costo enorme en las finanzas públicas.

La cobertura de agua potable directa es, a pesar de los esfuerzos realizados todavía un reto importante para satisfacer a cerca de 12 millones de mexicanos.

En La Paz, Baja California Sur, se está construyendo la primera desaladora para usar agua de mar con fines potables, ya que su acuífero no satisface la demanda actual. Hay acuíferos como el de La Laguna, donde se extrae agua con elementos tóxicos y contaminantes como el arsénico. Hay lugares como Guanajuato, donde la sobreexplotación es de tal magnitud que ya se extrae agua de acuíferos fósiles. Hay acuíferos como el de Texcoco, cuya sobreexplotación es de alrededor del 350%.

La contaminación de ríos y arroyos es tan grave que algunas de estas corrientes son verdaderas cloacas de drenaje.

Predomina la infraestructura obsoleta para el servicio de agua en los diferentes usos, además de escaso mantenimiento, y paradójicamente se incrementan las fugas de agua.

A pesar de estos graves problemas, la eficiencia en el uso de agua es muy baja, ya que en las actividades agrícolas, donde se usa el 77%, la eficiencia varía entre el 33 y el 55%, es decir, se dejan de aprovechar hasta 67 litros de cada 100, y para producir un kilo de maíz se requieren 1,000 litros de agua; por otro lado, para el caso del uso público urbano donde se usa el 14%, su eficiencia varía entre el 50 y el 70%.

Aunado a lo anterior, existen muchos otros problemas que evidencian la necesidad de una verdadera y profunda cultura por el uso sustentable del agua.

Además, para la explotación, uso y aprovechamiento del agua, es necesario la construcción de diversas obras hidráulicas, las cuales han sido fundamentalmente construidas por el gobierno federal, y durante muchos años se subsidió a quienes usufructuaron dichas obras, sin embargo, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, legisla insuficientemente sobre la contribución considerando algunos aspectos de proporcionalidad según el tipo de usuario.

En este contexto, es evidente que tres de las principales causas por las que no se han podido resolver estos y otros problemas hídricos, se refieren a la insuficiencia de recursos económicos, tanto por la distribución financiera en el Proyecto de Decreto de Egresos de la Federación, como por la baja captación a través de las cuotas y tarifas, donde existe un enorme rezago en los montos a cubrir por una falsa “cultura de adeudo y no pago”.

A la Estructura Orgánica de la actual Comisión Nacional del Agua, que bajó su nivel de Secretaría a Comisión, y por ende ahora dispone de una menor ingerencia para determinar y aplicar las políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos, así como para supervisar y ejercer la autoridad requerida para que se cumplan los preceptos tanto de ley y reglamentos como las diversas normas oficiales y mexicanas al respecto.

Las condiciones de la infraestructura hidráulica deben mejorarse, tanto para servicio de agua potable como para las actividades productivas incluyendo el campo que es el que más agua utiliza, y la eficiencia en su uso es fundamental para aprovecharla adecuadamente.

Por lo anterior y dado el momento actual de las condiciones tanto de la crisis global múltiple que ha afectado a todos los sectores productivos y los impactos del cambio climático, se hace necesario reestructurar el esquema legislativo en cuanto a los recursos hídricos, es decir, se hace evidente realizar reformas a la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica que tiene casi 20 años de haberse emitido y no se ha actualizado, cuestión que obligadamente debe hacerse por varios aspectos técnicos ya que muchas obras hidráulicas ya están rebasando su vida útil, y es urgente hacer desde supervisiones detalladas para ver posibles desperfectos, hasta reparaciones que aseguren la no presencia de alguna contingencia, pero además, es necesario desazolvar muchas de esas obras con la finalidad de recuperar el volumen original de captación de agua.

Actualmente es una práctica cada vez más urgente el tratamiento y reúso del agua, aspectos que no aparecen en esta ley porque en aquel entonces no era ni un problema evidente ni una necesidad como lo es hoy. Pero además, el reuso vía plantas tratadoras resulta muy costoso y en la práctica con problemas de operación, por lo que debe instrumentarse mecanismos integrales que incluyan, entre otras técnicas y prácticas, la instrumentación de humedales productivos o módulos de tratamiento y reusode aguas residualesen unidades pequeñas como de media hectárea que permiten fuentes de empleo.

Los Humedales productivos o módulos de tratamiento y reúso de aguas residuales, aunque lleva el nombre de “humedales”, en realidad son muy diferentes a los humedales naturales, ya que cubren funciones muy distintas por ejemplo a los manglares, por lo que incluso no es muy propio el nombre pero así se ha estado mencionado en diversos estudios.

De tal manera que, lo indicado anteriormente se refleja en la iniciativa, ya que se incluye el fomento de la construcción de pequeños humedales productivos en el artículo 1º; sobre los criterios de calidad y capacidad potencial de tierras en el 6 y 7; sobre la contribución según disponibilidad de agua, contribuciones diferenciadas y apoyos a áreas marginadas en el 7; sobre el reúso en el 10 y 11; sobre los convenios en el 11 y 12; y sobre la inclusión del Distrito Federal en el 14, principalmente.

Estas son las reformas que la suscrita considera que son necesarias y urgentes de realizar en esta ley, y que además tienen pertinencia por los impactos del Cambio Climático Global que, concretamente en el verano de 2009, en la zona más poblada del país, como es la Cuenca del Valle de México, los niveles de agua en las diferentes presas que abastecen a la Zona Metropolitana de la ciudad de México se encuentran al 42% de su capacidad de almacenamiento, por lo que los efectos del fenómeno meteorológico de “El Niño” pronostican para el siguiente año, una mayor sequía que obliga a generar procesos de uso eficiente del agua en todos los usos, y desarrollar estrategias integrales (incluyendo amplios programas de reforestación efectiva, así como de humedales productivos) aparte de la construcción de obras que aumenten la oferta de agua, tanto en su tratamiento como en infraestructura.

Por lo que con base a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto que se encuentra publicado en la Gaceta y por obvio de tiempo, solicito, señor Presidente, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La que suscribe Senadora Rosalía Peredo Aguilar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua está considerada como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Este simple hecho es determinante para entender la importancia que la nación le da al vital líquido.

Lo anterior se sustenta en diversos hechos que justifican lo esencial que representa para nuestro país dicho recurso. Basten unos cuantos datos para mostrar lo significativo que son los recursos hídricos en México, y por consiguiente, las obras hidráulicas que ello implican.

1. Más de la mitad de mexicanos se encuentran en estrés hídrico por disponer de menos de 1,700 metros cúbicos por habitante al año, y ante la escasez de agua, la tendencia es que se incremente el número de mexicanos en esa situación.

2. La disponibilidad per cápita está disminuyendo rápidamente, ya que considerando los años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2005 se ha tenido por persona al año en metros cúbicos las siguientes cantidades: 18035, 13319, 9645, 6958, 5725, 4771 y 4416 respectivamente.

3. La población de la Cuenca del Valle de México donde habita el 20% de mexicanos, dispone por persona solamente de 88 metros cúbicos al año.

4. Lo anterior ha provocado que, además de haberse cometido en esta región, el mayor ecocidio en nuestro país con la desaparición de los cinco lagos que existían durante la Gran Tenochtitlán, ahora se tenga que traer agua de otras cuencas y con desniveles superiores a los mil metros, con un costo enorme en las finanzas públicas.

5. La cobertura de agua potable directa es, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía un reto importante para satisfacer a cerca de 12 millones de mexicanos.

6. En La Paz Baja California Sur, se está construyendo la primera desaladora para usar agua de mar con fines potables, ya que su acuífero no satisface la demanda actual. Hay Acuíferos como el de La Laguna donde se extrae agua con elementos tóxicos y contaminantes como el arsénico. Hay lugares como en Guanajuato donde la sobreexplotación es de tal magnitud que ya se extrae agua de acuíferos fósiles. Hay acuíferos como el de Texcoco cuya sobreexplotación es de alrededor del 350%.

7. La contaminación de ríos y arroyos es tan grave que algunas de estas corrientes son verdaderas cloacas de drenaje.

8. Predomina la infraestructura obsoleta para el servicio de agua en los diferentes usos, además de escaso mantenimiento y, paradójicamente, se incrementan las fugas de agua.

A pesar de estos graves problemas, la eficiencia en el uso de agua es muy baja, ya que en las actividades agrícolas, donde se usa el 77%, la eficiencia varía entre el 33 y 55%, es decir, se dejan de aprovechar hasta 67 litros de cada 100, y para producir un kilo de maíz se requieren 1,000 litros de agua; por otro lado, para el caso del uso público urbano donde se usa el 14%, su eficiencia varía entre el 50 y 70%.

Aunado a lo anterior, existen muchos otros problemas que evidencian la necesidad de una verdadera y profunda cultura por el uso sustentable del agua.

Además, para la explotación, uso y aprovechamiento del agua, es necesario la construcción de diversas obras hidráulicas, las cuales han sido fundamentalmente construidas por el Gobierno Federal, y durante muchos años se subsidió a quienes usufructuaron dichas obras, sin embargo, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, legisla insuficientemente sobre la contribución considerando algunos aspectos de proporcionalidad según el tipo de usuario.

En este contexto, es evidente que tres de las principales causas por las que no se han podido resolver estosy otros problemas hídricos, se refieren a:

1. La insuficiencia de recursos económicos, tanto por la distribución financiera en el Proyecto de Decreto de Egresos de la Federación, como por la baja captación a través de las cuotas y tarifas, donde existe un enorme rezago en los montos a cubrir por una falsa “cultura de adeudo y no pago”.

2. A la Estructura Orgánica de la actual Comisión Nacional del Agua, que bajó su nivel de Secretaría a Comisión, y por ende ahora dispone de una menor ingerencia para determinar y aplicar las políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos, así como para supervisar y ejercer la autoridad requerida para que se cumplan los preceptos tanto de ley y reglamentos como las diversas normas oficiales y mexicanas al respecto.

3. Las condiciones de la infraestructura hidráulica deben mejorarse, tanto para servicio de agua potable como para las actividades productivas incluyendo el campo que es el que más agua utiliza, y la eficiencia en su uso es fundamental para aprovecharla adecuadamente.

Por lo anterior y dado el momento actual de las condiciones tanto de la crisis global múltiple que ha afectado a todos los sectores productivos y los impactos del cambio climático, se hace necesario reestructurar el esquema legislativo en cuanto a los recursos hídricos, es decir, se hace evidente realizar reformas a la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica que tiene casi 20 años de haberse emitido y no se ha actualizado, cuestión que obligadamente debe hacerse por varios aspectos técnicos ya que muchas obras hidráulicas ya están rebasando su vida útil, y es urgente hacer desde supervisiones detalladas para ver posibles desperfectos, hasta reparaciones que aseguren la no presencia de alguna contingencia, pero además, es necesario desazolvar muchas de esas obras con la finalidad de recuperar el volumen original de captación de agua.

Actualmente es una práctica cada vez más urgente el tratamiento y reúso del agua, aspectos que no aparecen en esta ley porque en aquel entonces no era ni un problema evidente ni una necesidad como lo es hoy. Pero además, el reúso vía plantas tratadoras resulta muy costoso y en la práctica con problemas de operación, por lo que debe instrumentarse mecanismos integrales que incluyan, entre otras técnicas y prácticas, la instrumentación de humedales productivos o módulos de tratamiento y reúso de aguas residualesen unidades pequeñas como de media hectárea que permiten fuentes de empleo.

Los Humedales productivos o módulos de tratamiento y reúso de aguas residuales, aunque lleva el nombre de “humedales”, en realidad son muy diferentes a los humedales naturales, ya que cubren funciones muy distintas por ejemplo a los manglares, por lo que incluso no es muy propio el nombre pero así se ha estado mencionado en diversos estudios.

De tal manera que, lo indicado anteriormente se refleja en la iniciativa, ya que se incluye el fomento de la construcción de pequeños humedales productivos en el artículo 1º; sobre los criterios de calidad y capacidad potencial de tierras en el 6 y 7; sobre la contribución según disponibilidad de agua, contribuciones diferenciadas y apoyos a áreas marginadas en el7; sobre el reúso en el 10 y 11; sobre los convenios en el 11 y 12; y sobre la inclusión del Distrito Federal en el 14, principalmente.

Estas son las reformas que la suscrita considera que son necesarias y urgentes de realizar en esta ley, y que además tienen pertinencia por los impactos del Cambio Climático Global que, concretamente en el verano de 2009, en la zona más poblada del país, como es la Cuenca del Valle de México, los niveles de agua en las diferentes presas que abastecen a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encuentran al 42% de su capacidad de almacenamiento, por lo que los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño pronostican para el siguiente año, una mayor sequía que obliga a generar procesos de uso eficiente del agua en todos los usos, y desarrollar estrategias integrales (incluyendo amplios programas de reforestación efectiva, así como de humedales productivos) aparte de la construcción de obras que aumenten la oferta de agua, tanto en su tratamiento como en infraestructura.

Por lo que con base a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman: el párrafo segundo del artículo 1º; el párrafo segundo del artículo 2º; el inciso I del artículo 6; los incisos I y II del párrafo primero y los párrafos segundo y cuarto del artículo 7; el párrafo primero del artículo 10; el párrafo primero del artículo 11; los incisos I y III del artículo 12; y los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 14; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 1º; el párrafo quinto del artículo 7, todos de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Pública Federales de Infraestructura Hidráulica, para quedar como sigue:

ARTICULO 1o.-…

Las obras públicas a que se refiere esta Ley, son las que permiten usar, aprovechar, explotar, distribuir, descargar, tratar o reusaraguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, así como la reparación, terminación, ampliación y modernización de las mismas.

Congruente con el párrafo anterior, la Administración Pública Federal promoverá con los Gobiernos de los Estados y Municipios, la construcción de pequeños humedales productivos o módulos de tratamiento y reúso de aguas residuales, y cuya infraestructura hidroagrícola tendrá una recuperación económica con los convenios que al respecto se firmen con los productores, y bajo un programa cuyas reglas de operación incluirán tanto los apoyos como la debida recuperación.

ARTICULO 2o.- …

Se entiende que las personas se benefician en forma directa de las obras públicas federales, cuando pueden usar, aprovechar, explotar, distribuir, descargar, tratar o reusaraguas nacionales, al utilizarse dichas obras.

ARTICULO 6o.- …:

I.- Tratándose de obras hidroagrícolas, se determinarán los montos de contribución a pagar por el conjunto de contribuyentes, dividiendo el valor recuperable de la obra, entre el número de años que comprende el plazo máximo legal, o en su caso, el plazo otorgado a los usuarios, y considerando el número de hectáreas que tenga cada productor, la calidad de las mismas y el uso consuntivo requerido.

ARTICULO 7o.- …

I.- Tratándose de obras hidroagrícolas, incluyendo inversiones para mejorar, rehabilitar, tecnificar y modernizar los distritos o unidades de riego o los sistemas de riego, el monto anual de contribución obtenido en el artículo anterior, se dividirá entre el total de hectáreas del proyecto y el cociente obtenido se multiplicará por el número de hectáreas de riego asignadas a cada usuario al que se le multiplicará un factor de capacidad potencial de cada superficie beneficiada,y el resultado será el monto de la contribución a cargo de cada contribuyente.

II.- Tratándose de acueductos o sistemas de suministro de agua en bloque realizados exclusivamente con inversión federal, el monto de la contribución obtenida en el artículo anterior se dividirá entre la capacidad de suministro del sistema, medida en metros cúbicos por segundo, y el cociente obtenido se multiplicará por el volumen asignado o concesionado por la Comisión Nacional del Agua a cada usuario del sistema, medido en metros cúbicos por segundo multiplicado por un factor de disponibilidad regional que variará según el agua disponible tanto subterránea como superficial, y el resultado será el monto de la contribución a cargo de cada contribuyente.

III.- …

El monto de contribución por proyecto se dividirá entre la suma de las asignaciones o concesiones por usuario, medidas en la unidad correspondiente y el cociente obtenido se multiplicará por la asignación o concesión a cada contribuyente, medida en la unidad correspondiente según lo indicado en incisos I y II de este artículo, y el resultado será el monto de la contribución a cargo de cada contribuyente.

Cuando los beneficiarios de la obra, en los términos de este artículo, sean contribuyentes de escasa capacidad de pago, el Ejecutivo Federal disminuirá el valor recuperable a que se refieren las fracciones anteriores, estableciendo contribuciones diferenciadas y ponderadas.

En los casos de áreas marginadas, la contribución podrá establecerse a través de trabajos comunitarios en servicios preferentemente relacionados con los recursos hídricos y otros de necesidad en las mismas comunidades.

ARTICULO 10.- Las contribuciones a que se refiere esta Ley, se causarán respecto a cada contribuyente, una vez que se haya puesto en servicio total o parcialmente la obra hidráulica correspondiente, en el momento en que se beneficien en forma directa al usar, aprovechar, explotar, distribuir,descargar, tratar o reusar dichas aguas nacionales.

III.- Las obras públicas federales para el tratamiento de aguas residuales, a menos que éstas se reusen, para lo cual se aplicará el contenido de esta Ley, con un factor negativo por calidad del líquido.

ARTICULO 11.- La contribución a que se refiere esta Ley, se pagará semestral o anualmente, en los términos de sus artículos 6o. y 7o. y se podrá otorgar un plazo para su pago total de hasta 25 años o tratándose de obras de riego de hasta 40 años. Para lo cual se establecerá un programa calendarizado y convenido con los usuarios que correspondan.

ARTICULO 12.- No son objeto de la presente Ley:

I.- Las obras públicas para prestar el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado realizados parcialmente con inversión estatal y municipal, con crédito interno y externo y parcialmente con subsidio federal, cuando se convenga que la inversión se recuperará a través del cobro de contribuciones o derechos estatales o municipales, las cuales quedarán registradas en dichos convenios.

II….

III.- Las obras públicas federales para el tratamiento de aguas residuales, a menos que éstas se reusen, para lo cual se aplicará el contenido de esta Ley, con un factor negativo por calidad del líquido.

ARTICULO 14.- Los ingresos que se recauden con motivo de la aplicación de esta Ley, tendrán el carácter de aprovechamiento fiscal, cuando las entidades federativas y los municipios, así como el Distrito Federal sean los que reciban el beneficio de manera directa con las obras públicas de infraestructura hidráulica, el que se determinará y pagará conforme a las disposiciones que establece esta Ley.

En estos casos, será necesario que las entidades federativas y los municipios, así como el Distrito Federal manifiesten su consentimiento expreso con la realización y operación de las obras públicas, el que implicará cuando no se haya optado por el pago directo, la aceptación de la compensación contra créditos fiscales, o bien la retención contra la participación en la recaudación federal dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Para el caso de afectación de participaciones federales que correspondan a las entidades federativas y los municipios, así como el Distrito Federal dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, será necesario que se cumpla previamente con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sesión del Pleno del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2009.

Sen. Rosalía Peredo Aguilar”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Peredo Aguilar, obsequiando su solicitud, desde luego se inserta en el Diario de los Debates.

El Senador Jiménez Rumbo, ¿con qué objeto?

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: (Desde su escaño) Con el objeto, señor Presidente, de solicitar respetuosamente pueda verificar el quórum, aunque evidentemente esta Asamblea está funcionando sin el mismo y de ser así, pues pasar a suspender esta sesión.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Con mucho gusto atendemos la solicitud del Senador Jiménez Rumbo y ábrase el sistema de registro de asistencia para verificar el quórum.

(Se abre el registro de asistencia)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Hay 63 ciudadanos Senadores. Hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por lo tanto, la iniciativa de la Senadora Rosalía Peredo se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra a la Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre del grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de los CC. Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Jorge Castro Trenti, Amira Griselda Gómez Tueme, María Elena Orantes López, Mario López Valdez y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María del Socorro García Quiroz: Muchas gracias, señor Presidente; respetables legisladoras y legisladores:

Los avances generados para erradicar la violencia física se han dado en Europa. El país que abanderó esta lucha es Suecia, donde esta práctica se prohibió de manera explícita en 1979.

América Latina y El Caribe, establece un diagnóstico sobre la situación de la legislación de los países de la región sobre la prohibición explícita del castigo físico en la escuela y otros ámbitos.

De acuerdo con la mencionada investigación, sólo 5 países latinoamericanos tienen leyes que prohíben expresamente el castigo corporal o físico en la escuela, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Haití.

Por su parte, el Informe sobre “Acabar con la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes” de la Organización de las Naciones Unidas, suscrito por el experto independiente Paulo Sergio Pinheiro, señala que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño o niña, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, a su desarrollo y a su dignidad.

Uruguay fue el primer país latinoamericano en eliminar por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, esto, de acuerdo con la recomendación formulada por la ONU en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006.

El 10 de diciembre del mismo año, Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en eliminar toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.

Y por último, en agosto de 2008, Costa Rica firmó la Ley “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, a la que le siguieron Finlandia en 1983, y Noruega en 1987, los más recientes han sido Grecia en el 2006, y Holanda en el 2007, aunque todavía no se prohíbe de manera total en los demás Estados Miembros del Consejo de Europa.

En la mayor parte del mundo, es socialmente aceptado el castigo físico a los niños como una manera de disciplina por parte de los adultos responsables de su cuidado.

De hecho, sólo 24 países lo prohíben legalmente, 3 de ellos de América Latina, se trata de Uruguay, Costa Rica y Venezuela. Esto, a pesar de que la mayoría de los Países Miembros de la Organización de los Estados Americanos ha ratificado la Convención de los Derechos de la Niñez, que prohíbe el castigo corporal en su artículo 19.

El estudio “Acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas”, Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas”, llevado a cabo por Save the Children Suecia-Programa Regional para disciplinas sin castigo físico, ni trato humillante, para derogar toda disposición legal que autorice el uso del castigo corporal, prohibiendo de forma explícita el uso del castigo físico como medida correctiva y proponer políticas públicas dirigidas a sustituir esas prácticas por nuevos métodos de crianza.

Algunas consecuencias que produce esta forma de violencia son daños físicos y psicológicos que se constituyen en factores negativos para el aprendizaje porque la exposición temprana a la violencia puede tener impacto en la estructura del cerebro que está en proceso de maduración.

El informe señala: que la exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, puede provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, precocidad y el consumo de tabaco.

De acuerdo con información proporcionada por la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y el DIF, es común atender casos de menores que han sido amarrados a una silla con cinta canela por “inquietos”, quemados con encendedor en la boca por groseros, o con hornillas por tomar dinero sin permiso y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, estos golpes por sus padres o por sus tutores.

Defensores de los derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de imponer disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños el guardar respeto a sus padres.

Por el tiempo, señor Presidente, le pediría que me concediera unos minutos más para concluir con mi intervención.

No obstante lo anterior, en los últimos años el Poder Legislativo ha realizado las adecuaciones necesarias al marco jurídico, para garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso de los menores de edad.

Así entonces, podemos mencionar que el Código Civil Federal en su artículo 423, establece que las personas que ejercen la patria potestad o tengan a su cargo la custodia de los menores tienen la facultad de corregirlos y prohíbe expresamente actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, independientemente de que generen o no algún tipo de lesión.

Igualmente la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece criterios para garantizar una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos, fomentando la participación activa de éstos en la sociedad.

Es fundamental, para avanzar en la construcción de una cultura de paz y de convivencia respetuosa, que el Estado establezca una legislación para que la escuela sea un espacio seguro para la niñez y la adolescencia.

En tal virtud, se somete a la consideración de esta Soberanía, una iniciativa por la que se pretende reforzar el marco legal que vele por la protección y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a fin de que no sean golpeados y maltratados en sus hogares o centros escolares, propiciando el sano desarrollo, así como su integridad física y mental.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone a discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de Decreto.

Artículo Unico.- Se adiciona un Capítulo Tercero al Título Primero de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO TERCERO
PROHIBICIONES

Artículo 12 Bis.- Queda prohibido a padres, tutores, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes, a utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina.

El Estado, la familia y la sociedad deben proteger a todos los niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltratos, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los niños y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los suscritos, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, FERNANDO CASTRO TRENTI, SEN. MARIA DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ, SEN. AMIRA GOMEZ TUEME, SEN. MARIA ELENA ORANTES LOPEZ, SEN. MARIO LOPEZ VALDEZ Y SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZON, Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Respetables Legisladores,

Los avances más acelerados para erradicar la violencia física se han dado en Europa. El país abanderado en esta lucha es Suecia, donde esta práctica se prohibió de manera explícita en 1979.

Le siguieron Finlandia en 1983, y Noruega en 1987. Los más recientes han sido Grecia, en 2006, y Holanda, en 2007; aunque todavía no se prohíbe de manera total en los demás estados miembros del Consejo de Europa.

En la mayor parte del mundo, es socialmente aceptado el castigo físico a los niños como una manera de disciplina por parte de los adultos responsables de su cuidado. De hecho, sólo 24 países lo prohíben legalmente, tres de ellos, de América Latina. Se trata de Uruguay, Costa Rica y Venezuela. Y esto a pesar de que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ratificado la Convención de los Derechos de la Niñez, que prohíbe totalmente el castigo corporal en su artículo 19.

El estudio “Acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas. Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas”, llevado a cabo por Save the Children Suecia-Programa Regional para América Latina y el Caribe, establece un diagnóstico sobre la situación de la legislación de los países de la región sobre la prohibición explícita del castigo físico en la escuela y otros ámbitos.

Sólo 5 países latinoamericanos tienen leyes que prohíben expresamente el castigo corporal o físico en la escuela: República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Haití, de acuerdo con la mencionada investigación.

Por su parte, el Informe sobre "Acabar con la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), producido por el experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro (2006), señala que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño o niña, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad.

Uruguay fue el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la ONU en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006.

El 10 de diciembre del mismo año, Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.

Y por último, en agosto de 2008, Costa Rica firmó la Ley "Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico, ni Trato Humillante", para derogar toda disposición legal que autorice el uso del castigo corporal, prohibiendo de forma explícita el uso del castigo físico como medida correctiva y proponer políticas públicas dirigidas a sustituir esas prácticas por nuevos métodos de crianza.

Algunas consecuencias que produce esta forma de violencia son daños físicos y psicológicos que se constituyen en factores negativos para el aprendizaje porque la exposición temprana a la violencia puede tener impacto en la estructura del cerebro que está en proceso de maduración.

En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, puede provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, precocidad y el consumo de tabaco, señala el mencionado informe.

De acuerdo con información proporcionada por la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y el DIF, es común atender casos de menores que han sido amarrados a una silla con cinta canela por “inquietos”, quemados con encendedor en la boca por groseros, o con hornillas por tomar dinero sin permiso y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, por sus progenitores como medidas de disciplina.

Defensores de los derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de imponer disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños el guardar respeto a sus padres.

No obstante lo anterior, en los últimos años el Poder Legislativo ha realizado las adecuaciones necesarias al marco jurídico, para garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el caso de los menores de edad.

Así entonces, podemos mencionar que el Código Civil Federal en su artículo 423, establece que las personas que ejercen la patria potestad o tengan a su cargo la custodia de los menores tienen la facultad de corregirlos y prohíbe expresamente que al ejercerla se inflija al menor, actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, independientemente de que generen o no algún tipo de lesión.

Igualmente la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también establece criterios para garantizar una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos, fomentando la participación activa de éstos en la sociedad.

Es fundamental que el Estado establezca una legislación consensuada y estudiada para que la escuela sea un espacio seguro para la niñez y la adolescencia, o no se podrá avanzar en la construcción de una cultura de paz y de convivencia respetuosa.

En tal virtud, se somete a la consideración de esta Soberanía, unas iniciativa por la que se pretende reforzar el marco legal que vele por la protección y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a fin de que los mismos no sean golpeados y maltratados en sus hogares o centros escolares, propiciando el sano desarrollo, así como su integridad física y mental.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone a discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un Capítulo Tercero al Título Primero de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO TERCERO
PROHIBICIONES

Artículo12 Bis.- Queda prohibido a padres, tutores, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes, a utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina.

El Estado, la familia y la sociedad deben proteger a todos los niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltratos, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los niños y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Amira Griselda Gómez Tueme.- Sen. María Elena Orantes López.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Mario López Valdez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora García Quiroz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

- La C. Senadora Rosario Green Macías: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: ¿Con qué objeto?, Senadora Rosario Green.

- La C. Senadora Rosario Green Macías: (Desde su escaño)Para ver si puedo suscribir con la colega Senadora esta iniciativa tan importante.

- La C. Senadora María del Socorro García Quiroz: Para mí es un honor importante. Muchas gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Por favor, tome nota la Secretaría de los Senadores y Senadoras que quieren suscribir la iniciativa con la Senadora.

Tiene la palabra el Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores y Senadoras:

Me permito presentar, para el estudio de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, bajo la siguiente exposición de motivos.

A lo largo de ya casi 50 años, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ha experimentado pocas modificaciones legislativas, lo que ha incidido en que muchas de las instituciones que incorpora a su actual texto legal, sean insuficientes o se encuentren desplazadas.

En este sentido, los tribunales de justicia federal han tenido que suplir mediante la interpretación jurisprudencial las deficiencias y ausencias de normas que la ley no contiene, y que a lo largo de muchos años el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha tenido que enfrentar para resolver los conflictos colectivos e individuales entre el Estado y los servidores públicos que laboran.

A estas circunstancias habrá que sumar, la excesiva supletoriedad que se ha hecho de las instituciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo ante la ausencia de la ley de los burócratas.

La presente iniciativa descansa en una serie de modificaciones, adiciones y derogaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de corregir las lagunas jurídicas detectadas en dicha norma, y actualizar y rediseñar el marco jurídico laboral conforme a los criterios judiciales expresados hasta la fecha.

Permítanme hacer una breve mención de los temas tratados, porque es una serie de reformas:

Uno.- La iniciativa propone incorporar al texto legal una nueva clasificación de los trabajadores del Estado, pues no obstante que los trabajadores que en la propuesta se identifican como supernumerarios, se encuentran implícitamente reconocidos en el texto de la actual ley, su regulación es casi inexistente, de ahí que exista la necesidad de que expresamente surja, dentro de la ley burocrática, como titulares de derecho y también de obligaciones.

Dos.- En la iniciativa que se presenta, se prevé ampliar los derechos de las mujeres en su periodo de gestación, parto y lactancia.

Tres. Se propone una reestructuración integral del catálogo de causales por virtud de la cual el nombramiento de los trabajadores superiores dejan de surtir sus efectos sin responsabilidad para la dependencia…

Esto es para evitar que los abogados de los ayuntamientos, se pongan de acuerdo con el funcionario despedido, para someterlo casi a la quiebra…

Asimismo, se desarrolle un procedimiento en el que el Tribunal de Conciliación deberá actuar, y la forma en que se deberá condenar a la dependencia, cuando se acredite que el trabajador fue despedido de forma justificada; atendiendo la naturaleza de la relación laboral, que ampara su nombramiento y el tiempo laborado.

La iniciativa que presento, aborda el tema relacionado a la supresión de plazas de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que actualmente su ejercicio resulta totalmente discrecional para la dependencia. Las causales por las cuales el cargo puede desaparecer.

En ese sentido, propongo establecer de manera clara, que sólo se podrá suprimir plazas de trabajadores, cuando exista un agotamiento de la partida presupuestal o la plaza sea eliminada del catálogo de puestos de la ley respectiva y no exista la disponibilidad de otra plaza equivalente al momento de la baja. Estableciéndose un mecanismo claro de indemnización, acorde a la naturaleza de la relación laboral que el trabajador tiene con la dependencia.

En materia de pruebas. Incorporo un capítulo específico a la ley, relacionado con el material probatorio que las partes podrán ofrecer. El ofrecimiento específico de las cargas probatorias para las partes, y así pretendo evitar la supletoriedad que se ha hecho de esta materia por la Ley Federal del Trabajo, que si tiene su sistema de probanza.

Me voy a permitir utilizar los diez minutos que me permite la ley. Porque es reforma.

Asimismo, en cuanto hace al laudo que dicte el órgano jurisdiccional, se propone establecer una serie de requisitos en su construcción, que atienda la obligación que se impone al Tribunal, para pronunciarse de oficio sobre ciertos temas. Que hasta hoy han permitido, el que exista un perjuicio innecesario en contra del patrimonio del Estado, vía las famosas demandas que se hacen a los ayuntamientos. De modo tal que los ponen en estado de quiebra por complicidades entre el abogado general y el supuestamente despedido.

Así el tribunal tendrá la facultad de imponer como medidas de apremio, además de la imposición de multas, podrá presentar denuncias de responsabilidad oficial, y en materia penal por la obstrucción de la justicia.

Por otro lado se prevé que una vez agotadas las medidas de apremio correspondiente, se procederá a autorizar el embargo a bienes de la parte demandada; quedando exceptuados los bienes o partidas presupuestales destinados a la seguridad pública, al pago de nómina de los trabajadores, programas sociales, obra pública, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los poderes públicos, así como las contribuciones y otros ingresos que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca en su favor, las participaciones federales, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través de instituciones bancarias, en general, inmuebles reconocidos como patrimonio cultural o histórico.

Es importante apuntar, que la iniciativa parte de la idea de que las dependencias no destinen de la suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos aprobados de las dependencias más allá del 20 por ciento del gasto programable del Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que le corresponda.

Me encuentro convencido, de que la iniciativa que se presenta para el análisis de esta Soberanía, podrá hacer efectivo el mandamiento de una justicia pronta y expedita.

Señor Presidente, y todos los Senadores, por su atención, mil gracias.

Iniciativa

“SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

El que suscribe, DAVID JIMENEZ RUMBO, Senador de la República por el Estado de Guerrero, e integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 5 de diciembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos crea el apartado B del artículo 123, y con ello se incorporan a la Constitución los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. El 28 de diciembre de 1963 se publica en el Diario Oficial, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Antes, el 1° de enero de 1960, entró en vigor la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo antecedente había sido la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, que desde 1925 otorgaba pensiones a los trabajadores jubilados y préstamos personales e hipotecarios.

A lo largo de ya casi cincuenta años, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ha experimentado pocas modificaciones legislativas. Sin embargo, esta condición ha tenido como consecuencia, que muchas de las instituciones que incorpora su texto legal, sean insuficientes o se encuentren desfasadas para regular la complejidad de las relaciones que el Estado tiene el personal que coadyuva a lograr los fines de su existencia social.

En este sentido, los tribunales de justicia federal han tenido que suplir mediante la interpretación jurisprudencial las deficiencias y ausencias normativas que la actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene; y, que a lo largo de muchos años el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha tenido que enfrentar para resolver los conflictos colectivos e individuales entre el Estado y sus servidores públicos.

Habrá que decirlo también, que la complejidad de los temas propuestos a su estudio ha derivado en interpretaciones encontradas entre los diversos órganos de justicia, las cuales han tenido que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha provocado que exista un muy extenso catálogo de criterios jurisprudenciales sobre un mismo tema.

A estas circunstancias habrá que sumar, la excesiva supletoriedad que se ha hecho de las instituciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo, especialmente a los rubros relacionados a las prestaciones que deben otorgarse a los trabajadores y las relacionadas en materia de procedimiento y de pruebas, lo que provocado la desnaturalización del procedimiento burocrático.

En este sentido, la presente iniciativa descansa en proponer una serie de modificaciones, adiciones y derogaciones a la LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, a efecto de corregir las lagunas jurídicas detectadas en dicha norma y actualizar el marco jurídico conforme a los criterios judiciales expresados hasta la fecha.

En este orden de ideas, la iniciativa propone incorporar al texto legal, una nuevaclasificación de los trabajadores del Estado, pues no obstante que los trabajadores “supernumerarios”, se encuentran implícitamente reconocidos en el texto de la actual ley, su regulación es nimia. De ahí que exista la necesidad de que expresamente surjan dentro de la ley burocrática como titulares de derechos y obligaciones. En la propuesta se establece que la forma en que deberán ser considerados para la expedición de su nombramiento, tendrán las siguientes bases:

Serán considerados trabajadores definitivos o de base, aquellos que se otorguen por un plazo indefinido y cubre una plaza respecto de la cual no existe titular; con el carácter de Interinos, los que se otorguen para ocupar plazas vacantes definitivas o temporales que no excedan de seis meses; con el de provisionales, los que de acuerdo con el escalafón se otorguen para ocupar plazas de base que se encuentren vacantes, por licencias mayores de seis meses; por tiempo fijo, los que se expidan en plazas temporales con fecha precisa de terminación, para el desarrollo de trabajos eventuales o de temporada; y, por obra determinada, los que se otorguen para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza es temporal; su duración será la de la materia que le dio origen

Por otro lado, se propone derogar el contenido de las fracciones k) y l) del actual artículo 5 de la Ley, en que se contemplan a los agentes del Ministerio Público y de las Policías Preventivas, como trabajadores de confianza, en virtud del contenido de la fracción XII del apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que los conflictos de dichos funcionarios deberán ser regulados mediante su propias leyes, y por su naturaleza administrativa de la relación que prestan, los procedimientos atinentes deberán ser resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a los criterios sostenidos por los Tribunales Judiciales del país, visibles en las siguientes voces:

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PIBLICO DE LA FEDERACION Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. AL SER SU RELACION JURIDICA DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Tribunales Colegiados de Circuito.

COMPETENCIA PARA CONOCER DE CONFLICTOS SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tribunales Colegiados de Circuito.

POLICIAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACION QUE DECRETE SU REMOCION POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Segunda Sala. “SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO”. Segunda Sala.

Por otro lado, en este mismo artículo se refrenda lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 123 de la Constitución Federal, en el sentido de que aquellos trabajadores que sea considerados de confianza, solo disfrutarán las medidas de protección al sueldo y a la seguridad social, pero no así a las de estabilidad en el empleo.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCION AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Tesis de jurisprudencia 204/2007. Aprobada por la Segunda Sala de la SCJN.

Por otro lado, en la propuesta se prevé ampliar los derechos de las mujeres en su periodo de gestación, parto y lactancia, estableciendo que las mismas gozarán de cuarenta y cinco días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco días más después del mismo y que durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponde.

En el Capítulo de las obligaciones de los titulares de las dependencias, se establece que será un deber de estos en los casos de supresión de plazas, los trabajadores de base afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo ó a la indemnización correspondiente, haciendo acorde la presente disposición con el principio de estabilidad en el empleo a favor de los trabajares de base al servicio del Estado, dotando con ello un marco de seguridad jurídica a las partes.

En el artículo 45, de la Ley, que contempla la suspensión temporal de los efectos de un trabajador, se amplían las causales para proceder sin cese del nombramiento del trabajador, incorporando las siguientes:

I. La incapacidad física del trabajador, cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y así se determine clínicamente, en cuanto inhabilite al trabajador para desempeñar el trabajo correspondiente;

II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que tratándose de la prisión el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador; y

III. La que como sanción disciplinaria dicte el titular de la Entidad o dependencia respectiva, por faltas cometidas en el desempeño del servicio y que no ameriten el cese definitivo. Esta suspensión en ningún caso podrá exceder de cinco días hábiles

Por otro lado, se propone reestructurar el catalogo de causales por virtud de la cual el nombramiento de los trabajadores dejan de surtir sus efectos sin responsabilidad de las dependencias. En primer lugar, se agrupan aquellas que no suponen un conflicto entre el trabajador y la dependencia, tales como la renuncia, la muerte, la conclusión del contrato y la incapacidad del trabajador.

En un segundo bloque de causales se establecen aquellas, que existe un conflicto entre la dependencia y el trabajador, por la comisión de una o varias conducta que hagan inviable la relación laboral o perjudicial al buen funcionamiento del servicio público.

La propuesta establece que al acreditarse plenamente cualquiera de las causales de responsabilidad del trabajador, la dependencia esta en aptitud de suspender o solicitar la remoción del trabajador al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debiendo fundar y motivar las causas por la cuales se pida la terminación del nombramiento, especialmente en aquéllos casos que el titular de la Dependencia estime como graves, ya sea en su aspecto cuantitativo, esto es por la reiteración de la conducta o en su aspecto cualitativo, es decir, por la importancia de los valores, principios o bienes que al trabajador se le han puesto a su cuidado. Así, se otorga un marco de garantías procesales y de seguridad jurídica a las partes en conflicto.

Asimismo, en la iniciativa se reajustan las bases para el procedimiento y documentación que se debe acompañar a la solicitud de terminación del nombramiento del trabajador por parte del titular de la Dependencia, así como se determinan las acciones a que tendrá derecho el trabajador en caso de inconformidad en la determinación de terminación del nombramiento.

Por otro lado, en la propuesta se desarrolla un procedimiento en que el Tribunal, deberá actuar yla forma en que se deberá condenar a la dependencia, cuando se acredite que el trabajador fue despedido de forma justificada, atendiendo a la naturaleza de la relación laboral que ampara su nombramiento y el tiempo laborado.

Finalmente, es relevante comentar que al momento que el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.

La iniciativa toca uno de los temas más sensibles para el trabajador, el cual esta el relacionado a la supresión de plazas de los trabajadores al servicio del Estado.

En principio, debe decirse que la figura de la supresión de plazas, es una figura escasamente regulada en la actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues solo dos artículos tienen referencia a dicha forma de terminación del nombramiento de los trabajadores. En consecuencia de ello, resulta totalmente discrecional las causas por las cuales la fuente del cargo puede desaparecer.

En este sentido, en la iniciativa se propone establecer de manera clara que solo se podrá suprimir plazas de trabajadores sin responsabilidad para la Dependencia, cuando exista un agostamiento de la partida presupuestal o la plaza sea eliminada del catalogo de puestos de la ley respectiva, y no existala disponibilidad de otra plaza equivalente al momento de la baja. Cabe mencionar que sobre el particular, que tratándose de reducción de plazas de trabajadores de base, se escuchará la opinión del Sindicato respectivo, quien resolverá cual es el grupo de trabajadores agremiados que deben ser afectados.

Por otro lado, la iniciativa propone establecer un mecanismo claro de indemnización tratándose de la supresión de plaza, acorde a la naturaleza de la relación laboral que el trabajador tiene con la dependencia, y el tiempo laborado; así, cuando la relación de trabajo fuera contratada por tiempodeterminado, y su duración seamenor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; y si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de tres meses y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios.

Cuando la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá enuna cantidad igual al importe de los salarios de tres mesesde su salario, y treinta días de salario por cada uno de los años de servicios prestados.

Es importante mencionar, que el derecho a la exigencia de una plaza equivalente solo será aplicable a los trabajadores de base, pues su regulación es acorde al principio de estabilidad en el empleo que prevé el artículo 123 de la Constitución Federal.

Por otro lado, se plantea un tratamiento de indemnización cuando la dependencia se niegue a la reinstalación del trabajador, estableciéndose que además de las responsabilidades que deriven del conflicto, la dependencia estará obligada a pagar las prestaciones a que haya sido condenada en juicio; y deberá indemnizar al trabajador con el importe de su sueldo de tres meses, más un número de días por cada año de servicio prestado, acorde a la naturaleza de su nombramiento.

Acorde con lo expuesto en materia de acciones procesales tanto para Dependencia y el trabajador, se ajustan los plazos de prescripción para ejercitar las relacionadas con la terminación de un nombramiento por las causales establecidas en el artículo 46 de la propia ley, los dictámenes escalafón arios y las sanciones impuestas por los titulares de las Dependencias, en la fracción I, del artículo 113, con un término común de un mes. Y se aclara la fracción II, del mismo artículo, para establecer que la acción de otorgamiento de una nueva plaza en caso de supresión, corresponde a los trabajadores de base.

Uno de los aspectos que motivaron la presente incitativa, esta vinculada al rezago en la procuración e impartición de justicia laboral federal, conforme a los datos que se presentan en el Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, dentro del periodo comprendido de los años 2000 a 2007, se presentaron 45, 762 conflictos laborales, resolviéndose solo 31, 346 de ellos, estando involucrados 90, 612 trabajadores en la solicitud de justicia.

La propuesta que se presenta para agilizar los tramites de justicia laboral, esta basada en un rediseño del procedimiento que se elabora en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo los siguientes principios:

Todas las demandas e instancias que se formulen o sometan al conocimiento del Tribunal, deberán ser por escrito, sin sujetarse a forma determinada, pero las partes deberán precisar concretamente la causa de petición que los motiva.

Se aclaran los sujetos actos y pasivos del procedimiento laboral, para establecer que los Titulares de las Entidades o dependencias públicas en donde hubiera desempeñado las labores el trabajador demandante; las personas físicas que ejerciten acciones por sí o como beneficiarios de los trabajadores; así como las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, comprobando su interés jurídico o que sean llamadas por el Tribunal.

El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, serán trifásicas, Con el establecimiento de la litis, demanda y contestación a la misma; se establece una sola audiencia en que se procurará la conciliación de las partes, se recibirán las pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo.

En la propuesta, se establecen las figuras de reconvención y se privilegia las condiciones de autocomposición en el conflicto.

La iniciativa recoge, muchos de los criterios de jurisprudencia establecidos a lo largo de muchos años por nuestros tribunales de justicia federal, incorporándolas al texto de la ley, destacándose la actividad del Tribunal en caso de omisiones de la demanda, y las relacionadas a la competencia, las cuales tendrá que ser estudiadas de oficio al inicio de la demanda.

Por otro lado, se incorpora por primera vez, la figura del ofrecimiento de trabajo, detallando la forma y el momento en que debe realizarse, el procedimiento por parte del Tribunal, y las consecuencias jurídicas del rechazo por parte del trabajador, y las relacionada al pago de salarios caídos conforme a la actuación de las partes, dotando con ello certeza jurídica a las partes en el conflicto, y evitando prácticas procesales abusivas.

En materia de pruebas, se incorpora un capítulo especifico a la ley, relacionado con el material probatorio que las partes podrán ofertar, para demostrar sus acciones y defensas y con el establecimiento especifico de las cargas probatorias para las partes, este nuevo apartado de reglas que se desarrollan en reglas generales y reglas especificas para nueve tipo de pruebas en 55 nuevos artículos. Así, se pretende evitar la supletoriedad que en la materia se ha hecho de la Ley Federal del Trabajo, cuya lógica procesal es diversa a la desarrollada en materia burocrática.

Asimismo, en cuanto hace al laudo que dicte el órgano jurisdiccional, se propone establecer una serie de requisitos en su construcción, que atienda a la obligación que se impone al Tribunal para pronunciarse de oficio sobre ciertos temas, que hasta hoy han permitido la que exista un perjuicio innecesario en contra del patrimonio del Estado, entre las que se destacan, están la relacionada al estudio de oficio que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberá hacer de la actualización de la prescripción de las prestaciones que se reclamen; evitando con ello, que se paguen prestaciones improcedentes por la negligencia, dolo, corrupción en la defensa de los intereses del Estado; y por otro lado, aquellas relacionadas con el estudio de la competencia, a efecto de evitar que se dicten laudos cuando su resolución esta reservada a otros Tribunales de justicia del Estado.

En cuanto, a los medios de apremio y la ejecución de los laudos dictados, por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la iniciativa legislativa que se presenta, incorpora un nuevo diseño para este apartado, que permita por un lado, agilizar los tramites de ejecución y por otro evitar las practicas de evitar el incumplimiento de los laudos. La propuesta consistente esencialmente en lo siguiente:

Así, el tribunal tendrá como medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la imposición de multas, hasta por tres mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y la capacidad para presentar denuncias de responsabilidad oficial y en materia penal, por la obstrucción de la justicia laboral.

Asimismo, se establece que una vez que el laudo quede ejecutoriado, el Tribunal deberá dictar el auto de ejecución, y en caso de oposición se dictarán las medidas de apremio consistente en la imposición de la multa y el inicio del procedimiento de responsabilidad ya sea oficial o penal. Una vez, impuesta las medidas de apremio correspondiente se procederá a autorizar embargo a bienes de la demandada, quedan exceptuados de embargo los bienes o partidas presupuestales destinados a la seguridad pública; al pago de nomina de los trabajadores; programas sociales; obra pública; los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los poderes públicos; así como las contribuciones y otros ingresos que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca en su favor; las participaciones federales, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través de instituciones bancarias, fiduciarias y financieras en general; inmuebles reconocidos como patrimonio cultural o histórico.

En la propuesta se insiste, en que en la afectación del presupuesto de la Dependencia cuando se realice el cumplimiento se realizará conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos.

También se propone, que las Dependenciasestablezcan en la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverselos laudos que no hayan podido ser pagados en el ejercicio inmediato anterior, serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal.

Para ello, las Dependencias, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, incluirán en sus respectivos anteproyectos de presupuesto los recursos para cubrir las erogaciones derivadas del cumplimiento de laudos.

Es importante, apuntar que la iniciativa parte de la idea, que las dependencias no destinen de la suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos aprobados de las dependencias, no allá del equivalente al 20 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que le corresponda.

Asimismo, se propone que las sentencias firmes deberán registrarse por la dependencia responsable, quienes deberán llevar un registro de pago de laudos que será de consulta pública y que los laudos sean pagados tomando en cuenta el orden cronológico en que se verifiquen las actas de embargo correspondiente.

Finalmente se incorporan los actuales Títulos Noveno y Décimo, que contemplan los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y Sus Servidores, y el correspondiente a las correcciones Disciplinarías y de las sanciones, mantienen su contenido de los Títulos Octavo y Noveno, de la actual Ley, y se fueron recorridos su contenido y números progresivos, ante la inclusión de disposiciones nuevas en esta reforma.

Por lo expuesto, pongo a su consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 3o.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya o documento análogo en el caso de los trabajadores temporales.

Artículo 4o.- Los trabajadores se dividen en tres grupos: de confianza, de base y supernumerarios.

Artículo 5o.- Son trabajadores de confianza:

I. …

II. …

a) a laJ) …

k) Se deroga.

l) Se deroga.

III. …

Los trabajadores de confianza solo disfrutarán de las medidas de protección al sueldo y a la seguridad social.

Artículo 6o.-…

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Se entiende por inamovilidad el derecho que gozan los trabajadores a la estabilidad en su empleo y a no ser separado sin causa justificada.

Los de nuevo ingreso no lo serán sino después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicio, habiéndose desempeñado eficientemente en sus labores encomendadas y obtengan su nombramiento definitivo.

Artículo 6. Bis. Son trabajadores supernumerarios aquellos a quienes se otorgue nombramiento de los señalados en las fracciones II, III, IV y V del segundo párrafo del Artículo 12 de esta Ley.

Artículo 7o.- Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el Artículo 5o., la clasificación de base, supernumerario o de confianza que les corresponda se determinará expresamente por la disposición legal que formalice su creación.

Artículo 8o.- Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras; Agentes del Ministerio Público; Peritos; los miembros de las instituciones policiales, que no desempeñen funciones administrativas; y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.

Artículo 12.- ….

Los nombramientos de los trabajadores podrán ser:

I. Definitivos o de base, aquellos que se otorguenpor un plazo indefinido y cubre una plaza respecto de la cual no existe titular;

II. Interinos, los que se otorguen para ocupar plazas vacantes definitivas o temporales que no excedan de seis meses;

III. Provisionales, los que de acuerdo con el escalafón se otorguen para ocupar plazas de base que se encuentren vacantes, por licencias mayores de seis meses;

IV. Por tiempo fijo, los que se expidan en plazas temporales con fecha precisa de terminación, para el desarrollo de trabajos eventuales o de temporada; y

V. Por obra determinada, los que se otorguen para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza es temporal; su duración será la de la materia que le dio origen.

Artículo 28.- Durante su embarazo, las mujeres no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación. Gozarán de cuarenta y cinco días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco días más después del mismo. Durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponde.

Durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I.- a II.- …

III.- Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores de base afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo o a la indemnización correspondiente;

IV.-a la X. …

Artículo 45.- …

I. ….

II. La incapacidad física del trabajador, cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y así se determine clínicamente, en cuanto inhabilite al trabajador para desempeñar el trabajo correspondiente;

III. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que tratándose de la prisión el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador; y

IV. La que como sanción disciplinaria dicte el titular de la Entidad o dependencia respectiva, por faltas cometidas en el desempeño del servicio y que no ameriten el cese definitivo. Esta suspensión en ningún caso podrá exceder de cinco días hábiles.

….

Artículo 46.- …

I. Por renuncia;

II. a laIV.- …

V. Por la supresión de la plaza en el presupuesto de egresos o en la ley respectiva; o cuando derive del agotamiento de la partida presupuestal y no exista disponibilidad de otra plaza equivalente al momento de la baja.

Tratándose de reducción de plazas de trabajadores de base, se escuchará la opinión del Sindicato respectivo, quien resolverá cual es el grupo de trabajadores agremiados que deben ser afectados.

VI. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los siguientes casos:

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;

b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada;

c) Por abandono de empleo, entendido como el retiro injustificado por más de tres veces dentro de la jornada laboral del trabajador. No será necesaria la recurrencia del retiro injustificado, cuando el trabajador tenga a su cargo: la atención de personas, control de maquinaria o equipo que por su ausencia ponga en peligro la salud, la vida o ponga en riesgo la operación técnica de los bienes de la Entidad pública;

d) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;

e) Por cometer actos inmorales durante el trabajo;

f) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo;

g) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren;

h) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores;

i) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en los últimos dos casos exista prescripción médica;

j) Cuando el trabajador no reúna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente, tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera;

k) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva;

l) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria, y que se derive de un delito doloso, siempre que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando esta sentencia sea absolutoria, al trabajador deberá reintegrársele a sus labores, debiéndosele liquidar sus sueldos cuando haya obrado en defensa de los intereses de la Entidad pública;

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por cualquiera de las causas plenamente acreditadas a que se refiere esta fracción, el titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento hasta por cinco días laborables. Cuando el titular de la Dependencia estime que la conducta acreditada es grave, podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.

En los casos de terminación de la relación de trabajo motivado por el agotamiento de la partida presupuestal, supresión de la plaza en el presupuesto de egresos o se acredita laincapacidad física o mental del trabajador que le impida el desempeño de sus labores, será indemnizado de la forma siguiente:

a) Si la relación de trabajo fue contratada por tiempodeterminado, y su duración fue menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de tres meses y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios; y

b) Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá enuna cantidad igual al importe de los salarios de tres mesesde su salario, y treinta días de salario por cada uno de los años de servicios prestados.

Cuando el Tribunal resuelva que la separación del trabajador fue de forma injustificada procederá de la siguiente forma:

I. Si el trabajador tuviera nombramiento definitivo ordenará su reinstalación y le serán cubiertos los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se haga efectiva la reinstalación;

II. Si la relación laboral del trabajador fuera con el carácter de interino, provisional, por tiempo fijo u obra determinado, se procederá de la siguiente forma:

a) En todos los casos, se ordenará la reinstalación hasta por el plazo que faltara conforme a su contratación;

b) Cuando el periodo de contratación no hubiera fenecido, se ordenará el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha de reinstalación, sin que se pueda trascender dicho pago el limite del periodo laboral contratado con el trabajador; y

c) Cuando el plazo de contratación hubiera concluido, se cubrirá el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por el remanente del tiempo de contratación que debió cubrir la Dependencia si no hubiera efectuado el despido.

Cuando la dependencia se niegue a la reinstalación del trabajador, además de las responsabilidades que deriven del conflicto, cuando así el Tribunal lo determine, la dependencia estará obligada a pagar las prestaciones a que haya sido condenada en juicio; y deberáindemnizar al trabajador con el importe de su sueldo de tres meses, y adicionalmente a lo siguiente:

a) Si la relación de trabajo fue contratada por tiempo determinado, conveinte días por cada uno de los años o parte proporcional en que hubiese prestado sus servicios; y

b) Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, contreinta días de salario por cada uno de los años o parte proporcional de servicios prestados.

Artículo 46 Bis .- …

De no querer firmar el acta los intervinientes se asentará tal circunstancia, lo que no invalidará el contenido de la misma, debiéndose entregar una copia al trabajador y otra al representante sindical.

Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.

El trabajador que estuviere inconforme con la decisión del Titular, tendrá el derecho de acudir ante el Tribunal para hacer su defensa, de conformidad con las reglas del procedimiento establecidas en el capítulo correspondiente.

El trabajador podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones, ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas condiciones que lo venía desempeñando o por la indemnización correspondiente.

Cuando el Tribunal resuelva que proceden las causas de rescisión sin responsabilidad para la entidad pública, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.

Artículo 113.- …

I.- …

a) Las acciones para pedir la terminación de un nombramiento;

b) …

c) Las acciones para impugnar los dictámenes escalafonarios; y

d) Las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades o Dependencias públicas que no ameriten cese.

II. ….

a) …

b) En supresión de plazas de los trabajadores de base, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y

c) …

Artículo 124.- …

I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores o causahabientes.

II.a laV. …

Artículo 126.- ….

Todas las demandas e instancias que se formulen o sometan al conocimiento del Tribunal, deberán ser por escrito, sin sujetarse a forma determinada, pero las partes deberán precisar concretamente la causa de petición que los motiva.

Al escrito inicial deberán acompañarse las copias simples necesarias para la distribución entre las autoridades o partes demandadas, así como una más para el promovente, que firmará el personal autorizado del Tribunal, haciendo constar día y hora en que se reciba.

Son partes en el proceso los titulares de las Entidades o Dependencias públicas en donde hubiera desempeñado las labores el trabajador demandante; las personas físicas que ejerciten acciones por sí o como beneficiarios de los trabajadores; así como las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, comprobando su interés jurídico o que sean llamadas por el Tribunal.

Artículo 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito, a la contestación y en su caso la reconvención, que se harán en igual forma; y a la celebración de una sola audiencia en que se procurará la conciliación de las partes, se recibirán las pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo

Artículo 129.- …

I. El nombre y domicilio en que tenga su residencia el reclamante;

II. a III. …

IV. Una relación precisa de los hechos en que funde suacción. En los conflictos individuales se manifestara la categoría y cargo que ostentaba, así como las funciones que desempeñaba;

V. …

Las partes deberán en su primer escrito señalar domicilio procesal dentro de la jurisdicción del Tribunal, pararecibir notificaciones y en su caso a quien en su nombre las pueda oír y recibir. Cuando las partes omitan este requisito, las notificaciones, aún las que deban hacerse de forma personal, se le harán mediante cédula fijada en los estrados del Tribunal.

A la demanda acompañará las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente.

Cuando el Tribunal advierta la omisión de los requisitos o existiera obscuridad en los hechos o en la causa de pedir, prevendrá al actor para que subsane su demanda en el plazo de tres días, apercibiéndolo que en ante su omisión no se dará tramite a la demanda instaurada.

Para decretar su competencia, el Tribunal estudiara de oficio los hechos alegados, la naturaleza de las prestaciones y de la relación laboral que funde la acción intentada, en el auto de admisión de la demanda se pronunciará de forma provisional. La resolución de incompetencia solo podrá hacerse por declinatoria, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 130.- La contestación yen su caso la reconvención de la demanda, se presentarán en un término que no exceda de cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en que radica el Tribunal, se ampliará el término en un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

La contestación de la demanda, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda, se opondrán las objeciones, excepciones y defensas; y, se ofrecerán pruebas en los términos de la fracciónV del artículo anterior.

Si al contestar la demanda se opusiera la reconvención, se observarán los mismos requisitos para la demanda, y se emplazará al actor para que la conteste en los términos dentro del plazo de cinco días, observándose lo dispuesto en los artículos anteriores. La reconvención, y las excepciones opuestas por este motivo, se discutirán al mismo tiempo que la demanda principal, y se decidirán en el laudo definitivo.

En el caso de que durante el juicio se pretendan adicionar hechos substanciales a los narrados en la demanda o se presenten pruebas supervenientes, el Tribunal acordara sobre su admisión, cuando los hechos se hayan puesto de su conocimiento dentro de los tres días siguientes al que se tuvo conocimiento de los mismos. Una vez admitidos se correrá traslado a la parte demandada, para que en un plazo igual presente su contestación.

Artículo 130 BIS. En la contestación de la demandada podrá ofrecer la reincorporación del trabajador a la fuente laboral, cuando el actor demande reinstalación o indemnización por despido injustificado, la dependencia que niegue el despido, podrá ofrecer al trabajador que se reincorpore a sus labores, bajo las siguientes bases:

I. El tribunal de oficio, abrirá en la vía incidental el procedimiento para calificar la propuesta de ofrecimiento de trabajo;

II. El ofrecimiento será considerado de buena fe, cuando se acredite que fue propuesto en los mismos o mejores términos y condiciones que venía desarrollándose el empleo;

III. El tribunal procederá a calificar provisionalmente si el ofrecimiento es de buena fe, y mediante notificación personal dará vista al trabajador, para que dentro del plazo de tres días, manifieste su aceptación o rechazo. En caso de rechazó, el trabajador podrá exponer yaportar las pruebas que justifiquen su negativa. Con la contestación se dará vista por un plazo igual a la dependencia, quien podrá alegar y ofrecer los medios deprueba que estime conveniente. En caso de falta de pronunciamiento por parte del trabajador, se entenderá por no aceptado el ofrecimiento;

IV. El Tribunal al momento de pronunciar la resolución interlocutoria deberá tomar en consideración todos los elementos de convicción que obren en el juicio para determinar en definitiva la procedencia legal del ofrecimiento de trabajo, deberá analizar:

a. El ofrecimiento, en relación con los antecedentes del caso;

b. Los términos y condiciones de la oferta, en caso de controversia examinar su justificación en el procedimiento;

c. La conducta procesal, las circunstancias y situaciones particulares alegadas por las partes; y

d. Si la proposición revela una verdadera intensión del patrón de continuar con la relación laboral.

V. El rechazo del trabajador al ofrecimiento de trabajo, y la determinación definitiva de buena fe por parte del Tribunal, implicará la reversión de la carga de la prueba para acreditar el despido alegado;

VI. Si el trabajador rechaza la oferta de reincorporación efectuada por la dependencia; y esta es declarada en definitiva de buena fe, ello invalidará la acción de cumplimiento del contrato, y perderá el derecho al pago de los salarios caídos que se generen con posterioridad a la fecha de rechazo; y

VII. Si el trabajador acepta la oferta de reincorporación efectuada por la dependencia, se le tendrá por satisfecha la acción intentada, cesando a partir de la fecha de reinstalación, el pago de salarios caídos.

Artículo 131.- Una vez que el Tribunal reciba la contestación de la demanda o en su caso de la reconvención o habiendo transcurrido el plazo de contestación, se dictará dentro de los quince días siguientes, el auto de admisión de pruebas, en la que se calificarán las pruebas propuestas por las partes, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente frívolas, inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis.

De las pruebas que hayan sido admitidas, el Tribunal,ordenará la citación de las partes, los testigos y peritos, así como de la exhibición de documentos; y, practicará las diligencias que fueren necesariaspara el desahogo de las pruebas que tengan que desarrollarse fuera de la sede del Tribunal

En el auto de admisión de pruebassefijará fecha para la audiencia de conciliación, de desahogo de pruebas, alegatos y resolución. De dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes.

Artículo 132.- Dentro de los sesenta días siguientes al acuerdo de admisión de pruebas, se celebrará la audiencia de ley, la cual se desarrollará de la siguiente manera:

a) La audiencia se iniciará con el advenimiento de las partes para que solucionen la controversia en forma conciliatoria. De lograrse un convenio entre ambas, será aprobado por el Tribunal y surtirá todos los efectos legales de un laudo, con él cual se dará por concluido el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes;

Las partes podrán mediante comparecencia concurrir en cualquier momento a manifestar su voluntad de finiquitar la controversia planteada de forma conciliatoria.

b) En caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, o alguna de las partes faltare, se tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante legal para la ratificación de la demanda;

c) Cuando en la audiencia se pretendan adicionar hechos substanciales a los narrados en la demanda y del cual el actor manifieste no pudo tener conocimiento previo ó se presenten pruebas supervenientes, el Tribunal acordara sobre su admisión, cuando se acredite que están dentro del plazo concedido en el artículo 130 de esta ley; en su caso, se correrá traslado a la parte demandada, quien podrá contestar en dicho acto o solicitar la suspensión de la audiencia para dar contestación por escrito dentro del plazo de tres días. En caso de suspensión, el Tribunal fijará la fecha para la reanudación de la audiencia;

d) Concluida la intervención de la parte actora o una vez reanudada la audiencia, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada para que por sí o por conducto del representante legal, ratifique lo aseverado en la contestación producida. En caso, de ausencia de la demandada a la audiencia, se tendrá la contestación por ratificada, pero perderá el derecho de manifestarse sobre la presentación de hechos y pruebas supervenientes presentadas en dicha diligencia;

e) Una vez participado las partes, se procederá de inmediato a abrir la etapa de desahogo de pruebas, continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor y después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento;

f) Cuando por alguna causa no sea posible el desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia, el Tribunal ordenará su continuación dentro de los sesenta días siguientes;

g) Una vez desahogadas las pruebas admitidas, el Tribunal otorgará un plazo de tres días comunes para que las partes presenten sus alegatos por escrito, evitando la práctica de dictarlos al momento de la audiencia; y

h) Una vez concluido el plazo para la exhibición de los alegatos, el Tribunal citará a las partes para oír el laudo correspondiente, el cual se dictará dentro de los quince días siguientes. Cuando por razón del volumen de las actuaciones fuera necesario un plazo mayor, el Tribunal lo hará saber a las partes, fundando y motivando su resolución.

Artículo 133.- Sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes en cuyo caso se dará vista a la contraria, o que tengan por objeto probar las tachas contra testigo, o se trate de la confesional, siempre y cuando se ofrezcan antes de cerrarse la audiencia.

Artículo 134.- …

El Tribunal, llevará un registro de representación legal de las entidades públicas, el cual deberá contener la documentación necesaria por la cual se acredite dicha calidad. Una vez satisfecha dicha representación a juicio del Tribunal se otorgará a las Dependencias constancia del reconocimiento correspondiente. Los apoderados podrán señalar el número del registro correspondiente para acreditar su personalidad en el juicio. De la documentación relacionada a la representación legal de las entidades públicas estará en todo momento a disposición de las partes interesadas.

Artículo 142.- …

Los plazos procesales serán de tres días y serán comunes para las partes, salvo aquellos quecontengan una prevención especial en esta ley. Los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación, notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.

Artículo 143.- El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se le cometan, ya sea por escrito o en cualquiera otra forma. Las sanciones consistirán en amonestación pública o multa hasta por cincuenta días de salario mínimo que se encuentre vigente en el Distrito Federal.

Artículo 146.- Al momento de dictar el laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberá expresar:

I. La fecha en que se dicte;

II. Los nombres de las partes y de sus representantes legales;

III. Una relación sucinta del negocio para resolver;

IV. La motivación y fundamentación del laudo; y

V. Los puntos resolutivos.

En el apartado de la fundamentación y motivación del laudo, el Tribunal observará las siguientes reglas:

I. Se decidirán las cuestiones de competencia de propio Tribunal para resolver;

II. Se resolverán las causas de improcedencia de la acción o las impidan conocer el fondo del asunto, hayan sido o no alegadas por las partes;

III. Se decidirán previamente las cuestiones incidentales que se hubieran reservadopara el fallo definitivo, pudiendo además resolverse otras de esta naturaleza que estén pendientes, si afectan al fallo, o mandar que queden sin materia las que resulten irrelevantes para el juicio o no hubieran sido decididas;

IV. Cuando el laudo decida el fondo de la controversia, deberán resolverse todas y cada una de las prestaciones solicitadas, así como las defensas y excepciones opuestas por la demanda y las que deban estudiarse de oficio por el Tribunal.

V. El Tribunal de oficio, deberá estudiar la procedencia de las acciones y de las prestaciones reclamadas conforme a su naturaleza jurídica, a las reglas que rijan la materia; y, a la oportunidad de la petición conforme a las reglas de prescripción señaladas en esta ley; y

VI. En el laudo se estimará el valor de las pruebas, fijándose los principios y reglas en que el Tribunal se apoye.

En el apartado de los puntos resolutivos del laudo, el Tribunal observará las siguientes reglas:

I. Se expresará de forma se determinarán con precisión los efectos y alcances del fallo y el plazo para su cumplimiento;

II. La determinación de las obligaciones hacer o abstención a que sea condenadas las partes, la fecha a las que retrotraiga dichas obligaciones, si deben tener ese efecto; y

III. Cuando hubiere condena al pago susceptibles de cantidades económicas, se fijará su importe en cantidad liquida, si éste fuera posible.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes.

Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes.

CAPITULO IV
DE LAS PRUEBAS

Reglas Generales

Artículo 148.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

I. Confesional;

II. Declaración de Parte;

III. Documental;

IV. Testimonial;

V. Pericial;

VI. Inspección;

VII. Presuncional;

VIII. Instrumental de actuaciones; y

IX. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes.

Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida porel Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Si alguna de las partes en el procedimiento aduce no poder concurrir a la práctica de alguna diligencia, por enfermedad u otro motivo justificado se deberáexhibir el certificado médico u otra constancia fehaciente para acreditar el hecho.

La exhibición de dichos justificantes seguirá las siguientes reglas:

a) Deberá ser exhibidos bajo protesta de decir verdad;

b) Tratándose de documentos expedidos por instituciones oficiales los mismos tendrán valor probatorio pleno;

c) Los expedidos por instituciones y personas privadas, deberán ser ratificados por su suscriptor ó presentar la convalidación de una institución oficial dentro de los tres días siguientes a su exhibición;

d) El Tribunal señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente, cuando a su juicio quede acreditada la justificación de la inasistencia;

e) De subsistir el impedimento, el Tribunal deberá trasladarse al lugar donde aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia; y

f) Cuando a juicio del Tribunal, no se acredite la justificación documental de la inasistencia, se le harán efectivos los apercibimientos que hayan sido decretados en su oportunidad;

Artículo 149.- Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban.

Cuando las partes soliciten la celebración de uninterrogatorio libre a su contraparte, con el carácter complementario a la prueba confesional, el desahogo en dicha diligencia le serán aplicables las normas que regulan a dicha prueba.

Artículo 150.- El Tribunal podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.

Artículo 151.- El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá a la dependencia para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I. Fecha de ingreso del trabajador;

II. Antigüedad del trabajador;

III. Faltas de asistencia del trabajador;

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado;

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de la terminación del nombramiento;

VII. El contrato de trabajo;

VIII. Duración de la jornada de trabajo;

IX. Disfrute y pago de las vacaciones;

X. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

XI. Monto y pago de las precepciones; y

XII. La incorporación y aportación al Instituto de Seguridad Social que le corresponda;

De la Confesional

Artículo 152.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo.

Artículo 153.- Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la dependencia, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.

Artículo 154.- El Tribunal ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen.

Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales.

Artículo 155.-En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:

I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;

II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;

III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de borrador de respuestas pero se le permitirá que consulte simples notas o apuntes, si el Tribunal, después de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;

IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;

V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción II, el Tribunal las desechará asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;

El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el Tribunal; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y

VI. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el Tribunal de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello.

Artículo 156.- Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentre el Tribunal, éste librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente calificado; del que deberá sacarse una copia que se guardará en el secreto del Tribunal.

La Junta Federal de Conciliación, con jurisdicción más cercana al domicilio de quien deba absolver posiciones, recibirá la confesional en los términos en que se lo solicite el Tribunal.

Artículo 157.- Se tendrán por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante.

Artículo 158.- Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos propios, ya no labore para la dependencia, previa comprobación del hecho el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del Tribunal antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, y el Tribunal podrá solicitar a la dependencia que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona.

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, el Tribunal lo hará presentar con el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 159.- Se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio.

De la declaración de parte

Artículo 160.- La declaración de parte consiste en la formulación de un interrogatorio a una de las partes con el fin de obtener las manifestaciones que conozca sobre el conocimiento de los hechos controvertidos dentro del juicio le sean propios o no, en relación a los documentos exhibidos, o para aclarar puntos dudosos, incompletos u omitidos.

La declaración se realizara bajo protesta de decir verdad, con los apercibimientos legales de los que se conducen con falsedad.

Las preguntas que se realicen serán directas y verbales, y solo se admitirán las que no lleven implícitas la respuesta. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose textualmente unas y otras.

El declarante deberá contestar a las preguntas, las cuales deberán ser sin evasivas en su pronunciamiento, apercibido que será declarado confeso de aquellas que impliquen una afirmación si persiste en su actitud, de loexpresado deberá manifestar la razón de su dicho.

De las Documentales

Artículo 161.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones.

Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización.

Artículo 162.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior.

Artículo 163.- Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y firma se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos.

Artículo 164.- Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre.

Artículo 165.- Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, éste estará obligado a exhibirlo.

Artículo 166.- Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado de forma personal a juicio.

La contraparte podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos en el documento.

Artículo 167.- Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, indicando el lugar en donde éstos se encuentren.

Artículo 168.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe.

Se entiende por suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas, para identificar a la persona que suscribe.

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con prueba idónea.

Artículo 169.- Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, el Tribunal deberá solicitarlos directamente.

Artículo 170.- La dependencia tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable;

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley; y

V. Los demás que señalen las leyes.

Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.

Artículo 171.- El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario.

Artículo 172.- Siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de que, a su costa, se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expediente.

Artículo 173.- Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa, a solicitud de la oferente, por conducto del actuario.

Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia del Tribunal, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se cotejarán o compulsarán a solicitud del oferente, mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.

Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado.

Artículo 174.- Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas.

Artículo 175.- Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción; el Tribunal de oficio nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del término de cinco días, que podrá ser ampliado por el Tribunal, cuando a su juicio se justifique.

Artículo 176.- Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido.

Artículo 177.- Si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital; las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere esta Ley.

Artículo 178- Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas.

De la Testimonial

Artículo 179.- La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Solo podrán ofrecerse un máximo de dos testigos por cada hecho controvertido que se pretenda probar;

II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Tribunal que los cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente;

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Tribunal, el oferente deberá al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para que dentro del término de tres días presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado; y

IV. Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio del Tribunal, podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable.

Artículo 180.- El Tribunal, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará se cite al testigo para que rinda su declaración, en la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por conducto de la Policía.

Artículo 181.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en el artículo 179, y el Tribunal procederá a recibir su testimonio;

II. El testigo deberá identificarse ante el Tribunal cuando así lo pidan las partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, el Tribunal le concederá tres días para ello;

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 179 de esta Ley;

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación se procederá a tomar su declaración;

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. El Tribunal admitirá aquellas que tengan relación directa con el asunto de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente a las demás partes. El Tribunal, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo;

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose textualmente unas y otras;

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Tribunal deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí; y

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la contengan y así se hará constar por el Secretario; si no sabe o no puede leer o firmar la declaración, le será leída por el Secretario e imprimirá su huella digital y una vez ratificada, no podrá variarse ni en la substancia ni en la redacción.

Artículo 182.- Si el testigo no habla el idioma español rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete.

Artículo 183.- El Tribunal, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, acompañará el interrogatorio con las preguntas calificadas, e indicará a la autoridad exhortada, los nombres de las personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia.

Artículo 184.- Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación posterior por el Tribunal.

Cuando se objetare de falso a un testigo, el Tribunal recibirá las pruebas en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere esta Ley.

Artículo 185.- Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, y el Tribunal dictará las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día y hora señalados.

Artículo 186.- Un solo testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si:

I. Fue el único que se percató de los hechos;

II. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en autos; y

III. Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad.

De la Pericial

Artículo 187.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica, o arte.

Artículo 188.- Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica, o arte sobre el cual debe versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la Ley.

Artículo 189.- La prueba pericial deberá ofrecerse en el escrito de demanda o en la contestación a la misma, indicando la materia y el cuestionario sobre la que versa, con copia para cada una de las partes.

Una vez admitida la prueba pericial por el Tribunal, las partes tendrán un plazo de diez días comunes para protestar el cargo, presentar y ratificar su dictamen.

Artículo 190.- El Tribunal nombrará los peritos que correspondan al trabajador, cuando este lo solicite en su demanda, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes. La omisión de esta solicitud, traerá aparejada la deserción de la prueba.

En este caso, a efecto de realizar el nombramiento correspondiente se solicitará el auxilio de la Procuraduría General de la República.

Artículo 191.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:

I. Las partes serán responsables que los peritos que hayan designados deban protestar el cargo, presentar y ratificar su dictamen dentro del plazo concedido en el artículo 189, salvo el caso previsto en el artículo anterior, en cuyo caso, el Tribunal citará al perito nombrado, con el apercibimiento de imponerle las medidas de apremio en caso de inasistencia;

II. Cuando los peritos designados por las partes no protesten el cargo, no rindan o ratifiquen el dictamen dentro del plazo concedido en el artículo 189, se decretará la deserción de la prueba;

III. Una vez cumplidos los requisitos para la presentación de los dictámenes, si de ellos se presentarán contradicciones en las respuestas del cuestionario o en las conclusiones emitidas por los peritos; a petición de parte ode oficio, el Tribunal podrá solicitar a la Procuraduría General de la República, la designación de un perito tercero en discordia, quien deberá protestar el cargo dentro de los tres días siguientes a la de su nombramiento, y rendir y ratificar su dictamen dentro de los diez días siguientes, con los apercibimientos de dictarle las medidas de apremio que corresponda en caso de rebeldía;

IV. El día de la audiencia de ley, la prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo en los casosde inasistencia de los peritos nombrados por la Procuraduría General de la República, en cuyo caso, el Tribunal señalará nueva fecha y hora, y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito nombrado; y

V. Las partes y los miembros del Tribunal podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen conveniente;

De la Inspección

Artículo 192.- La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.

Artículo 193.- Admitida la prueba de inspección, se deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo. Si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, el Tribunal la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de apremio que procedan.

Artículo 194.- En la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes:

I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por el Tribunal;

II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse;

III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y

IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.

Artículo 195. El día de la audiencia de ley, el Tribunal, dará cuenta de la existencia del acta circunstanciada de la diligencia ordenada en la prueba de inspección y de los documentos que hayan sido agregados a la misma, para que los mismos sean valorados al momento de dictar el laudo, sin que sea permitida la intervención de las partes.

De la Presuncional

Artículo 196.- Presunción es la consecuencia que la Ley o el Tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido.

Artículo 197.- Hay presunción legal cuando la Ley la establece expresamente; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquél.

Artículo 198.- El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que la funda.

Artículo 199.- Las presunciones legales y humanas, admiten prueba en contrario.

Artículo 200.- Las partes al ofrecer la prueba presuncional, indicarán en qué consiste y lo que se acredita con ella.

De la Instrumental

Artículo 201.- La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente, formado con motivo del juicio.

Artículo 202.- El Tribunal estará obligado a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente

TITULO OCTAVO

De los medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos

CAPITULO I

Artículo203.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer las siguientes sanciones y medidas de apremio:

I. Multa, hasta por tres mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

II. Denuncia ante la autoridad competente, para el inicio del procedimiento de responsabilidad oficial y penal, que corresponda.

Artículo 204.- Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro.

CAPITULO II

Artículo 205.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones y laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.

Artículo 206.- Cuando se pida el cumplimiento de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para qué, asociado de la parte que la obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que en su negativa se procederá en términos del artículo 203.

Artículo 207.- Cuando el laudo condene al pago de una cantidad económica, vez que el laudo cause ejecutoriado, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea declarado ejecutoriado, el Tribunal procederá de la siguiente forma:

I. Tratándose de reinstalación, si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, se procederá a dar por terminada la relación de y se condenará a la dependencia, a indemnizar al trabajador en términos del artículo46 de esta Ley.

II. Cuando el Trabajador se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para la dependencia, cesando el pago de salarios caídos.

III. Si la dependencia es condenada al pago de prestaciones pecuniarias, se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a dar vista al Presidente del Tribunal, para que imponga la sanción establecida en la fracción I del artículo 203 de esta Ley;

IV. Si la dependencia insiste en negarse al pago de las prestaciones condenadas, el Tribunal iniciará de oficio, la denuncia ante las autoridades competentes para el procedimiento de responsabilidad oficial y penal, y dictará auto de requerimiento y embargo sobre bienes de la demandada, siempre que estos no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que esta obligado; y

V. Quedan exceptuados de embargo los bienes o partidas presupuestales destinados a la seguridad pública; al pago de nomina de los trabajadores; programas sociales; obra pública; los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los poderes públicos; así como las contribuciones y otros ingresos que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca en su favor; las participaciones federales, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través de instituciones bancarias, fiduciarias y financieras en general; inmuebles reconocidos como patrimonio cultural o histórico.

ARTICULO 208.- Las Dependencias cubrirán las indemnizaciones derivadas del cumplimiento de laudos, preferentemente con cargo a sus respectivos presupuestos.

Cuando los pagos a que hayan sido condenados por el Tribunal, se realicen a cargo del presupuesto de la dependencia,su cumplimiento se realizará conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos.

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverselos laudos que no hayan podido ser pagados en el ejercicio inmediato anterior, serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 210 de la presente Ley

ARTICULO 209.- Las Dependencias, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, incluirán en sus respectivos anteproyectos de presupuesto los recursos para cubrir las erogaciones derivadas del cumplimiento de laudosconforme al orden establecido en el registro a que se refiere el artículo 210 de la presente Ley.

La suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos aprobados de las Dependencias, no podrá exceder del equivalente al 20 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que le corresponda.

Artículo 210.- Las sentencias firmes deberán registrarse por la dependencia responsable, quienes deberán llevar un registro de pago de laudos que será de consulta pública.

Los laudos serán pagados tomando en cuenta el orden cronológico en que se verifiquen las actas de embargo correspondiente.

Artículo 211.- En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad laboral.

Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.

El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.

Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje tendrán la responsabilidad de hacer cumplirsus acuerdos y laudos, y serán sujetosde responsabilidad oficial en caso de omisión o negligencia en su cumplimiento.

TITULO NOVENO

De los Conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores

CAPITULO I

Artículo 212.- Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, serán resueltos en única instancia por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 213.- Para los efectos del artículo anterior, se constituye con carácter permanente, una comisión encargada de substanciar los expedientes y de emitir un dictamen, el que pasará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.

Artículo 214.- La Comisión substanciadora se integrará con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrado por el Pleno, otro que nombrará el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y un tercero, ajeno a uno y otro, designado de común acuerdo por los mismos. Las resoluciones de la comisión se dictarán por mayoría de votos.

Artículo 215.- La comisión funcionará con un Secretario de Acuerdos que autorice y dé fe de lo actuado; y contará con los actuarios y la planta de empleados que sea necesaria. Los sueldos y gastos que origine la comisión se incluirán en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 216.- Los miembros de la Comisión Substanciadora deberán reunir los requisitos que señala el artículo 121 de esta Ley. El designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el tercer miembro, deberán ser además, licenciados en derecho y durarán en su encargo seis años. El representante del Sindicato durará en su encargo sólo tres años. Los tres integrantes disfrutarán del sueldo que les fije el presupuesto de egresos y únicamente podrán ser removidos por causas justificadas y por quienes les designaron.

Artículo 217.- Los miembros de la Comisión substanciadora que falten definitiva o temporalmente, serán suplidos por las personas que al efecto designen los mismos que están facultados para nombrarlos.

CAPITULO II

Artículo 218.- La Comisión Substanciadora, se sujetará a las disposiciones del capítulo III del Título Séptimo de esta Ley, para la tramitación de los expedientes.

Artículo 219.- En los conflictos en que sea parte un Tribunal Colegiado de Circuito, un Magistrado Unitario de Circuito o un Juez de Distrito y tengan que desahogar diligencias encomendadas por la Comisión Substanciadora, actuarán como auxiliares de la misma con la intervención de un representante del Sindicato. El trabajador afectado tendrá derecho a estar presente.

Artículo 220.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirá cuantas veces sea necesario, para conocer y resolver los dictámenes que eleve a su consideración la Comisión Substanciadora.

Artículo 221.- La audiencia se reducirá a la lectura y discusión del dictamen de la Comisión Substanciadora y a la votación del mismo. Si fuere aprobado en todas sus partes o con alguna modificación, pasará al Presidente de la Suprema Corte para su cumplimiento; en caso de ser rechazado, se turnarán los autos al ministro que se nombre ponente para la emisión de un nuevo dictamen.

TITULO DECIMO

De las Correcciones Disciplinarias y de las Sanciones

CAPITULO UNICO

Artículo 222.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje impondrá correcciones disciplinarias:

a) A los particulares que faltaren al respeto y al orden debidos durante las actuaciones del Tribunal, y

b) A los empleados del propio Tribunal, por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones.

Artículo 223.- Las correcciones a que alude el artículo anterior serán:

I. Amonestación;

II. Multa que no podrá exceder dediez días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal; y

III. Suspensión del empleo con privación de sueldos hasta por tres días.

Artículo 224.- Las correcciones disciplinarias se impondrán oyendo al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la falta cometida.

Artículo 225.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción, se castigarán con multa de hasta cincuenta salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Las sanciones serán impuestas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Los procedimientos laborales iniciados con anterioridad al presente Decreto, se substanciarán conforme al texto anterior de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2009.

Atentamente

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Gracias a usted, Senador Jiménez Rumbo. Túrnese…

- El C. Senador Angel Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: ¿Con qué objeto?, Senador Aceves del Olmo.

- El C. Senador Carlos Aceves del Olmo: (Desde su escaño) Si le pregunta al orador si acepta que suscriba la iniciativa.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: ¿Sí acepta que suscriba?

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Por supuesto. Con mucho gusto, Senador.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador Aguirre también.

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Con mucho gusto, Senador. Gracias.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Tome la Secretaría nota de los Senadores y Senadoras que se interesan en acompañar la suscripción. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

Se turnan a las comisiones las siguientes proposiciones:






PROPUESTAS

De la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Procurador Federal de Protección al Ambiente, informe sobre las causas que motivaron la clausura de la Unidad Médica Rural Las Palmas, ubicadas en el municipio de Acapetahua, Chiapas, el cual se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE INFORME SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA CLAUSURA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL LAS PALMAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS

“La que suscribe, Senadora Maria Elena Orantes Lopez, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 27 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró una clínica rural en la isla Las Palmas, ubicada en el municipio de Acapetahua, Chiapas, so pretexto de que está no cuenta con un estudio de impacto ambiental para poder operar en una zona ecológica de jurisdicción federal.

Es importante destacar que en esta clínica se atiende a más de tres mil personas de escasos recursos de las comunidades de Las Palmas, Los Coquitos y El Herrado.

En dichas comunidades ubicadas en la zona esteárica de la reserva ecológica biosfera La Encrucijada, se atienden enfermedades endémicas como malaria (paludismo), dengue y enfermedades broncorespitorias y diarreicas.

Diversos medios de comunicación en el Estado de Chiapas han informado que los inspectores que clausuraron la clínica de referencia, fueron encabezados por Miguel Ángel Velázquez, enviados por el delegado de la PROFEPA en Tuxtla Gutiérrez, José Eliel Baca Castellanos, quienes argumentaron que la clínica está construida en “zona federal”.

A pesar de lo anterior, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sigue prestando los servicios en instalaciones provisionales, sin que hasta el momento las autoridades de la PROFEPA hayan dado una respuesta jurídica sustentada para mantener la clausura de las instalaciones.

Cabe mencionar que la clínica ha estado funcionando en ese lugar por más de treinta años, mientras que las autoridades encargadas de esta unidad médica, nunca fueron avisados en tiempo y forma por parte del personal de la PROFEPA para conocer las disposiciones ambientales vigentes y atender las sugerencias de impacto ambiental para poder operar en esa zona.

Este reprobable hecho se da en un momento en que hay una contingencia sanitaria en el Estado por el virus de la influenza humana. A este respecto, podemos decir que en Chiapas es donde se han registrado la mayor cantidad de casos de personas contagiadas con este mal en todo el país.

Los últimos reportes de la Secretaría de Salud indican 3 mil 438 casos en la entidad; además de que se reportan casos sospechosos de influenza en las comunidades a las cuales le da servicio la Unidad Médica Rural Las Palmas.

Ahora bien, nos parece una aberración la clausura de esta unidad médica rural efectuada con exagerada prepotencia, mientras diversas organizaciones ambientalistas y varios medios de comunicación, han denunciado que el exclusivo hotel Las Nubes ubicado en la isla de Holbox, en Quintana Roo, opera pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la PROFEPA negaron su autorización por daños al ecosistema e invasión a la zona marítima federal.

Lo interesante y paradójico del asunto que nos ocupa, es que el hotel Las Nubes pertenece a Alejandro Patrón Laviada, hermano del Procurador Federal para la Protección al Ambiente. Esto último de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Se informa además, que en esta pequeña isla de Holbox, hace dos meses quedó listo el Paseo Kuká, la más ancha de las avenidas del lugar, que tiene como destino precisamente el hotel Las Nubes.

Dicha construcción se realizó a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización porque afectaba el manglar del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.

Por esta razón cabría solicitar al Procurador Federal de Protección al Ambiente, informe detalladamente al Senado de la República sobre los criterios adoptados por esa dependencia para permitir la construcción de amplios y exclusivos centros turísticos afectando áreas de protección de flora y fauna federal, mientras con otra óptica, autoriza clausurar unidades de servicio médico en zonas pobres, por el supuesto de que invaden áreas de reservas naturales.

En este sentido, apelamos a la sensibilidad del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que resuelva en lo inmediato, lo relacionado a la Unidad Médica Rural Las Palmas conforme a criterios bien fundamentados y con base en las leyes ambientales vigentes, previendo siempre, que las decisiones impacten en el bienestar de la ciudadanía, sobre todo, de las personas que menos tienen.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Patricio Patrón Laviada, información detallada sobre las causas que motivaron la clausura de la Unidad Médica Rural Las Palmas, ubicada en el municipio de Acapetahua, Chiapas.

Segundo.- El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Patricio Patrón Laviada, información detallada acerca de la autorización que emitió la dependencia para la construcción del Hotel Las Nubes en la isla Holbox en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

Del Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público para la creación de un fondo especial emergente de apoyo y compensación a las participaciones federales de los ayuntamientos en el país, el cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

punto de acuerdo por el que se solicita al EJECUTIVO federal INSTRUYA al secretario de hacienda y crEdito pUblico para la creaciOn de un fondo especial emergente de APOYO Y compensaciOn a las participaciones federales de los ayuntamientos en el paIs

“El que suscribe, Senador ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el presente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la creación de un Fondo Especial Emergente de apoyo y compensación a las participaciones federales de los Ayuntamientos del país.

CONSIDERANDOS

• El recorte de partidas federales a gobiernos estatales y municipales ha desatado una crecienteinsolvencia en estos niveles de gobierno, que se han visto orillados a dejar de pagar a empleados y proveedores, suspender o cancelar obras de infraestructura, solicitar e incluso suspender programas de gasto social.

• El Gobierno del Estado de Veracruz, solicitó al Congreso estatal autorización para colocar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bonos hasta por 6 mil 800 millones de pesos, respaldados parcialmente en las participaciones federales comprometidas, a fin de obtener recursos inmediatos que compensen los recortes aplicados por el gobierno federal a la entidad y a los municipios.

• De su lado, El Gobierno del Estado de Michoacán previó que en 2009 dejará de recibir 3 mil 800 millones de pesos, de un presupuesto total de 37 mil 400 millones. Más de 98 por ciento de los recursos que recibe la administración pública del Estado provienen de la Federación.

• El Gobierno del Estado de Morelos pedirá al Congreso estatal que libere recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo, a fin de enfrentar la contingencia financiera en los 33 ayuntamientos y en la administración estatal, que dejarán de recibir 560 millones de pesos de partidas federales.

• Los Ayuntamientos de Morelos resienten la falta de liquidez desde julio; burócratas de los municipios de Tepalcingo, Axochiapan, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Coatlán del Río y al menos 10 demarcaciones más mantienen protestas para exigir el pago de más de dos quincenas atrasadas.

• Apenas el 29 de julio pasado, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advirtió a los 125 alcaldes electos del Estado de México, durante una reunión en Ixtapan de la Sal, que “les esperan años difíciles”, pues las participaciones federales a los más de dos mil 400 ayuntamientos del país se reducirán en cuando menos 90 mil millones de pesos.

• Días antes, el municipio de Romita, en el Estado de Guanajuato, suspendió servicios durante 24 horas y se declaró en quiebra. El Congreso estatal no descarta irregularidades administrativas.

• Las quejas por los recortes al presupuesto van desde Baja California Sur hasta Quintana Roo. El Gobierno estatal de la primera entidad, anunció que la Federación reducirá a esa administración 267 millones de pesos, aunque la cifra podría llegar a 500 millones. El titular del Ejecutivo Estatal de Quintana Roo, negó que la entidad esté en bancarrota, pero reconoció que los recursos que le envía el gobierno federal han disminuido 40 por ciento.

• El Gobierno de Guerrero, aseguró que muchos municipios de la entidad dependen hasta en 90 por ciento de recursos federales. Un reflejo de esta situación se observó el 20 de julio pasado, cuando más de dos mil burócratas suspendieron actividades durante dos semanas en el Palacio de Gobierno, el Congreso Estatal y el Ayuntamiento de Chilpancingo. Aduciéndose que se suspenderían pagos extraordinarios a la burocracia y se recortarían gastos en telefonía celular, gasolina y diversos servicios.

• El Gobierno de Aguascalientes aseguró el pasado 6 de agosto que dependencias de la entidad recortarían a 10 por ciento de su personal, lo que representa despedir en una primera etapa a unos 800 empleados. Sostuvieron que por la falta de dinero hay oficinas gubernamentales donde los trabajadores deben comprar su propio papel higiénico.

• Por su parte, el gobierno de San Luis Potosí anunció que contrataría un préstamo de mil 500 millones de pesos para terminar “obras estratégicas” antes de entregar la administración.

• En Hidalgo las participaciones federales han disminuido este año en 800 millones de pesos, y se espera que en 2010 se recorten 2 mil 100 millones. El 95 por ciento del presupuesto estatal procede de recursos de la Federación.

• Finalmente y para muestra, en los últimos 10 años, no ha existido período que registre decremento en el nivel de transferencias a estados y municipios en el presupuesto federal. Esto se ha reflejado en las arcas municipales. Por ejemplo, el ingreso total del municipio medio en México pasó de 1,387 pesos a 2,069 pesos por habitante entre los años 2000 y 2005, según cifras de INEGI analizadas por el autor considerando la inflación. En este lapso los ingresos propios -aquellos que recauda directamente el municipio como los procedentes del impuesto predial- se incrementaron en 60%, las participaciones federales en 26%, las aportaciones federales en más de 80% y el financiamiento en más de 150% en términos reales.  (Esta última cifra se debe a que la deuda municipal era casi inexistente en el año 2000).

Sin embargo, en el 2009 la situación es diferente. Se enfrenta una crisis económica y las partidas de transferencias fueron recortadas. El monto transferido a estados y municipios de enero a junio fue de 181,746 millones de pesos. Cifra que se compara negativamente con los 230,960 millones de pesos transferidos en el mismo período del año pasado. Representando una reducción real de 25.8%, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, si el año pasado un municipio gastaba 100 millones de pesos hoy deberá sobrevivir con sólo 75 millones. Y es esta súbita reducción en ingresos que podría llevar a muchos ayuntamientos a la quiebra. Tan sólo en julio del 2008 se les entregaron a los estados 38.044 millones de pesos y en julio del 2009, un año después, existe un debilitamiento en los estados y municipios con una variación de recursos del 25.5% en 2008 al -9.8% en 2009.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha oficializado la colocación de un bono de deuda en la bolsa de valores, poniendo como garantía los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF).Las garantías de dicho fondo, de alrededor de 13 mil millones de pesos, permitirán obtener el doble de dinero, de acuerdo al dicho del Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal. Sin embargo los estados y municipios en espera de los recursos, reportan una disminución de los ingresos estatales que alcanzará a finales del 2009, hasta los 70 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el Pleno de esta Soberaníael siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se me tenga por presentada la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de un Fondo Especial Emergente de apoyo y compensación a las participaciones federales de los Ayuntamientos del país.

Segundo. Que el titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar una partida especial a los Municipios para hacer frente a los pagos de aguinaldos y prestaciones de fin de año.

Dado en la Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2009.

Sen. Angel Heladio Aguirre Rivero”.






EXCITATIVA

Se recibió una solicitud de excitativa del Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Estimado Senador:

El que suscribe, ANGEL H. AGUIRRE RIVERO, Senador de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me confiere los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente le solicito se envíe Excitativa a la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias y de Estudios Legislativos, Primera para dar respuesta y presentación al Dictamen correspondiente a la Iniciativa presentada por mi conducto, el 26 de octubre de 2006, en los trabajos de la LX Legislatura, por la que se reforma la denominación, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por lo que con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitarlo de la manera más atenta, sin dejar de considerar además que el plazo legal de las Comisiones Unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2009.

Atentamente”.

En esa virtud, se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera para que presenten el dictamen correspondiente al asunto ya referido.

Le pido a la Secretaría, que pasemos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Se cita a la siguiente sesión el martes 29 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:03 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO


SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:



- Oficios con los nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos:



Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Federal Democrática de Nepal, la República Democrática Socialista de Sri Lanka, la República Popular de Bangladesh y la República de Maldivas.



Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Eritrea, la República Rwandesa, las Repúblicas de Burundi, Seychelles y Uganda y la República Unida de Tanzania.



Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.



- Oficio con solicitud de autorización para que elementos del Ejército Mexicano puedan salir del territorio nacional para participar en el adiestramiento conjunto con elementos de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, así como el paso por nuestro país de miembros de las Fuerzas Armadas Francesas, con el mismo objetivo, el cual se llevará a cabo del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009. Intervienen al respecto los CC. Senadores Ricardo Monreal Avila, Tomás Torres Mercado, Ricardo Francisco García Cervantes y Rosario Green Macías.



- Oficio con los nombramientos expedidos a favor de las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, como Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información, por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.





COMUNICACIONES

- Del C. Senador José Eduardo Calzada Rovirosa, por la que informa de su decisión de optar por el cargo de Gobernador del Estado de Querétaro.



- Del C. Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite el tercer informe de actividades de dicha comisión, relativo a los tres años de ejercicio de la LX Legislatura.



- Del C. Senador Francisco Labastida Ochoa, Presidente de la Comisión de Energía, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al segundo y tercer años de ejercicio de la LX Legislatura.



- Del C. Senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión, correspondiente a la LX Legislatura.



- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.



- Del C. Senador Ricardo García Cervantes, con la que remite los informes de su participación en el Foro Interparlamentario de las Américas, celebrado los días 12 al 15 de septiembre del año en curso, en Ottawa, Canadá.



- Del C. Senador Eduardo Nava Bolaños, con las que remite, a nombre propio y de los CC. Senadores Sebastián Calderón Centeno, Francisco Herrera León y Rubén Fernando Velázquez López, los siguientes informes: de las sesiones de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, efectuadas en julio y agosto del año en curso y de la sesión de la Asamblea Plenaria del PARLACEN, celebrada los días 27 y 28 de agosto del año en curso, en Santo Domingo, República Dominicana.












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